ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 257 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:10 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 14 de marzo de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De diputados

Cinco, en relación a retiro de iniciativas y proposición.

De la Secretaría de Gobernación

Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al operativo “Rápido y Furioso”.

De la Condusef

Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso.

Del Congreso del estado de Chihuahua

Con la que remite acuerdo aprobado por el que exhorta al Congreso de la Unión, para que contemple en su agenda legislativa, y sea analizado, lo estipulado en el Compromiso Noventa y Cuatro del Pacto por México.

De la Cámara de Senadores

Con la que remite solicitud del Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que se dictamine la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Minuta

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Iniciativas de las legislaturas de los estados

Del Congreso del estado de Baja California

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal. (Turno a Comisión)

Del Congreso del estado de Chihuahua

Con proyecto de decreto que reforma las fracciones II, III, V y VI del artículo 115 de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social.

Dictamen a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., fracción I de la Ley General de Bienes Nacionales y 162 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que Declara el 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que deroga los artículos 139 a 145 del Código Civil Federal.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona una fracción VI, recorriéndose la actual en su orden al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, General de Población, General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, General de Turismo, y de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la Fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de suicidio.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 16, 18, 20, 23, y 25 de la Ley General para el Control del Tabaco.

De las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y del Código Fiscal de la Federación.

De la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo y adiciona un cuarto párrafo al artículo 201 y reforma el artículo 205 de la Ley del Seguro Social.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la SSA, para que establezca un programa emergente de atención dirigido a la población del Oriente del estado de Michoacán de Ocampo, así como para que realice las gestiones necesarias para la ampliación del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, mediante la creación del área de especialidad en Nefrología, a cargo del diputado Luis Olvera Correa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República y a los miembros de su gabinete, para que cumplan con su compromiso de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, para que en representación del Gobierno Mexicano, condene la falta de un debido proceso y las excesivas condenas impuestas a los 24 presos civiles saharauis, juzgados en un Tribunal Militar Marroquí, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Ejecutivo federal, fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, incrementar los apoyos a favor de las mujeres rurales.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo, relativos a lo sucedido en Tacotalpa, Tabasco.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo relativo a la revisión de las Reglas de Operación de los Programas contenidos en el anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal, en materia de Feminicidios.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a aplicar en coordinación con la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, las medidas necesarias para atender el creciente índice de Feminicidios en la entidad.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en los cargos de elección popular.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República que coadyuve con la Procuraduría Estatal en las investigaciones relacionadas con los feminicidios presentados en Tula, Hidalgo.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados de la Federación, para que legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Segob y a la SEP, para que establezcan una estrategia nacional de prevención infantil contra abusos producto de la navegación insegura de las niñas, niños y adolescentes en Internet; asimismo se exhorta a las legislaturas de los estados y a la ALDF, para que legislen en la materia.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las entidades donde no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación, a expedir disposiciones legales encaminadas a prohibirlas y desarrollar acciones institucionales para compensar la violación de esa garantía.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a los actos de violencia y discriminación llevados a cabo por medios de comunicación públicos y privados de Quintana Roo, en contra de las Diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como de Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos Estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del Adulto Mayor.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de Octubre.

De la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos Congresos Estatales, para que aprueben el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo para apoyar el proyecto de recuperación del Barrio de Tacubaya en la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, con el propósito de convertirlo en un centro turístico.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, se establezca el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícitos de gas LP en el país.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobernador del Estado de Querétaro con relación a la ola de secuestros y desapariciones de personas en la entidad; y al Congreso local a realizar los trabajos legislativos pertinentes para tipificar el delito de feminicidio.

Agenda política

Comentarios relativos al 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Rebeca Terán Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Blas Ramón Rubio Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 154 Bis de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 141 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2-A, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 109 y 158 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un Artículo Transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 367 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega y suscrita por el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 294 y 306 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o. y 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación, 113 de la Ley General de Salud y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, a su secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza, para que brinden apoyo a los locatarios por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced, a cargo de la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la dependencia coordinadora y a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que administra el Fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos, para que realice una revisión de todos los expedientes de las personas que están catalogadas como pendientes “viables y no viables”, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la problemática que representan las altas tarifas de energía eléctrica en el país, a cargo del diputado Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, a la CNDH y a las comisiones de Derechos Humanos locales, así como a la SSA, para que establezcan campañas permanentes de detección, prevención y eliminación de todo tipo de maltrato y en su caso, orientación para el tratamiento del Bullying y Mobbying, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta ASF, para que realice una auditoría al gasto ejercido para diversas construcciones en el IPN, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSA, a que difunda a través de una campaña masiva de comunicación el uso del condón femenino y lo distribuya de forma gratuita a la población, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob y de la Sedena, se realicen acciones coordinadas con las autoridades de las entidades federativas, a fin de impulsar y fortalecer las campañas de desarme o despistolización, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, para que incorporen en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SHCP, para que refuerce la correcta aplicación de los procedimientos de verificación de mercancías de comercio exterior al interior del recinto fiscal, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de México, para que establezca canales de interlocución con los representantes populares y dirigencias estatales que no coinciden en militancia con su partido, a cargo de la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sener, de la SHCP, de la SE y de la Sedesol, sean autorizadas tarifas eléctricas preferenciales o de bajo costo para el consumo domestico, comercial y agrícola a los estados de Campeche, de Chiapas, de Quintana Roo, de Tabasco y de Yucatán, a cargo del diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Sener, a la SRE y a la SE, para que establezcan un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y del Senasica, para que se declare la zona centro del estado de Sinaloa, como zona de baja prevalencia, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director de Pemex, para que se restablezcan en su puesto de trabajo a todos los empleados del Sindicato Profesional “Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros”, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del Día Internacional de Acción contra las Represas, y a favor de los Ríos, el Agua y la Vida, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes doce de marzo de dos mil trece, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y dos diputadas y diputados, a las once horas con nueve minutos del martes doce de marzo de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios con relación al orden del día la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido de Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones de procedimiento.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Reforma Agraria, y de Desarrollo Rural, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada el treinta y uno de octubre de dos mil doce.

• Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido de Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Seguridad Social, y de Salud, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos ochenta y nueve de la Ley de Seguro Social, el treinta y uno de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y setenta y siete Bis cinco, de la Ley General de Salud, presentada el dos de octubre de dos mil doce.

• Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Protección Civil, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo setenta y cuatro de la Ley General de Protección Civil, presentada el veinticinco de octubre de dos mil doce.

• Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Reforma Agraria, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos diecisiete, dieciocho, y diecinueve de la Ley de Agraria, presentada el nueve de octubre de dos mil doce.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del Septuagésimo Quinto Aniversario de la Expropiación Petrolera, que tendrá lugar el dieciocho de marzo del año en curso. Se designa una comisión de representación.

c) Del Gobierno del estado de Guanajuato, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa al programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo”. Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Gobernación:

• Tres, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

• Cinco, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso. Se remite a los promoventes, para su conocimiento.

• Con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera directa en México, correspondiente al periodo enero-diciembre de dos mil doce. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

• Con el que remite solicitud de permiso constitucional, para que los ciudadanos: Heleodoro Escobedo Mesa, Diego Escalante de Icaza, Paola Vanessa Ramírez Moreno y Dana Gabriela Rodríguez Rodríguez, puedan prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América y de Brasil, en México e informa que la ciudadana Ana Patricia Santos Vidal ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América. Las solicitudes de permiso, se turnan a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Por lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, comuníquese a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados, y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

e) De la Cámara de Senadores:

• Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados, con la finalidad de que se incrementen substancialmente todos los años, los recursos asignados a los programas referentes al VIH SIDA. Se remite a las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

• Acuerdo aprobado por el que el Senado de la República exhorta al Consejo Rector del Pacto por México y a los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, que el Turismo sea incorporado de manera estratégica al Pacto por México. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

• Con la que devuelve expediente de la Minuta con proyecto de decreto, que adiciona un inciso m) a la Fracción I del artículo cuatro de la Ley de Asistencia Social, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Con la que devuelve expediente de la Minuta con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Con la que devuelve expediente de la Minuta con Proyecto de Decreto, que adiciona una fracción décima al artículo once de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Derechos Humanos, para dictamen.

f) Del diputado Benjamín Castillo Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en el Primer Distrito Electoral, del estado de Baja California, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo que conceden licencia y llaman al suplente. Comuníquese.

g) De la Cámara de Senadores, por las que se remiten Minutas con proyecto de decreto:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Equidad y Género, para dictamen.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Que adiciona la fracción novena al artículo treinta y seis de la Ley General de Desarrollo Social, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Por los que se conceden permisos a los ciudadanos:

– Ricardo Flores González, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Cuba. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Miguel Ángel Marín Solís, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados le confieren los gobiernos de las Repúblicas Federativa de Brasil, de Chile y de El Salvador. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite la iniciativa del Titular del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones los artículos sexto, séptimo, veintisiete, veintiocho, setenta y tres, setenta y ocho, y noventa y cuatro, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. En su oportunidad y desde su curul el diputado Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, invita a las diputadas y diputados suscribir la iniciativa.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Asuntos Indígenas, que reforma la fracción undécima del artículo trece de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

b) De Gobernación:

• Que reforma los artículos sexto, fracción primera de la Ley General de Bienes Nacionales y ciento sesenta y dos de la Ley Agraria.

• Que reforma el artículo dieciocho inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

• Que declara el dos mil catorce como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”.

c) De Justicia, que deroga los artículos ciento treinta y nueve a ciento cuarenta y cinco del Código Civil Federal.

d) De Salud:

• Que reforma el artículo veintiocho Bis de la Ley General de Salud.

• Que reforma la fracción séptima del artículo cuatro de la Ley de Asistencia Social.

e) Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, que adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de suicidio.

f) De Economía:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

• Que reforma los artículos tercero y diez de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

g) De Derechos Humanos:

• Que reforma el artículo veintinueve y adiciona una fracción sexta, recorriéndose la actual en su orden al artículo diecinueve de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

• Que reforma el primer párrafo del artículo veintisiete de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

• Que reforma diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, General de Población, General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, General de Turismo, y de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

• Que reforma la fracción décima segunda del artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

• Que adiciona un segundo párrafo a la fracción segunda del artículo sesenta y dos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

A las once horas con veintinueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y cuatro diputadas y diputados.

Se someten a discusión de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Gobernación, que concede permiso a los ciudadanos:

• Christian Leopoldo Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez, para aceptar y desempeñar los cargos de Cónsules Honorarios de la República Francesa, en la Ciudad de Torreón, con Circunscripción Consular en los estados de Coahuila y Durango; y de la República de Polonia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, con Circunscripción Consular en los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

• Maximiliano Cruz Ramos y Juan Manuel Corrales Calvo, para aceptar y usar las condecoraciones de las órdenes del Mérito Militar General José María Córdova, en Grado de Gran Oficial y de Isabel La Católica, en Grado de Cruz de Oficial que les otorgan los gobiernos de la República de Colombia y del Reino de España.

• Antonio de la Barrera Fernández, Iván Alejandro Rivas Sánchez y Antonio Alberto Pineda Ronzón, para prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América y de la República de Guatemala en México.

• María Guadalupe Cervera Velasco, Luis Espinosa Muñoz, Enrique Frías Moreno y Jesús Humberto González Rivera, para prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América y de Libia en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

• Violetta Denisse Soria Contreras, Walter Alfonso Bencomo Gabilondo, Joel Acosta Ramos, Julio César Lozada Chavez, Luis Alberto Medina Hernández y Erika Cantú Torres, para prestar servicios en la Embajada de Nueva Zelanda, en México y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León y Matamoros, Tamaulipas.

• Jesús Fernando Céspedes Meneses, Claudia Eugenia Vargas Orozco, Israel Jesús Mendoza Chávez, Porfirio García Sosa, Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez y Fabián Salazar Gutiérrez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en sus consulados generales en Matamoros, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León.

Interviene para hablar en pro de los último cuatro y en contra de los dos primeros, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos ochenta y siete votos a favor; y treinta abstenciones, se aprueban en lo general y en lo particular los proyectos de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsules Honorarios; para aceptar y usar Condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros; y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas. Pasan al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

b) De Energía:

• Que adiciona un segundo párrafo al artículo diez de la Ley de Energía para el Campo. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Noé Hernández González. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática; y Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos dieciocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo diez de la Ley de Energía para el Campo. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

• Que adiciona una fracción novena al artículo once de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Ricardo Astudillo Suárez. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y Javier García Orihuela, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos diecisiete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción novena al artículo once de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

• Que adiciona una fracción séptima al artículo veinticuatro de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. El dictamen fue fundamentado en la intervención anterior del diputado Ricardo Astudillo Suárez. Para fijar la postura de su grupo parlamentario interviene desde su curul el diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos diecinueve votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción séptima al artículo veinticuatro de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

c) De Pesca:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión el diputado Alfonso Inzunza Montoya. Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veinticinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

• Que reforma los artículos diecisiete, ochenta y dos, y ochenta y cuatro de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. El dictamen fue fundamentado en la intervención anterior del diputado Alfonso Inzunza Montoya. Sin oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y dos votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos diecisiete, ochenta y dos, y ochenta y cuatro de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

d) De Equidad y Género, que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada María del Rocío García Olmedo. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática; María Celia Urciel Castañeda, del Partido de Acción Nacional;

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

Y Ossiel Omar Niaves López, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y un votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules, en relación a los hechos de violencia ocurridos a la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, en el municipio de San Agustín Loxicha Pochutla, Oaxaca, le expresan su solidaridad, y condenan los hechos los diputados: Gerardo Villanueva Albarrán, Zuleyma Huidobro González, ambos de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Eva Diego Cruz, Marcos Rosendo Medina Filigrana, ambos del Partido de la Revolución Democrática; María Beatriz Zavala Peniche, del Partido de Acción Nacional; María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México; Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; María del Rocío García Olmedo, del Partido Revolucionario Institucional; Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido de Acción Nacional; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; y Luis Manuel Arias Pallares, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente realiza un pronunciamiento de solidaridad  con la diputada Valencia Ramírez por parte de la Mesa Directiva e informa a la Asamblea que se está contactando con el gobernador de Oaxaca para abordar el tema y ejercer la facultad de la Presidencia para velar por el respeto al fuero constitucional. Desde su curul la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, agradece a la Mesa Directiva y las diputadas y diputados su apoyo.

Asimismo, la Presidencia expresa la solidaridad de la Cámara de Diputados con los campesinos trigueros de los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo, severamente afectados por el fenómeno meteorológico que ocasionó heladas el 28 de febrero y dos, tres y cuatro de marzo.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes en sentido negativo con puntos de acuerdo de iniciativas y minutas con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Asuntos Indígenas, que adiciona una fracción séptima, recorriéndose las subsecuentes del artículo dos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

b) De Derechos Humanos:

• Que reforma el artículo setenta y dos y se adiciona un artículo ochenta y tres Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

• Que reforma el artículo nueve de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

• Que reforma los artículos tres y seis y la fracción vigésima novena del artículo nueve de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

• Que adiciona las fracciones undécimo y décimo segundo al artículo trece de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

c) De Economía:

• Que reforma los artículos siete y once y adiciona un artículo ocho Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

• Que deroga la fracción tercera del artículo mil ciento treinta y dos del Código de Comercio.

• Que reforma el artículo mil cuatrocientos uno del Código de Comercio.

d) De Hacienda y Crédito Público, que adiciona el artículo sesenta y cinco Bis a la Ley de Instituciones de Crédito.

e) De Radio y Televisión, que adiciona una fracción quinta al artículo once de la Ley Federal de Radio y Televisión, recorriéndose en el mismo orden las subsecuentes.

f) De Salud:

• Que adiciona la fracción sexta Ter del artículo seis de la Ley General de Salud.

• Que reforma los artículos cuarto y doce de la Ley de Asistencia Social y ciento sesenta y ocho de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo cincuenta y uno de la Ley General de Salud.

• Que reforma los artículos setenta y dos, y setenta y tres de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo setenta y siete Bis veintinueve de la Ley General de Salud.

• Que adiciona la fracción segunda del artículo siete de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

• Que adiciona una fracción sexta Bis al artículo tres y se reforman los artículos ciento cuatro, y ciento doce de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo tercero de la Ley General de Salud.

• Que adiciona el artículo tercero de la Ley General de Salud.

• Que reforma la fracción séptima del artículo quinto y adiciona un artículo siete Quáter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

• Que reforma la fracción cuarta del artículo seis y la fracción segunda del sesenta y uno de la Ley General de Salud.

• Que reforma los artículos ciento treinta y cuatro, y ciento cuarenta y cuatro de la Ley General de Salud.

• Que expide la Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos en la Conducta Alimentaria de la Niñez y Juventud.

• Que adiciona los artículos setenta y tres Bis, setenta y tres Bis uno, y setenta y tres Bis dos, a la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo doscientos setenta y dos Bis uno de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo setenta y siete Bis uno de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo trescientos veintidós de la Ley General de Salud.

• Que adiciona un artículo cuatrocientos sesenta y seis de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo setenta y cuatro de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo trescientos cuarenta y ocho de la Ley General de Salud.

• Que reforma los artículos treinta y cinco, treinta y siete, y treinta y ocho de la Ley General de Salud.

• Que reforma los artículos doscientos setenta y tres y trescientos de la Ley General de Salud.

• Que reforma los artículos doscientos cincuenta y seis, y cuatrocientos sesenta y siete Bis de la Ley General de Salud.

• Que reforma los artículos veintinueve y cuatrocientos diecinueve de la Ley General de Salud.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Asistencia Social.

• Que reforma los artículos séptimo, ciento cuatro, y ciento seis de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo doscientos doce de la Ley General de Salud.

g) Unidas de Salud y de Equidad y Género:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Que reforma el artículo cuarto de la Ley de Asistencia Social.

h) Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, que reforma el artículo veintiocho y se adiciona el artículo veintinueve de la Ley de Asistencia Social.

i) De Transportes:

• Que reforma el artículo sesenta y dos de la Ley de Aviación Civil.

• Que reforma los artículos treinta y tres, y ochenta y siete de la Ley de Aviación Civil.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

j) De Marina, que adiciona un cuarto párrafo al artículo nueve de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

k) De Derechos Humanos:

• Que reforma y adiciona los artículos cuatro, cinco y nueve de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

• Que adiciona una fracción undécima al artículo trece  de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La Secretaría da lectura a los puntos resolutivos y sin oradores registrados, en votación económica, se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos, y con respecto a los tres últimos, se devuelven al Senado con fundamento en el artículo setenta y dos, fracción D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Ossiel Omar Niaves López, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Leobardo Alcalá Padilla y Luis Armando Córdova Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Trinidad Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyectos de decreto a los diputados:

• Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Equidad y Género, y de Feminicidios, para opinión.

• Ernesto Alfonso Robledo Leal, a nombre propio y de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos sexto, sesenta y cinco, y sesenta y siete de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, que expide la Ley Federal de Participación Ciudadana. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Carlos Octavio Castellanos Mijares, a nombre propio y del diputado Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo quinto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Adolfo Bonilla Gómez, a nombre propio y del diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar, a nombre propio y de los diputados Damián Zepeda Vidales y Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Abel Guerra Garza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cuarenta y uno, y noventa y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, que reforma los artículos ciento sesenta y dos, y cuatrocientos ochenta y cinco de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento setenta y seis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, que adiciona los artículos ochenta y cuatro Bis, ochenta y cuatro Ter y ochenta y cuatro Quáter a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja, a nombre propio y del diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos cuarto y sexto de la Ley Sobre la Celebración de Tratados. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política, relativo a cambios de integrantes y de Juntas Directivas en Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

• María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, inicie las gestiones necesarias a fin de que la zona natural conocida como Barranca de Huentitán de oblatos, ubicada en el estado de Jalisco, sea declarada Patrimonio Natural por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• José Martín López Cisneros, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los Ejecutivos Estatales, para que de manera corresponsable fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente, en sus respectivos estados. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las autoridades competentes para que se incluya dentro de la Guía Completa de la Nuevas Medidas de Seguridad en los Aeropuertos, la facultad para que el pasajero recupere aquellos productos que le sean confiscados en los puntos de seguridad. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, lleve a cabo nuevas inspecciones en la obra referente a la Subestación Eléctrica Cacaluta SF6 BCO.1 y Magueyitos SF6 BCOS uno y dos, y asimismo se lleve a cabo un nuevo estudio para la declaratoria de Reserva de la Biósfera Huatulco, Oaxaca. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Adán David Ruíz Gutiérrez y suscrito por diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se lleve a cabo el proceso de consolidación de las áreas de servicio locales del estado de Baja California. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Leticia López Landeros, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a las autoridades del estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

• Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que esta Soberanía propone a la Cámara de Senadores, convocar a las comisiones relacionadas al sector de las telecomunicaciones, para que trabajen en conferencia en la discusión y aprobación de las reformas correspondientes a la legislación de la materia. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a las autoridades competentes del Estado de México, para que resuelvan con prontitud los casos de desapariciones de mujeres en la entidad. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

• Julio César Flemate Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que realice una campaña nacional en medios escritos y electrónicos para inhibir el uso de mochilas con exceso de peso, entre los educandos e implementar acciones para que en el próximo ciclo escolar dos mil trece-dos mil catorce, se diseñe una redistribución de los materiales didácticos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que promueva una mesa de diálogo con el Gobierno del estado de Oaxaca, para que el aeropuerto de la Ciudad de Ixtepec, Oaxaca, donde tiene operaciones la Base Aérea Militar No.dos, preste servicio dual, dotando a éste de vuelos comerciales. Se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Transportes, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita la instauración de un Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Verónica García Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobernador y a la Secretaría de Salud del estado de Michoacán, para que atiendan de forma prioritaria el problema de insuficiencia renal crónica que presentan los habitantes de la región oriente del estado de Michoacán. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves catorce de marzo de dos mil trece, a las once horas y levanta la sesión a las dieciséis horas con dieciocho minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Alfonso Durazo, ¿con qué objeto?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente. Con el objeto de comentar, pedirle a usted pudiera darnos una aclaración respecto a una nota publicada el día de hoy por el periódico Reforma, que de confirmarse mostraría la irregularidad con la que se toman algunas decisiones en la Cámara.

Nos enteramos por declaraciones del vicepresidente del PRD en la Cámara alta, Luis Sánchez, que supuestamente la Cámara de Diputados trampeó la redacción de la minuta relacionada con el fuero constitucional para tratar de mantener la inmunidad procesal del presidente de la República.

Son dos vicepresidentes de la Cámara; el otro es el senador José Rosas Aispuro, que se expresa en el mismo sentido.

Efectivamente, durante la sesión en la que abordamos el tema del fuero, se puso a consideración el párrafo propuesto por el PRI. Pero como usted mismo lo señaló, no recibió la mayoría calificada requerida y consecuentemente —según sus propias palabras— se expulsaba el texto del dictamen y, según estas declaraciones, en la minuta que llega al Senado sí va incluido.

Creo que por la gravedad del tema merecería una aclaración y si fuera tan amable, lo agradecería mucho.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo hago con un enorme gusto. Como bien usted ha dicho, el párrafo quinto del artículo en comento no mereció la suficiencia de votos para alcanzar las dos terceras partes. Este párrafo no va en la minuta. Lo que van son puntos suspensivos, que quiere decir, a mi leal entender, que se mantiene el texto vigente en la Constitución, que por cierto viene de 1917.

Si hay alguna duda entre los legisladores o entre los senadores, me he puesto a sus apreciables órdenes para entrar al estudio de la minuta.

Debo comentarle a la asamblea que estamos haciendo práctica parlamentaria, porque no habíamos tenido un caso similar en el pasado, en donde, resolviendo sobre reformas constitucionales, se lograban las dos terceras partes en prácticamente todo el dictamen que viene de comisiones, pero no en uno en especial, que se apartó para su discusión y votación en virtud de la confrontación de ideas que su contenido propiciaba en el pleno.

Pero estoy a sus leales y apreciables órdenes, suyas y de todos, para darles las explicaciones propicias. Esta Presidencia no tiene la facultad, sino la obligación de plasmar en las minutas que vienen del trabajo parlamentario la voluntad exacta, estricta y clara de la asamblea.

Continúe la Secretaría.

RETIRO DE INICIATIVAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Por este conducto y en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante el presente vengo a ejercer mi derecho de retirar la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familia, presentada por la suscrita en la sesión ordinaria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados de fecha 23 de octubre de 2012.

Sobre el particular, solicito a usted que dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los registros parlamentarios de la Cámara.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.— Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual presenté en la sesión del 31 de octubre de 2012.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.— Diputada Adriana González Carrillo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

De conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted que sea retirada mi iniciativa que reforma los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 26 de febrero de 2013 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

 Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.— Diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

De conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted sea retirada mi iniciativa que reforma los artículos 41 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el martes 5 de marzo de 2013 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.— Diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Aprovecho este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicitarle tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien considere pertinente, a fin de que sea retirado el punto de acuerdo presentado por una servidora el pasado viernes 8 de marzo, por el que se propone a la Cámara de Senadores convocar a las comisiones relacionadas al área de telecomunicaciones, a trabajar en conferencia en la discusión y aprobación de las reformas correspondientes a la legislación en la materia, y que fue turnada ayer a la Junta de Coordinación Política.

Agradeciendo de antemano su atención, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 13 de marzo de 2013.— Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

OPERATIVO RAPIDO Y FURIOSO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0180, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UPDDH/911/687/2013 suscrito por el maestro Juan Carlos Gutiérrez Contreras, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, afectadas por la instrumentación en México del operativo “Rápido y Furioso”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 11 de marzo de 2013.— Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en el artículos 27, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 21, fracciones I, IV, V y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y en relación a su similar número SEL/UEL/311/2886/12, por medio del cual remite oficio número D.G.P.L 62-II-8-0180, suscrito por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el cual contiene el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo que a la letra dice:

“... Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en términos del párrafo tercero del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantice la investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos, de las víctimas y sus familiares afectadas por la instrumentación en México del operativo ‘Rápido y Furioso’”.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento, que esta unidad administrativa recibió diverso número 011341/12 DGPCDHQI de fecha 26 de noviembre de 2012, suscrito por el doctor Alfredo López Martínez, director general de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección de la Procuraduría General de la República (PGR), mediante el cual informó sobre las acciones que esa representación social ha realizado respecto al citado punto de acuerdo.

La PGR señaló que la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de esa dependencia, inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITN/059/2011, a fin de realizar una exhaustiva investigación de los hechos relacionados con el operativo de referencia, la cual se encuentra en estado de integración, sin que se tengan identificadas a las víctimas o familiares de las mismas que se encuentren vinculadas a indagatorias en las que se hayan asegurado armas de fuego relacionadas con el mismo operativo.

Asimismo, esa institución precisó que el gobierno de México no fue informado de algún operativo que incluyera el trasiego controlado de armas a nuestro país, por lo tanto, no se puede hablar de una operación coordinada entre México y el gobierno de los Estados Unidos de América; sin embargo, en la actualidad, la PGR está haciendo uso de los canales institucionales para el intercambio de información con las autoridades estadounidenses para poder detectar, en su caso, actos ilícitos en el marco de dicho operativo, toda vez que el combate eficaz al tráfico de armas es un compromiso del gobierno de México para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional que opera tanto en México como en Estados Unidos.

Atento a lo anterior, la PGR señaló que corresponde al Ministerio Público de la Federación determinar si, como consecuencia de dicho operativo, se cometió algún ilícito con total independencia de lo que al respecto puedan concluir las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses.

Por último, esa institución indicó que la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, tiene a su cargo investigaciones por diversas conductas previstas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de hechos delictivos cometidos en territorio nacional tales como portación, posesión, acopio e introducción clandestina de armas, sin tener la certeza de que esas armas hayan estado relacionadas con el operativo “Rápido y Furioso”

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2013.— Maestro Juan Carlos Gutiérrez Contreras (rúbrica), titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE BANCO AZTECA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Condusef.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Me refiero a los puntos de acuerdo aprobados el pasado 30 de enero por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión y en lo referente a:

“... Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que, en cumplimiento de sus facultades realice un mecanismo especial para atender en Matamoros, Tamaulipas, a usuarios de los servicios de Banco Azteca, en esa localidad, para que presenten las quejas que pudieran tener un relación a sus derechos, derivados de los contratos de crédito suscritos con la misma, y pueda realizar las investigaciones o mediación que corresponda, procurando que las mismas se efectúen con prontitud y diligencia. Se exhorta a dicha comisión a que informe a esta soberanía sobre las quejas recibidas y su resolución en cuanto las considere concluidas.”

Al respecto le informo que esta Comisión Nacional ha desarrollado diversas acciones encaminadas a atener dicho punto de acuerdo, las cuales se detallan en el reporte anexo, signado por la directora general de Delegaciones Norte-Sur en la Condusef.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2013.— Mario di Costanzo Armenta (rúbrica), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Condusef.

Mario Alberto di Costanzo Armenta, Presidente en la Condusef.— Presente.

Me refiero a los Puntos de acuerda aprobados el pasada 30 de enero por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, de los cuales el segundo establece la siguiente:

“... Segundo.Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que, en cumplimiento de sus facultades realice un mecanismo especial para atender en Matamoros, Tamaulipas, a usuarios de los servicios de Banco Azteca, en esa localidad, para que presenten las quejas que pudieran tener un relación a sus derechos, derivados de los contratos de crédito suscritos con la misma, y pueda realizar las investigaciones o mediación que corresponda, procurando que las mismas se efectúen con prontitud y diligencia. Se exhorta a dicha comisión a que informe a esta soberanía sobre las quejas recibidas y su resolución en cuanto las considere concluidas.”

Al respecto, me permito informarle las acciones que la Dirección General de Delegaciones Norte-Sur ha realizado con la finalidad de brindar la atención al punto de acuerdo en comento.

• Atención personalizada a 134 usuarios en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Del 18 al 22 de febrero, Juan José Espino Ascanio y Rogelio Mata Delgado, delegado y subdelegado de Condusef en Tamaulipas, se trasladaron al módulo fijo de atención ubicado en las oficinas de la canaco, mismas que se localizan fuera de una sucursal de Banco Azteca en Matamoros, Tamaulipas, brindando atención de forma personalizada a 134 usuarios de los cuales dos correspondieron a asesorías jurídicas sobre sociedades de información crediticias, dos reclamaciones una contra Banamex y otra contra Banco Azteca y ciento treinta consultas sobre reporte especial de crédito. Se anexa presentación de las actividades mencionadas.

• Visitas de inspección por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

A través de la Dirección General de Evaluación y Vigilancia en la Condusef se solicitó a la CNBV que realizará una visita de inspección especial a las cuatro sucursales de Banco Azteca en la ciudad de Matamoros, se anexa oficio DGE/0482/13-DVCEA.

• Evaluación de incumplimientos en los contratos de adhesión, publicidad y estados de cuenta emitidos por Banco Azteca, mismas que han sido trasmitidas a la Vicepresidencia Jurídica en esta Comisión Nacional para su debida atención:

(i) Incumplimiento en la entrega de tabla de amortización en el crédito automotriz, en su lugar se proporciona un “ticket” con información parcial

(ii) Los estados de cuenta no incluyen los cargos objetados, violentando la disposición única de la Condusef

(iii) En las operaciones de crédito se basan en un límite de endeudamiento y no en una línea de crédito, lo que ocasiona que cada disposición de la línea, tenga condiciones de tasa y plazo distintos, por lo que el contrato remite al “ticket” de cada operación, mismo que incluye sólo la tasa ordinaria y no la moratoria, lo cual deja al cliente en cierra incertidumbre jurídica.

No obstante lo anterior, el delegado y subdelegado de la Condusef en Tamaulipas, seguirán realizando visitas periódicas al municipio de Matamoros con la finalidad de difundir la cultura financiera entre la población a través de conferencias, entrega de material educativo y atención personalizada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2013.— (Rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase al promovente, para su conocimiento.

COMPROMISO 94 DEL PACTO POR MEXICO

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Escudo.— LXIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número. 614/2013 I D.P., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual el honorable Congreso del estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al honorable Congreso de la Unión para que, atendiendo al compromiso noventa y cuatro del Pacto por México, se busque contemplar dentro de la agenda legislativa y se siga analizando el tema de la reelección de los senadores y diputados al Congreso de la Unión, diputados de las Legislaturas de los estados, así como de presidentes municipales, regidores y síndicos.

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 20 de febrero de 2013.— Diputada Liz Aguilera García (rúbrica), Presidenta de la Diputación Permanente del honorable Congreso del estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

La Diputación Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer período de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional

Acuerda

Primero. Exhortar respetuosamente al honorable Congreso de la Unión para que, atendiendo al compromiso noventa y cuatro del Pacto por México, se busque contemplar dentro de la agenda legislativa y se siga analizando el tema de la reelección de los senadores y diputados al Congreso de la Unión, diputados de las Legislaturas de los Estados, así como de presidentes municipales, regidores y síndicos.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo, así como del dictamen que le dio origen, a las autoridades anteriormente mencionadas, para los efectos a que haya lugar.

Dado en la sala morelos del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil trece.— Diputada Liz Aguilera García (rúbrica), Presidenta; Diputada Patricia Flores González (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados a dictaminar la minuta de reformas en materia de prohibición de venta de comida chatarra en centros escolares y la generación de políticas de salud para reducir la obesidad infantil, remitida por la Cámara de Senadores

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 12 de marzo de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Raúl Morón Orozco, en nombre propio y con el aval de las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRD, de la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 175, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, para exhortar respetuosamente a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, para proceder a la brevedad posible a dictaminar la minuta de reformas a diversas disposiciones legales en materia de prohibición de venta de comida chatarra en centros escolares y la generación de políticas de salud para reducir la obesidad infantil remitida por esta Cámara de Senadores, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En fecha 4 de noviembre del 2010 la LXI Legislatura del Senado de la República aprobó en sesión de Pleno, el dictamen mediante el cual se reforma y adiciona: las Leyes General de Salud; General de Educación; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de educación nutricional, derivado del proceso de análisis y discusión de 24 iniciativas, mismo que se remitió vía minuta a la Cámara revisora.

Después del trámite de ley correspondiente, con fecha 9 de noviembre del 2010, en sesión de Pleno, la mesa directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados turnó la minuta que contiene el citado dictamen a la Comisión de Educación de la colegisladora para su estudio y dictamen.

Es el caso que a pesar de ser un tema de la mayor importancia para los mexicanos y sus familias, a la fecha ha transcurrido un largo periodo sin que se hubiere emitido el dictamen correspondiente por parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ni su aprobación por el Pleno de esa Cámara revisora y considerando que el tema es de trascendencia para la sociedad de nuestro país, es urgente concluir su proceso legislativo para generar el andamiaje jurídico que permita fijar las bases legislativas y de políticas públicas para atender esta problemática, toda vez que el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria se consideran como desórdenes crónicos que se caracterizan por el incremento o pérdida gradual de peso corporal, que colocan al individuo en riesgo de desarrollar y padecer diversas enfermedades graves a corto, mediano y largo plazos, las cuales han desencadenado un grave problema de salud pública tanto en México como en el mundo.

El sobre peso y la obesidad, generan enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas con la hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, y los cánceres de mama, esófago, colon, endometrio y riñón, entre otras.

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44 por ciento de la carga de diabetes, el 23 por ciento de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7 por ciento y el 41 por ciento de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

El incremento del sobrepeso y la obesidad, por una parte, encuentran su explicación en el mayor consumo de alimentos con un alto contenido calórico que, en un lapso de años relativamente corto, han mostrado un abaratamiento y accesibilidad en productos alimenticios.

Este problema se agudizado, sin embargo, a partir del desarrollo de una cultura alimenticia de consumo de productos de bajo o nulo valor nutricional que comienza en los hogares y que se ha extendido a los centros educativo, en donde de forma indiscriminada y sin ningún control legal, se permite y fomenta su consumo a través de la promoción y comercialización de la misma entre los educandos, principalmente en aquellos que cursan la educación básica y media superior.

Asimismo, las actividades físicas poco a poco han dejado de ser prioritarias o relevantes para muchas personas y familias, lo que ha contribuido a la proliferación de actividades sedentarias de esparcimiento por la que optan miles de niños y jóvenes en nuestro país, y a la nula práctica del deporte. Esta situación se reproduce en muchos centros urbanos y centros educativos, que se agrava aún más por la falta de espacios para la actividad física y la práctica del deporte.

Tanto el tiempo excesivo de actividades sedentarias, así como el poco tiempo dedicado a actividades físicas moderadas o vigorosas y el consumo cada vez mayor dentro y fuera de los centros escolares de alimentos “chatarra”, sugieren ser, entre otras, las causa de la prevalencia de obesidad y enfermedades crónicas observado en México en los últimos años, especialmente entre la población infantil.

Los problemas de trastornos en la conducta alimenticia, del sobre peso y la obesidad son problemas de salud que tiene un impacto en nuestra sociedad, el cual al ser multifactorial exige una atención que incluya los aspectos clínicos, familiares, culturales, sociales y especialmente los educativos.

Considerando lo anterior, los legisladores, de la LXI legislatura, conscientes de la influencia que tiene para la salud la ingesta desequilibrada de alimentos y bebidas sin una orientación adecuada, propusieron una reforma integral aprobando reformas a las Leyes generales de Salud, de Educación, Instraestructura física educativa, así como ala Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de generar una nueva cultura sobre la alimentación sana y nutritiva, por ello en dichas reformas se estableció la prohibición para que en los centros escolares no se publiciten alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alto contenido en grasas, sales, azúcares solubles y harinas, así como faculta a las secretarias de Salud y de Educación para que emitan lineamientos para la comercialización y expendio de productos en los centros escolares.

Con la aprobación de las iniciativas señaladas, se pretende que se propicien adecuadas pautas de conducta alimentaria y que las mismas garanticen un combate eficiente al sobrepeso, la obesidad, la desnutrición y los trastornos de la conducta alimenticia.

De igual forma, la reciente reforma al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por esta Cámara de Senadores con fecha 20 de diciembre del año 2012, estableció en el artículo quinto transitorio, fracción III, inciso c,) del proyecto de decreto correspondiente, que para el debido cumplimiento de las disposiciones de la reforma, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes, deberán realizar las adecuaciones pertinentes al marco jurídico para “prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos”, razón que por sí misma obliga a todos los integrantes de esta LXII legislatura a concluir el proceso de elaboración del dictamen y aprobación por el pleno del paquete de reformas que en esta materia se encuentran pendientes de dictaminar, más aún ahora, que se trata de un mandato constitucional.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se prueba enviar atento y respetuoso exhorto a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para que se proceda a la brevedad a dictaminar la minuta de reformas a diversas disposiciones legales en materia de prohibición de venta de comida chatarra en centros escolares y la generación de políticas de salud para reducir la obesidad infantil, remitida por esta Cámara de Senadores

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de febrero de 2013.— (Rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones Unidas de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su atención.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

Atentamente

México, DF, a 12 de marzo de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

Artículo Único.Se adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 464 Ter.En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. ...

II. A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

III. A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármaco s, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate; y

IV. A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 12 de marzo de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Escudo.— Poder Legislativo del Estado de Baja California.— XXLegislatura.— El Poder Ciudadano.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto, nos dirigimos muy respetuosamente a usted, a fin de hacer de su conocimiento, que en sesión ordinaria de la honorable XX Legislatura constitucional del estado de Baja California, celebrada el día 19 de febrero del año en curso, se aprobó el siguiente

Dictamen número 155

De la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales

Artículo Único. Se aprueba la reforma al artículo 420 del Código Penal Federal en su fracción II Bis, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 420. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I a la II. ...

II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas den minadas abulón, langosta, almeja generosa y erizo de mar, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometa por una asociación delictuosa en los términos del artículo 164 de este Código, se están a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

III. a la V. ......

Artículos Transitorios

Primero. Aprobada que sea esta iniciativa por la H. XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, remítase formalmente al Congreso de la Unión a efecto de que se siga el Procedimiento Legislativo previsto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones “Lic. Benito Juárez García” del honorable Poder Legislativo del estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, BC, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil trece.

Asimismo, se remite copia íntegra del dictamen de referencia para los efectos legales a que haya lugar.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra consideración y respeto.

Atentamente

Mexicali, BC, a 19 de febrero de 2013.— Por la Mesa Directiva Diputado Julio Felipe García Muñoz (rúbrica), Presidente; Diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Escudo.— LXIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 611/2013 I D.P., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual el Congreso del estado de Chihuahua, formula ante el Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar las fracciones II, III, V y VI, del artículo 115 de la Ley General de Salud.

Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 20 de febrero de 2013.— Diputada Liz Aguilera García (rúbrica), Presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del estado de Chihuahua.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

La diputación permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional

Acuerda

Primero. Formular ante el Congreso de la Unión iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar las fracciones II, III, V y VI, del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar redactadas en los siguientes términos:

Artículo 115. ...

I. ...

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobre peso y la obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud.

IV. ...

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas y máximasde nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población.

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los requerimientos mínimos y máximos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo.

VII. y VIII. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo y del dictamen que le dio origen, al Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Con pleno respeto a su soberanía, se exhorta a los congresos de los estados de la república y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de estimarlo conveniente y adecuado, se adhieran al presente acuerdo.

Dado en la sala Morelos del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil trece.— Diputada Liz Aguilera García (rúbrica), Presidenta; Diputada Patricia Flores González (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión fueron turnadas las iniciativas con proyecto de decreto que reforma los artículos 84 y 95 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado a la LXI Legislatura Arturo Zamora Jiménez (PRI), y que adiciona una fracción X al artículo 84 de la misma Ley del Seguro Social, presentada por el diputado a la LXI Legislatura Óscar González Yáñez (PT).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81 numeral 2, 82, 84, 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, es facultad de la Comisión de Seguridad Social elaborar el dictamen correspondiente en forma conjunta, por lo que se elabora dictamen conjunto a las iniciativas presentadas por los diputados a la LXI Legislatura Arturo Zamora Jiménez (PRI) y Óscar González Yáñez (PT), de acuerdo a los siguientes apartados: antecedentes, contenido de las iniciativas, consideraciones, conclusiones y acuerdo.

Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, celebrada el 25 de febrero de 2010, el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 84 y 95 de la Ley del Seguro Social.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Seguridad Social.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 19 de mayo de 2010, el diputado Óscar González Yáñez (PT) presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 84 de la Ley del Seguro Social.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente turnó dicha iniciativa a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Contenido de las iniciativas

El diputado Zamora Jiménez (PRI), en la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina, se refiere a la situación de las estudiantes que están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social por ser hijas de asegurados o pensionados del mismo, las que tienen derecho, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, a recibir la atención médica, farmacéutica y hospitalaria hasta la edad de 16 años, o hasta los 25 si se encuentran estudiando en escuelas del sistema educativo nacional, pero que no tienen el derecho a la atención obstétrica, ya que el artículo 95 de la Ley del Seguro Social refiere que sólo tienen derecho a dicha atención obstétrica las esposas o concubinas del trabajador asegurado, o del pensionado.

Refiere también la exposición de motivos que las otras adolescentes que se encuentran estudiando en las escuelas del sistema educativo nacional y que no cuentan con un número de afiliación en alguna institución de seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSFAM), si tienen derecho a recibir la atención obstétrica, derecho derivado del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1998, que en el artículo primero establece que se incorporan al IMSS, por lo que corresponde a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, a las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones educativas del estado, condicionando dicha incorporación a quienes no cuenten con la misma o similar prestación por parte del IMSS o cualquier otra institución de seguridad social.

El artículo segundo del mencionado decreto establece que las prestaciones a que se refiere el artículo primero comprenden la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, así como la asistencia obstétrica.

Refiere además el promovente que aun cuando el decreto de incorporación al Seguro de Enfermedades y Maternidad del Instituto Mexicano del Seguro Social pone, como condición para recibir las prestaciones en especie de dicho seguro, el no contar con prestación igual o similar, a las hijas de los asegurados y pensionados de dicha institución se les niega el servicio de asistencia obstétrica, que no tienen como beneficiarias de la Ley del Seguro Social, por el hecho de estar afiliadas en su carácter de hijas de asegurados o pensionados, y contar con un número de afiliación, que le impide normativamente a dicha institución, tener otro número de afiliación, que es lo que el IMSS tendría que dar al incorporar a los estudiantes como asegurados.

Por otra parte, también menciona el autor de la iniciativa que al establecer la Ley del Seguro Social una edad determinada para el término del derecho a la atención médica, dieciséis años si no estudian y hasta veinticinco años para quienes estén estudiando en instituciones educativas de nivel superior, quedan sin la posibilidad de tener derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, aquellos hijos de asegurados o pensionados mayores de dieciséis años que no están cursando estudios, así como los mayores de veinticinco años que aún estén estudiando.

Cita también en su exposición de motivos, cifras relativas al número de embarazos que anualmente se producen en el mundo, 13 millones en mujeres menores de 20 años, de acuerdo con datos del Programa Nacional de Salud 2007-2012; la tasa de embarazos en mujeres de 12 a 19 años de edad que es de 79 por cada mil; así como que del total de mujeres embarazadas en México, 12.2 por ciento eran estudiantes, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud y del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.

Con fundamento en su exposición de motivos, el diputado Zamora Jiménez propone reformas de los artículos 84 y 95 de la Ley del Seguro Social, con la siguiente redacción:

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro

I. a V. ...

VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o ( se suprime “hasta la edad de veinticinco años) cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional en nivel de bachillerato o licenciatura.

VII. a IX. ...

X. Las personas que cursen estudios de nivel medio superior y superior en planteles del sistema educativo nacional.

Artículo 95. Tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior, las beneficiarias que se señalan en las fracciones III, IV y X del artículo 84 de esta ley.

Transitorio único El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo que se refiere a la iniciativa de adicionar una fracción IX al artículo 84 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Óscar González Yáñez (PT), con la finalidad de que queden amparados por el seguro de enfermedades y maternidad todas las personas que cursen estudios en el sistema educativo nacional desde la educación básica hasta la educación superior, argumentando que el gobierno tiene la obligación de hacerse cargo de la atención a la salud de todos los mexicanos, refiriendo las dificultades que se presentan para dicha atención en las instituciones de seguridad social.

Para ello propone adicionar una fracción IX al artículo 84 de la Ley del Seguro Social, con la siguiente redacción:

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro

I. a VIII. ...

IX . Toda aquella persona que esté cursando a partir de la educación básica hasta la educación superior en las instituciones públicas educativas, misma que deberá ser comprobado con la tira de materias y la credencial vigentes, o en su caso con documento comprobatorio expedido por la institución educativa.

X. ... (se recorre la numeración de tal forma que la actual fracción IX pasa a ser la fracción X).

Consideraciones de la comisión

La comisión que dictamina considera, en primer término, que el planteamiento fundamental de la iniciativa presentada por el diputado a la LXI Legislatura Arturo Zamora Jiménez (PRI) está relacionado con la diferencia en el acceso al derecho a recibir la atención obstétrica, entre las hijas de los derechohabientes y pensionados amparadas por las Leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las hijas de militares en activo y pensionados amparados por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como las beneficiadas por las disposiciones del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1998, que si tienen ese derecho todas ellas, en relación con las hijas de los asegurados y pensionados que están registradas como beneficiarias en el Instituto Mexicano del Seguro Social, las que no tienen derecho a la atención obstétrica, como sí lo tienen las otras.

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) otorga la prestación de la atención obstétrica a las hijas de los trabajadores y pensionados hasta la edad de 18 años, prorrogable hasta la edad de 25 años si se encuentran estudiando en instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación (Artículo 39: “La mujer trabajadora, la pensionada, la cónyuge del trabajador o del pensionado o, en su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del trabajador o pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de estos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a: I . Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto para los efectos del artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional; ... Artículo 41. “También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los familiares derechohabientes del trabajador o del pensionado que en seguida se enumeran: I. ... II . Los hijos menores de dieciocho añosde ambos o de solo uno de los cónyuges, siempre que dependan económicamente de alguno de ellos. III . Los hijos solteros mayores de dieciocho años, hasta la edad de veinticinco, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio superior o superior, de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo).

Por su parte, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM) otorga el derecho al Servicio Médico Integral a los hijos solteros menores de dieciocho años y a los hijos mayores de esa edad que no hayan contraído matrimonio o establecido una relación de concubinato sin descendencia, que se encuentren estudiando (Artículo 142. ... Los familiares de militares que tienen derecho a esta prestación son: II. Los hijos menores de dieciocho años; III. Los hijos mayores de edad que no hayan contraído matrimonio o establecido una relación de concubinato sin descendencia que se encuentren estudiando en instituciones oficiales o con reconocimiento de validez oficial, con límite hasta de 25 años de edad; excepcionalmente y a juicio del Instituto, podrá extenderse este beneficio hasta los 30 años de edad, si además de cubrir los requisitos mencionados, están realizando estudios a nivel licenciatura o superiores y demuestran su dependencia económica con el militar. ...”).

Además, el decreto presidencial a que se hace referencia en la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina, establece en su artículo primero que se incorporan al régimen obligatorio del Seguro Social a las personas(todas) que cursen estudios en los tipos medio superior y superior en instituciones educativas del estado, señalando como condición para esa incorporación que no cuenten con la misma o similar protección por parte del IMSS o cualquier otra institución de seguridad social; en su artículo segundo se señala que las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad comprenden la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, así como la asistencia obstétrica (Artículo 1. Se incorporaran al régimen obligatorio del seguro social, por lo que corresponde a las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad, a las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones educativas del Estado y que no cuenten con la misma o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra institución de Seguridad Social. Articulo 2. Las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad, materia del presente ordenamiento, comprenden la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria , así como la asistencia obstétrica. ...).

La Ley del Seguro Social señala en el artículo 94 que en caso de maternidad, el Instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, la asistencia obstétrica (fracción I), ayuda en especie por seis meses para lactancia (fracción II) y una canastilla al nacer el hijo (fracción III); en el artículo 95 de la misma ley, se condiciona el derecho al disfrute de las prestaciones mencionadas en las fracciones I y II del artículo 94 (asistencia obstétrica y ayuda en especie para lactancia) únicamente a las beneficiarias que se señalan en las fracciones III y IV del artículo 84, que son la esposa o la concubina del asegurado (fracción III) y la esposa o la concubina del pensionadofracción IV) , dejando sin la protección de la atención obstétrica a las hijas de los asegurados o pensionados menores de dieciséis años, o mayores de esa edad que estudien en instituciones educativas del Sistema Educativo Nacional.

Como se aprecia de las anteriores disposiciones legales, la Ley del Seguro Social discrimina de la atención obstétrica a las hijas de los asegurados o pensionados mayores de dieciséis años,colocándolas en desventaja en relación a aquellas mayores de dieciséis años, y hasta de veinticinco si están estudiando, protegidas por las disposiciones de las leyes de seguridad social mencionadas (ISSSTE e ISSFAM), que sí la otorgan, al igual que a las que beneficia el decreto presidencial aludido.

Siendo el planteamiento de la reforma a los artículos correspondientes de la Ley del Seguro Social para igualar el derecho, tanto por lo que se refiere a incluir las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad a las hijas de los trabajadores o pensionados afiliados al IMSS mayores de dieciséis y hasta los dieciocho años de edad, como para recibir la atención obstétrica, la importancia de fondo de la iniciativa es el poder proporcionar esa atención obstétrica a las adolescentes hijas de asegurados o de pensionados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, atendiendo los programas públicos de la salud materno infantil.

Los programas tendentes a disminuir la mortalidad, tanto materna como infantil, están considerados como una prioridad de los servicios de atención a la salud, y el plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 tiene señalada la necesidad de disminuir dicha mortalidad, no únicamente como una prioridad nacional aislada, sino como el cumplimiento de acuerdos de organismos mundiales a los que nuestro país pertenece.

Además de lo anterior, la comisión que dictamina tomó en consideración los dictámenes positivos a la iniciativa de la diputada a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión Hortensia Aragón Castillo (PRD), con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, que tanto la Comisión de Seguridad Social de la LIX como la de la LX Legislaturas aprobaron, en la parte que se refiere a la reforma al artículo 95 de la Ley del Seguro Social, para otorgar el derecho a la atención obstétrica a las hijas de los asegurados y pensionados hasta los 18 años y, aun, hasta los 25 años si se encuentran estudiando en instituciones del sistema educativo nacional. Dicho dictamen se encuentra en poder de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados desde el mes de febrero de 2009.

El proyecto de dictamen aprobado por la Comisión de Seguridad Social de las legislaturas LIX y LX, tiene la siguiente redacción:

Ley del Seguro Social.

Artículo 95. Tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior, las beneficiarias que se enuncian en las fracciones III y IV, del artículo 84 de esta ley y, además, las hijas de los asegurados y pensionados hasta los dieciocho años.

Además, la iniciativa del diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI), propone la adición de una fracción X al artículo 84 de la Ley del Seguro Social, con la finalidad de ampliar la prestación del seguro de enfermedades y maternidad a todas las personas que cursen estudios de nivel medio superior y superior en planteles del sistema educativo nacional,incluyendo en dicha ampliación a las hijas de los asegurados y pensionados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sobre este particular, la Comisión de Seguridad Social, que dictamina, considera que de incorporarse la mencionada fracción X en el texto del artículo 84, cuyo primer párrafo dice “Quedan amparados por este seguro:”, se estaría estableciendo la obligación para el Instituto Mexicano del Seguro Social de ser dicho organismo el único obligado a cubrir los costos de la atención completa que otorga el Seguro de Enfermedades y Maternidad, no nada más la atención obstétrica, tanto para los hijos de sus asegurados y pensionados, como para todos los estudiantes que cursen estudios de nivel medio superior y superior, con lo que se duplicaría la prestación establecida en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1998, por medio del cual se incorporan al régimen obligatorio del Seguro Social, a todos los estudiantes de nivel medio superior y superior, con financiamiento único de dicha prestación a cargo del Estado, como señala el artículo 3 del citado decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1998; cargar dicho costo al Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo propone la iniciativa en comento, costo que no le corresponde de ninguna manera, sería agregar un número mayor de derechohabientes con derecho al seguro de enfermedades y maternidad, seguro que es deficitario en su operación, y quitarle al gobierno un egreso que ya tiene considerado con base al multicitado decreto.

Si bien es cierto que al aprobarse la iniciativa que se dictamina, por lo que se refiere a la reforma al artículo 95 de la Ley del Seguro Social, su aplicación tendrá un impacto presupuestario, toda vez que, aunque estadísticamente no sea significativo el número de hijas de asegurados o pensionados, solteras o sin tener una relación de concubinato sin descendencia, menores de dieciséis años o mayores de esa edad y hasta los veinticinco años si están estudiando en el Sistema Educativo Nacional y que resulten embarazadas, ese impacto no será de gran trascendencia en el presupuesto institucional.

Conclusiones

La Comisión de Seguridad Social de la LXII Legislatura que suscribe este dictamen, concluye que la iniciativa presentada por el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 25 de febrero de 2010, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 84 recorriendo la actual fracción IX para ser la fracción X, reforma la fracción VI del mismo artículo y el artículo 95, atiende a la necesidad de que las niñas hijas de asegurados o pensionados tengan derecho a recibir la atención obstétrica, ya que no hay razón alguna para ser discriminadas de la misma en relación con las demás leyes de seguridad social, y atiende igualmente a la protección y cuidado de la salud materno infantil como política pública, al homologar esa prestación con las demás leyes de seguridad social que si la otorgan.

Por lo que hace a la propuesta de incluir una fracción X al mismo artículo 84, ésta se desecha, ya que incluye como beneficiarios de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, además de las hijas de los asegurados y pensionados, a todos los estudiantes de nivel superior y medio superior inscritos en planteles del sistema educativo nacional, los que ya están incorporados al régimen obligatorio del Seguro Social por decreto presidencial.

Proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social

Artículo Único. Se reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 95. Tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior, las beneficiarias que se señalan en las fracciones III, IV del artículo 84 de esta ley, y las hijas de los asegurados y pensionados hasta los dieciocho años.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de juntas de la Comisión de Seguridad Social, a 19 de febrero de 2013.

La Comisión de Seguridad Social, diputados:Javier Salinas Narváez (rúbrica), presidente; Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco, secretarios; Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), María Elena Cano Ayala, Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, María Leticia Mendoza Curiel, Juan Carlos Muñoz Márquez, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Margarita Saldaña Hernández, Fernando Salgado Delgado, Antonio Sansores Sastré, Rosendo Serrano Toledo, Araceli Torres Flores (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, presentada por el diputado Edgardo Chaire Chavero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Asuntos Indígenas, con las atribuciones que le confieren los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1 fracción II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 30 de abril de 2012, el diputado Edgardo Chaire Chavero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Segundo. Con fecha 18 de julio de 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite sobre dicha iniciativa, turnándola a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su análisis y dictamen.

Tercero. Con fecha 23 de octubre de 2012 y mediante oficio numero D.G.P.L. 62-II-8-0194, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó a esta comisión que por acuerdo de la Mesa Directiva, los asuntos que no llegaron a resolver las comisiones de la LXI Legislatura, se encuentran vigentes y los plazos reglamentario para dictaminarlos correrán a partir del 29 de octubre de 2012.

Cuarto: Con fecha 15 de noviembre de 2012, la junta directiva de esta comisión, solicitó a la Mesa Directa, prorroga para dictaminar la iniciativa de cuenta, por lo cual, con fecha 14 de enero de 2013, mediante oficio numero D.G.P.L. 62-II-6-0306, la Mesa Directiva concedió prórroga para su dictamen.

Contenido de la iniciativa

El diputado Edgardo Chaire Chavero señala que “México es un país con una vasta población indígena, tiene aproximadamente 62 grupos etnolingüísticos que representan más de la décima parte de la población mexicana. Los resultados del más reciente censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, señalaron que en el país viven 6 millones 913 mil 362 personas de 3 años y más que hablan lengua indígena.

De acuerdo a este censo, 15.7 millones de personas se consideran indígenas, de ellas, el 6.9 por ciento hablan alguna lengua indígena. Las entidades con mayor población indígena, según el tipo de hogar de pertenencia, son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, estado de México, Puebla e Hidalgo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en nuestro país las lenguas más habladas son las mayas, el náhuatl, el zapoteco, y el mixteco.

La diversidad cultural y lingüística de nuestro país está plenamente reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 2 dispone: “La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. Asimismo, este precepto constitucional establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y mandata que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe constar en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta criterios etno-lingüísticos y de asentamiento físico.

La citada disposición constitucional, a su vez, señala el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, así como para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, para lo cual en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la misma Constitución, además, podrán ser asistidos en todo momento por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.

La propuesta presentada por el diputado Edgardo Chaire Chavero plantea la modificación de la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a fin de contribuir a que el acceso a la justicia sea real y efectivo para todas las personas indígenas, por lo cual considera indispensable establecer en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas la obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno de apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, además de la de interpretes traductores, ya señalada en el citado ordenamiento.

El diputado iniciador señala que los problemas relacionados con la diversidad lingüística, no parten de la condición de los sujetos indígenas, sino de la visión de los funcionarios y de la estructura de las instituciones, así como de que la garantía de acceder de manera efectiva a la jurisdicción del estado no implica únicamente tener la posibilidad de acceder físicamente a los tribunales oficiales, sino que implica el ejercicio de ciertos derechos sustantivos y procesales necesarios para que una persona indígena teniendo en cuenta su situación particular de extrema pobreza, marginación y el contexto cultural distinto en el que se desarrolla pueda acceder en condiciones de igualdad a la justicia.

Asimismo, el legislador federal en su iniciativa cita parte de la recomendación que el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial, presentó el 14 y 15 de febrero pasado al gobierno de México, entre las que destaca “proseguir con su tarea para garantizar el acceso pleno de las personas indígenas a defensores públicos y funcionarios de justicia bilingües en los procedimientos judiciales, así como a garantizar el acceso a servicios de interpretación culturalmente apropiados durante todo el proceso judicial”.

Considerandos

Los integrantes de esta comisión coincidimos con el diputado iniciador, en que desafortunadamente, a pesar de que México es un país con una vasta población indígena y que tiene aproximadamente 62 grupos etnolingüísticos que representan más de la decima parte de la población mexicana y que de acuerdo con el reciente censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2010, 15.7 millones de personas se consideran indígenas, de ellas el 6.9 por ciento hablan alguna lengua indígena, aun con estos datos duros los indígenas siguen siendo discriminados al momento de acceder a la jurisdicción del Estado, ya que como lo señala el doctor Rodolfo Stavenhagen, quien era relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales de los Indígenas “los juicios en que se ven involucrados los indígenas están con frecuencia plagados de irregularidades, no solamente por la falta de interpretes y defensores capacitados, sino también porque el ministerio publico y los jueces suelen ignorar las costumbres jurídicas de los indígenas”.

En este sentido, esta comisión considera indispensable que el estado en sus distintos órdenes de gobierno apoye la formación y acreditación profesional de defensores públicos, garantizando a los indígenas el poder acceder plenamente y en condiciones de igualdad a un procedimiento o mecanismo que determine un derecho o resuelva un conflicto de relevancia jurídica respetando las reglas de un debido proceso y una defensa adecuada, como lo establece la jurisprudencia en materia penal, cuyo rubro es: DEFENSA ADECUADA. DIFERENCIAS ENTRE LOS ALCANCES Y EFECTOS DE LAS GARANTÍAS CONSAGRADAS EN LAS FRACCIONES IX Y X, PÁRRAFO CUARTO, APARTADO A, DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL.

El apoyo que brindaría el estado en sus distintos órdenes de gobierno, tendrá como objetivo fundamental el dar pleno cumplimiento a lo que mandata nuestro máximo ordenamiento jurídico en su artículo 2° apartado A fracción VIII.

“Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por interpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.

Estos y otros derechos son reconocidos también por diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la cual dispone en el artículo 5, la obligación de los Estados parte de prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce del derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia.

Así también, la mencionada disposición constitucional encuentra sustento legal en la tesis aislada (constitucional) emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimo Tercer Circuito, enero de 2011, 9ª Época:

Tesis: XIII.P.A.22 P

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXIII, Enero de 2011

Novena Época

Pág. 3175

163180  1 de 19

Tesis Aislada(Constitucional)Superada por contradicción

(TA); Novena Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXXIII, Enero de 2011; Página 3175.

Defensa adecuada de indígenas monolingües. Si desde su declaración preparatoria no se nombra un intérprete y un defensor que conozcan su lengua y cultura para que los asistan durante la tramitación del proceso penal, se viola en su perjuicio el artículo 2o., Apartado A, fracción VIII, primer párrafo, último supuesto, de la Constitución Federal y se actualiza una infracción al procedimiento en términos del artículo 160, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo que amerita su reposición (legislación del estado de Oaxaca).

En términos del artículo 2o., Apartado A, fracción VIII, primer párrafo, último supuesto, de la Carta Magna, en relación con los numerales 32, primer párrafo, de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y 146, primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Oaxaca, constituye una garantía constitucional de toda persona indígena monolingüe, contar en todo tiempo con un intérprete y defensor que conozca su lengua y cultura en todos los juicios y procedimientos en que sea parte, pues al comunicarse exclusivamente en su lengua originaria, obviamente desconoce la trascendencia jurídica del hecho que se le atribuye, de ahí la necesidad de que su defensor cuente con los conocimientos idóneos para explicarle la diferencia entre su cultura y la existente fuera de su área de desarrollo y convivencia diaria; por consiguiente, si desde su declaración preparatoria no se nombra para la persona indígena monolingüe, un intérprete y un defensor que conozcan su lengua y cultura para que lo asistan durante todo el tiempo de la tramitación del proceso penal, se viola en su perjuicio aquella norma constitucional, actualizándose también las infracciones al procedimiento previstas en el artículo 160, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, concernientes al nombramiento de defensor y a la práctica de diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley, lo que trae como consecuencia la reposición del procedimiento penal.

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito

Amparo directo 472/2009. 24 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio González Bernabé. Secretario: Héctor Lázaro Guzmán.

Con base en los considerandos expuestos, esta Comisión Dictaminadora, estima de gran relevancia el proyecto de decreto contenido en la iniciativa que nos ocupa, ya que el estado en sus distintos ordenes de gobierno deben propiciar políticas públicas tendientes a garantizar a los indígenas el acceso pleno no solo a la jurisdicción del Estado, sino también  el acceso a la justicia; en este caso, la obligación de apoyar en la formación y acreditación de defensores públicos bilingües, que de certidumbre y certeza jurídica a lo que mandata nuestra Carta Magna y los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Asuntos Indígenas, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

I. a X....

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español;

XII. a XV. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal contara con un plazo de 60 días para hacer las adecuaciones reglamentarias necesarias, de acuerdo a lo previsto en el decreto.

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández, Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Luis Gómez Gómez, Pedro Gómez Gómez, Fernando Zamora Morales (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica), Gilberto Antonio Hirata Chico, Tomás López Landero, Roberto López Rosado, Emilse Miranda Munive, Marco Alonso Vela Reyes, Román Alfredo Padilla Fierro, María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Néstor Octavio Gordillo Castillo, Máximo Othón Zayas, Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz doña Eufrosina Cruz Mendoza.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Con el permiso del señor presidente. Buenos días, compañeras y compañeros, a los medios de comunicación. La población hablante de lenguas maternas en México es de 15.7 millones de personas pertenecientes a 62 pueblos indígenas, dispersos a través de toda la geografía nacional.

Aunque distintos en sus tradiciones, prácticas, culturas, la mayoría de estos hombres y mujeres viven en nuestro país, comparten las problemáticas, carencias e intereses que aquejan a sus comunidades. El común denominador de todos ellos es la pobreza y la falta de acceso a la justicia y la democracia.

Cuando falta la ley, cuando la justicia está al servicio de unos cuantos, cuando la Constitución es letra muerta, cuando el Estado queda ausente de la protección de sus derechos y garantías de nuestros pueblos originarios, los usos y costumbres que tanto orgullo nos significan a todas y a todos, se transforman muchas veces en abusos y costumbres.

En México, la ley y la justicia hablan una sola lengua. Es triste saber que en un país con casi 16 millones de personas que hablan cientos de variantes, la justicia solo hable el idioma español, o como decimos en mi pueblo, la ley habla en castilla, no habla nuestra lengua madre.

Si bien la vulnerabilidad y la exclusión de los grupos indígenas se perciben en diversos campos, en el de la procuración y la administración de justicia es en donde se aprecia con mayor gravedad este problema.

En las cárceles mexicanas, por ejemplo, más de 8 mil indígenas se encuentran presos por delitos del orden federal, como la siembra de mariguana o por infracciones del fuero común, relativas a robos o secuestros, según cifras recientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, muchos de ellos fueron encarcelados sin contar con un debido proceso y sin conocer o comprender el motivo de su reclusión. Más grave aún, la mayoría son auténticos líderes comunitarios que defienden su tierra, sus recursos, sus tradiciones, sus familias, su lengua en contra de los intereses autoritarios de caciques, de autoridades locales o de poderosas empresas trasnacionales.

El mayor delito de los indígenas en México es la pobreza, y paradójicamente, el ser propietarios de la mayor parte de la riqueza natural de nuestro país.

La falta de asesoría jurídica y apoyo institucional han propiciado que muchos indígenas sean víctimas de la injusticia, situación que se agudiza en las grandes ciudades ante la ausencia de defensores de oficio o traductores que asesoren a nuestras hermanas y hermanos indígenas.

Por ello, cobra relevancia el dictamen que hoy vengo a presentar a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas, que me honro en presidir, habida cuenta que se trata de una visión a la Ley General de Derechos Lingüísticos aprobada en el año 2003, y cuya modificación más reciente data desde hace 3 años.

Esta comisión dictaminadora consideró de gran relevancia el proyecto de decreto contenido en la que inicia, que nos ocupa. Razón por la cual fue discutida y aprobada por unanimidad.

Las legisladoras y los legisladores estamos convencidos que el Estado mexicano, sin distinción del orden de gobierno del que se trate debe propiciar políticas públicas tendentes a garantizar a las y a los indígenas el acceso pleno a la jurisdicción del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este pleno el proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos para quedar como sigue:

Articulo 13.

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacional y español.

Juntos, hombres y mujeres, podremos enfrentar los abusos y excesos de quienes de manera autoritaria muchas veces se valen de los resquicios de este régimen de derecho.

Si la política no puede estar al servicio de nuestras comunidades; si no son beneficiarios de las decisiones que amparan la protección de los derechos de los extranjeros que vienen a delinquir en México, entonces forjemos un pacto a favor de nuestras hermanas y hermanos indígenas. Hagamos que la ley se ponga al servicio de los menos favorecidos. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Está a discusión en lo general y en lo particular. Tenemos una lista que inicia con la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza se manifiesta a favor del presente dictamen que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

La Constitución reconoce que su artículo 2o. que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

Asimismo señala el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, así como para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado para lo cual en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades, constitución; además podrán ser asistidos en todo momento por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua cultural.

Debemos considerar que un elemento muy importante que distingue y les da identidad a los pueblos y comunidades indígenas es la lengua con la que se comunican. Actualmente en nuestro país hay un censo de la existencia de por lo menos 62 lenguas indígenas, de las cuales en la actualidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se hablan de manera mayoritaria alrededor de 39 lenguas indígenas.

Las lenguas indígenas habladas por un mayor número de personas son el náhuatl y el maya, seguidas por las lenguas mixtecas y zapotecas. Actualmente no hablar español implica dificultades a la población indígena para la obtención de servicios administrativos fuera de su comunidad, así como para la resolución de conflictos legales, pues la lengua empleada en estos terrenos es principalmente el español. En el país hay 720 mil personas que hablan lengua indígena y no hablan español, lo cual equivale a 12 de cada 100 habitantes de lengua indígena.

El presente dictamen es de suma importancia para la protección de los derechos de los indígenas, en el cual se plantea como objetivo principal establecer en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas la obligación del Estado, de sus distintos órdenes de gobierno, de apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, además de la de intérpretes traductores.

Asimismo propone que la garantía de acceder de manera efectiva a la jurisdicción del Estado no implica únicamente tener la posibilidad de acceder físicamente a los tribunales oficiales, sino que implica el ejercicio de ciertos derechos sustantivos y procesales necesarios para que una persona indígena, teniendo en cuenta su situación particular de extrema pobreza, marginación y el contexto cultural distinto en el que se desarrolla, pueda acceder en condiciones de igualdad a la justicia.

Sin duda alguna la falta de protección y de mecanismos ágiles para acceder a cumplir la ley constituye generar desigualdad para los pueblos indígenas.

Por lo anteriormente expuesto y en razón de que es obligación del Estado adoptar las medidas apropiadas para que las personas pertenecientes a los pueblos indígenas tengan la oportunidad de presentar sus lenguas, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos manifestamos a favor de toda acción legislativa encaminada a proteger los derechos humanos, la identidad cultural y la lingüística de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señora presidenta; compañeras y compañeros, una de las manifestaciones más claras del deterioro institucional en el país es sin duda alguna la procuración e impartición de justicia.

Los procedimientos en materia penal que van desde la presentación del probable responsable ante la autoridad competente, el conjunto de acciones a cargo de la defensa y de la parte acusadora hasta la sentencia emitida por un juez, pueden ser objeto de un sinnúmero de cuestionamientos.

Debido a esto todos somos susceptibles de sufrir alguna irregularidad en el proceso penal, que derive en conductas violatorias de los derechos humanos.

Sin embargo, el escenario es aún peor cuando al sujeto al que se pretende imputar el hecho delictivo, es integrante de la población indígena, pues con motivo de las diferencias culturales, la marginación de la que son víctimas y el desconocimiento de sus derechos, enfrentan un mayor número de obstáculos para acceder a un Estado de derecho real.

Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), señalan que hasta mediados del 2010 la población indígena en el país ascendía a 14 millones 172 mil 483, concentrados principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, estado de México e Hidalgo.

Asimismo con base en el censo de población de este mismo año realizado por el Inegi a nivel nacional, existen 6 millones 913 mil 632 personas de tres años y más que hablan alguna de las 89 lenguas indígenas reconocidos en el territorio de nuestro país.

Con base en esto no podemos negar que México históricamente ha contado con una población extensamente grande, predominantemente indígena, que ha llevado al país a contar con una larga trayectoria en materia de política indigenista.

Tan es así la diversidad cultural y lingüística que ha sido reconocida ampliamente en el artículo 2o. de nuestra Constitución, mismo que en otros aspectos contempla la obligación irrestricta a cargo del Estado y a través de sus diferentes órganos de gobierno a dar la máxima garantía de protección a los derechos de las comunidades indígenas.

Lamentablemente las disposiciones contenidas en el citado artículo carecen de aplicación efectiva, como lo es el pleno acceso a la jurisdicción del Estado, pues los indígenas son sometidos a procesos judiciales o administrativos sin el auxilio de traductores o intérpretes, siendo víctimas de discriminación, vejaciones, abusos, detenciones arbitrarias y torturas.

De conformidad con lo anterior, apoyamos los cambios que se proponen en el presente dictamen, ya que de la carencia de traductores o intérpretes lingüísticos habilitados emana otra problemática, pues en los pocos casos en los que una persona indígena cuenta con uno de ellos, estos regularmente son hablantes de lengua indígena y del español, pero sin tener conocimientos jurídicos, a fin de poder explicar al acusado, en su lengua, los alcances y consecuencias de los procesos administrativos o judiciales, así como realizar una defensa debidamente adecuada. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen.

Sin embargo, cabe reconocer que los graves problemas en el campo de procuración e impartición de justicia que tenemos en el país, en donde se observan grandes violaciones a los derechos más esenciales de los pueblos indígenas, no tendrán solución de fondo si no vienen acompañados de una reforma integral en el ámbito judicial.

Tan solo recordamos el fracaso del novedoso proyecto del sexenio pasado que consistía en la traducción de leyes federales a las lenguas indígenas con mayor presencia en la población indígena del país.

Es necesaria la implementación de acciones que den solución a las exigencias que la sociedad reclama a través de reformas integrales. Busquemos, compañeras y compañeros, soluciones que erradiquen el problema de raíz, no con una visión cortoplacista.

Las comunidades indígenas y los pueblos originarios decimos y nos pronunciamos: nunca más un México sin nosotros. Es cuanto, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Damos la bienvenida a estudiantes de la maestría en políticas públicas de la George Mason University, de Washington, DC, que vienen a conocer la agenda bilateral México-Estados Unidos de América, invitados por la diputada Adriana González Carrillo. Bienvenidos.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo saluda la propuesta del diputado Edgardo Chaire Chavero, acerca de modificar la fracción XI del artículo 13 de la Ley General del Derechos Lingüísticos para adicionar la mención de que la formación y acreditación profesional no solo sea de intérpretes y traductores, sino que se amplíe a defensores públicos.

En la ley vigente no aparece la expresión defensores públicos. La adición es un instrumento que permitirá que la defensa no solo cuente con dichos intérpretes y traductores, sino que abarque el aspecto legal, que en muchas ocasiones es obstáculo para no aplicar las leyes en su justa dimensión.

En nuestra opinión, la diferencia es sustancial, porque la frase propuesta para incluirse en el texto legal conlleva la intención de que las personas hablantes de lenguas indígenas puedan disponer del dispositivo normativo para que tengan acceso a una defensa en condiciones iguales a quienes los demandan.

En suma, se trata de que la justicia sea impartida con equidad para las partes involucradas en los juicios. El promovente hace una exposición de argumentos que vienen al caso para sustentar el contenido de su iniciativa, misma que suscribimos en todas y cada una de sus partes, en particular nos parece atinado acudir a las garantías consagradas en las fracciones IX y X, apartado A del artículo 20 constitucional.

El mandato de nuestra Carta Magna, establecido en la fracción VIII, apartado A del artículo 2o., sin lugar a dudas señala el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para garantizarles el acceso pleno a la jurisdicción del Estado en todos los juicios y procedimientos en que sean partes, respetando sus costumbres y especificidades culturales.

Sustenta el proponente que existen diversos instrumentos internacionales que se pronuncian a favor de lo citado con anterioridad.

En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará en favor de la iniciativa en comento. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación: Antzetik viniketik keremetik cuxa ela nik. En lengua tzotzil, así saludan en cualquier evento público a la comunidad.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se posiciona a favor de la reforma al artículo 13 de la Ley de Derechos Lingüísticos. Nuestro país contiene, según el último censo de población, el 14 por ciento de su población a comunidades indígenas, dentro de ellos aproximadamente 16 millones de personas.

El estado al cual represento, dentro de su geografía tiene 13 culturas indígenas con lenguas propias. América Latina contiene 642 comunidades indígenas y nuestro país 62 de ellas.

La propuesta que hoy se presenta, el poder capacitar a gente que puedan ser abogados, que conozcan las lenguas y la cultura y cosmovisión de las comunidades indígenas, es un acertado principio que todos debemos apoyar. ¿Por qué? Porque como abogados, o a quienes somos abogados, nos enseñaron dos conceptos fundamentales: justicia y equidad.

No podemos hablar de justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde, si no entendemos el principio de equidad, que es que a cada quien hay que tratarlo de la manera en que sus propios medios lo permitan. Es decir, dar a cada quien lo que le corresponde y dar un justo trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Es así que nuestros jueces deben, para poder determinar sus resoluciones, tener la cosmovisión, el conocimiento y la identidad de lo que nuestras comunidades indígenas piensan. Si no lo entienden, si no hay una persona que pueda traducir y plasmar a nuestros juzgadores estas circunstancias no estaremos aplicando justicia, no estaremos teniendo una justicia equitativa.

Solamente con el aumento de personal capacitado en lenguas y cultura indígena, que pueda trasmitir a cada uno de nuestros juzgadores lo que realmente significa la cosmovisión de los indígenas y que pueda hacer que ellos tengan una adecuada defensa, tendremos un debido proceso, tendremos justicia y tendremos equidad. Por su atención, muchas gracias. Kolavalik.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Vicario Portillo Martínez: Con su venia, ciudadana y amiga presidenta. Compañeras y compañeros diputados aquí presentes, México es un país con una vasta población indígena; cuenta con aproximadamente 62 grupos etnolingüísticos, que representan —según cifras de Inegi— más del 10 por ciento de la población nacional, sin embargo, es hasta el levantamiento armado de 1994, por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ante muchas de las desigualdades e injusticias sufridas por estos grupos, son tomadas en cuenta.

Dentro de ese grupo de demandas podemos enmarcar el reconocimiento y respeto a sus culturas, siendo la más representativa el derecho etnolingüístico de los pueblos indígenas, como parte de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en 1996, en donde se exigía al Estado mexicano el reconocimiento político y social que concretara con mayor fuerza las demandas de los pueblos indígenas.

El Estado llevó a cabo la reforma del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2001, en este artículo se reconoce la diversidad cultura en México y establece que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Igualmente, ese precepto constitucional establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, y mandata que el reconocimiento de los pueblos y comunidades debe constar en las instituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán de tomar en cuenta criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

Derivado de este artículo y en cumplimiento al Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, Convenio 169, ratificado por México el 11 de julio de 1990, se creó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el 13 de marzo de 2003.

Este instrumento legal adjudica el carácter nacional a los idiomas indígenas y les da la misma validez que al español en todos los ámbitos de la vida social y pública. Asimismo reconoce que son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico de México, lo cual impele al Estado como agente regulador del orden social, en la protección de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

En este contexto, los hablantes de idiomas nacionales tenemos derecho a comunicarnos en nuestra lengua materna sin ninguna restricción, en cualquier ámbito de la vida; al acceso a la jurisdicción en la lengua indígena de la que somos hablantes, para lograr tal fin se deberán tomar en cuenta nuestras costumbres y especificidades culturales durante los juicios y procedimientos legales; asimismo las autoridades tienen la obligación de proveerles un intérprete y un defensor conocedor de la lengua y cultura a la que pertenezcamos; a que tengamos acceso a la educación obligatoria bilingüe e intercultural, y que en los niveles medio superior y superior se fomente el respeto a la pluriculturalidad y el multilingüismo; corresponsabilizarse entre la sociedad en general y en especial los habitantes e instituciones de los pueblos y comunidades indígenas, para la realización de los objetivos de dicha ley.

En términos generales, estas normas nos reconocen a los pueblos indígenas como entidades constitutivas del Estado, y por lo tanto, sus individuos y colectividades gozan de una serie de derechos diferenciados. Entre éstos destaca la posibilidad de desarrollar y promover el uso de sus lenguas y el derecho a usarlas ante las entidades públicas, lo que tiene una obligación correlativa del Estado de proporcionar los medios suficientes para garantizar dicho derecho.

Por lo tanto, a fin de que las instituciones públicas —en particular aquellas encargadas de procurar y administrar la justicia— funcionen adecuadamente, es indispensable que los servidores públicos que la integran cuenten con elementos objetivos y subjetivos que les permitan llevar a cabo lo dispuesto en la Constitución y en las diferentes normas.

Estos servidores públicos deben observar y respetar los derechos a la diferencia cultural, tomar en cuenta las especificidades culturales y los sistemas normativos de los pueblos indígenas; a los individuos darles trato de ciudadano y superar todos los sesgos racistas y discriminatorios que perviven en la sociedad.

Aunado a ello, los diputados del Partido de la Revolución Democrática estamos de acuerdo con el dictamen y apoyamos la modificación del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, donde se señala que se deberá apoyar en la formación y acreditación profesional de derechos públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por el Partido Acción Nacional tiene la palabra la diputada Margarita Licea, hasta por cinco minutos.

La diputada Margarita Licea González: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, existen muchos casos de inequidad donde uno de los problemas para el debido proceso de mexicanas y mexicanos hablantes de lenguas maternas se debe a la diferencia de idiomas en los juicios.

Hay al menos 250 casos documentados de mujeres indígenas que fueron encarceladas bajo circunstancias similares, tan solo en el estado de Chiapas, otro tanto ocurre en Oaxaca, y en el mismo panorama se encuentran presentes entidades con alta concentración de población indígena monolingüe.

Además, según el Instituto Nacional de las Mujeres, solo el 14.3 por ciento de las indígenas en prisión han recibido los servicios de un intérprete durante sus procesos penales.

México ha sido uno de los países que ha actuado con mayor celeridad en este tema, en comparación con otras naciones del continente y del mundo, con altos índices de población indígena. Nuestro país fue el primero en inscribir el derecho a la cultura dentro de su Constitución política, como marco para la construcción de un andamiaje legal, que diera sustento a la diversidad de derechos y garantías de la población indígena de lenguas maternas.

Junto con el reconocimiento de la cultura nuestro país ha ratificado e impulsado diversos mecanismos y convenciones internacionales que garanticen el derecho de las mexicanas y de los mexicanos a la construcción de su propia cosmogonía, lo que significa el respeto irrestricto por parte del Estado a su lengua, a su vestido, a su folclore, costumbres, religión, formas de trabajo y organización política.

En el 2001 fue reformado el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma reconoció la composición multicultural de la nación mexicana, pero también las responsabilidades del gobierno en la determinación y el establecimiento de políticas públicas necesarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Esta reforma, que reconoce la diversidad cultural y lingüística, ha sido en gran parte el resultado de múltiples voces que se han movilizado desde el México profundo ante la injusticia y la discriminación por razones de pertenencia a un grupo indígena.

Fue necesario el triunfo de un proyecto democrático de un gobierno emanado de nuestro Partido Acción Nacional para hacer realidad una demanda largamente anhelada por nuestros pueblos y comunidades indígenas. Hace 10 años el PAN promovió y logró la aprobación de un instrumento que hoy auspicia de manera certera esta garantía de todos los pueblos y comunidades indígenas de México.

