Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y señores diputados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 353 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín (a las 11:29 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 21 de marzo de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De diputados

En relación a retiro de iniciativas.

Del Gobierno del estado de Aguascalientes

Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo”.

De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Con la que comunica que remitió a la Procuraduría General de la República, el informe especial sobre las irregularidades cometidas por servidores públicos de esa dependencia, en el caso Florence Cassez.

Solicitud de licencia

De la diputada Graciela Saldaña Fraire.

Minuta

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Mesa Directiva

Criterios a observar por la Mesa Directiva para obsequiar solicitudes para guardar minutos de silencio. (Votación)

De la Junta de Coordinación Política

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto que adiciona una fracción I al artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Dictamen a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Agenda política

Comentarios relativos al aniversario del natalicio de Benito Juárez, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 141 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2-A, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 109 y 158 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un Artículo Transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 367 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega y suscrita por el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 294 y 306 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o. y 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación, 113 de la Ley General de Salud y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 185 y 191 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, a cargo de la diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide el Código Penal Único, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que Garantiza el Derecho de Réplica, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 157, 158 y 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que expide el Código de Procedimientos Penales Único, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Blas Ramón Rubio Lara y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o., 8o. y 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 200 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5° y 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 66, 70 y 71 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 416 del Código Civil Federal y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativa

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se integra un Fondo Especial de Recursos Económicos, por 15 mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas acaecidas del 2 al 4 de febrero del año en curso en los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Décimo Tercero, y los artículos 153, 154, 155, 157 y 158 a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SRE, remita al Senado de la República el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de estar en posibilidad de dar curso al procedimiento previsto en el artículo 76, fracción I, Constitucional, a cargo de la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que considere la integración de un legislador representante de la Comisión de Desarrollo Municipal de esta Soberanía, en el Consejo Nacional del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes del estado de Yucatán, para que respeten la autonomía y soberanía de su municipio de Tinum, y de sus autoridades constitucional y popularmente electas, a cargo de la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Ejecutivo federal, fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, incrementar los apoyos a favor de las mujeres rurales.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo, relativos a lo sucedido en Tacotalpa, Tabasco.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo relativo a la revisión de las Reglas de Operación de los Programas contenidos en el anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal, en materia de Feminicidios.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a aplicar en coordinación con la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, las medidas necesarias para atender el creciente índice de Feminicidios en la entidad.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en los cargos de elección popular.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República que coadyuve con la Procuraduría Estatal en las investigaciones relacionadas con los feminicidios presentados en Tula, Hidalgo.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados de la Federación, para que legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Segob y a la SEP, para que establezcan una estrategia nacional de prevención infantil contra abusos producto de la navegación insegura de las niñas, niños y adolescentes en Internet; asimismo se exhorta a las legislaturas de los estados y a la ALDF, para que legislen en la materia.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las entidades donde no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación, a expedir disposiciones legales encaminadas a prohibirlas y desarrollar acciones institucionales para compensar la violación de esa garantía.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a los actos de violencia y discriminación llevados a cabo por medios de comunicación públicos y privados de Quintana Roo, en contra de las Diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como de Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos Estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del Adulto Mayor.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de Octubre.

De la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos Congresos Estatales, para que aprueben el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, se establezca el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícitos de gas LP en el país.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobernador del Estado de Querétaro con relación a la ola de secuestros y desapariciones de personas en la entidad; y al Congreso local a realizar los trabajos legislativos pertinentes para tipificar el delito de feminicidio.

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, revisen su legislación civil, a fin de aumentar la edad mínima para que ambos contrayentes puedan contraer matrimonio.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Desarrollo Integral de la Familia, a constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niñas, niños y adolescentes sin compañía que sean repatriados de los Estados Unidos de América y se promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del DF. Para que analicen y propongan soluciones para el mejor desempeño de las funciones del Heroico Cuerpo de Bomberos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al Día Mundial del Agua, a cargo del diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, para que investigue a las escuelas que incurrieron en el cobro de cuotas; asimismo, para que sancione a aquellas que hayan condicionado en el proceso de inscripción 2013-2014, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se hace un llamamiento a la Conagua, al SACM y a los organismos operadores de municipios del área metropolitana, para que los recortes de agua en Semana Santa sean los menos posibles y los que se den, sean de manera equitativa en todas las colonias, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía manifiesta su beneplácito y respalda la candidatura de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, durante el periodo 2020-2021, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la Creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos electorales del año 2013, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Efeméride

Con motivo del Día Mundial del Agua, a cargo de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias.  En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veinte de marzo de dos mil trece, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con un minuto del miércoles veinte de marzo de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Desde su curul el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, realiza comentarios sobre nota periodística relativa a la Minuta de reforma sobre fuero constitucional. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y de Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo veintiuno de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentada el cuatro de diciembre de dos mil doce. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Dos, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se remiten a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

• Con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso. Se remite al promovente, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de febrero de dos mil trece, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de febrero de dos mil doce. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa al Plan Nacional de Desarrollo. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

d) Del diputado Ponciano Vázquez Parissi, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en el Vigésimo Primer Distrito Electoral del estado de Veracruz, a partir del veintidós de marzo del año en curso. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Asuntos Migratorios, que reforma y adiciona el artículo ciento doce de la Ley de Migración.

b) De Juventud, que reforma y adiciona el artículo doce de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

c) Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio; de las Leyes Generales de Sociedad Mercantil, de Sociedad de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Derechos Humanos, que adiciona un segundo párrafo a la fracción segunda del artículo sesenta y dos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Francisco Javier Fernández Clamont, quien presenta propuesta de modificación, la cual se acepta en votación económica. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática; Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional; y María de Jesús Huerta Rea, del Partido Revolucionario Institucional.

Sin más oradores registrados, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por de trescientos treinta y dos votos a favor; noventa y ocho en contra; y tres abstenciones, el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción segunda del artículo sesenta y dos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

A las once horas con cuarenta minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y cuatro diputadas y diputados.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

b) Unidas de Juventud y de Gobernación, que reforma diversas disposiciones a los artículos cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y quinto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Juventud a la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Crystal Tovar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido Acción Nacional; y Delvim Fabiola Barcenas Nieves, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y cinco votos, el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones a los artículos cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y quinto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de Procedimiento de declaratorias. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Miguel Ángel Aguayo López. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; y José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y dos votos, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

• Que adiciona un artículo veintiocho Ter; un segundo párrafo al artículo veintinueve y un segundo párrafo al artículo cuarenta y siete de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Roberto López González. Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por unanimidad de cuatrocientos treinta y cinco votos, el proyecto de decreto que adiciona un artículo veintiocho Ter; un segundo párrafo al artículo veintinueve y un segundo párrafo al artículo cuarenta y siete de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

d) De Derechos de la Niñez, que reforma el artículo veintiocho de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada María Angélica Magaña Zepeda. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo; Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano; y Enrique Aubry de Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de México. Sin más oradores registrados, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y dos votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo veintiocho de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En virtud de haberse cumplido con la declaratoria de publicidad, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato el dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio; de las Leyes Generales de Sociedad Mercantil, de Sociedad de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de las Comisiones al diputado Mario Sánchez Ruíz. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; José Arturo Salinas Garza, del Partido de Acción Nacional; y Amira Gricelda Gómez Tueme, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Sin más oradores registrados, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y seis votos, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones del Código de Comercio; de las Leyes Generales de Sociedad Mercantil, de Sociedad de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes en sentido negativo con puntos de acuerdo de iniciativas con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Transparencia y Anticorrupción, por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

b) De Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos diez Bis y diez Ter a la Ley General de Desarrollo Social.

c) Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo segundo de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Por lo que se refiere a la Minuta se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción D, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a cambios de integrantes y de Juntas Directivas de Comisiones Ordinarias, y de Comisiones Especiales. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se recibe oficio del diputado Sergio Torres Félix, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en el Séptimo Primer Distrito Electoral del estado de Sinaloa, a partir del veintidós de marzo del año en curso. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución a los diputados:

• Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco, para que implementen las acciones tendientes a persuadir y disuadir a los grupos de autodefensa civil. En votación económica se considera de urgente resolución. Intervienen para referirse al tema los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Ricardo Moreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, quien acepta interpelación del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Partido Revolucionario Institucional; Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Partido de la Revolución Democrática; Consuelo Argüelles Loya, del Partido de Acción Nacional; y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al punto de acuerdo los diputados: Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional; Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional; y Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Gisela Raquel Mota Ocampo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía, para que establezcan un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país. En votación económica se considera de urgente resolución. Intervienen para referirse al tema los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; Héctor Narcia Alvarez, del Partido Verde Ecologista de México; Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Bueno Torio, del Partido de Acción Nacional; y Cesario Padilla Navarro, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente instruye a la Secretaría a dar lectura a la propuesta de modificación presentada por el diputado Salvador Barajas del Toro, del Partido Revolucionario Institucional, avalada por la proponente, y en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente informa a la Asamblea de la recepción de una proposición con puntos de acuerdo que hizo suya la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Gobierno Federal para que agilice la llegada de recursos a los municipios en estado de emergencia y para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, active el programa de seguros catastróficos para el sector rural componente de la atención a desastres naturales. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Margarita Licea González, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos treinta y cinco, y ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Sergio Torres Félix, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doce, veinticinco, y treinta y tres, de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila, para que cumpla con el pago de la deuda a los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Héctor Narcia Álvarez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se implementen cercos sanitarios a efecto de controlar el daño que puede provocar la roya en los cultivos del café en el país. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en representación del Estado Mexicano, acaten con responsabilidad el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que lleve a cabo la implementación del Programa “Por tu Familia, Desarme Voluntario”, a nivel nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Defensa Nacional, para dictamen.

• Rodrigo Chávez Contreras, de Movimiento Ciudadano, relativo a la población en situación de calle. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, relativo al ataque y difamación del que fue objeto la comunidad Judía Mexicana e Internacional, víctimas del Holocausto. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves veintiuno de marzo de dos mil trece, a las once horas y levanta la sesión a las dieciséis horas con treinta minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobada el acta.Continúe la Secretaría con las comunicaciones de nuestros compañeros diputados.

RETIRO DE INICIATIVAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

De conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted que sea retirada mi Iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, presentada el día 28 de febrero de 2013 y turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

México, DF, a 20 de marzo de 2013.— Diputado Sergio Torres Félix (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Atendiendo a las facultades concedidas a la Presidencia de la Mesa Directiva por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual presenté en la sesión del pasado 18 de diciembre de 2012, y fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Si otro particular, reciba un afectuoso y cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo 20 de 2013.— Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta se retire de la Gaceta Parlamentaria y de todos los registros parlamentarios, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que suscribe su servidor.

Sin más por el momento agradezco sus atenciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2013.— Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.

PROGRAMA DIPUTADA AMIGA, DIPUTADO AMIGO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Poder Ejecutivo del Estadode de Aguascalientes.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente

En atención a su oficio número D.G.P.L.62-II-0-0536, y en relación al punto de acuerdo aprobado en fecha 6 de diciembre de 2012 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se hace de su conocimiento que el gobierno del estado de Aguascalientes reconoce plausiblemente las acciones emprendidas por la LXII Legislatura con la implementación permanente del programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo”.

La presente administración estatal apoya, en su ámbito de competencia, a los migrantes y sus familias a través de diversos programas de gobierno susceptibles de aplicarse en su beneficio.

Sin otro particular, por el momento, le reitero mi consideración atenta y distinguida.

Atentamente

Aguascalientes, Ags., a 11 de marzo de 2013.— Licenciado Antonio Javier Aguilera G. (rúbrica), jefe de gabinete del Gobierno del estado de Aguascalientes.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

RELACIONES DEL JEFE DE GOBIERNO CON ORGANOS DE GOBIERNO LOCAL, PODERES DE LA UNION, CON LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y CON AUTORIDADES MUNICIPALES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con órganos de gobierno local, poderes de la unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio SEDU/066/ 2013, mediante el cual la Secretaria de Educación del Distrito Federal, da respuesta al Punto de Acuerdo con número de oficio D.G.P.L.62-II-7-379 de fecha 30 de enero de 2013, signado por’ la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de marzo de 2013.— Héctor Serrano Cortés (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Para: Licenciado Héctor Serrano Cortés.

Secretario de Gobierno

Por este conducto me permito remitir copia del documento recibido en esta oficina, dirigido por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente LXII Legislatura, quien hace del conocimiento que en sesión celebrada el 30 de enero de 2013, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe:

Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que difunda la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial, por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que informe a esta soberanía vía comisión ordinaria respectiva, sobre los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esa fecha.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las Secretarías de Educación de las entidades federativas, informar del motivo de las quejas de las universidades sancionadas y a las que se les revocó el reconocimiento oficial.

Lo anterior para su atención y efectos procedentes, agradeciéndole remitir a la brevedad posible copia del trámite relativo.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de febrero de 2013.— Luis Ernesto Serna Chávez, secretario particular.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno.— Presente.

Con relación al oficio SG/2248/2013, de fecha 13 de febrero de 2013, a través del cual se informa a esta Secretaría que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, aprobó el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que difunda la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que les ha revocado el reconocimiento de validez oficial, por tener programas que no cumplen con los están dores de calidad educativa.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que informe a esta soberanía vía comisión ordinaria respectiva, sobre los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública ya las Secretarías de Educación de las entidades federativas, informar del motivo de las quejas, de las universidades sancionadas y a las que se les revocó el reconocimiento oficial.

Al respecto, le informo que en términos de lo establecido en los artículos 13 fracción XIII y 107 de la Ley de Educación del Distrito Federal, esta dependencia, en concurrencia con la Secretaría de Educación pública tienen la atribución de otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios de nivel superior.

Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones:

...

XIII. otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los mencionados, en concurrencia con el gobierno federal. En el otorgamiento, negación y revocación de las autorizaciones y reconocimientos deberá observarse lo dispuesto por el Título Tercero de esta Ley.

...

Artículo 107. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos, niveles y modalidades, para lo cual deberán ajustarse a la legislación aplicable y a los planes y programas vigentes.

Respecto a la educación preescolar, primaria y la secundaria, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa de la autoridad educativa en el Distrito Federal. Tratándose de estudios distintos de los antes mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios, el que será otorgado por las autoridades educativas del Distrito Federal en concurrencia con las de la federación, en términos que dispone la Ley General de Educación.

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivo.

No obstante lo anterior, hago de su conocimiento que a la fecha esta Secretaría se ha abstenido de otorgar, negar o revocar el reconocimiento de validez oficial a instituciones educativas que ofrecen educación a nivel Superior en el Distrito Federal, por lo tanto no se cuenta con la información solicitada.

En consecuencia, ante la imposibilidad material para atender el exhorto formulado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por los razonamientos antes mencionados; solicito que el mismo se tenga por atendido en tiempo y forma.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de marzo de 2013.— Doctora Mara Nadiezhda Robles Villaseñor (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase al promovente, para su conocimiento.

INFORME ESPECIAL DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL CASO DE LA SEÑORA CASSEZ

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Respetable diputado:

Por medio del presente le comunico que el día 13 de marzo de 2013, este organismo nacional emitió el “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las Irregularidades Cometidas por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República, en el caso de la señora Cassez”, dirigido a la Procuraduría General de la República. Lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 13 de marzo de 2013.— Doctor Raúl Plascencia Villanueva (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

Ruego continuar con la solicitud de licencia de la diputada Graciela Saldaña.

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos normativos 6o., numeral 1, fracción XVI, 12 y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, vengo a solicitar ante esta soberanía me sea concedida formal licencia por tiempo indefinido del cargo que ostento como diputada federal por el 03 Distrito Electoral del estado de Quintana Roo, con cabecera en el municipio de Benito Juárez, integrante de esta LXII Legislatura, con efectos a partir del 1o. de abril de 2013; lo anterior para todos los efectos legales conducentes.

Sin más por el momento, reitero a usted mi más alta estima y distinguida consideración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo del 2013.— Diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Ruego a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, a la diputada Graciela Saldaña Fraire, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el III distrito electoral del estado de Quintana Roo, a partir del 1 de abril del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Antes de hacer la declaratoria. Dígame diputada.

La diputada Graciela Saldaña Fraire(desde la curul): Presidente, para hacer uso de la palabra.

El Presidente diputado José González Morfín: No me pasaron eso a tiempo. Le pediría que fuera desde su lugar, porque ya tengo que...

La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Le pediría que fuera desde la tribuna, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No puedo negarle el uso de la tribuna. Adelante, diputada. Pero nadie me había dicho nada.

La diputada Graciela Saldaña Fraire: Muchas gracias, seré breve. Buenos días a todas y todos, compañeros diputados, amigos y amigas. Muchas gracias, presidente, por permitirme. No quiero perder la oportunidad de decirles a todos y a todas: muchísimas gracias, mi reconocimiento, mi gratitud por estar con ustedes en este tiempo; ha sido un privilegio trabajar con todos ustedes.

A todos los coordinadores de los diferentes partidos, por estar con ustedes compartiendo en esta Legislatura.

A los diputados del PAN, amigos y aliados, en donde seguramente podremos y compartiremos proyectos futuros dentro de pronto.

A los diputados del PRI, del PAN, del Panal y del Verde que han sido nuestros principales adversarios. Pero decirles también, con mucho orgullo, que en esta Legislatura hemos hechos avances más en el sentido legislativo que adversarios políticos.

A mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, a todas y a todos, muchísimas gracias. A mi coordinador Silvano Aureoles, a nuestro vicecoordinador Miguel Alonso Raya, a nuestro diputado de medio ambiente, mi reconocimiento y mi cariño. A Rodrigo González, a Trinidad Morales por todo su apoyo, en todo y cada momento en el que he estado con ustedes.

Quisiera también hacer un reconocimiento público a nuestro presidente, diputado Francisco Arroyo, por todo su apoyo, por todo su cariño y por no dudar en ningún momento de hacer valer la tutela del fuero de esta servidora, principalmente por los ataques del gobierno del estado de Quintana Roo.

Quiero hacer otro agradecimiento muy especial a nuestro diputado Ricardo Mejía, por acompañarme en todo el tiempo en el momento del proyecto Dragon Mart, y también por hacer valer la ley en el proyecto, que no se llevó a cabo, también por Holbox.

Muchas gracias, a mis compañeros del Partido del Trabajo.

Decirles también que trabajo y hemos trabajado con un grupo de asesores del Grupo Parlamentario del PRD. A todos ellos muchas gracias, y en especial al licenciado Carlos López, al doctor Octavio Climet y al maestro Miguel Ángel Montoya, porque sin ellos no podríamos hacer las leyes en este Congreso.

Una solicitud, compañeras y compañeros, es un adiós, pero sobre todo es un hasta luego; me voy a trabajar en el lugar en donde he crecido, en Benito Juárez, en Cancún, y quiero decirles a todas y a todos que los espero en Quintana Roo, los espero en Benito Juárez, los espero en Cancún y que sobre todo ahí tienen a una amiga y a una aliada, que seguramente ahí nos vamos a encontrar, porque eso es lo que sé hacer: trabajar. Muchísimas gracias, los quiero mucho.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Teresa Mojica.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): Gracias, presidente. Es una sorpresa que hoy se nos va nuestra compañera diputada Graciela Saldaña Fraire. Desearle lo mejor. Déjenme decirles que la conocí en esta Cámara, pero que es una gran mujer y que Cancún ganaría mucho, si tuviera una presidenta municipal como nuestra compañera.

Más allá de partidos políticos, quienes la conocen saben que vino a aportar a esta Cámara y es una gran medioambientalista. Mucha suerte, compañera. Estoy segura que vas a ser presidenta.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Voy a pedir ahora sí a la Secretaría poner a votación del pleno los puntos de acuerdo a los que ya se les dio lectura.

¿Quién está pidiendo la palabra? Sonido en la curul del diputado Raymundo King de la Rosa.

El diputado Raymundo King de la Rosa (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Es muy respetable la decisión de la diputada Graciela de ausentarse de su responsabilidad, de la confianza que le fue conferida por los benitojuarences; sin embargo, le hemos señalado con mucha precisión que en todo momento ha utilizado la bandera electorera, porque sabemos que busca ser candidata por el municipio de Benito Juárez, pero que no se vale que venga aquí a desinformar y a señalar ataques, que en ningún momento...

El Presidente diputado José González Morfín: No es un asunto que esté puesto a discusión, diputado.

El diputado Raymundo King de la Rosa (desde la curul): Señor presidente, no es discusión, solamente precisar que en ningún momento ha sido atacada por el gobierno del estado de Quintana Roo. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Ya las intervenciones han quedado registradas en el Diario de los Debates. Le pido ahora sí tomar la votación sobre la solicitud de licencia, de los puntos de acuerdo a los que dio lectura.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense.

Continúe la Secretaría.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a Ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Atentamente

México, DF, a 19 de marzo de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Único. Se reforman los artículos 1; la fracción I y las actuales fracciones II y III que pasan a ser VII y VIII del artículo 5; las fracciones V y VI del artículo 17; las fracciones II y III del artículo 33; el primer párrafo y las fracciones X y XI del artículo 34; las fracciones II y III del artículo 37; las fracciones IX y X del artículo 40 y las fracciones II y III del artículo 42; y se adicionan las fracciones II; III, IV, V y VI al artículo 5, recorriéndose las subsecuentes; las fracciones VII, VIII, IX, X y XI del artículo 17; una fracción IV al artículo 33; una fracción XII al artículo 34; la fracción IV al artículo 37; una fracción XI al artículo 40 y las fracciones IV y V al artículo 42, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.

Artículo 5....

I. Acciones afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

II. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

III. Discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;

IV. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

V. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

VI. Perspectiva de género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;

VII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas;

VIII. Sistema Nacional. Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y

IX. Programa Nacional. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 17. ...

...

I. a IV. ...

V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;

VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo;

VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres;

VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres;

IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales;

X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y

XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud.

Artículo 33. ...

I. ...

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia económica;

III. Impulsar liderazgos igualitarios, y

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones:

I. a IX. ...

X. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de género;

XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia, y

XII. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por medio de la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación.

Artículo 37. ...

I. ...

II. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianeidad;

III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, y

IV. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Artículo 40. ...

I. a VIII. ...

IX. Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra las mujeres;

X. Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y

XI. Contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares reconociendo a los padres el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad.

Artículo 42. ...

I. ...

II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres;

III. Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas;

IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las relaciones sociales, y

V. Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 19 de marzo de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente;senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

El acuerdo de la Mesa Directiva. Adelante.

CRITERIOS POR OBSERVAR RESPECTO A LAS SOLICITUDES PARA GUARDAR MINUTO DE SILENCIO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Criterios por observar respecto a las solicitudes para guardar minuto de silencio

En el marco de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y

Considerando

I. Que el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados es el espacio en el que se reúne la Representación Nacional que integra a esta Soberanía y es, por tanto, un sitio en el que debe prevalecer el protocolo y el ceremonial republicano que deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y la práctica consuetudinaria que adquiere forma y reconocimiento en las llamadas prácticas parlamentarias.

II. Que en relación con lo anterior, se ha vuelto recurrente que distintas diputadas y diputados soliciten a la Presidencia de la Mesa Directiva, a anuencia y autorización para que en el desarrollo de Sesiones del Pleno, pueda guardarse un minuto de silencio, como una expresión de luto y/o condolencias, en memoria de una persona fallecida, personaje histórico o con relación a un acontecimiento trágico.

III. Que es de observar que éste tipo de solicitudes cada vez son más frecuentes, y en muchas ocasiones, los temas planteados son ajenos a las actividades legislativas y/o hechos en donde esta Soberanía pudiera tener injerencia.

IV. Que toda vez que esta actividad no está regulada, este órgano de gobierno, en el marco de sus atribuciones para garantizar y asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones, ha considerado prudente y necesario establecer los criterios esenciales para obsequiar este tipo de solicitudes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno somete a la consideración del Pleno los siguientes:

Criterios a observar por la Mesa Directiva para obsequiar solicitudes para guardar minutos de silencio

Primero. Los presentes criterios establecen los lineamientos que la Mesa Directiva observará para determinar y otorgar la anuencia para guardar, dentro del marco de una sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, los momentos de remembranza conocidos como minuto de silencio.

Segundo. El minuto de silencio es un homenaje solemne, de tipo extraordinario, que hace el Pleno de la Cámara de Diputados para expresar luto y/o condolencias de carácter institucional.

Tercero. La Mesa Directiva, como órgano responsable del adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno, será la instancia a la que deban formularse las solicitudes para guardar minutos de silencio, y ésta determinará si son de obsequiarse.

Cuarto. La diputada o diputado que solicite que el Pleno guarde un minuto de silencio, deberá hacerla a través de su coordinador parlamentario, quien deberá plantearlo a este órgano antes del inicio de la sesión.

Quinto. La solicitud para guardar un minuto de silencio se considerará procedente únicamente cuando se refieran al:

a) Fallecimiento de jefes y ex jefes de Estado.

b) Fallecimiento de legisladores y ex legisladores federales.

c) Fallecimiento de personalidades eminentes en el ámbito de la política, la cultura, el arte, o cuyas aportaciones se hayan distinguido de manera relevante en el ámbito nacional y/o internacional.

d) Acontecimientos trágicos, percances y/o desastres naturales que por su alcance y magnitud, impliquen el homenaje luctuoso de esta representación nacional.

Sexto. Los minutos de silencio se guardarán preferentemente antes del despacho de los asuntos que requieran discusión y votación, en la sesión que la Mesa Directiva determine.

Séptimo. La Mesa Directiva asegurará que estas distinciones del Pleno preserven en todo momento la relevancia y solemnidad que exige el homenaje de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Octavo. El presente instrumento entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno.

Dado en la sala de juntas de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a los 12 días del mes de marzo de 2013.— Por la Mesa Directiva: diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente;diputada Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), vicepresidenta;diputado José González Morfin (rúbrica), vicepresidente;diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), vicepresidenta;diputada Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), secretaria;diputado Xavier Azuara Zúñiga (rúbrica), secretario;diputado Ángel Cedillo Hernández (rúbrica), secretario;diputado Javier Orozco Gómez (rúbrica), secretario; diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica), secretaria;diputada Merilyn Gómez Pozos (rúbrica), secretaria;diputado Fernando Bribiesca Sahagún (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a consideración de la asamblea. A ver, sonido en la curul del diputado, para hablar en contra. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Medina Filigrana.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Con qué objeto, diputado? Es uno a favor y uno en contra.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Entonces, para hablar en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Es uno a favor y uno en contra. A ver, sonido en la curul del diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, le pido también me inscriba en contra o usted me permita, para hechos, hacer referencia para esta propuesta.

El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo. Adelante, diputado Medina.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hace un año nos preparábamos para iniciar la contienda electoral que nos permitió ganar la confianza de los ciudadanos para venir a este recinto y a esta tribuna.

La verdad es que sorprende, indigna, que haya una sistemática decisión de acallar a los parlamentarios del Congreso mexicano; ya no se permite el debate en esta Cámara, ya no hay discusión en esta Cámara, y hoy se pretende que ni siquiera las legisladoras y los legisladores tengamos la posibilidad de solicitar que se obsequie un minuto de silencio, cuando nosotros consideremos que debe ser una circunstancia que debe honrar esta soberanía.

Es increíble que hoy se esté leyendo un punto de acuerdo, una resolución, para limitar y para burocratizar lo que debe ser un hecho espontáneo, surgido de un sentimiento, por la pérdida de un ser humano o de un grupo de seres humanos.

¿A dónde pretendemos llegar con este tipo de acciones? ¿A callar completamente a las parlamentarias y los parlamentarios mexicanos? ¿Por eso fuimos a pedir el voto hace un año? ¿Esto fuimos a decirles a nuestros ciudadanos, que votaran por nosotros para venir nada más aquí a callar, a aplaudir, a levantar el dedo conforme lo señale la Junta de Coordinación Política? Es completamente indignante, compañeras y compañeros. Reflexionemos lo que aquí se pretende votar.

Es que ya ni siquiera el minuto de silencio lo van a poder solicitar ustedes desde su tribuna, va a tener que ser la Junta de Coordinación Política la que lo valore. ¿Qué pasa si es un hecho que lamenta, que golpea, que sensibiliza el distrito de ustedes, pero que a juicio de la Junta de Coordinación Política no es lo suficientemente grave para ser considerado por esta soberanía? Les pido que reflexionemos.

Estamos aún a tiempo, no solamente de echar abajo esta burla, esta ironía que se pretende hacer, sino de darle un verdadero cauce parlamentario y de dignidad a esta Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. El diputado Muñoz Soria, también para razonar su voto, y después el diputado Monreal, o para hechos, en razón de que la figura de razonar el voto no existe en el Reglamento.

El diputado José Luis Muñoz Soria: Con el permiso de la Mesa. Quisiera primero ratificar todo lo que ha mencionado en esta tribuna el diputado Filigrana. Tal parece que la Junta de Coordinación Política cree que aquí hay personas sin criterio, cree que aquí hay personas que no razonamos y que solamente estamos esperando a que ellos nos digan qué es lo que consideran y qué debemos de votar por lo que propongan.

Queremos decirles que se equivocan. Que hay legisladoras y legisladores que no van a callar, que haremos y pediremos el uso esta tribuna cuando creamos necesario hacerlo para pedir un minuto de silencio por aquello que creamos debe de hacerse. No se equivoquen nuevamente, les decimos a todos los coordinadores que hayan firmado esta propuesta.

Pero veamos nada más lo que proponen, aquellos que con estos planteamientos presumen de ser racionales, veamos lo que proponen; proponen que el minuto de silencio debe hacerse antes del inicio de la sesión y que lo apruebe la Junta de Coordinación Política. Resulta entonces que si durante el transcurso de alguna sesión sucede un hecho, incluso como lo que ellos mencionan, no podemos hacerlo porque a juicio de ellos tendríamos que hacerlo hasta la próxima sesión.

Habría que decirles a aquellas personas —personajes que fallecen— que deban de avisarle a la Junta de Coordinación Política que van a fallecer para que entonces les transmitamos a los coordinadores esta petición.

No se equivoquen. Asuman un poquito su responsabilidad y hagan uso de esa racionalidad que presumen para entender que aquí hay gente que razona, gente que hacemos uso de nuestros derechos y que para eso nos mandataron nuestros electores. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Quiero hacer una precisión, porque me parece obligado. Creo sinceramente que no es lo que dice el acuerdo, es un acuerdo de la Mesa Directiva, no de la Junta y lo único que propone es un mecanismo a través de su coordinador parlamentario.

Tengo la impresión de que no se ha conocido realmente el documento que está puesto a discusión. Pero como aquí hay integrantes de la Junta de Coordinación Política quiero sí dejar a salvo esa situación. Diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores; ciudadano presidente. En efecto, una de las precisiones que debo de hacer es que no es un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, más bien se trata de una ocurrencia de la Mesa Directiva.

Es un exceso lo que se propone; es un exceso lo que se pretende con estos —llamados— criterios a observar de la Mesa Directiva para obsequiar solicitudes para guardar minutos de silencio.

Miren ustedes si no es un exceso; primero, dice que la diputada o diputado que solicite que el pleno guarde un minuto de silencio deberá hacerlo a través de su coordinador parlamentario, quien —su coordinador— a su vez deberá plantearlo a este órgano, Mesa Directiva, antes del inicio de la sesión.

Además dice: Se considerará precedente o procedente únicamente cuando se refieran a jefes o ex jefes de Estado, legisladores y ex legisladores federales, y tiene otras dos características o dos clasificaciones de fallecimiento de personalidades y acontecimientos trágicos.

Me da mucha tristeza, como parlamentario, como miembro de esta Cámara, ver cómo se retrocede en los derechos más elementales de los legisladores y las legisladoras. Esta Cámara lamentablemente ha venido caminando contracorriente y ha sido contraproducente con la lógica, con la ética, con la historia, con la esencia del Parlamento.

En efecto, no se permite el debate, se ha cercenado el debate. No hay debate en esta Cámara, salvo monólogos paralelos sobre temas fundamentales. Esta Cámara se ha autocastrado, se ha autolimitado y esta Cámara camina todos los días en detrimento de su función, con actitudes regresivas, con actitudes totalmente absurdas, incorrectas, torpes.

¿Cómo nos encontramos discutiendo si un legislador o legisladora pueda hacer un planteamiento de un minuto de silencio? Es el exceso. De verdad, ciudadanos legisladores, no se puede admitir, no se puede permitir este tipo de pretensiones absurdas.

Les pido a los legisladores que rechacen este documento llamado De criterios, que propone la Mesa Directiva. No se puede admitir. Va contra la historia del Parlamento, va contra nuestra esencia, y me parece verdaderamente absurdo que esto se esté presentando en el pleno de la Cámara.

Sé que en el PAN poco a poco los estamos convenciendo y con el tiempo vamos a terminar de convencerlos, porque tenemos la razón histórica y nos asisten también los elementos más importantes del Parlamento.

Miren, de verdad, he sido parlamentario muchas veces. Nunca en mi vida, nunca había observado tanta regresión; nunca en mi vida de parlamentario había observado tanta obstrucción a nuestro desempeño; nunca en la vida había visto cómo el propio Parlamento se autodenigra.

¿No ven hacia fuera cómo nos lastiman por nuestras torpezas, por cosas pequeñas para tener un Congreso débil? ¿No se están dando cuenta que hay toda una campaña de deterioro y de desprestigio a la función? Nosotros la seguimos abonando, cuando deberíamos decir: ya basta, ya basta.

Hay —dice un diputado— resultados como nunca, dice ese diputado...

El Presidente diputado José González Morfín: Su tiempo ha concluido, diputado y están prohibidos los diálogos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:... que grita en el anonimato. Sí, sí hay resultados contra la gente, sí hay resultados contra los maestros en la Ley Educativa; sí hay resultados contra los trabajadores en la Ley Laboral; sí hay resultados contra la población, por todas las draconianas y absurdas reformas que aprueban de manera mecánica sin ninguna autoridad, sin ninguna reflexión, sin ninguna discusión. Sí hay resultados contra la gente, contra la población,...

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:... a favor de la corrupción y de la impunidad. Claro, claro que hay resultados contra la impunidad, claro que hay resultados contra esa gente que ustedes protegen...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, hace tiempo que concluyó...

El diputado Ricardo Monreal Ávila:... y que siguen en el mismo proceso de corrupción y de deshonestidad. Sí hay resultados, diputado, claro que hay resultados.

Síganlos haciendo, presuman de lo que le están haciendo a la gente como la Ley Laboral, la Ley Educativa...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado Monreal, le ruego que concluya con su intervención para poder continuar con la sesión.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:... ésta que ahora pretenden hacer contra la Ley de Telecomunicaciones. Atrévanse a debatir.

El Presidente diputado José González Morfín: Han hecho uso de la palabra tres oradores en contra. Voy a preguntar a la asamblea si considera que el asunto está suficientemente discutido. Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte ahora a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se aprueba el acuerdo. Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Lamento mucho su actuación del día de hoy, porque usted ha sido una persona tolerante, pero no permitía a mi persona hacer una propuesta que quería que se sometiera antes de la votación y, por fortuna, los diputados impidieron la atrocidad. Quería pedir un minuto de silencio para la Mesa Directiva. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención ya quedó registrada. Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad del dictamen.

LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Estas comisiones legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del proyecto contenido en la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de las Comisiones Legislativas, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En la sesión de fecha 18 de octubre de 2012, la diputada María Sanjuana Cerda Franco del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó en nombre propio la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa que nos ocupa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 62-II-3-75.

3. Los diputados integrantes de dichas Comisiones Legislativas, realizaron diversos trabajos, a efecto de que contaran con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

La diputada Cerda Franco manifiesta en su iniciativa que la medición de los gastos fiscales contribuye, por un lado, a evaluar al sistema tributario y, por otro, a identificar los espacios que dan origen a la evasión y elusión fiscal que afectan la base tributaria del país y los ingresos del gobierno.

Señala que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reportó que en 2010 los ingresos tributarios, como porcentaje del producto interno bruto (PIB), del gobierno central de México fueron de tan sólo 9.6 por ciento, muy por debajo de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con un promedio del 35 por ciento.

Manifiesta la diputada en su iniciativa, que existe una tendencia mundial por dotar a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, simplificar los trámites fiscales y limitar la discrecionalidad de las autoridades fiscales federales en detrimento de los contribuyentes.

Agrega que poseer una estructura fiscal que sea un estímulo para la economía, logre abatir los índices de evasión y elusión, sea fácil de entender para la población y sencilla de controlar por la administración, debe ser una prioridad para impulsar el crecimiento en los países.

Asimismo, la diputada Cerda Franco argumenta que fue hasta junio de 2005 que se publicó la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en la cual se hace énfasis en los derechos procedimentales, tales como: informar al contribuyente de sus derechos al inicio de cualquier actuación de las autoridades en materia de fiscalización; el derecho a corregirse y la indicación del medio de defensa procedente; ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos, y que las actuaciones de las autoridades fiscales se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa, entre otros; en este sentido, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene la función de proteger esos derechos de los contribuyentes.

Por ello, indica la iniciativa, en la medida en que se facilite al contribuyente el pago de sus impuestos, que la autoridad competente tenga la capacidad de recaudar y administrar adecuadamente el sistema y potenciar sus atribuciones de fiscalización y en la medida en que se elimine una serie de distorsiones existentes, el Estado mejorará la recaudación tributaria y el sistema fiscal.

En ese sentido, la iniciativa de la diputada Cerda Franco plantea considerar como derecho de los contribuyentes, contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria; así como incluir en el texto del artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se refiere al proyecto de decreto de Ley de Ingresos de la Federación, el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria.

Consideraciones de las comisiones unidas

Primera. Estas comisiones unidas reconocen que la Ley Federal de Derechos del Contribuyente tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales, así como de los responsables solidarios a la obligación fiscal.

Al respecto, cabe mencionar que el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Derechos del Contribuyente aprobado por la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados, de fecha 20 de abril de 2004, estableció que ante el cambio democrático que vive el país, es indispensable que el Estado mexicano fomente el fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes con el afán de incorporar a un mayor número contribuyentes al padrón federal y, por ende, alentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

No obstante lo anterior, y pese a las múltiples facultades de comprobación con que cuentan las autoridades fiscales, éstas no han sido lo suficientemente efectivas para lograr una mayor recaudación, ya que actualmente, México sigue teniendo un porcentaje de recaudación de los más bajos sobre el Producto Interno Bruto, comparado internacionalmente, como lo expresa acertadamente la promovente al mencionar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reportó que en 2010 los ingresos tributarios, como porcentaje del producto interno bruto (PIB), del gobierno central de México fueron de tan sólo 9.6 por ciento, es decir, 1.1 billones de pesos, muy por debajo todavía de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos que reportan un promedio del 35 por ciento.

Cabe precisar que los cinco países con mayores ingresos tributarios fueron Nicaragua (18.3 por ciento), Uruguay (18.1 por ciento), Bolivia (17.5 por ciento), Chile (16.9 por ciento) y Brasil (15.4 por ciento). En contraste, los cinco países con la menor recaudación en términos porcentuales fueron Colombia (12.2 por ciento), Haití (11.8 por ciento), Venezuela (10.9 por ciento), Guatemala (10.5 por ciento) y México (9.6 por ciento). Por lo anterior, resulta evidente que la recaudación federal sigue siendo muy limitada.

Segunda. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública coinciden en la necesidad de fortalecer los derechos de los contribuyentes mediante la enunciación breve y precisa de fomentar el derecho de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria.

La excesiva y compleja regulación dificulta la determinación y entero de las contribuciones, implicando altos y costos constituyéndose en un factor de desaliento en el cumplimiento.

Cabe comentar que, de acuerdo con el Banco Mundial, México se ubica en el lugar 107 de 183 países en cuanto a la facilidad para cumplir con las obligaciones hacendarias. En México se pagan 6 tributaciones en promedio al año, y el tiempo que se requiere para presentar, preparar y pagar o retener el impuesto, es de 337 horas, mientras que en Estados Unidos, se pagan 9 tributaciones y se invierten sólo 175 horas.

Así, la simplificación viene a constituir un principio de conducta administrativa que orienta las decisiones oficiales e imprime dinamismo a los procesos de gobierno; con esto, la simplificación adquiere una característica preventiva más que correctiva y de observancia permanente.

Aunado a lo anterior, debe mencionarse que en materia de administración tributaria, un primer aspecto que contribuye a mejorar los sistemas tributarios es la claridad, objetividad y simplicidad de la ley (y demás normas tributarias inferiores). Teniendo en mente facilitar el cumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones tributarios, se impone la necesidad de adoptar fórmulas simples, claras y objetivas en la elaboración de las leyes. Esto tendrá el doble efecto de hacerlas claras y fácilmente comprensibles, mejorando la relación entre la Administración y los contribuyentes, reduciendo las fricciones y promoviendo la comprensión mutua.

De tal manera, las que dictaminan coiniciden en que para promover el cumplimiento voluntario del contribuyente, es fundamental respetar las principales características de la simplificación fiscal, es decir:

1. La ley debe ser muy explícita en la fijación de los factores de cuantificación de las obligaciones fiscales.

2. Debe ser sencilla y directa al establecer el hecho imponible y los procesos de su determinación.

3. La ley debe disponer de forma precisa el sujeto pasivo de la obligación tributaria que tendrá origen.

Por otro lado, las comisiones unidas que dictaminan consideran importante aclarar que la reforma que se propone no requiere la creación de nuevos órganos para llevar a cabo su aplicación y observancia, por lo que no genera un impacto para las Finanzas Públicas, en términos del artículo 18 de la Ley Fereal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; además, se correlaciona con el objeto de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, dando así un mayor contenido y eficacia a las funciones de ése órgano.

Tercera. Las comisiones unidas que suscriben, consideran pertinente precisar que en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2013, se adicionó en el Capítulo IV de la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento, en su artículo 22, una fracción IX, que establece la obligación del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presente trimestralmente en el informe por el que se evalúa el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, los avances en materia de simplificación fiscal y administrativa.

De lo anterior, la Comisión de Hacienda y Crédito Público dispuso en la Consideración Vigésima Quinta del dictamen a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2013, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 12 de diciembre de 2012, que: “...se considera conveniente exhortar a las autoridades fiscales para que en el ejercicio de sus facultades y ámbito de competencia observen el diseño de las disposiciones fiscales como en la administración tributaria, esfuerzos en materia de simplificación fiscal y administrativa, que permitan a los contribuyentes facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, generar un esquema sencillo y equiparable para todos, que respete los derechos establecidos en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente...”

Es por ello que, en armonía con la citada ley, las comisiones unidas que dictaminan consideran adecuado incluir el derecho de simplificación fiscal, en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para darle congruencia al sistema tributario.

Cuarta. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública coinciden plenamente con los argumentos de la proponente y el sentido de su iniciativa; sin embargo, se considera que no es conveniente reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en atención a que ya es obligación de las autoridades respetar y someterse a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente.

Al respecto, es necesario reproducir el artículo 1o., segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece:

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Bajo dicho contexto, con la reforma que las comisiones unidas consideran formular a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, se consolida un sistema fiscal fuerte y justo, para el sujeto pasivo de la relación tributaria.

En ese sentido, se propone únicamente adicionar una fracción I al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente para quedar en los términos que sigue:

Artículo 2o. Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

I. Derecho a contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria.

II. a XIV. ...

Por lo expuesto y fundado, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Púbica que suscribimos, nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

Artículo Único. Se adiciona el artículo 2o., con una fracción I, recorriéndose las demás en el orden subsecuente, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I.Derecho a contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria.

II. a XV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, en México, Distrito Federal, a los seis días del mes de marzo de dos mil trece.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), presidente; Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Sergio Torres Félix (rúbrica), Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), secretarios; Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Ricardo Anaya Cortés Escárraga (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Margarita Licea González (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Jorge Iván Villalobos Seáñez (rúbrica), Fernando Charleston Hernández (rúbrica), Jorge Mendoza Garza (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Alberto Curi Naime (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González, Regina Vázquez Saut, Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica).

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados:José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), presidente; Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Alberto Curi Maime (rúbrica), José Luis Márquez Martínez (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica), Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), secretarios; Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Kamel Athie Flores (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Juan Manuel Diez Francos (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Mauricio Sahui Rivero (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, José Martín López Cisneros, Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Jorge Iván Villalobos Seáñez, Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Víctor Manuel Manríquez González, Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Domitilo Posadas Hernández (rúbrica), Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Tomás Torres Mercado (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE MIGRACION

El Presidente diputado José González Morfín: En razón de que nos han pedido un espacio de tiempo para el primero de los dictámenes a discusión agendados, voy a proceder al siguiente punto del orden del día, que es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y para los efectos de lo dispuesto en el inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión que suscribe, de Asuntos Migratorios, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 3401, que contiene minuta remitida por el Senado de la República para sus efectos constitucionales, presentada el 1o. de febrero de 2012 al Pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en sesión ordinaria correspondiente al primer periodo del tercer año de ejercicio legislativo.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la minuta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria Número 3442-1, del miércoles 1 de febrero de 2012.

En ese mismo acto la Mesa Directiva le dictó turno a para estudio y dictamen a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, quedando en reserva para ser dictaminada en la LXII Legislatura.

El 20 de noviembre de 2012, con oficio número 62-11-4-159, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, remitió el expediente relativo para su estudio y dictamen, a la Comisión de Asuntos Migratorios.

El proyecto de decreto que contiene la minuta en comento, propone reformar y adicionar el artículo 112 de la Ley de Migración con el objetivo de fortalecer la protección y asistencia de los menores migrantes no acompañados de un adulto como sigue:

Consideraciones

Esta Comisión Dictaminadora realizó un estudio de la Ley de Migración, en lo que se refiere al tratamiento que debe darse a los niños, las niñas y adolescentes migrantes, así como los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y en Tratados internacionales de los cuales nuestro país es signatario, teniendo en cuenta que se trata de uno de los sectores sociales más vulnerables.

Al respecto, esta Comisión recuerda que la población de emigrantes mexicanos supera los 30 millones de personas -considerando mexicanos y personas de ascendencia mexicana; da lugar a una migración voluntaria de retorno que fluctúa entre 200 a 300 mil eventos al año, y alrededor de 500 mil eventos de detenidos y repatriados por las autoridades migratorias estadounidenses, entre las que se cuentan miles de niñas, niños y adolescentes que emigran no acompañados por adulto, fenómeno de cuya gravedad da cuenta un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que destaca que en el primer semestre de 2011, 8 mil 340 niños y jóvenes fueron detenidos y repatriados de Estados Unidos, de los cuales, 83% fueron hombres y el resto mujeres, que no cuentan con una protección efectiva de sus derechos en el marco de la legislación vigente, a pesar de que México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La minuta en comento propone reformas y adiciones al artículo 112 de la Ley de Migración, para que cuando niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados sean alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, se dé inmediato aviso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a la Comisión Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la Entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

Esta comisión que dictamina considera que en los términos del proyecto se avanzaría en la coordinación de los esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno para los menores migrantes sin compañía de adultos, en relación a los compromisos internacionales signados por México y los propósitos de la propia ley de Migración, pero resulta pertinente agregar algunos elementos con el fin de que se garanticen de mejor manera los objetivos que animan a la misma y se atiendan las preocupaciones que se exponen, y con las cuales la Comisión está plenamente de acuerdo.

En este contexto, esa comisión considera importante que en lugar de que alguna niña, niño o adolescente migrante sea puesto a disposición del Instituto, debe decir bajo la responsabilidad; que el aviso al Consulado respectivo sea de inmediato; que el aviso se dé tanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como a la Comisión Estatal respectiva; que el sistema Nacional del DIF no sólo coordine y coadyuve sino que garantice, y avanzamos en ubicar algunos elementos que nos ayudarán a realmente atender el interés superior del niño, niña o adolescente, ubicando las potenciales causas de la migración.

En este último aspecto, es de la mayor importancia que se tomen en cuenta las causas de la migración, pues no se le puede dar el mismo tratamiento a quienes migran por razones diferentes. No es lo mismo el niño, niña o adolescente que migra en busca de su familia, que el que huye de una situación de violencia ya sea intrafamiliar o social.

Por ello, coincidiendo en los términos del proyecto, con el fin de mejorar la redacción y profundizar en la protección de la niña, niño o adolescente, se proponen algunas modificaciones al texto, como sigue:

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora considera que es de aprobarse con modificaciones, para los efectos de los dispuesto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proyecto de decreto contenido en la minuta del Senado de la República en comento, que modifica las fracciones I y VI del artículo 112 de la Ley de Migración, por lo cual pone a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo; la fracción I y se adiciona un tercer párrafo a la fracción VI del artículo 112 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidady se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

1. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. a V. ...

VI. ...

...

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los sistemas estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados:Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), secretarios; Nestor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García; Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos para fundamentar el dictamen, la diputada Amalia García Medina.

La diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, conocemos que quienes deciden abandonar su tierra impulsados por las circunstancias que son adversas y no encuentran posibilidades de desarrollo en ese lugar en donde está su familia y sus seres queridos, y además lo hacen en condiciones muy difíciles porque generalmente están indocumentados, lo hacen con una enorme vulnerabilidad.

La situación para quien emigra, quien deja a su país, quien deja a su tierra es extremadamente difícil y complicada. Pero si hay algunos, algunas, que están en la máxima vulnerabilidad, en la situación más adversa, en la más dura y precaria, son las niñas, los niños y los adolescentes.

Por eso, el proyecto de decreto que hoy se propone en este dictamen de reforma al artículo 112 de la Ley de Migración establece condiciones que arroparían a niños, niñas y adolescentes no acompañados, migrantes que abandonaron su tierra.

¿De qué se trataría? Se trataría, por supuesto, en primerísimo lugar, de que sean los sistemas DIF en los estados y el sistema DIF nacional quienes los atiendan y quienes les den cobijo, porque lo que saben ustedes, todos lo sabemos, es que una estación migratoria no es el lugar adecuado para niñas, niños y adolescentes.

Sabemos, además, que en una estación migratoria llegan todo tipo de migrantes adultos, y la condición en la que estarían los niños y niñas migrantes no acompañados en ese lugar sería de máxima vulnerabilidad.

Es por eso que el Instituto Nacional de Migración debe tener la encomienda de varias responsabilidades con niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados; en primer lugar, hacerse cargo de su seguridad, e inmediatamente informar a los consulados de donde son originarios, del país del que son originarios estas niñas, niños y adolescentes no acompañados, que son migrantes.

Inmediatamente también canalizarlos a una institución, a un espacio, a un albergue que esté a cargo del DIF estatal.

En tercer lugar, dar aviso a las comisiones estatales y la nacional de derechos humanos, pero el aviso a los consulados, el aviso a las comisiones de derechos humanos y la permanencia y estancia de estas niñas, niños y adolescentes en un albergue a cargo de los DIF, no es suficiente.

Hemos considerado y está considerado aquí —a la hora de revisar esta propuesta que recibió la Comisión de Asuntos Migratorios— que es pertinente, diríamos, indispensable, que se conozca cuál es la razón por la cual estas niñas, niños y adolescentes dejaron su lugar de origen.

Las causas pueden ser diversas. Puede ser que sea por el intento de encontrar a su madre o al papá; es decir, la reunificación familiar, y si México está comprometido con cumplir con aquellas normas, con la Convención de los Derechos de la Infancia, entonces tiene que velarse por el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Si es por reunificación familiar, se debe garantizar que esté con sus padres, pero pudiera haber otras causas, puede ser que el niño, niña o adolescente haya abandonado su hogar por violencia intrafamiliar. Si es así, regresarlo al lugar donde vivió esa violencia sería profundizar el riesgo y su vulnerabilidad. También pudiera ser que haya abandonado su lugar de origen por riesgos en la situación de la región en donde vive o por necesidades de alimento.

Esta iniciativa que hoy se presenta como dictamen en esta reforma al artículo 112, tiene la intención entonces de velar también por el niño, niña y adolescente, de tal manera que la solución no es solamente atenderlo inmediatamente, sino que su reintegración a su lugar de origen tiene que ser cuidando su seguridad y su integridad.

Este es el contenido esencial de este dictamen que emite la Comisión de Asuntos Migratorios, que está a su consideración y que estoy segura ustedes unánimemente aprobarán, porque estaremos a favor de la seguridad de niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición de su grupo parlamentario tiene la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, y después la diputada Loretta Ortiz.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, un auténtico estado de derecho, democrático y social debe estar fundamentado en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, más aún cuando se trata de proteger a los sectores que están en una situación de vulnerabilidad.

En este sentido, la reforma y adición al artículo 112 de la Ley de Migración es de suma relevancia, ya que establece la obligación del Instituto Nacional de Migración a que en los casos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados se deberá dar aviso al consulado de su país, brindándoles atención y estancia en lo que se resuelve su situación migratoria.

Al mismo tiempo, el instituto deberá avisar de inmediato a la Comisión Nacional y a las comisiones estatales de Derechos Humanos, así como al comité estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

Para el caso de las niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales no acompañados, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.

Con esas modificaciones nuestro marco jurídico responderá de manera positiva a la realidad de los 40 mil menores migrantes que fueron deportados por autoridades de Estados Unidos de América a México, de los cuales 18 mil viajaron solos en el año 2011, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, y que no contaban con una protección efectiva de sus derechos en el marco de la legislación vigente.

La pobreza, marginación social, falta de oportunidades e incluso violencia intrafamiliar, son algunas de las causas que obligan a muchos infantes a emprender la travesía de migrar, ya sea en el interior del país o fuera de nuestras fronteras.

Tenemos claro que es nuestra responsabilidad atender las causas de la migración, pero ante la realidad de esta problemática es necesario también adecuar las leyes para ampliar la protección de sus derechos, atendiendo el interés superior de la niñez y de los adolescentes.

Con esta iniciativa se pretende atender las necesidades que sufren quienes migran en búsqueda de un mejor porvenir, pues en el intento por escapar de las penurias que se presentan en sus lugares de origen, se encuentran con las que les ofrece el trayecto de llegada a su destino final, las cuales —incluso— ponen en riesgo su existencia.

Los riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes al recorrer el país son frecuentes, pues son propensos a enfermar, sufrir desnutrición, malos tratos y a ser defraudados. La situación se puede agravar en caso de ser sujetos de grupos delictivos, pues los peligros de ser secuestrados, sufrir violaciones sexuales, caer en las redes de la trata de personas e incluso de morir son una triste y lamentable realidad.

Sin duda, la problemática es multifactorial y de difícil tratamiento con una reforma; sin embargo, con este mandato obligamos a las autoridades encargadas a velar por el interés superior de la niñez, al proporcionarles mejores condiciones de trato en las estaciones migratorias en tránsito a sus lugares de origen.

Con esta visión, reafirmamos nuestro compromiso con el pleno reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes y el interés superior de la niñez, ya que de esta forma cumplimos con los tratados internacionales en la materia. Pero, sobre todo, respondemos a un mandato y a un reclamo popular. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero agradecer hoy aquí la presencia de un grupo de alumnos de cuarto semestre de la licenciatura en derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que están aquí invitados por el diputado Enrique Doger. Bienvenidos.

Tiene ahora sí el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, es obligado aprobar precisamente este dictamen, en razón de que tenemos varios instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano, entre ellos está la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de San José de Costa Rica, la Convención sobre los Derechos de Niños, y otra serie de instrumentos internacionales cuyo ámbito de aplicación personal precisamente abarca a los menores.

Si algunos sujetos o personas de la población en México son vulnerables, especialmente son los migrantes niños y niñas; en razón de esta vulnerabilidad es precisamente que se están proponiendo estas reformas.

Las estaciones migratorias —según informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— no reúnen las condiciones mínimas —mínimas subrayo— para que cualquier persona pueda garantizar su derecho a la salud y una estancia digna, que correspondería a cualquier persona humana.

Por esa razón, no es conveniente que permanezcan ahí, no solamente los niños y niñas, cualquier persona. Se tiene una estancia más benéfica para un delincuente en el sistema penitenciario que en las estaciones migratorias.

Por esa razón —entre otras— es indispensable y urgente que precisamente no estén en las estaciones migratorias los niños y niñas, y que estén bajo la vigilancia, por así decirlo, del DIF nacional, los DIF estatales y del Distrito Federal.

Aunado también a lo anterior, es indispensable dar el aviso consular, que está vinculado con el derecho de notificación consular. Los cónsules, una de sus labores es precisamente la protección de sus nacionales, y entre ellos está la de los niños y niñas.

Conocer los motivos por los cuales se está migrando también es un elemento de suma importancia, en razón de que se debe garantizar si el menor se está trasladando por razón de búsqueda del padre o de la madre, el derecho de reunificación familiar.

En caso de no serlo, porque venga huyendo —como señaló la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios— por violencia familiar, entonces tendría que resolverse en razón del interés mayor o más importante que es el del menor, y no devolverlo al país del cual viene huyendo.

En razón de todas estas consideraciones, el Partido del Trabajo se suma a este dictamen y lo aprueba. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Lorena Méndez Denis: Muchas gracias, presidente. Compañeros y compañeras diputadas, ciertamente los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo vulnerable que merece un tratamiento y consideración especial en el diseño de garantías políticas de protección de los derechos humanos, pero cuando esos niños, niñas y adolescentes tienen el carácter de migrantes extranjeros y no acompañados, entonces estamos hablando de una vulnerabilidad en grado superlativo.

Esto es así, porque las violaciones sistemáticas a los derechos humanos más elementales de los migrantes que atraviesan el territorio nacional desde Centroamérica, donde se incluye a los niños y adolescentes no acompañados, son equiparables con los genocidios más atroces de la historia de la humanidad.

Las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes en general, incluso tienen una explicación sociológica: el migrante pobre —nos dice Juan Casas— es un ejemplo del extraño quién; encarna la figura de la exclusión; carga sobre sus hombros el peso de la estigmatización social.

El migrante oscila entre dos procesos, la desorganización y la organización; el primer aspecto involucra puntos de ruptura con la comunidad de origen y todo lo que ello implica; el segundo, la reorganización alude al proceso de adaptación, éste se manifiesta de dos maneras, positivo o negativo. En el primer caso, la adaptación pareciera lograrse hipotéticamente por medio un paulatino posicionamiento laboral y en consecuencia, cultural. En el segundo, la adaptación se vive como colapso, el inmigrante se siente extranjero, es el otro, el inmigrante se autoexcluye de los lazos de sociabilidad.

Es por ello que si la propia sociedad mexicana está sufriendo estrepitosamente las consecuencias de la inseguridad, la corrupción, la violencia y la impunidad, tales efectos funestos se reproducen con mayor rigor en contra de los migrantes.

Cabe recordar uno de tantos sucesos lamentabilísimos llevados a cabo en contra de los migrantes y que causó conmoción a nivel internacional, como lo fue el hallazgo de los cadáveres de 72 migrantes, la mayoría centroamericanos, el 24 de agosto de 2010, los cuales fueron encontrados en un rancho de Tamaulipas.

El propio gobierno actual ha confirmado que en el sexenio pasado desaparecieron más de 26 mil personas, pero se quedaron viendo tan solo la paja ajena y no han dado mayores datos para identificar el número de desaparecidos durante la presente administración. Cabe agregar que no existen registros confiables de migrantes desaparecidos, menos aún de niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados desaparecidos.

Con todo, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 20 mil migrantes son secuestrados cada año en México para pedir rescate a sus familias; sin embargo, ha sido una constante el gran número de inmigrante masacrados en el corredor Guatemala, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, los cuales no solo son objeto de tratos inhumanos en las estaciones migratorias, sino que además son sometidos a condiciones de hacinamiento, insalubridad, maltrato, inseguridad, robo de pertenencias, incomunicación y negación de asistencia legal o de acceso a abogados particulares, al que tienen derecho.

Es por lo que ve desde la dimensión gubernamental y los malos elementos policiacos. Pero resulta aún más trágico el hecho de que son presa fácil de grupos criminales, los cuales llevan a cabo de continuo la leva de inmigrantes ilegales, desde su ingreso por Chiapas hasta su internación por Veracruz, o su paso por el temible filtro de San Fernando, Tamaulipas.

A esto último habrá que agregarle las quejas que existen sobre la participación de cuerpos no competentes, como policías privadas, que intervienen en la detención de indocumentados, los cuales nos hablan de una red organizada de violencia y corrupción.

Como se puede apreciar, las vejaciones y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los migrantes no se ha detenido desde entonces, por lo que resulta claro que los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno mexicano ha sido completamente insuficiente; seguimos presenciando con tristeza secuestros y desapariciones forzadas masivas, prácticas que se creían erradicadas y, no obstante, siguen ingresando clandestinamente al país cada año cerca de 140 mil hombres, mujeres y niños, principalmente centroamericanos.

Los integrantes de Movimiento Ciudadano estamos convencidos que México debe honrar su añeja tradición de respeto y promoción del derecho internacional de los derechos humanos. No podemos seguir siendo candil de la calle y obscuridad en nuestra casa.

Por ello estamos de acuerdo con el sentido del dictamen en estudio, mediante el cual se pretende fortalecer la protección y asistencia de los menores migrantes no acompañados de un adulto, cuando caen bajo la jurisdicción o competencia del Instituto Nacional de Migración.

Sin embargo, de lo expuesto con antelación queda claro que son muchas las cuestiones que quedan pendientes, la realidad nos está desbordando y aún cuando legislativamente restan muchas reformas o adiciones por hacer, el principal problema se está presentando en la dimensión gubernamental de carácter ejecutivo.

El trato hacia los extranjeros indocumentados que cruzan nuestras fronteras nacionales debe ser acotado al espíritu pro derechos humanos contemplado en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales. En tal virtud, las medidas a adoptar por parte del Estado mexicano no admiten demora.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, su tiempo ha concluido. Muchas gracias.

La diputada Lorena Méndez Denis: Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la voz el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. El posicionamiento del Partido Verde Ecologista, en términos del artículo 112 de la Ley de Migración, donde habla fundamentalmente de los derechos de las niñas y de los niños que cruzan la frontera, la frontera sur, que van aspirando a una mejor calidad de vida, a tener acercamiento en muchas ocasiones con sus familiares, con sus padres, que salieron de hace algunos años, ya sea de Centroamérica o de nuestro país. Derivado de ello, en las fronteras, en los puntos migratorios de nuestro país, no se encuentra la infraestructura adecuada para la atención a este sector tan vulnerable.

Es por ello que este dictamen es positivo en términos de lograr una mayor atención para quienes el día de mañana serán los hombres o las mujeres que conduzcan las nuevas generaciones.

Lamentablemente en México seguimos criminalizando la migración, en tanto que aprendemos y recluimos a quienes se ven obligados a buscar fuera de sus países de origen mejores condiciones de vida.

El problema es que nuestro país obliga a garantizar la protección de los derechos humanos de las niñas, de los niños y adolescentes, brindándoles la asistencia médica-psicológica que requieran, pero la realidad es que en esos puntos los adolescentes, los niños y niñas conviven. De por sí el asunto de la detención resulta ser traumático, resulta tener pánico, ansiedad y trastorno de estrés.

De ello han sido hechos dictámenes de especialistas, por eso es correcto que tengan un espacio diferente, que sean atendidos por los DIF de cada entidad federativa y puedan regresar a su lugar de origen. A ese lugar de origen, que sin duda le dará mayor atención y les brindará los espacios adecuados.

Si bien para atender la problemática de los migrantes que cruzan por nuestro país hacia Estados Unidos de América se creó una Ley de Migración en 2011, con la que se pretende garantizar la protección de los derechos humanos de las personas consideradas, especialmente en niñas, niños y adolescentes, los sectores más vulnerables por eso debemos protegerlos, cuidarlos.

Por lo que hemos expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, quienes desde siempre hemos asumido un fuerte compromiso de legislar a favor de los derechos humanos de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, votaremos a favor el presente proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración, con lo cual se pretende proteger de manera más efectiva estos derechos de quienes se encuentran en calidad de migrantes y que sean retenidos por las autoridades migratorias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Raúl Gómez Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, la expedición de la Ley de Migración durante la pasada administración representó un parteaguas para otorgar atención en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos a las personas migrantes, emigrantes y a aquellas que transitan por nuestro país, para encontrar una mejor calidad de vida en otro país que no es el suyo.

En el contenido de esta ley se dio especial atención a los requerimientos para la entrada y salida del país de las niñas, niños y adolescentes, en ánimo de protegerlos de cualquier situación o robo, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por México.

De igual manera se reguló el procedimiento administrativo migratorio establecido en los derechos de los migrantes, que las autoridades deben salvaguardar en caso particular; debe privilegiar la estancia en las instituciones públicas o privadas para las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situaciones vulnerables y es justo en este contexto en el que se presenta la reforma que ahora discutimos, ya que su finalidad es que se dé aviso inmediatamente al consulado respectivo, al igual que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a la comisión estatal respectiva, cuando las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados sean alojados en una estación migratoria.

Compañeras y compañeros legisladores, nuestro país ratificó la Convención de los Derechos del Niño del 21 de septiembre de 1990, en el cual deriva el deber del gobierno de brindar la protección de manera pronta y eficaz a los menores que el Estado tiene bajo su cuidado.

Dicha obligación, además de la necesidad de adecuar nuestra legislación e impulsar políticas públicas, mediante las cuales le podamos garantizar a nuestra niñez el cuidado que se necesita, como se ha venido haciendo a través de figuras como los oficiales de protección a la infancia, que han realizado un papel preponderante en la protección de las y de los niños migrantes no acompañados.

Por todo lo anterior, Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, convencidos de que éste contribuye a su protección y a la vez, que coloca a nuestra niñez en el centro de la atención de los tres órdenes de gobierno.

Como migrante y como padre de familia, estoy plenamente convencido de que debemos salvaguardar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, siendo esto y quitando el partidismo que debemos de tener.

Hago un atento llamado para que todas y todos los compañeros diputados se sumen a la aprobación del presente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene finalmente el uso de la voz la diputada Petra Barrera Barrera, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Petra Barrera Barrera: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes resulta una obligación ineludible para esta soberanía y por ello consideramos que el impacto de este fenómeno social debe abordarse desde una nueva perspectiva que considere la responsabilidad, la tutela de sus derechos, el contexto social y regional y la equidad de género para salvaguardar el interés superior de los menores, sean nacionales o extranjeros.

Debemos reiterar nuestro compromiso con la niñez y la adolescencia en su conjunto, sin eludir a persona alguna por razón de su origen, pues la dignidad humana y la justicia deben prevalecer sobre las nacionalidades y fronteras.

Debemos aceptar que en nuestro país los menores migrantes desafortunadamente reciben maltrato, son víctimas de violencia, aislamiento, explotación, coacción e indiferencia, ya que se les priva de condiciones dignas de desarrollo, salud, convivencia y educación, siendo el grupo que, según la Unicef, presenta la tasa de mortalidad más alta y las condiciones de precariedad más atroces.

A pesar de las cantidades cada día más grandes de niños involucrados en este fenómeno, sus necesidades e intereses han sido sistemáticamente ignorados, pues han partido de su lugar de origen y se encuentran en una situación de irregularidad al internarse en nuestro territorio. No permitamos que México se sume a la larga lista de países que han fallado al momento de reaccionar a este problema para ayudar a quienes se encuentran en esta situación.

México es un país de migrantes, pero también es un país de tránsito, donde muchos menores extranjeros y nacionales, en búsqueda de una mejor vida, pueden ser separados de sus padres involuntariamente, por causa de violencia familiar o voluntariamente por cuestiones asociadas a la criminalidad, por lo que es necesario tomar acciones consecuentes con la realidad para asegurar los derechos de las niñas, niños y adolescentes afectados por el fenómeno migratorio.

Es momento de minimizar las severas consecuencias y costos sociales de la migración y el tráfico de menores, independientemente de su origen; es momento de comprometernos con los derechos fundamentales de grupos varias veces puestos en situación desventajosa, pues en ellos pueden concluir varias situaciones de vulnerabilidad, ya que son menores de edad, también migrantes y donde también inciden variantes que agravan su contexto, como el género y la nacionalidad, por lo que su realidad es mucho más frágil y dolorosa.

Es responsabilidad del Congreso establecer los diálogos necesarios y hacer las reformas necesarias para proteger efectivamente a quienes se encuentran en el desamparo; es por eso que saludamos a este dictamen, esperando que forme parte de varias acciones.

Que todos los órdenes de gobierno, en todos los niveles, empecemos a coincidir para lograr una nueva idea de dignidad y solidaridad, más allá de las fronteras que nos lleven en conjunto a una nueva idea de desarrollo.

Con el dictamen a discusión, si esta asamblea tiene bien aprobarlo, se estaría avanzando específicamente en la coordinación de los esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno para los menores migrantes sin compañía de adultos, en cumplimiento de los compromisos internacionales de los que México es parte, y de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y los fines de la propia Ley de Migración.

Por lo que son necesarias y responsables las propuestas contenidas en el proyecto que se expone, con el fin de que se garanticen de mejor manera los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes en pos de un desarrollo sano, integral y completo, pero también para formar un nuevo concepto universal de dignidad humana. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. No habiendo otra intervención solicitada, ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Le damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos, maestros y directivos de ciencias políticas y administración pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que están hoy aquí invitados por el diputado Benito Caballero Garza. Bienvenidos a esta sesión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se emitieron a favor 434 votos, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 12 de mayo de 2009, el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Cámara de Senadores una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. El 19 de octubre de 2012 fue aprobado en Cámara de Senadores el dictamen que dio trámite a la iniciativa del senador Toledo Infanzón.

3. El 21 de octubre de 2010 fue presentada ante Cámara de Diputados la minuta proveniente de Cámara de Senadores que reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

4. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

5. El 19 de abril de 2012 la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura emitió dictamen que aprueba la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

6. Con fecha 20 de noviembre de 2012, se aprobó el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva y que el pleno de la LXI Legislatura no llegó a resolver, en virtud del cual se acordó modificar el trámite y devolverse el asunto a la Comisión de Juventud.

7. El 21 de noviembre de 2012, con fundamento en el artículo 95, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de noventa días hábiles para que la minuta fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.

II. Contenido de la minuta

La minuta que envía la Cámara de Senadores pretende reformar el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, agregando dos fracciones al artículo en comento, y así otorgar al director general del Instituto Mexicano de la Juventud la facultad para remitir a las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión, al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo, los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles, así como para difundir los proyectos de desarrollo de la juventud, el seguimiento a las acciones de los programas y sus propuestas.

III. Proceso de análisis

Según la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo hay actualmente más de mil millones de jóvenes, lo que implica que poco más del 14 por ciento de la población mundial tiene entre 15 y 24 años. Si a esto se agrega que cerca de 20 por ciento de la población mundial tiene entre 5 y 14 años, es posible observar que más de una tercera parte del mundo es joven o potencialmente joven.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los jóvenes de México, de entre 12 y 29 años de edad, son 36.2 millones de individuos, de los cuales 17.8 millones son hombres y 18.4 millones son mujeres. Así, los jóvenes de México conforman una tercera parte del total de la población mexicana.

Como mencionamos, la población juvenil en México equivale a una tercera parte del total de la población mexicana, realidad que conforma el fenómeno del “bono demográfico”. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) el bono demográfico es una realidad inscrita en la transición demográfica por la que atraviesa nuestro país. De esta forma, es posible observar que México es un país particular en tanto que cuenta con un potencial productivo como no se había visto en algún momento de su historia, lo que abre un cúmulo de oportunidades para el desarrollo nacional.

Los jóvenes forman el núcleo del llamado bono demográfico, por lo que su inclusión en el desarrollo nacional es insoslayable. Antes de que sea tarde, es imperativo para el Estado mexicano articular una política de juventud que permita atender e incluir a este importante sector poblacional en el desarrollo del país. No obstante, para que ello ocurra, es necesario dar el primer paso: conocer a fondo a la juventud mexicana con el fin de plantear propuestas que permitan elevar su calidad de vida y potencien sus posibilidades de crecimiento.

En México, en los últimos 12 años la política de juventud se ha regido bajo los lineamientos del Programa Nacional de Juventud, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por el gobierno en gestión. Ahora bien, el organismo rector de la política nacional en materia de juventud es el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), cuyo objetivo es promover y fomentar condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, así como instrumentar una política nacional, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país.

Dentro de las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, se encuentra la de realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles, mismos que servirán para el diseño de las políticas públicas en materia de juventud para abatir las complejas realidades que enfrenta la juventud mexicana.

Fuentes bibliográficas

• Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

• Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, del Inegi.

• Encuesta Nacional de Juventud de 2010, del Imjuve.

• Organización de las Naciones Unidas.

IV. Consideraciones

Considerando que en México la juventud se forma por cerca de 36.2 millones de individuos, y que la diversidad de realidades es tan grande como las personas que conforman a este importante sector de la población, con características particulares de tipo económicas, políticas y sociales, y que es responsabilidad de todos erradicar estos males y mejorar sus condiciones de vida, esta comisión, con base en las opiniones recabadas y análisis propio, expone lo siguiente:

La Comisión de Juventud considera pertinente modificar el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano, por el que se reforma la fracción IX y se adiciona una fracción, lo que permitirá que la remisión de los estudios e investigaciones elaborados por el Instituto Mexicano de la Juventud, al Congreso de la Unión, sea facultad del director general de dicho instituto.

Asimismo, se considera oportuno que el envío de las publicaciones al Congreso de la Unión, se realice al inicio de los periodos ordinarios de sesiones, con el objetivo que los legisladores cuenten con información actual del contexto de las realidades de la juventud, lo que les permitirá prever acciones legislativas y presupuestarias en los periodos y momentos oportunos.

Finalmente, se considera que los estudios e investigaciones que el Instituto proporcione al Poder Legislativo, coadyuvarán a la difusión de los proyectos de desarrollo de la juventud, al seguimiento a las acciones de los programas y las correspondientes propuestas que formula el Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud, del propio instituto.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Juventud somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Artículo Único.Se adicionan las fracciones IX y X, recorriéndose la actual IX para ser XI, al artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

I. a VII. ...

VIII. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del Instituto, para mejorar su desempeño;

IX. Remitir a la Mesas Directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo, los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles previstos en la fracción V del artículo 4;

X. Difundir los proyectos de desarrollo de la juventud, el seguimiento a las acciones de los programas y sus correspondientes propuestas previstos en el artículo 15 de la presente ley; y

XI.Las que le confieran las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2013.

La Comisión de Juventud, diputados: José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz, Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Gilberto Antonio Hirata Chico, Zuleyma Huidrobo González, María Teresa Jiménez Esquivel, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Jorge Salgado Parra, Heberto Neblina Vega (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz el diputado José Luis Oliveros Usabiaga.

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga: Gracias, presidente. Honorable asamblea, me encuentro en esta tribuna para presentar el siguiente proyecto de decreto, mismo que da respuesta a la minuta enviada del Senado a esta Cámara de Diputados durante la pasada legislatura, proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que fue dictaminada en la comisión pasada y turnada a la comisión que tengo el honor de presidir.

El Instituto Mexicano de la Juventud es el órgano rector de la política juvenil en este país, tiene el objeto de generar políticas públicas, programas, servicios y acciones a favor de los jóvenes de México. Dentro de sus atribuciones se encuentra la de realizar, promover y difundir los estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles, mismos que servirán para el diseño de políticas públicas en materia de juventud, y combatir las complejas realidades de los jóvenes de este país.

Estoy seguro de que el tema de juventud amerita una puntual y eficaz coordinación entre los distintos Poderes de la Unión. Por ello la colaboración del Ejecutivo y el Legislativo para conocer a fondo y de manera puntual las problemáticas de la juventud, y que serán de gran utilidad para legislar en la materia atendiendo a la realidad de los jóvenes de este país.

Tomando en cuenta que hoy México tiene 36.2 millones de jóvenes con características peculiares de tipo social, económico y político, es indispensable que las acciones afirmativas del Poder Legislativo correspondan a estas realidades.

Por esta razón, se pretende que dictaminemos el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, agregando dos fracciones al artículo en mención y así otorgar al director general del instituto la facultad de remitir a las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo, los estudios de investigación relativos a la problemática y características juveniles, así como difundir los proyectos de desarrollo de la juventud y el seguimiento de las acciones y de los programas y sus propuestas.

Decía Aristóteles que el adquirir desde jóvenes tales o cuales talentos no tiene poca importancia, es de absoluta importancia, y por eso este proyecto se les presenta para su decreto y está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solamente quiero recordarles que hoy los integrantes de la Comisión de Juventud estamos conscientes de la necesidad de que el Congreso de la Unión esté informado puntualmente sobre las problemáticas juveniles que hay en México y que así pueda legislar de manera oportuna y, por lo tanto, les pido atentamente se analice este proyecto de decreto y sea votado favorablemente, para que así el Ejecutivo se disponga a sancionarlo y publicarlo. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene el uso de la tribuna el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muy buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en recientes participaciones, desde esta honorable tribuna he sido muy enfático de la responsabilidad constitucional que se nos ha encomendado como legisladores, en el sentido de generar y modificar aquellas leyes que contribuyen a consolidar un marco jurídico sólido y con sentido social.

¿Qué quiero decir con esto, compañeras y compañeros diputados? Que los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza coincidimos con las iniciativas como la que ahora discutimos, toda vez que coadyuvan a garantizar los principios republicanos y democráticos de transparencia y de rendición de cuentas, que ambas son pilares del Estado mexicano.

En consecuencia, votaremos a favor del presente proyecto de dictamen, que permite al Congreso de la Unión conocer a profundidad los estudios e investigaciones que el Instituto Mexicano de la Juventud genera en temas que interesan a las y los jóvenes de México.

Sin embargo, es importante que reconozcamos que el espíritu del Poder Legislativo en México debe ser la creación y la modificación de leyes vinculatorias, que se traduzcan en acciones y políticas públicas articuladas y que deriven en mayor presupuesto y acciones para mitigar los profundos problemas que aquejan a mi generación.

En otras palabras, reformas como las que ahora discutimos cobran mayor trascendencia, solamente si logramos establecer los mecanismos necesarios que comprometan al Estado mexicano a rendir cuentas de las políticas y acciones emprendidas en todos los ámbitos del gobierno, especialmente en materia de juventud.

Con ello, quiero expresar que los informes e investigaciones que se hagan llegar a esta soberanía no pueden convertirse en el objetivo último de las políticas en materia de juventud, mucho menos terminar en letra muerta en un archivo histórico.

Sin menoscabo del esfuerzo, en términos económicos, que implica la elaboración de dichos reportes, debemos considerarlos solo como instrumentos de diagnóstico. Lo importante es que a partir de ello se implementen políticas encaminadas a transformar las condiciones en las que actualmente viven millones de jóvenes mexicanos.

El compromiso histórico de cada uno de nosotros, quienes integramos esta Legislatura, debe ser que aprobemos reformas e iniciativas de fondo que permitan mejorar las condiciones de desarrollo de cada uno de los jóvenes de este país.

En este sentido, quiero concluir mi participación haciendo dos llamados muy respetuosos; el primero, a votar a favor del presente proyecto de dictamen, aprobado en el seno de la Comisión de Juventud, porque es un paso más en la dirección correcta de este camino aún por recorrer en materia de jóvenes y, finalmente, exhortar a que juntos emprendamos un ejercicio permanente de reflexión, con el objetivo de mejorar y fortalecer aquellas propuestas en materia de juventud para que sean pertinentes, oportunas y eficaces, auténticas políticas públicas focalizadas en la implementación y en la mejora de la calidad de vida de las y los jóvenes mexicanos. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias al señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la voz el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. El Estado mexicano se encuentra controlado por una minoría que utiliza el poder público para su beneficio; el neoliberalismo, con sus políticas autoritarias, centralistas, clasistas, mercantilizantes, privatizadoras, desnacionalizantes han marginado a nuestra juventud, despojándoles de esperanza y de expectativas.

México es un país de jóvenes, así lo demuestra el Censo de Población y Vivienda 2010, el cual revela que los mexicanos entre los 12 y 29 años de edad suman 36.2 millones, lo que representa casi el 33 por ciento de los habitantes del país.

La edad promedio de la población en nuestro país se ubica entre los 26 años, inferior al promedio mundial, que es de 28 años. Es evidente que el gobierno federal no ha podido ser capaz de manejar y aprovechar el llamado bono demográfico de los jóvenes. Esto en particular en lo que respecta al mercado laboral.

Según datos de la última Encuesta Nacional de Ocupación, la población económicamente activa se compone de 48 millones 732 mil personas, de las cuales más del 30 por ciento son jóvenes; por su parte, la Unidad de Mercado Laboral del Banco Interamericano de Desarrollo destaca que un 23 por ciento de los jóvenes ni estudia ni trabaja, y un 68 por ciento lo hace, pero en el sector informal.

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México había en ese año un total de 822 mil 563 adolescentes entre los 15 y los 17 años de edad que no asistían a la escuela; es decir, un 30.5 por ciento de la población olvidada por el sistema educativo de nuestro país.

En números absolutos las magnitudes son preocupantes, pues de los 4.18 millones de alumnas y alumnos que iniciaron el ciclo escolar 2010-2011 hubo 625 mil 142 que dejaron sus estudios. La mayoría de los casos por razones económicas.

En campaña nuestro candidato del Movimiento Progresista manifestaba algo aparentemente simple, pero que reviste una gran profundidad, Andrés Manuel López Obrador decía —y en cada lugar donde se paraba encontraba eco—: Los jóvenes tienen que estar en la escuela o en el trabajo. Sin embargo, el sistema les da opciones: la migración a los Estados Unidos de América, la delincuencia organizada.

Y nosotros creemos que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, y es indispensable darle esta facultad al director general del Instituto Mexicano de la Juventud, es lo menos que podemos hacer en políticas de coordinación.

Cuando el Estado mexicano falla, cuando el Estado les falla a los jóvenes, la delincuencia organizada está ahí y la delincuencia no le está fallando a la juventud, y hay que decirlo con esas palabras. Así de grave está la situación.

Sin embargo, los jóvenes del campo se están convirtiendo en migrantes. También tenemos que buscar desde estas instituciones restablecer el campo y recuperar a los jóvenes, porque sin sangre nueva el campo no tiene futuro.

Quiero recuperar una frase que se oyó mucho en el marco de la campaña política del 2012: las dificultades que enfrentan las democracias solo se solucionan con más democracia. Los jóvenes fueron ejemplo de lucha, de resistencia, de propuesta y de denuncia el año pasado.

Justo es que ante esta exigencia desde democratización real del país y que se atrevieron a dejar las universidades para tomar las calles, parte de estos estudios y de estas políticas que estaría revisando el Congreso de la Unión, también considere su voz, la propuesta de los jóvenes y los movimientos sociales, políticos y culturales que ellos están protagonizando. Muchas gracias, diputado presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, Hidalgo, invitados por el diputado José Antonio Rojo García de Alba. Bienvenidos a esta sesión.

Tiene el uso de la voz el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado David Pérez Tejada Padilla: Con su venia, señor presidente; honorable asamblea, es bien sabido que a causa de los cambios demográficos acontecidos en el mundo en las últimas décadas la juventud ha cobrado gran relevancia, pues en muchos países, como en nuestro caso, la cantidad de jóvenes supera al número de cualquier otro grupo poblacional, ya que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, aquí en México existen 36.2 millones de personas consideradas jóvenes, que se encuentran entre los 12 y 29 años de edad.

No obstante la importancia de la juventud para la actividad económico-social del país, por ser el principal componente de la población en edad de trabajar, hasta el momento el Estado mexicano no ha sido capaz, ni en el ámbito gubernamental ni en el legislativo, de generar leyes y políticas públicas que atiendan de manera adecuada las necesidades de este segmento de la población.

El número de jóvenes con el que hoy cuenta México ha alcanzado su máximo histórico y esta situación extraordinariamente favorable de contar con una fuerza de trabajo con enorme potencial, por el talento y el empuje que aportan las nuevas generaciones al desarrollo nacional, no volverá a repetirse en mucho tiempo.

Desafortunadamente, de manera paradójica, la juventud de nuestro país se enfrenta a un panorama poco alentador, caracterizado por la prevalencia de altos niveles de desempleo, marginación, violencia y problemas de adicciones entre los jóvenes.

Derivado de lo anterior, los miembros del Poder Legislativo estamos obligados a legislar en materia de juventud, con el objeto de garantizar a los jóvenes la protección de sus derechos fundamentales así como su desarrollo integral.

La juventud demanda del gobierno que se diseñen políticas públicas que le aseguren un mayor acceso a una educación de calidad, que fomente la creación de más y mejores empleos, que les garanticen así mismo el acceso a la salud sin ningún tipo de discriminación y que abran mecanismos para su participación en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Pero se debe señalar también la imperiosa necesidad de que los responsables de tomar decisiones para revertir la situación actual de la juventud en nuestro país cuenten con información clara, confiable, precisa y relevante sobre la juventud mexicana, que les permita identificar las principales problemáticas a las que se enfrenta y establecer las alternativas de solución de las mismas que sean más viables.

Asimismo, lo anterior resulta del hecho de que la juventud no es un grupo homogéneo, sino que, por el contrario, cuenta con características sociológicas, económicas y culturales muy diversas.

Así pues, en el país confluyen varias juventudes con marcadas asimetrías entre sí, definidas principalmente en función de las desiguales estructuras de oportunidades de los diferentes grupos de jóvenes para acceder a determinados bienes, particularmente aquellos que proporciona el Estado.

Esto significa que existen grupos de jóvenes que están más y mejor educados de otros, o bien, grupos que están organizados que ejercen una ciudadanía más activa y se sitúan en una posición más ventajosa respecto a los demás, en cuanto se refiere por ejemplo a tener acceso a la justicia, conseguir un empleo, obtener un lugar para estudiar en alguna institución pública de educación superior o influir en las decisiones públicas.

Los jóvenes que se encuentran en condición de pobreza o aquellos que viven en zonas rurales no necesariamente comparten las mismas demandas e intereses de aquellos que pertenecen a las clases medias o que viven en espacios urbanos.

La acción gubernamental y la intervención de la sociedad encaminadas a convertir a los jóvenes en protagonistas del progreso nacional a partir del desarrollo de sus capacidades, es algo que requiere de una guía, de una herramienta que sirva de apoyo en esta toma de decisiones. Es por ello que esta herramienta de información lo puede ser el Instituto Mexicano de la Juventud, que puede resultar de gran utilidad para nosotros los legisladores.

Por ello en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente proyecto de decreto que adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de que el director general del mismo esté obligado a remitir a las Mesas Directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo, los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Saludo con mucho gusto y le damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio Americano, que están hoy aquí invitados por el diputado Fernando Cuéllar Reyes. Bienvenidos a la sesión.

Tiene el uso de la voz la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la realidad de los jóvenes en México es por todos conocida; en resumen, más de 7 millones de jóvenes no estudian ni trabajan y de estos la mayoría son mujeres y jóvenes. Poco más de la tercera parte de la población del país, esto es, alrededor de 35 millones de mexicanos son jóvenes. El bono demográfico en México se ha desperdiciado.

Es apenas en esta Legislatura cuando se aprobó una reforma educativa incompleta, misma que no alcanza para aprovechar la fuerza creativa de la juventud, que tiene vigencia limitada y que al menos en este ciclo dejaremos ir sin aprovechar su enorme potencial.

Por eso esta iniciativa que representa un cambio aparentemente menor, en realidad significa para nosotros, los jóvenes, el primer paso para construir una visión de nación que no solo incluya, sino que aproveche nuestro enorme potencial.

Reza una máxima de ingeniería: si no mides, no controlas. El hecho de que a partir de ahora el Injuve esté obligado por ley a entregar un informe sobre el estado general que guarda la juventud mexicana al inicio de cada periodo ordinario de sesiones nos permite, por fin, diseñar desde la Cámara las iniciativas que permitan incluir a esta fuerza creadora, basados fundamentalmente en la realidad concreta que vive nuestro país.

No es casual que las iniciativas propuestas hasta hoy poco o nada han hecho para revertir la situación de vulnerabilidad que vive la juventud; no es casual que hoy más de 7 millones de jóvenes tengan cancelado su futuro.

¿Cómo podría ser diferente, si ni el Legislativo ni el Ejecutivo se habían preocupado lo suficiente por al menos conocer la realidad concreta que vive un tercio de la población mexicana?

Por ello el Grupo Parlamentario del PRD en la comisión primero, y en este pleno ahora, apoyará este dictamen, en un primer paso para acercarnos a la realidad de los jóvenes.

Más importante aún es que este ejercicio de conocimiento forme parte de un trabajo sistemático, tal y como lo establece la adición propuesta al artículo 12 de la Ley del Injuve.

No habrá pretexto ya para que las Cámaras propongan ahora las iniciativas que nos permitan aprovechar la fuerza creativa de la juventud; no habrá pretexto tampoco para que este sector deje de ser el sector invisible de las políticas públicas en México.

En concordancia con este dictamen, que permitirá conocer el estado que guarda la situación de la juventud en México, aprovecho este espacio para comentarles que en la agenda de los jóvenes en este momento se encuentra la democratización de los medios de comunicación y les comento también que el movimiento Yo Soy 132, ante la Cámara de Senadores y ante la Cámara de Diputados, a través de diversas senadoras y diputadas, propusieron una Ley de Telecomunicaciones, que obviamente no se le dio trámite. Sin embargo, los ejes centrales de esta ley son: la democratización de los medios de comunicación, la eliminación de monopolios y duopolios, y que se garantice el acceso a la sociedad civil al espectro radioeléctrico; en una tercera parte el Estado, en una tercera parte el sector privado y en una tercera parte la sociedad civil, en la que necesariamente tienen que estar incluidos los jóvenes.

Por ello, en unos minutos más que vamos a votar la Ley de Telecomunicaciones veremos qué tan importante es para esta Cámara de Diputados la agenda de los jóvenes. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Humberto Armando Prieto Herrera: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. El Instituto Mexicano de la Juventud ha sido desde su creación, en el año 2000, la instancia encargada de elaborar, publicar y difundir investigaciones en materia de juventud, entre otras funciones.

Algunas de las publicaciones más citadas son las relativas a la Encuesta Nacional de Juventud 2005 y 2010, así como la más reciente Encuesta Nacional de Valores de la Juventud, en el 2012. También tenemos los textos sobre emprendedurismo en los jóvenes. Estas y otras publicaciones buscan dar un panorama sobre la situación actual de la juventud y permiten comprender las circunstancias y retos sociales, políticos, culturales y económicos que tienen nuestros jóvenes mexicanos.

El Injuve es entonces una institución que ha encabezado un esfuerzo por estudiar y generar datos relativos a la juventud. Hasta el momento sus publicaciones han tenido gran réplica y han sido de utilidad para elaborar ensayos, documentos escolares, publicaciones de académicos e incluso como referencia para la elaboración de más investigaciones por otras instancias públicas y privadas que desean analizar el tema de la juventud en nuestro país.

Como principal generador de textos en la materia, resulta de suma importancia que el honorable Congreso de la Unión cuente con las publicaciones del Instituto Mexicano de la Juventud, especialmente considerando que de manera anual el Injuve publica entre 8 y 10 textos con amplios tirajes para su distribución en toda la República mexicana. Cabe destacar que en los últimos dos años el Injuve logró impulsar una cifra histórica de más de 40 publicaciones.

El primer paso para dar respuesta a los problemas que aquejan a la juventud mexicana es conocer a fondo su situación actual e incluso en algunos casos delinear posibles causas de los fenómenos y soluciones de política pública.

Cabe destacar que en el proceso de generación de textos, el Injuve ha puesto al joven no solo como centro de análisis y como creador de soluciones, algunos textos publicados emanan de la creatividad y análisis de los propios jóvenes expresados a través de concursos y proyectos, como el Premio Nacional de la Juventud, el concurso Carta a mis Padres, donde los concursantes transmiten a sus padres un mensaje, y el Concurso Nacional de Debate Político, que fuera impulsado por los gobiernos humanistas de Acción Nacional.

Por todo lo anterior, es muy importante que esta honorable asamblea, a través de la gestión de la Comisión de Juventud, cuente con un respaldo literario de estas publicaciones para poder legislar de manera más informada, en aras de legislar para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y así poder mejorar la vida de 36.2 millones de jóvenes que habitan nuestro país.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se muestra a favor de la iniciativa que fuera presentada por el senador Adolfo Toledo, mediante la minuta que envía la Cámara de Senadores y que pretende reformar y adicionar el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, agregando dos fracciones al artículo antes referido, otorgando así al director general del Instituto Mexicano de la Juventud, el cual cabe mencionar que hasta el momento, a más de 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, no ha nombrado a este director. Es urgente y lo exhortamos a que lo haga de la manera más pronta.

Así el director general podrá tener la facultad para remitir a las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso, al inicio de los períodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo, los estudios e investigación relativos a la problemática y características juveniles, así como para difundir los proyectos de desarrollo de juventud y dar seguimiento a las acciones de los programas y, por supuesto, a sus propuestas.

Por lo anterior expuesto, invito respetuosamente a cada grupo parlamentario y a todos los diputados a que sumemos esfuerzos y voluntades mediante el voto unánime de esta propuesta, que habrá de darnos las herramientas que como legisladores necesitamos para trabajar por el bien común de los jóvenes mexicanos que han depositado sus más altas esperanzas en cada uno de nosotros. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente, tiene el uso de la voz el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI suscribimos la aprobación del presente dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 12 del Instituto Mexicano de la Juventud, con el fin de institucionalizar el intercambio de información en el instituto y entre las Cámaras de este Congreso de la Unión.

Estamos a favor, porque la base de todo diseño de proyectos de legislación presupuestales y de políticas públicas deben ser un diagnóstico certero.

Es muy común decir que los jóvenes son el futuro de nuestro país. Pero es poco común entender que el futuro es el resultado de lo que se hace o se deja hacer en el presente; por tanto, el futuro de los jóvenes y del país que ellos tendrán en sus manos se conforma y se consolida en el presente del que todos somos parte.

Nosotros en lo particular debemos comprender que del desempeño de nuestra responsabilidad presente como legisladores jóvenes y del cumplimiento de nuestro compromiso actual con la juventud mexicana —a la que representamos— depende ese futuro al que tanto se alude en el discurso, y que es, en efecto, el futuro de México y de los mexicanos que hoy son jóvenes.

Hemos explorado profundamente la importancia que tienen para nuestro país los 29.7 millones de jóvenes que oscilan entre los 15 y los 29 años que lo habitan, y que son la cuarta parte de la población, conjunto que —como bien señala la comisión dictaminadora— comparte una rica heterogeneidad de realidades.

En la Comisión de Juventud de esta Cámara de Diputados estamos convencidos de que nuestra responsabilidad como legisladores debe partir de estas premisas y debe orientarse a la consecución de un propósito esencial: lograr que la educación, que el empleo, la salud, el medio ambiente sano, la participación de la vida social y política en la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte, la recreación y la cultura en general, entre otros derechos humanos de los jóvenes, sean realmente y que se alcance gradualmente y firmemente, a partir de la cual el desarrollo integral de la juventud sea la consecuencia más trascedente de la aplicación de las políticas públicas diseñadas en su beneficio.

Los factores socioculturales, económicos y geográficos marcan diferencias sustantivas en las formas en que los jóvenes de las regiones de nuestro país ejercen o dejen de ejercer sus derechos.

Observar estas diferencias es un factor clave para el éxito de las acciones dirigidas a este segmento de la población, llegar al nivel de detalle que permita formular estrategias diferenciadas, conforme con las necesidades específicas de los diversos grupos de jóvenes, tendría que ser la base idónea para apuntalar las reformas legislativas que provean sustento normativo a una política de juventud integral en toda su expresión.

Evidentemente las expectativas y necesidades de un joven agrónomo en Sinaloa son radicalmente diferentes a las que demanda una joven indígena en la comunidad de San Juan Chamula, o un joven estudiante en el Distrito Federal. Atender en su particularidad estas características ubica con claridad los problemas que se quieren atenuar, o las necesidades que pretenden atender, es el imperativo para trabajar eficazmente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes mexicanos.

Al establecer que el Congreso de la Unión deba recibir periódica y regularmente publicaciones con información actual del contexto de los problemas que afronta la juventud, nos estamos comprometiendo a trabajar con mejores elementos de análisis para generar mejores instrumentos legislativos y presupuestales, realizando acciones más certeras y oportunas.

De este compromiso los diputados del PRI refrendamos nuestra convicción y responsabilidad con la vanguardia del progreso de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para darle la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de octavo semestre de ingeniería petrolera de la Universidad Olmeca de Tabasco, que están aquí invitados por nuestro compañero diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. Bienvenidos todos a la sesión.

Como no hay otra intervención solicitada, le voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 456 votos a favor, 1 abstención, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 456 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ GARCIA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es agenda política. Tenemos los comentarios de los grupos parlamentarios, relativos al aniversario del natalicio de don Benito Juárez. Tiene el uso de la tribuna la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras, señores legisladores, el personaje más emblemático de la historia independiente de México es el indígena zapoteco, cuyo natalicio conmemoramos el día de hoy, Benito Juárez.

Su vida y su obra son objeto de intensos debates, de profundas investigaciones y, sobre todo, de lecciones históricas que los mexicanos deberíamos aprovechar para proyectar un mejor futuro.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ha manifestado la adscripción liberal de su ideología. Creemos que un régimen de libertades constituye el mejor escenario para el florecimiento de la democracia, el desarrollo social integral, el pleno respeto a los derechos humanos y la expansión de una cultura de inclusión y respeto a las diferencias.

La primera connotación que evoca la figura de Benito Juárez tiene que ver con su apuesta histórica por el liberalismo. En un momento de enconada confrontación política y social en México Juárez entendió que la profunda división, derivada de la falta de proyectos, acuerdos e identidad nacionales existentes al momento de la Independencia ameritaba fórmulas trascendentes de solución, basadas en la liberación de las fuerzas productivas, del pensamiento, de las creencias y del propio país.

La época de Benito Juárez nos mostró con gran claridad que la división irreconciliable de los mexicanos puede llevarnos al desastre, al colapso social y económico y a la pérdida misma de la patria.

La polarización social, económica, ideológica, étnica y política que caracterizaba al México a mediados del siglo XIX, originó una situación de alta vulnerabilidad, que concluyó con la intervención francesa.

Frente a estas circunstancias, la generación de Benito Juárez tuvo la visión histórica de sentar las bases para fundar el Estado mexicano, a partir de la resistencia ante la intervención extranjera y una férrea defensa de la legalidad.

En esta conmemoración ponderaré un aspecto poco comentado de la obra y pensamiento de Benito Juárez en su faceta de forjador de instituciones, me refiero a la visión que el gran oaxaqueño tenía de la educación como instrumento de progreso, la libertad y la identidad nacional.

Tras la derrota del Ejército mexicano ante los invasores franceses, Juárez inició su larga travesía para establecer su residencia presidencial en Paso del Norte. En ese momento difícil de 1863, la República se reducía prácticamente a la férrea voluntad de un auténtico patriota.

Como escribió Justo Sierra en su Evolución política del pueblo mexicano, en ese momento, en que el Congreso y la Suprema Corte habían sido disueltos y los gobernadores de los estados y sus milicias locales sucumbían ante el ejército francés, todo lo que quedaba de la soberanía mexicana estaba investido en Juárez y sus pocos ministros y oficiales militares.

La causa republicana estaba herida de muerte y Justo Sierra nos conmueve, al reconocer la grandeza del alma de Juárez, aquel hombre sobre el que pesaban todas las dificultades, sin dejar por ello de confiar en el futuro de México.

En Benito Juárez encontramos la firmeza que proviene de una conciencia libre. El proyecto republicano y liberal se mantuvo incólume ante la ocupación del país y logró recuperar la independencia de una nación que pugnaba por dejar atrás el pasado colonial.

La Guerra de Reforma y la segunda intervención francesa fueron parte de un difícil periodo que definió el curso del país hacia la conformación de un Estado moderno; el impulso hacia un cambio fundamental se debió a la brillante generación de líderes liberales de la que Juárez era parte y que tuvieron que derrumbar creencias, supersticiones y falsas doctrinas.

La tarea fue titánica, porque el objetivo no era otro que la transformación social de México bajo una orientación republicana, democrática y laica.

Las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857 fueron promulgadas para suprimir privilegios, desamortizar la propiedad territorial y dar curso a un importante proyecto educativo, que retomaba la vía ilustrada para poner fin a la subordinación de pueblo.

La separación de la Iglesia y el Estado fue la clave mayor de un proceso de emancipación, que puso a México en la ruta de la modernidad política y permitió la afirmación del poder secular.

Ese logro hizo posible que al restaurarse la República en 1867 se constituyera un auténtico gobierno, capaz de resistir a las fuerzas que conspiraban contra el país y de ejercer su soberanía.

Juárez logró afirmar al Estado mexicano, sin perder de vista que la democracia republicana es la antítesis del autoritarismo. El contraste entre el gobierno juarista y la dictadura de Porfirio Díaz estaría en la mente de los revolucionarios de 1910.

La figura histórica de Juárez va más allá de la del héroe y el estadista, para asimilarse a la del educador libertario. Su pensamiento incluyó siempre la idea del avance social a través de la educación. Juárez asimiló la lógica interna de la Reforma, en el sentido de una transformación fundamental, a partir de la lucha contra la ignorancia.

Para el Benemérito de las Américas, el Estado liberal solo podía ser definido realmente en el espacio de la educación pública, porque es ahí en donde pueden afirmarse las virtudes de una comprensión laica del mundo.

Se define así un giro educativo trascendental que impulsa la libertad de pensamiento, al apartar las instituciones educativas de toda práctica confesional.

El concepto de educación pública adquirió una valiosa fundamentación en los debates que abrieron el camino a las Leyes de Reforma. Valentín Gómez Farías, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, Francisco Zarco, entre otros, rechazaron con fuerza el estancamiento y el dogmatismo para dar paso al espíritu de investigación, al avance de las ciencias y a la libertad ciudadana.

Sus ideas fecundaron las esperanzas de cambio que a lo largo del tiempo fueron modificando esa realidad inestable y desordenada de la que México surgió como nación independiente.

Benito Juárez se interesó por los problemas educativos desde el tiempo en que fue funcionario y gobernador de Oaxaca. Su ideal educativo era el de la enseñanza pública, laica y gratuita. En esos conceptos veía la esencia del Estado nacional y los vinculaba a los altos valores de la democracia, la honra de austeridad, respeto, independencia y libertad.

En 1867, al concluir la guerra contra los franceses, el presidente Juárez invitó al doctor Gabino Barreda a emprender la reorganización de la educación pública, misma que estuvo representada por la creación de la Escuela Nacional Preparatoria.

La concepción liberal dio paso a las idea positivistas centradas en el orden y el progreso, pero no hay que perder de vista que esa reorganización educativa fue el triunfo de un pueblo que resistió la intervención extranjera y que se puso de pie para afirmar su libertad desde las escuelas.

La educación pública, laica y gratuita es una conquista de los liberales del siglo XIX y de los revolucionarios del siglo XX; preservarla y desarrollarla es una tarea fundamental para el avance democrático de nuestro país en estos tiempos de cambio y de búsqueda de nuevas soluciones para viejos problemas.

El ejemplo de Juárez nos debe acompañar a cada paso y en cada decisión política; en el legado juarista está una reserva de dignidad, libertad, generosidad y visión de largo alcance que no podemos perder.

Benito Juárez es una presencia épica, siempre vigente, con la que podemos contrastar las acciones de quienes solo persiguen intereses políticos. La inmensa altura histórica del liberal demócrata y estadista oaxaqueño nos permite distinguir entre los afanes de poder y las verdaderas aportaciones al progreso del país y a la libertad efectiva de los ciudadanos.

Al emprender las reformas que México necesita es preciso recordar la difícil condición que enfrentó Juárez para preservar la República y transformar la realidad nacional, a partir de una profunda voluntad democrática. Su lucha contra los privilegios abrió el camino al Estado moderno, sustentado en la universalidad del derecho.

Por ese cauce debemos conducir la acción legislativa, que es capaz de propiciar cambios fundamentales en beneficio de la sociedad.

Con Juárez en la memoria, y de acuerdo con su visión serena de la educación pública, podemos decir que, en efecto, la instrucción es la base en la prosperidad de un pueblo y, a la vez, el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder.

En Nueva Alianza conmemoramos con respeto el natalicio de Benito Juárez, y creemos que el mejor homenaje consiste en reflexionar sobre las lecciones que su obra histórica puede ofrecernos para hacer de México un mejor país. Qué viva Juárez siempre en la mente y en el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Gracias.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en el uso de la voz el diputado Ricardo Cantú Garza.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se suma a la conmemoración del 207 aniversario del natalicio del más universal de los mexicanos, don Benito Juárez García.

En un día como hoy, hace 207 años, en un agreste lugar de la sierra oaxaqueña, San Pablo Guelatao, nació don Benito Juárez. Desde pequeño enfrentó la adversidad, al morir sus padres se trasladó a la ciudad de Oaxaca, en busca de los horizontes que la pobreza, ignorancia y marginación de la zona donde nació no le podían ofrecer.

A los 13 años, sin hablar español, llegó a la casa de don Antonio, donde una de sus hermanas era empleada doméstica. De la mano de su padrino Antonio, aprende a leer y a escribir en español y posteriormente se gradúa de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca.

Parecía que sus penurias económicas habían llegado a su fin, puesto que podía dedicarse al ejercicio libre de su profesión jurídica; sin embargo, los avatares por los que atravesaba la República lo obligaron a tomar partido entre los dos grandes grupos que disputaban el poder en el país: liberales y conservadores.

En 1847, como diputado federal, aprobó el préstamo que el presidente Gómez Farías solicitó a la Iglesia para financiar la guerra contra los Estados Unidos de América, que de manera injusta nos había invadido y en lo que a la postre perderíamos más de la mitad de nuestro territorio.

Con ese acto, entre muchos otros, el licenciado Juárez se percató que los intereses de la Iglesia Católica en México no eran ni remotamente los intereses de la sociedad mexicana, pues a este grupo, la Iglesia, solo le interesaba incrementar sus riquezas y que no se vieran afectados sus intereses.

En octubre del 47, es designado gobernador sustituto en Oaxaca y en 1848 se le designa gobernador constitucional, cargo por el que es reelecto en 1849. En 1853 es desterrado junto con otros distinguidos liberales, como don Melchor Ocampo y Ponciano Arriaga, pasando por Cuba hasta Nueva Orleans.

Al estallar el primero de marzo de 1854 la Revolución de Ayutla, se traslada al actual estado de Guerrero para ponerse al servicio de don Juan Álvarez y contribuir al triunfo de la causa liberal. El presidente Juan Álvarez lo designa secretario de Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos, a él corresponde la expedición de la ley que lleva su nombre, en la que se suprimen los tribunales especiales y los fueros de las corporaciones, con el propósito de lograr la igualdad de todos ante la ley. Desde luego la Iglesia y el Ejército se inconformaron ante dicha medida, habida cuenta que pretendían seguir contando con un régimen de excepción que siempre les favoreció.

Como resultado del Congreso Constituyente del 56-57 es electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo del que solicita licencia para colaborar en el gabinete del presidente Comonfort, quien al dar el golpe de Estado, el 17 de diciembre de 1857, se aparta del cargo que protestó cumplir para convertirse según sus propias palabras, en un vulgar golpista.

Comonfort ordenó aprehender al licenciado Juárez en las oficinas de Palacio Nacional, siendo liberado en enero de 1858 y ocupando la Presidencia de la República —que por disposición constitucional le correspondía— instalando su gobierno en Guanajuato, para posteriormente trasladarse a Guadalajara e iniciando la Guerra de los Tres Años o de Reforma, ya que el grupo conservador la reclamaba para sí en la persona de Ignacio Zuloaga.

Al trasladarse a Veracruz, en julio de 1859, expide en dicho puerto las leyes que se conocieron como de Reforma, siendo la primera de ellas la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, en donde en los considerandos se establece que el motivo principal de la actual guerra promovida y sostenida por el clero es conseguir sustraerse de la dependencia de la autoridad civil.

Además, conforme al artículo 1o., entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero ha estado administrando con diversos títulos, y en el artículo 3o. se estableció la separación entre el Estado y la Iglesia y que a la letra señala: Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquier otra.

El gobierno de la República vence a la reacción el 22 de diciembre de 1860, en los llanos de Calpulalpan y regresa a la Ciudad de México en enero de 1861.

Ante la penuria económica, el presidente Juárez se vio obligado a promover una ley que suspenda el pago de la deuda pública por dos años. La presión internacional obliga al gobierno a dejar sin efectos la ley y seguir pagando como se pueda y donde se pueda.

En octubre de 1861 se integra, con base en la Convención de Londres, la Alianza Tripartita, integrada por España, Inglaterra y Francia para exigir a México el pago de sus deudas. Con ese propósito arribaron a Veracruz la escuadra española, inglesa y francesa, lográndose una negociación exitosa con los gobiernos de España e Inglaterra.

Solo permaneció en nuestro territorio la escuadra de Francia, evidenciando las intenciones de Napoleón III de imponer sus afanes intervencionistas en México. No obstante la grave situación de la patria se logró armar al Ejército de Oriente, designando al general Ignacio Zaragoza como comandante del mismo.

El 5 de mayo de 1862 se escribió la más hermosa de las páginas de las armas nacionales, al derrotar en los cerros de Loreto y Guadalupe al invasor francés. Tan es así, que el propio general Zaragoza, en el parte enviado al presidente de la República el 6 de mayo, le expresa: Las armas nacionales, ciudadano ministro, se han cubierto de gloria y por ello felicito al primer magistrado de la República, por el digno conducto de usted, en el concepto de que pueda afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el Ejército Mexicano durante la larga lucha que sostuvo.

Tuvo que pasar un año para que la ciudad de Puebla, al estar sitiada por 72 días, cayera en manos del invasor el 17 de mayo, no obstante la férrea defensa que encabezó el general Jesús González Ortega.

El presidente Juárez tuvo el mérito de reunir en torno a la defensa de la patria a la más brillante generación de mexicanos: Ocampo, Arriaga, Prieto, Zarco, Santos Degollado, Zaragoza, Escobedo, y muchos más, cuyos nombres honran los muros de honor de este recinto y, por supuesto, contar con el apoyo de la masa anónima del pueblo mexicano.

Esto permitió enfrentar la invasión francesa y lograr el 15 de mayo de 1857, en Querétaro, vencer a la farsa de imperio que desde Europa se pretendió imponer en México.

Compañeras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es importante que los mexicanos aprendamos de Juárez y de la generación de la Reforma, que el principio fundamental que debe regir la actuación de todo servidor público es la justa medianía.

Como dijera Melchor Ocampo: Servir a la patria es el mayor honor que un mexicano puede tener.

A 207 años del nacimiento del inmortal indio de Guelatao, nos queda el ejemplo de sacrificio y de amor a la patria.

El servir a la República en un cargo público no se hace para enriquecerse al amparo del poder, no se hace para beneficiar a los amigos con concesiones ni contratos. Es más, como él lo dijo, se debe vivir en la justa medianía.

Por eso hoy, 21 de marzo, a los 207 años, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo celebra el natalicio del inmortal indio de Guelatao y hacemos nuestra su frase que engalana este recinto, que dice: Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.

Juárez nos enseñó que gobierno que no cuenta con el apoyo popular, no tiene viabilidad; que ningún gobierno puede enfrentar a los poderes fácticos, como él lo hizo con la iglesia, si no cuenta con el apoyo de la gente.

Juárez vive en la memoria colectiva del pueblo de México; vive en los anhelos de superación de muchísima gente, que como él, no tuvieron oportunidad y han tenido que vencer las adversidades. Termino, diputada presidenta.

En el pasado reciente un gobierno creyó que con sacar el retrato de Juárez de la residencia oficial de Los Pinos se le sacaba de la memoria colectiva de la historia del país. Nada más falso. El espíritu de Juárez vive en cada mexicano que ama a la patria y que está dispuesto a transformarla anteponiendo el interés de la República a cualquier interés faccioso.

Por eso desde la más alta tribuna de la nación decimos con vigor: Viva el presidente Benito Juárez García. Viva México.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz el diputado José Luis Márquez Martínez.

Aprovechamos para dar la bienvenida a estudiantes de derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el diputado Jesús Morales Flores. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras y compañeros, aprovecho esta máxima tribuna del país para decirles a todas las comunidades indígenas del pueblo de México: to ba chonun, ndutiaca, so ñe nio so ñe ivacú, so ñe Rancho ingú Benito Juárez García. Un saludo fraterno a todos mis hermanos indígenas que habitan a lo largo y ancho de nuestra República mexicana.

La nación mexicana rinde el día de hoy un homenaje a uno de los personajes nacionales con mayor proyección a nivel mundial, don Benito Pablo Juárez García, nacido en la sierra zapoteca del estado de Oaxaca, el 21 de marzo de 1806.

Es innegable la influencia que Benito Juárez tuvo dentro de la historia mexicana. Como abanderado del pensamiento liberal del siglo XIX fue promotor de reformas en materia de educación, instauró el registro civil, logró separar la injerencia eclesiástica de las decisiones del Estado, fue firme defensor del sistema republicano y del desarrollo, a partir del trabajo y la propiedad privada.

Tuvo que lidiar con crisis políticas en distintos frentes; por una parte, se confrontaba con los sectores conservadores de la política mexicana y, sin embargo, no dictó políticas que atentaran contra la libre expresión de las ideas; por otro lado, supo lidiar con gran convicción y dignidad con múltiples presiones internacionales, incluso con invasiones de potencias extranjeras, siendo México el único país que pudo derrotar a las fuerzas militares de la entonces potencia bélica francesa, bajo el mando de Napoleón III.

A su vez, su gobierno republicano resistió la imposición de un emperador extranjero, producto de un pacto entre conservadores mexicanos y la capacidad bélica y las armas de una potencia europea.

Hasta la fecha se recuerdan sus ideas de respeto: Tanto entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Antecedente de lo que posteriormente se consagraría en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

Para su época fue un personaje visionario que enarboló ideales progresistas, como los de democracia, educación, libertad y justicia.

Tenía 20 años Benito Juárez cuando ingresó en el Instituto de Ciencias de Oaxaca, donde se graduó como licenciado en derecho. Su preocupación por la realidad social y en particular por la situación de los campesinos lo llevó a expresar sus puntos de vista liberales y a participar activamente en la política.

En 1831 Juárez fue electo regidor del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca —de Juárez— y al año siguiente diputado al Congreso del estado. La energía con que defendió los intereses que representaba le valió que en 1846 fuera diputado por Oaxaca en el Congreso de la Unión. Un año más tarde fue designado gobernador de su estado natal, cargo que permaneció hasta 1852. Cuando fue diputado federal en la ciudad de México afianzó sus relaciones con los liberales.

En 1853 fue expulsado a Cuba por el entonces dictador López de Santa Anna, pero regresa en 1855, gracias al presidente Juan N. Álvarez, que lo nombró ministro de Justicia e Instrucción.

Desde este cargo recortó los privilegios del clero y del ejército. Sus disposiciones legislativas, que inspiraron la Constitución de 1857 de corte liberal, motivaron la reacción de los conservadores, quienes se pronunciaron al año siguiente en el Plan de Tacubaya. Comonfort pactó con ellos, dio un golpe de estado y encarceló a Juárez, lo cual fue el detonante de la Guerra de Reforma.

Como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juárez —que había conseguido huir— se convirtió en el presidente legítimo, de acuerdo con la Constitución y estableció su gobierno en el estado de Veracruz.

En 1858 se convierte en presidente de México y al año siguiente promulgó la famosa Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos; logró derrotar la dura oposición de los conservadores en 1860 con la ayuda de Estados Unidos de América, pero en 1862 los franceses invadieron a México e impusieron como emperador a Maximiliano de Habsburgo. Entonces, Benito Juárez lideró la resistencia; sus tropas derrotaron al usurpador y lo fusilaron en 1867.

Según fuentes históricas, la estancia en el poder del emperador Maximiliano no tuvo mayor éxito, porque dicho personaje se enfrentó a un monstruo de tres cabezas.

Napoleón III quería tener injerencia en México a través del control de las decisiones del emperador mexicano, cosa a la que éste último se opuso rotundamente lo que aunado a problemas al interior de Francia provocó que se le quitara el apoyo militar al emperador.

Juárez y los liberales naturalmente no lo aceptaban por su llegada violenta e ilegítima al poder, atentando contra el principio de no intervención entre naciones y porque contravenía a los principios democráticos republicanos y de independencia que ellos pretendían para nuestro país, y por su cercanía diplomática con el gobierno americano.

Hace unos cuantos años, en Bolivia, Evo Morales abanderó la llegada al poder del segundo presidente de origen étnico autóctono en América Latina. Esto a casi 150 años de que Juárez asumiera por primera vez el poder, los pueblos indios de Bolivia encontraron representación en una persona con su mismo origen.

Juárez fue el primer presidente indígena y sigue siendo el único en una nación formada a partir del mestizaje, donde históricamente en los pueblos originarios han sufrido de la constante exclusión y a veces de una escandalosa humillación y abuso de poder por partes de quienes lo ostentan.

Es cortés reconocer el gran esfuerzo y los logros propios de alguien a quien su situación social lo desfavorecía; sin embargo, enarbolar esto de manera exagerada, como se tiende a hacer, es muestra que aún vivimos en una sociedad sumamente desigual, donde los orígenes étnicos siguen siendo un estigma que cargan las comunidades indígenas.

En un país donde gobernó un presidente de origen indígena uno pensaría que las condiciones de esos pueblos mejorarían, uno pensaría que se les daría un espacio de autonomía, sin acotarlos a espacios controlados, sin pretender transformarles donde la inclusión, aunado al respeto de las cosmovisiones distintas convivan en una identidad de nación, no única y exclusiva, sino un espacio multicultural.

En la época de democracia Juárez expandió por todo a lo largo y ancho del país la educación gratuita y laica. Esperando que las celebraciones de natalicio del Benemérito de las Américas no sean como un mero estandarte político a ultranza, que su figura no sea usada por defender intereses mezquinos, sino abanderar causas de justicia y democracia. Juárez fue un gran visionario en su época, pero qué lejos estamos, compañeros, qué lejos estamos de ellos.

Hoy las cosas han cambiado, y por mucho, en detrimento de millones y millones de mexicanos: los obreros, las amas de casa, los campesinos, las comunidades indígenas, pues con las reformas estructurales que se están dando y que están pactando los poderes fácticos están sometiendo, están soslayando, están aniquilando la esperanza de millones de mexicanos para proveer o acceder a un mejor porvenir, como sucedió con la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma de la Ley de Amparo, en detrimento de los núcleos agrarios, y ahora con la Ley de Telecomunicaciones, que en próximos días aprobarán, en donde están excluidas las radios comunitarias, el único medio que sirve para comunicarnos los pueblos originarios y las comunidades indígenas.

Como el famoso Pacto por México, en donde excluyeron de manera brutal la opinión de las comunidades indígenas, ahora con esta nueva Ley de Telecomunicaciones para que la misma mafia en el poder siga controlando los intereses del pueblo de México.

Por eso decimos nosotros que los partidos mayoritarios —y quiero aprovechar esta tribuna— no son congruentes, quieren utilizar el tan cacaraqueado programa Cruzada Nacional contra el Hambre, donde fueron excluidos muchos municipios de las comunidades indígenas en extrema pobreza y que viven en la total miseria, en donde pretenden utilizar nuevamente a las comunidades indígenas como botín político y caso de ello el estado de Oaxaca, la cuna del prócer, el más grande patricio que ha dado México.

Por eso, compañeras y compañeros, no se rasguen las vestiduras viniendo a decir acá que están a favor de las grandes mayorías. Ya lo dijo Juárez: Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Es cuanto, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado, y anteponiendo una disculpa, una corrección para su nombre, diputado Juan Luis Martínez Martínez.

En el uso de la voz, por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi mano para defender y sostener nuestras instituciones. He demostrado en mi vida pública que sirvo lealmente a mi patria y que amo la libertad. Ha sido mi único fin proponeros lo que creo mejor para vuestros más caros intereses, que son afianzar la paz en el porvenir y consolidar nuestras instituciones. Benito Pablo Juárez García.

Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Partido Verde nos sentimos muy honrados de hacer uso esta tribuna para honrar la memoria de uno de los más grandes próceres de nuestra nación, a 207 años de su natalicio, nos referimos a don Benito Juárez García, el Benemérito de las Américas, el constructor de patrias.

Don Benito Juárez nació un día como hoy, pero de 1806, en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Un pueblo al que nadie prestaba atención y en el que ni siquiera había escuela o iglesia y en el cual apenas se hablaba español, lo cual no impidió que Juárez lograra terminar sus estudios de jurisprudencia y se convirtiera a la postre en presidente de México.

A pesar que Juárez nació —como lo señala Fernando Benítez— en las postrimerías del periodo medieval, y que por la ascendencia indígena sufrió en carne propia las consecuencias del lacrante sistema de castas, propios de la época, éste es reconocido como el líder de una generación de liberales empeñados en la construcción de un nuevo país, de un país en el que las leyes se encontraran por encima del poder del clero, de los militares y de los hacendados, entre otras reminiscencias coloniales.

Si bien, en 1821 obtuvimos nuestra independencia de España, lo cierto es que en los hechos, tanto el pueblo como las instituciones, el territorio, había una inmensa cantidad de bienes muebles e inmuebles que se hallaban sometidos al poder de la iglesia católica.

El clero se había adueñado de las consciencias de la gran mayoría de los mexicanos y a su servicio, por increíble que nos parezca, se encontraba el Estado. Por tanto, hacía falta construir una nueva nación, pero había que hacerlo sobre bases democráticas, inspiradas en los más altos ideales de justicia, libertad e igualdad, y ése es precisamente el gran legado de Juárez.

El proyecto juarista puso por encima del poder de la iglesia el interés superior de la nación, gracias a ello fue posible la organización jurídica de nuestro país, al que se pretendía dotar de una autonomía, reivindicando con ello la soberanía nacional.

Por lo anterior, Juárez representa un símbolo de la lucha en contra de la restauración del orden establecido en La Colonia, que el conservadurismo mexicano pretendía llevar a cabo.

La importancia histórica de Juárez es crucial para comprender la historia política de México, en una época en el que el país necesitaba de una clase política a la altura de las graves circunstancias por la que atravesaba la nación.

La labor política de Benito Juárez fue decisiva para la configuración del México moderno. Él se convirtió en la piedra en el zapato de los más nefastos apetitos políticos; aglutinó a los estamentos sociales más débiles y a la vez numerosos, y los convenció de la necesidad de transformar al país.

Gracias a las reformas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Juárez fue posible deshacer el monopolio de la justicia y poner a las instituciones civiles al alcance de todos los mexicanos.

Juárez fue un reformador incansable, forjador de la República, que se caracterizó siempre por su valor, su humanismo y su honestidad, cualidades que supo poner al servicio de la patria.

No podemos olvidarnos que Juárez pugnó por el ejercicio republicano del poder, al margen de los lujos y las extravagancias a los que la clase política nacional estaba acostumbrada.

Juárez sorteó con extraordinaria templanza y tenacidad las adversidades que enfrentó su administración. No se puede soslayar el hecho de que su gobierno haya sido en gran medida un gobierno itinerante, que careció de una sede fija y despachó prácticamente por todo el territorio nacional, huyendo del acoso y la persecución de que fue objeto por parte de las fuerzas conservadoras.

En suma, Juárez, su obra y su actuar representan un símbolo del espíritu republicano con quien todos quienes ocupamos cargos públicos estamos obligados a conducirnos.

Don Benito Juárez fue un ejemplo de dignidad ante las ambiciones imperialistas de las potencias extranjeras y su legado debe imitarse, si es que se quiere dignificar, al tiempo de engrandecer la noble tarea de gobernar. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRD, en el uso de la voz el diputado Víctor Reymundo Nájera Medina.

Saludamos a personas del voluntariado del Hospital General de Dolores Hidalgo, del estado de Guanajuato, invitados por la diputada María Esther Garza Moreno. Sean bienvenidos.

El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y en el marco del natalicio de don Benito Juárez, Benemérito de las Américas, queremos resaltar el Estado laico, que para nosotros significa el gran legado para el Estado mexicano.

Porque consideramos que con él se instaura un nuevo paradigma constitucional; con él se da origen a la segunda a la Segunda República. Pero también pensamos que al eliminar el oscurantismo en el que se había tenido a nuestro país, se sientan las bases del libre pensamiento, que ha dado origen al desarrollo tecnológico de nuestro país, que con todo y sus vaivenes actualmente lo estamos disfrutando.

Las Leyes de Reforma impulsadas por los políticos liberales, encabezados por Benito Juárez, fueron un conjunto de normas que dieron origen al Estado laico mexicano, suprimiendo el fuero civil para los religiosos y los militares; desamortizaron los bienes eclesiásticos, posteriormente se establecieron el registro y el matrimonio civil, se nacionalizaron los bienes eclesiásticos, y con una inspiración federalista y republicana se promulga la Constitución de 1857, que establece una República federal y se denomina su Título I, sección I, De los derechos del hombre, con lo que se deja de lado el poder y la entonces desmedida influencia de la iglesia católica sobre nuestro tan noble pueblo mexicano.

En este sentido, nuestra Constitución recoge este gran legado juarista. El artículo 3o. establece que la educación impartida por el Estado será laica y se mantendrá por completo ajena a las doctrinas religiosas, sin dejar de reconocer la libertad de culto establecida en el artículo 24 constitucional, o el artículo 130, que establece textualmente la separación del Estado y las iglesias.

En este sentido, le vamos a tomar la palabra al secretario de Educación Pública. Uno de los productos que el día de ayer obtuvimos en la comisión, debido a su comparecencia, es que formemos una comisión entre funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y diputados para —previo muestreo— revisar la currícula de las escuelas privadas para ver hasta dónde efectivamente la enseñanza que se está impartiendo principalmente en el nivel básico está libre precisamente de eso que separó Benito Juárez, con ese gran equipo de ilustres mexicanos que lo acompañaban.

Es bien sabido por más de uno de nosotros que aún en la actualidad la educación religiosa tiene una gran influencia en la currícula, y sobre todo en las escuelas particulares. Creo que no debemos permitir que esto se siga dando con la consideración de las autoridades educativas, porque siento que estamos traicionando ese gran legado juarista.

En este marco, el Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática tiene como una de las líneas de su agenda legislativa el fortalecimiento de un Estado laico y ético, con vocación de servicio público, respetuoso de la libertad de culto, pero en el marco de los límites del respeto a la diversidad de creencias y a los derechos y libertades de las personas.

No podemos permitir un retroceso en esta conquista histórica que inició el Benemérito de las Américas y que ha costado sangre mantener a través de nuestra historia: el Estado laico como elemento detonante del goce pleno de los derechos y libertades, sin prejuicios ni fanatismos.

En este sentido, nuestro grupo parlamentario considera que tiene algunos pendientes legislativos, entre ellos revisaremos que no entre en contradicción la reforma del artículo 24 con el artículo 40 constitucional. Tenemos pendiente la elaboración de la legislación reglamentaria del artículo 40 constitucional para dotar de contenido lo referente al Estado laico, desde una perspectiva de derechos humanos, a partir del nuevo paradigma constitucional.

Hay que revisar la normatividad aplicable en los ámbitos educativos, social, laboral, agrario, de salud, entre otros, para evitar la discriminación por motivos religiosos, para materializar el pleno respeto a la diversidad y garantizar los derechos fundamentales.

La izquierda, como una opción política capaz de dirigir a nuestra sociedad, considera que el Estado mexicano del siglo XXI está comprometido a defender y mantener su carácter laico y debe velar para que la educación responda a los principios establecidos en el artículo 3o. constitucional: democrática, crítica, alejada de todo fanatismo, científica y permeada con los más altos valores universales de la convivencia humana, la solidaridad internacional y los derechos humanos.

El Estado laico —hay que subrayarlo— no es anticlerical, sino por el contrario, establece las bases para el pleno respeto a la diversidad, a la libertad de culto, al derecho a la privacidad, a la intimidad, a la sexualidad, a la identidad de género, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

Se han de establecer límites entre el ámbito de lo público y lo privado, pues el Estado democrático es el que tutela los derechos fundamentales y las libertades públicas, justamente desde la claridad que permita la naturaleza laica del mismo.

No podemos dar marcha atrás en las conquistas históricas que han costado sangre a lo largo de nuestra historia; es inaceptable regresar a un Estado confesional que permeo los primeros años de nuestro México independiente.

En ese sentido —y espero no lastimar a nadie, pero habrá que decirlo— consideramos que es aberrante cómo las autoridades, cómo el Ejecutivo federal vulnera el carácter laico de México, presenciando y participando de un acto enteramente religioso, violando las legislaciones mexicanas vigentes, enviando un mensaje discriminatorio a los sectores de la sociedad que no comulgan con la ideología católica, inclinándose a promocionar y patrocinar a una confesión religiosa.

Nos pronunciamos en contra de prácticas que menoscaban el carácter laico del Estado mexicano por servidores públicos. Estos últimos tienen el mandato por elección de una sociedad plural y diversa a la que representa.

En este entendido, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su artículo 25, tercer párrafo, expresa que ninguna autoridad federal, estatal y municipal puede asistir a un culto religioso en su calidad de servidores públicos.

Si esto no es suficiente, me voy a permitir dar lectura a una de las grandes aportaciones que hace don Benito Juárez García en este marco de laicidad, y dice: Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. Por su atención, muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputado. De la fracción parlamentaria del PAN, en el uso de la voz el diputado Víctor Rafael González Manríquez.

Saludamos a alumnos del Instituto Universitario Francisco Ugalde, de la ciudad de Tehuacán, Puebla, invitados por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero. Bienvenidos.

El diputado Víctor Rafael González Manríquez: Con su venia, señora presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas.

Conmemoración del natalicio del presidente Benito Juárez. El 21 de marzo de 2013 se conmemoran 207 años del natalicio del ex presidente de la República Benito Juárez. A los políticos del presente nos corresponde nutrir una parte de nuestro pensamiento y acción en los hechos de la historia, asumiendo en su justa dimensión las luchas populares, la gesta de los héroes y los sucesos que dieron forma a los cuatro grandes movimientos sociales que han definido el perfil del México contemporáneo: la Independencia, la Reforma, la Revolución, y la transición a la democracia.

Recordar la trayectoria del presidente Benito Juárez nos obliga a considerar el valor de su legado, que significa para México libertad y soberanía. Para eso tenemos que mirar tanto al hombre como a su tiempo, destacando en todo caso lo que la figura del presidente Juárez representa en la definición del México actual y como parte fundamental del pasado común de todos los mexicanos.

Nosotros los panistas concebimos a los hombres, incluyendo desde luego a los héroes nacionales, como seres humanos, capaces de tener aciertos y susceptibles de cometer errores. No son oportunas las remembranzas que describen a los personajes o al mito de perfección, como tampoco las condenas escritas desde la visión del rencor y la venganza, sino de verter los efectos irreversibles de procesos históricos y culturales, que van más allá de las capacidades de hombres específicos por muy poderosos que han podido ser.

Ezequiel Chávez, ilustre humanista y miembro distinguido del Colegio Nacional, así como fundador del Partido Acción Nacional, nos ofrece una visión objetiva de la obra de Benito Juárez, el ser humano con aciertos y errores, escrita en el primer lustro de la década de los cuarenta, la cual echa por tierra los fantasmas del supuesto antijuarismo del PAN, y cito: aunque mezclados en gran número con motivo de acción reprobables y con erróneos conceptos de lo que fuera mejor para México, no cabe duda tampoco en que asimismo hubo motivos de acción superiores, conceptos de vida mejor, dignos de respeto en varios de los jefes distinguidos del partido reformista.

Aunque Juárez no sea el hombre siempre admirable que llegaron casi a deificar muchos mexicanos, no es tampoco el hombre totalmente execrable que otros mexicanos han visto en él, que gobernando en lo más íntimo por la ambición personal de mando, tuvo lealtad a sus convicciones políticas y supo oír a sus colaboradores.

Ahora bien, si se considera a Juárez, como tantos lo hacen, como uno de los forjadores de la patria, no es claro que si así con conciencia se forjan juicios a su respecto, se tendrá que concluir que todo buen patriota deberá a lo menos superarlo.

Deberá sin duda hacerlo juntamente en fórmulas de concordia todo lo que él dividió y para este alto fin no será a fuerza combinar los empeños de todos los mexicanos, sin lo cual la patria no llegara a ser una.

Los legisladores del PAN consideramos que el presidente Benito Juárez, como mandatario, tomó decisiones, que como todo político en cualquier época oscilaron no solo entre lo bueno y lo malo, porque también tuvo que optar varias veces como lo exponen los libros, entre el mal y el mal menor; entre alternativas que pudieron ir de uno o en otro sentido.

Por ello la historia da cuenta de la polémica y el impacto de determinaciones, que solo se atreven a tomar los grandes hombres de Estado.

No podemos olvidar que el presidente Juárez ejerció el poder en la época quizás más complicada e incierta en la historia de México. La nación sufría una interminable guerra civil; la sucesión de planes y asonadas, una miseria e ignorancia generalizadas, un grave conflicto ideológico; la reciente mutilación del territorio nacional, una perenne debilidad institucional; carencia extrema de recursos; desorden interno e intervención extranjera.

Todos estos datos subrayan el dramatismo de los retos que hubo que afrontar el presidente Juárez, en las condiciones menos apropiadas para ejercer el poder, situación que dio lugar a una serie de decisiones controvertidas que han sido analizadas desde múltiples puntos de vista, desde su época y que marcaron el legado de Benito Juárez para México y para el mundo.

Benito Juárez, el hombre, fue formado en la fe y en la razón, predominando en su actuar político la segunda; hombre de ideas y representante de una ideología liberal, que explicó de manera resuelta y radical.

No fue extraño que ante las circunstancias en las que desarrolló su gestión y ante la naturaleza de su ideología personal, el presidente Juárez haya decidido recurrir a todos los medios a su alcance para mantener el poder, para construir a la República desde su perspectiva liberal y para intentar en lo posible establecer leyes e instituciones que respondieran a los problemas e insuficiencias que observó o padeció en carne propia a lo largo de su vida.

El resultado de esta obra se proyecta hasta el México del presente. Benito Juárez no fue ni mucho menos, un hombre que cediera o claudicara en la lucha por hacer realidad sus principios; su tesón y determinación se convirtieron en la voluntad que restauró la República y construyó el Estado laico.

Benito Juárez cultivó virtudes que deben destacarse, más allá de las naturales pasiones y los inevitables errores en el ejercicio de la actividad política.

La austeridad republicana, identificada en la imagen de un funcionario que no se enriqueció a expensas de su cargo, que mantuvo un patrón de vida digno y sin ostentaciones, que pese a todos los obstáculos formó una sólida familia y que ante las adversidades asumió una fortaleza interior y una capacidad de resistencia, pocas veces vistas en la historia de México.

Su origen y su ejemplo de vida, son quizás una de las mejores formas para reprobar la discriminación que sufren las comunidades indígenas del país.

Muchos de los historiadores de la Reforma y de la historia oficial difundida por los gobiernos posrevolucionarios han colocado al presidente Juárez como la figura quizá más importante de la historia de México; han encontrado en el entorno adverso de aquellos años las causas y explicaciones de su obra de gobierno, las sólidas razones para promulgar las Leyes de Reforma y para asegurar la hegemonía del partido liberal.

La gloria de combatir y derrotar a la intervención francesa y el Segundo Imperio han intentado crear dogmas laicos y reproducir perjuicios históricos ad hoc; han relegado con especial celo otros hechos históricos que empañarían la imagen y el ideal de Benito Juárez, como héroe nacional: los tratados, el aprovechamiento irracional de bienes eclesiásticos, las facultades extraordinarias.

No obstante, reconocemos y asumimos que el legado del presidente Benito Juárez se cuantifica específicamente en el rescate de la soberanía nacional y la supervivencia misma de México; la separación de la Iglesia y el Estado, la noción constitucional de organizar a la República conforme a los principios de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, del sistema federal, la democracia y la división de poderes. Sin considerar qué tanta vigencia haya tenido en su momento. Así como la construcción de instituciones cuya función para gestionar el bienestar prevalecen hasta nuestros días.

Es por ello que la obra del presidente Benito Juárez ocupa merecidamente el lugar que tiene en nuestra historia. Benito Juárez, el mexicano universal, el jefe de Estado, quien dio —al repetirla— contenido y dimensión a la frase: El respeto al derecho ajeno es la paz. Convertida en un genuino axioma juarista.

El mexicano universal, admirado por Víctor Hugo y por Garibaldi, honrado por el Congreso de Colombia, declarado por el gobierno de la República Dominicana Benemérito de las Américas; el mexicano más reconocido en el orbe, orgullo de los liberales en todos los rincones del planeta.

Compañeras y compañeros legisladores, es rescatable para la política de hoy, para el humanismo político, recuperar una actuación inspirada en la determinación y la congruencia de personas que no se doblegan ante las circunstancias y que triunfan, más allá de las adversidades.

Éste es el reto de quienes hoy hacemos política desde una perspectiva humanista de inspiración superior a una visión meramente liberal. Ése es el ejemplo que recogemos los panistas de la obra del presidente Juárez. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRI en el uso de la voz el diputado Samuel Gurrión Matías.

Saludamos a alumnos de diferentes escuelas del municipio de Guadalupe Victoria, del estado de Puebla, invitados por el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios. Bienvenidos.

El diputado Samuel Gurrión Matías: La democracia es el destino de la humanidad; la libertad, su brazo indestructible. Benito Juárez García.

Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, mucho se ha escrito y seguramente se seguirá escribiendo en todas las latitudes acerca del primer presidente indígena de nuestra nación. No extraña, porque pocos personajes históricos resultan tan fascinantes como el impasible Juárez, y pocos tan determinantes para la construcción de un Estado en medio de toda clase de adversidades.