El 13 de marzo de 2013 fue promulgada la Ley General de Derechos Lingüísticos, que establece un marco de protección al patrimonio intangible depositado en más de 60 pueblos indígenas en donde habitan casi 16 millones de personas hablantes de la lengua materna.

Por eso, en el Partido Acción Nacional celebramos la presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Indígenas, que preside nuestro partido, para poner a discusión y, en su caso, aprobación el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, mediante el cual establece la obligación del Estado de crear la figura de defensores de oficio hablantes de lenguas indígenas.

Con esta iniciativa se cierra la brecha jurídica en nuestra legislación secundaria, mediante la cual muchas mexicanas y muchos mexicanos monolingües, hablantes de una lengua materna, habían sido discriminados por un régimen de justicia que no reconocía la importancia de los intérpretes y de los defensores de oficio hablantes de lenguas indígenas, y conocedores del contexto cultural de nuestros pueblos.

No hace falta muchos indicadores para demostrar la importancia de esta reforma, basta decir que según datos oficiales entre un 10 y un 15 por ciento de los mexicanos son originarios de comunidades y pueblos indígenas, los cuales tendrán derecho a recibir asistencia jurídica especializada en su propia lengua, pues no hay que olvidar que además del español existen 35 lenguas indígenas y 55 dialectos adicionales.

Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo este día para manifestar mi beneplácito ante el dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, mediante el cual se presenta para su deliberación y, en su caso, aprobación de la iniciativa elaborada por otro legislador de nuestro grupo parlamentario de la LXI Legislatura, que fue el diputado Edgardo Chaire Chavero, que había permanecido en el cajón en esta comisión hasta la llegada de esta nueva Legislatura. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último, tiene la palabra el diputado Fernando Zamora Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Fernando Zamora Morales: Con su permiso, diputada presidenta. Honorable asamblea, la propuesta de dictamen que acabamos de escuchar trata de ayudar a corregir un fenómeno que podemos llamar el impedimento a la justicia plena por cuestiones lingüísticas y culturales.

Diariamente muchas mexicanas y mexicanos sufren discriminación ante la ley por falta de asistencia legal, por no dominar el idioma español. Ante distintos eventos en el marco del estado de derecho, todos ellos los podemos definir como víctimas de este impedimento a la justicia plena por cuestiones lingüísticas y culturales.

Éste es el tema de que trata la presente propuesta de reforma a la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se trata de garantizar la asistencia a quienes no pueden comprender la cultura legal escrita en un idioma que no conocen.

De los casi 16 millones de mexicanos que orgullosamente se consideran indígenas, más de la mitad hablan exclusivamente el español, la otra mitad, casi 7 millones de personas hablan una lengua indígena. De estos, 4 millones hablan una lengua indígena junto con el español y son casi 3 millones quienes solamente hablan una lengua indígena.

Como se puede ver, existe un segmento de mexicanos que están más marginados que el resto de los marginados. Estos 3 millones de mexicanos no pueden comprender un interrogatorio de los policías mexicanos, tampoco pueden comprender una acusación legal de un abogado particular o del Ministerio Público, tampoco pueden tomar consciencia de las palabras de los jueces y, desde luego, no entienden las instrucciones de los custodios de las cárceles.

Por esa razón, apoyamos esta reforma para capacitar a traductores que auxilien a estos mexicanos que solamente hablan su lengua materna; son muchas personas vulnerables a sufrir actos de injusticia por su marginación cultural. No es exagerado decir que en este momento hay muchos indígenas, algunos inocentes en las cárceles, esperando ya en este momento a estos traductores, intérpretes y defensores públicos, capacitados en lenguas indígenas y español.

Sin embargo, el marco de referencia del impedimento a una justicia plena por cuestiones lingüísticas y culturales es más amplio, ya que involucra al conjunto de los aproximadamente 16 millones de mexicanos que se declaran indígenas, porque su conocimiento del idioma español es deficiente, el desconocimiento del español en México está relacionado con los más pobres y quienes menos tienen acceso a la educación, a la lectura de libros y a los medios de información digital.

Este acto de aprobación de la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas y español, es un acto de justicia para millones de mexicanos que sufren de marginación ancestral. Esto es que ellos, sus padres, abuelos y demás generaciones hasta 500 años atrás, han sufrido marginación, explotación, despojo, humillación, discriminación y desde luego injusticia.

En el México moderno, en que es indudable que hemos avanzado en la consolidación del estado de derecho sigue vivo un estado de cosas marcadas por la injusticia por cuestiones lingüísticas y culturales.

Hago personalmente votos para que sigamos avanzando en esta soberanía en un ambiente plural y de construcción de acuerdos. Es necesario continuar la tarea de fortalecer la integración al desarrollo de los aproximadamente 16 millones de indígenas mexicanos. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del PRI va a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra lo suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Saludamos a un grupo de inversionistas de Estados Unidos de América, invitados por el diputado Salvador Ortiz García, que se encuentran hoy con nosotros en este recinto. Bienvenidos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz, diputados.

La diputada Karina Labastida Sotelo (desde la curul): A favor.

El diputado José Guadalupe García Ramírez(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Olvera Correa (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señora presidenta, se emitieron 431 a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 431 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES - LEY AGRARIA

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales, y 162 de la Ley Agraria.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales y 162 de la Ley Agraria.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o de la Ley General de Bienes Nacionales y adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. El veinticinco de septiembre de dos mil doce, la diputada Gabriela Medrano Galindo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o de la Ley General de Bienes Nacionales y adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria.

2. En esa misma fecha, veinticinco de septiembre de dos mil doce, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y análisis correspondiente.

3. El 31 de enero de dos mil trece, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados concedió la prórroga para dictaminar la iniciativa materia de este documento, de conformidad con lo establecido en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

4. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil trece, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

Señala la iniciadora que la privatización de islas es un tema que debe ser atendido por el Poder legislativo, en virtud de que representa un problema potencial de soberanía nacional ya que, de acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa, existe evidencia de que empresas extranjeras comercializan islas mexicanas; en sus sitios electrónicos, afirma, están a la venta dos islas mexicanas: Isla Platanitos, en el océano Pacífico e islas del Caribe frente a Quintana Roo.

La proponente afirma que si bien los artículos 27 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalan la jurisdicción de la Federación sobre esos territorios, la Ley Agraria puede desincorporarlos de su régimen y enajenarlos a los particulares, atentando contra la soberanía nacional, el desarrollo de actividades económicas tradicionales de bajo impacto e incluso con su valor ambiental.

La iniciadora observa con preocupación que entre el 65 y 75 por ciento del total de extinciones recientes de fauna han sido de especies insulares siendo más graves los números respecto a las aves ya que el 85 por ciento de especies extintas han ocurrido en las islas. A mayor abundamiento, la iniciativa afirma que en la actualidad una de cada tres especies de flora y 23 por ciento de las aves están en alguna categoría de riesgo y que corresponden a especies insulares. Por lo que hace a nuestro país, continúa, hay una enorme riqueza biológica gracias a la extensión de litoral y de territorio insular calculado entre los 5,127 km2; sin embargo, las islas mexicanas han sido materia de conflicto en cuanto a su propiedad ya que empresas extranjeras ofrecían a la venta las islas Esmeralda, Platanitos, Cayo venado, Cayo Culebra, Manglar y Tachichitle, manteniendo la oferta, en nuestros días, de isla Platanitos e islas del Caribe por 3 y 9 millones de dólares, respectivamente.

Sin embargo, recuerda la exposición de motivos, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido el derecho de transmitir su dominio a los particulares para constituir la propiedad privada; no obstante, en la práctica, las islas han sido consideradas en el régimen de los terrenos nacionales o baldíos, mismos que pueden ser enajenados o desincorporados al amparo de la Ley Agraria.

La exposición de motivos de la iniciativa señala que la enajenación y desincorporación de los terrenos nacionales o baldíos del régimen federal, al amparo de la Ley Agraria, quiere favorecer el desarrollo de actividades económicas primarias como la agricultura; sin embargo, la iniciadora asevera que dicha regla opera de forma genérica para territorio insular y el de la plataforma continental, homologación que se considera incorrecta ya que la naturaleza de los terrenos no es la misma hablando en términos ambientales e incluso de soberanía nacional.

El objeto de la reforma essalvaguardar la soberanía nacional, favorecer la conservación de la biodiversidad en territorio insular mexicano, elemento fundamental para la riqueza natural del país plantea adicionar un párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria, en virtud de que al amparo de esta ley y como se ha expuesto corresponde a la Secretaría de la Reforma Agraria llevar a cabo la desincorporación del régimen federal y enajenación de los terrenos nacionales y baldíos, dentro de los cuales en la práctica se ha incluido el territorio insular; de igual forma pretende la reforma del artículo 6o de la Ley General de Bienes Nacionales para que las islas serán sujetos al dominio público de la federación al referirse a ellos como los bienes señalados en los párrafos cuarto, quinto y octavo del artículo 27 constitucional, los cuales con referencia al artículo 13 de la propia Ley de Bienes Nacionales son inalienables.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes

Consideraciones

A) En lo general

1. El régimen jurídico del territorio insular, del cual la Federación tiene jurisdicción se encuentra establecido en los artículos 27, 42, 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efectivamente, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala el régimen directo del Estado mexicano, el cual es inalienable e imprescriptible. Así, de acuerdo al párrafo tercero del mencionado precepto, se establece que:

...

...

...

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.

...

2. El artículo 42 de la Constitución Política señala cuáles son las partes integrantes del territorio nacional, las del espacio continental, insular y de los mares así comprendidos:

Artículo 42.El territorio nacional comprende:

I....

II.El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;

III.El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;

IV.La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;

V.Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores;

VI....

3. El artículo 48 constitucional establece la jurisdicción federal sobre las islas, cayos y arrecifes de los mares adyacentes al territorio nacional, a excepción de las islas sobre las que los Estados hayan ejercido jurisdicción hasta el 1o de mayo de 1917; la plataforma continental y zócalos submarinos de las islas, cayos, arrecifes; el mar territorial (12 millas), las aguas interiores y el espacio aéreo:

Artículo 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados.

4. La reglamentación de las disposiciones constitucionales se encuentra distribuida en diversos ordenamientos legales como son la Ley General de Bienes Nacionales, publicada el 20 de mayo de 2004 en el Diario Oficial de la Federación y la Ley Federal del Mar, publicada el 8 de enero de 1986 en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga competencia a distintas entidades del Poder Ejecutivo para la administración, vigilancia, aprovechamiento, cuidado y dominio del territorio insular del Estado mexicano.

5. El artículo 6o de la Ley General de Bienes Nacionales especifica los elementos que están sujetos al régimen de dominio público de la Federación:

Artículo 6. Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación:

I. Los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. ...

III. Las plataformas insulares en los términos de la Ley Federal del Mar y, en su caso, de los tratados y acuerdos internacionales de los que México sea parte;

IV. El lecho y el subsuelo del mar territorial y de las aguas marinas interiores;

V. a VI. ...

VII. Los terrenos baldíos, nacionales y los demás bienes inmuebles declarados por la ley inalienables e imprescriptibles;

VIII. a XXI. ...

3. A mayor abundamiento, la Ley Federal del Mar, reglamentaria de los párrafos cuarto, quinto, sexto y octavo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rige en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y, en lo aplicable, más allá de éste en las zonas marinas donde la Nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicciones y otros derechos. Los artículos 3o y 4o de la mencionada disposición señala cuáles son las zonas marinas sobre las cuales la federación ejerce la soberanía:

Artículo 3o.Las zonas marinas mexicanas son:

a)El Mar Territorial

b)Las Aguas Marinas Interiores

c)La Zona Contigua

d)La Zona Económica Exclusiva

e)La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares y

f)Cualquier otra permitida por el derecho internacional.

Artículo 4o.En las zonas enumeradas en el Artículo anterior, la Nación ejercerá los poderes, derechos, jurisdicciones y competencias que esta misma Ley establece, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el derecho internacional.

4. Conforme a las disposiciones constitucionales y legales, el territorio insular de los Estados Unidos Mexicanos está formado por las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y los zócalos submarinos de las islas; las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional.

5. A mayor abundamiento, sirve la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, la cual señala la competencia de la Federación sobre las islas por la que infiere la dependencia directa del Gobierno Federal sobre su administración:

[TA]; 7a. Época; Pleno; S.J.F.; Volumen 205-216, Primera Parte; Pág. 61

Isla Huivulai, Acuerdo que declara que es de utilidad pública evidente la ocupación de la. Invade la esfera de atribuciones de la federación.

En relación con la condición jurídica que guardan las islas pertenecientes al territorio nacional, el artículo 48 de la Constitución Federal dispone: “Las islas, los cayos o arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados”. Pues bien, de lo dispuesto en el precepto constitucional transcrito se desprende que, en principio, el régimen competencial al cual se encuentran sujetas las islas es el que corresponde a la Federación, quien por tanto es la constitucionalmente facultada para dictar todos los actos del orden administrativo, legislativo y jurisdiccional concerniente a esas porciones del territorio nacional. Esta regla general tiene como norma de excepción el caso de aquellas islas que a la fecha en que entró en vigor la Constitución Federal se encontrasen ya bajo la jurisdicción de los Estados, caso en el cual deben considerarse como parte integrante del territorio de la entidad federativa a la que estuviesen sometidas, quedando en consecuencia excluidas de la órbita competencial de los Poderes Federales. En tal virtud, en autos no existe ningún elemento si de convicción con el cual se acredite que la Isla Huivulai antes del cinco de febrero de mil novecientos diecisiete hubiese estado bajo la jurisdicción del Estado de Sonora, es de resolverse que la situación jurídica de aquélla se encuentra comprendida dentro de la regla genérica que prevé el artículo 48 constitucional, que expresamente estatuye que en casos como el presente las islas dependerán directamente del Gobierno de la Federación. Por tal motivo es incuestionable que el decreto mediante el cual se expropió la Isla Huivulai invade la esfera de atribuciones de la autoridad federal, pues no obstante que es a ésta a quien compete por mandato constitucional todo lo relativo a la administración y gobierno de dicho territorio, fue el Ejecutivo Local del Estado de Sonora quien incorporó a su dominio ese inmueble pasando por alto que la Federación es la única que puede llevar a cabo actos que afecten la propiedad particular inmobiliaria de una isla que se encuentre sujeta a su jurisdicción.

Pleno

Amparo en revisión 950/85. Raúl Cervantes Ahumada (apoderado legal de Banamex, S.N.C.) y coagraviados. 28 de enero de 1986. Mayoría de dieciocho votos. Disidentes: Santiago Rodríguez Roldán y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Fernando Castellanos Tena. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 11773/84. Eduardo Patiño Benet. 28 de enero de 1986. Mayoría de dieciocho votos. Disidentes: Santiago Rodríguez Roldán y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Ernesto Díaz Infante. Secretario: Herminio Huerta Díaz.

B) En lo particular

1. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el territorio insular mexicano por más de tres mil islas en la zona económica exclusiva que en conjunto suman 5, 127 Km2de las cuales 144 están habitadas por 618 930 personas, es decir, 0.6% de la población nacional. (I NEGI. Geografía. Aspectos generales del territorio mexicano. Extensión territorial)

2. Las islas, como porciones de tierra que se encuentran en los límites patrimoniales, permiten medir la extensión de los mares territoriales donde el Estado tienen la propiedad originaria de las islas y, conforme al artículo 27 de la Constitución, tiene la facultad para la conceder su explotación.

3. Efectivamente, el que la Federación tenga jurisdicción sobre las islas, no es óbice para que se pueda conceder su explotación a los particulares señalando claramente que el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible, haciendo posible la concesión a los particulares o sociedades mexicanos para uso y aprovechamiento como lo determina el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 27. ...

...

...

...

...

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines

6. Sin embargo, la problemática planteada en la iniciativa materia del presente dictamen ha llamado la atención de los poderes de la Unión, particularmente del Legislativo, para presentar iniciativas o proposiciones relativas a la protección del territorio insular y a la supuesta tenencia de islas por particulares mexicanos o extranjeros.

7. Efectivamente, el 23 de noviembre de 2004 fue publicada en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el diputado Alberto Aguilar Iñárritu, integrante del grupo parlamentario del Partido revolucionario Institucional durante la LIX Legislatura, cuyo propósito fue que las entidades integrantes de la Federación administraran las islas que se encuentren frente a sus litorales hasta una distancia de 12 millas náuticas de la costa, ante el abandono evidente y el desaprovechamiento de los recursos.

8. A mayor abundamiento, el 19 de noviembre de 2008 fue publicada en la Gaceta de la Cámara de Senadores la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita información a diversas dependencias de la Administración Pública Federal sobre la concesión o explotación de petróleo en el Archipiélago de las Islas Coronado, la administración de islas de jurisdicción federal, así como la compraventa de islas que integran el territorio nacional, presentada por el senador Alfonso Sánchez Anaya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática durante la LX Legislatura.

9. En esta proposición, se indicó la presunta oferta de islas mexicanas por parte de empresas extranjeras y de bufetes privados, según versiones periodísticas de medios nacionales. En este sentido, el proponente solicitó información a la Secretaría de Energía sobre la existencia de concesión o instalaciones petroleras las Islas Coronado; a la Secretaría de Gobernación requirió un informe sobre la administración de las islas de jurisdicción federal, precisando bajo qué condiciones se concedió la posesión o dominio de las Islas San Miguel, Santa Rosa, Santa Cruz, Santa Bárbara, San Nicolás, Santa Catarina y San Clemente a los Estados Unidos de Norteamérica y a la Secretaría de Relaciones Exteriores información sobre personas físicas o morales extranjeras que hayan solicitado licencia o autorización para adquirir el dominio de alguna isla del país.

9. De la misma forma, y ante el problemática y explotación del territorio insular, el 23 de junio de 2009 se llevó a cabo el “Encuentro Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de las Islas de México”, emitiéndose la “Declaración de Ensenada”, continuación de la VIII Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica de Curitiba, Brasil, de 2006.

10. Este documento que fue resultado del consenso de científicos, expertos y ciudadanos, consideró como política pública del Estado mexicano la protección del territorio insular como áreas naturales protegidas. Los esfuerzos de la Declaración de Ensenada estimaron la promoción de la protección integral del territorio insular y de las aguas adyacentes para enfrentar la extinción de especies, evitar la contaminación, beneficiar a las poblaciones que, tradicionalmente, hayan habitado o dependido de los recursos de las islas y evitar factores humanos que dañen la integridad y desarrollo de las comunidades naturales como de los grupos humanos que habiten el territorio insular y sus zonas de influencia.

11. La misma Declaración de Ensenada, considerando la importancia que reviste la protección, restauración, manejo y desarrollo sustentable del territorio insular, solicitó a los Poderes de la Unión, la formulación de instrumentos legales y de acciones que redunden en la protección del territorio insular. Así, las solicitudes al Poder Legislativo se realizaron de la siguiente forma:

Al Poder Legislativo.

Establecer un instrumento legal –ley, reglamento o estatuto reglamentario– de los Artículos 27, 42 y 48 de la Constitución que permita controlar, mitigar y eliminar las amenazas, así como promover la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales en el territorio insular mexicano, en el cual se incluya una definición legal precisa de la diversidad de elementos insulares existentes.

Evitar que el territorio insular salga del ámbito de jurisdicción de la federación.

Crear las condiciones legales y presupuestales necesarias para que las instituciones de gobierno y de investigación que intervienen en las actividades de conservación y desarrollo sustentable de las islas mexicanas puedan realizar sus funciones y colaborar eficientemente, incluyendo el conocimiento básico de dicho territorio a través del “Catálogo del Territorio Insular de México”.

Destinar de manera urgente y sostenida, recursos oportunos y suficientes para la realización de actividades de erradicación, control y monitoreo de poblaciones de especies exóticas en las islas de México, con el objeto de implementar las medidas apropiadas para evitar la desaparición de especies insulares en riesgo de extinción inminente y restaurar en forma integral los ecosistemas insulares.

Emitir un punto de acuerdo para que, conforme a los lineamientos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, las islas sean consideradas como territorios del más alto interés nacional.

Modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para favorecer la compatibilidad entre los programas de manejo y los planes de desarrollo urbano de los centros de población existentes dentro de las áreas naturales protegidas.

12. Por lo anterior expuesto, y en virtud de que el territorio insular mexicano está bajo la propiedad originaria del Estado con capacidad para otorgarla en concesión sólo a los mexicanos, de conformidad con el texto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Comisión de Gobernación advierten que ninguna entidad extranjera o particular mexicano, sin los debidos títulos de propiedad, pueden ofrecer en compraventa bienes de jurisdicción federal, por lo que es necesario que las autoridades, en la esfera administrativa y judicial, velen por el cuidado de la Constitución y del patrimonio federal de acuerdo con sus competencias.

13. De igual forma, los miembros de esta Comisión consideran viable el texto de las reformas propuestas, mismas que redundarán en el fortalecimiento de los instrumentos legales que protejan el dominio y uso de los bienes propiedad de la Nación, dando certeza jurídica sobre aquéllos que no pueden ser transmitidos por ninguna clase de título en propiedad ni pueden ser sujetos de explotación por personas o entidades extranjeras.

14. En consecuencia, y al advertir sobre estas presuntas ofertas de compraventa del patrimonio insular, es que los miembros de esta Comisión estiman oportuno el impulso de reformas legislativas que den certeza sobre la jurisdicción federal sobre el territorio insular encaminadas a su protección, desarrollo y, en su caso, debida concesión para el caso de que las mismas beneficien a los núcleos de población. Igualmente, es necesaria la actualización periódica del Catálogo del Patrimonio Insular, con el fin de conocer, de manera clara, cuáles son los elementos que implican una jurisdicción federal a fin de preservar no sólo el dominio de la Federación, en caso de corresponder así, también el cuidado de la flora, fauna, recursos y soberanía de la zona económica exclusiva determinada por el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

Decreto que reforma el artículo 6o, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales y adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria

Artículo Primero. Se reforma el artículo 6o, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. Los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, 48 y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. a XXI. ...

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 162....

Los terrenos nacionales o baldíos del territorio insular que dependan directamente del Gobierno de la Federación, en términos del artículo 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no podrán ser enajenados ni desincorporados del régimen de dominio público del Estado.

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adrián David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Para fundamentar el dictamen tiene la palabra la diputada Gabriela Medrano Galindo, por cinco minutos.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Con su venia señora presidenta. Honorable asamblea; compañeros legisladores, quiero externar mi agradecimiento a todos y cada uno de los grupos parlamentarios que integran esta asamblea, ya que los compañeros diputados que forman parte de la Comisión de Gobernación han tenido a bien dictaminar positivamente la presente iniciativa de reforma, en la cual su servidora funge como promovente.

El dictamen que hoy es puesto a nuestra consideración tiene por objeto proteger la biodiversidad mexicana y salvaguardar la soberanía nacional dentro del territorio insular mexicano.

El aislamiento que por cientos de miles de años han tenido los territorios insulares permitió que las especies que ahí se distribuyen sean aún más frágiles y vulnerables al impacto de las actividades humanas que las encontradas en zonas continentales.

Cabe mencionar que a pesar de que las islas representan el 3 por ciento del territorio terrestre, albergan entre el 15 y 20 por ciento del total de especies de flora y fauna mundial.

El riesgo en que hemos puesto a la vida silvestre insular es alarmante. En la actualidad, las extinciones de especies en islas son 40 por ciento más probables que las especies continentales. Preocupa que entre el 65 y 75 por ciento del total de las extinciones de fauna en los últimos años ha sido de especies insulares y desafortunadamente, cuando nos referimos a aves, la situación se agrava, ya que el 85 por ciento del total de las extinciones de aves ha ocurrido en islas.

En lo que a nuestro país respecta, tenemos la fortuna de contar con una enorme riqueza biológica, ya que el territorio insular mexicano representa aproximadamente cinco mil 127 kilómetros cuadrados. Desafortunadamente, en los últimos años las islas mexicanas que constitucionalmente dependen y son administradas por el gobierno federal han tenido diversos conflictos relacionados con su propiedad, lo que representa una amenaza a su biodiversidad y a la soberanía nacional.

Lo que ofende es que empresas inmobiliarias de origen canadiense, estadounidense y europeo comercialicen por Internet las islas mexicanas, lo que sin lugar a dudas vulnera el mandato constitucional y régimen federal al cual están sujetos estos territorios, provocando conflictos ambientales e incluso agrarios.

La comercialización internacional de nuestro territorio insular ha llamado la atención de esta Cámara, en virtud del riesgo que representa para la soberanía nacional; por ello la importancia de la reforma que hoy es puesta a nuestra consideración.

El problema radica en que la Ley Agraria permite la enajenación y la desincorporación del régimen federal de los terrenos nacionales y baldíos, ello con el objeto de favorecer el desarrollo de actividades económicas primarias dentro de estas tierras, como la agricultura.

Sin embargo, esta regla opera de forma genérica, tanto para territorio insular como para aquél que se localiza dentro de la plataforma continental, homologación incorrecta, ya que la naturaleza de los terrenos no es la misma si hablamos en términos ambientales e incluso, de soberanía nacional.

Por ello los insto a manifestar su voto a favor del presente dictamen, ya que su objeto es salvaguardar la soberanía nacional y favorecer la conservación de la biodiversidad en territorio insular mexicano, elemento fundamental para la riqueza natural de nuestro país.

Es fundamental impulsar y apoyar este tipo de reformas que ayudan a salvaguardar la diversidad de especies de la vida silvestre. Confiamos que el presente dictamen será aprobado por la mayoría de los legisladores hoy presentes, por lo que agradecemos a todos ustedes su conformidad con este dictamen, clara muestra del compromiso que esta Legislatura tiene con nuestro país y con su diversidad. Por un México verde y sustentable, gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Para hablar en lo general sobre este dictamen, tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, las más de tres mil islas con que cuenta México suman 5 mil 127 kilómetros cuadrados; sin embargo, por sus características de espacios y de condiciones que permiten la presencia humana solo se encuentran habitadas 144 con 618 mil 930 personas.

Estas porciones de tierra mantienen una posición estratégica para nuestro país debido a su ubicación dentro de la denominada zona económica exclusiva nacional, las cuales, al ser consideradas por parte de nuestra nación, extienden la zona de influencia mexicana 370.4 kilómetros sobre las aguas marinas en donde se permiten la explotación pesquera, además de recursos naturales, aún poco cuantificados.

Para nuestro país resultan de primordial jerarquía estas porciones de tierra, como ha quedado constancia a lo largo de nuestra historia. Ejemplo, la isla de Clipperton o de la Pasión, en el Océano Pacífico, reclamada desde épocas virreinales por Portugal, España y Francia, y en el siglo pasado por Estados Unidos de América, en 1930 y que en estudios recientes se llegó a la conclusión de que la zona podría contener 2 mil 500 kilómetros cuadrados de yacimientos de cobre, níquel, manganeso, cobalto y otros metales.

Otro ejemplo es la isla Bermeja, en el Golfo de México, que cobra relevancia en 1997, cuando los gobiernos nuestro y el estadounidense buscaron firmar un acuerdo de explotación de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México.

Como parte de los alegatos, México esgrimió la posesión de la isla Bermeja como punto de referencia que definía los límites del mar territorial, la cual se encontraba registrada en las coordenadas 22 grados 33 minutos al norte, y 91 grados 21 minutos al oeste de Puerto Progreso, en Yucatán, y que impediría la exploración de estos recursos a Estados Unidos de América dentro de la zona denominada Hoyo Dona Oeste.

Como parte de la comprobación de límites, varios organismos fueron enviados a constatar la posesión mexicana, entre los que se encuentra la Marina Armada de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, tal extensión de tierra no fue encontrada, por lo que se considera que fue destruida.

Tal resultado provocó que la cota comenzara a 370.4 kilómetros mar adentro a partir del arrecife Alacranes, que se encuentra a 140 kilómetros del territorio peninsular, con lo que se considera que México perdió el derecho a explotar un aproximado de 22 mil 500 millones de barriles de petróleo.

Estos dos ejemplos nos dan una idea precisa de lo relevante de legislar en la materia, por lo que la iniciativa que hoy se pone a consideración busca la defensa de muchos aspectos que interesan y deben interesar a nuestro país.

Los beneficios de la posesión adicional de aguas marítimas también se traducen en la captura de 100 mil toneladas de atún, además de recursos económicos por servicios turísticos principalmente.

En materia de organismos vivos, las casi 600 islas con que cuenta el noreste del país cuentan con 331 grupos endémicos de animales y plantas, lo que equivale a un 25 por ciento de riqueza mayor que las islas Galápagos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, estas porciones de tierra sirven como santuarios de anidación, refugio de mamíferos marinos y reptiles, entre otros.

Debido a los beneficios que representan para nuestro país, los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos una obligación que desde esta honorable Cámara de Diputados se resguarde la posesión del territorio insular con que cuenta México, a fin de decretar que su protección quede a cargo de los diversos órdenes de gobierno, para evitar excesos como los que en el pasado ha vivido nuestro país.

De acuerdo con la iniciativa, resulta imperativo poner cartas en el asunto, pues se encontró que dos islas mexicanas presuntamente se encuentran en venta vía Internet; sin embargo, al hacer el análisis de la iniciativa esta cifra ha aumentado a por lo menos 15 islas mexicanas.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica en sus artículos 27 y 48 la jurisdicción sobre territorio insular, la Ley Agraria puede desincorporarlos y enajenarlos a particulares. Sin embargo, la ley que permite estas transacciones se refiere a terrenos baldíos que se utilicen para el desarrollo de actividades económicas primarias, como la agricultura, sin hacer una distinción de que los terrenos de las islas no son aptos ni cuentan con los recursos naturales para estas actividades, como los que se encuentran a nivel continental.

Es por eso que la homologación de territorios, sin hacer distinción, va en detrimento de la riqueza natural que se encuentra en las islas mexicanas, además de que por su importancia son elemento primordial de soberanía nacional.

Por esta razón, los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que la reforma al artículo 6 de la Ley General de Bienes Nacionales, que incluye al territorio insular como sujeto de dominio público de la federación y sitúa a estas porciones de tierra en los párrafos cuarto, quinto y octavo del artículo 27 constitucional, los coloca como inalienables, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Bienes Nacionales.

Al hacer una diferencia de estos bienes nacionales con los territorios continentales impediremos su desincorporación y evitaremos dejar en manos de extranjeros parte importante de la soberanía nacional.

Es así, que al votar positivamente este dictamen estaremos refrendando nuestro compromiso en defensa de los bienes nacionales y otorgaremos protección integral a la soberanía de suelo patrio y a sus riquezas para los habitantes de este país. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para fijar postura de su grupo parlamentario.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, compañera presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los privatizadores no han logrado la cereza del pastel ni la lograrán, pero con las privatizaciones que comenzaron a impulsarse en el gobierno de Miguel de la Madrid y se profundizaron en el gobierno de Carlos Salinas, inició el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de nuestro país.

Desde entonces esta práctica se ha hecho de acompañar de una intensa campaña de cortinas de humo, para ajustar el marco jurídico y hacer de las privatizaciones una práctica de rapiña para beneficio de unos cuantos.

La historia no nos dejará mentir, ya que durante sus administraciones se remataron 18 instituciones de crédito y se enajenaron 251 empresas del sector público, entre las compañías que se privatizaron se encuentra Telmex, Mexicana de Aviación, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, aseguradoras, ingenios azucareros, fábricas de tractores, automóviles, tractores y de cemento, entre muchas otras; corrieron con la misma suerte autopistas, puertos, aeropuertos y tierras ejidales. Estas privatizaciones fueron el parto de los multimillonarios que hoy engalanan la lista de Forbes.

Pero la entrega de bienes se extendió con Felipe Calderón, ejemplo de ello es la desmesurada entrega de concesiones para la explotación de recursos naturales a compañías privadas.

Ahora nos corresponde hablar de la comercialización de islas que se encuentran en el territorio nacional por parte de empresas extranjeras, lo cual resulta violatorio de la soberanía nacional y pone en grave evidencia la falta de control y vigilancia por parte del gobierno federal ante las violaciones al régimen constitucional y reglamentario de las normas en la materia.

Pero la enajenación a particulares no solo atenta contra la economía nacional, sino que repercute también en el desarrollo económico y en el valor ambiental de las regiones, por la creciente extinción de especies insulares, las cuales sobrepasan ya 50 por ciento del total de la fauna de la región.

Las lagunas legales permiten que en la práctica las islas sean consideradas en el régimen de terrenos nacionales o baldíos, y con ello puedan enajenarse o ser desincorporadas al amparo de la propia ley. Pero esto no significa que la jurisdicción que mantenga la federación sobre las islas le permita conceder su explotación a particulares y sobre todo, si son extranjeros, ya que el dominio de la nación debe mantenerse inalienable e imprescriptible, tal y como lo marca el artículo 27 de nuestra Constitución.

Por estas razones, necesitamos fortalecer la legislación en materia de protección integral del territorio insular y de aguas adyacentes, para frenar el daño ecológico y la extinción de especies, con una visión de soberanía y sustentabilidad para el desarrollo de las comunidades y de los pobladores que habitan en ellas.

Votaremos, consecuentemente, a favor del presente dictamen, para otorgar certeza jurídica y evitar el saqueo al que nuestro país ha sido sometido por años.

Los diputados de Movimiento Ciudadano no solo estaremos al pendiente de los actos que atenten en contra de la soberanía de la nación en materia insular, sino también de los bienes y recursos, como lo es el petróleo, que ya anuncian con bombo y platillo algunos de los más connotados privatizadores. Muchas gracias a todos, por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputada presidenta. Solo para decir que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática apoya este dictamen; así lo votamos en las comisiones y vamos a respaldar toda aquella propuesta que fortalezca a la soberanía nacional y la protección a nuestros recursos naturales.

Pero hay que señalar que esta ley no fue porque a alguien se le ocurrió simplemente, sino porque hay experiencias de cómo ha habido, con un afán de rapiña, digamos, o de hacer negocio con los bienes de la nación, hay quien lo ha hecho, ha enajenado bienes insulares y ha dañado con eso la fauna, la flora, la biodiversidad en México.

Y, por tanto esta ley por supuesto prohíbe dichas acciones y, por tanto, nos parece correcta y votaremos a favor. Pero también no está de más decir que sería bueno que no hubiera impunidad para aquellos acontecimientos, aquellas veces que se ha violado esto, que se han enajenado los bienes y que gente se ha enriquecido de manera alevosa con lo que es el patrimonio de todos los mexicanos, pues no debiera quedar en impunidad, debiera investigarse.

Son cuantiosos recursos, porque la riqueza de nuestro país —como sabemos— es muy grande, la riqueza en biodiversidad, la riqueza en recursos naturales, y algunos les ha importado muy poco, ya han visto cómo hace negocios con los bienes de la nación.

Esta ley es buena, ayuda a fortalecer nuestra soberanía nacional y a proteger nuestros recursos naturales. Por eso, no les quito más el tiempo, vamos a votar a favor de este dictamen, nos parece valioso. Gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, y al no haber reservas en artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, que se encuentran de visita en este recinto, a invitación del diputado Felipe Arturo Camarena García. Bienvenidos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De viva voz diputados, por favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

La diputada Adriana González Carrillo (desde la curul): A favor.

La diputada Jessica Salazar Trejo (desde la curul): A favor.

La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos (desde la curul): A favor.

El diputado Genaro Ruiz Arriaga (desde la curul): A favor.

La diputada Verónica García Reyes (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, se emitieron 439 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Corrijo, 429 votos a favor.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto que reforma los artículos 6, fracción I de la Ley General de Bienes Nacionales, y 162 de la Ley Agraria. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72, inciso e) y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

1.En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, el día 13 de septiembre de 2011, los senadores Julio César Aguirre Méndez, Valentín Guzmán Soto, Jesús Garibay García, José Luis Máximo García Zalvidea y Antelmo Alvarado García, presentaron proyecto de decreto por el que se declara al año 2013 como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación” y se crea la comisión especial de dicha conmemoración; proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de la Moneda Conmemorativa del Bicentenario del Congreso de Anáhuac; se adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que los primeros tres artículos de la iniciativa referida fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, para su dictamen. Y turnó a la Cámara de Diputados el cuarto de los resolutivos del proyecto, que propone inscribir con Letras de Oro la frase “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana,dado que es facultad exclusiva de la Colegisladora.

3. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, el día 27 de septiembre de 2011, el Congreso del Estado de Guerrero, remitió a esta Soberanía dos proyectos de iniciativas de Ley, el primero de ellos, con Proyecto de Decreto para la celebración, por los tres Poderes de la Unión, de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac, y de la Proclamación de los Sentimientos de la Nación, y por el que se declara el año 2013 como Año del Primer Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación. El segundo Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y modifica diversos artículos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para incluir el nombre del ilustre General Don Vicente Ramón Guerrero Saldaña en las arengas del Grito de Independencia; elevar a rango de fechas solemnes para toda la Nación las del aniversario del nacimiento del General Vicente Guerrero y la de la conmemoración del Primer Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación, y modificar el texto de la fecha 6 de de noviembre de 1813 relativa a éstos mismos sucesos.

4. El Senado de la República, en sesión del veintiséis de abril de dos mil doce aprobó el dictamen correspondiente, instruyéndose la remisión de la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. La minuta correspondiente fue recibida por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del treinta de abril de dos mil doce, siendo turnado a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

6. El veintinueve de octubre, a raíz del inicio de la LXII legislatura, y por acuerdo de la mesa directiva, se determinó la vigencia y el inicio de los plazos reglamentarios para dictamen, por lo que comenzó a correr un nuevo término de 90 días, de conformidad con lo establecido por el artículo 95, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

7. El veintisiete de febrero de dos mil siete, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen el contenido de la minuta al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A) En lo general

1. La identidad nacional ha sido el resultado del tránsito de México por la historia común, legando al país un conjunto de valores referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía; de la libertad y justicia; de la democracia y del amor a la patria.

2. Esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios cuyo respeto y veneración refrenda la unidad y afianza la identidad del pueblo de México en afirmación de su conciencia histórica, misma que festeja y conmemora los acontecimientos realizados por los hombres y mujeres que dieron su talento y vida con el fin de formar nuestra identidad como mexicanos.

3. Para conseguir lo anterior, se decretaron legislaciones importantes en torno a los símbolos patrios, como fue la Ley sobre las Características y el Uso del Escudo, Bandera y el Himno Nacionales, publicada el 17 de agosto de 1968 en el Diario Oficial de la Federación, y la actual Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada el 8 de febrero de 1984 en el Diario Oficial de la Federación; dichos ordenamientos establecieron los criterios a seguir en el culto a los símbolos representativos de nuestra nación y en la conmemoración y honor debidos a los héroes y a los diferentes acontecimientos suscitados en la historia nacional.

B) Valoración de la minuta

1. El objeto de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales es regular las características, uso y ejecución de cada uno de los símbolos patrios, fomentando su respeto y veneración por las cuales se sustenta la unidad y los valores más importantes de la república. Uno de esos símbolos es nuestra Bandera Nacional que refleja las características culturales y sociales del pueblo mexicano y que es un motivo de unidad y de cohesión social de nuestra nacionalidad.

2. Los integrantes de la Comisión de Gobernación hacen suyas las valoraciones históricas realizadas por la colegisladora, además del unánime consenso de las ciudadanía y grupos diversos por establecer estas fechas relativas al Congreso de Anáhuac en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, como afirma en el capítulo de consideraciones y que se transcribe a continuación:

Las propuestas en análisis, presentadas por senadores de distintos grupos parlamentarios y el Congreso del Estado de Guerrero, son impulsadas por diversas organizaciones de historiadores, académicos, sociedad civil y de la misma clase política del Estado de Guerrero que solicitan con tiempo a las autoridades locales y federales hacer cumplir su compromiso con la historia nacional. Dentro de las voces que exigen nuestro apoyo esta la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la fundación Guerrero Cultural Siglo XXI,el Grupo Proyecto Guerrero de Taxco, la Revista Revolución de Iguala, el Ateneo Nicole Girón de Tixtla, la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas. S. C., la Sociedad Guerrerense de Baja California, la asociación Arte y Cultura de Acapulco, los cronistas de Mochitlán, Tepecoacuilco de Trujano y Atoyac de Álvarez el Club Rotario de Chilpancingo y las asociaciones Comprometidos con Guerrero, Conciencia Ciudadana y Guerrero Unido. Y durante la LX y LXI existen diversas iniciativas radicadas en las Cámaras del Congreso relativas a la conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la proclamación de los Sentimientos de la Nación de 1813.

3. De la misma forma, los integrantes de la Comisión de Gobernación coinciden con las consideraciones de la colegisladora al afirmar que e l Congreso de la Anáhuac sentó las bases del actual Congreso de la Unión del Estado Mexicano y el crisol de las ideas del movimiento de independencia de 1810 que dieron identidad a nuestra nación frente a la dominación del imperio español. El segundo argumento, es la aportación histórica de la proclamación de José María Morelos y Pavón de los Sentimientos de la Nación que plasma las bases de nuestra constitución y las bases generales de los derechos humanos de México y para América Latina, en dicha proclama seabolió la esclavitud, estableció los derechos del pueblo, dieron fin a las clases y castas, ordenó el reparto de los latifundios y votó la declaración de Independencia.

C) Modificaciones a la minuta

1. En relación a la adición de la fecha 13 de septiembre “ Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”, es oportuno señalar que el artículo 18, inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales consagra esa misma como “Conmemoración de del Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec en 1847”, ordenando el izamiento, a media asta, de la Bandera Nacional.

2. En este sentido, la fecha propuesta en la minuta con proyecto de decreto entra en contradicción con la que se encuentra en vigor en el inciso b) del artículo 18, por lo que al estar vigente y no proponerse reforma alguna al inciso señalado, debe eliminarse del proyecto de decreto la adición al inciso a) por la que se pretende la conmemoración del Congreso de Anáhuac en 1813 como primer constituyente de la Nación Mexicana.

3. Por otro lado, los integrantes de la Comisión de Gobernación, al realizar el estudio técnico-jurídico de la minuta materia de este documento, consideran oportuno realizar ajustes de técnica legislativa, con el fin de depurar el proyecto de decreto.

4. Efectivamente, si bien el proyecto de decreto considera al adición de la fecha 13 de septiembre, Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana” y la reforma del texto de la fecha 6 de noviembre, Conmemoración de la promulgación del Acta de la Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo, en 1813, es oportuno señalar que el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales no sufre reforma, adición o derogación alguna por lo que se considera ocioso señalar otras fechas que no son objeto del decreto.

5. El legislador, con la técnica legislativa actual establecida en el mencionado artículo 18, ha querido dejar las fechas conmemorativas sin ser consignadas en incisos, numerales o fracciones, con el fin de que futuras adiciones recorrieran las ahí consagradas sólo señalando el día, mes y texto a adicionar recorriendo, evidentemente, las establecidas, sin necesidad de hacer una nueva transcripción lo que, en el proyecto de decreto podría implicar reformas o adiciones que no tienen intención de hacerse.

6. De esta forma, por técnica legislativa, se considera oportuna la siguiente redacción del artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único. Se reforma la fecha 6 de noviembre “Conmemoración de la promulgación del Acta de la Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo, en 1813” del artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 18....

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6 de noviembre:

Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813.

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b)...

Por lo antes expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de remitir a la colegisladora las modificaciones del proyecto de decreto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, someten a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

Decreto que reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Artículo Único. Se reforma la fecha 6 de noviembre “Conmemoración de la promulgación del Acta de la Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo, en 1813” del artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 18....

a)...

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6 de noviembre:

Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813.

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b)...

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adrián David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Vamos a pasar directamente a la fijación de posturas de este dictamen. Tiene —para este objetivo— la palabra el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, diputada presidenta; compañeras diputadas, compañeros diputados, teniendo como antecedente a la Junta de Zitácuaro, de 1811, el Congreso de Chilpancingo —también conocido como Congreso de Anáhuac— de 1813, es históricamente la primera asamblea política mexicana que actuó libre de la autoridad española.

Convocado para instalarse el 13 de septiembre de 1813 por José María Morelos, fue en el Congreso de Chilpancingo en el que por primera vez de manera clara y contundente se votó y declaró la Independencia en la América Septentrional de la Nueva España.

También el Congreso de Anáhuac surge como el primer ejercicio parlamentario de debate e independiente en nuestro país. En él habrían de participar algunos de los patriotas más notables de la insurgencia independentista; nombres tales como del tamaño de Andrés Quintana Roo, José María Cos, Ignacio López Rayón y Carlos María de Bustamante, son solo algunos de los nombres que con su participación y rúbrica trazarían el destino de México como nación independentista.

En el Congreso de Chilpancingo el generalísimo Morelos dio lectura a Los Sentimientos de la Nación, documento clave para los mexicanos, ya que en su sustancia enarbolaba la manera clara de principios de emancipación, libertad y equidad entre los mexicanos y fluyó como un antecedente directo a la primera Constitución Política de México, la Constitución de Apatzingán.

Los Sentimientos de la Nación recogen, capitulan y reformulan las ideas propuestas y declaraciones del padre Hidalgo, López Rayón y de la Corte de Cádiz, así como del propio Morelos, quien incorpora por primera vez en la forma de un documento formal de gran calado, los reclamos de todo un pueblo oprimido.

Sin duda la escritura de los hombres, el espíritu y las ideas emanadas del Congreso insurgente deben trazarse hasta nuevos días.

Los mexicanos y nosotros como legisladores, no debemos olvidar las razones y las causas de los postulados emanados de los Congresos libertarios de Anáhuac. Olvidar implica devaluar y hasta banalizar su contenido; implica corroer su sentido elemental de justicia.

También el uso patrimonial y demagogo que algunos dan a estos postulados vulneran su contenido y espíritu. Penosamente ese parece ser el impulso dominante de estos tiempos de rapiña política, de simulación y oídos sordos.

Sería positivo que en este momento todos recordaran o conocieran los postulados derivados del Congreso independentista, una lección de justicia y espíritu emancipador que debe sobrevivir al paso del tiempo.

Como muestra, en el artículo 12 de los Sentimientos de la Nación se establecen algunos lineamientos básicos de justicia y equidad social, que todavía hoy no se han cumplido. Éste dice que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicten nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte de aumentar el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.

Ante el tamaño de estos ideales y su innegable trascendencia en la construcción de un México soberano, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano suscribe la iniciativa que reforma la fecha del 6 de noviembre como la promulgación del Acta de Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo en 1813 y adiciona la fecha del 6 de noviembre, Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana, al artículo 18 inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señora presidenta. Es el posicionamiento sobre el proyecto de decreto que reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y el proyecto de decreto por el que se declara el año 2014 como año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

A lo largo de nuestra historia pueden identificarse varios grandes momentos que han marcado profundamente la vida de nuestra nación y han sido determinantes en cuanto a los derroteros por los que el país transita.

La guerra de Independencia, las batallas libradas por los liberales en la época de la Reforma y la Revolución mexicanas son, sin lugar a dudas, los tres grandes eventos políticos sociales que se constituyen como las piezas clave para entender la configuración del México contemporáneo.

En el contexto de la guerra de Independencia, de cuyo inicio conmemoramos un bicentenario apenas hace tres años, se enmarcan los dos acontecimientos a los que alude el proyecto de decreto que hoy estamos discutiendo y que junto a la publicación de los Sentimientos de la Nación se erigen como tres de los momentos más trascendentales de la lucha por la libertad del yugo colonial.

Se entiende que entre la instalación del Congreso de Anáhuac en la villa de Chilpancingo en septiembre de 1813, y la promulgación de la Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814, existe una línea de continuidad.

En ese período de poco más de un año de duración —lapso muy corto pero extensamente prolijo— tuvieron lugar acontecimientos que hoy en día siguen repercutiendo en la vida jurídico-política de la nación.

Las ideas contenidas en los tres documentos que vieron la luz en el período de 1813 a 1814 son la base sobre la que se funda la actual organización del Estado mexicano. Es decir, que sobre el Acta de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional, los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán, se erige el país libre, soberano e independiente que hoy somos.

A través del Acta de Independencia del América Septentrional, dada a conocer el 6 de septiembre de 1813, la nación mexicana se reconoce como tal y expresa su deseo de contar con voluntad propia, de ser libre y de alzar la voz para salir de la opresión en que había vivido al declararse libre e independiente de cualquier otra nación. Entonces, se reconoce implícitamente como una nación diferente a la española. Con ello, el levantamiento iniciado en 1810 deja de ser una guerra civil entre criollos y españoles para adquirir más el carácter de una lucha por la Independencia.

Por otra parte, hablar de los Sentimientos de la Nación es hablar de uno de los textos políticos más importantes de la historia de México. En él se esbozan de manera general las líneas del proyecto republicano que quedó plasmado en la Constitución de Apatzingán; en ella se establece que queda prohibida la esclavitud, que la ley debe ser igual para todos, que la soberanía reside originariamente en el pueblo y su ejercicio en la presentación nacional compuesta por diputados elegidos por los ciudadanos. Que el pueblo, a través de sus representantes, tiene la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más le convenga, y que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial no deben ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación.

Como puede verse, además de la organización republicana del Estado que propone y el establecimiento de libertades civiles, entre ellas de autodeterminación, los documentos del periodo 1813-1814 tienen un profundo contenido social en concordancia con el pensamiento político de José María Morelos y Pavón, la figura que destaca de la segunda etapa de la Guerra de Independencia, para quien la lucha por la libertad tenía el mismo valor que la lucha por la igualdad.

Morelos deseaba imprimir al movimiento de Independencia una legitimidad más profunda. Por ello inspiró al Congreso Constituyente de Anáhuac a que elaborara una constitución para la liberación de la América Septentrional, y estableciera una nueva organización política fundada en la igualdad.

Finalmente, cuando se analiza el periodo 1813-1814, no se puede dejar de señalar la enorme lección de compromiso de ética y de patriotismo que nos legaron los Constituyentes de Anáhuac.

Asimismo, a pesar de encontrarse en medio de una guerra que los orilló a trabajar bajo las condiciones más adversas y precarias, fueron capaces de elaborar un texto constitucional, tanto entonces como ahora, de incalculable valor para la nación.

Conmemorar la obra de los próceres que formaron parte del Congreso de Anáhuac y cuyos esfuerzos se vieron cristalizados en la publicación del Acta de Declaratoria de la Independencia de la América Septentrional, el 6 de noviembre de 1813 y la promulgación de la Constitución de Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, es un acto que fortalece nuestra identidad nacional, afirma nuestro patriotismo y genera conciencia entre los mexicanos de la importancia de comprometerse con el interés supremo de la nación y de darlo todo por ella.

En virtud de lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista votaremos a favor de dichos dictámenes, que reforman la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para conmemorar la promulgación del Acta de Declaratoria de Independencia de la América Septentrional.

Apoyaremos asimismo el proyecto de decreto que declara el año 2014 como el Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán. Es cuanto, señora presidenta. Gracias a todos mis compañeros diputados por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputada presidenta. Es muy afortunado el dictamen que estamos discutiendo, porque precisamente el Congreso de Anáhuac le da un giro a la lucha de Independencia. El acontecimiento es fundamental y además nos da la oportunidad de entender el carácter de este personaje tan extraordinario de nuestra Independencia, que es José María Morelos y Pavón.

Como saben, la lucha de Independencia no termina cuando es derrotada la rebelión de Hidalgo y son fusilados los primeros héroes de la Independencia; la siguen algunos, de una manera importante Ignacio López Rayón, que fundan la Junta de Zitácuaro, y de ahí lo que ellos están discutiendo todavía en ese momento, y por eso es tan importante el Congreso de Anáhuac. Lo que ellos están discutiendo y es parte de lo que decían los criollos ilustrados, es que América era parte de la corona española y que simplemente no tenían subordinación con la metrópoli, con España, y que estaban en igualdad de circunstancias.

Ustedes recordarán que por eso mismo Hidalgo alaba a Fernando VII, lo declara como rey, pero estaba en ese momento preso por la invasión napoleónica, y lo que decían es: Somos parte de la corona, pero no somos subordinados a España, o a lo que era la metrópoli.

En esa fecha el Congreso de Anáhuac se reúne ya con la fuerza de Morelos, después del sitio de Cuautla, y otros, que se va haciendo fuerte, sobre todo su popularidad va creciendo; él llega a Chilpancingo y establece ahí, con fecha 15 de septiembre. Era muy importante la fecha.

Desde el principio ellos dijeron: Vamos a conmemorar dos fechas fundamentales; el 16 de septiembre, que es el Grito de Dolores, y el 12 de diciembre, que es un elemento de identidad nacional, que es el de la virgen de Guadalupe.

Recuerden también que Hidalgo utiliza el estandarte de la virgen de Guadalupe como un elemento fundamental de identidad, pero esta fecha, el 6 de noviembre de 1813, ahí se proclama la Independencia de América, no solo respecto a España, a la metrópoli, sino incluso frente a la corona. Es el momento en que rompen el discurso de que América es parte todavía de la corona española y dicen que establecen una República, a diferencia de lo que era una monarquía; entonces, se declaran independientes y además rechazan ya la monarquía. Es un paso fundamental.

Pero también tiene lo que le da ya la revuelta de Morelos, la revolución de Morelos, es un contenido social importante, influenciado, por supuesto, con las ideas liberales; ya había pasado la Constitución de Cádiz, fundada en los estados generales que se dieron en Francia, traen algunas ideas de la Ilustración y además algunas ideas sociales.

Por ejemplo, protege a los trabajadores, establece el asunto de que los labradores sean los beneficiarios de sus rentas de lo que consigan en la tierra, y muy importante, abole obviamente los privilegios y establece ahí Los Sentimientos de la Nación, donde dice que hay que moderar, tanto la opulencia como la indigencia, y que lo único que tiene que distinguir a los americanos es tanto la virtud como el vicio, que eso sea lo que distinga a los americanos y no obviamente los estamentos, los privilegios, las castas. Es un paso adelante. Obviamente también, que sea inviolable la morada y otras cosas de avance.

Está mezclado con un cristianismo muy fuerte, él era obviamente cura, es obligatoria la religión Católica, eso será de otras Constituciones que luego se tomarán, porque recordemos que del Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, luego van a Apatzingán. Ésa es una Constitución fundamental que ya se hablará en el siguiente dictamen y que es fundamental para las constituciones liberales, la del 24, la del 57, luego la del 17, en la que estamos.

Pero la clave aquí me parece es respaldar la figura de Morelos. Morelos es un caudillo que se somete al poder civil, porque lo que hacen en el Congreso de Chilpancingo, o Congreso del Anáhuac, es darle predominancia al poder civil, y dicen —fíjense de alguna manera lo visionarios que son— dicen: Concentrar el poder en una sola persona generaría tiranía, y por lo tanto, establecen un Poder Ejecutivo de entre tres personas rotativas y dicen que el poder militar tiene que ser separado del poder civil.

Nada más que lo que olvidaron en este Congreso estos ilustrados, es que estábamos en guerra y le limitaron mucho el poder a Morelos, y lo interesante de todo es que Morelos se sometió en todo momento al poder civil, nunca cayó en la tentación de usar el poder de las armas para establecer su voluntad de ese Congreso, incluso, luego sería detenido tratando de defender a los congresistas.

Esta figura del gran caudillo de Morelos, que quiso someterse al poder civil, que quiso en todo momento respaldar, incluso ante medidas absurdas que en ese momento tomó el poder civil. Ojalá que ése fuera un mensaje de buscar equilibrio de poderes y el hecho de no concentrar el poder en una sola persona.

Sirva esta conmemoración para reconocer, no solo la Independencia de México que da ese gran giro de decir: Somos antimonárquicos, somos republicanos y nos independizamos de cualquier cuestión externa, sino también en aquilatar el gran personaje, la gran —diría— convicción democrática en ese momento de José María Morelos y Pavón. Gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, los acontecimientos históricos son parte de la memoria colectiva, misma que sirve para dar identidad a los pueblos y la constitución de las naciones.

La promulgación del Acta de Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo, en el año de 1813 representa, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la construcción de la nacionalidad mexicana y, al mismo tiempo, un cauce fundamental para desarrollar la lucha independentista en nuestro territorio.

El Acta de Independencia contiene las aspiraciones y propuestas de un pueblo, retomadas por las personalidades más avanzadas de ese momento. Ahí están las ideas libertarias de don José María Morelos y Pavón, de don Andrés Quintana Roo y doña Leona Vicario Fernández, por nombrar solamente a tres de las grandes figuras que nos encauzaron hacia una patria libre y generosa.

El dictamen presentado por la Comisión de Gobernación reconoce esa trascendencia, al tiempo de recordar que en nuestro país se realizó la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en un 13 de septiembre, 34 años después. Y es así porque el calendario conmemorativo de México es enorme y diverso, y en todas sus fechas hay ideales políticos que debemos conservar y difundir entre las nuevas generaciones de mexicanos y mexicanas.

Por tanto, creemos pertinente aceptar la observación que se propone, de mantener el día 6 de noviembre para conmemorar la promulgación del acta solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional, por el Primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en el año de 1813, tal y como lo propone el dictamen mencionado.

Señoras y señores legisladores, el acta solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional, por el Primer Congreso de Anáhuac está en nuestros orígenes de nación y es la base de nuestra democracia moderna. A dicha acta este país le debe su cimentación y nuestro partido, el Partido Acción Nacional, siempre ha reconocido su enorme trascendencia.

Hoy ratificamos ese reconocimiento votando a favor del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación. Por su atención, compañeros legisladores, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último, tiene la palabra el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Manuel Añorve Baños: Amigas y amigos legisladores, subo a la tribuna, porque como guerrerense me siento contento y orgulloso que el Congreso de la Unión le dé un justo reconocimiento a los hechos y a las acciones que fueron fundamentales para la construcción de nuestra nación.

Permítanme felicitar a todos los integrantes de la Comisión de Gobernación, por el dictamen favorable de esta reforma al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Es de justicia, compañeros legisladores, que se conmemore el 6 de noviembre y es loable el dictamen, porque precisa el motivo de la conmemoración que es la promulgación del acta solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio Nacional de Chilpancingo en 1813.

Es un antecedente histórico que se debe poner en su justa dimensión, y por tal razón cada 6 de noviembre en nuestro país se iza a toda asta la Bandera Nacional para recordar y reconocer este hecho histórico.

Hace apenas unos días instalamos precisamente la Comisión Especial de la conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación, la cual me honro en presidir.

Cuando se discutió la necesidad de crear esta comisión, se llegó a la conclusión de que su objetivo fundamental sería conmemorar el bicentenario del movimiento constitucionalista mexicano, que inició con el Congreso de Chilpancingo en 1813, de ahí la trascendencia que tiene hoy para los mexicanos el conocimiento de la obra del Congreso de Anáhuac, porque fue precisamente en su seno donde se sentaron las bases de la estructura política y jurídica que adoptaríamos como nación libre, independiente, y que hoy siguen vigentes.

Principios como el equilibrio y la división de poderes, el respeto de los derechos a la igualdad, propiedad, justicia y la libertad continúan formando parte de la estructura constitucional que hoy rige la vida de todos los mexicanos.

Por ello, la principal labor de esta comisión es impulsar y dar seguimiento a todas las actividades cívicas que exalten la importancia histórica del Congreso de Anáhuac y de la proclamación de los Sentimientos de la Nación de don José María Morelos y Pavón. En este contexto se escribe lo que hoy se pone a consideración de este pleno.

Por nuestra parte, ya hemos dado inicio a una serie de actividades legislativas que buscan rendir un merecido homenaje a la Constitución de Chilpancingo y su obra; ya se ha aprobado por la Junta de Coordinación Política la realización de una sesión solemne con motivo del bicentenario de los Sentimientos de la Nación en septiembre próximo, con la presencia de los tres Poderes de la Unión.

Asimismo consideramos fundamental que el salón de sesiones de esta Cámara lleve el nombre de Sentimientos de la Nación. Precisamente por mandato del voto popular los diputados tenemos la encomienda de representar los intereses de la nación.

Pero además de ello, hemos llamado a la Secretaría de Educación Pública federal a que en ejercicio de sus atribuciones haga posible que todos los estudiantes del país conozcan y sepan de la labor realizada en 1813 por quienes son nuestros héroes nacionales.

Sin duda son muchas las actividades que tendremos que llevar a cabo para que realmente los mexicanos tengan la certeza de que la labor de nuestros antepasados fue colosal para su tiempo. Nos alienta que esta Legislatura esté haciendo todo lo necesario para rendir un justo homenaje y conmemorar estos hechos históricos que dieron vida a nuestra nación. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Esta Presidencia saluda a alumnos del Colegio de Bachilleres del estado de Querétaro, plantel 22, Real de San Miguel, que se encuentran presentes con nosotros, invitados por la diputada Delvim Fabiola Barcenas Nieves.

También saludamos a la Escuela Primaria Sotero Prieto y a la Escuela Primaria 20 de Noviembre, con los grupos de cuarto a sexto grado. Invitados por el diputado Fernando Cuéllar. Bienvenidos, bienvenidas, a todos y todas.

Saludamos también la presencia de integrantes del Sistema Producto Guayaba, del municipio de Calvillo, del estado de Aguascalientes, invitados por el diputado Raudel López López. Bienvenidos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: De viva voz, diputados, por favor.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidenta, le informo que se emitieron 421 votos en pro.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Cuántos?

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Permítame, diputada presidenta. De viva voz, diputados, por favor.

El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Montalvo Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Raymundo King de la Rosa (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Presidenta, le informo que se emitieron 426 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto que reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que declara el 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que declara 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se decreta al 2014 como “Año de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, el diputado Salvador Ortiz García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto para declarar al 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”.

2. En esa misma fecha, veintitrés de octubre de dos mil doce, la presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 31 de enero de dos mil trece, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados concedió la prórroga para dictaminar la iniciativa materia de este documento, de conformidad con lo establecido en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

4. En sesión de veintisiete de febrero  de dos mil trece, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

Recuerda el iniciador en la exposición de motivos que las naciones modernas no se comprende sin fundamentos legales que dan sustento a su existencia ante otras naciones así los procesos de independencia de los pueblos se consideran hitos importantes en su desarrollo al ser los que inician su nacimiento como nación soberana.

En la historia de México, durante el período de emancipación del Imperio Español, los mexicanos rompieron con el orden implantado en la Nueva España, regido por castas. El proponente afirma que con ello parte el consenso de hombres y mujeres formal y abstractamente iguales como fuente de validez de una sociedad y un gobierno que se instituye ya no para proteger los privilegios de un individuo, de una familia o estamentos sino para la protección y seguridad general de ciudadanas y ciudadanos con condiciones e intereses comunes. La independencia, afirma el diputado, se volvió la piedra angular de los valores de la libertad, civismo, identidad nacional cultura, y orgullo de origen que reafirma la término de “Nación Soberana”. Así, la iniciativa materia del presente dictamen hace énfasis en el en los valores del movimiento independentista cuyas bases se sentaron en la primera Constitución escrita, el Decreto Constitucional para la Libertad para la América Mexicana, legitimada por el movimiento Insurgente en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814.

El iniciador afirma que la promulgación de la Constitución de Apatzingán es uno de los antecedentes del constitucionalismo mexicano donde el movimiento de emancipación optó por el sistema representativo, la división de poderes y la soberanía para acabar con el absolutismo y preservar la independencia y la libertad. Por este documento, los americanos plasmaron sus ideales y aspiraciones de carácter social, reclamaron sus derechos políticos e incluyeron a los sectores de la población menos favorecida al promover la justicia y la igualdad y acabar, por fin con el sistema de castas y la esclavitud.

El texto de Apatzingán –afirma la exposición de motivos, permite volver la mirada a los fundadores del republicanismo mexicano y cómo enfrentaron las demandas del movimiento independentista que influyó en las futuras constituciones del México independiente a  través de proyectos legales que organizaran y dieran sentido a cualquier lucha. Por lo anterior, el texto de la iniciativa considera oportuno rememorar el bicentenario de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana como una oportunidad para reflexionar sobre el origen de la nacionalidad mexicana y de los derechos reconocidos en los textos fundamentales.

Por lo anterior, el propósito de la iniciativa es que el H. Congreso de la Unión declare al 2014 como el “Año del Bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán” que permitirá a los mexicanos conocer las motivaciones de los próceres de la nación que sirvieron de base para la consolidación de nuestra soberanía.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

A) En lo general

1. Hacia 1813 José María Morelos y Pavón encabezó el movimiento de Independencia. Su genio y dotes de estadista fundaron los  principios libertarios  bajo la convicción de que el gobierno de la buena ley es superior a todo hombre. De esta forma decidió convocar a la instalación de un Congreso Nacional en Chilpancingo, en 1813, como depositario de la soberanía, el centro del gobierno y de la suprema autoridad de quienes proclamaban la Independencia de la América Mexicana.

2. En el Congreso de Chilpancingo, José María Morelos y Pavón escribió los célebres “Sentimientos de la Nación”  donde el Generalísimo y Siervo de la Nación expuso los principios fundamentales para la conformación de la América Mexicana;  a pesar de las adversidades, y  consciente de que sus ideales y de sus compañeros trascenderían a su persona, el cura de Carácuaro perfiló  el camino hacia una nación independiente, libre y soberana.

3. Efectivamente, en la sesión inaugural del Congreso de Anáhuac, el 14 de septiembre de 1813, se dio lectura a los veintitrés puntos de “Los Sentimientos de la Nación” para preparar la futura Constitución de 1814. Tal Manifiesto del Generalísimo José María Morelos y Pavón es uno de los más representativos del constitucionalismo mexicano antecedente de la Constitución de la Apatzingán.

4. De igual forma, el Congreso de Anáhuac es célebre en la historia de México por haber proclamado el Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional dada en el Palacio Nacional de Chilpancingo, el 6 de noviembre de 1813 y cuyo contenido dice:

El Congreso de Anáhuac legítimamente instalado en la ciudad de Chilpantzingo de la América septentrional por las provincias de ella: declara solemnemente, a presencia del Señor Dios, arbitro moderador de los imperios y autor de la sociedad, que los da y los quita según los designios inescrutables de su Providencia, que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado: que en tal concepto queda rota para siempre jamás, y disuelta la dependencia del trono español: que es arbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y paz, y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente; no menos que para celebrar concordatos con el sumo Pontífice romano, para el régimen de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, y mandar embajadores y cónsules: que no profesa ni reconoce otra religión mas que la católica, ni permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna: que protegerá con todo su poder, y velará sobre la pureza de la fe y de sus dogmas, y conservación de los cuerpos regulares: declara por reo de alta traición a todo el que se oponga directa ó indirectamente a su independencia, ya protegiendo á los europeos opresores, de obra, palabra o por escrito, ya negándose á contribuir con los gastos, subsidios y pensiones, para continuar la guerra, hasta que su independencia sea conocida por las naciones extranjeras; reservándose al congreso presentar a ellas por medio de una nota ministerial, que circulará por todos los gabinetes, el manifiesto de sus quejas y justicia de esta resolución, reconocida ya por la Europa misma.

5. El Congreso Constituyente de Anáhuac tuvo sede en Chilpancingo; sin embargo, la guerra de Independencia hizo que se mantuviera itinerante por la persecución de las fuerzas realistas de las que fue objeto. De Chilpancingo se trasladó a Tlacotepec, Tetela, Ajuchitán, Huetamo, Ario, Uruapan, Tiripitio hasta llegar a Apatzingán, Michoacán, donde se expidió el Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana, sancionado el 22 de octubre de 1814.

6. El Constituyente de Apatzingán estuvo integrado por José María Liceaga, diputado por Guanajuato, presidente; doctor José Sixto Verduzco, diputado por Michoacán; José María Morelos y Pavón, diputado por el Nuevo Reino de León; licenciado José Manuel de Herrera, diputado por Techan; doctor José María Cos, diputado por Zacatecas; licenciado José Sotero de Castañeda, diputado por Durango; licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, diputado por Tlaxcala; licenciado Manuel Alderete y Soria, diputado por Querétaro; Antonio José Moctezuma, diputado por Coahuila; licenciado José María Ponce de León, diputado por Sonora; doctor Francisco Argandar, diputado por San Luis Potosí; Remigio de Yarza, secretario y Pedro José Bermeo, secretario.

7. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, la Constitución de Apatzingán, asentó las bases para la organización política y de derechos del esbozo de nación a la cual aspiró rechazando, de manera definitiva, el régimen del Imperio Español.

8. En efecto, el proemio del histórico documento expresa los motivos profundos y deseos de Independencia para afianzar la prosperidad y la forma de gobierno de la futura nación mexicana:

El Supremo Congreso mexicano, deseoso de llenar las heroicas miras de la nación, elevadas nada menos que al sublime objeto de substraerse para siempre de la dominación extranjera, y sustituir al despotismo de la monarquía española un sistema de administración que, reintegrando a la nación misma en el goce de sus augustos imprescriptibles derechos, la conduzca a la gloria de la independencia y afiance sólidamente la prosperidad de los ciudadanos, decreta la siguiente forma de gobierno, sancionando ante todas las cosas los principios tan sencillo como luminosos en que puede solamente cimentarse una Constitución justa y saludable.

9. El espíritu que originó la Constitución de Apatzingán se sostuvo de las ideas democráticas y liberales. Fue una Carta que quiso organizar los poderes, el sistema de gobierno y el ideario de la causa de la insurgencia iniciada con Miguel Hidalgo en 1810; sin embargo, la novedad de la Constitución fue haber introducido ideas y nociones específicas sobre la soberanía, el derecho de sufragio al pueblo, la división de los poderes, el territorio y la forma de gobierno republicana.

10. De igual manera, definió la identidad de los ciudadanos otorgándoles los derechos de igualdad, seguridad, propiedad, así como sus obligaciones. Para efectos del sufragio, estableció las juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia. Dividida en XXII capítulos, la Constitución de Apatzingán contempló los siguientes títulos:

• De su religión;

• De la soberanía;

• De los ciudadanos;

• De la Ley;

• De la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos;

• De las obligaciones de los ciudadanos;

• De las Provincias que comprende la América mexicana;

• De las Supremas Autoridades;

• Del Supremo Congreso;

• De la elección de diputados para el Supremo Congreso;

• De las juntas electorales de parroquia;

• De las juntas electorales de partido;

• De las juntas electorales de provincia;

• De las atribuciones del Supremo Congreso;

• De la sanción y promulgación de las leyes;

• Del Supremo Gobierno;

• De la elección de individuos al Supremo Gobierno;

• De la autoridad del Supremo Gobierno;

• De las intendencias de Hacienda;

• Del Supremo Tribunal de Justicia;

• De las facultades del Supremo Tribunal de Justicia;

• De los juzgados inferiores;

• De las Leyes que se han de observar en la administración de justicia;

• Del Tribunal de Residencia;

• De las funciones del Tribunal de Residencia;

• De la representación nacional;

• De la observancia de este decreto;

• De la sanción y promulgación de este decreto.

11. La celebración del Bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán será ocasión propicia para demostrar los principios de nuestra organización política, acorde a lo establecido en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afirmando que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y el ejercicio del poder público dimana directamente de éste para su beneficio y cuya voluntad es la de organizarse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta por Estados libres y soberanos.

12. Los festejos harán valorar nuestro sentido de libertad e identidad cultural, afirmando los valores de unidad, patriotismo y respeto por nuestra historia, generando una amplia y profunda conciencia nacional. También será la oportunidad para la programación de eventos culturales, sociales y deportivos alusivos a las grandes fiestas de la nación mexicana.

13. De esta forma, es justo conmemorar el Bicentenario de este gran hecho histórico como uno de los primeros que quisieron consolidar la identidad e independencia de la nación mexicana, por lo que el Decreto del honorable Congreso de la Unión iniciará cualquier actividad que deba ser  preparada con la diligencia y previsión que involucre progresivamente a todos los actores posibles quienes enriquecerán la conmemoración del Bicentenario de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana, sancionado el 22 de octubre de 1814.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura someten a consideración del pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

Decreto por el que se declara el 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”.

Único.El honorable Congreso de la Unión declara al 2014 como “Año del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán”.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adrián David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para fundamentar el dictamen tiene la palabra el diputado Salvador Ortiz García, hasta por cinco minutos.

El diputado Salvador Ortiz García: Con su permiso, compañera presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, antes que nada quiero agradecer a los integrantes de la Comisión de Gobernación el haber aprobado el dictamen de la presente iniciativa presentada por un servidor, para que sea declarado el 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

Ya se ha señalado que por su forma republicana, la Constitución de 1814, en Apatzingán, influyó en las futuras constituciones. En su federalismo retomó los ideales republicanos de representación popular y el sentido de la soberanía, principios que desde entonces fueron incluidos en todos los textos constitucionales.

El texto redactado en Apatzingán fue base de los principios políticos que dieron forma al actual Estado mexicano. La Constitución de Apatzingán cumple precisamente el papel de fundación del Estado y es por ello nuestra Constitución constituyente.

Los postulados de soberanía popular, la forma republicana de gobierno, la división de poderes, las garantías individuales y el aliento programático que recorre todo su texto fueron los postulados de todo quehacer constitucional, poner el sello del Estado y hacer de suma importancia la existencia política de esta nación.

La Constitución de Apatzingán es un gran referente para la vida constitucional de nuestro país, antecedente de los derechos y garantías de todos los mexicanos. Cumplió en la historia de México para la fundación del estado de derecho y libertades, que hoy en día son fundamentales para la vida democrática de nuestra nación moderna.

Conmemorar el bicentenario de la Constitución de Apatzingán significa solemnizar el poder constituyente de la fundación del Estado mexicano, una gran oportunidad para rememorar todos los años de lucha cívica e histórica, para que se reconozcan los derechos fundamentales consagrados en nuestra actual Constitución.

Sabemos que los derechos reconocidos de los mexicanos nos han llevado a avanzar en un país democrático y tenemos que alcanzar el país equitativo y próspero que todos merecemos, con los derechos y garantías constitucionales reconocidos en los textos fundamentales.

Los festejos que se lleven a cabo con esta conmemoración habrán de valorar el sentido de libertad, afirmando los valores de unidad, patriotismo y profundo respeto por la historia de nuestra nación mexicana.

Celebremos la aprobación de este dictamen, el cual nos hace a todos partícipes de enriquecer el bicentenario de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado el 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, Michoacán. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Para fijar la postura de su partido tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañera diputada presidenta; compañeras y compañeros diputados, el 22 de octubre de 1814 se sancionó y aprobó con el nombre oficial de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, lo que comúnmente se conoce como la Constitución de Apatzingán, que constituye el antecedente de todas las constituciones mexicanas posteriores, al ser la primera escrita en territorio nacional. Lo anterior es motivo suficiente para rememorar este evento, como una de las fechas emblemáticas de nuestra historia nacional.

Por ello, Movimiento Ciudadano expresa su beneplácito por este dictamen, que establece el año 2014 como el Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán. Pero por si el honor de ser la primera de las constituciones mexicanas no fuera mérito suficiente, el contenido de este documento histórico es de gran valor, en él se plasmaron conceptos que han sobrevivido a todos los textos constitucionales posteriores, hasta llegar a nuestras normas actuales.

Sin duda el más representativo de ellos es el reconocimiento de la soberanía popular, la conceptualización de que el poder reside en el pueblo, que son los habitantes de la nación quienes la sostienen y que los ciudadanos depositan dicha soberanía en el Congreso mediante la elección de sus representantes.

Fue en ella donde se reconocieron también como ciudadanos, por primera vez desde la Conquista, a todos los nacidos en el territorio nacional, eliminando de una vez por todas el sistema de castas y, más importante aún, aboliendo la esclavitud; se estableció la libertad de prensa y la libertad de expresión de las ideas; fueron establecidas las bases de la República que serían rescatadas en constituciones posteriores, vía la división de poderes.

En este breve recuento podemos dimensionar que el documento impulsado por Morelos no solo fue pionero temporalmente, sino también conceptualmente en el diseño del México actual.

Es cierto que dicha norma se escribió al calor de la lucha por la Independencia y que en realidad nunca pudo ser implementada a cabalidad en el territorio nacional, ya por la muerte de los líderes de la Independencia, ya por el asedio de las tropas realistas. Sin embargo, la Constitución de Apatzingán recogió los ideales de quienes combatían por la Independencia y por una patria más justa.

Por estas razones, en Movimiento Ciudadano celebramos el esfuerzo por recuperar la memoria histórica de este tramo de la Independencia, sobre todo aquí en este recinto, como un recordatorio para todos nosotros, supuestos representantes de la soberanía popular, para no cejar en nuestro compromiso de mejorar al país desde esta trinchera.

En Movimiento Ciudadano —podemos decirlo con plena convicción— nos inspiramos por el ejemplo de Morelos y los participantes en la elaboración de la Constitución de Apatzingán para que nuestro trabajo legislativo arroje las mejores leyes posibles, basadas en las aspiraciones de la alternativa de nación que representamos, aún si muchos de los que nos precedieron no han visto la tarea culminada y aún si nosotros mismos no la podemos concluir en esta Legislatura, estamos seguros de que la semilla del buen trabajo legislativo germinará. Por ello, bienvenida pues la conmemoración y la inspiración de este 2014 como Bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Muchas gracias, por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Silvano Aureoles Conejo, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias. Compañeras, compañeros, quiero en primer lugar felicitar el esfuerzo y la iniciativa de mi querido paisano, diputado por el distrito de Apatzingán, que ha planteado este importante punto, que sin duda es en estricta justicia votar y aprobar este dictamen, como creo que se hará, porque además hoy, sin duda, es la oportunidad para traer al presente y traer a la memoria estos hechos tan relevantes de nuestra historia nacional.

Declarar como el Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán es también honrar la memoria de un gran michoacano, como lo fue don José María Morelos y Pavón.

A 200 años de distancia habría que decir que siguen pendientes muchos de los temas por los que Morelos luchó y ofrendó su vida, no solamente luchó, sino que entregó su vida convencido de que México podría ser una patria mejor en la que hubiera justicia para todas y para todos.

Muchos de los legados, de los postulados en los Sentimientos de la Nación vamos a estar de acuerdo, todas y todos, que hoy siguen sin hacerse realidad. Honrar entonces esta fecha tan importante es recordar y reconocer que estos acontecimientos de la mayor relevancia fueron y son los cimientos de lo que hoy es nuestra República.

Fue el cimiento, el planteamiento original que dio vida a lo que hoy es el gobierno de la República, después de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro.

Es y da vida a lo que hoy es nuestra Suprema Corte de la Nación con la instalación del Supremo Tribunal de Ario, y fueron y son los cimientos que hoy dan vida a nuestro Congreso con la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

Pero también hay que decir que a 200 años de distancia hay muchas deudas pendientes. Morelos fue un michoacano, moreliano, entregado y comprometido con la causa social, muchas de las cuales hoy siguen pendientes de resolverse.

Solamente ilustraría un hecho que me resulta relevante. Morelos vivió una buena parte de su vida en Carácuaro, Michoacán; hoy ese pueblo, Carácuaro, Michoacán, donde Morelos vivió una buena parte de su vida, no tiene ni siquiera señal de teléfono.

En pleno siglo XXI ese pueblo, que sin duda fue motivo de fortaleza e inspiración de Morelos, hoy sigue en el abandono total. Pero que además el bicentenario de la Constitución se haya convertido en el momento y la coyuntura, no para hacer las grandes obras y poder iniciar una nueva etapa en el desarrollo del país, sino más bien pareciera ser el cimiento para la construcción de un gran monumento a la corrupción.

No entraré en polémicas ni en detalles, pero para ejemplo basta recordar el fallido proyecto de la Estela de Luz. Mil 200 millones de pesos, que equivaldrían al presupuesto como de 100 años de Carácuaro, están ahí reflejados, cuestionados, como un hecho que solamente generó corrupción y malos manejos de los recursos. Y así podríamos señalar en ejemplos donde la conmemoración del bicentenario, en lugar de ser la motivación para traer a la memoria y tomar los ejemplos de estos grandes hombres, solamente sirvió para expresar banalidades y antojos personales.

Por eso hoy me parece pertinente, saludo este esfuerzo, esta iniciativa. Pero además, resulta pertinente también decir que Michoacán, a 200 años de ser la cuna de los principales acontecimientos de la historia y de los hechos relevantes que dieron la transformación al país, vive severos problemas de desempleo, de inseguridad, de rezago, de atraso y que justo con este hecho, este pronunciamiento, habría que hacer conciencia y a eso llamo a mis queridos paisanos de todas las fuerzas políticas, a que juntos reflexionemos sobre esta situación y podamos encauzar estos esfuerzos para lograr que Michoacán sea el estado que todas y todos aspiramos.

Felicidades y muchas gracias, presidenta. Por supuesto que habremos de votar a favor del dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Saludamos la presencia de alumnos de la Escuela Bancaria y Comercial del Distrito Federal, invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta. Bienvenidos.

El diputado Juan Jesús Aquino Calvo: Con su permiso, diputada presidenta. Señoras y señores, el día de hoy nos ocupa la oportunidad de conmemorar las grandes aportaciones que la Constitución de Apatzingán realizó para la conformación del Estado mexicano, así como la salvaguarda del interés legítimo de la población para establecerse como una República independiente y soberana.

Este ordenamiento jurídico fue promulgado el 22 de octubre de 1814, por el Congreso de Chilpancingo, reunido en la ciudad de Apatzingán, a causa de la persecución de las tropas de Félix María Calleja, la Constitución fue válida para las fuerzas insurgentes y los territorios que lograron controlar efímeramente durante el transcurso de la guerra de Independencia.

La Constitución de Apatzingán se encuentra entre las primeras del mundo hispanoamericano, solamente le anteceden algunas cartas provinciales colombianas, la Constitución federal para los estados de Venezuela y la propia Constitución de Cádiz.

Uno de los aspectos más relevantes de esta Constitución fue la división de poderes, planteada en dicho ordenamiento. Se estableció que estos tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial no deben de ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación. Asimismo menciona la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad, aspectos que determinaron la Constitución de la soberanía, la cual reside —se dice— originariamente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional, compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos, bajo la forma que prescriba la propia Constitución.

Asimismo se estableció que la ley debe ser igual para todos y que todos los ciudadanos son inocentes mientras no se les declare culpables, por lo tanto, se establecieron con ellos los principios básicos para la correcta impartición de justicia, que sería la consolidación del correcto ejercicio del estado de derecho en beneficio de la salvaguarda, de la libertad de todo ser humano.

Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el Estado, como sociedad política, requiere de un gobierno que sea expresión auténtica de la colectividad.; requiere también del recto ejercicio de la autoridad, que no es el mero dominio de hombre o de un grupo, sino que tiene por fin la realización del bien común, que simultáneamente implica la justicia, la seguridad y la defensa, respeto y protección de la persona y del bien colectivo nacional.

En cuanto a la educación, se dispuso que la instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder; y al Poder Legislativo correspondía en exclusiva favorecer todos los ramos de la industria, facilitando los medios de adelantarla y cuidar con singular esmero de la ilustración de los pueblos, situación que encuentra eco en la ideología de Acción Nacional, que establece como responsabilidad del Estado mexicano, así como de la sociedad misma, proveer a la población de servicios educativos de alta calidad, para lograr ciudadanos plenos y completos.

Señoras y señores, para Acción Nacional la opresión y la injusticia son contrarias al interés nacional, y degradantes de la persona humana; resultan del ejercicio del poder para fines que no le son propios o por un gobierno que no sea expresión auténtica de la colectividad nacional.

La Constitución de Apatzingán, reconociendo al gran mexicano que la ideó, don José María Morelos y Pavón, representó esta voluntad soberana de una nación independiente y libre, para construirse bajo un gobierno autónomo que velara por la igualdad de la población.

Por tanto, este ordenamiento jurídico dio lugar al establecimiento de los ideales republicanos, que son hoy piedra angular de la conformación del moderno Estado mexicano.