Benito Juárez García fue un joven humilde, nacido en Guelatao, Oaxaca, una comunidad indígena y sumamente marginada. Uno de sus primeros grandes logros fue aprender el castellano, ya que su lengua materna era el zapoteco; posteriormente logró insertarse en una sociedad, que hasta cierto punto le estaba vedada a los indígenas de esa época, de la cual se convirtió en un exponente de especial relevancia, tanto así que fue constructor de un Estado nacional y de las normas que le dieron origen.

La mentalidad de Benito Juárez se inscribió en una de las tradiciones más propias de occidente: la creación de instituciones jurídicas.

La trayectoria de Juárez es la de un hombre esforzado en todos los sentidos, que luchó contra las adversidades impuestas por los intereses nacionales y extranjeros. También fue consistente con sus ideas liberales y las defendió en todo momento; jamás se le vio flaquear en la defensa de lo que él creía justo.

En 1831, Benito Juárez, con apenas 25 años de edad, siendo un catedrático y abogado litigante, pasó a ser regidor de la ciudad de Oaxaca. En 1847 fue electo diputado federal y pocos meses después asume la gubernatura del estado, en medio de la invasión norteamericana. Como gobernador duplicó el número de escuelas, construyó caminos y fundó la Villa de Crespo, lo que hoy es el puerto de Huatulco.

En 1854, Juárez se adhirió a la Revolución de Ayutla. A su triunfo, el presidente Juan Álvarez lo designó ministro de Justicia, hecho que lo llevó a insertarse de lleno en el acontecer político nacional.

En el período de Comonfort se impulsaron las Leyes de Reforma y después se llamó a un Constituyente originario cuyo resultado fue publicado el 5 de febrero de 1857. El nuevo entramado legal fue el acicate para una nueva guerra que comenzaría en 1858 y en la cual Juárez jugaría un papel central como presidente interino tras la renuncia de Comonfort a principios de 1858.

A salto de mata —literalmente— Juárez condujo los destinos de la nación en medio de las disputas entre conservadores y liberales, entre la Iglesia y el Estado, entre los ricos y los más necesitados.

El poder de la Iglesia estaba en todas las actividades de nuestro país, ejercía funciones que le correspondían al Estado. Juárez, con su pensamiento republicano visualizó un Estado fuerte y laico, defendiendo siempre los valores liberales y la República.

Las fuerzas juaristas tuvieron que hacer frente a la invasión francesa. México demostró que aún sin grandes recursos podría vencer al ejército más poderoso del mundo de aquel entonces.

El presidente Juárez, al salvar la institución presidencial salvó a la patria; la defensa de la nación no la hizo Juárez en forma abstracta o personalista, en esos años difíciles para la nación defenderla era defender el estado de derecho, que se encarnaba en la Constitución de 1857.

Hoy, en el Grupo Parlamentario del PRI retomamos el legado juarista para seguir construyendo una República sólida y democrática, y continuar dando certeza jurídica a nuestros ciudadanos.

La epopeya de Juárez sigue vigente porque nos dio patria, nos dio libertad, nos dio una República y nos brindó buena parte de las instituciones que son sagradas para todos los mexicanos; por ello hoy, como todos los años, recordamos la fecha de su natalicio rindiendo testimonio y nuestro profundo agradecimiento a un hombre que fue piedra angular al colocar las bases de un México moderno. Éste fue el oaxaqueño Benito Juárez. Muchas gracias.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:  «Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado federal a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del PT, somete a esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La evolución social de un país se obtiene mediante el nivel educativo y de preparación académica de la población, siendo parte neurálgica de esta, la garantía de acceso educativa y la obligación del estado para ofrecer servicios educativos de calidad, mismos que deberán ir acorde con la población.

A lo largo de la historia de nuestro país, la educación ha sufrido varios cambios, mismos que han ayudado a evolucionar y a su vez, mejorar los gobiernos en sus diferentes ámbitos y etapas. La educación en México se encuentra en procesos de cambio que pretenden ampliar la cobertura, la implementación de las nuevas tecnologías y la formación de valores y las competencias como ejes rectores de la educación.

Para algunos especialistas en este rubro, en México hace falta una reforma educativa integral, no obstante a la reciente reforma que se ha aprobado por esta honorable asamblea ocurrida el pasado mes de diciembre de 2012; ahora bien, es necesaria la implementación de nuevos proyectos y programas que garanticen el avance y la evolución que se ha mencionado en la presente iniciativa.

Enfrentamos una innegable realidad, el cambio educativo en todos los niveles educativos está entre nosotros y se manifiesta en todas las reformas de las que somos testigo y a través de los nuevos modelos educativos planteados en la mayoría de los subsistemas educativos en México.

A pesar que en la década 1990-2000, se observan distintos esfuerzos por transformar y desarrollar el sistema educativo mexicano que con el tiempo y evolución ha cambiado su énfasis desde una perspectiva cuantitativa enfocada a la ampliación de la cobertura y universalización de la educación y cualitativamente como una visión integral de la educación básica.

No obstante a esta evolución de las instituciones educativas en el ámbito oficial y particular, subsisten retrasos que permean en uno de los estratos sociales más sensibles, que es la población juvenil, para la cual se encuentra encaminada la presente modificación y que trata de romper esquemas y paradigmas que laceran la formación social del país.

Según los datos del libro “las Principales Cifras Ciclo Escolar 2012 – 2011”, Primera Edición, noviembre de 2011, editado por el Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, el ciclo escolar 2011- 2012, se conformaba por 34.8 millones de alumnos, lo que es el equivalente al 31.9 por ciento de la población total del país. Según la estructura de la pirámide dónde el 22.6 por ciento tiene de 4 a 15 años de edad, el 74.0 por ciento de la población escolar se ubica en la educación básica, que comprende educación preescolar, primaria y secundaria, por último la educación media comprende el 12.5 por ciento. En consecuencia, la población escolar contemplada en los niveles de preescolar, primaria  y secundaria, registra un 74 por ciento del sistema educativo nacional.

Según el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es obligación de los mexicanos, hacer que sus hijos o pupilos acudan a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior; así como para obtener educación militar y recibir instrucción cívica, entre muchas otras. Sin embargo, no se establece en dicho artículo la obligatoriedad de recibir instrucción alguna para el trabajo.

Esto es, que existe obligación para formar mexicanos y recibir la instrucción correspondiente que coadyuve en el desarrollo de su país, mexicanos que estudian, conocen de armas, que saben instrucción militar y son educados de manera cívica, sin embargo, jamás se les instruye o enseña a trabajar, es por ello, que esta iniciativa pretende que los programas de los de capacitación para el trabajo que ya existan en los planteles de educación media superior sean abiertos y no limitativos.

Es por ello que se propone que el sistema educativo nacional obligue la apertura de los programas y talleres de capacitación para el trabajo, existentes en los planteles públicos y privados de educación media superior del país, a la población que no ha tenido acceso a los mismos, por las diferentes causales propias de la deserción educativa en México.

Anteriores reformas propuestas por el Ejecutivo federal, han delineado e insertado elementos de beneficio a la enseñanza básica, destacando la del 2002, donde se pone énfasis a “la enseñanza de competencia por la vida” (1).

Factores externos al sector educativo, como crisis recurrentes en el plano económico y financiero, con efectos negativos hacia la sociedad, empero, más drásticos al estrato vulnerable como el juvenil; signaron costos altos en mujeres y hombres de temprana edad, pues más del 51 por ciento de ellos que iniciaron estudios a nivel secundaria, no los concluyeron, es decir más de la mitad de la juventud mexicana no tiene acceso a la educación media superior, porque no tiene certificado de secundaria.

Por lo antes descrito, existe un aislamiento tal, al no haber una preparación en algún oficio, para tener una buena alternativa inmediata de empleo. Lo que implica es la secesión en la estructura social en donde la adolescencia, en gran porcentaje opta por lo negativo en ocupaciones indistintas como robar, delinquir en pandilla, drogadicción, prostitución o bien pasan a formar parte de la “delincuencia organizada”

Según la primera Encuesta Nacional de Deserción de la educación media superior, realizada por la consultoría Proyecto Educativo y la empresa Buendía & Laredo, en febrero de 2013, encargada por la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, la cifra de desertores se eleva a 64 de cada 100.

La estadística señala que al concluir el ciclo escolar 2010- 2011, dentro del bachillerato, en dónde se inscribieron 4 millones 187 mil 528 alumnos, 625 mil 142 de ellos abandonaron sus estudios lo que representa una tasa anual de 14.93 por ciento.

A su vez, la Secretaría de Educación Pública señala que de cada 100 alumnos registrados en la primaria, 80 alumnos la concluyeron, de estos mismos, únicamente 60 lograron concluir la secundaria y a penas sólo 36 alumnos alcanzaron el certificado de bachillerato, demostrando que existe un universo de personas que se quedan sin posibilidades de poder seguir estudiando, ni acudir a los talleres de capacitación para el trabajo de las escuelas de educación media superior. Estas cifras demuestran la imposibilidad con la que se cuenta para que alrededor del 64 por ciento de quienes ingresan a nivel primaria puedan obtener un certificado de preparatoria y de capacitación para el trabajo, porque tales certificados solo los reciben quienes aprueban todas las materias de la educación media superior.

Dicho de otra forma, alrededor del 70 por ciento de los mexicanos en la actualidad no reciben certificado de educación media superior ni de las capacitaciones para el trabajo que se brindan en esos planteles educativos, públicos o privados, ya que solo los reciben quienes aprueban.

Todo esto, nos da una idea del número poblacional que carece de oportunidades educativas después de la instrucción básica y que a la fecha no se ha establecido ninguna posibilidad real que permita a ese grosso de la población desempeñar alguna actividad ligada con la educación. Toda vez que los talleres de capacitación para el trabajo podrían ofrecer una nueva ventana de oportunidades a quienes han dejado la escuela.

Debemos aclarar que la legislación actual produce una juventud privilegiada, ya que el 30 por ciento de la población estudiantil, puede obtener 2 certificados que se entregan a quienes logran terminar la preparatoria, siendo el primero de ellos el de término de la instrucción académica y el siguiente el de capacitación para el trabajo. Pero a  quienes no logran concluir la educación media superior, no se les otorga ninguno de los dos, generando problema social de enorme importancia que actualmente existe derivado del vacío en la legislación vigente.

La presente iniciativa, trata de establecer, desde la Carta Magna, como un derecho de todos los mexicanos, la capacitación para el trabajo, toda vez que en la figura actual no existe una oportunidad igual para todos de seguir estudiando y, por consecuencia, para quienes no han podido obtener un certificado de secundaria o de alguna capacitación técnica, es prácticamente imposible obtener una oportunidad futura de empleo y peor aún no existe un instrumento del Estado que provea una oportunidad laboral a quienes carecen de educación que les permita encaminar su vida hacia un nuevo horizonte, contando con un certificado de preparación para el trabajo.

Dentro del presente proyecto, se establece la premisa del pleno conocimiento de la existencia de los talleres y programas de capacitación para el empleo, en las diversas instituciones de educación media superior, tales como Colegio de Bachilleres, Colegio de Ciencias y Humanidades, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, entre otros, es decir, no se propone  la necesidad de fomentar la creación de los mismos, si no la utilización de la infraestructura de las escuelas públicas y privadas existentes y que imparten dichos talleres. Se trata de crear un derecho nuevo, utilizando recursos que ya existen y son nuestros.

En las diferentes etapas de nuestro país han existido varias modificaciones a los artículos 3o. y 31, motivo de esta iniciativa, todo esto, contribuye a la actualización de los derechos educativos de los mexicanos y las obligaciones del Estado para dotar de una educación con calidad y evolutiva para una sociedad cambiante.

A continuación se enlistan las reformas que estos artículos han sufrido y que demuestran ser necesarias, tal como es la presente propuesta.

Reformas al artículo 3o. constitucional      

La primera reforma fue publicada el jueves 13 de diciembre de 1934. Presidente en Turno: Lázaro Cárdenas. Tomo LXXXVII. Número 35, DOF 13-12-1934, quedando de la siguiente manera:

Articulo 3o. La educación que imparta el estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.

Solo el Estado –federación, estados, municipios– impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorización a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo en todo caso con las siguientes normas; Dicha iniciativa consta de cuatro fracciones misma que versan sobre la educación impartida por particulares;

I. Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo, y estarán a cargo de personas que en concepto de Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad e ideología acorde con este precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas, y las asociaciones ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas económicamente.

II. La formación de planes, programas y métodos de enseñanza corresponderá en todo caso al Estado.

III. No podrán funcionar los planes particulares sin haber obtenido plenamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público.

IV. El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las autorizaciones concedidas. Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno.

Estas mismas normas regirán la educación de cualquier tipo o grado que imparta a obreros o campesinos.

La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente.

El Estado podrá retirar discrecionalmente en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planes particulares.

El Congreso de la Unión con el fin de unificar y coordinar la educación de toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a este servicio público y señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo a todos aquellos que las infrinjan”;

La segunda reforma tiene fecha de publicación 30 de diciembre de 1946.  DOF 30-12-1946, teniendo como presidente en turno al licenciado Miguel Alemán  Valdés.  Quedando de la siguiente manera: Artículo 3o. La educación que imparta el Estado –federación, estados, municipios– tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia;

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto - sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte, a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupo, de sexo o de individuos.

II. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne a la educación primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a campesinos) deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno;

III. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior deberán ajustarse, sin excepción, a lo dispuesto en los párrafos I y II del presente artículo y, además, deberán cumplir los planes y los programas oficiales;

IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente, realicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso no intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros o a campesinos;

V. El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares;

VI. La educación primaria será obligatoria;

VII. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; y

VIII. El Congreso de la Unión, a fin de unificar y coordinar la educación en toda la república, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

La tercera reforma se publica el 9 de junio de 1980 en la primera DOF 09-06-1980 en su momento y como presidente en turno  José López Portillo, la modificación al presente artículo se sujeta al siguiente texto  artículo 3o. ... I a VII. ...

VIII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.

IX. El Congreso de la Unión, a fin de unificar y coordinar la educación en toda la república, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan; como es evidente en los años ochenta se busco principalmente la autonomía universitaria, libertad de cátedra,  libertad de examen así como lo relativo al régimen laboral del personal académico y administrativo.

La cuarta reforma publicada el 28 de enero de 1992 DOF 28-01-1992, teniendo como presidente al licenciado Carlos Salinas de Gortari, para quedar como sigue: Artículo 3o. ...

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:

a)...

b)...

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

III. Los particulares podrán impartir educación

IV. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el primer párrafo y la fracción II del presente artículo; además cumplirán los planes y programas oficiales y se ajustarán a lo dispuesto en la fracción anterior;

V. a IX. ...

Reformas a los artículos 3o. y 31 constitucionales

En el caso de esta quinta reforma publicada el 5 de marzo de 1993 DOF 05-03-1993, nuevamente el  presidente Carlos Salinas de Gortari

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados y municipios– impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la república. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale;

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III; y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley;

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la república, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan; cabe señalar que en esa misma fecha se modifica la fracción primera del artículo 31 que a la letra dice:

I. Hace que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas, a privadas para obtener la educación primaria y secundaria y reciban la militar, en los términos que establezca la Ley;

Siendo la sexta reforma publicada el  martes 12 de noviembre de 2002 DOF 12-11-2002 (Primera Sección) y estando como presidente el licenciado Vicente Fox Quesada, se modifican los artículos 3o. y 31 constitucionales, para incluir a la educación preescolar como obligatoria dentro de la curricular, además de considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la Ley señala.

La modificación y siendo el turno de la  séptima reforma publicada el 10 de junio de 2011  DOF 10-06-2011 teniendo como presidente en turno al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en el marco de los derechos humanos y sus garantías la modificación al presente versa sobre el respeto a los derechos humanos, cabe señalar que el artículo 31 no se modifica, ya que las obligaciones de los mexicanos siguen siendo las mismas.

El jueves 9 de febrero de 2012 se realizo la octava reforma  DOF 09-02-2012 (Primera Sección) al artículo 3o. constitucional y nuevamente el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,  se incorpora a la educación media superior como un derecho y  una  obligación ya que también se modifica la fracción I del artículo 31  de la Carta Magna, para incluir en sus términos que:

Artículo 31. ...

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, media superior y reciban la militar, en los  términos que establezca la Ley.

II. a IV. ...

Como se da cuenta en el análisis previo, han existido muchas modificaciones a los artículos 3 y 31 de nuestra Carta Magna, la mayoría de ellos, buscando el sentido en que el Estado funcione como rector de una educación cada vez más acorde con los avances, las necesidades y la evolución social.

Según el “examen general de egreso de la licenciatura” (Egel) del año 2012 aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Cenaval) en 33 licenciaturas y a más de 130 mil estudiantes que lo presentaron, sólo entre 50 y 55 por ciento de los alumnos logran pasar la prueba, de esos puntajes el 10 por ciento es sobresaliente y entre 1 y 2 por ciento que se traduce en 1,500 estudiantes son excepcionales,con lo que se logra determinar que estudiantes de carreras universitarias no alcanzan los mínimos estándares educativos. Esto, sustenta la necesidad de contar con espacios abiertos para la preparación del trabajo en los planteles educativos, toda vez que está demostrado el nivel académico de los estudiantes quienes a pesar de contar con estudios universitarios no obtienen una garantía laboral o de empleo, haciendo necesaria la implementación de talleres que brinden capacitación para el trabajo, en dónde se enseñen diversas áreas laborales y permitan a la población en preparación contar con diversidad en las oportunidades de trabajo.

Es de tomarse en consideración que alrededor de 70 de cada 100 jóvenes mexicanos, a los 18 años no tengan certificado de educación media superior que les permita continuar con sus estudios y se vean obligados a incorporarse al campo del trabajo subordinado o del auto empleo por lo que es necesaria esta modificación constitucional que les permita obtener mediante cursos prácticos abiertos y sencillos, un certificado de capacitación para trabajo y se conviertan en  mexicanos productivos capaces de realizar un oficio específico.

Es nuestra obligación legislar a favor de la ciudadanía y de las necesidades de la misma. Recordemos que el sujeto que aprende y el desarrollo integral de su personalidad son el centro del proceso formativo, en donde debe existir  unidad entre lo afectivo y lo cognitivo, entre las habilidades y los procedimientos y entre los valores y las actitudes esenciales para el desarrollo personal y profesional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículo 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Artículo Único.Se reforma y adiciona el primer párrafo, las fracciones III y IV; el inciso a) de la fracción VI del artículo 3o., así como la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y capacitación para el trabajo. El Estado –federación, estados, distrito federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior y la capacitación para el trabajo serán obligatorias.

I. y II. ...

III.Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria, capacitación para el trabajo y normal para toda la república. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.

IV.Toda la educación y capacitación para el trabajoque el Estado imparta será gratuita;

V. ...

VI.Los particulares podrán impartir educación y capacitación para el trabajoen todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios y las capacitaciones que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria , media superior, capacitación para el trabajo y normal, los particulares deberán:

a)Impartir la educación y las capacitacionescon apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y

b)...

Artículo 31. ...

I.Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, capacitación para el trabajo y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II....

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Segundo.El Congreso de la Unión deberá modificar las leyes que correspondan para que estén en concordancia con el contenido del presente decreto.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2013.— Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado:Con su permiso, señora presidenta. Como diputado del PAN, integrante del Grupo Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados presento a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Según análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, en su índice de competitividad estatal 2010, denominado La caja negra del gasto público, cuyas cifras oficiales provienen del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el cual se desprenden datos que las propias entidades estatales han reportado al referido orden de gobierno.

Las cifras de sus egresos en sus distintos rubros y, en particular, los gastos en los servicios personales, los cuales van en aumento en su nómina estatal, tanto en sus instituciones y órganos de gobierno, aunado a ello la falta de transparencia en su ejercicio correspondiente, proponiendo este estudio los límites de deuda de los estados, así como el control del gasto de nómina, siendo importante limitar el gasto en burocracia a un 40 por ciento del gasto total, así como incluir dentro de los decretos de Presupuesto de los tres órdenes de gobierno un tabulador de plazas de los servidores públicos, por lo que se considera necesario reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el gasto de inversión se privilegie sobre el gasto corriente.

Para esto se propone reformar el artículo 4, añadiéndose un nuevo segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes de la citada ley, con el propósito de que en las disposiciones generales de ésta se establezcan parámetros que sustenten las propuestas de gasto corriente y de inversión que se presenten en los presupuestos de cada ramo ejecutor de gasto.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 4. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública, inversión física, inversión financiera, así como responsabilidad patrimonial que realizan los siguientes ejecutores de gasto: Poder Legislativo, el Poder Judicial, los entes autónomos, los tribunales administrativos, la Procuraduría General de la República, la Presidencia de la República, las dependencias y las entidades.

Estos ejecutores de gasto establecerán parámetros cuantificables que les permitan definir porcentajes de gasto corriente y de capital en sus programas. Con base en esto, todos los ejecutores de gasto incluirán cada año en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación corridas de presupuesto, donde se sustente su propuesta de asignación de gasto corriente y de capital. Asimismo están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos, en los términos de la ley y demás disposiciones aplicables.

Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos.

La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen al resto de las dependencias. Asimismo la Procuraduría General de la República y los tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes especiales dentro del margen de autonomía, previsto en el artículo 5 de esta ley.

Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración encargada de planear, programar, presupuestar y, en su caso, establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, fracción h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C en su Índice de competitividad Estatal 2010 “denominado la caja negra del Gasto Publico” cuyas datos oficiales provienen del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), en el cual se desprenden datos que los propias entidades estatales han reportado al referido Orden de Gobierno cifras de sus egresos en sus distintos rubros y en particular a los gastos en los servicios personales los cuales van en aumento en su nomina estatal tanto en sus instituciones y Órganos de Gobierno, aunado a ello falta de trasparencia en su ejercicio correspondiente, proponiendo este estudio los limites de deuda de los estados así como el control del gasto de nomina.

Siendo importante limitar el gasto en burocracia a un 60% del gasto total, así como incluir dentro de los decretos de presupuesto de los tres órdenes de Gobierno un tabulador de Plazas de los servidores públicos.

Por lo que se considera necesario reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para que el gasto de inversión se privilegie sobre el gasto corriente. Para esto se propone reformar el artículo 4, añadiéndose un nuevo segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes de la LFPRH con el propósito de que en las disposiciones generales de la ley se establezcan parámetros que sustenten las propuestas de gasto corriente y de inversión que se presenten en el presupuesto de cada ramo ejecutor de gasto.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 4. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto:

I.El Poder Legislativo;

II.El Poder Judicial;

III.Los entes autónomos;

IV.Los tribunales administrativos;

V.La Procuraduría General de la República;

VI.La Presidencia de la República;

VII.Las dependencias, y

VIII.Las entidades.

Estos ejecutores de gasto establecerán parámetros cuantificables que les permitan definir porcentajes de gasto corriente y de capital en sus programas. Con base en esto, todos los ejecutores de gasto incluirán cada año en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación corridas de presupuesto donde se sustente su propuesta de asignación de gasto corriente y de capital.

Asimismo están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos.

La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las dependencias.

Asimismo, la Procuraduría General de la República y los tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes específicas dentro del margen de autonomía previsto en el artículo 5 de esta Ley.

Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear, programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto publico.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.— Diputados: David Cuauhtémoc Galindo Delgado, José Angelino Caamal Mena, Leonor Romero Sevilla, Leslie Pantoja Hernández, Ricardo Anaya Cortés (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos el diputado Alfonso Inzunza Montoya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya: Con su permiso, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, la iniciativa que hoy sometemos a la consideración de este pleno tiene como propósito fundamental decretar la imposición de multas económicas y hasta prisión, a quien ilícitamente de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercialice camarón.

La medida, respaldada por los compañeros que integran la coordinación del Grupo Parlamentario del PRI por el estado de Sinaloa, propone así una adición a la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.

Se trata de una iniciativa que recoge una sentida inquietud de pescadores organizados, quienes lamentan el nivel que han alcanzado los casos de robo de camarón que siguen ocurriendo, a pesar de los operativos de prevención y vigilancia.

La pesquería de camarón sigue siendo, hoy día, la de mayor importancia para el sector pesquero organizado, debido a su cotización, así como los rendimientos que arroja la captura directa y el cultivo de este recurso.

Se trata de una pesquería que ha mantenido un crecimiento sostenido no obstante diversas problemáticas determinadas en parte por el crecimiento demográfico en las regiones de captura.

Lo anterior ha derivado en un sobreesfuerzo pesquero, a cuya causa abonan, además y con gravedad, los constantes asaltos a barcos camaroneros por parte de comandos de piratas, así como a tractocamiones, incluidas plantas congeladoras.

El fenómeno en referencia, documentado con amplitud, contribuye a la denominada pesca ilegal no declarada. Todo ello —hay que decirlo con sus términos— se convierte en un lastre de graves consecuencias para las pesquerías de camarón, al verse afectado el sustento de miles de familias.

Por eso, los pescadores organizados han elevado su voz y su queja debidamente documentada ante las autoridades, demandando la detención de furtivos y un alto a los constantes asaltos de que son blanco, sobre todo las embarcaciones de altura, unidades transportadoras y plantas procesadoras.

Se acumulan quejas y denuncias que exigen un hasta aquí a los hechos referidos, demandando la aplicación real de sanciones para los responsables, principalmente contra piratas que atracan portando armamento de alto calibre, quienes operan con total impunidad el tráfico y comercialización de una especie altamente cotizada, como lo es el camarón.

Con la medida legal que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía, se busca aportar en lo fundamental una medida necesaria que contribuya a poner orden en las pesquerías de este recurso. De esta forma, la normatividad en la materia estará viéndose fortalecida con un mecanismo legal en apoyo a las acciones de las autoridades y que será disuasivo de las irregularidades y lucrativas prácticas que se denuncian.

En esta proporción, los planes y programas encaminados, no solo a resolver problemas, sino también a ordenar las pesquerías del camarón estarán siendo respaldadas con una acción de peso jurídico.

Por eso, compañeros, su apoyo será definitivo para que el camarón sea respetado por parte de los piratas que se dedican a esa ilícita actividad. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Alfonso Inzunza Montoya, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix y Jesús Antonio Valdés Palazuelos,integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una disposición a la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, con el propósito de que se dispongan sanciones contra quienes capturen, acopien y comercialización camarón de manera ilegal, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Gracias al valor económico que representa en su conjunto, la pesquería de camarón sigue siendo hoy día la de mayor importancia para el sector pesquero organizado del país, en sus vertientes social y privado, debido además a los rendimientos que arroja la captura directa y el cultivo de este recurso.

Esta pesquería da ocupación directa a un aproximado de 191 mil personas, que se emplean exclusivamente en la captura y cultivo de camarón, tanto en altamar como en cuerpos de agua internos, generando de manera indirecta otras 573 mil fuentes de trabajo.

Se trata de una pesquería que a lo largo del siglo pasado y durante la primera década del presente, ha mantenido un crecimiento sostenido, no obstante diversas problemáticas, determinadas en parte por el crecimiento demográfico en las regiones de captura.

Lo anterior, ha derivado en un sobreesfuerzo pesquero, a cuya causa abonan además los constantes asaltos a barcos camaroneros por parte de comandos de piratas, así como a tractocamiones, incluidas plantas congeladoras.

Esta irregular situación, es otro de los factores que incide y frena la efectividad de resultados esperados, a partir de la aplicación de los programas de ordenamiento pesquero.

El fenómeno en referencia, documentado con amplitud, contribuye a la denominada pesca ilegal no declarada, caracterizada además por la utilización de formas y utensilios prohibidos, capturas fuera de temporada y hasta sobrepase de los límites y cuotas permitidas.

Todo ello, hay que decirlo en sus términos,  se convierte en un lastre de graves consecuencias para las pesquerías de camarón, al verse afectado el sustento de miles de familias.

Son múltiples las ocasiones en que los pescadores organizados han elevado su voz de queja debidamente documentada ante las autoridades, demandando la detención de furtivos y un alto a los constantes asaltos de que son blanco, sobre todo las embarcaciones de altura, unidades transportadoras y plantas procesadoras.

Así, se acumulan las quejas y denuncias que exigen un hasta aquí a los hechos referidos, demandando la aplicación real de sanciones para los responsables, principalmente contra piratas que atracan portando armamento de alto calibre, quienes operan con total impunidad el tráfico y comercialización de una especie altamente cotizada en los mercados nacional e internacional, como lo es el camarón.

La presente iniciativa recoge una sentida inquietud de pescadores organizados, tanto del sector social como privado, quienes lamentan el nivel que han alcanzado los casos de robo de camarón, que siguen ocurriendo a pesar de los operativos de prevención y vigilancia con patrullajes marinos y terrestres.

Por ello, esta propuesta legislativa propone una adición a la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, de manera tal que se establezcan sanciones económicas y hasta prisión a quien de manera dolosa incurra en la captura, transformación, acopio, transportación, destrucción y comercialización del camarón.

Se busca con la medida legal no únicamente combatir las irregulares situaciones que se mencionan en la presente iniciativa y que afectan gravemente a la pesca legal del camarón, sino en lo fundamental aportar una medida necesaria que contribuya a poner orden en las pesquerías de este recurso.

De esta forma, la normatividad en la materia estará viéndose  fortalecida con un mecanismo legal en apoyo a la acción de las autoridades y que será disuasivo de las irregulares y lucrativas prácticas que se denuncian.

En esa proporción, los planes y programas encaminados no sólo a resolver problemas, sino también a ordenar las pesquerías del camarón, estarán siendo respaldados con una acción de peso jurídico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una disposición a la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal

Artículo Primero.Se adiciona una disposición a la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420.Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I.

II.

II Bis.De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta y camarón,dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164 de este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 19 del mes de febrero de dos mil trece.— Diputados: Alfonso Inzunza Montoya, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, María del Rocío Corona Nakamura,  Elvia María Pérez Escalante, Verónica Carreón Cervantes (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículo 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Carol Antonio Altamirano: Gracias. Con su permiso, señora presidenta. Diputadas y diputados, agradezco el respaldo y la oportunidad de presentar, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD y de un grupo plural de diputados, una iniciativa de reforma a los artículos 115 y 117 de la Constitución, con el objetivo de limitar el crecimiento excesivo de las deudas de entidades y municipios con una perspectiva federalista.

A diferencia de propuestas centralistas, que buscan restarle facultades a los estados y municipios, la presente iniciativa se sustenta en el respeto al pacto federal, como característica del Estado mexicano. La deuda de entidades y municipios en diciembre pasado superó los 434 mil millones de pesos. Aunque nacionalmente apenas representa el 3 por ciento del PIB, en algunos estados y municipios significa un riesgo para sus finanzas.

Los hechos en que se señala a los ex gobernadores Humberto Moreira y Granier, evidencian conductas graves y muy probablemente delictivas, pero de ninguna manera justifican debilitar el federalismo ni que las entidades pierdan sus potestades.

Rechazamos una regresión histórica que pretenda manejar centralmente las finanzas de los estados. No podemos regresar a un escenario anterior a 1847, cuando se consolidó el Estado federal como principio constitucional. Destaca que el endeudamiento excesivo se concentra en cinco entidades y algunos municipios. Es injusto que por esos casos se eliminen las potestades, incluso de las entidades que manejan responsablemente sus deudas.

La iniciativa propone alternativas a cinco problemas básicos:

Primero. Actualmente las leyes locales no garantizan que todos los compromisos de pago sean autorizados y transparentados. Para evitar lagunas en las leyes de deuda debe obligarse a las Legislaturas locales a que desde el momento en que aprueben los compromisos de pago lo hagan a justándose a principios constitucionales.

Se cuestionan los registros federales de deuda, por incluir solo las deudas que afecten participaciones. Pero lo conveniente no es ampliar el registro federal y la injerencia de la Secretaría de Hacienda sobre entidades y municipios, en lugar de ello debe consolidarse el registro de las obligaciones de pago en la Cuenta Pública para fortalecer el control por parte de las Legislaturas locales.

Segundo. La redacción del concepto de inversión público-productiva es deficiente, al permitir que cada estado haga interpretaciones en sus leyes de deudas. Ello genera definiciones que permiten gastos distintos al uso racional del endeudamiento público e incluso financiar gasto corriente.

Proponemos precisar el concepto de inversión público-productiva, y sobre todo eliminar que esta definición sea interpretada en las leyes locales.

Tercero. En términos financieros no existe un límite sobre la capacidad de pago o la sustentabilidad de los compromisos. La iniciativa plantea un límite actualizable anualmente de los compromisos de pago en proporción a los ingresos susceptibles de comprometerse; es decir, la suma de los ingresos de gestión más las participaciones federales. La deuda no debe satanizarse, es un instrumento viable para alentar el desarrollo económico que debe limitarse en su autorización y utilización.

Proponemos que los funcionarios fiscales de las propias entidades federativas, en acuerdo con el Ejecutivo federal, propongan anualmente a los Congresos estatales la actualización del límite del endeudamiento, dejando que las Legislaturas, una vez que reciban el paquete económico por parte de los gobernadores resuelvan lo conducente. Así el financiamiento se someterá a una disminución gradual.

Hoy la mayoría de las entidades tienen compromisos inferiores al 70 por ciento de sus ingresos y participaciones, por lo que las medidas emergentes de control del gasto y ajuste financiero se focalizarán en casos graves, en el entendido de que ese límite disminuirá con acuerdos anuales.

Cuarto. En términos políticos, no existen garantías que impidan aprobaciones por mayorías incondicionales y sin analizar la deuda solicitada.

Proponemos que todas las solicitudes de endeudamiento se envíen a los Congresos y a los ayuntamientos con 60 días de anticipación. Además, si las obligaciones de una entidad o municipio representan 50 por ciento de los ingresos señalados se requerirá una mayoría calificada de dos tercios para su aprobación.

Finalmente, proponemos exceptuar al endeudamiento público de los secretos bancarios, fiduciario y fiscal para que prevalezca el conocimiento inmediato y general de los compromisos de pago.

Compañeros diputados y diputadas, los invito a valorar el ánimo federalista de esta iniciativa. No es momento de centralizar facultades de las entidades, es momento de impulsar un esquema transparente para las deudas locales.

Por otra parte, existe una disposición constitucional que expresamente reserva para la Cámara de Diputados el inicio de todos los proyectos de decreto relativo a empréstitos, lo que en una interpretación literal incluye la regulación y los montos de la deuda pública. Así lo dice el artículo 72, inciso H, de la Constitución.

Debemos apegarnos a ese precepto constitucional y más cuando no hay necesidad de interpretar lo que textualmente se señala como disposición particular y carece de sentido, poner en riesgo un acuerdo de fondo para mejorar lo relativo al endeudamiento.

En síntesis, los convoco a reivindicar la soberanía de la Cámara de Diputados y en materia de deuda sostener el federalismo con firmeza.

Para el Grupo Parlamentario del PRD, la discusión en materia de deuda debe abordarse con un enfoque federalista. Termino, señora presidenta. Le pido, compañera presidenta, que la iniciativa se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, con la opinión de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado Carol Antonio Altamirano, a nombre propio y de los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades señaladas en los artículos 71, fracción II, 72 inciso h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el siguiente

Planteamiento del problema

La deuda pública es un instrumento financiero útil para cubrir las necesidades de inversión gubernamental y un elemento que puede impulsar el desarrollo económico y social.

La deuda, bien utilizada, es decir, con destinos claros y económicamente viables, con una aprobación transparente y de amplio consenso, con un registro del total de los compromisos, con una proporción razonable respecto de los ingresos y finalmente bien reportada y eficazmente supervisada, es un instrumento de desarrollo tanto a nivel nacional como estatal.

Actualmente, las autoridades financieras federales y la opinión pública han puesto atención al tema de la deuda de las entidades y municipios.

Es una realidad que, aun cuando la dimensión de las deudas de las entidades y municipios no implican un riesgo inmediato para las finanzas públicas nacionales, debido a que no alcanzan el 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, las condiciones en que se maneja el endeudamiento local es preocupante en algunas entidades federativas.

En estas circunstancias, resulta necesario mejorar el diseño y el funcionamiento del proceso vinculado a la deuda pública de las entidades y municipios.

Ante este problema se han presentado iniciativas que, desafortunadamente, se han pronunciado por la invasión de la autonomía estatal, en el sentido de proponer la intervención del Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el manejo interno de las finanzas públicas estatales o bien por centralizar en las leyes federales el manejo de las deudas locales.

Es inaceptable que el conjunto de órganos y poderes que están facultados para reformar la Carta Magna, atenten en contra de la forma de estado federal para resolver problemas de endeudamiento.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la existencia de dos órdenes jurídicos que son co extensos: uno, el central o federal, y otro, el local, relacionado con la organización de las entidades que son partes de la Unión. De conformidad con el artículo 40 de nuestra Carta Magna es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esa ley fundamental.

No debe aprobarse una reforma constitucional que atente contra la autonomía estatal, ni que someta los controles económicos y políticos de las entidades a la decisión de los funcionarios federales, porque se rompería el Pacto Federal contenido en la misma Constitución Política, violentando incluso la soberanía nacional representada por los poderes locales.

Esa visión es totalmente inaceptable. No se puede afrontar problemas de adeudamiento afectando nuestra forma de estado, regresando a un modelo obsoleto de centralización agotado en 1847.

Se requiere de una iniciativa federalista como alternativa a las voces que proponen un acuerdo para centralizar todo el conjunto de la deuda y, prácticamente, desaparecer las potestades de las entidades y de los municipios, incluso la de aquellos que han tenido un manejo responsable de ese instrumento financiero.

Como legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reconocemos que en efecto existen importantes problemas, e incluso algunos casos extremadamente graves, pero eso no implica que se deba violentar el carácter federado del Estado mexicano para solucionarlos. En respeto al Pacto Federal se deben establecer disposiciones constitucionales y legales que transparenten el destino del endeudamiento; que vinculen la dimensión del endeudamiento a la disponibilidad de recursos; y, de manera primordial, obliguen al registro público e íntegro de los compromisos de pago.

En términos económicos, desde una perspectiva más amplia, debe tenerse presente que en la medida que se acoten la deuda y las obligaciones de pago, se hará evidente en todos los niveles de gobierno la necesidad de avanzar en una revisión de los ingresos tributarios como fuente primordial de los ingresos y mecanismo de financiamiento al desarrollo.

Los principios que alientan la presente iniciativa son el federalismo, la transparencia, la sustentabilidad financiera y la rendición de cuentas.

Descripción estadística del problema

Al analizarse los datos difundidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otros igualmente relevantes, se encuentra que el manejo de la deuda subnacional tiene elementos preocupantes y sobre todo que algunas entidades del país y algunos municipios concentran la mayor parte del problema.

De acuerdo con la auditoría especial 10-0-06100-060989, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, las obligaciones registradas de las entidades y municipios en el periodo 2005-2010 tuvieron un crecimiento anual promedio de 16.4 por ciento.

Los casos que en la estadística oficial son más llamativos son, estrictamente en orden por su monto, los siguientes.

En primer lugar Coahuila con un crecimiento de 91.2 por ciento (administración de Humberto Moreira Valdés); segundo lugar, Tamaulipas con 58.4 por ciento; (Eugenio Javier Hernández Flores); tercer lugar Oaxaca con 56.5 por ciento (administración de Ulises Ruiz Ortiz); cuarto lugar Nayarit con 54 por ciento (administración de Ney González Sánchez) y en quinto lugar, Veracruz con 44 por ciento (administración de Fidel Herrera Beltrán). Lo anterior se puede comprobar en el cuadro estadístico correspondiente.

En complemento, al analizar específicamente el periodo 2009 – 2010 los casos más relevantes fueron Coahuila con un crecimiento anual de 429.4 por ciento, Morelos con 266 por ciento, Quintana Roo con 168 por ciento, y Veracruz con 130.4 por ciento.

Por otra parte, al establecer una relación entre las obligaciones financieras y los recursos que reciben las entidades por medio de las participaciones, la Auditoría Superior de la Federación generó el siguiente cuadro.

Así, puede verse que las obligaciones financieras de las entidades y municipios respecto de los ingresos federales, pasaron de 52.9 por ciento en 2005, a 72.0 por ciento en 2010. Los tres casos con crecimientos más llamativos en el periodo fueron los estados de Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila.

En la misma auditoría se analizaron las calificaciones otorgadas por Fitch SA de CV a 28 de las 32 entidades, destacando la perspectiva crediticia estable para 16 entidades, la perspectiva crediticia positiva para dos entidades, la perspectiva crediticia negativa para 9 casos, y la observación negativa para una.

Es decir que, tanto con los datos de las empresas calificadoras, como los que describen el crecimiento de la deuda pública registrada y en la proporción del compromiso sobre las participaciones federales, la realidad es que existen signos alarmantes, pero que en el periodo 2005-2010, ellos se concentraron únicamente en algunas entidades.

Debilidades del proceso actual

En términos generales se ha apuntado que algunas entidades federativas no han manejado de forma adecuada la contratación de deuda y las obligaciones de pago en cuanto a las tareas de autorización, control, registro y fiscalización, debido a que existe debilidad normativa que ha permitido casos graves como los ya señalados anteriormente.

Durante los últimos años y en especial a partir de 2008, algunas entidades y municipios han contratado deuda e incluso contraído obligaciones bursátiles, comprometiendo como garantía las participaciones federales de manera que los bancos cobran lo convenido directamente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

No se debe dejar de señalar que, de acuerdo a cálculos del sector privado, la banca comercial es la principal fuente de financiamiento local, pues 58 por ciento de los recursos en el nivel estatal y 49 por ciento en el nivel municipal provienen del sector privado; mientras que la banca de desarrollo contribuye con 22 por ciento y 42 por ciento respectivamente, mientras que los esquemas de financiamiento bursátil son aun menores.

Los bancos y los gobiernos locales que han sobrepasado los límites racionales del endeudamiento tienen un incentivo que pervierte las finanzas públicas. Al no existir un límite al endeudamiento se ha llegado a casos en los que las participaciones señaladas como garantía rebasan el 100 por ciento y en el fondo, se espera que la federación asuma, sin ningún ajuste a las finanzas locales, un rescate en el que haga suyos los compromisos de pago.

Los aspectos particulares del problema son:

• Las disposiciones locales permiten que no todos los compromisos de pago sean autorizados, registrados ni transparentados adecuadamente, de manera que las deudas no son calificadas de manera íntegra, los riesgos se incrementan y se debilitan las tareas de fiscalización realizadas por las entidades.

• La redacción del concepto de inversión público productiva de nuestra Carta Magna aún permite que cada entidad federativa realice una interpretación en el ámbito local, conforme a lo que dispongan las leyes estatales; de manera que actualmente existen definiciones heterogéneas y laxas con las que se da entrada a gastos que no corresponden a un uso racional del endeudamiento público.

• En términos financieros, no existe un límite claro que establezca la capacidad de pago de los municipios o de las entidades, de manera que el endeudamiento puede crecer sin freno, ni considerar la sustentabilidad de los compromisos respecto de los ingresos de gestión y las participaciones federales.

• En términos políticos, no se ha establecido un procedimiento y forma de votación que impida aprobaciones precipitadas, en las que pueden darse casos de mayorías incondicionales y autorizaciones sin el tiempo suficiente para realizar un análisis suficiente y equilibrado del monto solicitado.

• Se argumenta el secreto bancario, fiduciario y fiscal, lo que impide el conocimiento general de actos relativos a los compromisos de pago del sector público, que sin duda deben ser transparentados por su impacto en los intereses de los ciudadanos.

No pasa desapercibido que en enero del presente año, entraron en vigor importantes disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de manera que las finanzas de las entidades ya tendrán por esa vía una mejoría en su nivel de transparencia al mejorarse los registros contables. No obstante lo anterior, se considera necesario que a nivel constitucional se establezca el fundamento para regular la autorización al endeudamiento local, para que conforme a esa definición se ejerza la autonomía estatal.

De esta manera, se propone reformar nuestra Carta Magna en materia de endeudamiento público estatal y municipal, respetando el Pacto Federal contenido en ella, mediante la eliminación de los elementos de discrecionalidad, falta de transparencia y proporcionalidad que pudieran alentar el uso inadecuado de la deuda pública.

Argumentos que sustentan la iniciativa

Para superar la circunstancia actual, en un marco de respeto al federalismo, se proponen los siguientes cambios.

• Establecer la obligación para que las legislaturas aprueben todos los compromisos de pago entidades conforme a la constitución, la Ley General de Contabilidad y las leyes de cada entidad.

Respecto del registro del endeudamiento subnacional, se ha señalado la deficiencia de los registros de la autoridad hacendaria federal, que sólo incluyen los compromisos de pago que afecten las participaciones que corresponden a cada entidad.

No obstante, lo que se requiere no es ampliar el registro federal y, a partir de ello, dar atribuciones a la federación en materia de deuda local.

Es necesario fortalecer el registro y actualización del conjunto de obligaciones de pago de entidades y municipios, en la Cuenta Pública correspondiente y mediante informes trimestrales; lo cual será más eficiente previendo lo correspondiente desde el momento de la aprobación por parte de las legislaturas locales.

Aun cuando se espera una mejoría de los sistemas contables locales al entrar en vigor este año diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ello versa fundamentalmente sobre la generación de información y su transparencia.

Sin demérito de esas disposiciones, aún resta precisar que las legislaturas de los estados, desde el momento de la aprobación de los compromisos de pago conjuntamente con los ingresos, deberán ajustarse a los criterios constitucionales, los requerimientos de información y registro que prevé la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las leyes de las entidades.

De esta manera se dará sustento constitucional para acotar la autorización de los recursos locales vinculados al endeudamiento, que en su momento aprueben las legislaturas de las entidades, y así será su responsabilidad aprobar el endeudamiento de manera congruente al registro íntegro, público y actualizado de todas las obligaciones de pago en las correspondientes cuentas públicas.

Por otra parte, es importante señalar que para el adecuado registro del endeudamiento público subnacional no habrá limitación derivada de los secretos bancario, fiduciario y fiscal. El destino de los recursos públicos debe ser de conocimiento general y oportuno.

• Precisar el concepto de inversión público productiva

La norma está en el precepto de prohibiciones absolutas de los estados, que establece la imposibilidad de que estos y los municipios contraten directa o indirectamente empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

La excepción se establece en el párrafo segundo, que se adicionó con la reforma constitucional publicada el 21 de abril de 1981, de forma que la deuda se condicionó a que se destine a inversión pública productiva.

En materia de endeudamiento, la autorización conferida a los estados y municipios tiene como sentido negativo la imposibilidad de utilizar los recursos para gastos corrientes, como son sueldos de funcionarios locales, adquisiciones muebles, entre otros. Para evitar que con recursos de deuda o compromisos de pago se financie el gasto corriente, es indispensable precisar a qué se refiere el concepto actual de inversión pública productiva, sin permitir que la definición sea interpretada en las leyes locales. Se propone como definición de dicho concepto toda aquella inversión destinada a la ejecución de obras, adquisición de bienes, arrendamiento y contratación de servicios, siempre que con la operación de dichos activos se cumplan una de dos condiciones o ambas: que se generen directa o indirectamente recursos suficientes para cubrir los financiamientos correspondientes, o bien, que se genere un beneficio directo en el desarrollo económico de la entidad o el municipio.

El objetivo es establecer un parámetro preciso para determinar las obligaciones que integran las deudas públicas locales, lo que permitirá que dicho concepto se homologue en las legislaciones estatales.

• Establecer un límite, actualizable anualmente, de los compromisos de pago de las entidades y municipios en proporción a los ingresos disponibles.

Los recursos que obtienen las entidades y municipios a través de empréstitos y otros instrumentos son excepcionales, constituyen ingresos adicionales a su capacidad recaudatoria y es un pasivo que, mal utilizado, puede poner en riesgo las finanzas locales.

Al mismo tiempo, debe decirse que la sustentabilidad no debe asumirse como una simple extensión del déficit cero. La práctica ha demostrado que si establece una prohibición absoluta y dogmática del desequilibrio fiscal, en realidad se actúa de manera procíclica.

Hoy en día se requiere encarar los efectos de la crisis y se necesita que el sector público aliente la recuperación económica, sin descuidar la austeridad en el gasto corriente.

Así debe establecerse una visión equilibrada, en la que no se aliente el uso desproporcionado del endeudamiento, ni deje de utilizarse el financiamiento cuando sea necesario para alentar el desarrollo económico de la sociedad.

Por lo anterior se propone que la adquisición de compromisos de pago tenga una racionalidad financiera, para lo cual debe estimarse su relación con los ingresos no comprometidos, de manera que la relación debe estimarse sobre los ingresos de gestión de cada entidad o municipio, así como las participaciones federales.

Dicha potestad no puede ser más que de las legislaturas locales, o en su caso, de los ayuntamientos.

Se propone una modificación para establecer que serán los funcionarios fiscales de las entidades, en acuerdo con el ejecutivo federal, quienes le propondrán anualmente a las legislaturas locales una actualización del límite del endeudamiento, dejando intacta la potestad de resolver lo conducente al legislativo al momento de autorizar las leyes de ingresos y los egresos.

Lo anterior tiene la finalidad de no establecer un criterio rígido, sino abrir la perspectiva de una disminución paulatina del límite de sustentabilidad.

Así, el esquema propuesto tiene la característica de que el endeudamiento, cuantificado en proporción a los ingresos de gestión más las participaciones federales, se someterá a un régimen de disminución gradual conforme a las disposiciones transitorias y en pleno respeto al ejercicio de los controles económicos por parte de las entidades.

• Establecer un procedimiento y plazo adecuado para la autorización del endeudamiento público.

Aunado al punto anterior, de naturaleza económica, es  necesario mejorar el desarrollo de las decisiones políticas para garantizar un plazo mínimo de razonamiento y, en casos de amplias dimensiones, una votación calificada en las legislaturas y los ayuntamientos.

Se propone establecer que cuando las obligaciones y empréstitos de una entidad o municipio tengan una evolución tal en la que su monto acumulado alcance o supere la mitad de los ingresos no comprometidos, es decir el 50 por ciento de la suma de los ingresos de gestión  y participaciones federales, el proyecto presentado por el gobernador a la legislatura estatal y por el presidente municipal al ayuntamiento requiera una aprobación por mayoría calificada.

En el caso de las leyes de ingresos de los municipios, éstas deberán aprobarse por la mayoría calificada, tanto en el momento que el presidente municipal lo someta a la autorización del ayuntamiento, como en el momento que el acuerdo municipal sea aprobado por la legislatura estatal.

Como ya se señaló, los proyectos estatales también se deberán aprobar por mayoría calificada.

Adicionalmente y para garantizar un proceso de análisis y valoración sin precipitaciones, se propone que todos los proyectos de endeudamiento deban presentarse con al menos 60 días naturales de anticipación a los integrantes de las legislaturas o de los ayuntamientos.

Lo correspondiente al informe en las cuentas públicas se mantiene como obligación de los ejecutivos, añadiendo informes trimestrales de todas las obligaciones que afecten las finanzas públicas.

• Exceptuar al endeudamiento público de los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

Es necesario garantizar un flujo de información de las actividades que en materia de deuda y compromisos de pago establezca el sector público con el sector privado.

Actualmente es común que se invoque la existencia del secreto bancario, fiduciario y fiscal, aun cuando los términos en que se manejan y comprometen los recursos públicos deben ser del conocimiento general.

Disposiciones complementarias y transitorias

Para atender las exigencias más urgentes en cuanto a transparentar y auditar el endeudamiento de las entidades federativas y municipios; y poner en marcha las reformas constitucionales propuestas, se plantean un conjunto de artículos transitorios con las siguientes finalidades:

• Para dar transparencia a todas las obligaciones de pago, se propone que en un plazo de 60 días naturales, las entidades y municipios publiquen un informe en el que se especifiquen las obligaciones directas y contingentes, de corto, mediano y largo plazo.

• Para verificar el cumplimiento de la normatividad, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría especial al debido registro, destino y aplicación de los recursos en los que se hubiera establecido como garantía recursos de origen federal.

• De igual modo, las legislaturas de las entidades federativas realizarán y publicarán una auditoría al conjunto de las obligaciones del sector público, con independencia del origen de los recursos afectados como garantía.

• Para complementar el adecuado registro del endeudamiento público subnacional, se reconoce que en la actualidad, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no puede emitir lineamientos para que las instituciones financieras que otorguen cualquier tipo de financiamiento a las entidades y municipios, los reporten o publiquen, pues ello entraría en conflicto con la existencia del secreto bancario y fiduciario.

Por lo tanto, se propone establecer una excepción a ese criterio en beneficio del interés colectivo, estableciendo un plazo de 90 días para que se realice la reforma secundaria correspondiente. El destino de los recursos públicos debe ser de conocimiento general.

• Para homologar lo relativo a la definición de inversión productiva, cuenta pública, informes y demás disposiciones del presente decreto, se propone establecer que en un plazo no mayor a 150 días naturales en el que las entidades actualizarán el marco normativo en materia de deuda pública y fiscalización.

• Respecto del límite de sustentabilidad del endeudamiento se establece que para el ejercicio fiscal 2013, este se fijará en 70 por ciento de la suma de los ingresos de gestión y las participaciones que correspondan a las entidades federativas.

• Se establece la obligación para los gobiernos de las entidades federativas que rebasen el límite de 70 por ciento de sus obligaciones de pago respecto de la suma de sus ingresos de gestión y las participaciones federales correspondientes, para que presenten ante sus legislaturas planes de disciplina y reducción del gasto corriente, fortalecimiento de sus ingresos y de restructuración de sus pasivos.

Fundamento

Artículos 71, fracción II y 72 inciso h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ordenamientos a modificar

Reforma a la fracción IV del artículo 115, y reformas y adiciones a la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Texto normativo propuesto

Artículo 115.

...

I. a III. ...

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) a c) ...

...

...

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios y sus compromisos de pago, ajustándose a lo establecido en esta Constitución, los requerimientos de información y registro que prevén la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las leyes de las entidades; y revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas.

Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

V. a X. ...

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

I. a VII. ...

VIII. ...-

Los estados y los municipios, incluidos sus organismos descentralizados y empresas públicas, sólo podrán contraer obligaciones o empréstitos cuando se destinen a inversiones públicas productivas. Éstas son las destinadas a la ejecución de obras, adquisición de bienes, arrendamiento y contratación de servicios, siempre que con la operación de dichos activos se generen directa o indirectamente, recursos suficientes para cubrir los financiamientos correspondientes, o se logre un beneficio directo en el desarrollo económico de los estados o municipios.

Dicha facultad se ejercerá conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley, que normará los empréstitos y obligaciones, así como su registro, y limitará los compromisos de pago de las entidades y municipios en proporción a la suma de sus ingresos de gestión más las participaciones federales.

Anualmente, los funcionarios fiscales de las entidades, en acuerdo con el Ejecutivo federal, propondrán a las legislaturas la actualización de dicho límite.

Cuando las obligaciones y empréstitos que se pretendan aprobar, sean iguales o superen el cincuenta por ciento de la suma de los ingresos de gestión y las participaciones federales del municipio, el proyecto presentado al ayuntamiento requerirá una votación calificada de las dos terceras partes de sus integrantes y de igual manera cuando la ley de ingresos correspondiente sea presentada a la legislatura estatal.

En caso que las obligaciones y empréstitos que se pretendan aprobar en el ámbito estatal sean iguales o superen el cincuenta por ciento de la suma de los ingresos de gestión y las participaciones federales de la entidad, el proyecto presentado a la legislatura local requerirá una votación calificada de las dos terceras partes de sus integrantes.

En todo caso, los requerimientos que impliquen compromisos de pago deben presentarse con al menos 60 días naturales de anticipación.

Los ejecutivos de cada entidad informarán el ejercicio en materia de deuda y obligaciones de pago al rendir la Cuenta Pública y mediante informes públicos trimestrales de todas las obligaciones que afecten las finanzas públicas.

En el registro y actualización del endeudamiento no habrá limitación derivada de los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

IX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y toda disposición contraria a lo dispuesto en él queda sin efectos.

Segundo. Las entidades federativas y los municipios publicarán un informe en el que se especifiquen las obligaciones directas y contingentes, de corto, mediano y largo plazo, del conjunto de sus obligaciones de pago, en un plazo de 60 días naturales a partir de la publicación del presente decreto.

Tercero. La Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría especial en la que verificará el debido registro, destino y aplicación de los recursos en los que se hubiera establecido como garantía recursos de origen federal.

Cuarto. Las legislaturas de las entidades federativas realizarán y publicarán, mediante los correspondientes entes fiscalizadores, una auditoría al conjunto de las obligaciones del sector público, con independencia del origen de los recursos afectados como garantía.

Quinto. En un plazo de 90 días naturales a partir de la publicación del presente decreto, se realizarán las modificaciones legales necesarias para permitir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitir lineamientos para que las instituciones financieras que otorguen cualquier tipo de financiamiento a los gobiernos de las entidades y municipios, los reporten y publiquen, como una excepción del secreto bancario y fiduciario.

Sexto.Las entidades federativas actualizarán en el marco normativo correspondiente a deuda pública y fiscalización de recursos públicos, la definición de inversión productiva, así como lo relativo a cuenta pública, informes y demás disposiciones del presente decreto, en un plazo no mayor a 150 días naturales a partir de su publicación.

Séptimo. Respecto del límite que anualmente los funcionarios fiscales de las entidades, en acuerdo con el Ejecutivo federal propondrán a las legislaturas, para el Ejercicio Fiscal de 2013 éste se fija en setenta por ciento de la suma de los ingresos de gestión y las participaciones que correspondan a las entidades federativas.

Octavo. Se establece la obligación para los gobiernos de las entidades federativas que en cualquier momento rebasen el límite de setenta por ciento de sus obligaciones de pago respecto de la suma de sus ingresos de gestión y las participaciones federales correspondientes, para que en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de que superen dicho límite, presenten ante sus legislaturas las iniciativas de modificación a sus leyes de ingresos y decreto de egresos con las que se establecerán medidas de disciplina y reducción del gasto corriente, fortalecimiento de sus ingresos y de restructuración de sus pasivos con la finalidad de ajustarse al límite señalado.

Noveno. La conferencia de funcionarios fiscales, en un plazo no mayor a los 120 días naturales a partir de la publicación del presente decreto y en acuerdo con el Ejecutivo federal, propondrá a la Cámara de Diputados iniciativa de actualización a la Ley de Coordinación Fiscal en materia de deuda y obligaciones de pago de entidades y municipios, así como las correspondientes disposiciones reglamentarias que el Ejecutivo federal incorporará a la regulación del mercado de crédito dirigido al ámbito estatal y municipal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputados: Carol Antonio Altamirano, Silvano Blanco Deaquino, Víctor Manuel Bautista López, Joaquina Navarrete Contreras, Alliet Mariana Bautista Bravo, Mario Rafael Méndez Martínez,  Angélica Rocío Melchor Vásquez, Josefina Salinas Pérez, Víctor Manuel Manríquez González, Jhonatan Jardines Fraire, Yesenia Nolasco Ramírez, Graciela Saldaña Fraire, Juan Manuel Fócil Pérez, Roxana Luna Porquillo, Julisa Mejía Guardado, Gisela Raquel Mota Ocampo, María del Rosario Merlín García, María del Socorro Ceseñas Chapa, Guillermo Sánchez Torres, Segués Agustín Barrios Gómez, Andrés Eloy Martínez Rojas, Domitilo Posadas Hernández, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Víctor Reymundo Nájera Medina, Roberto López Rosado, Carlos de Jesús Alejandro, Lorania Iveth Valles Sampedro, Edilberto Alfredo Jaramillo, María de Lourdes Amaya Reyes, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Fernando Cuéllar Reyes, Trinidad Secundino Morales Vargas, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Mario Alejandro Cuevas Mena, Karen Quiroga Anguiano, Armando Contreras Ceballos, Jessica Salazar Trejo, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Ramón Motalvo Hernández, Vicario Portillo Martínez, Claudia Elena Águila Torres, Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Con gusto, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para su opinión.

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Arturo Escobar y Vega, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 5o. Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La iniciativa es presentada por el diputado Felipe Arturo Camarena García.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, inicio la presente propuesta expresando que nuestra Carta Magna, en su artículo 10, reconoce el derecho que tenemos los mexicanos de poseer en nuestro domicilio armas para nuestra seguridad legítima.

Esta prerrogativa que se incluyó en nuestra Ley Suprema desde la promulgación de la Constitución de 1857 está relacionada directamente con el derecho a la vida y a procurársela. Asimismo poseer un arma es un acto libre de determinación, pues son las propias personas quienes deciden ejercer o no el derecho de poseerla.

Sin embargo, en el Partido Verde Ecologista de México consideramos que la existencia de armas en posesión de la población civil ha traído efectos nocivos para la sociedad; cuando las armas son utilizadas por civiles no solo se generan costos para ellos mismos, sino que en muchas ocasiones las consecuencias alcanzan a otros miembros de la sociedad y generan costos al Estado, derivados de la implementación activa de la seguridad pública, los servicios de salud y los órganos judiciales.

Con ello queremos decir que la decisión individual que toma una persona en pleno ejercicio de sus derechos de tener un arma en su domicilio puede —desgraciadamente— afectar a veces irreversiblemente a terceros.

En este orden de ideas, es bien sabido que hasta ahora no se ha podido comprobar la existencia de una relación directa entre la supresión del derecho de posesión de armas y la reducción automática de los índices de criminalidad, pues es conocido que los perpetradores de hechos delictivos utilizan armas de fuego conseguidas de modo ilegal y por ello no cuentan con un permiso para su portación, poniendo en duda la capacidad operativa de sus detentantes.

Lo anterior es el principal argumento que esgrimen aquellos que se oponen a que el artículo 10 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos pudiera ser eventualmente derogado, quienes además consideran que la posesión de armas funciona como un efectivo inhibidor de conductas delictivas.

No obstante, es inútil seguir ocultando las estadísticas de incidentes en los cuales se haya relacionada un arma de fuego. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de casos en los que alguien resulta herido o se pierde una vida por incidentes que involucran armas encontradas en el hogar?

De acuerdo a datos de la organización internacional Action New York on Small Arms, las armas pequeñas y ligeras causan todos los días aproximadamente mil muertes y tres mil personas heridas alrededor del mundo y están involucradas en el 40 por ciento de los homicidios y 6 por ciento de los suicidios.

Cabe resaltar además que algunas especialistas como Magda Coss, autora del libro Tráfico de armas en México, advierte de situaciones tan preocupantes, como el hecho de que la población de adolescentes que viven en hogares donde hay un arma aumenta 16 veces la posibilidad de que se cometa un suicidio. Coss, revela también que los jóvenes que terminaron con sus vidas con una pistola, el 82 por ciento consiguieron el arma en sus hogares.

Dada la situación descrita, en el Partido Verde Ecologista estamos convencidos de la imperiosa necesidad de impulsar acciones encaminadas a inducir la reducción de la posesión, portación y uso de armas de fuego en nuestro país, buscando con ello brindar una alternativa para quienes consideren que tener un arma en casa puede resultar una situación riesgosa y deseen de manera voluntaria y como un acto de conciencia deshacerse de éstas.

La Secretaría de la Defensa Nacional implementa en el territorio nacional dos programas que tienen por objeto recibir armas de fuego de las que la población civil quiere deshacerse; uno de éstos se realiza de manera permanente y a través de éste la Secretaría de la Defensa recibe armas registradas ante ella misma por concepto de donación, sin mediar contraprestación alguna; el otro programa es la implementación, en coordinación con autoridades estatales y municipales, de canje de armas. Es decir, entrega de armas a cambio de computadoras, aparatos eléctricos, electrodomésticos, bicicletas, despensas o dinero en efectivo, sin mediar ningún tipo de preguntas ni investigaciones.

En virtud de lo anterior, queremos proponer una adición al artículo 5o. Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para contemplar la realización de manera regular, dos veces al año, y en todo el territorio nacional de un programa nacional de desarme de la población civil, generadora de incentivos a la población para desprenderse voluntariamente de las armas de fuego en su poder.

La propuesta es que este programa de desarme tenga lugar en los primeros días de los meses de enero y de agosto de cada año, por considerarse que son éstas las fechas en las cuales la población en general se encuentra más necesitada de recursos.

Al respecto, deseo enfatizar que nuestro país debe aspirar a consolidarse como una nación de leyes e instituciones fuertes y sólidas, con el objetivo intrínseco de salvaguardar fundamentalmente la integridad de las personas.

Son iniciativas que suscribimos conjuntamente con el diputado Arturo Escobar y Vega. Ojalá y todos los compañeros diputados presentes y ausentes, se puedan suscribir a esta iniciativa tan importante para contribuir en el desarme de armas y poder de esa manera contribuir a que los índices delictivos que se dan en nuestro país puedan ir a la baja. Muchísimas gracias, compañeros diputados. Es todo, señora presidenta.

«Iniciativa que adiciona el artículo 5 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de Arturo Escobar y Vega y suscrita por Felipe Arturo Camarena García, diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Arturo Escobar y Vega y Felipe Arturo Camarena García, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I,  y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra Carta Magna, en el artículo 10, reconoce el derecho que tenemos los mexicanos de poseer en nuestro domicilio armas para nuestra seguridad y legítima defensa. Esta prerrogativa, que se incluyó en nuestra Ley Suprema desde la promulgación de la Constitución de 1857, está relacionada directamente con el derecho a la vida y a procurársela. Asimismo, poseer un arma es un acto de libre determinación pues son las propias personas quienes deciden ejercer o no el derecho de poseerla.

Sin embargo, en el Partido Verde Ecologista de México consideramos que la existencia de armas en posesión de la población civil, ha traído efectos nocivos para la sociedad. Cuando las armas son utilizadas por civiles, no sólo se generan costos para ellos mismos, sino que en muchas ocasiones las consecuencias alcanzan a otros miembros de la comunidad y generan costos al Estado derivados de la implementación activa de la seguridad pública, los servicios de salud y los órganos judiciales.

Con ello, queremos decir que la decisión individual que toma una persona en pleno ejercicio de sus derechos de tener un arma en su domicilio, puede desgraciadamente, afectar, a veces irreversiblemente, a terceros.

Es bien sabido que hasta ahora no se ha podido comprobar la existencia de una relación directa, entre la supresión del derecho de posesión de armas y la reducción automática de los índices de criminalidad, pues es conocido que los perpetradores de hechos delictivos utilizan armas de fuego conseguidas de modo ilegal, y por ello no cuentan con un permiso para su portación poniendo en duda la capacidad operativa de sus detentantes.

Lo anterior, es el principal argumento que esgrimen aquellos que se oponen a que el artículo 10 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pudiera ser eventualmente derogado, quienes además consideran que la posesión de armas funciona como un efectivo inhibidor de conductas delictivas.

No obstante, es inútil seguir ocultando las estadísticas de incidentes en los cuales se halla relacionada un arma de fuego ¿Cuántas veces no hemos escuchado de casos en los que alguien resulta herido o se pierde una vida por incidentes que involucran armas encontradas en el hogar?

De acuerdo a datos de la organización International Action Network on Small Arms, las armas pequeñas y ligeras, causan todos los días aproximadamente mil muertes y tres mil personas heridas alrededor del mundo, y están involucradas en el 40 por ciento de los homicidios y seis por ciento de los suicidios.

En Estados Unidos, país en el que se resienten con mayor intensidad los efectos del hecho de que la población civil esté fuertemente armada, en el año 2011 murieron 32 mil 163 personas por incidentes relacionados con armas de fuego, eso se traduce en 23 fallecimientos cada día según el FBI. Los estadunidenses tienen un riesgo 20 veces mayor de morir por balas que ningún otro país desarrollado. En lo que respecta a la tasa de muertes no intencionales por armas, este país, también ocupa el primer lugar y todo debido a los 270 millones de armas que circulan en Estados Unidos.

Un conteo llevado a cabo por la publicación Slate, reveló que en los dos meses posteriores a la masacre que tuvo lugar en Newtown, Connecticut, en la que 26 personas murieron por la acción de un joven esquizofrénico cuya madre coleccionaba armas, se han reportado al menos mil 774 víctimas fatales por arma de fuego en ese país, de las cuales se cuentan 31 niños y 101 adolescentes.

Ahora, si bien esta problemática en nuestro país no alcanza la magnitud que tienen en los Estados Unidos, no podemos ignorar los datos de las muertes producidas en esta latitud por causa de las armas de fuego. Recientemente el Inegi dio a conocer que entre 2006 y 2012 fallecieron mil 969 menores víctimas de las armas de fuego. Tan sólo en el año 2010, 7 de cada 10 muertes de adolescentes en el país fueron causadas por un arma de fuego.

Cabe resaltar además, que algunos especialistas como Magda Coss, autora del libro “Tráfico de Armas en México”, advierten de situaciones tan preocupantes como el hecho de que en la población de adolescentes que viven en hogares donde hay un arma, aumenta 16 veces la posibilidad de que se cometa un suicidio. Coss revela también que de los jóvenes que terminaron con sus vidas con una pistola, el 82 por ciento consiguieron el arma en sus hogares.

Dada la situación descrita, en el Partido Verde estamos convencidos de la imperiosa necesidad de impulsar acciones encaminadas a inducir la reducción en la posesión, portación y uso de armas de fuego en nuestro país, buscando con ello brindar una alternativa para quienes consideren que tener un arma en casa puede resultar una situación riesgosa y deseen de manera voluntaria, y como un acto de conciencia deshacerse de éstas.

Si bien es cierto, la sociedad mexicana no es una sociedad violenta, es una realidad la existencia de un contexto marcado de manera profunda por la intimidación generada por la delincuencia organizada. En este marco, resulta conveniente adoptar medidas para desincentivar lo más posible la posesión de armas entre la población, pero principalmente para garantizar a los niños y a los jóvenes mexicanos, un entorno seguro y una vida libre de violencia.

La Secretaría de la Defensa implementa en el territorio nacional dos programas que tienen por objeto recibir armas de fuego de las que la población civil quiere deshacerse. Uno de estos se realiza de manera permanente y a través de éste, la Sedena recibe armas registradas ante ella misma por concepto de donación sin mediar contraprestación alguna.

El otro programa es la implementación, en coordinación con autoridades estatales y locales, de las campañas de “Canje de Armas”, en éste la población entrega sus armas a cambio de computadoras, aparatos electrónicos, electrodomésticos, bicicletas, despensas o dinero en efectivo, sin mediar ningún tipo de preguntas ni investigaciones, por esta razón los resultados de su implementación han sido exitosos.

Tan sólo en el Distrito Federal el programa que implementa la Sedena en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública local, recibió desde 2008 y hasta 2011 más de 4 mil 700 armas y más de 31 mil 500 cartuchos útiles. Esta cifra puede parecer poco significativa si consideramos que la Red por los Derechos de la Infancia en México (integrada por 65 organizaciones civiles), estima de acuerdo con el rastreo hecho por Amnistía Internacional, que en México hay 15 millones de armas cortas circulando ilegalmente. Además, según la Encuesta de Seguridad Nacional aplicada en 2008 por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, uno de cada cinco hogares mexicanos guarda un arma de fuego.

No obstante que el programa de “Canje de Armas”, no sólo se aplica en el Distrito Federal, sino también en otros lugares del país, éste no se lleva a cabo de manera regular y uniforme, es decir que, es probable la existencia de localidades en las cuales el programa no haya sido implementado, a pesar de la petición de muchos alcaldes para hacerlo por considerarlo conveniente como medida para reducir la violencia y disminuir los índices de criminalidad.

En virtud de lo anterior, queremos proponer una adición a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para contemplar la realización, de manera regular, dos veces al año y en todo el territorio nacional, de un programa nacional de desarme de la población civil generadora de incentivos a la población para desprenderse voluntariamente de las armas de fuego en su poder.

Además, pretendemos establecer una adecuada promoción y difusión de los programas de desarme, a fin de que la población identifique las fechas y los lugares en los cuales se llevará a cabo la recepción de armas, y con ello puedan obtenerse mejores resultados de las mismas.

Se propone también, que dichos programas tengan lugar en los primeros días de los meses de enero y agosto de cada año, por considerarse que son estas las fechas en las cuales la población en general se encuentra más necesitada de recursos.

Derivado de lo anterior, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Artículo 5 Bis. El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los ayuntamientos, implementará dos veces al año, en los meses de enero y agosto, en todo el territorio nacional, un programa de desarme de la población mediante la cual se efectuará el canje de armas por dinero o cualquier otro bien de consumo. Los programas de desarme de la población deberán contar con una adecuada promoción y difusión a fin de que produzcan mejores resultados.

Transitorios

Primero.La vigencia del presente decreto iniciará a partir del siguiente ejercicio fiscal.

Segundo.La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, establecerá la partida correspondiente para el pleno cumplimiento de este decreto y de la ley.

Notas:

1 Véase, “Estados Unidos, campeón mundial en número de armas de fuego”, Milenio Diario, lunes 18 de enero de 2013.

http://monterrey.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/640f14c3bba6f4 cfe65887287b8f59d1

2 Véase, “Suman mil 774 muertes por arma de fuego en EU”, en www.informador.com.mx, 13 de febrero de 2013.

http://www.informador.com.mx/internacional/2013/437043/6/suman-m il-774-muertes-por-arma-de-fuego-en-eu.htm

3 Véase, “Un sexenio manchado de sangre infantil”, Reporte Índigo, miércoles 19 de diciembre de 2012.

http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/un-sexenio-manchado- de-sangre-infantil

4 Véase, “Homicidios por arma de fuego, más de la mitad de muertes en jóvenes”, Milenio Diario, lunes 30 de abril de 2012.

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1e23963bb6a02e607cb4 5bf926457da2

5 Véase, Coss Nogueda, Magda, “Tráfico de Armas en México”, Grijalbo, México 2012.

6 Véase, www.sedena.gob.mx

http://www.sedena.gob.mx/index.php/component/content/article/661 -preguntas-frecuentes-rfafyce/2192

7 Véase, Alcántara, Liliana, “Jugar con armas, jugar con fuego”, en El Universal, martes 24 de marzo de 2009.

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2328.html

8 Véase, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C.

http://www.seguridadcondemocracia.org/encuestas/serie-de-encuest as-simo-casede/encuestas-simo-casede-sobre-seguridad-nacional.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.— Diputados: Arturo Escobar y Vega, Felipe Arturo Camarena García, Gabriela Medrano Galindo, Ernesto Núñez Aguilar, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Carla Alicia Padilla Ramos, Martha Edith Vital Vera, Ana Lilia Garza Cadena, Carlos Octavio Castellanos Mijares, Salvador Arellano Guzmán, Sada Pérez, Juan Carlos Uribe Padilla, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Verónica Carreón Cervantes, Rubén Acosta Montoya,  Elvia María Pérez Escalante (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Seguro Social.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, compañera presidenta. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo subo a esta tribuna para presentar la iniciativa de ley que regula la portabilidad de derechos pensionarios entre los apartados A y B del artículo 123 de nuestra Constitución.

Bajo esta perspectiva observamos que el sistema de seguridad social en nuestro país aún se encuentra en una etapa de transición muy lenta, de tal suerte que la parte administrativa a veces es la más difícil.

Es lamentable ver que en esta etapa quienes terminan padeciendo los estragos de un mecanismo austero e insuficiente para la atención del derechohabiente sea en muchas ocasiones la población jubilada o pensionada; personas que en promedio tienen 60 y 70 años de edad, saben de lo que estamos hablando.

El beneficio ya reconocido como portabilidad de derechos de pensión entre el ISSSTE y el IMSS es el mejor de los ejemplos para estos casos.

Debemos recordar que en febrero de 2009 fue celebrado entre ambas instituciones el convenio interinstitucional o de portabilidad para ofrecer la operatividad y entrega de la pensión. Este convenio tiene como precedente la constante demanda de reconocimiento de pensiones de ambos institutos, pero a través de una base de datos única que le permita a cada derechohabiente gozar de un sencillo movimiento para recibir las dos pensiones, según corresponda el caso de cada persona.

La finalidad de la firma de este convenio es precisamente devolver la certidumbre a cientos de personas jubiladas y pensionadas de que no se les harán perdidizos sus ahorros y prestaciones de una u otra institución, dependiendo de haber logrado cotizar lo suficiente para recibirlos en tiempo y forma, sin demérito de haber hecho el trámite conducente, ya sea en el IMSS o en el ISSSTE, de ser el caso.

Compañeras y compañeros diputados, es fecha de que este tipo de movimientos administrativos no ha rendido los frutos esperados y prácticamente la población derechohabiente jubilada o pensionada aún no consigue tan anhelado trámite.

Hablar de la unificación de pensiones por medio de una base de datos compartida entre ambos institutos significa un gran avance para brindar pronta y expedita una digna atención a esta población.

Como lo mencionamos en el cuerpo de la iniciativa, la idea central es hacer efectiva la portabilidad de derechos pensionarios entre los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y brindar un sustento legal en las leyes respectivas para que esta parte sea una realidad palpable.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que la propuesta de incluir en la Ley del Seguro Social, así como del ISSSTE, los aspectos legales que den sustento a la portabilidad de derechos pensionarios abre las puertas para que todas las personas en esta condición disfruten de sus prestaciones sin ninguna limitación administrativa.

En definitiva, consideramos que esta iniciativa de ley es una propuesta noble y da la pauta para resolver un grave problema que ha prevalecido por muchos años.

En este sentido, es pertinente mencionar que, por un lado, lo que hoy proponemos es modificar ambas leyes para que se reconozca la institucionalidad de ambas, mientras que, por otra parte, sea un derecho que por ley quede plasmado a favor de los trabajadores jubilados y pensionados.

De esta manera se logrará que quienes hayan prestado sus servicios laborales tanto en el sector público como en la iniciativa privada puedan tramitar y recibir una pensión única y dejar el tortuoso andar para estos efectos en cada una de las instituciones de seguridad social. Es cuanto, compañera diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Seguro Social, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Ricardo Cantú Garza, diputado federal, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I,  77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para favorecer a todos los trabajadores quienes han prestado sus servicios laborales tanto en el sector público como en la iniciativa privada, y que por dichas razones han cotizado para las instituciones de seguridad social respectivas, en términos de poder tramitar y recibir una pensión única y no una por cada institución de seguridad social, el día 17 de febrero de 2009 fue suscrito por los entonces directores generales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respectivamente, el convenio interinstitucional o de “portabilidad”, para ofrecer la operatividad y entrega de dichas prestaciones.

Dicho convenio tiene como objetivo hacer efectiva la portabilidad de derechos pensionarios entre los apartados A y B de del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante, los resultados han sido mínimos y aún carecen de sustento legal en las leyes respectivas.

Es de reconocer que los esfuerzos no han sido en vano, sin embargo no deja de sorprendernos que son muchos los intentos de cientos de trabajadores en edad de pensionarse quienes no han logrado culminar este proceso de portabilidad para poder unificar los años de cotización en una sola cuenta.

A decir verdad las unidades encargadas de prestaciones económicas y sociales en cada una de las dependencias, aún no saben qué tipo de información e inclusive qué tipo movimientos se deben hacer para garantizar la funcionalidad de la unificación de pensiones solicitada.

Es pertinente comentar que señalamientos hechos por el director general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE demostraban que la figura de portabilidad que fue suscrita por ambas instituciones sólo había permitido nueve casos de unificación de cuentas pensionarias en todo el país.

Lamentablemente, el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 del gobierno federal para el sector salud nos confirma lo dicho, sólo es un mecanismo enunciativo y no refleja ningún grado de avance de la propuesta.

Con base al título constitucional que enmarca los derechos y obligaciones de los trabajadores, es de todos conocido que:

Título SextoDel Trabajo y de la Previsión Social

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

...

A. ...

...

I. a XXVIII. ...

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

I. a X. ...

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte”.

De esta manera, la intensión de la presente Iniciativa de Ley recoge el fundamento de nuestra Constitución Política, para brindar las herramientas jurídicas institucionales necesarias que permitan poner en práctica las políticas administrativas para la consolidación del Convenio de Colaboración Interinstitucional mismo que previene la modalidad de transferencia de derechos entre el IMSS y el ISSSTE, sin menoscabo de las normatividades que cada una de las instituciones en mención cuenta en materia de pensiones.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 45 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 45. ...

...

El Instituto también tendrá la obligación de dar cumplimiento de lo establecido en este capítulo, en materia de pensiones solicitadas bajo la modalidad de trasferencia de derechos entre ambos institutos, para lo cual, se sujetarán a las condiciones previstas en la celebración del convenio interinstitucional o de “portabilidad”, para ofrecer la operatividad y entrega de dichas prestaciones.  

Artículo Segundo. Se modifica la fracción III del artículo 5 A de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 5 A. ...

I. ...

II. ...

III. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción IV al artículo 5 A de la Ley del Seguro Social, pasando a ser la actual IV a una nueva V, y recorriéndose las demás en su orden, para quedar como sigue:

Artículo 5 A. . . .

I. ...

II. ...

III. ...

I. ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo Cuarto. Se adiciona un artículo 200 Bis a la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 200.  ...

Artículo 200 Bis. Este Instituto también tendrá la obligación de hacer efectivo el convenio interinstitucional o de “portabilidad”, en materia de pensiones solicitadas bajo la modalidad de trasferencia de derechos entre ambos institutos, sin menoscabo de lo establecido en esta ley, para su óptima operatividad a favor de los trabajadores.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan  al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a catorce de marzo de 2013.— Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, algunos piensan que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, y quizá sin pensarlo, minan las oportunidades de 36 millones de mexicanos que están construyendo el destino de la nación.

Nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de crecimiento inédito de su población juvenil. Entre 1970 y 1990 los habitantes entre 12 y 29 años se duplicaron, y de 1990 al año 2000, creció en más de un 40 por ciento.

No obstante, el crecimiento de la juventud no se ha dado solo en términos demográficos, sino también en los problemas sociales que afectan al sector, tales como la exclusión social, la falta de empleo, las carencias en educación, salud o espacios deportivos y culturales.

Estos problemas, como muchos otros, son más profundos y más sentidos entre los jóvenes del país. La situación de la juventud mexicana es un asunto de la mayor relevancia. Nos resulta alarmante y doloroso darnos cuenta que el 72.6 por ciento de los jóvenes mexicanos que trabajan ganan 5 mil 460 pesos o menos al mes. Esto, de acuerdo a datos aportados por la Encuesta Nacional de Valores de la Juventud 2012.

Además en 2009, 4 de cada 10 jóvenes ocupados reportan no tener ninguna prestación, mientras que solo una proporción similar declaró tener accesos a los servicios de salud.

A pesar de lo anterior y a pesar de que los jóvenes conforman un tercio de la población nacional, es difícil vislumbrar una política integral de atención a la juventud, esto en todos los niveles de gobierno.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es muy importante ampliar los espacios de decisión de los jóvenes y garantizar una participación efectiva con mecanismos adecuados para lograr un desarrollo integral del sector.

Desde esta visión, presento ante esa soberanía el proyecto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Dichas reformas están dirigidas a otorgar autonomía presupuestal al Instituto Mexicano de la Juventud al convertirlo en un organismo no sectorizado y garantizando la sustentabilidad de su presupuesto a lo largo de los años.

A pesar de que coincido con algunas compañeras diputadas de que el Injuve no puede solucionar todos los problemas de la juventud en el marco institucional de la política juvenil, el instituto sí ocupa un lugar primordial, ya que es el encargado de proponer políticas públicas a favor de las y los jóvenes mexicanos y de otorgarle las herramientas necesarias en materias como educación, salud, empleo y participación social, así como también ofrecer programas en los mismos rubros sobre los cuales los jóvenes puedan participar en el desarrollo del país; sin embargo, consideramos que al no contar con una autonomía presupuestal, su labor resulta insuficiente.

Compañeras y compañeros diputados, nuestra tarea como legisladores y legisladoras es fortalecer las instituciones del Estado mexicano, más aún cuando a éstas se les confiere la responsabilidad de impulsar el desarrollo integral de nuestra sociedad.

En el caso de la iniciativa que someto a consideración de esta soberanía, consideramos que puede contribuir de manera sustancial a un cambio en el modelo de atención a la juventud mexicana desde el gobierno.

A partir de esta reforma se implementaría una política de Estado eficaz para ejercer el gasto dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, gasto que actualmente es necesario que sea coordinado por un organismo especializado.

Con este cambio, el instituto se convertiría en una institución innovadora dentro del gobierno federal, a fin de garantizar a la juventud de México su desarrollo integral.

Todos los esfuerzos son relevantes en el fortalecimiento del rol que juegan los jóvenes en el siglo XXI, y a estos esfuerzos nos sumamos y nos comprometemos en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La juventud es algo dado, irrepetible y maravilloso, pero es también una condición temporal que se quita con los años. No desaprovechemos el impulso de la juventud para construir un México mejor; no permitamos que aquellos que la ven como una amenaza, impongan su visión y se limite uno de los activos más importantes que tiene la vida social de nuestro país.

Los jóvenes somos capaces de innovar, de administrar y de programar un presupuesto en beneficio de nosotros mismos. Las condiciones ya están dadas para hacerlo efectivo muy pronto y con ello aseguraríamos las políticas que darán sustentabilidad al proyecto de nación que juntos estamos intentando construir. Muchas gracias, por su amable atención. Muchas gracias, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 1o. y 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. y 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

La reforma que presento en esta Iniciativa, persigue el objetivo de convertir al Instituto Mexicano de la Juventud en un organismo descentralizado de la administración pública federal paraestatal, no sectorizado, que sea de utilidad pública e interés social, con el fin de dotar a este Organismo Rector de la atención a la juventud de México, con la autonomía necesaria para ejercer con mayor eficacia los objetivos, políticas públicas, los programas y las acciones que el Instituto debe cumplir con lo establecido en su ley.

De acuerdo con la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), tradicionalmente se ha concebido a la juventud como una fase de transición entre dos etapas; la niñez y la adultez. En otras palabras, es un proceso de transición en el que los niños se van transformando en personas autónomas, por lo que también puede entenderse como una etapa de preparación, para que las personas se incorporen en el proceso productivo y se independicen respecto a sus familias de origen.

Desde el ámbito sociológico, se considera que la juventud inicia con la capacidad de un individuo para reproducir a la especie humana y termina con la asunción plena de las responsabilidades y autoridad de un adulto. No obstante, con el objetivo de homologar los criterios de los diferentes países, así como para tener una definición universal de juventud, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido a la “juventud” como las personas que se encuentran en el rango de edad de 15 a 24 años. Esto representa un parámetro para que cada nación establezca una definición propia, por ejemplo en la Comunidad Europea el rango de edad oscila entre los15 y 29 años, para el caso de México es de 12 a 29 años, acorde con lo establecido en el Artículo 2º de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Se calcula que en el mundo, existen alrededor de 1,500 millones de personas jóvenes entre 12 y 24 años de edad, de los cuales 1,300 millones de ellas viven en países en desarrollo. La situación actual de la juventud, ofrece una oportunidad sin precedentes de acelerar el crecimiento económico y reducir significativamente los niveles de pobreza.

Según cifras del Instituto Mexicano de la Juventud, existen en la actualidad cerca de 36.2 millones de jóvenes mexicanos, entre los cuales, 17. 8 millones son hombres (49.2%) y 18.4 millones son mujeres (50.8%), lo que representa alrededor del 30% del total de habitantes en nuestro país, lo cual significa que la juventud representa un nicho poblacional muy importante dentro de nuestra sociedad.

El Banco Mundial, en su Informe sobre Desarrollo Mundial 2007: “El desarrollo y la próxima generación”, establece la necesidad de invertir en los jóvenes para impactar de manera definitiva a través de cinco fases: la necesidad de seguir estudiando, el inicio de la etapa laboral, adoptar un estilo de vida saludable, formar una familia y ejercer los derechos cívicos. La razón por la que los organismos internacionales ponen especial énfasis en estas fases, se debe a que consideran que son estas decisiones, las que repercuten en mayor medida y a largo plazo en la formación y desarrollo del capital humano de un individuo.

En este sentido, también reconocen la necesidad de orientar las políticas e instituciones hacia tres sectores estratégicos: ampliar las oportunidades mediante un acceso más amplio a servicios de salud y educación de mejor calidad, desarrollar las capacidades de los jóvenes para que la toma de decisiones sea producto de información completa y adecuada, y fomentar un sistema eficaz de segundas oportunidades a través de programas de compensación que generen los incentivos necesarios para superar los efectos de decisiones desacertadas.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su documento “Panorama de la Educación 2011”, determina que 7, 226, 000 de jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años, no estudian ni trabajan (ninis), por lo que el país se sitúa en el tercer lugar con el mayor número de población juvenil en esa situación, después de Turquía e Israel.

Necesitamos atender con urgencia esta problemática y para ello debemos fortalecer el Órgano Rector que atiende a las y los jóvenes de México, para que pueda operar con mayor independencia y ejecutar con eficacia las políticas públicas necesarias para atender este grave problema.

Argumentación

La población juvenil constituye un factor dinámico en el contexto social, económico y demográfico de las naciones, por lo que en el marco de las transformaciones que caracterizan la época actual, los jóvenes se presentan como protagonistas de este cambio. Entre los objetivos y estrategias del Gobierno Federal para contribuir a la integración de los jóvenes al desarrollo, comprende fortalecer la coordinación interinstitucional de acciones dirigidas a la atención de los jóvenes.

La importancia que representa para nuestro país el sector de la Juventud, se encuentra reflejada en el Artículo 2º de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, estableciendo que por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

En México, el organismo encargado de atender el desarrollo de la Juventud, es el Instituto Mexicano de la Juventud, creado en 1999 mediante Ley expedida por el Congreso de la Unión. Este Instituto es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal Paraestatal, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública.

Este Organismo funciona como una dependencia del Gobierno Federal, en el cual, su trabajo consiste en proponer políticas públicas a favor de las y los jóvenes mexicanos, para otorgarles las herramientas necesarias en materias como la educación, salud, empleo y participación social, así como ofrecer programas en los mismos rubros sobre los cuales, los jóvenes puedan participar en el desarrollo del país.

A su vez, este Instituto se encarga de coordinar la relación interinstitucional con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, además de los Gobiernos de las Entidades Federativas y los Municipios, para ejecutar las políticas públicas establecidas en el Programa Nacional de Juventud, observando los criterios de integralidad y transversalidad para cubrir las necesidades y el desarrollo de la juventud de México.

Desde su creación, el Instituto ha fortalecido el crecimiento de los jóvenes coadyuvando en la instrumentación de políticas públicas destinadas para que este sector de la población alcance las herramientas necesarias para satisfacer sus necesidades prioritarias.

Es mediante el Programa Nacional de Juventud, que el Instituto orienta la Política Nacional en materia de Juventud, el cual se debe articular y ser congruente con las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación.

Hasta ahora, este Organismo ha logrado desarrollar algunos de sus programas, sin embargo, esto no ha sido suficiente y su trabajo y factor que juega dentro de la Administración Pública Federal no ha sido del todo conocido por la sociedad como debería impactar en ella.

En la actualidad, la Juventud de México, como he analizado anteriormente, representa un nicho de la población indispensable para el desarrollo de nuestra Nación, pues es con las y los jóvenes, la herramienta fundamental para la formación del capital humano requerido para que el sector productivo cuente con el factor clave para el crecimiento de la producción en las empresas.

Para fundamentar mi Iniciativa, hago referencia a las Erogaciones para el desarrollo de los Jóvenes de los últimos tres años en los Presupuestos de Egresos de la Federación. Como hemos visto, el desarrollo de la juventud ha obligado al Gobierno Federal a incrementar año con año, el Gasto destinado  para la atención y el desarrollo de los jóvenes.

En el Presupuesto del año 2011, la Cámara aprobó un gasto total de $ 125, 041, 930, 784 (ciento veinticinco mil cuarenta y un millones, novecientos treinta mil setecientos ochenta y cuatro pesos) reflejado en el Anexo 22 del mismo Presupuesto. Para el año 2012, el Presupuesto de Egresos de la Federación que se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados, destinó una Erogación total de $ 135, 731, 376, 528 (ciento treinta y cinco mil setecientos treinta y un millones trescientos setenta y seis mil quinientos veintiocho pesos) para el desarrollo de los Jóvenes.

Para este año, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 destinará un monto total de $ 142, 309, 658, 806 (ciento cuarenta y dos mil trescientos nueve millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos seis pesos), convirtiéndolo en una cifra histórica para el gasto que se ha destinado para el desarrollo de la juventud.

La relación interinstitucional que enmarca el gasto destinado a este Sector en los tres niveles de gobierno y con las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, es un signo de mayor relevancia para demostrar que el Sector Juventud debe ser conducido por un Organismo Descentralizado No sectorizado, además de ser tratado como un Ramo independiente dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En este Presupuesto, se refleja la relación que guarda con diversas materias; en materia educativa, especialmente en el nivel medio superior y superior; en materia de salud como la prevención y atención de las adicciones; en materia de reforma agraria como los jóvenes emprendedores rurales y fondo de tierras; de desarrollo social como el apoyo a la vivienda para los jóvenes, entre otros.

Como podemos observar, el monto que se destina para la atención y el desarrollo integral y equitativo de las y los Jóvenes ha ido incrementándose progresivamente, ya que este nicho de la población ha aumentando con el transcurso de los años. Asimismo, en el corto plazo, esta población irá en aumento, cuestión que nosotros como Legisladores debemos atender de manera urgente. Por lo tanto, esta situación nos obliga a replantear el rumbo que debe tomar este Organismo tan importante de la Administración Pública Federal.

Además de estas consideraciones, resulta de gran relevancia para el análisis de esta Iniciativa, mencionar que a nivel estatal, se ha considerado como prioritario generar políticas públicas encaminadas al desarrollo de la Juventud. Según datos obtenidos de la “Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2010, Resultado de las y los Jóvenes”, en 17 Entidades Federativas, se han promovido la creación de leyes específicas que reconocen y garantizan los derechos de las y los jóvenes, estos son: Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Asimismo, las propias Entidades Federativas, han reconocido la importancia que representa el sector poblacional de la Juventud, creando los Organismos estatales especializados para la atención de las y los jóvenes, y con ello, coadyuvando en la generación e impulso a las acciones que a nivel Federal, se canalizan hacia estos Organismos Estatales.

Incluso, en cinco Entidades Federativas han asumido un compromiso real con la Juventud de sus Estados, elevando el rango del Organismo Rector de la Juventud a Secretaría Estatal; estos son: Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Yucatán.

Esto significa que a nivel Federal, debemos emplear medidas pertinentes que doten al Instituto Mexicano de la Juventud, como Órgano Rector para la atención y el desarrollo de la Juventud de la Nación, de una mayor autonomía que le permita una independencia y operatividad más eficaz.

Como podemos analizar, en algunos Estados se ha elevado a rango de Secretaría, el Organismo encargado del desarrollo de la Juventud, esto significa que a nivel Federal, tenemos que sumar las voluntades de las y los Legisladores del Congreso de la Unión, para dotar al Instituto Mexicano de la Juventud, de la autonomía necesaria para coordinar y dirigir con la independencia requerida, las políticas públicas encaminadas al desarrollo integral de las y los jóvenes, así como la ejecución eficiente de los programas que se destinan para este sector poblacional.

Dentro de los Organismos Descentralizados No Sectorizados de la Administración Pública Federal Paraestatal, se encuentran Ramos de gran relevancia para la sociedad, entre ellos podemos destacar, el sector de seguridad social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Comisión Nacional de Vivienda.

Otros Sectores de la Sociedad que reciben el tratamiento de la “No Sectorización” se encuentran el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismos descentralizados de gran importancia para la atención de estos núcleos poblacionales y que sin duda, la no sectorización ha contribuido enormemente a recibir una atención especializada para las mujeres, la comunidad indígena y a los científicos de nuestra Nación.

El Instituto Mexicano de la Juventud debe asumir el papel tan importante que representa como órgano rector para la atención de la Juventud y además de ello, que este organismo descentralizado le corresponda la responsabilidad de coordinar y dirigir eficazmente este sector dentro de la administración pública federal.

Con la aprobación de esta iniciativa, se implementará una política de Estado eficaz que va a dotar al Instituto de plena autonomía presupuestal, para ejercer el gasto destinado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, gasto que actualmente es necesario que lo coordine un Organismo Especializado y con independencia sectorial, es decir, que el Instituto se convierta en una Institución innovadora dentro del Gobierno Federal a fin de garantizar a la juventud de México el desarrollo integral y la equidad en la atención de los diversos sectores de la población.

Necesitamos sumar todos los esfuerzos necesarios en los tres niveles de Gobierno (Federación, Estados y Municipios) para que en el inicio de este Siglo XXI, el papel que juega la Juventud en la sociedad, reciba un impulso mayúsculo por parte de nosotros las y los Legisladores, elaborando y aprobando políticas de Estado eficaces que tengan un impacto positivo en el desarrollo de la educación, el empleo, la salud e inclusión de las y los jóvenes de la Nación y con ello, mejorar su calidad de vida.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, asumimos la responsabilidad que tenemos con la sociedad, y es por ello que nuestros esfuerzos dentro del Congreso de la Unión serán enfocados en el bienestar social, aplicando políticas públicas incluyentes y dotando al Estado Mexicano de Instituciones que garanticen el correcto funcionamiento de la administración Pública esto con la finalidad de cumplir con las necesidades que la sociedad y específicamente, las y los jóvenes de México nos demandan.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6º numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 1o. y 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Único. Se reforma el primer párrafo y se adicionan tres párrafos al Artículo 1o. y se reforma el inciso a), se adiciona un párrafo y se reforma el último párrafo en la fracción I, y se reforma el primer párrafo de la fracción II del Artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 1.Se crea el Instituto Mexicano de la Juventud como organismo público descentralizado, no sectorizado,con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía operativa, técnica, presupuestal, administrativa y domicilio en el Distrito Federal.

Cuando la presente Ley se refiera al Instituto, se entenderá por éste al Instituto Mexicano de la Juventud.

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales se aplicará al Instituto en lo que no se oponga a esta Ley.

El proyecto de presupuesto del Instituto Mexicano de la Juventud, será elaborado por el propio Instituto, con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación, en los términos de los criterios generales de política económica, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Una vez aprobado su presupuesto, el Instituto lo ejercerá directamente.

En ningún caso, el presupuesto que se asigne al Instituto podrá ser inferior al presupuesto que se le haya asignado en el ejercicio inmediato anterior.

Artículo 8.La Junta Directiva se integrará por diecisiete miembros, de los cuales serán:

I. Diez Miembros Propietarios:

a) El Secretario de Educación Pública;

b) a j)...

La Junta será presididapor quien determine el Presidente de la República de entre los diez miembros  propietarios señalados en la fracción I de  este artículo

Por cada Miembro Propietario, el titular podrá nombrar a un suplente , quienes deberán tener el nivel de Subsecretario o equivalente, y

II.Siete miembros más que serán:

a) a c)...

Estos siete miembros formarán parte de la Junta Directiva a invitación del Presidente de la República, durarán en su encargo un año y serán designados de acuerdo al procedimiento que se señale en el Estatuto Orgánico.

...

...

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones correspondientes para el tratamiento del Ramo Presupuestal del Instituto Mexicano de la Juventud como Entidad No Sectorizada, así como para que el Instituto ejerza las funciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos corresponden a las dependencias coordinadoras de Sector.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.— Diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, Verónica Beatriz Juárez Piña, Joaquina Navarrete Contreras, Fernando Belaunzarán Méndez, José Luis Esquivel Zalpa, Elvia María Pérez Escalante, Cristina Ruiz Sandoval, Paulina Alejandra del Moral Vela, Sue Ellen Bernal Bolnik, María Rebeca Terán Guevara, Zita Beatriz Pazzi Maza, Verónica Carreón Cervantes, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Ricardo Medina Fierro, Tania Margarita Morgan Navarrete, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

CODIGO PENAL UNICO

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por 10 minutos, la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide el Código Penal Único.*

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señora presidenta. Honorables curules vacías, hago una invitación al Canal del Congreso, a los medios de comunicación para que realicen una toma panorámica de este pleno; es claro que no hay quórum y es una pena, una lástima, porque la iniciativa que hoy se está presentando es de real importancia para la justicia de todos los ciudadanos.

Sueño con que se le dé la misma importancia, la misma urgencia que a otras iniciativas y que en menos de dos semanas, en menos de cinco sesiones de la Cámara esté ya dictaminada en sentido aprobatorio, que no se acepte a discusión ninguna reserva que se le haga y que tal como se presenta, siga con el procedimiento legislativo. De sobra sé que por ser integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no será así. Pero, los hombres no son nada; los principios lo son todo. Benito Juárez.

El día de hoy presento iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide el Código Penal Único. En las últimas décadas del siglo pasado y al iniciar el presente, la inseguridad en México y en gran parte del mundo ha proliferado, como una de las expresiones más agudas de desequilibrio social; las conductas delictivas han crecido y se han diversificado, y la violencia ha aumentado de manera preocupante, sin que las instituciones y las políticas encaminadas a enfrentar este problema hayan podido resolverlo.

Lo que más angustia a la gente en esta época es la inseguridad, el delito, la injusticia, la impunidad. A este fenómeno contemporáneo han contribuido, además de la limitación de recursos y la falta de formación profesional y ética de las corporaciones e instituciones encargadas de combatir el delito, viejas inercias que favorecieron la corrupción y la impunidad y, desde luego, una deficiente operación, organización y coordinación entre las entidades federativas, la administración pública federal y los órganos encargados de administrar justicia.

Es predecible que si el Estado mexicano no actúa en la dirección correcta en las décadas por venir este problema se agravará, como ha ocurrido en otras latitudes, por eso el objetivo central de las políticas de seguridad pública y procuración de justicia de este proyecto es mantener una permanente lucha en contra de las conductas delictivas, a fin garantizar el amplio marco de libertades conquistado a lo largo de nuestra historia por todas y todos los mexicanos.

Ésta es una tarea ardua y supone un esfuerzo de coordinación operativa e institucional, pero también de reformas profundas a nuestras leyes y prácticas en todos los ámbitos de la prevención, la procuración, la administración de justicia y la readaptación social.

Solo con una sólida estructura nacional integrada por la sociedad civil, los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, Congresos locales, Congreso de la Unión, Poderes Judiciales federal y de los estados de la nación, podremos afrontar este reto.

La única forma de lograrlo es impulsando cambios estructurales, que transformen cualitativa y cuantitativamente los sistemas operativos y, en especial, el marco jurídico, que es el que debe crear las condiciones óptimas de desempeño de todos los órganos estatales para combatir el delito y perfeccionar las instituciones garantes de la seguridad pública.

Está demostrado que uno de los obstáculos a vencer en la lucha contra la delincuencia, es la existencia de 33 códigos penales diferentes para un solo territorio geográfico, más un gran número de otros ordenamientos especiales, que regulan en forma diferente los tipos penales, los elementos que lo integran, las sanciones, su gravedad y modalidades.

Esta multiplicidad y pluralidad de legislaciones han dado origen a un orden penal nacional con graves deficiencias en su aplicación, en su interpretación y en la adopción de un frente común en contra de la delincuencia.

Junto con 32 códigos penales estales también rige uno de carácter federal; la aplicación de esta ley, tomando en cuenta la multiplicidad de jurisdicciones, genera un permanente conflicto.

En primer lugar, el Código Penal Federal es obsoleto, porque se implantó en 1931, hace 74 años, cuando México tenía 16 millones de habitantes. Ahora son casi 110 millones de habitantes es urgente una legislación moderna, nacional y eficiente.

La experiencia y los resultados demuestran que la normatividad contenida en 33 códigos es inoperante, porque es incapaz de contribuir a renovar el sistema legal penitenciario mexicano y facilitar su reestructuración; si se analiza la estructura de los delitos y como están tipificados en los códigos estatales, prácticamente el 99 por ciento de los tipos penales son todos iguales.

Los estados y la federación deben unificar su criterio jurídico y fortalecer su capacidad de defensa para que se pueda hacer un trabajo efectivo a favor de la comunidad. Está claro que la diversidad legal obstaculiza la acción de la justicia, por lo que no existe razón alguna para mantener todos estos códigos.

Gracias a esta diversidad, si un delincuente comete un delito en una entidad federativa, evade la acción de la justicia, trasladándose a otra en donde el delito no está tipificado o el tipo penal contiene más o menos elementos o las sanciones muy bajas, generando con ello una grave impunidad.

La mayoría de estos ordenamientos son copia del Código Penal Federal, con sus características propias, de acuerdo a la región, a las costumbres y a las prácticas judiciales; sin embargo, esta diversidad legal para juzgar hechos delictivos iguales dentro de un mismo territorio, pero con ordenamientos diferentes, lo único que ha generado son ventajas legales básicamente para los delincuentes, por lo que no existe razón alguna para mantener todos estos códigos.

Gracias a tanto ordenamiento, un gran número de delincuentes, amparados en la soberanía de los estados, se acogen a la posibilidad de delinquir pasando o transitando por diversas entidades, sin que se determine claramente qué autoridad es la competente o qué autoridad debe perseguirlo. En ocasiones las mismas autoridades se deslindan de su responsabilidad, argumentando que la comisión del delito no se inició en su entidad.

Al regular en forma diferente los tipos penales, se genera también una serie de conflictos judiciales, en cuanto a la interpretación de la ley que nos conduce, por lo tanto se establece una gran cantidad de criterios jurisprudenciales, algunas veces contradictorios, y también se suscitan conflictos con la aplicación competencial de las leyes en razón del territorio.

Por todo lo anterior, se propone a esta soberanía establecer un Código Penal Único, cuyo ámbito de aplicación sea todo el país. La regla general es que los delitos sean del fuero común y en forma excepcional del fuero federal.

Con este Código Penal se evitará que haya una variedad de ordenamientos que regulen en forma diferente los tipos penales en relación a los elementos que lo integran, a sus modalidades, a la sanción y a la gravedad de los mismos.

También se logrará eliminar un Código Penal Federal que contiene tipos delictivos que nunca deberían haber sido de este fuero, como por ejemplo, el adulterio, la bigamia y otros.

El Código que se propone, con un ámbito espacial y material de validez para toda la República unificaría los tipos penales, los cuales deben contener los mismos elementos y las mismas sanciones y modalidades, toda vez que un hecho ilícito siempre será delito, ya sea que se comenta en uno u otro estado y siempre será una conducta que lesione en la misma dimensión a la víctima.

En consecuencia, el tipo penal debe tener los mismos elementos del delito, las mismas modalidades, la misma gravedad y la misma penalidad, por lo que un mismo delito debe ser sancionado con la misma pena, sin importar el lugar donde se cometa.

En apoyo a esta iniciativa debo mencionar lo siguiente. Ante el embate de la delincuencia y el crecimiento de los índices delictivos, la sociedad y el Estado deben constituir un solo frente; la comisión de delitos, la gravedad de éstos y el alto impacto social sobre las generaciones que son víctimas de esta inseguridad, no solo deforma perspectivas de desarrollo, sino que además desalienta profundamente su confianza en las instituciones estatales que no cumplen su función esencial para garantizarla.

Son demasiados los riesgos presentes y venideros para cualquier país que no toma las decisiones a tiempo, por eso lograr la seguridad pública, como estilo y forma de vida, es el reto más apremiante para nuestro país. De ahí la importancia de transformar las estructuras institucionales y jurídicas en las cuales el Estado mexicano debe sustentar su seguridad.

Con esta iniciativa se abren enormes posibilidades para eliminar obstáculos en los cuales se ha sostenido la ineficacia y la corrupción de un aparato de justicia penal con la renovación del proceso.

Por todo lo anterior, la propuesta del Código Penal Único se inscribe como parte fundamental de una política de estado del orden criminal. Con este instrumento jurídico se van a homogeneizar las acciones de las entidades federativas y de la federación para enfrentar al delincuente; su estudio, discusión y aprobación por parte de esta honorable Cámara fortalecerá el federalismo, en la medida que no hay detrimento de competencias, sino una concurrencia de las mismas para preservar por la vía de la aplicación de la ley en el ámbito penal, la seguridad pública y con ello la unidad jurídica y política del Estado mexicano.

Compañeros diputados, también los invito a que la suscriban, así como suscribieron sin conocer la reforma constitucional sobre telecomunicaciones. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y...

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:¿Con qué objeto, diputada Mícher?

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Gracias, señora presidenta. Para solicitar turno a la Comisión de Equidad de Género, para opinión, si es tan amable.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Con gusto, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Equidad y Género, para opinión.

VOLUMEN II

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís:Con su venia, señor presidente, así como con la venia de los que responsablemente se encuentran en este momento en el pleno.

Mucho hemos hablado en los últimos años sobre los grandes volúmenes de deuda que han sido contratados por los gobiernos locales en algunas partes del país de una manera muy irresponsable, pero poco hemos hablado de la calidad —mejor dicho, de la muy mala calidad— de esta deuda.

Es por ello que quiero dedicar muy especialmente esta iniciativa al ex gobernador de Tabasco, a Granier; al ex gobernador de Coahuila, Moreira; de Veracruz, a Fidel Herrera; y a alguien que no es tan famoso, pero que comparte plenamente las características de los tres mencionados previamente, a Natividad González Parás, de Nuevo León y a su sucesor —ya hasta se me olvidó como se llama— Rodrigo Medina de la Cruz.

El propósito de la siguiente iniciativa es regular la deuda de los estados y municipios, a través de hacer obligatorio el mecanismo de licitación de la misma, ya que en todos estos casos una característica que tuvo la contratación de esta deuda es que fue contratada en lo oscurito, de que no fue llevada a través de una licitación pública, por lo cual fue contratada con grandes, grandes tasas de interés.

Actualmente en México la obligación de brindar servicios públicos e invertir en servicios de infraestructura, como agua potable, alcantarillado, disposición de residuos sólidos, alumbrado público, arterias de tráfico urbano y carreteras locales que conectan una ciudad con otra es responsabilidad de los gobiernos locales.

En los estados y municipios las participaciones y aportaciones federales son por mucho la fuente principal para financiar la infraestructura social básica. El avance de México en la descentralización del gasto público ha redundado en un aumento sustancial de los recursos disponibles para los gobiernos locales, particularmente a nivel municipal para el desarrollo de esta infraestructura básica.

El uso de los recursos por participaciones y aportaciones se ha caracterizado por su mala la administración, al grado de poner en riesgo financiero a muchos gobiernos locales del país, que invariablemente los hace acudir como mecanismo alterno de financiamiento a la deuda.

La deuda es una opción importante para financiar la inversión pública en infraestructura. Algunos estados han establecido un límite legal de endeudamiento, generalmente determinado como una proporción del presupuesto fiscal anual o de participaciones, lo cual obviamente en los casos y ejemplos mencionados no es el caso. Como el de Nuevo León, en donde la deuda se ha incrementado en un 300 por ciento en los últimos seis años.

Los bancos pueden otorgar créditos a los gobiernos locales no clasificados, pero en esos casos las participaciones no se pueden usar como una garantía para el crédito.

El propósito principal de la regulación descrita es disciplinar a los mercados de deuda de los gobiernos locales, especialmente dentro del nuevo marco caracterizado por la ausencia de intervención federal. Es menester seguir avanzando y consolidando la homogenización de las normas contables, como también en la calidad de la información fiscal proporcionada por los gobiernos locales.

El mercado de capital ha surgido como una opción de financiamiento de los gobiernos locales, pero aún quedan algunos problemas que afectan su competitividad y futuro crecimiento. Prácticamente todas las emisiones tienen tasas variables.

Termino señalando algunos datos. A septiembre de 2012 el saldo de la deuda de estados y municipios ascendió a 406 mil 765 millones de pesos, que comparado con el mismo mes de 2011, se observa un crecimiento de la deuda estatal y municipal al ritmo de 9.6 real anual; sin embargo, si realizamos un análisis de largo plazo del comportamiento de la deuda en las entidades federativas, los resultados son alarmantes y las posiciones de los gobiernos estatales no muestran cambios. Así ello, en el 2011 la deuda ascendió a 390 mil 777 millones de pesos con respecto al 2000, ya creció ésta más de 136 por ciento en términos reales.

Si no asumimos con responsabilidad el problema que presenta actualmente la contratación de deuda por parte de los gobiernos estatales y sus municipios, ponemos en riesgo la estabilidad presupuestal, no solo de éstos, sino también del gobierno federal ante eventuales condiciones de crisis económicas locales.

Por lo anterior, propongo adicionar tres párrafos a la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

Fracción VIII. La contratación de cualquier crédito que necesite el estado y los municipios, así como sus organismos descentralizados, estatales o municipales, se realizará mediante la licitación pública en adjudicación del crédito, previa acreditación de los licitantes.

Cada Secretaría de Finanzas del gobierno del estado u órgano homólogo, bajo su más estricta responsabilidad y garantizando en términos de las leyes vigentes la imparcialidad y la equidad en las siguientes etapas: publicación de convocatoria o bases de licitación en el periódico o gaceta oficial del gobierno estatal, entrega de proposiciones cerradas, evaluaciones de proposiciones y adjudicaciones.

Los gobiernos estatales y municipales que decidan contraer obligaciones de deuda deberán enviar a sus respectivos Congresos locales la convocatoria y bases de la licitación para su análisis y aprobación. Cada Congreso local tendrá como plazo máximo 10 días naturales, una vez que haya sido recibida la petición formal de revisión y análisis de convocatoria.

Finiquitado el proceso de licitación los licitantes deberán proporcionar la totalidad de información requerida, la cual deberá ser publicada en el periódico o gaceta oficial del gobierno del estado, en un plazo no mayor a cinco días naturales, una vez realizada la adjudicación. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias a todos.

«Iniciativa que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Víctor Oswaldo Fuentes Solís, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, fracción h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, la producción y dotación de servicios de infraestructura, tales como agua potable, alcantarillado, disposición de residuos sólidos, alumbrado público, arterias de tráfico urbano y carreteras locales que conectan una ciudad con otra, es responsabilidad de los gobiernos locales. Excepto por las carreteras locales que conectan una ciudad con otra, la construcción de infraestructura para estos servicios es responsabilidad de los gobiernos municipales.

Sin embargo, cuando hay un proyecto de infraestructura o cuando impacta a más de un municipio, el gobierno estatal suele asumir la responsabilidad de su implementación y contribuye a su financiamiento. Como en muchos otros países en vías de desarrollo, en México existe una gran necesidad de infraestructura. Desafortunadamente, todavía son muy pocas las fuentes de financiamiento a largo plazo.

Los estados y municipios solo tienen acceso limitado al financiamiento de deuda para proyectos de infraestructura, aunque recientemente el mercado ha experimentado una expansión dinámica. Los bancos de desarrollo solo cuentan con fondos limitados y todavía hay asuntos importantes relacionados con el riesgo que impiden los préstamos de bancos comerciales y la participación de los mercados de capital.

Además, persiste la debilidad del sistema financiero municipal en México. En la mayoría de los municipios, las participaciones y aportaciones federales etiquetadas son, por mucho, la fuente principal para financiar la infraestructura social básica. En general, los ingresos propios de los municipios son verdaderamente insignificantes.

Sin embargo, en los últimos años se ha avanzado en la ampliación del mercado y, por consiguiente, en la diversificación de las opciones de financiamiento de gobiernos locales. Los prestamos de los bancos comerciales, alternativa financiera, prácticamente cancelada desde la crisis económica de 1995. Actualmente está repuntando, gracias a la aprobación de las reformas legales del año 2000, que refuerzan las garantías de pago. Estas reformas, también han estimulado los mercados de capital (emisión de bonos) como una nueva opción para el financiamiento de los proyectos de infraestructura de los gobiernos locales.

El financiamiento que ofrece el banco de desarrollo de México, Banobras, ha llegado a ser inasequible para la mayor parte de los gobiernos locales, especialmente a nivel municipal. Sin embargo, recientemente se han llevado a cabo esfuerzos innovadores para financiar la infraestructura local con participación del sector privado.

El avance de México en la descentralización del gasto público ha redundado en un aumento sustancial de los recursos disponibles para los gobiernos locales, particularmente a nivel municipal, para el desarrollo de infraestructura social básica. Se trata de transferencias fiscales etiquetadas conocidas como Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que ha llegado a ser la principal fuente de financiamiento para proyectos de infraestructura social a pequeña escala pero que también se ha caracterizado por su mala administración al grado de poner en riesgo financiero a muchos gobiernos municipales del país.

En una evaluación del potencial a corto y mediano plazo del mercado de financiamiento de gobiernos locales realizado por el NADBank, se identifican los principales obstáculos, que siguen restringiendo la participación de fuentes privadas y públicas de financiamiento. Dentro de los cuales se pueden señalar los relacionados con el marco regulatorio del endeudamiento hasta aquellos relacionados con el sistema de aportaciones fiscales intergubernamentales.

En México, actualmente, los mercados de capital constituyen el 10 por ciento de la deuda de los gobiernos locales. Sin embargo, solo unos cuantos gobiernos estatales y municipios urbanos grandes, han emitido bonos desde el 2001, cuando se iniciaron estas operaciones. Más de una tercera parte del valor total de los bonos emitidos ha sido colocada por el Distrito Federal y el Estado de México. Virtualmente, todas las emisiones de bonos tienen tasas variables y los gobiernos locales mostraron una gran sensibilidad ante las crecientes tasas de interés durante 2004 y 2005. La tasa de riesgo del crédito no se asocia claramente con el costo de la deuda.

La mayor parte de los plazos de vencimiento son de menos de 10 años. Los costos flotantes son particularmente altos. Por ende, en muchos casos, los gobiernos locales han podido lograr mejores tratos con bancos comerciales. Actualmente, 55 por ciento de la deuda de los gobiernos locales se contrae con bancos comerciales. (NADBank, 2005).

La banca de desarrollo absorbe 35 por ciento de la deuda de los gobiernos locales. Banobras y el NADBank son las únicas dos instituciones en este mercado y la primera tiene por lo menos 95 por ciento. Sin embargo, la cartera crediticia de Banobras se ha reducido significativamente en los últimos tiempos, conforme se ha intensificado la competencia de los bancos comerciales en el nicho de mercado tradicional de Banobras.

Esto se ha debido al surgimiento de mercados de capital, ya que los instrumentos de Banobras para atraer capital son menos competitivos y más limitados que los de los bancos comerciales y demás agentes financieros.

Parece que los préstamos de los bancos de desarrollo deberían estar disponibles a costos más bajos, manteniendo el componente del donativo a un nivel significativo para aumentar la demanda de crédito. Deben emprenderse esfuerzos en este sentido, sin poner en riesgo la autosustentabilidad de los programas de préstamo de estos bancos.

Por mucho, las aportaciones federales son la fuente principal de financiamiento para infraestructura en la mayoría de los municipios, particularmente los más pobres. El Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS) representa una mejora atractiva de las fuentes de financiamiento disponibles para los gobiernos municipales, para la creación de infraestructura social básica.

La deuda es una opción importante para financiar la inversión pública en infraestructura. De hecho, un principio de finanzas públicas es que los préstamos solicitados por los gobiernos solo se deben usar para inversión en servicios públicos de capital. El razonamiento consiste en que la carga financiera debe ser compartida por generaciones futuras, dado que esto conlleva beneficios intergeneracionales. No obstante, debe quedar claro que los préstamos solicitados por los gobiernos solo posponen la necesidad de contar con otra fuente de ingresos (fiscales, cuotas de usuarios o más deuda), para financiar esos servicios.

La constitución de México prohíbe a los estados y municipios contraer préstamos directos de fuentes extranjeras y/o en divisa. Algunos estados han establecido un Iímite legal de endeudamiento, generalmente determinado como una proporción del presupuesto fiscal anual o de las participaciones; sin embargo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe la contratación de deuda y mucho menos limita a los Estados (a través de “candados”) en su contratación.

Antes de la crisis del error de diciembre, 1994-1995, la deuda de los gobiernos locales la administraba, virtualmente en forma unilateral, el gobierno federal. Los bancos requerían que los gobiernos estatales garantizaran el crédito con participaciones, pero la decisión sobre este asunto la tiene que tomar la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Bajo este esquema, prácticamente ningún banco comercial se preocupaba por evaluar la capacidad de los gobiernos locales para asumir una deuda. Cuando estallo la crisis del error de diciembre, la mayor parte de los estados tenían una proporción alta de deuda. Por consiguiente, el rescate más grande de gobiernos locales en la historia de México ocurrió en 1995; En 2000, se introdujo un esquema basado en el mercado, con el fin de regular la deuda bancaria contraída por los gobiernos locales, para evitar más rescates en el futuro.

El nuevo esquema vincula los requerimientos de reservas bancarias al nivel de riesgo crediticio de las entidades prestatarias (gobiernos estatales y municipales y compañías de servicios públicos descentralizadas). Por ende, estas entidades deben tener una clasificación de riesgo crediticio, que el prestamista use en la determinación de su nivel de riesgo. La SHCP ya no es responsable de las garantías; en su lugar se constituyen fideicomisos para la administración y como fuente de pago. Una proporción de participaciones u otras fuentes de ingreso se asignan en el fideicomiso y se usan como colaterales. Este esquema, también se ha convertido en un elemento clave para apoyar el asunto de la deuda en el mercado de capital. Hoy por hoy, todas las emisiones de bonos clasificados y créditos bancarios cuentan con un fideicomiso como fuente de pago.

Los bancos pueden otorgar créditos a los gobiernos locales no clasificados, pero en esos casos las participaciones no se pueden usar como una garantía para el crédito y, por ende, el banco tiene que crear un nivel mayor de reservas. Por consiguiente, los reguladores miden automáticamente el riesgo de estos préstamos al 150 por ciento. Todos los créditos de los gobiernos locales se tienen que registrar ante la SHCP y su registro queda condicionado a que el estado o municipio prestatario proporcione información sobre el nivel de deuda del año anterior y el desempeño fiscal asociado.

El propósito principal de la regulación descrita es disciplinar a los mercados de deuda de los gobiernos locales, especialmente dentro del nuevo marco caracterizado por la ausencia de intervención federal. Así, el mercado podría tomar en cuenta las variaciones de riesgo entre las entidades clasificadas y, por consiguiente, asignar el crédito con una mayor eficacia. Antes de estos cambios, todos los créditos comerciales de los gobiernos locales se consideraban un “riesgo federal”.

El nivel de endeudamiento de los gobiernos locales es bajo, pues solo representa 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto. No obstante, tomada como proporción del total de ingresos locales, la deuda de la mayor parte de los estados es alta. Por ejemplo, el 95% de los ingresos provienen de las participaciones y aportaciones federales; la SHCP señala que como proporción de las participaciones, la deuda de los estados es del 79%.

Los cambios recientes en la regulación del mercado de deuda de los gobiernos locales, que eliminan la intervención del gobierno federal, ha promovido el crecimiento del mercado y una asignación más eficiente del crédito.

Es menester seguir avanzando y consolidando la homogenización de las normas contables, como también en la calidad de la información fiscal proporcionada por los gobiernos locales. El mercado de capital ha surgido como una opción de financiamiento de los gobiernos locales, pero aún quedan algunos problemas que afectan su competitividad y futuro crecimiento. Prácticamente todas las emisiones tienen tasas variables. Durante 2004 y 2005, los gobiernos locales mostraron ser altamente sensibles a las crecientes tasas de interés. Los costos flotantes de la emisión de acciones son también particularmente altos.

Los gobiernos locales han podido conseguir mejores condiciones con los bancos comerciales. Empero, una alta proporción de la deuda últimamente adquirida se utiliza para reestructurar la deuda pendiente y no para financiar nuevos proyectos de inversión.

En los últimos años, la cartera crediticia de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) con los gobiernos locales se ha reducido significativamente. Uno de los principales factores de esta tendencia es la mayor competencia de los bancos comerciales en el nicho tradicional de mercado de Banobras. También la introducción de nuevas opciones de financiamiento para los gobiernos locales, tales como el mercado de capital y la aparición de nuevos jugadores, tales como las Sofoles y las Cajas de Ahorro, que han afectado el mercado de Banobras.

Es importante señalar que los préstamos de Banobras incluyen otros costos financieros, como por ejemplo, una comisión de apertura en el caso de proyectos de inversión, que va de 0.7 y 1.2 puntos porcentuales adicionales del monto del crédito y también depende del riesgo del deudor. Los créditos de gasto corriente, con la excepción de nomina, compra de insumos y equipo intermedio y el refinanciamiento de proyectos en sectores clave, tienen una comisión más alta, que va de 1 a 1.5 por ciento del monto del crédito.

Por otra parte, los instrumentos de Banobras para atraer capital son menos competitivos y más limitados que los de los bancos comerciales y otros agentes financieros, lo cual evita que el banco ofrezca condiciones crediticias más competitivas, particularmente cuando se trata de grandes sumas. Además, los ejecutivos del banco, incluyendo los que trabajan en las oficinas regionales, no tienen ningún incentivo especial para ampliar el mercado, puesto que su remuneración no está ligada al volumen de crédito colocado. Se trata de un contraste agudo con la banca comercial, donde los bonos y otros incentivos pecuniarios que son una parte importante de la remuneración, dependen del logro de las metas relacionadas con la colocación de créditos.

Se sabe que en la banca comercial existe un programa continuo de modernización, cuyo objetivo es mejorar la competitividad del banco. Entre otras medidas, actualmente el banco está resolviendo las solicitudes de crédito de hasta 10 millones de pesos en menos de 24 días hábiles, en este orden de ideas es que se debe garantizar que la deuda contraída por el Estado y sus entidades se adquieran con la institución que garantice mejores condiciones de financiamiento, observando por el principio de eficientización de los recursos.

Finalmente, algunas cifras que reafirman de manera contundente la presente iniciativa, son las siguientes:

• A septiembre de 2012, el saldo de la deuda de los estados y municipios asciende a 406 mil 765 millones de pesos que comparado con el mismo mes del año 2011 es mayor en 48 mil 263 millones de pesos, es decir, se observa un crecimiento de la deuda estatal y municipal de 9.6% real;

• Durante éste último corte, los Gobiernos Estatales con mayor crecimiento de sus deuda son Zacatecas con 336.5% real, Campeche con 176.3% real, Morelos con 50.7% y Veracruz con 45.6% real;

• Sin embargo, si realizamos un análisis de largo plazo del comportamiento de la deuda en las entidades federativas, los resultados son alarmantes y las posiciones de los gobiernos estatales muestran cambios;

• Así ello, en 2011 (corte definitivo a diciembre) la deuda ascendió a 390 mil 777 millones de pesos que con respecto al año 2000, mostrando un crecimiento de 136% en términos reales y por último;

• Durante dicho periodo de tiempo, las 5 entidades con mayor tasa de crecimiento de sus deudas fueron Veracruz con 85,912.9% real, Zacatecas con 5,058.1% real, Michoacán con 3,782.6% real, Nayarit con 3,189.5% real y Coahuila con 2,391.9% real.

Si no asumimos con responsabilidad el problema que representa actualmente la contratación de deuda por parte de los gobiernos estatales y sus municipios, ponemos en riesgo la estabilidad presupuestal no sólo de los gobiernos locales, sino también la del Gobierno Federal ante eventuales condiciones de crisis económicas.

Por las consideraciones anteriores, a nombre del a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, propongo ante este Poder Legislativo la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adicionan tres párrafos a la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanospara quedar como sigue:

Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso: [...]

I a VI. ...

VIII. ...

...

Para la contratación de cualquier crédito que necesite el Estado y los municipios, así como sus organismos descentralizados estatales o municipales, se realizará mediante licitación pública, en la adjudicación del crédito, previa acreditación de los licitantes, cada Secretaria de Finanzas del Gobierno Estatal u órgano homólogo, bajo su más estricta responsabilidad y garantizando en términos de las leyes vigentes, la imparcialidad y equidad de las siguientes etapas:

I. Publicación de convocatoria o bases de licitación en el Periódico o Gaceta Oficial del Gobierno Estatal;

II. Entrega de proposiciones cerradas;

III. Evaluación de proposiciones y;

IV. Adjudicación.

Los Gobiernos Estatales y Municipales que decidan contraer obligaciones de deuda, deberán enviar a sus respectivos Congresos Locales, la convocatoria y bases de la licitación para su análisis y aprobación. Cada Congreso Local tendrá como plazo máximo de aprobación, diez días naturales una vez que haya recibido la petición formal de revisión y análisis de convocatoria.

Finiquitado el proceso de licitación, los licitantes deberán de proporcionar la totalidad de información requerida, la cual deberá ser publicada en el Periódico o Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, en un plazo no mayor a cinco días naturales una vez realizada la adjudicación.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Secretarías de Finanzas de cada Gobierno Estatal u órganos homólogos, contarán con un plazo de 60 días naturales a partir de la vigencia de este Decreto, en el que deberán expedir un reglamento con las disposiciones particulares y especificas del presente decreto y enviarlo a sus Congresos Locales para su aprobación.

Tercero.Los Congresos Locales, cuentan con un plazo máximo de 20 días naturales a partir de recibida la información, para su correspondiente análisis y aprobación.

Dado en el salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 26 de febrero de 2013.— Diputados: Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Xavier Azuara Zúñiga, Enrique Alejandro Flores Flores, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Raúl Paz Alonzo, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Néstor Octavio Gordillo Castillo,  Leonor Romero Sevilla, Esther Quintana Salinas, Patricia Lugo Barriga, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Raquel Jiménez Cerrillo, Marcelina Orta Coronado, Lázara Nelly González Aguilar, Alberto Díaz Trujillo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Genaro Carreño Muro, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Alfredo Zamora García,   Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Mario Alberto Dávila Delgado, Carlos Fernando Angulo Parra, Teresa de Jesús Mojica Morga, Arturo Cruz Ramírez, Flor de María Pedraza Aguilera, María Guadalupe Mondragón González, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Sergio Augusto Chan Lugo, Erick Marte Rivera Villanueva, Joaquina Navarrete Contreras, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Leslie Pantoja Hernández,  José Alfredo Botello Montes, Marcos Aguilar Vega, Damián Zepeda Vidales, Alberto Coronado Quintanilla (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Presidente.

El diputado Nestor Octavio Gordillo Castillo (desde la curul): Presidente.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Enrique Flores y también del diputado Nestor Gordillo, el diputado Gabriel Cárdenas.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Presidente, para felicitar al diputado Fuentes, y ver si me permite adherirme a su iniciativa y a la dedicatoria que hizo en el proemio de la misma.

El Presidente diputado José González Morfín: Me imagino que el diputado Nestor Gordillo y el diputado Gabriel Cárdenas quieren lo mismo. Como no tiene inconveniente el diputado Víctor Fuentes, les pediría que pudieran suscribirla aquí en la Secretaría. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR - LEY FEDRAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

El diputado Domitilo Posadas Hernández: Muchas gracias. Para no desentonar con quienes me han antecedido, ojalá y así como se tuvo la intención de reglamentar los minutos de silencio, también se revise el Reglamento interno de esta Cámara de Diputados para observar la asistencia permanente de quienes participamos en ella.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene usted razón, diputado.

El diputado Domitilo Posadas Hernández:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados; honorable asamblea. La iniciativa que se somete hoy a consideración plantea diversas reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de resguardar los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía móvil en nuestro país.

Dichas reformas plantean establecer un plazo máximo de seis meses para los contratos que regulan la modalidad de post-pago, eliminando las condiciones de indefensión de los usuarios ante irregularidades en que incurran las compañías prestadoras de dicho servicio.

Lo anterior resulta imprescindible, pues de acuerdo con información dada a conocer por la Comisión Federal de Telecomunicaciones en fecha reciente, sabemos que el número de las denominadas suscripción de post-pago en nuestro país alcanzaron los 5.6 millones de suscriptores en el año 2012.

En el documento intitulado Información y Comunicación para el Desarrollo 2012: Maximizando el Móvil, elaborado por el Banco Mundial, se indica que el número de teléfonos celulares pasó de poco menos de mil millones a seis mil millones en el mundo, en el periodo comprendido del 2000 al 2012, contribuyendo a modificar la vida de millones de personas, generando nuevos negocios y transformando las maneras y formas de comunicación.

En el estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, y dada a conocer por el organismo internacional en el año 2012, localizamos información respecto a las tarifas que se cobran en nuestro país concernientes a las telecomunicaciones en general y a la telefonía móvil en lo particular.

En el documento mencionado se encuentra la afirmación siguiente: En México, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de su población. El sector se caracteriza por altos precios entre los más elevados de los países miembros de la OCDE y la falta de competencia, lo que tiene como consecuencia una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos. Fin de la cita.

Respecto a las tarifas de telefonía móvil que se cobran en México, el estudio de la OCDE considera que éstas se mantienen altas, en relación con el promedio de los países integrantes del organismo.

Actualmente persiste una práctica en la que incurren las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil consistente en establecer largos plazos en la contratación para la modalidad de post-pago. Dichos plazos son fijados de manera unilateral y obligan a los suscriptores al cumplimiento de periodos prolongados en la utilización del servicio contratado, sancionando a quienes desean modificar las condiciones de dichos contratos, afectando los intereses de los suscriptores en su componente económico.

Por lo que respecta a los ingresos de la industria de las telecomunicaciones durante el año 2002-2011, estos ascendieron a 2 mil 892 millones de pesos, de los cuales un total de mil 420 millones de pesos corresponden a la telefonía móvil, representando el 49.1 de las ganancias del sector. Estas ganancias multimillonarias se distribuyen en cuatro compañías que se han posicionado en ofrecer el servicio de telefonía móvil en el mercado mexicano.

El incremento en la utilización de la telefonía móvil exige preservar los derechos de los usuarios, dando paso a una verdadera regulación de los prestadores del servicio; es por ello que se requiere avanzar en las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de dotarlas de mayores atribuciones en defensa de los usuarios de la telefonía móvil. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Protección al Consumidor, y de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

La telefonía móvil ha tenido un crecimiento vertiginoso en los años recientes. De acuerdo con estadísticas del Banco Mundial, su utilización ha ido en aumento y se pronostica que la tendencia seguirá al alza.

En el documento intitulado “Información y Comunicación para el Desarrollo 2012: Maximizando el Móvil”, elaborado por el organismo internacional mencionado, encontramos ideas y datos respecto a la telefonía celular que destacan la importancia adquirida por ese medio de comunicación.

En el documento se dice que los teléfonos móviles dejaron de ser una rareza en varios países en desarrollo, y con el inicio del presente siglo se pueden localizar en todas partes.

Además, se indica que su número pasó de poco menos de mil millones a seis mil millones en el mundo, en el periodo comprendido del 2000 al 2012, contribuyendo a modificar la vida de millones de personas, generando nuevos negocios y transformando la manera de comunicarnos.

Por lo que respecta a México, el número de suscriptores de telefonía celular por cada 100 habitantes era de 82 en el año 2011, ubicándose muy cerca del promedio de los países con un ingreso medio, que fue de 92, y debajo del promedio de Latinoamérica, con 109.

En lo que respecta a las suscripciones de la modalidad de “prepago”, en México, y de acuerdo también a datos proporcionados por el Banco Mundial, el número de suscriptores en 2011 se ubicó en 85 por cada 100 personas, superando los promedios de los países de ingreso medio y de América Latina, que fue de 81.

Por lo que respecta a la cobertura de la red de telefonía celular, en México, con datos del 2011, el porcentaje alcanzó al 93 por ciento de la población, situándose muy cerca de los promedios de países de ingreso medio y de América Latina, donde los porcentajes de cobertura fueron de 99 y 98 por ciento respectivamente.

En el “Estudio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México”, dado a conocer por el organismo internacional en el año 2012, localizamos información muy relevante, entre otros temas, en lo que respecta a las tarifas que se cobran en nuestro país en lo que respecta a las telecomunicaciones en general, y en la telefonía móvil.

En el documento mencionado, se encuentra la afirmación siguiente: “En México, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de su población. El sector se caracteriza por altos precios, entre los más elevados de los países miembros de la OCDE, y falta de competencia, lo que tiene como consecuencia una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos”.

En lo que concierne a las tarifas de telefonía móvil que se cobran en México, el estudio de la OCDE considera que éstas se mantienen altas en relación con el promedio de los países integrantes del organismo, atribuyéndolo, fundamentalmente, a lo que señala como la presencia de un actor dominante que realiza prácticas monopólicas en el terreno de las telecomunicaciones, identificando a Telmex como el autor de dicho comportamiento, pues en el caso de la telefonía móvil domina el 70 por ciento del mercado nacional, a través de Telcel.

A nivel nacional, persiste una práctica en la que incurren las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil, consistente en establecer largos plazos en la contratación para la modalidad del “pospago”.

Dichos plazos son fijados de manera unilateral y obligan a los suscriptores al cumplimiento de periodos prolongados en la utilización del servicio contratado, sancionando en la mayor parte las ocasiones, a quienes desean modificar las condiciones de dichos contratos, afectando los intereses de los suscriptores, en su componente económico, estableciendo sanciones que no corresponden a una relación como la que deriva de la firma correspondiente.

Argumentación

El empleo de la telefonía móvil ha dado paso, entre otros factores, a una combinación de recursos multimillonarios para su desarrollo, así como a muy atractivas ganancias para las compañías que ofrecen sus servicios en los países donde desarrollan sus actividades.

En el Informe de Resultados de la Comisión Federal de Telefonía (Cofetel) 2006-2012, hay información que apunta a señalar que en los países integrantes de la OCDE, la participación de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el Producto Interno Bruto es del 3.9 por ciento en promedio, mientras que en México asciende al 3.1 por ciento, lo cual le convierte en uno de los sectores con mayor dinamismo en la economía.

En el informe citado de la Cofetel se da a conocer que las inversiones realizadas en México en telefonía móvil, durante el periodo comprendido de 2002 a 2012 alcanzaron una cifra de 14,361.6 millones de dólares, representando el 34.8 por ciento del total de la inversión en el sector, siendo superadas sólo por las inversiones en servicio telefónico local y de larga distancia, que alcanzaron los 17, 030 millones de dólares, representando el 41.2 por ciento del total de la inversión.