Por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional apoya este dictamen para que se conmemore el año del 2014 como el Año de la Constitución de Apatzingan. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último, tiene la palabra el diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Salvador Romero Valencia: Queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español. Este antecedente del Congreso de Anáhuac nos obliga hoy a pronunciarnos a favor de este decreto, toda vez que recordar y conmemorar la Constitución de Apatzingan es recordar y conmemorar nuestra historia, historia que nos dio patria y fue cauce para dar rienda suelta a ese espíritu libertario que nos une e identifica a los mexicanos.

Como bien lo señaló el proponente —por cierto un diputado priista— saludamos y aplaudimos que otros grupos parlamentarios se adhieran y se unan a este punto; las naciones modernas no se comprenden sin fundamentos legales que den sustento a su existencia ante otras naciones. De ahí que los procesos de independencia de los pueblos se consideren hitos importantes en su desarrollo al ser los que inician su nacimiento como nación soberana.

La Constitución de Apatzingan es resultado del Congreso de Chilpancingo y tuvo su mejor asidero en el pensamiento político francés y en la Constitución de Cádiz.

Las plumas que dieron forma a su articulado fueron una nítida expresión de la conciencia social que repudió las desigualdades, la discriminación y la exclusión en la Colonia.

La libertad de la América mexicana fue la proclama primigenia para las libertades que hoy profesamos; fue el inicio de la soberanía popular, fue la manifestación clara del espíritu representativo y republicano que hoy nos sigue inspirando.

El texto de 1814 rezaba: La soberanía reside originariamente en el pueblo, y su ejercicio en la representación nacional, compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos, bajo la forma que prescriba la Constitución.

Así quedó consagrada la facultad de dictar leyes y de que los ciudadanos pudieran establecer la forma de gobierno que más conviniera a los intereses de la sociedad, teniendo en todo momento el derecho incontestable de establecer, modificar o abolir el gobierno que más conviniese a su felicidad.

La Constitución de Apatzingán fue un parteaguas en la historia del pensamiento político y jurídico de México. Ya desde entonces nuestra vocación pacifista se expresó en el principio de respeto al derecho de las naciones y en el establecimiento de la paz, postulados que han sido base de la doctrina internacionalista que ha guiado la política exterior de México, otorgándonos reconocimiento mundial.

Resulta evidente que hoy más que nunca necesitamos regresar a nuestros orígenes, como el de la primacía de la ley, tanto para los gobernantes como para los gobernados; entender de una vez y para siempre que la cultura de la legalidad no es un comprometimiento de la razón ni de la libertad, sino un sacrificio de la inteligencia particular a la voluntad general.

Tres son las atribuciones de la soberanía, ordenaba el texto constitucional: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar, y la facultad de aplicarlas en casos particulares.

División de poderes sobre la cual descansa aún hoy el Estado mexicano y el estado de derecho; estado de derecho que se objetiva en el respeto y ejercicio de los derechos humanos, ya desde entonces reconocidos en su más pura esencia, derecho a la igualdad, derecho a la seguridad, derecho a la propiedad y derecho a la libertad. Sin duda un texto constitucional moderno, humanista y ético, que descansa sobre la base de la dignidad del ser humano.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hablar de la Constitución de Apatzingán es referirse al espíritu indomable del pueblo de México; es recordar el rumbo que como nación debemos seguir y es, desde luego, el resumen de los legítimos anhelos y aspiraciones que se han anidado día a día en el corazón del pueblo de México. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Quiero saludar a estudiantes de la licenciatura de derecho de la Universidad Tecnológica del Centro de México, invitados por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, que están presentes hoy aquí con nosotros.

También saludamos al Colegio México Cultural, alumnos de primaria y secundaria, de la delegación Iztapalapa, invitados por la diputada Ruth Zavaleta Salgado. Bienvenidos.

Están también presentes la Asociación Juvenil Todos con Aguascalientes, invitados por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga. Bienvenidos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidenta, se emitieron 416 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto que declara el año 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

CODIGO CIVIL FEDERAL

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que deroga los artículos 139 al 145 del Código Civil Federal.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que deroga los artículos 139 a 145 del Código Civil Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fueron turnadas, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, las iniciativas que reforman el Código Civil Federal, en materia de esponsales: la primera propone reformar los artículos 140 y 148 y deroga el 141 y 149 de dicho ordenamiento, presentada por la entonces diputada Laura Viviana Agúndiz Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y la segunda propone la derogación de los artículos 139 a 145 de dicho código, presentada por las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Alfa Eliana González Magallanes, ambas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80 numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente:

I. Metodología

En el apartado “Antecedentes” se indican la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre las que versan las iniciativas.

En el apartado “Análisis de las iniciativas” se examina el contenido sustancial de las propuestas legislativas, los argumentos en que se sustentan y se determina el sentido y su alcance de cada una de ellas.

Por último, en el apartado “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de las iniciativas mediante la evaluación de los argumentos planteados en las exposiciones de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

II. Antecedentes

1. Con fecha 30 de abril de 2012, se registró en el orden del día de la sesión ordinaria de esa fecha la iniciativa de la diputada de la Legislatura LXI Laura Viviana Agúndiz Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la cual reforma los artículos 140 y 148 y deroga el 141 y 149 del Código Civil Federal.

2. Por resolución de la Mesa Directiva publicada en la Gaceta Parlamentaria el 18 de julio de 2012, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turnó la iniciativa a la Comisión de Justicia para efecto del dictamen correspondiente, con el expediente número 7386.

3. Con fecha 23 de enero de 2013 se presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa que deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Alfa Eliana González Magallanes, ambas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

4. Ese día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó la referida iniciativa para dictamen a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

III. Análisis de las iniciativas

1. Iniciativa que reforma los artículos 140 y 148 y deroga el 141 y 149 del Código Civil Federal.

La iniciativa de referencia, materia del presente dictamen, plantea el siguiente:

Decreto que reforma los artículos 140 y 148, y deroga el 141 y 149 del Código Civil Federal

Único. Se reforman los artículos 140 y 148 y se derogan el 141 y 149 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 140. Sólo pueden celebrar esponsales los mayores de edad.

Artículo 141. Se deroga.

Artículo 148. Para contraer matrimonio se necesita haber cumplido la mayoría de edad. La autoridad judicial, puede conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas siempre que los contrayentes sean mayores de 16 años, atendiendo en todo momento al interés superior de la infancia.

Artículo 149. Se deroga.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En la exposición de motivos, la iniciativa de referencia plantea lo siguiente:

En un principio señala que millones de niñas pierden su infancia debido al matrimonio prematuro, definido como un matrimonio oficial o una unión basada en la costumbre sancionada por la ley antes de los 18 años, en donde éstas dejan atrás su infancia y adoptan nuevas funciones como mujer, asumiendo una vida que incluye relaciones sexuales, la maternidad y todas las obligaciones del hogar que tradicionalmente se realizan.

Una encuesta realizada por el Unicef en 2005, demuestra que en hogares de 49 países demostró que un 48 por ciento de las mujeres en Asia meridional de 15 a 24 años se habían casado antes de cumplir 18 años. Las cifras correspondientes en los 29 países de África y los 8 de América Latina y el Caribe que participaron en la encuesta fueron de 42 y 29 por ciento, respectivamente.

Asimismo, la iniciante manifiesta que a algunas niñas se les obliga a casarse a una edad muy temprana, mientras que otras aceptan el matrimonio cuando son todavía demasiado jóvenes para comprender las implicaciones o intervenir en la selección del futuro marido.

En muchas comunidades se considera que los deseos de independencia que aparecen durante la adolescencia son un atributo indeseable en una mujer que se espera que sea obediente; por tanto, el matrimonio prematuro es conveniente porque cancela de manera efectiva el período adolescente, eliminando cualquier destello de autonomía e interrumpiendo el desarrollo del sentimiento de identidad.

La pobreza es otro factor que subyace en el matrimonio prematuro. En muchas culturas se considera que las niñas son una carga económica para la familia y, por tanto, se entiende que el matrimonio es una estrategia de supervivencia, sobre todo si el marido es de mayor edad y dispone de más recursos.

También se expresa que, cualquiera que sea la causa, el matrimonio prematuro pone en peligro los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, y constituye en sí mismo una violación de los derechos humanos, además de las implicaciones físicas para las niñas especialmente en el embarazo y en el parto prematuro, que representan un alto riesgo de mortalidad materna y neonatal.

Las muertes relacionadas con el embarazo son la principal causa de mortalidad entre las jóvenes de 15 a 19 años de edad en todo el mundo, tanto si están casadas o solteras, y la menores de 15 años tiene 5 veces más de probabilidades de morir que una mujer de 20 años. A su vez, sus hijos tienen también menos probabilidades de sobrevivir; en el caso de las madres menores de 18 años, las probabilidades de morir de sus hijos durante el primer año de vida son 60 por ciento más elevadas que las de los niños nacidos de una madre mayor de 19 años.

También se resalta en la iniciativa objeto de este dictamen, que la experiencia ha demostrado que los matrimonios de adolescentes frecuentemente terminan en el abandono de uno de ellos o en el divorcio. La falta de madurez para mantener en armonía la vida en pareja y enfrentar los problemas derivados de la convivencia conlleva la necesidad de un cierto grado de desarrollo personal. Los 18 años no son desde luego, garantía de éxito matrimonial pero permiten presuponer una mayor madurez de la pareja para afrontar una vida en común.

Se arguye de igual forma que las disposiciones aplicables al tema de matrimonio corresponden al ámbito local, es decir, a las legislaciones de los 31 estados y del Distrito Federal y no al Código Civil Federal, sin embargo, por ser los preceptos citados en el cuerpo de la presente iniciativa, contenidas en un ordenamiento jurídico vigente, forman parte del derecho positivo mexicano y por lo tanto son materia del escrutinio internacional al momento de evaluar el cumplimiento del país de sus obligaciones internacionales, además de constituir un referente para los congresos locales que en muchas ocasiones reproducen lo establecido en las normas federales.

Cita como un ejemplo las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, órgano encargado de vigilar el pleno cumplimiento de la Convención en la materia, con motivo del tercer informe periódico presentado por México, siendo éstas las siguientes:

• Al comité preocupa que la edad mínima para contraer matrimonio sea tan baja y sea distinta para las niñas y los niños.

• El comité alienta al Estado parte a que aumente la edad mínima para contraer matrimonio, tanto para las niñas como para los niños y, establezca la misma edad para ambos a un nivel internacionalmente aceptable. El comité también aconseja al Estado parte que emprenda campañas de información y que adopte otras medidas para impedir los matrimonios precoces. Al respecto, el comité se refiere también a la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2. Iniciativa que deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Alfa Eliana González Magallanes, ambas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La iniciativa de referencia, materia del presente dictamen, plantea el siguiente

Decreto

Artículo Único. Se derogan los artículos 139 a 145 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Código Civil Federal

Artículo 139. Derogado.

Artículo 140. Derogado.

Artículo 141. Derogado.

Artículo 142. Derogado.

Artículo 143. Derogado.

Artículo 144. Derogado.

Artículo 145. Derogado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En la exposición de motivos, la iniciativa de referencia plantea lo siguiente:

Señala que la institución de los esponsales se considera como inoperante, obsoleta e inadecuada a las necesidades reales de la población, pues no responde a las expectativas de la sociedad actual.

Dado que la naturaleza de la referida institución es una promesa de matrimonio que se hacen los futuros contrayentes, la misma no genera derechos ni obligaciones a futuro, en virtud de que el matrimonio sólo adquiere validez jurídica al llevarse a cabo con las solemnidades y los requerimientos que establece el Código Civil Federal.

En este sentido, las iniciadoras afirman que la importancia de los esponsales radica en una práctica o costumbre que no tiene valor para el derecho civilmexicano, esto en el entendido de que la ley no obliga a contraer matrimonio ni a ejecutar lo que se hubiese convenido entre las partes para el caso de que no se cumpla.

Lo anterior muestra que actualmente, debido a la liberalización de costumbres y a la disminución de la importancia social del matrimonio, los esponsales no tienen gran relevancia jurídica, aunque en el plano social perviven bajo la forma de noviazgo.

Las proponentes invocan la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, la cual, en el artículo 1o., inciso 1), prohíbe la institución de los esponsales por considerarlos prácticas reprobatorias de la sociedad. Por ello, en los países desarrollados no se considera la vigencia de los esponsales, lo cual no sucede en el nuestro, donde dicha figura jurídica se considera en la legislación civil federal.

Las iniciadoras destacan que, en entidades federativas como Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas han modificado sus legislaciones civiles, en las cuales se ha derogado la institución de los esponsales.

IV. Consideraciones

1. Que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades del Congreso de la Unión para legislar, por lo que de conformidad con el artículo 124 del texto constitucional, claramente observamos que la materia familiar es exclusiva de las entidades federativas su legislación, sin embargo, por ser los preceptos citados en el cuerpo de la presente iniciativa, contenidas en un ordenamiento jurídico vigente, forman parte del derecho positivo mexicano y por lo tanto son materia del escrutinio internacional al momento de evaluar el cumplimiento de nuestro País de sus obligaciones internacionales, además de constituir un referente para los Congresos locales que en muchas ocasiones reproducen lo establecido en las normas federales.

2. La palabra esponsales proviene del neutro latino sponsalia(ceremonia de promisión para un matrimonio). Los esponsales, o sponsalia,se celebraban en Roma entre dos familias y consistían, en la práctica, en la petición de mano de la mujer, que el padre del pretendiente varón solicitaba al padre de ésta. Los prometidos solían ser muy jóvenes, incluso niños, y la boda se celebraba mucho más tarde, hasta pasados varios años, sobre todo si eran niños que debían llegar a una edad adecuada para poder de hecho casarse.

3. La doctrina define a los esponsales como la promesa de matrimonio mutuamente aceptada; quienes contraen esponsales son esposos (hombre y mujer). Jurídicamente, los esponsales son un contrato, de naturaleza preparatoria, ya que conducen al contrato definitivo del matrimonio.

En la actualidad, debido a la liberalización de costumbres y a la disminución de la importancia social del matrimonio, los esponsales no tienen una gran relevancia jurídica, aunque a nivel social perviven bajo la forma de noviazgo. Sin embargo en otras épocas, mucho más ritualizadas y elaboradas, del compromiso de contraer matrimonio en fecha próxima podían extraerse consecuencias bastante serias. Por ejemplo, durante la Edad Media, si tenían lugar relaciones sexuales entre esposos no casados, se entendía consumado de inmediato el matrimonio, siendo éste válido para todos los efectos.

En México, la figura de los esponsales, aunque en desuso, permanece contemplada en diversos códigos civiles de la República Mexicana, así como en el Código Civil Federal, el cual en su Título Quinto, “Del Matrimonio”, señala lo siguiente:

Título QuintoDel Matrimonio

Capítulo IDe los Esponsales

Artículo 139. La promesa de matrimonio que se hace por escrito y es aceptada, constituye los esponsales.

Artículo 140. Sólo pueden celebrar esponsales el hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer que ha cumplido catorce.

Artículo 141. Cuando los prometidos son menores de edad, los esponsales no producen efectos jurídicos si no han consentido en ellos sus representantes legales.

Artículo 142. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, ni en ellos puede estipularse pena alguna por no cumplir la promesa.

Artículo 143. El que sin causa grave, a juicio del juez, rehusare cumplir su compromiso de matrimonio o difiera indefinidamente su cumplimiento, pagará los gastos que la otra parte hubiere hecho con motivo del matrimonio proyectado.

En la misma responsabilidad incurrirá el prometido que diere motivo grave para el rompimiento de los esponsales.

También pagará el prometido que sin causa grave falte a su compromiso, una indemnización a título de reparación moral, cuando por la duración del noviazgo, la intimidad establecida entre los prometidos, la publicidad de las relaciones, la proximidad del matrimonio u otras causas semejantes, el rompimiento de los esponsales cause un grave daño a la reputación del prometido inocente.

La indemnización será prudentemente fijada en cada caso por el juez, teniendo en cuenta los recursos del prometido culpable y la gravedad del perjuicio causado al inocente.

Artículo 144. Las acciones a que se refiere el artículo que precede sólo pueden ejercitarse dentro de un año, contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio.

Artículo 145. Si el matrimonio no se celebra, tienen derecho los prometidos de exigir la devolución de lo que se hubieren donado con motivo de su concertado matrimonio. Este derecho durará un año, contado desde el rompimiento de los esponsales.

4. Asimismo, cabe señalar que el artículo 1 de la Convención Sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, establece que “no podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, expresado por éstos en persona, después de la debida publicidad, ante la autoridad competente para formalizar el matrimonio y testigos, de acuerdo con la ley.

Con esa premisa, lo máximo que se podría obtener por medio de la figura de los esponsales es el resarcimiento de los daños y perjuicios por los gastos en que hubiera incurrido el prometido inocente, sin que en ningún caso se pudiera obligar a contraer matrimonio a quien se negare a ello o diera causal para no cumplir dicha promesa.

5. Por otra parte, si bien es cierto que la figura de los esponsales aún se encuentra contemplada en nuestra legislación civil sustantiva, también lo es, que al momento de contraer matrimonio, deben los contrayentes, así como los funcionarios sujetarse a lo dispuesto por la ley con las formalidades que ella exige, para lo cual los artículos 148, 149, 150, 151 y 152 disponen lo siguiente:

Artículo 148. Para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. El jefe del gobierno del Distrito Federal o los delegados, según el caso, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas.

Artículo 149. El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho años, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre o de su madre, si vivieren ambos, o del que sobreviva. Este derecho lo tiene la madre aunque haya contraído segundas nupcias, si el hijo vive con ella. A falta o por imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los abuelos paternos, si vivieren ambos, o del que sobreviva; a falta o por imposibilidad de los abuelos paternos, si los dos existieren, o del que sobreviva, se requiere el consentimiento de los abuelos maternos.

Artículo 150. Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores; y faltando éstos, suplirá el consentimiento, en su caso, el juez de lo familiar de la residencia del menor.

Artículo 151. Los interesados pueden ocurrir al Jefe del Gobierno del Distrito Federal o a los Delegados, según el caso, cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el que hubieren concedido. Las mencionadas Autoridades, después de levantar una información sobre el particular, suplirán o no el consentimiento.

Artículo 152. Si el juez, en el caso del artículo 150, se niega a suplir el consentimiento para que se celebre un matrimonio, los interesados ocurrirán al Tribunal Superior respectivo, en los términos que disponga el Código de Procedimientos Civiles.

6. Con base en lo anterior, los integrantes de la comisión dictaminadora consideramos que en la actualidad, el matrimonio entre menores de edad es un acontecimiento latente provocado por diversos factores, y que el Código Civil Federal contempla y tutela su protección, ya que tal y como lo establecen los artículos antes mencionados, el matrimonio no puede llevarse a cabo sin el consentimiento de sus padres, abuelos y a falta de éstos el consentimiento de las autoridades judiciales o administrativas en el Distrito Federal. Aunado a ello, es cierto que la figura jurídica de los esponsales es una promesa de matrimonio, y que no producen obligación de contraer matrimonio, ni en ellos puede estipularse pena alguna por no cumplir la promesa.

En este contexto, la comisión dictaminadora considera que aún y cuando el propósito de la iniciativa es velar por el interés superior de la infancia, puesto que se busca que la legislación civil federal establezca como requisito para que los esponsales se otorguen entre menores de edad tengan el mismo requisito para contraer matrimonio, dicha figura es obsoleta y no tiene razón de existir, por lo que no se considera viable su aprobación por la Cámara de Diputados.

7.Respecto de la iniciativa presentada por las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Alfa Eliana González Magallanes, ambas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, esta dictaminadora considera que aquélla debe ser el eje por el cual se resuelvan ambas iniciativas, puesto que sus argumentos en relación con la inoperancia, la ineficacia y la invalidez social de la institución de los esponsales son totalmente fundados, ya que consideramos que una simple promesa no garantiza el cumplimiento del acto jurídico y solemne del matrimonio, el cual si genera derechos y obligaciones entre los contrayentes y es la base jurídica de la familia y del desarrollo de la especie humana, valores fundamentales en toda sociedad, por lo que se considera procedente el pronunciarnos por la derogación de esta figura jurídica en términos de la iniciativa propuesta.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Justicia somete a consideración del pleno el siguiente

Decreto por el que se derogan los artículos 139 a 145 del Código Civil Federal

Artículo Único. Se derogan los artículos 139 a 145 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Título QuintoDel Matrimonio

Capítulo IDe los Esponsales

Artículo 139. Derogado.

Artículo 140. Derogado.

Artículo 141. Derogado.

Artículo 142. Derogado.

Artículo 143. Derogado.

Artículo 144. Derogado.

Artículo 145. Derogado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de enero de 2013.

La Comisión de Justicia, diputados:Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), secretarios; Lilia Aguilar Gil, Eloy Cantú Segovia, Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Cristina González Cruz, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Julio César Lorenzini Rangel (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba, María Fernanda Romero Lozano, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para hablar en lo general de este dictamen tiene la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que se somete a consideración de este cuerpo colegiado, en el que se propone la derogación de los artículos 139 al 145 del Código Civil Federal, en lo que se refiere a los esponsales, es una oportunidad de responder a un cambio social de una institución que se considera en desuso y obsoleta.

Los esponsales constituyen una promesa matrimonial que se otorga por escrito y es mutuamente aceptada por las partes. Esta promesa no produce la obligación de contraer matrimonio y no puede prever penalidades por su incumplimiento; es un contrato preliminar o preparatorio por medio del cual ambas partes se obligan a celebrar un contrato a futuro determinado que no pueden o no desean celebrar por el momento.

Así para realizar esta promesa se requiere que el varón tenga 16 años y la mujer 14, por lo menos. En este caso el consentimiento para otorgar la promesa de matrimonio lo darán sus representantes legales.

Para nuestro grupo expresamos el acuerdo, con la derogación de esta figura de la legislación civil federal, en razón de que atenta contra el principio del interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, porque si la promesa de matrimonio deriva en casamiento durante este periodo de la vida, entonces se estaría privando al niño o a la niña de disfrutar de la adolescencia, en razón de que tendría que enfrentar otras obligaciones distintas al estudio, la diversión y aspiraciones naturales de esa etapa de madurez progresiva, cambiándolas por deberes de sostener un hogar, embarazo y hasta un parto prematuro. Lo que representa un alto riesgo de mortalidad infantil e incluso poner en riesgo la vida misma de la niña.

También consideramos que en el contrato de esponsales quien otorga el consentimiento es el representante legal del niño o niña, transgrediendo uno de los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional ratificado por el Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990. Dicho principio consiste en el derecho de todo niño, niña o adolescente a opinar en todos los asuntos que le afectan y a que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones.

Es decir, mientras que tratándose de una persona mayor de edad ésta puede decidir lo que le resulta más favorable, en el caso de niñas y niños es otro quien decide lo mejor para el titular del derecho. En este caso los padres, tutores, autoridades jurisdiccionales o administrativas estarían decidiendo quién es la pareja adecuada para la persona menor de edad.

De igual forma existen otras figuras jurídicas y sociales de relación en pareja, como las sociedades de convivencia y la unión libre, lo que deja a la figura de los esponsales sin mayor relevancia jurídica en el país.

Finalmente, se enfatiza que es pertinente la derogación de esta figura, porque el noviazgo no necesariamente es una promesa de matrimonio. Ese dato es relevante en razón de que esta figura de los esponsales permite solicitar en juicio una indemnización a título de reparación moral por incumplimiento de la promesa, lo que consideramos inadecuado debido a las nuevas formas de relación de pareja en el que el matrimonio es una decisión personal y existe la libertad de los individuos a prosperar o no en ese compromiso jurídico.

Compañeras y compañeros legisladores, resulta imprescindible que los cuerpos normativos con que cuenta el país sean útiles para resolver las necesidades reales de la sociedad. Por ello, las diputadas y los diputados de Nueva Alianza votaremos a favor de derogar la figura de los esponsales en el Código Civil Federal, dictamen que hoy se pone a consideración de este pleno. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidenta. Si queremos un México moderno, debemos empezar en casa, educando a nuestros hijos, fomentarles el estudio, la lectura, la cultura en todas sus categorías; impulsar sus ideales y sueños; enseñar a las niñas y niños que no solo van a crecer para casarse. Si queremos igualdad, erradiquemos esas figuras arcaicas de nuestra legislación.

El día de hoy, ante el pleno de esta honorable asamblea se somete a su consideración un dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Justicia, por el cual se derogan las disposiciones articuladas que comprenden el Capítulo I del Título Quinto del Código Civil Federal, denominado De los esponsales.

El dictamen en comento tiene por objeto desaparecer de nuestro horizonte jurídico vigente los enunciados legales que soportan y dan vida a la institución de los esponsales, la finalidad de inhabilitar, a la postre, de la federación con los preceptos que determinan una figura jurídica y social anquilosada en otra realidad diversa y por lo mismo insustancial e improcedente para responder adecuadamente a las necesidades y expectativas de la sociedad mexicana actual.

La prioridad de toda legislación es que ésta sea acorde con la realidad social de los destinatarios de las mismas, así el conjunto de normas que conforman el marco jurídico de cualquier estado no deben reflejar más que la expresión de los valores sociales en un tiempo y espacio determinado.

Las transformaciones en la vida social de una comunidad son impulsadas por varios factores, como los cambios culturales, las nuevas orientaciones de conciencia y la evolución en las formas de entender el mundo. Lo cierto es que hoy por hoy el orden jurídico de nuestro país se sigue contemplando y regulando figuras jurídicas que resultan por demás inoperantes y en un completo desuso.

La sociedad mexicana se encuentra deseosa y a la espera de contar con diseños y dispositivos legales vinculantes que generen convivencias armoniosas, respetuosas y de equidad, siempre bajo el amparo y la tutela de auténticos ordenamientos positivos, viables y funcionales en su extensión e implementación.

Es probable que esta aspiración de contar en nuestro cuerpo jurídico con disposiciones normativas acordes a la realidad imaginada constituya uno de los temas centrales en el desarrollo de nuestro mal logrado estado de derecho.

Durante mucho tiempo hemos sido testigos de la permanencia y formulación de entramados legales diferenciados, bajo el argumento endeble y escurridizo de la existencia de circunstancias, valores e inercias socioculturales e históricas, también diferenciadas. Sin embargo, las normas son enunciados comunitarios que con el transcurrir del tiempo se interiorizan y expresan de forma disímbola, generando prácticas y conductas rutinarias e institucionales en el universo social.

Un claro ejemplo de lo anterior es la figura de los esponsales, que aún permanece regulada en el Código Civil Federal dentro del Título Quinto denominado Del Matrimonio, y por consecuencia, en diversos códigos civiles locales.

La finalidad de este término es instituirse como una condición previa al matrimonio, la cual contempla un conjunto de promesas que se formulan entre dos personas emocionalmente unidas. Sin embargo, resulta sorprendente que este tipo de formas sigan teniendo vigencia en nuestro derecho positivo, primordialmente por dos factores; el primero de éstos es la baja de la tasa de matrimonios y el aumento en la tasa de divorcios en la última década, fenómeno que sin duda alguna encuentra como causa principal la incursión de la mujer en la vida social, política y económica y su participación activa en todos e stos ámbitos, cosa que antes le estaba negada.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2000 a 2011 el porcentaje de matrimonios se redujo en un 19 por ciento y el de los divorcios aumentó en 74 por ciento.

Otro aspecto que va muy de la mano con lo antes comentado son los cambios en la concepción de la familia tradicional y con ello el reconocimiento de nuevas formas de unión, como lo son el concubinato, la sociedad en convivencia y la cohabitación, que si bien no constituyen un sustituto perfecto del matrimonio son opciones reales, por lo que la legislación ha buscado, a través del fortalecimiento de éstas, crear la confianza necesaria entre las personas que deseen colaborar con una empresa en común, llámese familia, plan de vida, etcétera, cuyo éxito requiere una intervención enorme de recursos y tiempo de ambas partes.

Con base en todo lo anterior y reconociendo que actualmente la figura de los esponsales sobre todo tiene efectos de tipo social, coincidimos en la derogación de los artículos que la contemplan en el Código Civil Federal.

Nuestra obligación como legisladores responde eficientemente a las exigencias de la sociedad, en concordancia con la realidad actual de la misma. Pero también es necesario echar a andar las acciones pertinentes, a fin de que se homologuen los criterios en cuanto al contenido de las leyes en el ámbito federal y local.

Por lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del dictamen a discusión. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada Tiene la palabra la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido dela Revolución Democrática.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Con su permiso, presidenta. Quiero agradecer en primer término a la diputada Verónica Juárez Piña, con quien tuve la oportunidad de suscribir esta iniciativa durante la Comisión Permanente. Asimismo hacer un reconocimiento a la Comisión de Justicia, por la inmediatez y eficiencia con la que resolvió este dictamen.

El Código Civil Federal establece, en su artículo 139, la promesa de matrimonio que se hace por escrito y es aceptada. Eso constituye los esponsales. Se encuentran en posibilidad de celebrar esponsales el varón que ha cumplido 16 y la mujer que ha cumplido 14 años.

Durante la anterior legislatura fue presentada una iniciativa para reformar el Código Civil Federal, de manera que esta promesa solo pudiera realizarse entre mayores de 18 años; sin embargo, el proyecto que nos fue sometido a consideración de la Comisión de Justicia, justificaba que el interés superior de la infancia ya se encontraba tutelado por los padres de los menores de edad.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no comparte esta idea, ya que contraer ése tipo de compromisos conlleva a obligaciones que impactan en forma permanente la vida de las personas, por eso consideramos que deben ser asumidas al cumplir la mayoría de edad; por lo que resulta insuficiente la aprobación de los padres de los menores que se han prometido contraer matrimonio, como bien señalaba la diputada que intervino por el Partido Nueva Alianza.

Asimismo es importante recordar que en nuestro país existen regiones en las que los usos y costumbres aprueban este tipo de promesas, pero en muchos casos esto se presta al intercambio de niñas y adolescentes por bienes materiales o dinero. Pese a esto, coincidimos en que esta figura ha venido en desuso.

Al respecto, la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, en su artículo 1, numeral 1, prohíbe la institución de esponsales por considerarlos como prácticas reprobatorias de la sociedad, al señalar lo siguiente, cito textual:

Artículo 1

1. No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, expresado por éstos en persona, después de la debida publicidad, ante la autoridad competente para formalizar el matrimonio y testigos de acuerdo con la ley.

Conforme a esta premisa, en los países desarrollados no se contempla a la institución de los esponsales por razones amplias; en cambio, en nuestro país, a pesar de que dicha figura dejó de ser vigente para nuestro derecho positivo mexicano, aún en nuestro Código Civil está prevista, por lo que el presente dictamen tiene como propósito derogar de dicho ordenamiento la figura jurídica de los esponsales, toda vez que es una práctica que no produce consecuencias legales.

Es importante destacar que en las entidades federativas, tales como Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas, los legisladores han derogado la institución de los esponsales de los códigos civiles locales.

Ahora bien, con estos cambios que se están dando en la sociedad es imposible ignorar lo evidente, pues la misma sociedad exige que en derecho evolucionen y se mantenga a la vanguardia de otros países e, inclusive, de otras entidades federativas de nuestro país, y por ello el legislador permanente no puede pasar por alto estos cambios en beneficio del pueblo de México.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votará a favor del dictamen que se somete a nuestra consideración. Gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. No habiendo más oradores registrados, se solicita a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para recoger votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en un solo acto.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Esta Presidencia saluda a líderes sociales de la colonia Margarita Maza de Juárez, del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados por la diputada Norma Ponce Orozco, que se encuentran hoy con nosotros.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor.

La diputada Petra Barrera Barrera (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís (desde la curul): A favor.

La diputada Cristina Olvera Barrios (desde la curul): A favor.

El diputado José Everardo Nava Gómez (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Flores Méndez (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): A favor.

La diputada Areli Madrid Tovilla (desde la curul): A favor.

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): A favor.

El diputado Julio César Flemate Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Jesús Aquino Calvo (desde la curul): A favor.

El diputado José González Morfin (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villareal García (desde a curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se emitieron 408 votos en pro, 2 abstenciones y 2 en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que deroga los artículos 139 a 145 del Código Civil Federal, por 408 votos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, numeral 1, 84, 85, 95, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Economía como encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos.

En el apartado de “Contenido de la minuta”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio.

En el apartado de “Consideraciones”, las y los integrantes de las Comisión Dictaminadora expresan argumentos de valoración del proyecto y de los motivos:

II. Antecedentes

Primero. En la sesión plenaria celebrada el día 14 de diciembre de 2010 la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores recibió la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente y la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por la senadora Margarita Villaescusa Rojo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. En esa misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República.

Tercero. En sesión celebrada el 27 de marzo de 2012 en al H. Cámara de Senadores se aprobó el dictamen delas ComisionesUnidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXI Legislatura del Senado de la República el dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal de Protección y lo turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Cuarto.La Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados en sesión 28 de marzo de 2012 recibió del Senado de la República la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Econonomía, para dictamen”.

II. Contenido de la minuta

La minuta pretende reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor a efecto de que la información y publicidad proporcionada por prestadores de servicios o de bienes en publicidad, envases, empaques, envolturas etiquetas sea no sólo adecuada y clara, sino certera y veraz. Bajo ese esquema se aprueba se la Profeco pueda ordenar el retiro de información y publicidad de etiquetas, empaques, envases, envolturas y demás formas de promoción cuando no se cumpla con los valores de certeza, veracidad, claridad y adecuación a las normas.

III. Considerandos

Primera.En 1976 en una acción se expidió la Ley Federal de Protección al Consumidor como instrumento jurídico creado con la finalidad de salvaguardar los derechos de los consumidores y de generar relaciones de consumo justas, con este documento México se convirtió en el segundo país latinoamericano con una Ley Federal de Protección al Consumidor y el primero en crear una Procuraduría.

Anterior a la promulgación de esta Ley los consumidores contaban con poca información sobre los productos, así como de sus derechos y obligaciones, esto sin contar que las relaciones se basaban solo en contratos realizados por los proveedores los cuales contaban con mayor información y experiencia.

Segunda.Uno de los objetivos primordiales de la Ley Federal de Protección al Consumidor es el derecho de los consumidores a conocer la información completa de los productos y servicios que se ofertan; al respecto la Ley en su fracción III del artículo 1 nos dice lo siguiente:

“ Artículo 1. ...

...

Son principios básicos en las relaciones de consumo:

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;

IV a X ...

...”

Esta comisión dictaminadora coincide con la promovente en la importancia de fortalecer y garantizar el acceso de los consumidores a la información sobre los productos ya que de ser insuficiente se puede dar lugar a una manipulación no apropiada de la publicidad los productos y generar falsas expectativas, mal uso de los productos o incluso derivar en daños a la salud.

Tercera.Desde hace varios años la importancia sobre el cuidado del paneta ha tomado más relevancia a nivel internacional, muestra de ello es la firma de tratados internacionales como el de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del cual se han derivado acuerdos de gran trascendencia como el Protocolo de Kioto los cuales han buscado entre otras cosas que las naciones realicen un trabajo de concientización a escala mundial, de los problemas relacionados con el deterioro del medio ambiente y el cambio climático.

Esta comisión dictaminadora considera que el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales es de suma importancia que ha permeado de forma rápida en la población ocasionando así un gran auge entre los consumidores que buscan adquirir productos que tengan cualidades sustentables y con procesos de producción que causen un daño ecológico menor. Esto ha ocasionado que los proveedores de bienes y servicios modifiquen sus campañas publicitarias y coloquen distintivos “verdes” que en muchos casos es engañosa ya que buscan adjudicar a sus productos beneficios al ambiente o para promover sus prácticas ambientales que en ocasiones no pueden ser comprobables.

Cuarta.En este contexto esta Comisión coincide con la colegisladora en hacer más clara y concisa la redacción de la fracción III del artículo 1 de la Ley e incluir como principio básico de las relaciones de consumo que la información sea demás de los productos también de los servicios y envases, empaques, envolturas, etiquetas sea adecuada, clara y certera.

Sin embargo, la propuesta de adicionar de los términos “sus envases, empaques, envolturas, etiquetas o publicidad” se considera innecesaria debido a que no agrega ningún valor al artículo vigente señalando los elementos que forman parte de la conformación física de un producto, si se sobreentiende que el término “producto” se refiere a una totalidad de elementos y generaría que en el resto de los artículos donde se utilice el término citado (por ejemplo 25 BIS, 33, 44, 49, etcétera), deba hacerse mención específica a los elementos a los que se está haciendo referencia.

Quinta.En concomitancia a la minuta en comento de igual manera se considera pertinente reformar el primer párrafo del artículo 32 para asegurar que la información y la publicidad de los datos de productos que se difunden así como la información, publicidad o datos de etiquetas, envases y empaques sea veraz. Ello bajo el entendido de que no es lo mismo la publicidad que los datos que contienen las etiquetas.

Sexta. Esta comisión dictaminadora coincide en que se debe adicionar el artículo 7 Ter con el objeto de obligar a los proveedores de demostrar que los datos o la información de los bienes, productos y servicios que ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute son ciertos y comprobados; de igual forma se considera viable adicionar un último párrafo al artículo 35 para que, en los procesos administrativos relacionados con la veracidad de la publicidad o información de bienes, productos y servicios que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor instaure, pueda ordenar al proveedor que la retire cuan do no sea cierta o su veracidad no haya sido comprobada ante la autoridad competente.

Séptima. Los Legisladores que integran esta comisión consideran que es inviable la propuesta de la minuta en reformar el último párrafo del artículo 35 de la Ley ya que la misma ya que la facultad que se pretende brindar a la Profeco se encuentra incluida en la fracción VI del artículo 25 fracción VI, que a la letra nos dice:

“Artículo 25.Sin perjuicio de la intervención que otras disposiciones legales asignen a distintas dependencias, la Procuraduría podrá:

I. A V. ...

VI.Ordenar la suspensión de información o publicidad a que se refiere el artículo 35 de esta Ley.

[...]”

Es decir, habiéndose configurado el supuesto de que la Procuraduría ordene al proveedor que en la publicidad o información que difunda, indique que la veracidad de la misma no ha sido comprobada ante la autoridad competente (art. 35), podrá ordenar la suspensión de dicha información o publicidad si se determina que podría afectarse la vida, salud, seguridad o economía de una colectividad de consumidores de no actuarse consecuentemente.

IV. Acuerdo

Devuélvase a la Cámara de Senadores, el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor para los efectos del artículo 72 fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único.Se reforma el artículo 1, fracción III; 32, primer párrafo y se adiciona un Artículo 7 Ter, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

...

...

I. y II . ...

III. La información adecuada, clara y verazsobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;

IV. a X. ...

...

Artículo 7 Ter. Todo proveedor está obligado a demostrar que los datos o la información de los bienes, productos y servicios que ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede en uso o disfrute, son ciertos y comprobados.

Artículo 32.La información , publicidad o datos que ostenten los productos, bienes o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, así como las de etiquetas, envases y empaques de productos y bienes serán veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

...

...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2013.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo, Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Eloy Cantú Segovia, José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante, Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza, Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por la Comisión, para fundamentar el dictamen, tiene la palabra la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, hasta por cinco minutos.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares: Con su venia, presidenta. Compañeros, compañeras, diputados y diputadas, es innegable que el tema del medio ambiente y el cambio climático forman parte de las agendas de los gobiernos; sin embargo, los resultados relativos a su cuidado y protección son relativamente pocos, toda vez que los intereses económicos e incluso políticos se han impuesto.

La Revolución Industrial trajo como consecuencia un cambio radical en los sistemas de producción. Lamentablemente, dejó a un lado las cuestiones referentes a la contaminación ambiental, ocasionando graves daños a los ecosistemas por la generación del material residual.

La apertura de los mercados comerciales también contribuyó al incremento de contaminación ambiental, pues al existir una mayor competencia en el sistema de precios, las empresas tuvieron que maximizar su producción, ventas y beneficios.

Lo ecológico ya no es solo una moda que se pueda asociar a snobs o verdes radicales; tanto consumidores como productores y elaboradores han apostado por una forma de vida que beneficie a la salud y al medio ambiente, contribuya al desarrollo sostenido, fomente el comercio justo y un consumo responsable, por el simple hecho de alimentarse.

Asimismo la cantidad de contaminantes y productos tóxicos a los que se ven sometidos hoy en día los seres humanos ha incrementado de manera sustancial una serie de patologías cancerígenas y alérgicas en la población.

Hoy en día las empresas se han visto obligadas a desarrollar programas para minimizar los daños medioambientales, derivados de sus actividades y de su producción, afrontando de esta manera las presiones de la administración y opinión pública.

En los últimos años se han podido observar cambios considerables en la percepción pública sobre este problema, propiciando una participación activa de la población para conservar el planeta.

Como consecuencia de lo anterior, desde finales de los años ochenta se originó un boom por los negocios y consumos de productos verdes, que obligó a los países de la Unión Europea a crear una normatividad para regular su etiquetado y poner en orden la publicidad de numerosas mercancías que se ostentaban como tales.

Lo verde, al ser un mercado que continua en crecimiento, ha propiciado que varias personas se aprovechen de esta situación y como estrategia de mercadeo lancen productos y servicios ecológicos o verdes para captar a ese segmento de población interesada en cuidar el medio ambiente, pero los cuales no están sujetos a un sistema de control que garantice la veracidad de su oferta.

A pesar de la crisis económica en Estados Unidos de América a final de 2008 y durante 2009, la actividad de los negocios verdes no se vio tan perjudicada e incluso sectores como el de eficiencia energética tuvieron un estímulo debido a que la necesidad de recortar costos de operación, con el fin de mantener la competitividad, fue cada vez más valorada por los ejecutivos, las mesas directivas y los accionistas de las compañías.