Por lo que respecta a los ingresos de la industria de las telecomunicaciones durante el periodo 2002-2011, éstos ascendieron a 2 millones 891 mil 837 miles de millones de pesos, de los cuales, un total de 1 millones 419 mil 551.6 miles de millones de pesos correspondieron a la telefonía móvil, representando el 49.1 por ciento de las ganancias del sector.

Estas ganancias multimillonarias se distribuyen en cuatro compañías que se han posicionado en ofrecer el servicio de telefonía móvil en el mercado mexicano.

Tomando distancia del diferendo que ha surgido entre la OCDE y Telmex a partir de lo señalado en el estudio de referencia, consideramos que no sólo debe abrirse el sector de las telecomunicaciones a un mayor número y nuevos actores participantes.

Lo que debe llevarse a cabo también, de manera simultánea es preservar los derechos de los usuarios de la telefonía móvil, en el caso que nos ocupa, dando paso a una verdadera regulación de los prestadores del servicio, sin actuar de manera tal que sólo se supla al actual actor que denominaríamos “preponderante”, por nuevos actores que le sustituyan en esa posición, olvidando la defensa de los usuarios.

No es arriesgado mencionar que una buena parte de los ingresos obtenidos se ha basado, la mayor parte de las ocasiones, en contratos que sólo han beneficiado en gran medida, a las compañías, en detrimento de los usuarios del servicio, quienes pagan tarifas considerablemente elevadas con lo que respecta al contexto internacional, además de sujetarse a largos plazos que son fijados de manera tal que permiten aplicar cobros excesivos en muchas ocasiones.

Estos contratos no desglosan los cargos aplicados y en la mayoría de las veces ocultan a los usuarios del servicio de telefonía móvil los cargos aplicados, dentro de los que se encuentran aquellos que no debieran realizarse, como los que pueden atribuirse al costo de los equipos, que formalmente debieran ser entregados sin ningún costo, de acuerdo a la publicidad generada en este tema.

Es por ello que se requiere avanzar en lo que respecta a fortalecer el marco normativo correspondiente, realizando modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de dotarlas de mayores atribuciones en defensa de los usuarios de la telefonía móvil, tema que nos ocupa en la presente iniciativa.

No se trata de sancionar a determinada empresa o empresas, de acuerdo a los disensos que prevalecen entre éstas y los organismos internacionales, a la luz de investigaciones que han dado como resultado información acerca de prácticas monopólicas.

De ninguna manera consideramos que la aparición de un nuevo monopolio genere mejores condiciones para los consumidores, como podría traducirse en el surgimiento de un nuevo actor dominante en el campo de la telefonía móvil y la consecuente reducción de los plazos y costos de ese servicio.

Lo que corresponde al ámbito de responsabilidades del Congreso es legislar sin entrar en consideraciones de que se atenta en contra de determinadas empresas, sino partiendo de la premisa de que las modificaciones aquí propuestas en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en la Ley Federal de Telecomunicaciones,  redundarán tanto en la mejora de la calidad del servicio y pueden constituir un instrumento legal que venga a optimizar la prestación de un servicio que, debido a su desmesurado crecimiento en años recientes, y a conductas presumiblemente irregulares en las que incurren las empresas prestadoras del servicio, particularmente en lo que se refiere a los plazos que cubren los contratos establecidos en la modalidad del pospago, requiere reglas que contribuyan a su mejor regulación.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ordenamientos a modificar

Por lo expuesto y fundado, el suscrito, diputado federal Domitilo Posadas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 1, 7, 10, 66, y 86 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como el artículo 64 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se reforman las fracciones II y III del artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

...

Son principios básicos en las relaciones de consumo:

I. ...

II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger modelo, precio y plazo, y la equidad en las contrataciones;

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad, plazo y precio, así como sobre los riesgos que representen;

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII....

VIII. ...

IX. ...

X. ...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo 7. Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna. Parael caso de la telefonía móvil, además de informar y respetar términos y condiciones ofrecidos, deberán contemplar los términos de la rescisión anticipada de la contratación del servicio, previamente ofrecidos y convenidos.

Artículo Tercero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo 10. Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación. En el caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente. La infracción de esta disposición se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta ley, independientemente de la reparación del daño moral y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de no comprobarse el delito imputado.

Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor.

Con el propósito de garantizar la equidad y evitar abusos, los proveedores establecerán plazos flexibles, evitando en todo momento la imposición de plazos de contratación superiores a los 6 meses de contratación forzosa, quedando a salvo el derecho tanto de proveedores de ofrecer y de consumidores de aceptar plazos distintos o plazos establecidos por el proveedor con consentimiento del consumidor.

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 66 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo 66. En toda operación a crédito al consumidor, se deberá:

I. Informar al consumidor previamente sobre el precio de contado del bien o servicio de que se trate, el monto y detalle de cualquier cargo si lo hubiera, el número de pagos a realizar, su periodicidad, el derecho que tiene a liquidar anticipadamente el crédito con la consiguiente reducción de intereses, en cuyo caso no se le podrán hacer más cargos que los de renegociación del crédito, si la hubiere. Los intereses, incluidos los moratorios, se calcularán conforme a una tasa de interés fija o variable. Tratándose de telefonía móvil, deberá hacerse del conocimiento del consumidor que el servicio contratado será por el plazo determinado, pudiéndose rescindir en cualquier momento, por causa justificada o incumplimiento de alguna de las partes, en términos del propio contrato.

Artículo Quinto.Se reforma la fracción III del artículo 86 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo 86 Ter. En los contratos de adhesión de prestación de servicios, el consumidor gozará de las siguientes prerrogativas:

I. Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico;

II. Contratar la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos con el proveedor que elija;

III. Dar por terminada la prestación de los servicios, manifestándolo de manera expresa al proveedor. El consumidor sólo podrá hacer uso de esta prerrogativa si se encontrare al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y se hubiese vencido el plazo mínimo pactado; y

IV. Las demás prerrogativas que señalen ésta y otras leyes o reglamentos.

El consumidor gozará de las anteriores prerrogativas aun cuando no hubieren sido incluidas de manera expresa en el clausulado del contrato de adhesión de que se trate.

Sexto. Se reforma el artículo 64, fracción VIII y se adiciona la fracción XVI (derogada), de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue:

Artículo 64. La Secretaría llevará el Registro de Telecomunicaciones, que incluirá el servicio de radiodifusión, en el que se inscribirán:

I. a VII. ...

VIII. Tanto las tarifas como los plazos mínimos de contratación al público de los servicios de telecomunicaciones, así como la posibilidad de terminación anticipada, sin establecer la obligación de contratación forzada a un plazo, salvo consentimiento específico del consumidor y por el tiempo convenido por las partes;

IX. a XV. ...

XVI. Para el caso de la telefonía móvil, además de informar y respetar términos y condiciones ofrecidos, deberán contemplar los términos de la rescisión anticipada de la contratación del servicio, previamente ofrecidos y convenidos. Deberá informarse al consumidor los términos de la rescisión anticipada.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de marzo de 2013— Diputado Domitilo Posadas Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Economía y de Comunicaciones, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:  «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del PAN, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos diputados Raquel Jiménez Cerrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; María Fernanda Schroeder Verdugo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Herrera Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Xavier Azuara Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Alma Marina Vitela Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de reproducción humana médicamente asistida al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reproducción humana medicamente asistida es un polo de atracción fascinante para cualquier profesional, y es uno de los temas que más dilemas y problemas éticos generan en relación al uso que puede representar; es decir, el desarrollo de la ciencia y de las tecnologías y técnicas en este sentido han generado tanto ventajas, como desventajas.

La reflexión sobre este tema permite diversos enfoques complementarios. Las ciencias sociales propician los planteamientos interdisciplinarios: el punto de vista del jurista se enriquece con la consideración de los que defienden los diversos colectivos implicados. La reproducción humana no solo es un asunto individual sino también social, por lo que se considera prioritario establecer un marco jurídico que proteja y de certeza jurídica a quienes se encuentran sometidos a estas técnicas sin legislación que los proteja de manera fehaciente.

La tasa de éxito de estas técnicas en general todavía es baja, se requiere analizar riesgos y beneficios sobre la salud, sobre todo de la mujer y el manejo de embriones.

Es importante señalar que la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida están dirigidas para facilitar el nacimiento de un ser humano vivo, en el caso en que una pareja sufra de infertilidad o esterilidad.

El incremento de tasa de infertilidad así como el alto interés de las familias por tener un hijo, ha propiciado la existencia de clínicas de fertilización asistida. Pero la ausencia de reglamentación en este campo, ha generado una serie de irregularidades y abusos, que daña tanto a las mujeres, como a las familias, incluyendo el nasciturus, dando como resultado un problema de salud pública, por lo que se considera urgente establecer un marco jurídico que proteja y dé certeza jurídica en primer lugar a las familias y al nasciturus así como a la industria de fertilización asistida en segundo lugar.

De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de la Investigación para la Salud, se entiende por “fertilización asistida”: Aquella en que la inseminación es artificial incluye la fertilización in vitro”. (Artículo 40)

En el mismo ordenamiento, en el artículo 56, se establece que “La investigación sobre fertilización asistida sólo será admisible cuando se aplique a la solución de problemas de esterilidad que no se puedan resolver de otra manera, respetándose el punto de vista moral, cultural y social de la pareja, aun si este defiere con el del investigador.”

Con frecuencia se confunden los términos de esterilidad e infertilidad, sin embargo dichos vocablos indican situaciones o circunstancias diferentes. Desde el punto de vista médico, esterilidad indica la imposibilidad de efectuar la fecundación, y es consecuencia de una alteración irreversible, es decir, indica la incapacidad de una pareja para lograr un embarazo (imposibilidad de concebir); infertilidad expresa la imposibilidad de tener hijos, por causas que pueden ser corregidas o curadas, como es el caso de la obstrucción de trompas, en que la mujer ovula normalmente, pero a causa de la obstrucción, ésta impide la fecundación del óvulo y, por lo tanto, el desarrollo del embrión, o feto, por ejemplo, en este caso la mujer es infectada por la obstrucción que padece, pero no es estéril.

Es por ello fundamental que dentro de la propuesta se incluyen como requisitos para someterse a estas técnicas que se compruebe este impedimento para procrear de manera natural, porque es preciso señalar que si bien es cierto actualmente hay técnicas sofisticadas para superar los problemas de infertilidad, tanto en el orden médico quirúrgico, como de orden psicológico o físico, (por ejemplo puede ser causa de esterilidad la depresión, la tensión nerviosa o stress, sentimientos de culpa, frustraciones, etcétera), no deben dejarse de lado los tratamientos médicos corrientes.

Entre otros casos solucionables por este procedimiento común, están las deficiencias en el flujo vaginal, los problemas hormonales o de baja producción de espermatozoides, etcétera.

Se considera importante realizar una distinción fundamental en relación a la fertilidad: “Si es viable utilizar los tratamientos normales, o si sólo se puede lograr recurriendo a los tratamientos artificiales o de fertilización asistida, que incluye la inseminación artificial (intrauterina) y la fertilización in vitro (extrauterina).

Sin duda, se requiere tomar como punto de partida el diagnóstico clínico previo que permita a los solicitantes conocer las causas de su padecimiento.

El problema de la industria de fertilización asistida

Esta industria ha crecido considerablemente en los últimos años, obteniendo ganancias multimillonarias debido al incremento en el índice de infertilidad en las parejas, por lo que se ha convertido en un negocio y ya no se lucha contra la infertilidad.

El costo de cada intento suele ir desde 100 mil hasta 300 mil pesos. Se calcula que más de la mitad de las clínicas que la llevan a cabo operan sin registro.

Generalmente no se proporciona un consentimiento informado sobre los graves riesgos que implica esta técnica, entre los cuales cabe resaltar:

a) Riesgos para la salud del bebé. Se pueden resumir en tres principales tipos:

a. Alta mortandad de embriones (se requiere crear varios para lograr un bebé nacido).

b) Incremento del índice de lesiones congénitas: el riesgo de enfermedad congénita es casi el doble de las concebidos por vía normal, cf. (Berg et al., 1999),(Sanchis Calvo,A.et al. 2009), (Hansen M., et al., 2002), (El-Chaar, D, 2009),

c) Alta tasa de embarazos múltiples que incrementan los nacimientos prematuros (Moise et al. 1998), y la mortalidad neonatal hasta en 10 por ciento (Moise J. Et al. 1998, Olivennes et al. 2002).

b) Riesgos para la salud de la mujer. Al someterse a un tratamiento de fecundación asistida, especialmente durante el periodo de hiperestimulación ovárica, la mujer recibe alta dosis de hormonas, lo que puede ocasionar efectos secundarios graves que van desde obesidad, lesión ovárica, cáncer de mama y ovárico, hasta la lesión más grave que es el daño hepático que puede llegar a ser fatal, con mortalidad reportada. Además 260 por ciento riesgo mayor de preeclampsia en caso de un embarazo gemelar (Moise J, et al. 1998), existe una alta incidencia de embarazos múltiples cf. (Rizk et al., 1991).

c) Embriones humanos congelados. Actualmente se producen de 10 a 12 embriones por cada ciclo de la pareja, al no utilizarse todos ellos, el resto se congela, algunos se llegan a utilizar, pero la mayoría queda en la indefinición y vacío jurídico. Se estima que en nuestro país existen alrededor de 150 mil embriones congelados, cifra que crece exponencialmente cada año, si no se regula esta práctica se calcula que al final de la década podrían llegar a un millón de embriones congelados. Como alternativa existe ya la criopresevación de óvulos, en vez de embriones humanos, siguiendo el ejemplo de Alemania e Italia, donde se prohíbe la congelación de embriones y se tienen tasas de éxito por esta técnica similares a la criopreservación de embriones. Existe consenso unánime que la criopreservación de óvulos no presenta problema ni bioético ni legal. Cf. (Chen, Christopher, 1986), (Fadini R et al. 2009), (Díaz DG, et al., 2010)

d) Tráfico de embriones y gametos. Existe un vacío en la legislación, no se encuentra tipificado como delito a diferencia por ejemplo del tráfico de órganos y tejidos.

e) Práctica de la compra-venta de gametos. Aunque actualmente la Ley General de Salud (LGS) prohíbe su compraventa, sin embargo no establece una sanción, se requiere una figura penal para frenar esta práctica que es común entre las clínicas de fertilización asistida.

f) Falsedad en el manejo de la información. Solamente una de cada cuatro parejas que acuden a esta técnica logra concebir por este medio, sin embargo tanto en la publicidad de las clínicas de fertilización asistida como la ausencia de carta de consentimiento informado, hacen que con facilidad se mienta en este término a la pareja, asegurando que tienen porcentajes de éxito de 60 a 80 por ciento siendo esto a todas luces falso. Urge reglamentar las cartas de consentimiento informado.

La libertad de procrear exige tener claro cuáles son los límites y las responsabilidades que trae aparejadas. No es libertad de exigir hacer lo que se quiera en el ámbito procreativo: “me reproduzco” como quiero, cuando quiera, etcétera...y si sale mal, tiro a la basura “el producto”.

Es imperante señalar que los principios básicos de la bioética se encuentran muy claros en lo que se pretende legislar:

1. Beneficencia para la pareja y el nasciturus.

2. No maleficencia con los embriones.

3. Autonomía en la toma de decisiones bajo consentimiento informado prevaleciendo este y unificado por los profesionales de la salud.

4. Que el interés y el bienestar del ser humano (primordialmente de la mujer) debe prevalecer sobre intereses de la sociedad y ciencia.

5. Debe garantizarse el no uso de embriones humanos con fines de experimentación.

El ideal ético es el respeto a todos nuestros semejantes y la no experimentación con ellos. Aunque sea por etapas, hacia ahí hay que caminar. En la etapa actual, la no experimentación debería quedar garantizada, tanto más, cuando la ciencia nos ofrece hoy alternativas válidas para lograr los resultados terapéuticos que se pretenden mediante la experimentación con embriones.

En otro orden de ideas, hoy por hoy se vive en nuestro país un alto riesgo de que las parejas sean víctimas de engaño y sometidas a procedimientos inseguros en donde en la mayoría de los casos no existe un diagnóstico clínico previo que permita a los solicitantes conocer las causas de su padecimiento. Así también prevalece la duda sobre la calidad de las clínicas, en donde se carece de certificación de sus procesos, que no cumplen con los estándares de calidad adecuados y certificación de sus procesos. Así como prohibir la manipulación genética que tenga como fines la eugenesia, concepción de quimeras, y la experimentación con embriones humanos, etcétera, ya que a nivel mundial se han prohibido y/o han generado dilemas bioéticos entre especialistas, cuya discusión ha advertido los efectos negativos.

Es por ello que la finalidad fundamental que persigue esta iniciativa, recae sobre un marco jurídico que garantice el derecho a la salud, en términos del párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de auxiliar a los problemas reproductivos del hombre y la mujer derivados de la esterilidad o infertilidad.

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de reproducción humana médicamente asistida.

Artículo Único. Se adicionan, fracción XXVI Ter del artículo 3o.; fracción VI al artículo 313, fracción VIII Bis y fracción XII Bis del artículo 314, fracción V del artículo 315, un capítulo III Bis del Título Décimo Cuarto, artículos 342 Bis 3, 342 Bis 4, 342 Bis 5, 342 Bis 6, 342 Bis 7, 462 Bis 1 y 462 Bis 2; Se reforman, titulo décimo cuarto, fracción II del apartado A del artículo 13, artículo 17 Bis 3, fracción VIII, fracción IV del artículo 315, fracción I y II del articulo 464 y artículos 373 y 466, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de  salubridad general:

I. a XXVI Bis. ...

XXVI Ter.  El control sanitario de la reproducción humana médicamente asistida.

XXVII. a XXVIII. ...

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. ...

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, V, VI, XVII Bis, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVI Ter y XXVII,  del artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud;

III. a X. ...

B.        ...

I. a VII. ...

C. ...

Artículo 17 Bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres, XXVI Ter y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas y XXVII, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

..

I. a XIII. ...

Título DecimocuartoDonación, trasplantes, técnicas de reproducción humana médicamente asistida y pérdida de la vida

Capítulo IDisposiciones comunes

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud:

I. a V. ...

VI. La regulación y el control sanitario de la aplicación de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida.

Artículo 314. Para efectos de este título se entiende por:

I. a VII. ...

VIII. Embrión, al producto de la concepción natural o por fertilización asistida, a partir de ésta, y hasta el término de la duodécima semana gestacional;

VIII Bis. Fertilización asistida, a la conjugación de las células germinales femenina con la masculina con la consiguiente fusión del material genético, mediante el auxilio de técnicas de reproducción humana médicamente asistida;

IX. a XII. ...

XII. Bis. Técnicas de reproducción humana médicamente asistida, a aquellas técnicas biomédicas, que facilitan o sustituyen, los procesos biológicos naturales que se desarrollan durante la procreación humana, o la transferencia del embrión en el útero a través de la manipulación directa de células germinales en el laboratorio, entre las que se encuentran la inseminación artificial, la fecundación in vitro con transferencia de embriones y la transferencia intratubárica de células germinales, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides y todas aquellas que impliquen la creación de un embrión y que se determinen como tales por la Secretaría de Salud mediante disposiciones de carácter general;

XIII. a XVII. ...

Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son los dedicados a:

I. a III. ...

IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión,

V. La disposición de células progenitoras o troncales, y

VI. La aplicación de técnicas de reproducción humana médicamente asistida.

...

Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células, incluyendo las germinales. La donación de éstos con fines de trasplantes, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

Capítulo III BisTécnicas de reproducción humana médicamente asistida

Artículo 342 Bis 3. Las técnicas de reproducción humana médicamente asistida sólo podrán llevarse a cabo en los establecimientos autorizados para su aplicación en términos de las disposiciones generales que para tal efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 342 Bis 4. Para tener acceso a las técnicas de reproducción humana médicamente asistida el hombre y la mujer deberán estar unidos por vínculo matrimonial o concubinato, y cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser mayores de edad con plena capacidad de ejercicio;

II. Tener impedimento para procrear de manera natural;

III. Haberse comprobado la incapacidad fértil de las personas solicitantes del servicio, después de que se hubieran agotado todos los procedimientos convencionales para lograr un embarazo y siempre que no exista una contraindicación médica;

IV. Otorgar su consentimiento libre, por escrito y debidamente informado, en donde se hagan saber los riesgos y beneficios del procedimiento y que esté en los términos previstos por la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; y

V. Los que determine la Secretaría de Salud.

Artículo 342 Bis 5. Previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida, el médico tratante deberá, de conformidad con las normas oficiales al efecto emita la Secretaría de Salud:

I. Realizar un diagnóstico clínico previo que permita a los solicitantes conocer las causas de su padecimiento.

II. Agotar toda posibilidad de tratamiento que pueda permitir la concepción de forma natural;

III. Recomendar la adopción como alternativa;

IV. Tomar en cuenta las circunstancias particulares en cada una de las personas, tales como su edad, su historial clínico y las posibles causas de esterilidad o infertilidad, y

V. Recabar la constancia libre y por escrito mediante la cual los solicitantes otorguen su consentimiento informado en los términos de la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 342 Bis 6. Queda prohibida:

I. La crioconservación de embriones humanos;

II. La experimentación con embriones humanos;

III. La transferencia interespecie de embriones humanos;

IV. La escisión embrionaria precoz con fines de clonación o experimentación;

V. La producción de híbridos o quimeras;

VI. La producción y transferencia de más de tres embriones;

VII. La implantación de embriones no provenientes de la misma pareja que se somete a las técnicas de reproducción humanamente asistida;

VIII. La implantación de embriones en el útero de una mujer distinta a la esposa o concubina, del hombre que aporta sus células germinales; y

IX. Cualquier tipo de práctica eugenésica, la clonación, la selección de raza, sexo, la implantación de embriones post mortem y cualquier otra no prevista por la ley que atente contra la dignidad humana y el interés superior del menor.

342 Bis 7. En los procedimientos de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida deberán utilizarse las células germinales provenientes de los cónyuges o concubinos.

Artículo 373. Requieren de licencia sanitaria los establecimientos a que se refieren los artículos 198, 315, 319, 329 y 330 de esta ley; cuando cambien de ubicación, requerirán de nueva licencia sanitaria.

Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate:

I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres, embriones o fetos de seres humanos;

II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos incluyendo la sangre, cadáveres, embriones, o fetos de seres humanos, y

III. ...

...

Artículo 462 Bis 1. Al que contravenga cualquiera de las obligaciones establecidas en las fracciones II, III y IV del artículo 342 Bis 5 de esta ley, se le impondrá multa equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además, suspensión de cuatro a seis años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

Artículo 462 Bis 2. Al que contravenga cualquiera de los supuestos contenidos en el artículo 342 Bis 6 de esta ley, se le impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además, suspensión de cuatro a seis años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

Artículo 466. Al que sin consentimiento de una mujer o aun con su consentimiento, si ésta fuere menor o incapaz, realice en ella alguna técnica de reproducción humana médicamente asistida, se le aplicará prisión de uno a tres años, si no se produce el embarazo como resultado de su aplicación; si resulta embarazo, se impondrá de dos a ocho años.

La mujer casada o en concubinato no podrá otorgar su consentimiento para ser inseminada sin la conformidad de su cónyuge o concubinario.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá expedir las disposiciones de carácter general en la materia en un plazo que no excederá de los ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Nota:

1. Consultada el 12 de febrero de 2013

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2013.— Diputados: Raquel Jiménez Cerrillo, María Fernanda Schroeder Verdugo, Jorge Herrera Delgado, Xavier Azuara Zúñiga, Alma Marina Vitela Rodríguez, José Alfredo Botello Montes, Flor de María Pedraza Aguilera, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Rocío E. Reza Gallegos, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Dávila Delgado, José Guadalupe García Ramírez, Marcelina Orta Coronado, Patricia Lugo Barriga, Alberto Díaz Trujillo, María Isabel Ortiz Mantilla, Tania Morgan Navarrete, Juan Pablo Adame Alemán, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Xavier Azuara Zúñiga, Flor Ayala Robles Linares, Alfredo Zamora García, Víctor Osvaldo Fuentes Solís, Luis Miguel Ramírez Romero, Marcelo Torres Cofiño, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Verónica Sada Pérez, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Francisco Pelayo Covarrubias, Arturo de la Rosa Escalante, Alberto Díaz Trujillo, Juan Jesús Aquino Calvo, Margarita Licea González, José González Morfín, Enrique Alejandro Flores Flores, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Alberto Coronado Quintanilla, Ricardo Anaya Cortés (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Salvador Arellano Guzmán: Gracias, diputado presidente. Primero, recordarle a mi amigo diputado de Acción Nacional, que le faltó un ex gobernador de nombre Etilio González Márquez, gobernador del estado de Jalisco, que recibió con una deuda de 6 mil millones de pesos y a los jaliscienses nos acaba de endeudar con 30 mil millones de pesos, para que lo tenga en cuenta.

Compañeras y compañeros diputados, con las facultades que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados someto a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 115, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado. Sonido en la curul de la diputada Malú Mícher.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Que le detengan el reloj al señor diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Le reponemos el tiempo.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Señor presidente, señor diputado, me permito solicitarle que no se refiera usted a una persona que ha bebido de esa manera; me parece que las personas que beben no deben en ningún momento ser discriminadas, y si el señor bebió, me parece que no es correcto que nos refiramos a él así.

Le solicito, por favor, que tengamos más respeto. Si hizo las cosas mal el gobernador, es otro tema, pero si el señor bebe, le solicito, por favor, y mire que no es ni de mi partido ni de mis grandes gustos, pero no me gustaría que se refirieran a nadie de esa manera.

Por lo tanto hoy, Día Mundial en Contra de la Discriminación, le solicito a usted que retire ese adjetivo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

El diputado Salvador Arellano Guzmán: Gracias, diputado. Creo que no puedo ser intervenido, ya que estoy presentando mi iniciativa.

Se ha denominado profundización de la democracia a la participación ciudadana. Más allá de lo electoral, a la búsqueda de equilibrio con el poder público. Estos procesos pueden ser relacionados con la presentación de iniciativas de ley por parte de los ciudadanos, postulaciones no partidistas a cargo de representación popular, consulta a las personas que se vean afectadas o beneficiadas sobre alguna reforma legal o algún acto de gobierno.

Es cierto, quizá hoy en día, a inicios del año 2013, aún no está consolidado en México el modelo institucional que permita acceder a estos mecanismos de participación ciudadana de manera eficaz y que también al interior de algunos partidos todavía existen políticos que siguen viendo a los ciudadanos como un botín, o mejor dicho como el instrumento que les permita lograr el poder.

En el PRI estamos convencidos de involucrar más a la ciudadanía en la corresponsabilidad, el manejo y control de los asuntos públicos.

Es un hecho que los diferentes mecanismos de participación ciudadana han llegado para quedarse; no son una moda pasajera o una tendencia efímera, son avances significativos que constituyen verdaderamente conquistas ciudadanas, lo que permitirá el fortalecimiento de gobiernos, menos aislados y distantes de la gente y de sus necesidades, porque una ciudadanía mucho mejor informada y educada tendrá gobiernos que le tomen significativamente en cuenta.

El ciudadano de hoy reclama nuevos espacios de participación. En este contexto, el presupuesto participativo es un instrumento de política pública necesario dentro de una democracia moderna; es a través de esta herramienta que se desenvuelve una relación más estrecha entre las autoridades y la ciudadanía, con el objeto firme de propiciar acciones en conjunto tendientes a orientar un porcentaje de los recursos públicos a determinadas demandas que reclama la sociedad.

Los presupuestos participativos contribuyen a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, clarificando los compromisos asumidos con los ciudadanos de información puntual y certera para el análisis de los programas y políticas públicas que propician la rendición de cuentas.

El presupuesto participativo se ha adoptado recientemente en nuestro país, principalmente en el ámbito municipal, convirtiéndose en un instrumento político y a la vez de gestión, útil para que las autoridades, conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, definan el destino y orientación de los recursos públicos, en vinculación directa con los propósitos del plan de desarrollo de las instancias de que se trate.

El presupuesto participativo es una forma de gobierno público que intenta romper con la tradición autoritaria y patrimonialista de las políticas públicas, recorriendo a la participación de la población para la distribución de los recursos de inversión.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando como sigue:

Artículo 115, fracción IV, inciso c). Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución. Asimismo, podrán reservar un porcentaje de los mismos para destinarla a la aplicación de presupuestos participativos que atiendan las prioridades colectivas de la ciudadanía.

Compañeras y compañeros diputados, la participación ciudadana de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de todas las clases sociales de México y de la República, marcarán la diferencia en este sexenio por su participación en las decisiones de gobierno. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Salvador Arellano Guzmán, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 115 fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de los siguientes

Antecedentes

Se ha denominado profundización de la democracia o “democratización de la democracia” a todos aquellos distintos procesos, cada vez más frecuentes y extendidos en las democracias maduras, de participación ciudadana ampliada más allá de lo meramente electoral, en la búsqueda de nuevos equilibrios entre la ciudadanía y el poder.

Estos procesos pueden relacionarse con la presentación de iniciativas de ley por parte de la gente, con el involucramiento de los ciudadanos en la elaboración y evaluación de políticas públicas y sus previsiones presupuestales, con postulaciones no partidistas a cargos de representación popular, o bien con la consulta a las personas que se verán afectadas o beneficiadas sobre alguna reforma legal o algún acto de gobierno.

Parece que esta lectura encontró eco en la pasada legislatura, donde a pesar de las posturas contradictorias y de los argumentos en pro o en contra, la propuesta de reforma política fue aprobada en la Cámara de Diputados el jueves 19 de abril de 2012, aún cuando muchas condiciones necesarias para su implementación quedan sujetas a la aprobación de una legislación reglamentaria por parte del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados.

Es cierto, quizá hoy en día, a inicios del año 2013, aún no está consolidado en México el modelo institucional que permita acceder a estos mecanismos de participación ciudadana de manera eficaz.

Actualmente, al interior de algunos partidos todavía existen políticos trasnochados que siguen viendo a los ciudadanos como un botín, o mejor dicho, como el instrumento que les permite lograr dicho premio. El acercamiento hacia ellos, sólo se da en épocas electorales y siempre a través de una publicidad engañosa que privilegia las promesas simplistas por encima de proyectos políticos de solidez. Pero no así en el grupo parlamentario al que pertenezco. En el PRI, estamos convencidos de involucrar más a la ciudadanía en la corresponsabilidad, el manejo y control de la cosa pública.

Es un hecho que los diferentes mecanismos de participación ciudadana han llegado para quedarse. No son una moda pasajera o una tendencia efímera. Son avances significativos en el entendimiento del concepto de democracia que constituyen verdaderas conquistas ciudadanas y que lejos de dirigirse hacia el terreno de lo incierto, cada día adquirirán una mayor fuerza y se convertirán en uno de los parámetros para medir la efectividad real de una democracia. Asimismo se plantean como una propensión internacional que se antoja irreversible, hacia el fortalecimiento de gobiernos menos aislados y distantes de la gente y de sus necesidades.

Una ciudadanía mucho mejor informada y educada, exige globalmente gobiernos que la tomen significativamente en cuenta también entre elecciones y no sólo durante los comicios. No quiere más tutela, sino más participación. El ciudadano contemporáneo reclama en todas partes nuevos espacios de acción.

En este contexto, el presupuesto participativo es un instrumento de política pública necesario dentro de una democracia moderna. Es a través de esta herramienta que se desenvuelve una relación más estrecha entre las autoridades y la ciudadanía, con el objeto firme de propiciar acciones en conjunto tendientes a orientar un porcentaje de los recursos públicos a determinadas demandas que se reclaman por la colectividad.

Nuestra propia Carta Magna en su artículo 26, reconoce la importancia de recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad, mediante la participación de los diversos sectores sociales en una planeación democrática.

Los presupuestos participativos contribuyen a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, clarificando los compromisos asumidos y proveyendo a los ciudadanos de información puntual y certera para el análisis de los programas y políticas públicas y propiciando la rendición de cuentas.

El presupuesto participativo se ha adoptado recientemente en nuestro país, principalmente en el ámbito municipal, convirtiéndose en un instrumento político y a la vez de gestión, útil para que las autoridades conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil, definan el destino y orientación de los recursos públicos, en vinculación directa con los propósitos del plan de desarrollo de la instancia de que se trate, su principal finalidad es coordinar las prioridades de la ciudadanía con la agenda de políticas públicas.

Desde la doctrina brasileña, Boaventura de Sousa Santos sostiene que “no es menester subrayar la importancia del presupuesto para las relaciones políticas y administrativas entre el estado y los ciudadanos. Así pues, el presupuesto es el instrumento básico del contrato publico subyacente a esas relaciones, así como de las interacciones entre los diferentes organismos estatales encargados de ejecutar dicho contrato”.

Según Santos, el presupuesto participativo “es una forma de gobierno publico que intenta romper con la tradición autoritaria y patrimonialista de las políticas públicas, recurriendo a la participación de la población en diferentes fases de la preparación e implementación, con un énfasis especial en las prioridades para la distribución de los recursos de inversión”.

Es necesario fortalecer mediante el consenso social una variable fundamental en la ecuación del estado democrático: la ciudadanía; ese ingrediente fundamental que representa el interés y la participación de la gente en la solución de sus distintos problemas comunes. Surge así el concepto de participación que en principio, significa tener una actitud activa, “convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa compartir algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. De modo que la participación es un acto social.”

Entonces, la participación política se entiende como un “conjunto de actos y actitudes, enfocados a influir de una forma más o menos indirecta, y legal sobre las decisiones del poder, en el sistema político, con la clara intención de preservar o incidir en la estructura del sistema de intereses regularmente dominante.” Y la participación ciudadana como un “conjunto de actividades e iniciativas que los civiles despliegan afectando al espacio público desde dentro y por fuera del sistema de partidos.”

Participación política y ciudadana comparten un punto de partida general, pero se distinguen en que la participación ciudadana busca su influencia aún por fuera del sistema de partidos y la política, busca su inclusión dentro del sistema. Quizá sea justamente éste, el rasgo más distintivo de las nuevas formas de acción y participación ciudadana: las estructuras paralelas de organización que no dependen de intereses políticos. Por el contrario, buscan incidir en la formulación de políticas públicas que trasciendan trienios o sexenios, y logren un enfoque de mediano y largo plazo.

Pero lo anterior no puede lograrse sin mecanismos que hagan efectiva y relevante dicha participación. Es decir, ya no está en discusión, al menos para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la legitimidad o importancia de la participación ciudadana. Sólo se debate aún el cómo, es decir, la instrumentación. Al respecto, creemos que la posibilidad de implementar un mayor grado de participación ciudadana en los temas de interés trascendentales a nivel nacional, requiere en primer lugar que dicha situación esté establecida en la Constitución, así como instrumentada en una ley en la materia, en cualquiera de sus modalidades.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 115. ...

c)...

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Asimismo, podrán reservar un porcentaje de los mismos para destinarla a la aplicación de presupuestos participativos, que atiendan las prioridades colectivas de la ciudadanía...”

Notas:

1. Ángel Torres, Juan, Ciudadanía y poder, nuevas reglas del juego, 2da edición, México, Ediciones Delfos, 2002, p.27.

2. Ángel Torres, Juan, “Ciudadanía y poder...”, op.cit. supra, p.28.

3. Santos, Boaventura de Sousa (2004). Democracia y participación: el presupuesto participativo de Porto Alegre. Quito, Abya-Yala. p. 25

4. http://www.zonaeconomica.com/presupuesto-participativo#_ftn2

5. Ibídem, p. 9.

6. Esquivel Soler, Edgar, “ Ley de Participación Ciudadana: reconstruyendo un proceso”, México, Instituto Mora, 2002. pp. 20, 21 y 25.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013.— Diputados: Salvador Arellano Guzmán, Elvia María Pérez Escalante (rubricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Enrique Flores. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores(desde la curul): Sí, diputado. Nada más para comentar que no me extraña del diputado que dijo que las mujeres eran como la tierra, pues no me extraña alguna referencia respecto al gobernador Emilio González Márquez. Lo invitaría a que se adhiriera, si no le gustó la forma en que se pidió la deuda, a la propuesta del diputado Fuentes. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPALISTA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por 10 minutos, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, presidente. Estimadas legisladoras, estimados legisladores, me honro en estar aquí, con todas y todos ustedes, por la posibilidad que me da el encargo de diputado federal de la fracción del Partido Verde Ecologista de México, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se crea la Ley del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista.

El municipio en México es la célula fundamental del sistema político y el sistema jurídico mexicano; su desarrollo es parte de un proceso evolutivo de cientos de años.

La célula madre de la división política y territorial de México se encuentra en la estructura y formación del municipio; es parte del Estado federal, concebido en el artículo 115 de nuestra Constitución Política; su autonomía y el ejercicio de poder político tiene como base pequeños territorios en comunidades asentadas a lo largo y ancho del país, caracterizadas por la diversidad y en algunos casos, por formas primigenias y genuinas de desarrollo.

A pesar de ello, la situación del municipio es vulnerable en la actualidad, sobresalen los instrumentos de funcionamiento sistemático, ausencia de reglas claras y la falta de incentivos que promueven su desarrollo desde sus ámbitos locales.

Se ha llamado la atención sobre la necesidad de reformas estructurales políticas hacendarias, creación de nuevos fondos y liderazgo administrativo; falta de recursos económicos, financieros y humanos para el desarrollo integral y sustentable; poca participación social en la creación, diseño y seguimiento de control de políticas públicas; ausencia de liderazgo administrativo y formación y profesionalización de las autoridades municipales; abandono de estrategias ante la diversidad y la pluralidad municipal, rural, urbana e indígena en sociedades tradicionales y en proceso de modernización.

Lo peor de ello es el terrible crecimiento acelerado del saldo de la deuda pública, que más allá de la responsabilidad administrativa de cada uno de ellos es esencial proveerlo de instrumentos e incentivos para su desarrollo integral.

La propia Auditoría Superior de la Federación ha considerado la necesidad de fortalecer los ingresos propios de los gobiernos locales, elevar la calidad del gasto y recuperar el equilibrio presupuestario, reformar el federalismo hacendario, regular el financiamiento y su destino.

Son muchos los cambios que se deben establecer en una reforma estructural municipalista, que por supuesto impulsaremos desde la Comisión de Desarrollo Municipal, que orgullosamente tengo el encargo de presidir.

Son cambios que se realizarán con la convergencia de los actores involucrados y con el trabajo conjunto de los órdenes y poderes del Estado, en el ámbito nacional y local, pero principalmente con la participación de los municipios de nuestro país.

Esa convicción es la que nos alienta a la presentación de la presente iniciativa que crea el Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista, que tiene por objeto formar cuadros con liderazgo administrativo, con visión de largo plazo, con un enfoque multidisciplinario que trascienda el conocimiento de la actividad variada y organizada desde la administración pública, que promueva el desarrollo integral del municipio, en donde se conjugue la experiencia con los nuevos conocimientos, que proporcione las estrategias de desarrollo de las burocracias desde los distintos órdenes y ámbitos ejecutores y deliberativos del ayuntamiento.

Se trata de promover la formación integral municipal con medidas preventivas, educativas, de profesionalización, instrucción y enseñanza de las prácticas gubernamentales que influyan en los administradores para competir por el liderazgo administrativo. Todo ello para detonar el desarrollo de los diferentes ámbitos de acción del municipio y prepararlo para los cambios estructurales venideros.

La formación es fundamental, porque incentiva el desarrollo, la cooperación individual y colectiva; permite a las personas conocer los mejores instrumentos con los que cuenta para evolucionar la organización. Es una forma de educar, enseñar y perfeccionar la actividad profesional, técnica, tecnológica e incluso científica. Es una herramienta del progreso, es en esa formación.

Vale la pena reconocer el gran esfuerzo que han realizado organismos de los diferentes órdenes de gobierno instituciones académicas, asociaciones civiles, entre otros, por lo que es impostergable iniciar una actividad genérica articulada, sistemática, con planeación nacional, recursos suficientes, con la participación de los diferentes ámbitos del Estado y la sociedad, en armonía con las necesidades municipales.

Se trata de un instituto fundado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con pleno respeto a la autonomía del municipio, bajo los principios de cooperación, coordinación, complementariedad y subsidiariedad de un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica de gestión, con una junta de gobierno, órganos de consulta municipal y social, en el ámbito nacional y local, así como una estructura territorial en todas y cada una de las entidades federativas del país.

Será un organismo inédito en México, no vinculante, que no propicie la duplicidad de funciones o choque de administraciones, y su desempeño estará basado principalmente en promover el desarrollo integral del municipio, acercar sus programas para colaborar en la formación integral, formar a los integrantes de los cabildos desde el momento de ser electos, dar seguimiento y asesoría de los proyectos de desarrollo integral y regional, instruir a los funcionarios municipales para la preparación de políticas públicas, orientar sobre estudios de eficacia, responsabilidad política y administrativa, enseñar planeación enfocada a lograr una programación de largo plazo, aleccionar sobre la programación, ejecución del Presupuesto de Egresos e Ingresos, instruir sobre la toma de decisiones, gobierno transparente y solución de conflictos.

Aquí hay un antecedente muy importante en esta Legislatura, de los 500 compañeros diputados federales, hay 101 que fueron ex presidentes municipales, saben de esta urgente necesidad y sobre todo —lo importante— que desde el momento que declaren autoridades electas a los presidentes municipales y sus cabildos, desde ese momento ese instituto se tenga que acercar y no estar esperando a que los munícipes busquen las instancias del gobierno federal o estatales para coadyuvar en su formación.

Entonces, es muy importante que ojalá podamos revisarlo con todos ustedes, que generemos este precedente —muy importante— para que también aprovechemos el esfuerzo que han hecho organismos, como el Inafed, pero que ha sido insuficiente, porque no se ha podido aterrizar en todas las localidades.

Ojalá nos permitan avanzar en este sentido y por eso pedimos que se suscriban todos los que han sido ex presidentes municipales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe ,Ernesto Núñez Aguilar , diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la cualse crea la Ley del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La naturaleza jurídica del municipio, se ha podido establecer desde diversas fuentes históricas o tópicos de la doctrina del derecho mexicano, razón por la cual no se le puede atribuir a una sola corriente del pensamiento histórico-político. Es producto de un proceso evolutivo y de formación, constituida desde las diferentes perspectivas de la historia del derecho en México.

Se moldea y configura, tanto del derecho indígena, prehispánico, castellano y del europeo durante el descubrimiento y la conquista de América, también se fortalece gracias al derecho indiano, el del México independiente, del derecho que surge de la Revolución Mexicana, y por su puesto de los cambios en el sistema jurídico mexicano realizados a lo largo del siglo XX y de lo que va del presente.

No obstante, entre los propios historiadores se han dado dos corrientes doctrinarias, una expone el origen del municipio en el Calpulli, comunidad familias asentadas en un territorio reunidas alrededor de la creencia de los dioses y la otra, en la instauración realizada por Hernán Cortes del primer ayuntamiento continental Villa Rica de la Vera Cruz, el 22 de abril de 1519, para demostrar distanciamiento político-jurídico con autoridades de Cuba por la delicada relación con Diego Velásquez.

En esta última, se establece que el rey de España designó a Cortes los títulos de capitán general y de Justicia Mayor de la Villa, con lo que obtuvo protagonismo en España y cierta autonomía de decisión en los nuevos territorios, razón por la cual, la figura del ayuntamiento se tomó como un ejemplo para los conquistadores en el resto del sureste del país, gracias a los poderes que les otorgaban las decisiones reales en Madrid.

Se puede asegurar que la célula madre de la división política y territorial de México, se encuentra en la estructura y formación del municipio. Su autonomía e impacto en el ejercicio del poder político se encuentran en la base de los pequeños territorios, en comunidades asentadas a lo largo y ancho del país, caracterizadas por la diversidad de población, formas primigenias y genuinas de desarrollo.

En el acontecer histórico, el municipio como parte de la estructura del Estado federal mexicano, es concebido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, como base de la división territorial y administrativa de los estados, al cual, el propio precepto constitucional le reconoce la calidad de libre.

Dicha disposición constitucional, determina que las entidades federativas adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de la división territorial, organización política y administrativa al Municipio Libre, el cual no tendrá autoridad intermedia alguna, entre éste y el gobierno del estado, y sus competencias se ejercerán por el ayuntamiento de manera exclusiva, conforme a lo siguiente:

a) Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.

b) Estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

c) Tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos.

d) Administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

e) En los términos de las leyes federales y estatales relativas, tendrán sus propias facultades.

f) La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado.

g) Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

El diseño institucional del municipio, ha evolucionado de manera importante, representa “una forma de descentralización [y] se debe ante todo, a que constituye una forma espontánea y primaria de organización comunal que el estado autocrático puede pretender ahogar, pero que al Estado democrático sólo corresponde reconocerla e incorporarla a su estructura.”

Se han realizado muchos esfuerzos para mejorarlo, desde 1917 a la fecha se han tenido reformas representativas, esfuerzos que buscan fortalecer al municipio desde diferentes perspectivas, tanto en sus ámbitos de organización política, administrativa y jurídica, principalmente.

Según la base documental de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la LXII Legislatura, el 20 de agosto de 1928 se realizó la primera reforma constitucional al artículo 115, seguido de ello, se han llevado a cabo 12 cambios más a la misma disposición jurídica. El último se fue el 24 de agosto de 2009. Con dichas reformas, los legisladores han tratado de mejorar las facultades y condiciones administrativas; así como políticas del Municipio y acrecentar su ámbito competencial.

La problemática del municipio en México es compleja, deriva tanto de la situación general del país en los aspectos político, económico, social y cultural; así como de la situación de las comunidades que en muchos de los casos son reflejo de la planeación nacional y resultado de las políticas federales.

Ésta también se encuentra en los modelos de desarrollo aplicados, sin considerar la importancia de la composición de cada uno de los municipios representantes de diversidad del pueblo mexicano. En su gran mayoría los ayuntamientos del país tienen características rurales, pocos son suburbanos, urbanos; y de los rurales hay quienes tienen composición pluriétnica son comunidades mayoritariamente indígenas.

La problemática del municipio en México es amplia, también sobresalen los instrumentos de funcionamiento sistemático, la ausencia de reglas claras y la falta de incentivos que promuevan su desarrollo desde sus ámbitos locales. Se ha llamado la atención sobre la necesidad de reformas estructurales, políticas, hacendarias, fortalecimiento, creación de nuevos fondos y liderazgo administrativo.

A la fecha, podemos simplemente percatarnos que el nivel de la crisis de los gobierno locales está “a la vuelta de la esquina”, de acuerdo al Análisis del Riesgo de la Deuda Pública de la Entidades Federativas y Municipios 2000-Marzo de 2011, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASP), se establece que uno de los temas prioritarios de la agenda nacional es el crecimiento acelerado del saldo de la deuda pública de las entidades federativas y municipales.

El entorno descrito, según el mismo documento: “puede poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas locales. Debido a que las obligaciones fiscales, que representan 42.5 del total de los recursos federalizados en 2010.” Por lo que se recomienda: “a) Fortalecer los ingresos propios de los gobierno locales, elevar la calidad del gasto y recuperar el equilibrio presupuestario, [...] b) Reformar el federalismo hacendario [...y] c) Regular el financiamiento y su destino. [...].”

Ante esa situación, es importante reconocer las múltiples causas de endeudamiento como lo dispone el mismo documento de mérito, entre ellas las de carácter estructural comprenden:

• “Elevada dependencia de los recursos de origen federal y debilidad de los ingresos obtenido de la recaudación propia;

• Limitadas facultades y capacidades recaudatorias de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios;

• Política de gasto local con déficit presupuestario y primario crecientes;

• Regulación débil, insuficiente e imprecisa de la deuda pública; y

• Opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos obtenidos mediante financiamiento, especialmente de lo municipios.”

Ante ello, es importante tener en cuenta que el sistema municipal mexicano es columna fundamental del pacto federal, promotor del desarrollo en el ámbito local, pilar también del sistema político del Estado mexicano, y se encuentra en una severa vulnerabilidad por diversos motivos entre los que se pueden destacar principalmente lo siguiente:

a) Falta de recursos económicos, financieros y humanos para el desarrollo integral y sustentable;

b) Poca participación social en la creación, diseño, seguimiento y control de las políticas públicas;

c) Ausencia de liderazgo administrativo, formación, capacitación y profesionalización de las autoridades municipales, y;

d) Abandono de estrategias ante la diversidad y la pluralidad municipal, rural, urbana e indígena en sociedades tradicionales y en proceso de modernización.

e) Situación de endeudamiento local que exige medidas preventivas;

Los desafíos son innumerables, se encuentran en lo local, nacional e internacional. El municipio mexicano se encuentra en el escenario de la globalización económica o mundialización del capital, un modelo económico que ha generado pobreza. No obstante que dicho desarrollo ha sido objeto de varias cumbres como la de Johannesburgo, de la Tierra o de Río de Janeiro, por mencionar solamente algunas en las cuales se buscan soluciones a mediano y largo plazo.

Los retos son amplios, van desde incrementar en términos reales los ingresos, hasta establecer el fomento de la descentralización política. Se trata de realizar un diseño institucional que establezca reglas claras, incentivos y sanciones para permitir al Municipio organizarse y potencializar su desarrollo desde el ámbito local y pueda alcanzar un acervo científico y tecnológico capaz de hacer autosuficientes a sus comunidades.

La responsabilidad es compartida entre los diferentes órdenes de gobierno que integran la Federación. Se necesita menos retórica institucional y que los buenos deseos se traduzcan en una equitativa distribución de la riqueza nacional con la finalidad de lograr un desarrollo integral, tanto en los ámbitos político y económico, como social y cultural, que detonen el cambio democrático desde la mejora ciudadana.

En consecuencia de lo anterior, de la observación crítica de diversas instituciones privadas y gubernamentales; así como de la comunidad científica, se revela la necesidad impostergable de enfrentar diversas anacronías, falacias y oposiciones a la meta de sacar adelante al Municipio, de manera gradual sobre la base de lo siguiente:

• Promover un diseño institucional que armonice y fortalezca al municipio en el contexto de la democratización y la globalización económica;

• Establecer estrategias encaminadas a la aprehensión de conocimientos técnicos, con los cuales se puedan alcanzar los objetivos para satisfacer las necesidades de las comunidades;

• Mejorar las reglas e incentivos, las políticas y las decisiones gubernamentales, basados en un esquema de eficiencia total de atención de las necesidades de cada localidad;

• Desarrollar sustentable, integral y transversalmente al municipio con la participación de los diferentes órdenes de gobierno basado en el respeto al pacto federal y a los principios de cooperación, coordinación, subsidiaridad, corresponsabilidad y complementariedad;

• Adopción, conocimiento y manejo eficiente de fondos municipales, participaciones y potestades tributarias, hacendarias, reglas de operación, planeación estratégica y diseño, y;

• Establecer medidas preventivas para asegurar la mejor utilidad del gasto público, la calidad administrativa, la transparencia y la mejora regulatoria.

Para contribuir e incidir en esos grandes retos del municipalismo y su desarrollo integral, es imprescindible en el corto plazo, iniciar con decisiones gubernamentales que permitan promover la formación integral municipal con medidas preventivas, educativas, de profesionalización, instrucción y enseñanza de las prácticas gubernamentales, que influyan en los administradores  para competir por el liderazgo administrativo, sin menoscabo del liderazgo político en sus comunidades. Todo ello, para detonar el desarrollo en lo diferentes ámbito de acción del municipio.

La posibilidad de reencauzar la actividad gubernamental en la dirección de los asuntos públicos municipales, incentiva la participación de los ayuntamientos en la mejora administrativa, con la finalidad de utilizar de manera sobresaliente los recursos e instrumentos con los cuales se cuentan, a fin de garantizar la eficacia y eficiencia de éstos durante la gestión de gobierno y reencauzar el desarrollo integral de la comunidades que integran el municipio.

No obstante, es necesario en el mediano plazo, en compañía con los diferentes órdenes de gobierno, la comunidad científica y la sociedad, trabajar en el diseño institucional para lograr las reformas estructurales que alienten al desarrollo integral del Municipio, pero antes, es imprescindible dotar de la formación integral a los protagonistas del cambio municipal, a los integrantes del Cabildo y de la administración, para que con su liderazgo reproduzcan los efectos positivos en la gestión  y gubernamental local y se instruyan para los cambios estructurales y el desarrollo municipalista.

La importancia de la instrucción en el ámbito municipal, local y nacional ha sido a lo largo de la historia del Siglo XX y de lo que va del presente, una de las preocupaciones más importantes en la investigación y desarrollo de la administración pública. Sus aportaciones al campo práctico de desarrollo en la acción pública municipal, estatal y nacional, han contribuido al desarrollo de la administración, tanto en el ámbito público, y subsidiados por el estado.

El concepto de capacitación desde la interpretación de los estudiosos de la administración pública “es aquella actividad de enseñanza-aprendizaje, que tiene como propósito fundamental ayudar a los miembros de una organización a adquirir y aplicar los conocimientos, habilidades y actividades, por medio de las cuales esa organización lleva a cabo sus objetivos”

La capacitación es una herramienta propia del desarrollo para generar incentivos. Tradicionalmente, en el ámbito económico y en el de desarrollo de los países todo factor de la producción inicia siempre por la investigación, la exploración, el estudio y la capacitación.

En las relaciones interinstitucionales, así como en las diferentes ramas de la administración, tanto en la planeación como en las acciones de gobierno, la instrucción es fundamental en el corto mediano y largo plazo. El grado de capacitación y la intensidad de ésta en la formación de administradores, configura el nivel de impacto en la actividad pública.

“Se ha dicho con razón que el ‘fortalecimiento municipal no es cuestión meramente municipal, si no nacional’ y se ha repetido, en innumerables ocasiones, que la capacitación que labora en los municipios, es un elemento decisivo para poder demostrar en la práctica toda gama de transformaciones que legalmente se han aprobado y que se encuentran en vías de ejecución.”

La capacitación es fundamental, porque incentiva el desarrollo, la cooperación, individual y colectiva, permite a las personas conocer mejor los instrumentos con los que cuenta para evolucionar la organización. Es una forma de educar, ensañar y perfeccionar la actividad profesional, técnica, tecnológica, e incluso científica. Es una herramienta para el progreso.

En los diversos diagnósticos institucionales, se coincide que: “El punto es crucial está en la organización que adopten los municipios al modernizar su estructura y su capacidad administrativa para el desempeño de sus funciones. Todo ello dependerá en mucho de la capacitación y adiestramiento del personal del que disponen.”

A efecto de lo anterior, estudiosos, especialistas, organismos internacionales y de la sociedad han puesto el dedo en el renglón y creado importantes instituciones que tienen como meta, perfeccionar los procesos de acción de gobierno y recursos humanos en la materia. Ha sido razón para muchos, durante varias décadas del XX y del presente, multiplicar los esfuerzos independientemente de la interpretación que se tiene sobre el diagnóstico y problemática del Municipio.

Entre esos valiosos esfuerzos de la capacitación, en el ámbito de institucional, inaugurándose como precursoras y pioneras dedicadas a la instrucción municipal, se encuentran los siguientes:

• El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC),

• El Centro de Análisis Municipal de Banobras,

• El Centro de Estudios de Administración Municipal, del Instituto Nacional de Administración Pública,

• El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),

• El Centro Nacional de Estudios Municipales de la Secretaría de Gobernación (y sus transformaciones en Centro Nacional de Desarrollo Municipal e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal –Inafed–),

• El Centro de Investigación y Docencia Económicas La Universidad Iberoamericana con una serie de Diplomados; La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, ambas de la UNAM, con un programa difundido por señal vía satélite;

• El Instituto Hacendario del Estado de México;

• El Centro de Estudios de Administración Municipal del El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP);

• Los Institutos de Administración Pública de las entidades federativas; y,

• El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y universidades de los estados de Guanajuato, Querétaro, México, Tlaxcala, y Zacatecas, entre otras.

En las entidades federativas de la república mexicana, se encuentra una extraordinaria variedad de esfuerzos para el desarrollo, fortalecimiento y capacitación municipal. En algunos estados como Jalisco, la política pública de merito se desarrolla a través de la secretarías o coordinaciones de planeación y desarrollo.

En otros estados como Veracruz, su figura jurídica se funda en la de un instituto como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión y sectorizado a la Secretaría de Gobierno, al igual que en Durango, y en Michoacán como un Centro de Desarrollo Municipal.

No obstante, en Morelos, el instituto se establece de igual manera, como un organismo público descentralizado, aunque se dispone contundentemente que por “ningún motivo estará sectorizado o integrado a los poderes públicos del Estado”; en contraste, el Instituto de Tlaxcala, es un órgano desconcentrado de la secretaría de gobierno.

Desde varios terrenos, los esfuerzos no se han dejado esperar, existen en la mayoría de las envides federativas de México, institutos de administración pública, todos ellos como asociaciones civiles, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con la finalidad de formular y ejecutar planes, auspiciar y coordinar proyectos de investigación e impartir cursos de actualización para servidores públicos.

Sus funciones son diversas, hay quienes realizan seminarios, conferencias, coloquios y diplomados, así como maestrías y especialidades, conjuntamente con instituciones académicas, tanto locales como nacionales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo y profesionalizar a los funcionarios de los ayuntamientos, de los gobiernos locales, incluso del gobierno federal.

Dichos institutos, cuentan con órganos directivos, estructuras que permiten su funcionamiento, y en la mayoría de los casos realizan sus actividades con los distintos órdenes de gobierno, y poderes locales de cada una de las entidades federativas, a través de convenios interinstitucionales de cooperación y coordinación.

En lo nacional, se cuenta con el Instituto Nacional de Administración Pública como un organismo, que vale la pena reconocer como pionero en México en los diversos temas de fortalecimiento municipal, con la figura jurídica de una Asociación Civil con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Se compone con un consejo consultivo, deliberativo, una estructura orgánica liderada por un consejo directivo, una asamblea general y con un presidente. De igual manera tiene un consejo honorífico. De dicha Institución se ha creado el Sistema INAP, conformado con diversas asociaciones civiles, las cuales se rigen por los lineamientos del estatuto del INAP, y tiene principalmente las siguientes características:

• Está integrado por aquellas asociaciones civiles, democráticamente conformadas, que voluntariamente se adhieran al mismo.

• Comprende al propio Instituto Nacional de Administración Pública y a los institutos de administración pública de cada uno de los estados.

• Comparte los principios y valores que rigen a la administración pública mexicana, los conocimientos en la materia, los métodos y técnicas más avanzadas para el desarrollo de sus actividades.

No obstante, a la gran diversidad de instituciones, es imprescindible reconocer la labor constante de importantes asociaciones civiles y organismos internacionales, los cuales desde la sociedad contribuyen a la importante labor del municipio, su desarrollo y formación, como son principalmente las y los siguientes:

• La Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm).

• La Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC).

• La Federación de Desarrollo Municipal (Fedem).

• La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

• El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PENUD).

• El Programa Nacional de las Naciones Unidas  para los Asentamientos Humanos (UNOHABITAT).

En el ámbito internacional vale la pena destacar experiencias con el ánimo de analizar su naturaleza y su principales objetivos y funciones, entre ellas destaca la Federación Argentina de Municipios, como una entidad pública no estatal, sin fines de lucro, creada por la Ley Nacional Nº. 24.807 y tiene principalmente los siguientes objetivos:

• Constituirse en el ámbito institucional natural de convergencia de todos los municipios, defender la autonomía municipal e impulsar programas y convenios con organismos públicos.

• Representar a los municipios asociados ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, autoridades provinciales y organismos nacionales y extranjeros.

• Promover mejoras en la administración comunal, en especial las relacionadas con planificación, control de gestión, y acciones de cooperación y asistencia técnica.

• Perfeccionar la administración pública municipal y sus políticas a través de congresos, jornadas y actividades de formación y capacitación de recursos humanos.

• Pronunciarse sobre acuerdos de integración económica y regionalización celebrados entre los municipios asociados.

• Gestionar la cooperación y aportes provenientes de organismos y programas de origen provincial, nacional e internacional.

• Establecer acuerdos con asociaciones afines de otros países, como también con organizaciones regionales, e internacionales, con la finalidad de fomentar el intercambio de información, documentación y experiencias afines.

• Crear, apoyar y financiar fundaciones, institutos y centros de estudio para favorecer la realización de estudios, investigaciones, programas, proyectos y acciones referidas a las materias municipal y local.

• Fomentar nuevas modalidades de interrelación y cooperación del sector público municipal con otros actores sociales, tales como entidades intermedias, asociaciones profesionales, instituciones universitarias y educativas, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y comunitarias.

Otro ejemplo importante es el de España, en que el gobierno cuenta con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de la Función Pública. Entre sus objetivos es importante mencionar los siguientes:

• Seleccionar funcionarios de los cuerpos generales de la Administración General del Estado.

• Formar directivos públicos y del resto de las personas que componen las organizaciones administrativas.

• Reflexionar sobre las principales líneas de actuación de la Administración española.

• Impulsar tareas de investigación y estudios sobre las Administraciones Públicas,

• Mantener relaciones de cooperación y colaboración con instituciones análogas, nacionales e internacionales.

• Desarrollar un programa destinado a dotar a los empleados públicos locales de los conocimientos y habilidades necesarias para una gestión de calidad de los servicios públicos locales.

En Brasil existe el Instituto Brasileiro de Administración Municipal (IBAM), que constituye una de las organizaciones más sólidas respecto al fortalecimiento del desarrollo municipal, a pesar de que no es una entidad pública. Sus objetivos se encuentran principalmente en los siguientes postulados:

• Su misión consiste es promover el municipio en su calidad de esfera autónoma de gobierno, por medio del fortalecimiento de su capacidad para formular políticas, prestar servicios y fomentar el desarrollo local, a fin de consolidar la ciudadanía y la democracia.

• Desarrollar proyectos con diferentes objetivos y características, cuyos productos son informes, borradores de proyectos de ley, planes y diferentes tipos de instrumentos de gestión.

• Llevar a cabo estudios, sondeos y encuestas acerca de cuestiones relacionadas con la administración pública, con el énfasis puesto en el gobierno local, que proveen de importantes insumos para la formulación de políticas públicas en el Brasil.

• Prestar servicios de asesoramiento técnico y desarrollo de competencias y habilidades para los encargados de la formulación, planificación y ejecución de las administraciones locales.

A pesar de los importantes esfuerzos realizados en los diferentes órdenes de gobierno, y de otras instituciones especializadas en el desarrollo y capacitación municipal en México, así como el conocimiento probado de experiencias internacionales en la materia, los retos son mayores y persiste la necesidad de perfeccionar las estrategias desde la responsabilidad administrativa de la Estado mexicano.

“Puede afirmarse con énfasis, que la oferta de capacitación municipal ha sido constante y variada, pero también desarticulada y reiterativa en algunos casos, al no existir un basamento genérico sistemático y con  el conocimiento  interinstitucional que permita planificar un proceso de formación incremental, según las características necesidades propias del grado de desarrollo de distintos municipios.”

Se necesita fortalecer una visión sistemática, coordinada de la capacitación y al tamaño de las necesidades de cada Municipio, además que institucionalmente se reoriente hacía una formación y desarrollo integral, con amplia cobertura a todos y cada uno de los municipios que se encuentran en las entidades federativas de la República Mexicana, considerando las experiencias exitosas internacionales y la convergencia de todos los involucrados.

La formación municipal debe ser una ventana abierta y permanente en los lugares de origen del Municipio; planeada con los actores fundamentales, con presupuesto suficiente, técnicamente viable que aspire al perfeccionamiento de la función pública y la certificación de servicios en un esquema amplio de eficiencia y eficacia de acuerdo a la naturaleza, composición y diversidad propia del Municipio en México, con un visión hacia el desarrollo integral que proponga cambios estructurales hacia un municipalismo del siglo XXI.

En concordancia con lo anterior; así como con los diversos esfuerzos realizados por las instituciones en materia de formación y capacitación  municipal, y con la firme convicción de mejorar los servicios municipales, a través de la formación para el desarrollo integral, se propone la creación del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista de acuerdo a los siguientes lineamientos en los que se establece el proceso de creación, la figura jurídica, la finalidad, sus funciones y estructura.

I. Proceso de creación.-El Instituto se pretende crear con fundamento en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con base en los siguientes procesos:

• Legislativo, a través de la presentación en la H. Cámara e Diputados de ésta Iniciativa con Proyecto de Decreto, de su seguimiento y consulta conducente en el proceso de dictamen en la comisiones que mandate la Mesa Directiva.

• Político, a través del cabildeo en el Senado de la República para su aprobación, en su carácter de Cámara revisora; con instancias del Gobierno Federal para establecer su viabilidad financiera, administrativa y competencial en armonía con la organismos existentes del Poder Ejecutivo; y, con la participación y consulta de instituciones especializadas, tanto de la comunidad científica nacional como local y organismos de la sociedad mexicana e internacional.

II. Figura jurídica.El Instituto de mérito se fundará de cómo un organismo público descentralizado de la administración pública federal, no sectorizada, con personalidad jurídica y patrimonios propios, así como autonomía técnica y de gestión, no vinculante con pleno respeto a la división de poderes y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la convicción, en todo momento, de fortalecer a la autonomía, el liderazgo administrativo y con una visión hacia el desarrollo integral del Municipio.

III. Finalidad.El Instituto propuesto tendrá como objetivos fundamentales, principalmente, los siguientes:

• Ser un organismo inédito en México de formación instrucción, capacitación y apoyo de autoridades municipales para el desarrollo integral del Municipio, no vinculante con incentivos a la participación, que promueva la mejora y profesionalización administrativa; que genere desarrollo estratégico regional en los ámbitos económico, social, político y cultural de los municipios.

• Un instituto, estará basado en los principios de cooperación, coordinación complementariedad y subsidiaridad.

IV. Funciones.Para no propiciar duplicidad de funciones o choque de administraciones, se establecerán las competencias de manera sistemática y en concordancia con la Administración Pública Federal, a fin de desempeñar, principalmente lo siguiente:

• Promover el desarrollo integral del municipio en los ámbitos, social, cultural, político y económico.

• Acercar sus programas para colaborar en la formación integral.

• Formar a los integrantes de los cabildos desde el momento de ser electos.

• Dar seguimiento y asesoría de los proyectos de desarrollo integral y regional.

• Instruir a los funcionarios municipales para la preparación de políticas públicas;

• Orientar sobre estudios de eficiencia, responsabilidad política y administrativa;

• Enseñar planeación enfocada a lograr una programación de largo plazo;

• Aleccionar sobre la programación, ejecución del presupuesto de egresos e ingresos;

• Instruir sobre la toma de decisiones, gobierno trasparente y solución de conflictos, y;

• Asesorar sobre aplicación de la Ley de Contabilidad Gubernamental; entre otras.

V. Estructura.Se analizará su viabilidad financiera y de recursos humanos con un enfoque de austeridad que garantice su efectivo funcionamiento. El Instituto tendrá su cede en el Distrito Federal y contará con lo siguiente:

• Una estructura territorial en las 31 entidades federativas de la República mexicana y el Distrito Federal;

• Un consejo consultivo social y un consejo consultivo municipal, integrado por autoridades; especialistas; miembros de la comunidad académica, ciudadanos y organizaciones, tanto en la administración de la coordinación central, como en cada una de las entidades federativas del país, y;

• Directores generales, directores de área, subdirectores, jefes de departamento y personal administrativo con una política de ajuste administrativo en dependencias de la Administración Pública Federal, en la materia.

El objetivo, es formar cuadros con liderazgo administrativo con visión de largo plazo, con un enfoque multidisciplinario que trascienda el conocimiento en la actividad variada y organizada desde las administración pública, que promueva el desarrollo integral del Municipio, en donde se conjugue la experiencia, con los nuevos conocimientos que proporcionan las estrategias de desarrollo de la burocracias, desde en los distintos ordenes y ámbito ejecutores y deliberativos del Ayuntamiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pretende crear una institución que promueva los cambios venideros en el ámbito municipal, que suscite el desarrollo integral del Municipio en lo social, político, económico y cultural, que fortalezca la autonomía del Ayuntamiento y el federalismo en beneficio del pueblo México, de conformidad con el siguiente proyecto de

Decreto por el que se crea la Ley del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista

Artículo Único. Se crea la Ley del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista para quedar como sigue:

Ley del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley tiene el objeto de establecer las competencias, la estructura orgánica del Instituto en materia de formación de autoridades municipales para el desarrollo integral del Ayuntamiento y del cumplimiento del ejercicio de las funciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones de las entidades federativas, las leyes orgánicas municipales de cada entidad federativa y las respectivas disposiciones autárquicas que ellos mismos emitan.

Artículo 2. Toda la instrucción organizada, emitida, diseñada o evaluada por el Instituto tendrá el carácter de optativo para los municipios del país, por lo cual no podrá obligársele a ningún de éstos a realizar algún proceso, reconociéndose en todo momento el adjetivo de Libre al Municipio.

Artículo 3. El Instituto cumplirá sus competencias previa celebración de convenios de colaboración con los municipios del país interesados en algún proceso de instrucción, se podrá considerar la participación de las entidades federativas, instituciones académicas y organismos locales, nacionales e internacionales en la materia.

Artículo 4. Para los efectos de ésta Ley se entenderá por:

• Instituto: Instituto de Formación para el Desarrollo Integral del Municipalista

• Administración Pública Federal: órganos y entidades reconocidos con tal carácter en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

• Administración Pública Municipal: todos los órganos y entidades dependientes del municipio por funciones, determinaciones de ley o reglamento y asignaciones presupuestarias.

• Autonomía Técnica y de Gestión: la calidad del Instituto de ser la máxima autoridad para la instrucción municipal y por ello, no existirá autoridad superior jerárquicamente establecida en la materia.

• Ayuntamiento: órgano colegiado electo popularmente que tiene a su cargo el gobierno del municipio.

• Municipio Libre: aquella conjunción formada, por un lado, por el ejercicio pleno y directo de las autoridades municipales para llevar a cabo todas sus competencias descritas en la Constitución y, por el otro, el reconocimiento de la inexistencia de autoridades intermedias entre los municipios del país con respecto a las entidades federativas y la propia Federación.

• Junta de Gobierno: el órgano supremo de dirección del Instituto cuya labor no será administrativa ni ejecutiva solamente deliberativa para aprobar o no la conducción del Instituto que llevará a cabo el órgano de dirección.

• Consejo Consultivo Municipal: el órgano nacional de apoyo del Instituto cuya actividad será exclusivamente de consulta sobre necesidades y demandas del Municipio sobre formación para el desarrollo integral municipalista.

• Consejo Consultivo Social: el órgano honorífico de apoyo del Instituto cuya labor no será administrativa, ni ejecutiva, exclusivamente de consulta.

• Convenio de Colaboración: el Acto Administrativo celebrado por el Instituto y el Ayuntamiento con miras a establecer y regular procesos de formación para el desarrollo integral municipalista en las materias determinadas en el texto del propio Convenio.

• Disposiciones Autárquicas: toda expresión municipal con carácter reglamentario, bando de policía o de buen gobierno.

• Especialidad de la Colaboración: la certificación de que quien impartirá el objeto del convenio de colaboración serán especialistas y autoridad en el ramo correspondiente.

• Formación: todo proceso de profesionalización, instrucción, capacitación, asesoría y opinión direccionado a los servidores públicos integrantes del Ayuntamiento y trabajadores del Municipio con miras a que éstos puedan realizar de modo eficiente y eficaz la prestación de servicios de asistencia técnica, de consultorías, de capacitación, certificación, labores de profesionalización, especialización, ejecución y planeación de presupuesto, e implementación de políticas públicas.

• Desarrollo Integral Municipalista: La obligación de establecer en los objetivos de todo proceso de instrucción una formación curricular multidisciplinaria para la comprensión de los temas y los ámbitos social, cultural, económico y político.

• Leyes Federales: toda disposición general, abstracta e impersonal generada por el Congreso de la Unión en términos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Leyes Locales: toda disposición general, abstracta e impersonal generada por el Congreso Legislativo local de cada entidad federativa.

• Objeto del convenio de colaboración: el contenido de la instrucción especializada que el Instituto proporcionará al ayuntamiento, o a los trabajadores, o colaboradores del municipio.

• Organismo descentralizado: aquel reconocido con tal carácter en la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

• Órgano de Dirección: órgano Ejecutivo del Instituto cuyas labores principales será proveer la mejor instrucción a los municipios que así la soliciten y conducir administrativamente al Instituto.

• Política Pública: toda labor o actividad desarrollada por el municipio para satisfacer las necesidades de su ámbito de competencia.

• Principio de Máxima Eficiencia: la garantía de que toda instrucción proveída por el Instituto asegurará la mejor calidad en cuanto a sus contenidos, resultados de aplicación respecto a los servidores públicos y el mejor costo tanto para el propio Instituto como para la administración municipal.

• Promoción de la Formación: todo ofrecimiento de instrucción que lleve a cabo el Instituto, de modo particular, atendiendo a las realidades de cada municipio del país y la rendición de los resultados de la misma.

Artículo 5. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por el Apartado “A” del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo IIDel Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista

Artículo 6. El Instituto tendrá el carácter en el orden jurídico mexicano de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión, no sectorizado, responsable de formar a las autoridades municipales de modo integral en el marco de sus competencias.

Artículo 7. El Instituto tendrá como objetivo prioritario: diseñar, orientar, capacitar, profesionalizar, estructurar, planear y evaluar todo tipo de formación dirigida a las autoridades municipales en los ámbito de competencia establecidas en ésta Ley y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 8.Conforme a los principios de cooperación, coordinación, complementariedad y subsidiaridad, que rigen el sistema federal mexicano y el respeto pleno a la autonomía municipal, el Instituto realizará las acciones tendientes a lograr:

I. La formación integral, coordinada y sistemática entre los diferentes órdenes de gobierno en lo social, económico, cultural y político de acuerdo a las necesidades de cada Municipio para el desarrollo integral municipalista;

II. La formación y desarrollo de la administración pública municipal para el cumplimiento eficaz y eficiente de la actividad gubernamental.

III. La adecuación de los instrumentos de formación en concordancia con estándares internacionales.

Artículo 9. Las oficinas centrales del Instituto tendrán su domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Capítulo IIIDe las funciones del Instituto

Artículo 10. El Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista tendrá las siguientes atribuciones:

I. Realizar  actividades de formación integral y transversal para las autoridades municipales con la finalidad de promover el desarrollo, económico, político, social, cultural, en cada una de los de la entidades federativas de la República Mexicana;

II. Estimular al Municipio en su calidad de esfera autónoma de gobierno, por medio del fortalecimiento de su capacidad para formular políticas, prestar servicios y fomentar el desarrollo local integradamente;

III. Capacitar a los integrantes de los cabildos desde el momento de ser electos y de manera permanente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;

IV. Instruir a los funcionarios municipales, en materia de sus facultades, así como en la elaboración de políticas públicas, acciones de cooperación, planeación estratégica, asistencia técnica, programas operativos anuales, reglas de operaciones de programas, control de gestión, derechos humanos, medio ambiente, gobierno trasparente, rendición de cuentas, endeudamiento, servicios públicos y solución de conflictos;

V. Promover  la profesionalización y certificación de servidores públicos municipales;

VI. Impulsar programas destinados a dotar a los empleados públicos municipales de los conocimientos y habilidades necesarias para una gestión de calidad de los servicios públicos locales en los diferentes ámbitos de desarrollo del Municipio;

VII. Contribuir a la asesoría de los proyectos de desarrollo integral, local, regional, federal y de largo plazo;

VIII. Coordinar los esfuerzos de formación para el desarrollo municipal con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y estatal;

IX. Cooperar con instituciones locales, nacionales e internacionales en el fortalecimiento de actividades de formación para el desarrollo integral municipal;

X. Asesorar y gestionar la cooperación y aportes provenientes de organismos y programas de origen local, nacional, regional e internacional;

XI. Proponer a los ayuntamientos y entidades federativas, acciones que permitan la formación integral de las autoridades municipales para su desarrollo integral;

XII. Establecer con los gobiernos de los ayuntamientos y estados de la federación políticas de capacitación, profesionalización, calidad administrativa, certificación, seguimiento, evaluación  para el desarrollo integral municipalista;

XIII. Promover la participación de las asociaciones de municipios, las organizaciones sociales y privadas en la elaboración y promoción de programas de formación, capacitación, instrucción y educación para autoridades municipales;

XIV. Estudiar y diseñar mecanismos de participación ciudadana en el conjunto de políticas sujetas a los procesos capacitación y formación integral municipalista;

XV. Orientar sobre estudios de eficiencia, responsabilidad política y administrativa en los ámbito regional y municipal;

XVI. Incentivar la participación de la comunidad científica local, nacional e internacional en el diseño y planeación de políticas dirigidas a la formación integral Municipalista;

XVII. Impulsar tareas de investigación y publicaciones sobre la capacitación de las  administraciones públicas.

XVIII. Integrar un Sistema Nacional de Información sobre el nivel de instrucción de autoridades locales y municipales en el encargo de puestos de dirección;

XIX. Realizar acciones conjuntas entre las autoridades federales, entidades federativas y municipales, el desarrollo y la colaboración en materia de capacitación municipal;

XX. Coadyuvar principalmente con las dependencias de la Administración Pública Federal en el diseño de mecanismos de formación a los gobiernos locales;

XXI. Acercar programas de capacitación en los ámbitos administrativos y  requeridos por los ayuntamientos;

XXII. Ubicar sobre la programación, ejecución del presupuesto de egresos e ingresos en el ámbito municipal;

XXIII. Proponer modificaciones jurídicas que coadyuven a la formación para el desarrollo integral Municipalista;

XXIV. Promover y difundir los proyectos en materia de capacitación municipal  y de gobiernos locales;

XXV. Proveer y dar seguimiento a la asesoría de proyectos y planes de desarrollo regional y nacional;

XXVI. Administrar un centro de estudios y biblioteca en materia de formación municipal;

XXVII. Organizar y participar en reuniones nacionales e internacionales sobre formación y capacitación para analizar problemas, temas comunes y experiencias exitosas

XXVIII. Dar seguimiento a los convenios que se hayan celebrado en la materia;

XXIX. Las demás que resulten de esta Ley y de otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 11.Previo a la observancia de las formalidades legales y administrativas correspondientes, el Instituto deberá brindar el apoyo que le soliciten las autoridades municipales en materia de formación integral municipalista.

Artículo 12.Para el desarrollo de la formación integral de las autoridades municipales colaborarán con el Instituto:

I. Poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación y de las entidades federativas;

II. Organismos constitucionales autónomos;

III. Autoridades municipales;

IV. Universidades públicas e instituciones académicas,

V. Instituciones, agrupaciones u organizaciones sociales y privadas, y

VI. Particulares.

Artículo 13.El Instituto promoverá la adopción de métodos y técnicas para la formación integral en coordinación con las autoridades de la administración pública federal, estatal y municipal, a las que competa capacitar, instruir y orientar sobre acciones de gobierno.

Capítulo IVDe la estructura orgánica

Artículo 14.Para su administración, el Instituto contará con los siguientes órganos de ejecución, deliberación y consulta.

I. Junta de Gobierno;

II. Dirección General;

III. Consejo Consultivo Municipal;

IV. Consejo Consultivo Social;

V. Delegaciones; y

VI. Secretaría Ejecutiva.

La Dirección General, la Secretaría Ejecutiva y las Delegaciones contarán con las estructuras administrativas que establezca su Reglamento.

Sección IDe la Junta de Gobierno

Artículo 15.La Junta de Gobierno es el órgano superior de decisión del Instituto y estará integrada por diez presidentes municipales; un legislador, representante de la Cámara de Diputados, y un legislador, representante del la Cámara de Senadores; así como los titulares de las diez secretarías de la Administración Pública Federal, siguientes:

I. Gobernación;

II. Hacienda y Crédito Público;

III. Desarrollo Social;

IV. Desarrollo Económico;

V. Función Pública;

VI. Reforma Agraria;

VII. Medio Ambiente y Recurso Naturales;

VIII. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública;

IX. Instituto Nacional de la Mujer;

X. Instituto Nacional Indigenista;

De entre los miembros de la Junta de Gobierno, el Director General del Instituto será el Presidente, el Secretario Ejecutivo del Instituto será el Secretario Técnico del citado órgano colegiado. El resto de los miembros de la Junta de Gobierno actuarán como integrantes de la misma.

Los presidentes municipales contarán con un suplente cada uno de ellos, al igual que los legisladores de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que tendrán derecho a voz y voto en el órgano colegiado exclusivamente en ausencia los integrantes propietarios.

Los diez integrantes presidentes municipales del órgano colegiado, serán sometidos a un sistema de rotación, su encargo durará por un año y al término de éste, sus suplentes pasarán a ser propietarios, a la vez que los diez nuevos suplentes serán los integrantes del Consejo Consultivo Municipal que no hayan adquirido la calidad de suplente o propietario ante la Junta de Gobierno; ningún Presidente Municipal estará por más de una ocasión como propietario o suplente en dicho órgano de gobierno.

Artículo 16.La Junta de Gobierno, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, podrá invitar a los representantes de otras dependencias, organismos autónomos constitucionales, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y jefes delegacionales e instituciones públicas federales, estatales o municipales, así como a organizaciones privadas y sociales, locales, nacionales, regionales e internacionales. Dichos invitados tendrán, exclusivamente derecho a voz.

Artículo 17.El Presidente del órgano colegiado y todos sus integrantes tendrán derecho a voz y voto, salvo los legisladores quien, exclusivamente tendrán derecho a voz. El Secretario Técnico tendrá solamente derecho a voz a consideración del Presidente de la Junta de Gobierno.

Artículo 18.Como órgano superior y para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, la Junta de Gobierno tendrá sus actividades exclusivamente deliberativas para aprobar la conducción del Instituto de acuerdo a lo siguiente:

I. Aprobar el Programa Anual de acuerdo a los objetivos del Instituto;

II. Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos e Ingresos del Instituto y enviarlo a la Secretaría de Estado correspondiente;

III. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto;

IV. Aprobar el manual de procedimientos

V. Establecer las estrategias de formación para el desarrollo integral municipalista de autoridades municipales;

VI. Determinar las rutas para la armonización de políticas públicas de acuerdo los estándares internacionales en la materia;

VII. Cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia, de transparencia, derecho a la información, redención de cuentas y derechos humanos;

VIII. Establecer los mecanismos de coordinación entre las entidades de la administración pública federal, municipal y estatal;

IX. Impulsar los procesos de certificación de la gestión pública del Instituto;

X. Aprobar las políticas para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XI. Vigilar el patrimonio el Instituto;

XII. Considerar e invitar, a través de su presidente, a otros funcionarios públicos para cumplir con los objetivos de instituto.

XIII. Resolver sobre otros asuntos relacionados con la aplicación de esta Ley, que cualquiera de sus miembros sometan a su consideración, y

XIV. Las demás que resulten de esta Ley y de otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 19.La Junta de Gobierno funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes. Las sesiones ordinarias se realizarán cuando menos una vez al año, previa convocatoria del Presidente de la Junta de Gobierno y de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente de la Junta cuando haya asuntos de importancia del Instituto que lo ameriten

Sección IIDe la Dirección General

Artículo 20. El Director General del Instituto, deberá reunir para su elección los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad al día de su elección;

III. Tener estudios preferentemente de posgrado y concordantes al objeto del Instituto;

IV. Contar con experiencia en la gestión, desarrollo y/o municipalismo, o actividades afines.;

V. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación; y,

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delitos intencionales, inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado.

Artículo 21. El Director General del Instituto será designado por el Presidente de la República con la ratificación de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, o en su caso por la Comisión Permanente del Congreso. Será rechazado exclusivamente si no cumpliera con lo establecido en el artículo anterior de la presente Ley.

En el supuesto de que el Director General sea removido del cargo por los motivos señalados en segundo párrafo del artículo 23 de la presente Ley, el procedimiento de su elección será en los mimos términos del párrafo anterior y con fundamento en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 22.Corresponden al Director General del Instituto las atribuciones siguientes:

I. Fungir como Presidente de la Junta de Gobierno;

II. Tener a su cargo la administración del Instituto,

III. Representar legalmente al Instituto;

IV. Someter a la consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno los asuntos a resolver por dicho órgano colegiado;

V. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno;

VI. Ejercer sus funciones, sin perjuicio de las atribuciones que la Ley confiere a la Junta de Gobierno;

VII. Cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia, de transparencia, derecho a la información, redención de cuentas y derechos humanos;

VIII. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos

XIX. Realizar anualmente el proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del Instituto, para someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno;

X. Realizar el programa operativo anual del Instituto, para someterlo a la Junta de Gobierno;

XI. Presentar el informe anual de actividades del Instituto, ante el Consejo Consultivo Municipal y el Consejo Consultivo Social para su conocimiento, y ante la Junta de Gobierno para su aprobación;

XII. Consultar al Consejo Consultivo Municipal y al Consejo Consultivo Social, sobre las políticas públicas en la materia del Instituto;

XIII. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias al Consejo Consultivo Municipal Consejo y al Consultivo Social, al menos dos veces al año;

XIV. Ejercer el presupuesto del Instituto en cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

XV. Establecer y aplicar las políticas administrativas, de recursos humanos, financieros y materiales del Instituto, y

XVI. Las demás que resulten de esta Ley y de otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 23.El Director General del Instituto durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola vez.

Será removido de sus funciones y, en su caso, sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este supuesto, el Director será sustituido interinamente por el Secretario Ejecutivo, el cual no durará más de treinta días hábiles.

Sección IIIDel Consejo Consultivo Municipal

Artículo 24.ElConsejo Consultivo Municipal, es el órgano nacional de apoyo del Instituto cuya actividad será exclusivamente de consulta sobre necesidades y demandas del Municipio en materia de formación para el desarrollo integral municipalista.

En el caso de que algún Presidente Municipal decida no participar en el Consejo, será el Consultivo Municipal de la Delegación correspondiente, quien propondrá a un Presidente Municipal de los ayuntamientos que componen a la entidad federativa.

Artículo 25.El Consejo Consultivo Municipal, será integrado exclusivamente por los presidentes municipales de las treinta y una ciudades capitales de las entidades federativas de la República Mexicana que lo manifiesten por propia voluntad.

Artículo 26.El Presidente del Consejo Consultivo Municipal, será el Director General del Instituto, el Secretario Ejecutivo del Instituto será el Secretario Técnico del citado órgano consultivo. El resto de los miembros del Consejo actuarán como integrantes del mismo.

Artículo 27.El Presidente del órgano consultivo y todos sus integrantes tendrán derecho a voz y voto. El secretario Técnico tendrá solamente derecho a voz a consideración del Presidente de la Junta de Gobierno.

Artículo 28. Corresponde al Consejo Municipal las atribuciones siguientes:

Opinar sobre la políticas implementadas por el Instituto en materia de formación integral para el desarrollo municipalista;

Proponer al Instituto, políticas, programas y proyectos de formación para el desarrollo;

I. Presentar estrategias de coordinación, diseño institucional, seguimientos y evaluación para el desempeño del Instituto;

II. Formular lineamientos generales de actuación del Instituto;

III. Observar el proyecto de informe anual que el Director General del Instituto presente a la Junta de Gobierno;

IV. Elegir de entre sus integrantes, a diez miembros de la Junta de Gobierno de acuerdo a lo dispuesto en ésta Ley y en las disposiciones legales aplicables;

V. Solicitar al presidente del Consejo Consultivo Municipal información sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto el Instituto;

VI. Conocer el informe del Presidente del Consejo Consultivo Municipal, respecto al ejercicio presupuestal del Instituto;

VII. Presentar al Instituto el Plan de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista de los ayuntamientos de la entidad federativa que representan;

VIII. Dar seguimiento al programa anual y al ejercicio presupuestal del Instituto;

IX. Cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia, de transparencia, derecho a la información, redención de cuentas y derechos humanos;  y,

X. Las demás impuestas por esta Ley y de otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 29.El Consejo Consultivo Municipal funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes. Las sesiones ordinarias se realizarán cuando menos dos veces al año, previa convocatoria del Presidente del Consejo Consultivo Municipal y de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente del Consejo Consultivo Municipal del Instituto o mediante solicitud, que a éste formulen por lo menos 16 miembros del Consejo Consultivo Municipal, cuando se estime que haya razones de importancia para ello.

Sección IVDel Consejo Consultivo Social

Artículo 30.ElConsejo Consultivo Social, es el órgano honorífico de apoyo del Instituto cuya labor será exclusivamente de consulta sobre las necesidades y demandas del Municipio en materia de formación para el desarrollo integral municipalista.

Artículo 31.El Consejo Consultivo Social, será integrado por diez organismos sociales de carácter nacional y plural reconocidos por su trayectoria en la formación, profesionalización, desarrollo y fortalecimiento del municipal; seis académicos de diversas profesiones especializados en la materia con reconocimiento nacional o internacional, y dos integrantes de organismos internacionales expertos en la materia.

Los gobernadores de las entidades federativas y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal serán invitados permanentes del Consejo Consultivo Social del Instituto.

Artículo 32.El presidente del Consejo Consultivo Social, será el Director General del Instituto, el Secretario Ejecutivo del Instituto será el Secretario Técnico del citado órgano consultivo. El resto de los miembros del Consejo actuarán como integrantes del mismo.

Artículo 33.El presidente del órgano consultivo y todos sus integrantes tendrán derecho a voz y voto. El secretario Técnico tendrá solamente derecho a voz a consideración del Presidente de la Junta de Gobierno.

Artículo 34. La elección del Consejo Consultivo Social, será a través de Convocatoria Pública que realizará el Instituto.

El Director General del Instituto decidirá la integración del Consejo Consultivo Social de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 35. Los integrantes del Consejo Consultivo Social durarán en su actividad consultiva cuatro años con la posibilidad de ser reelectos una sola vez, a consideración del Director General en turno, por un periodo más, de  acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 36. Corresponde al Consejo Social las atribuciones siguientes:

I. Presentar a la consideración del Instituto un Plan de Estratégico de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista;

II. Opinar sobre las acciones del Instituto en materia de formación integral para el desarrollo municipalista;

III. Proponer al Instituto, políticas, programas y proyectos de formación para el desarrollo;

IV. Presentar estrategias de coordinación, diseño institucional, seguimientos y evaluación;

V. Establecer indicadores para el desempeño del Instituto;

VI. Observar el proyecto de informe anual que el Director General del Instituto presente a la Junta de Gobierno;

VII. Solicitar al presidente del Consejo Consultivo Social información sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto el Instituto;

VIII. Conocer el informe Consejo Consultivo Social, respecto al ejercicio presupuestal del Instituto;

IX. Dar seguimiento al programa anual y al ejercicio presupuestal del Instituto

X. Cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia, de transparencia, derecho a la información, redención de cuentas y derechos humanos;  y,

XI. Las demás que resulten de esta Ley y de otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 37.El Consejo Consultivo Social funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes. Las sesiones ordinarias se realizarán cuando menos dos veces al año, previa convocatoria del Presidente del Consejo y de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente Junta de Gobierno del Instituto o mediante solicitud, que a éste formulen por lo menos diez integrantes del Consejo Consultivo Social, cuando se estime que haya razones de importancia para ello.

Sección VDe las Delegaciones y Subdelegaciones

Artículo 38.Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto contará con Delegaciones y Subdelegaciones Federales en cada una de las entidades federativas de la República Mexicana.

Artículo 39.Las Delegaciones y Subdelegaciones del Instituto tendrán como objeto, auxiliar y otorgar los servicios de formación integral para el desarrollo municipalista en el ámbito territorial de su competencia.

Artículo 40.La ubicación de las subdelegaciones del Instituto podrá ser itinerante y variará de acuerdo a las necesidades de cada entidad federativa.

Artículo 41.Las atribuciones y estructura de cada una de las delegaciones y subdelegaciones se establecerán en el Reglamento del Instituto previo acuerdo de la Junta de Gobierno con base en lo siguiente :

I. Cumplir con el objeto, funciones y atribuciones del Instituto en la formación para el Desarrollo Integral Municipalista;

II. Otorgar los servicios del Instituto en cada una de las entidades federativas de acuerdo a su adscripción territorial;

III. Establecer convenios de colaboración con las entidades federativas de su competencia de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;

IV. Establecer convenios de colaboración con los municipios de las entidades federativas en que desarrollen sus funciones;

V. Establecer relaciones con instituciones públicas y privadas, municipales, estatales y para el desarrollo y cumplimientos de las actividades del Instituto;

VI. Contar con un Consejo Consultivo Municipal y un Consejo Consultivo Social; y,

VII. Poseer una estructura administrativas suficiente para el desempeño de sus funciones de acuerdo a los recursos financieros disponibles;

Artículo 42.El perfil y los requisitos que deberán tener de los delegados, subdelegados y estructura administrativa de éstos, se establecerán en el Reglamento del Instituto.

Sección VIDe la Secretaría Ejecutiva

Artículo 43. El Secretario Ejecutivo, deberá reunir para su elección los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con título de nivel licenciatura debidamente acreditado por las universidades y demás instituciones de educación superior mexicanas o extranjeras;

III. Contar con experiencia técnica, diseño institucional, planeación estratégica de dirección en la administración pública, y preferentemente, actividades afines al objeto del Instituto;

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación; y,

V. Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delitos intencionales, inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado.

Artículo 44. El Secretario Ejecutivo del Instituto será designado o removido por el Director General del Instituto, en calidad de Presidente de la Junta de Gobierno, con la aprobación de la mayoría de miembros de éste órgano colegiado de acuerdo a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento del Instituto.

Artículo 45.Corresponden al Secretario Ejecutivo del Instituto las atribuciones siguientes:

I. Suplir al Director General durante treinta días en caso de que éste sea removido por lo establecido en el artículo...de la presente Ley y por el Reglamento del Instituto;

II. Representar al Director General del Instituto en caso de ausencias por motivos que lo ameriten de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;

III. Tener a su cargo la elaboración de los informes del presidente de la Junta de Gobierno del Instituto;

IV. Apoyar en la elaboración de proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Instituto;

V. Planear y dar seguimiento a los programas del Instituto en materia de formación para el desarrollo integral municipalista;

VI. Dar seguimiento al los acuerdos de la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo Municipal y el Consejo Consultivo Social.

VII. Promover y vigorizar las relaciones del Instituto con organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, en materia de formación para el desarrollo integral municipal;

VIII. Auxiliar al Director General en la administración, organización y operación del Instituto, en los términos que establezca el Reglamento, y

IX. Las demás que resulten de esta Ley y de otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 46.El Secretario Ejecutivo durará en su encargo el mismo tiempo que el Director General y podrá ser reelecto por una sola vez.

Capítulo VDe la colaboración entre gobierno federal, estatal y municipal

Artículo 47.El desempeño de las funciones del Instituto estarán basadas en el respeto pleno a las a la esfera competencial que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 48. El Instituto cumplirá sus competencias previa celebración de convenios de colaboración con los municipios del país interesados en algún proceso de instrucción, se podrá considerar la participación de las entidades federativas, instituciones académicas y organismos locales, nacionales e internacionales en la materia.

Artículo 49.Las actividades del Instituto se realizarán con fundamento en los actos administrativos celebrado por el Instituto, el Ayuntamiento y en su caso con el gobierno del Estado con el objeto de establecer y regular procesos de formación para el desarrollo integral municipalista en las materias determinadas en el texto del propio Convenio.

Capítulo VIDel Patrimonio y del Presupuesto

Artículo 50. El patrimonio del Instituto se conformará de acuerdo a lo siguiente:

I. Al cobro de los servicios de instrucción que realicen cuando éstos no tengan el carácter de gratuitos;

II. A las aportaciones voluntarias que realicen las personas físicas y morales, siempre y cuando se determine que éstas son lícitas o se corrobore su origen;

III. A las partidas que se le asigne en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal correspondiente;

IV. Las donaciones que reciba para el cumplimiento de su objeto; y

V. De los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el desarrollo de su objeto.

El Instituto no podrá tener más bienes inmuebles que los estrictamente necesarios para cumplir con su objeto

Artículo 51. El instituto elaborará su propuesta de presupuesto anual y será aprobado por la Junta de Gobierno como anteproyecto de presupuesto anual, el cuál será remitido a la Secretaría de Estado correspondiente.

Transitorios

Primero. El presente decreto de ley entrará en vigor al iniciar el ejercicio fiscal 2014.

Segundo. El Congreso de la Unión; así como las legislaturas de las entidades federativas deberán propiciar, para antes de la entrada en vigor de la presente, un orden jurídico coherente y sistemático.

Tercero.La Cámara de Diputados establecerá, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, una partida al Instituto.

Cuarto. Deberá emitirse el reglamento del instituto en un plazo no mayor a tres meses después de la entrada en vigor de la presente ley.

Quinto. Se abrogarán las disposiciones legales aplicables que contravengan a la presente ley.

Sexto. El director general del instituto será designado al día siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.

Séptimo. Una vez que el director general rinda protesta de su cargo, el Consejo Consultivo Municipal se reunirá en un lapso no mayor de 15 días naturales, para elegir a los diez miembros que integrarán la junta de gobierno.

Octavo. La primera sesión de la junta de gobierno será a los 5 días hábiles siguientes de ser electos los 10 presidentes municipales como integrantes del órgano colegiado.

Noveno. El órgano en contra de la corrupción integrará la junta de gobierno tan pronto inicié su funciones sustituyendo a la actual Secretaría de la Función Pública en términos del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de enero de 2013.

Notas:

1. Cfr. Cienfuegos Salgado, David y Jiménez Dorantes, Manuel, “Aspectos básicos del régimen constitucional del Municipio”, en Cienfuegos Salgado, David (Coordinador) Régimen Jurídico Municipal en Iberoamérica, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2008, p. 432 y 433.

2. Cfr.  O. Rabasa Emilio y Caballero Gloria, Mexicano esta es tu Constitución, México, Miguel Ángel Porrúa, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVI Legislatura, décima edición. 1995, p. 318.

3. Cienfuegos Salgado, David y Jiménez Dorantes, Manuel, “Aspectos básicos del régimen constitucional del Municipio”... Op. Cit., p. 433.

4. Cfr. Álvarez Montero, José Lorenzo, “La justicia municipal en el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Valle” en Valencia Carmona, Salvador, El Municipio en México y en el mundo, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2005, p. 3.

5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, México, [en línea], dirección URL, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm [consulta: 14 de febrero de 2013].

6. Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano,México, Editorial Porrúa, vigésima segunda edición, 1987, p. 147.

7. Cfr. Anexo I, Análisis del Riesgo de la Deuda Pública de la Entidades Federativas y Municipios, México, Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados, 2011, p. 5 y 48-50

8. Ibídem, p. 5

9. González Pedrero, Enrique,  Riqueza de la Pobreza,México, Cal y Arena, 1990. p. 124

10. Diccionario de Política y Administración Pública. Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública, A. C. 1978.

11. Cfr. Martínez Cabañas, Gustavo, “Capacitación Municipal, México, documento en PDF,  [en línea], dirección URL http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1268/6.pdf [consulta: 12 de febrero de 2013], p. 41.

12. Ibídem, p. 43.

13. Ver Pontifes Martínez, Arturo, “Elementos de un sistema de profesionalización municipal”, México, Revista de Administración Pública, no. 119, mayo-agosto de 2009. Instituto Nacional de Administración Pública A. C, e Instituto Internacional del Ciencias Administrativas, p. 144. Ver   Martínez Cabañas, Gustavo, “Capacitación Municipal”, México, documento en PDF, [en línea], dirección URL: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1268/6.pdf [consulta: 11 de febrero de 2013], p. 45.

14. Ver, Instituto Nacional de Administración Pública, España, [en línea], dirección URL; http://www.inap.es/inap [consulta: 10 febrero de 2013].

15. Ver, Instituto Brasileño de Administración Municipal, Brasil, [en línea], dirección URL http://www.ibam.org.br/info/internacional/5 [consulta: 10 febrero de 2013].

16. Ver Pontifes Martínez, Arturo, “Elementos de un sistema de profesionalización municipal”... Op. Cit..

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.— Diputados: Ernesto Núñez Aguilar, Eligio Cuitláhuac González Farias, Salvador Ortiz García, Gabriela Medrano Galindo, David Pérez Tejada Padilla (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, a nombre de la diputada Cristina Olvera y de otros diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Estimadas diputadas y diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enarbola el derecho que asiste a todo habitante de nuestro país para gozar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, disposiciones que obligan al Estado a garantizarlo.

Uno de los elementos que propician la diversidad de ecosistemas dentro de los 1,964 millones de kilómetros cuadrados con que cuenta nuestro país, es la ausencia o abundancia de agua, la cual a lo largo del tiempo ha perfilado las diversas regiones naturales en que se divide México, permitiendo los asentamientos humanos.

Es así, que se crea un organismo específico en materia de preservación del vital líquido, a saber la Comisión Nacional de Agua, que para los diagnósticos se sirve de la información que provee el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional de Ecología, entre muchos otros.

Ante la dificultad de atender cada uno de los aspectos de preservación del medio ambiente nacional, se ha dado paso a organismos específicos para que el diagnóstico, investigación, seguimiento y solución de problemas en aspectos medioambientales, entre los que se encuentra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Aunque la responsabilidad de establecer la preservación, control y vigilancia de los recursos hídricos del país recae orgánicamente en la Comisión Nacional del Agua y funge como el órgano administrativo sancionador, existe la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la cual tiene a su cargo —entre muchos otros— la encomienda de realizar funciones de verificación del cumplimiento de las normas.

Como parte de los procesos humanos, en México se producen 242 mil litros de aguas residuales por segundo, de los cuales solo 35 de cada 100 litros de estas aguas mantienen un proceso de tratamiento y los 65 restantes se vierten directamente a los cuerpos de aguas en ríos, lagos y mares, constituyendo un riesgo latente para la salud de la población, cifra a la que se deben sumar los provenientes de la industria, que desaloja 133 mil litros por segundo, de los cuales solo 15 de cada 100 son tratados.

Las aguas residuales no tratadas que se vierten al medio ambiente transportan residuos domésticos e industriales de muy diverso origen, entre los que se cuentan lodos, breas, metales pesados, solventes y aceites, entre otros muchos. Incluso residuos orgánicos, que pueden ser infectocontagiosos, como los que se producen en los rastros.

A esta situación se deben sumar los residuos agrícolas y ganaderos que incluyen contaminaciones por fertilizantes e insecticidas y desechos animales, lo que puede provocar la aparición de padecimientos, como cáncer en diversas formas.

Por situaciones como las anteriormente descritas, el desafío en esta materia será hacer efectivo el derecho de la salud mediante el saneamiento de los cuerpos de agua, por lo que será esencial el diseño de acciones y la vigilancia que reduzca su contaminación.

Para lograr estos fines y dada la importancia que reviste el cuidado de nuestros cuerpos hídricos, así como la vigilancia de sus diversos procesos, consideramos indispensable que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental —dado su marco normativo— tenga un papel más determinante en la vigilancia de los diversos aspectos del cuidado y preservación del vital líquido.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sabemos de la importancia de conservar el gran capital natural con que cuenta nuestra nación a fin de garantizar una vida digna para los mexicanos de hoy y del mañana.

Concebimos este compromiso aceptando la responsabilidad con las generaciones futuras de conservar los recursos naturales que le pertenecen, tanto a ellos como a nosotros, mediante propuestas responsables y efectivas.

Es por este razonamiento que sometemos a la consideración de esta honorable representación popular el decreto por el se que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuente con las facultades de autorizar y verificar la descarga de aguas residuales en el país. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita diputada Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor del siguiente

Planteamiento del Problema

Las aguas residuales pueden definirse como las aguas que provienen del sistema de abastecimiento de agua de una población, después de haber sido modificadas por diversos usos en actividades domésticas, industriales y comunitarias.

Según su origen, las aguas residuales resultan de la combinación de líquidos y residuos sólidos transportados por el agua que proviene de residencias, oficinas, edificios comerciales e instituciones, junto con los residuos de las industrias y de actividades agrícolas, así como de las aguas subterráneas, superficiales o de precipitación que también pueden agregarse eventualmente al agua residual.

De acuerdo con su origen, las aguas residuales pueden ser clasificadas como:

1. Domésticas: son aquellas utilizadas con fines higiénicos (baños, cocinas, lavanderías etcétera), consisten básicamente en residuos humanos que llegan a las redes de alcantarillado por medio de descargas de instalaciones hidráulicas de la edificación también en residuos originados en establecimientos comerciales, públicos y similares.

2. Industriales: son líquidos generados en los procesos industriales. Poseen características específicas, dependiendo del tipo de industria.

3. Infiltración y caudal adicionales: las aguas de infiltración penetran en el sistema de alcantarillado a través de los empalmes de las tuberías, paredes de la tuberías defectuosas, tuberías de inspección y limpieza, etcétera. Hay también aguas pluviales, que son descargadas por medio de varias fuentes, como canales, drenajes y colectores de aguas de lluvias.

4. Pluviales: son grandes cantidades de agua de lluvia que se descargan. Parte de esta agua es drenada y otra escurre por la superficie arrastrando arena, tierra, hojas y otros residuos que pueden estas sobre el suelo.

Otra forma de denominar a las aguas residuales es con base al contenido de contaminantes que esta porta, así se conocen como

• Aguas negras a las aguas residuales provenientes de inodoros, es decir, aquellas que transportan excrementos humanos y orina, ricas en sólidos suspendidos, nitrógeno y coliformes fecales.

• Aguas grises a las aguas residuales provenientes de tinas, duchas, lavamanos y lavadoras, que aportan sólidos suspendidos, fosfatos, grasas y coliformes fecales, esto es, aguas residuales domésticas, excluyendo las de los inodoros.

• Aguas negras industriales a la mezcla de las aguas negras de una industria en combinación con las aguas residuales de sus descargas. Los contaminantes provenientes de la descarga están en función del proceso industrial, y tienen la mayoría de ellos efectos nocivos a la salud si no existe un control de la descarga.

En México la prevención, control y vigilancia de las aguas residuales corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que además de ser un órgano rector del vital líquido con esta atribución se convierte en autoridad administrativa sancionadora; sin embargo no podemos dejar de lado la existencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que como su nombre lo dice se encarga de vigilar el cumplimiento y la protección del medio ambiente, ambos son órganos desconcentrados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero sus funciones son distintas.

Por lo anterior nace la necesidad del legislador de brindarle facultades de control y vigilancia sobre las aguas residuales a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mismas que ya posee y conoce este órgano en materias como aire y suelo.

El abandono y no regulación de estas aguas puede impactar directamente en el deterioro de los derechos humanos de las y los mexicanos, es urgente transferir estas facultades a la Profepa para que mediante mecanismos de procuración del medio ambiente vigile y prevenga el mal uso y de las mismas.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos comprometidos con el desarrollo sustentable y con la preservación del vital líquido, y para ello proponemos la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, con la finalidad de otorgarle a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente en coordinación con la Comisión Nacional del Agua las facultades de prevención, control y vigilancia de las aguas residuales en México.

Argumentación

Derivado de lo anterior, es urgente que la vigilancia y control de las aguas residuales pase a un organismo encargado de vigilar y sancionar los vertidos y de otorgar los permisos requeridos para esta actividad se lleve a cabo siempre tomando en cuenta las normas oficiales expedidas por la secretaría.

En los países desarrollados, existen plantas tratadoras que se encargan de la mayoría de las aguas residuales antes de verterlas en ríos, lagos o mares. En los países en vías de desarrollo, se calcula que 90 por ciento de estas aguas se vierten directamente sin depurar. El problema es tal que cada año mueren más personas por enfermedades relacionadas con el agua contaminada que por cualquier forma de violencia, incluidas las guerras, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Anualmente, fallecen 1,8 millones de niños menores de cinco años por esta causa, uno cada 20 segundos. Las víctimas de estas dolencias ocupan la mitad de las camas de los hospitales de todo el mundo.

Estas aguas según el programa de Naciones Unidas para el Medio ambiente (Unep) no sólo afectan a la salud de las personas sino también a los ecosistemas marinos, 245 mil kilómetros cuadrados de zonas marinas muertas según este programa de Naciones Unidas.

Datos del informe “sick water” de la Unep, mencionan que en el mundo entero, 41 por ciento de la población mundial, 2 mil 700 millones de personas no tienen acceso a un saneamiento adecuado del agua; que se calcula que hoy se gastan cerca de 30 mil millones de euros anuales para atender las necesidades de agua potable y saneamiento en todo el mundo; y que cada año se acumulan entre 300 y 500 millones de toneladas de metales pesados, disolventes, lodos tóxicos y otros desechos contaminantes provenientes de la industria.

El artículo 4 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo sexto nos dice que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Derivado de lo anterior es indispensable mencionar que el acceso al agua es un derecho humano reconocido por nuestra Carta Magna y el cual el estado está obligado a garantizar, y por ello la presente iniciativa busca regular y establecer las competencias correspondientes para que de esta forma la vigilancia y control de las agua residuales pueda ser materia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entidad que se encarga de vigilar la no explotación y de sancionar el deterioro ambiental en el país.

A continuación se agrega un par de gráficas que contienen las cifras sobre descargas municipales y no municipales como lo clasifica la Conagua y los tipos de residuos que las industrias descargan por tipo de residuo, con datos actualizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La importancia de las aguas residuales no sólo radica en su tratamiento sino en la vigilancia y control de que las descargas realizadas sean conforme a la ley, ya que si esto no se acata los daños tanto humanos como de los ecosistemas marinos pueden ser incuantificables.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es el organismo encargado de velar por el medio ambiente y los ecosistemas del país, es imperativo que sus funciones se amplíen no solo a la vigilancia del aire y el suelo sino de las aguas residuales en este caso.

Actualmente, la misión de la Comisión Nacional del Agua consiste en administrar y preservar las aguas nacionales, y sus bienes inherentes, para lograr su uso sustentable, con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general; es una autoridad con calidad técnica y promotora de la participación de la sociedad y de los órdenes de gobierno en la gestión integrada del recurso hídrico y sus bienes públicos inherentes.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) nace por la necesidad de atender y controlar el creciente deterioro ambiental en México, no tan sólo en sus ciudades, sino también en sus bosques, selvas, costas y desiertos, lo cual, sumado a una serie de eventos desafortunados como explosivos en el subsuelo, originó que el Ejecutivo federal implementara sus políticas públicas afines al medio ambiente y tomara la decisión de crear un organismo que tuviera entre sus atribuciones, la de regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación al suelo y al aire, y el cuidado de los recursos naturales. Entre sus principales atribuciones se encuentran vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales; salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental procurando el cumplimiento de la legislación ambiental, sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales, etcétera.

Es imperativo definir facultades y atribuciones y distribuirlas a las dependencias que sean las adecuadas para la realización de actividades especializadas.

No podemos dejar de lado la importancia de las aguas residuales, se está trabajando en el saneamiento de las mismas pero se ha dejado de lado la vigilancia de éstas y el otorgamiento de los permisos para las descargas.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos comprometidos con el medio ambiente y sabemos que la prevención es la mejor arma para enfrentar cualquier problema, y si en éste aseguramos la vigilancia y control de las aguas residuales, será mucho más fácil buscar su saneamiento y libre aprovechamiento.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales

Único. Se reforman el Título Séptimo, Capítulo I, los artículos 85 segundo párrafo, 87, 88 primer párrafo, 88 Bis fracción V, 89, 91 y 92 primer párrafo, 93 fracción I, II y III párrafo segundo, 94 primer y tercer párrafo, 94 Bis, 95, 96 Bis y 96 Bis I segundo párrafo; se adicionael artículo 86 Bis 3; y se deroganlas fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 86 recorriéndose las siguientes en su orden de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

“Título SéptimoPrevención, control y vigilancia de la contaminación de las aguas y responsabilidad por daño ambiental

Capítulo IPrevención control y vigilancia de la Contaminación del Agua,”

“Artículo 85. ...

El gobierno federal podrá coordinarse con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, para que estos últimos ejecuten determinados actos administrativos relacionados con la prevención, control y vigilancia de la contaminación de las aguas y responsabilidad por el daño ambiental, en los términos de lo que establece esta ley y otros instrumentos jurídicos aplicables, para contribuir a la descentralización de la gestión de los recursos hídricos.

...

a. ...

b. ... ”

“Artículo 86 Bis 3. La Procuraduría tendrá a su cargo en términos de Ley:

I. Establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga que deben satisfacer las aguas residuales, de los distintos usos y usuarios, que se generen en:

a. Bienes y zonas de jurisdicción federal;

b. Aguas y bienes nacionales;

c. Cualquier terreno cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, y

d. Los demás casos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en los reglamentos de la presente Ley;

II. Realizar la inspección y verificación del cumplimiento de las disposiciones de las normas oficiales mexicanas aplicables, para la prevención y conservación de la calidad de las aguas nacionales y bienes señalados en la presente ley;

III. Autorizar en su caso, el vertido de aguas residuales en el mar, y en coordinación con la Secretaría de Marina cuando provengan de fuentes móviles o plataformas fijas;

IV. Vigilar, en coordinación con las demás autoridades competentes, que el agua suministrada para consumo humano cumpla con las normas oficiales mexicanas correspondientes;

V. Vigilar, en coordinación con las demás autoridades competentes, que se cumplan las normas de calidad del agua en el uso de las aguas residuales;

VI. Promover o realizar las medidas necesarias para evitar que basura, desechos, materiales y sustancias tóxicas, así como lodos producto de los tratamientos de aguas residuales, de la potabilización del agua y del desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, contaminen las aguas superficiales o del subsuelo y los bienes que señala el artículo 113 de la presente ley;”

“Artículo 87. La procuraduría en coordinación con la autoridad del agua determinarán los parámetros que deberán cumplir las descargas, la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de aguas nacionales y las cargas de contaminantes que éstos pueden recibir, así como las metas de calidad y los plazos para alcanzarlas, mediante la expedición de declaratorias de clasificación de los cuerpos de aguas nacionales, las cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, lo mismo que sus modificaciones, para su observancia.

...

I. a IV. ... ”

“Artículo 88. Las personas físicas o morales requieren permiso de descarga expedido por la Procuraduría para verter en forma permanente o intermitente aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos.

... ”

“Artículo 88 Bis. ...

I. a IV. ...

V. Hacer del conocimiento de la Procuraduríalos contaminantes presentes en las aguas residuales que generen por causa del proceso industrial o del servicio que vienen operando, y que no estuvieran considerados en las condiciones particulares de descarga fijadas;

VI. a XV. ...

... ”

“Artículo 89. La Procuraduríapara otorgar los permisos de descarga deberá tomar en cuenta la clasificación de los cuerpos de aguas nacionales a que se refiere el Artículo 87 de esta misma Ley, las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y las condiciones particulares que requiera cumplir la descarga.

...

... ”

“Artículo 91. La infiltración de aguas residuales para recargar acuíferos, requiere permiso de la Procuraduría y deberá ajustarse a las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se emitan. ”

“Artículo 91 Bis. ...

Los municipios, el Distrito Federal y en su caso, los estados, deberán tratar sus aguas residuales, antes de descargarlas en un cuerpo receptor, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas o a las condiciones particulares de descarga que les determine la Procuraduría, cuando a ésta competa establecerlas.

... ”

“Artículo 92. La Procuraduría ordenará la suspensión de las actividades que den origen a las descargas de aguas residuales, cuando:

I. a V. ...

...

... ”

“Artículo 93. ...

I. Efectuar la descarga en un lugar distinto del autorizado por la Procuraduría;

II. Realizar los actos u omisiones que se señalan en las fracciones II, III y IV del artículo anterior, cuando con anterioridad se hubieren suspendido las actividades del permisionario por la Procuraduría por la misma causa, o

III . ...

Cuando proceda la revocación, la Procuraduría previa audiencia con el interesado, dictará y notificará la resolución respectiva, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada.

... ”

“Artículo 94. Cuando la suspensión o cese de operación de una planta de tratamiento de aguas residuales pueda ocasionar graves perjuicios a la salud, a la seguridad de la población o graves daños a ecosistemas vitales, la Procuraduría por sí o a solicitud de autoridad distinta, en función de sus respectivas competencias, ordenará la suspensión de las actividades que originen la descarga, y cuando esto no fuera posible o conveniente, la Procuraduría nombrará un interventor para que se haga cargo de la administración y operación provisional de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, hasta que se suspendan las actividades o se considere superada la gravedad de la descarga, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal en que se hubiera podido incurrir.

...

En caso de no cubrirse dentro de los treinta días siguientes a su requerimiento por la Procuraduría, los gastos tendrán el carácter de crédito fiscal. ”

“Artículo 94 Bis. Previo otorgamiento o renovación de permisos, incluyendo los de descarga, concesiones y asignaciones de los generadores de contaminación, además de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas relativas a descargas de aguas residuales, el interesado deberá presentar ante la Procuraduría, un análisis físico, químico y orgánico de las aguas de las fuentes receptoras en puntos inmediatamente previos a la descarga. Dicha información servirá para conformar el Registro de control de contaminación por fuentes puntuales y evaluar la calidad ambiental de la fuente, su capacidad de asimilación o autodepuración y soporte. ”

“Artículo 95. La Procuraduría en el ámbito de la competencia federal, realizará la inspección o fiscalización de las descargas de aguas residuales con el objeto de verificar el cumplimiento de la Ley. Los resultados de dicha fiscalización o inspección se harán constar en acta circunstanciada, producirán todos los efectos legales y podrán servir de base para que la Procuraduría y las dependencias de la Administración Pública Federal competentes, puedan aplicar las sanciones respectivas previstas en la ley. ”

“Artículo 96 Bis. La Procuraduría intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de ley. ”

“Artículo 96 Bis 1. ...

La Procuraduría, con apoyo en el organismo de cuenca competente, intervendrá para que se instrumente la reparación del daño ambiental a cuerpos de agua de propiedad nacional causado por extracciones o descargas de agua, en los términos de esta ley y sus reglamentos. ”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2013.— Diputados: Cristina Olvera Barrios, Gabriela Medrano Galindo, Sonia Rincón Chanona, David Pérez Tejada Padilla (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su dictamen.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. y 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señor presidente. De igual manera, con el permiso de mis compañeras diputadas y compañeros diputados. Me permito presentar a ustedes iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción III del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, corriéndose la siguiente, y se reforma el artículo 59 de la misma, sobre la publicación de las normas jurídicas que permitan su socialización y cumplimiento.

El ser humano para preservar su especie requiere de un ente externo que así lo garantice, dando como resultado al Estado, como lo reconoció Juan Jacobo Rousseau, en su obra El contrato social.

Por su parte, el Estado para cumplir su alta y trascendente función requiere que las normas que rigen la vida social para que los gobernados puedan vivir en armonía y desarrollarse en una forma plena e integral, como tienen derecho, se encuentren debidamente establecidos en un marco normativo; las que en forma atingente en nuestro país se le conocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como derechos humanos.

En concordia es fundamental no solamente la expedición de las normas jurídicas, sino además su estricto cumplimiento. Para ello su socialización y difusión dentro de todos los miembros de la sociedad, gobernantes y gobernados, resulta ser de la mayor importancia, correspondiéndole como consecuencia al titular de Ejecutivo federal, tanto su promulgación como su ejecución, proveyendo a la esfera administrativa a su exacta observancia, como lo consigna el propio artículo 89 de la norma fundamental.

En este sentido, la parte culminante del proceso legislativo —como sostenía Braulio— es la partida del nacimiento de la ley, por cuanto a su existencia cierta, auténtica, y la reviste de fuerza coercitiva.

La publicación por su parte es el medio utilizado para dar a conocer el texto de la ley u otra norma jurídica a los habitantes de un país, realizándose mediante la inclusión del texto de la norma en el periódico oficial. Lo cual a todas luces resulta ser insuficiente, ya que dicho medio no se encuentra al alcance de la mayor parte de los gobernados.

Por lo que se estima necesario que el Estado —bajo la responsabilidad que le asigna ya el marco normativo— proceda a ampliar la difusión de las leyes, reglamentos y circulares de interés general, a efecto de contribuir así a la generación de una cultura de la legalidad y por ende, del respeto irrestricto a la dignidad de todo ser humano, tal y como está previsto en el artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, a la que habría que adicionarse una fracción que garantice la difusión y publicación de las normas jurídicas que permitan —reitero— su socialización y cumplimiento.

A mayor abundamiento, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía define como tiempos oficiales a los espacios con los que cuentan los organismos federales en las estaciones de radio y canales de televisión abierta para difundir sus mensajes a la ciudadanía.

Por su parte, el reglamento de la ley en comento, en su artículo 15, contempla la obligatoriedad de las estaciones de radio y televisión, a incluir gratuitamente en su programación minutos para el Estado, en los que además de los tiempos oficiales se encuentran los tiempos fiscales, los cuales consisten en el pago en especie de un impuesto federal que deben realizar las empresas de radio y televisión concesionadas.

Por ello, se considera que el tiempo que se le asigna al Poder Legislativo para la difusión del trabajo que se desarrolla en el Congreso no es suficiente. De acuerdo a un estudio de Parametría, la televisión aparece como el medio de mayor confianza entre los mexicanos, siendo así que 7 de cada 10 personas, o sea el 67 por ciento, menciona que les genera mucho o algo de confianza; por el contrario, solo 5 de cada 10 confía en la radio y en los periódicos.

Por lo tanto, sería de suma importancia que la televisión como medio idóneo de comunicación de los mexicanos coadyuve a que se enteren de los trabajos que realiza la Cámara de Diputados y su colegisladora, y particularmente las normas jurídicas, adiciones y sus reformas.

Por ello, los diputados de Movimiento Ciudadano consideramos que todos los mexicanos tenemos el derecho a conocer de forma oportuna y veraz los trabajos que se abordan, discuten y se aprueban por las Cámaras del Congreso de la Unión, particularmente lo relativo a las normas jurídicas.

Por tal razón, es pertinente una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para que se amplíen los tiempos oficiales al Poder Legislativo. Aunado a que como legisladores debemos fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que nos permita transitar hacia la consolidación de una verdadera democracia participativa en nuestro país.

Sin duda, compañeras y compañeros, que la socialización de la norma jurídica entre los gobernantes y gobernados es fundamental para albergar los estadios de paz y armonía que necesitamos y merecemos, lo cual pretende coadyuvar a alcanzar la presente iniciativa a través del conocimiento, respeto y cumplimiento de las normas jurídicas. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 5o. y 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa sobre la publicación de las normas jurídicas que permitan su socialización y cumplimiento, con proyecto de decreto que adiciona la fracción III del articulo 5o. corriéndose la siguiente y el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El ser humano con base en su naturaleza requiere para preservar su especie de un ente externo que así lo garantice, dando como resultado al Estado, recordemos como Juan Jacobo Rosseau así lo reconoció en su obra el Contrato Social.

Dicho estado para cumplir su alta y trascendente función requiere por una parte el que estas estén debidamente establecidas en un marco normativo y por otra parte a efecto de que los gobernados puedan vivir en armonía y desarrollarse en una forma plena e integral como tienen derecho, necesita de normas a exigir su cumplimiento, a las que en forma ya atingente en nuestro país se le conocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como derechos humanos.

De tal manera que la función que realiza el estado para su debido cumplimiento, así como para que la sociedad pueda no sólo vivir en armonía, en paz y en concordia es fundamental no solamente la expedición de las normas jurídicas sino además su estricto cumplimiento, para ello su socialización y difusión dentro de todos los miembros de la sociedad (gobernantes y gobernados) resulta ser de la mayor importancia, correspondiéndole como consecuencia al titular del Ejecutivo Federal tanto su promulgación como su ejecución proveyendo a la esfera administrativa a su exacta observancia como lo consigna el propio artículo 89 de la norma fundamental.

En este sentido me referiré como la parte culminante del proceso legislativo como lo es al de su promulgación la cual es un acto formal y solemne realizado por el jefe de estado a través del cual se atestigua la existencia de una ley, a la vez que se ordena cumplida y hacerla cumplir, dándole a la misma fuerza ejecutiva y carácter imperativo, a su vez la publicación es el acto consistente en dar conocimiento público del contenido de la ley u otra norma jurídica a la ciudadanía

La promulgación, como sostenía Braudy Lacantinerie es la partida de nacimiento de la ley, por cuanto a su existencia cierta, auténtica y la reviste de fuerza coercitiva, la publicación por su parte es el medio utilizado para dar a conocer el texto de la ley u otra norma jurídica a los habitantes de un país, realizándose mediante la inclusión del texto de la norma en el periódico oficial, lo cual a todas luces resulta ser insuficiente ya que dicho medio no se encuentra al alcance de la mayor parte de los gobernados, siendo de la mayor importancia y trascendencia para no sólo preservar la especie humana como así lo han considerado de un sinnúmero de tratadistas, sino además el propiciar la vida humana en paz y armonía, por lo que se estima necesario el que el estado bajo la responsabilidad que le asigna ya el marco normativo proceda a ampliar la difusión de las leyes reglamentos y circulares de interés general, a efecto de contribuir así a la generación de una cultura de la legalidad y por ende al respeto irrestricto a la dignidad de todo ser humano.

En tal sentido la Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 5o. dispone lo siguiente:

Articulo 5o. La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán:

I. Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares;

II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud;

III. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.

IV. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales.

Por otra parte, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía define como tiempos oficiales a los espacios con los que cuentan los organismos federales en las estaciones de radio y canales de televisión abierta para difundir sus mensajes a la ciudadanía.

Los organismos federales que tienen acceso a los tiempos oficiales son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Banco de México (BM), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los tiempos oficiales que utiliza el Estado son coordinados por el Consejo Nacional de Radio y Televisión, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual funge como asesor del Ejecutivo federal en materia de radio y televisión, y como ente colegiado busca generar acuerdos respecto de los asuntos que le son sometidos a su opinión de conformidad con las atribuciones que le confiere la ley.

En nuestro país la figura de los tiempos oficiales se regulan en la Ley Federal de Radio y Televisión en el artículo 59 que a la letra dice:

Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Por su parte el Reglamento de la Ley en comento en su artículo 15 contempla la obligatoriedad de las estaciones de radio y televisión a incluir gratuitamente en su programación minutos para el Estado que a la letra dice:

Artículo 15.-Es obligación de las estaciones de radio y televisión incluir gratuitamente en su programación diaria, treinta minutos, continuos o discontinuos, sobre acontecimientos de carácter educativo, cultural, social, político, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales e internacionales, del material proporcionado por la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

La forma en que podrán dividirse esos treinta minutos será la siguiente:

I. Hasta 10 minutos en formatos o segmentos de no menos de 20 segundos cada uno, y

II. Veinte minutos en bloques no menores de 5 minutos cada uno.

El tiempo del Estado podrá ser utilizado de manera continua para programas de hasta treinta minutos de duración.

Además de los tiempos oficiales del Estado se encuentran los tiempos fiscales, los cuales consisten en el pago en especie de un impuesto federal, que deben realizar las empresas de radio y televisión que operan al amparo de concesiones, por hacer uso del espacio aéreo mexicano para difundir sus señales de acuerdo al Decreto Presidencial del 10 de octubre de 2002, emitido por el Ex Presidente Vicente Fox Quezada.

Desde la promulgación del decreto presidencial la aplicación del tiempo fiscal en radio y televisión se divide en órganos de autonomía constitucional, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

De acuerdo a las estadísticas publicadas en la página web de la Secretaría de Gobernación, de enero de 2010 al mismo mes de 2011, el Poder Ejecutivo es el que ha alcanzado el mayor porcentaje de tiempos fiscales en Radio y Televisión, muy por encima del Poder Legislativo.

Sin embargo se considera que el tiempo que se le asigna al Poder Legislativo para la difusión del trabajo que se desarrolla en el Congreso no es el suficiente, ya que es importante que la sociedad se entere de los temas que se discuten en el pleno, así como la aprobación de leyes de trascendencia para el país.

De acuerdo a un estudio de Parametria, la televisión aparece como el medio de mayor confianza entre los mexicanos, siendo así que 7 de cada 10 personas (67 por ciento) menciona que les genera mucho o algo de confianza. Por el contrario, sólo 5 de cada 10 confía en la radio y los periódicos.

Parte de ello se debe a que el 90 por ciento de los mexicanos cuentan con al menos con un televisor en el hogar, permitiendo de esta manera que el espectro de difusión sea mayor.

Por lo tanto sería de suma importancia que la televisión como medio idóneo de comunicación, de los mexicanos, ayude a que se enteren de los trabajos que realizan la Cámara de Diputados y su colegisladora, ya que a pesar de que el Diario Oficial de la Federación (DOF) es el periódico oficial del Gobierno no todos los ciudadanos mantienen un hábito de consultarlo de manera periódica.

Actualmente el Canal del Congreso es uno de los medios de comunicación de carácter público, dependiente del Poder Legislativo que difunde la actividad parlamentaria y de los temas de la agenda nacional que son debatidos y resueltos en las Cámaras.

Sin embargo a pesar de su importancia, este no se trasmite en televisión abierta, si no por lo contrario lo hacen a través de televisión de paga, lo que dificulta su difusión, si contemplamos que en el país existen 28 millones 472 mil 673 hogares con televisión y no todos pueden pagar este servicio.

El artículo 58 de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que:

Artículo 58. El derecho de información, de expresión y de recepción, mediante la radio y la televisión, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución de las leyes.

Los diputados de Movimiento Ciudadano consideramos que todos los mexicanos tienen el derecho a conocer de forma oportuna y veraz los trabajos que se abordan} discuten y se aprueban por las Cámaras del Congreso de la Unión, por tal razón es pertinente una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, para que se amplíen los tiempos oficiales al Poder Legislativo.

Con dicha reforma además de transparentar la actividad que se desarrolla en las Cámaras del Congreso, mejoraría en gran medida la percepción de los ciudadanos hacia los legisladores, ya que se podrá dar un seguimiento preciso y oportuno del trabajo que estos desarrollan.

Derivado de lo anterior y en virtud de la propuesta de darle mayor difusión a las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, se considera conveniente una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para que se amplíen los tiempos y se incluya en la programación de radio y televisión abierta.

De igual forma resulta impostergable que se atienda el desmesurado bombardeo de spot carentes de contenido hacia la población, ya que solo basta con prender el televisor y esperar el primer corte comercial para observar cómo el Poder Ejecutivo trata de justificar sus acciones emprendidas.

La visión que comparte el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, es la de aprovechar al máximo los tiempos oficiales para informar a la ciudadanía de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y no como actualmente se maneja mediante una lluvia de spot carente s de contenido.

Como legisladores debemos fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que nos permita transitar hacia la consolidación de una verdadera democracia participativa nuestro país.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración del pleno la siguiente iniciativa sobre la publicación de las normas jurídicas que permitan su socialización y cumplimiento, con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción III del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, corriendose la siguiente y se reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.— Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros, desde el 9 de febrero de 2012, los legisladores del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los estados tenemos una deuda que saldar con la juventud mexicana.

Según se estableció en el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional por el que se instituye la obligación del Estado de impartir la educación media superior, eran 180 días los que teníamos para adecuar la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia para hacer realidad ese derecho para todos los jóvenes y desafortunadamente no lo hemos hecho.

Es por ello que hoy estoy aquí en esta tribuna, con el objetivo de presentar esta iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Educación, a fin de hacer operativa la reforma constitucional que hace obligatorio para el Estado impartir educación media superior.

Para Acción Nacional la obligatoriedad de la educación media superior supone que el Estado generalice el acceso a este nivel educativo; es decir, asegure que todos los jóvenes ingresen y se mantengan estudiando hasta concluirlos y logren —desde luego— un aprendizaje de calidad.

Por ello considero importante mencionar que desde la pasada administración panista se inició un proceso de cambio estructural de la educación media superior, que consistió en una reforma integral para la creación del sistema nacional de bachillerato, en un marco de diversidad.

Lo anterior indiscutiblemente ha sentado las bases que, de institucionalizarse en la ley, permitirán la existencia de una estructura curricular propia de la educación media superior que permita y aliente la diversidad, sin desconocer que todas las instituciones de este nivel son parte de un mismo subsistema.

De ahí que sea nuestro objetivo formalizar los avances que en materia de educación media superior se iniciaron en la administración federal pasada, y continuar trabajando por consolidar un sistema eficaz y eficiente en el logro de otorgar a cada joven un espacio educativo de calidad en el nivel medio superior.

De esta manera se instituye en la Ley General de Educación al sistema nacional de bachillerato para impulsar la calidad de la educación media superior a partir de un marco curricular tendiente al desarrollo de capacidades humanas fundamentales, establecidas en el artículo 3o. de nuestra Constitución.

Compañeras y compañeros, la cobertura y la calidad en la educación media superior constituyen un supuesto fundamental para que el país pueda dar respuesta a los desafíos de una economía globalizada en un marco de equidad e igualdad que beneficie a todos nuestros jóvenes.

Es muy importante que podamos legislar en la materia precisamente en el marco de la reforma estructural constitucional que aprobamos en materia educativa, porque si no aterrizamos y llevamos a legislación secundaria todas las propuestas que se requieren para superar la calidad de la educación en México, nos vamos a quedar solamente en la reforma constitucional y no vamos a lograr los objetivos de la calidad educativa.

En este marco debe inscribirse esta iniciativa y ese dictamen de la obligatoriedad y las condiciones de la educación media superior y de otros temas que votamos en los transitorios de la reforma educativa, como por ejemplo los métodos para tener calidad educativa, evaluación; por ejemplo, el horario escolar extendido. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María Beatriz Zavala Peniche, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de educación media superior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace varios meses se encuentra publicada la reforma que instituye con toda formalidad la obligación del Estado mexicano de impartir educación media superior (EMS). Desde el 9 de febrero de 2012, los legisladores del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados tenemos una deuda que saldar con la juventud mexicana porque, según se estableció en el artículo cuarto transitorio del decreto referido, teníamos 180 días para adecuar la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia para hacer realidad este derecho para todos los jóvenes.

Ante ello, en primer lugar es necesario tener presente que la obligatoriedad de la educación media superior supone que el Estado generalice el acceso a este tipo educativo, es decir, asegure que todos los jóvenes se mantengan estudiando hasta concluirlo y logren aprender. Así, el sentido más importante de la obligatoriedad es que la asistencia a la escuela signifique, para todos los educandos, el logro de resultados de aprendizaje comunes, independientemente de sus diferencias socioeconómicas y culturales.

Para responder de manera adecuada a la heterogeneidad de contextos e intereses que conlleva la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación superior, la educación media en el mundo está ofreciendo un currículo común que busca desarrollar los conocimientos y habilidades requeridos para insertarse en un mundo globalizado; pero, a la vez, está previendo cierta flexibilidad para que sea posible optar, en algún momento, por contenidos especializados.

Al respecto, la historia de la EMS en México expresa la dicotomía que afecta a este nivel educativo en múltiples países, incluidos los de América Latina y de la OCDE: instituciones y planes de estudio de carácter preuniversitario o bien como opciones terminales para la incorporación al trabajo. Como producto de esta historia, existe un catálogo considerable de instituciones y planes de estudio en el país. Por un lado esto resulta en una sana pluralidad y, por otro, ante la falta de un sentido general de organización, en una dispersión curricular que no expresa los objetivos comunes que debería tener la EMS.

Además, muchas de las instituciones federales, estatales y autónomas ofrecen, en adición a modalidades escolarizadas, otras conocidas como no escolarizadas o mixtas (preparatoria abierta y a distancia), mediante las cuales se pueden obtener títulos de bachillerato.

Por ello, la educación media superior EMS en México enfrenta desafíos que podrán ser atendidos sólo si este nivel educativo se desarrolla con una identidad definida que permita a sus distintos actores avanzar ordenadamente hacia objetivos comunes.

Otro aspecto por tomar en cuenta en el panorama actual de la EMS, en cuanto al tipo de control de las escuelas, es que la Ley General de Educación otorga facultades concurrentes al gobierno federal y a los gobiernos de los estados. Ambos tienen atribuciones para organizar y operar servicios de EMS. Las universidades públicas y los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios también tienen participación en este nivel. Las opciones asociadas a las universidades públicas se identifican como de control autónomo.

Como se aprecia, las opciones de EMS en el país son variadas y tienen orígenes e historias diversas. Sin embargo, a pesar de que los objetivos de las distintas instituciones son a menudo semejantes, los planes de estudio de cada una de las opciones son distintos, y la movilidad entre instituciones tiende a ser complicada, si no es que imposible.

Otra característica de la EMS es que quienes ingresan a ella tienen intereses y necesidades diversas en función de los cuales definen sus trayectorias escolares y laborales: para algunos éste es el último tramo en la educación escolarizada, para otros es el tránsito a la educación superior. En ese sentido, la escuela debe ofrecer las opciones necesarias para que los jóvenes satisfagan sus expectativas de preparación universitaria, laboral o ambas, según sea su interés.

En 2007 se inició un proceso de cambio estructural de la EMS, que ha sido posible gracias a la confluencia de varios actores.

Así, el proyecto de cambio para mejorar la calidad de la EMS que propusieron las autoridades educativas, consistió en iniciar una reforma integral para la creación del sistema nacional de bachillerato en un marco de diversidad. Esta propuesta concilia la necesidad de dotar al nivel de una identidad, orden, articulación y pertinencia, con la de contar con diversidad de modalidades y subsistemas.

Esta reforma propone un marco de organización común que promueva la existencia de distintos tipos de bachillerato en donde la diversidad permite que cada institución se adecue a las características de su entorno, a la realidad de su contexto, y a las necesidades e intereses de los jóvenes que atiende.

En cumplimiento de los mandatos establecidos en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 en el sentido de mejorar la calidad de la educación, dar pertinencia y relevancia a los estudios del tipo medio superior, así como lograr el libre tránsito de los estudiantes entre subsistemas y contar con una certificación nacional, con fecha 26 de septiembre de 2008 la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad.

En el mencionado órgano informativo del 23 de enero de 2009 dicha dependencia también publicó el acuerdo 480 por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de instituciones educativas en el sistema nacional de bachillerato, en cuyo artículo 4 se expresa que como una instancia de concertación colegiada se creará el comité directivo del sistema nacional de bachillerato.

Asimismo y en el marco de la reforma integral de la educación media superior, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación del 19 de marzo de 2009, el Acuerdo 484 por el que se establecen las bases para la creación y funcionamiento del comité.

Por otra parte, es de destacarse que en el gobierno de Felipe Calderón se logró un notable incremento de los recursos destinados a la educación, puesto que de 300 millones de pesos que se destinaban a este concepto en 2007, en la actualidad se han incrementado a más de 500 millones de pesos.

Esto ha generado un logro en la cobertura que va de 69 a 71 por ciento, en el mismo periodo. Por eso, se han creado y renovado numerosos planteles, en busca de satisfacer la cobertura universal en la Educación Media Superior, que conforme a la reciente reforma constitucional, deberá alcanzarse dentro de 10 años.

En este momento, 76 por ciento de los estudiantes están en la EMS, la cual presenta un marco curricular común que permite su movilidad en todo el país, abatiendo con ello, el riesgo de incurrir en deserción.

Además, en los últimos cinco años, se han creado casi mil nuevas escuelas de bachillerato, donde se aplica la Prueba ENLACE desde 2008; se someten a concurso de oposición los nombramientos de directores para planteles federales y ha habido un incremento sostenido del número de becarios en ese nivel que, al cierre de 2011, ascendió a más de 1 millón 350 mil.

Estas becas se complementan con dos programas: Síguele, que entregará 600 mil becas adicionales a partir de marzo; y Becas Universitarias, que otorgará 400 mil becas. De esta forma, se estima que, al cierre del ejercicio fiscal 2012, México concluirá con cerca de 8 millones de becarios en todos los niveles.

Como se observa, durante al actual administración se construyeron varios acuerdos a fin de mejorar la calidad de la educación media superior, acuerdos que junto con las actuales políticas y acciones del gobierno federal, han permitido obtener avances importantes en la cobertura y han sentado las bases que, de institucionalizarse en la Ley, permitirán, la existencia de una estructura curricular propia de la EMS que permita y aliente la diversidad, sin desconocer que todas las instituciones de este nivel son parte de un mismo subsistema.

Es indispensable pues que el adecuado desarrollo de la EMS en México considere aspectos comunes a los distintos subsistemas, al tiempo que atienda su falta de articulación. Pues en un país que enfrenta grandes retos en esta materia, es deseable que las instituciones respondan a ellos de manera que puedan avanzar sobre su propio aprendizaje y el de otras instituciones.

De ahí que sea nuestro objetivo formalizar los avances que en materia de Educación Media Superior se han logrado en la administración del Presidente Felipe Calderón. De esta forma, proponemos institucionalizar en la Ley General de Educación el Sistema Nacional de Bachillerato, así como su Comité Directivo, haciendo al mismo tiempo los ajustes de operatividad para ello.

De esta manera, se instituye en la Ley General de Educación al Sistema Nacional de Bachillerato, señalando que tendrá como propósito el impulso de la calidad de la educación media superior a partir de un marco curricular tendiente al desarrollo de capacidades humanas fundamentales, en el marco de lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, en concordancia con el diagnóstico de la EMS anteriormente señalado, se establece que éste Sistema tendrá como principios básicos: el reconocimiento universal de todas las modalidades y subsistemas del bachillerato; la pertinencia y relevancia de los planes y programas de estudio, y el tránsito de estudiantes entre subsistemas y escuelas.

Asimismo, se constituye al Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato como una instancia de representación de los diversos subsistemas que en el ámbito nacional brindan educación media superior, que tendrá entre sus principales funciones proponer los lineamientos generales para el funcionamiento del Sistema Nacional de Bachillerato; y establecer los criterios, parámetros, metodologías, indicadores y, en general, las reglas para el ingreso, permanencia y salida del Sistema Nacional de Bachillerato.

Finalmente, se establecen atribuciones a la autoridad educativa federal para fijar los lineamientos a los que deban ajustarse la integración y funcionamiento del Sistema y del Comité; y se instituye como una atribución concurrente de las autoridades educativas federal y locales la de propiciar que su oferta educativa, la de organismos públicos descentralizados y la de particulares, se incorpore al Sistema Nacional de Bachillerato de acuerdo con los lineamientos que la secretaría expida.

En términos generales, la competitividad de México depende en buena medida del adecuado desarrollo de este nivel educativo. La cobertura y la calidad en la EMS constituyen un supuesto fundamental para que el país pueda dar respuesta a los desafíos que presenta la economía globalizada en un marco de equidad.

Recordemos pues que la obligatoriedad del bachillerato es un derecho que generará equidad y ayudará a la formación de la democracia. Como representantes de los ciudadanos en el Congreso seamos consecuentes con ello y aprobemos las reformas necesarias que hagan posible un mejor desarrollo para nuestra sociedad.

De conformidad con lo expuesto, se proponen la discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforman los artículos 3o., el primer y segundo párrafos del artículo 4o., el artículo 9o., la fracción IV del artículo 33, la fracción I del artículo 65, la fracción I del 66 y la fracción XVII del artículo 75. Se adicionan una fracción V al artículo 11, las fracciones XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 12, una fracción IX, recorriéndose la actual IX para quedar como X del artículo 13, una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para quedar como XIV del artículo 14, y un artículo 38 Bis; todos de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 3o.El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria , la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

Artículo 4o. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria , la secundaria y la media superior.

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria , la secundaria y la media superior.

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria , la secundaria, y la media superior el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación e impulsará su divulgación, además de alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 11. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponden a las autoridades educativas de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia ley establece.

Para efectos de la presente ley, se entenderá por

I. a IV. ...

V. El Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, es una instancia de representación de los diversos subsistemas que en el ámbito nacional brindan educación media superior, y tiene por objetivo impulsar la calidad de la educación media superior, a partir de un marco curricular tendiente al desarrollo de capacidades humanas fundamentales.

Tendrá las funciones siguientes:

a. Proponer los lineamientos generales para el funcionamiento del Sistema Nacional de Bachillerato;

b. Establecer los criterios, parámetros, metodologías, indicadores y, en general, las reglas para el ingreso, permanencia y egreso del Sistema Nacional de Bachillerato, y

c. Las demás que resulten necesarias para una eficiente operación del Sistema Nacional de Bachillerato.

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a XII. ...

XIII. Fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo federal, las relaciones de orden cultural con otros países, e intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte ;

XIV. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables ;

XV. Fijar los lineamientos generales para el funcionamiento de un Sistema Nacional de Bachillerato que tenga como principios básicos el reconocimiento de las modalidades y subsistemas del bachillerato; la pertinencia y relevancia de planes y programas de estudio, y el tránsito de estudiantes entre subsistemas y escuelas;

XVI. Fijar los lineamientos a que deberá ajustarse la integración y funcionamiento del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato;

XVII. La secretaría deberá atender las propuestas que el Comité emita en el ejercicio de sus funciones; y

XVIII. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 13.Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Participar en la integración y operación del Sistema Nacional de Bachillerato, con pleno respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

X. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a XII. ...

XIII. Propiciar que su oferta educativa, la de sus organismos públicos descentralizados y la de particulares se incorpore al Sistema Nacional de Bachillerato de acuerdo con los lineamientos que la secretaría expida; y

XIV.Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

...

Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a III. ...

IV.Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y la media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres;

V. a XV. ...

...

Artículo 38 Bis. El Sistema Nacional de Bachillerato tiene como propósito impulsar la calidad de la educación media superior a partir de un marco curricular común tendiente al desarrollo de capacidades humanas fundamentales, en el marco de lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Sistema reconocerá la oferta de opciones educativas de acuerdo a las necesidades de una población diversa y determinará los procesos de evaluación de las escuelas para su ingreso y permanencia en el propio Sistema. Para cumplir con sus propósitos, el Sistema Nacional de Bachillerato contará con un comité directivo.

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

...

II. a VII. ...

Artículo 66.Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior;

II. a V. ...

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos

I. a XV. ...

XVI.Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños, adolescentes y jóvenesque presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos.

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se realizará

I. Conforme lo disponen los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

II. En el marco del Sistema Nacional de Bachillerato que esta ley establece.

Tercero. Los particulares que a la entrada en vigor de este decreto cuenten con acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios, podrán continuar prestando el servicio educativo al amparo del mismo, hasta el término de su vigencia.

Cuarto. La secretaría, con pleno respeto de la autonomía universitaria, promoverá entre las instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la educación del tipo medio superior que imparten y la de los particulares que tienen reconocida se incorpore al Sistema Nacional de Bachillerato.

Quinto. Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la publicación del presente decreto la secretaría llevará a cabo las acciones necesarias para que el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, formalice su operación en términos de lo prescrito por el presente ordenamiento.

Sexto. La Secretaría está obligada a asegurar que, en el marco del federalismo educativo, las actuaciones del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato se rijan por la objetividad, la transparencia y la imparcialidad. Para el cumplimiento de esa obligación, la secretaría establecerá y adoptará las medidas que correspondan.

Séptimo. La secretaría deberá adecuar a la presente reforma, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la publicación del presente decreto, los lineamientos existentes, referentes a las fracciones XV y XVI del artículo 12 de esta ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 de febrero de 2013.— Diputados: María Beatriz Zavala Peniche, Elia María Pérez Escalante, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Raquel Jiménez Cerrillo, Benito Caballero Garza, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Marcos Aguilar Vega, José Alfredo Botello Montes, Leonor Romero Sevilla, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Martha Leticia Sosa Govea, María Guadalupe Mondragón González, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Juan Jesús Aquino Calvo, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, José Alejandro Llanas Alba, Martha Gutiérrez Manrique, Roberto Ruiz Moronatti, Consuelo Argüelles Loya, Alicia Concepción Ricalde Magaña, María Rebeca Terán Guevara, Ricardo Anaya Cortés (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿No se encuentra la diputada Jessica Salazar? Bueno, entonces continuamos.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley General de Educación, la educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo y afectivo de los menores de cuatro años de edad. Esto implica que recibir educación y cuidados adecuados durante esta etapa es fundamental para el correcto desenvolvimiento, autoestima y seguridad en nuestra infancia y, por lo tanto, de nuestra futura ciudadanía.

Actualmente se puede acceder a este tipo de servicios mediante dos esquemas; por una parte tenemos las guarderías y estancias infantiles, que forman parte del sistema de seguridad social en nuestro país y que son primordialmente una prestación social.

Para poder acceder a ellas se requiere necesariamente ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o, en su defecto, acudir al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para lo cual se requiere —entre otras cosas— no tener acceso al servicio del cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social o de otros medios y que al momento de solicitar el apoyo el ingreso per cápita del hogar no rebase la línea de bienestar económico, tanto en áreas rurales como urbanas, que el día de hoy es de 1,390 y 2,201 pesos, respectivamente.

Por otra parte, se encuentran aquellas instituciones públicas y privadas que al formar parte del Sistema Educativo Nacional proveen tanto una prestación social como un servicio público, siempre y cuando cuenten con la autorización o reconocimiento por parte de la autoridad educativa.

Estas instituciones, guarderías y estancias infantiles proporcionan a los padres un esquema flexible y mejor adaptado a las necesidades y requerimientos del sistema económico y del mercado laboral, el cual muchas veces requiere que además de proveer los cuidados y enseñanzas adecuados a los menores, permita a los padres la capacidad y libertad de decidir los horarios y el tipo del sistema educativo con el cual se desarrollarán sus hijos.

En ese sentido, consideramos que cada esfuerzo que el Estado realiza para apoyar el correcto avance del sistema educativo se traduce en un impulso para el desarrollo, modernización y progreso de nuestro país.

Es por eso que consideramos necesario que cada iniciativa en la materia promovida desde el gobierno debe suponer el alcance más amplio de sus beneficios.

El 15 de febrero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que adicionó el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el cual se otorga un estímulo de carácter fiscal a los contribuyentes, personas físicas, a efecto de que en la determinación de su impuesto sobre la renta anual puedan disminuir los pagos efectuados por concepto de servicio de enseñanza, correspondientes a los tipos de educación básica y media superior, cuando dichos pagos se realicen en instituciones educativas privadas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de Educación.

Si bien la intención es loable y el decreto establece la deducción de los gastos realizados por los servicios de enseñanza que el Estado está obligado a prestar, no podemos dejar de puntualizar que no se incluyó al tipo de educación inicial que, como ya señalamos, es fundamental en el desarrollo temprano de las personas.

Además, pese a los esfuerzos realizados en la materia, tanto por el sistema de seguridad social de prestaciones sociales y el sistema educativo, la atención que proveen las instituciones públicas en la materia no es suficiente para atender en su totalidad a los menores que requieren recibir este tipo de cuidados.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012, del Inegi, indica que en México el 38.3 por ciento de la población económicamente activa son mujeres, de las cuales 63 por ciento no cotizan ni han cotizado en el IMSS o en el ISSSTE, situación que no les permite tener acceso a las guarderías o instancias infantiles.

Además, por eso proponemos que un estímulo fiscal fortalece el sistema educativo nacional, cuando el beneficio no es válido solo cuando dichos pagos se realizan en instituciones educativas privadas del país, que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial, en los términos de la Ley General de Educación.

Con la disminución de los gastos generados por el concepto de colegiaturas se fortalece el sistema educativo.

Por todo lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea el proyecto de decreto por el cual se adiciona el Capítulo IX, De los servicios de la enseñanza contratados en establecimientos privados con autorización o reconocimiento de validez de estudios oficiales, del Título Séptimo, De los estímulos fiscales, con los artículos 239, 240 y 241 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PVEM

La proponente,Mónica García de la Fuente, diputada de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el capítulo IX “De los servicios de enseñanza contratados en establecimientos privados con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios”, al título VII “De los estímulos fiscales”, con los artículos 239, 240 Y 241, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 15 de febrero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial, en adición al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el cual se otorga un estímulo de carácter fiscal a los contribuyentes personas físicas, a efecto de que en la determinación de su impuesto sobre la renta anual, puedan disminuir los pagos efectuados por concepto de los servicios de enseñanza correspondientes para los tipos de educación básico y medio superior, cuando dichos pagos se realicen a instituciones educativas privadas del país que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación; sin embargo, aunque la intención plasmada en dicho documento es por demás loable, nos preocupan los alcances derivados de la materia del Decreto.

En primer lugar, por tratarse de un acto administrativo de carácter concreto, declarativo y unipersonal, se encuentra sujeto a la posibilidad de ser revocado en cualquier momento, a criterio del titular en turno del Ejecutivo federal.

Además, si bien el decreto establece la deducción de los gastos realizados por los servicios de enseñanza que el Estado está obligado a prestar, desde preescolar y hasta medio superior, dejó fuera a la educación inicial, cuya importancia es sustancial en el desarrollo del infante, ya que favorece el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad.

Ante los retos y demandas que plantean tanto el sistema económico, como el mercado laboral, donde muchas familias enfrentan la necesidad de que ambos padres trabajen, el servicio prestado tanto en guarderías como estancias infantiles constituye una prestación social necesaria, y el apoyo del Estado en este sentido, se traduce en un importante beneficio para la economía de los trabajadores y las familias mexicanas.

Sin embargo, el otorgamiento de este beneficio por parte del Estado, actualmente se encuentra limitado, casi en su totalidad, a la capacidad que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tienen para proveer el servicio a su derechohabiencia, así como a la eficacia del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Tomando en cuenta estas consideraciones, es que la presente Iniciativa de Ley busca hacer del mencionado estímulo fiscal un acto legislativo, provisto de generalidad, abstracción y obligatoriedad; y a la vez, ampliar el alcance de este beneficio, haciéndolo extensivo a quienes erogan gastos para la contratación de guarderías y estancias infantiles privadas, con el objeto de proveer el mejor cuidado para sus hijos menores de cuatro años.

Argumentación

Los estímulos fiscales representan la disponibilidad de más recursos en la economía familiar, que pueden ser usados para cubrir otros gastos y optimizar el bienestar social. Con la disminución de los gastos generados por concepto de colegiaturas, se fomenta la permanencia en el sistema educativo; una mayor cobertura educativa; y al mismo tiempo, una mejor distribución de los recursos en los hogares de quienes hacen uso de las instituciones educativas privadas en nuestro país.

Además, a través de este estímulo, se fortalece el sistema educativo nacional, ya que el beneficio es válido sólo cuando dichos pagos se realizan a instituciones educativas privadas del país, que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.

Este esfuerzo confirma el papel fundamental de la educación para lograr los objetivos de desarrollo, modernización y progreso de nuestro país.

Derivado de la expedición de dicho decreto, miles de familias mexicanas se han visto beneficiadas, por ello estipular dicho estímulo en una ley, para brindarle un carácter permanente es deseable para la sociedad. Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la medida no afecta de ninguna manera las partidas presupuestales de la educación pública, pues los recursos otorgados por este estímulo se obtienen enteramente por ahorros y economías en la Administración Pública Federal, mismos que se reorientan a gasto en Salud, Educación y Desarrollo Social en beneficio de las familias mexicanas.

Ahora bien, este estímulo fiscal únicamente cubre los servicios de enseñanza correspondientes a la educación básica y media superior. No obstante, es consideración de quien promueve esta iniciativa, que los beneficios de este decreto se extiendan a los alumnos de educación inicial, quienes de acuerdo con el artículo 40 de la Ley General de Educación, son los menores de cuatro años de edad, y es durante esta etapa cuando se desarrollan las capacidades esenciales para la vida, así como el cerebro y sus conexiones. Es por ello que el cuidado adecuado de los niños durante esta etapa, es fundamental para su correcto desenvolvimiento, autoestima y seguridad.

Conforme al documento Principales cifras ciclo escolar 2010 – 2011, realizado por la Secretaría de Educación Pública, en el año 2010 se atendió una población de 936 mil 240 alumnos en educación inicial registrados dentro del sistema extraescolar, esto representa sólo el 8.89 por ciento de la estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que en el Censo de Población y Vivienda 2010 señala que en nuestro país existía un universo de 10 millones 528 mil 322 infantes de 0 a 4 años para ese mismo año.

Por su parte, de acuerdo con datos de La infancia cuenta en México 2008, un sistema de indicadores desarrollado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, se demostró que tanto guarderías públicas como privadas son insuficientes para dar atención a los niños menores de 3 años.

De acuerdo con el documento, solamente 2 de cada 10 niños gozan de este beneficio.  Además, las instituciones públicas que brindan el servicio de guarderías a los derecho habientes del IMSS-ISSSTE o en su caso el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a las Madres Trabajadoras, que operan la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), expresaron que no son suficientes para dar atención a todas las niñas y niños menores de 3 años.

Sin embargo, el mismo estudio publicado en 2010, señaló que hubo un total de 2,100,505 registros de nacimiento de población menor de un año, 34 por ciento de esta población de 0 a 4 años no es derechohabiente.

En tanto al derecho a la educación, el porcentaje de atención de la población de 3 años en educación preescolar en el mismo año, fue de 43 por ciento, lo que quiere decir que menos de la mitad de la población infantil a nivel nacional de dicha edad tuvo acceso a este nivel educativo.

En el mismo sentido, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012 del INEGI, indica que en México, el 38.3 por ciento de la población económicamente activa, son mujeres. De las cuales el 63 por ciento no cotiza, ni ha cotizado en el IMSS y/o ISSSTE, situación que no les permite tener acceso a las guarderías y/o estancias infantiles.

A su vez, del 61.7 por ciento de hombres económicamente activos, el 66.3 por ciento no cotiza. Y en el caso de quienes cotizan, existe otro aspecto importante a considerar, los padres, en muchas ocasiones pese a ser derechohabientes son discriminados, ya que se les niega o condiciona el acceso a guarderías. Por ejemplo, la Ley del Seguro Social, en el Artículo 205 condiciona la prestación en los siguientes términos: Las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

En este contexto, se promueve la modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de este pleno la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo IX, “De los servicios de enseñanza contratados en establecimientos privados con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios”, al título VII, “De los estímulos fiscales”, con los artículos 239, 240 y 241, a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ley del Impuesto sobre la Renta

Título VIIDe los estímulos fiscales

...

Capítulo IXDe los servicios de enseñanza contratados en establecimientos privados con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios

Artículo 239. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los establecidos en el título IV de esta ley podrán disminuir del resultado obtenido conforme a la primera oración del primer párrafo del artículo 177 de esta ley, la cantidad que corresponda conforme al artículo 241 de esta ley, por los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación inicial, básico y medio superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no perciba durante el año de calendario ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año y se cumpla con lo siguiente:

I. Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, y

II. Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate.

El estímulo a que se refiere el presente artículo no será aplicable a los pagos:

a) Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno, y

b) Correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción.

Para los efectos de esta fracción, las instituciones educativas deberán separar en el comprobante fiscal el monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno.

Tampoco será aplicable el estímulo a que se refiere el presente artículo cuando las personas mencionadas en el primer párrafo de este artículo reciban becas o cualquier otro apoyo económico público para pagar los servicios de enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los adoptados se consideran como descendientes en línea recta del adoptante y de los ascendientes de éste.

Artículo 240. Los pagos a que se refiere el artículo 239 de esta ley deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.

Para la aplicación del estímulo a que se refiere este capítulo se deberá comprobar, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones educativas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, el estímulo únicamente será aplicable por la diferencia no recuperada.

Artículo 241. La cantidad que se podrá disminuir en los términos del artículo 239 de esta ley, no excederá, por cada una de las personas a que se refiere el citado artículo, de los límites anuales de deducción que para cada nivel educativo corresponda, conforme al gasto promedio de educación por alumno que anualmente determine la Secretará de Educación Pública.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al inicio del siguiente año fiscal a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Servicio de Administración Tributaria deberá expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias, para la correcta y debida aplicación del estímulo mencionado en el Artículo 239 de esta Ley, en un término de 45 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto.

Tercero. Lo dispuesto en el presente decreto se aplicará a los pagos a que se refiere el artículo 239 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que correspondan a los servicios a que el mismo ordenamiento señala, proporcionados a partir del 1o. de enero de 2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2013.— Diputados: Mónica García de la Fuente, Elvia María Pérez Escalante, David Pérez Tejada Padilla, Rubén Acosta Montoya, Carla Alicia Padilla Ramos, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, María Esther Garza Moreno, Mario Miguel Carrillo Huerta, Gabriela Medrano Galindo, María Fernanda Schroeder Verdugo, Antonio Cuéllar Steffan, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado José González Morfín: Ya se encuentra en el pleno y tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Jessica Salazar Trejo:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, nuestro país es formalmente uno de los campeones mundiales en materia de equidad de género.

Hemos suscrito todos los tratados y convenciones internacionales en la materia: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 1966; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto de San José, Costa Rica; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en 1999, y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.

Nuestra Constitución es un ejemplo a seguir en la materia; el artículo 1o. establece los principios de igualdad y de no discriminación; el artículo 2o. ordena la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo; el artículo 4o. establece la igualdad entre mujeres, hombres y los derechos de las niñas y de los niños; los artículos 14, 16, 19, 20 y 90 establecen el marco para la penalización de la violencia familiar; el artículo 34 el reconocimiento a la ciudadanía de las mujeres, y los artículos 35, 36, 52, 56, 115 y 116 establecen diversas acciones afirmativas en la legislación electoral.

Contamos con leyes especiales para la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes; prevenir y erradicar la discriminación; sancionar y erradicar la trata de personas; la igualdad entre mujeres y hombres, y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

Nuestros estados por su parte han emulado el nuevo paradigma de la equidad de género a la mexicana mediante la expedición de la legislación pertinente.

No obstante lo anterior, compañeros, diputadas y diputados, la realidad es otra; en México, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, existimos 115 millones 296 mil 767 habitantes, de los cuales 59 millones 541 mil 411 somos mujeres. Eso es, las mexicanas constituimos el 51.6 por ciento de la población. De las 85 millones 777 mil 703 millones de personas en edad de trabajar, los 45 millones 22 mil 743, el 52.5 somos mujeres.

No obstante lo anterior, tan solo 19 millones 629 mil 131, el 38.2 por ciento, forma parte de la población económicamente activa; incluso, de éstas, un millón 50 mil 27 se encuentran desocupadas; el resto, 25 millones 393 mil 612, a pesar de encontrarse en los años más productivos de su vida, carecen de trabajo.

De acuerdo con ello, las mujeres son más, pero tienen menos empleos, además de que la mayoría lo hace en condiciones de desigualdad, tanto en el aspecto salarial como en lo relativo al ascenso en el empleo.

Por tal motivo, se propone adicionar un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que otorga un estímulo fiscal a los empleadores, personas físicas o morales, que contraten mujeres.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se presenta ante esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone adicionar un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 222 Bis. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales, del impuesto sobre la renta que empleen a personas del sexo femenino.

El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas señaladas en las fracciones anteriores.

Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta de la trabajadora de que se trate, en los términos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que el contribuyente cumpla, respecto de las trabajadoras a que se refiere el presente artículo, con las obligaciones contenidas en los artículos 12 y 15 de la Ley del Seguro Social, y la retención y entero a que se refiere el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, para el caso de los contribuyentes cuya planta de trabajadores del sexo femenino acceda al 50 por ciento, solo podrán deducir hasta 18 por ciento.

El Servicio de Administración Tributaria deberá expedir las disposiciones necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Lo dispuesto en el presente decreto no será aplicable a los salarios devengados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto y que se paguen con posterioridad a dicha fecha a las personas que en el mismo se refiere.

Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas diputadas y los diputados Carla Guadalupe Reyes Montiel, Jessica Salazar Trejo, Arturo Cruz Ramírez, Ramón Montalvo Hernández y Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan iniciativa de decreto por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de impuesto sobre la renta, a los contribuyentes que contraten mujeres.

Exposición de Motivos

El país es formalmente uno de los campeones mundiales en materia de equidad de género.

Hemos suscrito todos los tratados y convenciones internacionales en la materia:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).

• Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José Costa Rica”.

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para).

• La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer.

• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1999), y

• La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.

La Constitución es un ejemplo a seguir en la materia. El artículo 1o. establece los principios de igualdad y de no discriminación.

El artículo 2o. ordena la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo.

El artículo 4o. establece la igualdad entre mujeres y hombres y los derechos de las niñas y los niños.

Los artículos 14, 16, 19, 20 y 90 establecen el marco para la penalización de la violencia familiar.

El artículo 34 establece el reconocimiento a la ciudadanía de las mujeres y los artículos  35, 36, 52 y 56, 115 y 116 establecen diversas acciones afirmativas en materia electoral.

Contamos con leyes especiales para:

• La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

• Prevenir y erradicar la discriminación.

• Sancionar y erradicar la trata de personas.

• La igualdad entre mujeres y hombres, y

• El acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Los estados, por su parte, han emulado el nuevo paradigma de la equidad de género a la mexicana, mediante la expedición de la legislación pertinente.

No obstante lo anterior, compañeras diputadas y compañeros diputados, la realidad es otra.

En México, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, existimos 115 millones 296 mil 767 de habitantes, de los cuáles, 51.6 por ciento son mujeres (59 millones 541 mil 411).

De las 85 millones 777 mil 703 millones de personas en edad de trabajar, 45 millones 22 mil 743, el 52.5 por ciento son mujeres.

No obstante lo anterior, tan sólo 19 millones 629 mil 131, el 38.2 por ciento, forma parte de la población económicamente activa (PEA); incluso, de éstas, 1 millón 50 mil 27 se encuentran desocupadas. El resto, 25 millones 393 mil 612, a pesar de encontrarse en los años más productivos de su vida, carecen de trabajo.

De acuerdo con ello, las mujeres son más, pero tienen menos empleos, además de que la mayoría lo hace en condiciones de desigualdad, tanto en el aspecto salarial como en lo relativo al ascenso en el empleo.

Por tal motivo, se propone adicionar un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta para otorgar un estímulo fiscal a los empleadores, personas físicas o morales, que contraten mujeres, consistente en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas mujeres.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se presenta ante esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se propone adicionar un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 222 Bis. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas o morales, que empleen a personas del sexo femenino.

El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas señaladas en el párrafo anterior.

Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta de la trabajadora de que se trate, en los términos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que el contribuyente cumpla, respecto de las trabajadoras a que se refiere el presente artículo, con las obligaciones contenidas en los artículos 12 y 15 de la Ley del Seguro Social y las de retención y entero a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, para el caso  de los contribuyentes cuya planta de trabajadoras exceda del 50 por ciento, sólo podrán deducir hasta dicho porciento.

El Servicio de Administración Tributaria deberá expedir las disposiciones necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Lo dispuesto en el presente decreto no será aplicable a los salarios devengados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto y que se paguen con posterioridad a dicha fecha, a las personas a que el mismo se refiere.

Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 7 de marzo de 2013.— Diputados: Carla Guadalupe Reyes Montiel, Jessica Salazar Trejo, Arturo Cruz Ramírez, Ramón Montalvo Hernández, Javier Salinas Narváez, Ossiel Omar Niaves López, Ramón Montalvo Hernández, Marco Antonio González Valdez,  José Noel Pérez de Alba, Blas Ramón Rubio Lara, Rafael González Reséndiz, Petra Barrera Barrera, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Sergio Augusto Chan Lugo, Juan Carlos Uribe Padilla, Mario Miguel Carrillo Huerta, Erick Marte Rivera Villanueva, Verónica Beatriz Juárez Piña, René Ricardo Fujiwara Montelongo,  Fernando Belaunzarán Méndez, Claudia Elena Águila Torres, Joaquina Navarrete Contreras, José Luis Esquivel Zalpa, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Elvia María Pérez Escalante, Verónica Carreón Cervante (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Sonido en la curul de la diputada Juárez.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Gracias, presidente. Para felicitar a quien presenta hoy la iniciativa, si nos permite adherirnos a esta iniciativa que va a favor de las mujeres, que me parece que todos los aquí presentes deberíamos de hacerlo también.

Aprovecho, señor presidente, este espacio para condenar enérgicamente la sentencia a muerte por lapidación, precedida de un acto de tortura pública, consistente en 10 latigazos en la espalda, en contra de la joven tunecina Amina, de 19 años, por difundir en las redes sociales una fotografía de ella con el pecho desnudo y con una frase escrita en árabe en la que aboga por los derechos de la mujer: Mi cuerpo es mío y de nadie más.

Creo que esa expresión deberíamos de tenerla cada una de las mujeres y condenar este acto, y no solamente cada una de las diputadas y diputados que nos encontramos aquí, sino todo el pueblo de México. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención ya quedó recogida. Estoy seguro que la diputada Jessica Salazar, no tiene inconveniente en que usted suscriba esta iniciativa, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Sonido en la curul de la diputada Malú Mícher, por favor.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente para solicitar el turno para opinión de la Comisión de Equidad y Género. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto. También se turna la iniciativa de la diputada Jessica Salazar para opinión a la Comisión de Equidad y Género.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal.

La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo: Mi iniciativa es con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal, en donde se trata de poner como delito grave en el Código Penal Federal la pesca ilegal del pepino de mar.

El pepino de mar se encuentra amenazado con la extinción. La autoridad ha dispuesto épocas y zonas de veda, pero esto no ha sido suficiente. Desafortunadamente este tipo de prohibiciones han incrementando la pesca ilegal, que amenaza con la extinción de estas especies.

Lo razonable es impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, pero ya es sumamente urgente y necesario desalentar y de plano evitar estas conductas ilegales.

El pepino de mar es un organismo que vive en los fondos marinos en las zonas de coral y en las rocas; son inofensivos, se alimentan de sedimento y limpian el fondo de los mares, esto es, funcionan como un filtro en el mar, lo que contribuye al equilibrio ecológico.

Se aprovecha para el consumo humano, pero también como medicina contra el dolor y los malestares estomacales y respiratorios. Los principales centros de consumo se localizan en Asia y Europa, muy especialmente en países como China, Japón y Corea del Sur.

En México, la captura del pepino se ha incrementado en forma tan grave y alarmante, que ya amenaza seriamente con la extinción. El precio por tonelada resulta insultante, supera los 3 mil dólares; es decir, más de 36 mil pesos mexicanos en promedio, lo que hace muy atractiva su captura y la pesca ilegal.

En el 2012, la estimación de captura e ingreso se ubicó en unas 580 toneladas, con una derrama aproximadamente de más de 20 millones de pesos. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece infracciones y sanciones administrativas, pero esto no es suficiente.

El pasado 14 de febrero se publicó un nuevo acuerdo de veda para la pesca de todas las especies de pepino de mar en la zona marítima de la Península de Yucatán. Oficialmente se reconoce que las especies de pepino de mar representan un recurso biológico reciclador de materia en el ecosistema, que es vulnerable a los cambios ambientales y a la pesca, por lo que es indispensable su protección efectiva.

La veda tiene como finalidad inducir a la permanencia en las áreas de pesca y mantener la biomasa capturable, para que de esa manera se regenere y de manera sustentable sea esto lo que produzca beneficios a los pescadores de Campeche y Yucatán.

No podemos perder de vista que es de suma importancia para el ecosistema marino en su conjunto, porque el pepino de mar realiza una función depurativa y de limpieza de los océanos muy importante. Es por todo esto que la función del pepino de mar tiene una repercusión positiva y desencadenante en el medio ambiente.

Su extinción —esto es muy importante compañeros— produciría un efecto devastador en el medio marino, por lo que su preservación es un imperativo de vital importancia; por eso estoy solicitando el apoyo de esta soberanía, para que esta conducta depredatoria del pepino de mar se tipifique como delito en el Código Penal Federal.

Esta iniciativa de ley tiene como antecedente inmediato el hecho de que la protección legal que estamos pidiendo para el pepino de mar ya es ley vigente para el abulón y la langosta.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420. Se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días de multa, a quien ilícitamente:

II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta y pepino de mar, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164 de este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Landy Margarita Berzunza Novelo, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420 fracción II Bis, del Código Penal Federal al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

En la actualidad muchas especies marinas se encuentran amenazadas a grado tal que pueden ser objeto de extinción. Este es el caso del “pepino de mar”, respecto del cual se ha dispuesto por la autoridad competente, el necesario e indispensable respeto a las épocas y zonas de veda establecidas para diferentes especies de la fauna acuática, en aguas mexicanas de jurisdicción federal.

Por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de marzo de 1994, se estableció un periodo de veda en las aguas marinas colindantes con la Península de Yucatán; pero contrario a lo esperado, las épocas y zonas de veda no han sido respetadas. Desgraciadamente este tipo de prohibiciones han incrementado la pesca ilegal que amenaza la extinción de las especies.

En consecuencia y con objeto de evitar la extinción de las especies amenazadas e impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, es por lo que consideramos que resulta, no sólo necesario sino ya indispensable, que el Código Penal Federal contemple sanciones a la pesca ilegal del “pepino de mar”, de la misma manera en que se tipifica para las especies acuáticas denominadas “Abulón” y “Langosta”.

Argumentación

Por “pepino de mar” se conoce a las holoturias, cohombros o carajos de mar, que son animales marinos de cuerpo vermiforme, alargado y blando, que viven en los fondos marinos.

Al “pepino de mar”, se le localiza en las zonas de coral, rocas y enterrados en el suelo marino.

Son animales marinos inofensivos, se alimentan de sedimento y limpian el fondo de los mares, cuyo principal depredador es el ser humano, porque se aprovecha principalmente para consumo y también como medicina contra el dolor y los malestares musculares, estomacales y respiratorios.

Los principales centros de consumo se localizan en Asia y Europa. En Asia, muy especialmente China, Japón y Corea del Sur, porque el pepino de mar es un producto muy apreciado por los consumidores de esos países.

En México, la captura del pepino de mar comenzó a finales de los años ochenta y se ha incrementado con el paso de los años hasta constituir ya una problemática tan grave que amenaza la extinción de aquellas especies de pepino de mar de mayor demanda, con lo que se pone en riesgo el equilibrio en los ecosistemas marinos.

El precio por tonelada supera los tres mil dólares; es decir, más de 36 mil pesos mexicanos en promedio, lo que hace muy atractiva su captura y también, desafortunadamente, la pesca ilegal.

Para el año próximo pasado, la estimación más aproximada en captura e ingreso económico para la pesquería legalmente autorizada de las zonas colindantes a la península de Yucatán, se ubicó en unas 580 toneladas con una derrama aproximada de un millón setecientos cuarenta mil dólares; es decir, más de 20 millones 880 mil pesos.

En este orden de ideas y debido a la mezcla de factores como el alto valor comercial de este animal marino, el incremento en su captura y consumo y la pesca ilegal que no respeta épocas ni zonas de veda, es por lo que en la actualidad la especie se encuentra en peligro de extinción.

La Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables, regula la captura de las especies marinas y establece las infracciones y sanciones administrativas al efecto, pero esto no ha sido suficiente para inhibir la captura ilegal.

De igual manera, la Norma Oficial Mexicana 009-pesc-1993 y el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de marzo de 1994, han sido insuficientes para evitar la depredación ilegal, desmedida e irracional de esta especie marina.

Hoy día, ya se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de febrero de 2013, un nuevo Acuerdo, muy importante y trascendente, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el que se modifica la fracción IX del numeral Primero del aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1994, que dispone lo siguiente:

“IX. Se establece veda permanente para la pesca de todas las especies de pepino de mar, a partir de la fecha de la publicación del presente Acuerdo, en las aguas marinas de jurisdicción federal localizadas rente a la costa de la Península de Yucatán, a partir del punto ubicado en la frontera entre los Estados de tabasco y Campeche, con las coordenadas de 92º 28´5” Longitud Oeste y 18º 39´5” Latitud Norte, siguiendo una línea imaginaria sobre el mismo paralelo hasta el límite exterior de la plataforma continental y siguiendo ese límite hasta la frontera con Belice.”

Al respecto, consideramos importante destacar las consideraciones que la dependencia ha precisado en este Acuerdo y que, entre otras, son:

“Que las poblaciones de pepino de mar localizadas en los fondos marinos de las aguas de jurisdicción federal frente al litoral de la Península de Yucatán representan un recurso biológico de importancia para los pescadores locales;”

“Que el pepino de mar es un recurso con importancia ecológica como reciclador de materia en el ecosistema, cuyas características biológicas lo hacen vulnerable a los cambios ambientales y a los efectos de la pesca, al ser de escasa movilidad, con tendencia a formar agregaciones como una estrategia para favorecer su éxito reproductivo, y con larga longevidad;”

“Que las especies de pepino de mar Holothuria floridana, Astichopus multifidus e Isostichopus badionotus se distribuyen frente a la península de Yucatán, por lo que es necesario establecer la protección efectiva de sus poblaciones que sustentan esta pesquería mediante medidas de regulación enfocadas al control de la mortalidad por pesca y la protección de las especies durante su periodo reproductivo y de reclutamiento;”

“Que la veda para las especies aprovechables de pepino de mar tiene como finalidad inducir a la permanencia de sus poblaciones en las áreas de pesca y mantener la biomasa capturable de dichas poblaciones para que genere beneficios a los pescadores de Campeche y Yucatán en los periodos en que técnicamente resulte viable la pesca;”

“Que las evaluaciones realizadas recientemente por el Instituto Nacional de Pesca indican que los bancos de pepino de mar detectados en la zona oriental de la plataforma continental de la Península de Yucatán tienen factibilidad para su aprovechamiento; sin embargo, ello está condicionado a la disponibilidad y tallas biológicamente adecuadas, siendo actualmente necesario permitir el crecimiento y reproducción de las poblaciones, ya que se trata de organismos jóvenes, los cuales llevarán a cabo el proceso de reproducción entre mayo y agosto del presente año.”

“Adicionalmente se debe permitir que los rendimientos se incrementen a partir de la captura de ejemplares adultos de la talla adecuada, lo que representará beneficios para el productor.”

“Que conforme a los resultados de investigaciones recientes respecto al desarrollo de las fases de maduración gonádica de H. floridana, el periodo donde mayormente se presentaron hembras maduras a desovadas, con baja representatividad de organismos en fases iniciales de reproducción, fue de febrero a junio, lo que podría considerarse como el periodo de desove para esta especie.”; y,

“Que con base en las bajas densidades de organismos adultos de las especies Isostichopus badionotus y Holothuria floridana, la definición del periodo de reproducción de esta última, y con la finalidad de favorecer el éxito de reproducción y el reclutamiento de individuos a la población adulta, hasta recuperar niveles de biomasa que permitan su extracción en tallas adecuadas, el Instituto Nacional de Pesca, recomendó continuar con la veda de todas las especies de pepino de mar.”

Por todo lo antes señalado, hemos considerado que ya es indispensable que la pesca ilegal del pepino de mar, sea tipificada como delito, de manera expresa por el Código Penal Federal, a fin de inhibir estas conductas depredatorias, que deben ser evitadas haciendo uso de todos las acciones, instrumentos, normas y herramientas al alcance de las autoridades competentes.

Es por lo que estamos solicitando el voto aprobatorio de esta honorable asamblea, para esta iniciativa de ley, que tiene como antecedente inmediato el hecho de que la protección legal que estamos pidiendo para el pepino de mar, ya es ley vigente para el abulón y la langosta.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 420, fracción II Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I y II...

II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta y pepino de mar dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164 de este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.— Diputados: Landy Margarita Berzunza Novelo, Fernando Bribiesca Sahagún, María Leticia Mendoza Curiel, Socorro de la Luz Quintana León, María Angélica Magaña Zepeda, José Luis Esquivel Zalpa, Salvador Arellano Guzmán, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, José Ignacio Duarte Murillo, Salvador Romero Valencia, Humberto Armando Prieto Herrera, Karina Labastida Sotelo, Ricardo Medina Fierro, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Mario Miguel Carrillo Huerta, Teresita de Jesús Borges Pasos, José Valentín Maldonado Salgado, Maricela Velázquez Sánchez, Jorge Herrera Delgado, Cecilia González Gómez, Martha Berenice Álvarez Tovar, María Rebeca Terán Guevara, Benito caballero Garza, María del Rocío García Olmedo, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Leticia Calderón Ramírez, Mayra Karina Robles Aguirre, Patricia Elena Retamoza Vega, María Guadalupe Mondragón González, Yesenia Nolasco Ramírez, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Marco Antonio González Valdez, José Martín López Cisneros, Leticia López Landero, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Cesario Padilla Navarro, Rosalba de la Cruz Requena, Noé Barrueta Barón, Juan Manuel Carbajal Hernández, Verónica Beatriz Juárez Piña, Norma Ponce Orozco,  Rosalba Gualito Castañeda, Cristina González Cruz, Irma Elizondo Ramírez, Juan Manuel Rocha Piedra, Maricruz Cruz Morales, Mariana Dunyaska García Rojas, Francisco Alberto Zepeda González, Miriam Cárdenas Cantú, Oscar Bautista Villegas, José Ángel González Serna, Alejandra López Noriega, Mario Sánchez Ruiz, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Juan Carlos Muñoz Márquez, Raúl Gómez Ramírez, Paulina Alejandra del Moral Vela, Aurora Denisse Ugalde Alegría, María Guadalupe Velázquez Díaz, Adriana Hernández Íñiguez, Blanca María Villaseñor Gudiño, Rubén Acosta Montoya, José Luis Muñóz Soria, Faustino Félix Chávez, Segués Agustín Barrios Gómez, Tanya Rellstab Carreto, Omar Antonio Borboa Becerra, Felipe Arturo Camarena García, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, Zita Beatriz Pazzi Maza, Cristina Ruiz Sandoval, Angelina Carreño Mijares, Elvia María Pérez Escalante, Luis Armando Córdova Díaz, Rosendo Serrano Toledo, Eva Diego Cruz, Verónica Carreón Cervantes, Alfio Vega de la Peña, Javier López Zavala, Fernando Alfredo  Maldonado Hernández, Erika Yolanda Funes Velázquez, José Enrique Reina Lizárraga, Marco Antonio Calzada Arroyo, Genaro Ruiz Arriaga, Leslie Pantoja Hernández, Víctor Rafael González Manríquez, María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo, Adriana González Carrillo, Silvia Márquez Velasco, Alicia Concepción Ricalde Magaña, José Luis Flores Méndez, Julio César Flemate Ramírez, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Julio César Lorenzini Rangel,  Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Ruth Zavaleta Salgado, Carlos Octavio Castellanos Mijares, Dulce María Muñiz Martínez, Issa Salomón Juan Marcos, Salvador Arellano Guzmán,   Verónica Sada Pérez, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Néstor Octavio Gordillo Castillo, María Concepción  Ramírez Diez Gutiérrez, María Concepción Navarrete Vital, Francisco González Vargas, Víctor Hugo Velasco Orozco, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Roy Argel Gómez Olguín, Ernesto Núñez Aguilar, Luis Gómez Gómez, Martha Edith Vital Vera, Ana Lilia Garza Cadena, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, José Pilar Moreno Montoya, José Noel Pérez de Alba, Cinthya Noemí Valladares Couoh,  Blas Ramón Rubio Lara, Sue Ellen Bernal Bolnik, Román Alfredo Padilla Fierro, Lizbeth Loy Gamboa Song, Rafael González Reséndiz, Eduardo Román Quian Alcocer, Sergio Torres Félix, Alfredo Zamora García, Adan David Ruiz Gutiérrez, José Alejandro Montano Guzmán, Gabriela Medrano Galindo, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, David Pérez Tejada Padilla, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, José Angelino Caamal Mena, Marco Antonio González Valdez, María del Carmen García de la Cadena Romero, Rodimiro Barrera Estrada, Leonor Romero Sevilla, Elsa Patricia Araujo de la Torre, Rosalba de la Cruz Requena, Martha Gutiérrez Manrique, Emilse Miranda Munive, Minerva Castillo Rodríguez, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Gerardo Peña Avilés, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, María Esther Garza Moreno, Consuelo Argüelles Loya, René Ricardo Fujiwara Montelongo, Adolfo Bonilla Gómez, Luis Olvera Correa, María de Jesús Huerta Rea, Salvador Ortiz García, María Sanjuana Cerda Franco, María del Rocío Corona Nakamura, Ossiel Omar Niaves López, Arturo Cruz Ramírez, Ramón Montalvo Hernández, Alma Marina Vitela Rodríguez,  Sonia Catalina Mercado Gallegos, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Francisca Elena Corrales Corrales, Alfonso Inzunza Montoya, María Fernanda Schroeder Verdugo,  Sergio Augusto Chan Lugo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, María Celia Urciel Castañeda, Jorge Rosiñol Abreu, Mauricio Sahui Rivero, Sonia Rincón Chanona, María Beatriz Zavala Peniche, Claudia Elena Águila Torres, Angélica Rocío Melchor Vásquez,  Tania Margarita Morgan Navarrete, Antonio de Jesús Díaz Athié, Fernando Rodríguez Doval, Flor Ayala Robles Linares, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Ana Isabel Allende Cano, Víctor Reymundo Nájera Medina, Xavier Azuara Zúñiga, Joaquín Caballero Rosiñol, Regina Vázquez Saut, José Luis Márquez Martínez, Antonio García Conejo, Teresa de Jesús Mojica Morga, Gerardo Villanueva Albarrán, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Margarita Saldaña Hernández, María Isabel Ortiz Mantilla, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Carlos Humberto Aceves y del Olmo, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Manuel Añorve Baños, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Luis Ricardo Aldana Prieto, Tomás López Landero, Javier Filiberto Guevara González, Merilyn Gómez Pozos, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Luis Alberto Villarreal García, Leopoldo Sánchez Cruz, Flor de María Pedraza Aguilera, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Raúl Paz Alonzo, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Pedro Gómez Gómez, José Everardo Nava Gómez, César Reynaldo Navarro de Alba, Miguel Sámano Peralta, Darío Zacarías Capuchino,  Raymundo King de la Rosa, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alfredo Anaya Gudiño, Carlos Sánchez Romero, Samuel Gurrión Matías, Marina Garay Cabada, Fernando Charleston Hernández, Francisco Grajales Palacios, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Harvey Gutiérrez Álvarez, Arturo de la Rosa Escalante, Juan Jesús Aquino Calvo, Margarita Licea González, J. Jesús Oviedo Herrera, Francisco Pelayo Covarrubias, Jorge Terán Juárez, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Erick Marte Rivera Villanueva, Luis Miguel Ramírez Romero, Carlos Alberto García González, Juan Pablo Adame Alemán, Esther Quintana Salinas, Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, Lourdes Adriana López Moreno, Areli Madrid Tovilla, Simón Valanci Buzoli, Gabriel Gómez Michel, Javier Treviño Cantú, Abel Guerra Garza, Marco Antonio Barba Mariscal, José Alberto Rodríguez Calderón, Sergio Armando Chávez Dávalos, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Ponciano Vázquez Parissi, Federico José González Luna Bueno, Patricio Flores Sandoval, Abel Octavio Salgado Peña, Noé Hernández González, Juan Manuel Diez Francos, Gaudencio Hernández Burgos, Enrique Cárdenas del Avellano, José Sergio Manzur Quiroga, Alberto Curi Naime, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Domitilo Posadas Hernández, Catalino Duarte Ortuño, Julisa Mejía Guardado, Guadalupe Socorro Flores Salazar, María del Socorro Ceseñas Chapa, María de Lourdes Amaya Reyes, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Silvano Aureoles Conejo, Ricardo Mejía Berdeja, Andrés Eloy Martínez Rojas, Uriel Flores Aguayo, Rodrigo Chávez Contreras, Brasil Alberto Acosta Peña, Frine Soraya Córdova Morán, Lisandro Arístides Campos Córdova, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Raúl Santos Galván Villanueva, Lázara Nelly González Aguilar, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

A ver, sonido en la curul del diputado Enrique Aubry, por favor, y después de la diputada Gabriela Medrano y del diputado Sergio Chan.

El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (desde la curul): Gracias, presidente, solo para preguntarle a la diputada proponente si me puedo sumar a su iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No tiene inconveniente. Igual, el diputado Sergio Chan.

El diputado Sergio Chan Lugo(desde la curul): En el mismo sentido, presidente, si la diputada permite, siendo también vecino del estado de Campeche, siendo diputado del estado de Yucatán, nos permite adherirnos a su iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: La diputada Beatriz Zavala es para lo mismo. La diputada Berzunza no tiene inconveniente. Los que deseen suscribir la iniciativa, la dejamos en manos de la Secretaría. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.La diputada Gabriela Medrano.

La diputada Gabriela Medrano Galindo (desde la curul): Para solicitarle también a la diputada su permiso para sumarnos toda la bancada del Partido Verde Ecologista a su iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo. Pueden pasar a suscribirla aquí en la Secretaría. Ya la diputada Berzunza la aceptó. Se turna —como dije— a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

LEY QUE GARANTIZA EL DERECHO DE REPLICA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra don Rodrigo Chávez Contreras, de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Garantiza el Derecho de Réplica.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, presento ante ustedes esta iniciativa de ley que busca garantizar el derecho de réplica, también conocido como el derecho de rectificación o respuesta, considerado en nuestra Carta Magna en las reformas al artículo 6o. constitucional en el 2007, incluido también en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que señala que el derecho de réplica debiera reglamentarse en el 2008.

El principal objetivo de esta iniciativa que presento hoy es garantizar el derecho humano de la libertad de expresión, cuyo cumplimiento práctico se encuentra en manos de particulares, los propietarios de los diversos medios de comunicación. México no puede quedarse atrás en el cumplimiento y legislación de los derechos humanos, incluido el derecho de réplica.

El 6 de febrero de 1981, México ratificó su adicción a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este instrumento internacional, también llamado Pacto de San José, establece en su artículo 14 que: Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

No obstante a esto, en nuestro país ha sido disfuncional e inoperante el derecho de réplica, por lo que es urgente que esta obligación sea aplicable a cualquier medio de comunicación, acompañado de procedimientos más ágiles que existan en una nueva disposición legal que garantice acciones constitucionales, civiles, penales, administrativas para su debida aplicación.

Es tiempo de poner un límite responsable y justo a quienes utilizan los diferentes medios de comunicación como instrumento para la calumnia, la injuria, la mentira, que busca afectar el honor y la buena fama.

No es un asunto que debe discutirse solo en periodos electorales, se trata de reglamentar el derecho de cualquier ciudadano para que pueda exigirlo, cuando sea afectada su imagen pública.

De ahí que no es la primera vez que este debate llega a esta tribuna, existen al menos 15 iniciativas presentadas desde el 2007 a la fecha: seis del Partido Acción Nacional, cinco del Partido de la Revolución Democrática, dos del Partido Revolucionario Institucional, uno del Partido Verde Ecologista de México, uno del Partido del Trabajo, que sin duda indican que el tema ha estado presente en las prioridades de las diputadas y de los diputados en las últimas tres legislaturas, pero no ha habido voluntad política para sacarlo adelante.

Dado que consideramos que debe acordarse un procedimiento que garantice el ejercicio del derecho de réplica, proponemos:

1. Que el derecho de rectificación pueda ser promovido de manera simple, directa e inmediatamente ante el medio de comunicación para replicar la información que se desea aclarar.

2. Se propone —entre otras cuestiones— que exista sanción para el medio de comunicación que haya negado este derecho al afectado, sanción que deberá ser considerada por un juez que otorgue hasta el doble del tiempo o espacio que corresponde a la réplica solicitada.

En este sentido, presento ante esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Garantiza el Derecho de Réplica.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, exhorto a que hoy hagamos la diferencia, actuemos con determinación y voluntad política; hagamos historia para que nunca más en este país exista persona, que resultado de un negocio mediático injustamente pierda lo que nos dignifica, orgullece y engrandece: el honor. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que expide la Ley que garantiza el Derecho de Réplica, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Rodrigo Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Garantiza el Derecho de Réplica, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

Se propone expedir la ley reglamentaria del derecho de réplica establecido por reforma al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 13 de noviembre de 2007, y que por reforma al Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales publicada el 14 de enero de 2008, debió haberse publicado antes del 30 de abril de 2008.

Esta ley tiene como base la regulación de este aspecto del derecho humano a la libertad de expresión, cuyo cumplimiento práctico se encuentra en manos de particulares, los dueños de los medios de comunicación. Por esa razón se propone partir de la reforma a la Ley de Amparo aprobada el 12 de febrero de 2013 en la Cámara de Diputados, pendiente de dictamen en la colegisladora, que establece el amparo contra particulares, que nuestra ley aún vigente no considera actualmente, pero que ya contempla el derecho comparado. Dicha figura sería la forma jurisdiccional que adquiriría la defensa del derecho de réplica.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

I. Antecedentes

1. En México, el derecho de réplica se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde la reforma publicada el 13 de noviembre de 2007 al artículo 6o.:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado.

(...)

2. En la legislación secundaria, el derecho de réplica se regulaba ya en la Ley sobre Delitos de Imprenta y recientemente se incorporó en el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

a) En la Ley sobre Delitos de Imprenta, publicada el 12 de abril de 1917, se garantiza en el artículo 27 respecto de los medios de comunicación escritos:

Artículo 27. Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan en artículos, editoriales, párrafos, reportajes o entrevistas, siempre que la respuesta se dé dentro de los ocho días siguientes a la publicación que no sea mayor su extensión del triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión que se contesta, tratándose de autoridades, o del doble, tratándose de particulares; que no se usen injurias o expresiones contrarias al decoro del periodista, que no haya ataques a terceras personas y que no se cometa alguna infracción de la presente ley.

Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el periódico tendrá obligación de publicarla íntegra; pero cobrará el exceso al precio que fije en su tarifa de anuncios, cuyo pago se efectuará o asegurará previamente.

La publicación de la respuesta se hará en el mismo lugar y con la misma clase de letra y demás particularidades con que se hizo la publicación del artículo, párrafo o entrevista a que la rectificación o respuesta se refiere.

La rectificación o respuesta se publicará al día siguiente de aquel en que se reciba, si se tratare de publicación diaria o en el número inmediato, si se tratare de otras publicaciones periódicas.

Si la respuesta o rectificación se recibiere cuando por estar ya arreglado el tiro no pudiere publicarse en los términos indicados, se hará en el número siguiente.

La infracción de esta disposición se castigará con una pena que no baje de un mes ni exceda de once, sin perjuicio de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de desobediencia la pena del artículo 904 del Código Penal del Distrito Federal.

b) En el nuevo Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, publicado el 14 de enero de 2008, el derecho de réplica se garantiza en el artículo 233:

Artículo 233

(...)

3. Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.

4. El derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la forma y términos que determine la ley de la materia.

Artículos Transitorios

(...)

Décimo. A más tardar el 30 de abril de 2008, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica establecido en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución.

3. El 3 de febrero de 1981, sin embargo, México ratificó su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 14 señala:

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes* emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

El 29 de agosto de 1986, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió opinión mediante la cual interpretó el contenido de dicho artículo:

2. En cuanto a las preguntas contenidas en la consulta formulada por el Gobierno de Costa Rica sobre la interpretación del artículo 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma,

Es de opinión,

Por unanimidad

A. Que el artículo 14.1 de la convención reconoce un derecho de rectificación o respuesta internacionalmente exigible que, de conformidad con el artículo 1.1, los Estados parte tienen la obligación de respetar y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.

Por unanimidad

B. Que cuando el derecho consagrado en el artículo 14.1 no pueda hacerse efectivo en el ordenamiento jurídico interno de un Estado Parte, ese Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 2 de la convención, de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la propia convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias

Por seis votos contra uno

C. Que la palabra ley, tal como se emplea en el artículo 14.1, está relacionada con las obligaciones asumidas por los Estados Partes en el artículo 2 y, por consiguiente, las medidas que debe adoptar el Estado parte comprenden todas las disposiciones internas que sean adecuadas, según el sistema jurídico de que se trate, para garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho consagrado en el artículo 14.1. Pero en cuanto tales medidas restrinjan un derecho reconocido por la convención, será necesaria la existencia de una ley formal.

4. En Europa, el derecho de rectificación, de respuesta o de réplica se encuentra establecido, en Francia, desde 1822; en Alemania, desde 1824; en Italia, desde 1847; en España, desde 1857; en Suiza, desde 1937; en Bélgica, desde 1961; en Dinamarca, desde 1976; en Austria, desde 1981, además de estar incluido en las Constituciones de Grecia y Portugal.

En nuestro continente americano, durante el siglo pasado, se fue estableciendo el derecho de réplica en leyes de prensa o de imprenta. Sin embargo, a raíz de la suscripción del Pacto de San José se ha ido legislando un derecho de respuesta o rectificación más amplio, aplicable a cualquier medio de comunicación, acompañado de procedimientos más ágiles.

Actualmente el derecho de rectificación o respuesta se encuentra regulado en Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

5. En los países en los que se encuentra establecido, el derecho de rectificación o respuesta se garantiza mediante acciones constitucionales, civiles, penales o administrativas.

Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú disponen de juicios de defensa constitucional contra particulares aplicables para la defensa del derecho de rectificación o respuesta. En Colombia, el Decreto 2591 de 1991 establece la acción de tutela; en Costa Rica, la Ley Núm. 7135, De la Jurisdicción Constitucional, de 1989, regula el amparo contra sujetos de derecho privado; en Ecuador, el artículo 95 de la Constitución de 1998 permite a un particular interponer amparo contra otro particular; y en Perú, la Constitución de 1993 establece en el artículo 200 la procedencia del amparo contra particulares.

6. En el Congreso de la Unión, se han presentado, de 2007 a la fecha, 15 iniciativas para regular el derecho de réplica:

a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 13 diciembre de 2007 por el senador Alejandro Zapata Perogordo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores.

b) Iniciativa que expide la Ley para garantizar el Derecho de Réplica, presentada el 8 de abril de 2008 por los diputados José Antonio Díaz García, Dora Alicia Martínez Valero y Rocío del Carmen Morgan Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados.

c) Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta; deroga el artículo 186, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y expide la Ley Reglamentaria del artículo 6º. De la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica a través de los medios de comunicación impresos y de radiodifusión, presentada el 21 de abril de 2008 por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores.

d) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados (Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 30 de abril de 2008.

e) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Garantiza el Derecho de Réplica, presentada por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, el 30 de julio de 2008.

f) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica, presentada por el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 18 de agosto de 2008.

g) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica, presentada por los diputados Rocío del Carmen Morgan Franco, José Antonio Díaz García y Dora Alicia Martínez Valero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, el 10 de junio de 2009.

h) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica, presentada por la diputada Claudia L. Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados el 19 de agosto de 2009.

i) Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo el 23 de septiembre de 2009.

j) Iniciativa con proyecto de derecho por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica y reforma las fracciones VI y VII y adiciona con una fracción y adiciona con una fracción VIII al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por el senador Jesús Murillo Karam del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 23 de marzo de 2010.

k) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica, presentada por los senadores Pablo Gómez Álvarez, Tomás Torres Mercado y Arturo Núñez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Senadores el 25 de marzo de 2010.

l) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Ejercer el Derecho de Réplica, y deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, presentada por el diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, el 29 de noviembre de 2011.

m) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 27 de la Ley de sobre los Delitos de Imprenta; el artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión y el artículo 38 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión y se crea la Ley de Réplica, presentada por el senador Leonel Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Senadores el 22 de agosto de 2012.

n) Iniciativa con proyecto de derecho que expide la Ley Federal para Ejercer la Réplica en los Medios de Comunicación y se Deroga el Artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, presentada por los senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores el 11 de septiembre de 2012.

ñ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley reglamentaria del artículo 6o. constitucional en materia de Derecho de Réplica, y reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados el 31 de octubre de 2012.

Estas 15 iniciativas presentadas (seis del PAN, cinco del PRD, dos del PRI, una del PVEM y una del PT) indican que el tema ha estado presente en las preocupaciones de los legisladores en las últimas tres legislaturas, pero no ha habido la voluntad política de sacarlo adelante. Cabe mencionarlo, pues el objetivo deliberado fue, sin duda alguna impedir la existencia del ejercicio del derecho de réplica en los procesos electorales tanto de 2009 como de 2012.

Respecto de su contenido, las iniciativas coinciden básicamente en los conceptos de derecho de réplica, en los sujetos legitimados para hacerlo valer y en el carácter gratuito de la publicación de la réplica. Varían, no obstante, en la extensión, autoridad competente, procedimiento y sanciones respecto de la publicación u omisión de ésta.

Once iniciativas proponen que la réplica se realice en la misma extensión de texto o tiempo que ocupó la información motivo de la réplica; sin embargo, dos (PAN) plantean que se pueda realizar en el doble y dos más (PAN y PRD) hasta en el triple de espacio.

Igualmente, nueve iniciativas proponen que la autoridad competente para resolver respecto del ejercicio del derecho de réplica sea un juzgado federal (tres del PRD, una del PT, dos del PRI y tres del PAN), no obstante, cinco iniciativas (tres del PAN y dos del PRD) plantean que sea la Secretaría de Gobernación y una más (PVEM), que corresponda al propio medio, mediante un defensor de la audiencia.

Cabe mencionar que 13 iniciativas coinciden en que sea la misma autoridad la que resuelva en materia electoral las réplicas correspondientes. Sin embargo, dos iniciativas plantean que sea la autoridad electoral, en un caso el Instituto Federal Electoral y en otro el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la competente en la materia.

En relación con los procedimientos que se plantean, cabe mencionar que básicamente todos coinciden en una primera fase seguida ante el medio de comunicación directamente, exclusivamente para regular la solicitud y publicación de la réplica.

Sin embargo, el procedimiento contencioso que se propone, en nueve iniciativas se plantea que sea judicial, en cinco administrativo y uno prácticamente conciliatorio. Los términos para interponer queja o demanda, emplazar al medio de comunicación, citar a audiencia, emitir resolución o sentencia y publicar la réplica son distintos prácticamente en todas las iniciativas. En su conjunto los procedimientos que se proponen varían de 8 a 463 días. En cuatro casos la autoridad no tiene término preciso para emitir resolución o sentencia y en seis más no se plantea un término para publicar la réplica.

Cabe resaltar que en dos iniciativas (PRD y PT) se plantean medidas cautelares. En un caso, la publicación inmediata a la interposición de la demanda, tipo suspensión, en juicio de amparo. En el segundo, la publicación en el medio de comunicación de que se ha interpuesto una demanda de réplica, quién demanda y la información sujeta a controversia. Y, también en cuanto al procedimiento, en cinco iniciativas (cuatro del PAN y una del PRD) se abre la posibilidad de que un acuerdo conciliatorio ponga fin al procedimiento.

Finalmente, quizá respecto de las sanciones es en cuanto se presenta la mayor diferencia que plantean las iniciativas presentadas hasta el momento.

Doce iniciativas prevén multas de 1 a 40,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; una, prisión de seis meses a tres años para el responsable de la publicación en materia de réplica (PRI), y tres, suspensión de la transmisión o edición del medio de comunicación hasta en tanto se publique la réplica ordenada (dos del PRD y una del PT). Y en tres iniciativas más no se prevé ninguna sanción en caso de que el medio de comunicación no publique la réplica correspondiente (una del PVEM y dos del PAN).

7. No obstante que no se ha aprobado la ley reglamentaria correspondiente, sendas comisiones de las Cámaras de Diputados y de Senadores formularon desde 2010 dos proyectos de dictamen al respecto:

a) Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o. constitucional en materia de derecho de réplica, y se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona con una fracción VIII al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, formulada por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados en abril de 2010.

b) Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica y reforma las fracciones VI y VII y adiciona con una fracción VIII al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República el 7 de diciembre de 2010.

Respecto de su contenido, las iniciativas coinciden básicamente en los conceptos de derecho de réplica, en los sujetos legitimados para hacerlo valer y en el carácter gratuito de la publicación de la réplica.

En cuanto a extensión, el dictamen de la Cámara de Diputados plantea que sea de hasta el doble de extensión de la información motivo de la réplica, mientras que el del Senado señala la misma extensión.

Igualmente, coinciden en cuanto a que sea el Juzgado de Distrito en Materia Civil la autoridad judicial competente, sin embargo, el dictamen del Senado plantea que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la autoridad competente tratándose de réplicas en materia electoral.

El dictamen de la Cámara de Diputados tardaría 44 días, mientras que el del Senado tardaría 22. Y el primero no especifica un término para publicar la réplica.

Finalmente, en relación con las sanciones planteadas, el dictamen de la Cámara de Diputados propone una multa de 500 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, mientras que el del Senado oscilan de entre mil y 12 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Cabe señalar que ninguno de los dos dictámenes recoge las propuestas de medidas cautelares ni incluye la posibilidad de suspensión del medio de comunicación ante el incumplimiento de la publicación de la réplica habiendo resolución o sentencia firme de la autoridad competente.

II. Consideraciones

1. De la normatividad citada en los antecedentes 1, 2 y 3, se desprende que si bien el derecho de réplica ya se encontraba establecido desde 1917 en la Ley de Imprenta, estaba limitado a los medios de comunicación impresos y ha sido infuncional, como advierte Jorge Islas:

“... la Ley de Imprenta carece de eficacia al establecer disposiciones que en la práctica no se llevan a cabo, además se dificulta su cumplimiento debido a que la norma a la que remite para sancionar el incumplimiento de lo establecido por ella no está en vigor, ya que menciona en su artículo 27 que en caso de desobediencia, el infractor será sancionado con la pena prevista en el artículo 904 del Código Penal para el Distrito Federal, pero el Código Penal vigente está compuesto de 431 artículos, por lo cual el artículo 27 de la Ley de Imprenta se queda sin norma penal aplicable como sanción.”

Otro problema grave: la Ley de Imprenta es una norma carente de utilidad y de eficacia, puesto que no cuenta con un procedimiento contencioso sumario para hacer efectivos los derechos que protege, lo que hace más lento y extenuante el proceso judicial.

Por eso, prácticamente hasta el año pasado se establece el derecho de réplica en nuestro país, con la reforma al artículo 6o. de la Constitución federal.

No obstante, México ya se encontraba obligado a respetarlo como derecho de rectificación o respuesta, derecho humano establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, en 1981. Desde entonces, nuestro Estado debió haberlo incorporado en los términos suscritos (sin reservas) en su normatividad interna.

2. Como se observa en el punto 4 de los antecedentes de esta iniciativa, el llamado “derecho de réplica” es un derecho antiguo en Europa, que se encuentra mayoritariamente vigente en nuestro continente americano desde hace varias décadas. México se está incorporando muy tarde a su reglamentación.

3. En el punto 5 del capítulo anterior, se observa que en diversos países se ha ido aceptando que los particulares pueden cometer infracciones a la Constitución en contra de otros particulares, lo que ha implicado que los juicios de amparo –o como se denomine a la tutela constitucional individual en cada país– también puedan interponerse contra particulares tratándose de violaciones a derechos fundamentales, como es el caso del derecho de rectificación, de respuesta o de réplica.

Así como las constituciones de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú, mencionadas en el apartado anterior, en nuestro continente americano también las constituciones de Argentina, Bolivia (artículo 19), Chile (artículo 20) y Paraguay (artículo 134) prevén explícitamente el amparo contra actos de particulares.

Por su parte, las constituciones de El Salvador (artículo 247), Guatemala (artículo 265), Honduras (artículo 183), Nicaragua (artículo 45), Uruguay (artículo 10) y Venezuela (artículo 27) contienen conceptos de amparo amplios que han permitido la protección constitucional contra actos de particulares.

En cuanto a México, la Ley de Amparo vigente no establece el amparo contra particulares. No obstante, el 12 de febrero pasado, esta Cámara de Diputados aprobó un dictamen de reforma a la Ley de Amparo que prevé la inclusión del amparo en contra de particulares.

Específicamente, el dictamen contiene como texto del artículo 5o. de la nueva ley en discusión actualmente en el Senado de la República:

Artículo 5o. Son parte en el juicio de amparo:

I. ...

II. ...

Para los efectos de  esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

Esta iniciativa está basada en la posibilidad de que se extienda el amparo a los particulares. Por lo tanto, si no fuera aprobada la minuta pendiente de discusión en Senado de la República, tendríamos que asumir como parte de la presente, a la

4. Sobre el contenido de las iniciativas presentadas en las Cámaras de Diputados y de Senadores, y los dictámenes señalados en los puntos 6 y 7 del capítulo anterior, me permito hacer las siguientes observaciones que motivaron la presentación de esta iniciativa:

a) Sobre el procedimiento ante el medio de comunicación

Cabe advertir que si bien los dictámenes mencionados corrigen varias de las deficiencias de procedimiento que contienen algunas de las iniciativas presentadas, al corresponder a una nueva legislatura formular un nuevo proyecto de dictamen de ley que regule el derecho de réplica, y más aún considerando que los dictámenes de las cámaras contienen diferencias, al formular el nuevo procedimiento debe contemplarse:

• Término para solicitar la réplica ante el medio de comunicación.

• Datos que debe contener la solicitud, documentos de los que debe acompañarse y material que tiene derecho el afectado a que le sea transmitido de acuerdo con la naturaleza de la información sujeta a rectificación o respuesta.

Lo anterior, para evitar pretextos para rechazar la solicitud.

• Responsable y domicilio para atender las solicitudes de réplica ¿a cargo de qué autoridad? Si es ante la Secretaría de Gobernación, no representa ningún problema si se trata de facilitar al medio el cumplimiento de la difusión de la réplica; sin embargo, puede ser un obstáculo si se condiciona la recepción de la solicitud a que el afectado se remita únicamente a dicho responsable, en el lugar que señale el registro de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con un futuro reglamento.

En todo caso, la difusión de la réplica es una obligación de la persona moral, la que, en caso de incumplimiento, será sancionada como tal, por lo que debe estar interesada en que su organización interna determine una forma sencilla y eficaz para la recepción de las solicitudes.

Además, a diferencia de la determinación de responsable para la recepción de las solicitudes de información en los organismos públicos, en el caso de las corporaciones privadas, el legislador no tiene competencia.

• La facultad del medio de comunicación de determinar si es procedente o no la solicitud, lo cual, además de equipararlo con una autoridad, cuando es parte en un conflicto, incrementa los pasos dentro del procedimiento, obligándolo a emitir una respuesta escrita que no tiene sentido, ya que en caso de que el particular determine impugnar la no difusión, el medio deberá explicar las razones de tal negativa, tácita o explícita.

En todo caso, al afectado, más que conocer las razones por las cuales el medio se niega a difundir la rectificación o respuesta, se encuentra interesado en que se difunda. Y es dicho derecho el que la ley debe amparar.

b) Sobre el procedimiento administrativo ante la Secretaría de Gobernación

Aunque ninguno de los dos dictámenes propuestos plantea un procedimiento administrativo, ni que sea la Secretaría de Gobernación la autoridad competente para conocer de éste, es importante que el nuevo dictamen correspondiente no lo retome de las cinco iniciativas que lo proponen.

Al respecto, es importante señalar que el Poder Ejecutivo, al que pertenece la Secretaría de Gobernación, tiene como actividad esencial la gestión sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general. Dicha atribución se realiza mediante los servicios públicos que se proporcionan a la ciudadanía de acuerdo con el marco jurídico especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y realización del contenido de actos administrativos emitidos ex profeso.

En ese sentido, el acto administrativo se define como: Declaración unilateral del conocimiento, juicio o voluntad emanada de una entidad administrativa, actuando en su faceta de órgano público, bien tendente a constatar hechos, emitir opiniones, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas entre los administrados o con la administración, bien con simples efectos dentro de la propia esfera administrativa.

Fernández de Velasco define el acto administrativo de una manera más sintética, como “toda declaración unilateral y ejecutiva en virtud de la cual la administración tiende a crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva”.

Los actos administrativos se desarrollan mediante los procedimientos administrativos correspondientes. Sobre el concepto de éstos, se puede comentar lo siguiente:

En la doctrina mexicana se ha impuesto el concepto de Gabino Fraga, al considerar que el procedimiento administrativo es un conjunto de formas y actuaciones que preceden y preparan un acto administrativo. Al repasarse el panorama doctrinario tenemos que, con matices, es seguida la doctrina de Fraga: Andrés Serra Rojas habla de trámites y formalidades ordenados jurídicamente exigidos para el perfeccionamiento del acto administrativo y para el cumplimiento de una finalidad: Jorge Olivera Toro estima el procedimiento como Fraga sin reconocerle su crédito y lo considera como un camino fijado legalmente; Miguel Acosta Romero también les da una connotación normativa a los actos procedimentales destinados a crear un acto definitivo; o Rafael Martínez Perales se refiere a una serie coordinada de medidas tendientes a producir y ejecutar el acto administrativo.

El procedimiento administrativo que la administración pública sigue a modo de juicio tiene en su propia definición su naturaleza:

En la doctrina, un procedimiento se califica de “administrativo” cuando se dan dos circunstancias específicas: una de las partes en conflicto es la administración pública o es la propia administración quien resuelve la controversia a través de sus tribunales o de sus organismos paraprocesales, o es un acto que tiende a generar un acto administrativo.

El procedimiento administrativo mediante el cual actúa la administración pública, como dijimos, se diferencia del proceso propio del desarrollo de la actividad jurisdiccional:

... en la doctrina del derecho procesal se ha entendido que, para que exista un proceso, se requiere un litigio, puesto que el primero es el instrumento jurídico de solución del segundo; así se afirma que el proceso es sólo un medio de solución o de composición del litigio.

Niceto Alcalá-Zamora dice lo siguiente:

“El proceso aparecería así como un medio jurídico para la dilucidación jurisdiccional de una pretensión litigiosa, fórmula ésta mediante la que se elude la controvertida cuestión acerca de si sirve para la realización del derecho objetivo o para la del derecho subjetivo (...) constituye a su vez un estado de antagonismo entre unas partes que piden y un juzgador que decide...”

Con base en lo anterior, deducimos que la autoridad administrativa no es la indicada para la defensa de los derechos humanos de personas individuales específicas, ya que su finalidad es ejecutar acciones dirigidas al bienestar común de la población. Menos idóneo aún es un organismo administrativo no paraprocesal, como los tribunales militares, las Juntas de Conciliación y Arbitraje o alguno otro a cargo del Poder Ejecutivo.

Asimismo, tampoco es el procedimiento administrativo el más indicado para resolver litigios en los que no es parte la administración pública, ni constituyen pasos para generar un acto administrativo, como el procedimiento administrativo.

Resguardar los derechos de los individuos es una función eminentemente jurisdiccional porque implica la impartición de justicia en casos concretos, entre partes en las que en todo caso puede o no intervenir como demandada pero también como demandante alguna institución del Estado, como es el caso del derecho de réplica.

c) Sobre otros aspectos

• Entre otros aspectos por observar, también se encuentra la responsabilidad que se pretende atribuir a las agencias de noticias en vez de los medios de comunicación que difunden una información específica, pretendiendo que el afectado solicite ante la agencia correspondiente la réplica correspondiente.

De manera un tanto absurda, se pretende que el particular acuda ante la agencia para que ésta emita la rectificación que el medio estará obligado a realizar.

Dada la naturaleza del procedimiento, si la agencia se niega a difundir la réplica correspondiente, el particular tendría que acudir al medio de impugnación correspondiente, el cual a su vez se tardará el tiempo en que puede perder oportunidad la rectificación o respuesta que se pretenda realizar.

El dictamen debe ser claro en determinar qué pasaría si el medio no cumple su obligación de publicar la réplica correspondiente.

En todo caso, la contratación de agencias de noticias depende del medio de comunicación no del particular, es el medio el que decide qué información de la agencia difunde y el que hace pública la información que afecta al solicitante. Por eso, la responsabilidad que debe atender la agencia tendría que ser ante el medio no ante el particular afectado, como se encuentra en otras legislaciones como la brasileña.

• Señalan cinco de las iniciativas que las partes, en cualquier etapa del procedimiento podrán solucionar el conflicto surgido con motivo del ejercicio del derecho de réplica de manera conciliatoria. Esta disposición podría generar extorsión o sometimiento, en vez de propiciar el ejercicio de un derecho fundamental, que es el objetivo de la ley, dado que de cualquier forma se trata de un conflicto entre partes totalmente desiguales.

• No en todos los proyectos de ley de se garantiza finalmente el objetivo último de la propia ley, que es que el medio difunda la réplica del afectado, ya que al tratarse de una autoridad administrativa que procede no para la defensa del interés social, sino individual, en algunos casos, no tiene elemento coercitivo de ejecución de sanción, y dicha ineficacia provocaría que el particular acuda a una autoridad jurisdiccional que defienda su derecho subjetivo, por lo que los procedimientos ante el medio y ante la Secretaría de Gobernación sólo ocuparán tiempo y contratación de abogados sin lograr necesariamente el objetivo de haber difundido una réplica ante información inexacta o agraviante. Menos aún en los casos en que se proponen procedimientos jurisdiccionales se justifica que no se obligue en un término preciso al medio de comunicación a publicar la réplica ordenada y a señalar un mecanismo coercitivo suficiente para hacer inevitable su ejecución.

III. La presente iniciativa

1. La presente iniciativa retoma básicamente el formato que se ha propuesto en las iniciativas mencionadas en los antecedentes 6 y 7.

Difiere apenas de algunos conceptos, como el de derecho de réplica, eliminando la calificación de la subjetividad de contenido moral que alguien distinto del propio interesado pudiera realizar para dificultar el ejercicio de la réplica.

2. Dado que consideramos que debe acordarse un procedimiento que garantice el ejercicio del derecho de réplica, proponemos, en primer lugar, que esté simplificado para promover directamente ante el medio de comunicación la rectificación o respuesta sobre la información que se desea aclarar.

En contraparte, se propone como sanción para el medio que haya negado el derecho al afectado, que en la sentencia determinada por el juez otorgue hasta el doble del tiempo o espacio que corresponda a la réplica solicitada.

Dichos mecanismos conforman, por un lado, un incentivo para que el particular promueva directamente ante el medio primero y, por otro, una sanción para éste si no difunde una réplica que a simple vista sea procedente. Ello, en virtud de que el medio podría preferir litigar las réplicas, dado que probablemente los servicios jurídicos le sean más económicos que la venta del espacio o tiempo que tuviera que dedicar a los afectados.

3. En caso de que el medio de comunicación no atienda la solicitud o la niegue, se propone que el afectado pueda interponer acción de amparo en contra de la persona moral responsable, retomando la aprobación del amparo contra particulares de acuerdo con en el dictamen aprobado el pasado 12 de febrero en la Cámara  de Diputados.

Con base en los anteriores antecedentes y consideraciones, someto ante esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley que garantiza el Derecho de Réplica

Artículo Único. Se expide la

Ley que garantiza el Derecho de Réplica

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto reglamentar el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica.

Sus disposiciones son de orden público y de aplicación general en toda la república mexicana.

La interpretación de la presente ley se realizará conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos celebrados y ratificados por nuestro país.

Artículo 2. Los medios de comunicación tienen la obligación de respetar el derecho de réplica de las personas, en los términos previstos en esta ley.

Artículo 3. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Agencia de noticias. Empresa o institución que obtiene información, materiales editoriales o fotográficos para venderlos o ponerlos a disposición a los medios de comunicación.

II. Derecho de réplica. La prerrogativa de toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de comunicación y dirigidas al público en general, a efectuar por el mismo medio su rectificación o respuesta de acuerdo con las condiciones que establece la presente ley, a fin de proteger su honra, reputación o vida privada.

III. Medio de comunicación. La persona que presta servicios de televisión o audio restringidos, de radiodifusión, o que de manera impresa difunde masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole y que opera con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 4. Podrá ejercer el derecho de réplica la persona aludida o, en su nombre, su representante legal. Si hubiere fallecido, podrá hacerlo, indistintamente, su cónyuge, su concubina o concubinario, o sus parientes en línea ascendente o descendente en el primer grado. En este último caso, el primero en presentar la solicitud será el que ejercerá el derecho.

Artículo 5. La crítica periodística será sujeta al derecho de réplica en los términos previstos en esta ley.

Artículo 6. Las rectificaciones o respuestas formuladas en el ejercicio del derecho de réplica deberán ser difundidas por los medios de comunicación de manera gratuita.

Artículo 7. Los medios de comunicación podrán designar un responsable y señalar un domicilio para atender las solicitudes de réplica, a fin de facilitar la recepción de solicitudes.

Artículo 8. Se aplicarán de manera supletoria a la presente ley las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Capítulo II Del procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante el medio de comunicación

Artículo 9. El derecho de réplica se ejercerá conforme al procedimiento señalado en el presente capítulo.

Artículo 10. El afectado por información falsa o inexacta:

I. Tendrá un plazo de siete días, contados a partir del siguiente en el que se difunda el mensaje considerado inexacto o agraviante, para solicitar la rectificación o respuesta correspondiente;

II. Deberá presentar dicha solicitud por escrito dirigido al nombre comercial o razón social del medio de comunicación, en el que se exprese:

a) Nombre y domicilio del afectado;

b) Hechos o declaraciones que se rectifican o responden, indicando la fecha de difusión;

c) La rectificación o respuesta, conforme al artículo 12 de la presente ley, y

d) Firma autógrafa original del afectado o del representante legal.

III. El escrito debe ir acompañado de copia de identificación oficial y, en su caso, del documento que acredite la personalidad jurídica del representante legal o el parentesco del afectado fallecido.

Artículo 11. Una vez recibida la solicitud de rectificación o respuesta, el medio de comunicación:

I. Tendrá un plazo de 48 horas para difundir la rectificación o respuesta. En caso de programas o publicaciones de emisión o impresión con intervalos superiores a dos días deberá difundirse en la siguiente transmisión o edición;

II. La publicación correspondiente:

a) Deberá difundirse de manera íntegra y continua en la misma página o sección del programa motivo de la rectificación o respuesta;

b) Cuando se trate de información transmitida a través de una estación de radiodifusión o que preste servicios de televisión y audio restringidos, la aclaración tendrá que difundirse en el mismo horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado.

Artículo 12. El contenido de la réplica:

I. Deberá limitarse a la información que desea rectificar o responder. En ningún caso podrá comprender injurias ni contravenir disposiciones legales, y

II: Podrá tratarse de un texto cuya impresión o lectura no ocupe más tiempo o extensión que los hechos o declaraciones que se rectifican o responden; o de video o voz, si la información inexacta o agraviante fue difundida por alguno de esos medios.

Artículo 13. Cuando la información motivo de la réplica difundida por el medio de comunicación provenga de agencias de noticias, el medio de comunicación podrá solicitar al juez correspondiente que la sanción le sea aplicada a ésta, independientemente de que queda a salvo su facultad de promover acción civil o penal en su contra.

Artículo 14. El medio de comunicación podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, en los siguientes casos:

I. Cuando rectificó por sí o difundió la respuesta que espontáneamente y sin formalidad alguna le solicitó el afectado;

II. Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en esta ley;

III. Cuando se refiera a información no difundida o la réplica no guarde relación con la que se alega;

IV. Cuando contenga injurias o sea notoriamente contraria a alguna disposición legal, y

V. Cuando el solicitante no tenga interés jurídico en el asunto.

Artículo 15. Transcurrido el plazo señalado en la fracción I del artículo 11 sin que el medio de comunicación haya publicado la rectificación o respuesta, el interesado podrá interponer el amparo contra particulares establecido en la ley de la materia.

Capítulo IV De las infracciones y sanciones

Artículo 16. En la resolución correspondiente, además de ordenar la difusión de la réplica, en su caso, el juez aplicará las siguientes sanciones en los siguientes casos:

I. Cuando el medio fue directamente requerido por el afectado para difundir la réplica y ésta es procedente, le otorgará el doble del espacio que le corresponde al afectado;

II. Por cada día que pase sin que se publique la réplica, multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y

III. En caso de reincidencia, suspensión de la publicación o programa radiofónico o televisivo, hasta por tres ediciones consecutivas.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917, así como todas aquellas disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente ley.

Tercero. El Ejecutivo federal expedirá el reglamento de esta ley dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.

Notas:

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, disponible en Internet: http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html.

2. Islas L., Jorge, “El derecho de réplica y la vida privada”, en Alfonzo Jiménez, Armando (coord.), Responsabilidad social, autorregulación y legislación en radio y televisión, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2002, disponible en Internet: http://www.bibliojuridica.org/libros/1/318/9.pdf. Ver también Flores, Óscar, Derecho de rectificación o respuesta, 2007, disponible en Internet: http://www.slideshare.net/oflores/derecho-de-rectificacin-o-respuesta-153717/

3. Sociedad Interamericana de Prensa, Banco de Datos de Leyes de Prensa, disponible en Internet:

http://www.sipiapa.com/espanol/projects/laws-arg.cfm.

4. Decreto 2591, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, Diario Oficial núm. 40.165, del 19 de noviembre de 1991, disponible en Internet: http://www.dafp.gov.co/leyes/D2591_91.HTM.

5. Ley 7135, De la Jurisdicción Constitucional, del 11 de octubre de 1989, disponible en Internet: http://www.asamblea.go.cr/ley/leyes/7000/7135-doc.

6. Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada el 5 de junio de 1998 por la Asamblea Nacional Constituyente, disponible en Internet: http://www.ecuanex.net.ec/constitucion/indice.html.

7. Constitución Política del Perú, 31 de octubre de 1993, disponible en Internet: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/RelatAgenda/constitucion.nsf/constitucion.

8. Gaceta del Senado núm. 176, 13 de diciembre de 2007, Disponible en Internet: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=15094 y http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Ordinarias/Gobernacion/eventos/dere cho_replica/INICIATIVA_SEN_ALEJANDRO_ZAPATA-PAN.pdf

9. Gaceta Parlamentaria núm. 2470-II, 25 de marzo de 2008, Disponible en Internet: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/mar/ 20080325-II.html#Ini20080325-4.

10. Gaceta del Senado No. 232, 21 de abril de 2008. Disponible en Internet: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm= 2&id=15977

11. Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2482-II, 10 de abril de 2008. Disponible en Internet: http://gaceta.diputados. gob.mx/Gaceta/60/2008/abr/20080410-II.html#Ini20080410-21

12. Gaceta del Senado No. 26, 30 de julio de 2008. Disponible en internet: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm= 2&id=17273 Fe de erratas: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/60/2/2008-07-30-1/assets/documentos/oficio _fe_erratas.pdf

13. Gaceta Parlamentaria No. 2572, 18 de agosto de 2008, Disponible en Internet: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/ago/ 20080818.html#Ini20080818-5

Gaceta del Senado No. 30, 13 de agosto de 2008, Disponible en Internet: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id= 17449

14. Gaceta del Senado No. 6, 10 de junio de 2009. Disponible en Internet: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm= 2&id=20976

15. Gaceta del Senado No. 16, 19 de agosto de 2009. Disponible en Internet: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm= 2&id=21897

16. Gaceta Parlamentaria http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2009/09/asun_2591593_20090923 _1253724289.pdf

17. Gaceta del Senado No. 107, 23 de marzo de 2010. Disponible en Internet: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm= 2&id=24401

18. Gaceta del Senado No. 109, 25 de marzo de 2010. Disponible en Internet: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm= 2&id=24479

19. Gaceta Parlamentaria No. 3401-V, 29 de noviembre de 2011. Disponible en Internet: http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2011/nov/20111129-V/I niciativa-5.html

20. Gaceta del Senado No. 29, 22 de agosto de 2009, Disponible en Internet: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/3/2012-08-22-1/assets/documentos/Ini_re forma_articulos.pdf

21. Gaceta del Senado No. 6, del 11 de septiembre de 2012. Disponible en Internet: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn= 2&sm=2&id=36840

22. Gaceta Parlamentaria No. 3635_II, 31 de octubre de 2012. Disponible en Internet: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/oct/ 20121031-II.html#Iniciativa4.

23. Cámara de Diputados. Disponible en Internet: http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/010_comisioneslxi/001_ordinar ias/020_gobernacion/014_derecho_de_replica

24. Gaceta del Senado No. 193, 7 de diciembre de 2010, Disponible en Internet: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/2/2010-12-07-1/assets/documentos/DictDe rechoReplica.pdf

25. Acto administrativo, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Facultad de Derecho, disponible en Internet: http://www.derecho. ITAM.mx/facultad/materiales/proftc/Cort%E9s/acto%20power%20point.ppt.

26. Fernández de Velasco, Recaredo, El acto administrativo (exposición doctrinal y estudio del derecho español), España, 1929.

27. Pérez López, Miguel, “Notas sobre el procedimiento administrativo”, en revista Vínculo Jurídico núm. 19, julio-septiembre de 2004, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco [citado 20-jul-08], México, disponible en Internet: http://www.uaz.edu.mx/vinculo/webrbj/rev19-5.htm.

28. Márquez Gómez, Daniel, Los procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales como medios de control en la administración pública, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas [citado 20-jul-08], México, 2003, formato pdf, disponible en Internet: http://wwwbibliojuridica.org/libros/ libro.htm?|=307.

29. Alcalá Zamora y Castillo, Niceto, Proceso, autocomposición y defensa (contribución al estudio de los fines del proceso), Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2000, disponible en Internet: http://www.bibliojuridica.org/libros/1/41/tc.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2013.— Diputado Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, don Raúl Paz Alonzo, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

El diputado Raúl Paz Alonzo: Con su venia, señor presidente. La música ha sido pieza fundamental en el desarrollo y organización de la raza humana, a través de ella los pueblos han encontrado formas de identificarse y distinguirse de los demás, además de ser un fiel testigo y manifestación del momento histórico, político y social, muestra de la expresión armónica y estética del ser humano. Sin duda, la música es un medio para transmitir no solo sentimientos y emociones, sino también ideas y conceptos sobre nuestra idiosincrasia.

La música es una herramienta eficaz para el aprendizaje y una mejor comprensión del lenguaje. Científicos de la UNAM descubrieron que la música genera mayor actividad en la zona del lenguaje del cerebro, lo cual podría servir para aminorar deficiencias y proporcionar mejores recursos terapéuticos en personas que presentan trastornos en dicho proceso.

Enseñar desde temprana edad a apreciar y comprender la música, así como operar un instrumento musical permite desarrollar capacidades cognitivas y perceptivas. En diversos países, entre ellos Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suecia y Chile la educación musical es una materia obligatoria dentro del sistema educativo básico y no se encuentra dentro de una asignatura general de apreciación o enseñanza artística, como actualmente ocurre en países como México.

El Plan de Estudios de Educación Básica para el ciclo escolar 2011-2012, elaborado por la SEP, contempla la enseñanza artística; sin embargo, no específica el tiempo destinado para el aprendizaje de la música.

Instruir la educación musical en la enseñanza básica, además de las ventajas cognitivas y perceptivas permite hacer efectiva la reforma constitucional al artículo 4o., publicada en abril de 2009, en la cual se establece el derecho de toda persona a acceder a la cultura y al disfrute de bienes y servicios de dicha materia.

Durante los últimos años hemos sido testigos de un resquebrajamiento en el tejido social, como consecuencia del embate de grupos del crimen organizado que día a día permean a miles de niños y jóvenes ofreciéndoles paraísos falsos y la inmediatez del dinero y la fama efímera, que tarde o temprano terminará arrancándoles la vida. La música puede convertirse en una opción para miles de niños y jóvenes de integrarse a su comunidad y alejarse de vicios y grupos delictivos.

Hoy —más que nunca— su práctica y enseñanza en las escuelas públicas permitiría garantizar a miles de niños y jóvenes una oportunidad invaluable y la esperanza de un mejor futuro más cordial, armónico y solidario.

Un servidor, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, presenta esta iniciativa de reforma a la Ley General de Educación Pública, a fin de que la enseñanza musical esté contemplada como uno de los fines de la educación que el Estado imparte y, con ello, que la SEP elabore los planes de estudio incluyendo una materia aparte, tanto para su instrucción como para su práctica. Éste es un paso más para abonar a un país más armonioso, que deje atrás las notas rojas y dé paso a las notas musicales.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto.

Único. Se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

VIII Bis. Fomentar, inculcar y desarrollar, mediante la enseñanza desde la educación básica, la comprensión y práctica de la música para fortalecer el proceso educativo, cognitivo, social y cultural. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Raúl Paz Alonzo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII Bis del artículo 7 de la Ley General de Educación, a fin de que la enseñanza de la música esté contemplada como uno de los fines de la educación que el Estado imparte, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La música acompañó desde su aparición a la humanidad, y ha sido pieza fundamental de su desarrollo y organización. A través de ella, los pueblos han encontrado formas de identificarse y distinguirse de los demás. Fiel testigo y manifestación del momento histórico, político y social, muestra de la expresión armónica y estética del ser humano.

La música es parte de la naturaleza del hombre, eco de su pensamiento y espejo donde se refleja el alma. Para crear música, la raza humana no necesitó, en un principio, más que un par de rocas o huesos. Los sonidos generados sirvieron para encender la unión y solidaridad de aquellas primeras civilizaciones, que con el tiempo fueron perfeccionando las herramientas generadoras de resonancias, instrumentos que sirvieron para encabezar ceremonias, rituales, guerras y celebraciones que han marcado el curso de la historia.

Sin duda, la música es un medio para transmitir no solo sentimientos y emociones, sino también ideas y conceptos sobre nuestra idiosincrasia. Secuencia de sonidos armonizados y sincronizados que invitan a la convivencia y a la interacción con nuestro medio. Nos permite echar a volar la imaginación y potencializar nuestra creatividad, reafirma vínculos sociales y fortalece nuestra identidad sociocultural.

La música es una herramienta eficaz para el aprendizaje y una mejor comprensión del lenguaje, cabe señalar que científicos de la UNAM, descubrieron que la música genera mayor actividad en la zona del lenguaje del cerebro, lo cual podría servir para aminorar deficiencias y proporcionar mejores recursos terapéuticos en personas que presentan trastornos en dicho proceso.

Enseñar desde temprana edad a apreciar y comprender la música, así como operar un instrumento musical, permite desarrollar capacidades cognitivas y perceptivas. Diversos artículos científicos publicados por la revista Journal of Neuroscience demostraron que aquellas personas que aprendieron música desde niños presentaban a una edad adulta una mejor percepción auditiva, mayor función ejecutiva y un empleo más eficaz de herramientas comunicativas.

En diversos países, entre ellos, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Suecia y Chile, la educación musical es una materia obligatoria dentro del sistema educativo básico y no se encuentra dentro de una asignatura general de apreciación o enseñanza artística, como actualmente ocurre en países como México.

El plan de estudios de educación básica para el ciclo escolar 2011 – 2012, elaborado por la Secretaria de Educación Pública contempla la enseñanza artística. Sin embargo, no especifica el tiempo destinado para el aprendizaje de la música. Tanto en la educación preescolar, primaria y secundaria, sólo se destinan dos horas semanales para el estudio de manifestaciones artísticas como la propia música, la expresión corporal, danza, artes visuales y teatro, por lo tanto se entrevé que se dedican alrededor de 24 minutos semanales para la enseñanza y práctica musical, a diferencia de los países anteriormente mencionados que destinan entre una y dos horas en promedio para su impartición.

La enseñanza de la educación musical en la enseñanza básica, además de las ventajas cognitivas y perceptivas, permite hacer efectiva la Reforma Constitucional al artículo 4º, publicada en abril de 2009 por la cual se establece el derecho de toda persona a acceder a la cultura y al disfrute de bienes y servicios en dicha materia.

La cultura, como decía Don Efraín González Luna “debe ser la plena, armoniosa, ordenada y equilibrada realización de los valores esenciales de la persona humana, de la verdad, de la belleza y del bien”. La música, es una de las expresiones culturales que mejor reflejan el espíritu del alma y lo más sublime del ser humano, por ello la necesidad de su práctica y enseñanza.

Durante los últimos años, hemos sido testigos de un resquebrajamiento en el tejido social, como consecuencia del embate de grupos del crimen organizado que día a día, permean a miles de niños y jóvenes, ofreciéndoles paraísos falsos y la inmediatez del dinero y la fama efímera, que tarde o temprano terminará arrancándoles la vida, ya sea por las balas, por una sobredosis o dilapidando su futuro en adicciones o en prisión. Así mismo, recientemente y especialmente durante la pasada campaña presidencial, varias voces se pronunciaron por la necesidad de impulsar la práctica de la música como una herramienta más para la prevención social de la violencia y el delito en nuestra sociedad.

Sin duda, la música puede apuntalar la estrategia preventiva y resguardar a miles de niños y jóvenes que en la música podrán encontrar una opción para integrarse a su comunidad y alejarse de vicios y grupos delictivos. La música, como bien lo han afirmado diversas investigaciones realizadas por instituciones como la UNESCO; la Euskal Herriko Unibersitatea o la Universidad Rey Juan Carlos de España, así como por diversos especialistas como José Luis Chan Sabido, jefe del Sistema Estatal de Orquestas Juveniles del estado de Yucatán o como el Director de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, Francisco Viesca, la música es factor de cohesión social y es promotora de la tolerancia, la pluralidad y el respeto de expresiones distintas, además de ser un factor de solidaridad y generadora de  capital humano.

Hoy más que nunca, su práctica y enseñanza en las escuelas públicas permitiría garantizar a miles de niños y jóvenes una oportunidad invaluable y la esperanza de un mejor futuro, más cordial, armónico y solidario. Un país que en vez de balas y drogas, este lleno de melodías e instrumentos musicales.

Para Acción Nacional, el combate al crimen organizado y a las adicciones pasa necesariamente por la prevención social y el fortalecimiento del tejido social. Si bien, esto no significa bajar la guardia en la lucha contra los grupos delictivos, sería sin duda, dar un paso más, a fin de garantizar la seguridad y una vida más sana y armónica para las familias mexicanas. Pero sobretodo, dotar a miles de niños y jóvenes de mejores oportunidades para un desarrollo integral, que les será útil para su futuro y para su comunidad.

Es por ello, que a nombre del Grupo Parlamentario del PAN presento esta iniciativa de reforma a la Ley General de Educación a fin de que la enseñanza de la música este contemplada como uno de los fines de la educación que el Estado imparte y con ello que la SEP elabore los planes de estudio incluyendo una materia aparte, tanto para su instrucción como para su práctica. Y con ello, abonar a un país más armonioso que deje atrás las notas rojas y de paso a las notas musicales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona una fracción VIII Bis el artículo 7 de la, Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o.La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. al VIII. ...

VIII Bis. Fomentar, inculcar y desarrollar mediante la enseñanza desde la educación básica la comprensión y práctica de la música para fortalecer el proceso educativo, cognitivo, social y cultural.

IX al XVI.-...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Educación Pública deberá coordinarse con el Instituto Nacional de las Bellas Artes a fin de garantizar dentro de los planes de estudios a partir del ciclo escolar 2013 – 2014, la incorporación de una adecuada enseñanza pedagógica de la práctica y apreciación musical en la educación básica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 octubre de 2012.— Diputados: Raúl Paz Alonzo, Sergio Augusto Chan Lugo, Alfredo Zamora García, David Pérez Tejada Padilla, Gabriela Medrano Galindo, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Juan Carlos Uribe Padilla, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Fernando Alfredo Maldonado Hernández, Erika Yolanda Funes Velázquez, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Marco Antonio Calzada Arroyo, Leslie Pantoja Hernández, José Pilar Moreno Montoya, Marco Antonio González Valdez, José Noel Pérez de Alba, Cinthya Noemí Valladares Couoh, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, María Concepción Navarrete Vital, Martha Edith Vital Vera, Blanca Estela Gómez Carmona, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Adriana González Carrillo, Leticia Calderón Ramírez, Teresita de Jesús Borges Pasos, José Valentín Maldonado Salgado, María Angélica Magaña Zepeda, Luis Olvera Correa, Salvador Ortiz García, Juan Manuel Carbajal Hernández, María Rebeca Terán Guevara, Benito Caballero Garza, Pedro Pablo Treviño Villarreal, María de las Nieves García Fernández, Marcos  Aguilar Vega, José Alfredo Botello Montes, Leonor Romero Sevilla, María del Rocío García Olmedo, Alma Jeanny Arroyo Ruíz, Jorge Rosiñol Abreu, María Fernanda Schroeder Verdugo, Leticia López Landero, Juan Jesús Aquino Calvo, Alberto Díaz Trujillo, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Issa Salomón Juan Marcos, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, José Alejandro Llanas Alba, Carlos Alberto García González, Genaro Ruiz Arriaga, Elvia María Pérez Escalante, Verónica Carreón Cervantes, Blanca Jiménez Castillo, Mariana Dunyaska García Rojas, Oscar Bautista Villegas, José Martín López Cisneros, José Guadalupe García Ramírez, Germán Pacheco Díaz, Ossiel Omar Niaves López, Salvador Arellano Guzmán, (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En clave de Sol, la turnamos a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Don Miguel Sámano Peralta, del PRI, tiene usted el uso de la voz para presentar iniciativa con proyecto de que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación. ¿No está don Miguel Sámano? Está en un trámite personalísimo e intransferible.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Andrés Eloy Martínez Rojas, ¿está? tiene usted el uso de la voz para presentar iniciativa con proyecto de que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Adelante, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Muy buenas tardes. Con su permiso, presidente. Vengo a proponer una iniciativa que tiene que ver con este asunto tan grave, como lo es la obesidad y el sobrepeso, que están afectando a todo mundo. México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial tristemente en estas estadísticas.

La obesidad y el sobrepeso son enfermedades crónicas que tienen múltiples causas, que se desarrollan a partir de la interacción de factores metabólicos, conductuales, psicológicos, sociales, celulares y hasta moleculares. Dicha patología se define como el exceso de grasa; es decir, el tejido adiposo en relación con el peso.

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El llamado Índice de Masa Corporal (IMC), peso en kilogramos, dividido por el cuadrado de la talla en metros, es un índice utilizado frecuentemente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos.

La Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso como un índice de masa igual o superior a 25 y la obesidad como un índice de masa corporal igual o superior a 30. La misma Organización Mundial de la Salud menciona que el sobrepeso y la obesidad mundial actual se consideran una problemática sumamente relevante.

En el mundo mil millones de adultos tienen sobrepeso, cifra que de no tomar las medidas pertinentes superará los mil 500 millones en 2015. Aunado a esto, más de 300 millones son obesos.

Cada año mueren como mínimo 2.6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso y aunque anteriormente se consideraba un problema limitado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de medianos y bajos ingresos.

¿Qué decir de los niños? En el mundo hay más de 42 millones de menores de cinco años con sobrepeso. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Los niños con sobrepeso tienen muchas probabilidades de convertirse en adultos obesos y en comparación con los niños sin sobrepeso tienen más probabilidades de sufrir enfermedades a edades más tempranas, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, que a su vez se asocian con un aumento de la probabilidad de muerte prematura y hasta la discapacidad.

A nivel mundial el sobrepeso y la obesidad causan muchas muertes. Entre los países con ese problema se incluyen todos los de ingresos altos y medios, ya que 44 por ciento de los casos mundiales de diabetes, 23 por ciento de cardiopatía isquémica y 41 por ciento de determinados cánceres, son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad.

Según datos de la OCDE, Estados Unidos de América es el primer país con mayor índice de obesidad en el mundo, teniendo el 33.8 por ciento; mientras que México ocupa el poco honroso —como ya lo decía— segundo lugar de obesidad en su población, con el 30 por ciento y es una cifra que tiende a aumentar. De los mil 200 millones de personas que tienen sobrepeso y obesidad en el mundo, 80 millones son mexicanos; de estos, 70 por ciento sufren el primero y 30 por ciento por la segunda.

Existen causas que han conducido al sobrepeso y a la obesidad, entre ellas un descuido general de la dieta básica de los mexicanos y subestimar uno de los pilares fundamentales del desarrollo del país que es la educación.

Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de adultos a causa de padecimientos asociados a dichos problemas y de no establecerse estrategias que detengan el avance del sobrepeso y la obesidad en adultos y sobre todo en niños y adolescentes, enfermedades como diabetes, hipertensión, infarto al miocardio, cardiopatías, patología musculoesqueléticas y muchas otras más cobrarán también muchas víctimas.

Por su parte, la Secretaría de Salud considera que en territorio mexicano estas enfermedades han aumentado en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, mientras que la Federación Mexicana de Diabetes, en su estadística pública muestra que en nuestro país uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años tiene obesidad o sobrepeso y que las cifras de individuos enfermos de diabetes han aumentado exponencialmente durante la última década, ya que cada hora se diagnostican 38 nuevos casos de diabetes, cada dos horas mueren cinco personas a causa de complicaciones originadas por la diabetes de cada 100 pacientes con diabetes y 14 presentan alguna complicación renal.

El 30 por ciento de los problemas de pie diabético termina además en amputación. De cada cinco pacientes con diabetes, dos desarrollan ceguera; esto hace además que México ocupe el décimo lugar en diabetes mundial y se estima que para el 2030 ocupe el séptimo puesto.

El problema con este asunto es que hemos pasado de la idea de que los niños obesos son saludables, a tener cifras alarmantes acerca de las condiciones de salud de nuestros infantes. Sabemos que existe un problema; sin embargo, poco se ha hecho para resolverlo y para atacarlo.

La obesidad infantil es un problema serio de salud que debe interesarnos a todos, puesto que en un futuro nos afectará como sociedad. Las cifras y estadísticas que constantemente leemos son solo un mínimo adelanto de lo que sucederá con nuestros niños cuando lleguen a la juventud y se encuentren enfermos o incluso incapacitados para estudiar y hasta para trabajar, eso sin contar el costo que tendrá para los sistemas de salud pública atender a los numerosos enfermos que tendrán que recibir tratamiento de por vida para aliviar las enfermedades asociadas con la obesidad. Jóvenes que antes de cumplir 30 años tendrán severos problemas de vista o ceguera permanente, derivados principalmente de la diabetes.

El problema de fondo es el desequilibrio energético entre las calorías que se ingieren y las que se gastan. Las medidas para restablecer el orden son conocidas aunque poco usadas o aplicadas de manera equívoca.

En países industrializados, como los Estados Unidos de América, se incrementó notablemente el consumo de comida hipercalórica, mientras que en México también optamos por desplazar los alimentos de origen natural y consumir los de bajo valor nutritivo.

La obesidad suele ser el resultado de dicho desequilibrio entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas. El aumento del consumo de alimentos muy ricos en calorías, sin un aumento proporcional de la actividad física, produce un aumento de peso. La disminución de la actividad física produce igualmente un desequilibrio energético que desemboca en el aumento de peso. Asociado a ello, no podemos alimentarnos a base de comestibles chatarra, mismos que contienen grasas de mala calidad y muchos azúcares solubles y almidones modificados.

La población le deja mucho dinero a la industria de alimentos inadecuados, de acuerdo a un artículo titulado Sobrepeso y obesidad en el niño y el adolescente, del doctor Raymundo Paredes Sierra, de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde da cuenta precisamente de cómo se ha vivido una transición de transculturalización.

Lo que proponemos en esencia es que se incluya en las etiquetas de los productos de bajo valor nutritivo la advertencia sobre las consecuencias de su consumo excesivo para la salud, de manera similar al etiquetado de bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Aprobar esta iniciativa sería un verdadero regalo para la salud presente y futura de los jóvenes y de toda la población mexicana, que se ve expuesta precisamente a la alimentación basada en alimentos chatarra. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, perteneciente a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ésta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La obesidad y el sobrepeso son enfermedades crónicas de razón multifactorial que se desarrollan a partir de la interacción con la influencia de factores metabólicos, conductuales, psicológicos, sociales, celulares y moleculares. Dicha patología, se define como el exceso de grasa (tejido adiposo) en relación con el peso. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud: El índice de masa corporal (IMC) –peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2)– es un índice utilizado frecuentemente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. La OMS define el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30. La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que el sobrepeso y la obesidad mundial actual se consideran una problemática sumamente relevante.

En el mundo mil millones de adultos tienen sobrepeso, cifra, que de no tomar las medidas pertinentes, superará los mil 500 millones en 2015, aunado a esto, más de 300 millones son obesos. Cada año mueren, como mínimo, 2,6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. Aunque anteriormente se consideraba un problema limitado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de medianos y bajos ingresos.

Y que decir de los niños, en el mundo hay más de 42 millones de menores de cinco años con sobrepeso: La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Los niños con sobrepeso tienen muchas probabilidades de convertirse en adultos obesos y, en comparación con los niños sin sobrepeso, tienen más probabilidades de sufrir, a edades tempranas, diabetes y enfermedades cardiovasculares, que a su vez se asocian a un aumento de la probabilidad de muerte prematura y discapacidad.

A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la insuficiencia ponderal. Entre esos países se incluyen todos los de ingresos altos y medios, ya que, 44 por ciento de los casos mundiales de diabetes, 23 % de cardiopatía isquémica y 41% de determinados cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estados Unidos es el primer país con mayor índice de obesidad en el mundo, teniendo el 33.8 %; mientras que México ocupa el poco honroso segundo lugar de obesidad en su población con el 30%. De los mil 200 millones de personas que tienen sobrepeso y obesidad en el mundo, 80 millones son mexicanos; de éstos, 70 por ciento sufren el primero y 30 por ciento la segunda. Existen causas que han conducido al sobrepeso y la obesidad, entre ellas: un descuido general en la dieta básica de los mexicanos y subestimar uno de los pilares fundamentales de desarrollo del país, la educación.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de adultos a causa de padecimientos asociados a dichos problemas y de no establecerse estrategias que detengan el avance del sobrepeso y la obesidad en adultos y, sobre todo, en niños y adolescentes, enfermedades como: diabetes, hipertensión, infarto al miocardio, cardiopatía isquémica, patología músculo-esquelética, trastornos osteoarticulares y afectivos asociados (depresión y ansiedad) y algunas neoplasias (tipos de cáncer), cobrarán muchas vidas.

Por otra parte, la Secretaría de Salud considera que en territorio mexicano esas enfermedades han aumentado en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, lo que lo ha llevado al país a ocupar, como ya se menciono, el segundo lugar en el mundo en obesidad en adultos y el primero en obesidad infantil.

Por su parte, la Federación Mexicana de Diabetes publica en sus estadísticas que en nuestro país, uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años tiene obesidad o sobrepeso y que las cifras de individuos enfermos de diabetes han aumentado exponencialmente durante la última década, ya que cada hora se diagnostican 38 nuevos casos de diabetes, cada dos horas mueren 5 personas a causa de complicaciones originadas por la diabetes, de cada 100 pacientes con diabetes, 14 presenta alguna complicación renal, el 30% de los problemas de pie diabético termina en amputación, de cada cinco pacientes con diabetes, 2 desarrollan ceguera, esto hace que México ocupe el décimo lugar en diabetes mundial y se estima que para 2030 ocupe el séptimo puesto.

Hemos pasado de la idea de que los niños obesos son saludables, a tener cifras alarmantes acerca de las condiciones de salud de nuestros infantes. Sabemos que existe un problema, sin embargo poco se ha hecho para resolverlo y para atacarlo. La obesidad infantil es un problema serio de salud que debe interesarnos a todos, puesto que en un futuro, nos afectará como sociedad. Las cifras y estadísticas que constantemente leemos son sólo un mínimo adelanto de lo que sucederá con nuestros niños cuando lleguen a la juventud y se encuentren enfermos o incluso incapacitados para estudiar y trabajar. Eso sin contar el costo que tendrá para los sistemas de salud pública atender a los numerosos enfermos que tendrán que recibir tratamiento de por vida para aliviar las enfermedades asociadas con la obesidad. Jóvenes que antes de cumplir treinta años tendrán severos problemas de vista o ceguera permanente, derivados de la diabetes.

El problema de fondo es el desequilibrio energético entre las calorías que se ingieren y las que se gastan; las medidas para restablecer el orden son conocidas, aunque poco usadas o aplicadas de manera equívoca. Anteriormente se creía que era un problema exclusivo de países industrializados, como los Estados Unidos, en donde se incrementó notablemente el consumo de comida hipercalórica; mientras que en México, también optamos por desplazar los alimentos de origen natural y consumir los de bajo valor nutritivo.

La obesidad suele ser el resultado de dicho desequilibrio entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas: El aumento del consumo de alimentos muy ricos en calorías sin un aumento proporcional de la actividad física produce un aumento de peso. La disminución de la actividad física produce igualmente un desequilibrio energético que desemboca en el aumento de peso.

Asociado a ello, no podemos alimentarnos a base de comestibles “chatarra”, mismos que contienen grasas de mala calidad y muchos azúcares solubles y almidones modificados.

La población le deja mucho dinero a la industria de alimentos inadecuados, de acuerdo al artículo: “Sobrepeso y Obesidad en el Niño y el Adolescente” del doctor Raymundo Paredes Sierra de la Facultad de Medicina de la UNAM; en donde manifiesta que:

“Si los cambios se han dado en lapsos relativamente pequeños ha sido por el fuerte impacto de la publicidad en la población de todas las edades, en prácticamente todo tipo de medios de difusión, promovidos por las empresas transnacionales productoras y comercializadoras de alimentos, específicamente de comida rápida como hamburguesas, pizzas, pollo, sopas instantáneas y otros alimentos precocidos o listos para servirse y refrescos, que son parte de la “transculturación” e invasión de hábitos y costumbres que ha sufrido la sociedad mexicana por otros países, principalmente EUA.

Se ha anotado que en años recientes el consumo de carbohidratos es mayor que el de grasas y forma parte importante en la génesis de la obesidad y el sobrepeso, por lo tanto, merece mención especial el consumo de refrescos embotellados –fuente importante del exceso de calorías que ingieren estos enfermos- que han sustituido en un gran porcentaje al consumo de leche y agua, y en el cual los mexicanos sólo somos superados por los estadounidenses; en el consumo de coca-cola somos campeones según reporte periodístico que se agrega a continuación:

“De acuerdo con analistas, el éxito de Coca-Cola en México, con ventas de unos 2 mil 400 millones de cajas-unidad, se debe a sus bajos precios y a que en algunas partes del país es más fácil de conseguir que el agua. Según diversos cálculos, México tiene un consumo per cápita anual de leche de 82 litros, contra 150 de refresco.”

Fuente(s):http://www.mxl.cetys.mx/deptos/vinc/bc/s... Reuters. Mayo 5-2004.

...

Si se toma en cuenta que el consumo de refrescos, en total suma 300 millones de cajas al año en el país, que el valor del mercado mexicano de refrescos asciende aproximadamente a 15 mil 500 millones de dólares, que existen más de 230 plantas embotelladoras en el país que atienden más de un millón de puntos de venta, que el principal punto de venta del refresco en México es la pequeña tienda donde se realiza 75 por ciento de las ventas de refresco, que 24 por ciento se comercializa en restaurantes, clubes, discotecas y hoteles, y sólo uno por ciento en tiendas de autoservicio, resulta evidente que los intereses de los grandes capitales son un obstáculo enorme para implementar restricciones en la publicidad y venta de este tipo de bebidas. Y se explica por qué no progresaron las iniciativas de ley en las cámaras y la propuesta de la Secretaría de Hacienda en el sentido de gravar con impuestos mayores la producción de refrescos y la propuesta en el Senado de la República en octubre de 2005 para reformar el articulo 115 de la Ley General de Salud y el 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de regular en los medios de comunicación la publicidad de los alimentos “chatarra.”

La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, el IMSS y algunas organismos no gubernamentales, han iniciado campañas publicitarias informando del incremento de la obesidad y su comorbilidad con las consecuencias para la salud, pero no son suficientes. Se deben reforzar y multiplicar esfuerzos coordinados por la Secretaría de Salud como Institución responsable de preservar la salud de la población”.

Fuente: “Sobrepeso y Obesidad en el Niño y el Adolescente”; Dr. Raymundo Paredes de la Sierra. Facultad de Medicina de la UNAM.

Hemos caído en una epidemia, ya que no existe una política integral que garantice la seguridad y soberanía alimentarias, sin embargo, se permite que se imponga en todo el entorno socio-cultural la promoción y comercialización de la comida chatarra y los refrescos, existe una total falta de regulaciones para que la información que llega a los consumidores sobre estos productos sea veraz y advierta sus riesgos.

La obesidad es prevenible, así como sus consecuencias; a través una estrategia poblacional, multisectorial, multidisciplinaria y adaptada al entorno cultural y la educación para determinar los hábitos alimenticios de la población. México sufre el mayor deterioro en toda su historia de sus hábitos alimentarios, lo que se ha convertido en la principal causa de la alta incidencia de obesidad y diabetes, y sin duda, éste es un tema que debe interesar a todos los sectores de la sociedad (médico, académico, empresarial, y mas), pues de la participación de una sociedad en conjunto dependerá la salud de una nación entera; es por ello que deben implementarse programas de orientación alimentaria que revaloricen los alimentos saludables, ya que la obesidad es un trastorno tratable y curable.

Es impostergable la implementación urgente de una política integral de combate a la epidemia de obesidad que afecta a la mayor parte de la población, ya que solamente a través de programas de salud efectivos, así como políticas gubernamentales enérgicas referentes al tema, podremos lograr un cambio significativo.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un Capitulo II Bis al Titulo Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona un Capitulo II Bis al Titulo Décimo Segundo y se reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue

Titulo Décimo SegundoControl Sanitario de Productos y Servicios de su Importación y Exportación

Capítulo I Disposiciones comunes

Artículo 194. a 214. ...

Capítulo IIAlimentos y bebidas no alcohólicas

Artículo 215. a 216. ...

Capítulo II BisAlimentos y bebidas de bajo valor nutritivo

Artículo 216-A. Para los efectos de esta ley, se consideran alimentos y bebidas de bajo valor nutritivo aquellos productos que poseen altos contenidos de azúcares, almidones modificados, harinas o grasas, tales como: botanas, refrescos, pastelillos, dulces y cereales.

Artículo 216-B. Los alimentos de bajo valor nutritivo se sujetara a las disposiciones que establece el artículo 212 de este ordenamiento, además de incluir en sus etiquetados advertencias sobre el riesgo que significa el consumo habitual de productos con altos contenidos de ingredientes como: azúcar, grasas totales, grasas trans, grasas saturadas y sodio.

Artículo 216-C. Toda bebida de bajo valor nutritivo, deberá ostentar en los envases, la leyenda: “el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”, escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se haga referencia a alguna disposición legal.

La Secretaría de Salud, en su caso, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual podrán establecerse otras leyendas precautorias o pictogramas que adviertan sobre los riesgos a la salud, así como las disposiciones para su aplicación y utilización.

...

Artículo 307. Tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como de alimentos y bebidas de bajo valor nutritivo, ésta no deberá asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas.

La publicidad no deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos, ni atribuir a los alimentos industrializados un valor superior o distinto al que tengan en realidad, así como manifestar los riesgos para la salud que conlleva el abuso en su consumo.

La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas y de alimentos y bebidas de bajo valor nutritivo, deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según sea para impresos, radio o cine y televisión, respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto, mensajes promotores de una alimentación equilibrada y mensajes sobre los riesgos y efectos nocivos para la salud de dichos productos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, las empresas distribuidoras de alimentos y bebidas de bajo valor nutritivo, deberán proceder a la modificación de los diseños de sus empaques y/o etiquetados, a razón de cumplir con las disposiciones que señala dicho decreto.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2013.— Diputados: Andrés Eloy Martínez Rojas, Elvia María Pérez Escalante, Verónica Carreón Cervantes, Eva Diego Cruz, Rosendo Serrano Toledo, José Valentín Maldonado Salgado, Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbricas)»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Fue mucho. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora sí, don Miguel Sámano Peralta, que ya regresó de sus deberes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.

El diputado Miguel Sámano Peralta:Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados. En ejercicio de mis facultades constitucionales y legales someto a la consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, conforme a la siguiente exposición de motivos.

Se ha dicho con sobrada razón que para ser una sociedad desarrollada y moderna es necesario generalizar el acceso a los servicios educativos de calidad y bajo principios de equidad.

Esta tesis cobra mayor importancia cuando se refiere a la necesidad de garantizar este derecho para aquellas personas que presentan alguna limitación física o sensorial, que les dificulta acceder, permanecer y concluir satisfactoriamente una trayectoria escolar.

Según organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, mil millones de personas en el mundo viven con alguna discapacidad; es decir, el 15 por ciento de la población mundial. De esta cifra, el 80 por ciento vive en países en desarrollo y su gran mayoría enfrenta condiciones de pobreza.

De acuerdo con el Inegi, en México existen cerca de 6 millones de personas con discapacidad, esto es, el 5.1 por ciento de la población. Entre ellos, más de un millón tienen menos de 29 años, lo que los convierte en potenciales demandantes de programas y estímulos para poder asistir a la escuela.

La suscripción de tratados internacionales obliga a México a emprender acciones para garantizar a las personas con discapacidad el acceso a una educación gratuita de calidad y en igualdad de condiciones.

Los mexicanos hoy contamos con una extensa legislación en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad, siendo unas más perceptibles, las pautas encaminadas a hacer efectivo el derecho a la educación.

Específicamente, la Ley General de Educación habla en su artículo 41 sobre la atención especial que debe recibir este grupo de población; sin embargo, no precisa la existencia de apoyos de tipo económico o en especie, como el que nos ocupa en esta iniciativa y que refiere precisamente a los programas de becas.

En efecto, dentro de las grandes estrategias para promover la equidad en el acceso y permanencia de los alumnos a la educación, se encuentran los programas de becas escolares. Tradicionalmente los dos criterios para otorgar becas u otro tipo de apoyos económicos refieren al nivel de aprovechamiento escolar y la solvencia económica de las familias del estudiante.

Creemos firmemente que es necesario precisar en la Ley General de Educación, en la fracción VIII del artículo 33, que las becas y demás apoyos económicos deben entregarse preferentemente a estudiantes que padezcan alguna discapacidad o que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación.

Esta propuesta viene a fortalecer el andamiaje jurídico para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a la educación y que con ello puedan participar de forma activa en la sociedad. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Miguel Sámano Peralta, integrante del GPPRI, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las grandes deudas sociales del Estado Mexicano, refiere al hecho de garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

A pesar de variados intentos y diversos esfuerzos tanto legales como a través de distintos programas gubernamentales, debemos reconocer que las personas con discapacidad siguen siendo uno de los grupos en situación de vulnerabilidad más marginados de la sociedad y que, a menudo, son los más afectados por actos de discriminación que limitan su acceso a la participación en la vida política o a servicios elementales como la salud, el empleo y la educación.

A las restricciones de los individuos con alguna condición de discapacidad, como sociedad hemos levantado barreras que impiden a este grupo poblacional ejercer sus derechos a plenitud.

Así fue reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008-, misma que establece que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y barreras debidas a la actitud y al entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Desde este punto de vista, el manejo de la discapacidad requiere de la responsabilidad colectiva de la sociedad para hacer las modificaciones necesarias en la legislación y las instituciones, que logren la inclusión y participación plena de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida social.

Por lo que se refiere específicamente al ejercicio del derecho constitucional a la educación, se ha dicho con sobrada razón que para ser una sociedad desarrollada y moderna, es menester generalizar el acceso a servicios educativos de calidad y bajo principios de equidad.

Esta tesis cobra mayor importancia cuando se refiere a la necesidad de garantizar este derecho para aquellas personas que ya sea por factores congénitos, por problemas al nacer, por enfermedad o accidentes, presentan alguna limitación o anormalidad de una estructura o de una función psicológica, fisiológica o anatómica, que puede ser temporal o permanente, misma que les dificulta en mayor grado el acceder, permanecer y concluir satisfactoriamente una trayectoria escolar.

Según organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), unos 650 millones de personas en el mundo viven con alguna discapacidad física, mental o sensorial, es decir el 10% de la población mundial. De esta cifra, el 80% vive en países en desarrollo y su gran mayoría enfrenta condiciones de pobreza.

En México, un importante porcentaje de la población con discapacidad es víctima de discriminación y a menudo se encuentra al margen del ejercicio de sus derechos humanos consagrados en la Constitución.

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda del INEGI de 2010, existen 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad (5.1% de la población). Entre ellos, más de un millón de personas cuentan con edades menores a 29 años, lo que los convierte en potenciales demandantes de programas y estímulos para poder asistir a la escuela y recibir educación.

A estos datos debemos agregar que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de exclusión y pobreza, dados los costos que les implica poder vivir dignamente.

De acuerdo con el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, más del 60% de la población con discapacidad del país se encuentra en los dos quintiles más bajos de ingreso en los hogares, lo que muestra la vulnerabilidad de este grupo de población.

Por su parte, la suscripción de convenios internacionales, obligan a México a emprender acciones para garantizar a las personas con discapacidad el acceso a una educación gratuita, de calidad y en igualdad de condiciones. Destaca por su temática a nivel mundial la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 reconoce el derecho de estos individuos a la educación.

Según este tratado, los Estados parte reconocen que todas las personas son iguales ante la Ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de ésta en igual medida y sin discriminación alguna.

México, al ser promotor y firmante de esta Convención, está obligado a impulsar una educación inclusiva tendiente a asegurar el desarrollo al máximo de la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1º la prohibición de “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la salud, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, las preferencia, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

En su artículo 3o., se establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El inciso C de la fracción II de este mismo artículo, establece que la educación buscará contribuir “a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

Derivado de estos preceptos constitucionales, hoy contamos con una extensa legislación en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad, siendo en unas más perceptibles las pautas encaminadas a hacer efectivo el derecho a la educación.

Dentro de ellas tenemos a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que establece en su Capítulo relativo a la Educación como atribución de la Secretaría de Educación Pública, promover el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier tipo de discriminación y estableciendo para ello, entre otras acciones, la operación de un programa nacional de becas educativas y de capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional.

Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece que se considerarán como una conducta discriminatoria impedir el acceso a la educación pública, así como a becas e incentivos para la permanencia en los centros educativos.

Por su parte, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 16 establece que “las niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión, opinión política, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad física, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición”.

Específicamente en lo relativo a los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, establece en su artículo 32 que éstos tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución, y mandata que las leyes deben evitar la discriminación de las niñas, los niños y los adolescentes en materia de oportunidades educativas.

Como se menciona líneas arriba, una gran proporción de las personas que viven con alguna discapacidad, enfrentan serias condiciones de pobreza. En este sentido, la Ley General de Desarrollo Social, considera a la educación como un derecho básico para promover el desarrollo social y como un medio para la superación de la pobreza.

Por su parte, la Ley General de Educación habla en su artículo 41 sobre la atención especial que debe recibir este grupo de población. Sin embargo, no precisa la existencia de apoyos de tipo económico o en especie como el que nos ocupa en esta Iniciativa, y que refiere precisamente a los programas de becas.

En efecto, dentro de las grandes estrategias para promover la equidad en el acceso y permanencia de los alumnos a la educación, se encuentran los programas de becas escolares.

Una beca puede definirse como el apoyo económico en efectivo que se otorga de manera permanente y suficiente a aquellos alumnos de bajos recursos, cuya situación económica les dificulta solicitar su ingreso a los estudios o permanecer en ellos. Las becas son uno de los principales mecanismos compensatorios de las desigualdades sociales.

Tradicionalmente, los dos criterios prevalecientes para otorgar becas u otro tipo de apoyos económicos refieren al nivel de aprovechamiento escolar y la solvencia económica de la familia del estudiante, que se determina en mucho por su procedencia social.

Con la iniciativa que hoy se somete a la consideración de esta Soberanía, se pretende subrayar el hecho de cuando algún estudiante o aspirante solicite una beca escolar, se tome en consideración si padece alguna discapacidad, según se ha descrito con anterioridad.

El Poder Legislativo federal ha privilegiado su compromiso indeclinable con las personas con discapacidad para procurar que tengan acceso equitativo entre otros elementos, a las oportunidades de salud, trabajo, transporte, cultura, deporte y educación.

Por ello, en el GPPRI aspiramos a favorecer el desarrollo integral y la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias en la vida social y productiva del País, con absoluto respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Creemos firmemente que si bien, la protección de sus garantías individuales se encuentra establecida en algunas leyes en la materia, es menester precisar en la Ley General de Educación, en la fracción VIII del artículo 33, que las becas y demás apoyos económicos se deben entregar preferentemente a quienes padezcan alguna discapacidad o que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación.

Esta propuesta viene a completar el andamiaje jurídico para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad de resultar beneficiados por los programas de becas y, con ello, continuar su educación que les permita integrarse plenamente a la sociedad y participar en ella de forma activa.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se Reforma la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33.- ...

I. a VII. ...

VIII. Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que padezcan alguna discapacidad o que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;

IX. a XV. ...

...

Transitorios

Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil trece.— Diputados: Miguel Sámano Peralta, María del Rocío Corona Nakamura, Sue Ellen Bernal Bolnik, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Ernesto Núñez Aguilar, Blanca Estela Gómez Carmona, Gabriela Medrano Galindo, Joaquina Navarrete Contreras, Héctor García García, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Mario Alberto Dávila Delgado, Silvia Márquez Velasco, María de la Paloma Villaseñor Vargas, José Valentín Maldonado Salgado, Maricela Velázquez Sánchez, Adriana Hernández Iñiguez, Jorge Herrera Delgado, María Leticia Mendoza Curiel, Luis Olvera Correa, María Angélica Magaña Zepeda, Socorro de la Luz Quintana León, José Luis Esquivel Zalpa, María Fernanda Schroeder Verdugo, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Erick Marte Rivera Villanueva, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Leticia Calderón Ramírez, José Pilar Moreno  Montoya, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Teresita de Jesús Borges Pasos, Juan Manuel Carbajal Hernández, Noé Barrueta Barón, Blanca María Villaseñor Gudiño, Zita Beatriz Pazzi Maza, María Rebeca Terán Guevara, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Benito Caballero Garza, María de las Nieves García Fernández, María del Rocío García Olmedo, Sergio Torres Félix, Leticia López Landero, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, José Alejandro Llanas Alba, Rosalba de la Cruz Requena, Fernando Zamora Morales, Roberto Ruiz Moronatti, Carlos Alberto García González, Salvador Ortiz García, Ossiel Omar Niaves López, Cristina González Cruz, María Esther Garza Moreno, Leonor Romero Sevilla, Juan Manuel Rocha Piedra, Maricruz Cruz Morales, Oscar Bautista Villegas, Norma Ponce Orozco, Rosalba Gualito Castañeda, Francisco Javier Fernández Clamont, Eligio Cuitláhuac González Farías, Adriana Fuentes Téllez, Alfonso Inzunza Montoya, Abraham Montes Alvarado, Verónica Carreón Cervantes, Alejandra López Noriega, Mario Sánchez Ruiz, J. Jesús Oviedo Herrera, Juan Carlos Muñoz Márquez, Consuelo Argüelles Loya, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázarez, Raúl Gómez Ramírez, Paulina Alejandra del Moral Vela, Erika Yolanda Funes Velázquez, Fernando Alfredo Maldonado Hernández, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, Marco Antonio Calzada Arroyo, Cristina Ruiz Sandoval, Angelina Carreño Mijares, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, Elvia María Pérez Escalante, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Luis Márquez Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es mucho, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Diputada. Doña Joaquina Navarrete.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Para pedirle de la manera más atenta al diputado Sámano, me pueda hacer favor de permitirme suscribir su iniciativa, ya que es un derecho de todos aquellos y aquellas discapacitados que por ley les debe corresponder. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Dice el diputado que es un honor que lo acompañe usted en su iniciativa.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra don Jesús Oviedo Herrera, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 109 y 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adelante, diputado.

El diputado J. Jesús Oviedo Herrera: Con su venia, presidente. Compañeros y compañeras diputados, los objetivos de esta iniciativa son simplificar el esquema de tributación de los recursos provenientes de las subcuentas para el retiro, gravando como ingresos por intereses los rendimientos generados por la inversión de los recursos existentes en la subcuenta SAT 92 y/o RCV (retiro, cesantía y vejez), según corresponda, y liberando las aportaciones efectuadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal del pago de impuestos, en razón de no integrar salario para el trabajador.

Generar claridad y transparencia al régimen fiscal aplicable a recursos destinados al retiro de los trabajadores, dejando libre de pago de impuestos las aportaciones realizadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal.

Los argumentos que justifican esta propuesta son que los recursos provenientes de las subcuentas y sistemas de ahorro para el retiro 92 y RCV, se encuentran sujetos a un sistema tributario complejo.

Especificar que los ahorros retirados con cargo a dicha subcuenta son gravados con el impuesto sobre la renta de acuerdo a la ley vigente, por tanto, se argumenta que esta situación impide al trabajador conocer el monto líquido de los recursos que le serán entregados al término de su vida laboral, pues el monto reflejado en los estados de cuenta y que son emitidos por su Afore se observan disminuidos hasta en un 20 por ciento, por el cálculo del impuesto que es retenido por dicha Afore al momento de entregar los ahorros para el retiro.

El planteamiento resulta congruente con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual grava con intereses los rendimientos de las aportaciones voluntarias y complementarias, realizadas por los trabajadores para su retiro.

En términos generales, con la propuesta se busca la simplificación en el régimen aplicable de los recursos de las subcuentas para el retiro. El costo-beneficio de la reforma propuesta es exponencialmente favorable al trabajador en edad de retiro y que por diversas circunstancias no alcanzarán los requisitos necesarios para lograr una pensión universal, en comparación con los perjuicios que pudiera ocasionar a las finanzas del Estado. Además, no existe razón para que las aportaciones voluntarias a las subcuentas sí estén en el régimen general de intereses y no así, las aportaciones obligatorias.

Impacto presupuestario. El último dato reportado por el SAT sobre esta recaudación del ISR por la disposición de las subcuentas para el retiro corresponde al ejercicio fiscal 2010

El monto es el equivalente al 0.06849 por ciento del total del ISR recaudado en ese mismo ejercicio fiscal.

Por lo expuesto, presentamos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 109, fracción X, y artículo 158, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Señor presidente, solicito que la versión íntegra de esta iniciativa sea incluida en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 109 y 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jesús Oviedo Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, fracción h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley  del Impuesto sobre la Renta , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy día el retiro de los recursos provenientes de las subcuentas del seguro de retiro (SAR 92), de ahorro para el retiro (SAR ISSSTE) y retiro, cesantía en edad avanzada o vejez (RCV), se encuentran sujetos a un sistema tributario sumamente complejo que impide al trabajador conocer con exactitud el monto líquido de los recursos que le serán entregados al término de su vida laboral.

Lo anterior debido a que los ahorros retirados con cargo a dichas subcuentas son gravados con el ISR en términos del Título IV, Capítulo IX, aplicable a “Los demás ingresos que obtengan las personas físicas”, lo cual genera que el trabajador no tenga certeza respecto a la cantidad que le será entregada una vez llegado el retiro, pues el monto reflejado en los estados de cuenta emitidos por su Afore o Pensionissste se ve disminuido drásticamente, en ocasiones hasta en un veinte por ciento, con el impuesto que es calculado y retenido al momento de entregarle sus ahorros para el retiro.

Por lo tanto, se estima imprescindible simplificar el esquema de tributación de los recursos provenientes de las subcuentas para el retiro, gravando como ingresos por intereses los rendimientos generados por la inversión de los recursos existentes en las subcuentas SAR 92, SAR ISSSTE y/o RCV según corresponda y liberando las aportaciones efectuadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal del pago del impuesto en razón de no integrar salario para el trabajador.

Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el reformado artículo 158, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el cual grava como intereses los rendimientos de las aportaciones voluntarias y complementarias realizadas por los trabajadores para su retiro.

De esta forma se logrará mayor claridad y transparencia en cuanto al régimen fiscal aplicable a los recursos destinados al retiro de los trabajadores, otorgando un mismo tratamiento a los rendimientos generados por la inversión de las aportaciones obligatorias, voluntarias o complementarias, dejando libre del pago del impuesto a las aportaciones efectuadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal.

Con lo anterior se obtendrá, además de la simplificación en el régimen aplicable a los recursos de las subcuentas para el retiro, un ahorro en el gasto fiscal, toda vez que el retiro de las subcuentas SAR 92, SAR ISSSTE y RCV ya no será objeto de la exención prevista en el artículo 109, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Objetivo de la iniciativa

• Simplificar el esquema de tributación  de los recursos provenientes de las subcuentas para el retiro, gravando como ingresos por intereses los rendimientos generados por la inversión de los recursos existentes en la subcuenta SAR 92, SAR ISSSTE y/o RCV (Retiro, Cesantía y Vejez) según corresponda y liberando las aportaciones efectuadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal del pago de impuestos en razón de no integrar salario para el trabajador.