La etiqueta ecológica constituye un sistema de certificación cuyo objetivo es ayudar a los consumidores a identificar los productos y servicios con las mejores repercusiones sobre el medio ambiente. Los esfuerzos para formular una etiqueta ecológica común tuvieron en consideración los intereses de todos los Estados miembros de la Unión Europea y la visión de un mercado único de gran éxito.

Antes de que la propia Unión Europea se percatara de la confusión causada por los fabricantes con la proliferación de falsas etiquetas, Alemania ya había propuesto que la etiqueta estuviese otorgada de acuerdo con el impacto que tiene en el medio ambiente. De esta manera, en los últimos 10 años, la etiqueta ecológica se ha convertido en un símbolo de alcance europeo que identifica los productos y proporciona a los consumidores orientación e información sobre los productos.

Países como Noruega, Suecia y Finlandia, conocidos como el Cisne Nórdico, y Alemania, el Ángel Azul, o regiones como Cataluña, han elaborado sus propias etiquetas que comprenden una gran cantidad de productos y problemas ambientales.

En Latinoamérica, Brasil y Chile tienen etiquetas para productos forestales, Colombia para flores y Costa Rica para las empresas que participan en la mitigación de las emisiones que contribuyen al cambio climático, al igual que para las que son propietarios de un vehículo e invierten en la plantación de árboles que contrarrestan las emisiones.

Una encuesta realizada este año por la National Geographic Society a 17 mil consumidores, que representan el 75 por ciento del gasto de energía en el mundo, muestra que los consumidores con conciencia ecológica son un nicho que crece con rapidez, por lo que resulta potenciable.

Basta decir que el 15 por ciento de los mexicanos consumen este tipo de productos; los consumidores europeos quieren cada vez más productos ecológicos.

Para reforzar el sistema de etiquetado verde a partir del mes de julio de 2010 se puso en circulación una nueva y única etiqueta obligatoria que certifica que el producto alimenticio pasó los controles de la Unión Europea y facilita su consumo.

La implementación de la etiqueta en nuestra legislación representa un peldaño en el tema del cuidado ambiental; sin embargo, podría significar una forma de comenzar a generar herramientas que ayudarán al consumidor a elegir el bien o servicio que mejor le acomode.

En atención a lo anterior es que presento el proyecto, con el objeto de promover la utilización de etiquetas ecológicas en bienes y servicios que a través de pruebas científicas demuestren menores repercusiones en el medio ambiente.

Termino, presidenta. De lo contrario quedaría prohibido utilizar etiquetas con los términos ecológico, bio, eco, verde, sustentable, amigable, amigable con el ambiente, o cualquier otro apelativo que pueda ser relacionado ni en campañas publicitarias para evitar la confusión en los consumidores.

Estamos convencidos que con esta medida se contribuirá a que los medios de producción tomen conciencia que generar riqueza y cuidar el medio ambiente no están divorciados y que la implementación de tecnologías limpias en el desarrollo de sus actividades les traerán beneficios a ambas partes.

En resumen, la minuta pretender reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a efecto de que la información y publicidad proporcionada por prestadores de servicios o de bienes —termino, presidenta— en publicidad, envases, empaques, envolturas, etiquetas, sea no solo adecuada y clara, sino certera y veraz.

Bajo ese esquema se aprueba que la Profeco pueda ordenar el retiro de información y publicidad de etiquetas, empaques, envases, envolturas y demás formas de promoción cuando no se cumpla con los valores de certeza, veracidad, claridad y adecuación a las normas.

A la luz de lo anteriormente expresado, se solicita a esta soberanía tenga a bien aprobar el presente proyecto. Es cuanto, presidenta. Muy amable por su generosidad.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Para fijar postura de su grupo parlamentario, tiene la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con el permiso de la Presidencia; compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la confianza es un principio básico sobre el cual se sustentan las relaciones comerciales, que se materializa cuando quien consume o adquiere un producto o servicio tiene la certeza que el mismo cumple con los requerimientos necesarios por los cuales se paga un determinado precio; recíprocamente, cuando un vendedor o un prestador de servicio recibe un pago en contraprestación del producto o servicio que ofrece.

El Estado tiene la obligación de generar y hacer respetar el marco jurídico institucional que brinde certeza a las relaciones comerciales y que, en caso de infracción a la norma, se apliquen las sanciones correspondientes en estricto apego a la ley, considerando que tanto los derechos humanos como las garantías sociales encuadran los derechos de los consumidores.

Desafortunadamente el consumidor final constantemente se encuentra expuesto a sufrir toda clase de engaños, abusos y condiciones excesivas impuestas por los proveedores, sin que la autoridad correspondiente pueda hacer algo para evitarlo.

En este sentido, consideramos que la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor es positiva, al establecer en la norma la obligación de que la información sobre los estándares de calidad de los productos o servicios sea veraz y confiable.

En Nueva Alianza estamos a favor de las relaciones de consumo responsables, desarrolladas en clima de confianza y certidumbre. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para fijar postura de su grupo parlamentario.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, presidenta. Posicionamiento sobre las reformas a los artículos 1, fracción II; 32, primer párrafo, y sobre la adición del artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En 1976 se expidió la Ley Federal del Consumidor, con el afán de salvaguardar a través de este instrumento jurídico los derechos de los consumidores, logrando así condiciones de mercadeo más justas. Asimismo se comprendió que resulta necesario en cualquier país la existencia de una procuraduría que vele por estos intereses, ya que las relaciones entre productores y consumidores suelen estar sesgadas hacia los primeros, ocasionando que en muchos casos se valgan de su poder para originar atropellos a los clientes, sin que éstos puedan defenderse.

Aun cuando desde hace más de 30 años existe la ley mencionada y México cuenta con la Procuraduría Federal del Consumidor, todos los días somos testigos de malas prácticas que perjudican a los ciudadanos del país.

La misión de Profeco es promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Sin duda dicha misión representa un ideal deseable en teoría, pero en la práctica observamos que hay millones de deficiencias en el mercado que merecen ser atendidas y que hasta el momento no han sido resueltas.

Como ejemplo de lo mencionado tenemos los enormes abusos de los que se valen los grandes consorcios, debido a su condición monopólica, a través de precios artificiales y costos adicionales que aplican a los mexicanos y que son víctimas de estos abusos.

Basta solamente con ver los servicios adicionales que las siguientes empresas cobran sin que los clientes los hayan solicitado y que no aparecen en las etiquetas o en los rubros inmediatamente a la vista en la publicidad, como son los solicitados por Ticket Master, en la revista Guía; Telcel, con los antivirus; Liverpool, en el programa de Protección Familiar; Banamex, con el seguro Libra Plus, y muchos otros que aparecen en la lista.

Cabe mencionar el caso particular del sector telefónico, donde México ocupa el quinto lugar de país miembro de la OCDE con la telefonía más cara. Es decir, nuestro país tiene tasas más elevadas que en muchos países desarrollados donde el ingreso per cápita es abismalmente mayor.

Como consecuencia, tan solo en el primer trimestre del 2012 se registraron miles de denuncias en contra de estos grandes consorcios, sin considerar los millones de mexicanos que no denuncian o que no se dan cuenta de estas prácticas que les están aplicando en su propaganda que no corresponde a lo que realmente están ofreciendo.

En los últimos años hemos sido testigos del incremento exponencial de promotores de bienes que ofrecen resolver a corto plazo grandes problemas de salud pública, como la obesidad, la desnutrición y otros males.

Como resultado observamos un continuo bombardeo de los llamados productos milagro, con los cuales se ha enriquecido a los productores y distribuidores, anunciándose con esta oferta masiva de productos y que no aclaran realmente en su etiqueta lo que realmente van a venderle al proveedor.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con el dictamen que reforma el artículo 1 y la fracción II, y 32, primer párrafo, y la adición del artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Movimiento Ciudadano se adhiere a este proyecto de reforma, con la finalidad de proteger a los consumidores.

Sin embargo, queda todavía corto este artículo, porque hay muchos temas que tratar con la Profeco y también con la misma regulación de las delegaciones en la Profeco, en donde se han cometido también ilícitos por parte de los delegados junto con las grandes empresas, al no atender eficientemente a los consumidores, que sería tema de otro punto de acuerdo. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Al no haber más oradores y tampoco registro de artículo alguno para discutirlos en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Nos visitan alumnos de segundo semestre de la Universidad Pedagógica Nacional, de Ixmiquilpan, Hidalgo, invitados por la diputada Dulce María Muñiz Martínez. Bienvenidos.

También saludamos la presencia de la Escuela Primaria Profesor Jesús Sotelo Inclán, alumnos de cuarto, quinto y sexto, de la delegación Iztapalapa, invitados por el diputado Luis Arias Pallares. Bienvenidos.

Saludamos también a alumnos del Centro Universitario Texcoco y Universidad Autónoma del Estado de México, de la carrera de ciencias y administración pública, invitados por el diputado Alberto Díaz Trujillo. Bienvenidos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron a favor 413 votos, 0 abstenciones, 0 en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 413 votos el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Nos comunica la Comisión de Derechos Humanos que vamos a escuchar en su siguiente intervención la fundamentación de tres dictámenes que tienen que ver con modificaciones al artículo 29, y adiciones en la fracción VI, recorriéndose la actual en su orden al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; al primer párrafo del artículo 27 de la misma ley, y la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona una fracción VI, con lo que la actual se recorre, al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La  Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 157, numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente

Dictamen

Al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1.El 16 de marzo de 2011, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona la fracción VI al artículo 19, recorriéndose la fracción VI actual para ser la VII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH). Dicho dictamen fue aprobado con 388 votos a favor de los integrantes del Pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 26 de abril de 2011 y en esa misma fecha, se remitió al Senado la minuta correspondiente.

2. El 27 de abril de 2011, el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a las Comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, la Minuta enviada por esta Soberanía.

3. El 22 de junio de 2011, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la LCNDH.

4. El 13 de octubre del mismo año, la diputada Claudia Edith Anaya Mota presenta propuesta de modificación al proyecto de decreto contemplado en el dictamen de mérito, misma que fue aprobada de manera económica.

5. En sesión celebrada el 18 de octubre de 2011 por el pleno de la Cámara de Diputados, fue aprobado el dictamen con modificaciones, con 348 votos a favor y en esa misma fecha se remitió al Senado la minuta correspondiente.

6. El 20 de octubre de 2011, el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a las Comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, la minuta enviada por esta soberanía.

7. El 11 de abril de 2012 se presentó al pleno de la Cámara de Senadores el dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobándose con modificaciones dos minutas con proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 19 y 29 de la LCNDH.

En esa misma fecha, el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, remite a esta Cámara de Diputados la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 19, recorriéndose la fracción VI actual para pasar a ser la VII; y se reforma el artículo 29, ambos de la LCNDH.

8. El 12 de abril de 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la devolución del expediente con la Minuta en comento a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen.

9. El 18 de abril de 2012, el Pleno de la Comisión de Derechos Humanos aprobó el Dictamen presentado a su consideración.

10. El 25 de abril de 2012 fue presentado ante el Pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos en cuestión, no llegándose a resolver junto con otros 79 dictámenes que quedaron en poder de la Mesa Directiva.

11. El 20 de noviembre de 2012, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el “Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a los dictámenes en poder de la mesa Directiva que el Pleno de la LXI Legislatura no llegó a resolver” en el cual, se acordó turnar  a las comisiones correspondientes, para su revisión y, en su caso, dictaminación, los 79 proyectos de dictamen que el Pleno de la LXI Legislatura no llegó a resolver.

Por lo que, con base en el anterior acuerdo se remitió de nueva cuenta a la Comisión de Derechos Humanos el expediente en cuestión para efectos de su revisión y, en su caso, dictaminación.

Considerando además que el acuerdo señalado indica que deberán de priorizarse aquellos dictámenes devueltos que resuelvan minutas remitidas por la colegisladora, la Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura ha tenido a bien retomar el dictamen de referencia.

II. Contenido del expediente con minuta

Refieren los senadores en su dictamen que las actividades que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) están sujetas a lo mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las disposiciones legales y reglamentarias respectivas. En tal virtud, los recursos asignados a este organismo se encuentran sujetos a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

De esta manera, la propuesta para que el Consejo Consultivo de la CNDH participe opinando en el proyecto presupuestario del citado organismo, permitirá incidir de manera directa con los lineamientos generales de la CNDH, de conformidad con las atribuciones propias del Consejo.

Respecto a la reforma del artículo 29 de la LCNDH, señala la colegisladora que este organismo debe garantizar la máxima accesibilidad sin importar ningún tipo de condición social, discapacidad física o pertenencia a alguna comunidad indígena.

En tal virtud, consideran que las modificaciones propuestas por esta soberanía, relativas tanto a la suplencia de la queja en la presentación de quejas, así como a la obligación de proporcionar un intérprete que conozca de la lengua y cultura para las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, y para las personas con discapacidad auditiva, así como la introducción del intérprete de lengua de señas mexicanas, enriquecen, todas ellas, el sistema de protección del organismo nacional.

III. Consideraciones

En el dictamen que la colegisladora aprobó respecto a las minutas enviadas por esta Cámara de Diputados, relativas a las iniciativas con proyecto de Decreto, una por la que se adiciona la fracción VI al artículo 19, recorriéndose la fracción VI actual para ser la VII; y la otra por la que se reforma el artículo 29, ambos de la LCNDH, señala que las mismas son de aprobarse en sus términos.

En este tenor, anexo al oficio número DGPL-2P3A.-5618, del 11 de abril de 2012, que suscribe el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa directiva del Senado de la República, se aprecia la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 19, recorriéndose la fracción VI actual para pasar a ser la VII; y se reforma el artículo 29, ambos de la LCNDH, quedando de la siguiente manera,  en comparación con el proyecto remitido por esta soberanía:

Como puede apreciarse, no existe ningún tipo de cambio de fondo en el proyecto de decreto que remite la colegisladora con el proyecto aprobado por esta Cámara de Diputados, tan sólo refiere sobre una modificación de forma que se estima, atendiendo a la técnica legislativa, afecta al enunciado lingüístico del artículo 19, porque, en el caso que se analiza, la colegisladora plantea en su minuta conservar sin cambio el texto de la fracción V del mismo que en su parte final incluye la conjunción copulativa “ y” que indica que la siguiente fracción es la última de ese dispositivo, pero, siendo que lo que se propone es adicionar una fracción VI y recorrer la actual para pasar a ser VII, es claro que esa fracción VI, y no la V, debe incluir la referida conjunción en aras de que prive la claridad de la modificación a la cuantía de lo modificado.

En tal virtud y con el propósito de no retrasar la vigencia de la normatividad que facilite el ejercicio de los derechos de las personas que acuden ante la CNDH, particularmente de la población indígena y de aquellas que padecen discapacidad auditiva, ésta dictaminadora estima necesaria la aprobación del presente dictamen a la minuta aprobada por el Senado en los términos que propone, con la salvedad de solicitar a la Mesa Directiva de esta Cámara, con base en lo señalado por el artículo 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados que proceda a hacer las correcciones que demanden el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes y proceda con el trámite que corresponda.

Por lo expuesto la Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura somete a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona una fracción VI, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único.Se reforma el artículo 29 y se adiciona una fracción VI, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como siguen:

Artículo 19. ...

I. a IV. ...

V. Solicitar al Presidente de la Comisión Nacional información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión Nacional;

VI. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; y

VII. Conocer el informe del Presidente de la Comisión Nacional respecto al ejercicio presupuestal.

Artículo 29.La comisión nacional deberá poner a disposición de los reclamantes formularios que faciliten el trámite, y en todos los casos ejercerá la suplencia en la deficiencia de la queja, para lo cual la comisión orientará y apoyará a los comparecientes sobre el contenido de su queja o reclamación. Las quejas también podrán presentarse oralmente, cuando los comparecientes no puedan escribir o sean menores de edad. Tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, o de aquellas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas que así lo requieran o personas con discapacidad auditiva, se les proporcionará gratuitamente un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, o en su caso intérprete de lengua de señas mexicanas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Segunda, por el que se aprueban dos Minutas con proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 19 y 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, página 13.

2 Citado en el texto Elementos de técnica legislativa. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad  Nacional Autónoma de México. Coordinadores Miguel Carbonell y Susana Thalía Pedroza de la Llave. Pág. 166.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria, Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Vamos a escuchar en una sola exposición los tres dictámenes y vamos a dividir la votación en cada uno de ellos. Adelante, diputada.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Gracias, compañeros y compañeras. Con su venia, señora presidenta. Efectivamente le pido que sea tomado en consideración el tiempo, ya que son tres dictámenes que vamos a poner a su consideración y que hoy vengo a hablar a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara.

Las reformas que hoy se presentan ante esta soberanía nos permiten acercarnos más hacia la meta de alcanzar legislaciones incluyentes y plenas de derechos humanos de las personas. Esto es, sin duda, el propósito de esta comisión y de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

Sobre la iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, su propósito fundamental es fortalecer los alcances de esta comisión, ya que ésta se refiere a los medios por los que se podrán presentar denuncias sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos y se amplían los mecanismos para hacerlo, con el fin de otorgar mayor accesibilidad a personas con capacidades diferentes.

En nuestra Constitución, a partir del decreto promulgado el 10 de junio de 2011, se incorporó el concepto de derechos humanos y las garantías para la protección de todas las personas de forma integral. Además, la mencionada reforma constitucional se encuentra en sintonía con los tratados internacionales suscritos por nuestro país, poniendo a la vanguardia en garantizar la protección a los derechos humanos. Es pues la legislación que nos coloca en una posición más equilibrada entre otras similares y, desde luego, en apego a nuestra Carta Magna.

Asimismo se refiere de manera puntual que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el de género, la edad, discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga como objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Para que México cumpla los estándares internacionales en materia y a nivel constitucional, es de vital importancia aprobar este dictamen que amplía las modalidades para la presentación de denuncias por violaciones a los derechos humanos.

En cuanto al dictamen que se presenta a su consideración y que pretende reformar el artículo 29, y adiciona la fracción VI de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, los integrantes de esta comisión consideramos que este organismo debe garantizar la máxima accesibilidad, sin importar ningún tipo de condición social, discapacidad física o pertenencia alguna de comunidad indígena.

En tal virtud, consideramos que las modificaciones que proponemos, relativas tanto a la suplencia de la queja en presentación de quejas, así como la obligación de proporcionar un intérprete que conozca la lengua y la cultura de las personas pertenecientes a los pueblos y las comunidades indígenas, y para las personas con discapacidad auditiva, así como la introducción de un intérprete de lenguas de señas mexicanas, enriquecen todas ellas el sistema de protección de organismo nacional.

Por tal motivo y con el propósito de no retrasar la vigencia de la normatividad que facilite el ejercicio de los derechos de las personas que acuden a la CNDH, particularmente de la población indígena y de aquellas que padecen discapacidad auditiva.

Por último, el dictamen que se presenta a su consideración y que pretende reformar el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los integrantes de esta comisión consideramos que el Ejecutivo federal debe observar estrictamente lo establecido en nuestra Carta Magna, así como en los instrumentos internacionales en lo relativo a la protección y respeto de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario del país, situación por la cual el dictamen que se pone a consideración en este honorable pleno pretende aportar instrumentos a las autoridades responsables para una mejor protección a dichos derechos fundamentales.

De acuerdo con el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria en 2011, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2010 a la fecha de la presentación de la iniciativa que origina el presente dictamen, se registraron 14 fugas, con un saldo de 521 presos evadidos; 75 riñas en las que murieron 232 internos y fueron heridos 45, y dos motines que causaron dos decesos y 32 lesionados.

Añade que de acuerdo con dicho diagnóstico, 60 por ciento de las cárceles en México son controladas por personas integrantes del crimen organizado; es decir, que se ha instaurado un autogobierno de los reos debido a la falta de custodios en los penales.

Dichos diagnósticos a los centros penitenciarios son importantes herramientas para su evaluación, por lo cual esta Comisión considera necesario conferirle a la CNDH la atribución de elaborar diagnósticos en el sistema penitenciario en los cuales se incluyan nuevos apartados, de manera que la institucionalización de la elaboración de este diagnóstico asegure contar con una herramienta que apoye el diseño e implementación de políticas públicas, con la finalidad de una inserción social más adecuada.

En el proyecto de decreto —que hoy está a su consideración— esta Comisión propone que los diagnósticos no sean únicamente un instrumento para documentar lo ocurrido en las prisiones federales y locales, sino además de que sean contemplados también los centros de detención y retención federales y locales. Por ello se considera factible que el diagnóstico que se haga no solo sea de la dependencia federal, sino también sea incluida la local, cuando corresponda el caso.

Es a través de este diagnóstico del cumplimiento en la protección de derechos humanos como podemos encaminar el sistema penitenciario de nuestro país, a efecto de dar cumplimiento e ir más allá de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que fueron adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

Las deficiencias en el sistema penitenciario actual ocasionan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los internos, y como consecuencia de ello no se cumple con el propósito de las penas y las medidas privativas de la libertad, que es proteger a la sociedad contra el crimen, pues en realidad no se logra la inserción del sentenciado.

La situación del sistema penitenciario continuamente ha sido motivo de preocupación en los informes que presentan las distintas comisiones de derechos humanos, pues señalan que las violaciones de derechos humanos a las personas privadas de su libertad tienen un carácter sistemático. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Para fijar postura de su grupo parlamentario, tiene la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, de Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con su permiso, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante, diputada.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Compañeras y compañeros diputados, en todas las facetas de la vida nacional hay un mayor involucramiento de la ciudadanía que tiene la firme convicción de transformar la realidad imperante; convicción que también comparte Nueva Alianza. Estas transformaciones han incluido la promoción y protección de los derechos humanos como una obligación ineludible en el país.

En esta ocasión se abordan aspectos fundamentales para la preservación y respeto a los derechos humanos, que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o., a fin de que fortalezca el cuerpo normativo de esa comisión nacional encargada de su custodia.

La pena de prisión es una respuesta del Estado que persigue una doble intencionalidad, que los reos expíen su culpa y que a través de este proceso logren una reinserción social, convirtiéndose en ciudadanos útiles, respetuosos de la ley y del orden comunitario.

La falta de una estrategia efectiva de prevención del delito y los altos niveles de impunidad han generado una sobrepoblación de los centros de readaptación social, tanto en el orden federal como en el orden local. En la medida que los convictos no tienen una vida digna dentro de los Ceresos, se aleja la posibilidad de lograr una reinserción adecuada y socialmente útil al salir de prisión.

Ante este escenario, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos en la importancia de desarrollar una estructura carcelaria adecuada sobre la base de un diagnóstico que permita articular políticas públicas, orientadas a dar pleno cumplimiento al mandato constitucional.

En lo que respecta al dictamen sobre las facilidades específicas para la presentación de la queja, comento a esta honorable asamblea que el mantener solamente la vía escrita para presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, constituye una gran limitante de los derechos de las víctimas que no cuentan con las herramientas para hacerlo de esa forma y al mismo tiempo limita a actuar a la misma comisión.

Por eso consideramos positiva la reforma al artículo 27 de la ley, de tal forma que se cambie su condición de queja actual, incluyendo la posibilidad de hacerlo de manera oral, a través del lenguaje de intérprete de señas. Con ello se protege desde la visión incluyente a las personas con discapacidad, a los analfabetas o a los indígenas que se expresan solo de manera oral.

Finalmente, el grupo parlamentario consideramos pertinente la aplicación de atribución que la ley le otorga al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que participe opinando en el proyecto presupuestario del citado organismo y sus recursos se ejerzan bajo principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

Respecto de la reforma del artículo 29 de la ley de este organismo público autónomo, Nueva Alianza considera positiva la reforma que aborda, con un espíritu incluyente y de protección a los derechos humanos de grupos vulnerables. La necesidad de garantizar la máxima accesibilidad en la presentación de la queja, incluyendo el brindar el apoyo que sea necesario a las personas de habla indígena o con discapacidad auditiva o con intérprete del lenguaje de señas.

Compañeros y compañeras legisladores, reconocer la igualdad de todos los mexicanos no es un asunto de discurso sino de acción; la vocación humanitaria del Estado se tiene que ver reflejada en las leyes que nos rigen. Por ello, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoya y respalda cada uno de estos dictámenes que conforman diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su pertinencia, espíritu incluyente, solidario y oportuno.

Con estas reformas este honorable órgano legislativo le confirma a la sociedad mexicana su compromiso de velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos y por la protección de la integridad de las personas. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que se somete a discusión ante esta soberanía contiene reformas y adiciones a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que refuerzan, por un lado, su estructura y funcionamiento interno y que facilitan el acceso al sistema de protección de los derechos humanos, auspiciado por dicho organismo, de los gobernados que son víctimas de violaciones a sus derechos.

Tales reformas y adiciones son del todo pertinentes, en virtud de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe construir la garantía política institucional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos más importante del Estado mexicano. Por ende, el apuntalamiento de su organización interna y la tendencia a facilitar la presentación de quejas que deban ser desahogadas por la Comisión Nacional inciden directamente en la consolidación de la democracia y el estado de derecho.

Asimismo indirectamente repercuten en la construcción de una legitimidad estatal de carácter sustancial.

El dictamen contiene una adición al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional, mediante la cual se pretende empoderar al Consejo Consultivo de dicho organismo, dotándole de la facultad de opinar sobre el proyecto de presupuesto elaborado por el presidente de la Comisión Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente.

Por otro lado, se pretende adicionar el contenido del artículo 29 del mismo cuerpo de leyes invocado, con el propósito de institucionalizar la suplencia en la deficiencia de la queja, para lo cual la Comisión Nacional debe orientar y apoyar a las víctimas de alguna violación a sus derechos humanos sobre el contenido de su queja o reclamación.

Se amplían las previsiones para que los comparecientes puedan hacer llegar de manera expedita y sin cortapisas sus quejas, por lo que éstas podrán presentarse oralmente, cuando los comparecientes no puedan escribir o sean menores de edad.

Y tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, o de aquéllas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas que así lo requieran, o personas con discapacidad auditiva, se les proporcionará gratuitamente un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, o en su caso intérprete de lengua de señas mexicanas.

Esto representa sin duda un avance sustancial en la vía por facilitar el acceso al sistema de protección de los derechos humanos de todas las mexicanas y todos los mexicanos, situación que es aún más relevante si tomamos en cuenta que todavía existen rezagos en materia de acceso a la justicia en el contexto jurisdiccional.

Ya vimos que la nueva Ley de Amparo dejó algunos sesgos para eludir la erradicación de formulismos y tecnicismos, que complican el acceso a la justicia y la utilización de la vía del proceso extraordinario para proteger los derechos humanos desde el momento mismo de la interposición de la demanda.

Un ejemplo de lo anterior es que no obstante que ahora que se requiere acreditar el interés legítimo en vez del interés jurídico, para efectos de la procedencia del amparo se estableció que ningún momento el interés simple podrá ser considerado como interés legítimo.

Por ello se insiste, el dictamen que hoy se somete a discusión nos lleva por la senda correcta en el camino por la consolidación del estado de derecho. Por lo anterior, los integrantes legislativos de la fracción de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de la presente reforma. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Elvia María Pérez Escalante: Con su permiso, señora presidenta. Honorable Cámara de Diputados, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es un honor subir a esta tribuna para apoyar tres iniciativas que buscan reformar diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en torno a tres temas que nos preocupan a todos. Por lo anterior expuesto, solicito amablemente su atención, a fin de poder razonar nuestro voto.

Los diputados integrantes de la fracción del Grupo Parlamentario del PRI, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, coincidimos en que este conjunto de reformas fortalecerán las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en beneficio de todos los mexicanos.

En primer lugar, nos manifestamos a favor de facultar al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para opinar sobre el proyecto de presupuesto de dicha institución, con base en la adición de una nueva fracción VI al artículo 19 de la ley que regula a esta institución. Lo anterior, en virtud de que los recursos asignados a este organismo se encuentran sujetos a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, al ser destinados conforme al artículo 1o. de nuestra Carta Magna.

Asimismo consideramos apremiante dar claridad a la ley para garantizar la máxima accesibilidad, sin importar ningún tipo de condición social, discapacidad o pertenencia a alguna comunidad indígena de cualquier ciudadano mexicano ante la propia comisión, reformando el artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es urgente establecer como obligación de la comisión el proporcionar un intérprete que conozca de la lengua y cultura de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, así como de un intérprete de lengua de señales mexicanas para las personas con discapacidad auditiva.

En el mismo sentido, la fracción priista de la Comisión de Derechos Humanos nos manifestamos a favor de reformar el primer párrafo del artículo 27 de la ley en comento, para que cualquier ciudadano pueda presentar quejas ante la comisión, ya sea de forma oral o por lengua de señas mexicanas; además de poder formularlas también por cualquier medio de comunicación electrónico o por mecanismos accesibles para personas con discapacidad.

De esta manera, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estará armonizada con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que en su artículo 2 establece que los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos el ejercicio de los derechos de todas las personas.

De igual manera, dicha modificación armoniza la ley de la comisión con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que de manera específica en su artículo 32, señala: Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración, en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Esta reforma también responde a diversos acuerdos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por nuestro país, mediante el decreto publicado el 24 de octubre de 2007, y con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Indígenas de la resolución de la ONU.

Finalmente, queremos contribuir a que el sistema penitenciario brinde mayor protección y trato respetuoso a los internos del sistema de reinserción social de nuestro país. Hay consenso en conferir a la comisión la facultad y la obligación de elaborar diagnósticos del sistema penitenciario, como herramientas para la generación de políticas públicas que mejoren su funcionamiento, que incluyan las evaluaciones, así como los datos estadísticos relevantes sobre el número de causas y efectos de los homicidios, riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas al interior de las prisiones de los centros de retención.

Sus resultados deberán notificarse a la Secretaría de Gobernación para diseñar las políticas que garanticen el respeto a los derechos de los internos, conforme a las nuevas funciones que le brindó la recién reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Proponemos que el diagnóstico no se limite solo a documentar lo ocurrido en las prisiones, sino que registre también las incidencias de los centros de detención y retención federales y locales.

Es impostergable la generación de nuevas políticas que dignifiquen y respeten las garantías y derechos de los internos del sistema penitenciario cuya adecuación, reinserción, redundará en beneficio de la sociedad en general.

Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria del PRI en la Comisión de Derechos Humanos respaldamos la aprobación de los siguientes dictámenes:

Proyecto de decreto que reforma el artículo 29, y adiciona una fracción VI, recorriéndose la actual en su orden al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y

Proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados y al no haberse reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de este dictamen en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señora presidenta, le informo que se emitieron 406 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 406 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 29, y adiciona una fracción VI, recorriéndose la actual en su orden al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

VOLUMEN II

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XVI, y 3, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;  80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen:

Antecedentes

1. El 28 de febrero de 2012, la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, 76 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos para su dictamen.

2. Con relación a la iniciativa señalada, el 28 de marzo de 2012 el pleno de la Comisión de Derechos Humanos aprobó el dictamen presentado a su consideración

3. El 24 de abril de 2012 la Presidencia de la Mesa Directiva hizo la declaratoria de publicidad del citado dictamen, sin embargo, ya no fue posible su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados, por lo que se conservó en resguardo por la misma.

4. El 20 de noviembre de 2012 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el “acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que el pleno de la LXI Legislatura no llegó a resolver”, en el cual se acordó turnar a las comisiones correspondientes para su revisión y, en su caso, dictaminación, los 79 proyectos de dictamen que el pleno de la LXI Legislatura no llegó a resolver, siendo uno de ellos el dictamen que la Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura aprobó y que recayó a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Toda vez que con base en el anterior acuerdo se remitió de nueva cuenta a la Comisión de Derechos Humanos el expediente en cuestión para efectos de su revisión y en su caso dictaminación, corresponde a esta comisión elaborar el dictamen respectivo, discutirlo y votarlo en los términos de las disposiciones aplicables.

Contenido de la iniciativa

En su iniciativa, la diputada Guadalupe Pérez Domínguez alude a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación que en su opinión [...]  constituye la mayor ampliación de derechos de los ciudadanos y las ciudadanas que se hayan (sic) realizado durante décadas en el país y añade que [...] la promoción y protección de los derechos humanos son ya una obligación irrenunciable en el país; y los organismos públicos de derechos humanos, la esperanza de que las voces de las víctimas sean escuchadas [...] Por eso la justicia, la consideración de que la víctima es un sujeto individual o colectivo con derechos, y el reconocimiento de su postura activa, son las maneras de rescatar la dignidad que les ha sido pisoteada.

En ese contexto, refiere  sobre los principios de justicia que merecen las víctimas de delitos y de abuso de poder, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas.

Añade que la Ley de la CNDH sólo da la posibilidad de interponer un recurso de forma escrita sin incluir en su redacción la posibilidad de hacerlo de forma oral o a través de lenguaje de señas mexicano, dejando fuera a las personas con discapacidad, a los analfabetos o a los indígenas que se expresan sólo de manera oral. Lo mismo en el sentido de limitar el trámite a cualquier medio de comunicación electrónica y, además, sólo tratándose de casos urgentes, sin haber establecido con claridad en la redacción del texto los criterios de éstos.

Consecuentemente, considera necesario reformar el artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que la presentación de las quejas no sea sólo por escrito, sino de [...] forma oral, por escrito o por lenguaje de señas mexicano y formularlas por cualquier medio de comunicación eléctrica o electrónica, y a través de mecanismos accesibles para personas con discapacidad  [...]

Consideraciones

Nuestra Carta Magna consagra, en concordancia con los instrumentos internacionales, los derechos a la igualdad y el acceso a la justicia.

Tratándose del derecho a la igualdad, la Constitución General de la República prohíbe la discriminación. Es así que en nuestro derecho interno, en la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación (LFPED), se estipula para el tema que nos ocupa lo siguiente:

Artículo 1.Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Artículo 2.Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas [...]  promoverán la participación de las autoridades [...] y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.

Artículo 9.Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades [...].

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, señala expresamente que

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

Además el artículo 32 de la citada ley determina, entre otras cosas que las personas con discapacidad tienen derecho a [...] recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas [...] promover la utilización de la Lengua de Señas Mexicana, el Sistema Braille, y otros modos, medios y formatos de comunicación, así como el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido Internet.

La anterior disposición tiene como fin proteger el derecho de las personas con discapacidad para que puedan ejercer los derechos reconocidos constitucionalmente, dentro de un principio de no discriminación.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por nuestro país mediante decreto publicado el 24 de octubre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, señala:

Artículo 4:

1. Los Estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad [...]

Artículo 5

Igualdad y no discriminación

1. Los Estados parte reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.

2. Los Estados parte prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

...

En ese contexto, dicho instrumento internacional tiene como propósito eliminar la discriminación hacia cualquier persona por razón de su discapacidad, en virtud de que la misma conculcaría su dignidad humana. Por lo que los Estados parte deben eliminar las barreras para  que toda persona participe del desarrollo en igualdad de condiciones.

Ahora bien, considerando que la proponente alude en su iniciativa a la necesidad de tomar en cuenta a la población indígena, es conveniente señalar que en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, en su Resolución 61/295, señala que los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación y, por ende, consagra que

Artículo 1

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 2

Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígena.

Luego entonces, mantener únicamente la vía escrita para presentar  una queja ante la CNDH constituye una limitación al acceso a los procedimientos a cargo de la misma  y por tanto limita el ejercicio de sus derechos, por lo que resulta indispensable ofrecer la posibilidad, de otras formas para la presentación de quejas.

En este tenor, esta dictaminadora estima viable la propuesta de la diputada Guadalupe Pérez, por lo que con el propósito de enriquecer la citada iniciativa, ésta se aprueba con modificaciones, a fin de dotar de mayor protección y certeza jurídica a la población.

Cabe destacar que en la sesión del pleno de esta Cámara de Diputados, de fecha 17 de noviembre de 2011, se aprobó la reforma al primer párrafo del artículo que se analiza en el presente dictamen, mediante el cual se incorporó como medio de comunicación, la vía telefónica; razón por la que se estima necesario incorporar dicho medio en el presente proyecto de decreto.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Único.Se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 27.-La instancia respectiva deberá presentarse de forma oral,por escrito o por lenguaje de señas mexicanas ypodrá formularse por cualquier medio de comunicación eléctrica,electrónica o telefónica y a través de mecanismos accesibles para personas con discapacidad.No se admitirán comunicaciones anónimas, por lo que toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro de los tres días siguientes a su presentación, si el quejoso no se identifica y la suscribe en un primer momento.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 22 de noviembre de 2011, turnándose a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria, Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Ya fue fundamentado y tiene la palabra para hablar sobre el dictamen el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, presidenta; compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano me dirijo a ustedes para señalar el posicionamiento a favor del dictamen que reforma el artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el único objetivo de establecer como obligación de todas las autoridades proporcionar a las víctimas, ofendidos y testigos, información sobre sus derechos en un idioma o lengua que comprendan disponiendo de traductores para cuando se trate de personas indígenas y a expertos en lenguaje de señas, para personas con discapacidad auditiva.

Según datos del Inegi, en el año 2010 las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa el 5.1 de la población total; 6 millones 695 mil 228 personas de cinco años y más, hablan alguna lengua indígena de las cuales existen 89.

Son datos que nos obligan a que estas cifras se vean traducidas en mexicanas y mexicanos sujetos de derecho.

Movimiento Ciudadano siempre ha comulgado con todas aquellas iniciativas que contribuyan a garantizar los derechos humanos, aún más cuando se trata de sectores de la población que requieren de mejor y mayor atención, como es el caso de nuestros indígenas y de las personas con discapacidad. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que aún queda mucho trabajo legislativo por hacer.

La Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara tiene grandes retos para buscar resolver de fondo y no solo de forma las violaciones constantes en materia de derechos humanos, que día a día aquejan a los más desprotegidos. Por ello debo de reconocer la responsabilidad de sus integrantes.

En este sentido, contar con un procedimiento jurídico que transparente y sea eficiente el lenguaje y comunicación entre la autoridad y el afectado, en atención a las quejas que afectan a los ciudadanos, no es más que el primer paso indispensable y necesario para trabajar en lo que verdaderamente nos ocupa como legisladores: lograr que ninguna persona, sea cual fuere su condición, no pueda hacer exigibles sus derechos humanos.

Consideramos que la reforma al artículo 27 de la mencionada ley, que considera que se puedan presentar de forma oral y por lenguaje de señas mexicanas las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos permitirá conocer y evidenciar los casos. Sin embargo, no garantiza que las resoluciones que emita la comisión tengan ese carácter de obligatoriedad y sean coercitivas para aquellos que arbitrariamente hayan violado sus derechos humanos.

Es tiempo de que las recomendaciones que se generen por parte de este organismo sean verdaderamente atendidas y ofrezcan garantías jurídicas a los afectados, siendo aceptadas y cumplidas por los servidores a quienes se les dirige. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Al no haber más registro de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aclaro al pleno que estamos votando en este momento el proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esta Presidencia saluda a alumnos del Colegio Militarizado Madrid, Miguel de Cervantes Saavedra, del estado de Guerrero, que nos visitan, invitados por el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano. Bienvenidos.

Saludamos a alumnos de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional que se encuentran con nosotros, invitados por la diputada Paloma Villaseñor Vargas. Bienvenidos.

También están aquí estudiantes y académicos de la licenciatura en derecho y ciencias políticas de la Universidad del Valle de Atemajac, campus León, Guanajuato, invitados por la diputada María Esther Garza Moreno. Bienvenidos.

Y al Colegio Inglés, de Playa del Carmen, Quintana Roo, invitados por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos. Bienvenidos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se han emitido 404 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos el proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya fundamentado por la diputada Roxana.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 69, numeral 2, 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. El 2 de octubre de 2012, el diputado Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona el artículo 6o de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos para su dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

En su iniciativa, el diputado Ricardo Monreal Ávila sostiene que el sistema penitenciario mexicano ha fracasado; que planes y programas de diferentes gobiernos federales y locales se han visto frustrados por la corrupción, la improvisación y la falta de continuidad. Precisa que no readapta, no capacita para el trabajo, no educa, no dignifica a la persona, no logra la reparación de daños causados a las víctimas, ni a la sociedad, por lo que representa un gran costo social, ya que los penales se convierten en universidades del crimen y son generadores de una violencia incontenible.

Asimismo, señala que la sobrepoblación en las cárceles aniquila las posibilidades de rehabilitación para quienes se encuentran en ellas; el exceso de población penitenciaria en México supera 56 mil espacios; 28 cárceles concentran 50% de los reos, y cuatro de las cinco prisiones de máxima seguridad están a su máxima capacidad. El Estado mexicano alberga alrededor de 220 mil presos en sus 451 reclusorios y gasta un promedio de 29 millones de pesos diarios para su manutención.

De igual forma sostiene que la mayor parte de los reclusorios presentan graves problemas estructurales, al no reunir las condiciones establecidas en el artículo 18 constitucional, respecto a las cuales se debe organizar el sistema penitenciario nacional y que son el trabajo, la capacitación laboral y la educación.

Por otra parte, indica que el subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, Patricio Patiño Arias, informó que de diciembre de 2006 a agosto de 2012, se han fugado 937 reos de cárceles municipales y estatales, de los cuales 65% estaban acusados de delitos del fuero común.

En el mismo orden de ideas, señala cifras dadas a conocer por el diario Reforma sobre asesinatos al interior de los centros penitenciarios, en donde destaca que en 2007 hubo 14 asesinados; en 2008, 66; en 2009, 51; en 2010, 78, y en 2011, 39.

De acuerdo con el diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 2010 a la fecha de presentación de la propia iniciativa se registraron 14 fugas, con un saldo de 521 presos evadidos; 75 riñas en las que murieron 352 internos y fueron heridos 45, y dos motines que causaron dos decesos y 32 lesionados. Añade que de acuerdo con dicho diagnóstico, 60% de las cárceles en México son controladas por gente del crimen organizado, es decir, que se ha instaurado un autogobierno de los reos debido a la falta de custodios en los penales.

También, el iniciante indica que, de acuerdo con la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, en México no existe un diagnóstico desde 1995 de la situación en los centros penitenciarios del país.