• Generar claridad y transparencia al régimen fiscal aplicable a los recursos destinados al retiro de los trabajadores, dejando libre de pago de impuesto las aportaciones realizadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal.

Argumentos que justifican la propuesta

• Que los recursos provenientes de las subcuentas SAR 92, SAR ISSSTE y RCV se encuentran sujetos a un sistema tributario complejo.

• Especificar que los ahorros retirados con cargo a dichas subcuentas son gravados con el impuesto sobre la renta de acuerdo a la ley vigente.

• Por tanto, se argumenta que esta situación impide al trabajador conocer el monto líquido de los recursos que le serán entregados al término de su vida laboral pues el monto reflejado en los estados de cuenta y que son emitidos por su Afore o PENSIONISSSTE, se observan disminuidos  hasta en 20 por ciento por el cálculo del impuesto que es retenido al momento de entregar los ahorros para el retiro.

• El planteamiento resulta congruente con lo dispuesto en el reformado artículo 158 de la Ley del ISR, la cual grava como intereses los rendimientos de las aportaciones voluntarias y complementarias realizadas por los trabajadores para su retiro.

• En términos generales, con la propuesta se busca la simplificación en el régimen aplicable a los recursos de las subcuentas para el retiro.

• El costo beneficio de la reforma propuesta es exponencialmente favorable al trabajador, en edad de retiro, y que por diversas circunstancias no alcanzarán los requisitos necesarios para lograr una pensión universal, en comparación  con los perjuicios que pudiera ocasional a las finanzas del Estado.

Además no existe razón para que las aportaciones voluntarias a las subcuentas sí estén en el régimen general de intereses y no así las aportaciones obligatorias.

Impacto presupuestario

El último dato reportado por el SAT sobre la recaudación del ISR por la disposición de las subcuentas para el retiro corresponde al ejercicio fiscal de 2010.

El monto asciende a 540 millones 84 mil 574 de pesos equivalentes al 0.06849 por ciento del total del ISR recaudado en ese mismo ejercicio fiscal ($788 mil 520 millones 293 mil 300 pesos).

Finalmente y a efecto de guardar congruencia con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, numeral 1, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, por el cual se estableció que las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de intereses entren en vigor hasta el 1 de enero de 2014, se propone que las reformas propuestas en la presente iniciativa entren en vigor en esa misma fecha.

Por lo expuesto, presentamos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que se reforma y adicionan los artículos 109, fracción X, y tercer párrafo y 158, de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero. Se reforma la fracción X y tercer párrafo del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. a IX. ...

X. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados.

Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título.

...

Las aportaciones que se hubieren efectuado a la subcuenta del seguro de retiro y a la subcuenta de ahorro para el retiro, así como las aportaciones que se efectúen a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual que se constituyan en los términos de la Ley del Seguro Social o de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ningún caso serán ingresos acumulables del trabajador.

Artículo Segundo. Se reforma el primero y segundo párrafo del artículo 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 158. ...

...

...

Se considerarán intereses, para los efectos de este Capítulo, a los rendimientos de las aportaciones obligatorias realizadas a la subcuenta del seguro de retiro, subcuenta de ahorro para el retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda, así como los rendimientos de las aportaciones voluntarias y complementarias depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias o complementarias de retiro previstas en dichas leyes.

Para los efectos del párrafo anterior, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro calcularán, para cada uno de sus inversionistas, el interés real devengado proveniente de la subcuenta del seguro de retiro, subcuenta de ahorro para el retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda, así como los rendimientos de las aportaciones voluntarias y complementarias depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias o complementarias de retiro previstas en dichas leyes, según corresponda, conforme a los artículos 58-A o 103-A de esta ley. Las administradoras de fondos para el retiro deberán realizar la retención del impuesto sobre la renta por los intereses reales positivos devengados a favor de los inversionistas, conforme se establece en el primer párrafo del artículo 58 de la presente ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 7 de marzo de 2013.— Diputados:  Jesús Oviedo Herrera, Mario Alberto Dávila Delgado, Leonor Romero Sevilla, Martha Edith Vital Vera, Ana Lilia Garza Cadena, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Genaro Carreño Muro, Raúl Gómez Ramírez, Verónica Sada Pérez, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Sergio Augusto Chan Lugo, Juan Carlos Uribe Padilla, José Luis Flores Méndez, Julio César Flemate Ramírez, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Julio César Lorenzini Rangel, José Enrique Reina Lizárraga, Víctor Rafael González Manríquez, Leslie Pantoja Hernández, Omar Antonio Borboa Becerra, Ricardo Anaya Cortés, Martha Berenice Álvarez Tovar, Socorro de la Luz Quintana León, Eligio Cuitláhuac González Farías, Salvador Ortiz García, Tania Margarita Morgan Navarrete, Rodimiro Barrera Estrada, Consuelo Argüelles Loya, Xavier Azuara Zúñiga, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así será, señor diputado. Insértese el texto íntegro. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra nuestro muy apreciable amigo don Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, presidente, con su venia. Hemos sido testigos de cómo una institución fundamental, como el Instituto Federal Electoral se ha ido desgastando; es una institución que nos costó mucho trabajo construir, que tenemos que fortalecer, que tenemos que proyectar para el futuro. Pero así lo dicen incluso algunas encuestas, el crédito moral o la credibilidad la ha perdido frente a la sociedad en buena medida.

Se ha dicho que quizá en esto tiene algo que ver las acusaciones, el debate en medio de las elecciones, etcétera. Pero no solo es eso, también es que en muchas ocasiones su actuar no ha estado a la altura de las circunstancias en momentos claves.

¿Cuál es la crítica fundamental a esto? ¿Cuál es el cuestionamiento que se hace de la sociedad? No es un asunto solamente partidario o de elecciones, sino que muchos editorialistas, académicos, intelectuales y ciudadanos cuestionan al IFE el asunto de que sus miembros son elegidos por cuotas de partidos y que, por tanto, al ser elegidos por cuota de partidos tienen, cuando están en su cargo tienen un compromiso a veces más que moral con aquellos que los propusieron, los promovieron y los aprobaron.

De alguna manera ellos tienen que ser árbitros de quienes los nombran; entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que los consejeros electorales no le deban su puesto a un partido político, de tal manera que su actuación sea independiente, como debe ser y no caiga en las concesiones?

Como hemos visto que a veces hay bloques de consejeros que se constituyen y defienden una posición.

Respeto a todos los consejeros, por supuesto, estoy como representante del Poder Legislativo ahí, les tengo consideración y creo que son gente de bien. Sin embargo, no se puede ocultar que hay ciertos compromisos y que de esa manera a veces no predomina la razón.

En ese sentido, ¿cómo podemos hacer que haya consejeros ciudadanos verdaderamente independientes de los partidos para que puedan ser árbitros eficaces y verdaderamente con autoridad moral frente a todos los miembros y no tengan que estar pagando el favor de su nombramiento? Ésta es una discusión que se ha dado en varios medios y hay varias propuestas.

Aventuré una, creo que puede haber otra más que también la mencionaré. Pero la propuesta que estamos haciendo en esta iniciativa es hacer primero una fuerte evaluación de los candidatos, que haya concursos de oposición para que efectivamente llegue gente verdaderamente preparada, de primera, que tenga todos los conocimientos necesarios para el tema.

Para eso, que haya un examen de oposición dado por universidades, por centros académicos, etcétera, que nos podamos poner de acuerdo.

Ya que salen los más preparados, los que están con mayor conocimiento y que nos pueden dar certeza a todos, en ese caso, además cuidando la equidad de género, estamos pidiendo que siempre haya, en este momento, igual número de mujeres que de hombres que pudieran estar ahí, que se haga un sorteo de los ya más calificados. De tal manera que no se lo deban a un partido, de que no vaya a ser una cuota y que por tanto, el consejero no se sienta atado a esa fuerza política que lo propuso y lo puso a votación y por su cuota lo sacó como consejero.

Otra propuesta podría ser, hacer que el escalamiento de salida de cada consejero electoral coincidiera con uno por año, de tal manera de que solo nos pudiéramos poner de acuerdo por uno, porque cuando nos tenemos que poner de acuerdo por más de uno, entonces cada quien pone un partido, pone el otro, proponen y finalmente, a veces lo menos importante es la entrevista, es la capacidad, son los conocimientos.

Ya vimos cómo desgastamos a muchas personas, muchas de ellas de primera, que estuvieron esperando un año tres meses en un proceso en el cual solo desgastamos su imagen y, finalmente, lo que acabó pasando fue que nos ponemos de acuerdo y cada partido pone una cuota.

Entonces, o hacemos esto de un sorteo entre los más calificados, de tal manera que no se lo deban a ningún partido, o nos ponemos de acuerdo por uno por año, de tal manera que tengamos que buscar alguien que nos dé certeza a todos.

Pero creo que con eso fortaleceríamos una institución fundamental para el país, como el Instituto Federal Electoral, que lo necesitamos fuerte, vigoroso y —que es muy importante— con credibilidad.

Ustedes saben lo que le costó al IFE la reciente decisión sobre Monex, el desgaste fue brutal, precisamente me parece en gran medida por este problema de origen, porque tienen ese problema de que nos decidimos por cuotas, aunque sean gente de mucha capacidad, pero a veces hay compromisos, o eso se presume por la actuación que se ha tomado. Creo que con esto fortaleceríamos y les garantizamos verdadera autonomía a los consejeros electorales de esta manera. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Fernando Belauzarán Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política; y en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Planteamiento

Una de las asignaturas pendientes en materia electoral, que no termina de resolverse, es la urgencia de acabar con las cuotas partidarias, que lesionan la imparcialidad de juicio y acción de los Consejeros Electorales que debieran actuar al margen de las presiones de los  partidos políticos y de los compromisos que se pudieran tener con los mismos y con los poderes fácticos. Otro pendiente urgente de resolver es mejorar el mecanismo de designación de los Consejeros Electorales del Consejo General del IFE, ya que el que establece la Constitución, obedece efectivamente a la lógica de las cuotas partidarias, y no así a la integración per se dé un órgano independiente que funja como un verdadero arbitro electoral.

Exposición de Motivos

Después de la serie de reformas electorales que ha emprendido el país, de 1977 a la fecha, incluida la última, realizada en 2007-2008, quedan varios temas sin resolver.

Tenemos que lograr una reforma que fortalezca las instituciones democráticas del país, en particular al propio Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), justamente la máxima autoridad nacional en la materia.

Tenemos que garantizar su imparcialidad y su amplia calidad en el desempeño de sus labores, pues en sus manos está el proceso de elección de autoridades y de transferencia de Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República.

Debemos de lograr una reforma que garantice el máximo perfil de las y los aspirantes y su máxima autonomía, sin descuidar criterios que promuevan la igualdad de oportunidades entre géneros. Tenemos que romper con la inercia del cuotismo que quieren imponer las fuerzas que aspiran a la restauración autoritaria para regresar a la época decadente del hegemonismo.

Tampoco podemos olvidar que después de la reforma electoral de 1996, vimos en el proceso de 1997 una mucho mayor competencia política entre los partidos políticos, fundamentalmente por los mecanismos de financiamiento más equitativos para los partidos y por todas las implicaciones que tuvo la ciudadanización del máximo órgano electoral del país, en todas las decisiones que adoptaron para la organización y el desarrollo de los comicios, en la probada imparcialidad e incorruptibilidad del Consejo General del IFE que marcó ese proceso de cambio democrático en México.

En buena medida, el éxito de la reforma se midió socialmente con la pérdida de la mayoría absoluta del entonces partido hegemónico, el Revolucionario Institucional (PRI). Los ciudadanos observaron la recomposición de fuerzas políticas en el Congreso de la Unión y la alternancia franca en el poder, sobre todo en la capital del país, y se quedó con un saldo positivo de la actuación de las instituciones electorales.

En 2000, ya muchas voces de la sociedad, de la academia, de los comentaristas políticos alertaron acerca del abusivo uso del dinero para posicionar candidatos y partidos políticos, sobre todo en televisión.

Sin embargo, estas preocupaciones perdieron eco con el triunfo de la oposición en la Presidencia de la República por primera vez en casi 70 años, y ese hecho de alguna manera atenuó las críticas al sistema electoral. Aunque quedaron consignados los casos de gasto excesivo de campaña detectados en el esquema de Amigos de Fox y la enorme corrupción que significó el desvío de fondos de los trabajadores petroleros en favor del candidato del PRI en el escándalo conocido como Pemexgate .

Las indagatorias que realizó el IFE sobre ambos casos se toparon con los mismos obstáculos: la negativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a entregar al órgano electoral la información que resultaba necesaria, con el argumento de que estaba impedida para hacerlo, pues sería violatorio de los principios legales de los secretos bancario y fiduciario.

En 2003, la presencia del dinero en la política volvió a mostrar su rostro distorsionador y corruptor de la libre voluntad popular, con los gastos excesivos de campaña, las escasas capacidades fiscalizadoras de la autoridad electoral, los escándalos derivados del manejo de dinero para campañas políticas, los casos emblemáticos consignados en los famosos video-escándalos y, como resultado de todo ello, el asombro y el enojo ciudadanos por el dispendio oneroso de recursos y de espots de promoción de partidos políticos y candidatos en radio y televisión.

La vigorosa pluralidad política expresada con vehemencia durante las campañas electorales y con enorme contundencia en la composición de los poderes federales y locales comenzó a vulnerar, con las prácticas y las ambiciones desmedidas de poder de políticos de todo signo, a la recién construida institucionalidad democrática.

La sospecha de que el interés ilícito de la delincuencia organizada y de los poderes fácticos con todo y su financiamiento penetraban en los procedimientos y mecanismos de competencia política fue confirmándose durante estos años.

Cómo olvidar que todo ello se agravó meses después cuando se renovaron las autoridades del IFE. Por una mala formación de las nuevas autoridades electorales en que, lejos de haber sido procesada por un amplio consenso de la representación política nacional, imperó el acuerdo entre el PRI y el PAN, y ambos lograron partidizar las lealtades de las y los consejeros electorales, y vulnerar la gran autoridad y legitimidad de que había gozado el Instituto Federal Electoral en su primera época, con la cual pudo hacer frente a los grandes desafíos de entonces y que ya hemos descrito.

Finalmente, todo esto hizo crisis y explotó en la elección presidencial de 2006. El manejo indiscriminado del dinero, de los mensajes televisivos, del dolo de algunos notables empresarios contra el candidato de la Izquierda, la guerra sucia mediática, la intervención presidencial en favor del candidato oficial, el titubeo de la autoridad electoral debido a deudas e intereses de grupo previamente adquiridos, entre otros muchos factores, infligieron al sistema electoral y político el máximo daño posible: erosionar la credibilidad del sistema y de la legitimidad del proceso y, obviamente, del resultado; sin más, el daño irreversible provocado a la legitimidad de las autoridades surgidas de ese proceso, con el agravante, también, obvio y natural, de no contar con el reconocimiento del competidor más importante, que en democracia, es este último hecho, el que cierra el proceso electoral en cualquier país del mundo.

En el Congreso de la Unión, el PRD empezó a alertar acerca de la necesidad de profundizar en las normas democráticas que nos habíamos dado en 1996, y una y otra vez nuestras bancadas presentaron iniciativas de reforma constitucional y de ley para fortalecer las atribuciones de la autoridad electoral, para limitar los gastos de campaña, para acotarlos, para promover principios de mayor equidad en la contienda electoral, para promover austeridad y mesura en el gasto de campaña, para ir acotando el financiamiento público y prohibir de plano el financiamiento privado.

Presentamos iniciativas para normar los principios de equidad y género en la contienda electoral, para fortalecer el órgano electoral, para normar precampañas y campañas y para reducir el tiempo de éstas. Presentamos iniciativas para transparentar el origen y uso de los recursos y para reducir el financiamiento público. Presentamos iniciativas para tipificar delitos electorales, y sancionar conductas abusivas de los servidores públicos y para regular el papel de los medios de comunicación en las elecciones federales.

Hoy nos centramos en garantizar la calidad e imparcialidad de las máximas autoridades electorales del país, para ello presentamos a consideración de esta soberanía reformas que permitan un adecuado proceso de selección de consejeros y consejeras electorales que acabe con el cuotismo partidario y que limite la injerencia indebida de los partidos políticos.

Proponemos un método que decante en primer instancia los mejores perfiles de entre las y los aspirantes a integrar el Consejo General del IFE, que a través de una etapa previa de revisión curricular y  entrevistas conducidas por diputados y diputadas, se llegue a un primer acuerdo consistente de una lista compuesta por el mismo número de candidatos y candidatas con un perfil idóneo, con una importante formación académica, la mayor experiencia en la materia, así como la imparcialidad e independencia de juicio y acción que son indispensables para ejercer tan importante responsabilidad.

Este primer filtro irá perfilando un primer acercamiento de las posiciones de las y los legisladores a un máximo consenso en la Cámara de Diputados para que, finalmente, a través de un procedimiento transparente de insaculación se logre seleccionar a los consejeros y  consejeras en tiempo y forma para integrar el Consejo General.

Sólo un grupo compuesto por igual número de candidatos y candidatas con los mejores perfiles, aprobado en la Comisión Legislativa responsable de llevar a cabo este procedimiento de selección, por mayoría calificada, será sujeto al procedimiento de la insaculación, y las personas que finalmente resulten insaculdas y sancionadas por una mayoría calificada del Pleno de la Cámara de Diputados, podrán actuar con la lógica de la calidad y el conocimiento y no con la del chantaje, ni de la presión política, ni de las cuotas partidistas que ponen en riesgo la integración y la legitimidad del órgano más importante de la autoridad electoral que es, sin duda, el Consejo General del IFE.

Adicionalmente, estamos planteando con toda precisión que desde la Constitución también se esclarezcan ciertos criterios que deben ser observados en el proceso de selección de las y los candidatos, ya que se debe procurar que ésta tenga como resultado la selección de los mejores perfiles, pero también los más independientes e imparciales que garanticen no solamente a los  partidos políticos sino a la ciudadanía en su conjunto un ejercicio pleno de la función electoral. Por ello, en esa lógica, proponemos que se incluya la realización de una amplia convocatoria pública, que no consulta como actualmente contempla la Constitución, y la realización de un examen de oposición con criterios de rigor académico que desarrollen instituciones educativas que para tal efecto se designen, seguido de las entrevistas conducidas por la comisión u órgano respectivo de la Cámara de Diputados.

Por último, consideramos de enorme importancia que para tal efecto, en la selección de  los mejores perfiles, se tomen en cuenta los requisitos contemplados en la ley como también dos adicionales: no  haber litigado asuntos en materia electoral en cuatro años a favor de algún partido  y no haber sido representante legal o tener algún vinculo profesional o laboral con los medios de comunicación regulados para tal efecto en la ley de la materia.

En nuestro grupo parlamentario, estamos convencidos de la necesidad de contar con verdaderas autoridades electorales, que se conduzcan con imparcialidad en sus resoluciones y en el ejercicio de su responsabilidad. Los casos recientes ligados al proceso electoral de 2012, arrojan resultados muy cuestionables, que han afectado la credibilidad del Consejo General del IFE, y puesto en duda, una vez más, la legitimidad de los resultados electorales, por la grave violación de los principios elementales que deben regir en toda elección, en particular, la equidad de la contienda, ya que se usaron recursos de procedencia desconocida y estructuras de financiamiento paralelo para sostener operativos para la compra del voto. Mucho hubiera aportado a nuestra democracia, si la autoridad hubiera actuado como un verdadero árbitro electoral, por ello, y por el agravio causado, es que estamos presentando esta iniciativa para insistir en nuestro compromiso de transitar por la vía electoral construyendo instituciones electorales sólidas propias de un verdadero estado democrático e incluyente.

Por lo antes expuesto, proponemos a esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma y adiciona  el artículo 41, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

I. a IV. ...

V. ...

...

El consejero presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Para seleccionar a las personas que integrarán el Consejo General, la Cámara de Diputados realizará una amplia convocatoria pública, instrumentará un examen de oposición con criterios de rigor académico que desarrollen instituciones educativas que para tal efecto se designen, y conducirá entrevistas a través de la comisión u órgano legislativo respectivo de la propia Cámara, siguiendo el procedimiento que determine la ley. En la selección de las y los candidatos se observarán los mejores perfiles, tomando en cuenta los requisitos contemplados en la ley correspondiente además de que no deberán haber  litigado asuntos en materia electoral en cuatro años a favor de algún partido y tampoco deberán haber sido representantes legales o tener algún vinculo profesional o laboral con los medios de comunicación regulados para tal efecto en la ley de la materia. Según sea el caso, y a partir del grupo compuesto por el mismo número de candidatos y candidatas que resulten con mejores evaluaciones, y aprobado por mayoría calificada en la Comisión Legislativa responsable, la o el Consejero presidente y las o los consejeros electorales serán desginados sucesivamente por mayoría calificada de la Cámara de Diputados, sancionando el resultado que arroje el método de insaculación que determine la ley.

La Cámara de Diputados hará la designación de consejero presidente y de consejeros electorales a más tardar el último día del periodo de ejercicio de los salientes. De darse la falta absoluta de consejero presidente o de cualquiera de las o los consejeros electorales, se elegirá un sustituto o sustituta para concluir el periodo de la vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco legal en un plazo de 180 días contados a partir de  la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.— Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno, diputado Belaunzarán. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Don Javier López Zavala, ¿está?

El diputado Javier López Zavala (desde la curul): Sí, aquí estoy, diputado presidente.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ah, pues tendremos el gusto de escucharlo, don Javier, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, muy apreciable poblano.

El diputado Javier López Zavala: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, estimadas compañeras diputadas y estimados compañeros diputados. Expongo ante ustedes con la brevedad de tiempo un resumen de la iniciativa que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de deuda pública.

El uso incorrecto de los recursos públicos mina la posibilidad de un futuro en crecimiento y desarrollo para las entidades federativas. Algunos gobiernos estatales y municipales han abusado del endeudamiento, al realizar obras políticamente rentables, dejando la responsabilidad de la operación, el mantenimiento y el pago de dicha deuda a las siguientes administraciones.

Esto ha ocasionado el sobregiro de la capacidad de endeudamiento de los estados y municipios, cuando el presupuesto que se destina al pago de los intereses y el capital es tan grande, que limita seriamente su operación normal, poniendo en peligro el equilibrio de la tesorería y los servicios públicos que el gobierno está obligado a proporcionar, y ha puesto en duda la viabilidad de las autoridades siguientes a los que originalmente contrajeron la deuda pública, quienes dedican un monto excesivo de los recursos a pagar, sin poder hacer o construir infraestructura nueva o propuesta propias a la campaña.

La incapacidad de los gobiernos locales para atender a sus obligaciones crediticias por lo general ha coincidido con la presencia de cualquiera de los siguientes factores o combinación de ellos: un desequilibrio de fondos de operación, en el que los gastos corrientes exceden significativamente a los ingresos corrientes en el periodo fiscal; una desviación importante y creciente en la restauración de los ingresos pronosticados.

Éste es el momento de generar el marco legal que haga posible un uso más eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos por parte de los servidores públicos estatales y municipales, que considere de manera indispensable que la deuda contratada no exceda del periodo del ejercicio del gobierno que la contrata y por los conceptos y hasta por los fijados anualmente en los respectivos presupuestos.

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que entre el 2000 y junio de 2012, la deuda de estados y municipios aumentó el doble que sus ingresos, lo que puso a muchos de ellos en riesgo de insolvencia financiera, limitó sus posibilidades de endeudarse para proyectos realmente necesarios y paralizó a algunos por la falta de liquidez ante sus proveedores.

Más del 50 por ciento de esos recursos fueron erogados en los últimos cuatro años, sin que se conozca a detalle el destino de los mismos, las tasas a las que fueron contraídos cada uno de esos créditos y las razones que justificaron su contratación.

En este periodo la deuda subnacional creció de casi 106 mil millones a casi 244 mil millones de pesos, de los cuales más de 27 mil millones corresponden a pasivos contratados por municipios.

De los cerca de 138 mil millones de deuda contraída, 42 mil 710 millones fueron contratados entre 2000 y 2008, mientras que 95 mil 278 millones fueron adquiridos entre 2008 y el primer trimestre de 2012.

Mientras la deuda subnacional se duplicó, los ingresos estatales crecieron en solo 57 por ciento, al pasar de 527 mil millones a 829 mil 646 millones de pesos, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En términos generales, 14 estados concentran cerca del 96 por ciento de los 95 mil millones de deuda contraída en los últimos cuatro años: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

El incremento de la deuda subnacional generó que 16 estados registren niveles poco óptimos de deuda, pues ésta representa más del 50 por ciento de las participaciones que reciben a través del Ramo 28, rubro que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue la garantía de más del 80 por ciento de los créditos contratados.

En esta situación se encuentran también Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Además, en los últimos dos meses de 2012 alrededor de 124 municipios de los estados Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se han declarado en quiebra.

Con esta iniciativa proponemos que en el caso de decidirse por endeudamiento, los estados tendrán que sujetarse a los lineamientos establecidos en la Ley de Deuda Pública respectiva.

En ese sentido, la iniciativa que presento pretende que la información financiera de los diversos órdenes de gobierno se presente de forma clara, sencilla y accesible, no solamente a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad en general.

Por ello, la iniciativa incluye tres características esenciales:

1. El establecimiento de reglas de transparencia para toda la información financiera generada por el ejercicio de recursos de deuda pública de las entidades y municipios.

2. La aplicación general de disposiciones, armonizando la presentación de la información financiera.

3. Paralelamente, en los presupuestos de egresos se especificarán los conceptos de inversión pública.

Estas permitirán establecer a nivel local mecanismos que garanticen cerrar espacios a la corrupción, que la sociedad cuente con mayor y mejor información que permita involucrarse a mayor profundidad con los gastos del gobierno, aclarar las facultades que tienen los Congresos estatales de autorizar al Ejecutivo y a los ayuntamientos a contratar deuda pública y afectar como garantía.

Los Congresos de los estados deberán reformar la Ley de Deuda que incluya las características siguientes: establecer bases claras, regular de manera eficaz y eficiente el uso de los recursos, incorporar la figura de un pagador independiente.

Sin duda los legisladores tenemos que distribuir o mejorar el marco jurídico federal que permita que las Legislaturas locales armonicen su legislación en materia de deuda pública. Éste es el nuevo paso que debemos de dar en torno a la democracia y a la transparencia.

Por ello, en la iniciativa que estoy presentando a esta soberanía propongo reformar el artículo 115 y 117 de la Constitución Política, en lo que considero que la deuda pública que se contrate para obra, reestructuración y financiamiento, se destine exclusivamente a inversión pública productiva que no exceda al ejercicio del gobierno que la contrate o sea autorizada por el Congreso del estado; además considere solo hasta un monto previamente determinado de las participaciones programadas.

Por lo anterior, con esta reforma podemos ayudar a que los recursos con los que dispone el estado sean mejor utilizados. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Javier López Zavala, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXVIII, 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos a la fracción IV, inciso c) del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforma el primer y segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 117; y se adiciona un tercer párrafo a la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de regular la autorización del endeudamiento que pueden negociar las entidades federativas y municipios, que garantice la transparencia de las obligaciones contraídas para el financiamiento y permita evaluar la eficacia y eficiencia del gasto y administración de la deuda pública, con el fin de garantizar que los recursos permitan un desarrollo sustentable de las políticas públicas que se impulsan para la población subnacional, la cual se fundamenta bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

A raíz de los problemas que se suscitaron con la crisis de 1995 y ante la vulnerabilidad del sistema de pagos que no resistía la cartera vencida, el gobierno federal implementó un programa para atender la grave situación que ponía en peligro las finanzas de los gobiernos locales con deuda pública. Con este programa, una gran parte de la deuda pública fue reestructurada y los programas financieros de los estados y municipios recuperaron su viabilidad.

Después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue impulsando, por medio de convenios con las entidades federativas, una serie de cambios orientados a crear y consolidar la normatividad estatal sobre la deuda pública y a sanear las finanzas de los estados que presentaban mayores problemas.

El proceso que hoy se vive no es muy distinto al de esa época, en la que la Ley de Deuda Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1976, regulaba el endeudamiento de las entidades y municipios, sin embargo esta no se realizaba de manera ordenada, fue necesario que se adicionaran y reformaran las Leyes General de Deuda Pública; y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el 21 de diciembre de 1995.

En este momento, el Estado requiere modernizar y actualizar las normas para transparentar la administración de los recursos obtenidos a través de endeudamiento, por ello el Congreso de la Unión reformó recientemente la Ley de Deuda Pública, publicada en el DOF del 9 de abril de 2012. Reforma que bien pudiera ser considerada por todas las administraciones financieras locales para adecuar sus leyes, a fin de fortalecer el federalismo hacendario especialmente en el ámbito de la deuda pública.

Esta ley establece en el artículo 9o. “El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del gobierno federal y de las entidades del sector público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal. El Ejecutivo federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria”.

Según la Ley General de Deuda Pública federal, el financiamiento es la contratación dentro o fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos derivados de: la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo; la adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos; los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores.

En los últimos años ha sido evidente que los recursos que recauda y distribuye el gobierno federal y los que generan los estados y municipios, a través de una serie de disposiciones fiscales, jurídicas y presupuestarias, aunque se han incrementado, no son suficientes para atender las necesidades de la población, por lo que las entidades y municipios han tenido que hacer uso del endeudamiento cada vez más para realizar inversiones en infraestructura.

Sin embargo, el endeudamiento de los estados y municipios de México, que ha crecido en los últimos años, lleva a un urgente replanteamiento sobre el manejo responsable de las finanzas públicas subnacionales. Sobre todo porque el uso incorrecto de los recursos públicos mina la posibilidad de un futuro con crecimiento y desarrollo para las entidades y municipios del país.

Con las reformas que hagamos debemos garantizar el uso responsable de la contratación de financiamiento dentro o fuera del país; créditos, empréstitos o préstamos para los gobiernos estatales y municipales, así como de su administración transparente. Tenemos la oportunidad de fortalecer el marco normativo dentro del respeto del federalismo de nuestro país, por ello esta iniciativa se orienta a fijar límites muy claros y precisos al endeudamiento de estados y municipios, que contribuirá a disminuir el costo de la deuda al que cada vez acceden más.

La expansión de las necesidades de la población a nivel nacional y la conformación nuevos escenarios de la sociedad, requieren de una mayor cohesión de las acciones de los tres niveles de gobierno, diseñar otros mecanismos en la toma de decisiones públicas, para atender temas específicos como la pobreza, el medio ambiente, los derechos humanos, la equidad, la seguridad social, la transparencia de la información, la contratación de financiamientos y los procesos de democratización, entre otros.

Las regiones del país requieren urgentemente incrementar la inversión en proyectos de infraestructura para proveer los servicios sociales básicos y de comunicaciones y transportes que la sociedad exige.

En este marco de necesidades sociales, es importante que los sistemas financieros superen la simple transmisión de la información y logren sentar las bases de un sistema de rendición de cuentas en la cual la sociedad evalúe los recursos financieros que ejercen los tres niveles y órdenes de gobierno, de manera especial los obtenidos por deuda pública, que permita generar bienestar y desarrollo en las entidades y municipios. Para ello es fundamental utilizar de manera ética, responsable y transparente los recursos financieros con los que cuentan.

Por lo anterior, hoy a diferencia de hace algunos años, es importante legislar sobre deuda pública para las entidades y municipios, que permita seguir considerando esta alternativa para financiar parcial o totalmente, complementando inversiones de los tres órdenes de gobierno y de la iniciativa privada, los proyectos de infraestructura que tienen una alta rentabilidad social y o una fuente de repago.

De esta manera es necesario fortalecer las normas que regulen el desarrollo técnico de las haciendas públicas estatales y municipales. Asimismo, en el seno del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal consolidar las acciones de los últimos años; el estudio de las finanzas públicas locales y, dentro de este ámbito el análisis de los nuevos mecanismos para contratar endeudamiento, garantizar, la calificación y el pago de los financiamientos estatales y municipales.

En este sentido la presente iniciativa de reformas sobre la deuda pública de estados y municipios que tocan a la Constitución, se orienta a poner los lineamientos generales para que en el nivel local se establezcan las reglas a la contratación de financiamiento, donde se debe realizar diversas reformas a la Ley de Deuda Pública del Estado, con la cual se lograra colocar un control a la contratación de deuda pública por parte del Ejecutivo estatal y municipal. En esta reforma se destaca el establecer la necesaria autorización del Congreso local y del Ayuntamiento en pleno, así como la rendición de cuentas, con ello, se iniciara con el orden en las finanzas de manera transparente. Asimismo, la reforma permitirá a las instancias de vigilancia y a los ciudadanos conocer los montos y conceptos reales de la Hacienda Pública Estatal.

Problemática

En México tenemos 2 mil 440 municipios y 16 delegaciones, de los cuales más de 400 se encuentran en extrema pobreza, considerados dentro de la cruzada por el hambre, otros dependen totalmente de los recursos que le otorga la federación y los menos, tienen un margen de financiamiento local que les permite atender las necesidades de la población en sus regiones. Es un lugar en el que se comparten problemas, retos y oportunidades. Oaxaca tiene 570, le siguen Puebla con 217 y Veracruz con 210, Jalisco 124, México 122, Chiapas 118, Michoacán 113, Yucatán 106, Hidalgo 84, Guerrero 76, Sonora 72, Tlaxcala 70, Chihuahua 67, San Luis 58, Zacatecas 57 y Nuevo León 51. Por su parte, Baja California y Baja California Sur cuentan sólo con 5 cada uno.

Como se sabe, nuestro país es un mosaico de regiones, culturas y paisajes. El ámbito de las finanzas locales no es la excepción, cada zona de nuestro país conforma un lugar con características especiales, por los contrastes sociales y económicos entre sus micro regiones, que en muchos aspectos rebasa el campo de la división política y territorial, tal como formalmente está establecido en nuestras leyes.

El uso incorrecto de los recursos públicos mina la posibilidad de un futuro con crecimiento y desarrollo para las entidades del país.

Algunos gobiernos estatales y municipales han abusado del endeudamiento al realizar obras políticamente rentables, dejando la responsabilidad de la operación, el mantenimiento y el pago de dicha deuda a las siguientes administraciones.

Esto ha ocasionado el sobregiro de la capacidad de endeudamiento de los estados y municipios cuando el presupuesto que se destina al pago de los intereses y el capital es tan grande que limita seriamente su operación normal, poniendo en peligro el equilibrio de la tesorería y los servicios públicos que el gobierno está obligado a proporcionar.

La experiencia negativa cuando la ha habido, consiste en que la deuda se incrementa exageradamente; gran parte del capital que proviene de la deuda se malgasta; los desembolsos anuales para hacer frente al financiamiento se disparan más allá de lo prudente, por lo que las finanzas del gobierno se desequilibran y tienen graves problemas para pagar las deudas.

La incapacidad de los gobiernos locales para atender sus obligaciones crediticias, por lo general ha coincidido con la presencia de cualquiera de los siguientes factores o una combinación de ellos:

• Un desequilibrio de fondos de operación en el que los gastos corrientes exceden significativamente a los ingresos corrientes en un período fiscal.

• Una desviación importante y creciente en la recaudación de los ingresos pronosticados.

• Un incremento inesperado en el monto de los intereses a pagar en un ejercicio (cuando en los contratos se estipulan tasas variables de interés), por causas de un desequilibrio macroeconómico como incrementos constantes en las tasas de inflación.

Este es el momento de generar el marco legal que haga posible un uso más eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos por parte de los funcionarios estatales y municipales, el cual dé certeza a los ciudadanos de que sus impuestos están siendo destinados de la mejor forma posible y tengan la garantía de que nadie ha comprometido su bienestar o los servicios públicos a los que tienen derecho en los años por venir.

Estamos dando los pasos en la dirección correcta; existe la voluntad política para no dar marcha atrás en la transformación de México. Queremos un país con mejores leyes, mismas que hagan cambios reales en la vida de las personas. Se necesita, con urgencia, más orden en las finanzas públicas locales y mayor transparencia.

Así, aunque el tema de la deuda pública ha sido una constante en los últimos años, hoy más que nunca ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad frente a los escándalos de endeudamiento de estados y municipios, licitaciones amarradas, concesiones pactadas, y un conjunto de leyes laxas han despertado un profundo malestar social, que demanda a los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados iniciar un proceso de trabajo legislativo de altura, que ponga como meta el diseño de un marco legal que responda a este momento donde tenemos que hacer más con los recursos con los que contamos y restituir la confianza en los ciudadanos y Estado de Derecho en México.

Al final de cuentas todas las regiones de nuestro país deben obediencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, carta suprema que une a todos los mexicanos; se acatan las mismas leyes federales; se goza de la misma cultura; y se comparte la misma idiosincrasia.

Numeralia financiera de la deuda subnacional

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que entre 2000 y junio de 2012, la deuda de estados y municipios aumentó el doble que sus ingresos, lo que puso a muchos de ellos en riesgo de insolvencia financiera, limitó sus posibilidades de endeudarse para proyectos realmente necesarios y paralizó a algunos por la falta de liquidez ante sus proveedores.

En los últimos 12 años la deuda de estados y municipios aumentó en más de 130 por ciento. Más del 50 por ciento de esos recursos fueron erogados en los últimos cuatro años sin que se conozca a detalle el destino de los mismos, las tasas a las que fueron contraídos cada uno de esos créditos y las razones que justificaron su contratación.

En este periodo la deuda subnacional creció de casi 106 mil millones a casi 244 mil millones de pesos, de los cuales más de 27 mil millones corresponden a pasivos contratados por municipios.

De los cerca de 138 mil millones de deuda contraída, 42 mil 710 millones fueron contratados entre 2000 y 2008; mientras que 95 mil 278 millones fueron adquiridos entre 2008 y el primer trimestre de 2012.

Mientras la deuda subnacional se duplicó, los ingresos estatales crecieron en sólo 57 por ciento, al pasar de 527 mil millones a 829 mil 646 millones de pesos.

En términos generales, 14 estados concentran cerca del 96 por ciento de los 95 mil millones de deuda contraída en los últimos cuatro años: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Los estados que más aumentaron sus pasivos fueron Coahuila, cuya deuda creció en cerca de 21 mil millones de pesos; Veracruz, que creció en 12 mil millones, y Nuevo León, que se endeudó en 11 mil millones más.

El incremento de la deuda subnacional generó que 16 estados registren niveles poco óptimos de deuda, pues ésta representa más del 50 por ciento de las participaciones que reciben a través del Ramo 28, rubro que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue la garantía de más del 80 por ciento de los créditos contratados. En esta situación se encuentran Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Entre estas entidades existen casos como el de Coahuila, cuya deuda es superior al total de sus participaciones en cerca del 200 por ciento; en Chihuahua supera en 29 por ciento; en Nuevo León, en 77 por ciento, y en Nayarit, en 12 por ciento.

Además, en los últimos dos meses de 2012 alrededor de 124 municipios de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se han declarado en quiebra. Aproximadamente 90 de ellos corresponden a Chiapas.

Un ejemplo: Baja California aumentó su deuda de 2 mil 100 millones a más de 7 mil 800 millones en los últimos cuatro años; paralelamente, entre 2007 y 2010, su gasto en servicios personales aumentó más de 950 millones de pesos: de 5 mil 100 a más de 6 mil millones.

Si bien el Distrito Federal registra la deuda más grande del país, con 33 mil 500 millones de pesos, esta demarcación no enfrenta problemas para pagar sus créditos debido a que es la que más recursos recauda, y el plazo de vencimiento para el pago de sus pasivos es de más de 22 años, el más amplio a nivel nacional.

Propuesta

Cuando los gobiernos se endeudan, en realidad están decidiendo utilizar en el presente los ingresos que les corresponden a las administraciones futuras, con el objeto de satisfacer las necesidades actuales (y probablemente futuras) de obras y servicios para la población. Por lo tanto, endeudar al gobierno a largo plazo es una acción que debe justificarse plenamente frente a la sociedad. Para atender los programas que se encuentran normalmente en operación y cumplir con los nuevos planes de gobierno, se tiene que evaluar la alternativa de recurrir al crédito público o disminuir sus programas. En el caso de decidirse por el endeudamiento, tendrá que sujetarse a los lineamientos establecidos en la ley de deuda pública respectiva.

Mi grupo parlamentario, el PRI, perfila estudios de fondo para frenar la deuda de estados, se estudia modificar la distribución de recursos federales y fijar porcentaje máximo de endeudamiento. En la Cámara de Diputados, en el PRI comenzamos a trazar las líneas para regular, ordenar y solucionar el aumento del endeudamiento de estados y municipios, en donde se consideran mecanismos para la modificación de la fórmula de distribución de recursos federales y fijar un porcentaje máximo de endeudamiento, en función de sus particulares capacidades de pago.

En este sentido la iniciativa que presento, pretende que la información financiera de los diversos órdenes de gobierno se presente de forma clara, sencilla y accesible no sólo a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad en general.

Lo anterior hace necesario fortalecer y de generar un nuevo marco jurídico que fortalezca las competencias de los órganos garantes en esta materia en el ámbito federal y de las entidades federativas y municipales, por ello considero oportuno proponer nuevas mecanismos para garantizar un tratamiento homogéneo e integral de la rendición de cuentas que se ejercen con ciertas disparidades en las entidades federativas, por ello presento las adiciones que establezcan las bases sobre las cuáles los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus competencias, para que asuman estas responsabilidades conforme a lo dispuesto con el artículo 117 de la Constitución.

Para ello, la iniciativa incluye dos características esenciales:

1. El establecimiento de reglas de transparencia para toda la información financiera generada por el ejercicio de recursos de deuda pública de las entidades y municipios.

2. La aplicación general de estas disposiciones, armonizando la presentación de la información financiera de todas las entidades y municipios.

3. Paralelamente, en los presupuestos de egresos se especificarán los conceptos de inversión pública productiva a realizar con los recursos provenientes de los financiamientos.

Estas permitirán establecer a nivel local mecanismos que garanticen:

a) Cerrar espacios a la corrupción y a los desvíos de recursos, permitiendo a los órganos fiscalizadores conocer la información financiera fidedigna sobre el uso de los recursos, con el objeto de sancionar e inhibir las prácticas indebidas.

b) Que la sociedad cuente con mayor y mejor información que le permita involucrarse a mayor profundidad con sus gobiernos y, con ellos, tener capacidad de demandar más y mejores resultados.

c) Aclarar las facultades que tiene el Congreso de los estados de autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos a contratar deuda pública y a afectar como garantía, fuente de pago o de cualquier otra forma los ingresos que les correspondan, en los términos establecidos en las leyes correspondientes; así como reconocer y mandar pagar la deuda de los estados y municipios.

Por otra parte, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permitirá entre otros beneficios los siguientes:

Generar certidumbre entre los acreedores de las entidades y municipios al regular la presupuestación de la deuda pública.

Generar certidumbre entre los posibles inversionistas y proveedores de servicios públicos al permitir y regular la presupuestación multianual de contratos de prestación de servicios.

Los PPS (proyectos de prestación de servicios con participación privada) presentan el riesgo de presupuestación multianual, por lo que el Estado debe prever y asegurar las partidas presupuestarias correspondientes así como involucrar al Congreso en la evaluación y presupuestación durante la vigencia de los proyectos.

Por lo anterior, la propuesta de reforma constitucional que presento tiene como objetivo que la contratación de endeudamiento de estados y de los municipios se realice al menor costo posible. Para ello las entidades deberán realizar en particular:

• El Congreso analizará y aprobará los PPS de manera previa a su licitación por parte del Estado, así como incluirá en el Presupuesto de Egresos las asignaciones necesarias para cumplir con las obligaciones que se deriven de estos contratos.

• El Congreso podrá aprobar la afectación de ingresos de los estados y municipios respecto al cumplimiento de las obligaciones que deriven de la contratación de PPS.

Los Congresos de los estados deberán reformar la Ley de Deuda que incluya las características siguientes:

• Establecer bases claras para la contratación y administración de la Deuda Pública en el estado y los municipios.

• Regular de manera eficaz y eficiente los mecanismos para la afectación de ingresos federales, de ingresos estatales, municipales y de otros ingresos.

• Incorporar la figura de un pagador independiente.

• Facultar al Ejecutivo de los estados y a los ayuntamientos para contratar instrumentos derivados para mitigar riesgos de mercado.

• Regular con flexibilidad, certeza y transparencia financiera la contratación de pasivos a corto plazo a cargo de las entidades estatales y municipales.

Marco jurídico nacional

En México la función financiera del Estado se fundamenta principalmente en tres ordenamientos jurídicos complementarios entre sí: la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Deuda Pública. Otros ordenamientos son la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Contabilidad Gubernamental. Este marco jurídico regula el ejercicio y rendición de cuentas de los recursos financieros del gobierno federal, estatal y municipal.

Los ordenamientos legales de mayor jerarquía en el país, que norman la deuda pública de los estados y municipios son la Constitución federal, las Constituciones de los estados y las leyes de deuda de las entidades federativas.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 117, fracción VIII, reformado y publicado en el DOF el 21 de abril de 1981, queda como a continuación se establece:

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

De esta manera por mandato del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les corresponde a las legislaturas de los estados, determinar las bases, sobre las cuales las entidades federativas, los municipios y las entidades paraestatales y paramunicipales, contraigan obligaciones o empréstitos, que se destinen a inversiones públicas productivas.

De lo establecido en la Constitución se desprende lo siguiente:

a) La deuda pública de los estados y municipios no puede emplearse para financiar gasto corriente, sino que se debe destinar a la inversión pública productiva. De acuerdo con el anterior Reglamento del artículo 90 de la Ley de Coordinación Fiscal, las inversiones públicas productivas son aquellas destinadas a la ejecución de obras públicas, adquisición o manufactura de bienes y prestación de servicios, siempre que en forma directa o indirecta produzcan un incremento en los ingresos de las entidades federativas, de los municipios o de sus respectivos órganos descentralizados y empresas públicas.

b) La deuda pública local debe contratarse con las bases que establezcan las legislaturas estatales en una ley, por lo tanto, los congresos locales pueden legislar en materia de deuda pública estatal y municipal.

c) Los montos de deuda pública se deben contemplar en los presupuestos anuales de gobierno, por lo tanto, se deben incluir los montos, los proyectos, los beneficios y toda la información necesaria para que los presupuestos sean autorizados.

d) Los Ejecutivos de los estados y municipios deben informar sobre el ejercicio de la deuda pública al menos anualmente en su informe de gobierno.

En los últimos años se han dado una serie de reformas en la legislación fiscal y financiera del país que han provocado mejoras importantes en los esquemas de deuda de los estados y municipios, entre los principales ordenamientos reformados tenemos los siguientes: Ley de Coordinación Fiscal (federal) y su reglamento, Reglas de Capitalización de la Banca, Ley del Mercado de Valores, circulares de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En las Constituciones estatales por lo general, en la parte correspondiente a la deuda pública, replican o remiten a la normatividad establecida en la Constitución federal; en otros casos, son más flexibles que lo establecido por el artículo 117, fracción VIII de la Constitución federal. Por el contrario, en otros estados el tratamiento que otorgan a la deuda pública en sus Constituciones son más rígidas que lo establecido en la Constitución federal, en este caso se encuentran siete estados, entre los cuales sobresale por su rigidez Tlaxcala.

Ley de Coordinación Fiscal artículo 9o., se hace referencia a las leyes estatales de deuda, por lo cual se supone que todos los estados y municipios tienen una ley estatal de deuda. La Constitución federal en su artículo 117 fracción VIII también hace referencia a las leyes estatales específicas (sin llamarla ley de deuda pública), en las cuales las legislaturas estatales establecen las bases para contraer deuda pública.

La reforma al artículo 90 de la Ley de Coordinación Fiscal se complementó con la promulgación del Reglamento del Artículo 90 de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre del 2001.

Se estableció la obligación de los estados y municipios de informar trimestralmente a la SHCP, sobre la situación que guarden sus obligaciones inscritas en el registro, así como informar a la SHCP cuando se pague totalmente la deuda inscrita. Si bien la inscripción en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios, que lleva la SHCP, es un requisito establecido por el artículo 90 de la Ley de Coordinación Fiscal, el nuevo reglamento establece que la inscripción se realice solo para efectos informativos, en virtud de la existencia de sistemas de registro y pagos estatales.

La reforma al artículo 115 constitucional aprobada por la Cámara de Diputados en junio de 1999, dio al municipio, entre otros beneficios, el reconocimiento de ser un ámbito de gobierno, el establecimiento de sus competencias exclusivas, se fortaleció la capacidad reglamentaria de los Ayuntamientos, se garantizó el derecho de iniciativa en materia tributaria, se fortalecieron las tesorerías al restringir las exenciones e incorporar el pago del impuesto predial del sector paraestatal así como de los inmuebles utilizados por particulares en concesión y se garantizó que los recursos que integran la hacienda municipal sean ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o por quien ellos autoricen.

Lo anterior fortalece la posición de los municipios como emisores de deuda pública, pues con las reformas se da mayor certidumbre a los acreedores, sobre la personalidad jurídica del municipio como órgano de gobierno y sobre el ejercicio autónomo de su hacienda municipal, con capacidad legal para otorgar en garantía sus recursos presentes y futuros.

La Ley del Mercado de Valores fue reformada por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2001. En la parte correspondiente al tema de interés para la emisión de deuda de estados y municipios, la ley contempla en su artículo 14 Bis 6 lo siguiente: Las sociedades anónimas, entidades de la administración pública federal paraestatal, entidades federativas, municipios y entidades financieras cuando actúen en su carácter de fiduciarias, podrán emitir certificados bursátiles en los términos y condiciones a que se refiere el artículo 14 Bis 7; este último artículo trata sobre la definición y los elementos que deben contener los certificados bursátiles.

La importancia de esta reforma es que abrió la posibilidad a los gobiernos estatales y municipales para obtener financiamientos y satisfacer sus requerimientos de dinero a través de la Bolsa Mexicana de Valores, como emisores de deuda gubernamental.

La Ley del Mercado de Valores en su Artículo 14 Bis 6 establece:

Las sociedades anónimas, entidades de la administración pública federal paraestatal, entidades federativas, municipios y entidades financieras cuando actúen en su carácter de fiduciarias, podrán emitir certificados bursátiles en los términos y condiciones a que se refiere el artículo siguiente (se refiere al Artículo 14 Bis 7 que trata sobre la definición y características de los certificados bursátiles).

El participar en un mercado abierto, obliga al emisor de valores a hacer pública su información, sus operaciones, sus proyectos y su gestión. En el caso particular de un estado o municipio, significa además haber actualizado el marco normativo local en materia de deuda pública, haber obtenido dos calificaciones crediticias de la entidad y otras dos de la colocación que se realiza.

Para los estados y municipios, emitir deuda a través del mercado de valores, tiene ventajas adicionales sobre la deuda que tradicionalmente se contrata a través de préstamos bancarios: menores costos financieros, diversificación de las fuentes de financiamiento, posibilidad de otorgar garantías diferentes a las participaciones federales, oportunidad para reestructurar pasivos, bursatilizar ingresos futuros, publicidad y prestigio por la transparencia y por la capacidad administrativa para operar en mercados estructurados de ligas mayores.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, que los legisladores avalamos durante el primer periodo de sesiones de esta LXII Legislatura, la cual transparenta y armoniza la información financiera referente a la aplicación de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno, considera lo siguiente:

• En esta ley se dispone en el artículo 9 que el consejo, deberá analizar y, en su caso, aprobar las disposiciones para el registro contable de los esquemas de deuda pública u otros pasivos que contraten u operen los entes públicos, y su calificación conforme a lo dispuesto en esta ley;

• Con esta base, los órganos fiscalizadores podrán conocer la información financiera, cerrando espacios de corrupción y de desvío de recursos. Asimismo, la sociedad tiene mayores oportunidades de conocer el uso que se le da a los recursos, y exigir resultados.

• En esta ley se tiene contemplado que para la presentación de información financiera y la Cuenta Pública se deberán registrar ante la Tesorería de la Federación las cuentas bancarias especificas creadas por cada fondo de aportaciones federales, programa de subsidios y convenios de reasignación en el fin de transparentar el ejercicio de los recursos federales entregados a los gobiernos federales locales.

• En el Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece el procedimiento general para las adecuaciones presupuestarias externas de las entidades.

Durante los últimos años, se ha venido evidenciando en México una clara tendencia hacia la modernización de la administración pública en todos sus niveles de gobierno, enfatizándose en este proceso los objetivos de lograr mayor transparencia, disciplina y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Marco jurídico local

En la mayor parte de las leyes de deuda locales, se expresa la preocupación de las legislaturas correspondientes porque exista el equilibrio financiero y que haya capacidad para el pago de las deudas contraídas. Sin embargo en la mayor parte de las leyes de deuda pública de los estados, no se señala un límite preestablecido a la contratación de deuda por sus estados o municipios; sin embargo, en once de ellos, los Congresos locales establecieron ciertos límites. En tres estados (Chiapas, San Luis Potosí y Zacatecas), se establecieron límites, considerando un porcentaje máximo de deuda sobre los ingresos; en el caso de Yucatán, se estableció un límite a la deuda de los municipios sobre sus participaciones; en cinco estados (Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Nayarit), se establecieron límites a la deuda considerando un porcentaje sobre los egresos; en los estados de México y Veracruz, se establecieron límites en las garantías que pueden otorgar.

En general, en las entidades y municipios son los Congresos los responsables de autorizar el ejercicio de montos y conceptos de endeudamientos netos adicionales a los previstos en las Leyes de Ingreso de los estados, o de los municipios, cuando a juicio del propio Congreso éstos cuenten con la capacidad de pago necesaria para hacer frente a dichas obligaciones.

En este momento los Congresos locales están realizando adecuaciones a su legislación, sin embargo a nivel federal, no se ha realizado una reforma a nivel nacional que se contemple en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permita regular en las leyes secundarias la observancia de una disciplina financiera en torno a la deuda pública de las entidades y municipio.

Las entidades federativas pueden elegir el mecanismo que consideren más adecuado para realizar la afectación de las participaciones cuando éstas se otorgan en garantía en contratos de deuda pública, de acuerdo con los mecanismos establecidos en sus leyes de deuda.

Los municipios normalmente tienen mejores finanzas que las entidades federativas, a pesar de contar con menor estructura administrativa, entre otras, por las siguientes razones:

a) Solicitan menos créditos que los estados, ya que su período de gobierno el cual es de tres años, los limita para emprender grandes proyectos, pues el proceso completo de planeación, autorización, contratación y ejecución, generalmente es largo y en ocasiones muy complejo.

b) Tienen mayores restricciones legales para endeudarse que los estados.

Por ejemplo en la reforma a la Ley de Deuda Pública de Michoacán realizada en octubre de 2012, se trata de regular de manera más ordenada la deuda pública del estado al señalar en esta misma lo siguiente:

Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto regular y establecer las bases para la contratación y administración de la deuda pública.

Los conceptos, montos y, en su caso, las afectaciones de participaciones o aportaciones federales, relativos a la deuda, serán fijados en las leyes de ingresos y en los respectivos presupuestos, o en los decretos mediante los cuales se autoricen endeudamientos netos adicionales conforme a la presente Ley, según corresponda.

Además, en el artículo 5o. “Sólo se podrá contraer deuda pública cuando se destine a inversiones públicas productivas, esto es, erogaciones efectuadas en bienes y servicios públicos, modernización de infraestructura y, a valoración del Congreso del costo-beneficio, en la adquisición de maquinaria, bienes o equipo que directa o indirectamente beneficien a la población”.

La deuda pública podrá ser reestructurada o refinanciada, previa autorización del Congreso, cuando dichas operaciones tengan como objeto mejorar la tasa de interés, plazo, perfil de amortización, garantías u otras de las condiciones originalmente pactadas.

Asimismo, en el artículo 7o. “Las entidades a que se refiere el artículo 3o. de este ordenamiento podrán contratar, reestructurar o refinanciar deuda pública en los términos de esta ley, previa autorización del Congreso”.

Sin duda los legisladores tenemos que contribuir a mejorar el marco jurídico federal que permita que las legislaturas locales armonicen su legislación en materia de deuda pública para que el país transite en orden financiero y con el desarrollo sustentable para toda la población, por lo anterior, con esta reforma podemos ayudar a que los recursos con los que dispone el Estado sean mejor utilizados.

Por lo expuesto y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adicionan tres párrafos a la fracción IV, inciso c) del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

115. ...

I. a III. ...

IV. ...

a) y b) ...

c) ...

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

Las legislaturas de los estados aprobarán los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública que se contrate para el estado o ayuntamientos, que se destine exclusivamente a inversión pública productiva, entendiéndose por ésta, las erogaciones efectuadas en: obras públicas, adquisición de maquinaria y equipo, proyectos y modernización de la infraestructura operativa de las entidades públicas del estado o municipio.

La reestructuración y el refinanciamiento de la deuda pública se considera inversión pública productiva siempre que se destine para aplicarse a los rubros específicos que se señalan en el párrafo anterior, que se hubiera adquirido en su momento, además, produzcan ahorros o generen incrementos en la disponibilidad de recursos financiaros de las entidades públicas del estado o municipio, que no exceda el ejercicio del gobierno que la contrate y la autorización del Congreso del estado.

Los recursos que deriven de empréstitos, de la emisión de valores o de cualquier modalidad o tipo de financiamiento que constituya deuda pública estatal, así como sus respectivos productos financieros, serán aplicados exclusivamente a la ejecución de los proyectos de inversión pública productiva debidamente autorizados por el Congreso del Estado. En ningún caso los recursos provenientes de la reestructuración o refinanciamiento, podrán destinarse al concepto de gasto corriente.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

Artículo segundo. Se reforma el primer y segundo párrafos de la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona un párrafo para quedar como sigue

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

I. a VII. ...

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones, créditos, empréstitos o deuda pública con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones, empréstitos o deuda pública sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, incluso operaciones de refinanciamiento y reestructura, excluyendo cualesquier destino a gasto corriente, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, estatales o municipales, empresas de participación estatal o municipal mayoritarias y fideicomisos públicos paraestatales o paramunicipales, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley de deuda pública, conforme a la ley secundaria federal y por los conceptos y hasta por los montos del cincuenta por ciento de las participaciones programadas que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informarán de su avance trimestralmente y de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

Por deuda pública se entiende toda operación constitutiva de un pasivo, directo, indirecto o contingente, de corto, mediano o largo plazo, en un periodo que no exceda el ejercicio del gobierno que la contrata; los estados y los municipios, inclusive los organismos descentralizados estatales o municipales, empresas de participación estatal o municipal mayoritarias y los fideicomisos públicos paraestatales o paramunicipales, derivada de un financiamiento, crédito, empréstito o préstamo, independientemente de la forma mediante la que se les instrumente, excluyendo las obligaciones de pago multianuales que se deriven de contratos de obra pública, prestación de servicios, arrendamientos o adquisiciones.

IX. ...

...

Artículos transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del Artículo 117, Fracción VIII, en un plazo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el artículo anterior, las legislaturas de los estados armonizarán sus legislaciones con el texto constitucional y la ley reglamentaria.

Notas:

1 Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, Vallarta, Nayarit, 27 de enero.

2 Recursos de ambos sectores; Público y privado para ofrecer servicios de calidad a la población.

3 El marco jurídico de la deuda pública en las entidades federativas, un estudio comparativo. aregional.com, mayo 2002

4 El artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue reformado y publicado en el DOF el 21 de abril de 1981.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro el 20 de marzo de 2013— Diputado Javier López Zavala (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

VOLUMEN III

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES UNICO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide el Código de Procedimientos Penales Único.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. Efectivamente, el día de hoy vengo a presentar a este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales Único. Ustedes recordarán que hace unas cuantas horas presenté ante esta asamblea el proyecto por el que se expedía el Código Penal Único. *

El problema de la inseguridad se debe a múltiples factores. Entre los que corresponden directamente a la responsabilidad del Estado sobresalen la falta de transparencia, la corrupción y la deficiente coordinación y operación de los órganos encargados de prevenir el delito; procurar y administrar la justicia, rehabilitar socialmente al sentenciado.

Una de las más graves consecuencias de esta tendencia es el crecimiento de la delincuencia y de la impunidad.

La actitud del ciudadano frente a estas instancias es de desconfianza y escepticismo. Ante su incapacidad para encontrar en ellas la justicia ha venido prescindiendo de su apoyo, a pesar del sufrimiento moral y la pérdida material que significa el ser víctima u ofendido de un delito. Lo más grave de este hecho es el cuestionamiento que hace la propia sociedad acerca del papel del Estado como responsable de garantizar el orden público y la justicia.

Es cierto que se han heredado instituciones y prácticas añejas derivadas de un pasado autoritario, pero también debe de reconocerse que las deficiencias en materia de seguridad pública tienen su origen en la inoperancia de la ley.

En un estudio reciente del CIDE en las cárceles de Morelos, del Distrito Federal y del estado de México se informó que en una oficina del Ministerio Público el 80 por ciento de los internos entrevistados no fueron informados de su derecho a no declarar; el 70 por ciento no contó con un abogado defensor durante el tiempo que permaneció en la agencia; 72 por ciento no fue informado de su derecho de llamar por teléfono y el 91 por ciento no recibió explicación acerca de la diferencia entre Ministerio Público y el juez.

En los juzgados, el 66 por ciento de los internos no fueron informados de su derecho a no declarar y el 80 por ciento de los internos no habló nunca con el juez; el 29 por ciento fue sentenciado anteriormente y el 27 por ciento no contó con un abogado al rendir la declaración.

Por otra parte, cuando declararon, en el 71 por ciento de los casos no estuvo presente el juez durante su declaración; 59 por ciento no entendía el juicio y el 75 por ciento de los internos que estaban recluidos por robo simple eran por montos menores a 6 mil pesos.

La reparación del daño no es realizable y prácticamente no existe, ya que todas las víctimas, sin excepción, se quedan sin dicha reparación y aquellos que tienen la fortuna de que sus victimarios sea consignados, tienen que vivir un vía crucis interminable de amenazas y agresiones, tanto por parte de los familiares de los acusados como por las mismas autoridades a lo largo de todo el proceso.

Los procesos penales se alargan hasta por más de dos años y la averiguación previa es prácticamente un juicio que se repite en los juzgados, quebrantando el principio de justicia pronta y expedita.

Con el avance democrático del país la gente pide renovar aquellas instituciones que la vinculan de una manera directa con el Estado; por eso la demanda colectiva es que se realicen acciones para que éste cumpla con su deber esencial de garantizar la seguridad y recuperar la confianza en la justicia, reformando los mecanismos y leyes encargados de procurarla y administrarla.

De la seguridad depende la convivencia armónica, además de certidumbre para ejercer plenamente las libertades, desarrollar la creatividad y generar un marco de tranquilidad para trabajar, invertir, desplazarse con seguridad por todo el territorio nacional y sentir que la autoridad está presente en todos lados para prevenir el delito, sancionarlo y reparar el daño causado por quienes lo cometen.

Al presentar ante esta soberanía el proyecto de iniciativas en materia penal debe argumentarse que las mayores críticas al sistema de justicia en México, en su procuración y administración, son la lentitud, la falta de transparencia y el exceso de trámites.

Ciertamente se han hecho esfuerzos considerables para que estas instituciones se modernicen, se hagan más eficaces y también más transparentes.

En la medida en que alcancemos una cultura de transparencia para someter al escrutinio popular el poder público, muchos de los problemas de corrupción e ineficacia que surgen del ocultamiento de la información tendrán que desaparecer.

En materia de seguridad pública y justicia tenemos que alcanzar los índices de transparencia propia de naciones avanzadas, devolviendo a esas instituciones su sentido original de garantes de las libertades y la equidad. Por tanto, además de transparentarla se debe de reformar su marco jurídico, a fin de dar a los mexicanos el derecho de defenderse y a que se les repare el daño.

Por esa razón, se propuso a esta soberanía —o a las curules vacías— la adopción de un Código Penal Único para toda la República mexicana y ahora de manera complementaria se propone la iniciativa de Código de Procedimientos Penales Único.

La finalidad es fortalecer las estructuras judiciales locales y federales y simplificar la función de los órganos estatales encargados de prevenir el delito y procurar la administración de justicia.

Como parte de esta reforma integral al sistema de justicia penal se considera integrar un solo frente de todas las autoridades ejecutivas y judiciales, de los órdenes estatal, federal y contar con una legislación común. De ahí la importancia de estos cambios que vienen a poner fin a la diversidad de codificaciones propicia para evadir la justicia, y corrigen la omisión histórica al conceder al ciudadano la capacidad de defenderse en este ámbito.

A efecto de establecer la órbita de competencia, en el artículo 1o. de este código se establece que se aplicará por parte de las autoridades federales en los procedimientos que se lleven por motivo de los delitos de este fuero, y por las autoridades de los estados y del Distrito Federal por los delitos del fuero común.

De esta manera y en complemento al código sustantivo, se unifican y homologan así el conjunto de normas que requiere la autoridad jurisdiccional para administrar justicia en este ámbito.

Actualmente el ofendido no tiene recurso alguno, incluyendo el amparo, frente a las decisiones del Ministerio Público respecto a las diligencias que realiza dentro de la averiguación previa. Además, tampoco tiene recurso alguno en cuanto a los tiempos, lo cual convierte a la averiguación previa en un procedimiento sin control por parte del ofendido, quien se encuentra en total estado de indefensión.

Con las reformas que se proponen se reconoce a las víctimas del delito su calidad de parte activa en el procedimiento penal, a fin de que tengan derecho a defenderse directamente a través de un juicio oral ejecutivo, compactado y transparente. Con esta innovación se consolida el papel del Ministerio Público como representante y protector de la sociedad frente a la delincuencia, cumpliendo así con sus tareas de autoridad, pero sin ejercer el monopolio de la acción penal.

A la víctima y al ofendido se les da el carácter de parte activa en el juicio penal, con todos los derechos para denunciar directamente ante el juez, interponer recursos procedentes y defender sus intereses y su causa durante todo el proceso.

El Código de Procedimientos Penales introduce una serie de innovaciones, que tienen por objeto generar un procedimiento unificado y beneficioso para la comunidad, para las víctimas y fundamentalmente para la seguridad jurídica, los criterios jurisprudenciales y la aplicación competencial de las leyes, en razón de su territorio.

El cambio más importante es cómo se reivindica la capacidad de defensa de los mexicanos en materia penal. Con las reformas que se proponen se suprime el monopolio que actualmente tiene el Ministerio Público de ejercer la acción penal, ciudadanizando de esta manera la justicia conforme a las reformas que se recogen en los artículos 3o., 4o., 5o., 6o. y 7o., que vienen en la iniciativa completa.

Las funciones del Ministerio Público quedan sujetas al proceso penal, a la vigilancia procesal del juez, de la parte ofendida y del probable responsable, para que su función sea más transparente, eficiente y equitativa.

Se compacta la averiguación previa y el proceso en un solo procedimiento, que se desahoga ante el juez con la participación del Ministerio Público, del ofendido y del probable responsable, con la reducción sustancial de los tiempos procesales.

Con la participación del Ministerio Público o de la parte ofendida y del probable responsable, la actividad de los jueces también se sujeta a un mayor control y transparencia.

Se establecen los procedimientos de averiguación judicial, que comprenden las actuaciones practicadas inmediatamente con motivo de la comisión de un delito, tanto por el juez como por el Ministerio Público, de manera conjunta o separada con el ofendido o víctima, siempre que no exista detenido.

Asimismo, en el de preinstrucción se consideran las actuaciones de ambas instancias desde el momento en que un detenido queda a su disposición hasta que se dicte el auto de formal prisión, así como los procedimientos de sujeción a proceso o el de libertad por falta de elementos.

De la misma manera, se incorpora el procedimiento de instrucción, integrado por las diligencias necesarias para que el juez pueda probar la existencia del delito, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal del inculpado.

Con este procedimiento sumario ágil, oral y compacto, en donde intervienen tanto el Ministerio Público como el juez, se evita la duplicidad de diligencias y de ofrecimiento y desahogo de pruebas innecesarias, y se reducen sustancialmente los tiempos para resolver un asunto, ya que actualmente casi toda la totalidad de las pruebas se desahogan en la averiguación previa, y se repiten en el proceso.

Con el propósito de resaltar la importancia de impulsar esta iniciativa, se menciona lo siguiente:

Con el nuevo Código de Procedimientos Penales, la justicia en este ámbito habrá de experimentar un avance sustantivo, en la medida en que la congruencia normativa va a permitir a los Ministerios Públicos y a los poderes judiciales, tanto estatales como del Distrito Federal y de la federación, aplicar siempre la ley con la certeza de que los delincuentes en donde quiera que operen recibirán en cada delito idéntica sanción.

Con este código adjetivo se corrigen, no solamente deficiencias procesales y técnicas, sino que además se fortalece la coordinación y la cooperación entre autoridades judiciales, independientemente del lugar donde se cometen los ilícitos.

En la práctica de procuración y en las diversas fases del proceso, los cambios que se han introducido derivan de la experiencia histórica y, desde luego, por la demanda colectiva de cambiar el rostro de las instituciones de procuración y administración de justicia.

México necesita enfrentar el futuro con órganos estatales, confiables y eficientes que contribuyan a consolidar la gobernabilidad democrática sobre bases firmes de seguridad y justicia. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Con opinión a la Comisión de Equidad y Género.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Si me permite, antes, diputada Malú Mícher, estoy totalmente de acuerdo que también pase a la Comisión de Equidad y Género, para su revisión.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:¿Eso era todo, diputada Malú?

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Sí.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Equidad de Género, para opinión.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 141 Bis al Código Penal Federal.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Con su venia, presidenta, muchas gracias. El día de hoy cobra relevancia el que suba a esta tribuna, porque vengo a hablar del respeto al derecho ajeno, porque ya lo dijo Benito Juárez, que hoy estamos celebrando su natalicio: Entre los ciudadanos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo tenemos todos aquí arriba para recordárnoslo.

En este sentido, traigo a colación esta cita, porque como ustedes recordarán, cuando Enrique Peña Nieto tomó protesta en este recinto hubo actos vandálicos en la Ciudad de México, hubo destrozos, hubo desmanes en el centro de esta hermosa capital.

¿Qué pasó? Que los compañeros del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tuvieron a bien, ¿por qué no? Modificar al tipo penal para que éste no fuera grave y para que estos muchachos, que eran culpables, estén libres el día de hoy, y estén libres porque se modificó el Código Penal local, amén de que se les dejara libres. Esto es una burla a las instituciones, esto es una burla a la ley.

¿Qué se hizo posteriormente? Pues juntaron su dinerito, los diputados locales —y digo del PRD, del Partido de la Revolución Democrática— para que estos muchachos salieran libres, siendo efectivamente culpables.

Por eso es que el día de hoy subo a esta tribuna para que ese tipo penal lo tengamos expresado en el Código Penal Federal.

Ya basta de los desmanes que se están haciendo en los juegos de fútbol soccer; ya basta de los desmanes que se están haciendo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; ya basta de los desmanes que se están haciendo en las preparatorias de la UNAM.

Por si fuera poco, estos muchachos dicen que están haciendo justicia, que están diciendo que están viendo que sean escuchados. Les digo: no se requiere destrozar cosas para manifestar lo que ustedes piensan.

Aquí ya lo dijo Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz, por eso es que vengo este día a presentarles esta iniciativa para crear un nuevo tipo penal, que se llamaría contra la paz pública, en el artículo 141 Bis, y les leo cuál es la propuesta.

Se le impondrán de 10 a 20 años de prisión, y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que realice actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados, que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, utilizando sustancias tóxicas, inflamables o explosivas.

Las penalizaciones se incrementarán en dos terceras partes cuando dicha conducta se realice utilizando elementos que impidan total o parcialmente, la identificación de las características fisionómicas del sujeto activo.

Esto significa que basta...

Perdón, no le escuché compañera. No soy fascista, soy una persona que reconoce que todos tenemos el derecho de expresarnos, pero nuestro derecho de expresarnos termina en donde empieza el suyo.

No podemos permitir que estas personas, con un falso argumento, estén destrozando las cosas y además, perdón que se los diga, pero si van a hacer destrozos que lo hagan con la cara descubierta, no con máscaras o capuchas.

No se vale que traten de no ser identificados. Basta ya de este tipo de acciones, por eso les pido que voten a favor esta iniciativa. Tenemos que tener un estado de derecho, y tener claro que se respete al que quiera hablar, pero no se vale que se haga en contra de las personas.

¿Qué pasa con las personas que tienen un puesto en la calle? ¿Qué pasa con el que desafortunadamente ese día estacionó ahí su carro y pasaron estos vándalos y lo destruyeron? ¿Quién les va a pagar? ¿Contra quién se van a ir? No es justo que esto pase. Muchas gracias, compañeros.

«Iniciativa que adiciona el artículo 141 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, fracción h), y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 141 Bis al Código Penal Federal, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

La libertad de expresión forma parte de los derechos humanos de las personas y está protegida por la Declaración Universal de 1948 y nuestra Constitución, esta libertad supone que todos los seres humanos tienen derecho de expresarse sin ser hostigados debido a lo que opinan. Representa la posibilidad de realizar investigaciones, de acceder a la información y de transmitirla sin censuras.

El artículo 6 de la Constitución Mexicana contiene la libertad fundamental de expresión de las ideas. Las limitaciones que menciona el texto constitucional de referencia son cuatro: los ataques a la moral, los derechos a terceros, cuando se provoque algún delito o cuando se perturbe el orden público.

Ahora bien de una interpretación sistemática, los supuestos mencionados son de alcance restrictivos. Sobre la poca precisión de los límites establecidos por el artículo 6o. a la libertad de expresión, Jesús Orozco Henríquez apunta que

“...los términos sumamente vagos, ambiguos e imprecisos en que se encuentran redactadas las limitaciones a la libertad de expresión –sin que la legislación secundaria, ni la jurisprudencia proporcionen un criterio seguro y fijo para establecer en qué casos la libre expresión del pensamiento ataca la moral, los derechos de tercero o perturba el orden público–- ha permitido su interpretación y aplicación arbitraria o caprichosa por parte de las autoridades judiciales y administrativas, así como, lo más grave, la abstención frecuente del ciudadano para expresarse por razón de la inseguridad jurídica prevaleciente, ya que se teme que cierta expresión, aun cuando se encuentre protegida en la mayoría de los sistemas democráticos, pueda llegar a considerarse proscrita por los órganos del Estado mexicano...”

En un ejercicio de derecho comparado internacional podemos hacer las siguientes referencias:

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra entre las que siguen el sistema decimonónico en la materia de libertades informativas, estableciendo en su sistema únicamente un deber de abstención del estado, esto es, a semejanza del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A la luz de esta hipótesis son, junto a la Constitución Mexicana, 90 países los que se agrupan bajo esta definición, como por ejemplo:

Constitución Argentina

Capítulo Único Declaraciones, Derechos y Garantías

Artículo 14. Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociaciones con fines útiles, de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

Artículo 32. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.

Artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares... para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y a su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para poder exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Constitución Chilena

Adoptada en 11 de septiembre de 1980 y reformada el 30 de julio de 1989, el 1º. de abril y el 12 de noviembre de 1991.

Capítulo III

De los Derechos y Deberes Constitucionales

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:

Apartado 40. El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de la familia.

La infracción de este precepto, cometida a través de un medio de comunicación social, y que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia, será constitutiva de delito y tendrá la sanción que determine la ley. Con todo, el medio de comunicación social podrá excepcionarse probando ante el tribunal correspondiente la verdad de la imputación, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injuria a particulares.

Además, los propietarios, editores, directores y administradores del medio de comunicación social respectivo serán solidariamente responsables e las indemnizaciones que procedan.

Apartado 50. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinadas por la Ley.

Apartado 12. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.

La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social.

Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley.

El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.

Habrá un Consejo Nacional de Radio y Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de estos medios de comunicación. Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido Consejo.

La ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica y fijará las normas generales que regirán la expresión pública de otras actividades artísticas.

Constitución de Colombia

Capítulo 1

De los Derechos Fundamentales

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

Constitución Boliviana Título Primero

Derechos y Deberes Fundamentales de la Persona

Artículo 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:

a) A la vida, la salud y la seguridad; b) a emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión; c) a reunirse y asociarse para fines lícitos; d) a trabajar y dedicarse al comercio, la industria o cualquier actividad lícita, en condiciones que no perjudiquen el bien colectivo; e) a recibir instrucción y adquirir cultura; f) a enseñar bajo la vigilancia del Estado; g) a ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional; h) a formular peticiones individual y colectivamente; i) a la propiedad privada, individual y colectivamente, siempre que cumpla una función social; j) a una remuneración justa por su trabajo, que le asegure para sí y su familia una existencia digna del ser humano; k) a la seguridad social, en la forma determinada por esta Constitución y las leyes.

Brasil

De los Derechos Individuales y Colectivos

Artículo 50. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los siguientes términos:

IV. Es libre la manifestación del pensamiento, quedando prohibido el anonimato;

V. Queda asegurado el derecho de respuesta, proporcional al agravio, además de la indemnización por daño material, moral o a la imagen;

IX. Es libre la expresión de la actividad intelectual, artística, científica y de comunicación, sin necesidad de censura o licencia;

X. Son inviolables la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de las personas, asegurándose el derecho a indemnización por el daño material o moral derivado de su violación;

XII. Es inviolable el secreto de la correspondencia, de las comunicaciones telegráficas, de las informaciones y de las comunicaciones telefónicas, salvo, en el último caso, por orden judicial, en las hipótesis y en la forma que la ley establezca para fines de investigación criminal o instrucción procesal penal;

XIV. Queda garantizado a todos el acceso a la información y salvaguardado el secreto de las fuentes cuando sea necesario, para el ejercicio profesional;

a) El derecho de petición ante los poderes públicos en defensa de derechos o contra la ilegalidad o el abuso de poder;

b) La obtención de certificaciones en oficinas públicas para la defensa de derechos y el esclarecimiento de situaciones de interés personal;

XXVIII. Están asegurados, en los términos de la Ley:

a) La protección de las participaciones individuales en obras colectivas y de la producción de la imagen y voz humanas, incluso en las actividades deportivas:

b) El derecho de los creadores, de los intérpretes y de las respectivas representaciones sindicales y asociativas, de fiscalización del aprovechamiento económico de las obras que creasen o en las que participasen;

XXXIII. Todos tienen derecho a recibir de los órganos públicos informaciones de su interés particular, o de interés colectivo o general, que serán facilitados en el plazo señalado en la ley, bajo pena de responsabilidad, salvo aquellas cuyo secreto sea imprescindible para la seguridad del Estado;

Artículo 17.

30. Los partidos políticos tienen derecho a recursos del fondo de los partidos y acceso gratuito a la radio y a la televisión, en la forma de la ley.

Artículo 220. La manifestación del pensamiento, la creación, la expresión y la formación, bajo cualquier forma, proceso o vehículo, no sufrirán ninguna restricción, observándose lo dispuesto en esta Constitución.

10. No contendrá la ley ninguna disposición que pueda constituir una traba a la plena libertad de información periodística en cualquier medio de comunicación social, observándose lo dispuesto en el artículo 5o., IV, V, X, XIII y XIV.

20. Está prohibida toda censura de naturaleza política, ideológica y artística.

30. Corresponde la Ley Federal;

I. Regular las diversiones y espectáculos públicos, correspondiendo al poder público informar sobre su naturaleza, los límites de edad para los que se recomiendan, los locales y horarios en que su presentación se muestre inadecuada.

II. Establecer los medios legales que garanticen a la persona y a la familia la posibilidad de defenderse de programas o programaciones de radio y televisión que contraríen lo dispuesto en el artículo 221, así como de la publicidad de productos, prácticas y servicios que puedan ser nocivos a la salud y al medioambiente.

40. La publicidad comercial de tabaco, bebidas alcohólicas y agrotóxicos, medicamentos y terapias, estará sujeta a restricciones legales, en los términos del inciso II del párrafo anterior, y contendrá, siempre que fuese necesario, advertencia sobre los prejuicios derivados de su uso.

50. Los medios de comunicación social no pueden, directa o indirectamente, ser objeto de monopolio u oligopolio.

60. La publicación de medios impresos de comunicación no necesita de licencia de la autoridad.

Canadá

Ley Fundamental Adoptada el 21 de septiembre de 1993

Artículo 2. Todos tendrán las libertades fundamentales siguientes:

b)- Libertad de pensamiento, creencias, opinión y expresión, incluyendo la libertad de prensa y demás medios de comunicación.

Artículo 8. Todos tendrán inmunidad contra registros o confiscaciones injustificadas.

Costa Rica

Título V Derechos y Garantías Sociales

Artículo 29. Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.

Artículo 30. Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público.

Cuba

Capítulo VII Derechos Deberes y Garantías Fundamentales

Artículo 53. Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva, son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad.

La ley regula el ejercicio de estas libertades.

Quedan a salvo los secretos de estado.

Artículo 56. La correspondencia es inviolable. Sólo puede ser ocupada, abierta y examinada en los casos previstos por la ley. Se guardará secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivare el examen.

El mismo principio se aplica con respecto a las comunicaciones cablegráficas, telegráficas y telefónicas.

En este sentido y de un análisis de una simple lectura se puede observar que los bienes jurídicamente tutelados y de interés para la presente iniciativa es el orden público y la protección de los derechos de terceros.

En atención a dicho alcance de la hipótesis señalada respecto de la regulación precisa para la implementación de las sanciones correspondientes las cuales no existen actualmente en la legislación federal, es que en la presente adición al código penal federal se implementa el tipo penal “contra la paz pública”, entendiendo esta como la protección de los bienes público o privados por aquellos actos que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, utilizando sustancias toxicas, inflamables o explosivas. Y la incrementación de su pena en dos terceras partes cuando se usen elementos que no permitan la plena identificación fisionómica del sujeto o sujetos activos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Decreto

Primero.Se adiciona el artículo 141 Bis al Código Penal Federal para quedar como sigue:

Contra la Paz Pública

141 Bis. Se le impondrán de diez a veinte años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que realice actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados, que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, utilizando sustancias toxicas, inflamables o explosivas.

Las penalizaciones se incrementaran en dos terceras partes cuando dicha conducta se realice utilizando elementos que impidan total o parcialmente la identificación de las características fisonómicas del sujeto activo.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputados: Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Carlos Fernando Angulo Parra, Luis Alberto Villarreal García, Patricia Elena Retamoza Vega, Leobardo Alcalá Padilla, Ricardo Anaya Cortés, Maricela Velázquez Sánchez, Adriana Hernández Iñiguez, Jorge Herrera Delgado, María Celia Urciel Castañeda, José Arturo Salinas Garza, Martha Berenice Álvarez Tovar, Pedro Pablo Treviño Villarreal, María de las Nieves García Fernández, José Alfredo Botello Montes, Marcos Aguilar Vega, Laura Barrera Fortuol, Laura Guadalupe Vargas Vargas, María del Rocío García Olmedo, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Leticia Calderón Ramírez, José Pilar Moreno Montoya, Roberto Ruiz Moronatti, Marco Antonio Calzada Arroyo, Carlos Alberto  García González, Martha Edith Vital Vera, Juan Manuel Carbajal Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza, Blanca María Villaseñor Gudiño, Felipe de Jesús Almaguer Torres, Verónica Carreón Cervantes, Benito Caballero Garza, Alma Marina Vitela Rodríguez, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Elsa Patricia Araujo de la Torre, José Alejandro Llanas Alba, Rosalba de la Cruz Requena, Fernando Zamora Morales, Francisco González Vargas, Martha Gutiérrez Manrique, Víctor Hugo Velasco Orozco, María de la Paloma Villaseñor Vargas, Minerva Castillo Rodríguez, María Fernanda Schroeder Verdugo, Leticia López Landero, Francisca Elena Corrales Corrales, María del Carmen García de la Cadena Romero, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Juan Jesús Aquino Calvo, Cesario Padilla Navarro, Issa Samolón Juan  Marcos, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, Alfio Vega de la Peña, Julio César Flemate Ramírez, José Martín López Cisneros, Sergio Torres Félix, José Guadalupe García Ramírez, Martín Alonso Heredia  Lizárraga, José Everardo Nava Gómez, Germán Pacheco Díaz, Jorge Rosiñol Abreu, Mariana Dunyaska García Rojas, Blanca Jiménez Castillo, Francisco Alberto Zepeda González, Miriam Cárdenas Cantú, Leslie Pantoja Hernández, Oscar Bautista Villegas, Rodimiro Barrera Estrada, José Luis Flores Méndez, Marco Antonio González Valdez, Raquel Jiménez Cerrillo, Dulce María Muñiz Martínez, Cristina González Cruz, María Esther Garza Moreno, Leonor Romero Sevilla, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Irma Elizondo Ramírez, Maricruz Cruz Morales, Sergio Augusto Chan Lugo,  Eligio Cuitláhuac González Farías, Socorro de la Luz Quintana Léon, Joaquín Caballero Rosiñol, Adriana Fuentes Téllez, Alfonso Inzunza Montoya, Abraham Montes Alvarado, Salvador Ortiz García, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Norma Ponce Orozco, Rosalba Gualito Castañeda, Blanca Estela Gómez Carmona, Silvia Márquez Velasco, Francisco Javier Fernández Clamont, Darío  Badillo Ramírez, Zita Beatriz Pazzi Maza, Genaro Ruiz Arriaga, José Ángel González Serna, Emilse Miranda Munive, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Marcelina Orta Coronado, Esther Quintana Salinas, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, María Guadalupe Velázquez Díaz, Luis Olvera Correa, Raúl Gómez Ramírez, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, Angelina Carreño Mijares, Sue Ellen Bernal Bolnik, Cristina Ruiz Sandoval , Lourdes Eulalia Quiñones Canalaes, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Paulina Alejandra del Moral Vela, Aurora  Denisse Ugalde Alegría, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Alejandra López Noriega, Mario Sánchez Ruiz, Juan Carlos Uribe Padilla, Consuelo Argüelles Loya, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Juan Carlos Muñoz Márquez, Erika Yolanda Funes Velázquez, Karina Labastida Sotelo, Gerardo Peña Avilés, Alberto Díaz Trujillo, José Enrique Reina Lizárraga, Julio César Lonrenzini Rangel, Enrique Alejandro Flores Flores, Omar Antonio Borboa Becerra, Felipe Arturo Camarena García, J. Jesús Oviedo Herrera, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Heberto Neblina Vega, Juan Pablo Adame Alemán, Víctor Rafael  González Manríquez, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Genaro Carreño Muro, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Luis Miguel Ramírez Romero, Humberto Armando Prieto Herrera, Salvador Romero Valencia, Fernando Rodríguez Doval, Damián Zepeda Vidales, Margarita Saldaña Hernández (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. Sonido por favor a la curul del diputado Villanueva.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán(desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. Le agradezco mucho la atención que tiene para darme el sonido.

Nada más le quiero recordar al diputado que acaba de hacer uso de la palabra que hoy es el día de Benito Juárez García, no de Gustavo Díaz Ordaz, que lo tenga bastante claro. Gracias, diputada.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Sonido a la curul de la diputada Roxana, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada Roxana Luna Porquillo(desde la curul): Sí, presidenta, esto para comentarle al diputado que no se puede hablar de justicia cuando se condena sin elementos. Pero además, quiero decirle que cuando se quebranta la presunción de inocencia, tampoco es posible que se hagan esas alusiones a los que finalmente no se ha comprobado su responsabilidad. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Sonido, por favor, a la curul del diputado Camarena.

El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Gracias, diputada. Nada más hacerle la petición al diputado; primero, felicitarlo, porque creo que hay una congruencia en que no se puede modificar el Código Penal ni los códigos procesales penales en beneficio de vándalos, como lo hicieron en la Asamblea del Distrito Federal.

Ojalá me permita suscribir su iniciativa, con muchísimo gusto, diputado, y felicitarlo nuevamente.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Con todo gusto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Sonido a la curul de la diputada Angelina Carreño.

La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): Para solicitarle, respetuosamente, al diputado, nos permita suscribir su iniciativa, porque en este México de instituciones, nadie por encima del estado de derecho.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Diputado, ¿está de acuerdo con la suscripción?

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez:Sí, gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Sonido a la curul del diputado Enrique Flores.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Sí, para felicitar al diputado Sotomayor, por la iniciativa. Igual que el Partido Verde y el PRI, si nos permite suscribirnos a su iniciativa, diputado.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez:Por favor.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Porque no podemos permitir que vándalos perjudiquen los bienes públicos y los bienes de los particulares. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Sonido a la curul de la diputada Zuleyma.

La diputada Zuleyma Huidobro González(desde la curul): Gracias. Para preguntarle al diputado promovente si de casualidad estuvo presente cuando presenté la iniciativa del Código Penal Único. No. Me queda claro. Porque precisamente y entiendo la preocupación y eso es de lo que hablaba la iniciativa que se presentó.

El problema es que los estados regulan un tipo penal y la federación aplica otra, con penas totalmente diferentes y demás. Me hubiera gustado mucho que usted hubiera estado presente cuando presenté la iniciativa, para que pudiera tener elementos cuando se hizo esta proposición desde Movimiento Ciudadano. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Sonido, por favor, a la curul de la diputada Julisa Mejía.

La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Gracias, presidenta. Antes de que se discuta y se meta a discusión el tema del autoritarismo que propone el compañero diputado del PAN, quiero hacer un exhorto a la Procuraduría General de la República, para que sean garantizados los derechos humanos y la inmediata libertad del compañero ex diputado profesor Felipe Rodríguez Aguirre, que fue detenido en la carretera México-Toluca, cuando iba a realizar una manifestación en la plaza de la capital del estado.

Exijo a la Procuraduría la libertad inmediata del diputado, del ex diputado...

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A ver, orden, por favor, en la iniciativa que está presentando ahorita el compañero.

La diputada Julisa Mejía Guajardo (desde la curul): Presidenta, solicito también que se garanticen los derechos humanos del compañero Felipe Rodríguez. No quisiera pensar que ése sea el método y el botón de muestra de la forma en que va a gobernar Enrique Peña Nieto, con autoritarismo y violación de los derechos humanos y del respeto de las libertades individuales. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Diputada, gracias. Sonido, por favor, a la curul de la diputada Alcalde.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Qué pena compañeros. Somos de por sí pocos jóvenes en este Congreso y escuchar a una persona con estas expresiones. No sé si tú sabes que estos tipos penales son utilizados para reprimir a los jóvenes; que son utilizados para que no se expresen, para que no alcen la voz.

Lo que necesitamos es justamente lo contrario, compañeros. No queremos un gobierno autoritario y no nos van a callar. Porque nosotros no defendemos delincuentes, lo que defendemos es la libertad que se tiene de expresarse.

Así que, verdaderamente, me parece muy lamentable que seamos contados con las manos los jóvenes en este Congreso y que venga usted, seguramente mandado por quién sabe qué persona, a provocar. Lamentable.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Esta Presidencia respetuosamente solicita que el debate se dé cuando el dictamen salga aquí a discusión, por favor.

Tenemos varias iniciativas, varios compañeros que tienen semanas esperando subir su iniciativa, compañeros; creo que sí hay que tener, ya tuvimos un buen rato a discusión. Quien quiera adherirse al dictamen, aquí va a quedar para ustedes a su disposición, aquí en la Secretaría.

También aquí hay muchas manos que también quieren, aquí también. Creo que no es momento para la discusión. Pasamos a seguir con las iniciativas. Gracias.

LEY DE VIVIENDA

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Adelante, diputada Navarrete.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, vengo a esta más alta tribuna de la nación a presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 1, 6, 8, 13, 17, y 19 de la Ley de Vivienda.

El derecho a la vivienda es un derecho humano y garantía constituida, otorgada y protegida por el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por ser considerada el espacio territorial de la familia constituye el pilar que sustenta a la sociedad, que es la base del Estado mexicano.

La presente iniciativa tiene por objeto dejar claramente establecido que los programas de vivienda son parte del marco del Sistema Nacional de Vivienda y del Sistema de Planeación Nacional Democrática, y que estos se realizan con apego a los principios del desarrollo territorial planificado y sustentable, con equilibrio de los diversos ordenamientos federales, estatales y municipales

Pretende promover que los poderes de la federación, los estados y los municipios, así como los entes, organismos y organizaciones privadas y sociales postulen y coadyuven en programas y proyectos de vivienda en estos programas, además establecer que la vivienda es un área prioritaria de carácter social para el desarrollo nacional.

Por ello, es necesario establecer que la federación y las entidades estatales, municipales, en coordinación, establezcan políticas, programas y mecanismos que faciliten a las familias del sector no asalariados el acceso a los medios para adquirir o construir una vivienda digna o mejorar su vivienda.

Además de promover la creación o fortalecimiento de organismos o dependencias especializadas en desarrollo agrario, territorial, urbano y social en materia de vivienda, que permita el fortalecimiento de la infraestructura orgánica, financiera, jurídica y social, que les lleve a evolucionar o establecerse como entes, tanto sustentables, en beneficio de su población no asalariada de menores ingresos.

Que se faciliten los accesos al financiamiento público a través de entidades estatales y municipales, adicionales a las entidades privadas que los ofrecen, y que el Ejecutivo federal canalice y destine directamente recursos federales a los estados y municipios a través del crédito o subsidio federal, estatal o municipal.

Además que se construyan estrategias y líneas de acciones para crear los mecanismos que permitan fortalecer a los estados y municipios en la creación de organismos paraestatales y de vivienda. Así como para crear desarrollos urbanos, agrarios, rurales y sociales, infraestructura de proyecto y urbanización de suelo para desarrollar los proyectos de vivienda económica progresiva, popular o social.

Así como crear las estrategias políticas y líneas de acción para crear mecanismos que permitan generar o fortalecer a las medianas y pequeñas empresas, cooperativas o de solidaridad social dedicadas a la edificación, construcción y desarrollo de viviendas, y para la acción, propiedad o tenencia del suelo de vivienda a las familias beneficiarias a mejorar sus espacios de convivencia, estimulando la coparticipación de la población.

La presente iniciativa tiene como objeto dar a los municipios el papel prioritario y esencial que requiere en materia de vivienda, por ser el pilar básico del Estado y las entidades públicas más cercanas a la población y al suelo que se requiere para los proyectos de vivienda, por lo que se hace importante aprobar la iniciativa que se presenta.

Finalmente, solicito atentamente que esta iniciativa sea incluida en el Diario de los Debates.

Muchísimas gracias por su atención, ya que es mi deber como diputada federal, del distrito 20, Netzahualcóyotl, estado de México y que además pertenezco a la Comisión de Vivienda, y desde esta más alta tribuna pido a la comisión y a todos mis compañeros y compañeras diputadas, y a la Mesa Directiva, que apoyen esta iniciativa. Es cuanto y muchísimas gracias, señora presidenta, diputados y diputadas. Un saludo a todos los mexicanos y mexicanas.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El derecho a la vivienda es un derecho humano y garantía constituida, otorgada y protegida por el párrafo VII, del Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por ser considerada el espacio territorial de la familia, constituye el pilar que sustenta a la sociedad, que es la base del Estado Mexicano.

El Ejecutivo, por tanto, al tener bajo su responsabilidad el fortalecimiento, promoción y políticas para que toda familia goce de ese derecho, tiene la obligación de crear los mecanismos e instrumentos para que toda familia goce de ese derecho. Si bien es cierto, que una parte de esa sociedad, está debidamente atendida, también lo es, que las familias mexicanas del sector no asalariado, no están atendidas.

Por ello es necesario que todas las familias, disfruten de una vivienda digna, dentro del contexto del Sistema Nacional de Planeación Democrática y del Sistema Nacional de Vivienda.

El actual crecimiento demográfico y el bajo ingreso de las familias mexicanas, son un obstáculo para adquirir o edificar una vivienda, sea nueva o usada. Por otro lado, la nula existencia de mecanismos e instrumentos públicos de financiamiento, para el sector de menores ingresos no asalariado, hacen todavía más difícil la oportunidad de tener una vivienda.

Conforme a las estadísticas institucionales, México cuenta con un rezago considerable de viviendas, presentando problemas graves de hacinamiento, viviendas mal construidas y de mala calidad, con materiales y deterioros importantes. Esto es más grave en las comunidades alejadas de los centros de servicios públicos, de las fuentes de trabajo, educación y salud.

En México, conforme al Inegi, el promedio de habitantes en una vivienda es de 4.4, y el 48 por ciento de las viviendas cuentan con dos cuartos y, el 23.2 por ciento, tan solo cuentan con un cuarto.

Exposición de Motivos

La presente iniciativa, tiene objetivo, dar a los municipios el papel prioritario y esencial que requieren en materia de vivienda, por ser el pilar básico del estado, y las entidades públicas más cercanas a la población y al suelo que se requiere para los proyectos de vivienda.

La producción de vivienda puede la economía nacional, al generar fuentes de trabajo e inversiones de las medianas y pequeñas empresas de la construcción, por lo que se hace importante aprobar la iniciativa que se presenta.

Según los datos censales de 2010, el parque habitacional en su conjunto es de 35 millones 617 mil 724 viviendas. Se encuentran habitadas 28 millones 607 mil 568, lo que representa 80.4 por ciento del conjunto; están deshabitadas 4 millones 997 mil 806 viviendas (14.0 por ciento), y 2 millones 12 mil 350 (5.6 por ciento) se utilizan de manera temporal.

Del total de las viviendas, el 93.5 por ciento tiene electricidad, y en poblaciones de 100 mil habitantes y más llega al 99.2 por ciento. El porcentaje de viviendas que cuentan con servicio de agua potable de la red pública es de 91.5 por ciento, en tanto que la cobertura del servicio de drenaje se amplió en los últimos 20 años al 90.3 por ciento.

Vivienda como círculo vicioso con la pobreza y marginación

Estar bien nutrido y tener una buena vivienda, da la posibilidad de escapar de la mortalidad prematura y es uno de los derechos fundamentales, junto con el acceso a la salud, la educacio?n y al libre desarrollo de la personalidad,

Para el Consejo Nacional de Población, Conapo, la calidad de la vivienda es un indicador económico para las familias, ya que mide la pobreza. Así, las familias con menores ingresos, con hijos pequeños y con mujeres al frente de la familia, son las más vulnerables, sobre todo las de los adolescentes migrantes.

La población se concentra en zonas urbanas, y una gran dispersión en localidades no urbanas. En el año 2000, el sistema urbano nacional contaba con 364 ciudades de más de 15 mil habitantes, donde residían siete de cada diez habitantes del país; ocupaban 0.4 por ciento del territorio nacional y en éstas se generaba el 80 por ciento del producto interno bruto. En cambio, tres de cada diez habitantes se ubicaban en poco más de 197 mil centros de población y localidades no urbanas.

El 65 por ciento de las viviendas urbanas, corresponde a la vivienda de familias pobres en el país, se asienta en forma irregular, sin servicios y sin autorización local. Posteriormente se regulariza la propiedad de la tierra, se introducen los servicios de agua potable y en algunos casos, otros servicios. La red de alcantarillado sanitario siempre queda al último.

El hacinamiento, la falta de áreas verdes, la ausencia de zonas de deporte, y la reducida extensión de la vivienda sobre todo en las ciudades, influye en el desarrollo de niños y adolescentes. El promedio de habitantes de una vivienda por familia es de casi 5 personas y el 38 por ciento de las viviendas en el país tiene solamente un dormitorio. El 75 por ciento de las nuevas viviendas en la última década miden menos de 60 metros cuadrados y propician que los jóvenes, al buscar sus espacios, salgan a la calle y generen vandalismo.

De acuerdo a las estimaciones de Conapo, para 2030 la población alcanzara? 127 millones de habitantes, para los que se requerirán 20.5 millones de viviendas, lo que significa que en 30 años se duplicara? el parque habitacional que había en el 2000, con las consecuentes carencias de servicios, sobre todo los de saneamiento básico, entre los cuales el agua es un problema creciente.

La mayor demanda se presentara? entre los años 2000 al 2020, con un promedio anual de 723 mil viviendas para disminuir paulatinamente hasta 598 mil en la década 2020-2030. Se prevé que la demanda de vivienda se concentrara? en zonas metropolitanas y en las ciudades medias.

El rezago es de 13 millones viviendas en México, señalaron los diputados integrantes de la Comisión de Vivienda de la LXI Legislatura, y se requieren 11 mil millones de pesos para construir un millón de viviendas. Si se destinan 100 mil millones de pesos al año, en dos sexenios se solucionaría el actual déficit de vivienda.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en la actualidad, una de cada tres familias de América Latina y el Caribe –un total de 59 millones de personas– habita en una vivienda inadecuada o construida con materiales precarios, o carente de servicios básicos.

La región sufre de problemas de calidad de viviendas, que comprenden desde la falta de títulos de propiedad a paredes hechas de materiales de desecho como el cartón, pisos de tierra y la ausencia de acceso a redes de agua potable y saneamiento. En términos absolutos, Brasil y México son los países con los mayores déficits de vivienda y la falta de acceso a servicios de infraestructura, 21 por ciento de las cuales carecen de electricidad e instalaciones sanitarias.

Recomienda que los gobiernos de la región deben incrementar la inversión en obras básicas de infraestructura y modernizar la normativa legal a fin de acrecentar la oferta de lotes con servicios básicos y seguridad en términos de posesión legal para familias de bajos ingresos

Una de las opciones para ampliar el menú de intervenciones públicas para cerrar las brechas de vivienda en la región es promover un mercado de alquiler de viviendas económicas, para personas de bajos ingresos.

Para poder calificar si se esta? cumpliendo el principio de equidad en materia de vivienda, es necesario tener en cuenta dos aspectos:

Primero: el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda, tienen un mandato claro: los subsidios deben ser exclusivamente para los pobres.

Segundo: la Ley de Vivienda mexicana tiene una definición amplia de lo que debe constituir una vivienda digna: es aquella que brinda a sus habitantes seguridad, así como aspectos de construcción, habitabilidad, salubridad, que cuente con servicios, y considere la protección de desastres.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 asignó recursos para vivienda por la cantidad de 477 millones 655 mil 199 pesos, que se destinarán, a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, a la atención de la vivienda indígena de los cuales para el Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 432 millones 615 mil 789 y del Programa de Vivienda Rural 45 millones 49 mil 410 pesos.

En el anexo 10, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda, se destinaron 3 mil 313 millones 655 mil 390 pesos para el Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa, 674 millones 43 mil 310 pesos, Programa de Vivienda Rural 200 millones 371 mil 350 pesos.

En el anexo 22, erogaciones para el desarrollo de los jóvenes, Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa, se destinaron 279 millones 106 mil 961 pesos y el Programa de Vivienda Rural 32 millones 644 mil 500 pesos.

En el anexo 23, recursos para atención a grupos vulnerables, Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa, tiene asignado 37 millones 679 mil 440 de pesos.

En el anexo 38, ampliaciones al ramo 20, desarrollo social, el Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa cuenta con 500 millones de pesos.

En general, el Programa de Vivienda Digna cuenta con mil 564 millones 815 mil 492 pesos y el Programa de Vivienda Rural 714 millones 276 mil 819 pesos.

La política de vivienda del gobierno federal se desarrolla a través de la Comisión Nacional de Vivienda, entidad responsable de diseñar la política nacional de vivienda y coordinar su ejecución a través del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda “Ésta es Tu Casa”; mantendrá el apoyo a la población de bajos ingresos no considerada suficientemente por los esquemas de financiamiento tradicionales, para que puedan comprar, construir o mejorar sus casas, independientemente de las condiciones laborales en que se estén desempeñando. Asimismo, apoyara? los procesos de Producción Social de Vivienda; impulsara? la construcción de la vivienda sustentable; y promoverá el pleno aprovechamiento de la infraestructura urbana y de servicios, a través de la redensificación de las ciudades.

Según la estimación del monto de recursos para cumplimentar la política de subsidios del gobierno federal en materia de vivienda, para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, se basa en que en “2010 se estima que existen 13.6 millones de hogares con ingresos inferiores a la línea de bienestar, los cuales representan el 46.6 por ciento de los hogares totales del país. De los 13.6 millones de hogares con ingresos inferiores a la línea de bienestar, 3.5 millones requieren al menos un tipo de mejoramiento o ampliación de su vivienda”. En total, se estima que se requieren 51 mil 122 millones de pesos para mejorar la adquisición de vivienda, a un costo de 53 mil pesos por unidad básica de vivienda, a 5 mil 750 pesos para piso firme y 18 mil pesos para techos y muros.

La presente iniciativa tiene como objetivo dejar claramente establecido que los programas de vivienda son parte del marco del Sistema Nacional de Vivienda y del Sistema de Planificación Nacional Democrática y que estos se realizan con apego a los principios del desarrollo territorial planificado y sustentable, con equilibrio de los diversos ordenamientos federales, estatales y municipales y pretende promover que los poderes de la federación, los estados y municipios, así como los entes, organismos y organizaciones privadas y sociales, postulen y coadyuven en programas y proyectos de vivienda en estos programas.

Además, establecer que la vivienda es un área prioritaria de carácter social para el desarrollo nacional. Por ello es necesario establecer que la federación y las entidades estatales y municipales en coordinación, establezcan políticas, programas y mecanismos que faciliten a las familias del sector no asalariado el acceso a los medios para adquirir o construir una vivienda digna o mejorar su vivienda, además de promover la creación o fortalecimiento de organismos o dependencias especializadas en desarrollo agrario, territorial, urbano y social, en materia de vivienda que permita el fortalecimiento de la infraestructura orgánica, financiera, jurídica y social, que les lleve a evolucionar y establecerse como entes autosustentables, en beneficio de su población no asalariada de menores ingresos y que se faciliten los accesos al financiamiento público, a través de entidades estatales y municipales, adicionales a las entidades privadas que los ofrecen y que el Ejecutivo federal canalice y destine directamente recursos federales a los estados y municipios para que a través del crédito y o subsidio federal, estatal y o municipal.

Además que se construyan estrategias y líneas de acción para crear los mecanismos que permitan fortalecer, a los estados y municipios en la creación de organismos paraestatales y paramunicipales de vivienda, así como para crear desarrollos urbanos, agrarios, rurales, y sociales, infraestructura de proyectos y urbanización de suelo, para desarrollar los proyectos de vivienda económica, progresiva, popular o social, así como crear las estrategias, políticas y líneas de acción para crear mecanismos que permitan generar o fortalecer a las medianas y pequeñas empresas, cooperativas o de solidaridad social, dedicadas a la edificación, construcción y desarrollos de viviendas y para la asignación, propiedad o tenencia del suelo o de la vivienda a las familias beneficiaras y mejorar sus espacios de convivencia, estimulando la coparticipación de la población.

Es por ello que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y 6 fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el párrafo primero, adiciona el párrafo primero y segundo del artículo 1o., adiciona las fracciones VIII Bis y IX Bis del artículo 6o., adiciona las fracciones XII Bis, XII Tris, XII Tetra y XII Penta al artículo 8o., adiciona la fracción vi al artículo 13, adiciona las fracciones VII, VIII y IX al inciso a) y las fracciones VIII, IX y X inciso b) del artículo 17; y adiciona las fracciones VIII Bis y IX Bis al artículo 19 de la Ley de Vivienda

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero, adiciona el párrafo primero y segundo del artículo 1o., adiciona las fracciones VIII Bis y IX Bis del artículo 6o., adiciona las fracciones XII Bis, XII Tris, XII Tetra y XII Penta al artículo 8o., adiciona la fracción VI al artículo 13, adiciona las fracciones VII, VIII y IX al inciso a) y las fracciones VIII, IX y X inciso b) del artículo 17; y adiciona las fracciones VIII Bis y IX BIS al artículo 19 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, programas, instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa, dentro del marco del Sistema Nacional de Vivienda y del Sistema de Planificación Nacional Democrática, con apego a los principios del desarrollo territorial planificado y sustentable, con equilibrio de los diversos ordenamientos federales, estatales y municipales.

La vivienda se desarrollará conforme a las políticas que en desarrollo agrario, territorial, urbano y social, determinen las leyes respectivas, en apego a los principios, derechos y garantías que establece la Constitución Política de los Estados Mexicanos, promoviendo programas y proyectos de vivienda en que los poderes de la Federación, los Estados y Municipios, así como los entes, organismos y organizaciones privadas y sociales, postulen y coadyuven a los fines de la presente ley.

La vivienda es un área prioritaria de carácter social para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a la materia, con la participación de los sectores social y privado, de conformidad con los objetivos, fines y disposiciones de la presente ley.

...

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado.

Artículo 6o. La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. a VIII. ...

...

VIII. Bis. Establecer y fomentar mecanismos para que la federación y las entidades estatales y municipales en coordinación, establezcan políticas, programas y mecanismos que faciliten a las familias del sector no asalariado el acceso a los medios para adquirir o construir una vivienda digna o mejorar su vivienda.

IX. ...

IX Bis. Orientar, asesorar y capacitar por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a las entidades estatales y municipales en la creación o fortalecimiento de organismos o dependencias especializadas en desarrollo agrario, territorial, urbano y social, en materia de vivienda que permita el fortalecimiento de la infraestructura orgánica, financiera, jurídica y social, que les lleve a evolucionar y establecerse como entes autosustentables, en beneficio de su población no asalariada de menores ingresos .

Artículo 8. El Programa Nacional de Vivienda contendrá:

I. a XII. ...

...

XII Bis. Las estrategias y líneas de acción para que el Gobierno Federal en coordinación con los estados y municipios faciliten a las familias del sector no asalariado de menores ingresos, accesos al financiamiento público, a través de entidades estatales y municipales, adicionales a las entidades privadas que los ofrecen.

XII Ter. Las estrategias y líneas de acción para que el Ejecutivo Federal canalice y destine recursos federales a los estados y municipios para que a través del crédito y o subsidio federal, estatal y o municipal se destinen a las familias no asalariadas de menores ingresos recursos para la adquisición de suelo, vivienda, construcción o edificación de vivienda o mejoramiento de vivienda.

XII Tetra. Las estrategias y líneas de acción para crear los mecanismos que permitan fortalecer, a los estados y municipios en la creación de organismos paraestatales y paramunicipales de vivienda en aspectos financieros, económicos, administrativos, operativos y jurídicos, así como en su infraestructura administrativa y operativa, que permita constituirse a éstos en entidades autosustentables, así como para crear desarrollos urbanos, agrarios, rurales, y sociales, infraestructura de proyectos y urbanización de suelo, para desarrollar los proyectos de vivienda económica, progresiva, popular o social, bajo el Sistema de Planeación Estratégica y de los principios de sustentabilidad.

XII Penta. Las estrategias, políticas y líneas de acción para crear mecanismos que permitan generar o fortalecer a las medianas y pequeñas empresas, cooperativas o de solidaridad social, dedicadas a la edificación, construcción y desarrollos de viviendas progresivas, económicas, populares o sociales de bajos costos para ser adquiridas por la población de menores ingresos preferentemente del sector no asalariado.

Artículo 13. Se establece el Sistema Nacional de Vivienda como un mecanismo permanente de coordinación y concertación entre los sectores público, social y privado, que tiene por objeto:

I. a V. ...

...

VI. Promover y fomentar las acciones que faciliten a las familias de menores ingresos del sector preferentemente no asalariado, el acceso a los recursos y al financiamiento público y privado para la adquisición de suelo o vivienda nueva o usada, construcción o edificación de viviendas progresivas, económicas, populares o sociales, así como coordinar, concertar y ejecutar los programas que permitan mejorar sus espacios de convivencia;

Artículo 17. La comisión promoverá que los gobiernos de las entidades federativas expidan sus respectivas leyes de vivienda, en donde establezcan la responsabilidad y compromiso de los gobiernos estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones para la solución de los problemas habitacionales de sus comunidades. Entre otras tareas y responsabilidades, deberá promoverse que:

A. Los gobiernos estatales asuman las siguientes atribuciones:

I. a VI. ...

...

VII. Generar o fortalecer su infraestructura operativa, administrativa, jurídica, financiera y crediticia que le permita constituirse en una entidad autosustentable.

VIII. Crear los mecanismos e instrumentos legales, que den seguridad y certeza jurídica a la asignación, propiedad o tenencia del suelo o de la vivienda a las familias beneficiaras de un crédito y o con subsidio desde el origen del proyecto, permitiendo la gestión de trámites a las organizaciones sociales, asegurando administrativa y jurídicamente los recursos destinados a los proyectos de adquisición de suelo, de vivienda, de construcción y edificación, estimulando la coparticipación de la población objetivo, en la inversión y aportación de recursos en el proyecto.

IX. Gestionar y llevar acabo ante las entidades e instancias estatales correspondientes las iniciativas y propuestas de creación o modificación a los ordenamientos legales estatales y disposiciones normativas internas para constituirse en una entidad autosustentable.

B. Los municipios asuman las siguientes atribuciones:

I. a VII. ...

...

VIII. Generar o fortalecer su infraestructura operativa, administrativa, jurídica, financiera y crediticia que le permita constituirse en una entidad autosustentable.

IX. Crear los mecanismos e instrumentos legales, que den seguridad y certeza jurídica a la asignación, propiedad o tenencia del suelo o de la vivienda a las familias beneficiaras de un crédito y o con subsidio desde el origen del proyecto, permitiendo la gestión de trámites a las organizaciones sociales, asegurando administrativa y jurídicamente los recursos destinados a los proyectos de adquisición de suelo, de vivienda, de construcción y edificación, estimulando la coparticipación de la población objetivo, en la inversión y aportación de recursos en el proyecto.

X. Crear los mecanismos e instrumentos legales, que den seguridad y certeza jurídica a la asignación, propiedad o tenencia del suelo o de la vivienda a las familias beneficiaras de un crédito y o con subsidio desde el origen del proyecto, permitiendo la gestión de trámites a las organizaciones sociales, asegurando administrativa y jurídicamente los recursos destinados a los proyectos de adquisición de suelo, de vivienda, de construcción y edificación, estimulando la coparticipación de la población objetivo, en la inversión y aportación de recursos en el proyecto la homologación con la presente ley y demás ordenamientos y disposiciones aplicables a la materia de vivienda.

Artículo 19. Corresponde a la comisión:

I. a VIII. ...

...

VIII. Bis. Promover y fomentar las acciones que faciliten a las familias de menores ingresos del sector preferentemente no asalariado el acceso a los recursos y al financiamiento público y privado para la adquisición de suelo o vivienda nueva o usada, construcción o edificación de viviendas progresivas, económicas, populares o sociales, así como coordinar, concertar y ejecutar los programas que permitan mejorar sus espacios de convivencia;

IX. ...

IX. Bis. Orientar, asesorar y capacitar a las entidades estatales y municipales en la creación o fortalecimiento de sus organismos de vivienda, así como para fortalecer su infraestructura, orgánica, operativa, administrativa, jurídica y financiera que les permita evolucionar en entidades autosustentables, así como, en la creación y elaboración de la normativa necesaria para implementar y ejecutar programas de crédito que den certeza y seguridad jurídica a la propiedad de la población objetivo y que les permita tener políticas e instrumentos para tener una cartera crediticia sana, conforme a las mejores prácticas y usos financieros.

X. a XXIV. ...

...

Transitorios

Primero. Las reformas a la Ley de Vivienda, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en materia de vivienda que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.— Diputados: Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, Mario Alejandro Cuevas Mena, Carol Antonio Altamirano, Víctor Manuel Manríquez González, Roxana Luna Porquillo, Teresita de Jesús Borges Pasos, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Verónica Beatriz Juárez Piña, Alliet Mariana Bautista Bravo, Verónica García Reyes, Trinidad Secundino Morales Vargas, Roberto López Suárez, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Luis Manuel Arias Pallares, Arturo Cruz Ramírez, Rodrigo González Barrios, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Teresa de Jesús Mojica Morga, Margarita Elena Tapia Fonllem,  Jhonatan Jardines Fraire, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Pedro Porras  Pérez, Israel Moreno Rivera, Mario Rafael Méndez Martínez, Marino Miranda Salgado, Crystal Tovar Aragón, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Antonio García Conejo, José Luis Muñoz Soria, José Luis Esquivel Zalpa, Segués Agustín Barrios Gómez, Mario Miguel Carrillo Huerta, Rodrigo Chávez Contreras, José Ángel Ávila Pérez, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Víctor Reymundo Nájera Medina, Gisela Raquel Mota Ocampo, Lorena Méndez Denis, María Fernanda Romero Lozano, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, José Valentín Maldonado Salgado, Eva Diego Cruz, Zuleyma Huidobro González, Nelly del Carmen Vargas Pérez, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Ángel Cedillo Hernández, Marcelo Garza Ruvalcaba, Víctor Manuel  Bautista López, Josefina Salinas Pérez, María Sanjuana Cerda Franco, Sonia Rincón Chanona, René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Sonido, por favor, a la curul de la diputada Lilia Aguilar.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Solamente para clarificar y hacer una moción, porque estamos ya por encima de las cinco horas que marca el Reglamento y obviamente todos sabemos que es porque no hay humo blanco en el tema de telecomunicaciones. Pero hay un principio de seguir la Ley y el Reglamento, que dice que las sesiones ordinarias durarán cinco horas y que la extensión tendrá que ser aprobada por el pleno, artículo 36 del Reglamento y en el tema de los dictámenes, que si los dictámenes no están listos en comisiones, pues que esperen a que estén listos en comisiones para que puedan ser pasados a la Mesa Directiva.

Si usted nos pudiese clarificar, y segundo, decirle que estamos ya rompiendo el Reglamento, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Ahorita termina la participación de la diputada y sometemos a la asamblea si continuamos con las iniciativas o terminamos.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Ya se le había otorgado el uso de la palabra a la oradora. Terminando la oradora, con mucho gusto le damos seguimiento.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Mirna Esmeralda para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. a 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos

La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Con su permiso, señora presidenta; integrantes de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados federales, el día de hoy someto a la consideración de todas y todos ustedes, al pleno de esta Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma algunos artículos de la Ley General de Desarrollo Social y de Vivienda.

Redefiniendo la reserva territorial. En un sentido amplio, la reserva territorial es toda superficie colindante con el área urbana de un centro de población o dentro de éste que sea susceptible de ocuparse óptimamente, si no está construida o de renovarse y dignificarse si ya lo está.

Así hemos encontrado los últimos años en las ciudades más grandes del país y que van creciendo, una enorme ampliación en la reserva territorial, que lo único que deja es cinturones de miseria, que deja aquellos hogares sin pavimentación, sin urbanización, sin electrificación, que da una calidad totalmente negativa para las familias que así lo habitan.

En el caso anterior, se encuentran las nociones de destinos, fines públicos que no se tienen áreas destinadas para áreas verdes que no están concentradas en lo mismo, áreas deportivas que no funcionan y por supuesto, generando un desagrado en la habitación y en las familias que habitan en estos sectores.

Por eso es muy importante avalar y contribuir a la propuesta en los cuatro ejes que Enrique Peña Nieto ha presentado a la nación para poder construir ciudad de una manera ordenada y reorganizar el tema de la vivienda en todo nuestro país; que verdaderamente garantice el derecho a la vivienda que las mexicanas y mexicanos tenemos.

Estimados diputados y diputadas federales, es evidente que para hacer frente a la urbanización popular con éxito se necesita una gestión de los gobiernos federal y local que haga posible la generación de un mercado mixto de suelo para cubrir las demandas de los diferentes grupos sociales y de los sectores productivos. Esto conlleva a dejar de pensar en las reservas territoriales como producto de la forzosa participación estatal y permitir mayor libertad a los sectores social y privado.

También es importante contemplar el carácter inconcluso de las reformas municipales tendientes hacia la desconcentración administrativa y la descentralización gubernamental.

Los gobiernos municipales no tienen autonomía financiera, dedican la mayor parte de sus recursos al gasto corriente y no al gasto de inversión; no cuentan con personal capacitado, tienen sistemas administrativos deficientes y finalmente, no han alcanzado la autonomía política suficiente que les permita hacer frente a la demanda del tema de vivienda.

Los avances en la constitución de reservas territoriales permitirán un verdadero ordenamiento de las ciudades y una mejor gestión de su desarrollo. Lograrlo no es nada sencillo, puesto que requeriría en primer término replantear el concepto de reservas territoriales y las formas mediante las cuales se constituyen.

Igualmente, sería necesario que los gobiernos municipales lograran articular el contenido y aplicación de los planes urbanos, con la lógica de operación de los sectores popular e inmobiliario en las diferentes ciudades, y dar al mismo tiempo respuesta a las necesidades de inversión productiva.

A estas temáticas se refiere la iniciativa que hoy presento a esta honorable soberanía y que pretende darle un trato integral al asunto de las reservas territoriales, que se han convertido en la problemática fundamental del crecimiento de las ciudades. Por eso requieren de un trato especial y que se les considere en su aspecto social como prioridad en el texto de la Ley General de Desarrollo Social.

De este modo, presento el proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos siguientes y que quedaría de la siguiente manera:

Artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue.

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

Los programas de adquisición y desarrollo integral de reservas territoriales por entidades federativas y municipios.

Artículo 38. El sistema nacional es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los gobiernos federal, los de las entidades federativas y los municipales, así como los sectores social y privado que tiene por objeto:

III A. Facilitar recursos normativos, administrativos y de gasto a entidades federativas y municipios para adquisición y desarrollo integral de las reservas territoriales.

Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 7o. a 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Mirna Hernández Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 8 y 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

La ley general de asentamientos humanos precisa que sus disposiciones son de orden público e interés social y uno de sus objetivos fundamentales establece la concurrencia de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional.

Además, apegándose al artículo 27 constitucional, define principios que determinan provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población.

Me refiero a estos objetivos de la ley citada ya que el problema de las reservas territoriales guarda especial relevancia para que las zonas urbanas no sufran un crecimiento anárquico y puedan coincidir con la política establecida por el actual gobierno de la república. Esta norma que aquí analizo puntualiza el carácter de utilidad pública que tiene la constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda.

De igual manera, considero especialmente lo establecido en la ley que señala 19 conceptos relacionados con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población que siempre tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural. Sin embargo, el tema nos muestra una problemática significativa que merece la reflexión de esta Cámara de Diputados.

Existe también un mecanismo interinstitucional por el cual se regula la constitución y administración de las reservas territoriales donde intervienen la federación junto a las de las entidades federativas y los municipios. En especial menciono el relacionado con la facultad que tienen los gobiernos municipales para participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda y la preservación ecológica, aunque deben ajustarse a las disposiciones jurídicas aplicables.

Siguiendo a Guillermo Olivera la planeación urbana en México se institucionalizó en el periodo 1976-1978, con la publicación de la Ley General de Asentamientos Humanos y el primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano, respectivamente.

Con la integración de los primeros diagnósticos fue notorio cierto abandono de los programas urbanos que a fines de los ochenta e inicios de los noventa se observaba en varias ciudades, la de México entre ellas, donde pasaron diez años para que se actualizara su Programa de Desarrollo Urbano 1987-1988, al cual ya se le habían hecho cerca de 3 mil 500 adecuaciones.

En este sentido, se destaca que la crisis económica de los años ochenta fue uno de los factores que incidieron tanto en los resultados de las políticas urbanas como en la posterior retracción de las instituciones públicas para involucrarse en medidas de ordenamiento territorial.

A esto se sumó el impulso y consolidación de un modelo económico de apertura comercial, desregulación estatal y fomento a la inversión privada externa, que terminó por relegar a la planeación y políticas territoriales como un mero punto de referencia.

Ciertamente no desaparecieron los programas que tenían que ver con la gestión del suelo, como el de reservas territoriales, el de regularización de asentamientos populares sobre terrenos ejidales, y el de control de la expansión física mediante el Área de Conservación Ecológica.

Fue manifiesta entonces, la necesidad de un equilibrio y una complementariedad entre la normatividad y regulación del crecimiento urbano y el impulso al desarrollo económico de las ciudades; es decir, se evidenció que a las interpretaciones de especialistas de la planeación física y las normas derivadas por este enfoque, había que incorporar otras perspectivas sociales y económicas que condicionan proyectos de extensión de los poblados y ciudades.

Hoy en día, es plenamente reconocido que la planeación urbana tiene que incorporar también las dimensiones política, cultural y ambiental, en el entendido de que las ciudades constituyen, además de complejos sistemas productivos y ecológicos, la forma cultural más avanzada de la manera en que la sociedad se organiza y se reproduce. Es decir, no son sólo áreas o puntos en el territorio.

Ahora bien, un aspecto que llama la atención es que, a pesar de la pérdida de prestigio de la intervención del estado en los asuntos urbanos en el periodo 1982-1988, los planes de desarrollo urbano locales que se derivaron de la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) se consolidaron en la gestión estatal y municipal de las ciudades. Ello sin lugar a dudas, es un reflejo de la utilidad práctica de la planeación urbana, y se deriva de dos realidades incuestionables: 1) de la reforma municipal que se inició en el sexenio presidencial de Miguel de la Madrid y, 2) la dinámica de la urbanización del país y las demandas sociales relacionadas con ello.

Respecto al primer punto, su principal característica es la transmisión de poderes hacia los niveles municipales de gobierno, espacios donde la administración federal difícilmente puede desempeñar satisfactoriamente las tareas de promoción del desarrollo económico y gestión de los asuntos ambiental, social y urbano. La reforma constitucional que permitió poner en marcha esos cambios fue la que se hizo en 1983 al artículo 115.

En cuanto al segundo inciso, referente al incesante crecimiento urbano nacional, se considera que la planeación urbana es el único instrumento que permite dar sentido al desarrollo de la ciudad, ya que resulta difícil imaginar que ésta crezca orgánicamente sobre la base de decisiones individuales y adiciones marginales fundadas en intereses particulares por ausencia total de un ente público. En ausencia de planeación urbana, la segregación socio-espacial en las ciudades se acrecentaría.

El “interés público”, por lo tanto, junto con la reforma municipal, configuran una base de legitimidad de las autoridades municipales urbanas y de la planeación en los espacios en que confluyen y se enfrentan distintas secciones del capital y de la sociedad civil entre sí y aun con el mismo estado.

La planeación urbana, en síntesis, es un instrumento encaminado a favorecer la gobernabilidad de las ciudades en su aspecto político, a promover el desarrollo de las actividades productivas en su aspecto económico, a procurar la sustentabilidad ambiental en su aspecto físico-técnico, y asegurar la convivencia ciudadana en su aspecto de sustentabilidad social.

Con ese marco de conceptos abordamos el problema de la falta de suelo para el desarrollo urbano ordenado, y más específicamente, al asunto de las reservas territoriales para el crecimiento urbano planificado.

Si el tema ya era importante en los años setenta, actualmente lo es todavía más por el continuo crecimiento urbano a nivel nacional, que se traduce en un creciente déficit de terrenos adecuados para la construcción de viviendas, en la carencia de infraestructura y equipamiento, y en ciudades más grandes y cada vez más numerosas. De las 119 ciudades existentes en 1960 se llegó a 229 en 1980 y a 350 en 1995; la población asentada en ellas ha crecido en esos mismos años, de 14.3 millones a 37.5 y 58.7, con lo que el grado de urbanización nacional (porcentaje de población urbana en localidades de 15 mil y más habitantes respecto a la población total) ha ido aumentando de 41.2 por ciento, a 56.2 por ciento y a 64.4 por ciento respectivamente.

Reflexionemos también que entre 1983 y 1995 se incorporaron al desarrollo urbano nacional 90 mil hectáreas irregularmente y 30 mil por la vía legal.

Anotemos asimismo, que hay una escasez de suelo apto para el crecimiento urbano ordenado, ya que 65 por ciento del que está disponible es ejidal o comunal. Dicha superficie, aun cuando legalmente puede ser incorporada al desarrollo urbano, tiene que pasar antes por un proceso de certificación jurídica que lleva su tiempo y en el transcurso del cual puede ser ocupado ilegalmente.

Este fenómeno se relaciona con los planes de desarrollo urbano actualizados y vigentes que determinan un requerimiento promedio de 150 mil hectáreas de terreno por lustro en todo el país, en caso de mantenerse la tasa de crecimiento demográfico de la primera mitad de los noventa (que fue de 2.7 por ciento promedio anual para la población urbana).

Anualmente, por lo tanto, deben incorporarse al desarrollo urbano 30 mil hectáreas que permitan, además de resolver las necesidades de expansión, contar con ciudades productivas y receptoras de inversión nacional y extranjera.

Agreguemos que el requerimiento anual de suelo en las 16 ciudades principales de la frontera norte es de 6 mil 500 hectáreas según los planes de desarrollo urbano. Estas ciudades son Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Agua Prieta, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

En cuanto a las 4 zonas metropolitanas más grandes (ciudades de Monterrey, Guadalajara, México y Puebla) su requerimiento anual de suelo es de 5 mil 800 hectáreas en conjunto.

Considerando la periferia de todas estas ciudades y un plazo mucho más largo, tres millones de hectáreas de ejido conforman la reserva potencial de suelo. El desafío es cómo incorporarlas mediante los cauces legales y en cumplimiento de las normas urbanísticas.

En su momento, la Ley General de Asentamientos Humanos permitió enfrentar retos similares al:

a) establecer la concurrencia de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;

b) fijar normas básicas para planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y;

c) definir los principios conforme a los cuales el estado ejercerá sus atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios. Estas atribuciones fueron posibles gracias a las modificaciones a los artículos 27, 73 y 115 constitucionales realizadas en 1976.

En el sector institucional urbano el cambio más importante sobrevino en mayo de 1992 con la transformación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) en Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) mediante la cual, a través del Programa de 100 Ciudades (P-100), se retoma la idea de constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano, que hasta ese momento estaba relegada después del fracaso que en ese sentido había tenido el programa anterior encabezado por la Sedue.

Este fue un momento importante porque significó, por una parte, la finalización del periodo de la planeación urbana coordinada a nivel nacional en forma centralizada; por otra parte se cristalizó con el P-100 la fase de descentralización de funciones planificadoras a las ciudades, como se había previsto en la legislación en 1983.

Las reacciones dentro del grupo de instituciones urbanas a las reformas constitucionales de 1992 y al Procede, sin embargo, no se dieron con la rapidez necesaria, pues fue hasta que inició el sexenio 1995-2000 que volvió a integrarse un programa de reservas territoriales con cobertura nacional como parte de un programa de incorporación de suelo al desarrollo urbano.

Durante el sexenio presidencial de Miguel de la Madrid (1982 a 1988) se multiplican las críticas a la forma en que se venían enfrentando los problemas del crecimiento urbano. El cuestionamiento básico era que además de regularizar se requería una política de fondo que resolviera de raíz la falta de suelo para el crecimiento ordenado de los centros urbanos. Se creó el Sistema Nacional de Suelo para la Vivienda y el Desarrollo Urbano (SNSVDU) al que en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-88 se le define como una línea de acción de carácter preventivo que haría posible el paso de la práctica de adquisición emergente, desarticulada, insuficiente y en ocasiones subordinada de tierra para programas públicos, a la generación de una oferta amplia, oportuna y autofinanciada de suelo urbano.

El programa de reservas territoriales como es bien sabido, fracasó por varias razones. Con la finalidad de abreviar únicamente mencionaremos las de mayor peso y que tienen que ver tanto con su concepción como con los procedimientos.

En cuanto a procedimientos, la limitante principal fue la propiedad colectiva de la mayor parte de las tierras alrededor de las ciudades, la sujeción de ellas a las leyes agrarias dificultaba su cambio al régimen de propiedad privada y su control desde el derecho común (urbano). La única posibilidad de constituir reservas territoriales (RT) era mediante el recurso de la expropiación, lo cual requería del acuerdo y coordinación entre las burocracias del sector urbano representado por la Sedue, los gobiernos estatales, y la burocracia agraria representada por la SRA. Sin embargo, lo que predominó fueron conflictos interinstitucionales que impidieron la desincorporación ágil de los ejidos de su régimen de propiedad social y favorecieron en gran medida su ocupación irregular durante el proceso de expropiación.

Para los ejidatarios en lo individual, la opción de recibir una indemnización como resultado de la expropiación de sus tierras para constituir RT nunca fue más rentable que la venta ilegal de su propiedad. Vender en forma individual, por otra parte, ha sido una ventaja adicional.

En cuanto a su concepción y forma de ser presentadas en los planes de desarrollo urbano, las RT eran un añadido impreciso, considerando la total falta de referencias a los lineamientos específicos para su urbanización y a su necesaria vinculación con programas de infraestructura, vialidad y redes.

La zonificación territorial también tuvo efectos en la urbanización ilegal del ejido y en el fracaso del programa de RT, ya que la delimitación de la periferia urbana en áreas urbanizables y no urbanizables indujo una reducción en el precio de los terrenos de las áreas no urbanizables manifestándose en resultados totalmente contrarios a los perseguidos con la política de contención de la expansión urbana y de RT. El uso de la zonificación se constituyó en un aliciente para la ocupación irregular del suelo periurbano.

Otro aspecto que no puede considerarse resuelto en la actualidad, es que los planes de desarrollo urbano se han caracterizado por tener diagnósticos insuficientes, carecer de pronósticos precisos y basarse en metas muy generales.

Al concluir el SNSVDU, los resultados estuvieron lejos de cubrir las expectativas generadas en su inicio, ya que de una meta de 66 mil hectáreas de suelo por expropiarse entre 1983 y 1988 únicamente se logró hacerlo con la tercera parte.

Como puede observarse los procedimientos para incorporar suelo de propiedad social al crecimiento ordenado de las ciudades no han sido suficientemente exitosos para disminuir su ocupación irregular. Aquí, se plantea la tesis de que hay razones de índole político-institucional, administrativa y de gestión, y cultural, que permiten entender tales resultados.

Podemos encontrar, en parte, que prevalece una sobrerregulación del estado sobre los propietarios de las tierras ejidales y comunales, que es necesario analizar con cuidado para revertir tendencias que evitan que instancias de gobierno estatal y municipal puedan planificar eficientemente el ordenamiento urbano de sus poblados.

Por eso, esta iniciativa que hoy les propongo sugiere plantear en nuevos términos la noción de reservas territoriales para el desarrollo urbano.

Sugiere también ampliar espacios para que los gobiernos estatales y municipales participen de manera integral en el desarrollo y adquisición de reservas territoriales púes son las instancias que más a detalle conocen posibles tendencias y su participación busca darle mayor racionalidad a estas operaciones que por ahora se realizan en marcado desorden.

Así, la constitución de reservas territoriales no está determinada por la vía de la expropiación únicamente sino que se podrá contar con la intervención del estado para adquirir las reservas necesarias.

De este modo, el sector institucional urbano y los gobiernos locales reforzarán el control de la gestión del suelo en las periferias urbanas.

Cabe mencionar el reposicionamiento de las instancias urbanas como la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), que hasta1999 pertenecía al sector agrario, y hoy se encuentra como sectorizada en la Secretaría de Desarrollo Social, con lo cual se fortalecería la coordinación interinstitucional. La sectorización implica que la Corett, además de que continúe y fortalezca sus tradicionales actividades de regularización de la tenencia de predios ejidales, ahora pueda adquirir terrenos desocupados de propiedad federal, estatal, municipal y aun privada, además de ejidales.

La Corett se constituye así en una instancia que articula los ámbitos institucionales urbano y agrario, y que impulsa un trabajo más cercano con los gobiernos municipales y estatales, con quienes debe coordinarse para impulsar proyectos específicos de construcción de vivienda popular o para crear reservas territoriales. De alguna manera, la sectorización se da como efecto de que las sociedades entre el sector ejidal y el capital privado iniciadas en 1992 han tenido poco eco, y de que el programa PISO tampoco ha cumplido las expectativas puestas en él; de esta forma, la participación de las entidades gubernamentales sigue siendo fundamental.

El programa PISO es una muestra del paso del control del proceso urbano ejidal desde el sector agrario (Secretaría de la Reforma Agraria) al sector urbano (Sedesol y gobiernos municipales). PISO surge en el año de 1996 e involucra la participación del gobierno federal a través de la SRA, Sedesol y otras dependencias normativas como Corett. En cada entidad federativa el ejecutivo local coordina el programa con apoyo de las representaciones locales de las dependencias federales mencionadas antes y de otras dependencias municipales relacionadas directamente con el desarrollo urbano.

PISO pretende inducir de manera planificada y preventiva la incorporación ágil y concertada de suelo ejidal y comunal para ser considerada en oferta legal al servicio de instituciones públicas, sociales y privadas de vivienda y desarrollo inmobiliario y así dar acceso a costos accesibles a tierra apta para la promoción, construcción y venta de vivienda de interés social, equipamiento urbano y desarrollo regional; los mecanismos para lograrlo son los anteriormente descritos.

Para que se ponga en marcha el programa se requiere del establecimiento de un convenio entre instancias federales y locales; de éste resulta un comité estatal de incorporación de suelo, con un presidente, un secretario técnico y vocales ejecutivos. El presidente es el gobernador del estado, el secretario es el delegado estatal de Corett y las vocalías son ocupadas por representantes estatales de Sedesol, SRA, PA y RAN.

Mediante PISO, los gobiernos estatales y municipales abrirían y clasificarían una relación de predios ofertados legalmente, con usos y destinos autorizados, la forma de conversión decidida, y los precios base y las condiciones y requisitos para acceder a los mismos; esta bolsa sería pública y coordinada por el área designada por el gobierno estatal. Cabe mencionar que dicha bolsa de suelo se ofertaría sólo si los ejidatarios no deciden, por si mismos o en combinación con sus eventuales socios, qué hacer con el suelo; una alternativa por la que estos agentes pueden optar es el desarrollo de proyectos urbanos no habitacionales o acciones de vivienda para sectores medios de la población; de ser ese el caso, no tendría caso la oferta pública del suelo.

Para que en cualquier estado de la república pueda establecerse un convenio ha de cumplir los siguientes requisitos: 1) ser parte de las 116 ciudades incluidas en el Programa de 100 Ciudades, 2) tener autorizados o inscritos en el registro público de la propiedad sus programas y planes de desarrollo urbano municipal, 3) que sus núcleos agrarios cuenten con certificados de derechos agrarios, o bien que el comité estatal solicite que se realicen las acciones necesarias para la incorporación de suelo social al desarrollo urbano.

La meta de PISO al año 2000 era incorporar 150 mil hectáreas en las 4 grandes zonas metropolitanas y 116 localidades del Programa 100 Ciudades y en ciudades de prioridad estatal. De las 150 mil hectáreas 101 mil son de origen ejidal y comunal; es por ello que en los registros de avances del programa se consideran los mecanismos descritos de expropiación concertada, regularización, dominio pleno e inmobiliaria ejidal.

Además, se debe considerar que más de la mitad de la superficie expropiada sin embargo, es para programas de regularización de asentamientos irregulares por lo cual no puede ser considerada reserva territorial. Las que sí pueden considerarse reservas territoriales son las casi doce mil hectáreas expropiadas de manera concertada y las seis mil cuatrocientas hectáreas contabilizadas bajo la modalidad de inmobiliarias ejidales, que juntas representan 29 por ciento de la superficie total registrada por el programa PISO como de incorporación al desarrollo urbano desde 1996 hasta mediados de 1999.

El 26.4 por ciento representado por la superficie expropiada para regularización no cumple por lo tanto con los criterios de incorporación con fines preventivos, que es la intención de las reservas territoriales.

Por todo lo anterior se concluye que los mecanismos más eficientes hasta el momento son aquellos en donde los gobiernos municipales y estatales tienen fuerte participación o los terrenos tienen un destino para usos colectivos. El mecanismo menos eficiente por el contrario, es aquel donde participa el sector privado.

Si consideramos de igual modo, el caso de las inmobiliarias que es para el que existe información, los desarrollos urbanos así impulsados no satisfacen necesariamente la demanda de los sectores sociales de más bajos ingresos, a los cuales se debe en gran medida el crecimiento irregular y anárquico de la mayoría de las ciudades. Por el contrario, el objeto de las inmobiliarias ejidales en marcha hasta 1999 ha sido crear desarrollos para población de ingresos medios y altos, clubes hípicos y de golf, turismo, y parques industriales.

De los poco más de mil cien ejidos que existen alrededor de las grandes ciudades, sólo en dieciocho se han puesto en marcha inmobiliarias ejidales y únicamente en 13 entidades encuentran las limitantes que a continuación se mencionan, en el funcionamiento de las inmobiliarias ejidales.

• Tienen una estructura mercantil inadecuada, en donde no hay suficientes incentivos económicos para el ejidatario; éste se encuentra en desventaja frente a los inversionistas privados al poseer menos de 50 por ciento del capital de la sociedad; no recibe los beneficios económicos en un tiempo razonable; y los riesgos no se comparten de forma equitativa.

• Hay falta de transparencia y vigilancia postcontrato. Los ejidatarios no tienen suficiente participación en los consejos de administración y la información no les es dada a conocer.

Por el lado contrario, las decisiones tomadas mediante asamblea ejidal pueden más adelante ser cambiadas por otra asamblea cuando se dan los relevos de representantes.

• A pesar del apoyo político a las inmobiliarias, resulta muy complicado institucionalizar la cooperación de agentes informales ordinarios dentro de la planeación formal y administrativa.

• No se aumenta la oferta de suelo para vivienda en general ni para los sectores de bajos ingresos. Así, no se eleva la eficiencia del mercado de tierra, ni se alcanzan relaciones público-privadas más efectivas.

• Algunos municipios no están preparados para adoptar los nuevos métodos de administración de la tierra implícitos en las sociedades.

• Finalmente, los cambios en el gobierno son más lentos que las demandas sociales y los cambios en el sector privado.

En síntesis, los beneficios de la desregulación del ejido para el ejidatario son sólo aparentes, en tanto que no se le permite tomar decisiones de manera individual.

El trato indiferenciado hacia los ejidatarios e inversionistas privados no ha convencido a ninguno de los dos para desarrollar proyectos urbanos de gran envergadura, salvo casos aislados en donde el sector gubernamental ha tenido una participación muy activa. Hay en este sentido, todavía fuertes limitantes para un mayor involucramiento del sector privado con los ejidatarios, que van desde la falta de crédito disponible, pasando por la desconfianza mutua, la falta de experiencia y conocimiento detallado de la normas vigentes; hasta iniquidad en los beneficios para los participantes en sociedades inmobiliarias, por ejemplo:

Las asociaciones entre el sector gubernamental y los ejidatarios por su parte, adolecen de la imposibilidad del estado para fungir como financiador de los proyectos. Y en el caso de los ejidatarios que desean actuar individualmente, sujetarse a las normas les llevaría a elevar los precios de sus terrenos y por tanto a salir del mercado popular al que siempre han servido.

A todo esto hay que sumar que ha surgido una nueva irregularidad como resultado de la interpretación dolosa de la Ley Agraria, lo cual se suma a las ventajas económicas que siempre ha tenido la urbanización ilegal tradicional. La nueva irregularidad se presenta después de la certificación del Programa de Certificados de Derechos (Procede), al hacer pasar a los certificados como comprobantes de propiedad privada, cuando en realidad no lo son, además de que ello no permite cumplir la normatividad urbana. En los casos en que el ejidatario haya recibido el dominio pleno de sus parcelas, pero incumpla nuevamente las normas de urbanización, se convierte, en subdivisor ilegal de tierras de propiedad privada.

Lo anterior está relacionado con el atraso en que se encuentran las formas de operación de los registros públicos de la propiedad, que con frecuencia permiten que se inscriban predios ejidales como propiedad privada, cuando en realidad no lo son.

Por todo lo descrito es necesario replantear el concepto mismo de reservas territoriales y, derivado de ello, los mecanismos mediante los cuales se constituyen; por otra parte, se debe completar la reforma municipal iniciada desde los años ochenta, de manera que los gobiernos locales cuenten con una verdadera capacidad para gestionar su desarrollo urbano en este caso.

Redefiniendo la reserva territorial

En un sentido amplio la reserva territorial es toda superficie colindante con el área urbana de un centro de población o dentro de éste, que sea susceptible de ocuparse óptimamente si no está construida, o de renovarse y densificarse si ya lo está. Así, la ciudad es una reserva en sí misma. La idea subyacente es que en función de la ubicación particular de una superficie dentro de la estructura urbana de la ciudad, de la capacidad de soporte del suelo, del impacto ambiental diagnosticado, y de las normas urbanísticas vigentes, la incorporación planificada del suelo para el crecimiento y regeneración urbana permita potenciar el espacio como un recurso al servicio de las necesidades colectivas y que al mismo tiempo sea funcional a los requerimientos de desarrollo económico de la ciudad.

En el caso anterior se encuentran las nociones de destinos (fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de población) y usos (fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de población). Las áreas que integran y delimitan un centro de población, sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo, están consideradas en la zonificación territorial de la ciudad.

La importancia de la zonificación se deriva de que constituye un referente público obligado tanto para autoridades gubernamentales como para los habitantes de la ciudad, con lo cual se limitan las posibilidades de un manejo discrecional de la normatividad por parte de la autoridad y se imponen ciertos límites y modalidades a la propiedad privada. Se consideran asimismo, disposiciones legales que permiten modificar la zonificación territorial confiriéndole flexibilidad a la gestión urbana del suelo y al mismo tiempo legitimando la planeación territorial como un instrumento eficaz.

Aquí, el suelo es considerado un recurso finito, aunque al mismo tiempo polivalente; es decir, que hay que tener presente la noción de reciclado urbano como una acción de mejoramiento o de sometimiento de una zona a un nuevo proceso de desarrollo urbano para aumentar coeficientes de ocupación y utilización del suelo, relotificación o regeneración.

Hay que incorporar a la definición de reservas territoriales la idea de reciclado urbano e introducir de esta manera una noción de largo plazo que conlleve al redimensionamiento de la superficie total disponible para el crecimiento futuro de las ciudades.

Lo anterior implica que la política de conformación de reservas territoriales tiene que articularse con los programas de vialidad y transporte urbano y con los planes de desarrollo económico. Asimismo, es fundamental no dejar de lado los aspectos operativos como son la modernización de los sistemas de administración municipal; la programación, ejercicio y vigilancia del presupuesto; y eficientar el trabajo de las oficinas locales del registro público de la propiedad y del catastro. Algunos de esos aspectos, ciertamente, aun cuando de forma muy reciente, ya son considerados.

Ahora bien, el meollo del asunto en el caso de las RT está en su disponibilidad -no física sino legal-. Anteriormente sólo eran consideradas reservas aquellas superficies libres de ocupación que eran gestionadas vía participación gubernamental; en la actualidad se ha abierto la participación a los empresarios privados. Se salva así el impedimento jurídico anterior a la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, pero se introduce un conflicto en cuanto a las facilidades y/o candados para la efectiva participación del sector privado y de los ejidatarios.

Y observamos que una limitación importante que enfrenta actualmente la política de reservas territoriales, más que su constitución como tales, es que no se ha encontrado la forma de generar una oferta controlada de suelo.

Una fórmula con probabilidades de enfrentar con éxito la urbanización popular como se ha dado hasta ahora, deberá ser una participación conjunta de autoridades, propietarios del suelo e inversionistas en el sector inmobiliario, para generar ofertas diferenciadas de suelo y salvar la paradoja de que la oferta legal de suelo provoca la elevación de su precio. Una de las razones del fracaso del programa de reservas territoriales durante la gestión de Miguel de la Madrid fue precisamente que el precio de las reservas territoriales constituidas nunca mejoró el de la venta ilegal del ejido.

Hasta el momento, si se quiere ver así, la forma más eficiente para incorporar suelo al desarrollo urbano no es la propuesta del Estado sino el mercado privado (fuera del programa PISO obviamente), cuando la tenencia de la tierra es privada y no social. La única salvedad del caso es que no incide en la demanda del amplio sector popular; pero por eso proponemos que se trabaje en una oferta diferenciada del suelo, en donde al Estado le correspondería gestionar aquella necesaria para proyectos populares, como de hecho lo ha venido haciendo, y en el caso de la propiedad privada únicamente vigilar el cumplimiento de la normatividad.

En lo que atañe a la gestión de los gobiernos municipales, está pendiente la superación de sus deficiencias técnicas y financieras. Empero, si bien el diagnóstico es correcto, la superación de tales problemas resulta bastante compleja.

Los principales campos de la administración municipal donde son necesarios mayores esfuerzos pueden indicarse. En el caso de las finanzas por ejemplo, el problema principal a enfrentar es que las responsabilidades de gasto sigan superando a las fuentes de ingreso. Esto tiene que ver con el monto de las transferencias y participaciones del gobierno central a los municipios, así como con la capacidad recaudatoria de estos últimos.

Tan importante como la cantidad que representan las transferencias del gobierno central como parte de los ingresos totales de los gobiernos locales, es la compatibilización de las transferencias con las prioridades de gasto de los municipios recipiendarios. Aquí hay que decir que las altas tasas de crecimiento demográfico de la población y el excesivo crecimiento urbano juegan de manera permanente en contra de la capacidad financiera y administrativa de los municipios.

En el aspecto técnico, es muy importante contar con el personal y el equipo necesario para optimizar el desempeño de la administración municipal. Un caso muy claro en el ámbito urbano es el de las oficinas de catastro y del registro público de la propiedad, donde hace falta mucho trabajo para que pueda obtenerse un incremento en la recaudación de impuestos. Algunas de las tareas pendientes son la actualización de registros, de la cartografía utilizada, la profesionalización del personal, y la modernización de los sistemas de almacenamiento de datos.

De igual manera, se requiere mejorar los estudios diagnósticos y los planes de desarrollo económico municipal y vincularlos a la presupuestación, de tal forma que exista un control sobre las tareas pendientes y las que se van resolviendo.

En lo político, el municipio necesita mayor autonomía en el ejercicio del gasto y en la recaudación de impuestos. Pero al mismo tiempo es fundamental una correcta relación con el gobierno central para que no haya cambios o interrupciones abruptas en la transferencia de recursos por cuestiones políticas.Las interrupciones debidas a problemas económicos difícilmente pueden eludirse.

Estimados diputados y distinguidas diputadas:

Es evidente que para hacer frente a la urbanización popular, con éxito, se necesita una gestión de los gobiernos federal y local que haga posible la generación de un mercado mixto de suelo para cubrir las demandas de los diferentes grupos sociales y de los sectores productivos. Esto conlleva dejar de pensar las reservas territoriales como producto de la forzosa y única participación estatal y permitir mayor participación a los sectores social y privado.

También es importante contemplar el carácter inconcluso de las reformas municipales tendientes hacia la desconcentración administrativa y la descentralización gubernamental. Los gobiernos municipales no tienen autonomía financiera, dedican la mayor parte de sus recursos al gasto corriente y no al gasto en inversión, no cuentan con personal capacitado, tienen sistemas administrativos deficientes y, finalmente, no han alcanzado la autonomía política suficiente.

Los avances en la constitución de reservas territoriales permitirían un verdadero ordenamiento de las ciudades y una mejor gestión de su desarrollo. Lograrlo no es nada sencillo puesto que requeriría, en primer término, replantear el concepto de reservas territoriales y las formas mediante las cuales se constituyen; igualmente, sería necesario que los gobiernos municipales lograran articular el contenido y aplicación de los planes urbanos con la lógica de operación de los sectores popular e inmobiliario en las diferentes ciudades, y dar al mismo tiempo respuesta a las necesidades de inversión productiva.

A estas temáticas se refiere la iniciativa que hoy presento a esta honorable soberanía y que pretende darle un trato integral al asunto de las reservas territoriales que se han convertido en la problemática fundamental del crecimiento de las ciudades. Por eso, requieren de un tratado especial y que se les considere en su aspecto social como prioridad en el texto de la ley general de asentamientos humanos.

De este modo presento el proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 7, 8 y 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos para quedar como sigue

Artículo Único. Se reforman los artículos 7, 8 y 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos para quedar como sigue:

Artículo 7o. Corresponden a la federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, las siguientes atribuciones:

I...

II...

II Bis...

III...

IV...

IV.I. Apoyar en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las entidades federativas, municipios y, en su caso, delegaciones del Distrito Federal, en su programa de adquisiciones de reservas territoriales establecidas en la fracción anterior.

V. ..

VI...

VII...

VIII...

IX...

X...

XI...

XII...

XIII...

XIV...

XV...

XVI...

Artículo 8o. Corresponden a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

VIII.1. Integrar y ejecutar  en coordinación con la federación e instancias de gobiernos municipales o delegacionales en su caso, el programa anual y plurianual de adquisición de reservas territoriales a nivel estatal.

IX...

X...

XI...

XII...

XIII...

Artículo 9o. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

I.

I.A. Formular y ejecutar el programa anual y plurianual de adquisición de reservas territoriales a nivel municipal o delegacional en su caso, de conformidad a la fracción VIII.1 del artículo anterior.

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII...

VIII...

IX...

X...

XI...

XII...

XIII...

XIV...

XV...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor una vez que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1.Olivera Guillermo. Trayectoria de las reservas territoriales en México: irregularidad, desarrollo urbano y administración municipal tras la reforma constitucional de 1992. EURE (Santiago). Versión impresa ISSN 0250-7161. EURE (Santiago) v.27 n.81 Santiago set. 200. También consultar http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612001008100 004 . El diagnóstico aquí presentado se retoma de esta obra.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.— Diputados: Mirna Hernández Morales, María del Rocío Corona Nakamura, Norma Ponce Orozco, Blanca Estela Gómez Carmona, Juan Manuel Carbajal Hernández, María Rebeca Terán Guevara, Benito Caballero Garza, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Maricela Velázquez Sánchez, Adriana Hernández Iñiguez, Jorge Herrera Delgado, María Celia Urciel Castañeda, Cecilia González Gómez, María Leticia Mendoza Curiel, Elsa Patricia Araujo de la Torre, Rosalba de la Cruz Requena, Fernando Zamora Morales, Francisco González Vargas, Víctor Hugo Velasco Orozco, Martha Gutiérrez Manrique, Roberto Ruiz Moronatti, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Blanca María Villaseñor Gudiño, Zita Beatriz Pazzi Maza, Ossiel Omar Niaves López, Cristina González Cruz, Marco Antonio González Valdez, Minerva Castillo Rodríguez, María Fernanda Schroeder Verdugo, Francisca Elena Corrales Corrales, María del Carmen García de la Cadena Romero, Faustino Félix Chávez, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Francisco Javier Fernández Clamot, Silvia Márquez Velasco, Darío Badillo Ramírez, Eligio  Cuitláhuac  González Farías, Socorro de la Luz Quintana León, Abraham Montes Alvarado, Salvador Ortiz García, Angelina Carreño Mijares, Cristina Ruiz Sandoval, Sue Ellen Bernal Bolnik, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Paulina Alejandra del Moral Vela, Emilse Miranda Munive, María Guadalupe Velázquez Díaz, Rosalba Gualito Castañeda, María Leticia Mendoza Curiel, Luis Olvera Correa, Salvador Arellano Guzmán, Salvador Romero Valencia, Flor Ayala Robles Linares, Ana Isabel Allende Cano,  José Luis Márquez Martínez (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

CONTINUIDAD DE LA SESION

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Esta Presidencia, con fundamento en el artículo 36, solicita a la Secretaría que consulte a la asamblea si considera continuar con la sesión del día de hoy.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta dar continuidad a la sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Continúa la sesión. Sonido, por favor, a la curul de la diputada Lilia Aguilar.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Obviamente, señora presidenta, usted ha dejado que la secretaria levante la votación de un quórum bastante limitado, para decirme que ya se votó.

Lo que le diría es que la ley marca, el Reglamento marca que en efecto tendrá que ser aprobado por el pleno. Lo que le diría por respeto, no solamente a esta asamblea, sino a los ciudadanos, que lo haga a través del tablero.

Le pediría que abra el tablero ahora, porque no será la primera vez que usted repita una votación y creo que ya se votó, pero no será la primera vez que sea para dar certeza a los mexicanos que repita una votación y así se lo solicitamos, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: No, compañera, no hay duda en la decisión, son bastantes los diputados que están presentes y no hubo duda en la votación como para someter a tablero. Sonido, por favor, a la curul del diputado Alfonso Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidenta, parece —con todo respeto— que se resiste a que le pidamos las cosas con respeto, que es necesario hacer un escándalo para que se nos respete un derecho que administra usted como una concesión.

Si se trata de hacer estridencias para merecer su atención, eventualmente las haremos; ojalá no sea necesario. Pero creo, presidenta, que está votando de manera equivocada.

Hay una agenda que ya se desahogó y en todo caso la extensión de la sesión es en virtud de la necesidad de tiempo adicional para la agenda aprobada.

Por otra parte es evidente, presidenta, que están extendiendo artificialmente la sesión, con el propósito de subir al pleno la Ley de Telecomunicaciones en horas en las que no haya mayor interés en debatir los puntos controvertidos de la iniciativa y eventualmente tampoco estén los medios para recoger oportunamente el debate.

Así es que si vamos a abordar la Ley de Telecomunicaciones, me parece elemental por su trascendencia que lo hagamos con responsabilidad; concluyamos esta sesión y reprogramémosla para cuando esté suficientemente debatido en comisiones el dictamen, presidenta, por favor y gracias por la atención.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputado. Nada más le informo que no se ha agotado el orden del día y esta asamblea decidió continuar aún con los tiempos ya agotados. Gracias. Continuamos con la asamblea.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputada presidenta. No obstante que se está violando el Reglamento de la Cámara y que sabemos que en este momento —hablo de algunos diputados— en lugar de ser representantes del pueblo están actuando como litigantes, como representantes de algunas empresas, ya sea de televisión, de radio o telefónicas; se está pasando del Pacto por México al pactito en lo oscurito. Es una vergüenza.

Esta Cámara de Diputados se está convirtiendo en la oficialía de partes más cara del mundo y no puede ser que una vez que se han cumplido las horas para que la Comisión de Puntos Constitucionales ponga sobre la mesa el dictamen, que además 320 diputados firmaron sin leer, ahora resulta que lo que firmaron fue una vacilada, porque resulta que no hay acuerdos. Qué vergüenza.

Estamos alargando esto para que se propongan iniciativas fascistas que reviven políticas de Gustavo Díaz Ordaz. Nunca había visto que un diputado tan elegante tuviera propuestas tan fascistas. Le sugeriría a la gente que tiene esas intenciones que de una vez propongan el delito de disolución social, a ver qué piensa el pueblo de México de sus posturas.

Diputada presidenta, déjeme presentar mi iniciativa. Ustedes han negado el debate en esta Cámara.

Te quiero ver a ti en la tribuna, diputado, para debatir, no a gritos, no seas cobarde, hay que debatir. Los únicos que hemos subido a debatir hemos sido los diputados de izquierda. No se vale que a gritos. Suba a debatir, diputado, no sea cobarde. Aquí es donde se tienen que plantear, con argumentos y no con gritos. Qué fácil es escudarse atrás de todas las diputadas del PRI. Suba al debate...

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Dejemos que termine con su tiempo, diputada, y ahorita vemos. Dejen que termine con su tiempo el diputado, por favor. Orden, gracias.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Le agradezco mucho, diputada presidenta. Las verdades duelen, pero hay que decirlas. Esta iniciativa la presentó ante el Senado de la República el Movimiento Yo Soy 132, que deberían de estar muchos de esos jóvenes en las curules que de manera indebida están ocupando muchos de ustedes, o como por ejemplo, el que me está injuriando desde su curul.

Ojalá sea bueno para debatir y no nada más para gritar. Desde allá qué fácil es escudarse en el anonimato. Lo esperamos aquí, en el debate, diputado, porque en este momento sus jefes están acordando con Televisa y están acordando con las empresas telefónicas la Ley de Telecomunicaciones, y alguien tiene que decirles a ustedes y al pueblo de México, que están mal. Que están muy mal, y que el pueblo los está vigilando.

Enrique Peña Nieto le está mintiendo otra vez, ahora a través de ustedes, al pueblo de México. Y por eso el día de hoy estamos planteado...

Mi diputado, gracias por sus porras, gracias por sus porras, en verdad, no esperaba menos de usted.

Diputada, diputada presidenta le ruego, le ruego que ponga orden; le ruego que ponga orden, por favor, diputada. Diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Su tiempo también ya concluyó, diputado. Gracias.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputada. Nada más que paren de gritar los diputados y con mucho gusto concluyo. Con mucho gusto concluyo, diputados, nada más dejen de gritar. Denme oportunidad de terminar. Tengan respeto por el recinto.

Estoy empezando a tocar lo principal de la iniciativa que estoy presentando. Estoy haciendo visible las chicanadas que se hacen desde la Mesa Directiva. No me pueden acusar de denunciar lo que está mal en la Cámara, diputados.

Diputada, ¿va a ser debate a gritos o cómo va a ser este asunto? Vamos a continuar con la presentación de esta iniciativa de reforma constitucional que modifica...

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Compañero, hay más oradores esperando presentar su iniciativa. Su tiempo termino.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Perdón, diputada. Perdón, diputada.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Hay más oradores esperando presentar su iniciativa. Su tiempo ya terminó. Gracias.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputada presidenta. Me está dando la autorización de concluir. ¿Se va a violar otra vez el Reglamento? No grite, diputado, sí lo escucho, sí lo escucho. No pierda las formas. Usted es un diputado con ideas fascistas, pero que respeto mucho.

Diputada, veo que no hay condiciones de seguir, ahí están los jóvenes que deberían de estar en esta tribuna. Los invito a que sigan luchando, porque es una vergüenza lo que está pasando en esta Cámara. Es cuanto, diputada presidenta, le agradezco mucho toda su gentileza.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 2o., 3o., 7o., 27, 41, 73, 76, 78, 89 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de democratización de los medios de comunicación, presentada por el movimiento #YoSoy132.

Exposición de Motivos

Reproduzco en ésta la iniciativa presentada el pasado 28 de febrero en materia de democratización de medios de comunicación en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión por la organización #YoSoy132.

Como se explica en el cuerpo de la iniciativa, sus objetivos básicos son los siguientes:

1. Consagrar los derechos universales de toda persona, comunidad o pueblo a la comunicación libre, plural, diversa y multicultural; a acceder, buscar, recibir, escribir, publicar y difundir información de cualquier tipo y por cualquier medio de divulgación (artículo 7o.).

2. Reconocer a la alfabetización mediática, informacional y digital como un elemento fundamental de la educación, así como al acceso universal a las nuevas tecnologías de la comunicación e información (artículo 3o.).

3. Garantizar la protección constitucional al ejercicio libre del periodismo y a la comunicación (artículo 7o.).

4. Reconocer que el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación (artículo 27).

5. Establecer un sistema de medios de comunicación basado en las siguientes directrices (artículo 7o. y 27):

a. Reconocer que la radiodifusión y las telecomunicaciones son de servicio público con plena libertad de contenidos. Sólo tendrán como límite el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos.

b. Distribución equitativa del espectro radioeléctrico entre los sectores privado, público y social-comunitario. También se establecen las condiciones generales que regularán cada sector.

c. Creación de un organismo autónomo de composición plural facultado para regular sobre el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones. Dicho organismo debe responder a los principios de la profesionalización técnica en la conformación de su estructura.

d. Promoción del desarrollo de las nuevas tecnologías y servicios información y comunicación para garantizar el acceso universal a los mismos.

6. Prohibir la contratación de “propaganda oficial” por ser un instrumento de financiamiento indebido a los concesionarios de bienes públicos y un factor de presión y chantaje para los medios de comunicación independientes.

Se presenta la presente iniciativa en virtud de que el pasado 12 de marzo fue presentada iniciativa suscrita por Enrique Peña Nieto, en su carácter de titular del Ejecutivo Federal, y los Diputados Gustavo Enrique Madero Muñoz, César Camacho Quiroz y Jesús Zambrano Grijalva, coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, y se pretende dictaminarla antes de que concluya el presente periodo ordinario de sesiones.

Preámbulo

Testigos vitales de la configuración de nuevos modelos, formas y prácticas cotidianas de comunicación, el 11 de mayo de 2012 en la Universidad Iberoamericana, los jóvenes manifestamos nuestro decidido rechazo al candidato Enrique Peña Nieto. Dos motivos provocaron este rechazo: su actuación represiva como gobernador del Estado de México y su candidatura gestionada y promovida por los conglomerados mediáticos dominantes en México.

Ante la cobertura de medios que nos descalificó, respondimos con la fuerza de los argumentos y de la historia. Con formas imaginativas, propias de nuestro tiempo, evidenciamos desde las plataformas y la tecnología a las que tenemos acceso, la manipulación informativa y el encubrimiento de los hechos. Criticamos los basamentos más profundos de una realidad impostada.

Como jóvenes universitarios en el escenario de la convergencia digital global, visibilizamos y colocamos en la mesa del debate nacional uno de los grandes problemas estructurales que han impedido a México crecer y desarrollarse: el inconmensurable poder del duopolio mediático frente al Estado mexicano. Así, aprovechamos lo simple y contundente a la vez, de un hashtag, #YoSoy132, como signo de identidad y voz de lucha; para convertimos en el primer movimiento social juvenil que denunció los abusos de los poderes fácticos de la comunicación.

Declaramos: somos #YoSoy132, identificamos y estructuramos un cuestionamiento directo y sin dobleces que tiene como origen los abusos de las empresas de medios en la gestión de contenidos, en el manejo sesgado de la información, y en su evidente actuación como agentes políticos frente a las cada vez más débiles instituciones del Estado mexicano. Entre tanto padecimos un abuso más de los conglomerados mediáticos mexicanos: la imposición telecrática de Enrique Peña Nieto.

En el contexto del proceso político-electoral 2012, #YoSoy132 dimensionó el problema de la estructura del sistema empresarial de los medios así como sus implicaciones en el desarrollo del régimen democrático del país. Demostramos que la televisión ha sido un lastre para la cultura y la democracia por eso retamos su poder simbólico.

Construimos el ágora electrónica alternativa como nuestro espacio ciudadano y emergimos como actores para reivindicar nuestros elementales derechos a la comunicación y la información frente al poder en cualquiera de sus manifestaciones.

La ausencia de un sistema democrático de medios en México encontró eco en la movilización estudiantil, ésta lo colocó en el corazón del debate y enseñó a la conciencia nacional que no puede haber régimen democrático sin la participación responsable de los medios. Desde la década de los 60 las diversas generaciones de jóvenes hemos sido víctimas de la estigmatización y criminalización por parte de diversos medios de comunicación; nos han tomado en cuenta sólo como potenciales clientes y consumidores de sus modelos económicos y culturales.

Los indicadores generales evidencian el nivel de concentración: en México sólo dos empresas acaparan el 95 por ciento de las concesiones comerciales. Según datos del documento Distribución y concentración de frecuencias de radio y televisión en México, citado por Fernando Butler, Televisa cuenta con el 56 por ciento de las concesiones al tener 257 frecuencias (225 propias y 32 afiliadas); mientras que TV Azteca cuenta el 39 por ciento con 180 concesiones. En el caso de la radio, la emisión se concentra en sólo 13 familias.

En América Latina, México ocupa el primer lugar en concentración en el sector de las industrias infocomunicacionales. Aprovechando esto, desde el espacio del poder mediático se han diseñado candidaturas y gobernantes a modo, e impuesto presidentes. Este nivel de concentración no ocurre siquiera en Italia o Australia países de origen de dos de los magnates más poderosos de la comunicación en el mundo: Silvio Berlusconi y Rupert Murdoch.

Es importante agregar la discrecionalidad de la asignación de concesiones, sin claridad al respecto de los criterios en los que se basa la Secretaría de Comunicaciones para decidir a quién le otorga una concesión. Esta situación ha significado cerrar la puerta a nuevas propuestas de televisión y radio para la sociedad mexicana, y el consecuente fortalecimiento del oligopolio de medios que ha acaparado el espectro de las comunicaciones en México.

La exigencia de #YoSoy132 responde al principio básico de que no hay democracia posible en México en tanto siga imperando el actual sistema de medios oligopólico e hiperconcentrado. De ahí la evidente necesidad de una reforma profunda, ante la inexcusable oportunidad que la convergencia digital ofrece para garantizar derechos infocomunicacionales históricamente negados a los ciudadanos mexicanos.

Nosotros, la juventud mexicana salimos a las calles, dialogamos con ellas y señalamos la urgente necesidad de diseñar un nuevo sistema de medios para México. Damos a conocer, como generación #YoSoy132, los argumentos y razones de nuestra indignación.

Exposición de Motivos

El problema estructural en el sistema de medios.

El problema del debilitamiento del Estado frente a las empresas de medios que ha sido evidenciado, tiene razones histórico-estructurales.

Desde la aparición de la radio y la televisión en México, la relación del Estado con los radiodifusores ha sido de conflicto y negociación, provocando una simbiosis que tuvo como resultado el fortalecimiento del régimen de partido hegemónico y a su vez el amplio desarrollo de las empresas de radiodifusión. El resultado de esta relación que se empezó a construir desde las postrimerías de la revolución mexicana, es el debilitamiento del poder público y de sus facultades para tener real incidencia en los procesos políticos, administrativos y económicos que en materia de comunicación requiere todo Estado para su óptimo desarrollo.

Derivado también de este proceso histórico, las empresas de medios mexicanas, se han desarrollado durante 70 años en un ambiente sin contrapesos. Esto ha posibilitado su fortalecimiento y la acumulación de recursos de poder económico, político e ideológico, que les permite posicionarse estratégicamente y tener amplio margen de negociación frente al poder político, al tiempo significan uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y político de México.

El régimen priista jugó un papel esencial en la formación de la industria de los medios electrónicos en México, permitió que fueran los radiodifusores quienes pusieran las reglas del juego y paulatinamente se apropiaran de un bien público, y progresivamente de la vida pública nacional. Mientras como clase política hegemónica se beneficiaban de ello.

Dos hechos con alto contenido simbólico en su contexto, reflejan esta situación: la inauguración de la radio en México con el lanzamiento de la campaña de Plutarco Elías Calles en 1924, y con ello la primera transmisión que se hizo de un evento de propaganda electoral, en la estación CYL de Raúl Azcárraga. Dos décadas más tarde, Miguel Alemán Valdés inauguraría la televisión mexicana con la transmisión de su informe presidencial en el canal 4 de Rómulo O´Farrill el cual pasaría a formar parte que conocemos ahora como parte del consorcio Televisa.

Así iniciarían operaciones dos sectores esenciales para México.

El modelo de medios que tenemos en el país; rebasado significativamente por las tendencias del desarrollo de la comunicación a nivel mundial, tiene como consecuencia la extrema concentración de medios en unas cuantas familias. La adopción de los aspectos torales del modelo comercial-privado para el sistema de radio y televisión, decisión tomada por el entonces presidente Miguel Alemán en contubernio con los radiodifusores, significó la renuncia del poder público a dirigir las políticas de comunicación del país. Hoy en el contexto de la convergencia digital nuevamente la clase política está renunciando a las posibilidades que la digitalización ofrece para que el Estado mexicano recupere su papel en la rectoría de sus viene públicos.

Con toda intencionalidad, al tener la clase política intereses económicos en las incipientes empresas de medios, se permitió y se permite la deliberada instauración de un modelo de medios de comunicación que entrañaría la relación de complicidad que se ha tejido hasta nuestros días entre las empresas mediáticas y el poder político en detrimento del avance democrático del país. En un principio el Estado utilizó este modelo de medios como factor de legitimación político, otorgando concesiones muy ventajosas para los dueños de las empresas mediáticas.

Durante décadas los medios fueron aliados incondicionales del régimen político, situación que cambió décadas más tarde con su desgaste. El monopolio gubernamental priista perdió fuerza, no así las empresas de medios electrónicos, otrora pilar fundamental de su legitimidad. Ante este escenario de cambio político y económico, los empresarios radiodifusores vieron en el debilitamiento del régimen y en el cambio de modelo económico el mejor escenario para afianzar su poder y entrar en la nueva competencia por la digitalización, nuevamente bajo sus reglas.

En contraposición a la experiencia europea del siglo pasado que privilegió a la radiodifusión como un servicio público en atención al interés social, y como un recurso para avanzar en la democratización de sus sociedades; México caminó en el sentido de la privatización de la radiodifusión. El poder estatal propició el ensanchamiento económico de los dueños de los medios y los dotó de un poder político incontrolable que influye agresivamente en las decisiones públicas.

La radiodifusión mexicana nació, creció y se fortaleció bajo un modelo privado sin contrapesos por parte del Estado mexicano. Al amparo de gobiernos que no calibraron la importancia que habría de tener la explotación del espectro radioeléctrico bajo un esquema netamente privado y cobijado también en normas jurídicas insuficientemente claras y que atentan contra el Estado.

Por su parte los radiodifusores han garantizado durante 5 décadas la inmovilidad de la ley, a través de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) durante más de70 años los radiodifusores han logrado posicionar en puestos legislativos a locutores, empleados, e incluso concesionarios para incidir directamente en la legislación de medios. La creación de la CIRT obedeció a la práctica priista de concentrar para mantener el control, sin embargo en el caso de los medios, se posibilitó el crecimiento de un grupo de poder que significaría un fuerte obstáculo para el proceso democrático del país. No fue sino hasta diez años después de que apareciera la televisión en México y a casi 40 de la primera transmisión radiofónica, que se promulgó una ley para regular a la radio y televisión mexicanas, ya que se habían sentado las bases para la consolidación de un grupo de poder constituido por los empresarios de los medios de comunicación. La LFRyTV se publica en

1960, en un contexto social, económico, demográfico y político radicalmente distinto al actual. En ese momento se planteó el pacto de complicidad con beneficios políticos para los el gobierno priista y económicos para los empresarios.

A ello debemos agregar que la creación y promoción de estaciones y canales de carácter público nunca ha sido una prioridad de los gobiernos. Con Miguel de la Madrid, inician las políticas neoliberales en el país, paradójicamente, en materia de medios durante este sexenio se mostraron signos de estatización, al crear el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), ambos en funcionamiento hasta nuestros días; y el Instituto Mexicano de Televisión (Imevision). Este último fue creado en 1985 como intento de establecer un sistema estatal de televisión; para “equilibrar” la balanza con la televisión comercial, sin embargo, Televisa ya estaba en plena consolidación para esos años; esto es, Imevision nunca significó un real contrapeso a la televisión comercial, y terminó siendo subastada a Ricardo Salinas Pliego.

Hoy en día la televisión pública sufre de una dispersión y debilidad ante el abandono de los gobiernos mexicanos para promoverla; representada por canal 11 y canal 22, y canales de los gobiernos locales que sirven la mayoría de las veces como espacios de propaganda del gobernante en turno sin que signifiquen un espacio de expresión de la ciudadanía.

Además tienen un alcance muy limitado en comparación con las emisoras privadas. Asimismo sucede con las estaciones y canales destinados a las universidades, sólo el Instituto Politécnico Nacional opera un canal abierto desde hace varias décadas, mientras que apenas hace un año se le permitió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tener un canal en señal digital abierta. En total sólo hay cinco canales universitarios en todo el país.

Si bien el panorama en radio es de menor concentración, el cuadrante lo dominan sólo 13 empresas privadas, entre las que dominan Radiorama, ACIR, Radio Centro y Radio Fórmula (Mejía, 2011). La radio pública tiene una presencia marginal, y el sector comunitario ha tenido que recorrer un camino cuesta arriba al no tener reconocimiento en ningún nivel jurídico, a la fecha sólo 13 radios comunitarias han sido reconocidas, mientras que otras siguen siendo perseguidas y criminalizadas, el Estado mexicano no está promoviendo la expresión y el accesión a la información de sus ciudadanos.

Durante el siglo XX la radio y la televisión concentraron la producción, circulación y distribución de la información; convirtiéndola en una mercancía más sujeta a las leyes del mercado. Han sido estos medios también los menos abiertos a la participación de la ciudadanía, al tener el poder de emisión de su lado. Son estos mismos medios operados por élites empresariales, los que más contubernios con el gobierno han suscrito, la mayoría de las veces de forma ilícita y de espalda al interés general, a pesar del bien social que explotan.

La red de capital, producción de contenidos y comunicación, que hoy implica la estructura de los conglomerados mediáticos, cubre todos los ámbitos de la vida nacional y ha desplazado del espacio público la intervención de las instituciones estatales. Incluso la justicia en México se litiga a través de las pantallas de televisión.

El dominante poder que ejercen los medios de comunicación privados sobre el Estado contemporáneo, ha sido un obstáculo para la incipiente democracia mexicana, está configurada por los medios de comunicación que desde la pantalla construyen el hecho político, definen el espacio público y configuran la opinión pública, deciden existencias políticas, se constituyen en el referente de la dinámica política y estatal, legitiman o deslegitiman al sistema político, fiscalizan el poder, median la relación entre el sistema político y la ciudadanía y fortalecen el televínculo y debilitan el vínculo partidario. México es un caso paradigmático en este sentido; el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la democracia en América Latina, señala que hay un consenso respecto a que los medios están restringiendo los procesos democráticos, debido a que su influencia limita el poder de las instituciones políticas. Identifica los aspectos más relevantes del proceso del que han surgido tan fortalecidos los medios de comunicación en América Latina, coincidente con la descripción de la historia de los medios de comunicación en México.

El PNUD señala claramente una de las causas del modelo de medios que prevalece en la región: desde su formación los medios de comunicación se encontraban totalmente vinculados al partido gobernante, sin embargo desde mitad de la década de los noventa esto empezó a cambiar, ya que los medios tomaron independencia ante los signos de debilidad del partido hegemónico al que estaban vinculados; y pasaron a afianzarse como grupos económicos no subordinados al poder político.

Por su parte la Relatoría Especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión alerta sobre la concentración en la propiedad de los medios de comunicación al ser un fenómeno que atenta contra la democracia y la pluralidad al obstaculizar la diversidad de expresiones en la sociedad. En el mismo sentido, recientemente la ONU a través de su relator especial para la libertad de opinión y expresión, subrayó la importancia de desconcentrar la propiedad de los medios sobre todo en el contexto de la digitalización y la subsecuente obligación del “Estado (para) garantizar a la sociedad el acceso a la información de todo tipo, con pluralismo de ideas, de posiciones, de pensamiento, para que sea cada individuo o colectivamente quienes formulen un pensamiento propio (...) entonces, la desconcentración se vuelve factor importantísimo en la libertad de expresión”(Frank La Rue, 2013).

En países del Cono Sur se ha avanzado en materia legislativa, específicamente, en Argentina con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 lo más destacable e innovador fue la desinversión que tendrán que hacer los grupos mediáticos monopólicos.

Esto tiene implicaciones al señalar la obligación de que haya tres tipos de operación del espectro: gestión estatal; gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro, esta división tiene como objetivo regular la concentración de los conglomerados de los medios de comunicación. Otro de los países de la región, Bolivia, estableció que las frecuencias de radiodifusión se dividan en un 33 por ciento para el Estado, otro 33 por ciento para el ámbito comercial, 17 por ciento para el sector social comunitario y el 17 restante para los pueblos indígenas originarios y campesinos. Lo que actualmente está ocurriendo en la región es significativo para avanzar a la democratización de los medios: la aprobación de legislaciones con carácter democrático y en donde se apueste por la división del espectro radioeléctrico, en sí misma ya es una victoria, empero, tan sólo es el instrumento legal que antes no se tenía para ordenar el espectro. La ejecución y el carácter democrático de las nuevas legislaciones latinoamericanas dependerán del diseño de políticas públicas.

La ineludible democratización de medios en el escenario de la convergencia digital

En la última década el ámbito de las comunicaciones ha sufrido cambios radicales. El fenómeno de la convergencia digital ha irrumpido con fuerza en los últimos tiempos y ha modificado la configuración de los medios de comunicación en todo el mundo. México no es la excepción.

Los medios de comunicación se desarrollaron vertiginosamente durante la primera mitad del siglo XX. Así, dejaron rápidamente su etapa de formación para convertirse en complejos económicos, informáticos y comunicacionales de gran alcance.

Las tendencias de interactividad, comercialización, concentración, desregulación y re-regulación y globalización han abonado para que las empresas de medios mexicanas se conviertan en poderosos consorcios mediáticos, con capacidad de acción incluso dentro de la esfera de las decisiones políticas. Estas tendencias nos dan cuenta, de la transformación que han experimentado los medios en su desarrollo, y que tienen que ver con aspectos económicos, tecnológicos, y jurídicopolíticos, y han sido aprovechadas por los dueños de los conglomerados multimediáticos.

Debido a los vertiginosos cambios tecnológicos que nos ponen en el escenario de la convergencia digital, y que plantean la posibilidad de utilizar el espectro radioeléctrico de manera más eficiente que derive en beneficios de uso para la población mexicana y de desarrollo del Estado, el modelo de medios en México debe ser coherente con estos cambios. De aquí la imperiosa necesidad de repensar tal modelo desde una plataforma jurídica acorde a los cambios tecnológicos y las tendencias mundiales en materia de derecho a la comunicación y la información.

El Estado mexicano nuevamente parecer ser omiso en este tema, no ha mostrado voluntad política para generar un piso básico que regule el proceso del salto digital. Aunque la correlación de fuerzas políticas ha cambiado, pareciera que en materia de convergencia digital, está sucediendo un proceso parecido a cuando apareció la radio y la televisión: fueron los empresarios del ramo quienes prácticamente pusieron las reglas de operación ante un vacío que dejó el Estado mexicano; y nuevamente la transición va en camino de beneficiar a los ya de por si poderosos consorcios de las telecomunicaciones.

Se están viviendo una serie de procesos en el ámbito de los medios de comunicación, donde observamos que, además de la discusión técnica, hay una discusión importante sobre la que poner la atención: la omisión de los gobiernos para legislar y poner reglas acordes al escenario digital que promuevan beneficios para el país antes que para los empresarios.

Por esto, si el Estado mexicano no establece criterios para evitar que quienes ya monopolizan la radio, la televisión, las telecomunicaciones y el mercado de servicios conjuntos en México; sólo estará propiciando más concentración y conglomerados más poderosos. Imperante es una visión de Estado sobre los escenarios multimediáticos que se sustente sobre bases de una mayor participación social y la democratización de los medios de comunicación.

Los grandes consorcios de la comunicación han y siguen concentrando poder económico, político y simbólico, con lo que pueden relacionarse desde una posición estratégica frente a los actores políticos. Esto lo hacen dentro de la misma estructura de las instituciones estatales, como desde fuera de ellas, actúan agresivamente sobre las decisiones gubernamentales.

Lo anteriormente expuesto es sólo la punta del iceberg de los efectos causados por la falta de contrapesos, la concentración y el papel central que han adquirido las empresas de medios en México, por ello señalamos:

– Se ha aplazado la actualización y reforma integral del marco jurídico que regula la radiodifusión, por ser conveniente a los consorcios mediáticos, en el marco de la convergencia digital el Estado mexicano tiene la mejor oportunidad para reformar la legislación y aprovechar para servicio de la nación el espectro radioeléctrico.

– Es necesario cambiar el paradigma del sistema de medios mexicano, el cual está sustentado en la empresa, por uno donde se privilegie el servicio público.

– El proceso de democratización en México pasa inevitablemente por un cambio radical en el sistema de medios.

– La concentración de la información derivada de la concentración de la propiedad de los medios obstaculiza la libertad y diversidad de expresión.

– México necesita urgentemente un sistema de medios que tenga como principio el pluralismo, que garantice la diversidad y calidad de información.

– Es urgente como primer paso, reformar el marco jurídico mexicano en materia de medios y telecomunicaciones.

– Que las instituciones políticas vuelvan a su papel fundamental como garantes del uso óptimo del espectro radioeléctrico como bien de la nación, para el desarrollo del Estado mexicano se muestra como una necesidad ineludible en el actual escenario de la comunicación en México y el mundo.

El establecimiento de régimen democrático de medios de comunicación

Desde la formación de este grupo de trabajo nos dedicamos a investigar con detalle cuál es la situación actual de los medios de comunicación en nuestro país desde el punto de vista jurídico, político y tecnológico. Revisamos con detenimiento diversas iniciativas de reforma constitucional y legal en la materia, ensayos académicos, informes de organismos nacionales e internacionales relativos a la concentración de los medios de comunicación, así como disposiciones legales en otros países, tratados y declaraciones internacionales sobre el ejercicio de la comunicación.

Como resultado de ese estudio encontramos coincidencias en los temas a discutir para establecer un nuevo orden normativo que posibilite la democratización de los medios de comunicación:

Competencia: señalan que es urgente establecer mecanismos que garanticen la competencia en los medios de comunicación, por medio del apertura a nuevos actores económicos y/o sociales en la utilización del espectro radioeléctrico, a fin de evitar la concentración de los grandes concesionarios y aprovechar los avances tecnológicos.

Determinación de la función y naturaleza de los medios de comunicación, difusión e información: reconocer que los medios de comunicación prestan un servicio público, en virtud de que utilizan un bien que es propiedad de la nación.

Revisión crítica del papel de los medios públicos (estatales): se señala que las 31 televisoras, frecuencias y radiodifusoras estatales se han convertido en repetidoras de la programación privada y que se deben recuperar para cumplir con su función social.

Socialización de medios de comunicación: se apunta la obligación de establecer un sistema de medios públicos, en el cual los ciudadanos gestionen, diseñen, produzcan y difundan los contenidos que se transmitan en los medios creados por ellos, que sean con fines de comunicación social.

Ombudsman de medios: manifiestan que es necesaria la creación de un organismo que se constituya como el defensor de los derechos de la audiencia y vigile la actuación de los medios de comunicación: que respeten las leyes, el derecho a la información, el derecho de réplica, promuevan los derechos humanos y los valores de la democracia.

Administración de concesiones: se insiste en reestructurar las instituciones existentes en este rubro, a fin de que se constituyan como organismos autónomos de composición ciudadana e integración democrática, a efecto de legitimar los mecanismos por los cuales se llevan a cabo los concursos de concesiones.

Actualización de las leyes que regulan la infraestructura en materia de telecomunicaciones.

A partir de este diagnóstico, consideramos necesario el reconocimiento de la democratización de los medios de comunicación como una decisión política fundamental del Estado mexicano, es decir, estamos convencidos que es urgente modificar el marco constitucional en esta materia.

La presente propuesta es el resultado del diálogo que hemos mantenido durante estos meses al interior del movimiento y con actores nacionales interesados en este tópico. Esperamos que esta aportación sea considerada como un referente para la construcción de un sistema democrático de medios de comunicación.

Modificaciones

Los objetivos principales de este proyecto de reforma son:

1. Consagrar los derechos universales de toda persona, comunidad o pueblo a la comunicación libre, plural, diversa y multicultural; a acceder, buscar, recibir, escribir, publicar y difundir información de cualquier tipo y por cualquier medio de divulgación (artículo 7o.).

2. Reconocer a la alfabetización mediática, informacional y digital como un elemento fundamental de la educación, así como al acceso universal a las nuevas tecnologías de la comunicación e información (artículo 3o.).

3. Garantizar la protección constitucional al ejercicio libre del periodismo y a la comunicación (artículo 7o.).

4. Reconocer que el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación.(artículo 27).

5. Establecer un sistema de medios de comunicación basado en las siguientes directrices (artículos 7o. y 27):

a. Reconocer que la radiodifusión y las telecomunicaciones son de servicio público con plena libertad de contenidos. Sólo tendrán como límite el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos.

b. Distribución equitativa del espectro radioeléctrico entre los sectores privado, público y social-comunitario. También se establecen las condiciones generales que regularán cada sector.

c. Creación de un organismo autónomo de composición plural que esté facultado para regular sobre el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones. Dicho organismo debe responder a los principios de la profesionalización técnica en la conformación de su estructura.

d. Promoción del desarrollo de las nuevas tecnologías y servicios información y comunicación para garantizar el acceso universal a los mismos.

6. Prohibir la contratación de “propaganda oficial” por ser un instrumento de financiamiento indebido a los concesionarios de bienes públicos y también un factor de presión y chantaje para los medios de comunicación independientes.

De la misma forma se incluyen otras especificaciones como la forma de nombramiento de los titulares del organismo regulador en la materia, el reconocimiento del espectro radioeléctrico como propiedad de la nación, la prohibición de la rentabilidad excesiva por la prestación del servicio público de la comunicación, la prohibición de las prácticas monopólicas, entre otras.

La sistemática a la que corresponden las modificaciones constitucionales que se proponen son:

– En el artículo 2o. para vincular el derecho que la Constitución reconoce actualmente a las comunidades indígenas para operar sus propios medios de comunicación con el orden jurídico que proponemos.

– En el artículo 3o. para reconocer a la alfabetización mediática, informacional y digital como un elemento fundamental del derecho universal a la educación.

– En el artículo 7o. como una actualización y redefinición del derecho de imprenta proponemos la ampliación de esta prerrogativa para declarar el derecho a la comunicación y al acceso a los medios. En virtud de que la redacción de dicha figura respondía al contexto de 1917 –cuando la imprenta era el único medio de comunicación masiva– consideramos que el espíritu de este artículo responde al carácter libre y democrático que debe regir a los medios de comunicación. Sabemos que muchas propuestas consideran que esta modificación debe hacerse en el artículo 6º, no obstante nosotros consideramos más pertinente su inclusión en el 7º para establecer las directrices de un sistema integral de medios.

– En el artículo 27 reconocemos que el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación y se establecen los principios para la asignación de las frecuencias para telecomunicaciones.

– En los artículos 73, 76, 78 y 89 se hacen modificaciones relativas a las facultades de los poderes.

– Por último en los artículos 41 y 134 se hacen las modificaciones correspondientes a la eliminación de la propaganda oficial.

Esta es nuestra visión sobre la democratización de los medios de comunicación.

Por todo lo expuesto presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 2o., 3o., 7o., 27, 41, 73, 76, 78, 89 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se modifica la fracción VI del apartado B del artículo 2o., la fracción V del artículo 3o., se modifica y adiciona el artículo 7o., se adicionan diez párrafos al artículo 27, se modifica el segundo párrafo del apartado C del artículo 41, la fracción XVII del artículo 73, la fracción II del artículo 76, la fracción VII del artículo 78, la fracción III del artículo 89; y se modifica y adiciona el artículo 134, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

B. ...

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos previstos por los artículos 7 y 27 de la Constitución General de la República y las leyes en esta materia.

Artículo 3o....

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Garantizará la alfabetización mediática, informacional y digital con sentido crítico que respete la libertad de pensamiento y de contenidos; y contribuya a la construcción de una sociedad más democrática, plural, diversa, sustentada en la participación ciudadana;

Artículo 7o. Toda persona, comunidad o pueblo tiene derecho a la comunicación libre, plural, diversa y multicultural; a acceder, buscar, recibir, escribir, publicar y difundir información de cualquier tipo y por cualquier medio de divulgación. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores, impresores o difusores, ni coartar la libertad de imprenta y de los medios de comunicación, esta libertad no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a los derechos humanos y a la paz pública. En ningún caso podrán secuestrarse la imprenta ni los medios de comunicación como instrumentos del delito. No constituyen delito o falta las denuncias, críticas o imputaciones contra los servidores públicos por actos desempeñados en el ejercicio de sus cargos. El Estado garantizará las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, el periodismo y la comunicación. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el acceso universal a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se establecerá un sistema de medios de comunicación –compuesto por los sectores privado, público y social-comunitario– mediante la expedición de leyes, la implementación de políticas públicas con participación ciudadana y esquemas de financiamiento mixto, basado en las siguientes directrices:

I. La radiodifusión y las telecomunicaciones son de servicio público. Los medios de comunicación procurarán transmitir contenidos de calidad, información veraz, contrastada e imparcial en las noticias; contribuirán al fortalecimiento de los valores democráticos y a la elevación del nivel cultural de la población; preferentemente, pactarán códigos internos de ética que garanticen los derechos de sus audiencias. Queda prohibida y será sancionada toda práctica discriminatoria o violatoria de los derechos humanos por parte de los medios de comunicación;

II. La asignación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico se sustentará en la participación equitativa entre los sectores privado, público y social-comunitario. El Estado fomentará el desarrollo de la infraestructura necesaria para el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación por parte de los sectores público y social-comunitario bajo esquemas de financiamiento mixto.

III. Se establecerá un organismo autónomo en los términos señalados por el artículo 27 de esta Carta Magna, el cual estará facultado para regular, en beneficio social, sobre el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones.

IV. Se promoverá el desarrollo de las nuevas tecnologías y servicios de información y comunicación para garantizar el acceso universal a los mismos.

Artículo 27. ...

...

...

...

...

...

... El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos. El espectro radioeléctrico es propiedad de la nación. Podrán acceder, en condiciones de igualdad, a su uso, explotación o aprovechamiento los sectores privado, público y social-comunitario, en las siguientes modalidades:

a) Concesiones de uso privado: las personas jurídicas con fines de lucro podrán operar concesiones para la prestación del servicio público de la comunicación en condiciones de competencia. Las leyes establecerán los mecanismos para impedir fenómenos de concentración y prácticas monopólicas en los servicios de comunicación audiovisual en los términos previstos en el artículo 28 de esta Constitución.

b) Concesiones de uso público: la federación, los estados y municipios podrán operar medios de comunicación –sin fines de lucro- que transmitan contenidos propios de utilidad pública: informativos, educativos, culturales, científicos y tecnológicos. Deberán contar con recursos asignados por ley y estarán dotados de independencia editorial, de autonomía organizativa y financiera. Las instituciones públicas de educación y los organismos de protección a los derechos humanos previstos en el artículo 102, apartado B. de esta Constitución, tendrán prioridad en la operación de dichos medios; y

c) Concesiones de uso social-comunitario: se ejecutarán políticas públicas de Estado que favorezcan las condiciones para que las organizaciones ciudadanas y las comunidades indígenas gestionen medios de comunicación propios con fines no lucrativos. Se establecerán mecanismos de financiamiento mixto que posibiliten el acceso de este sector a la infraestructura tecnológica necesaria, así como para su permanencia. Las leyes tutelarán la participación indígena y ciudadana en los medios de comunicación. Cada uno de los sectores podrá hacer uso de hasta una tercera parte de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico disponibles para el servicio de radiodifusión. Los concesionarios de uso privado del espectro radioeléctrico estarán obligados a garantizar la cobertura del servicio que prestan en condiciones de accesibilidad para la población. Las leyes sancionarán las prácticas que impidan el ejercicio del derecho a la comunicación por motivo de costos excesivos en la prestación de los servicios. El Congreso de la Unión legislará en materia de uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Establecerá un organismo autónomo que incorpore la participación ciudadana, el cual estará encargado de la administración de las concesiones, la defensa de los derechos a la comunicación y de las audiencias, así como la vigilancia y fiscalización de los recursos asignados para comunicación social a las autoridades públicas, en los términos previstos por el artículo 134 de esta Constitución. Este organismo autónomo se compondrá por un Consejo Directivo y un presidente que será electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo. El procedimiento para designar a los miembros de dicho Consejo Directivo deberá garantizar una representación plural, que incluirá: tres consejeros por cada uno de los sectores: privado, público y social-comunitario; uno del Poder Ejecutivo federal; uno de los sindicatos de trabajadores de los medios de comunicación; uno de las instituciones académicas; uno de las escuelas y facultades especializadas en materia de comunicación; uno de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos; y uno de los pueblos indígenas. La composición y funcionamiento de este Consejo atenderán a los principios de profesionalización, transparencia y rendición de cuentas. La ley establecerá un sistema de coordinación entre las autoridades competentes en telecomunicaciones para la elaboración de políticas públicas relativas al desarrollo de la infraestructura, a la accesibilidad a los medios de comunicación, la determinación de tarifas y las demás atribuciones en la materia.

La nación ejerce en una zona económica exclusiva...

Artículo 41. ...

C...

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá? suspenderse la difusión de comunicación social del Estado en todos los medios de comunicación. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Artículo 73....

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal; así como sobre espectro radioeléctrico y telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 7 y 27 de esta constitución.

Artículo 76. ...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del procurador general de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;...

Artículo 78. ...

VII. Ratificar los nombramientos que el presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y...

Artículo 89....

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de energía y competencia económica;...

Artículo 134....

...

...

...

...

...

...

...

Queda prohibida la contratación de toda propaganda que tenga por finalidad destacar los logros de gestión, resaltar los objetivos alcanzados o generar imágenes positivas de cualquier órgano de gobierno, en todos sus niveles. El Estado podrá difundir los servicios y políticas públicas que realice, así como las leyes y decretos que establezca, a través de la comunicación social, que deberá hacerse bajo los principios de equidad, transparencia y no discrecionalidad. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los tres párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión realizará las modificaciones correspondientes a la legislación secundaria en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales. Todas las disposiciones contrarias a este decreto quedarán sin efectos.

Artículo Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente decreto la distribución de las bandas de frecuencia de espectro radioeléctrico –aún del que sea liberado por el vencimiento de anteriores concesiones o por el avance de las tecnologías de la comunicación– se hará de manera equitativa entre los sectores público, privado y social comunitario, de conformidad a los principios establecidos en los artículos 7 y 27 de esta Constitución.

Por la democratización de los medios de comunicación #YoSoy132.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2013.— Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (desde la curul): Señora presidenta, para alusiones personales. Tengo derecho.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:No hay alusiones personales, compañero diputado. No está a discusión el asunto, compañero diputado, no hay alusiones personales. Continúe, diputado Felipe de Jesús, por favor.

El diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres:Con su permiso...

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Por favor su turno, compañero Almaguer Torres.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez:Presidenta, disculpe que tenga este atrevimiento de subir a tribuna sin que usted me lo haya permitido, pero es importante que se establezca que no se me está permitiendo hacer uso de la voz...

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Con mucha pena. Por favor, vamos a vernos en la necesidad de cortar el sonido. Córtese el sonido, por favor.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2-A, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, desde esta máxima tribuna de la nación llamo la atención de todos ustedes, porque me parece que el tema que voy a exponerles así lo amerita.

En términos generales, es un asunto que está relacionado con el federalismo, la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas, pero fundamentalmente sobre la entrega en tiempo y forma de los recursos que la federación transfiere a los estados, municipios y Distrito Federal, por concepto de la distribución del Fondo General de Participaciones.

En este contexto, nuestro federalismo conceptualizado como doctrina política o sistema político y constituido en una República representativa democrática federal, con estados libres y soberanos en lo que le atañe a su régimen interior, pero unidos en una federación y que además la soberanía de la construcción federal y la de los estados en ningún caso podrá contravenir las estipulaciones del pacto federal, tal como se establece en nuestra Carta Magna.

De esta manera, nuestra Ley Fundamental, que a lo largo de 96 años de su constitución, en lo cual se precisa y rige su gobierno, división territorial y administración pública, es aplicado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En este orden de ideas, el municipio libre también forma parte del pacto federal y es considerado como el tercer nivel de gobierno y como la instancia para administrar libremente su hacienda municipal, y a pesar de varios esfuerzos de reformas legislativas realizados en los últimos años no nos ha sido posible atender las demandas de la sociedad, por dos razones: por el crecimiento poblacional y por la falta de recursos económicos, pero con las reformas se ha logrado el fortalecimiento de las alcaldías que hoy en día son gobernados por diversos partidos políticos.

Aunado a lo anterior, es necesario que el proceso de distribución de los recursos, considerados como una de las herramientas del federalismo fiscal, realmente contribuya al abatimiento de la pobreza y la marginación, si los recursos del Fondo General de Participaciones son entregados en tiempo y forma a los municipios.

Sobre este apartado, expongo a ustedes que hay alcaldes que hacen bien su trabajo y que por ser eficientes en la aplicación de los recursos, al siguiente año la federación le asigna menos recursos. Por otro lado, existen muchos municipios que no reciben a tiempo los recursos y son observados por los órganos de fiscalización. Me parece que estas incongruencias se deben de subsanar aquí en el Congreso de la Unión.

En este sentido es que solicité el uso de la palabra en esta tribuna, para someter a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2-A, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Concretamente, la iniciativa lo que propone es contribuir, desde este Poder Legislativo, a que el proceso de entrega de los recursos por concepto de la distribución del Fondo General de Participaciones que transfiere la federación a los municipios, a través de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, sean entregados de manera ágil, oportuna, del conocimiento de la sociedad y que no excedan de cinco días hábiles en su ministración y el retraso de la misma dará lugar al pago de intereses a la tasa de recargo que se establece en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Compañeras y compañeros legisladores, me parece que es necesario puntualizar el sistema de coordinación fiscal, los esquemas, mecanismos legales y operativos, que permitan fortalecer la administración de los recursos de la hacienda municipal, particularmente sobre la distribución de los recursos del Fondo General de Participaciones, máxime cuando están orientados para el bien común.

Compañera presidenta, le solicito que el texto de la presente iniciativa se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o.-A, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 2-A, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el artículo 115 de la Constitución, se establece que los estados deben adoptar la forma republicana de gobierno, representativo y popular entre otras, básicamente en lo que se refiere a su organización política y administrativa, lo cual implica recibir por parte de los estados el respeto y autonomía a su estructura organizativa, a fin de que pueda cumplir con sus objetivos de buen gobierno, así como el desarrollo de sus comunidades.

En la práctica, la administración pública federal, considera al municipio como el tercer nivel de gobierno y como la instancia administrativa que guarda una estrecha comunicación con la población para atender las necesidades básicas de sus habitantes.

Asimismo, a pesar de varios esfuerzos de reformas legislativas que se han venido realizado en los últimos años, no ha sido posible atender en su totalidad las demandas más sentidas de la sociedad, debido al crecimiento poblacional por una parte y por la otra debido a la falta de recursos económicos que alcancen a cubrir los mínimos de bienestar, como es la alimentación, la vivienda, la salud y la educación, entre otros.

Sin embargo, el esfuerzo sobre las reformas realizadas a la hacienda municipal, ha contribuido a lograr su fortaleza, avanzar en su autonomía política y lograr mayores facultades ante el estado y la federación. Esto, ha permitido alcanzar el fortalecimiento de las alcaldías y que hoy por hoy, son gobernados por diversos partidos políticos.

En este contexto, los municipios deben ser concebidos como un poder político con libertad y autonomía, para lograr su sustentabilidad financiera; también deben ser considerados entes depositarios de derechos políticos, administrativos y sociales, a fin de consolidar un federalismo que este orientado básicamente a beneficiar a la economía de los municipios. En consecuencia, el federalismo debe fortalecer a los municipios, brindándoles mayores facultades para el ejercicio pleno de sus funciones y de esta manera, lograr el fortalecimiento de la democracia.

Para lograrlo, es necesario que el proceso de distribución de los recursos, considerados como una de las herramientas del federalismo fiscal, realmente sean consideradas para contribuir al abatimiento de la pobreza y la marginación, de tal manera que al realizar la evaluación de resultados, se recompense a la administración municipal que realmente canalicen mejor los recursos otorgados por la federación a través de las entidades federativas; ya que a pesar de la compleja formula de distribución de participaciones, los municipios con la adecuada planeación de sus obras y acciones, podrán contar con recursos suficientes e impactar en el desarrollo económico y social de sus comunidades.

En este contexto, en la fracción IV del artículo 115 constitucional, se mandata que “los municipios administraran libremente su hacienda”, sin embargo continúan siendo objeto de detrimento en los recursos que les corresponde, afectando con ello la estabilidad financiera de sus ayuntamientos para cumplir con las demandas de la sociedad; en este sentido, debe de revisarse el marco jurídico y garantizar la certeza económica que los presidentes municipales requieren, a fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades y dar así, cumplimiento al pacto federal.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que en el mismo artículo 115 de nuestra carta magna, se establece que “Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.” Sin embargo, en la práctica cotidiana sucede lo contrario, ya que la asignación de recursos federación – municipios a través de las entidades federativas, presentan retrasos considerables en su entrega; afectando con ello, la administración de los recursos en la ejecución de las obras y acciones planeados y calendarizados por los municipios.

En complemento a lo anterior, la presente iniciativa, está encaminada a establecer las disposiciones para que los recursos que corresponden a los municipios referentes al ramo 33, sean entregados en tiempo y forma, a fin de hacer efectiva su aplicación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2-A, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 2A Fracción III inciso b),  el artículo 35 y el artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 2-A. ...

I. ...

II. ...

III. ...

...

Los gobiernos estatales no podrán exceder un plazo de 5 días hábiles para hacer la entrega de los recursos del fondo. El retraso en su ministración cuyo origen derive de errores u omisiones del personal administrativo del ejecutivo estatal, se deberán ministrar los recursos a los municipios con los correspondientes intereses generados a la tasa de recargo que se establece en el artículo 6o. de la presente ley.

...

...

Artículo 35. ...

a)...

b)...

c)...

d)...

...

...

Los estados deberán entregar a sus respectivos municipios los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la federación lo haga a los estados, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales por parte de los gobiernos estatales y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal , en sus respectivos Periódicos Oficiales y en los sitios de internet oficiales de cada gobierno estatal.

Artículo 36. ...

a) ...

b)...

Al efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada municipio y demarcación territorial por concepto de este fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año. Una vez publicado en el calendario de ministración, los estados y el Distrito Federal no podrán exceder un plazo de 5 días hábiles para hacer la entrega correspondiente de recursos. El retraso en su entrega a los municipios y demarcaciones territoriales dará lugar al pago de intereses a la tasa de recargo que se establece en el artículo 6o. de la presente ley.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2013.— Diputados: Felipe de Jesús Almaguer Torres; Sergio Augusto Chan Lugo, Mariana Dunyaska García Rojas, Leticia López Landero, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, José Alejandro Llanas Alba, María Rebeca Terán Guevara, Benito Caballero Garza, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Marcos Aguilar Vega, Leonor Romero Sevilla, José Alfredo Botello Montes, Erick Marte Rivera Villlanueva, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a alumnos de la Universidad de Guadalajara, invitados por el diputado Abel Salgado. Bienvenidos.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 367 Bis al Código Penal Federal.

El diputado Javier Filiberto Guevara González: Con su venia, diputada presidenta. El que suscribe, diputado Javier Filiberto Guevara González, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de ley que adiciona el texto del artículo 367 del Código Penal Federal para agregar un nuevo artículo, a identificar como 367 Bis.

Exposición de motivos. La procedencia de las casas de empeño y de compra de metales preciosos es en ocasiones de procedencia dudosa e ilícita, lo que trae consigo la existencia de un mercado negro de compra y de venta de joyas, relojes y metales preciosos, poniendo al alcance de los consumidores artículos que provienen de personas que han sido víctimas de robo y asaltos, muchos de los cuales se realizan a mano armada.

Por lo anteriormente expuesto, es indispensable fundamentar la siguiente parte de la iniciativa, donde se explica y se expone conforme a la ley la gravedad del robo y el asalto a mano armada.

Un asalto a mano armada es un tipo de robo en el cual el autor del delito causa la violencia a través de la intimidación o de realizar una afectación física a la víctima, mediante la utilización de armas, ya sean punzocortantes o de fuego. Este tipo de robo implica una mayor gravedad en el simple motivo, por lo cual es muy habitual que este ilícito tenga una pena superior a la del robo sin la utilización de armas.

El motivo esencial es que si bien el robo a mano armada es un delito que atenta esencialmente contra el patrimonio, supone un mayor riesgo para otros bienes jurídicos protegidos, como la vida o la integridad de las personas físicas.

En el derecho penal la víctima es la persona física o jurídica que sufre un daño provocado por un delito. El daño no tiene por qué ser un daño físico, también puede ser víctima de delito que no haya sido producido por un daño corporal, un robo o una estafa, siendo entonces el daño meramente patrimonial y el condenado por un delito debe resarcir a la víctima por los daños causados.

Si bien, dado que no siempre es posible revertir el daño, en muchas ocasiones se sustituye por una indemnización de carácter pecuniario.

Lo expuesto en lo anterior, es un factor determinante para que exista la compra venta de artículos de alto valor sin saber si su procedencia es lícita. Por lo mismo es necesario regular las casas de empeño y las casas de compra de metales preciosos, tal cual las vemos en la calle con el nombre de compramos oro y plata, ya que los asaltos tienen causa debido a que es sumamente fácil vender joyas y artículos de gran valor, sin saber si su procedencia es lícita, asimismo dando a los asaltantes la facilidad de conseguir efectivo por su ilícito.

Propongo regular las casas de empeño mediante el uso de notas de compras o facturas para que éstas puedan recibir en prenda algún bien mueble, ya que en el 80 por ciento de los asaltos las prendas terminan en casas de empeño.

El robo y la compra venta de artículos robados es un delito gravoso en el que tiene que ser castigado tanto el asaltante como la institución que participe en la compra, ya que en el caso de las casas de empeño, mismas en las que el único procedimiento que usan para tomar en prenda algún artículo es asegurarse que éste sea original, previa presentación de una identificación oficial, sin importar la procedencia del artículo empeñado.

Estos factores contribuyen a que continúe el robo a mano armada, afectando así a la sociedad. Por tanto, es de suma importancia comprobar que la prenda no sea de procedencia dudosa o ilícita.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito somete a consideración del pleno de esta soberanía para estudio y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 367 Bis al Código Federal, para quedar como sigue:

Artículo 367 Bis. Los dependientes de las casas de empeño y de empresas dedicadas a la compra de metales preciosos deberán exigir de los deudores prendarios que comprueben la procedencia legítima de las prendas que reciban por medio de notas o facturas, y de no ser así serán sancionados, castigado conforme a lo dispuesto en el artículo 370 de este código.

Artículo transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que adiciona el artículo 367 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI

Javier Filiberto Guevara González, diputado de la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de ley que adiciona el contexto del artículo 367 del Código Penal Federal, para agregar un nuevo artículo a identificar como 367 Bis.

Exposición de Motivos

La procedencia de artículos en las casas de empeño y de compra de metales preciosos es en ocasiones de procedencia dudosa e ilicitica, lo que trae consigo la existencia de un mercado negro de compra venta de joyas, relojes y metales preciosos; poniendo al alcance de los consumidores artículos que provienen de personas que han sido víctimas de robo y asaltos, muchos de los cuales se realizan a mano armada.

Por lo anteriormente expuesto es indispensable fundamentar la siguiente parte de la iniciativa, donde se explica y se expone conforme a la ley, la gravedad del robo y el asalto a mano armada.

Un asalto a mano armada es un tipo de robo en el cual el autor del delito causa la violencia a través de la intimidación de realizar una afectación física en la víctima, mediante la utilización de armas, ya sea punzocortantes o de fuego.

Este tipo de robo implica una mayor gravedad que el simple, motivo por el cual es muy habitual que este tipo de ilícito tenga una pena superior a la del robo sin la utilización de armas. El motivo esencial es que, si bien el robo a mano armada es un delito que atenta esencialmente contra el patrimonio, supone un mayor riesgo para otros bienes jurídicos protegidos como la vida o la integridad de las personas físicas.

En derecho penal la víctima es la persona física o jurídica que sufre un daño provocado por un delito. El daño no tiene por qué ser un daño físico. También se puede ser víctima de delitos que no hayan producido un daño corporal un robo o una estafa, siendo entonces el daño meramente patrimonial El condenado por un delito debe resarcir a la víctima por los daños causados, si bien, dado que no siempre es posible revertir el daño, en muchas ocasiones se sustituye por una indemnización de carácter pecuniario.

Lo expuesto en lo anterior es un factor determinante para que exista la compra venta de artículos de alto valor sin saber si su procedencia es lícita.

Por lo mismo es necesario regular las casas de empeño y casas de compra de metales precios tal cual las vemos en la calle con el nombre de “compramos oro y plata” ya que los asaltos tienen causa debido a que es sumamente fácil vender joyas y artículos de gran valor sin saber si su procedencia es lícita, así mismo dando a los asaltantes la facilidad de conseguir efectivo por su ilícito.

Propongo regular las casas de empeño mediante el uso de notas de compras o facturas  para que estas puedan recibir en prenda algún bien mueble, ya que en el 80% de los asaltos las prendas terminan en casas de empeño.

El robo y la compra venta de artículos robados es un delito gravoso en el que tiene que ser castigado tanto el asaltante como la institución que participe en la compra ya que en el caso de las casas de empeño, mismas en las que el único procedimiento que usan para tomar en prenda algún artículo es asegurarse que éste sea original, previa presentación de una identificación oficial, sin importar la procedencia del artículo empeñado.

Estos factores contribuyen a que se continúe el robo a mano armada, afectando así a la sociedad, toda vez que artículos tales como joyas, línea blanca y demás bienes muebles, circulan de manera legal en el mercado, pudiéndose adquirir con una factura o una nota fiscal expedida por las casas de empeño. Así, el comprador respalda su procedencia y con eso queda impune un delito, mientras que el delincuente logra adquirir dinero fácil y rápido después de consumar su asalto.

Por lo tanto es de suma importancia comprobar que la prenda no sea de procedencia dudosa e ilícita.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado Javier Filiberto Guevara González, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración del Pleno de esta soberanía para estudio y dictamen, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 367 Bis al Código Penal Federal

Para quedar como sigue:

Artículo 367 Bis. Los dependientes de las casas de empeño y de empresas dedicadas a la compra de metales preciosos deberán exigir de los deudores prendarios que comprueben la procedencia legitima de las prendas que reciban por medio de notas o facturas y de no ser así, serán sancionados castigado conforme a lo dispuesto en el artículo 370 de este Código.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.— Diputados: Javier Filiberto Guevara, María del Rocío Corona Nakamura (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.

Solicitan a esta Presidencia que informe a esta honorable asamblea que el dictamen ya se encuentra listo para pasar a segunda lectura.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

La diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez: Buenas tardes. Con el permiso, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, enmarcada en la transición gubernamental del 2001 se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dentro de los cambios, la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) cede las funciones relacionadas con la pesca y acuacultura a la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Esta última Secretaría, para poder llevar a cabo sus nuevas funciones como autoridad pesquera debería crear una entidad pública.

El 9 de mayo de 2001, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se llevó a cabo un evento organizado por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, al cual asistió el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada.

El Presidente Fox anunció que la entidad pública que estaría a cargo de administrar los recursos pesqueros del país y conducir la política pública en la materia sería una comisión, bajo la figura de órgano desconcentrado adscrito a la Sagarpa. De tal forma que en el Diario Oficial de la Federación del 5 de junio de 2001, aparece publicado el decreto por medio del cual que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Si bien, el pasar las atribuciones que el Poder Ejecutivo federal tiene respecto a estas importantes actividades a un órgano desconcentrado fue una decisión polémica, que encontró argumentos a favor y en contra. Pero la sorpresa fue mayor, cuando poco tiempo después, el entonces secretario de la Sagarpa anunció de manera sorpresiva que la Conapesca tendría su sede en la ciudad portuaria de Mazatlán, Sinaloa.

El estado de Sinaloa, habitado por gente honesta, trabajadora y hospitalaria, tan solo cuenta con 36 mil 912 pescadores y acuacultores, de un total nacional de 271 mil 369, según datos del Anuario Estadístico de Pesca 2011.

De tal forma que la actual ubicación de la Conapesca solo beneficia a 13 por ciento de los productores, aun sumando los de los estados de Sonora, Nayarit y Baja California Sur, estos vienen a ser un total del 26 por ciento de todos los pescadores y acuicultores del país; es decir, en el mejor de los casos, solo para 26 por ciento de los productores del país la Conapesca tiene una buena ubicación geográfica; para el resto de los productores, cualquier asunto que requieran ver con dicha dependencia requerirá trasladarse a las oficinas centrales, lo cual conlleva un viaje largo, difícil y caro.

El que la Conapesca se encuentre en el extremo noroeste del país entorpece su interactuar con la misma Sagarpa, de la cual depende, y en las otras dependencias e instituciones con las que interactúa, ya que casi toda la administración pública federal tiene sus oficinas centrales en la Ciudad de México, motivo por el cual, varios de sus altos funcionarios, empezando por el comisionado, tienen que viajar cada semana en viaje redondo generando con esto gastos excesivos, afectando el pobre presupuesto con el que cuenta la Conapesca.

Abundando en lo anterior, el pensar que la Conapesca por estar en un puerto puede desarrollar de manera más eficiente y eficaz sus funciones es tan absurdo, como pensar que la Secretaría de Marina cumpliría de mejor manera sus funciones si sus oficinas centrales estuvieran en el puerto de Veracruz, o en el puerto de Lázaro Cárdenas. Lo que en realidad se ha visto es que el tener la Conapesca en Mazatlán ha causado problemas, tanto a los productores, como a los científicos y académicos que interactúan con la misma y hasta a los mismos funcionarios que en ella laboran, todo en detrimento del sector pesquero.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Las atribuciones que esta ley otorga a la federación serán ejercidas por el Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría, salvo las que directamente correspondan al presidente de la República por disposición expresa de la ley.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca tendrá su domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, y establecerá delegaciones en todos los estados de la federación, así como oficinas en todos aquellos lugares que se estime necesario.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor a los seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enviará a la Cámara de Diputados la propuesta presupuestal que corresponde para el traslado de las oficinas centrales de Conapesca de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a la Ciudad de México, Distrito Federal.

Tercero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, asignará los recursos necesarios y suficientes para el traslado de las oficinas centrales de Conapesca de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a la Ciudad de México, Distrito Federal.

Cuarto. En todo momento y conforme a las leyes aplicables en la materia, se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Conapesca que se vean afectados por la entrada en vigor del presente decreto.

Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Angélica Rocío Melchor Vásquez, diputada por el estado de Oaxaca a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7o, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Enmarcada en la transición gubernamental de 2001 se reforman y adicionan varios artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), dentro de los cambios en la administración pública federal que conllevan estas en la LOAPF la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), cede las funciones relacionadas con la pesca y acuacultura a la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), esta última secretaría, para poder llevar a cabo sus nuevas funciones como autoridad pesquera y también por mandato de la ley antes mencionada debía crear una entidad pública.

El 9 de mayo de 2001, en la ciudad de Mazatlán Sinaloa, se llevó a cabo un evento organizado por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, al cual asistió el entonces presidente de la república Vicente Fox Quezada. Ante los representantes de los sectores productivos de la pesca, investigadores, académicos, funcionarios de la Sagarpa, legisladores de la mencionada comisión y público en general, el presidente Fox anunció que la entidad pública que estaría a cargo de administrar los recursos pesqueros del país y conducir la política pública en la materia sería una comisión, bajo la figura de órgano desconcentrado adscrito a la Sagarpa.

De tal forma, en el Diario Oficial de la Federación del 5 de junio de 2001 aparece publicado el decreto por medio del que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), si bien, el pasar las atribuciones que el Poder Ejecutivo federal tiene con respecto a estas importantes actividades a un órgano desconcentrado fue una decisión polémica que encontró argumentos a favor y en contra, la sorpresa fue mayor cuando poco tiempo después el entonces secretario de la Sagarpa, anunció de manera sorpresiva que la Conapesca tendría su sede en la ciudad portuaria de Mazatlán, Sinaloa.

En su momento dicho funcionario argumentó que el tener domiciliada a Conapesca en Mazatlán traería beneficios a los productores del sector, reflejándose esto en un incremento de la productividad y competitividad del mismo. Pero esto que en su momento sonó como un absurdo, con el pasar del tiempo se ha demostrado que fue un grave error.

Se podría pensar que al estar la Conapesca en una ciudad portuaria podría atender de mejor manera a los pescadores y acuicultores, pero la realidad es otra. Si bien, Mazatlán es un puerto pesquero importante, habitado por gente honesta, trabajadora y hospitalaria, el estado de Sinaloa tan sólo cuenta con 36 mil 912 pescadores y acuicultores, de un total nacional de 271 mil 369, según datos del Anuario Estadístico de Pesca 2011.

De tal forma que la actual ubicación de la Conapesca sólo beneficia a 13.60 por ciento de los productores, aún sumando los 12 mil 740 del estado de Sonora, los 12 mil 784 del estado de Nayarit y los 8 mil 180 de la Baja California Sur, estos vienen a ser 26.02 por ciento de los pescadores y acuicultores del país. Es decir, en el mejor de los casos, sólo para 26 por ciento de los productores del país la Conapesca tiene una buena ubicación geográfica. Para el resto de los productores, cualquier asunto para el que requieran trasladarse a las oficinas centrales de Conapesca conlleva un viaje largo, difícil y caro.

En otro orden de ideas, como es lógico, la Conapesca para poder cumplir con las obligaciones que por ley tiene, requiere coordinarse e interactuar con otras instancias de la administración pública federal, además al ser una entidad que administra recursos naturales, para algunas de sus funciones requiere interactuar con los investigadores de distintas instituciones científicas y académicas, como por citar tan sólo un ejemplo, el Instituto Nacional de la Pesca, que tiene su sede en la Ciudad de México.

El que la Conapesca se encuentre en el extremo noroeste del país entorpece su interactuar con la misma Sagarpa, de la cual depende, y con las otras dependencias e instituciones con las que interactúa, ya que casi toda la administración pública federal tiene sus oficinas centrales en la Ciudad de México. Motivo por el cual, varios de sus altos funcionarios, empezando por el comisionado, tienen que viajar cada semana en viaje redondo desde la ciudad portuaria de Mazatlán a la Ciudad de México, lo que entre otras cosas acarrea gastos innecesarios y tiempos muertos.

Cambiar la sede del sector pesquero, como era de esperarse, no llevó al crecimiento productivo de éste, el haberlo considerarlo así fue contrario a toda lógica, ya que las actividades que se realizan en las oficinas de la Conapesca son exclusivamente administrativas, en las mismas se dan las relativas a la elaboración de programas, el manejo de estadísticas, el establecimiento de los enlaces nacionales e internacionales, así como firmas de convenios, entre otras.

Abundando en lo anterior, el pensar que Conapesca por estar en un puerto puede desarrollar de manera más eficiente y eficaz sus funciones es tan absurdo como pensar que la Secretaría de Marina cumpliría de mejor manera sus funciones si sus oficinas centrales estuvieran en el puerto de Veracruz, o en el puerto de Lázaro Cárdenas. Lo que en realidad se ha visto es que el tener a Conapesca en Mazatlán ha causado problemas tanto a los productores, como a los científicos y académicos que interactúan con la misma y hasta a los mismos funcionarios que en ella laboran, todo en detrimento del sector pesquero.

No sería descabellado pensar que experiencias desafortunadas como la de Conapesca hayan motivado que en algunas leyes se llegue a reglamentar el lugar donde determinada dependencia del Ejecutivo federal debe de tener su sede, así vemos por ejemplo que la Ley General de Cambio Climático en su artículo 14 especifica que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tendrá su domicilio en la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo 7o. Las atribuciones que esta ley otorga a la federación, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo federal a través de la secretaría, salvo las que directamente correspondan al presidente de la república por disposición expresa de la ley.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca tendrá su domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal y establecerá delegaciones en todos los estados de la federación, así como oficinas en todos aquellos lugares que estime necesario.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enviará a la Cámara de Diputados la propuesta presupuestal que corresponda para el traslado de las oficinas centrales de Conapesca de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a la Ciudad de México, Distrito Federal.

Tercero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 asignará los recursos necesarios y suficientes para el traslado de las oficinas centrales de Conapesca de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a la Ciudad de México, Distrito Federal.

Cuarto. En todo momento y conforme a las leyes aplicables en la materia se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Conapesca que se vean afectados por la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1. Al respecto ver: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la Ley de Pesca. (Diario Oficial de la Federación. 30 de noviembre de 2000).

2. Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2011. Sagarpa-Conapesca, México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.— Diputados: Angélica Rocío Melchor Vásquez, Claudia Elena Águila Torres, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Mario Miguel Carrillo Huerta, José Valentín Maldonado Salgado, Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen.

Saludamos a un segundo grupo de alumnos de la Universidad de Guadalajara, invitados por el diputado Abel Octavio Salgado Peña. Bienvenidos.

LEY DE PLANEACION

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación.

El diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeros diputados y diputadas, tomo esta tribuna para hacer la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 2o. de la Ley de Planeación. Es referente al tema de los niños.

El 20 de noviembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas conmemoró el aniversario número 23 y ratificado el 21 de septiembre de 1990 en la Convención sobre los Derechos de los Niños, en el cual se vislumbran los derechos fundamentales de la población menor de 0 a 18 años a nivel mundial.

México quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de los niños, niñas y adolescentes que habitan en este país.

A más de dos décadas de este compromiso internacional, los avances en esta materia se definen como graduales y fundamentales.

Desde el punto de vista legislativo, cuando se alude a la incorporación del principio de interés superior de la niñez, mediante la reforma de los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o., y la adición de la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 12 de octubre del 2011, el citado principio constitucional establece que el Estado mexicano velará y cumplirá en todas las decisiones y actuaciones con este principio para garantizar de manera plena los derechos de la niñez, asimismo que dicho principio debe de guiar el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

De acuerdo con datos del Inegi, en el 2012 en nuestro país la población infantil asciende a 32.5 millones de niños y niñas entre 0 y 14 años, que en términos relativos representan el 29 por ciento de la población total de nuestro país.

Asimismo la misma fuente revela que de acuerdo con la medición dimensional de la pobreza en México, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se estima que en el 2010, 21.4 millones de niños menores de 18 años se encontraban en situación de pobreza multidimensional.

Es decir, la situación de una persona, cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos de uno de sus derechos en el desarrollo social o si sus ingresos no son suficientes para adquirir los bienes y servicios que se requieren para satisfacer sus necesidades básicas. Dicha cifra equivale al 53.8 por ciento de este grupo total de población.

En resumidas cuentas, 9.8 por ciento de los niños en México tienen rezago educativo, 29.8 por ciento de los niños no tienen acceso a la salud, 84 por ciento no tienen acceso a la seguridad social, 20.1 por ciento tiene carencia en la calidad y en sus espacios de vivienda, 19.8 por ciento de los niños no tienen acceso a los servicios básicos de vivienda, y 29.5 por ciento no tienen acceso a una sana alimentación.

Con todos estos argumentos, la iniciativa que hoy presentamos va encaminada a reformar la Ley de Planeación, en la cual lo que estamos pretendiendo es que por ley, en todos los planes de desarrollo que tiene el gobierno federal que establecer, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales, exista una obligación de asignar una cantidad específica de recursos en programas etiquetados, focalizados a la niñez.

Actualmente, si ustedes observan, al paso de muchos años se ha peleado por los derechos de las mujeres, de la equidad de género, y al paso de los años se logró que en la Ley de Planeación exista una partida específica destinada a programas que impulsen este tema de la equidad de la mujer.

No sucede lo mismo con el tema de los derechos de los niños. La iniciativa que hoy planteamos va en ese sentido: que se reforme la Ley de Planeación para que exista la obligación de presentar en los presupuestos de egresos de la federación, estados y municipios, partidas específicas con programas e indicadores que garanticen el desarrollo de esta inequidad que hoy tenemos en nuestro país con el tema de la niñez. Muchísimas gracias. Es todo, presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del PAN

Planteamiento del problema

El 20 de noviembre de 2012 se conmemoró el aniversario XXIII de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), instrumento jurídico internacional que a través de sus 54 artículos visibilizan por primera vez los derechos fundamentales de la población menor de 18 años a nivel mundial, y a partir del 21 de septiembre de 1990, el Estado mexicano quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes que habitan en el país.

Los avances en la materia se definen como graduales aunque también fundamentales desde el punto de vista legislativo cuando se alude a la incorporación del Principio del Interés Superior de la Niñez mediante la reforma a los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y la adición de la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 12 de octubre de 2011.

El citado principio constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con éste para garantizar de manera plena los derechos de la niñez, reconociendo asimismo que los niños, niñas y adolecentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y determina además que dicho principio deberá guiar el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Por otra parte, en 2003, en el marco de un proceso abierto e independiente y con la participación de representantes de organismos civiles, entidades gubernamentales y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) México, se dio a la tarea de elaborar el Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en Méxicocon el objeto de identificar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, con base en un análisis no coyuntural, mismo que derivó en 31 recomendaciones generales de necesaria adopción o de plena realización para remover los obstáculos estructurales que se han ido levantando desde hace años o siglos.

El diagnóstico sostiene que: “...la niñez mexicana difiere del resto de los grupos en situación de discriminación estudiados en este diagnóstico, porque se trata de casi la mitad de la población total del país y, además, su condición corresponde a una etapa de la vida, no es permanente. Se parte del planteamiento de que es necesario construir una cultura que exija que los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes dejen de ser privilegios y se busquen medidas legislativas y de políticas públicas encaminadas hacia este fin.

México ha logrado avances importantes en el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas en las últimas décadas. Actualmente mueren menos niños que antes, van más niños a la escuela y hay menos desnutrición infantil. Sin embargo, el país todavía tiene una importante brecha que cerrar para llegar a la meta del pleno cumplimiento de los derechos de la niñez. Por ejemplo, 24.7 millones de niños entre 0 y 17 años viven en pobreza y existe una elevada cantidad de niños que vive con dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.”

Ahora bien, de acuerdo con el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana (IDN) publicado en el portal web: http://www.unicef.org, las oportunidades de las niñas, niños y adolescentes de ejercer sus derechos básicos ha mejorado de manera constante durante los últimos años en casi todo el país, aunque la situación de la infancia y de la adolescencia en las entidades del norte de México, es, en general, hasta tres veces mejor que en las entidades del sur, detalla el estudio de la manera siguiente:

• En el IDN I (0 a 5 años), por ejemplo, Nuevo León alcanza un nivel de 8.10 en 2003, mientras que Guerrero llega a 2.90 en el mismo año.

• El IDN II muestra resultados similares con 8.20 en Nuevo León y 4.47 en Chiapas.

• Coahuila tenía los resultados más altos en el IDN III con 7.29 en 2004, mientras que en Chiapas es de 3.49.

Los resultados mencionados dan cuenta que pese al progreso general, aún hay mucho por hacer para lograr el cumplimiento pleno de los derechos de la niñez en México en todas las regiones y para los tres grupos de edad. Esto se refiere particularmente a aquellas entidades del país con población indígena.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México ha insistido en que la publicación de los índices fue con el propósito de que la sociedad mexicana conozca a detalle la situación de su niñez y, sobre esta base, se propongan políticas públicas, con metas y planes concretos, dirigidas a su mejoramiento.

Asimismo, el 20 de abril de 2012, a través de su representante Susana Sottoli, en el marco de la reforma que eleva a rango constitucional el Interés Superior de la Niñez, sostuvo que México tiene hoy la gran oportunidad de consolidar un verdadero sistema de protección integral de los derechos de la infancia, por ello hizo un respetuoso y urgente llamado para que los legisladores y legisladoras abran el debate sobre el tema. No asegurar avances sustantivos para el fortalecimiento del marco normativo para la infancia, significaría de facto retroceder en la garantía de sus derechos.

De acuerdo con datos del estudio Inversión Pública en la Infancia y la Adolescencia en México, versión actualizada 2008-2011 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México, en materia presupuestal durante el periodo 2008-2011 la inversión federal en niños y adolescentes osciló entre 737 y 819 mil millones de pesos al año, el gasto en infancia y adolescencia como porcentaje del gasto programable y como porcentaje del producto interno bruto (PIB) no ha variado significativamente de 2008 a 2011. Asimismo, en el apartado de las Conclusiones, se afirma que mediante el presupuesto es como se determina la cantidad de recursos con los que se financian las políticas públicas que posibilitan el acceso a la salud, a la educación y la protección social; es decir, el presupuesto es determinante para que los derechos establecidos en las leyes puedan ser efectivamente ejercidos.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que nuestro país tiene como uno de sus principales pendientes, el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas dirigidas a la niñez y en este marco, la Ley de Planeación se considera objeto de actualización para poder garantizar dichas acciones.

Argumentos

El Estado mexicano asumió su responsabilidad de cumplimiento a partir de la ratificación de la citada CDN en 1990, –es oportuno no perder de vista que el artículo 4o. de la CDN, establece la obligación de los estados parte de asignar el máximo de recursos disponibles para adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos de la infancia– la primera reforma constitucional en la materia, la promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2000 y, el reconocimiento constitucional del Principio del Interés Superior de la Niñez en 2011, por lo que es ineludible la actuación del Poder Legislativo en aras de hacer efectivos los derechos humanos de la niñez en pleno siglo XXI.

Aunque de conformidad con el examen de los informes presentados por los estados parte en virtud del artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Observaciones finales del 23 de mayo de 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) examinó el tercer informe periódico de México (véase CRC/C/125/Add.7), y en la 1157ª sesión (véase CRC/C/SR.1157), celebrada el 2 de junio de 2006, aprobó las siguientes observaciones finales:

C. Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones.

1. Medidas generales de aplicación (artículos 4, 42 y 44 (párrafo 6) de la Convención)

...

El interés superior del niño

25. Al comité le preocupa que en la legislación y las políticas nacionales no se preste la debida atención al principio del interés superior del niño y que la población tenga escasa conciencia de la importancia de ese principio.

26. El comité recomienda que el estado parte adopte medidas para sensibilizar a la población acerca del significado y la importancia de aplicar el principio del interés superior del niño y vele porque el artículo 3 de la convención esté debidamente reflejado en sus medidas legislativas y administrativas, como las relacionadas con la asignación de los recursos públicos.

...

Adicionalmente el 30 de abril de 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la publicación Estadísticas a propósito del Día del Niño, datos nacionales,reveló que en México la población infantil asciende a los 32.5 millones de niñas y niños entre 0 y 14 años, que en términos relativos representan 29 por ciento de la población total. Que en materia de salud, una de las primeras mediciones que dan señal del estado de salud de los niños es el peso al nacer, como resultado de las condiciones socioeconómicas y de salud de las madres, entre otras y de acuerdo con el censo, de los nacidos vivos durante 2010 en México, 8.3 por ciento presentaron bajo peso al nacer, siendo el Distrito Federal la entidad con el mayor porcentaje (11.6 por ciento), seguido por el estado de México y Yucatán (10.5 y 9.7 por ciento respectivamente); por otro lado, las menores proporciones se localizan en estados como Baja California Sur, Colima (ambas con 5.1 por ciento) y Sonora con 5.4 por ciento.

En educación los datos censales revelan que 5.5 por ciento de la población de 5 a 14 años no asiste a la escuela, que en las localidades de menos de 2 mil 500 habitantes la proporción de niños de 8 a 14 años que no saben leer y escribir es de 7 por ciento, es decir, tres veces más que el observado en los niños que residen en localidades de 2 mil 500 y más habitantes 2.3 por ciento.

La misma fuente puntualiza que de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza en México realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se estima que en 2010, 21.4 millones de niños menores de 18 años se encontraban en situación de pobreza multidimensional, lo que equivale a 53.8 por ciento de este grupo poblacional. Que la pobreza multidimensional está definida como la situación de una persona cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.

Que de los niños en pobreza multidimensional, 23.8 por ciento se encontraban en pobreza multidimensional extrema, es decir, estos niños pertenecen a hogares que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada y presentan al menos tres carencias sociales de las seis incluidas en el cálculo del índice de privación social. Uno de cada seis niños (16.5 por ciento) son considerados “no pobres multidimensionales ni vulnerables por ingresos o por carencias”.

Y que las principales carencias sociales de los niños y niñas en pobreza multidimensional son:

• 9.8 por ciento tenían rezago educativo;

• 29.8 por ciento no tenían acceso a los servicios de salud;

• 64 por ciento no tenían acceso a la seguridad social;

• 20.1 por ciento tenían carencia en la calidad y en los espacios en la vivienda;

• 19.8 por ciento no tenían acceso a los servicios básicos en la vivienda, y

• 29.5 por ciento no tenían acceso a la alimentación.

De los argumentos expuestos y convencido de que uno de los mayores retos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, es garantizar de forma eficaz los derechos de las niñas, niños y adolescentes que viven en México, la presente iniciativa que adiciona una fracción VII al artículo 2 de la Ley de Planeación tiene por objeto incorporar como parte de los principios que rigen la planeación, –medio para el eficaz desempeño de las responsabilidad del estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país– el del Interés Superior de la Niñez.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 2 de la Ley de Planeación

Artículo Único. Se adiciona una fracción VII, recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 2 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a VI. ...

VII. El Interés Superior de la Niñez, para garantizar de manera plena sus derechos, su desarrollo integral y una vida digna.

VIII. a IX. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputados: Fernando Alejandro Larrazábal Bretón , Leonor Romero Sevilla José Alfredo Botello Montes, Marcos Aguilar Vega, Erick Marte Rivera Villanueva, María del Carmen García de la Cadena Romero, María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez, María Carmen López Segura, Martha Leticia Sosa Govea,  María Guadalupe Mondragón González, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares,  Consuelo Argüelles Loya, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Carlos Alberto García González, José Alejandro Llanas Alba, Martha Edith Vital Vera, Noé Barrueta Barón, Juan Manuel Carbajal Hernández, Verónica Beatriz Juárez Piña, María Rebeca Terán Guevara, Genaro Carreño Muro, Martha Berenice Álvarez Tovar, María Celia Urciel Castañeda, Socorro de la Luz Quintana León (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Sonido en la curul de la diputada Juárez.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Gracias, presidenta. Solo para solicitarle que la Comisión de los Derechos de la Niñez pueda dar una opinión en torno a la iniciativa que acaba de presentar el diputado.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Con gusto se obsequia, diputada.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 200 del Código Penal Federal.

La diputada Marina Garay Cabada:Gracias, señora presidenta. La suscrita, Marina Garay Cabada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 78, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante esta soberanía la siguiente iniciativa, conforme a lo siguiente:

Durante los últimos años el sexting se ha vuelto una tendencia más común entre los jóvenes y adolescentes que viven en México solo debido al creciente desarrollo tecnológico y la cada vez más fácil adquisición de dispositivos móviles con acceso a Internet.

Sexting es un término proveniente de la lengua anglosajona, el cual ha sido adoptado y utilizado en el vocabulario de algunos académicos e investigadores a nivel nacional e internacional para referirse a la práctica realizada por adolescentes que se autorretratan o graban de manera sexual o erótica para luego enviar el material a sus parejas o amigos a través de medios electrónicos.

A este respecto, es posible decir que en el espacio cibernético es una gran red en donde comparten documentos, imágenes, videos a los millones de personas que tienen acceso y, por lo tanto, una fotografía personal en manos equivocadas puede ser lesiva para la integridad de cualquier individuo.

No cabe duda que este problema se asocia con la baja protección de información personal en medios electrónicos, principalmente en los adolescentes; problemas derivados de la tecnología y de su mal uso.

Por ello, al ser el Internet un espacio público y privado que aún no se encuentra regulado en su totalidad por el Estado, éste puede ser utilizado para dañar la buena imagen, la moral, el estado psicológico y la dignidad de los individuos. De ahí que un documento multimedia de carácter personal que sale de nuestras manos puede cambiar nuestras vidas, e incluso afectar gravemente nuestra reputación.

Ello hace evidente la necesidad de que la ley mexicana contemple de forma explícita términos como sistemas informáticos, sistemas electrónicos y multimedia.

Proteger a los jóvenes mexicanos es una tarea que se encuentra en manos del Poder Legislativo, a través de la modificación y adiciones a nuestras leyes, creando limitaciones estrictas a quienes difundan documentos como fotografías y videos de menores de edad con algún tipo de contenido sexual o erótico.

El sexting es un problema que se extiende por una gran parte del mundo, teniendo sus propias particularidades de país a país.

Algunas opiniones especializadas en la materia aseguran que esta práctica se encuentra vinculada con la pornografía infantil, por lo que es necesario que se realicen las reformas y adiciones necesarias al artículo 200 del Código Penal Federal, con el fin de fortalecer las sanciones a quienes difundan imágenes y material con contenido sexual o erótico de menores de edad.

En todo caso, la presente iniciativa pretende ser una medida para evitar que los individuos difundan cualquier material pornográfico o erótico de menores de edad y que actualicen la regulación de los medios electrónicos.

Lo cierto es que además de las propuestas contenidas en la presente iniciativa, los padres deben trabajar con sus hijos desde el hogar, con el fin de reforzar el conocimiento de los problemas derivados del sexting.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, someto a la consideración de esta soberanía el presente proyecto de decreto:

Único. Se reforma y adiciona el artículo 200 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte a menores de 18 años de edad libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física o a través de un sistema informático o cualquier otro medio, se le impondrá de 1 a 5 años de prisión y de 300 a 500 días multa.

No se entenderá como material pornográfico o nocivo aquel que signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual, educación sobre la función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente.

Artículo Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 200 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada federal, Marina Garay Cabada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto esta soberanía la siguiente iniciativa, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los recientes años el sexting se ha vuelto una tendencia cada vez más común entre los jóvenes y los adolescentes que viven en México, ello debido al creciente desarrollo tecnológico y la cada vez más fácil adquisición de dispositivos móviles con acceso a Internet.

Sexting es un término proveniente de la lengua anglosajona, el cual ha sido adoptado y utilizado en el vocabulario de algunos académicos e investigadores a nivel nacional e internacional para referirse a la práctica realizada por adolescentes que se autorretratan o graban de forma sexual o erótica, para luego enviar el material a sus parejas o amigos a través de medios electrónicos.

En efecto, esta tendencia tiene lugar en todo el mundo; sin embargo, existe una importante cantidad de estudios realizados en Estados Unidos y Europa que analizan este problema. Algunas de estas investigaciones revelan que los jóvenes que se han autorretratado o grabado eróticamente consideran que no hay nada de malo en ello; aunque un análisis más profundo del tema expone el gran peligro que corren sus practicantes.

A este respecto, es posible decir que el espacio cibernético es una gran Red en donde comparten documentos, imágenes, videos a los que millones de personas tienen acceso y por lo tanto, una fotografía personal en manos equivocadas puede ser lesiva para la integridad de cualquier individuo. No cabe duda que este problema se asocia con: 1) la baja protección de información personal en medios electrónicos, principalmente en los adolescentes; y 2) problemas derivados de la tecnología y su mal uso.

Por ello, al ser la Internet un espacio público y privado que aún no se encuentra regulado en su totalidad por el Estado, éste puede ser utilizado para dañar la buena imagen, la moral, el estado psicológico y la dignidad de los individuos. De ahí que un documento multimedia de carácter personal que sale de nuestras manos puede cambiar nuestras vidas e incluso afectar gravemente nuestra reputación.

Ello hace evidente la necesidad de que la ley mexicana contemple de forma explícita términos como “sistemas informáticos”, “sistemas electrónicos” y “multimedia”.

Proteger a los jóvenes mexicanos es una tarea que se encuentra en manos del Poder Legislativo, a través de la modificación y adiciones a nuestras leyes, creando limitaciones estrictas a quienes difundan documentos como fotografías y videos de menores de edad con algún tipo de contenido sexual o erótico.

El sexting es un problema que se extiende por una gran parte del mundo, teniendo sus propias particularidades de país a país. De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría, el 15 por ciento de adolescentes estadounidenses entre 12 y 18 años ha practicado esta tendencia. Mientras que en España un informe realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación asegura que 1.5 por ciento de menores de entre 10 a 16 años envía mensajes de contenido erótico o sexual y un 4.3 por ciento los recibe.

Por su parte, en México una encuesta realizada por Alianza por la Seguridad del Internet (ASI) reveló que el 8 por ciento de los jóvenes de primaria y secundaria reconocieron que alguna vez practicaron sexting. Además, el 36.7 por ciento de los encuestados dijo conocer personas que tenían fotografías en su celular de esta naturaleza.

Algunas opiniones especializadas en la materia aseguran que esta práctica se encuentra vinculada con la pornografía infantil, por lo que es necesario que se realicen las reformas y adiciones necesarias al artículo 200 del Código Penal Federal con el fin de fortalecer las sanciones a quienes difundan imágenes y material con contenido sexual o erótico de menores de edad.

En todo caso, la presente iniciativa pretende ser una medida para evitar que  los individuos que difundan cualquier material pornográfico o erótico de menores de edad y que actualicen la regulación de los medios electrónicos.

Lo cierto es que además de las propuestas contenidas en la presente iniciativa, los padres deben trabajar con sus hijos desde el hogar con el fin de reforzar el conocimiento de los problemas derivados del sexting.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, someto a la consideración de esta soberanía el presente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma y adiciona el artículo 200 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 200. Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte a menores de dieciocho años de edad libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física o a través de un sistema informático o cualquier otromedio, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.

No se entenderá como material pornográfico o nocivo aquel que signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual, educación sobre la función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente.

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesión del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.— Diputados: Marina Garay Cabada, Rosalba Gualito Castañeda, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Claudia Elena Águila Torres, Arturo Cruz Ramírez, Ramón Montalvo Hernández, Mario Miguel Carrillo Huerta, Adriana Hernández Iñiguez, Jorge Herrera Delgado, José Alejandro Montaño Guzmán,  Mayra Karina Robles Aguirre, María  Carmen López Segura, María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez, Regina Vázquez Saut, Noé Hernández González, Josefina García Hernández, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Cristina González Cruz, Silvia Márquez Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona, María Fernanda Schroeder Verdugo, María del Rocío García Olmedo, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Leticia Calderón Ramírez, José Pilar Moreno Montoya, Norma Ponce Orozco, Fernando Zamora Morales, María del Carmen García de la Cadena Romero, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Miguel Alfonso Vidosola Lacarra, Adán David Ruiz Gutiérrez, Fernando Charleston Hernández, Leopoldo Sánchez Cruz, Ponciano Vázquez Parissi, Leonor Romero Sevilla, José Alfredo Botello Montes, Marcos Aguilar Vega, Alma Marina Vitela Rodríguez, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Benito Caballero Garza, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Angelina Carreño Mijares, Maricruz Cruz Morales, Erika Yolanda Funes Velázquez, Fernando Salgado Delgado, Genaro Ruiz Arriaga, Gaudencio Hernández Burgos, René Ricardo Fujiwara Montelongo, Sue Ellen Bernal Bolnik, Cristina Ruiz Sandoval, Paulina Alejandra del Moral Vela, Verónica Beatriz Juárez Piña, María Rebeca Terán Guevara, Blanca María Villaseñor Gudiño, Zita Beatriz Pazzi Maza, Juan Manuel Carbajal Hernández, Verónica Carreón Cervantes, Socorro de la Luz Quintana León, Landy Margarita Berzunza Novelo, Eligio Cuitláhuac González Farías, Salvador Ortiz García, Juan Manuel Díez Francos, Ossiel Omar Niaves López, Salvador Romero Valencia, Flor Ayala Robles Linares, Martha Gutiérrez Manrique, Emilse Miranda Munive, Ana Isabel Allende Cano, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Rodimiro Barrera Estrada, Darío Badillo Ramírez, Joaquín Caballero Rosiñol, José Luis Márquez Martínez (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Perdón, diputada Verónica. No me di cuenta. Sonido, por favor, a la curul de la diputada Verónica.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidenta. Nuevamente para solicitar que la Comisión de los Derechos de la Niñez pueda tener opinión en la iniciativa que ha presentado la diputada Garay, y además de felicitarla y saber si también es posible adherirse a la propuesta que ha presentado. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Con gusto se turna también para su opinión a la Comisión de los Derechos de los Niños.Pero solicitaría a la diputada Marina Garay, si se puede adherir la compañera a su iniciativa.

Diputada Marina Garay, preguntan si se pueden adherir a su iniciativa. Gracias. Aquí queda a su disposición, en la Secretaría.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (desde la curul): Presidenta, también quisiera sumarme a la iniciativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Aquí queda a su disposición para cualquier diputado que quiera adherirse a la misma.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 185 y 191 de la Ley General de Salud.Adelante, diputada Tovar.

La diputada Crystal Tovar Aragón:Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prevención de las adicciones en la población joven del país.

El motivo principal de esta iniciativa es el incremento drástico en el consumo de drogas lícitas e ilícitas entre las y los jóvenes, generando uno de los problemas más severos de salud pública en los últimos años.

Las adicciones en México han penetrado a una población cada vez más joven, personas a partir de los 12 años ya iniciaron el consumo de algún tipo de droga. De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional de Adicciones, del año 2011, se ha demostrado que durante los últimos 10 años el número de jóvenes drogadictos se duplicó, al pasar del 0.7 por ciento en 2002, al 1.5 por ciento en 2011; el consumo de marihuana se triplicó, tanto en hombres como en mujeres jóvenes, y el consumo de cocaína creció al doble entre las mujeres adolescentes durante los últimos tres años.

La encuesta reveló que en la actualidad el grupo de mayor riesgo para el inicio en el consumo de las drogas lícitas e ilícitas son las personas entre los 12 y los 17 años de edad, sobre todo en zonas urbanas donde el uso de los estupefacientes durante el último año fue de 1.9 por ciento contra el 1.5 en promedio, a nivel nacional.

La importancia de los números y porcentajes revelados por la encuesta de la Secretaría de Salud radica en una situación que a todas y todos nos debe de preocupar. Jóvenes mujeres y varones entre 12 y 17 años se han iniciado en el consumo de drogas, ya sea de alcohol, tabaco, marihuana o cocaína; el consumo de cualquiera de ellas tan temprana edad tiene graves consecuencias irreversibles, tanto en la salud como en sus entornos familiares y sociales.

Como por ejemplo, más de 7 millones de jóvenes ya son adictos al tabaco, más de 4 millones son alcohólicos crónicos, 3 por ciento de niñas y niños en edad escolar primaria ya presentan problemas de dependencia etílica.

Las mujeres jóvenes consumen cocaína, en razón de 0.6 por ciento, mientras que la marihuana es la droga más consumida por varones jóvenes de zonas urbanas, con un nivel de 2.6 por ciento.

Las drogas se han convertido en una de las amenazas más graves para la juventud mexicana. Desde el 2008 no se ha disminuido su consumo, por lo contrario, las adicciones en México se han incrementado en la población adolescente y joven.

Si las cifras en sí son alarmantes, debo decirles que el incremento de las adicciones seguramente es mayor, pues difícilmente las personas jóvenes van a aceptar frente a una encuesta institucional que han consumido algún tipo de droga.

Lo que tenemos frente a nosotros es un problema de salud pública de mayor dimensión, por ello es urgente que modifiquemos los programas y las campañas de prevención contra las adicciones, principalmente dirigidas hacia la población joven de nuestro país, que está iniciando con algún tipo de adicción a una edad cada vez más temprana.

Debemos reforzar la Estrategia Nacional de Prevención, que durante en los últimos 10 años no ha dado resultados y que, por el contrario, se ha derivado en una situación cada vez más grave.

Uno de los objetivos principales de la iniciativa que hoy presento es hacer visible a las y a los jóvenes del país, como un segmento de población con alto riesgo de caer en algún tipo de adicción, ya sea de sustancias legales, como el tabaco o el alcohol, o de sustancias ilegales, como la mariguana y la cocaína.

El Poder Legislativo debe contribuir con todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que adolescentes y jóvenes, entre los 12 y 17 años, inicien con la destrucción de su vida por el consumo de drogas.

Es por ello, que propongo reformar los artículos 185, fracciones II y III, así como el 191, fracción II, para que a través del programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas, así como del programa contra la Farmacodependencia, a cargo del Consejo Nacional contra las Adicciones, contemple la educación de las y los jóvenes como método de prevención para el consumo de drogas.

La educación sobre los efectos de las drogas de la salud, así como en los entornos familiares y sociales, debe ser prioritaria para la población que se encuentra entre los 12 y 29 años de edad, considerada de alto riesgo para caer en adicciones. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 185 y 191 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El consumo de drogas lícitas e ilícitas en la población joven del país, se ha incrementado drásticamente, representando uno de los problemas más severos de salud pública en los últimos años. Las adicciones en México han penetrado a una población cada vez más joven, personas a partir de los doce años han consumido algún tipo de droga; tan solo una de cada cinco personas con alguna adicción, recibe atención con programas de rehabilitación.

Argumentación

Una de las tareas fundamentales de la Secretaría de Salud Federal, es la elaboración del Programa Nacional para la prevención y tratamiento de las Adicciones, cuya ejecución debe coordinarse con las dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.

La Ley General de Salud, en el artículo 192, párrafo segundo, determina que dicho programa debe establecer los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, que es de observancia obligatoria para el Sistema Nacional de Salud y en los establecimientos de los sectores público, privado y social, que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y la farmacodependencia.

El mismo artículo establece que las campañas de información y prevención que reciba la población, deberán estar basadas en estudios científicos y alertar de manera adecuada sobre los efectos, daños físicos y psicológicos del consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

De acuerdo con esta base legal, y conforme a los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones del año 2011, que se realiza a través de la Secretaría de Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se desprende la necesidad de modificar los programas y campañas de prevención contra las adicciones, principalmente las dirigidas hacia la población joven del país que inicia con algún tipo de adicción a una edad cada vez más temprana.

Los resultados de la encuesta en mención, demostraron que en los últimos diez años, el número de jóvenes drogadictos se duplicó al pasar de 0.7 por ciento en 2002, a 1.5 en 2011. El consumo de mariguana se triplicó tanto en hombres como mujeres jóvenes y el consumo de cocaína creció al doble entre las mujeres adolescentes durante los últimos tres años.

La encuesta reveló que en la actualidad, el grupo de mayor riesgo para el inicio en el consumo de drogas lícitas e ilícitas, son  las personas entre los 12 y 29 años de edad, sobre todo, en zonas urbanas, donde el uso de estupefacientes durante el último año fue de 1.9 por ciento, contra el 1.5 en promedio a nivel nacional.

La mariguana es la droga de mayor consumo entre los jóvenes varones de 12 a 17 años en zonas urbanas con un nivel del 2.6 por ciento, mientras que para las mujeres jóvenes el consumo es de 0.7 por ciento.

En el caso de la cocaína, llama la atención que las mujeres adolescentes y jóvenes incrementaron su consumo cinco veces más en relación al año 2008, cuando el consumo promedio en este sector era de 0.1 por ciento; para el año 2011, las mujeres jóvenes consumen cocaína en un promedio de 0.6 por ciento.

Si analizamos el incremento de la drogadicción entre la población joven por regiones, la Encuesta Nacional de Adicciones revela que mientras el promedio nacional de uso de drogas es de 1.5 por ciento, para las entidades de la zona norte del país, se ubicó en 2.6 por ciento. A nivel nacional, la mariguana se consume en razón del 1.3 por ciento, mientras que su consumo en la región norte es del 2.2 por ciento. El consumo de cocaína en el país es de 0.4 por ciento y en los estados de esa región es del 0.5 por ciento, muy por encima de lo reportado para los estados de la región sur.

Si nos referimos al consumo de tabaco, la misma encuesta señala que se ha incrementado drásticamente entre la población adolescente, ya que en 2002 existían 3.4 millones de jóvenes entre 12 y 17 años que lo consumían, mientras que en el 2011 se registro ya el doble de personas adictas al tabaco, es decir, 7.1 millones de jóvenes. Hoy, uno de cada cuatro jóvenes entre 12 y 17 años fuma, y de ellos casi el 10 por ciento ya presenta altos grados de adicción.

En cuanto al consumo de alcohol en la población joven, la Comisión Nacional contra las Adicciones ha reportado que existen 27 millones de mexicanas y mexicanos que beben más de cinco copas por ocasión y 4.2 millones de alcohólicos crónicos, asimismo, 3 por ciento de niñas y niños en edad escolar primaria, ya presentan problemas de dependencia etílica. A su vez, se ha demostrado que en personas menores de 18 años, al consumir esos niveles de alcohol se daña el tejido cerebral, hepático y pancreático; por ello que la cuarta causa de muerte entre mujeres y hombres de 12 a 17 años, es la cirrosis hepática.

Los Centros de Integración Juvenil, AC, han alertado que 392 mil adolescentes entre los 12 y 17 años de edad tienen dependencia al alcohol, de esta cifra, 146 mil son mujeres. Entre 2002 a 2008, el consumo en hombres de alcohol era de 10.5 por ciento y en las mujeres de 3.41; en la actualidad pasó a 11 por ciento entre los varones, y se duplicó a 7.1 por ciento entre las mujeres jóvenes.

Las drogas se han convertido en una de las amenazas más graves para la juventud mexicana, desde el año 2008 no se ha disminuido el consumo de drogas legales e ilegales, por lo contrario, las adicciones en México se incrementaron en la población adolescente y joven, el 42.9 por ciento del total de esta población ha consumido alcohol; el 12.3 por ciento son fumadoras y fumadores.

En términos generales, las cifras y porcentajes que arroja la última Encuesta Nacional de Adicciones 2011, revelan dos necesidades urgentes que se deben atender desde el poder legislativo:

La modificación de la estrategia nacional para el combate y prevención de las adicciones en México, que durante los últimos diez años no ha dado resultados positivos y que por lo contrario, ha derivado en el incremento del uso de drogas no solo entre la población adulta, sino de manera alarmante, entre la población joven que se encuentra entre los 12 y 29 años.

A la par de una nueva estrategia de prevención contra las adicciones, se hace evidente la necesidad de identificar a las y los jóvenes del país como un segmento de la población con alto riesgo de caer en algún tipo de adicción, ya sea de sustancias legales como el tabaco y el alcohol, o ilegales como lo son la mariguana y la cocaína. El poder legislativo debe contribuir con todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que adolescentes y jóvenes entre 12 y 17 años, inicien con la destrucción de su vida por el consumo de drogas.

Es por ello que se propone reformar los artículos 185, fracciones II y III, y 191, fracción II, para que a través del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, así como del programa contra la farmacodependencia, a cargo del Consejo Nacional Contra las Adicciones, contemple la educación de las y los jóvenes, como método de prevención para el consumo de drogas.

Por lo expuesto y fundado, la suscrita, diputada federal Crystal Tovar Aragón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 185, fracciones II y III, y el artículo 191, fracción II, de la Ley General de Salud

Primero. Se reforma el artículo 185, fracciones II y III, para quedar como sigue:

Artículo 185. ...

I. ...

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, jóvenes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población que se encuentren entre los 12 y 29 años, así como los considerados de alto riesgo.

Segundo. Se reforma el artículo 191, fracción II, para quedar como sigue:

Artículo 191. ...

I. ...

II. La educación sobre los efectos del uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia, así como sus consecuencias en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes y jóvenes; y

III. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2013.— Diputados: Crystal Tovar Aragón, Claudia Elena Águila Torres, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Arturo Cruz Ramírez, Ramón Montalvo Hernández, Mario Miguel Carrillo Huerta, Teresita de Jesús Borges Pasos, José Valentín Maldonado Salgado, José Luis Esquivel Zalpa, Salvador Arellano Guzmán (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El diputado Luis Miguel Ramírez Romero: Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidenta. Estimados compañeros, en el mes de enero fuimos invitados al estado de Baja California y ahí, en Tijuana, tuvimos la oportunidad de convivir con agrupaciones sociales que se dedican a ayudar a las personas con discapacidad.

Ahí nos enteramos y conocimos una realidad que están viviendo muchos mexicanos que tienen familiares con discapacidad y seguramente muchos de ustedes, sobre todo los diputados del norte del país viven y palpan con mayor dificultad o realidad esta situación.

Muchas personas que tienen discapacidad mental o discapacidad física requieren de aparatos eléctricos para poder subsistir, a veces son respiradores o productores de oxígeno para poder respirar. Estas personas si son de escasos recursos no tienen para poder pagar a veces la energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad, si no pagan la energía eléctrica, simplemente les suspende el suministro de energía, con lo cual pueden provocar en muchos casos la muerte de estas personas, que por su misma discapacidad no tienen la oportunidad de poderse defender.

Ante esta situación y ante los planteamientos hechos a los diputados de Acción Nacional, queremos compartirles a todos ustedes esta iniciativa.

Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada por ley para fijar las tarifas, los diputados de Acción Nacional solicitamos que en atención a la realidad social y a la realidad económica de nuestro país, y con la participación de la Comisión Reguladora de Energía, sean a quienes se les encomienda de manera escrita y precisa la elaboración de propuestas que debieran ser participadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en un trabajo conjunto, atendiendo a las necesidades y a la realidad socioeconómica que impera en la ciudadanía, se puedan establecer mejores criterios, loables, en apoyo a la atención de aquellas familias de escasos recursos, que tengan uno o varios integrantes con diferentes discapacidades.

Esto con la finalidad de dar un servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo los lugares con demanda y escasos recursos. Asimismo exigir al Estado que este sea un servicio que esté subsidiado para las familias que se encargan de personas con capacidades diferentes, que requieran de aparatos de los cuales depende su vida. En ocasiones y por falta de recursos a estas personas se les ha afectado con el corte del suministro eléctrico, por lo que su vida corre peligro.

Es necesario fomentar una política solidaria en apoyo a los sectores más desprotegidos para establecer y garantizar condiciones que aumenten sus posibilidades de desarrollo.

De acuerdo con la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, presentada en el 2001, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales, que al interactuar con distintos ambientes en el entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a los demás. Al año 2010 las personas que presentan algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es actualmente la dependencia encargada de establecer y revisar las tarifas para el suministro y la venta de energía eléctrica, con la participación de otras dependencias competentes. Esta situación provoca que las tarifas sean fijadas conforme a criterios recaudatorios, antes de tomar en cuenta las condiciones sociales y económicas de las familias mexicanas.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición. Decreto por el que se reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.

Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión Reguladora de Energía, deberán fijar las tarifas especiales, ajustes, reembolsos o subsidios necesarios en atención y demanda a las personas con capacidades diferentes de escasos recursos, para proveer el consumo de energía para el manejo de aparatos especiales de forma ininterrumpida.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Reguladora de Energía contarán con un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar los decretos correspondientes y fijar las tarifas correspondientes a las personas con discapacidad.

Agradezco a los diputados que se han adherido de antemano a esta iniciativa. Estoy seguro que quienes han vivido o viven los calores y los fríos que se viven en el norte del país y quienes tienen un familiar con discapacidad o que depende de un aparato eléctrico para poder vivir comprenderán esta iniciativa. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito Luis Miguel Ramírez Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados a la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad constitucional conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; y 5, 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos meses las tarifas eléctricas registraron un aumento, de acuerdo con cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra es inferior al 4.60% alcanzado durante octubre, aunque superior al objetivo de inflación del Banco de México de 3% +/- un punto porcentual.

El índice de precios subyacente, que elimina artículos con alta volatilidad como la energía y los alimentos, avanzó 0.18% en el periodo, cifra inferior al 0.25% registrada en el mismo lapso de 2011.

Los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron 4.68% ante el fin de los subsidios a la energía eléctrica en 10 ciudades del país; el precio de la electricidad aumentó 22.29% en el 2012.

Además, si de verdad el Estado tiene que compartir la responsabilidad de la generación eléctrica y disminuir sus costos en subsidio, una forma viable podría ser la autogeneración de electricidad para consumo doméstico, mediante la implementación de una política que fomente el aprovechamiento de energía.

Es necesario desarrollar políticas integrales en materia de energía, específicamente en los estados y municipios, como una condición indispensable para poder aprovechar cabalmente todas las oportunidades de ahorro de energía.

Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito público es la encargada por ley para fijar las tarifas, los Diputados de Acción Nacional solicitamos que en atención a la realidad social y a la realidad económica en nuestro país y con la participación de la Comisión Reguladora de Energía, serán quienes se les encomiende de manera escrita y precisa, la elaboración de propuestas que debieran ser participadas a la Secretaría de Hacienda, para que en un trabajo en conjunto y atendiendo las necesidades y la realidad socioeconómica que impera en nuestra ciudadanía, se pudieran establecer mejores criterios loables en apoyo a la atención de aquellas familias de escasos recurso que tengan uno o varios integrantes con discapacidad diferentes.

Esto con la finalidad de dar un servicio público de abastecimiento de energía eléctrica comprendiendo los lugares con demanda y de escasos recursos, así mismo exigir al estado que este sea un servicio que este subsidiado para las familias que se encargan de personas con capacidades diferentes, que requieran aparatos de los cuales depende su vida, en ocasiones y por falta de recursos a estas personas se les ha afectado con el corte del suministro eléctrico, por lo que su vida corre peligro.

Es necesario fomentar una política solidaria de apoyo a los sectores más desprotegidos para establecer y garantizar condiciones que aumenten sus posibilidades de desarrollo.

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.

Al año 2010, las personas que presentan algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa el 5.1% de la población total.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es actualmente la dependencia encargada de establecer y revisar las tarifas para el suministro y la venta de energía eléctrica, con la participación de otras dependencias competentes. Esta situación provoca que las tarifas sean fijadas conforme a criterios recaudatorios, antes de tomar en cuenta las condiciones sociales y económicas de las familias Mexicanas.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de este H. Asamblea la presente proposición:

Decreto por el que se reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Único. Se adiciona un tercer párrafo del artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como la Comisión Reguladora de Energía deberán fijar las tarifas especiales, ajustes, reembolso ó subsidios necesarios, en atención y demanda de las personas con Discapacidades Diferentes de escasos recursos para proveer el consumo de energía para el manejo de aparatos especiales de forma ininterrumpida.

Transitorios

Primero: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Reguladora de Energía contará con un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar los procedimientos correspondientes y fijar las tarifas correspondientes a las personas con discapacidad.

Dado en el Palacio Legislativo, San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.— Diputados: Luis Miguel Ramírez Romero, Faustino Félix Chávez, Marco Antonio González Valdez, Issa Salomón Juan Marcos, Erick Marte Rivera Villanueva, Alicia Concepción Ricalde Magaña, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Ricardo Anaya Cortés (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Energía, para su dictamen.

DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Diputada Paloma Villaseñor, sonido por favor, ¿con qué objeto?

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas (desde la curul): Presidenta, para comentarle a usted y a la asamblea que celebro que el día de hoy varios diputados han presentado iniciativas a favor de las personas con discapacidad.

Comentarle que el día de hoy, 21 de marzo, además de conmemorar el natalicio del presidente Benito Juárez y la llegada de la primavera, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, decretado por la ONU en el 2011.

Que no pase este día, presidenta, sin que esta Cámara lo mencione y se comprometa a luchar por las medidas necesarias en su beneficio, así como a tomar conciencia respecto a sus derechos, su inclusión y bienestar de las personas que tienen síndrome de down. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada, por la información.

LEY AGRARIA

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Blas Ramón Rubio Lara para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Blas Ramón Rubio Lara: Con su permiso, compañera presidenta. Con permiso, compañeros diputados y diputadas. Los suscritos diputados de la fracción del PRI de Sinaloa, por mi conducto, presentamos ante ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria, en relación a la administración de la parcela escolar y su protección jurídica.

Creo, compañeras diputadas y compañeros diputados, todos los que estamos aquí conocemos en qué condiciones se encuentran todas las escuelas en las comunidades rurales. Algunas son ejemplo en cuanto a su infraestructura en las condiciones en las que se encuentran, pero la gran mayoría de ellas están en muy malas condiciones.

Nuestras escuelas, más de 31 mil escuelas rurales, cuentan con un gran patrimonio que es la parcela escolar, y esta iniciativa va en ese sentido, de hacer mejor uso de los recursos que aportan esas parcelas para rehabilitar nuestras escuelas.

La parcela escolar es una institución histórica del derecho agrario mexicano. Solo a modo de ejemplo, durante el periodo constitucional, iniciado en 1917, estuvo regulada entre otros ordenamientos por los artículos 145, 146 y 147 del Código Agrario de 1940. Actualmente está regida por el artículo 70 de la vigente Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de febrero de 1992, siendo omisa en cuanto a la aplicación de los productos generados por la parcela escolar.

A juicio del suscrito el tema de la administración de la parcela escolar por su importancia debe de ser regulada en la ley y conferir tal administración al comisariado ejidal, que es el representante legal y apoderado del núcleo de población.

En el país actualmente existen 32 mil 201 ejidos y comunidades, hay comunidades que cuentan con dos parcelas escolares, primarias y secundarias, y podría haber escuelas que no tengan.

Por lo anterior y conforme a las consideraciones expuestas, presento a ustedes iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 70 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo único. Se reforma el primer párrafo y se adicionan cuatro párrafos al artículo 70 de la Ley Agraria, para quedar redactado como sigue:

Artículo 70. En cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, productividad, enseñanza y divulgación de las prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido.

La propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar corresponden al ejido y será administrada por el presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, quienes podrán contratar los créditos respectivos y otorgar en garantía el usufructo parcelario, sin requerir acuerdo previo de la asamblea a la que informarán anualmente.

El 80 por ciento de los productos, utilidades líquidas e ingresos que genere la parcela, se destinarán a través del comisariado ejidal a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de que se trate, así como a la adquisición de mobiliario y equipo escolar para los alumnos, y el 20 por ciento restante —si lo hubiere— lo distribuirán entre los maestros del plantel.

No podrá adoptarse el dominio pleno de la parcela escolar, salvo en el supuesto previsto por el artículo 29 de esta ley. Por reglamento general tampoco podrán enajenarse los derechos parcelarios de la misma; sin embargo, previo cambio de destino podrán permutarse por acuerdo de asamblea. El contrato de permuta se celebrará con el ejidatario, posesionario o avecindado del ejido que determine la asamblea.

Preferentemente la asamblea escolar será explotada directamente por el ejido. No obstante ello, por acuerdo de la asamblea podrá aportarse el usufructo a todo tipo de sociedades, darse en arrendamiento, usufructo oneroso o asociación en participación. Dichos contratos tendrán una duración máxima de tres años.

Las asambleas para autorizar, permutar la parcela y los contratos a que se refiere el párrafo anterior, se celebrarán con formalidades simples.

En todos los contratos, actos y trámites previstos por ésta u otras leyes y los que sean parte del ejido, incluyendo los señalados en este artículo, se tendrá por acreditada la existencia y personalidad del núcleo de población mediante la documentación agraria y la representación del comisariado ejidal con el acta de asamblea en la que fue electo, inscrita en el Registro Agrario Nacional. Lo no previsto en este artículo se regirá por el reglamento interno del ejido o por los acuerdos de la asamblea respectivos.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, compañera presidenta, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Blas Ramón Rubio Lara y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados Heriberto Galindo Quiñones, Blas Ramón Rubio Lara, Román Alfredo Padilla Fierro, Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Jesús Antonio Valdez, Sergio Torres Félix y Raúl Santos Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Sinaloa de la LXVII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 1 del artículo 6, así como en los artículos 77, 78 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por que se reforma el artículo 70 de la Ley Agraria.

Exposición de Motivos

I. La parcela escolar es una institución histórica del derecho agrario mexicano. Sólo a modo de ejemplo, durante el periodo constitucional iniciado en 1917, estuvo regulada, entre otros ordenamientos, por los artículos 145, 146 y 147 del Código Agrario de 1940, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de octubre de 1940, así como en los artículos 185 y 186 del Código Agrario de 1943, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1943 y en los artículos 101 y 102 de la Ley Federal de Reforma Agraria publicada en el Diario Oficial de la Federación del 16 de abril de 1971. Actualmente, está regida por el art. 70 de la vigente Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de febrero de 1992. En el país actualmente existen 31 mil 201 ejidos y comunidades, hay comunidades que cuentan con dos parcelas escolares (primarias y secundarias) y podría haber escuelas que no tengan.

II. Son 7 los temas torales que interesa regular en ley de la parcela escolar: a) La obligación o no de crearla; b) Su administración, que debe implicar la posibilidad de gravar el usufructo en los créditos que se contraten; c) El destino de la parcela (actividades a que se dedicará y destino de las utilidades); d) La pertinencia de prohibir la adopción del dominio pleno de la parcela escolar; e) La prohibición de enajenar los derechos parcelarios de la misma, salvo mediante permuta; y f) La posibilidad de transmitir su uso o explotación.

III. Obligatoriedad o no de crear, parcela escolar:

Los códigos y leyes agrarias aludidas han discrepado sobre la obligatoriedad o no de crear la parcela escolar en cada ejido: mientras que el artículo 70 de la vigente Ley Agraria considera opcional, crear o no la parcela ejidal; en cambio, la Ley Federal de Reforma Agraria, en su artículo 101, establecía de modo imperativo, al igual que el Código Agrario 1940, la obligatoriedad de crearla. Por su parte, el Código Agrario de 1943 establecía la obligación condicional de que “se procurará” que exista parcela escolar. Por lo tanto, a nivel de Ley, sí está y ha estado siempre regulado el tópico sobre la obligatoriedad o no de crear la parcela escolar.

Al respecto la Iniciativa propone conservar como un derecho, opcional, para el ejido, crear o no la parcela escolar, como lo previene el art. 70 de la Ley Agraria vigente.

IV. Destino de la parcela escolar:

Debe distinguirse: IV.1. Actividades a que se dedicará; y IV. II. Aplicación o destino de los recursos o utilidades o productos que se generen.

IV.1. Actividades de la parcela escolar:

Respecto a las actividades a que debe dedicarse la parcela escolar, todos los ordenamientos agrarios invocados, con distintas redacciones, coinciden en establecer, de manera general, como lo hace el artículo 70 de la Ley Agraria en vigor, que la parcela escolar se destinará a la enseñanza, investigación y difusión de las prácticas agrícolas; lo cual la Iniciativa propone conservar.

IV.II. Destino de las utilidades o productos de la parcela escolar:

En cambio, respecto a la aplicación o destino que debía darse a los productos (ó utilidades), los Códigos Agrarios de 1940 y 1943 fueron omisos al respecto y sólo se concretaron a remitir al reglamento que se expidiera, mismos que nunca se expidieron. Por su parte, la Ley Federal de reforma agraria, aunque de manera muy general, sí señaló que “...la distribución de los productos que se obtengan de las parcelas escolares... se destinarán preferentemente a satisfacer las necesidades de la escuela y a impulsar la agricultura del propio ejido” (artículo 102), sin embargo esta ley al igual que los códigos agrarios, incurrió en la misma desafortunada fórmula de remitir al reglamento que dictaría  la Secretaría de la Reforma  Agraria, cuyos reglamentos nunca se expidieron.

Al igual que los 2 citados Códigos Agrarios, la vigente Ley Agraria de 1992 es omisa en cuanto a la aplicación de los productos generados  por la parcela escolar, pues el artículo 70 remite al reglamento interno del ejido sobre el “uso de la parcela escolar”. Sin embargo, por una parte, no todos los ejidos cuentan con Reglamento Interno y aquellos que sí lo tienen no regulan lo relativo a la aplicación ó destino de tales productos o utilidades, como se advierte del capítulo cuarto, artículos 103 a 106 del “Anteproyecto Básico del Reglamento Interno del Ejido”, elaborado por la entonces denominada Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) hoy Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, Procuraduría Agraria (PA) e Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), conforme al cual los ejidos aprobaron su reglamento interno.

Por ello, la Iniciativa considera que debemos retomar el artículo 102 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, para, de manera más específica y detallada, incorporar en el artículo 70 de la Ley Agraria que el 80 por ciento de los productos o utilidades de la parcela escolar se destinará al beneficio de la escuela; a mejorar sus instalaciones, a su conservación y mantenimiento, así como a la adquisición de mobiliario y equipo escolar, en beneficio de los alumnos (escritorios, pupitres, de algunos mesabancos, mesas binarias, abanicos, etc.), pues resulta vergonzoso el estado deprimente y de abandono de las escuelas rurales públicas: fachadas, interiores y baños estén sin pintar, sin pisos, ventanales rotos y mobiliario desvencijado e inservible.

El 20 por ciento restante, si lo hubiere, se propone se entregue al director y a los maestros de la escuela, como apoyo a su relevante tarea que desempeñan.

De esta forma, consideramos que esta ley relevaría a la asamblea de la responsabilidad de determinar el monto de lo que corresponderá a las inversiones en la escuela y lo que se asignaría al director y maestros, lo cual evitará los posibles conflictos al comisariado ejidal.