Agrega que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, señala que en la mayor parte de los reclusorios se continúan presentando graves problemas estructurales, al no reunir las condiciones establecidas en el artículo 18 constitucional, respecto a las cuales se debe organizar el sistema penitenciario nacional, y que son el trabajo, la capacitación laboral y la educación.

De acuerdo con el iniciante Estas deficiencias ocasionan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los internos y, en consecuencia, que no se cumpla con el propósito de las penas y medidas privativas de libertad, que es proteger a la sociedad contra el crimen, por no lograr la readaptación del sentenciado.

Señala también que el gobierno federal cuenta con información de los Centros Federales de Prevención y Readaptación, pero no hay estadísticas confiables de lo que pasa en las cárceles estatales y municipales.

Por el contrario, la situación del sistema penitenciario a cargo de esta dependencia continuamente ha sido motivo de preocupación en los informes que presentan las distintas comisiones de derechos humanos. Recalcitrantemente, aparecen datos en sus informes, que señalan que las violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad tienen el carácter de sistemáticas.

En tales condiciones, el promovente señala que se hace necesaria la participación activa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no solo por lo que ve al desarrollo de inspecciones y visitas o a la elaboración de informes o recomendaciones, sino que se requiere de dotarle de mayores facultades para contribuir a un escenario de mayor respecto y protección de los derechos humanos de los internos.

De igual forma continúa el promovente señalando que el cumplimiento de las penas privativas de libertad debe estar orientado a la reeducación y a la reinserción social porque se debe considerar que las personas condenadas a penas privativas de libertad no son seres eliminados de la sociedad –como desde algunas orientaciones ideológicas se mantiene–, sino que son personas que deben continuar formando parte de ésta y agrega que, en ese mismo dispositivo constitucional de manera diáfana se hace mención a que el sistema de readaptación y reinserción social debe orientarse, diseñarse y conducirse sobre la base del respeto a los derechos humanos que debe ser la piedra angular de nuestro sistema penitenciario, pues esto es una condición sine qua non para procurar una verdadera política de readaptación o de reinserción social.

En ese contexto, considera el iniciante que resulta indispensable la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el desarrollo de políticas públicas sobre el sistema penitenciario, por lo que propone adicionar dos fracciones al artículo 6º de la ley que regula a ese organismo, para que éste elabore un diagnóstico nacional anual sobre la situación que guardan los centros penitenciarios del país, incluyendo datos estadísticos, y para que colabore con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en la elaboración de políticas públicas en materia penitenciaria, de manera que se garantice la protección de los derechos humanos de los presos.

III. Consideraciones de la comisión

1. Sobre el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que elabora la CNDH

Para el análisis de la iniciativa que se dictamina, es menester considerar que la CNDH ya realiza anualmente un Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, a través del cual, mediante visitas a los centros de reinserción, conoce sobre las condiciones en que son respetados o no los derechos humanos dentro del sistema penitenciario del país. Para ello, aplica una escala de medición sobre el grado en que cada uno de los derechos de los internos se garantiza o no.

Dicho diagnóstico, a lo largo de los años, se ha convertido en una herramienta que refleja la situación que prevalece en el sistema penitenciario nacional. Además, en el propio documento se señala que el mismo se pone al alcance de las autoridades penitenciarias, académicas e investigadores en la materia.

2. Sobre la institucionalización del diagnostico

Los integrantes de la Comisión estiman que el diagnóstico que actualmente elabora la CNDH, así como aquellos que realizan los organismos estatales protectores de los Derechos Humanos a los sistemas penitenciarios, son importantes herramientas de evaluación en la materia. Por lo que, considerando que su formulación no es obligatoria, se coincide con el proponente en el sentido de conferir a la CNDH la atribución y, por ende, obligación, de elaborar diagnósticos al sistema penitenciario incluyendo nuevos apartados tales como uno referente a datos estadísticos, de manera que la institucionalización de la elaboración de ese diagnóstico asegure contar con una herramienta que apoye el diseño e implementación de políticas públicas, así como que oriente estudios y análisis sobre el funcionamiento del sistema penitenciario en el País.

Aunado a lo anterior, se estima que con la aprobación de la propuesta del diputado Monreal Ávila, no impactarán significativamente los recursos presupuestales asignados a la CNDH, toda vez que ésta viene ya efectuándolo de manera que se aprovechará el conocimiento y experiencia que los recursos humanos de la CNDH pueden aportar al diseño de la política penitenciaria de nuestro país.

3. Sobre el respeto y garantía de los derechos humanos de quienes se encuentran internados en los centros de reinserción social

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de esta representación coinciden con el diputado Monreal Ávila en que el Ejecutivo Federal debe observar estrictamente lo establecido en nuestra Carta Magna y, en las leyes reglamentarias en lo relativo a la protección y respeto de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario del país incluyendo, sin duda, lo establecido por los diversos instrumentos internacionales celebrados por nuestro país en la materia.

Ahora bien, considerando aspectos de técnica legislativa, se estima que, en su esencia, los textos propuestos (supuestos), por el diputado iniciante para las fracciones VIII y IX que propone adicionar vendrían a reforzar el texto de la fracción XII vigente que determina que:

Artículo 6o. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XI. ...

XII. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país;

XIII a XVI. ...

De manera que esa fracción VIII se complemente. Sin embargo, es importante mencionar que, respecto al carácter vinculante que propone el iniciante debe tener el diagnóstico, se estima improcedente determinarlo así, toda vez que, por su naturaleza jurídica, las resoluciones que emite la CNDH no son vinculantes, de manera que los estudios y evaluaciones que ésta realizase, en consecuencia, deberán reflejar también esa naturaleza.

Aunado a lo anterior y considerando que la estructura orgánica de la administración pública federal no permanece estática y sí por el contario, es dinámica y se modifica de acuerdo a la organización que mejor le acomode para atender sus responsabilidades, se estima conveniente señalar en términos amplios que el diagnóstico que elabore la CNDH se hará del conocimiento de la instancia federal competente en la materia.

Lo anterior se respalda si se considera que recientemente se modificó sustancialmente la estructura de la administración pública federal (reforma a la Ley Orgánica publicada el 2 de enero del 2013 en el Diario Oficial de la Federación) al desaparecer las Secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública, transfiriéndose a la Secretaría de Gobernación las tareas en materia de seguridad pública, de Policía Federal, así como las del sistema penitenciario federal y prevención del delito.

En este sentido, aún cuando efectivamente, a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario corresponde el diseño de la política penitenciaria nacional, así como los programas y acciones que deriven de ésta, con las mencionadas reformas dicha Subsecretaría queda adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación por lo que se propone hacer la modificación procedente en la propuesta del diputado Ricardo Monreal. No obstante, esta dictaminadora considera que la propuesta presentada puede ser objeto de una mejora en cuanto a su redacción.

En lo que respecta al párrafo primero de la fracción XII del artículo 6º, el iniciante plantea la siguiente redacción:

“XII.Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserciónsocial del país señalando, en un diagnóstico anual la situación que éstos guarden.”

La Comisión de Derechos Humanos plantea una propuesta de modificación que no afecta el sentido de lo planteado y que sería la siguiente:

“XII.Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación que éstos guarden.”

Asimismo, esta dictaminadora considera conveniente realizar modificaciones al párrafo segundo y tercero de la fracción XII del artículo 6º, el iniciante propone el siguiente texto:

“En dicho diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones que la Comisión pondere, datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desordenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones federales y locales.

El diagnóstico se hará del conocimiento de la dependencia federal competente en la materia para que ésta elabore, considerando las opiniones de la Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos.”

Como se ha expresado con antelación, compartimos a plenitud el espíritu que guía la iniciativa sujeta a dictamen y, por eso mismo, consideramos que puede ampliarse la protección de los derechos tutelados bajo esta figura (la del diagnóstico). Por ende, proponemos que no sólo se limite a documentar lo ocurrido en las prisiones federales y locales, sino que incluso sean contemplados también los centros de detención y retención federales y locales. Por ello, se considera también que el diagnóstico que se haga sea no sólo de la dependencia federal competente sino incluso de la local cuando corresponda el caso. La propuesta de redacción que consideramos es la siguiente:

“En dicho diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones que la Comisión pondere, datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desordenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federales y locales.

El diagnóstico se hará del conocimiento de las dependencias federales y locales competentes en la materia para que éstas elaboren, considerando las opiniones de la Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos.”

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único. Se reformala fracción XII del artículo 6o de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. ...

I. a XI. ...

XII.Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación que éstos guarden.

En dicho diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones que la Comisión pondere, datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desordenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federales y locales.

El diagnóstico se hará del conocimiento de las dependencias federales y locales competentes en la materia para que éstas elaboren, considerando las opiniones de la Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos.

XIII. a XVI. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria, Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para hablar sobre este dictamen tiene la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, hasta por cinco minutos.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy se somete a discusión tiene como fin institucionalizar y tecnificar una práctica anual llevada a cabo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como lo es el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, a través del cual se trata de dar a conocer las condiciones en que son respetados o no los derechos humanos dentro del sistema penitenciario del país.

Asimismo se pretende instar a las autoridades competentes encargadas del sistema penitenciario, tanto en el orden federal como local, para que tomen en cuenta las opiniones y el diagnóstico llevado a cabo por la CNDH al momento de elaborar las políticas públicas y adoptar las medidas tendientes a garantizar los derechos humanos de los internos, a fin de garantizar una verdadera reinserción social.

Lo anterior no es un tema menor, ya que como bien se explica en el cuerpo del dictamen, los centros de internamiento o de reinserción social en México constituyen uno de los principales nichos de ingobernabilidad, de salvajismo, autoritarismo, corrupción, disolución, de abuso de autoridad y violación sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y de sus familias, que las más de la veces generan rencor en lugar de sanación para los internos.

Aquellos que son condenados por la comisión de un delito que amerite pena privativa de libertad, son sometidos a un tratamiento institucional en alguno de los 429 centros penitenciarios que existen. Dicho tratamiento tiene la finalidad de lograr la reinserción social del individuo, concepto que según la Organización de las Naciones Unidas es el proceso por el cual las personas en rehabilitación y rehabilitadas inician o retoman actividades de estudio, trabajo, recreación, construcción de redes de relaciones familiares y otras para su desarrollo personal y social, en condiciones de seguridad y respeto pleno a sus derechos, objetivo que se encuentra en las antípodas de lo que está sucediendo o se está reproduciendo en prácticamente todo el sistema penitenciario de nuestro país.

Es indispensable e impostergable lograr dicho objetivo, pues es la garantía que tiene la sociedad de que aquellos individuos privados de su libertad alcancen su verdadera reinserción y no vuelvan a violentar derechos humanos.

Consciente de lo anterior, en forma responsable y consciente la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen, presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Al no haber más registro de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de este tercer dictamen de la Comisión de Derechos Humanos sobre reformas a la fracción XII del artículo 6o.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señora presidenta, se emitieron 396 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 396 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE - LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Cultura Física y Deporte, y Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, fracción XVI y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente celebrada el 22 de agosto de 2012, el diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la misma, Iniciativa con proyecto de decretopor el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte -LGCFD- y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación –LFPED.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a la Comisión de Derechos Humanos dicha iniciativa para su dictamen.

3. El 23 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura acordó que los asuntos que no llegaron a resolver las Comisiones de la LXI Legislatura, se encuentran vigentes y los plazos reglamentarios para dictaminarlos empezarían a correr a partir del 29 de octubre de 2012, siendo uno de ellos la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la LGCFD y de la LFPED materia de este dictamen.

Con base en lo anterior, corresponde a esta Comisión de Derechos Humanos elaborar el dictamen respectivo, discutirlo y votarlo en los términos de las disposiciones aplicables.

II. Contenido de la iniciativa

1. La propuesta de reformas y adiciones en particular

La iniciativa en comento plantea diversas reformas y adiciones a la LGCFD y a la LFPED, entre ellas, reformar la fracción X del artículo 2 de la LGCFD, a fin de que se incluya en la misma que se garantizará, sin distinción por el origen étnico, la discapacidad y las preferencias sexuales, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen.

Propone también adicionar un segundo párrafo a la fracción XI del citado precepto para que se considere como conducta discriminatoria [...] limitar, restringir, excluir o reducir los apoyos, estímulos o reconocimientos conferidos a los deportistas con discapacidad, respecto a las otorgadas (sic) a los deportistas convencionales.[...]

Adicionalmente, en la iniciativa presentada se plantea que se adicione un inciso k) al artículo 17 del mismo ordenamiento, para que se incluya como integrante de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte –Conade– a un representante del Consejo Nacional para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad –Conadis.

Asimismo, propone substituir el término personas con capacidades diferentes por el de personas con discapacidad en el último párrafo del artículo 47 de la misma ley.

Finalmente, en lo tocante a la LFPED el diputado propone en su iniciativa reformar la fracción IV del artículo 20, a fin de que se incluya en la misma que dentro de las atribuciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación –Conapred– se encuentra la de [...] Desarrollar, fomentar, y difundir, estudios sobre las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social, cultural, deportivo y en los medios de comunicación[...]

2. Las causas que motivan la iniciativa

El proponente sustenta su iniciativa en lo siguiente:

[...] La discapacidad en México continúa siendo una condición que da origen a múltiples situaciones de discriminación, marginación, dependencia e inaccesibilidad [...]

Agrega que en México la mayoría de la población con discapacidad es víctima de discriminación y comúnmente se ve impedida para ejercer sus derechos humanos, limitándose así su pleno desarrollo.

Precisa que el deporte es uno de los ámbitos donde las personas con discapacidad se han visto relegadas desde hace décadas. En ese tenor, señala que en nuestro país prevalece la falta de oportunidades para la práctica deportiva de las personas con discapacidad, la cual se manifiesta en la falta de recursos económicos e infraestructura, así como en la escasez de planes y programas encaminados a su desarrollo e inserción en el deporte.

Argumenta que [...] México como Estado parte y principal promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está comprometido a eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, lograr el reconocimiento y ejercicio real de todos sus derechos humanos e impulsar el acceso e igualdad de oportunidades en las distintas esferas que conforman las personas con discapacidad [...]

Refiere que en el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, se señala que la educación física y el deporte son elementos imprescindibles para su rehabilitación y habilitación, estableciendo el mismo Programa que se carece de información precisa acerca del número de personas con discapacidad que desarrollan algún tipo de actividad física. Agrega, que el Programa plantea que son insuficientes los instructores y promotores disponibles para atender las necesidades particulares de este sector.

Precisa que [...] en el informe inicial de México en torno a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconoció la necesidad de brindar un espacio de desarrollo para el deporte adaptado, promoviendo entre la comunidad mexicana la participación y respeto en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad [...]

III. Consideraciones de la comisión de derechos humanos

1. Normatividad vigente que consagra el derecho al deporte a favor de las personas con discapacidad.

Con relación al tema que aborda la iniciativa que se dictamina, cabe señalar que, tanto a nivel nacional como internacional, se reconoce a las personas su derecho a la práctica de un deporte.

En ese contexto, nuestra Constitución dispone en el último párrafo de su artículo 4o:

“ Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.” (El subrayado es nuestro).

Por otra parte, como bien lo señala el iniciante, en el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 30, numeral 5, que:

“ Artículo 30

Participación en la Vida Cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte.

1 a 4. ...

“5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;

b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados;

c) a e) ...”

En lo que respecta a la legislación federal secundaria, la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad –LGIPD- establece una serie de acciones a cargo de la Conade con el fin de que la misma promueva el derecho al deporte a favor de las personas con discapacidad, entre las que se encuentran:

“ Artículo 24. (...)

I. Formular y aplicar programas y acciones que garanticen el otorgamiento de apoyos administrativos, técnicos, humanos y financieros, requeridos para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo popular, nuevos valores, prospectos, alto rendimiento de primera fuerza y juveniles, máster y paralímpico;

II. Elaborar con las asociaciones deportivas nacionales de deporte adaptado el Programa Nacional de Deporte Paralímpico y su presupuesto;

III. Procurar el acceso y libre desplazamiento de las personas con discapacidad en las instalaciones públicas destinadas a la práctica de actividades físicas, deportivas o recreativas, y

IV. Las demás que dispongan otros ordenamientos.”

De lo anterior se desprende, que el sentido de la propuesta planteada por el iniciante se encuentra en sintonía con lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos referidos y, en ese sentido, esta dictaminadora considera que las reformas y adiciones planteadas, de ser aprobadas, fortalecerán la legislación nacional en la materia, por lo que a continuación se procederá al análisis específico de cada una de las enmiendas propuestas.

2. Análisis de las propuestas de reforma y adición planteadas en la iniciativa

a. La inclusión de diversos términos en la LGCFD

Esta dictaminadora considera viable incluir los términos, y preferencias en la fracción X del artículo 2, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en virtud de que los mismos son reconocidos y empleados en diversos ordenamientos jurídicos que tutelan el derecho a la igualdad y la no discriminación, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LFPED, la LGIPD, entre otras.

Asimismo, en lo tocante al cambio del término por el de planteada en el último párrafo del artículo 47 de la misma ley, se considera viable su aprobación, dado que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la LGIPD emplean precisamente el último de los términos señalados.

Adicional a lo anterior y en aras de armonizar los textos legales con la terminología que es empleada en la mayoría de los mismos, esta comisión sugiere la modificación, en ese mismo párrafo, del término “personas adultas mayores en plenitud” por el de “personas adultas mayores”.

b. Propuesta para que se considere conducta discriminatoria el limitar, restringir, excluir o reducir los apoyos, estímulos o reconocimientos conferidos a los deportistas con discapacidad, respecto a los otorgados a los deportistas convencionales.

Con relación a esta propuesta, cabe señalar que la norma específica para determinar qué conductas se consideran discriminatorias es la LFPED, reglamentaria del artículo 1o. constitucional. En virtud de ello, esta dictaminadora considera que la adición planteada por el iniciante de un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 2 de la LGCFD, debe ser reubicada en la ley federal y no en la General de Cultura Física y Deporte.

Adicionalmente, es menester señalar que en virtud de la aprobación del dictamen recaído a la Minuta remitida por el Senado de la República el 24 de abril de 2012 por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LFPED, en la misma se adicionan al artículo 9 de ese ordenamiento diversas fracciones que establecen supuestos que determinan conductas que serán consideradas discriminatorias en términos de lo dispuesto por el artículo 1, fracción III aprobado en el citado dictamen. Sin embargo, dentro de ellas no se prevé la propuesta planteada por el iniciante ni tampoco actualmente la prevé la LFPED vigente, por lo que, en aras de dar congruencia a lo aprobado por esta comisión, se estima pertinente incluir la propuesta planteada adicionando una fracción XXIV Bis al artículo 9 de la LFPED, en los términos que a continuación se plantea:

“ Artículo 9. ...

...

I a XXIII. ...

XXIV Bis. Limitar, restringir, excluir o reducir los estímulos, reconocimientos, apoyos o cualquier otro tipo de beneficios, a los deportistas con discapacidad, en igualdad de condiciones, respecto de cualquier otro deportista.

XXV a XXIX. ...”

La modificación de la redacción tiene como propósito optimizar la propuesta inicial planteada por el diputado Kahwagi Macari, haciendo extensivo el supuesto a cualquier otra clase de beneficios que pudieran recibir las personas deportistas con discapacidad. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 12, numeral 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, está dictaminadora considera necesario plasmar en la fracción que se analiza, el criterio que establece la obligación de los estados partes para reconocer, en igualdad de condiciones con las demás, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. Adicionalmente, se estima pertinente la adición de la propuesta, ya que la misma está en armonía con lo señalado en el artículo 4, numeral 1, incisos a) y b) de la citada convención, que establecen que los estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la dicha Convención y a tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.

c. Inclusión del Conadis en la Junta Directiva de la Conade.

La Conade, en su carácter de organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal –artículo 14 de la LGCFD-, se sujeta a lo dispuesto por la Ley Federal de Entidades Paraestatales –LFEP–. Una vez indicado lo anterior, es necesario mencionar que de acuerdo con el artículo 18 de la LFEP, los órganos de gobierno de los organismos descentralizados estarán integrados, como mínimo, por cinco miembros propietarios y como máximo, por quince.

En este sentido, la propuesta de adición de un inciso k) al artículo 17 de la LGCFD se encuentra en consonancia con lo establecido en el precepto 18 de la LFEP, ya que de la lectura del texto vigente del artículo que se propone adicionar, se desprende que la integración de la Junta Directiva de la Conade está conformada actualmente por 10 integrantes.

Asimismo, esta dictaminadora justifica la inclusión del Conadis en dicho órgano de gobierno, en razón de la focalización y especialización que tienen sus acciones a favor de las personas con discapacidad. Adicionalmente, debe contextualizarse que además de la LGCFD, la LGIPD –en su artículo 24- contempla acciones a cargo de la Conade para promover el derecho de las personas con discapacidad al Deporte y ante ello, la inclusión del Conadis en la Junta Directiva de la Conade abonará a la consolidación de una política en materia de cultura física y deporte que redunde en beneficio de las personas con discapacidad.

No se omite señalar que por cuestiones de técnica legislativa se reforman los incisos i) y j) del referido artículo 17, a efecto de dar cabida, en los términos en que aparece elaborado el texto de la ley, al inciso k) que se adiciona al mismo. Asimismo, en razón de que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, desaparecen a la Secretaría de Seguridad Pública, se modifica la denominación “Secretaria de Seguridad Pública” por Comisión Nacional de Seguridad, a fin de armonizar la presente ley con las reformas publicadas.

d. Inclusión de la facultad del Conapred para desarrollar, fomentar, y difundir estudios sobre prácticas discriminatorias en el ámbito deportivo y en los medios de comunicación.

En lo tocante a esta propuesta, el diputado iniciante propone reformar la fracción IV del artículo 20 de la LFPED vigente en los términos señalados para otorgar al Conapred la referida facultad, sin embargo, conviene traer a cuenta que conforme a lo aprobado en el dictamen recaído a la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la LFPED remitida a esta asamblea por la Cámara Alta el 24 de abril de 2012, la propuesta planteada por el iniciante ya se encuentra contenida en las fracciones XXXII y XLIX del citado dictamen en el correspondiente dispositivo 20, ya que en las mismas se estableció la atribución del Conapred para elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias; así como efectuar, fomentar, coordinar y difundir estudios e investigaciones sobre el derecho a la no discriminación, respectivamente.

De las reformas contenidas en el dictamen señalado, se desprende que las mismas no solamente ya contemplan la propuesta del diputado Kahwagi Macari, sino que además, la amplían, ya que no limita los estudios en materia de prácticas discriminatorias al ámbito deportivo y en los medios de comunicación, sino que extiende los mismos al vasto campo que abarca el derecho a la no discriminación y faculta al Conapred para que incorpore contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias en esos medios de comunicación. De manera que, por las razones expuestas, se determina improcedente la reforma plantada por el iniciante.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de ésta Soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo Primero.Se reforman la fracción X del artículo 2, el inciso i) del artículo 17 y el último párrafo del artículo 47, y se adiciona un inciso k) al artículo 17, todos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como siguen:

Artículo 2. ...

I a IX. ...

X. Garantizar a todas las personas sin distinción de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y

XI. ...

Artículo 17. ...

a) a h) ...

i) Comisión Nacional de Seguridad;

j) Procuraduría General de la República, y

k) Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

...

...

...

Artículo 47. ...

I a IV. ...

...

...

En la presente Ley y para los efectos de este artículo, se reconoce al deporte en todas sus modalidades y categorías, incluyendo al desarrollado por el sector estudiantil, al deporte para personas con discapacidady al deporte para personas adultas mayores.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XXIV Bis al artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

...

I a XXIV. ...

XXIV Bis. Limitar, restringir, excluir o reducir los estímulos, reconocimientos, apoyos o cualquier otro tipo de beneficios, a los deportistas con discapacidad, en igualdad de condiciones, respecto de cualquier otro deportista.

XXV a XXIX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de marzo de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria, Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para fundamentar el dictamen tiene la palabra, por la comisión, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos me presento ante esta la máxima tribuna de la nación para fundamentar los dictámenes que se someten a la discusión y consideración de este cuerpo colegiado.

El respeto irrestricto de los derechos humanos es una de las virtudes de las sociedades democráticas, en las que se vela por la más alta protección de la dignidad de las personas, más aún de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en desventaja.

La atención a las personas con discapacidad es uno de los ejes prioritarios en el desarrollo social inclusivo. Necesitamos lograr —con extrema urgencia— la erradicación de todo tipo de discriminación, que lacera notablemente el desarrollo de la vida de quienes la padecen.

Amplios sectores de la población son susceptibles ante este grave problema, pues existe una clara discriminación por motivos de edad, género, origen étnico, orientación sexual e identidad de género, condición social y religión, o como en el tema que nos ocupa en los presentes dictámenes, discriminación a las personas con discapacidad. Todas estas formas de discriminación tienen que ser eliminadas de la sociedad mexicana.

La reciente reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos reconoce la protección más amplia de las personas por parte de nuestra Carta Magna y el aspecto más innovador, sin duda, es el reconocimiento a los tratados internacionales en esta materia, como máxima norma para garantizar esta protección.

En este sentido, las personas con discapacidad son protegidas por diversas legislaciones, que salvaguardan sus derechos humanos y libertades fundamentales, atendiendo el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo el reconocimiento de la dignidad y el valor inherente a cada ser humano.

En virtud de lo anterior, en el primer dictamen se reconoce la necesidad de atender y subsanar las deficiencias en el acceso y atención de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo.

La actividad física y deportiva, considerada como un elemento indisociable de la educación, formación y desarrollo de las personas, en tanto que permite a cada individuo ejercitar su cuerpo y mente de manera integral, es uno de los ámbitos en donde las personas con discapacidad han enfrentado distintas prácticas discriminatorias desde hace décadas.

Reconocemos que uno de los derechos humanos es la participación en las actividades deportivas, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; sin embargo, la falta de espacios y oportunidades por parte del organismo responsable de las políticas para el desarrollo y atención del deporte en México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha impedido que las personas con discapacidad accedan de manera integral y en igualdad de circunstancias, a la práctica de las diversas disciplinas deportivas.

La segunda modificación propuesta en el presente dictamen consiste en incluir en la junta directiva de la Conade al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), con el objetivo de garantizar que en la elaboración y aplicación de las políticas generales, planes y programas en materia de deporte participe la Conadis como el organismo encargado del desarrollo, integración y protección a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

En este orden de ideas, también se regula dentro de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como conducta discriminatoria, el limitar, restringir, excluir o reducir los beneficios de los deportistas con discapacidad, garantizando con ello que cualquier persona que sufra de actos discriminatorios en su contra pueda recurrir al procedimiento de queja para que se impongan las medidas administrativas y de reparación que establece la ley.

Asimismo, el 11 de septiembre de 2012 fue turnada una iniciativa para dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por la que se reforman diversas disposiciones de varias leyes, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Población, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como también de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Turismo, la Ley General de Cultura Física y Deporte, y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El objetivo fundamental del dictamen en comento radica en armonizar dichas disposiciones legales con el texto de nuestra Carta Magna, en lo relativo a los motivos de discriminación, particularmente por las preferencias sexuales, a efecto de propiciar un mayor conocimiento y por ende, menos personas discriminadas en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social, que lleven agresiones físicas, verbales, sicológicas, tortura e incluso la muerte, así como para fomentar la responsabilidad de las personas en materia sexual y reproductiva.

En la Comisión de Derechos Humanos hay coincidencia en la necesidad de armonizar las leyes secundarias con el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso, en lo referente a evitar la discriminación por motivo de las preferencias sexuales de las personas.

Por lo anteriormente expuesto es que me presento ante esta soberanía en nombre de mis compañeras y compañeros diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, para pedir su apoyo mediante el voto, a favor de ambos dictámenes en comento, ya que representan una serie de reformas a diversos ordenamientos jurídicos que beneficiarán a miles de personas con discapacidad, garantizando el pleno reconocimiento de sus derechos humanos, como lo es el derecho a participar en las actividades deportivas, así como la armonización de distintas leyes y ordenamientos con relación a nuestra Carta Magna, pretendiendo establecer claridad en los términos y actividades discriminatorias, principalmente las relativas a las preferencias sexuales, con el objetivo primordial de erradicarlas.

Compañeras y compañeros legisladores, el camino por recorrer en materia de derechos humanos aun es muy extenso. No obstante, esta serie de reformas contribuyen al fortalecimiento de las leyes mexicanas y, en consecuencia, a la erradicación de cualquier práctica discriminatoria o violatoria de los derechos fundamentales. Muchas gracias, compañeros legisladores. Muchas gracias, presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición de su grupo parlamentario tiene el uso de la tribuna la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a los niños de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Miguel Hidalgo, Renapred, que están hoy aquí en esta sesión, invitados por el diputado Luis Manuel Arias Pallares. Bienvenidos a esta sesión.

Adelante, diputada.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la finalidad de los presentes dictámenes es la armonía legislativa en materia de discriminación por preferencias sexuales y fomentar la responsabilidad de las personas en materia sexual y reproductiva, así como avanzar en la protección a la no discriminación de las personas con discapacidad.

En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza defendemos el derecho de todas las personas a ejercer libre y responsablemente su sexualidad y evitar cualquier tipo de acto discriminatorio derivado por estas preferencias.

Asimismo somos conscientes de que gran parte de estas convicciones se encuentran fundamentadas en la ignorancia y los prejuicios que provocan grandes males a nuestra sociedad, por lo que solicitamos a las autoridades correspondientes tomar las acciones pertinentes para que mediante la acciones de educación sexual se eliminen tales consideraciones, que solo hacen más honda la división social.

Actualmente la ausencia o mala aplicación del principio del derecho a decidir sobre la sexualidad da como resultado que los temas sexuales sean considerados tabúes para una parte importante de la sociedad y consecuentemente enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y el rechazo a personas con preferencias diferentes, entre otros, sean un problema que lacera el derecho de las personas.

No es un secreto que la discriminación en México es muy amplia y llega a todos los ámbitos sociales, especialmente a las personas con discapacidad, mediante formas que van desde la violencia verbal a la de impedir su movilidad. Desafortunadamente aunque contamos con normas en ese sentido vemos con tristeza que aún desde la administración pública se vulneran los derechos humanos de los mexicanos en esta condición.

Nos interesa el deporte adaptado para personas con discapacidad, pues ha sido menospreciado en las políticas públicas, no solo en la difusión de su práctica, sino en el abandono de sus instalaciones, sin olvidar el limitado acceso a apoyos económicos, como becas o patrocinios, a pesar de los resultados en justas como los Juegos Paraolímpicos.

Tales carencias que se observan en la calidad de instalaciones, recursos para competencias, falta de planes y programas, y en la calidad de vida de estas personas, se aprecian de forma evidente en los atletas que nos representan a nivel internacional; sin embargo, en la población que no es conocida por sus aportaciones en materia deportiva la situación se hace más crítica, por eso buscamos que se considere como una conducta discriminatoria a quien limite, restrinja, excluya o reduzca los estímulos, reconocimientos, apoyos, o cualquier otro tipo de beneficios de los deportistas con discapacidad.

Para los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza resulta indispensable que dentro de la Junta Directiva de la Conade se incluya como uno de sus integrantes al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), para que participen en la elaboración y ejecución de las políticas públicas en esta materia y construir los espacios necesarios que garanticen el derecho humano a la participación en el deporte.

Estimadas compañeras y compañeros, hago un reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos que han hecho suyas estas dos propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en ésta y la pasada Legislatura, pues sabemos que ambas dictaminaciones permitirán el acceso a mejores condiciones de vida de la población y permitirán abatir los altos índices de discriminación, que hoy separan a la sociedad mexicana. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a este recinto legislativo, a un grupo de ciudadanos que nos visitan del distrito XIII de Guadalajara, Jalisco, invitados por el diputado Marco Antonio Barba Mariscal. Bienvenidos a esta sesión.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. Veintiún medallas trajeron nuestros atletas de los Juegos Paralímpicos de Londres el año pasado; es decir, el triple que los atletas que no están contemplados dentro de los que tienen discapacidad.

¿A qué nos referimos en este dictamen? A potenciar las expectativas de éxito de las personas con discapacidad y superar la asimetría en la asignación de recursos para el deporte, así como el éxito en eliminación de brechas de desigualdad, y cumplir los tratados internacionales en materia de discriminación.

La discapacidad en México sigue siendo causal de discriminación y de concomitante pobreza y dependencia, sumado a los problemas de accesibilidad a cualquier sitio por las deplorables condiciones de instalaciones.

El caso de la infraestructura deportiva es un rezago pendiente, una factura que debemos saldar para lograr el mejor de los tránsitos al cumplimiento de derechos humanos de tercera generación y, asimismo, para dar un paso más con la aspiración suprema de la igualdad.

No existe un desarrollo de infraestructura deportiva para las personas discapacitadas; en las colonias populares los podemos observar haciendo uso de las instalaciones en condiciones deplorables. Hacemos mención de esto, porque es una realidad cotidiana.

No se trata de garantizar en papel el acceso a programas de desarrollo en materia de cultura física y deporte, aunque sea una buena intención.

En nuestro país —según datos del Inegi— contamos con 5 millones 739 mil 270 personas con alguna discapacidad, lo que representa 5.15 de la población total. Por tanto, es un asunto de emergencia en políticas públicas.

Consideramos correcta la inclusión del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como parte de la Junta Directiva de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Ahora esperaremos resultados que hagan valer el principio de transversalidad en la inclusión.

Los que nos anteceden legislaron el mayor de los avances en materia de derechos humanos al modificar el artículo 1o. constitucional y establecer la defensoría y promoción de los derechos humanos como algo prioritario. Pero ese logro se vería incompleto si la suma de nuestros esfuerzos no logra armonizar el resto de las legislaciones.

En lo tocante a la limitación de estímulos o su restricción, reducción o exclusión, para que en lo sucesivo se consideren conductas discriminatorias, no podemos más que apoyar.

Desde hace mucho las fuerzas progresistas han venido empujando para acabar con estas prácticas económicas de ahorcamiento y olvido, que van en detrimento de la cohesión y armonía social.

La inclusión, el acceso y la universalidad de los servicios de salud, deporte, así como la cultura, educación y empleo, deben de ser referentes en materia del quehacer legislativo. Por ello sabemos reconocer el trabajo de la comisión dictaminadora y la sensibilidad y visión del futuro.

Hoy puede ser un gran día para el deporte, pues al incluir de manera decidida a las personas con discapacidad reivindicamos el orgullo nacional por sus logros deportivos y ampliamos el reconocimiento de los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna la diputada María Esther Garza Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, que están aquí invitados por el diputado Alberto Curi Naime. Bienvenidos.

La diputada María Esther Garza Moreno: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de toda la población y en particular, de crear medidas a favor de aquellos grupos que por su condición han visto constantemente violentados sus derechos fundamentales.

Para lograr este objetivo es trascendental para el pleno ejercicio de los derechos humanos que la legislación se armonice, a fin de no vulnerar las garantías y la dignidad de las personas pertenecientes a aquellos sectores de la población que injustamente han sido vulnerados y estigmatizados; me refiero específicamente a las personas con preferencias sexuales distintas, a las personas que sufren de algún tipo de discapacidad y a los pobladores mexicanos que proceden de alguna comunidad o etnia indígena.

Al mismo tiempo, la armonización de la legislación contribuirá a frenar el abuso de prácticas antisociales y discriminatorias, que todavía imperan en nuestro país.

Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, ofrecieron varias novedades importantes, las cuales han cambiado de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar tales derechos en México.

Incluir el término exacto de preferencia sexual en nuestra Carta Magna es el producto de una legítima lucha por la equidad y visibiliza a un grupo, que por su condición ha sido excluido y discriminado. Esta aprobación establece los mismos derechos y el respeto de la dignidad a todos y todas, independientemente de su preferencia sexual u orientación sexual.

Si bien es cierto que el incluir el término de preferencias sexuales en nuestro orden supremo no hará que la discriminación se borre de un día para otro, es importante dar un siguiente paso y generar un cambio paulatino en las legislaciones secundarias, a fin de armonizarlas con el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde la perspectiva constitucional, la orientación sexual debe ser abordada a partir de la igualdad de los derechos y libertades y todas las adecuaciones que sean necesarias a la legislación secundaria evitarán rezagos e interpretaciones imprecisas sobre los ordenamientos legales.

Democracia significa respetar la diferencia y en una sociedad como la mexicana, en donde todavía existen usos y costumbres que están impregnados de visiones discriminatorias, machistas, misóginas y homofóbicas, se hace necesario replantear la forma en que establecemos las relaciones sociales y culturales en torno a la diversidad sexual, las capacidades de las personas y su procedencia étnica, y se hace necesario modificar la legislación para encaminarnos a una visión con justicia social, dignidad y respeto a los derechos humanos.

En el Partido Revolucionario Institucional tenemos el de-safío común de consolidar y hacer perdurable el marco de libertades en el que nos desenvolvemos; entendemos que tolerancia significa respetar lo que piensan libremente y expresan los demás, aunque sea distinto u opuesto a lo que uno piensa; entendemos que el respeto a las diferencias nos mantiene unidos en metas, valores y aspiraciones comunes, y entendemos que la tolerancia nos permite asegurar que todas y todos los mexicanos podamos ejercer a plenitud nuestras libertades y derechos.

Quiero terminar mi intervención recordándoles que aquella persona que practique la intolerancia lo único que hace es abonar el terrero para sí mismo y tarde o temprano será víctima de ella. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia no tiene conocimiento de alguna otra intervención solicitada ni de artículos reservados del proyecto de decreto. En consecuencia, voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad San Ángel del Sur, de Irapuato, Guanajuato, que nos acompañan hoy aquí, invitados por la diputada Petra Barrera. Bienvenidos a la sesión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 370 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES -LEY GENERAL DE POBLACION - LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES - LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES - LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY GENERAL DE TURISMO - LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, General de Población, General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, General de Turismo, y de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, General de Población, General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, General de Turismo, y de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 numerales 1, 2 fracción XVI y 3, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. El 11 de septiembre de 2012, la diputada Sonia Rincón Chanona del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza presentó una iniciativa con proyecto de decreto, que fue suscrita por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez del mismo grupo parlamentario, por el que se reforman diversas disposiciones de los siguientes ordenamientos:

a. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

b. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

c. Ley General de Población.

d. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

e. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

f. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

g. Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

h. Ley Federal del Trabajo.

i. Ley General de Turismo.

j. Ley General de Cultura Física y Deporte.

k. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos para su dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

En su iniciativa, las diputadas promoventes señalan que “[...] la reforma constitucional en materia de derechos humanos constituye un avance sustantivo a favor del respeto y garantía de los derechos fundamentales. Su aprobación es una respuesta a los compromisos internacionales asumidos por México y confirma la voluntad del Estado mexicano de ampliar su necesaria protección. Dentro de los muchos avances que la reforma constitucional representa, la inclusión del término “preferencias sexuales” como uno de los motivos causantes de discriminación es producto de la lucha por la equidad y visibiliza a un grupo que por su condición ha sido excluido y marginado por décadas”.

La finalidad que persiguen las reformas propuestas, a decir de las iniciantes, es armonizar diversas disposiciones legales con el texto de nuestra Carta Magna en lo relativo a los motivos de discriminación, particularmente por las preferencias sexuales, a efecto de propiciar “[...] un mayor conocimiento y, por ende, menos personas discriminadas en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social, que llevan a agresiones físicas, verbales, psicológicas, tortura e incluso la muerte [...] así como [...] fomentar la responsabilidad de las personas en materia sexual y reproductiva.”

En ese contexto y para motivar su iniciativa de armonización, sostienen que “[...] en el país la discriminación hacia las personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual está sumamente arraigada” y de acuerdo con el estudio Mitos y Preconcepciones sobre la Homosexualidad de Consulta Mitofsky “[...] 59 por ciento de las personas considera que ser homosexual es un factor de riesgo.”

Para dimensionar el grave problema de discriminación hacia las personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual en nuestro país, resaltan, entre otros, los siguientes resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010:

“[...] 4 de cada 10 mexicanos consideran que la preferencia sexual es uno de los factores que más divide a la sociedad.

4 de cada 10 mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales.

Casi 3 de cada 10 personas en México consideran que se justifica mucho, algo y poco oponerse a que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio.

8 de cada 10 personas de más de 50 años opinan estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con que a las parejas de hombres homosexuales se les debería permitir adoptar niñas y niños.

7 de cada 10 personas que se encuentran entre los 30 y 49 años de edad opinan lo mismo [...]”

Por otra parte, las diputadas promoventes también sostienen que dicha encuesta [...] revela que las propias personas que pertenecen a grupos distintos al heterosexual declararon que la discriminación, seguida de la falta de aceptación, el rechazo y las burlas en diversos ámbitos de la vida son los principales problemas a los que se enfrentan diariamente. Así lo confirmaron ocho de cada diez personas homosexuales de entre 50 y 54 años, siete de cada diez de entre 30 y 34 años y entre 40 y 44 años, y cuatro de cada diez entre 15 y 29 años y entre 35 y 39 años.

Señalan además las diputadas que, de acuerdo con los resultados de la encuesta VIH/sida y Discriminación en Población Gay y otros HSH en México, los espacios en que este sector es más discriminado son el hogar con 36 por ciento, el trabajo con 35 por ciento, la prestación de servicios como hoteles, restaurantes o tiendas departamentales con 32 por ciento, las instituciones educativas 27 por ciento y, los centros de salud con 19 por ciento.

Agregan que “el 87 por ciento de los encuestados refirieron que siempre, casi siempre o algunas veces era o es necesario ocultar su orientación sexual en el ámbito escolar por miedo a ser discriminado. Los principales agentes de discriminación en los centros educativos son los compañeros. 57 por ciento de los encuestados que aseguró haber recibido maltrato o agresión en la escuela debido a su apariencia u orientación sexual, 92 por ciento aseveró que las agresiones provenían de sus propios compañeros, mientras que 8 por ciento restante notificó que fueron discriminados por maestros, directores, personal académico o padres de familia.”