V. Administración de la parcela escolar:

Ninguno de los códigos y leyes agrarios, incluyendo la vigente de 1992, han regulado, a nivel de ley, la administración de la parcela escolar, es decir, quién o quiénes deben administrarla y siempre han remitido a lo que dispusieran los reglamentos respectivos que al efecto se expidieran, los cuales, como ya lo expresamos, nunca se expidieron.

El artículo 70 de la vigente Ley Agraria de 1992, dispone “...el reglamento interno del ejido normará el uso de la parcela escolar”. Esta fórmula, además de su vaguedad, relega a nivel de reglamento y no de la ley, diversos tópicos básicos de la parcela escolar. No omitimos reiterar que muchísimos ejidos no han expedido su reglamento interno y entre éstos principalmente el gran número de núcleos que, por imposibilidad legal o rechazo, no han sido certificados, los cuales, por lo mismo, tampoco están en posibilidad de expedirlo.

Por su parte, el citado “anteproyecto básico del reglamento interno del ejido”, dice:

Artículo 105. La parcela escolar estará a cargo de un Comité integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y sus respectivos suplentes, los cuales serán electos de entre los ejidatarios, en una asamblea que al efecto se celebre, debiendo levantarse el acta correspondiente.

A juicio de los suscritos, el tema de la administración de la parcela escolar, por su importancia, debe ser regulado en la ley y conferir tal administración al comisariado ejidal que es el representante legal y apoderado del núcleo de población conforme a los arts. 32 y 33 de la Ley Agraria.

VI. En síntesis, por su profundo raigambre histórico, debe preservarse en la Ley Agraria el derecho u opción del ejido, a destinar tierras a la creación de la parcela escolar y conservar igualmente la prevención de que ésta se dedicará a la investigación, enseñanza y divulgación de las prácticas agrícolas, como lo prevé el vigente artículo 70 de la Ley Agraria de 1992.

Sin embargo, también consideramos que, por su trascendencia social, debe ser en la Ley, y no en el reglamento interno del ejido, donde se regulen el destino o aplicación de las utilidades o productos que genere la parcela escolar, estableciendo que el 80 por ciento tendrá como destino preferente la mejoría, mantenimiento y conservación de los edificios escolares, así como su equipamiento y mobiliario, sin perjuicio de, en su caso y los maestros del plantel el 20 por ciento restante, siempre y cuando hubieren desempeñado su labor educativa con dedicación y esmero y enseñado a los alumnos las prácticas agrícolas básicas en la parcela escolar.

También en ley debe regularse la administración de la parcela escolar, para, con la fuerza de la norma legal, definir de una vez por todas, que el legítimo administrador es y debe ser el comisariado ejidal. Por ello, la Iniciativa propone facultar al comisariado ejidal para que contrate los créditos respectivos y otorgue en garantía el usufructo de la parcela ejidal, sin necesidad de autorización previa de la asamblea, a la que deberá informar de ello.

VII. No obstante que, conforme a la presente Iniciativa, de preferencia, la parcela escolar deberá ser explotada directamente por el ejido, a través del comisariado, creemos conveniente dejar abierta la posibilidad de que, si la asamblea general del ejido considera más viable explotarla aportando el usufructo a cualquier tipo de sociedad o bajo cualquier contrato traslativo de uso, tales como el arrendamiento, usufructo oneroso, asociación en participación, mediería o cualquier mecanismo asociativo, pueda hacerlo, a condición de que quien la explote deberá permitir la práctica y enseñanza agrícola a los alumnos de la escuela de que se trate y de que la duración de tales contratos no será mayor a 3 años que es el período de duración de la administración del comisariado ejidal.

VIII. Por otra parte, la Iniciativa propone, como regla general, prohibir enajenar los derechos parcelarios de dicha parcela. Sin embargo, también propone, como excepción, que podrá permutarse cuando la asamblea lo estime conveniente para el ejido, no obstante lo cual el núcleo agrario conserva la propiedad tanto de la parcela escolar que da en permuta, como la parcela que reciba a cambio quedando ésta destinada a la parcela ejidal escolar. Esta última propuesta, que presupone que previamente la diversa asamblea a que se refiere el artículo 23, fracción X deberá autorizar el cambio de destino respectivo de dicha parcela, parte de la realidad agraria recurrente de que algunos ejidos en ocasiones requieren efectuar este tipo de permutas y el marco jurídico actual no lo resuelve.

En cambio, la iniciativa propone prohibir, en términos absolutos, la adopción del dominio pleno de la parcela escolar, a fin de evitar se desincorpore del régimen ejidal, por la importancia social y educativa que históricamente representa esta parcela.

IX. Finalmente, no sólo para los contratos y actos que respecto de la parcela escolar celebre el comisariado ejidal, sino en general para todo tipo de operaciones, la Iniciativa propone establecer con precisión que para acreditar la  existencia  del  ejido  y  la personalidad del comisariado, bastarán los documentos agrarios del núcleo ejidal y el acta de asamblea de elección del comisariado. Las facultades para celebrar los contratos por el comisariado, se regirán por lo dispuesto en esta Ley y por el acuerdo de asamblea cuando la Ley exija ese requisito.

Por lo anterior y conforme a las consideraciones expuestas, me permito someter a la levada consideración de esa honorable legislatura la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 70 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo y se adicionan cuatro párrafos al artículo 70 de la Ley Agraria, para quedar redactado como sigue:

Artículo 70.En cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido.

La propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar, corresponden al ejido y será administrada por el presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, actuando conjuntamente, quienes podrán contratar los créditos respectivos y otorgar en garantía el usufructo parcelario, sin requerir acuerdo previo de la asamblea a la cual informarán anualmente.

El ochenta por ciento de los productos, utilidades líquidas e ingresos que genere la parcela, se destinarán a través del comisariado, a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de que se trate, así como a la adquisición de mobiliario y equipo escolar para los alumnos, y el veinte por ciento restante, si lo hubiere, lo distribuirá entre los maestros del plantel.

No podrá adoptarse el dominio pleno de la parcela escolar, salvo en el supuesto previsto por el artículo 29 de esta Ley. Por regla general, tampoco podrán enajenarse los derechos parcelarios de la misma, sin embargo, previo cambio de destino, podrán permutarse, por acuerdo de asamblea. El contrato de permuta se celebrará con el ejidatario, posesionario o avecindado del ejido que determine la asamblea, se otorgará por escrito, sin intervención de testigos, ni notificar, ni renunciar el derecho del tanto que señala el artículo 80 de esta Ley y será ratificado ante notario. El Registro Agrario Nacional cancelará los certificados parcelarios de los permutantes y les expedirá los nuevos certificados parcelarios. El certificado que se expida a favor del ejido deberá especificar que la tierra estará destinada a la parcela escolar.

Preferentemente, la parcela escolar será explotada directamente por el ejido, no obstante ello, por acuerdo de la asamblea, podrá aportarse el usufructo a todo tipo de sociedades,  darse en arrendamiento, usufructo oneroso, aparcería, asociación en participación o cualquier contrato traslativo de uso. Dichos contratos tendrán una duración máxima de tres años, excepto la aportación a sociedades y para su validez y subsistencia establecerán que quien la reciba deberá permitir que los alumnos efectúen sus prácticas agrícolas.

Las asambleas para autorizar permutar la parcela, y los contratos a que se refiere el párrafo anterior, se celebrarán con formalidades simples.

En todos los contratos, actos y trámites previstos por esta u otras leyes, en los que sea parte el ejido, incluyendo los señalados en este artículo, se tendrá por acreditada la existencia y personalidad de núcleo de población, mediante la documentación agraria del ejido y la representación del comisariado con el acta de asamblea en la que fue electo, inscrita en Registro Agrario Nacional. Cuando se requiera facultad especial de la asamblea, deberá exhibirse el acta respectiva.

Lo no previsto en este artículo, se regirá por el reglamento interno del ejido o por los acuerdos de la asamblea respectivos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2013. — Diputados: Heriberto M. Galindo Quiñones, Blas Ramón Rubio Lara, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Sergio Torres Félix, Jesús Antonio Valdez Palazuelos, Román Alfredo Padilla Fierro, Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

LEY AGRARIA

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Agraria.

La diputada Martha Berenice Álvarez Tovar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las mujeres del campo mexicano a lo largo de la historia han tenido una participación preponderante en diferentes ámbitos del desarrollo rural del país; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado valorar en su justa dimensión su verdadera aportación, quedando solo en un segundo plano.

La historia contemporánea y la Ley Agraria vigente muestran que los derechos agrarios de las mujeres no han tenido ese avance necesario, porque si bien la ley reconoce a las mujeres en su calidad de ejidatarias, no las visibiliza de manera directa. La ley no entrevé a las mujeres como iguales ni en el lenguaje ni en el contexto.

No exponemos este tema como una cuestión de boga, sino como una necesidad de alentar un cambio de fondo. Por ejemplo, se sabe que las mujeres, quienes ante la migración asumen de manera forzada un rol de proveedora para la familia, ocupan un rol de productora, de gestora y como defensora de la tierra.

Es necesario adecuar la Ley Agraria para contrarrestar por un lado, el despojo, la discriminación de las mujeres en el medio rural. Pero sobre todo, para brindarles esa oportunidad, en la mayoría de los casos negada.

En el informe de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995, se expuso que la pobreza de la mujer está directamente relacionada con la ausencia de oportunidades y con la mínima participación en el proceso de adopción de decisiones.

Resulta de vital importancia que exista una mayor vinculación de las mujeres en la vida de los núcleos de población ejidal, lo cual en muchas ocasiones resulta imposible para ellas.

La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones, no solo es una exigencia básica de justicia o democracia, sino constituye una condición necesaria para que se tenga en cuenta sus intereses.

Sin su participación y la incorporación de su punto de vista en todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se podrá conseguir el objetivo primordial, que es un desarrollo conjunto.

Una de las reflexiones presentadas en El avance político de las mujeres... en la mira, publicadas por el Instituto Nacional de las Mujeres, expone que el objetivo, más allá de que las mujeres y hombres sean iguales, es conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida.

Uno de los mayores obstáculos para el logro y consolidación de esta superior ha sido sin lugar a dudas la disparidad existente en el acceso de las mujeres a la participación política, así como la toma de decisiones.

En el año 2010, la Secretaría de Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, reconoció que el papel de la mujer en el campo cobraba cada vez más relevancia en el liderazgo y la toma de decisiones al interior de los ejidos y comunidades, contabilizando 38 mil 743 mujeres que ocupan cargos directos como titulares o suplentes en los órganos de representación y vigilancia en núcleos agrarios.

Una publicación de la Procuraduría Agraria expone que del total de titulares con derechos ejidales en México, el 19.8 corresponde a mujeres ejidatarias con derechos sobre la propiedad de la tierra.

Aun cuando no hay cifras exactas al respecto, la Procuraduría Agraria menciona que son 476 mil 579 mujeres con calidad agraria de ejidatarias; entonces, si se consideran los datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sobre las 38 mil 743 mujeres que ocupan cargos directivos, solo el 8.5 por ciento de mujeres tienen participación en los órganos de los ejidos.

Es necesario impulsar una nueva dinámica social que fortalezca un desarrollo participativo gradual dentro de los ejidos y comunidades, promoviendo un crecimiento, sostenibilidad y mayor cohesión social.

En consecuencia, se considera que con la reforma propuesta se promoverá una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones dentro de las autoridades u órganos de los ejidos o comunidades.

En mérito de lo expuesto y suscrito, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Agraria, para quedar de la siguiente manera.

Artículo 37. Para el caso de existir una o varias mujeres dentro del núcleo de población ejidal, se procurará que al menos una de las candidaturas a puestos de elección que integra el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán ser ocupadas por una mujer, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintos. Para las comisiones y secretarías auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal se procurará la integración de las mujeres.

Por último, solicito atentamente a la Presidencia que se publique íntegramente la presente participación en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por Michoacán, en la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, para reformar el artículo 37 de la Ley Agraria, adicionándole un segundo párrafo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La participación de la población femenina en el medio rural ha jugado y juega un papel importante en el desarrollo de los grupos domésticos y de la comunidad, sin embargo, el escenario al que se enfrentan social y económicamente ha inhibido su reconocimiento yjusto valor al que son acreedoras. La mayoría no reciben remuneración por el trabajo que realizan. Incluso, el trabajo que reportan como actividad económica les genera pagos por debajo del estimado para los varones, por ello se dice que las mujeres rurales son discriminadas en cuanto a los ingresos que perciben y sobreexplotadas en términos del tiempo y trabajo que realizan.

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en su estudio legislativo de la Cámara de Diputados sobre el marco jurídico en materia agraria desde la perspectiva de género expone que la mujer rural, en un alto porcentaje se caracteriza por vivir en la pobreza, en un grado de marginación ...y discriminación, los cuales provocan que no se beneficien del desarrollo económico, social, en educación, salud, vivienda, vestido, calzado y transporte, y que su capacidad para cubrirlas sea mínima e insuficiente.

La historia contemporánea y la Ley Agraria vigente, manifiestan que no se ha logrado un avance acorde en el tema de los derechos agrarios de las mujeres. Un tema evidente es el referente a la participación de la mujer dentro de los órganos del ejido, donde uno de los requerimientos es el expuesto en el artículo 12 de la mencionada legislación que en su letra dice: “Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de los derechos ejidales”.En la práctica esto impacta en gran medida el acceso de las mujeres a una igualdad sustantiva, lo que insta a que dentro de la redacción se regule, una mayor participación de las mujeres, lo que traería consigo presencia en la toma de decisiones, ejecución y cumplimiento de los acuerdos tomados.

Antecedentes

El reconocimiento de los derechos humanos –sociales, culturales, económicos y políticos— de las mujeres, ha tenido un proceso evolutivo; desde las primeras convenciones internacionales y la suscripción y ratificación de los instrumentos internacionales que emanaron de éstas. En estos instrumentos, se reconocen los derechos humanos de carácter socialde las mujeres, las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación. Los Estados tienen la obligación de tutelar esos derechos y garantizar que las mujeres tengan acceso pleno al goce y ejercicio de éstos.

México no ha sido la excepción en el progresivo reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, además de ser parte de las Convenciones y Tratados Internacionales, ha ido adecuando la legislación para alcanzar ese fin.

Históricamente, dos de las reformas más importantes en la materia fueron el reconocimiento del derecho de las mujeres a votar, en 1953, y la reforma del artículo 4o. constitucional, que actualmente prevé la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley.

En definitiva, en México, a partir del presente siglo, se han venido produciendo una serie de reformas legislativas y sociales, encaminadas a consolidar la plena igualdad entre mujeres y hombres, si bien los siglos de situaciones inequitativas sufridos han supuesto que hoy sigan produciéndose aspectos que evidencian las desigualdades diarias contra un sexo en beneficio del otro, en este caso ha sido el de las mujeres.

Hoy existe una legislación más “amplia” respecto al tema de igualdad entre hombres y mujeres, estos logros han sido resultado del interés y esfuerzo de diferentes sectores de la sociedad y autoridades, quienes han pugnado por un verdadero reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, en términos de igualdad, es necesario destacar que, sí bien se ha avanzado en el carácter formal para que la ley en su texto proteja a las mujeres sin distinción, aún queda mucho trabajo que hacer en el carácter sustantivo para modificar, las circunstancias que impiden a las mujeres, el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública.

No sólo es reformar o crear leyes por comodidad, es lograr consolidar una armonización que haga factible el desarrollo individual y comunitario que respete la dignidad humana.

En este sentido, la legislación en materia agraria ha sido modificada con el fin de reconocer los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, “conforme a las disposiciones que surgían a partir del artículo 27 constitucional, en 1929 en el decreto que reforma la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas en su artículo 15 establecía: tienen derecho a recibir parcela individual en un ejido, los varones solteros mayores de 16 años, los casados aún cuando sean menores de edad y las mujeres solteras o viudas que tengan familia a la cual sostengan”.

En el Código Agrario de 1934, el artículo 44 establecía que tenían derecho a recibir parcela individual en un ejido, quienes reunieran los siguientes requisitos:

a) Ser mexicano, barón mayor de 16 años si es soltero o de cualquier edad siendo casado, o mujer soltera o viuda si tiene familia a su cargo.

El Código de 1940 exceptuaba trabajar personalmente la tierra a las mujeres con familia a su cargo, incapacitadas por sus labores domésticas y la atención de los hijos menores que de ella dependieran. Aunque mantenía su titularidad y tenía la oportunidad de explotar la tierra a través de una tercera persona.

Posteriormente,el Código de 1942 reitera como capacidad agraria, el ser mexicano por nacimiento, varón mayor de 16 años si es soltero o a cualquier edad si es casado o mujeres soltera o viuda si tiene familia a su cargo. También a la mujer campesina se le adjudicaba la parcela por sanción y en algunos casos el producto de la parcela se dedicaba al sostenimiento del grupo familiar que económicamente dependía del adjudicatario.

Las limitantes para la mujer, era que si se casaba, perdía el derecho a adquirir y conservar la parcela, es decir, el cambio de estado civil la perjudicaba.

En comparación con los anteriores criterios, actualmente la Ley Agraria reconoce plenos derechos a la mujer sobre la propiedad de la tierra, su explotación y, por consecuencia, su desarrollo económico, sin más requisitos que los establecidos por los artículos 12, 15 y 16 de la Ley Agraria; sin embrago, el enfoque de las reformas se ha reducido a un solo tema: la propiedad de la tierra; dejando con un carácter ambiguo y sin regulación, la seguridad de una mayor participación de la mujer dentro de los órganos del ejido.

En relación con esto, en el Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995, se afirma: “La pobreza de la mujer está directamente relacionada con la ausencia de oportunidades (...), y con su mínima participación en el proceso de adopción de decisiones”.

A su vez y de acuerdo con la ONU, la “igualdad entre los géneros implica igualdad en todos los niveles de la educación y en todos los ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una representación igual en la vida pública y política”.

Una de las reflexiones presentadas en el “Avance político de las mujeres...en la mira”, publicadas en el Instituto Nacional de las Mujeres expone que el objetivo más allá de que mujeres y hombres sean iguales, es conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida.

Uno de los mayores obstáculos para el logro y consolidación de esta superior, ha sido sin lugar a duda, la disparidad existente en el acceso de las mujeres a la participación política, así como en la toma de decisiones públicas.

Estadísticas del Registro Agrario Nacional indican que en el país existen 31 mil 608 núcleos agrarios, que integran una superficie de 103.5 millones de hectáreas, equivalentes a más de la mitad del territorio nacional.

Además, en México hay 5 millones 304 mil 195 sujetos agrarios, de los que 1 millón 369 mil 104 son mujeres ejidatarias o comuneras, 25.9 por ciento, y 3 millones 935 mil 91 hombres, 74.1. A su vez, las mujeres con más de 50 años son la población con mayores derechos agrarios.

“De acuerdo con el Censo Nacional de Órganos de Representación y Vigilancia, realizado por la Procuraduría Agraria en 2010, 899 mujeres son presidentas de los comisariados ejidales o de bienes comunales; 3 mil 114 tienen un puesto como secretarias en sus órganos de representación y 4 mil 319 son tesoreras. Asimismo, 9 mil 898 se desempeñan como suplentes de alguno de estos tres cargos. Existen 922 presidentas de los Consejos de Vigilancia de núcleos agrarios; tres mil 325 ostentan el cargo de primera secretaria, 4 mil 254 el de segunda secretaria y 12 mil 12 mujeres se desempeñan como suplentes en dichos consejos.

Datos obtenidos del Programa Sectorial Agrario 2001-2006 en comparación con los anteriormente citados y aun cuando no son datos tan actualizados, en 2001 había 649 presidentas de comisariado ejidal, mil 570 secretarias y 2 mil 322 tesoreras.

Se observa que se ha incrementado gradualmente la participación de la mujer dentro de las autoridades u órganos de los ejidos o comunidades, no obstante es de destacarse que en proporción con el un millón 369 mil 104 de mujeres ejidatarias o comuneras y a los datos obtenidos del Censo Nacional de Órganos de Representación y Vigilancia publicados en el 2010, sólo hay 2.83 por ciento de participación de la mujeres en los órganos citados.

Las entidades con mayor participación femenil en cargos de los órganos de representación son Veracruz, con 5 mil 365 mujeres, ya sea como propietarias de los cargos o como suplentes; Chiapas, con 3 mil 470; Tamaulipas, con 2 mil 659; Guanajuato, con 2 mil 406; y Michoacán, con 2 mil 158.

En tanto, los estados con menor presencia femenil son Baja California Sur, con 113 mujeres; Quintana Roo, con 157; Aguascalientes, con 174; Yucatán, con 179; y Distrito Federal, con 220.

Todas las legislaciones como producto social, como principal fuente formal del derecho, están sujetas a un proceso renovador ineludible que la ajuste a las cambiantes condiciones sociales. Cuando ello no ocurre las leyes se vuelven obsoletas, dejando de cumplir su función de factor de bienestar social para convertirse en fuente e instrumento de problemas que afecten a la colectividad.

Veracruz, estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas cuentan con mayor número de habitantes con derechos agrarios. Además, según cifras del Coneval, esos estados tienen mayores índices de pobreza.

Otras cifras muestran que la tasa de participación económica femenina en 2011 fue de 41.8 por ciento. En las zonas rurales esta tasa fue de 29.7 por ciento. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2011, aproximadamente 2.6 millones de mujeres ocupadas viven en localidades rurales, y representan 15.5 por ciento de la población ocupada femenina nacional. De las mujeres ocupadas en localidades rurales 28.5 por ciento son comerciantes; 23 por ciento son trabajadoras industriales, artesanas o ayudantes; 20.9 por ciento son trabajadoras en servicios personales y 16.1 por ciento pertenece al grupo de trabajadoras agropecuarias, agricultoras, ganaderas, silvícolas o de caza y pesca.

De los proyectos productivos en los ejidos y las comunidades, 80 por ciento es operado por mujeres y tienen una sobrevivencia de 87 por ciento después de un año de haber sido puestos en marcha.

Innegablemente, el papel que la mujer juega hoy día en el sector agrario es fundamental, no sólo ha ido incrementado gradualmente su participación, sino que en términos de calidad, las mujeres han sabido desempeñarse y son sinónimo de confianza con respecto a proyectos económicos o al ocupar cargos de representación dentro de los núcleos agrarios.

Por tanto, la ley debe reformarse, garantizando plenamente que las mujeres –sin prejuicio alguno– tengan mayor acceso a ejercer los derechos que la legislación vigente les reconoce, creando un mecanismo en el cual no quede a interpretaciones que ocasionen menoscabo en los derechos de las mujeres ejidatarias, acto que, además, asegurará el incremento en la participación en la toma de decisiones, sin duda, influirá en el desarrollo económico del sector agrario.

Objeto de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto equilibrar en igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, estableciendo expresamente la necesidad de que las mujeres cuenten con una mayor participación en la toma de decisiones en las autoridades u órganos de los ejidos o comunidades, ampliando sus posibilidades y potencial de organización. El texto vigente de la Ley Agraria es omiso respecto a la igualdad que ha de observarse en la integración de los órganos en referencia.

Por lo expuesto, resulta de vital importancia mayor vinculación de las mujeres en la vida de los núcleos de población ejidal, lo cual en muchas ocasiones resulta imposible para ellas, toda vez que la interpretación de la ley vigente aunada a la importante amalgama de usos y costumbres, la convierte sólo en espectador, distanciándola directamente de un rol más operativo y de trascendencia.

Es necesario impulsar una nueva dinámica social que fortalezca un desarrollo participativo gradual dentro de los ejidos y comunidades, promoviendo un crecimiento, sostenibilidad y mayor cohesión social.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley Agraria

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Agraria, para quedar como sigue

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Artículo 4. Igualdad ante la ley. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974.)

2 Ruiz Carbonell, Ricardo. La evolución histórica de la igualdad entre mujeres y hombres en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, página 133.

3 Aldaba Marnay de León. Situación de la mujer campesina, Codhem [en línea]. Fecha de consulta: 8 de enero de 2013. Disponible en

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/35/p r/pr22.pdf

4 Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Fecha de consulta: 6 de marzo de 2013. Disponible en http://www.objetivosdelmilenio. com/ObjetivosDelMilenio.asp

5 Escobar Prieto, Abelardo. “Campo con futuro. Estadísticas”, en Estudios Agrarios, revista de la Procuraduría Agraria, número 48, agosto de 2011, página 184.

6 Comunicado de prensa número 66. Un millón 369 mil 104 mujeres son ejidatarias o comuneras, 13 de mayo de 2012, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [en línea]. Fecha de consulta: 10 de enero 2013. Disponible en

http://www.sra.gob.mx/sraweb/noticias/noticias-2012/mayo-2012/12 268/

7 Ídem.

8 Zárate Cruz, David. “Cobra papel de la mujer mayor relevancia en ejidos y comunidades rurales: SRA”, en Gaceta.mx [en línea]. Fecha de consulta: 18 de enero 2013. Disponible en

http://www.gaceta.mx/vnoticias.aspx?idnota=28061%20%20&balaz o=%20Cobra%20papel%20de%20la%20mujer%20mayor%20relevancia%20en%20ejidos%20y%20c omunidades%20rurales:%20SRA

9 Morfín Corona, Jaime Rafael (2006). Estudios Agrarios, revista de la Procuraduría Agraria, número 33, página 102.

10 Fuente: Registro Agrario Nacional: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/component/content/article/1344-un-millon-36 9-mil-104-mujeres-son-ejidatarias-o-comuneras-

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2013.— Diputados: Martha Berenice Álvarez Tovar, Ricardo Anaya Cortés, Ossiel Omar Niaves López, Salvador Arellano Guzmán (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de la Reforma Agraria, para dictamen.

LEY AGRARIA

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria.

La diputada Josefina García Hernández: Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Agraria.

En 1992 se reformaron el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria, con el objetivo de dar por terminada la distribución de tierras por la vía de la reforma agraria.

En la reforma se propuso generar una mayor flexibilidad en la tenencia de la tierra, para lo cual se ampliaron los derechos de los ejidatarios y de los comuneros para tomar decisiones sobre la forma de propiedad de sus terrenos y la libertad para asignar al sucesor de sus derechos agrarios.

Se trataba de promover un mercado de tierras que permitiera una reasignación más eficiente de la tierra, lo cual debiera dar incentivos a la inversión y, en el caso de la agricultura, permitiría unidades de producción más viables y, por tanto, incrementaría la productividad.

En este tenor, una vez terminada la distribución de tierras por la reforma agraria, en 1993 el gobierno federal inició un programa de certificación y regularización de ejidos y comunidades agrarias, conocido como Procede, con la finalidad de otorgar a los ejidatarios seguridad en la tenencia, al hacer valer las tierras ejidales y comunales y los derechos de cada sujeto agrario, al tiempo de promover la elaboración del reglamento interno de cada ejido, a fin de que se afianzara la autonomía y participación de cada núcleo en la organización interna y en la autonomía de decisiones, lo que en muchos casos dio como resultado un mejor manejo de los recursos de las tierras de uso común.

En noviembre de 2006 se cerró el programa con una cobertura de certificación de más del 90 por ciento de los núcleos agrarios del país y 63 por ciento de la superficie rústica total. Se consideró que todos los núcleos agrarios habían sido informados sobre el programa, y aquellos que no certificaron fueron porque rechazaron el programa o porque tenían problemas jurídicos sin resolver.

Como seguimiento al programa Procede, en 2006 se establecieron otros, como Formar (programa de Fomento al Desarrollo Agrario), que destina fondos para asistir en conflictos agrarios y en dado caso solventar acuerdos negociados entre las partes, y Fanar (Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularización), que utiliza fondos para asistencia técnica a ejidos y comunidades no certificados, que desean llevar a cabo la regularización posterior al Procede.

En este contexto, el pasado 6 de enero, el presidente de la República, en el marco del 98 aniversario de la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria, refirió la modificación de la que fue objeto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual la Secretaría de la Reforma Agraria se transformó en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

De acuerdo con los antecedentes y la actualidad del ordenamiento agrario, resulta evidente que solo un porcentaje mínimo es objeto de regularización. Hoy, el crecimiento de los centros urbanos genera una nueva dinámica con respecto a los predios de propiedad social, que hacen totalmente oportuna la nueva denominación de la anterior Secretaría de la Reforma Agraria y provocan áreas de oportunidad en pro de los municipios.

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y otorga facultades a los municipios en materia de planeación y de desarrollo urbano en el artículo 115. De igual forma, es importante subrayar que quien se encarga de la prestación de los servicios públicos son los municipios a través de los ayuntamientos, y que éstos en un gran porcentaje a nivel nacional cuentan con un sistema registral y catastral que necesita ser fortalecido.

Desde esta perspectiva, esta reforma tiene diversas repercusiones que pueden ser observadas como aprovechables para lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios rurales, cuyo desarrollo urbano se ha llevado a cabo sobre tierras de propiedad social, y que debido a esta situación han perdido su vocación productiva y son destinadas a la vivienda.

Esta realidad amerita la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y del Registro Agrario Nacional, ya que en algunos casos puede presentarse la terminación del régimen ejidal, con el correspondiente proceso legal que conlleva y que se traduce también en un cambio de uso de suelo, facultad de los ayuntamientos en conjunción con los estados, lo que puede traducirse en el aumento de recursos, al incrementarse la base contribuyente por concepto del impuesto predial, y en suma, puede entenderse como el incremento de la capacidad recaudadora de los municipios, con los beneficios que esto implica.

Lo anterior es así ya que al contar con el apoyo de la infraestructura, de la información actual y la que producirá la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, puede establecerse como una obligación de ésta y del Registro Agrario Nacional, al vincularse con los municipios para la transferencia de información registral y catastral, así como para coadyuvar con éstos para incorporar al desarrollo urbano las tierras que han perdido su vocación productiva y que de esta forma, con el trabajo de los ayuntamientos, se aumente su base contributiva y se multipliquen sus recursos.

En este entendido y aprovechando que la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bajo la perspectiva sistemática de nuestro orden jurídico, precisa de reformas a otros ordenamientos.

Mediante la presente iniciativa propongo la modificación a la Ley Agraria para incorporar como obligación de la citada Secretaría y del Registro Agrario Nacional, transferir la información catastral de las tierras de propiedad social que se hayan incorporado al desarrollo urbano de los municipios, para que éstos actualicen y fortalezcan su información catastral y registral, lo que permitirá mediante las acciones correspondientes generar mayores recursos para los municipios, que puedan ser destinados en los términos de la legislación vigente a la prestación de más y mejores servicios. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Josefina García Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con las facultades que confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 5, 6, 65, 76, 77, 78 y 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 66; y adiciona un tercer párrafo al artículo 82, uno tercero al artículo 87 y uno segundo al artículo 149, así como la fracción VI al artículo 155, de la Ley Agraria, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El año de 1992 representó un gran avance en materia agraria, pues se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se expidió la nueva Ley Agraria, ambas con el objetivo de dar por terminada la distribución de tierras por la vía de la reforma agraria.

Como bien sintetiza el autor Antonio Yúnez Naude en Los grandes problemas de México,volumen XI, “Economía rural”, “con dichas reformas se propuso generar una mayor flexibilidad en la tenencia de la tierra, para lo cual se ampliaron los derechos de los ejidatarios y de los comuneros para tomar decisiones sobre la forma de propiedad de sus terrenos y la libertad para asignar al sucesor de sus derechos agrarios”.

Entre los principales avances que trajo aparejada la nueva Ley Agraria está la autorización de la venta o renta de las parcelas que se encuentran en los ejidos, así como la opción de que dichas parcelas se le otorguen en usufructo a terceras personas, ya sean sociedad mercantiles o civiles, tendentes a incentivar la inversión, así como incrementar la productividad de las tierras destinadas a la agricultura.

La Ley Agraria establece en los artículos 74 y 75 que las tierras de uso común son inalienables, imprescriptibles e inembargables, pero en caso de que manifiesten utilidad para el núcleo de población ejidal, podrán transmitir el dominio de tierras a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios.

Además, la asamblea ejidal o comunal puede decidir el cambio de uso, por ejemplo, el cambio de uso común a tierras parceladas y de uso agrícola, quién y en qué condiciones tiene acceso a la explotación de los recursos de las tierras de uso común.

En el caso de las tierras ejidales, la asamblea tiene facultades para una vez delimitadas y asignadas a los ejidatarios la mayoría de las parcelas, resolver que los ejidatarios tengan el dominio pleno sobre ellas, en cuyo supuesto el Registro Agrario Nacional puede otorgarles su título de propiedad y extinguir el régimen social de esos predios.

En 1993 se creó el Procede, por medio del cual el gobierno federal dio inicio a la certificación y regularización de ejidos y comunidades agrarias, con la finalidad de instaurar un orden en relación a la tenencia de ejidos y comunidades de México.

Dicho programa tenía el objetivo de otorgar a los ejidatarios seguridad en la tenencia al hacer valer las tierras ejidales y comunales y los derechos de cada sujeto agrario, al tiempo de promover la elaboración del reglamento interno de cada ejido, a fin de que se afianzara la autonomía y participación de cada núcleo en la organización interna y en la toma de decisiones, lo que en muchos casos dio como resultado un mejor manejo de los recursos de las tierras de uso común. Al concluir el programa, el resultado fue una cobertura de certificación de más de 90 por ciento de los núcleos agrarios del país y 63 por ciento de la superficie rústica total.

Con la finalidad de apoyar a los ejidatarios y comuneros, se instauraron otros programas, por ejemplo, el Programa de Fomento a la Organización Agraria, que destina fondos para asistir en conflictos agrarios y, en dado caso, solventar acuerdos negociados entre las partes, así como el Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularización, que utiliza fondos para asistencia técnica a ejidos y comunidades no certificados que desean llevar a cabo la regularización posterior al Procede.

En este contexto, el pasado 6 de enero, el presidente de la República, en el marco del 98 aniversario de la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria, refirió la modificación de la que fue objeto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual la Secretaría de la Reforma Agraria se transformó en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Entre las facultades que se le otorgaron mediante la reforma citada se encuentran contribuir al desarrollo ordenado de los asentamientos urbanos y centros de población, considerando según sus propias palabras: “que no podemos estar ajenos a que buena parte del desarrollo urbano de los últimos años se ha dado sobre áreas de propiedad social, sobre propiedades ejidales o sobre pequeña propiedad”.

Se trata, señaló el titular del Ejecutivo, “de hacer una planeación integral del crecimiento urbano, que permita armonizar perfectamente bien lo que debe ser el desarrollo del campo, la vocación que tenga el campo, con una adecuada planeación urbana para garantizar que los servicios que demandará la población que ahí se asiente sean suficientes y óptimos para una mayor calidad de vida”.

De acuerdo con los antecedentes y la actualidad del ordenamiento agrario, resulta evidente que sólo un porcentaje mínimo es objeto de regularización. Hoy, el crecimiento de los centros urbanos genera una nueva dinámica con respecto a los predios de propiedad social, que hacen totalmente oportuna la nueva denominación de la anterior Secretaría de la Reforma Agraria y provocan áreas de oportunidad en pro de los municipios.

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y otorga facultades a los municipios en materia de planeación y de desarrollo urbano en el artículo 115, de igual forma es importante subrayar que quien se encarga de la prestación de los servicios públicos son los municipios a través de los ayuntamientos, y que éstos en un gran porcentaje a nivel nacional cuentan con un sistema registral y catastral que necesita ser fortalecido.

Desde esa perspectiva, esta reforma tiene diversas repercusiones que pueden ser observadas como aprovechables, para lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios rurales, cuyo desarrollo urbano se ha llevado a cabo sobre tierras de propiedad social, y que debido a esta situación han perdido su vocación productiva y son destinadas a la vivienda, a los asentamientos humanos propiamente dichos.

Esa situación amerita la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y del Registro Agrario Nacional, ya que en algunos casos puede presentarse la terminación del régimen ejidal, con el correspondiente proceso legal que conlleva y que se traduce también en un cambio de uso de suelo, facultad de los ayuntamientos en conjunción con los estados, lo que puede traducirse en el aumento de recursos, al incrementarse la base contribuyente por concepto del impuesto predial, y en suma puede entenderse como el incremento de la capacidad recaudadora de los municipios, con los beneficios que esto implica.

Lo anterior es así ya que, al contar con el apoyo de la infraestructura, de la información actual y la que producirá la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, puede establecerse como un obligación de ésta, y del Registro Agrario Nacional vincularse con los municipios para la transferencia de información registral y catastral, así como para coadyuvar con éstos para incorporar al desarrollo urbano las tierras que han perdido su vocación productiva, y que de esta forma, con el trabajo de los Ayuntamientos se aumente su base contributiva y se multipliquen sus recursos.

Es decir, al contar con información fidedigna de aquellos ejidos, parcelas y tierras comunales que se han incorporado al desarrollo urbano, y al coadyuvar a su incorporación de forma regular se transmita a los ayuntamientos esta información para que concreten dicha incorporación desde la perspectiva netamente urbana, se podrán generar de forma simplificada las claves catastrales correspondientes, para poder recaudar mayores recursos que puedan destinarse a los propios habitantes de esas tierras que en un futuro próximo serán colonias de los municipios.

En este entendido y aprovechando que la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, desde la perspectiva sistemática de nuestro orden jurídico precisa de reformas a otros ordenamientos; mediante la presente iniciativa propongo la modificación a la Ley Agraria para incorporar como obligación de la secretaría y del Registro Agrario Nacional, transferir la información catastral de los tierras de propiedad social que se hayan incorporado al desarrollo urbano de los municipios, para que estos actualicen y fortalezcan su información catastral y registral, lo que permitirá mediante las acciones correspondientes generar mayores recursos para los municipios que puedan ser destinados en los términos de la legislación vigente a la prestación de más y mejores servicios.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 66, y adiciona un tercer párrafo al artículo 82, un tercer párrafo al artículo 87, un segundo párrafo al artículo 149, y la fracción VI al artículo 155 de la Ley Agraria

Único. Se reforma el artículo 66, y se adicionan un tercer párrafo al artículo 82, un tercer párrafo al artículo 87, un segundo párrafo al artículo 149 y la fracción VI al artículo 155 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 66.Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva de crecimiento, se requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se observarán las normas técnicas que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 82.Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho Registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad.

A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común.

En este caso, la secretaría notificará formalmente al ayuntamiento del municipio de que se trate y transmitirá a través del Registro Agrario Nacional, la información catastral correspondiente a fin de que sea integrada al catastro municipal correspondiente.

Artículo 87.Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras.

En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos.

En cualquier caso, la secretaría, por sí o a través del Registro Agrario Nacional, deberá vincularse con el ayuntamiento o ayuntamientos para transmitir la información catastral correspondiente a fin de que aquellos estén en posibilidades de realizar la regularización de la incorporación al desarrollo urbano de los terrenos de que se trate.

Artículo 149.Para efectos de lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 27 constitucional, el Registro Agrario Nacional prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con las autoridades de las entidades federativas y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

De igual forma prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará con las autoridades municipales, en los casos de incorporación al desarrollo urbano de terrenos que hayan abandonado su vocación productiva y social, de acuerdo con los supuestos que establece la presente ley.

Artículo 155.El Registro Agrario Nacional deberá

I. a V. ...

VI. Coadyuvar con los ayuntamientos a la regularización de la incorporación al desarrollo urbano, de los terrenos que de acuerdo a las distintas hipótesis previstas en esta ley, sean integrados a los mismos, mediante la transferencia de la información bajo su resguardo que permita el fortalecimiento y actualización de los registros catastrales municipales.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se tendrá un plazo de 90 días para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el Registro Agrario Nacional adecuen sus reglamentos relativos a la estructura administrativa, con la finalidad de cumplir la tarea de coadyuvar con los ayuntamientos para que se transfiera la información relativa a las tierras que se incorporan al desarrollo urbano.

México, Distrito Federal, a 21 de marzo de 2013.— Diputada Josefina García Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, que fue creado en 1994, a raíz de una serie de reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión, que buscan reforzar y darle fortaleza seria y real al Poder Judicial de la Federación.

Dichas reformas consistieron en modificaciones sustanciales a la integración y funcionamiento de la Suprema Corte. En ellas se ampliaron los controles respecto a las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, y se creó el órgano denominado Consejo de la Judicatura Federal para separar a los órganos jurisdiccionales de tareas administrativas.

No obstante, desde su creación hubo críticas hacia la forma en cómo estaba conformado el Consejo; cuatro de sus miembros, incluyendo al presidente, que es a su vez presidente del Consejo y presidente de la Corte, provienen del Poder Judicial.

La composición del Consejo de la Judicatura tiene que establecerse de manera diferente al actual para que sus facultades de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, entre las que destacan el nombramiento de jueces y magistrados, puedan efectuarse también con plena autonomía.

El día de hoy, con la manera en la que se conforma el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del máximo tribunal de este país, que es la Suprema Corte, tiene a su vez la amplísima obligación de ver los asuntos administrativos y de carrera judicial.

Compañeras y compañeros diputados, estas dos facultades y obligaciones no son menores, son de gran trascendencia y es injusto que las realice la misma persona, pero además atenta totalmente contra la autonomía que buscamos en el órgano que decide quiénes van a ser los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

Tenemos hoy que ser congruentes. En esta Cámara baja se ha hablado mucho de la autonomía de nuestros diversos órganos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal no pueden de ninguna manera escapar a estas obligaciones. Tenemos que garantizar que quien se encarga de la administración de los recursos del Poder Judicial de la Federación y de la carrera judicial tenga total independencia frente a las decisiones meramente jurisdiccionales.

¿Qué estoy proponiendo? Que se cambien los requisitos de integración del Consejo de la Judicatura Federal, para que el consejero presidente ya no sea más el titular de la Suprema Corte de Justicia y que los titulares, los consejeros de la Judicatura Federal sean los que decidan quién va a ser el titular de ese importante órgano.

Que hoy, a partir de esta reforma, el Senado de la República conserve la facultad de proponer a tres, que el presidente de la República conserve la facultad de proponer a uno de los integrantes y que los otros tres salgan de entre los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, y que entre ellos siete elijan a quien va a ser el presidente de este importante órgano encargado de la administración y la carrera judicial en nuestro país.

Espero contar con su apoyo en las comisiones. Le agradezco mucho a la Presidencia y su atención, compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, integrante del Grupo Parlamentario del PAN de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A mayor autonomía e independencia formal y material del Poder Judicial federal y local en la Republica mexicana, se lograra fortalecer y desarrollar la cultura de respeto a las instituciones jurídicas que conforman el estado de derecho social democrático.

El Consejo de la Judicatura es un órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, que fue creado en 1994, a raíz de una serie de reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión relativas al Poder Judicial.

Dichas reformas consistieron en modificaciones sustanciales a la integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ella se ampliaron los controles respecto a las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, y se creó el órgano denominado “Consejo de la Judicatura Federal” con la finalidad de separar a los órganos jurisdiccionales de tareas administrativas; establecer mecanismos de control y supervisión de toda la estructura institucional; esto con la finalidad de evitar indeseables vínculos de subordinación y dependencia, producto de la facultad para nombrar y destituir a los jueces y magistrados.

No obstante, desde el momento de su creación hubieron algunas críticas hacia la forma en cómo estaba conformado el consejo (cuatro de sus miembros, incluyendo el presidente de la Suprema Corte, que es a su vez presidente del consejo, provienen del Poder Judicial) en virtud de que además de ser un órgano cuyo objetivo era separar actividades administrativas de las jurisdiccionales, también el Consejo debía tener como finalidad hacer efectiva la participación ciudadana en la administración y vigilancia del Poder Judicial, hecho que se debilitaba al establecer una mayoría de miembros provenientes del Poder Judicial, incluyendo a su presidente que, como ya se dijo, lo es tanto del consejo como de la corte.

La composición del Consejo de la Judicatura tiene que establecerse de manera diferente a la actual, para que sus facultades de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, entre las que destacan el nombramiento de jueces y magistrados puedan efectuarse también con plena autonomía.

Asimismo, debe eliminarse que el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo sea también del Consejo de la Judicatura, condición que actualmente permite, que se reúnan en una misma persona capacidades de gran influencia en ambos órganos. En esta perspectiva, el presidente del Consejo de la Judicatura debería ser nombrado por y de entre los miembros que lo integran.

Con las reformas constitucionales de 1999, la designación de tres de los cuatro miembros del Poder Judicial que integran el consejo dejó de ser por insaculación, facultándose directamente a la corte para elegirlos. Lo anterior implica que el control de la corte sobre el consejo lejos de diluirse como sería lo deseado, se ha acrecentado.

En México actualmente de conformidad con el artículo 100 constitucional, segundo párrafo, así como 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este se encuentra integrado por siete miembros de los cuales, uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el presidente de la República.

Por lo que podemos observar la integración actual del consejo es mayoritariamente judicial y minoritariamente política, tomando en cuenta que los cuatro miembros procedentes del poder judicial (ministro presidente y tres consejeros elegidos por la Suprema Corte) son mayoría frente a los miembros procedentes por los poderes políticos (2 del senado y 1 por el presidente de la Republica).

Para mayor abundamiento y para tener un panorama más amplio sobre este tema, a continuación se menciona como se encuentran integrados los consejos de la judicatura en otros países:

En Argentina en su artículo 2 de la Ley 24.937 establece que el Consejo de la Magistratura se integra por 13 miembros: 3 jueces del Poder Judicial de la Nación, 6 legisladores, 2 representantes de los abogados de la matricula federal, 1 representante del Poder Ejecutivo y 1 representante del ámbito académico y científico.

En Paraguay conforme a su artículo 262 de la Constitución, el Consejo de la Magistratura se integra por 8 miembros: 1 miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por esta, 1 representante del Poder Ejecutivo; 1 senador y 1 diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva, 2 abogados de la matricula nombrados por sus pares, y 1 profesor de las facultades de derecho con no menos de veinte años de funcionamiento, de las Universidades Privadas, elegidos por sus pares.

En Perú conforme al artículo 154 de la Constitución, el Consejo Nacional de la Magistratura se integra por 7 miembros: 1 elegido por la Corte Suprema, 1 elegido por la Junta de Fiscales Supremos, 1 elegidos por los miembros del Colegio de Abogados del país, 2 elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, 1 elegido por los rectores de las universidades nacionales, 1 elegido, por los rectores de las universidades particulares.

En el Salvador de acuerdo al artículo 9 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, se integra por 7 miembros: 3 abogados de la Republica, propuestos por el gremio de abogados; 1 abogado docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, 1 abogado docente universitario de las otras facultades, escuelas o departamentos de derecho de las Universidades Privadas de país; 1 abogado propuesto por el Ministerio Publico; 1 miembro electo por lo magistrados de Cámaras de Segunda Instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz.

A nivel nacional el consejo de la judicatura se encuentra integrado de la siguiente forma:

En Nayarit de acuerdo al artículo 85, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Nayarit, el Consejo de la Judicatura, se integra por el pleno del Tribunal Superior de Justicia y dos jueces que se elegirán conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y será presidido por el presidente del tribunal.

En Sinaloa, en el numeral 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, precisa que el Consejo de la Judicatura se integrara por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien será a la vez presidente del Consejo; dos magistrados electos por el pleno; tres jueces de primera instancia electos por sus pares y un juez menor electo por el pleno

Los consejos de la judicatura del poder judicial fueron ideados para cumplir con una función muy importante dentro del sistema de justicia, como auxiliares a la función jurisdiccional y a fin de que se cumpla con los principios establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de una justicia pronta, completa e imparcial, principalmente garantizando la independencia de los juzgados y tribunales del poder judicial.

De igual forma el artículo 17 de la Constitución, en su quinto párrafo establece que: “Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones”.

El Consejo de la Judicatura tiene como misión garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y aseguren su autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.

Debe ser reconocido como un órgano de administración confiable, transparente y de excelencia, que asegura medios y elementos de calidad en la impartición de justicia, dando certeza en la atención de los servicios que brinda tanto a los Tribunales y Juzgados Federales como a la sociedad, en un ámbito de eficiencia y eficacia, y que contribuye a lograr una justicia que da respuesta y garantiza la seguridad jurídica de los gobernados.

La impartición de justicia debe ser autónoma para generar la certeza de que existe un estado de derecho que somete la actuación de las autoridades a la justicia.

Es por ello que la iniciativa que se plantea tiene como objetivo delimitar la participación de la Suprema Corte en el ámbito de competencias del Consejo de la Judicatura, excluyendo al presidente de la Suprema Corte de la presidencia del Consejo de la Judicatura.

El propósito de esta reforma es la transformación del Consejo de la Judicatura, debido a su carácter de supervisor de la función judicial. Reformar el Consejo de la Judicatura supondría reformar la forma de operar del Poder Judicial y mejorar su sistema de impartición de justicia de forma más justa.

Es por lo anteriormente expuesto que con el objetivo de dotar de mayor autonomía al Consejo de la Judicatura y de hacer más efectivo su trabajo de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 100...

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, tres serán designados por el Senado de la República y cuatro serán designados por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De éstos, dos serán magistrados de circuito y dos serán jueces de distrito, electos por insaculación. Los Consejeros nombrados por el Senado en ningún caso podrán ser miembros del Poder Judicial Federal, Estatal o del Distrito Federal ni haberlo sido cuando menos tres años antes al día de su nombramiento e igualmente serán electos por insaculación. El presidente del Consejo será designado por el pleno del mismo.

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Posterior a la entrada en vigor de esta reforma, el Congreso de la Unión realizará a más tardar de un año las adecuaciones correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Notas:

1 Sánchez Vázquez, Rafael, El Consejo de la Judicatura como factor coadyuvante en el fortalecimiento de la autonomía e independencia del Poder Judicial en las entidades federativas,Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

2 Véase Fix-Fierro, Héctor, “La defensa de la constitucionalidad en la reforma judicial de 1994”, La reforma constitucional en México y Argentina, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996; Fix-Fierro, Héctor, “La reforma judicial de 1994 y las acciones de inconstitucionalidad”, Ars Iuris, México, Universidad Panamericana, número 13, 1995.

3 Entre otros puede consultarse Martínez Cerda, Nicolás, La desconstitucionalización de la reforma del presidente Zedillo, México, Instituto Mexicano de Amparo, 1994, páginas 8 y 21.

4 Rivas Acuña Israel, El Consejo de la Judicatura Federal. Trayectoria y Perspectivas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

5 http://www.cjf.gob.mx/mision.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.— Diputados: Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Genaro Carreño Muro, Ricardo Anaya Cortés(rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El diputado Adolfo Bonilla Gómez:Con su permiso, presidenta. Compañeros diputados, en 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor, surgiendo de ella la Procuraduría Federal del Consumidor, como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores para prevenir abusos y garantizar relaciones de compra venta justas.

El objetivo de la Procuraduría, de acuerdo con el artículo 1o. de esta ley, es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Para nadie es desconocido que la economía de nuestro país fija sus bases sobre el consumo personal e individualizado. La demanda de los productos y servicios principalmente estriba en la economía familiar, en el consumo que cada ciudadano realiza a través de sus decisiones tomadas en base en la información que posee de cada bien, servicio o producto adquirido.

Dentro de las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, que en lo posterior referiré como Profeco, está el de proteger la economía de las familias, de prácticas y comportamientos comerciales abusivos de los proveedores de bienes y servicios, pero es necesaria proveerla de mayores facultades y herramientas, con la finalidad de estar en condiciones de garantizar que los consumidores sean informados con la objetividad y certidumbre jurídica sobre la oferta de los productos en el mercado nacional.

En el mismo sentido, la Profeco debe brindar información oportuna a los consumidores sobre posibles actos fraudulentos cometidos por los proveedores contra los consumidores finales, afectando éstos la economía familiar, siendo a través de información objetiva, derivada de los procedimientos y actividades reguladas por Profeco, como pueden prevenirse daños patrimoniales y morales, ya sea individuales y colectivos.

En países como Argentina, Panamá y Colombia, se tienen atribuciones expresas para que las autoridades de protección al consumidor publiquen información sin restricciones sobre la firmeza de sus resoluciones sancionatorias, actos de verificación, quejas o reclamaciones puestas por consumidores. Dicha información se considera de carácter público.

En nuestro país figuras similares se regulan en diversas disposiciones, tales como la Ley Federal de Competencia Económica, en la que confiere facultades para publicar un extracto del inicio de las investigaciones realizadas por la autoridad competente.

El plan técnico, fundamental, de calidad de las redes del servicio local móvil establece las facultades de la Cofetel para hacer pública la información que le sea entregada o reportada, salvo aquella que el concesionario entregue con carácter confidencial y la información obtenida durante las verificaciones. Ambos, observando lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En este sentido, la presente iniciativa que el día de hoy someto a su consideración tiene por objetivo primordial fortalecer el papel de la Profeco, como encargada de proteger y promover los derechos e intereses de los consumidores, en el marco de los principios básicos de las relaciones de consumo, para que se informe oportunamente a los consumidores sobre el inicio de procedimientos, su resolución, la imposición y levantamiento de medidas precautorias y la información objetiva sobre el comportamiento comercial de los proveedores de bienes y servicios, que derive de los actos de verificación y del procedimiento conciliatorio.

Por ello, en la presente iniciativa propongo se adicione la fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

XXIII. Publicar para conocimiento de los consumidores, en cualquier medio de comunicación, incluyendo los institucionales, los resultados de las acciones derivadas de los procedimientos previstos en la ley, así como de los actos de verificación y vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios, que permitan proveer de información relacionada con las prácticas comerciales y proteger los derechos de los consumidores.

Para los efectos de lo previsto en la presente fracción, la Procuraduría podrá publicar un extracto del acuerdo de inicio de procedimiento por infracciones a la ley y la resolución que ponga fin a los mismos, a la imposición y levantamiento de medidas precautorias impuestas a los proveedores, así como información objetiva sobre el comportamiento comercial que derive de los actos de verificación y del procedimiento conciliatorio.

Compañeros diputados, de aprobar la presente iniciativa estaremos dotando a la Procuraduría de mayores atribuciones y, sobre todo, estaremos protegiendo a los consumidores de los abusos de los prestadores de bienes y servicios.

Apelo a su buen criterio para que en su momento la voten a favor. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Adolfo Bonilla Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, fracción I,77 y 78del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor, surgiendo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas: México se convirtió en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia.

Seis años después, en 1982 la institución ya contaba con 32 oficinas en las principales ciudades del país. En la actualidad Profeco cuenta con un total de 32 delegaciones y 19 subdelegaciones, lo cual suma 51 oficinas en toda la república.

El objetivo de la procuraduría de acuerdo con el artículo 1o. de Ley Federal de Protección al Consumidor es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. El numeral en comento señala los principios básicos en las relaciones de consumo, que inciden precisamente en el derecho de los consumidores a la información y su libertad para escoger en el mercado; dentro de esos principios encontramos los siguientes:

• La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones;

• La información adecuada sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;

• La prevención y reparación efectiva de los daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos;

• El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos.

Es claro que la Profeco actúa con los principios rectores y bajo la ley de la materia.

Para nadie es desconocido que la economía de nuestro país fija sus bases sobre el consumo personal e individualizado en la colectividad; la demanda de los productos y servicios, principalmente, estriba en la economía familiar, en el consumo de cada ciudadano que realiza a través de sus decisiones tomadas con base en la información que posee de cada bien, servicio o producto adquirido.

La Procuraduría Federal del Consumidor encuentra dentro de sus atribuciones, proteger la economía de las familias de prácticas y comportamientos comerciales abusivos de los proveedores de bienes y servicios.

Pero es necesario proveerla de facultades y herramientas, con la finalidad de estar en condiciones de garantizar que los consumidores sean informados, con la objetividad y certidumbre jurídica sobre la oferta de los productos en el mercado nacional.

En el mismo sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor debe brindar información oportuna a los consumidores sobre posibles actos fraudulentos cometidos por los proveedores contra los consumidores finales, afectando éstos, la economía familiar, siendo a través de información objetiva derivada de los procedimientos y actividades regulados por Profeco como pueden prevenirse daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos.

En países como Argentina, Panamá y Colombia se tienen atribuciones expresas para que las autoridades de protección al consumidor publiquen información sin restricciones sobre la firmeza de sus resoluciones sancionatorias, actos de verificación o quejas o reclamaciones puestas por consumidores: dicha información se considera de carácter público. En México figuras similares se regulan en diversas disposiciones tales como:

Ley Federal de Competencia Económica en la que confiere facultades para publicar un extracto del inicio de las investigaciones realizadas por la autoridad correspondiente.

El plan técnico fundamental de calidad de las redes del servicio local móvil, establece las facultades de la Cofetel para hacer pública la información que le sea entregada o reportada, salvo aquella que el concesionario entregue con carácter confidencial y la información obtenida durante las verificaciones, ambos observando lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objetivo principal, fortalecer el papel de Profeco como encargada de proteger y promover los derechos e intereses de los consumidores en el marco de los principios básicos de las relaciones de consumo, para que se pueda informar oportunamente a los consumidores sobre el inicio de procedimientos por infracciones a la ley y su resolución, la imposición y levantamiento de medidas precautorias y la información objetiva sobre el comportamiento comercial de los proveedores de bienes y servicios que derive de los actos de verificación y del procedimiento conciliatorio.

Por ello la presente iniciativa adiciona la fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, recorriéndose en su orden la fracción XXIII a la XXIV, quedando en consecuencia de la siguiente manera:

Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. a XXII.

XXIII. Publicar para conocimiento de los consumidores, en cualquier medio de comunicación, incluyendo los institucionales, los resultados de las acciones derivadas de los procedimientos previstos en esta ley, así como de los actos de verificación y vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios que permitan proveer de información relacionada con las prácticas comerciales y proteger los derechos de los consumidores.

Para los efectos de lo previsto en la presente fracción, la procuraduría podrá publicar un extracto del acuerdo de inicio de procedimientos por infracciones a la ley y la resolución que ponga fin a los mismos, la imposición y levantamiento de medidas precautorias impuestas a los proveedores, así como información objetiva sobre el comportamiento comercial que derive de los actos de verificación y del procedimiento conciliatorio;

XXIV. ...

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 24, recorriéndose en su orden la fracción XXIII actual a la XXIV de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único. Se adiciona la fracción XXIII al artículo 24, recorriéndose en su orden la fracción XXIII actual a la XXIV de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

XXIII. Publicar para conocimiento de los consumidores, en cualquier medio de comunicación, incluyendo los institucionales, los resultados de las acciones derivadas de los procedimientos previstos en esta ley, así como de los actos de verificación y vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios que permitan proveer de información relacionada con las prácticas comerciales y proteger los derechos de los consumidores.

Para los efectos de lo previsto en la presente fracción, la procuraduría podrá publicar un extracto del acuerdo de inicio de procedimientos por infracciones a la ley y la resolución que ponga fin a los mismos, la imposición y levantamiento de medidas precautorias impuestas a los proveedores, así como información objetiva sobre el comportamiento comercial que derive de los actos de verificación y del procedimiento conciliatorio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.— Diputado Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El diputado José Isidro Moreno Árcega: Con el permiso de la Presidencia. Con el permiso de mis compañeros diputados y diputadas. La propuesta que hacemos de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal es la creación de un órgano político administrativo que sea el órgano de gobierno de las delegaciones del Distrito Federal.

¿Por qué y con qué antecedente jurídico? Las reformas políticas al Distrito Federal han surgido desde el nacimiento de la Constitución de 1824, pasando por la Constitución de 1857, la Constitución del 17, y la reforma de 1928, donde desaparecen las municipalidades en el Distrito Federal, creando un Departamento Central y las delegaciones.

Posteriormente, en las dos últimas décadas, en la reforma constitucional de 1993 y de 1996 permitieron el nacimiento de un Estatuto de Gobierno que regula las facultades de los órganos de gobierno del Distrito Federal, ejecutivo, legislativo y judicial, Pero aún así falta democratizar el tercer nivel de gobierno del Distrito Federal.

Por ello la propuesta de ver que un órgano de gobierno en las delegaciones del Distrito Federal esté representado por los sectores sociales que forman parte de las demarcaciones territoriales, como son: el obrero, el campesino, las mujeres, los sectores que conforman y tomen las decisiones de este órgano de gobierno representado en un colegiado y en una asamblea por decisiones democráticas de la mayoría.

Es a ello que nosotros hoy proponemos esta reforma, porque en el particular punto de vista de nosotros no existe esa democracia esencial en el tercer nivel de gobierno, siendo el Distrito Federal capital de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México, sede de los poderes federales y Distrito Federal.

Sea el Distrito Federal la vanguardia y la punta de lanza dentro de la democracia, de la intelectualidad, de los empresarios, de la religión.

Por ello en el tercer nivel de gobierno del Distrito Federal es hoy el momento de marcar con esta reforma una democracia profunda, una democracia que permita, que tenga como objetivo particular que el tercer nivel de gobierno sea para mejorar los niveles de vida de cada uno de los ciudadanos del Distrito Federal en lo particular en empleo, en vivienda, en salud, en educación.

Por ello es importante —y pedimos a esta asamblea— que sumemos esfuerzos en la capital de los Estados Unidos Mexicanos para reformar el Estatuto de Gobierno y demos a las delegaciones un órgano plural, democrático y representativo.

Por ello pido a esta soberanía su respaldo y su propuesta de ser firmes, sumarse a esta iniciativa de reforma, dando plena democracia al tercer nivel de gobierno en esta localidad, que hoy es la delegación del Distrito Federal.

Por mi parte sería cuanto, y espero contar con el respaldo y el apoyo de la mayoría para demostrar que en las delegaciones del Distrito Federal debe existir un órgano democrático, representativo y popular, que dé una funcionalidad y una viabilidad a un gobierno democrático. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del PRI

Exposición de Motivos

La sociedad actual tiene una tarea histórica que cumplir: impulsar las reformas necesarias para que el Estado mexicano pueda iniciar el siglo XXI fortalecido, con una mayor legitimidad y capacidad para expresar genuinamente los intereses para así avanzar en el desarrollo de una sociedad democrática y libre, porque es el cambio institucional el instrumento que permite en paz y con la participación de todos, construir un futuro cierto para la nación.

Así que como lo menciona el maestro Acosta Romero: “La participación política de los ciudadanos del Distrito Federal se encuentra limitada al no tener facultades para intervenir en la elección de sus autoridades político – administrativas”.

Es por ello que nuestra propuesta de reforma al Estatuto de Gobierno es necesaria porque aspiramos a un desarrollo equilibrado y justo, que permita a todos bienestar, seguridad y libertad. Un desarrollo que sólo es viable si la energía de la nación está democráticamente conducida. Si las instituciones locales son republicanas, encarnadas en la ley y también si son capaces de cambiar para satisfacer nuevas expectativas sociales de la Ciudad de México.

Desde 1824 en que se instaló la primera república, el Distrito Federal se ha transformado. Su evolución, rica y decisiva en nuestra historia, da cuenta de la aspiración de los mexicanos por hacer de la capital de la república una expresión del poder popular.

Sin embargo, no podemos negar que en nuestros días seguimos manteniendo en buena medida una estructura del distrito, la cual ya no está a la altura de la exigencia de lo que hoy requiere la sociedad de la Ciudad de México, y concretamente la estructura y funcionamiento de las demarcaciones del Distrito Federal.

A ello la necesidad de transformar las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, lo cual representa una evolución y la creación de nuevas figuras jurídicas y darle a éstas nuevas facultades y desarrollar sus actuales competencias debido a una exigencia nacional. Sobre todo de una sociedad que ha cambiado y de una administración pública que ha crecido y se ha complicado. Hoy más que nunca, la supervisión y control de la actividad pública es necesaria.

La reforma a las demarcaciones territoriales es el fortalecimiento a la administración pública que hoy es una condición para el desarrollo en todos los campos de la vida de la ciudad capital.

Nuestra ciudad tiene como sustento histórico la lucha constante de los mexicanos lucha por hacer del poder político una expresión del poder popular, esfuerzo de los ciudadanos de la capital por arribar a un sistema de gobierno en el cual la conducción de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal descansen fundamentalmente en el pueblo, y que sea éste quien dé a estas instituciones su fuerza y capacidad de decisión.

Hoy el desarrollo económico y la integración al cambio mundial transcurren en el Distrito Federal por el fortalecimiento de su representación local, logrando con ello el perfeccionamiento de la vida democrática; abriendo además una nueva forma de estructurar a las demarcaciones y logrando así el crear nuevos canales de participación, lo que constituye el objetivo de nuestra propuesta de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

La democracia no se agota en la elección de los gobernantes. Es éste un elemento esencial, pero sólo uno de ellos, como sistema de gobierno, el fortalecimiento federal implica en la actualidad fortalecer también a los órganos de gobierno locales, para que cumplan con el mandato constitucional de dividir el poder del estado, para fortalecer el poder de la nación.

Los anhelos de desarrollo democrático y mejoramiento social del pueblo mexicano han llevado a la imperiosa necesidad de realizar una reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, profunda en relación a las demarcaciones territoriales del distrito. La vía democrática como gobierno del pueblo y como forma de vida para consolidar la independencia política, la libertad económica y el enaltecimiento cultural y ético de nuestras demarcaciones territoriales han sido el cauce para cristalizar reformas que den satisfacción a las necesidades más apremiantes del pueblo mexicano.

La forma en que el Distrito Federal se organiza refleja las necesidades, aspiraciones e ideales que prevalecen en una sociedad. Tiene que ver, indudablemente, con un sinnúmero de factores como la idiosincrasia de cada pueblo, así como aspectos económicos, sociales, tecnológicos e internacionales que influyen e interactúan continuamente, dando lugar a etapas trascendentales en la vida de los pueblos, marcando así su evolución histórica.

El momento histórico que vive hoy el Distrito Federal, su grado de evolución socioeconómica y madurez política, ha hecho necesaria la formidable tarea de emprender una reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal sobre las demarcaciones, proyecto que ha servido para expresar por la vía del derecho y no de la violencia ni del engaño, la voluntad mayoritaria de adaptar nuestras demarcaciones a las nuevas circunstancias de cara al nuevo milenio.

La reforma al Estatuto en relación a la transformación en la estructura de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal es un ejercicio democrático y pareciera ser una aspiración común.

Las esperanza del desarrollo democrático y mejoramiento social del pueblo nos llevan a la imperiosa necesidad de realizar una reforma a las demarcaciones, por medio de la vía democrática, para consolidar la independencia política como órganos de gobierno, para dar satisfacción a las necesidades de la sociedad.

La reforma de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal es así, un instrumento político destinado a una propuesta de cambio institucional y es a la vez, un ejercicio democrático, reto de creatividad y responsabilidad política que es el más alto sentido de interés nacional.

La reforma de las demarcaciones del Distrito Federal en el México de hoy significa, principalmente, sentar las bases de una vigencia plena y real del principio de división de poderes en el Distrito Federal. El sistema anterior dio cauce a un nuevo esquema de mayor equilibrio y balance, lo cual significa fortalecer al estado.

Las reformas constitucionales de 1993 y 1996 dieron los primeros pasos en el sentido de fortalecer la estructura jurídica de los órganos de gobierno del Distrito Federal y especialmente de las demarcaciones territoriales de esta entidad federativa encargadas de la administración pública. Todavía falta mucho por hacer en este rubro, pero las reformas mencionadas sembraron la semilla de un contrapeso por la vía democrática.

Sin embargo, no se dio el diseño de un nuevo esquema de administración pública y la estructura fundamental de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que permitan en su conformación y hacia su interior, estar estructuradas por parte de las diversas representaciones sociales que se encuentren en el interior de los territorios de las demarcaciones; ya que con esto lograremos permitir el sustentar y de ser posible, abrir nuevos canales de participación a la ciudadanía, ya que una dolorosa y constante experiencia ha hecho conocer a los pueblos que la reunión de poderes en una sola persona, dista poco o nada de la arbitrariedad, y que las libertades no dejarán de ser precarias hasta que el poder sea dividido.

Es así que se deben establecer mecanismos operativos que eviten el abuso del poder, asegurando de esta forma la libertad de los ciudadanos, no implicando la inexistencia de colaboración entre las instituciones o sujetos que detentan poder y tampoco significa una absurda y arbitraria división del trabajo. Al contrario, en un régimen democrático se requiere de la colaboración de todos.

Ninguna labor podrá llegar a ser fructífera y duradera, sin la armonía y colaboración que requiere una base de unidad, de ideales y de valores fundamentales relativos a la satisfacción de las necesidades sociales.

En efecto, se levanta el postulado de la necesaria coordinación de funciones, que llevado a la realidad práctica de nuestra gente, habrá de ser condición no sólo de estabilidad gubernamental, sino de su eficacia.

Las instituciones políticas experimentan transformaciones al compás de la evolución de la sociedad en que se encuentran insertas. Esto es así en razón de que las diversas necesidades de la sociedad exigen adaptaciones e innovaciones legales, para que sean satisfechas pronta y eficazmente. La permanente diversificación de la sociedad, su creciente interés en los asuntos públicos, ha impulsado decididamente a la conformación de un pluralismo que responda al avance democrático del país y que tenga su más cabal expresión en la base social y en este caso deben ser las demarcaciones territoriales a través de sus consejos de representación ciudadana.

Así, los diferentes puntos de vista sobre la realidad son procesados a través de la acción del poder legislativo, que a su vez se desempeñan en el seno de un consenso necesario que permiten ofrecer soluciones viables a las demandas sociales; lo cual es posible a través del respeto a la voluntad mayoritaria, pero garantizando también la participación de los partidos minoritarios en el proceso político, conforme a la ley y a los principios democráticos que dan orden y unidad a nuestro estado de derecho.

Es necesario que nuestras demarcaciones territoriales y sus consejos sean la representación de la voluntad popular, se fortalezcan cumpliendo con funciones políticas de primer magnitud, a efecto de analizar, deliberar y proponer soluciones a los mismo; para vigilar y controlar la acción del titular del órgano encargado de la administración de las demarcaciones territoriales y para contribuir en el ámbito de sus atribuciones, junto con un Consejo de Representación Ciudadana, el cual pueda discutir, diferir y contrastar opiniones, ya que esto no anula la posibilidad de convivir, coincidir y acordar, sin que ello no implique la renuncia y la claudicación de ideales, principios y propósitos.

El fortalecimiento de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal compromete a todos los ciudadanos y en especial a los actores políticos, al logro de los altos objetivos de la ciudad, obligando a llegar a acuerdos fundamentales a pesar de la diversidad de orientaciones que conformen el contenido plural de nuestro régimen democrático.

Para lograr que se den realmente los propósitos mencionados anteriormente, en esta iniciativa se formulan propuestas concretas de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para conseguir un Consejo de Representación Ciudadana fuerte, dinámico y participativo; a la altura de las aspiraciones de la sociedad y cumplir en buena forma con las necesidades del país.

Es así que se propone reformar los artículos correspondientes al Título V, Capítulo II de las demarcaciones territoriales y de los órganos políticos administrativos del Distrito Federal y la distribución de atribuciones entre sus órganos, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente, a esto, que nosotros proponemos una reforma jurídica de la estructura de las demarcaciones territoriales en el entendido de que al no haber sido satisfactoria para los partidos políticos representados en el Congreso la reforma de octubre de 1999 al Estatuto de Gobierno, por la manera que estableció la estructura y funcionamiento de las demarcaciones territoriales, para que se pueda establecer con precisión un nuevo marco jurídico, dentro de la norma mencionada, donde se encuentren las funciones que tendrán las demarcaciones territoriales y el Consejo de Representación Ciudadana que proponemos, el cual estará integrado por el jefe delegacional o también llamado delegado y los consejeros que trabajarán en asambleas deliberativas para dar lugar al nacimiento de programas que ayuden a enriquecer las decisiones de mayor trascendencia social y esto se logre con apoyo de las diversas manifestaciones sociales de la demarcación que conforme el Consejo de Representación Ciudadana y que además estarán representadas por dichos consejeros y el mismo delegado, los cuales serán electos democráticamente, cumpliendo además con los requisitos de apoyo y sustento y de un reconocimiento amplio por parte de la población, logrando con esto asegurar que emanen de la misma comunidad por ser vecinos y originarios de la demarcación territorial.

Esto lleva implícito el reconocimiento por parte de la ciudadanía de la demarcación territorial.

Para efectos de lo anterior serán reformados los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112 Bis, 113 y 114, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, dando surgimiento a una nueva redacción, para que sean congruentes con la realidad actual, ya que debido a las reformas de 1999 al Estatuto de Gobierno, quedó manifestado por los legisladores el dar un debate más amplio posteriormente para llegar a conocer las exigencias de participación por las cuales transita el Distrito Federal, refiriéndose a los artículos citados.

De esta forma, se establecería un nuevo marco jurídico para el gobierno local del Distrito Federal dentro del Estatuto de Gobierno, el cual conciba el nacimiento del consejo de representación ciudadana y al representante general como nuevas formas jurídicas, las cuales tengan como fin, el lograr la participación de los diferentes grupos sociales, creando canales de participación, para que sean ellos los que tomen las decisiones que afectan a la demarcación de la cual son parte, logrando así que la toma de decisiones sea de una forma dialogada, consensada, razonada, a través del debate de las diferentes corrientes ideológicas de los sectores sociales. Esto da seguridad de poder mantener la pluralidad de todos los actores políticos dando una gobernabilidad y estabilidad al Distrito Federal.

Por todo lo antes señalado, se propone la discusión y en su caso aprobación del siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112 Bis, 113 y 114, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Único. Se reforman y adicionan los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112 bis 113 y 114, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 104. La base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Distrito Federal es la demarcación territorial.

Para los efectos de este estatuto y las leyes, las demarcaciones territoriales y los órganos político – administrativos en cada una de ellas se denominarán delegaciones.

La Asamblea Legislativa en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establecerá el número de delegaciones, su ámbito territorial y su identificación nominativa.

Artículo 105. La administración pública de las demarcaciones territoriales será ejercida por los consejos de representación ciudadana, los cuales se compondrán por un titular, al que se le denominará genéricamente jefe delegacional y los consejeros de representación ciudadana de cada demarcación territorial que le correspondan de acuerdo al principio de mayoría relativa y representación proporcional con dominante mayoritario.

Artículo 106. Los consejos de representación ciudadana serán electos mediante sufragio universal libre, secreto y directo. Las elecciones de los consejos de representación ciudadana serán computadas y declaradas válidas por el órgano electoral de la demarcación territorial, mismo que otorgará la constancia de mayoría a los candidatos que la hubieren obtenido en términos de la ley de la materia.

El encargo de los jefes delegacionales y los consejeros de representación ciudadana durará 3 años, iniciando el 1 de octubre del año de la elección y ninguno de sus miembros propietarios o suplentes que hayan asumido las funciones podrá ser electo para el periodo inmediato siguiente.

El cargo de miembro del Consejo de Representación Ciudadana no es renunciable sino por justa causa que calificará el mismo ante el que se presentará la renuncia y quien conocerá también de las licencias de sus miembros.

Artículo 107. En ningún caso los consejeros de representación ciudadana como cuerpo colegiado podrán desempeñar las funciones del jefe delegacional, ni éste por sí sólo las de los consejeros de representación ciudadana.

Artículo 108. Los consejos de representación ciudadana serán asambleas deliberativas y tendrán autoridad y competencias propias en los asuntos que se sometan a sus decisiones, pero la ejecución de éstas corresponden exclusivamente a los representantes generales.

El Consejo de Representación Ciudadana trabajará en asamblea presidida por el jefe delegacional y consejeros de representación ciudadana, cuyo número se determinará en razón directa de la población de la demarcación que representen, como lo disponga la ley respectiva.

Artículo 109. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación sobre responsabilidades aplicable a los servidores públicos del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a propuesta del jefe de gobierno o de los diputados, podrá remover a los jefes delegacionales y consejeros de representación ciudadana por las causas graves siguientes:

I. Por violaciones sistemáticas a la Constitución, al presente Estatuto o a las leyes federales y del Distrito Federal;

II. Por contravenir de manera grave y sistemática los reglamentos, acuerdos y demás resoluciones del jefe de gobierno del Distrito Federal;

III. Por realizar cualquier acto o incurrir en omisiones que afecten gravemente el funcionamiento de la administración pública del Distrito Federal o el orden público en la entidad;

IV. Por desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión en la federación, estados, Distrito Federal o municipios, durante el tiempo que dure su encargo, excepto las actividades docentes, académicas y de investigación científica no remuneradas;

V. Por invadir de manera reiterada y sistemática la esfera de competencia de la administración pública central o paraestatal del Distrito Federal;

VI. Por incumplir reiterada y sistemáticamente las resoluciones de los órganos jurisdiccionales federales o del Distrito Federal;

VII. Por realizar actos que afecten gravemente las relaciones de la delegación con el jefe de gobierno del Distrito Federal, y

VIII. Por realizar actos que afecten de manera grave las relaciones del jefe de gobierno con los Poderes de la Unión.

La Asamblea Legislativa calificará la gravedad de la falta y resolverá en definitiva sobre la remoción, por el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la legislatura, siempre y cuando el jefe delegacional o los consejeros de representación ciudadana hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. La resolución de la asamblea será definitiva e inatacable y surtirá sus efectos de inmediato.

En caso de remoción del jefe delegacional, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designará, a propuesta del jefe de gobierno, por mayoría absoluta de los integrantes de la legislatura, al sustituto para que termine el encargo.

En caso de remoción de algunos consejeros de representación ciudadana, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designará al suplente de dicho consejero, sustituyéndolo para que termine el cargo.

En el caso de sentencia ejecutoria condenatoria por delito doloso en contra de un jefe delegacional o un consejero de representación ciudadana, sin dilación alguna el juez dará cuenta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el sólo efecto de que declare la destitución del cargo y nombre al sustituto, observando lo dispuesto en el párrafo anterior.

Las sanciones distintas a la remoción serán aplicadas conforme a las disposiciones conducentes de la ley de la materia.

Los jefes delegacionales y consejeros de representación ciudadana deberán observar y hacer cumplir las resoluciones que emitan el jefe de gobierno, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia, y las demás autoridades jurisdiccionales.

Las controversias de carácter competencial administrativo que se presentaren entre las delegaciones y los demás órganos y dependencias de la administración pública del Distrito Federal serán resueltas por el jefe de gobierno.

Artículo 110. Para ser miembro propietario o suplente de un Consejo de Representación Ciudadana se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, así como estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

II. Ser originario del Distrito Federal, con residencia efectiva en la demarcación territorial no menor de dos años al día de la elección o de cinco años interrumpidos para los nacidos en otra entidad federativa.

III. Ser de reconocida probidad y buena fama pública.

Artículo 111. No pueden ser miembros propietarios o suplentes de los consejeros de representación ciudadana:

I. Los diputados y senadores al Congreso de la Unión que se encuentren en ejercicio de su cargo;

II. Los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se encuentren en ejercicio de su cargo,

III. Los jueces, magistrados o consejeros de la judicatura del Poder Judicial del Distrito Federal o de la Federación;

IV. Los servidores públicos federales del Distrito Federal o de las demarcaciones territoriales, en ejercicio de sus funciones;

V. Los militares y los miembros de las fuerzas de seguridad pública del Distrito Federal y los de las demarcaciones territoriales que ejerzan mando en el territorio de la elección y;

VI. Los ministros de cualquier culto, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco años antes del día de la elección.

Los servidores públicos a que se refieren las fracciones III, IV y V, serán exceptuados del impedimento si se separan de sus respectivos cargos por lo menos noventa días antes de la elección.

Artículo 112. Son atribuciones del jefe delegacional:

I. Presidir las sesiones de sus consejos de representación ciudadana;

II. Ejecutar las decisiones de los consejos de representación ciudadana e informar de su cumplimiento;

III. Cumplir y hacer cumplir dentro de la demarcación territorial las leyes federales y del Distrito Federal y todas las disposiciones que expidan los mismos consejos de representación ciudadana;

IV. Ser el responsable de la comunicación de los consejos de representación ciudadana que presiden con los demás consejos de representación ciudadana y con el gobierno del Distrito Federal;

V. Asumir la representación jurídica de la demarcación territorial en los casos señalados por la ley;

VI. Rendir al consejo de representación ciudadana en asamblea pública, el primer sábado del mes de septiembre un informe sobre el estado que guarda su administración y,

VII. Las demás que le señale el presente Estatuto, Ley Orgánica respectiva y otros ordenamientos.

Artículo 112 Bis. Son atribuciones de los consejeros de participación ciudadana:

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo de Representación Ciudadana ordinarias, extraordinarias y solemnes así como participar en las discusiones con voz y voto, sin que puedan abstenerse de votar, salvo que exista impedimento legal. En caso de impedimento físico o legal, para poder asistir a las sesiones, el interesado deberá dar aviso oportunamente al jefe delegacional.

II. Proponer al Consejo de Representación Ciudadana los proyectos de reglamentos, la modificación o actualización de los ya existentes, incorporando en todo momento la perspectiva de género.

III. Vigilar la rama de la administración de la delegación la cual es parte informando periódicamente al consejo de sus gestiones, así como de aquellas que le designe en forma directa el jefe delegacional.

IV. Proponer al consejo alternativas de solución para la debida atención al ramo de la administración de la delegación que les corresponda.

V. Proponer la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule y apruebe el Consejo de Participación Ciudadana.

VI. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren convocados por el Consejo de Representación Ciudadana o por el Jefe Delegacional.

VII. Informar al consejo sobre cualquier deficiencia que advierta en la administración de la delegación y en la prestación de los servicios públicos delegacionales.

IX. Citar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del ayuntamiento si no lo hace el presidente municipal, en los términos de esta ley y del reglamento interior.

X. Las demás que esta ley, los reglamentos y otros ordenamientos le señalen.

Artículos 113. Los consejos de representación ciudadana con la intervención el Ejecutivo podrán entre sí o con los municipios de otras entidades, convenir la prestación de servicios o la realización de obras en sus territorios cuando éstos constituyan una continuidad geográfica o problemas comunes, mediante acuerdos que establezcan instrumentos y mecanismos ágiles y sencillos para tales finalidades.

Artículo 114. Para el mejor desempeño de sus atribuciones, los representantes generales practicarán recorridos periódicos dentro de su jurisdicción; estos darán audiencia pública por lo menos dos veces al mes a los habitantes de la demarcación territorial. La audiencia se realizará en el lugar donde residan los habitantes interesados en ella, en forma verbal en un sólo acto y con la asistencia de vecinos aledaños.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el plazo de noventa días a partir de la vigencia de este decreto, procederá a reformar y adicionar las leyes locales, para proveer al debido cumplimiento del contenido del mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2013.— Diputados: José Isidro Moreno Árcega,  Erika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Salvador Romero Valencia, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Mario Miguel Carrillo Huerta, Ossiel Omar Niaves López, Maricruz Cruz Morales, Rosendo Serrano Toledo, Anal Isabel Allende Cano, Silvia Márquez Velasco, Blanca Estela Gómez C,  Francisco Javier Fernández Clamont, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Rodimiro Barrera Estrada, Darío Badillo Ramírez, Regina Vázquez Saut, Jorge del Ángel Acosta, Petra Barrera Barrera, Cristina González Cruz, Rosalba Gualito Castañeda, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Roberto Ruiz Moronatti, Norma Ponce Orozco, Flor Ayala Robles Linares, Fernando Zamora Morales, Martha Gutiérrez Manrique, Emilse Miranda Munive, Ponciano Vázquez Parissi, José Luis Márquez Martínez (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal, para su dictamen.

LEY ORGANICA DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot:Con su permiso, diputada presidenta; compañeras y compañeros diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que hoy vengo a presentar ante ustedes, se trata de derogar la fracción X Ter del artículo 4o. y se reforma el artículo 19, primer párrafo, además se adiciona el artículo 19 Bis de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.

En la presente iniciativa se aborda el problema para delimitar el otorgamiento de créditos por parte de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito e Institución de Banca de Desarrollo, a entidades financieras cuya situación económica provoque incertidumbre.

La historia del proceso legislativo para dar cumplimiento al párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es arduo y poco se ha logrado cumplir con el derecho humano y la garantía individual de que toda familia disfrute de vivienda digna y decorosa.

La norma ordinaria que mandata la Constitución es la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicada ésta en el 2001.

Los fondos y garantías que la Sociedad Hipotecaria Federal debería de destinar para que las familias disfruten de vivienda digna y decorosa los otorgaron en los últimos 12 años a las Sofoles Sofomes y empresas constructoras, dándoles trato preferencial y con ello rescatarlas y beneficiarlas.

En el primer trimestre de 2009, el gobierno de Calderón los rescato vía el endeudamiento público externo y lo grave fue que el rescate hipotecario e inmobiliario tuvo su origen en el Congreso de la Unión.

Los directivos de la Sociedad Hipotecaria Federal siempre negaron la existencia del rescate hipotecario e inmobiliario; sin embargo, en el Informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, realizado por la Auditoría Superior de la Federación, el organismo fiscalizador resolvió con dictamen negativo, en virtud de que la Sociedad Hipotecaria Federal, en su autonomía de gestión, actuó discrecionalmente para rescatar financieramente a los intermediarios financieros no bancarios, es decir, a las Sofoles Sofomes.

Esto quedó registrado por la Auditoría Superior de la Federación, concretamente en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010.

En consecuencia, la Auditoría Superior de la Federación realizó las primeras recomendaciones a la Cámara de Diputados y concretamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y le recomendó estudiara la posibilidad de reformar o adicionar la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal para que se delimite el otorgamiento de créditos a las entidades financieras Sofoles Sofomes, cuya situación financiera provoque incertidumbre, se condicione la autonomía de gestión de la sociedad para evitar incurrir en tratos preferenciales con intermediarios financieros no bancarios al rescatarlos de la quiebra, así como también para minimizar el riesgo de convertirse en administradora de cartera y comercializadora de bienes, descuidando su objeto social.

Finalmente, recomendó derogar la fracción X Ter del artículo 4o. de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.

No obstante estas observaciones y advertencias de la Auditoría Superior de la Federación este Congreso no hizo nada. El pasado 20 de febrero de 2013 la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de las auditorías practicadas a la Sociedad Hipotecaria Federal para el ejercicio fiscal 2011.

El organismo fiscalizador de la federación concluyó en la página 2 lo siguiente: Se observó que el Consejo Directivo de Sociedad Hipotecaria Federal utilizó criterios discrecionales en la autorización y otorgamiento de líneas de crédito, aprobar dispensas contractuales de excepciones normativas, dispensas a las Sofoles Sofomes de la obligación de obtener cada año, de una agencia calificadora de prestigio internacional Standard & Poor´s y Moody´s, una calificación mínima de doble AA. Con estas prácticas se incumplió el artículo 19, primer párrafo, de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.

La responsabilidad de cumplir con las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en los informes 2009, 2010 y 2011, eran principalmente de la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, que estaba integrada —entre otros diputados— por Jesús Alberto Cano Vélez, Mario Alberto di Costanzo, Sebastián Lerdo de Tejada, Claudia Ruiz Massieu, Jorge Carlos Ramírez —secretario ahora de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano— todos estos servidores públicos del actual gobierno. Habría que ver si sus nombramientos no tienen alguna vinculación a los grupos de interés que durante los últimos 30 años han saqueado al país.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto.

Artículo primero. Se deroga la fracción X Ter del artículo 4o. de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.

Artículo segundo. Se reforma el artículo 19, primer párrafo de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, para quedar como sigue:

Artículo 19. El consejo no aplicará criterios discrecionales en la autorización y otorgamiento de líneas de crédito, tampoco aprobará dispensas contractuales, excepciones normativas, deberá garantizar sanas prácticas y usos bancarios.

Termino, presidenta.

Artículo tercero. Se adiciona, el artículo 29 Bis de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, para quedar como sigue:

Artículo 29 Bis. La sociedad delimitará el otorgamiento de fondos, garantías y créditos a entidades financieras cuya situación provoque incertidumbre, para evitar incurrir en tratos preferenciales con intermediarios financieros y no rescatarlos de la quiebra.

La sociedad no se convertirá en administradora de cartera y comercializadora de bienes inmuebles otorgados en dación de pago por incumplimiento de las entidades financieras; no descuidará su objeto social para el que fue creada de que toda familia disfrute de vivienda digna y decorosa.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputada presidenta, solicito a usted que el texto íntegro de la iniciativa sea incorporado en el Diario de los Debates. Gracias por su atención y por su tolerancia.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, a cargo de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogar la fracción X Ter del artículo 4º, se reforma el artículo 19º primer párrafo y se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.

Planteamiento del problema

En la presente iniciativa se aborda el problema para delimitar el otorgamiento de créditos por parte de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo a Entidades Financieras cuya situación económica provoque incertidumbre,  para evitar incurrir en tratos preferenciales con intermediarios financieros no bancarios e impedir los rescates, así como también que la Banca de Desarrollo no se convierta en administradora de cartera y comercializadora de bienes inmuebles, otorgados en dación de pago por los incumplimientos de las entidades financieras.

Exposición de  Motivos

La historia del proceso legislativo para dar cumplimiento al párrafo séptimo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es arduo y poco se ha logrado cumplir con el derecho humano y la garantía individual de que toda familia disfrute de  vivienda digna y decorosa.

El 3 de febrero de 1983 se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el derecho de que toda familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa, la reforma constitucional mandató al legislador ordinario a expedir la Ley Reglamentaria del texto constitucional,para que se establecieran los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar este principio constitucional.

La Norma Ordinaria que mandata la Constitución es la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, el 11 de octubre de 2001 se publico en el Diario Oficial de la Federación el decreto de su creación y las funciones legislativas que realizaría.

Desde su constitución los funcionarios de Sociedad Hipotecaria Federal desvirtuaron el marco normativo de su ley orgánica,  solo impulsaron y desarrollaron con recursos públicos, vía el endeudamiento externo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo un mercado oligopólico en la construcción de la vivienda que beneficio a empresas como URBI, GEO, DEMET, ARA, SARE, SADASI y HOMEX.

La Sociedad Hipotecaria Federal también con recursos públicos federales impulsó el crecimiento  de las entidades financieras denominadas Sociedades Financieras de Objeto Limitado y Múltiples mejor conocidas como Sofoles-Sofomes y de manera particular a Patrimonio, Hipotecaria Su Casita, ING Hipotecaria, Hipotecaria Ge Money, Hipotecaria Nacional Grupo Financiero BBVA-Bancomer, Crédito y Casa, Metrofinanciera,entre otras.

La Sociedad Hipotecaria Federal se convirtió en la banca de las Sofoles-Sofomes y de las empresas constructoras de vivienda y dándoles desde su creación tratos preferenciales, de este modo tenemos que en el 2005 las ventas de las seis empresas desarrolladoras que cotizaron en la Bolsa Mexicana de Valores (URBI, GEO, HOMEX, ARA, SARE y Consorcio Hogar), ascendieron a casi $12 mil millones de pesos, recursos equivalentes a más del 50 por ciento del presupuesto total asignado para ese año a la Secretaría de Desarrollo Social.

Cabe señalar que Sociedad Hipotecaria Federal financia a las Sofoles-Sofomes y a las  empresas constructoras a través de las Condiciones Generales de Financiamiento que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las Sofoles-Sofomes solo se encargaron de cobrar los intereses del financiamiento que otorga Sociedad Hipotecaria Federal, ni las Sofoles-Sofomes y ni las constructoras invirtieron en los últimos doce años recursos propios, es decir, la Banca de Desarrollo en los dos últimos sexenios les dio un trato preferencial.

Los fondos y garantías que la Sociedad Hipotecaria Federal debería de destinar para que las familias disfruten de vivienda digna y decorosa los ha otorgado en los últimos 12 años a las Sofoles-Sofomes y empresas constructoras, para darles: tratos preferenciales, rescatarlas y beneficiarlas, en el primer trimestre del año de 2009 el gobierno de Felipe Calderón los rescato vía el endeudamiento público externo y lo más graves fue que el rescate hipotecario e inmobiliario tuvo su origen en el Congreso de la Unión.

La ruta del rescate hipotecario e inmobiliario en México se presenta en los siguientes puntos:

1. Se inició a partir de las reformas realizadas por el Congreso de la Unión a la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de agosto de 2008, cabe destacar que el objetivo de ésta reforma era derogar el artículo noveno transitorio de la citada Ley Orgánica.

El artículo noveno transitorio de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal señalaba lo siguiente: Por un plazo de ocho años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto la Sociedad Hipotecaria Federal podrá efectuar descuentos y otorgar préstamos y créditos a los intermediarios financieros mencionados en el artículo 29 de la Ley. A estas operaciones les será aplicables lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley... Faltando tres años para la conclusión de ese plazo, Sociedad Hipotecaria Federal deberá sujetar a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su programa gradual para la conclusión de nuevas operaciones de este tipo.

La Sociedad Hipotecaria Federal tenía como plazo el once de octubre de 2009 para dejar de otorgar créditos, préstamos o descuentos a los intermediarios financieros. Con la aprobación de ésta reforma y la derogación del artículo noveno transitorio el 20 de agosto de 2008 la Sociedad Hipotecaria Federal seguirá apoyando con recursos públicos por tiempo indefinido a las Sofoles-Sofomes y a las empresas constructoras.

Esta reforma fue clara y su prioridad es proteger y darle un trato preferencial a las Sofoles-Sofomes, para que cuente con recursos públicos suficientes y se financien los créditos para la construcción, compra de viviendas e incrementar el mercado oligopólico que han generado en nuestro país las Sofoles-Sofomes y las empresas constructoras.

2. El segundo paso de la ruta para el rescate hipotecario e inmobiliario se realizó cuando el gobierno federal y la Sociedad Hipotecaria Federal, anunciaron el pasado 7 de enero de 2009 el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y del Empleo, en el citado Acuerdo se explicó que se otorgarían a la Sociedad Hipotecaria Federal recursos para las constructoras e hipotecarias.

3.El tercer paso de la ruta para el rescate hipotecario e inmobiliario se realizó el pasado 13 de marzo de 2009, en ese día se firmo el Pacto Nacional Por la Vivienda Para Vivir Mejor,en el cual la Sociedad Hipotecaria Federalparticipó movilizando directamente hasta 60 mil millones de pesos.

En el apartado A referente del Pacto Nacional Por la Vivienda Para Vivir Mejor,se señala colocar a través de la Sociedad Hipotecaria Federal30 mil 650 millones de pesos a créditos a la construcción y al desarrollo de los mercados de instrumentos respaldados por hipotecas y dotar de liquides al sector. Se estimaron otros 10 mil millones en garantías para inducir la inversión del sector privado, montos que sumados a los 19 mil 500 millones para originación del crédito individual durante el 2009 importaron un total de 60 mil 150 millones de pesos.

4. El cuarto paso de la ruta del rescate hipotecario e inmobiliario se concreto con la línea de crédito que otorgó el pasado 13 de marzo de 2010 el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por 16 mil millones de pesos y que sumados a los 60 mil millones de pesos anunciados en el Pacto Nacional Por la Vivienda Para Vivir Mejor dan un total de 76 mil millones de pesos, para darles un trato preferencial a las hipotecarias y a los empresarios inmobiliarios y que estos recursos en ningún momento beneficiaron a las familias que adquirieron créditos en los últimos diez años y que han caído en cartera vencida.

Los directivos de la Sociedad Hipotecaria Federal siempre negaron la existencia  del rescate hipotecario e inmobiliario llevado a cabo por el gobierno de Felipe Calderón, sin embargo  en el Informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 realizado por la Auditoría Superior de la Federación,el organismo fiscalizador resolvió con dictamen negativo, en virtud, de que la Sociedad Hipotecaria Federal, en su autonomía de gestión actuó discrecionalmente para rescatar financieramente a los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB).

Los efectos del rescate de las Sofoles-Sofomes quedo registrado por la Auditoría Superior de la Federación,concretamenteen el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010,en el apartado “ Situación Financiera de Sociedad Hipotecaria Federal” concretamente en la pagina 15 se señala lo siguiente:

Por otra parte, para valorar los indicadores financieros de la SHF en comparación con las demás Instituciones de banca de desarrollo, se tomaron los índices de morosidad (IMOR), de cobertura crediticia (ICOB) y Capitalización (ICAP) emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la SHCP, con los resultados siguientes:

Como puede apreciarse, SHF presenta los indicadores más deficientes de la Banca de Desarrollo, ya que en el caso del IMOR existe un 99.3 por ciento de diferencia con respecto de la entidad mejor calificada (Nafin) 0.1 por ciento); para ICOB, la diferencia con respecto a Nafin es de 92.1 por ciento y en cuanto al ICAP, la diferencia es de 66.8 por ciento respecto a Bansefi que fue la mejor calificada”.

Es importante señalar que estos indicadores estadísticos presentados en el informe de 2010 por la Auditoría Superior de la Federación, nos llevan a otras observaciones y a los siguientes señalamientos: Banobras presentan un IMOR del 0.3 por ciento y ésta institución de banca de desarrollo se creó en 1933, Nafin del 0.1 por ciento y se creó en 1934, Bancomext del 3.3 por ciento y se creó 1937, Banjercito del 0.4 por ciento y se creó en 1947 y SHF del 14.2 por ciento y se creó en el año 2001, Sociedad Hipotecaria Federa es la banca de desarrollo que con tan sólo 11 años de existencia presenta el IMOR más alto y estos se debe a que Sociedad Hipotecaria Federal le otorgó trato preferenciales en los 12 últimos años a las Sofoles-Sofomes y a otros Intermediarios Financieros.

La Auditoria Superior de la Federación señaló en el citado informe de 2010 que durante 2007-2010 la Sociedad Hipotecaria Federal registró un incremento de 1675  por ciento en su IMOR, de los créditos otorgados a las Entidades Financieras, para el otorgamiento de hipotecas individuales y financiamientos puente para la construcción.

La Auditoria Superior de la Federación cuyas funciones son de control constitucional y dependiente de la Cámara de Diputados, en su informe del 2010 volvió a confirmar lo señalado en el 2009 que la Sociedad Hipotecaria Federal otorgó créditos a las Sofoles-Sofomes con una situación financiera que no garantizaban “una seguridad razonable de recuperación”.

Por tal motivo en los Infor0mes de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010, la Auditoría Superior de la Federación realizó las primeras recomendaciones a la Cámara de Diputados y concretamente a las Comisiones de: Hacienda y Crédito Público, Vivienda y Estudios Legislativos y les recomendó para que estudiarán la posibilidad de reformar o adicionar la Ley orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.

El objetivo de reformar o adicionar la Ley Orgánica de Sociedad Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal es para que se delimite el otorgamiento de crédito a las entidades financieras (Sofoles-Sofomes), cuya situación financiera provoquen incertidumbre, se condicione la autonomía de gestión de la Sociedad para evitar incurrir en tratos preferenciales con intermediarios financieros no bancarios al rescatarlos de la quiebra, así como también para minimizar el riesgo de convertirse en administradora de cartera y comercializadora de bienes, descuidando su objeto social y finalmente recomendó derogar la fracción X Ter del artículo 4º de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.

No obstante las observaciones y advertencias realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en los informes citados de los años 2009-2010, la Cámara de Diputados y concretamente las Comisiones de: Hacienda y Crédito Público, de Vivienda y Estudios Legislativos no cumplieron con la recomendaciones y mucho menos realizaron las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal y con él anuncio de la quiebra de la Sofol-Sofom Hipotecaria Su Casita sólo se confirmó lo que el órgano fiscalizador quería evitar.

Existen muchos intereses para no realizar las reformas y adiciones recomendadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, consultorías e intermediarios financieros han querido generar una opinión pública favorable a Hipotecaria Su Casita, culpar a la Sociedad Hipotecaria Federal y a las familias que obtuvieron créditos hipotecarios de la quiebra de este intermediario financiero.

El diagnostico de la Consultoría Bursamétrica sobre las causas de la quiebra de Hipotecaria Su Casita y que fueron publicadas en el diario La Jornada el pasado 6 de enero de 2013 son superficiales e imprecisas, y sólo favorecen a los responsables de darle un trato preferencial y del rescate hipotecario e inmobiliario en México efectuado en marzo de 2009 por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

La quiebra de Hipotecaria Su Casita tiene sus causas en la originación de los créditos hipotecarios otorgados con recursos de la Sociedad Hipotecaria Federal, y que fueron sobrevaluados hasta en un 40 por ciento, este fraude está acreditado en el estudio realizado por la propia Sociedad Hipotecaria Federaltitulado

El estudio en su página 6 señala lo siguiente: De esta forma la sobrevaluación de las viviendas parece ser el canal a través del cual opera el fraude cometido tanto por los desarrolladores e intermediarios financieros... En el caso de SHF esta sobrevaluación se ha hecho evidente al realizar avalúos posteriores a la fecha de originación para algunos créditos que reclamaron el pago de la garantía (GPI). En estos casos se observó que el precio de la vivienda es aproximadamente 40 por ciento menor al precio de venta.

Las familias que obtuvieron créditos individuales de Hipotecaria Su Casita no provocaron un sobreendeudamiento bancario, lo que llevó a las familias a la falta de liquides para pagar sus créditos hipotecarios, primero fue la crisis de los Estados Unidos en octubre de 2008 y segundo la sobrevaluación del valor de los créditos hipotecarios que son impagables por su duración de 20 y 25 años para liquidarlos, en conclusión en la quiebra de Hipotecaria Su Casita no se presenta un sobreendeudamiento bancario, tenemos créditos sobrevaluados.

Cuando la Consultoría Bursamétrica sostiene que Hipotecaria Su Casita quebró por falta de liquides es falso, toda vez que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las auditorias financieras realizadas a Sociedad Hipotecaria Federal y al Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda en el ejercicio fiscal 2009, observó y concluyó lo siguiente: En febrero y abril de 2009 Hipotecaria Su Casita presento falta liquides, al no serle renovado el vencimiento del papel comercial, incumplió en su pago, a marzo de 2009 la cartera total ascendía a 11 mil 891 millones de pesos, de los cuales el 23 por ciento estaba vencida, muy superior al indicador de 6.1 por ciento del sector y el 29 de abril de 2009 las calificadoras internacionales de valores Moody’s y Standard & Poor’s, bajaron la calificación a la entidad financiera a D (mex) con perspectiva crediticia negativa.

El trato preferencial y él rescate se acredita cuando el 6 de diciembre de 2010 la Sociedad Hipotecaria Federal a atraves de la directora de operaciones, Daniella Gurrea, anunció que la Sociedad Hipotecaria Federal se convertía en la dueña del 75 por ciento de la cartera de crédito de Hipotecaria Su Casita y que sumaba la cantidad de 15 mil millones de pesos, toda vez que la empresa no puede pagar el fondeo a Sociedad Hipotecaria Federal y fue una dación de pago de Hipotecaria Su Casita a Sociedad Hipotecaria Federal para administrar estos activos.

Para acreditar como Sociedad Hipotecaria Federal nunca dejo de darle trato preferencial y rescatar a Hipotecaria Su Casita, la propia Daniella Gurrea lo confirma cuando afirmó lo siguiente: Su Casita le debe a SHF otros mil 300 millones de pesos, (que son parte de 25 por ciento de la cartera que le queda a Su Casita) porque SHF pagó las emisiones quirografarias -es decir aquellas sin garantía- a los inversionistas que compraron ese papel de Su Casita en el mercado de deuda.

Es importante señalar que estas operaciones ilícitas de la dación de pago para administrar la cartera y darles trato preferencial, es decir, de rescatar por parte de Sociedad Hipotecaria Federal a Hipotecaria Su Casita fueron observadas por la Auditoría Superior de la Federacióny en las auditorias al ejerció fiscal del 2010 el organismo fiscalizador hizo la primera recomendación y que señala lo siguiente:

Recomendaciones

10-0-01100-06-1024-01-001.- Para que la Cámara de Diputados, por conducto Comisión de Hacienda y Crédito Público estudie la posibilidad de reformar o adicionar la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal para que se eliminen los tratos preferenciales de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. a las entidades financieras en el otorgamiento de créditos, aun cuando su situación financiera no garantice un seguridad razonable de su recuperación, y se condicione su autonomía de gestión para minimizar el riego de convertirse en administradora de cartera y comercializadora de bienes, descuidado su objeto social. (Resultado 18)”.

Con esto la Auditoría Superior de la Federación cuestionó que Sociedad Hipotecaria Federal haya recibido el 75 por ciento de la cartera de Hipotecaria Su Casita en dación de pago para administrarla, porque con esto la Sociedad Hipotecaria Federal se ha convertido en administradora y comercializadora de bienes inmuebles.

La Auditoría Superior de la Federación concluyó y resolvió que  la Sociedad Hipotecaria Federal “descuidó” el objeto social para la que fue creada y sé refiere a que las familias disfruten de viviendas dignas y decorosas, es decir la Sociedad Hipotecaria Federal no se constituyó para dar tratos preferenciales, rescatar y recibir en dación de pago la cartera chatarra y sobrevaluada por parte de las  Sofoles y provocar un grave quebranto al patrimonio de Sociedad Hipotecaria Federal.

La Auditoría Superior de la Federacióntambién en las observaciones y recomendaciones del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, señalo como la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tomaron decisiones colegiadas para rescatar con recursos de las jubilaciones, pensiones, de invalidez y vida a las Sofoles-Sofomes Metrofinancieras e Hipotecaria Su Casita, estos recurso fueron destinados por la Sociedad Hipotecaria Federal.

El ex director general de Sociedad Hipotecaria Federal Javier Gavito Mohar le solicitó al Juan Molinar Horcasitas Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social el 12 de diciembre de 2008, la renovación de la posesión de $ 500 millones de pesos (bonos de deuda) con vencimiento a diciembre de 2008, ya que la SOFOL-SOFOM Metrofinanciera tenía problema de liquidez que le impedían enfrentar sus problemas de pago y que podría obligar a la liquidación del intermediario financiero.

Las renovaciones de la compra de acciones y bonos de la Sofol-Sofom Metrofinanciera se realizaron de manera continua y el 8 de junio del 2010 el Instituto Mexicano del Seguro Social autorizó la renovación de 561 millones de pesos para otorgárselos a la Sofol-Sofom, estas operaciones tuvieron un valor perdido para el Instituto Mexicano del Seguro Social por la cantidad de 199 millones de pesos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación. 

La auditoría practicada por la ASF a la Sociedad Hipotecaria Federal para el ejercicio fiscal del 2011, las graves irregularidades no terminaron, al contrario se agudizaron y el Consejo Directivo de la Banca de Desarrollo, principalmente Javier Gavito Mohar,  ex director general de SHF y Luis Ignacio Joaquín Torcida Amero, ex director general adjunto Jurídico y Fiduciario de SHF siguieron protegiendo a las Sofoles-Sofomes como Patrimonio, Hipotecaria Su Casita, ING Hipotecaria, Hipotecaria Nacional Bancomer, GE Money, Crédito y Casa, Metrofinanciera, Credito Inmobiliario, entre otros.

El pasado 20 de de febrero de 2013 la ASF dio a conocer los resultados de las auditorías practicadas a sociedad hipotecaria federal para el ejerció fiscal del 2011, el organismo fiscalizador de la federación concluyó en la página 2 del informe presentado y señaló lo siguiente: se observó que el Consejo Directivo de SHF utiliza criterios discrecionales en la autorización y otorgamiento de líneas de crédito, aprobar dispensas contractuales, excepciones normativas, dispensa a las Sofoles-Sofomes de la obligación de obtener cada año de un agencia calificadora de prestigio internacional Standard & Poor’s y Moody’s una calificación mínima “AA” y con estas prácticas se incumplió el artículo 19, primer párrafo, de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.

Pero lo más grave del informe presentado por la ASFen la auditoría del 2011 practicada a la Sociedad Hipotecaria Federal es lo que señala el organismo fiscalizador en su página 7 y que dice lo siguiente: Además, es importante señalar que la aprobación de dispensas contractuales y el deterioro de los Intermediarios Financieros No Bancarios (Sofoles-Sofomes) han contribuido a fomentar el pago de sus adeudos es especie, mediante la celebración de convenios de reconocimiento de adeudos y dación en pago desde el 2009... lo que demuestran que la SHF no está ejerciendo sanas prácticas y usos bancarios, continua señalando el informe de la ASF lo siguiente: Lo anterior se confirma al analizar la situación financiera de la SHF, ya que las daciones en pago pasaron de 8.7 por ciento del total de sus activos en 2009, al 30.7 por ciento.

Estas observaciones son graves, toda vez que la cartera de crédito de Sociedad Hipotecaria Federal al 31 de diciembre de 2012 es de 61 mil 454 510 millones de pesos y el 30.7 por ciento de las daciones de pagorepresenta la cantidad de 18 mil 439 353 millones de pesos,estos excesos se pudieron evitar si la Cámara de Diputados hubiera ejercido su facultad de control constitucional a través de la ASF y realizar las reformas a la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal que el órgano fiscalizador recomendó desde el año 2009.

En este mismo sentido podemos analizar del informe presentado por la ASF que al 31 de diciembre de 2011 la SHF tiene un saldo de cartera de crédito por $ 61 mil 454 510 millones de pesos, por líneas de crédito que la Sociedad Hipotecaria Federal ha otorgado a las Sofoles-Sofomes, de las cuales el 56.6 por ciento (34 mil 791 544 millones de pesos) corresponden a los 7 principales Intermediarios Financieros No Bancarios.

Es decir, la sociedad hipotecaria federal  le da trato preferencial a 7 sofoles al otorgarle líneas de crédito por la cantidad de  34 mil 791 544 millones de pesos, con estos recursos otorgados por la Sociedad Hipotecaria Federal se creó un mercado oligopólico en el mercado hipotecario con recursos públicos federales.

Estas operaciones que desviaron el objeto social para lo que fue creada la Sociedad Hipotecaria Federal no fueron atendidas por la Cámara de Diputados, para realizar las reformas a la Ley Orgánica de la Banca de Desarrollo, porque esta legislación se realizó para darle un carácter de mercado y bursátil a problema de la vivienda y a los créditos hipotecarios, y no para cumplir con el mandato constitucional que señala el derecho para que toda familia disfrute de vivienda digna y decorosa, este principio normativo es un derecho humano y garantía constitucional.

La Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal se redacto para darles tratos preferenciales a las Sofoles-Sofomes, así como  también a las  empresas que prestan servicios complementarios o auxiliares a la Sociedad Hipotecaria Federal, toda vez que la fracción X Ter del artículo 4º del citado marco normativo, permite que la banca de desarrollo invierta en el capital social a empresas privadas.

El artículo 4o., fracción X Ter, de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal señala lo siguiente:

Artículo 4o. La Sociedad podrá llevar a cabo los actos siguientes:

X. Ter. Invertir, con la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el capital social de las empresas que le presenten servicios complementarios o auxiliares en la administración o en la realización del objeto de la propia Sociedad o realizar aportaciones para la constitución de este tipo de empresas, en cuyo caso éstas no serán consideradas de participación estatal y, por lo tanto, no estarán sujetas a las disposiciones aplicables a las entidades de la administración pública federal paraestatal, así como contratar sus servicios sin que resulte aplicable para tal efecto la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

Esta reformas sólo beneficiaron a las empresas particulares que recibieron recursos públicos para realizar actividades empresariales, con estas disposiciones se permitió por parte de la sociedad hipotecaria federal darles tratos preferenciales a las Sofoles-Sofomes y las empresa particulares que prestaron servicios complementarios y auxiliares a la Banca de Desarrollo

Por tal motivo se tienen que derogar la fracción X Ter del artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, y para realizar un mayor control a las operaciones que realiza la Banca de Desarrollo se tiene que adicionar el artículo 29 Bis, para delimitar el otorgamiento de créditos por parte de sociedad hipotecaria federal a entidades financieras, cuya situación económica provoque incertidumbre, evitar incurrir en tratos preferenciales con intermediarios financieros no bancarios y no rescatarlos de la crisis.

Las responsabilidad de cumplir con las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en los informes del 2009, 2010 y 2011 eran principalmente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura  que estaba integrada en entre otros ex diputados como Jesús Alberto Cano Vélez, director general de Sociedad Hipotecaria Federal, Mario Alberto Di Constanzo Armenta, director general de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Sebastián Lerdo de Tejada, director general del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Idelfonso Guajardo Villareal, secretario de Economía, Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaría de Turismo y Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, todos estos servidores públicos fueron nombrados reciente en el gabinete por Enrique Peña Nieto, sus nombramientos están vinculados a los grupos de interés que durante los últimos treinta años han saqueado al país.

La LXII Legislatura del Congreso de la Unión tiene la obligación de iniciar el procedimiento legislativo de juicio político en contra de los servidores públicos recién nombrados y citados con anterioridad, para lograr su inmediata separación y renuncia, sobre todo los que están vinculados a la sociedad hipotecaria federal como su actual director general Jesús Alberto Cano Vélez, el director general del ISSSTE Sebastián Lerdo de Tejada y el secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Jorge Carlos Ramírez Marín, por haber avalado como la Banca de Desarrollo descuidó su objeto social para lo que fue creada, y este principio constitucional señal que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Por todo lo anteriormente expuesto se propone a esta soberanía el siguiente proyecto

Decreto

Artículo Primero.Se deroga la fracción X Ter del artículo 4o. de la Ley Orgánica de  Sociedad Hipotecaria Federal,para quedar como sigue:

Artículo 4o.

I a X Bis. ...

X Ter (se deroga)

XI. ...

Artículo Segundo. Sereforma el artículo 19º primer párrafo de la Ley Orgánica de  Sociedad Hipotecaria Federal, para quedar como sigue

Artículo 19o. ...

El Consejo no aplicará criterios discrecionales en la autorización y otorgamiento de líneas de crédito, tampoco aprobará dispensas contractuales, excepciones normativas, deberá garantizar las sanas prácticas y usos bancarios.

Artículo Tercero.Se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, para quedar como sigue.

Artículo 29 Bis. La Sociedad delimitará el otorgamiento de fondos, garantías y créditos a entidades financieras cuya situación financiera provoque incertidumbre, evitar incurrir en tratos preferenciales con intermediarios financieros y no rescatarlos de la quiebra.

La Sociedad no se convertirá en administradora de cartera y comercializadora de bienes inmuebles otorgados en dación de pago por los incumplimientos de las entidades financieras, no descuidará su objeto social para la que fue creada de que toda familia disfrute de vivienda digna y decorosa.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2013.— Diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Así será, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Ruego a la Secretaría someter a la consideración de la asamblea los puntos de acuerdo. Se continúa con la licencia del diputado Rafael Acosta Croda.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa D«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente

Distinguido diputado presidente:

Con fundamento en los artículos 62 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XI; 6, numeral 1, fracción XVI; 9, numeral 1, fracción II; 12, numeral 1, fracción III y 13, numerales 1, 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a usted tenga a bien poner a consideración ante el pleno de esta soberanía, mi presente solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal por el Distrito 12 con cabecera en el Puerto de Veracruz, a partir del día 12 de marzo del presente año, por tiempo indefinido y en consecuencia sea llamada mi suplente.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención a la presente quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.— Diputado Rafael Acosta Croda, (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se ruega a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Rafael Acosta Croda, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XII distrito electoral del estado de Veracruz, a partir del 21 de marzo del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas:Con su venia, presidenta. El día de hoy venimos a presentar esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el segundo numeral al artículo 55 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

¿Qué nos motiva a hacer esta iniciativa? Compañeros y compañeras, la profesionalización del ejercicio político es fundamental para responder al encargo público al cual hemos sido llamados; cumplir con este encargo de manera integral, con votos conscientes e informados para generar hoy parlamentarios al nivel de este gran país, votos sustentados y con toda la información que sea requerida para que también las aportaciones de cada uno y cada una de los legisladores sean tomadas en cuenta.

Mejorar el trabajo legislativo también es nuestra tarea. Hay temas relevantes en este sentido para generar mejores leyes, más y mejores leyes que estén al nivel de las mexicanas y los mexicanos que nos tienen en este valioso encargo.

El objetivo fundamental de la presente iniciativa tiene que ver con que nos sean entregados, junto con la convocatoria, todos los documentos, los dictámenes e información que debemos tener los integrantes de las comisiones desde el primer momento para que realicemos análisis concienzudos, para que vayamos a las comisiones a decidir, a aportar, a crecer, a desarrollar ideas que beneficien a México.

Ésa es la iniciativa que tenemos el día de hoy y que presentamos ante ustedes, porque desafortunadamente el día de hoy no es una obligatoriedad. Cuando llega a nuestra oficina el tema de una reunión, solo llega la hoja de la convocatoria y en más de una comisión recibimos el legajo de información, en algunas ocasiones parcial o bien no lo recibimos y en otros casos desafortunadamente lo recibimos en el momento que ya se van a votar los dictámenes y que de alguna u otra manera no hay tiempo para revisarlos a conciencia.

Este trabajo tiene que ver con que cumplamos responsablemente con México, con que hagamos la diferencia, con que propongamos con conciencia aportaciones concretas que hoy México requiere en cada una de sus leyes.

Por eso es que esta sencilla reforma, esta sencilla iniciativa lo único que tiene como objetivo es que profesionalicemos el ejercicio del legislador, como debe de ser, y que cada uno de los presidentes y presidentas de comisión tengan la obligación de entregar los dictámenes junto con la convocatoria, y que integren todos los documentos sin parcialidad, para que no solamente la junta directiva de la comisión tenga acceso a toda la información, sino todos los integrantes. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe la presente, Mariana Dunyaska García Rojas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., fracción I, 77, numeral primero, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 173 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con objeto de actualizar la legislación interna de ésta, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El objetivo fundamental de la presente iniciativa de reforma del Reglamento de la Cámara de Diputados es volver eficiente el trabajo legislativo en las comisiones ordinarias de dictamen en la Cámara de Diputados, así como brindar a los diputados herramientas suficientes de análisis, estudio y discusión de los dictámenes en las comisiones ordinarias y los comités.

Una de las problemáticas que, a mi consideración, presenta el nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados es sin duda su interpretación por las comisiones ordinarias de la Cámara, pues éstas se centran sólo en dar cumplimiento tajante a lo establecido en el Reglamento, y a la hora de convocar a las reuniones ordinarias de junta directiva o del pleno de la comisión, remiten al diputado secretario o integrante, el oficio de convocatoria, donde sólo adjuntan el orden del día, pero no los documentos relacionados con él, situación que deja en pleno desconocimiento a los integrantes para poder analizarlos, discutirlos y, en su caso, aprobarlos.

Por eso se propone establecer la garantía suficiente para que a cada predictamen, acta, acuerdo, solicitud o cualquier otro documento sea analizado, estudiado y opinado con anterioridad a la discusión del dictamen en cuestión.

Con ello se asegura que los integrantes de las comisiones asistan a las sesiones de las comisiones con pleno conocimiento de los asuntos por discutir.

Por lo expuesto y fundado me permito poner a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo numeral al artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Único. Se adiciona un segundo numeral al artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 155.

1. La convocatoria a reunión de reunión de comisión o comité deberá publicarse, en la Gaceta con lo menos 48 horas de anticipación y enviarse a cada diputado o diputada integrante, salvo en los casos de reunión extraordinaria.

Se adiciona:

2. La convocatoria a que se refiere el numeral anterior deberá contener copia de todos los documentos que se someterán a consideración de los integrantes de la comisión.

Transitorio

Único. Las reformas del Reglamento de la Cámara de Diputados contenidas en el presente decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de marzo de 2013.— DiputadOS: Mariana Dunyaska García Rojas, Alfredo Zamora García, Raúl Gómez Ramírez, Alberto Díaz Trujillo (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿No se encuentra el diputado Víctor Oswaldo?

El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Gracias, presidenta. Antes que nada quiero comentarles y reconocer que no estaba del todo preparado para presentar esta iniciativa, pero de una manera muy institucional me mandaron a hacer tiempo, y con mucho gusto lo voy a realizar.

Es una iniciativa que versa en darle facultades a esta Cámara para poder legislar en dl tema de vivienda. Lamentablemente al día de hoy no las tenemos, lo que nos limita a poder generar una Ley General de Vivienda que haga obligatorios los lineamientos a estados y a municipios.

Pues ahí va. El propósito de la presente iniciativa se enfoca en la necesidad que existe de establecer un marco jurídico que asegure la conjunción de esfuerzo del gobierno en sus diferentes ámbitos para que la vivienda digna, a la que se hace referencia en el artículo 4o. constitucional, sea una realidad para todos.

Actualmente, en México la regulación en materia de vivienda no facilita la coordinación o concurrencia adecuada entre las diversas instancias del poder público, de la federación, de los estados, de los municipios, ya que existe una gran cantidad de ordenamientos legales que participan en la regulación jurídica habitacional, lo que en lugar de impulsar y agilizar esta actividad la entorpece.

Hoy en día la Constitución no le concede facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de vivienda, por lo que tampoco está facultado para emitir una ley general en esta materia, como sucede en los casos de ambiente, salud o educación, entre otros.

Hoy para el Congreso de la Unión el alcance en los trabajos legislativos se concentra en la materia de asentamientos humanos, a pesar de que se trata de una materia donde coinciden regulaciones de los tres niveles de gobierno, por ello existe la necesidad de darle al Congreso federal la facultad de establecer responsabilidades para cada ámbito de gobierno, de acuerdo con sus atribuciones, de manera que se generen mecanismos de coordinación entre gobiernos para construir una verdadera política de Estado, incrementar los elementos de gobernanza y conducción efectiva en la materia.

Por lo anterior, es necesaria una reforma constitucional que permita generar unidad y efectividad en los esfuerzos de los actores involucrados en el ramo de los tres niveles de gobierno, lo cual puede lograrse si se otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de vivienda, así como para establecer las bases para la concurrencia de los tres niveles de gobierno.

A través de esta iniciativa se propone que la Constitución establezca que sea la federación, a través del Congreso de la Unión, la que legisle en materia de vivienda y que las entidades federativas y los municipios se ajusten a lo dispuesto por la legislación federal, sin perjuicio de que los Congresos estatales puedan legislar en la materia.

Para armonizar la intervención del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, es necesario revisar el papel y responsabilidad que debe jugar cada ámbito de gobierno en la formulación y ejecución de las políticas y programas habitacionales.

A pesar de que el artículo 17 de la Ley de Vivienda establece que la Comisión Nacional de Vivienda debe de promover que los gobiernos de las entidades federativas expidan sus respectivas leyes en la materia, a la fecha no todas las entidades federativas cuentan con una ley estatal de vivienda, solamente existen 19 leyes específicas de vivienda emitidas por los Congresos de los estados y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La Ley de Vivienda constituyó el primer instrumento jurídico referido exclusivamente al sector de la vivienda y su objetivo ha sido establecer y regular los instrumentos y apoyos para que toda la familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

La presente iniciativa pretende generar mejores condiciones para que todas las familias ejerzan el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, en los términos que establece nuestra Carta Magna. Asimismo se pretende coadyuvar en la generación de una mayor coherencia y unidad en la legislación en la materia de vivienda.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción, la XXIX-R, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-R: Para expedir leyes en la materia de vivienda, estableciendo las bases de concurrencia entre el gobierno federal, los estados y los municipios, con el objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo octavo del artículo 4o. de esta Constitución.

Esta iniciativa la he platicado con varios integrantes de la Comisión de Vivienda, uno de ellos el arquitecto Abel Guerra, quien me dio su visto bueno, qué lástima que un priista tan destacado como Abel no tenga un papel más importante que jugar en el priismo estatal. Sin lugar a dudas fuera bastante mejor gobernador que el que tenemos. Gracias, por su venia, presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Víctor Fuentes Solís, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6, fracción I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El problema de la vivienda es universal, ya que ningún país ha logrado satisfacer completamente esta necesidad humana. La vivienda constituye la unidad básica de los asentamientos humanos y es un indicador fundamental de la calidad de vida de los habitantes de una sociedad. Es por esta razón la necesidad de establecer de manera urgente un marco jurídico que asegure la conjunción de esfuerzos del gobierno, en sus diferentes ámbitos, para que la vivienda digna –a la que hace referencia el artículo 4o. constitucional– sea una realidad para todo mexicano.

En México la regulación en esta materia no facilita la coordinación o concurrencia adecuada entre las diversas instancias del poder público, de la federación, de los estados y de los municipios, ya que existe una gran cantidad de ordenamientos legales que participan en la regulación jurídica habitacional, lo que en lugar de promover, impulsar y agilizar esta actividad, la entorpece y dificulta.

Con base en esta situación, es necesaria una reestructuración de dicho marco jurídico para dar unidad y congruencia a los esfuerzos y acciones de los actores involucrados en el ramo, lo cual puede lograrse si se establece en esta materia la concurrencia de los órdenes e instancias de gobierno y se faculta al Congreso General para expedir leyes que la establezcan dentro de sus competencias respectivas.

Actualmente la Constitución carece de disposiciones que permitan al Congreso de la Unión legislar de manera concurrente la materia de vivienda, lo que tendría que derivar en una ley de carácter general, como en los casos de asentamientos humanos, ambiente, salud o educación entre otros. Hoy el alcance de las normas en materia de vivienda queda reducido al ejercicio de facultades federales. A pesar de que se trata de una materia donde coinciden regulaciones de los tres niveles de gobierno y municipales, existe la necesidad de darle al Congreso federal la facultad establecer responsabilidades para cada ámbito de gobierno de acuerdo con sus atribuciones, de manera que se generen mecanismos de coordinación entre gobiernos para construir una verdadera política de Estado en materia de vivienda.

La propuesta se inscribe en la existencia constitucional de las facultades coincidentes, también conocidas como concurrentes, entre ámbitos de gobierno, ya que nuestra Constitución puede otorgar competencia sobre una materia a dos o más órdenes de gobierno –federación, entidad federativa o municipio– sin prever por sí misma y directamente sobre qué parte competencial corresponde a cada uno, pues ello correspondería a la legislación secundaria.

La Constitución confiere la facultad de fijar las bases para la distribución competencial, tanto en el artículo 73 como en el 124.

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”, también lo es que determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la federación, las entidades federativas y los municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa, la de salubridad, la de asentamientos humanos, la de seguridad pública, la de protección civil y la deportiva. En el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que los ámbitos de gobierno, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

Para el caso que nos ocupa, proponemos que la Constitución establezca que sea la federación –a través del Congreso de la Unión– la que legisle en materia de vivienda y que las entidades federativas, y los municipios se ajusten a lo dispuesto por la legislación federal, sin perjuicio de que los congresos estatales puedan legislar en la materia.

Es un hecho que la Ley de Vivienda vigente expresa los alcances potenciales y también los límites reales de la intervención de los poderes federales en la materia. La pluralidad de objetos y lo diverso de sus enfoques económico, social y jurídico, su carácter “multisectorial” en lo administrativo y concurrente en lo jurídico, implican de hecho, severas limitaciones para articular una política nacional de vivienda unitaria y coherente.

Por las limitaciones del marco legal en materia de vivienda, que dan una amplia libertad a los gobiernos locales, es que el papel y respuestas de los gobiernos estatales y municipales ha sido tan heterogénea, Hoy día existen algunos cuantos gobiernos estatales y municipales conscientes y preocupados por resolver los problemas habitacionales de sus gobernados, pero también hay otros donde el desinterés o la incapacidad para desarrollar acciones en la materia es la constante.

Para armonizar la intervención del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, es necesario revisar el papel y responsabilidades que deben jugar cada ámbito de gobierno en la formulación y ejecución de las políticas y programas habitacionales.

En la actualidad, los congresos estatales generan su propia legislación en materia de vivienda, ya sea que elaboren leyes estatales de vivienda o que incluyan dicha materia en una ley más general como la de desarrollo urbano. Sin embargo, estas legislaciones no necesariamente siguen lo establecido en la Ley de Vivienda, por lo que el gobierno federal promueve la firma de convenios de colaboración con las entidades federativas, para que al elaborarse las leyes estatales de vivienda se retomen lo criterios establecidos en la ley federal de la materia, aunque adaptándolos a las necesidades del ámbito local.

A pesar de que en  el artículo 17 de la Ley de Vivienda, la Comisión Nacional de Vivienda debe de promover que los gobiernos de las entidades federativas expidan sus respectivas leyes de vivienda, en donde se establezcan la responsabilidad y compromiso de los gobiernos estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones para la solución de los problemas habitacionales, a la fecha se ha detectado que no todas las Entidades Federativas cuentan con una Ley Estatal de Vivienda.

En este contexto, a partir de 2007 la Conavi se dio a la tarea de promover la elaboración y actualización de leyes estatales de vivienda, donde diversos estados elaboraron sus proyectos de Ley de Vivienda con base en los lineamientos de la Ley de Vivienda, adicionalmente se elaboraron 22 programas estatales de vivienda, en sujeción a una guía metodológica elaborada por Conavi, que integra las variables básicas que deben contener estos instrumentos normativos en congruencia con la política nacional de vivienda, como resultado de estos trabajos, durante 2008, fue promulgada la Ley de Vivienda del estado de Guanajuato con su respectivo Reglamento y fueron publicados los Programas Estatales de Vivienda de Nayarit, Jalisco y Nuevo León.

En una investigación reciente los datos nos arrojan que a la fecha existen 19 leyes específicas de vivienda en los estados y del Distrito Federal, y en los demás estados el tema se encuentra regulado en otros ordenamientos.

El antecedente de la formulación de la Ley de Vivienda fue la reforma al artículo 4o. de la Constitución mexicana, en el que se especifica que todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna y decorosa, con esta acción el derecho a la vivienda quedó elevado a rango constitucional en nuestro país. La Ley de Vivienda constituyó el primer instrumento jurídico referido exclusivamente al sector de la vivienda y su objetivo ha sido establecer y regular los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Pese a que de manera explícita la Ley de Vivienda no incluye el calificativo de ley federal, opera como tal. Sin embargo, la omisión del carácter de dicha norma resta claridad a ésta e implica una indefinición del ámbito al que pertenece dicha materia, si al federal o al local. Aun cuando la Ley de Vivienda especificara su carácter federal, lo más adecuado para dotar al marco legal en la materia de efectividad y operatividad entre los tres niveles de gobierno, sería el contar con una “ley general”.

La justificación a la propuesta de sustituir el carácter de ley de “federal” a “general” descansa en que, siendo “federal”, su aplicación se concentra en el Poder Ejecutivo y presenta lagunas jurídicas al no establecer la responsabilidad de los órdenes gubernamentales; mientras que, al hacerse general se daría una definición clara de las autoridades que deben intervenir, así como las de todos los participantes en la materia, y sus responsabilidades específicas. Sin embargo, no se puede establecer el carácter general si el Congreso no tiene la facultad de expedir leyes que determinen la concurrencia en dicha materia.

La propuesta de dotar al Congreso General de la facultad de expedir leyes que determinen la concurrencia, en todo lo concerniente a materia de vivienda, posibilitaría la efectividad de lo previsto por el párrafo octavo del artículo 4o. constitucional. A su vez, una disposición de tal naturaleza tendría como resultado la expedición de una ley que establezca el marco general en materia de vivienda, las consecuentes leyes locales de la materia, así como los reglamentos que se elaboren en las diversas dependencias y entidades de la administración pública que realizan acciones en materia habitacional, todo esto para coadyuvar a una mayor coherencia y unidad en la legislación sobre vivienda.

Así, con la presente iniciativa se pretende establecer de manera expresa en el texto constitucional, la concurrencia de los órdenes de gobierno en materia de vivienda.

Lo anterior, con la finalidad de evitar la indefinición relativa al ámbito al que pertenece la materia, y mejorar la efectividad y operatividad de las acciones públicas dirigidas a velar por que todo mexicano habite en una vivienda digna y decorosa.

Por lo expuesto, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIX-R del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

...

XXIX-R. Para expedir leyes en materia de vivienda, estableciendo las bases de concurrencia entre el gobierno federal, los estados y los municipios, con el objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo octavo del artículo 4o. de esta Constitución; y,

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputados: Víctor Fuentes Solís, Gabriela Medrano Galindo, Alberto Coronado Quintanilla (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

VOLUMEN IV

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, después de esta exitosísima sesión con más de 46 iniciativas, es que me permito informar a ustedes que el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.*

Por tratarse de una reforma constitucional, tiene el uso de la voz, hasta por 15 minutos, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el señor diputado don Julio César Moreno Rivera.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, a sus órdenes. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Mire, señor presidente, es una reforma importante, tengo pleno conocimiento del esfuerzo que están haciendo los coordinadores parlamentarios para sacar la iniciativa y valdría la pena —y le ofrezco una disculpa si es un error mi apreciación— pero valdría la pena que todos los compañeros legisladores, legisladoras, tuviesen en sus manos el dictamen final.

Tengo conocimiento que lo están procesando, que hay algunos detalles, pero es un tema importante para este país, para los mexicanos, e insisto de manera respetuosa, le pido pueda ordenar a quien corresponda para que cada diputado, diputada, pueda tener el dictamen final de esta reforma constitucional. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Con mucho gusto, diputado. El dictamen está publicado desde el pasado martes y quiero comentarles que en este momento están reproduciendo una adenda de consenso, que nos permitirá, entre otras cosas, retirar —espero— muchas de las reservas que se han presentado. Tiene usted el uso de la voz, señor diputado.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Honorable Congreso de la Unión, compañeras y compañeros diputados, compañeros de los medios, a todos los aquí presentes.

A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de los artículo 6o., 7o., 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

Como no se hacía desde 1960, hoy abriremos un debate que establecerá sustancialmente la legislación en materia de telecomunicaciones, con la reforma constitucional que significará un verdadero avance tecnológico, social y político en el campo de las telecomunicaciones en nuestro país, convencido de que impulsará el desarrollo integral de nuestra sociedad.

Actualmente nos encontramos en un mundo globalizado, en el que las telecomunicaciones tienen un papel de vital importancia para todas las naciones, por lo que un país sin desarrollo en este sector inevitablemente está condenado al estancamiento, a la manipulación e inequidad en esa materia.

Hasta ahora el Estado se había debilitado en sus obligaciones constitucionales y de sus deberes para con la sociedad por una falta de visión y de voluntad política para detonar el cambio que necesitamos en el sector de telecomunicaciones, mismo que en otros países de primer mundo los tiene en la vanguardia en su agenda política.

Por ello, estamos por aprobar las bases normativas que dan la pauta al camino del desarrollo en ese sector con la modificación a los artículos antes mencionados. Con esto daremos un gran paso para lograr la transformación del sector de telecomunicaciones en México.

Tenemos el compromiso ante la sociedad de poner en marcha los cambios necesarios que nos conduzcan hacia una competitividad que permita a todos los mexicanos tener acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad y a bajo costo.

Esta reforma ha sido buscada por múltiples legislaturas, incluso antes, en 1997, en la LVII Legislatura, cuando se reflejó por primera vez un equilibrio de los tres poderes, de los tres partidos políticos con mayor representatividad en esta Cámara de Diputados, ya se pretendían reformas al respecto, que permitieran al Estado mexicano conseguir una rectoría en materia de telecomunicaciones que abonara en la vida democrática de nuestro país.

Es de resaltar que una reforma constitucional de este gran calado ha sido obtenida gracias al consenso de voluntades de los partidos políticos más representativos en esta Legislatura y significa un gran avance en la coincidencia dentro de la pluralidad de las ideas y propuestas a favor de nuestro país. Mi reconocimiento, compañeras y compañeros diputados, por su voluntad para tratar de conseguir este gran consenso.

En este contexto y por la importancia que merecen, puntualizo los principales temas que integran esta reforma.

El artículo 6o. constitucional, incorpora el libre acceso a la información como un derecho inherente a todos los mexicanos, asimismo se obliga al Estado a proveer el acceso a tecnologías de la información y comunicación conjuntamente con los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y banda ancha.

Otro aspecto relevante de la reforma consiste en instituir los organismos necesarios que materialicen la democratización de los medios de comunicación, pues a partir de esta reforma el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica se revisten de autonomía constitucional, con el objeto de garantizar la independencia funcional del Ejecutivo federal.

El dictamen aporta elementos de vanguardia en el sector con la apertura del mercado a la inversión extranjera en condiciones de reciprocidad en materia de telecomunicaciones, comunicación vía satélite y la radiodifusión. Asimismo con la apertura de dos nuevas cadenas de señal de televisión abierta, fomentando con ello la competitividad que tanto ha demandado la sociedad.

Quiero resaltar que los pilares del dictamen de la reforma constitucional que hoy se presenta para su discusión y, en su caso, aprobación se ven reflejados en el beneficio que obtendrán los usuarios, a través de una competencia equilibrada y justa entre los prestadores de servicio de televisión abierta y restringida, garantizar el acceso a Internet y a la banda ancha con la perspectiva de que principalmente los niños y los jóvenes educandos puedan tener acceso a esta infinita fuente de información, que representa abrir una puerta al mundo del conocimiento y la tecnología a miles de mexicanos alejados de las grandes ciudades.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, me dirijo a ustedes, y solo a ustedes, quienes tienen la conciencia de que fue el pueblo de México quien los eligió como sus presentantes populares en este recinto, y que igualmente saben que en nuestra nación solo hay un territorio, y éste no es un territorio propiedad de ninguna empresa telefónica en particular ni podemos seguir siendo rehenes de monopolios.

Si realmente estamos comprometidos con verdaderos cambios estructurales a favor de nuestro país, éste es el momento; los invito a que hagamos historia y recordemos que —como dijo Henry Ford— el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor presidente. En este momento correspondería someter a la consideración del pleno la votación económica para que la asamblea acepte la propuesta de modificación presentada de consenso; sin embargo, estoy consciente de que apenas están llegando los impresos a los diputados. Sin embargo, ya está en las pantallas.

Es por ello que vamos a tener ahora el privilegio de escuchar a don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien va a presentar moción suspensiva.

Vamos a votar la propuesta de modificaciones hasta un poquito más adelante, en cuanto tengamos a la vista las propuestas de modificación.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: A pesar de ser un día difícil por lo que ha ocurrido, quiero que ojalá puedan seguirnos en la argumentación y votar la moción suspensiva, porque miren, esta reforma va a impactar a un sector empresarial, económico y político, que difícilmente se ha conducido con objetividad e imparcialidad en la información que a través de noticiarios y editoriales, transmitidos en radio y televisión sobre la lucha política de las izquierdas y movimientos sociales.