Con base en lo anterior afirman que es “así como dentro de un sistema regido por la heterosexualidad impuesta, las otras expresiones de la sexualidad continúan siendo consideradas por muchas personas como una enfermedad que es preciso curar o en el mejor de los casos un mal social que se debe controlar. La ignorancia, la poca información y los prejuicios que se han construido alrededor de homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales ha provocado que por años sean agredidos verbal o físicamente [...]”

Ahora bien, como se señaló anteriormente, las iniciantes también proponen incluir en los textos legales que precisan en su escrito lo referente a derechos sexuales y reproductivos.

En lo relativo a los derechos sexuales señalan que éstos “[...] establecen que toda persona tiene la facultad de ejercer libremente su sexualidad y que nadie deberá sufrir discriminación por su preferencia sexual. De ahí la importancia de separarlos de los derechos reproductivos; sobre todo en una época en la que si bien la discriminación por preferencias sexuales es un factor, como ya mencionamos, sumamente importante en la violación de otros derechos, no es la única consecuencia que deriva de la poca orientación educativa en cuanto a la sexualidad y la reproducción de las personas.”

Añaden que los “[...] derechos sexuales aseguran a todas las personas la posibilidad de tomar decisiones con respecto a su sexualidad y ejercerla libremente sin presión, violencia o discriminación. Los derecho (sic) reproductivos, por su parte son todos aquellos que emanan de la función de la reproducción: poder decidir cuándo, cómo y con quién procrear. Ambos derechos deber ejercerse de forma libre, responsable y saludablemente.”

Motivan lo anterior al considerar que cuando “[...] una sociedad no reconoce la importancia de informar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos corre el riesgo de que muchas generaciones sigan creciendo rodeadas de ignorancia, tabúes y prejuicios en donde los embarazos no deseados, la transmisión de enfermedades sexuales como el VIH y el virus del papiloma humano, la violencia, las enfermedades evitables como el cáncer cervicouterino y el de mama, los abortos mal practicados, la muerte materna e infantil, entre otras; se sigan presentando por no recibir una adecuada información sobre la salud sexual y reproductiva.”

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

1. La importancia de actualizar, para efectos de armonización, los textos legales

La Comisión de Derechos Humanos coincide con las diputadas promoventes en la intención y necesidad de armonizar las leyes secundarias con el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este caso, con el correspondiente en materia de derechos humanos, en particular en lo referente a evitar la discriminación por motivo de las preferencias sexuales de las personas.

Los integrantes de la comisión están ciertos de que cuando es reformado el texto constitucional, es menester llevar a cabo las adecuaciones que sean necesarias a la legislación secundaria, para efecto de hacer aplicables dichas reformas, evitar rezagos e interpretaciones imprecisas, así como garantizar a las personas la actualidad del marco normativo.

Aunado a lo anterior, se estima conveniente mencionar que el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados sostiene que “[...] la armonización legislativa juega un papel indispensable, pues significa hacer compatibles las disposiciones federales o estatales, según corresponda, con las de los tratados de derechos humanos que se pretende incorporar o que ya han sido incorporados al ordenamiento interno, con el fin de evitar conflictos y dotar de eficacia a estos últimos.

Ángeles Corte (2008) citada en el mismo documento, define al proceso de armonización legislativa como:

“[...] un proceso en segunda dimensión que responde al hecho fundamental del reconocimiento de un derecho humano que implica para el estado diversos deberes en orden de su reconocimiento, respeto y garantía, entendiendo al derecho humano como la exigencia social derivada de la incondicional dignidad de la persona humana, el cuál tiene un carácter multidimensional, es decir, tiene una dimensión filosófica, política, social y jurídica.

La armonización legislativa es entonces un ejercicio de necesaria aplicación por el Congreso federal y los congresos locales en el ámbito de sus respectivas competencias, y cuya observancia nos evitaría, entre otros efectos negativos, la contradicción normativa; la generación de lagunas legislativas; la falta de certeza en la observancia y aplicación de la norma; el debilitamiento de la fuerza y efectividad de los derechos, así como dificultades para su aplicación y exigibilidad; el fomento a la impunidad al permitir la interpretación de la norma de manera discrecional y personal y, por último, y tal vez el efecto negativo más grave de no atenderse la armonización legislativa, que es generar una responsabilidad por incumplimiento para el Estado mexicano.”

2. La determinación de disposiciones que regulen los derechos sexuales y reproductivos

En lo relativo a la propuesta que plantean las iniciantes de incluir en la legislación vigente disposiciones que precisen sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, los integrantes de esta comisión coinciden con las diputadas promoventes en la necesidad de establecerlas, a fin de precisar sobre las diferencias y ámbitos de protección entre cada unos de ellos, así como en la necesidad de incluir la promoción de acciones de información y orientación educativa sobre salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir y atender embarazos tempranos, infecciones de transmisión sexual incluido el VIH-Sida y favorecer el acceso universal a métodos anticonceptivos.

3. Sobre la viabilidad presupuestal de las reformas

Con relación al impacto presupuestal que podría generarse por la aprobación de las reformas propuestas, se estima que éste sería mínimo, considerando lo siguiente:

a. Como la mayoría de las reformas propuestas se encaminan a armonizar en la legislación secundaria el texto que se emplea en la Constitución General relativo a las preferencias sexuales,esto no va más allá de lo que ya, actualmente, debe observarse, de manera tal que al incluir tal referencia no se amplían las responsabilidades de las dependencias y entidades, solamente se precisan.

b. Para la implementación de las acciones que se prevén en las reformas propuestas, no se requiere más presupuesto del que actualmente se ha autorizado en virtud de que ya existen y operan las instancias que deberán realizarlas.

4. Consideraciones sobre cada una de las propuestas de reformas contenidas en la iniciativa que se dictamina

Esta comisión considera procedente, en términos generales, la iniciativa que se dictamina precisando solamente algunas modificaciones por técnica legislativa. En ese contexto, se detallan a continuación los términos y argumentos que sustentan lo anterior.

a. Con relación a la propuesta de reformar la fracción VI del artículo 9 y la II del artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, esta comisión la considera improcedente en virtud de que el pasado 27 de febrero de 2013 se aprobó por el pleno de la propia comisión un dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el cual ya se contemplan disposiciones formuladas en similares términos a las propuestas de las diputadas iniciantes, con la salvedad de que, en ese dictamen, se contiene la derogación del artículo 10.

b. Con relación a la propuesta de reformar el inciso C) del artículo 3, el artículo 16 y los incisos G) y H) del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esta comisión considera viable y procedente dicha propuesta ya que sólo se trata de armonizar dicha ley con lo previsto por nuestra Carta Magna, así como de una adición que no genera impacto presupuestal para las dependencias y entidades que habrán de atender ese rubro.

c. En lo referente a la propuesta de reformar la fracción II del artículo 3o de la Ley General de Población, consistente en cambiar el término derechos fundamentales por derechos sexuales y reproductivos, así como de omitir la referencia solamente a los derechos fundamentales del hombre,esta comisión considera improcedente la primera de las reformas planteadas, aún cuando se entiende la preocupación de las diputadas proponentes de que de acuerdo con la materia a la que se hace mención en la fracción II del artículo 3o de la citada ley, podría referirse a los derechos sexuales y reproductivos de manera específica. Lo anterior porque en la realización de este tipo de programas hay otros derechos fundamentales que se pueden violentar y con la aprobación de dicha reforma, se acotaría el campo de protección solamente a los derechos sexuales y reproductivos. Ahora bien, por lo que hace a la propuesta de sustituir en esa misma fracción II la palabra hombre por la de personas, se estima procedente.

d. Respecto a la propuesta de reformar diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley General de Turismo y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, esta comisión considera procedente la propuesta de armonizar todas esas leyes con lo ya previsto por nuestra Constitución en lo relativo al término preferencias sexualescomo motivo de discriminación, así como sobre los derechos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

e. En cuanto a la propuesta de reformar los artículos 3o y 56 de la Ley Federal del Trabajo, esta comisión considera que es improcedente en virtud de que en las enmiendas a esta ley aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de noviembre de 2012, mediante las cuales se modificaron diversos artículos, entre ellos el artículo 3o. en el que ya se incluye el motivo de distinción a que hacen mención las diputadas iniciantes y en lo relativo al artículo 56 se considera que la redacción vigente es la más adecuada en virtud del ámbito de aplicación de dicho ordenamiento.

f. Cabe destacar que en su iniciativa, las diputadas proponen en el artículo cuarto reformas a los artículos 3, 14, 16 y la fracción VIII del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, sin embargo en el cuerpo del proyecto de decreto se contemplan reformas a los artículos 2, 3, 14 y 34, por lo que en el presente dictamen se hacen las correcciones pertinentes.

g. Finalmente, aún cuando en su iniciativa las diputadas promoventes indican reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte, ni en el cuerpo de dicha iniciativa ni en el proyecto de decreto que proponen se contiene la misma.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Población; de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; de la Ley General de Turismo y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Primero. Se reforma el inciso C) del artículo 3, el primer párrafo del artículo 16 y los incisos G) y H) del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como siguen:

Artículo 3. ...

...

A) y B) ...

C) El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, preferencias sexuales, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

D. a G. ...

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; opinión política; preferencias sexuales, origen étnico, nacional o social; posición económica; discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo.

...

Artículo 28. ...

A. a F. ...

G) Atender de manera especial las enfermedades endémicas y epidémicas, impulsando programas de prevención e información sobre ellas.

H) Promover y coordinar acciones de información y orientación educativa sobre salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir y atender embarazos tempranos, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida; y favorecer el acceso universal a métodos anticonceptivos y la toma de decisiones responsables.

I) a J) ...

Artículo Segundo. Se reforma la fracción II del artículo 3o de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. ...

II. Realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos humanos de las personas, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país;

III. a XIV. ...

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 2, el primer párrafo del artículo 3, 14 y la fracción VIII del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como siguen:

Artículo 2. Son principios rectores de la presente ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión, preferencias sexuales o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela.

...

Artículo 14. Los congresos de los estados, con base en sus respectivas constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y esta ley.

Artículo 34. ...

I a VII. ...

VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo o preferencia sexual, del mercado de trabajo;

IX. a XI. ...

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 12 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 12. Constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, preferencias sexuales, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas, que les infligen maestras o maestros.

Artículo Quinto. Se reforman los artículos 1 y 3 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como siguen:

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la república, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos del artículo cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de lo previsto, en lo conducente, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 3. Son sujetos de los derechos que esta ley garantiza todas las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, y las mexicanas en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, condiciones de salud, opiniones, preferencias sexuales, cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma; quienes podrán participar en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente ordenamiento.

Artículo Sexto. Se reforma el último párrafo del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

I. a V. ...

No podrá existir discriminación por razón de género, edad, discapacidad, preferencias sexuales, opiniones, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social para la pertenencia al servicio.

Artículo Séptimo. Se reforma el artículo 59 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 59. En la prestación y uso de los servicios turísticos queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, en los términos del orden jurídico nacional.

Artículo Octavo. Se reforma el artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su origen étnico o nacional, edad, género, estado físico, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Armonización Legislativa para la defensa de los derechos humanos de las mujeres a la luz de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), 2008.

2. El texto vigente de la fracción II del artículo 3o de la Ley General de Población señala:

Realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de marzo de 2013.

Diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria, Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión en lo general. Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. El dictamen que se votará a continuación pretende modificar una serie de ordenamientos legislativos, con la finalidad de armonizarlos a la Constitución en cuanto hace al artículo 1o., que establece —entre otras cosas— la cláusula de prohibición de la discriminación en nuestro país.

Como ya se ha expuesto, propone incorporar la expresión preferencia sexual, de acuerdo con nuestra Carta Magna, lo cual, aunque en principio solo conlleva a modificar un par de palabras de los textos normativos tiene grandes implicaciones por lo que hace a la igualdad entre las personas en nuestro país.

Incorporar una expresión correcta en la ley no solo es importante para armonizarla con la Constitución, también y principalmente lo es porque permite la visibilización de una problemática, que desde hace mucho tiempo ha generado dolorosas diferencias entre las personas que habitamos este país.

Como bien se expone en la iniciativa, los grupos de personas que son discriminados por tener una preferencia sexual distinta a la heterosexual son muy numerosos. Tanto la ciudadanía como el gobierno han establecido diferencias irracionales entre las personas con una y otra preferencia sexual, que generan un trato con distingo, propiciando en muchos casos no solo un ataque a la dignidad de las personas, sino la incapacidad para el ejercicio real de un derecho en igualdad de condiciones con el resto de las personas.

Los gobiernos anteriores inclusive han implementado políticas no formales de perseguimiento a las personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexual y poco han hecho para revertir las conductas discriminatorias que absurdamente permean en nuestra sociedad.

En el gobierno actual ya tenemos casos graves de ataques contra miembros de la diversidad sexual y la realidad es que lo vamos a seguir teniendo, a menos que afrontemos el tema abiertamente y con miras a revertir por fin las prácticas discriminatorias que sufren los integrantes de la diversidad sexual.

La importancia de modificar la ley es reconocer que la preferencia sexual es una causa expresa prohibida de discriminación, y que no existe razón alguna que justifique la desigualdad de trato por tal motivo.

Al incluir esta expresión estamos dando un gran paso para revertir una práctica generalizada sistemática discriminatoria en contra de las personas con preferencia sexual no heterosexual. Pero seamos claros, es un primer paso, se deben implementar políticas públicas que involucren recursos económicos, campañas de información y sensibilización; acciones afirmativas y cualquier medida necesaria para permitir el efectivo goce de derechos de todas las personas en igualdad de condiciones.

Nos preocupa que el gobierno actual se ha caracterizado por reconocer solamente en el papel los principios rectores de derechos humanos y muy poco en las acciones; esperamos que se realicen medidas efectivas a favor de la igualdad que demuestre claramente que la postura del gobierno está a favor de la diversidad sexual.

Por nuestra parte, en el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano haremos lo propio al votar a favor el presente dictamen, y presentaremos y apoyaremos durante toda la Legislatura cuantas modificaciones sean necesarias para que los miembros de la diversidad sexual alcancen la igualdad y por fin se erradique esa arcaica concepción que pugna por lo contrario. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia no tiene conocimiento de alguna otra intervención ni de que se vaya a reservar algún artículo, por tanto, voy a pedir a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le informo que se emitieron 363 votos a favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, General de Población, General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, General de Turismo, y de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

CAMBIOS EN COMISIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado José Alberto Rodríguez Calderón cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que el diputado José Luis Flores Gómez cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado José Alberto Rodríguez Calderón cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 14 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Javier Treviño Cantú cause baja como integrante de la Comisión Especial de agenda digital y tecnología de la información.

• Que la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz cause alta como integrante en la Comisión Especial de agenda digital y tecnología de la información.

• Que el diputado Simón Valanci Buzali cause baja como integrante de la Comisión Especial de agenda digital y tecnología de la información.

• Que la diputada Regina Vázquez Saut cause alta como integrante en la Comisión Especial de agenda digital y tecnología de la información.

• Que la diputada Martha Gutiérrez Manrique cause baja como integrante de la Comisión Especial de agenda digital y tecnología de la información.

• Que el diputado Roy Argel Gómez Olguín cause alta como integrante en la Comisión Especial de agenda digital y tecnología de la información.

• Que el diputado Enrique Cárdenas del Avellano cause baja como integrante de la Comisión Especial de agenda digital y tecnología de la información.

• Que la diputada Maricela Velázquez Sánchez cause alta como integrante en la Comisión Especial de agenda digital y tecnología de la información.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 14 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Carlos Aceves del Olmo cause baja como secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Carlos Aceves del Olmo cause alta como integrante en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez cause alta como secretario en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado José Everardo Nava Gómez cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que el diputado José Everardo Nava Gómez cause alta como integrante en la Comisión de Ganadería.

• Que la diputada Amira Gricelda Gómez Tueme cause baja como secretaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

• Que la diputada Amira Gricelda Gómez Tueme cause alta como secretaria en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que el diputado Noé Hernández González cause baja como integrante de la Comisión de Economía.

• Que el diputado Noé Hernández González cause alta como secretario en la Comisión de Economía.

• Que el diputado Noé Hernández González cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que la diputada María Carmen López Segura cause baja como integrante de la Comisión de Equidad y Género.

• Que la diputada María Carmen López Segura cause alta como integrante en la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que el diputado Simón Valanci Buzali cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado Simón Valanci Buzali cause alta como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.

• Que el diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia cause baja como integrante de la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que el diputado Salvador Ortiz García cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que el diputado Salvador Ortiz García cause alta como integrante en la Comisión de Pesca.

• Que el diputado José Alberto Rodríguez Calderón cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que el diputado José Alberto Rodríguez Calderón cause alta como secretario en de la Comisión de Justicia.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 13 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Gilberto Antonio Hirata Chico cause baja como secretario de la Comisión de Pesca.

• Que el diputado Ricardo Medina Fierro cause alta como secretario en la Comisión de Pesca.

• Que el diputado Gilberto Antonio Hirata Chico cause baja como integrante de la Comisión de Juventud.

• Que el diputado Ricardo Medina Fierro cause alta como integrante en la Comisión de Juventud.

• Que el diputado Gilberto Antonio Hirata Chico cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que el diputado Ricardo Medina Fierro cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 13 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres cause alta como secretario en la Comisión Especial de participación ciudadana.

• Que la diputada Eufrosina Cruz Mendoza cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente.

• Que la diputada Eufrosina Cruz Mendoza cause alta como secretaria en la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 13 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Jorge Sotomayor Chávez cause alta como integrante en la Comisión de Juventud.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 13 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente integración solicitada por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga cause alta como integrante en la Comisión Especial de puertos y marina mercante.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 14 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente integración solicitada por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Juan Manuel Fócil Pérez cause baja como integrante de la Comisión Especial de puertos y marina mercante.

• Que el diputado Juan Manuel Fócil Pérez cause alta como secretario en la Comisión Especial de puertos y marina mercante.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 14 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Fernando Zárate Salgado cause baja como miembro del Foro Parlamentario Asia Pacífico.

• Que el diputado Roberto López González cause alta como miembro del Foro Parlamentario Asia Pacífico.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 14 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Fernando Cuéllar Reyes cause alta como integrante en la Comisión Especial de la cuenca de Burgos.

• Que el diputado Armando Contreras Ceballos cause alta como integrante en la Comisión Especial de la cuenca Lerma Chapala- Santiago.

• Que la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem cause alta como integrante en la Comisión Especial de la industria manufacturera y maquiladora de exportación.

• Que el diputado Roberto López Suárez cause baja como secretario de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México.

• Que la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem cause alta como secretaria en la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México.

• Que la diputada María de Lourdes Amaya Reyes cause baja como integrante de la Comisión Especial de agenda digital y tecnologías de la información.

• Que la diputada María de Lourdes Amaya Reyes cause alta como secretaria en la Comisión Especial de agenda digital y tecnologías de la información.

• Que la diputada Gloria Bautista Cuevas cause alta como integrante en la Comisión Especial de agenda digital y tecnologías de la información.

• Que el diputado Israel Moreno Rivera cause alta como integrante en la Comisión Especial de participación ciudadana.

• Que el diputado Javier Orihuela García cause baja como integrante de la Comisión Especial de energías renovables.

• Que el diputado Javier Orihuela García cause alta como secretario en la Comisión Especial de energías renovables.

• Que el diputado Fernando Belaunzarán Méndez cause alta como integrante en la Comisión Especial de agenda digital y tecnologías de la información.

• Que la diputada Teresita de Jesús Mojica Morgan cause alta como integrante en la Comisión Especial de la conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación.

• Que el diputado Catalino Duarte Ortuño cause baja como integrante de la Comisión Especial de la conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación.

• Que el diputado Catalino Duarte Ortuño cause alta como secretario en la Comisión Especial de la conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 13 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo:

• Que la diputada Magadalena del Socorro Núñez Monreal cause alta como integrante en la Comisión Especial que atienda los asuntos relacionados con las ciudades patrimonio de la nación reconocidas por la UNESCO.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 13 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano:

• Que la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez cause alta como integrante en la Comisión Especial para la preservación, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 14 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan consideración del pleno de la Cámara de Diputados la integración de los siguientes diputados en la comisión legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para Chiapas:

1. Que el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT, cause alta.

2. Que el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT, cause alta.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 13 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de este órgano de gobierno por el que se integran las 27 comisiones especiales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobado en sesión ordinaria del 22 de diciembre de 2012, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno la integración de las comisiones especiales que se detallan en el anexo.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 14 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

INTEGRACION DE COMISIONES ESPECIALES

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Cuenca del Sistema Cutzamala

Diputados: Blanca Esthela Gómez Carmona (PRI), presidenta; Luis Olvera Correa (PRI), Jhonatan Jardines Fraire (PRD), José Antonio Hurtado Gallegos (Movimiento Ciudadano), secretarios; Cristina González Cruz (PRI), Maricruz Cruz Morales (PRI), Salvador Ortiz García (PRI), Carlos Augusto Morales López (PRD).

Para dar Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Diputados: Juan Jesús Aquino Calvo (PAN), presidente; Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD), Ruth Zavaleta Salgado (PVEM), Víctor Manuel Jorrín Lozano (Movimiento Ciudadano), secretarios; Víctor González Manríquez (PAN), Eufrosina Cruz Mendoza (PAN), Mario Rafael Méndez Martínez (PAN).

Para impulsar la Agroindustria de la Palma de Coco y Productos Derivados

Diputados: Silvano Blanco de Aquino (PRD), presidente; Francisco Alberto Zepeda González (PRI), María del Rosario Merlín García (PRD), secretarios; Gabriel Gómez Michel (PRI), Eduardo Román Quian Alcocer (PRI), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (PRI), Ponciano Vázquez Parissi (PRI), Patricia Lugo Barriga (PAN), Martha Leticia Sosa Govea (PAN), Armando Contreras Ceballos (PRD).

Asuntos Alimentarios

Diputados: Gloria Bautista Cuevas (PRD), presidenta; María Esther Garza Moreno (PRI), Julisa Mejía Guardado (PRD), secretarias; Miriam Cárdenas Cantú (PRI), Salvador Barajas del Toro (PRI), Cecilia González Gómez (PRI), Blanca María Villaseñor Gudiño (PRI), Luis Miguel Ramírez Romero (PAN), Antonio García Conejo (PRD), Martha Edith Vital Vera (PVEM).

De la Alimentación

Diputados: Ricardo Cantú Garza (PT), presidente; Elizabeth Vargas Martín del Campo (PAN), Roberto López Rosado (PRD), Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (PVEM), secretarios; Luis Miguel Ramírez Romero (PAN), PAN, Antonio García Conejo (PRD), Loretta Ortiz Alf (PT).

Para dar Seguimiento a la Regularización de los Solares Urbanos de las Zonas Metropolitanas del País

Diputados: Omar Antonio Borboa Becerra (PAN), presidente; María del Carmen Martínez Santillán (PT), secretaria; Alberto Díaz Trujillo (PAN), María Teresa Jiménez Esquivel (PAN), Roxana Luna Porquillo (PRD), Jhonatan Jardines Fraire (PRD).

De Tecnologías de la Información y Comunicación

Diputados: Ana Lilia Garza Cadena (PVEM), presidenta; Javier Treviño Cantú (PRI), Carla Guadalupe Reyes (PRD), secretarios; Simón Valanci Buzali (PRI), Martha Gutiérrez Manrique (PRI), Adolfo Bonilla Gómez (PRI), Enrique Cárdenas del Avellano (PRI), Alberto Coronado Quintanilla (PAN), Carlos Alberto García González (PAN), Gloria Bautista Cuevas (PRD), Federico González Luna Bueno (PVEM).

Para el Desarrollo Sustentable

Diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza), presidente; Claudia Elena Águila Torres (PRD), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (PVEM), José Humberto Vega Vázquez (PT), secretarios; Tania Margarita Morgan Navarrete (PAN), Roxana Luna Porquillo (PRD).

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las siguientes integraciones de Comisiones Especiales, solicitadas por el diputado Manuel Añorve Baños, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comisión Especial de Minería

1. Diputado Adolfo Bonilla Gómez, secretario

2. Diputado Alfio Vega de la Peña, integrante

3. Diputado Noé Barrueta Barón, integrante

4. Diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, integrante

Comisión Especial de la industria automotriz y del acero

1. Diputado Salvador Romero Valencia, presidente

2. Diputado Alejandro Rangel Segovia, secretario

3. Diputada Flor Ayala Linares, integrante

4. Diputada Adriana Fuentes Téllez, integrante

5. Diputado Fernando Alfredo Zamora Morales, integrante

Comisión Especial que atienda los asuntos relacionados con las ciudades patrimonio de la nación reconocidas por la UNESCO

1. Diputado Martín de Jesús Vázquez Villanueva, secretario

2. Diputada María Esther Garza Moreno, integrante

3. Diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, integrante

4. Diputada Marina Garay Cabada, integrante

5. Diputada Alma Jeanny Arroyo Ruiz, integrante

Comisión Especial de lucha contra la trata de personas

1. Diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, secretaria

2. Diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, integrante

3. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, integrante

4. Diputado Luis Alfredo Murguía Lardizábal, integrante

5. Diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, integrante

Comisión Especial de evaluaciones del programa especial concurrente

1. Diputado José Rubén Escajeda Jiménez, secretario

2. Diputada Maricela Velázquez Sánchez, integrante

3. Diputada María de las Nieves García Fernández, integrante

4. Diputado Luis Gómez Gómez, integrante

5. Diputada María del Carmen García de la Cadena, integrante

Comisión Especial del Café

1. Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueta, secretario

2. Diputada Emilse Miranda Munive, integrante

3. Diputado Antonio de Jesús Díaz Athie, integrante

4. Diputada Verónica Carreón Cervantes, integrante

5. Diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, integrante

Comisión Especial de programas sociales

1. Diputada Claudia Delgadillo González, secretaria

2. Diputada Angelina Carreño Mijares, integrante

3. Diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, integrante

4. Diputada Petra Barrera Barrera, integrante

5. Diputado Darío Badillo Ramírez, integrante

Comisión Especial de puertos y marina mercante

• Que el diputado Raúl Galván Villanueva cause baja como integrante

• Que el diputado Raúl Galván Villanueva cause alta como secretario

Comisión Especial de energías renovables

• Que el diputado Samuel Gurrión Matías cause baja como integrante

• Que el diputado Samuel Gurrión Matías cause alta como secretario

• Que el diputado Raymundo King de la Rosa cause alta como integrante

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 14 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquese.

Continúe con el que sigue.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE ANTE EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se nombra al representante de la Cámara de Diputados ante el comité técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, incisos b) y e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

II. Que la reforma al artículo tercero de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2010, establece que el fideicomiso en mención contará con un comité técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Función Pública, y como invitado permanente, un representante del Poder Legislativo. Por cada representante propietario habrá un suplente, que deberá suplirlo en sus ausencias.

III. Que este órgano de gobierno ha realizado las consultas necesarias con los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados y ha considerado oportuno proponer al representante del Poder Legislativo ante el comité en mención.

Por lo expuesto, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se nombra al diputado Armando Contreras Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como representante propietario ante el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Segundo: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.p.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada María Sanjuana Cerda Franco, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO DE LA COMISION DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se nombra al representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, incisos b) y e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I.  Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

II.  Que el artículo 27, fracción IV, de la Ley Federal Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil señala que en el Consejo Técnico habrá dos representantes del Poder Legislativo, un diputado y un senador.

III.  Que este órgano de gobierno ha realizado las consultas necesarias con los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados y ha considerado oportuno proponer al representante del Poder Legislativo ante el comité en mención.

Por lo expuesto, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se nombra al diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD, como representante ante el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada María Sanjuana Cerda Franco, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE ANTE LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA PREVENIR, COMBATIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a la legisladora que representará a la Cámara de Diputados en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en materia de Trata de Personas

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el inciso e), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 86, fracción I, y Séptimo transitorio de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que en el marco de lo dispuesto en el inciso e), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde a la Junta de Coordinación Política, proponer la designación e integración de comisiones y delegaciones que la Cámara de Diputados requiera, para participar y atender sus compromisos de carácter institucional.

II. Que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en su artículo 84 prevé la integración de una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

III. Que el artículo 86, fracción 1, de la ley antes mencionada señala que en dicha comisión participará con voz pero sin voto, un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, los cuales deberán ser designados por el pleno de cada una de éstas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política, suscribe el siguiente

Acuerdo

Primero.Se designa a la diputada Leticia López Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para participar como representante de la Cámara de Diputados en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, por el periodo restante de la LXII Legislatura.

Segundo.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica) Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada María Sanjuana Cerda Franco, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISION NACIONAL DE PREMIACION DEL PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se nombra al representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Premiación del Premio Nacional de Derechos Humanos

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que de conformidad con el artículo 33 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

II. Que de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con el artículo 9, fracción II, y tercero transitorio del Reglamento del Premio Nacional de Derechos Humanos.

III. Que este órgano de gobierno ha realizado las consultas necesarias con los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados y ha considerado oportuno proponer al representante del Poder Legislativo ante el comité en mención.

Por lo expuesto, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se nombra a la diputada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, como representante de esta Cámara para integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Premiación del Premio Nacional de Derechos Humanos.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada María Sanjuana Cerda Franco, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.

DELEGACION MIGUEL HIDALGO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a apoyar el proyecto de recuperación del barrio de Tacubaya, en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, con el propósito de convertirlo en un centro turístico

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Turismo a apoyar el proyecto de recuperación del barrio de Tacubaya, en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, a fin de convertirlo en un centro turístico que dé vida al entorno social y cultural de sus habitantes, a cargo del diputado Agustín Barrios Gómez Segués, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

Con fecha 7 de febrero de 2013, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Turismo a apoyar el proyecto de recuperación del barrio de Tacubaya, en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, a fin de convertirlo en un centro turístico que dé vida al entorno social y cultural de sus habitantes, a cargo del diputado Agustín Barrios Gómez Segués, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se ordenó su turno a la Comisión de Turismo, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

El 8 de febrero de 2013, la Comisión de Turismo recibió el expediente número 1230, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Turismo a apoyar el proyecto de recuperación del barrio de Tacubaya, en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, a fin de convertirlo en un centro turístico que dé vida al entorno social y cultural de sus habitantes.

II. Contenido de la iniciativa

Tacubaya, que en náhuatl significa “lugar donde se toma el agua”, es un barrio histórico, lleno de costumbres y tradiciones. Perteneciente a la delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, está al poniente de la Ciudad de México, aproximadamente a 7 kilómetros al suroeste del centro histórico. Limita al norte con las colonias San Miguel Chapultepec y la Condesa; al oriente, con la colonia Escandón; al sur, con San Pedro de los Pinos; y al poniente, con Anillo Periférico.

Tiene Tacubaya un patrimonio histórico representativo de varias épocas, el cual se ha convertido en importante atractivo turístico. Su importancia se remonta a la época prehispánica, pues fue uno de los lugares donde se establecieron los mexicas durante su peregrinar. Posteriormente, en el virreinato, fue conocida como lugar de descanso por la élite colonial, dado su magnífico clima y su ubicación en una zona elevada sobre el nivel del lago; de hecho, se estudió la posibilidad de convertirla en capital.

En Tacubaya se establecieron los molinos de Santo Domingo y Valdés, movidos por aguas que, provenientes de Cuajimalpa, formaron el acueducto de Tacubaya.

Entre los pobladores ilustres de esta época se encontraron el obispo y virrey Juan de Palafox y Mendoza, quien construyó una casa conocida hoy como “Ex Arzobispado”, la cual cuenta con gran valor histórico; en el periodo de independencia, sirvió como cuartel del Ejército Trigarante, durante los días previos a su entrada en la Ciudad de México y la consumación de la independencia.

Tacubaya fue escenario del inicio de la Guerra de Reforma, luego de las luchas bajo el Plan de Ayutla y la derrota y destierro de Antonio López de Santa Anna, el Partido Conservador emitió en el Ex Arzobispado el Plan de Tacubaya, mediante el cual desconocieron la Constitución de 1857, dando así origen a la guerra que duró tres años.

En 1928, Tacubaya empezó a cambiar su carácter de pueblo por el de barrio de la ciudad.

La zona cuenta con templos, museos y edificios emblemáticos, entre los cuales resaltan el edificio Ermita, al inicio de la avenida Revolución, uno de los primeros rascacielos de la ciudad, en 1930, considerado ejemplo relevante de arquitectura estilo art déco; el obelisco de la alameda de Tacubaya, al que acompañan varios árboles, palmeras y jardines cercados; y el templo y ex convento de Santo Domingo, único convento dominico del siglo XVI que se conserva en la ciudad. Mención especial merece La Casa de la Bola, la cual debe el peculiar nombre a que en la parte superior se encontraba, a manera de adorno, una esfera de piedra. Actualmente, está convertida en atractivo museo, formado por 13 salones, amueblados con diversos objetos, como tapices europeos, pinturas, relojes, lámparas, sillones y mesas que recrean a la perfección el savoir faire de esa época; y la residencia oficial de Los Pinos.

Además, en Tacubaya se halla uno de los cuatro sitios declarados patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO: la Casa Estudio Luis Barragán, donde destacan el vestíbulo de acceso, la sorprendente escalera de madera empotrada en la pared y la famosa terraza de la azotea.

Las familias adineradas del virreinato y del siglo XIX eligieron Tacubaya como sede de sus fincas de descanso; esto se aprecia sobre la avenida Parque Lira. Sin olvidar también el propio Parque Lira, en el que se encuentra, en el extremo norte, un templo dedicado a la virgen de Guadalupe de estilo renacentista, que aloja hoy una sala de exhibición de obras artísticas. A un costado se halla la Casa Amarilla, fundada originalmente como hospedería religiosa en 1618.

Entre sus vecinos hubo gente interesante, como los Mondragón, familia porfirista cuyo personaje más importante fue Carmen Nahui Olin, como la bautizó el Doctor Atl. A principios del siglo XIX habitó en la Casa de la Bola doña Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, la famosa Güera Rodríguez, mujer bellísima y de enorme influencia política y social. No hay que olvidar al Tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez, personaje emblemático de 1859 durante la Guerra de Reforma, por lo que a esas víctimas se les recuerda como Los Mártires de Tacubaya. También a Antonio López de Santa Anna, El Cometa de Tacubaya. Otros vecinos sobresalientes fueron el ingeniero Luis Barragán y el escritor Germán Dehesa.

Tacubaya igualmente fue escenario de varias películas de la “época de oro del cine mexicano”, como la joya universal Los olvidados (1950).

Como es evidente, la historia de México ha pasado por las calles de Tacubaya, convirtiéndolo en un barrio típico de la ciudad. Esto, aunado a su ubicación, hace de Tacubaya un lugar de gran potencial turístico que debe ser explotado; pues la capital del país es una entidad de elevado flujo de visitantes nacionales y extranjeros, razón por la cual el sector turismo y todos los esfuerzos encaminados a fortalecerlo son de gran importancia y primera necesidad. De ahí la relevancia de rescatar la riqueza histórica y cultural del barrio de Tacubaya.

La Secretaría de Turismo del Distrito Federal considera Tacubaya como uno de los 21 barrios mágicos turísticos de la Ciudad de México.

Situación actual

Según datos de 2012 del Inegi, Tacubaya aloja a 19 mil 202 habitantes, y cuenta con 12 mil 314 viviendas y población flotante mayor de 284 mil habitantes por día.

La concentración de medios de transporte convierte la zona de Tacubaya en un centro de transferencia multimodal, cuya operación es básicamente informal: 3 líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Línea 2 del Metrobús, concluida en diciembre de 2008, con 3 estaciones en Tacubaya, 2 bases regulares de taxis, 44 derivaciones de 10 rutas de transporte concesionado con cerca de mil 850 unidades (entre vagonetas, combis, microbuses y autobuses) y 7 rutas de la Red de Transporte de Pasajeros. Las principales avenidas de la zona son Observatorio y Constituyentes, conexiones que entroncan con Prolongación Paseo de la Reforma y la carretera México-Toluca, avenida Camino Real a Toluca, Alta Tensión, Vasco de Quiroga, Anillo Periférico (desde San Antonio hasta Molino del Rey), Revolución, Patriotismo e inicio del Circuito Interior y del viaducto Miguel Alemán-Río Piedad.

Actualmente, Tacubaya se enfrenta a diversas problemáticas urbanas:

• Congestionamiento vehicular y contaminación ambiental.

• Obstrucción de la libre circulación peatonal.

• Falta de estacionamientos públicos.

• Ambulantaje, concentrado principalmente en las bases del transporte de superficie.

• Ausencia de seguridad pública y elevado índice de delincuencia.

• Carencia de equipamiento urbano adecuado a las necesidades actuales.

• Falta de mantenimiento de los edificios y fachadas de los inmuebles de la zona, especialmente de la vivienda y el comercio.

• Abandono de los inmuebles catalogados como patrimonio histórico.

• Contaminación visual por anuncios publicitarios, y deterioro de la imagen urbana.

Pese a los problemas descritos, el barrio de Tacubaya sigue siendo una zona urbana de singular importancia cultural e histórica para la delegación Miguel Hidalgo y la Ciudad de México, por lo que deben considerarse su rescate y revitalización integral.

Es necesario reflexionar sobre el pasado y el presente del barrio de Tacubaya para diseñar y llevar a cabo acciones que soluciones las principales problemáticas urbanas que la afectan, realizando un proyecto global para el rescate de espacios y convertirlo en un centro turístico de primer nivel en la capital.

Justificación

En Tacubaya se constata la belleza de un pasado indígena y colonial a través de sus construcciones, aunado a la desigualdad económica entre los vecinos. Por ello, el rescate del barrio de Tacubaya, situado en Miguel Hidalgo, es importante. El propósito principal radica en convertirlo en un centro turístico que dé vida al entorno social y cultural de sus habitantes a fin de buscar que esta acción se sume al constante esfuerzo de contar con espacios seguros y de calidad para el turismo y de conservación del patrimonio tangible e intangible de una entidad turística como la Ciudad de México.

El rescate de Tacubaya también requiere el compromiso y apoyo de la sociedad, pero es preciso que les entreguemos algo que cuidar, algo de qué sentirse orgullosos, y para ello hay que iniciar obras y proyectos que precisan de una significativa inversión por el gobierno. Se persigue que los habitantes de Tacubaya, de Miguel Hidalgo y del Distrito Federal se apropien del espacio público, y para ello hay que crear espacios de reencuentro social.

Efecto social

El patrimonio cultural de Tacubaya se enriquece al conocer que hay personas del barrio interesadas en rescatar su valor histórico, el cual las identifica como descendientes de un pueblo originario.

La importancia de realizar trabajos para su rescate radica principalmente en los beneficios en el ámbito turístico y de seguridad que obtendrán quienes viven en Tacubaya y en la capital.

Muchas acciones deben tomarse en Tacubaya, pero en primera instancia debe trabajarse en su imagen urbana que, entre otras cosas, incluye el arreglo de las calles y la uniformidad de la zona (fachadas, paleta de colores, etcétera).

Asimismo, debe iniciarse cuanto antes la remodelación del mercado de Tacubaya, uno de los más importantes y emblemáticos de la ciudad y parada forzosa para quien visita el barrio. Lo anterior, con todos los planes que se tienen para Tacubaya, y pensando en la conservación del patrimonio tangible e intangible de México y, de igual manera, como parte de la búsqueda por ganar espacios turísticos y convertir de una vez por todas a Tacubaya en un centro turístico para visitantes nacionales y extranjeros, es necesario un apoyo integral por la Secretaría de Turismo el cual incluya recursos, promoción turística, gestión y asistencia técnica.

Efecto económico

La importancia de realizar trabajos para su rescate radica principalmente en los beneficios a nivel turístico y de seguridad que obtendrán quienes viven en Tacubaya y el Distrito Federal. Es por todos sabido que la alta afluencia de turistas incrementa la creación de empleos, genera una derrama económica en el lugar y obliga a una mayor presencia de elementos de seguridad salvaguardando a los visitantes. Además, es importante mencionar que un barrio que esté bien cuidado, es un barrio que se antoja recorrer caminando, que se disfruta conocer, es un barrio al que los propios habitantes le dan vida y por ende es, sin lugar a duda, un barrio seguro.

En conclusión, queda clara la urgencia de darle vida al barrio de Tacubaya mediante el rescate de aquello que lo hace único y un punto turístico obligado en nuestro país.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

La Comisión de Turismo está de acuerdo con los planteamientos esbozados y ve viable la proposición con punto de acuerdo. Sin embargo, considera importante incluir el monto total que se solicita a la Secretaría de Turismo para el proyecto en cuestión, así como el origen de los recursos que se solicitan a la Secretaría de Turismo federal para el proyecto.

Por lo anterior, vale la pena señalar que los recursos necesarios para el proyecto podrían provenir de los convenios de coordinación en materia de subsidios, considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con cargo en la partida 4000 del ramo 21. Asimismo, cabe señalar que el proyecto en su primera etapa, según la solicitud de inclusión de proyectos de inversión en el Presupuesto de 2013 (ingresado en diciembre en la Comisión de Turismo) es de 40 millones de pesos.

Por lo expuesto, la Comisión de Turismo somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Turismo a apoyar el proyecto de recuperación del barrio de Tacubaya, en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, con el propósito de convertirlo en un centro turístico que dé vida al entorno social y cultural de sus habitantes, buscando que esta acción se sume al constante esfuerzo de contar con espacios seguros y de calidad para el turismo y de conservación del patrimonio tangible e intangible de una entidad turística como la Ciudad de México.

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 12 de febrero de 2013.

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Gabriela Medrano Galindo, José Luis Valle Magaña (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante, Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Raúl Paz Alonzo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Laura Barrera Fortoul, Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz Quintana León, Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre, William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca, José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, Jéssica Salazar Trejo, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: En términos del artículo 100 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida el registro para la próxima sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 16:18 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 19 de marzo, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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