No obstante ello, estamos obligados —y yo en lo particular— a buscar preservar garantías constitucionales de todo gobernado y, sobre todo, salvaguardar a la sociedad el acceso a las telecomunicaciones como un acto de garantía a la libertad de expresión y difusión de las ideas.

Aunque la reforma pueda tener cosas positivas, la verdad es que no hay mucha seguridad jurídica en lo que están ustedes impulsando aquí y en la sociedad hay un ambiente de exclusión en torno a este debate.

No es posible que en tan pocos días, en tan pocas horas, y en un ambiente tan de desaseo, como está ocurriendo aquí, estemos debatiendo una reforma de la importancia que estamos viendo aquí.

En el dictamen aprobado se presenta un reconocimiento oficial a la existencia de monopolios en las telecomunicaciones en nuestro país; señalan ya el caso de América Móvil, con un dominio del 79.6 del mercado, el 70 en telefonía móvil y 74 en Internet fijo, y por cuanto hace a los monopolios en radio y televisión, se reconoce la existencia de éstos y sin embargo, no se precisa qué empresas son las responsables ni las medidas que las autoridades competentes han realizado para su contención.

No obstante, en la iniciativa, en el apartado de artículos transitorios, contiene una serie de medidas para reordenar el mercado en corto plazo.

Hay violaciones formales al artículo 71, 72 constitucional, al artículo 20 del Congreso, porque el dictamen carece de un planteamiento del problema en forma integral y objetivo; el análisis es parcial y genérico, carece de valoración de impacto presupuestal, que implica la ejecución de las acciones que se presentan particularmente en los artículos transitorios.

Por ello, y solamente para dejar algunos ejemplos, el planteamiento del problema en la iniciativa que se presenta atiende afirmaciones generales incompletas; por ejemplo, anuncia el problema de los monopolios en servicios de radiodifusión sin precisar cuáles son éstos y los efectos que producen en el mercado o en las restricciones al derecho a la información de los ciudadanos.

No precisa cuál es el problema institucional y legal en la administración pública federal en materia de concesiones; cuál ha sido el desempeño y, en su caso, evaluación de las actuales Cofetel, entre otras instituciones.

No se explica y justifica sobre todo la necesidad y premura para permitir en el quinto transitorio la inversión extranjera directa al 100 por ciento en materia de telecomunicaciones y hasta el 49 por ciento en radiodifusión a partir de la entrada en vigor del decreto, siendo que en los artículos tercero y cuarto transitorios establece plazos de 180 días para que el Congreso realice las adecuaciones al marco jurídico reglamentario.

Resulta la permisión de inversión extranjera en la materia antes de que exista el marco regulatorio correspondiente.

¿Qué pasa con las disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera? Ustedes saben que en el artículo 6o. se regula que los servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión están reservados de manera exclusiva a mexicanos y a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión extranjera; que la inversión extranjera no podrá participar en estas actividades ni a través de fideicomisos ni en ninguna otra forma.

Sin embargo, aquí con el contenido de este artículo quinto transitorio, de facto se deroga el artículo 6o. de la Inversión Extranjera, violentando con ello el artículo 27 de la misma Constitución General.

Si bien es cierto que en la iniciativa que se presenta se establece que en radiodifusión y telecomunicaciones las concesiones serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no se puede salvar la restricción que se establece para la inversión extranjera.

También omiten la valoración presupuestal de cada una de las acciones. Nada más por decir un caso, el segundo párrafo del artículo quinto transitorio determina que la transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Para ello, los Poderes de la Unión están obligados a promover en el ámbito de sus competencias la implementación de equipos receptores y de codificadores necesarios para, en adopción de esta política de gobierno, garantizar los recursos presupuestales que resulten necesarios. ¿Cuántos y a cargo de quién?

Obviamente en la reforma no se ve nada de esto y aparte de pedirle a la Presidencia que inserte el texto completo de nuestra moción suspensiva, quisiera culminar con la parte más importante —desde mi punto de vista— que es que con la reforma se establece un marco legal que violenta las garantías de seguridad jurídica de permisionarios y concesionarios en radiodifusión y telecomunicaciones.

Ya en las reservas en lo particular, porque intuyo, por algunas señas que veo de algunos diputados muy influyentes en esta Legislatura, que va a sonar la campana, y obviamente quiero entender que van a votar no a la moción suspensiva.

Culmino, señor presidente y le agradezco su tolerancia. Ya pedí que se inserte el texto de mi moción en el conjunto del debate parlamentario.

Nada más lo que quiero decir es que se faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar acciones administrativas antes que la reglamentación de las leyes de la materia que debe realizar el Congreso de la Unión a las leyes en la materia, generando un marco de discreción que violenta la garantía de seguridad de los permisionarios y concesionarios.

Es por eso que propongo que se suspenda la discusión en lo general del dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos que aquí ya se han comentado, en materia de telecomunicaciones, para integrar el dictamen en los términos que exige el artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Agradezco su tolerancia, señor presidente. Les pido a los diputados que por dar certeza jurídica a todos los afectados de esta reforma y, sobre todo, para que la sociedad tenga derecho a enterarse de lo que aquí están pactando en corto algunos, permitan esta moción suspensiva, si es que no hay ningún temor.

No le vemos problema, demos la moción suspensiva, abramos el debate a la sociedad, garanticemos que la sociedad esté integrada, no en la discusión, sino sobre todo en los beneficios de esta reforma y no vaya a ser una reforma para privilegiar a un poder y para beneficiar solo a algunos de ellos. Muchas gracias y le pido que se inserte mi intervención completa en el Diario de los Debates.

«Moción suspensiva respecto del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones.

Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la honorable  Cámara de Diputados.

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento moción suspensiva para la discusión en Pleno del dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por los hechos y razones de derecho que a continuación se presenta:

Considerando

I. La iniciativa que presenta el Ejecutivo Federal que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales en materia de telecomunicaciones fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado doce de marzo del año en curso, misma que se dictaminó el día catorce del mismo mes. Bastaron solo unas cuantas horas para que veintinueve diputados, que integran dicha comisión, la votaran en sentido positivo.

En el dictamen aprobado, se presenta el reconocimiento oficial de la existencia de monopolios en las telecomunicaciones en nuestro país. Se señala que en cada segmento del mercado está dominado por una sola empresa: América Movil (Telmex y Telcel); domina el 79.6% del mercado de telefonía fija; el 70% en telefonía móvil; 74% internet fijo; que el sector se ha caracterizado por tener altos precios, generando un bajo porcentaje de penetración de los servicios y un pobre desarrollo en la infraestructura; que los precios de telefonía fija en México, aún son de los más caros del país.

Por cuanto hace a los monopolios en radio y televisión, se reconoce la existencia de éstos, sin embargo, no se precisa que empresas son las responsables, ni las medidas que las autoridades competentes han realizado para su contención. No obstante, la iniciativa en el apartado de artículos transitorios, contiene una serie de medidas para reordenar el mercado en corto plazo.

Violaciones formales

Es de precisar que los artículos 71 y 72 constitucionales, determinan que la Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas, debiendo observar los reglamentos respectivos sobre la forma intervalos y modo de proceder en las discusiones votaciones.

Debe señalarse que el artículo 20, párrafo 2, .inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, determina que la Mesa Directiva tiene la función de garantizar que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley, cuidando que los dictámenes cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación.

El dictamen carece de un planteamiento del problema en forma integral y objetivo; el análisis es parcial y genérico; carece de la valoración de impacto presupuestal que implica la ejecución de las acciones que se presentan particularmente en los artículos transitorios; aunado a ello se presenta una fuerte inconsistencia legislativa, al establecer la creación de instituciones responsables de la competencia en la materia y las funciones reguladoras en telecomunicaciones, con atribuciones genéricas sin un marco legislativo definido por el Congreso de la Unión, generando con ello incertidumbre en los procedimientos a seguir en actos administrativos que afectarán a concesionarios y permisionarios de radio y televisión. Violentando con ello lo establecido en las fracciones VI, VII y VIII del artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados:

Artículo 85.

1. El dictamen deberá contener los siguientes elementos:

I. Encabezado o título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o modificar;

II. Nombre de la comisión o comisiones que lo presentan;

III. Fundamento legal para emitir dictamen;

IV. Antecedentes del procedimiento;

V. Nombre del iniciador;

VI. Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema;

VII. Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar;

VIII. En su caso, valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro;

IX. Análisis v valoración de los argumentos del autor que sustentan el asunto o asuntos;

X. Análisis v valoración de los textos normativos propuestos, en su caso, explicando si se aprueban, modifican o desechan;

Para ello y por cuestión de tiempo señalo algunos ejemplos.

I. El planteamiento del problema en la iniciativa que se presenta atiende a afirmaciones generales e incompletas; por ejemplo anuncia el problema de los monopolios en servicios de radiodifusión sin precisar cuáles son éstos y los efectos que producen en el mercado o en las restricciones al derecho a la información de los ciudadano; no precisa cual es el problema institucional y legal en la administración pública federal en materia de concesiones; cuál ha sido el desempeño, y en su caso evaluación de las actuales Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia en la Materia, que justifique la creación de nuevas instituciones reguladora Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.

II. No se explica y justifica la necesidad y premura para permitir, en el artículo quinto transitorio, la inversión extranjera directa al cien por ciento en materia de telecomunicaciones y hasta el cuarenta y nueve por ciento en radiodifusión a partir de la entrada en vigor del decreto, siendo que, en los artículos tercero y cuarto transitorios, establece un plazos de 180 días para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones al marco jurídico reglamentario. De lo que resulta la permisión de inversión extranjera en la materia, antes de que exista el marco regulatorio correspondiente.

¿Qué pasa con las disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera? El artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera dispone en su fracción VI, que los servicios de radiodifusión v otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros; que la inversión extranjera no podrá participar en estas actividades, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, u otro mecanismo que les otorgue control o participación alguna.

Artículo 6o.Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación, están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros:

I.Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería;

II.Comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo;

III.Servicios de radiodifusión v otros de radio v televisión, distintos de televisión por cable;

IV.(Se deroga). Fracción derogada DOF 20-08-2008

V.Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley de la materia; y

VI.La prestación de los servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables.

La inversión extranjera no podrá participar en las actividades v sociedades mencionadas en el presente artículo directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, u otro mecanismo que les otorgue controlo participación alguna, salvo por lo dispuesto en el Título Quinto de esta ley.

Con el contenido del artículo quinto transitorio, de facto se deroga el artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera, violentando con ello el artículo 27 de la misma Constitución General. Si bien es cierto, en la iniciativa que se presenta se establece que en radiodifusión y telecomunicaciones las concesiones serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no se puede salva la restricción que se establece para la inversión extranjera en telecomunicaciones en la Ley de Inversiones Extranjeras.

El artículo quinto transitorio violenta el artículo 72, inciso F, de la misma Constitución. Dicha disposición determinar que “En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismo trámites establecidos para su formación”. Esto es, si se quiere abrir la inversión extranjera en servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable, lo correcto es reformar la Ley de Inversión Extranjera, y no hacer lo que los abogados llaman una “Chicana” para garantizar la inversión extranjera a partir de una disposición transitoria que no establece o regula las condiciones o procedimientos que deberán de observar los inversionistas extranjeros.

Señoras y señores, la reforma constitucional que favorecer la inversión extranjera en telecomunicaciones, garantiza la penetración de empresas extranjeras en el mercado nacional, a las cuales no se les establece condición alguna, de lo que resultará, atendiendo a las leyes del capital, que éstas avasallaran a las empresas mexicanas que se dedican a esta actividad, por la capacidad económica de las mismas y por las facilidades que se darán para su inserción, con base a la discrecionalidad que se otorga a los organismos reguladores de nueva creación.

II. Se omite la valoración presupuestal de cada una de las acciones que se proponen en la iniciativa. Destaco solo algunas:

A) El segundo párrafo del artículo quinto transitorio determina que “La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015”, Para ello, “Poderes de la Unión” estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno, garantizando a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios ¿Cuántos? ¿Y a cargo de quién?

Señores de las comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión de esta Cámara de Diputados. En los primeros días de enero de este año, el señor Mony de Swaan, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), les informó que la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) a nivel nacional, prevista para el 2015, requiere de 13,188 millones de pesos; además de que hay una disparidad entre las entidades federativas en cuanto a la penetración del servicio, para lo cual “Un subsidio es fundamental para llevar a buen puerto el apagón”. Puso de ejemplo el apagón analógico de la televisión en Tijuana, para el cual a través del Fondo de Cobertura Social se aprobó una partida de 760 millones de pesos. Señalo que para el 2013, la transición a la Televisión Digital Terrestre requerirá recursos del orden de 2,119 millones de pesos para el apagón analógico en las cinco ciudades fronterizas ¿Qué presupuesto implica para la cobertura universal, en la que deben incluirse las áreas rurales? Detalles como este se omiten en el dictamen.

B) Con la reforma se establece un marco legal que violenta la garantía de seguridad jurídica de permisionarios y concesionarios en radiodifusión y telecomunicaciones.

En el artículo 28 constitucional de la iniciativa se establece la creación de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, éste último autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Para la integración de dichos organismos, el Comité de evaluación integrado por los titulares del Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, deberá de enviar, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto que hoy se discute, las listas de aspirantes al Ejecutivo Federal, el que deberá de remitir sus propuestas, dentro de los diez días naturales siguientes, al Senado de la República, para que resuelva en un término de diez días. Lo que significa que dentro de los ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto, se habrá integrado nuevos organismos responsables de las telecomunicaciones.

Nuevas instituciones reguladoras que realizarán actos administrativos en la materia, sin la existencia del marco normativo reglamentario que deberá de emitir el Congreso de la Unión, conforme artículos tercero y cuarto transitorios del decreto, en un plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto que hoy se discute.

El artículo octavo transitorio, dispone que una vez constituido el Instituto Federal de Telecomunicaciones (esto es a partir de los ochenta días naturales que se ocupan para su constitución):

1. Los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde.

2. Los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están obligados a retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios.

Esto es, se faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones ha realizar acciones administrativas antes de la reglamentación a las leyes de la materia que debe realizar el Congreso de la Unión a las leyes de la materia. Generando un marco de discreción que violenta la garantía de seguridad de los permisionarios y concesionarios.

Esta Cámara de Diputado está obligada o observar el principio de constitucionalidad y legalidad de sus actos para no afectar a los gobernados.

Expuesto lo anterior, solicito:

Único. Se suspenda la discusión en lo general del dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículo 6°, 7°, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones para integrar el dictamen en los términos que exige el artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Protesto lo necesario

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2012.— Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro. Honorable asamblea, el Reglamento solo nos permite una moción suspensiva. Sin embargo, ha sido criterio de esta Presidencia presentar hasta dos mociones suspensivas con una sola votación, una vez que sea presentada esta segunda y para ello tiene el uso de la palabra don Ricardo Mejía Berdeja, por cinco minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente, venimos a presentar esta moción suspensiva en los términos del artículo 122 del Reglamento de la Cámara.

Nuestra convocatoria, compañeras y compañeros, es a recuperar el Congreso como el espacio de articulación política y social, donde se construyen las leyes que demanda el país; recuperar el Congreso para que sea el espacio de la deliberación pública, con base en el mandato y en la representación que nos han otorgado los ciudadanos.

En Roma, Enrique Peña Nieto mintió; el Pacto por México ha secuestrado la vida parlamentaria; el Pacto por México se ha constituido en un supremo poder conservador metaconstitucional e inconsulto; el Pacto por México se ha convertido en un aparato de propaganda y culto a la personalidad presidencial. Por eso es mentira lo que dice Enrique Peña Nieto, que aquí se iba a deliberar.

El Pacto por México es la coartada para reconstruir un presidencialismo autoritario, que genera leyes al margen del sentir ciudadano en la opacidad.

Se han ido acentuando las prácticas excluyentes; en lugar de discutir las reservas en la Comisión de Puntos Constitucionales, como procedía, se han creado instancias oscuras, ajenas a la transparencia parlamentaria y lo que hoy nos presentan es producto de este trabajo desaseado que no sigue los procedimientos parlamentarios.

Ya no solo tenemos Pacto por México, ahora aquí mismo, en la Cámara de Diputados, tenemos un pactito por México, en el que en lo oscuro se reúnen notables a deliberar lo que le corresponde al pleno y nos tienen aquí prolongando indefinidamente la sesión para que nos traigan cocinadas reformas que no pasan la prueba del ácido.

¿Qué oscuros acuerdos negocian que no resisten la luz? ¿Cuál es el burdo regateo? Que si Carlos Slim y Telmex por un lado, que si Emilio Azcárraga por el otro, y yo preguntaría, ¿y dónde está la ciudadanía?

El Congreso de la Unión no puede estar postrado al Ejecutivo ni ser una oficialía de partes o un apéndice. En las prisas por sacar iniciativas al gusto del Ejecutivo se han cometido desaseos, violaciones y maniobras, como es el caso de la minuta del fuero o la inmunidad parlamentaria.

También se han ido postergando otros proyectos que estaban antes, como la reforma en materia de transparencia y acceso a la información, que también modifica el artículo 6o. constitucional. Sin embargo, nada de eso importa, con las prisas de congraciarse con el Ejecutivo.

Esta reforma, compañeras y compañeros diputados, carece de técnica legislativa: 17 artículos transitorios en 21 cuartillas es una ofensa a la Constitución. Es una prueba de este manoseo constitucional en que se busca hacer de la Constitución un reglamento o un contrato mercantil.

Nosotros creemos que el Ejecutivo no puede ser el legislador supremo, el juez supremo, el autócrata que puede regular en la Constitución quién tiene derecho y quién no tiene derecho.

Por eso no estamos de acuerdo en que se suspenda la posibilidad de que particulares tengan derecho a la suspensión provisional. Esto va a hacer que todos los medios estén amordazados, con la espada de Damocles, impidiendo el ejercicio de la libertad de expresión.

Vivimos un retroceso en materia de derechos, y la Constitución lo que tiene que hacer es ensanchar los derechos del pueblo.

Por todas estas razones, por ser una reforma precipitada, excluyente y ajena al sentir ciudadano, proponemos que se regrese a la Comisión de Puntos Constitucionales y que se discuta en forma y no con estos acuerdos en lo oscurito, con este pactito que se inauguró en estos días. Es cuanto.

«Moción suspensiva respecto del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente moción suspensiva respecto del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, al tenor de la siguiente

Motivación y justificación

De nueva cuenta, uno de los motivos fundamentales que nos mueven a  presentar la siguiente moción suspensiva, tiene que ver con las prisas injustificadas de los trabajos legislativos.

De nueva cuenta presenciamos en comisiones una trepidante “discusión” y aprobación de un dictamen respecto de una iniciativa elaborada desde la oficina del jefe máximo del Estado mexicano, de la Presidencia, del partido oficial y de las bancadas mayoritarias en el Congreso.

Los órganos de la Cámara de Diputados han llevado a cabo un indigno papel, ya que no han reparado siquiera en analizar a profundidad la iniciativa en comento. Lo que ha traído por consecuencia la elaboración de un dictamen plagado de inconsistencias,  incongruencias y contradicciones, por decir lo menos.

El dictamen contiene una serie de reformas y adiciones que de manera poco esquemática y desordenada} introduce la serie de facultades que el Estado mexicano se arroga para regular lo relacionado con la radiodifusión, las telecomunicaciones,  el derecho de libertad de expresión y el de acceso y difusión de información.

Para ello, se pretenden crear 3 organismos constitucionalmente autónomos: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y Organismo de Radiodifusión, y se busca empoderar a un organismo público descentralizado ya existente: Telecomunicaciones de México.

Cuyos linderos o cuya parcelación en cuanto a competencias, atribuciones y facultades no están del todo claros, ni son contundentes.

Sumémosle a lo anterior, el hecho de que en ese afán retrograda de restaurar el presidencialismo del siglo pasado, se le conceden al Ejecutivo facultades de todo tipo en la materia, que chocan o atropellan a las que de manera “libre” e “independiente” deben de llevar a cabo los mencionados organismos “autónomos”.

Pero sobre todas las cosas, la principal falla que se puede detectar en el dictamen, es la completa ausencia de consistencia técnica, teórica e ideológica. La propuesta contenida en dicho dictamen no tiene un claro sustento en cualesquier teoría del Estado, clásica o contemporánea, ni tampoco en teoría económica alguna.

Por un lado, se pretende considerar como estratégico y con una visión del Estado social y democrático de derecho, al sector de la radiodifusión. Empero, por otro lado, el sector de las telecomunicaciones se abandona a una supuesta política de libre mercado, en donde no existe preocupación alguna por la inclusión social, la pluralidad, nuestros pueblos originarios u otros grupos vulnerables, la cultura, la educación, los valores democráticos y la identidad nacional.

Asimismo, a diferencia de los países que han intentado superar sus condiciones de sub desarrollo; en vez de procurar la atracción de inversión extranjera directa o capitales privados locales o foráneos, para proveer de técnica, infraestructura y todo tipo de insumos para detonar el desarrollo de los sectores económicos, parece que se está apostando por el capitalismo de cuates.

Reconociendo que nuestro país ya cuenta con insumos, activos e infraestructura en materia de telecomunicaciones, como lo son la fibra óptica, la red troncal o la banda ancha para sostener una red compartida de servicios de telecomunicaciones; en vez de administrar estos elementos para procurar el desarrollo del sector educativo, cultural tecnológico e industrial de nuestro país, existe una prisa irracional e injustificada para deshacerse de toda esta infraestructura, en aras de favorecer a particulares nacionales o extranjeros, mediante el otorgamiento de concesiones y a través de procedimientos indescifrables.

Intenciones lamentabilísimas que se desprenden del contenido del dictamen, producto de la cerrazón de la insípida cúpula política, que quizá está llevando hasta sus últimas consecuencias el sofisma de que el Estado debe retirar completa y absolutamente las manos de cualquier cosa que pueda ser administrada.

En este caso, aún cuando se trata de bienes que son dominio directo de la nación, de infraestructura adquirida con todos nuestros impuestos, y que pertenecen a un sector estratégico, en el que casi cualquier teoría económica propugna por una necesaria intervención del Estado.

Este es un tema que además puede tener implicaciones en materia de soberanía y seguridad nacional. Por lo que el contenido del dictamen en estudio, podría constituir un parapeto para naturalizar o normalizar los ánimos entreguistas que seguramente estarán permeando la eventual reforma energética.

Además, si en algo el dictamen puede ser considerado como un avance en materia de competitividad y telecomunicaciones, no debe olvidarse que quienes hoy están abanderando la iniciativa, son los mismos que en el pasado consintieron directa o indirectamente en el establecimiento de un esquema monopólico, y que asimismo se habían negado sistemáticamente a escuchar o ver siquiera las iniciativas de la oposición; los proyectos de los expertos en la materia, o las opiniones de los movimientos o las organizaciones de la sociedad civil.

Vicios en las formalidades del procedimiento legislativo.

El dictamen, producto de la reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales, celebrada el día 14 de marzo de 2013, no fue resultado de un trabajo plural e incluyente como se pretende hacer ver en la parte considerativa de éste. Prácticamente constituye un acuse de recibo de la propuesta presentada por el Ejecutivo.

Como se señala en el propio cuerpo del dictamen, a la Comisión de Puntos Constitucionales se le habían turnado tanto en la presente como en las pasadas legislaturas, diversas iniciativas relacionadas con el tema de telecomunicaciones, las cuales por motivos eminentemente políticos, no fueron discutidas, ni mucho menos aprobadas.

Cabe señalar que además de que las iniciativas en comento fueron objeto del soslayo por parte de la comisión, la extraordinaria e infundada premura adoptada por esta última, entorpecieron el debido cumplimiento de las formalidades marcadas por el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Esto es así, ya que una de las minutas del Senado de la República que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales dese el inicio de la legislatura, específicamente la relacionada con la reforma y adición de diversos artículos de la Carta Magna, incluido el artículo 6o., en materia de transparencia, no fue objeto de dictamen.

Siendo que por reglamento dicha minuta debía recibir un tratamiento preferencial con respecto a cualquier otro tipo de iniciativa, máxime cuando la iniciativa en materia de telecomunicaciones no tiene el carácter preferente, en términos del artículo 71 constitucional.

Con ello, la Comisión de Puntos Constitucionales ha invalidado la posibilidad de ventilar la minuta en comento. Puesto que ya hay dictamen respecto de una iniciativa que pretende reformar sustancialmente el artículo 6o. de la Carta Magna, pero en materia de telecomunicaciones, no de transparencia y rendición de cuentas.

Se dejó pues en el vacío jurídico, como daño colateral de las prácticas antidemocráticas de la aplanadora parlamentaria al servicio de un jefe de Estado despótico, una noble minuta que propugnaba por el fortalecimiento del sistema de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Irónicamente, temas que se relacionan directamente con el dictamen que hoy se somete a discusión.

Una y otra vez desde el inicio de la presente legislatura, se han estado atropellando indiscriminadamente las formalidades establecidas en el Reglamento que la propia Cámara se ha dado. Ahora incluso con consecuencias aciagas.

Debe tenerse bien presente que cuando los propios creadores de la ley se auto eximen de su cumplimiento, o pretenden observarla con sesgos o a contentillo, estamos en presencia de reyezuelos o tiranos.

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea, la presente moción suspensiva, con el efecto de suspender inmediatamente la discusión en trámite de manera indefinida.

Atentamente

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 19 días del mes de marzo de 2013.— Diputados:  Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Nelly del Carmen Vargas Pérez, José Soto Martínez, Zuleyma Huidobro González, Martha Beatriz Córdova Bernal, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Luisa María Alcalde Luján, Juan Ignacio Samperio Montaño, Merilyn Gómez Pozos, José Francisco Coronato Rodríguez, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Francisco Alfonso Durazo Montaño, José Antonio Hurtado Gallegos, José Luis Valle Magaña, Juan Luis Martínez Martínez, Rodrigo Chávez Contreras, María Fernanda Romero Lozano, Lorena Méndez Denis, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de tomarse en cuenta las dos mociones suspensivas.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechadas.

Honorable asamblea, antes de someter a la consideración del pleno la autorización para que la propuesta de adiciones pase a formar parte del dictamen, le vamos a dar el uso de la voz a don Ricardo Cantú Garza, para fijar posición del PT.

Entonces, tiene el uso de la voz don Ricardo Monreal. Don Ricardo Monreal, que vino hasta esta Presidencia a solicitar el uso de la palabra y se la otorgamos con un enorme gusto.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, debo advertir que nuestro voto es en contra; ciertamente el dictamen podría constituir un avance en materia de competitividad y telecomunicaciones, pero no debe olvidarse que quienes hoy están abanderando la iniciativa fueron los mismos que en el pasado se negaron rotundamente a darle cauce a ciertas iniciativas de legisladores de oposición, líderes de opinión, grupos y movimientos sociales, como el Yo Soy 132, que propugnaban por este cambio.

Tenemos argumentos de forma y de fondo. De forma, los ha expresado mi homólogo Ricardo Mejía, y los ha hecho con toda puntualidad. De fondo, voy a mencionar solo unos. Le pediré al presidente plasme íntegro un documento donde se establece porqué las 18 reservas que hacemos en el Movimiento Ciudadano.

Del análisis del dictamen, en primer término, establecemos que los derechos fundamentales previstos en los artículo 6o. y 7o. constitucional propuestos, expresan que la manifestación de las ideas y la libertad de difusión no sean objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros y éstos provoquen algún delito o perturben el orden público.

Por lo que en aras de actualizar tales disposiciones, de conformidad con los estándares internacionales, hubiera sido más apropiado adoptar las reservas contempladas en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es mucho más amplia.

Excepciones como el ataque a la moral, lisa y llanamente, el ataque a la vida privada o cuando se provoque algún delito son ambiguas y pueden abrir la puerta para que un Estado absolutista o represor intente restringir, injustificadamente y con violación a los principios consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos, el ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, de difusión y de acceso a la información.

Cabe señalar que del cuerpo del dictamen no se desprenden premisas claras y precisas que permitan la implantación de un sistema transparente y plural de concesiones que garanticen el acceso equitativo a los sectores público, privado, comunitario y educativo de la sociedad.

En otra parte, la creación de un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, luce totalmente innecesario. Tales funciones las puede llevar a cabo sin problemas el otro organismo propuesto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

No solo en materia de radiodifusión se debe asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva, no solo la radiodifusión debe ser considerada un servicio público de interés general, el Estado no solo debe garantizar igualmente que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y que brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información.

Debe exigirse a sí mismo este servicio público también a las telecomunicaciones, en especial a las trasmisiones de televisión, remarcando el hecho de que tales medios deben contribuir a los fines establecidos, no solo en el artículo 3o., sino también en el 2o. constitucional.

Por otro lado, resulta totalmente incongruente depositar en un organismo labores tan titánicas, como el garantizar la independencia, una política editorial imparcial y objetiva, así como garantizar que las trasmisiones brinden los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, cuando dicho organismo se integra a propuesta del Ejecutivo.

Debe tenerse en cuenta que el presidente de la República es precisamente el ente que actual e históricamente ha comprometido en mayor medida la independencia, imparcialidad u objetividad de los organismos gubernamentales de todo tipo. Por todo esto, el comité de evaluación de los integrantes de los pretendidos organismos constitucionales autónomos, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Ifetel, deben estar integrados por connotados miembros de instituciones académicas y universitarias, y no por los titulares de Banxico, Inegi y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Asimismo, para fortalecer el espíritu democrático incluyente que debe permear a las reformas de este tipo, deberían consignarse en el dictamen de manera enfática los presupuestos para que se haga realidad el derecho de audiencia, de réplica en todo tipo de medios de comunicación.

La iniciativa propone establecer que las normas, actos y omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Ifetel, solo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, cuestión que raya en lo absurdo, si tomamos en cuenta precisamente que la suspensión en el amparo tiene por objeto evitar que éste se quede sin materia, lo que a su vez compromete el estado de derecho y abona para la construcción de un Estado totalitario y absolutista.

El salario que percibirán los comisionados de los pretendidos organismos constitucionales autónomos en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicación, será igual al presupuestado para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un insulto a la pobreza y al desempleo de los mexicanos.

Pero me voy a detener en un tema trascendente, el tema que establece el quinto transitorio. La pretendida reforma se busca permitir la inversión extranjera directa hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta el 49 por ciento en radiodifusión, cuestión totalmente absurda, tomando en cuenta la relevancia del sector telecomunicaciones y, sobre todo, la soberanía y la política interna.

Es verdaderamente absurdo, peligroso, grave, que este artículo esté regulado en un quinto transitorio; basta citar, primero, que es inadecuado que una ley de tal magnitud que ahora estamos discutiendo con siete artículos de la Constitución, contenga una serie de transitorios contenidos en 21 hojas, 17 artículos transitorios, 38 fracciones e incisos. Nunca en la historia de este Parlamento había visto cosa igual.

Aquí hay legisladores, el propio presidente de la Cámara, los vicepresidentes, los coordinadores y legisladores, que son inteligentes y juristas, saben que es inadecuado reglamentar en la vía transitoria modificaciones constitucionales.

Es un grave error que una vez que estamos modificando siete artículos de la Constitución, se establezca prácticamente la reglamentación de estas normas en la vía transitoria.

La naturaleza jurídica de los transitorios es eso, solo se establece para el inicio de la ley, la vacatio legis solo se establece para normas derogatorias y abrogatorias, solo se establece para fines temporales. Se está cometiendo un grave error.

Pero sobre todo, me detengo en el 100 por ciento de inversión directa extranjera, los legisladores de la comisión lo plasman en un artículo transitorio, el quinto transitorio; se olvidan que éste es una disposición fundamental, el que apruebe este artículo puede incurrir incluso en traición a la patria.

¿Cómo permitir que el 100 por ciento de inversión extranjera pueda aplicarse en telecomunicaciones y en comunicaciones por satélite? En ningún país del mundo.

Tenemos dos socios comerciales, en el Tratado de Libre Comercio: con Canadá y Estados Unidos de América; Estados Unidos de América en esta materia permite el 19 por ciento y Canadá el 10 por ciento.

¿Con quién negociaron? ¿A quién le quieren entregar el país? ¿Por qué el saqueo tan ramplón que están cometiendo los legisladores en su mayoría?

Los invito a que actuemos con inteligencia, con patriotismo. No iniciemos la entrega anticipada del país. No permitamos el saqueo de nuestro patrimonio. Las telecomunicaciones son de interés nacional; son, precisamente, atendiendo a la soberanía y a la política interna, fundamentales.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputado Villarreal?

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Si admite una pregunta.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí. Claro.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Que sí, claro.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): He escuchado con atención y con respeto sus comentarios. Lo que nosotros hemos puesto en el texto de la reforma dista mucho de lo que usted acaba de mencionar. Nosotros hemos puesto una cláusula de reciprocidad; es decir, si los Estados Unidos de América no le permiten a un inversionista mexicano invertir —como lo es— en más del 20 por ciento, no podrán los norteamericanos venir a invertir en más del 20 por ciento. Pero en ningún caso podrán invertir más del 49 por ciento.

Le rogaría, y la pregunta sería si usted leyó el artículo quinto transitorio, que es precisamente el que establece esta parte donde bajo ningún contexto pretendemos vender este país ni darle más oportunidades a quien no se lo merece.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Conteste, diputado, por favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano diputado, siempre, cuando me dirijo a usted y a muchos como usted, siempre lo hago con respeto, como usted lo hace, de manera comedida.

En efecto, sí leí todos los transitorios y toda la reforma propuesta. Le voy a decir textualmente lo que dice el quinto transitorio.

Primero le quiero decir a todo mundo —y lo saben aquí los que han sido legisladores, usted lo ha sido— que es inadecuado, incorrecto, de técnica legislativa absurdo que en un transitorio se establezcan disposiciones fundamentales.

El transitorio solo regula cuestiones temporales, como son el inicio de vigencia de la ley, llamado también vacatio legis, contempla también normas derogatorias y abrogatorias con la entrada en vigencia del decreto o ley que se modifica.

El artículo quinto que usted refiere dice lo siguiente —escúchenlo, por favor, porque es muy importante y es quizás el tema fundamental del debate—: A la entrada en vigor del presente decreto se permitirá la inversión extranjera directa hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y en comunicaciones vía satélite.

¿Dónde está la clausula de reciprocidad?

Sigue el artículo. Lo leo completo. En esta parte estamos de acuerdo que en telecomunicaciones y en comunicación vía satélite se admite el 100 por ciento de la inversión extranjera directa.

Continúa: Y hasta el 49 por ciento en radiodifusión. Ahí tiene razón, diputado, ahí no estaba hasta antes la clausula de reciprocidad. Está seguramente en el anexo que ustedes han negociado en lo oscurito y que nosotros estamos excluidos.

Pero vale la pena retomarlo, y le plantearía: Estaríamos dispuestos a corregir nuestro voto en contra, si dentro de este artículo, el 100 por ciento en telecomunicación y en comunicación vía satélite se pone un tope del 49 por ciento, no el 100 por ciento de inversión directa extranjera.

Si así está esta propuesta que usted me dice y si esto se establece en la clausula de reciprocidad le adelanto que votaríamos a favor los compañeros de Movimiento Ciudadano. Pero si se mantiene el 100 por ciento de inversión directa extranjera en telecomunicaciones y en comunicaciones vía satélite, no podemos aceptarlo, señores.

En ninguna parte del mundo se permite la inversión del 100 por ciento. No se permite. Vean estudios de derecho comparado, y me alegra que al menos en radiodifusión se puede establecer esta clausula de reciprocidad.

Por esta razón, diputado Villarreal, le pido al PAN que valore, porque si el PAN no va no tendrían mayoría calificada, que valoren y reflexionen. Iría con ustedes si dicen: modificamos del 100 por ciento a un tope del 49 por ciento en telecomunicaciones y en comunicación vía satélite, y con la clausula de reciprocidad. Si no es así, es una reforma engañabobos, entreguista, que va a saquear al país.

¿Con quién negociaron?, pregunto, ¿con quién negociaron la entrega del 100 por ciento de inversión extranjera directa en telecomunicaciones y en comunicaciones vía satélite? ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a invertir?

Porque ahí, en esta parte, diputado Villarreal, no se admite la cláusula de reciprocidad. No se admite en el 100 por ciento la cláusula de reciprocidad. Al menos que esta mañana, después de 12 horas de estarlos esperando lo hayan modificado y no esté enterado de manera personal. Si así fuera, rectificaría mi posición y le diría que estamos de acuerdo en que se limite al 49 por ciento a extranjeros en inversión directa y extranjera, pero no solo en radiodifusión, también en telecomunicaciones y también en comunicaciones vía satélite.

Pero lo más grave, diputado Villarreal, lo más grave es que lo ponen en un transitorio. Aquí están. Usted fue diputado. Tomás Torres, que es buen abogado, sabe que esto es inadecuado; Eloy Cantú, que fue diputado, sabe que esto es inadecuado.

¿Cómo en un transitorio regulan una facultad fundamental de establecer la inversión extranjera directa en radiocomunicación, comunicación satélite y radiodifusión, si los transitorios solo son temporales, no regulan asuntos fundamentales de la Constitución?

Presidente, estoy contestando la pregunta del diputado Villarreal, deme chanza; cuando termine de contestarle, le digo: ya he terminado. No he terminado. Allá vi al diputado Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Una pregunta, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ésta es una moción sobre la moción, diputado Mejía Berdeja y no opera. Le ruego, por favor, no me hagan violar el Reglamento de esta naturaleza.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Esta vez, presidente, he tratado de argumentar, sin descalificaciones. Usted ha sido correcto ahora, pero es un tema delicado, de verdad. No lo tomemos a broma. Es un tema clave. Porque hoy se anunció la reforma financiera y la reforma energética.

Si el 100 por ciento ustedes lo permiten en este sector de telecomunicaciones es un adelanto para la reforma energética del 100 por ciento de inversión extranjera en energéticos. Me parece que eso es clave.

Presidente, concluyo, gracias por su tolerancia, de todos modos nos estamos viendo, tenemos 18 reservas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si el documento de propuestas para integrarse al dictamen...

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Ricardo Mejía Berdeja. La claridad la tiene cada quien, porque cada quien lo tiene; usted no supla su voluntad. Permítame un segundo, y luego platicamos. ¿Le parece correcto?

Pregunte la Secretaría a la asamblea si el documento de propuestas se autoriza que pase a formar parte del dictamen.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En esas condiciones es que vamos a seguir con la discusión.

En pro, tiene el uso de la voz don Luis Antonio González Roldán. Permítanme un segundo. Don Ricardo Cantú Garza, tiene derecho al uso de la voz, si me lo permite. Le ruego me disculpe.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado presidente. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar la posición respecto del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

En este dictamen se propone un combate frontal al atraso tecnológico que nuestro país tiene en materia de acceso a la información veraz, plural y oportuna, sin perjuicio a la existencia de infinidad de noticiarios en radio y televisión y de periódicos impresos.

Lo real es que la información que llega al destinatario final en muchos casos está tergiversada. Para revertir esta situación, en el artículo 6o. se establece la obligación del Estado para garantizar el acceso a las más modernas tecnologías de información y comunicación para que los ciudadanos cuenten con información oportuna y veraz, que norme sus decisiones en todos los ámbitos de la vida.

De igual forma, se adiciona un apartado B al artículo 6o., donde se establecen las obligaciones del Estado en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Destaca en este apartado B del artículo 6o. el contenido de la fracción IV, donde se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.

Esto es un aspecto relevante que requerirá de precisar su contenido en la ley reglamentaria, habida cuenta de que en materia electoral se realizan abiertamente campañas a favor de candidatos que no se carga financieramente a los gastos de campaña como promocionales directos, sino que se hacen pasar como noticias con lo que la neutralidad de los medios de comunicación se rompe y los hace tomar abiertamente partido a favor de los candidatos de su empresa.

En el artículo 2o., se amplía la libertad para difundir opiniones a través de cualquier medio, no necesariamente los que conocemos en la actualidad y que permitirán al ciudadano expresar lo que piensa y hacerlo del conocimiento de quien tenga interés en esas opiniones, sin que exista censura de ningún tipo.

Sin lugar a dudas el contenido del artículo 28, materia de este presente dictamen es de gran relevancia, puesto que se propone combatir la existencia de los monopolios que se han ido construyendo en televisión, radio y telefonía. Esta perversa práctica económica, en particular en radio y televisión, ha traído como consecuencia la transmisión de programas que no contribuyen a elevar el nivel cultural del pueblo mexicano.

Al no haber competencia, a muchos no nos queda más remedio que ver lo que hay. En este sentido, las políticas del Estado mexicano en materia de telecomunicaciones deben estar orientadas a fortalecer la identidad nacional y a elevar el nivel cultural de las audiencias.

Por ello se propone transformar la naturaleza jurídica en la Comisión Federal de Competencia Económica, que pasaría a ser órgano constitucional autónomo, encargado de garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir y combatir los monopolios y las prácticas monopólicas.

Evidentemente el órgano regulador debe de ser provisto de todos los instrumentos legales para que realice adecuadamente su tarea. Entre ellas destaca que sus resoluciones solo pueden ser combatidas por vías del amparo indirecto, sin que al quejoso se le pueda otorgar la suspensión provisional, con lo cual el acto de la autoridad quedará firme y solo podrá ser revocado por la sentencia que ampare y proteja al quejoso en el juicio de garantías.

De igual forma, en ese artículo 28 se prevé la existencia del denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano constitucional autónomo y cuyo objeto es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

Ese instituto tendrá la responsabilidad de vigilar la adecuada competencia económica en el sector de radiocomunicación y telecomunicaciones; será el responsable del otorgamiento de las concesiones en materia de su competencia.

Adelantamos que nuestro grupo parlamentario se reserva de este artículo 28, el inicio del párrafo 16, en donde en nuestra opinión no se le tiene que dar al Ejecutivo federal la facultad de emitir opiniones respecto de los actos del instituto, aunque éstas no tengan carácter vinculante.

Se ha tomado la decisión política de crear al Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucional autónomo. En ningún caso se debe permitir cualquier injerencia de alguna autoridad que pueda afectar su autonomía y más si ese acto proviene del Ejecutivo federal.

En la fracción II del párrafo 18, se prevé que el Congreso garantizará la suficiencia presupuestal de los órganos reguladores que en esta reforma son creados.

Vemos en la adenda que se tomó en cuenta la reserva que hicimos en la Comisión de Puntos Constitucionales sobre este tema, que —entre paréntesis— queremos criticar que no se aceptó el debate dentro de la comisión. Todas nuestras reservas sin análisis, sin debate, se desecharon. Y después de la negociación, en lo oscurito, se aceptó esta reserva, de lo cual nos congratulamos, pero también criticamos con energía el procedimiento de evitar el análisis y el debate en la comisión, y como creemos que sucederá también en el debate de la discusión de las reservas que se den en este pleno, porque hasta donde entendemos, las negociaciones en lo oscurito de la santísima trinidad, integrantes del Pacto, no van a dar el debate aquí, simplemente van a venir a planchar los acuerdos que ya tuvieron y aquí les recordamos que somos más democráticos o menos democráticos en la medida del trato que demos a los grupos minoritarios, que en muchos casos tienen la razón, como quedó demostrado en la reserva que hicimos en la comisión y que nos la desecharon.

Si bien es cierto compartimos el alto perfil profesional con que deben contar los integrantes de los órganos reguladores, no estamos de acuerdo en la propuesta de cómo se integrará el comité de evaluación que se prevé en el párrafo 23, porque consideramos inadecuado que tres órganos constitucionales autónomos que tienen una especialización técnica perfectamente definida en la Constitución participen en la integración de otros dos órganos constitucionales autónomos, cuyo perfil técnico es totalmente diferente al que se tiene en la actualidad: el Banco de México, el Inegi y el Instituto de Evaluación Educativa.

Nos reservamos también la integración de este comité y propondremos que éste se integre, sin menoscabo con la autonomía con la que cuentan sus instituciones, por los titulares de las universidades públicas de mayor prestigio en el país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma Metropolitana.

Respecto de los artículos transitorios, coincidimos con el contenido en su totalidad, con excepción del transitorio quinto, en el que presentaremos reservas, ya que no estamos de acuerdo en la apertura al capital extranjero de hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicaciones vía satélite.

Esta medida puede ser de grave riesgo para la soberanía nacional, puesto que los agentes económicos extranjeros podrían demandar ante los tribunales de sus países o internacionales al Estado mexicano por actos u omisiones que consideren que afectan sus intereses.

Además, podemos preguntarle a cualquier militar —aquí tenemos como diputados a generales, a almirantes— ¿qué significa para la soberanía de un país dejar en manos de extranjeros las comunicaciones, las telecomunicaciones?

Además, hay que recordar que los capitales extranjeros son capaces de todo en la defensa de sus intereses, inclusive de promover golpes de estado en contra de gobiernos legítimamente constituidos, como ocurrió hace ya casi 40 años, en el golpe de estado en contra del presidente Salvador Allende, en donde la International Telephone and Telegraph, ITT, financió a los candidatos para que protegieran sus intereses y también financió el golpe de estado militar encabezado por Pinochet.

Para esto les recomendamos leer el texto Documentos secretos de la ITT, donde se revela claramente la intervención de esta empresa de telecomunicaciones en el golpe de estado encabezado por Pinochet, en Chile.

Asimismo consideramos que en el transitorio séptimo, en su primer párrafo, se debe establecer la salvaguarda de los derechos de todos y cada uno de los trabajadores que prestan sus servicios en las empresas que operan bajo el régimen de concesión y cuyas actividades están directamente relacionadas con el contenido del decreto, materia de esta discusión.

Compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a dudas el avance tecnológico ha superado las concepciones originales que en 1917 se consideraron en nuestra Norma Fundamental. Con un solo click, en tiempo real podemos enterarnos de lo que acontece en cualquier parte del mundo. A través de los medios de comunicación se han iniciado revoluciones, como ha ocurrido en otros países del mundo.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta Cámara quiere reconocer el aporte que infinidad de organizaciones no gubernamentales han hecho para lograr la democratización de los medios de comunicación.

Reconocemos también el esfuerzo, la organización y creatividad de los movimientos Yo Soy 131 y 132, que el año pasado nos enseñaron que el uso de las modernas tecnologías de la información son un contrapeso a los medios de comunicación institucionales y que la democratización de los medios pasa por el imperativo de la propia democratización del Estado mexicano. A todos ellos, nuestro grupo parlamentario les reconoce sus aportaciones.

Estamos convencidos de que la importante reforma constitucional servirá para que los mexicanos cuenten con información oportuna y veraz, que les permita tomar las mejores decisiones en todos los ámbitos de su vida. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, y es mucho, diputado Cantú. Ahora sí, don Luis Antonio González Roldán, le ruego me disculpe.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Hace muchos años, cursando la carrera de Derecho, decía Ignacio Burgoa Orihuela, que la justicia era como la estrella inalcanzable y que el abogado en base al derecho y a la legalidad tenía que llegar lo más cercano a esa estrella.

Hoy vemos con simpatía este primer proyecto y este primer paso constitucional para erradicar de una vez por todas 50 años de retraso en las telecomunicaciones. Este punto es de elemental justicia; es un punto incluyente, es un punto de igualdades, es un punto de hacer a todos los mexicanos y dotar a todos los mexicanos de las mismas herramientas.

Lo mismo a la persona que está en la comunidad indígena, que no tiene los accesos, que paga tarjeta telefónica, cobrándole muchas veces 4.50 pesos por minuto con la gente que está en las ciudades, que a veces pagan hasta menos de 80 centavos.

Es una reforma de elemental justicia. Es dotar a toda la ciudadanía del estrato social —del decil que pertenezcan— de los canales y las carreteras de la comunicación con una simple finalidad: erradicar lo que hoy es una realidad en este país, el analfabetismo digital.

Esas son razones más que suficientes para empezar a construir el México de modernidad que se requiere.

¿Qué queremos? ¿Un país que quede rezagado 50 años, cuando el mundo nos va demostrando que avanza y avanza en las tecnologías, o queremos tener a México con esos niños indígenas, con esos niños lacandones, con esos niños mazahuas que tengan la posibilidad de accesar a las tecnologías, que puedan manejar el Internet, que lo conozcan, que sea una herramienta de información para estar mejor preparado en el futuro, para que sea un niño de competitividad? Esta es una reforma profundamente social, esta es una reforma de igualdad, sienta las bases.

Podríamos discutir muchos puntos técnicos, eso reglamentémoslo en la ley para que sea fehaciente el impacto que se quiere perseguir. Constitucionalmente estamos sembrando lo que queremos de México como futuro.

Hoy nos encontramos —y así hay que decirlo— en un hecho histórico, en un hecho histórico en la actividad parlamentaria, 50 años de parálisis en un sector que en ciertas épocas fue intocable. Hoy estamos buscando disminuir y acabar con los monopolios, que exista una verdadera competencia; hoy tratamos de dar un derecho a la banda ancha y a la información objetiva y veraz.

Varias podrían ser las vertientes sobre las cuales mi instituto político establecería las perspectivas de por qué votará a favor. Nosotros profundamente nos inclinamos por el sentido no económico, sino por el sentido social de trascendencia que puede llevar esta reforma.

Los resultados y los indicadores nos demuestran lo que es nuestra realidad. México ocupa el lugar 78 en el informe global de tecnologías de la información, editado en 2011 por el Fondo Económico Mundial; somos el lugar 78, estamos por debajo de nuestros principales socios comerciales, como lo puede ser Estados Unidos de América y Canadá. Pero lo que es más grave, estamos por debajo de países latinoamericanos con menor desempeño y con economías más pequeñas que la nuestra, estamos por debajo de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, de Brasil, de Trinidad y Tobago.

Ése es el alcance que tratamos de darle en Nueva Alianza con esta reforma a México; poner a México en la vanguardia tecnológica para que México sea puntal del desarrollo social en toda su infancia, sus pueblos indígenas, su gente, su ciudadanía. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Ricardo Mejía, la asamblea lo espera en la tribuna. En contra.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Vamos a clarificar el tema del quinto transitorio, que todavía se negociaba en lo oscurito hasta hace unos pocos minutos, dice: A la entrada en vigor del presente decreto, se permitirá la inversión extranjera directa hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. Ahí termina el primer párrafo.

El segundo párrafo dice: Se permitirá la inversión extranjera directa hasta un máximo del 49 por ciento en radiodifusión, dentro de este máximo; es decir, dentro del 49 por ciento de radiodifusión, se estará a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última instancia a éste directa o indirectamente.

Es decir, en este artículo quinto transitorio se está dejando un 100 por ciento de inversión extranjera en materia de telecomunicaciones y comunicación vía satélite.

Por esta razón, convoco a los legisladores nacionalistas, a los legisladores progresistas de este país, a que no avalemos esta traición a la patria y este acto criminal de entreguismo, votando por un 100 por ciento inversión extranjera en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. Ésa es la realidad, que nadie se engañe. La cláusula de reciprocidad solo la están dejando para radiodifusión y no para telecomunicaciones y comunicación vía satélite.

Por otro lado, advertimos de la falta de autonomía del órgano regulador, donde tendrán mano en el Comité de Evaluación, el director del Banco de México, Agustín Carstens, y el director del Inegi, Eduardo Sojo, que no serán precisamente gente que actúe con autonomía.

Por otro lado, se está dejando la opinión del Ejecutivo a través del secretario de Comunicaciones, para que establezca la pertinencia de las concesiones. Es un acto de injerencia que contradice la supuesta idea de la autonomía.

Por otro lado, para seguir con este presidencialismo autoritario y este culto a la personalidad, en el artículo 28 se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el gobierno federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Es decir, Enrique Peña Nieto y el gobierno va a poder tener todas las concesiones que requiera para seguir abonando en este culto a la personalidad y en este aparato de propaganda; por un lado, un entreguismo criminal; por el otro, falta de autonomía del órgano, y por el otro lado, este aparato de propaganda.

Al mismo tiempo, nosotros advertimos que este 100 por ciento de inversión extranjera en telecomunicaciones es la puerta de entrada para la reforma energética privatizadora que han anunciado, tanto el presidente como el secretario de Hacienda y el secretario de Energía.

Por esa razón, compañeros legisladores, y particularmente legisladores progresistas y nacionalistas, nuestra invitación es a votar en contra de esta reforma retrógrada que no garantiza un avance.

Es un juego arreglado. A Slim le permitirán invertir en televisión y a Azcárraga en telefonía. Es el mismo tablero donde las fichas se van a repartir y están dejando de lado a la ciudadanía y están entregando esta industria estratégica del país en manos extranjeras.

Por esta razón, nuestro voto será en contra y convocamos a todos los legisladores progresistas y nacionalistas a actuar en consecuencia.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Lilia Aguilar Gil, tiene usted el uso de la voz a favor.

¿Está doña Lilia? Doña Lilia Aguilar Gil. No está en el salón; entonces, don Federico González Luna Bueno.

El diputado Federico José González Luna Bueno: Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo tiene.

El diputado Federico José González Luna Bueno: Honorable asamblea, pocas veces en la historia se tiene la oportunidad de presenciar una reforma constitucional y política con la profundidad que tiene la que hoy estará sujeta a discusión y votación de esta Cámara de origen.

Todo deberá cambiar. La historia de las telecomunicaciones de nuestro país deberá ser escrita con un antes y un después de esta reforma. Estamos ante una iniciativa que cruza transversalmente todos los temas y todos los servicios de las telecomunicaciones, incluyendo en ellas a la radiodifusión; plantea audazmente situar al usuario en el centro del quehacer y del fenómeno mismo de las telecomunicaciones.

Se ha criticado de la reforma que conlleva un exagerado empoderamiento de la autoridad a costa del individuo. No lo vemos así, de ninguna manera, vemos el fortalecimiento de la autoridad en estricta medida de lo necesario para promover mejores condiciones de competencia entre los particulares. Esta reforma no oprime al individuo, lo fortalece y protege ante condiciones de mercado que ya sea como competidor o como consumidor lo vulneran y lo dañan.

La reforma plantea con fuerza la defensa de las libertades, pasando por el papel del Estado como regulador y rector de la sana competencia.

La reforma es fruto de los acuerdos. Con ella este Constituyente Permanente envía un poderoso mensaje a los mexicanos y al mundo: nuestro país está preparado y dispuesto a dialogar, a negociar, a ceder, a lograr acuerdos y a transformarse a fondo. Con esta reforma, no cabe duda, México se inscribe entre los países que están dispuestos a andar por la senda de las grandes transformaciones.

Estamos —en el fondo— ante una reforma que va más allá, no de un sector o de una actividad económica específica, se trata de una reorganización sustancial de los mecanismos conforme a los cuales el Estado actúa frente a los individuos.

En tal sentido, se inscribe en lo que podemos entender como parte de la reforma del Estado, y estamos por tanto ante un documento fundamentalmente político, no técnico, no económico, y por eso mismo, porque define las formas de cómo la sociedad mexicana desea reorganizarse, no puede estar hecho con visiones parciales o estrechas, debe visualizarse pensando en México y en su futuro, no en los enemigos o contrarios.

Esta Cámara de origen del Poder Constituyente debe creer, de estar convencida que aprueba —como espero que suceda— un instrumento de cambio que beneficia a los mexicanos de hoy, de mañana, que abre espacios de información, de competencia, de pluralidad y de creación artística. Pero en ningún caso se trata de un documento fruto del rencor, en el que hayan podido insertarse furtivamente dardos venenosos contra los enemigos.

Quien pretende actuar así no ha entendido que en la transformación de México nadie está proscrito, que a este cambio de gran calado están llamados todos aquellos que quieran aportar su creatividad, su capital, su organización y el talento de cada quien.

Esta reforma debe ser la reforma del acuerdo, de la concordia, no de la venganza ni del odio; de la solidaridad, no de las obsesiones; de la construcción y no de la destrucción, no de las filias ni de las fobias, sino de las síntesis. Por ello estoy cierto que el futuro lo construiremos pensando en México y no en nuestros enemigos.

Estamos ante una reforma audaz. Debemos iniciar por mencionar que el órgano regulador que estamos diseñando no tiene precedentes en nuestro país y probablemente en ningún otro país.

Estamos poniendo en manos de un grupo de siete personas un poder enorme; un poder que si no se contiene a sí mismo será un poder brutal sobre el individuo. El nuevo órgano regulador de las telecomunicaciones debemos entenderlo como un órgano autónomo con autoridad, más no como un ente autoritario.

La fuerza de la que se le dota es para que propicie el cambio pronto y eficaz en beneficio de los mexicanos, de todos, y no para convertirlo en instrumento de control o represión de la sociedad y sus libertades.

Estamos ante un órgano regulador que tendrá casi en su totalidad las facultades que dirijan y encaucen el desarrollo de un sector estratégico y prioritario de la economía, a quien se le considera un instrumento clave para la información, la cultura y la competitividad en nuestro país ante otras naciones.

Por ello fue tan refrescante que este órgano regulador quedara sujeto a las estructuras y procedimientos judiciales ya existentes en nuestro país; es decir, que se haya circunscrito en su actuar al juicio de los tribunales y juzgados ordinarios del Poder Judicial de la Federación y dentro del juicio de amparo.

Al mismo tiempo, en lo administrativo y en lo político, este órgano regulador deberá estar atento y responder a las políticas públicas que el Ejecutivo federal planteé en el marco del sistema de la planeación democrática del país.

Estamos ante un órgano fuerte, promotor del cambio, que debe seguir la estructura y forma en nuestro Estado, en sistema de derecho, de nuestra tradición jurídica y nuestro marco institucional; estamos ante una propuesta que se apoya en dos ejes fundamentales: la sana competencia y el fomento a la cobertura de los servicios de banda ancha en nuestro país; plantea medidas que corregirán desde acciones y promoverá la competencia en muchos mercados en donde ésta apenas es incipiente.

La reforma se sustenta en la convicción de que el cambio en el sector de las telecomunicaciones en México se logrará a través de la competencia y la libre concurrencia, en la preservación de mercados que funcionen adecuadamente; es decir, ante una reforma que confíe en la libertad e iniciativa de los particulares.

No es una reforma estatizante, debemos enfatizarlo, por el contrario, la entendemos como una reforma que corregirá deficiencias de la sana competencia.

Es indispensable decirlo, la reforma también confiere al Estado un papel fundamental, no solo en su papel de regulador, sino también como promotor del desarrollo y de la inclusión social en el universo de las telecomunicaciones y se constituye como un operador importante de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Este triple papel del Estado como regulador, como promotor y como operador de gran envergadura no es común y en un primer momento puede no ser fácil de ponderar; sin embargo, más allá del papel insustituible del Estado como regulador, queremos entender que la reforma busca que la intervención pública cubra espacios a los que no llega el mercado o no en el futuro próximo e inmediato.

Termino, señor presidente. En la bancada del Partido Verde Ecologista de México estamos comprometidos con los acuerdos y con todas aquellas medidas que apoyen la transformación profunda de la patria.

Estamos convencidos que la senda marcada por el presidente Peña Nieto, senda sustentada en los acuerdos, en la convocatoria de todas las fuerzas políticas es el camino a seguir; creemos que el mensaje que se envíe al mundo es un mensaje positivo, es un mensaje al futuro y es un mensaje moderno y transformador. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores. En días pasados nosotros presentamos un voto particular, con el propósito de incluir en la reforma de telecomunicaciones diversos ajustes que realmente garantizaran el acceso de los ciudadanos a los beneficios tecnológicos del sector e hicieran más competitiva nuestra economía.

Creemos que el objetivo central de la reforma debiera ser otro, más orientado a lo social, con beneficios a los ciudadanos. Por la mañana, cuando discutíamos esta posición, el diputado Samperio decía: No hay ningún beneficio para los ciudadanos; es un problema de monopolios, oligopolios y empresas económicas, y por tanto, tendríamos que revisar y razonar muy bien nuestro voto.

Pero déjenme decirles con toda seriedad por qué estamos en contra. Porque estamos proponiendo, primero, que la sociedad civil organizada sea la que integre los órganos reguladores y no el emergente presidencialismo restaurador.

Segundo. Estamos proponiendo que se elimine la opinión presidencial o la opinión del secretario de Comunicaciones y Transportes para la cancelación o revocación de concesiones; Si el presidente o el Ejecutivo no tiene el poder de concesión o revocación de concesión, tampoco puede tener ningún otro acto.

Tercero. Que el Comité de Evaluación de los integrantes de los órganos reguladores lo integren instituciones académicas y universitarios, no otros órganos del Ejecutivo federal.

Cuarto. Que la nueva Ley de Amparo no desampare a los prestadores de servicios ni los deje minusválidos frente a otros sectores económicos.

Quinto. Que se incluya una cláusula de reciprocidad en la inversión extranjera; que el capital extranjero participe en la misma proporción que le permita su país de origen; que el tope del 49 por ciento para la inversión extranjera se aplique a todo el sector de telecomunicaciones, no únicamente a la radiodifusión.

Sexto. Que se garantice la soberanía y la seguridad nacional en el funcionamiento de este sector estratégico.

Séptimo. Que se haga realidad el derecho de audiencia y de réplica en todo tipo de medios de comunicación.

Octavo. Que se evite la burocracia dorada y la partidarización de los nuevos órganos reguladores. Fuera partidos, fuera Ejecutivo.

Noveno. Que el Estado garantice el acceso universal a los servicios de banda ancha, el acceso gratuito a Internet como derecho humano.

Décimo. Que los canales públicos sean de los poderes estatales, no solo de algunos de ellos.

Onceavo. Así como fomentar la radiodifusión y telecomunicación de carácter social, comunitario e indígena por las radios comunitarias y medios que existen en las comunidades indígenas; y

Doceavo. No entregar el patrimonio de los mexicanos a los extranjeros. No al 100 por ciento de la inversión extranjera directa a telecomunicaciones y a comunicaciones vía satélite.

Este es nuestro decálogo por lo que no estamos en favor de la reforma. Por eso argumentamos con seriedad, si estos 12 artículos o puntos que estamos planteando se admiten en la discusión en lo particular, nosotros estaríamos en favor en lo particular. Porque luego se nos dice que estamos en contra de todo.

Hemos votado la mayoría de las leyes que a los usuarios, ciudadanos o al pueblo benefician, las hemos votado en favor razonablemente. Pero no nos pueden pedir que votemos a favor de este engendro, que está contenido en los artículos transitorios y que violan el más elemental estilo de cualquier parte de análisis jurídico, rebasa cualquier análisis que se haga sobre el mismo.

Por esa razón les pido reflexionar; reflexionemos en torno a esto. Es tan importante esta reforma que no puede ser aprobada sin la participación, el análisis y la consulta con los ciudadanos, más allá del Pacto por México, que es una institución que nosotros respetamos pero es extra constitucional, no es vinculatoria con el Poder Legislativo ni tampoco para ningún ciudadano que no forme parte de este mecanismo partidista y para nosotros no es el adecuado.

La iniciativa no ha sido debidamente conocida, difundida ni analizada por los ciudadanos; los usuarios, los expertos, los académicos y los mismos prestadores de servicios.

Por último, si la iniciativa es tan buena como aquí en la retórica se presume y se repite, si es tan buena para los ciudadanos, ¿por qué la prisa de aprobarla a espalda de ellos? ¿Por qué no convocamos a foros de consulta? Que vengan los expertos y nos digan si es o no conveniente abrir al 100 por ciento a la inversión extranjera, ese sector tan prioritario y tan importante para el desarrollo de la nación. Presidente, de nueva cuenta, muchas gracias por su tolerancia.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Monreal. Doña Lilia Aguilar Gil.

Esta Presidencia les recuerda con toda amabilidad a los coordinadores parlamentarios, que con cuatro oradores más estaremos cantando las reservas, por lo que les ruego vean aquellas que a raíz de las propuestas tienen que retirar del dictamen.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad, como siempre, y con la venia de la asamblea. Cuando la lucha entre las fracciones es intensa, el político se interesa no por todo el pueblo, sino por el sector al que él pertenece. Los demás son a su juicio, extranjeros, enemigos e inclusive, piratas.

Creo que es preciso antes de empezar con la posición que me trae a esta tribuna, explicar, porque no se le ha explicado a los ciudadanos qué es lo que sucedió en esta Cámara y por qué subimos tan tarde esta reforma que estaba en el orden del día como el punto número uno del mismo.

No es solamente porque el PRI, el PAN y el PRD no se ponían de acuerdo, obviamente, sino porque recibimos la visita en esta Cámara de lo que podríamos llamar agitadores políticos y económicos interesados en la reforma de telecomunicaciones.

Que además, por cierto —y permítanme hacer un paréntesis— tuvieron el privilegio de legislar esta reforma más allá de lo que podemos decir el 98 por ciento de los legisladores que estamos en esta Cámara, porque les aseguro, compañeros diputados, que muchos de nosotros nos enteramos de las adecuaciones pequeñas que venían en el dictamen cuando se nos entregó la Gaceta y me atrevería a decir que no más de 10 diputados lo conocían.

Es por eso que me pregunto —y creo que es justo que los ciudadanos mexicanos se pregunten—, ¿dónde se hicieron estas modificaciones? ¿Dónde y quién hizo este dictamen? Porque les aseguro que al menos no fue en el pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales. Sabemos eso, porque compañeros que pertenecen a esta comisión nunca fueron convocados a sesión el día de hoy.

Hemos recibido un golpe más a este Poder Legislativo ya debilitado; permitimos que nos traigan a votación para que sean aprobados en este pleno dictámenes que se modifican después de haber sido aprobados en comisiones, modificaciones que se nos hacen saber segundos antes de ser subidos a la tribuna, por decirlo de alguna manera.

Sin embargo, el objetivo de mi intervención es posicionarme en abstención y explicarles porqué lo haré de esta manera. Porque a pesar de que era una convencida de votar a favor de esta reforma, hoy tengo grandes objeciones de conciencia y también de dignidad legislativa. Permítanme explicarles porqué, compañeros diputados.

Como he dicho, nosotros mismos, que ya hemos denigrado a su menor expresión la actividad legislativa, permítanme, con todo respeto, llevarlos a la reflexión. Les preguntaría, ¿cuántos de nosotros realmente sabemos con claridad los intereses que se están negociando en esta reforma fast track de telecomunicaciones? ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente las implicaciones económicas que estas reformas tienen? Sin embargo, venimos a defenderlas a capa y espada.

Es por eso que en esta gran objeción de conciencia de decir no estar de acuerdo, no solamente con el procedimiento, sino con las formas y sin saber las consecuencias que esta reforma tiene, una servidora ha venido aquí a expresar esta gran objeción de conciencia.

¿Por qué? Es cierto, compañeros diputados, ya no somos una oficialía de partes, y en eso permítanme diferir con mis compañeros de Movimiento Ciudadano, ahora somos un validador ciego, no del presidente, sino de todos los intereses que se fraguan dentro del Pacto por México.

Sin querer, compañeros y compañeras diputadas —y estoy segura que muchos de ustedes de verdad lo hacen sin querer— venimos aquí a discutir sobre las grandes diferencias que tiene Molinar Horcasitas con Gustavo Madero, con el senador Javier Lozano, probablemente con el señor Acosta Naranjo o con nuestro compañero Pablo Gómez. Pero sobre todo, con las grandes diferencias que tenían Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego.

Éste es el lugar donde se hacen las leyes, éste es el Poder Legislativo; no nos denigremos. ¿Por qué insistimos en devaluarnos como legisladores y en hacer estas acciones, que no nos llevan a ningún lugar?

Dado que mi tiempo se acaba, permítanme decir, sin embargo, que en el PT no somos una oposición irresponsable, reconocemos que esta reforma era necesaria y por eso el voto en positivo en la Comisión de Puntos Constitucionales; reconocemos que se crean dos canales nuevos de televisión, que se reconocen los medios de uso social, que haya un derecho universal al acceso de banda ancha que permitirá que los mexicanos tengan acceso universal a Internet, que se determina finalmente el must carry y must offer gratuito, exceptuando los agentes preponderantes y haciendo algunas adecuaciones.

Voy a terminar, compañeros diputados, permítanme terminar esta idea. Se presenta también un proceso para eliminar a los monopolios y se dan vestigios de la democratización de los medios.

¿Quién puede estar en contra de la democratización de los medios? Sin embargo, permítanme citar a Chomsky en este tema, debemos reconocer que raramente hay cosas nuevas bajo el sol —muchas gracias, señor presidente, voy a terminar— la fabricación de ilusiones es necesaria para un sistema y cuando se vuelve masiva es imposible escapar a ella.

Eso es lo que nos sucede con esta reforma. Nos es imposible escapar a la gran ilusión de que esta reforma democratizará a los medios. Cuando estas dos cadenas de televisión no saldrán del oligopolio en el que ahora se encuentran. Cuando los medios de comunicación en realidad no se democratizan, porque serán los mismos agentes económicos los que tendrán control de los mismos.

Es por eso que he venido a posicionarme en esta tribuna para decirles, compañeros diputados —y con esto cierro— que se omiten muchas cosas en esta reforma y lo diremos en nuestras reservas, pero que terminaría con una frase del vicepresidente norteamericano Frank Knox, para decirles: las promesas por escrito para mantener la libertad son poco valiosas, son como el papel de desecho —decía Knox— cuando estas promesas son hechas sobre todo por líderes ambiciosos y sin escrúpulos.

Ojalá que esta reforma no sea el caso. Ojalá, compañeros diputados, que no sea así. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ándele. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en contra.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Ya ha quedado claro, a través del diputado Monreal, el asunto del quinto transitorio, de cómo se está traicionando a la patria con esta reforma al entregar el 100 por ciento a la inversión extranjera.

Sin duda violenta además el artículo 27, 28 constitucional, el 1o. de la Ley de Radio y Televisión; el segundo de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Ya argumentaremos en las reservas, inclusive, cómo en el 73 de la propia Constitución también perjudica la seguridad jurídica de concesionarios permisionarios, ya por no hablar de la exclusión de la sociedad civil.

Sin duda, la restricción a la inversión extranjera en la materia garantiza condiciones de equidad en la competencia del mercado de comunicaciones. La experiencia de la libre competencia, derivado de los diversos tratados comerciales que ha suscrito México acreditan la necesidad de establecer un margen de protección a las empresas nacionales.

En la reforma que se pretende se requiere una política de competencia que permita a la autoridad corregir las distensiones del mercado y evitar que aquellos con poder económico y político sustancial abusen de sus capacidades para acceder al mercado nacional.

Es por eso que nosotros vemos que el contenido de la reforma regula en el corto plazo las actividades un sector empresarial que en su mayoría ha carecido de independencia en su condición informadora...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor diputado.

Don Carlos Angulo, ¿con qué objeto? Permítame un segundo, diputado orador. ¿Con qué objeto, diputado Angulo?

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Si el orador, atentamente le solicito si me puede admitir una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Con mucho gusto, una vez que termine su exposición.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Gracias, señor presidente.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Decía, y espero que tengan tolerancia con el tiempo, que la independencia en su función informadora y generadora de opinión de estos sectores empresariales, vemos que no ha sido lo suficientemente claro y atendiendo a la naturaleza que la ley otorga a la actividad de ser un servicio público concesionado, no tendría por qué ser violentada.

¿Por qué? Porque vemos que la reforma en materia tiene puntos nodales que permiten la intromisión directa o indirecta del Poder Ejecutivo; medra la independencia que pretende concedérsele a los nuevos órganos reguladores. Asimismo se violenta la soberanía nacional, al afectarse bienes de la nación que la Constitución determina como inalienable e imprescriptible.

En un mundo en el que la economía se mundializa, las tecnologías de la información y comunicación se convierten en factor estratégico para el desarrollo económico y la seguridad de los habitantes.

Estamos conscientes que esta reforma en telecomunicaciones atiende a un diseño estructural de la administración pública federal encaminada a garantizar las inversiones extranjeras y orientar el desarrollo nacional, como una economía periférica del gran capital. A ello atiende la reforma laboral, la reforma a la Ley de Amparo, la reforma que hoy se aprobará, así como las reformas al sector financiero y en materia de energía, que hoy se anuncian.

En la reforma que hoy se aprueba se incurre en el engaño histórico del cambio de oro por cuentas de vidrio; con un discurso que se sustenta en el supuesto derecho a la información y las comunicaciones que pretende la modernidad y el desarrollo económico, se condena a miles de mexicanos y mexicanas a seguir en la pobreza y la miseria aumentando la brecha digital.

El discurso legitimador del derecho a la información y acceso a las comunicaciones, contenidos en el artículo 6o., 7o., 27 y 28, quedan en mera enunciación de derechos, que serán inexigibles ante las consecuencias de las disposiciones transitorias del decreto, que de inmediato garantiza el control político de los concesionarios nacionales, los que sin lugar a dudas, y en nombre de la libre competencia, serán avasallados por una política económica comprometida con los grupos económicos nacionales e internacionales que depredan a nuestro país.

Diputados, somos sujetos de la historia y las generaciones que nos suceden descalificarán la falta de independencia de esta Cámara de Diputados, que nos quiere volver esclavos en nuestra propia tierra. Está en su responsabilidad si la votan a favor.

Por mi parte la votaré en contra y acepto que el PT me haya permitido ser su diputado y la libertad de pensamiento que mi fracción parlamentaria me permite, para posicionarme en contra en este momento. Con mucho gusto acepto la pregunta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado don Carlos Angulo, adelante, formule su pregunta, por favor.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Gracias, compañero diputado. Una pregunta muy sencilla, compañero diputado, ¿sabe usted quién es el hombre más rico del mundo?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Son algunos aliados de ustedes mismos, que a través de las concesiones que les dieron, hoy están en los órganos.

Acuérdese usted, señor diputado, que ustedes tienen una alianza con Carlos Salinas de Gortari, desde 1988, el partido al que usted, Diego Fernández de Cevallos, Luis H. Álvarez, a partir del fraude histórico ustedes concesionaron este país y hoy, en esta alianza que vienen a impulsar aquí, pretenden seguir entregando a nuestro país con cuentas de vidrio por el oro, que es nuestra riqueza. Ustedes nos quieren volver esclavos en nuestra propia tierra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado por su intervención. Al diputado Angulo le recuerdo que no hay moción sobre moción.

Doña Purificación Carpinteyro, tendremos el gusto de escucharla. Esperaremos, con toda paciencia, a la diputada Carpinteyro.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: Perdonen la parsimonia, pero creo que esta iniciativa la merece. Presidente y miembros de la Mesa Directiva; honorables miembros de esta Cámara de Diputados, en este momento la mirada de la ciudadanía, de los mercados y de la comunidad internacional...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego subir el volumen, no a la oradora, sino al del sonido.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: ¿Ya se oye? ¿Sí, verdad? Okey. En estos momentos la mirada de la ciudadanía, los mercados y la comunidad internacional está volcada en México y en nuestro actuar como representantes populares de la nación, que aquí todos ellos apuestan por una apertura real a la competencia, inversión y el crecimiento de la industria de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, motores fundamentales para el desarrollo de cualquier nación.

Ante su escrutinio podemos demostrar que hoy será el día en que como parte de uno de los tres poderes de este Estado sacaremos la casta y probaremos estar a la altura del elevado cargo que la ciudadanía nos confirió al darnos su voto.

Es cierto, el camino para llegar a este momento ha estado plagado de obstáculos y ha generado fricciones naturales ante la dificultad de los temas que tuvieron que ser resueltos. Pero hemos llegado aquí y estamos juntos y decididos a seguir de frente.

Hoy podemos ser la fuerza que saque a nuestro país del oscuro túnel del estancamiento económico, social, cultural y de democratización para resurgir triunfantes de tiempos oscuros, libres de yugos provenientes de la manipulación del poder económico, político y mediático, que un muy reducido grupo de particulares ha acumulado y del que se ha aprovechado para incrementar su riqueza y proteger el status quo que permitió que se apoderaran de bienes de la nación y los explotaran como si fueran propios.

Así que es con orgullo, en nombre del Partido de la Revolución Democrática, hago uso de la más alta tribuna de la nación para manifestar nuestro voto a favor de la iniciativa de reformas a diversos artículos de nuestra Constitución Política, en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Pero, ¿cómo no estar a favor de una iniciativa de reformas a nuestra Carta Magna que nosotros como partido impulsamos? Una iniciativa de reformas con la que el partido de la Revolución Democrática ha recogido la demanda de amplios sectores de la población, que por décadas ha exigido el reconocimiento de sus derechos a la información, la pluralidad mediática, el fomento a la competencia entre los participantes en los mercados, que se deriven en una reducción de precios en los servicios para la población, un incremento en la calidad de los mismos y una pluralidad de opciones.

Pero los que estamos comprometidos con el país estamos listos para participar en esta jornada legislativa histórica para las comunicaciones y la radiodifusión de este país.

Si es así y conseguimos aprobar esta reforma, para tirios y troyanos, defensores y detractores hoy será el día D; el día en el que se sentarán los primeros cimientos de una nueva estructura fundamental para el desarrollo de México.

¿Quién puede estar en contra del progreso? Algunos podrán no estar de acuerdo con las fórmulas utilizadas para resolver los problemas a los que tenemos que enfrentarnos, pero es evidente que esta iniciativa lo resuelve en forma infinitamente mejor que el laissez faire, con el que los anteriores gobiernos han actuado, con tal de no enfrentarse a los grupos hegemónicos, a quienes, inclusive, optaron por privilegiar para ganar su apoyo en las contiendas electorales.

Estamos convencidos de que si esta iniciativa de reformas es aprobada derivará en una mayor inversión en la expansión de redes tecnológicas que impidan, precisamente, nuestro estancamiento y deterioro y el rezago que hoy tenemos.

Abriremos nuevos espacios para a la aparición de por lo menos dos nuevas cadenas de televisión abierta comercial, comenzará a correr el plazo para que México cuente con una verdadera cadena de televisión pública de nivel mundial operada por la ciudadanía, y que sin fines de lucro se enfoque a transmitir contenidos de calidad que garanticen la diversidad informativa, fomenten la objetividad y la oportunidad de los informes noticiosos, fomenten la educación, la salud y la cultura, el espacio y expresión a nuevas voces ciudadanas en su multiculturalismo y riqueza.

Pero esta reforma va mucho más allá, defiende el derecho a la información de todos nosotros, no solamente a recibirla, sino a comunicarla y difundirla; defiende y garantiza precisamente el acceso a las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento en forma universal, tanto que establece la obligación de una política nacional de inclusión digital universal; es decir, para todos.

Establece las bases para la creación de dos organismos autónomos que tengan las facultades y la firmeza para poder hacer que los regulados cumplan con sus obligaciones, para poder sancionar —y esto a manera precisamente de prevención— a tal grado, que inclusive los lleve a partir monopolios, a obligarlos a vender sus activos, si es que no acatan la regulación que se establece.

Es cierto, hay muchas cosas que vamos a tener que trabajar, porque si bien ganamos esta batalla la guerra apenas empieza. Vamos en 180 días a tener que regular y a legislar para determinar cuáles son los tipos penales que se aplicarán para aquellos que violen las condiciones de competencia. Termino, presidente.

Vamos a tener que regular los cimientos, precisamente para que la producción independiente de contenidos sea fomentada. Reconocemos y estamos conformando a los permisionarios como concesionarios para que las redes o las radios comunitarias, las radios de los pueblos indígenas puedan operar con toda legalidad.

Pero en materia de inversión extranjera, señores, en donde efectivamente nosotros estamos votando, porque se abre al 100 por ciento, quiero decirles que es falso. En todos los países de este continente se permite la inversión extranjera al 100 por ciento, se permite en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay; se permite en Estados Unidos de América y en Canadá.

Eso ha hecho, por cierto, que la inversión que debiera haberse aplicado en nuestro país por Teléfonos de México haya salido a comprar 100 por ciento de las empresas que operan en otros países, invirtiendo en infraestructura. Ésa es la verdad.

No podemos irnos con argumentos demagogos, que nos pretendan vender que estamos regalando la patria. No, señores. Los estamos invitando a que vengan a fortalecernos, y no me importa de dónde sea el capital, con tal de que México salga adelante.

Señores, esta reforma no va en contra de nadie, no tiene nombre ni apellido. Esta reforma va a favor de México, por nuestro desarrollo, por nuestro progreso y porque con ella vamos a poder salir adelante y estaremos orgullosos, nosotros como legisladores, por haber votado a favor de ella y ser artífices de la transformación de nuestro país. Viva México.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Viva, diputada. Don Juan Pablo Adame.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán: Muchas gracias y buenas noches compañeros. Se han venido a dar argumentos demagogos a esta tribuna; el artículo 7o., en la fracción III de la Ley de Inversión Extranjera ya permite el 100 por ciento de inversión extranjera directa en telecomunicaciones, y eso que se ha venido a decir a esta tribuna constituye uno más de los argumentos demagogos de aquellas personas que no quieren que lleguen mejores inversiones al país para que tengan mejores servicios los ciudadanos. Ésa es la verdad, y hay que decirla claro y hay que decirla fuerte.

Con esa congruencia nos presentamos el día de hoy los legisladores de Acción Nacional, congruentes con nuestro pasado, congruentes con nuestro presente y congruentes con nuestro futuro. Porque no hemos sido la única legislatura del PAN que ha venido a hablar de una reforma a las telecomunicaciones, han venido antes otros legisladores, desde 1997, que han hablado de esta reforma que es urgente para México, y es cierto, en los sexenios panistas se habló de esta reforma, y también es cierto, hubo mezquindad de actores para no aprobar una reforma a las telecomunicaciones.

Pero ya estamos aquí el día de hoy y como partido responsable la vamos a apoyar, y no solo la vamos a apoyar, estamos satisfechos, muy satisfechos con el resultado que se ha tenido de esta reforma a las telecomunicaciones.

Quiero decirles, no solo a los diputados que están aquí el día de hoy, sino a los ciudadanos que nos están viendo por diferentes canales, que el PAN contribuyó a la transformación de las reglas de la democracia, y hoy el PAN contribuye a la transformación de las reglas económicas en este país y eso hay que celebrarlo.

Porque con esta reforma a las telecomunicaciones se democratiza a la economía, se democratiza la banda ancha, se democratiza la competencia, se democratizan los medios de comunicación, y eso también hay que decirlo de manera clara.

Porque los ganadores de esta reforma —no les quede duda— no son y no venimos aquí a ser personeros de ninguna empresa; aquí venimos a trabajar y aquí venimos a legislar por los ciudadanos. Son los ciudadanos los que nos trajeron aquí y son esos ciudadanos los grandes ganadores de esta reforma; son los niños y los jóvenes que nacieron en la era digital los que se van a ver beneficiados con todo lo que se está reformando en los artículos de la Constitución. Es precisamente por los niños y por los jóvenes que nos urge cerrar la brecha digital en este país.

Si a ustedes no les preocupan los niños, ahora entiendo cuál es la postura que han venido a manifestar a esta tribuna. Nosotros sí estamos preocupados por las futuras generaciones de México.

¿Cuáles son las ventajas de las reforma a las telecomunicaciones? Primero, más competencia; segundo, más opciones para los ciudadanos, dos nuevas cadenas de televisión, una nueva cadena pública; Inversión extranjera directa para que lleguen más y mejores cadenas al país; el derecho al Internet y a la banda ancha, consagrado en la Constitución; más calidad y mejores precios en telefonía móvil.

Otro punto, se garantiza —esto hay que dejarlo también muy claro— la libertad de expresión en Internet. No a SOPA, no a ACTA. Se garantiza la libertad de expresión en Internet en esta reforma.

Si los compañeros de izquierda no están de acuerdo con esto, ya no sé con qué van a estar de acuerdo. Más opciones, mejores precios y mejor calidad para la contratación de los servicios de Internet.

Otro punto, se establece un catálogo para los usuarios de las telecomunicaciones. Para todos aquellos ciudadanos que nos están viendo en este momento que se han quejado sobre los servicios que tienen de las telecomunicaciones, se agrega...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, diputado Juan Pablo Adame.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán: Cuanto termine mi intervención, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Cuando termine su intervención.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán: Se agrega un catálogo para los usuarios de las telecomunicaciones. Insisto, para todos aquellos ciudadanos que alguna vez se han quejado que se les ha ido la red, que no les gusta lo que está pasando en la televisión, que les han cobrado de más, en esta reforma se establece un catálogo de derechos de los usuarios de las telecomunicaciones.

Otro punto, compañeros, el desarrollo de la agenda digital para cerrar esa brecha digital que hoy tenemos en México, porque cerrar la brecha digital implica cerrar la brecha educativa; porque cerrar la brecha digital implica cerrar la brecha cultural; porque cerrar la brecha digital implica llevar a México a los primeros lugares de desarrollo.

Por último, se busca terminar con los monopolios en este país. Más competencia, más inversión, ¿en quién? En beneficio de los usuarios.

Acción Nacional con esta reforma —y con esto termino, presidente— es congruente con su pasado, con su presente y con su futuro, porque hemos puesto siempre en el centro de cada ley que reformamos a la persona humana. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda, diputado Manuel Huerta, con su pregunta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Es que quería preguntarle al diputado si ese discurso era producto de la asesoría parlamentaria de su partido o era ya parte de la propaganda que va a sacar el régimen en los spots a partir seguramente de mañana. Quería que me pudiera informar de qué se trata.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Responda, diputado, por favor.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán: Acción Nacional en cada reforma siempre va a ver por los ciudadanos. Somos un partido de ciudadanos que movemos a México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Héctor Gutiérrez de la Garza, tiene el uso de la voz.

Esta Presidencia les recuerda a los coordinadores de los grupos parlamentarios que en el documento de propuestas que ha sido aceptado forme parte del dictamen, se contienen algunas de las reservas, por lo que ojalá y nos auxilien en el proceso parlamentario retirándolas antes de la votación en lo general.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado presidente. En primera instancia, agradezco a mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, el honor y la oportunidad de hablar a favor en un día histórico para México.

Hoy 21 de marzo, hoy les puedo asegurar que el 21 de marzo, en muy pocos minutos, este dictamen va a ser aprobado a favor en lo general. No es un día cualquiera, es un día en el que viene a mi mente una frase que está aquí arriba de nosotros: Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Que mejor que en un día como hoy, estemos hablando y estemos apoyando la libertad de expresión, en un día de respeto para todos los mexicanos.

El Grupo Parlamentario del PRI recibe y apoya esta iniciativa. Una iniciativa que contiene valores y respeto a nuestro país; que contiene primero derecho a la libertad de expresión, derecho al acceso a la información; oportunidad para que todos los mexicanos tengamos acceso a las tecnologías, tecnologías para modernizar al país, para tener una mejor educación, sin perder la rectoría del Estado mexicano.

Hace algunos días recibimos esta iniciativa, una iniciativa suscrita por el presidente de la República, apoyada por los grupos parlamentarios, por los coordinadores de los grupos parlamentarios en esta Cámara de Diputados y con testigos de calidad de los presidentes de los principales partidos políticos mayoritarios en el país.

¿Qué buscamos? Buscamos una mayor competencia, más certidumbre, mejor calidad, mayores coberturas, menores costos; es decir, que tengamos cuatro ejes fundamentales de un fortalecimiento democrático, más y mejores servicios a menor costo, regulación efectiva y combate a monopolios, justicia especializada. Ése fue el marco de actuación del Grupo Parlamentario del PRI.

Felicitamos a todos los que han querido y tienen la voluntad de modernizar a México. Sí, trabajamos muchas horas tratando de construir una propuesta viable, que requiere las dos terceras partes de esta Cámara de Diputados; trabajamos pensando en México; trabajamos mejorando el dictamen para que exista una igualdad entre hombres y mujeres, para que exista a su vez un derecho para que en la televisión pública se tenga la oportunidad del acceso de los productores independientes. Eso es en lo que estuvimos trabajando.

Pero a su vez, dejar sumamente claro esto. Hay varios puntos de esta reforma que enaltecen el trabajo de esta Cámara de Diputados; se incluyeron elementos para determinar con mayor claridad el agente dominante; se intervinieron, ahora con elementos, para precisar quién es un agente dominante.

El día de ayer señalamos que el Grupo Parlamentario del PRI ni ahora ni nunca va a pretender apoyar una simulación a la ley, una simulación a la Constitución. Ha quedado perfectamente claro que aquel que se pretenda beneficiar utilizando simulación por conducto de terceros ahora sí será sancionado; la sanción será la pérdida de la propia concesión.

Esa es una reforma que busca que se cumpla el objetivo primario que buscamos. No es de línea discursiva, no es solo un decir, es un actuar con un reflejo a una reforma no menor, una reforma a nuestra Constitución.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega por favor a los compañeros que están en la galería guarden compostura o nos veremos obligados a que el personal de seguridad nos auxilie para retirarlos. Tengan respeto por el trabajo parlamentario. Continúe, señor diputado.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Compañeros, recordemos esta frase, y más hoy 21 de marzo: Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Demostremos con la altura —que siempre hemos tenido— el aceptar la crítica, quizá aquella que no construye.

Estamos convencidos. En lo personal me siento muy orgulloso de formar parte de un Congreso reformador; un Congreso que se atreve, un Congreso que razona, un Congreso que no viene a esta tribuna con valentonadas o descalificaciones. Un Congreso que va a apoyar a México hoy y siempre. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Presidencia ha recibido las siguientes reservas:

Del párrafo primero del 6o., la de Martha Beatriz Córdova Bernal; la del diputado Andrés Eloy Martínez rojas; la de Merilyn Gómez Pozos; la de Roxana Luna Porquillo.

La del apartado B, de la fracción II, Andrés Eloy Martínez Rojas y la de Martha Lucía Mícher Camarena.

De la fracción III de ese mismo apartado B, Andrés Eloy Martínez Rojas; también de Martha Lucía Mícher Camarena.

De la fracción IV, apartado B del 6o., Gerardo Villanueva Albarrán.

Fracción IV, apartado B del 6o., Roxana Luna Porquillo.

Fracción IV, apartado B del 6o., diputado Víctor Manuel Bautista López; Alfonso Durazo Montaño.

Fracción V de ese mismo apartado B del 6o., José Arturo López Cándido; Juan Luis Martínez Martínez; Zuleyma Huidobro González; de Carlos de Jesús Alejandro; de Víctor Manuel Bautista López; de Carlos Fernando Angulo Parra.

Del mismo V, párrafos primero y segundo, Marino Miranda Salgado; Martha Lucía Mícher Camarena; Andrés Eloy Martínez Rojas.

Del párrafo cuarto, de esa misma fracción V, el apartado B; Martha Lucía Mícher Camarena.

Del 7o., segundo párrafo, Martha Lucía Mícher Camarena.

Del párrafo cuarto del 27, Gloria Bautista Cuevas.

Del párrafo trece del 28, Lilia Aguilar Gil.

Del párrafo catorce del 28, Lilia Aguilar Gil

Del quince, Aída Fabiola Valencia Ramírez; Lilia Aguilar Gil; Carlos de Jesús Alejandro

Del 28, párrafo dieciséis, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; Rodrigo Chávez Contreras; Marcos Rosendo Medina Filigrana; Víctor Manuel Bautista Rojas; Andrés Eloy Martínez Rojas; Roxana Luna Porquillo.

Del 28, párrafo diecisiete, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; Manuel Jorrín Lozano. De ese mismo, pero para una adición, María Sanjuana Cerda Franco.

Del 28 párrafo dieciocho, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Del dieciocho, fracción VI, Martha Lucía Mícher.

Del 28, párrafo dieciocho, fracción VII, Francisco Coronato Rodríguez. De ese mismo, Roxana Luna Porquillo.

Del 28, párrafo dieciocho, fracción VIII, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Del 28, párrafo dieciocho, fracción X, María Fernanda Romero Lozano. De ese mismo, Martha Lucía Mícher Camarena.

Del 28, párrafo diecinueve, Lilia Aguilar Gil; Andrés Eloy Martínez Rojas.

Del 28, párrafo veinte, fracción I, Martha Lucía Mícher Camarena.

Del 28, párrafo veintitrés, José Humberto Vega Vázquez; Nelly del Carmen Vargas Pérez; Lilia Aguilar Gil.

Del 28, párrafo veinticuatro, Martha Lucía Mícher Camarena.

Del 28, párrafo veintiséis, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; Lilia Aguilar Gil; Andrés Eloy Martínez Rojas.

Del 28, párrafo veintisiete, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; Loretta Ortiz Ahlf; Lilia Aguilar Gil; Andrés Eloy Martínez Rojas.

Una adición al párrafo 73, Lilia Aguilar Gil, con dos textos distintos.

Al 78, fracción III, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Tercero transitorio, fracción III, Roxana Luna Porquillo.

Tercero transitorio, fracción IV, José Antonio Hurtado Gallegos.

Cuarto transitorio, Roxana Luna Porquillo.

Quinto transitorio, Loretta Ortiz Ahlf; Andrés Eloy Martínez; Alliet Mariana Bautista Bravo; Manuel Huerta Ladrón de Guevara; Ricardo Mejía Berdeja; Marcos Rosendo Medina Filigrana.

Sexto transitorio, Fernando Rodríguez Doval; Andrés Eloy Martínez Rojas; Manuel Huerta Ladrón de Guevara; Marcos Rosendo Medina Filigrana.

Séptimo transitorio, párrafo primero, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; Ricardo Cantú Garza.

Séptimo transitorio, adición de un último párrafo, José Luis Valle Magaña.

Octavo transitorio, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; María Luisa Alcalde Luján, cuyos invitados están ahorita provocando ahí algún desorden; José Humberto Vega Vázquez; Doña Roxana Luna Porquillo; doña Lilia Aguilar Gil; Alfonso Durazo; Magdalena Núñez Monreal.

Décimo primero transitorio, Carmen Lucía Pérez Camarena y María Isabel Ortiz Mantilla.

Décimo cuarto transitorio, Luisa María Alcalde Luján; Roxana Luna Porquillo; Andrés Eloy Martínez Rojas.

Décimo quinto transitorio, Andrés Eloy Martínez Rojas.

Adición del décimo octavo transitorio, Trinidad Morales Vargas, y María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del artículo décimo octavo transitorio.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputada Luisa María Alcalde Luján? Sonido.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Con todo respeto, presidente, simplemente para señalar que en efecto son invitados del grupo parlamentario de la sociedad, porque ha sido un grupo que ha venido... A ver, compañeros, nosotros somos representantes populares, ésta es la casa del pueblo y los jóvenes y el Movimiento 132, como otros movimientos, tienen todo el derecho de manifestarse. Así que por favor pido...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Siempre y cuanto lo hagan con respeto en este recinto tienen derecho.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Claro que sí. Claro que sí.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y esta Presidencia recibió de usted la autorización para que pasaran a este palco, en el que los recibimos con todo cariño, siempre y cuando sepan comportarse.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, a favor 414, 8 abstenciones, 50 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general. Hay votación calificada para reforma constitucional.

VOLUMEN V

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, vamos a otorgar tres minutos para la presentación de cada una de las reservas. En cuanto culminemos con las reservas de los distintos numerales de los artículos constitucionales en discusión abriremos el sistema electrónico de votación, por cada uno de los artículos constitucionales que estamos abordando.

Les avisamos a los oradores que pueden presentar en una sola intervención varias de sus reservas y les pedimos, con todo respeto y consideración al tiempo de la asamblea, que nos auxilien con un estricto cumplimiento de los tres minutos.

Doña Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz. Párrafo primero del 6o.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Muy buenas noches. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento al pleno de esta honorable asamblea la siguiente reserva al párrafo primero del artículo 6o. del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, al tenor de lo siguiente.

El espíritu de la eliminación del último enunciado en el artículo 6o. constitucional, contenido en el dictamen, objeto a discusión, se fundamenta primordialmente en un hecho añejo. En 1977, a través de una reforma al texto constitucional fue que se modificó la parte final del artículo 6o., para reducir la frase: el derecho a la información será garantizado por el Estado.

El debate en torno al derecho a la información ha dado origen a diversas opiniones acerca de su naturaleza jurídica y su contenido, así como sobre las propuestas y supuestas ventajas e inconvenientes de su protección, obviamente con vicios de fondo.

Pese a que la discusión respecto a la importancia y alcances del derecho a la información ya cumplió más de tres décadas, hoy por hoy no se ha generado un consenso sobre la necesidad de regular las cuestiones relacionadas con la información. Tan es así, que justo ahora se sigue analizando la importancia de este derecho fundamental.

Necesario es entonces analizar esta prerrogativa desde una óptica que se reconozca como un derecho fundamental, pues su ubicación en el Título Primero de la Constitución, De las garantías individuales, así como del hecho que esté incluido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, nos obliga a darle el trato que todo humano necesita y exige.

El derecho a la información consiste en que cualquier individuo puede buscar, recibir o difundir informaciones, opiniones e ideas por cualquier medio, y es obligación del Estado garantizarlo y proveer los medios para que pueda acceder a todo tipo de información.

Es de considerarse que las innovaciones tecnológicas que han ocurrido en los años recientes, en particular la convergencia de telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales están produciendo una profunda revolución en la capacidad social de procesar, almacenar y transmitir la información.

Así es, debemos estar a la vanguardia. Es un hecho que ningún ordenamiento jurídico puede desconocer esta realidad cambiante, potencialmente rica, pero a la vez perturbadora, que desafía los conceptos tradicionales y obliga a una evolución significativa de los procedimientos e instituciones jurídicas. Termino, diputado presidente.

No quiero acelerar esta reforma donde no hay transparencia, así como lo hicieron con la reforma laboral, con la reforma educativa, que el mismo secretario de Educación, Emilio Chuayffet, el día de ayer en esta Cámara de Diputados, en conferencia magistral nos cuestionó, nos criticó y nos responsabilizó a todos los diputados de esta Cámara por igual por esta reforma, retractándose con ello —si ustedes se dan cuenta— de esta reforma sin fondo, que sus mismos legisladores de su propio partido aprobaron.

Por lo anteriormente expuesto es que someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva en el artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de un ataque moral a los derechos de un tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos...

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Voy a terminar, diputado presidente, permítame, por favor. En términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Córdova Bernal.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. Tiene ahora la palabra el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del PRD, para presentar también su reserva al mismo primer párrafo del 6o.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Compañeros, daré mi posicionamiento en lo particular de las reservas del artículo 6o., párrafo primero y tercero, apartado B, fracciones II, III y V, párrafo tercero, del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

Después de este polémico inicio en la discusión en materia de telecomunicaciones, hay que recordar, compañeros legisladores, que tenemos una gran responsabilidad en el quehacer político de nuestro país; es por ello que no debemos demeritar la confianza y la responsabilidad que los ciudadanos han depositado en cada uno de nosotros, y mucho menos vulnerar los principios de separación de poderes.

Es por eso que nos mueve a la sospecha y la suspicacia nuevamente —y para variar— la rapidez con que fue aprobada y la celeridad que se le quiere dar en esta soberanía, como si se tratara de algún encargo de los poderes fácticos, cuyo sello, lleno de intereses comerciales —y hay que decir esta palabra que no se ha mencionado— de avaricia, resaltan en muchos de sus párrafos.

Triste y desalentador será comprobar una vez más que una parte significativa del Congreso legisla a favor de la clase más favorecida en este país, sin importarles finalmente las consecuencias nefastas de esta supuesta reforma, que resulta ser una tomadura de pelo para el ciudadano incauto.

Créanme que cada vez en este país, por fortuna, hay menos ciudadanos incautos que no caen en la trampa que se les quiere tender.

No está demás señalar que dicha reforma añade censura y reduce la libertad de expresión en los medios electrónicos. Siendo que la primera modificación que se realiza con respecto al artículo 6o. constitucional es la que reglamenta que la manifestación de ideas será objeto precisamente de averiguación legal, bajo las cauciones de ataque a la moral y a la vida privada.

Se estará agregando una causal que no estaba incluida antes en la Constitución; es decir, que al difundir una nota sobre cuestiones personales, que tengan que ver pues con cualquier asunto, la difusión de ésta sola declaración podría ser sujeta a proceso judicial, iniciando un proceso inquisitorial para los compañeros que realizan su labor periodística. Lo mismo podría ocurrir si se diera a conocer información sobre las infidelidades —por ejemplo— de algún político, etcétera.

Asimismo cabe indicar que la reforma no elimina causales anacrónicas de censura, como el ataque a la moral, por cierto, cuya definición es ambigua, ya que en la actualidad debido a la liberalización de costumbres no tiene una gran relevancia jurídica. Es por esto que los conceptos señalados deben ser eliminados del texto del primer párrafo del artículo 6o.

Aunado a ello, en las modificaciones a este artículo 6o. no debemos olvidar que en el centro de la atención debe estar siempre en el consumidor, que en el agregado debe constituir el objetivo del bienestar social de los mexicanos.

Derivado de ello el eje central de la reforma debe ser la promoción de la competencia efectiva al interior de la industria. Pero más allá de todo, la calidad y el precio que se ofrecerá a los usuarios debe ser la que merecen, ya que solo derivado de ello será posible alcanzar una mejora real y sostenida, en términos de cobertura.

Asimismo mediante esta reforma se debe buscar elevar a derecho fundamental el acceso a estos servicios, especialmente la banda ancha e Internet, que ha probado ser un servicio fundamental en el fomento al desarrollo social y económico de las naciones.

Al igual que el sector avanza a las velocidades del progreso tecnológico, esta reforma también debería consolidarse como un principio para la evolución de un proceso continuo y permanente de mejora al interior del sector de las telecomunicaciones y alejarse de la injerencia del Ejecutivo y elegir al presidente del nuevo organismo público mediante una amplia consulta pública y por el voto de los miembros del Senado.

De esta manera y después de argumentado lo anterior, se proponen las siguientes modificaciones al texto del artículo 6o., para quedar como sigue:

Artículo 6o, párrafo primero.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un segundo, diputado. El diputado Martínez Rojas tiene cuatro reservas sobre este mismo artículo y las está presentando conjuntamente; les pediría que le diéramos la oportunidad de que las presentara.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Gracias, presidente. Artículo 6o, párrafo primero. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.

Párrafo Tercero. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado instituirá las condiciones óptimas de infraestructura para la efectiva prestación de dichos servicios.

Apartado B, fracción II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará su calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.

Fracción III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado con calidad y brinde los beneficios de la cultura, la ciencia y el arte a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

Fracción V, párrafo tres. El presidente del organismo público será elegido mediante una amplia consulta pública y por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores, o en sus recesos, de la Comisión Permanente. Durará en su cargo cinco años y no podrá ser designado para un nuevo periodo inmediato y solo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.

Compañeros, en sus manos está el aprobar una verdadera reforma en beneficio de los mexicanos o seguir acomodando las leyes al capricho de potentados hombres de negocios que —insisto— están dominados lamentablemente por algunos de los pecados capitales: la codicia y la avaricia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por el diputado Martínez Rojas, al párrafo primero, al párrafo tercero, al apartado B, fracción II y al apartado B, fracción III del artículo 6o. constitucional.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se aceptan las propuestas presentadas por el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten a discusión. Se desechan.

Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva al párrafo tercero del 6o.

La diputada Merilyn Gómez Pozos: Las telecomunicaciones son un tema prioritario y tienen un carácter estratégico y fundamental para el desarrollo de un país, pues entre otras cosas, de éstas depende el avance democrático, la construcción plena de los espacios de opinión pública y la consolidación de la libertad de expresión. De ahí la prioridad en la agenda pública

Sin embargo, del dictamen en estudio no se desprenden premisas claras ni precisas que permitan la implementación de un sistema transparente y plural de concesiones que garantice el acceso equitativo a los sectores público, privado, comunitario y educativo de nuestra sociedad.

El dictamen a discusión pudiera constituir un gran avance en la materia, pero se mantiene como una asignatura pendiente desde los comienzos de la radiodifusión y las telecomunicaciones en nuestro país.

En México resulta fundamental gozar plenamente del derecho a la información de calidad, fidedigna y confiable. Ya no podemos permitir los sesgos en la información o la falta de transparencia. Lamentablemente muchos miembros de la cúpula política están empecinados en el regreso de un Estado absolutista, caracterizado por un gobierno de políticos represores e intolerantes.

En nuestro país, el 80 por ciento de la población se entera de las noticias sociales, políticas, internacionales y de economía a través de la televisión, por lo que urge que se regule el esquema monopólico imperante, pero dejando de lado los intereses partidistas que hasta la fecha no se han podido erradicar.

Es obligación del Estado garantizar el acceso a la información a través de diversos medios, como los tecnológicos. En la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, llevada a cabo el 1 de junio del 2011, se expuso que el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, es un derecho humano fundamental, por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en conjunto.

Si el Estado mexicano tiene activos suficientes para emprender un proyecto que pueda culminar a corto o mediano plazo con la prestación gratuita del servicio de Internet a todos los mexicanos, lo propio sería establecer con claridad y de manera contundente que el Estado garantizará plenamente el derecho de acceso universal a los servicios de banda ancha.

También es necesario señalar que todo el reacomodo institucional o legal propuesto en la reforma en estudio carecería de sustancia si no se promueven mecanismos, acciones o medidas que signifiquen un verdadero contrapeso al poder de influencia, concentración, manipulación, engaño e inducción, propio de los dueños de las telecomunicaciones.

El acceso universal a Internet significaría, sin duda, ese contrapeso; es por ello que proponemos que en el artículo 6o. del proyecto en discusión se incluya que el Estado deberá garantizar el servicio de Internet gratuito, a través de las tecnologías de información. Éste es un derecho que no podemos arrebatar a los mexicanos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Gómez Pozos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 6o., párrafo tercero. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se desecha.

Tiene ahora la palabra la diputada Roxana Luna Porquillo, del PRD, para presentar su reserva al párrafo tercero.

La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): La retiro.

El Presidente diputado José González Morfín: La retira. Se reserva para su votación en conjunto con los demás párrafos.

Tiene ahora la palabra la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, que tiene reservada la fracción II y la fracción III. Le preguntaría si podría presentar las dos. Tres reservas, diputada. Adelante.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Son tres reservas del 6o., sí señor. Gracias, señor presidente. Las iniciativas que estamos presentando, compañeras y compañeros, están relacionadas con la congruencia de nuestro país en materia de derechos humanos de las mujeres para ser incorporados en el marco constitucional.

Lo que estoy proponiendo como diputada del PRD —y tengo que aclarar que no están sumándose más que las compañeras del Grupo Parlamentario del PRD— lo que proponemos es que estos preceptos constitucionales relacionados con la reforma en materia de comunicaciones, la perspectiva de género de manera transversal sea un hecho en materia de igualdad, así como para evitar la violencia, la discriminación contra las mujeres en los medios de comunicación.

Compañeras, en el Comité de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Naciones Unidas hace cuatro días, México, el gobierno mexicano que encabeza el señor Peña Nieto, presentó un documento para integrar la palabra feminicidio por primera vez en un documento internacional. México fue cabeza de una de las mayores violencias contra las mujeres, que es el feminicidio y se aprobó por unanimidad, aun a pesar de Pakistán, de China y Rusia.

En nuestra Constitución, en la carta de navegación de hombres y mujeres, no tenemos incorporado la palabra, el pleno respeto a los derechos humanos y que no se mantengan estereotipos de género ni violencia contras las mujeres y las niñas.

Compañeras y compañeros, puedo entender sus razones, pero no lo estamos haciendo en contra de los hombres, lo estamos haciendo por sus hijas, por sus hermanas.

Si lo pudimos hacer en un documento internacional; si el embajador De Alba, en Nueva York, defendió lo que es la postura y el Instituto Nacional de las Mujeres pudo incorporar temas que estaban vetados en sexenios anteriores, avancemos, demos una señal de que la violencia contra las mujeres, que el pleno respeto de los derechos humanos son vigentes y que esta Constitución se compromete a garantizar, respetar y proteger estos derechos. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Mucha gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservasde la diputada Mícher Camarena.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admiten a discusión. Se desechan.

Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva a la fracción IV del apartado B.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. No sé en qué parte de esta reforma, que tanto se ha dicho que es democrática, si no se toma en cuenta al ciudadano, al consumidor, al usuario, a las audiencias, a los expertos, a las asociaciones civiles y a los movimientos, como que el que estuvo aquí presente manifestándose pacíficamente, el movimiento Yo Soy 132.

Si se aprueba esta reforma los ciudadanos seguiremos siendo ajenos a los medios y las empresas seguirán definiendo los contenidos de las trasmisiones, de acuerdo a intereses comerciales y políticos, pues las reformas solo contemplan dos temas: la creación de un organismo autónomo, solo de nombre, porque estaría totalmente sujeto al presidente, y por otro lado, la convergencia de medios para que las televisoras den servicios telefónicos y viceversa.

Esta reforma favorece a los monopolios y no al ciudadano común. Por eso refuto aquí que esta reforma no tiene nada de democrático, a menos que se entienda por democrático el beneficiar a los mismos de siempre, particularmente a las dos empresas televisoras y a la telefónica, que se están disputando el mercado, y a quién sabe a qué empresas extranjeras, que hasta el 100 por ciento de la inversión directa se le quiere abrir.

La gran ausencia es el tema del derecho de las audiencias; es decir, de los usuarios de las telecomunicaciones, quienes no son considerados sujetos activos e interactivos de los medios de comunicación, sino un índice cuantitativo, mero rating que solo sirve para comercializar los espacios en pantalla.

Esta condición vulnera los elementales derechos de las audiencias; es decir, contenidos que respeten pluralidad y diversidad y frente a ello esta Cámara de Diputados se prepara para ratificar la eliminación al texto original que preveía la obligación del Estado para garantizar el derecho de las audiencias y que fue sustituida por la simple prohibición de la publicidad integrada, pero sin ningún criterio para matizar la excesiva comercialización en la pantalla.

Los derechos de las audiencias son los siguientes: el derecho de la infancia a contenidos de calidad, el derecho de réplica, el derecho a la identificación de la publicidad, el derecho de los consumidores a una información comercial veraz, el derecho a participar en los contenidos, el derecho a la no discriminación, el derecho a contenidos íntegros, los derechos a la educación, la salud y la cultura.

Más que un Ifetel hace falta un ombudsman de las audiencias. Por favor, compañeras y compañeros diputados, es un enunciado lo que estamos proponiendo que se agregue al principio de la fracción IV del artículo 6o. constitucional, y creo que tiene que ver con lo más importante que aquí se ha dicho, pero que no se refleja en el contenido de reformas que hoy se están planteando.

Ya termino, diputado presidente. Ya termino. Sí es un día histórico, es un día histórico porque es un día negro para el Poder Legislativo, institución que está jugando solamente a la simulación; es la reforma constitucional solamente para Televisa y para Carlos Slim.

La propuesta del Movimiento Yo Soy 132 es más profunda, más seria, con más contenidos, que piensa en la ciudadanía y que —hay que decirlo— tiene más legitimidad que lo que hoy se está votando. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se desecha.

La diputada Roxana Luna Porquillo, también tiene reservada esta misma fracción IV del apartado B.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Compañeras y compañeros, buenas tardes. Primero, quiero aprovechar y quiero llamar la atención de todos los diputados, porque no estamos votando el dictamen que se votó en la Comisión de Puntos Constitucionales; se ha hecho una modificación que nos acaban de entregar hace media hora, que no tuvimos la oportunidad ni siquiera de revisar, y le preguntaría a los diputados si la revisaron.

Exactamente, qué bueno que sepan contestar, compañeros. Pero serían unos expertos en lectura y comprensión para entender lo que estamos votando. Realmente es preocupante que no se le dé seriedad o la importancia a este tema de telecomunicaciones.

Quiero decir que es muy lamentable que mis compañeros perredistas de Nueva Izquierda no asuman una responsabilidad, y me da mucho coraje, porque llevamos días construyendo una propuesta y podrán justificar que no son de fondo las propuestas de reforma que se están haciendo, pero sí las que se están presentando en este último dictamen contravienen con la democratización de los medios que se había planteado en el inicio y que por eso nosotros sí decidimos primero apoyar esta reforma.

Hay que seguir discutiendo y espero, compañeros, que en el transcurso de la discusión se pueda abrir el debate para retomar en las propuestas que fueron reservadas, poder modificar las redacciones. Llamo a esto.

Solo quiero comentar —para terminar— que en esta reforma del artículo 6o. de la fracción IV, apartado B, cuando se habla de la transmisión de publicidad, programada o presentada con información periodística noticiosa, se establece que el Estado debe de garantizar que la libertad y la no regulación de los contenidos no implica que la libertad de expresión sea limitada, pero no puede existir una restricción en los contenidos ni en lineamientos de lo que puede ser su contenido, porque eso equivale ni más ni menos que a la censura previa y a definir que la ciudadanía puede o no puede saber.

De aprobarse este dictamen en sus términos, México estaría quebrantando diversos tratados de derechos humanos, estaría evidenciando un régimen en cuanto al respeto y promoción de los derechos humanos, dando un penoso ejemplo de lo que nunca debe ocurrir en un régimen democrático. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Luna Porquillo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite, se desecha.

La misma fracción IV del apartado B está reservada por el diputado Víctor Manuel Bautista López, a quien se le concede el uso de la voz.

El diputado Víctor Manuel Bautista López: Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Víctor Manuel Bautista López: A las 11:55 del día de hoy hice la reserva y conocimos ya la versión final, la propuesta de modificación hace apenas algunos minutos u horas, quizás.

La reserva que se presenta a la consideración de esta asamblea consiste en la adición al texto de la fracción IV apartado B del artículo 6o. de la Constitución, de la prohibición al concesionario público de incluir contenidos orientados a la promoción personal de funcionarios públicos.

Es muy importante señalar que actualmente el artículo 134 prohíbe, bajo cualquier modalidad de comunicación social la promoción de imagen y nombre de los funcionarios. Sin embargo, la naturaleza del gasto por este concepto es sustancialmente distinta al supuesto del funcionamiento de concesionario público.

Las dependencias públicas solo pueden realizar gastos en materia de comunicación social, con cargo a una partida específica dentro del Capítulo 3000, Servicios Generales, bajo el concepto 3600, Servicios de Comunicación Social y Publicidad. Estos son los gastos que regula el 134 constitucional.

Todo lo que se erogue en este concepto, las inserciones en revistas o periódicos, las estrategias publicitarias en radio y televisión, en el caso de los estados y municipios y que sean contabilizadas en la sección presupuestal contable será soportado con el testigo respectivo, el cual se caracterizará porque no se presente la imagen o nombre de funcionario público alguno. Pero en el caso del concesionario público, éste cuenta con un presupuesto total integrado por recursos de origen público, registrado con precisión en los respectivos presupuestos de egresos.

Por ejemplo, en el caso del estado de México —mi estado— el presupuesto público destinado a radio y televisión mexiquense se encuentra comprendido en el programa Identidad mexiquense, en el artículo 6o. del Presupuesto de Egresos.

Otro caso, el de Veracruz, se encuentra en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos, el financiamiento público a radio y televisión de Veracruz.

El monto total de esas inversiones públicas constituye mayoritariamente el presupuesto de las concesiones públicas y se distribuye en todos y cada uno de los capítulos del gasto de operación de dichos concesionarios públicos.

Por lo que tendríamos que preguntarnos, ¿el legislador tiene interés en que se prohíba la difusión de imagen o nombres de funcionarios públicos, solo en aquellas acciones financiadas con el concepto 3600, Servicios de Comunicación Social y Publicidad, y dentro del capítulo 3000, Servicios Generales, o nuestro interés consiste en que toda acción financiada con recursos públicos debe regirse por el principio de imparcialidad y no promoción personal?

Estoy convencido de que el interés del legislador se encuentra en el segundo sentido; por ello presento la siguiente consideración de reserva.

Actualmente el artículo 6o., fracción IV, dice: Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y difusión.

La propuesta, diputado presidente, es: Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; en el caso del concesionario público se prohíbe que la programación incluya contenidos orientados a la promoción personal de funcionarios públicos, y observarán las recepciones señaladas en el artículo 134 de esta Constitución; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y difusión. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación planteada por el diputado Bautista.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se desecha.

También la misma fracción IV del apartado B, está reservada por el diputado Alfonso Durazo. Se le concede el uso de la voz.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Compañero presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, este debate —como siempre— está lleno de falacias, como siempre aquí escuchamos un discurso correcto, pero fraudulento y mentiroso. Ahora, como no hay debate, pues no hay forma de clarificar ni las contradicciones ni las falsedades.

Es imprescindible aprovechar entonces la ocasión, antes de presentar la reserva, para hacer algunas aclaraciones.

En primer lugar, es totalmente falso que sea una práctica universal la inversión al 100 por ciento, la inversión extranjera directa al 100 por ciento en telecomunicaciones. Decirlo así no solo es una falsedad, es insultar nuestra inteligencia; en todo caso, ningún ejemplo nos compromete, porque la inversión extranjera al 100 por ciento está vinculada a nuestra soberanía y no a la de otros países.

Implica cesión de soberanía, implica además perder el espacio que tenemos en la órbita geoestacionaria, que solo tiene lugar para 180 satélites, y si llega la inversión extranjera y acapara esos lugares habrá perdido para siempre la posibilidad nuestro país de cubrir ese espacio.

Ni Estados Unidos de América ni Canadá permite la inversión al 100 por ciento contra lo que aquí se ha dicho; en Canadá es del 10 por ciento, porque está vinculado a la soberanía, porque está vinculado a la educación y, por supuesto, porque está vinculado al desarrollo democrático.

Parece que aquí la fracción de Slim y la de Azcárraga —dependiendo de los intereses que haya qué defender— son mayores o es mayor a la de la mayor fracción parlamentaria, y eso es una pena para nosotros, como diputados y una decepción para los mexicanos.

Que este Congreso no es reformador y deliberante, sino irresponsable y agachón, ¿cómo sustentar que es un Congreso responsable, si en unas cuantas horas pretendemos dejar la Constitución como colcha navideña, llena de parches, sin debatir nada absolutamente? Eso es una falsedad.

Algunos de los que me antecedieron en el uso de la palabra hablan de que hemos razonado y debatido. Lo habrán hecho en grupos cerrados y en función de los intereses que representan, no en función de los que representamos el resto de los diputados que aquí participamos.

Paso a la propuesta. Los medios se hacen sentir como nunca en el terreno político como instrumentos para construir o destruir respaldos políticos, sobre todo para satanizar a opositores y disidentes, sobre la base de una relación clientelar con el gobierno, amparada en la discrecionalidad con la que el Ejecutivo puede contratar publicidad oficial con cargo al abultado Presupuesto federal.

Este esquema de relación gobierno-medios fomenta la corrupción, privilegia a medios afines y margina a medios críticos o alternativos.

El Estado debe tratar imparcialmente a los medios, eliminando la discrecionalidad en la asignación de publicidad y hacerla bajo criterios objetivos, con sustento técnico y políticamente neutral.

Termino, presidente. De manera que dicha publicidad no interfiera con la línea editorial de los medios ni se convierta en un mecanismo de control.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone modificar el presente dictamen, con la finalidad de despolitizar la contratación de publicidad en el gobierno federal y asegurar una contratación imparcial, que permita a todo tipo de medios públicos, privados, sociales, comunitarios e indígenas tener participación en la contratación de publicidad oficial.

Proponemos agregar un párrafo —y ya concluyo, presidente— El presupuesto público destinado a la publicidad oficial se otorgará bajo criterios objetivos y técnicos que propicien la imparcialidad en el trato a los medios de comunicación, eliminando los tratos preferenciales o discrecionales para posibilitar el acceso de los medios a la publicidad oficial, bajo criterios políticamente neutrales. Muchas gracias, por su atención, y a usted, presidente, como siempre, por su tolerancia, gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación planteada por el diputado Durazo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. Se desecha.

Ahora para la fracción V del mismo apartado B, tiene el uso de la tribuna el diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar su reserva.

El diputado José Arturo López Cándido: Buenas noches, compañeras diputadas y diputados. Con su venia, señor presidente. El objetivo de esta reserva es el nuevo esquema de telecomunicaciones, como un instrumento para servir al pueblo y no a las organizaciones radiodifusoras fuera de la ley.

Las radios comunitarias se conceptualizan como un espacio de transmisión de mensajes, utilizando un transmisor que permite que los contenidos sean recibidos a través de un aparato receptor. No cuentan con una concesión de autoridad federal alguna y están al servicio de la población de la región.

Las radios comunitarias y permisionarias representan el derecho a las comunidades más alejadas y marginadas a poder transmitir su idea y acceder al derecho a la información, derechos que están estrechamente ligados con los derechos humanos, especialmente coaligadas con la libre expresión.

Es necesario que esta reforma de telecomunicaciones no excluya a las radios comunitarias para no cargar con la limitación del esquema actual del espectro radiofónico y que se reconozca en la Constitución cabalmente el derecho a las comunidades de hacer uso de los medios de telecomunicación a su alcance.

Por lo anterior expuesto, se propone adicionar un quinto párrafo a la fracción V del apartado B del artículo 6o. a dictaminar, que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

Se agrega al quinto párrafo de la fracción V del apartado B del artículo 6o. para quedar como sigue: El organismo público y la ley que hace referencia la fracción V del presente apartado establecerán los derechos de las emisoras de radio con fines comunitarios, así como el otorgamiento gratuito de permisos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado López Cándido.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. Se desecha.

Para presentar su reserva a la misma fracción V del apartado B, tiene el uso de la voz el diputado el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente; compañeras y compañeros, la reserva que hoy presento y pongo a la consideración del pleno, consiste en reformar el artículo 6o. apartado B, fracción V, del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

La propuesta contemplada en el dictamen, específicamente en el párrafo vigésimo tercero del artículo 28 de la Carta Magna, menciona que la ley establecerá un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radio y difusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la federación a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone agregar al texto en comento las radios comunitarias, en virtud de asegurar el acceso al mayor número de personas, ya que es a través de éstas donde las comunidades más marginadas y excluidas del país adquieren voz para expresar sus principales demandas.

Desde una perspectiva de derechos humanos resulta imprescindible para consolidar una sociedad democrática que coexista una mezcla de medios públicos, privados y comunitarios, por medio de los cuales todos los sectores sociales, sin discriminación alguna, logren expresar sus voces, promuevan el debate de sus comunidades, intercambien información y conocimiento y participen en la toma de decisiones.

En este contexto, la comunicación comunitaria y especialmente la radio difusión comunitaria, que representa uno de los principales instrumentos de la ciudadanía organizada para ejercer su efectiva libertad de opinión y expresión a través de sus propios medios resulta vulnerada debido, por un lado, a la concentración empresarial y gubernamental de los medios masivos de comunicación, y por el otro, a la falta de un reconocimiento explícito en las leyes de medios y de un marco que regule su legal funcionamiento.

Por lo anteriormente expuesto y con la firme convicción de que una sociedad democrática requiere del fortalecimiento de todas sus libertades fundamentales, hacemos un llamado urgente para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión por medio de la adopción de un marco legal de telecomunicaciones que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y genere un entorno mediático plural y accesible a todos los sectores de la población.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva.

Único. Se reforma el artículo 6o., apartado B, la fracción V, del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, para quedar como sigue:

La ley establecerá un organismo público con autonomía técnica operativa de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de la radiodifusión sin fines de lucro a las radios comunitarias, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas, principalmente de los pueblos originarios y comunidades indígenas.

Quiero aprovechar para decirles a las 65 etnias de México que una vez más los mismos de siempre nos están denegando este derecho que por muchos años venimos reclamando. Siempre nos han apuñalado las esperanzas legítimas del pueblo pobre, del pueblo discriminado y del pueblo que vive en extrema pobreza. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Martínez Martínez.

El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. Se desecha.

Para presentar su reserva a la misma fracción V del apartado B, tiene el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. Es verdad, ya me estoy acostumbrando a que todas las iniciativas urgentes presenten reservas y que ustedes, diputados, no quieran debatir con nosotros.

También es cierto que es mi primera vez como legisladora y tal vez no tenga experiencia como muchos de ustedes, pero no puedo dejar de decir que en esta Cámara hay diputados de primera, de segunda y de tercera, y que ustedes mismos, diputados de primera, denigran la función legislativa.

Compartiré con el pueblo de México que varias cosas se negocian sin que muchos diputados sepamos de lo que se trata.

Pero no todos los diputados somos iguales, y ahora me dirijo a ustedes, diputadas y diputados jóvenes. No podemos permitir que esta Cámara siga legislando sin nosotros y aclarar —de una vez por todas— que las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano no estamos en contra de todo, llevamos muchísimos dictámenes votando a favor, dictámenes importantes, pero de eso no hablan; hemos votado a favor dictámenes que se han discutido debidamente en cada una de las comisiones y que representan un beneficio para todas y todos los mexicanos.

En Movimiento Ciudadano estamos a favor del respeto y debido cumplimiento al proceso legislativo y a los reglamentos de esta Cámara.

Los exhorto a que pensemos en el futuro de México, de los ciudadanos mexicanos, de nuestros hijos, que seguramente y a pesar de todo seguirán en movimiento, porque ya lo decía Benito Juárez: la razón la han alcanzado los buenos hijos de México combatiendo solos, sin auxilio de nadie, sin recursos ni los elementos necesarios para la guerra; han derramado su sangre con sublime patriotismo, arrastrando todos los sacrificios antes de consentir en la pérdida de la República y la libertad.

Para qué leerles la reserva, si es —como lo dije en la tarde— es como si le hablara a las honorables curules vacías. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Huidobro.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. Se desecha.

Para presentar su reserva a la misma fracción V del apartado B, tiene el uso de la tribuna el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Iniciaré reiterando y coincidiendo con muchos de mis compañeros que me han antecedido, en que cada día es más anacrónico nuestro sistema parlamentario mexicano; no hay discusión, no hay debate, solo oradores frente a curules, muchos presentes de cuerpo, pero ausentes de mente.

No puede establecerse un diálogo intercultural si no nos conocemos, si no nos respetamos, si no nos reconocemos como sujetos y actores de derecho de ser tomados en cuenta.

Estas son algunas palabras de los propios comunicadores indígenas, al anunciar la Segunda Cumbre Continental de Comunicación Indígena, que tendrá lugar en este octubre próximo, en la comunidad mixe, de Santa María Tlahuitoltepec, del estado de Oaxaca.

Cierto, tal situación impide el diálogo y la comprensión entre las culturas profundas y diversas que conviven y forman parte de nuestra nación. Estos diálogos culturales solo se pueden dar en un marco de respeto a la diversidad cultural.

¿Cómo comprender el pensamiento y la palabra de los pueblos indígenas, si están cerrados los medios y los canales de comunicación? Más aún, cuando éstos solo reproducen las medias verdades de una cultura homogénea y una lengua dominante. ¿Cómo podemos hablar de democratización de medios de comunicación, si tenemos cerradas las puertas para favorecer el desarrollo y el florecimiento de las culturas milenarias indígenas?

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha puntualizado que la comunicación y los medios son clave para la sensibilización, el intercambio de conocimiento, de la comunicación, y los medios son clave para la sensibilización, el intercambio y el apoyo a un debate más amplio sobre los haberes, sobre la cultura y los valores indígenas. Pero también contribuye a construir una sociedad en la que no exista pobreza ni los prejuicios sociales que atentan contra la dignidad de las culturas originarias.

Confiamos que en el proceso de la reglamentación de las leyes secundarias en verdad los pueblos indígenas, y hoy los afromexicanos, podamos acceder sin reservas al derecho a establecer nuestros propios medios de comunicación, en nuestras propias lenguas originarias y acceder a los demás medios de información no indígenas, sin discriminación alguna.

Por lo que desde esta tribuna exhorto a todas y todos ustedes, compañeras diputadas y compañeros y diputados, para que sin mezquindades se adopten medidas eficaces para asegurar que los medios de información público, privados, sociales y de las radios comunitarias reflejen debidamente la diversidad cultural indígena y no indígena y de todas y todos los mexicanos, sin prejuicio, asegurando la plena libertad de expresión.

Este vacío legislativo en el espectro radiológico no permite ejercer el derecho humano a la comunicación indígena; el cerco del monopolio informativo y de producción audiovisual es uno de los principales obstáculos, al mismo tiempo que se criminalizan las iniciativas de las radios comunitarias mediante amenazas, hostigamiento, asesinatos y la persecución permanente y sistemática judicial de los distintos órdenes de gobierno, principalmente del federal.

Termino, señor presidente. Esta reforma no mereció por ninguno de nuestros grupos parlamentarios, incluido el nuestro, la sensibilidad de estampar siquiera un renglón de la composición pluricultural, pluriétnica y multilingüe de esta nación, que le ha dado una identidad nacional, pero ahí estamos los pueblos indígenas, siempre utilizados para el folclor solamente.

Por ello propongo que se modifique el artículo 6o. y que se agregue un párrafo en el artículo 3o., que fue omitido por cierto mi participación, para que se respeten los valores del pluriculturalismo, el plurilingüismo y la multietnicidad, y que en el artículo 5o. se reconozca y se deseche esta fobia y este miedo y este temor de la clase política de arriba, que no diferencia con integración nacional con lo que esta nación tiene una gran riqueza en la diversidad nacional.

Por ello propongo cambiar el término integración nacional, una vieja política de los años setenta, de los años ochenta y de los años noventa, para incluir la diversidad nacional que los pueblos originarios le dan esta riqueza a nuestra nación.

Es cuanto, señor presidente. Espero que cuando menos todos mis compañeros de mi grupo parlamentario acepten, cuando menos, la discusión y el debate de este artículo.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. Queda desechada.

Para presentar su reserva a la misma fracción V del apartado B, tiene el uso de la voz el diputado Víctor Manuel Bautista.

El diputado Víctor Manuel Bautista López: Con su permiso, diputado presidente. La propuesta que presento a la consideración del pleno pretende resolver un vicio de técnica legislativa que se presenta en el cuerpo del proyecto de decreto, que se ha dictaminado y que ha sido aprobado.

Resulta indispensable trasladar al cuerpo del artículo 6o. el contenido del artículo décimo transitorio, ya que de permanecer en dicha disposición transitoria generaríamos una indeterminación jurídica, ya que su contenido, que establece las condiciones que deben de cumplir las concesiones públicas en su operación, quedarían fuera del conjunto de las disposiciones regulables, por el conjunto de atribuciones constitucionales que se pretenden otorgar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya que pretendemos —según el decreto— facultar a esa autoridad para vigilar a los concesionarios cumplan con el contenido de los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de la Constitución.

Aunque se ha señalado que la intención es no recargar el texto constitucional y dejar las definiciones para la ley secundaria, el contenido del artículo transitorio no sería vinculante y su contenido no tendría por qué ser desarrollado en la ley secundaria, en virtud de que formalmente no contiene principios constitucionales, ya que la naturaleza jurídica de los artículos transitorios se vincula con medidas especiales que favorecen la operación inicial de la disposición legal o constitucional, que resuelvan una posible laguna jurídica, por la continuidad de los procedimientos o autoridades, con una denominación o características definidas por la ley derogada, pero cuya existencia o continuidad por un plazo de tiempo determinado y finito es indispensable, en virtud de que su eliminación automática afectaría derechos adquiridos por terceros, o bien, para establecer condiciones emergentes, extraordinarias y únicas en el momento de la transición de un contenido normativo a otro.

Con lo que se propone que el contenido del décimo transitorio se incorpore como fracción V al artículo 6o. constitucional, que el texto de la fracción V, propuesta por la Comisión de Puntos Constituciones se recorra a la fracción VI.

Así pues, la propuesta del V sería: los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión y/o telecomunicación deberán contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversas ideologías étnicas y culturales. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Bautista. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. Se desecha.

Para presentar su propuesta de modificación a la fracción V del apartado B, tiene la palabra el diputado Carlos Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente. La reserva que se propone tiene una razón muy fundamentada, compañeras y compañeros, se establece en la fracción V del artículo 6o., en su apartado B, el establecimiento de un órgano para el manejo de lo que comúnmente conocemos como la radio y televisión públicas.

¿De qué se trata esto? Se trata de los servicios de radiodifusión sin fines de lucro, de radio y televisión, la radiodifusión a través de estos dos medios ampliamente conocidos, que es la radio y la televisión.

Estos servicios son esenciales para el desarrollo democrático en México, tienen un acceso público para dar espacios de expresión de diversidad, pluralidad, ideas y opiniones y, sobre todo, el fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país.

Sin ninguna limitación —así promovemos— puede ser imparcial, objetiva, oportuna o veraz, puede haber igualdad entre hombres y mujeres. Pero sobre todo, deben destacar estos dos elementos del establecimiento de los servicios para estos espacios de expresión y diversidad.

Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo, compañeras y compañeros? ¿Tener un organismo descentralizado, que conforme al artículo 90 de la Constitución dependa del Ejecutivo federal, o bien, tener un organismo constitucional con plena autonomía, como la tiene el Ifetel? Ya hubo una propuesta de que el Ifetel hiciera esto. Nosotros queremos que este órgano independiente del Ifetel sea un órgano autónomo.

¿Qué queremos? Queremos un órgano autónomo que no dependa del Ejecutivo, para que no se desvirtúe esta situación en promociones políticas, en promociones gubernamentales de algún funcionario en particular. Lo que ya todos conocemos que sucede con la televisión pública en el país, si no tenemos esta plena autonomía.

Sus comisionados —también proponemos— incluyendo su presidente, que no puedan por ningún motivo ser reelectos.

Esta autonomía, compañeras y compañeros, nos garantiza no tener una televisión mexiquense, que ya todos conocemos cómo se va desvirtuando, sino al contrario, tener estos medios tan importantes, como son la radio y la televisión públicas, que sean cabalmente imparciales, que den cultura al país, que den conocimientos, que se promueva todo lo relacionado con las producciones independientes.

La única manera de lograr esto, compañeras y compañeros, es dándole plena autonomía a este órgano y no hacerlo depender del Ejecutivo federal. Ésa es una propuesta muy sencilla para no desvirtuar, como ya conocemos o sucede en los gobiernos de los estados, en muchos lados de la República mexicana, incluyendo a los gobiernos federales, ese sesgo que puede ser hasta partidista.

Le agradezco mucho su atención, y le solicito atentamente que se ponga a discusión y su voto. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Angulo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se desecha.

Para presentar su reserva a la misma fracción V, párrafo primero, y segundo del apartado B, tiene el uso de la tribuna el diputado Marino Miranda Salgado, del PRD.

El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el marco de la trascendencia histórica de la reforma que hoy estamos discutiendo, la reserva que hoy vengo a poner a su consideración nos da la oportunidad de que no solo sea histórica, sino que sea justa e incluyente para un sector de nuestra población históricamente excluido.

El artículo 2o. de nuestra Constitución es muy claro: La nación mexicana es única e indivisible, y tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Sin embargo, a pesar de que México es una nación multicultural, es todavía un anhelo pensar en un país que promueva de manera plena y acepte, como parte de su realidad histórica y presente, la diversidad y las muchas identidades que generan las culturas indígenas habitantes de un territorio de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es todavía una quimera.

La mayor parte de los integrantes de nuestra nación no conoce, y lo que es peor aún, no le interesa conocer a cabalidad a los otros casi 15 millones de mexicanos que forman parte de los 62 pueblos originarios que también forma parte de ella.

En este contexto, la reserva que nos ocupa tiene como objetivo hacer congruente lo establecido en el artículo 2o. de nuestra Constitución con esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

Por lo que propongo integrar al texto de la fracción V del artículo 6o., el reconocimiento de la diversidad e identidad cultural, por un lado, a través de su precisión en el primer párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 6o., fracción V. La ley establecerá un órgano público con autonomía técnica operativa de decisión y de gestión, que tendrá como objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la federación a contenidos que promuevan la integración nacional.

El texto que estamos promoviendo es el reconocimiento de la diversidad e identidad cultural, de conformidad con la composición pluricultural de nuestra nación.

Otro párrafo también. El organismo público contará con un consejo ciudadano, con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva.

Éste es otro párrafo que queremos que se tome en cuenta. Será integrado por nueve miembros honorarios, de los cuales al menos dos deben ser integrantes de los pueblos y comunidades indígenas que conforman a la nación, y en la consulta, al menos una quinta parte de los candidatos deberá pertenecer a los pueblos y comunidades indígenas de la nación.

Los consejeros desempeñarán su cargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.

Esperando de ustedes la reflexión que permita que la justicia, el reconocimiento y la inclusión para los pueblos originarios no se quede solo en papel, sino que sea parte de la dinámica cotidiana, solicito a ustedes su apoyo para que esta propuesta de modificación avance. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admiten. Se desechan.

Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, para presentar sus propuestas de modificación al párrafo segundo y al párrafo tercero del apartado B del 6o. constitucional.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor presidente. Evidentemente no hay peor lucha que la que no se hace. A sabiendas de que voy a perder la votación, no pierdo las esperanzas de argumentar en favor de un tema que ya también lo ha asumido el gobierno federal y es precisamente el tema relacionado con el lenguaje incluyente.

En el documento se habla del presidente, se habla de los consejeros, se habla de los que integran. Para nosotras es importante decirles que hablar en femenino es hacer visible no solamente a las mujeres y a las niñas, es hacer visible la desigualdad.

Por eso incorporamos siempre un lenguaje incluyente y agradezco a las diputadas y a los diputados que nos incluyen en sus discursos y que finalmente han redactado documentos e incluso iniciativas con un lenguaje incluyente.

No soy diputado, soy diputada; el diputado Alberto Villarreal no es diputada, se refieren a él como diputado; el presidente Peña Nieto no es la presidenta, es el presidente Peña Nieto, y quien está presidiendo en este momento no es la presidenta, sino el presidente de la Mesa Directiva.

Por eso nos interesa, y nos interesa muchísimo, que hubiese podido avanzar un lenguaje incluyente. No estábamos poniendo el presidente y la presidenta, estábamos simplemente sugiriendo: quien presida; las y los integrantes; los y las delegados. Eso es lo que estábamos proponiendo.

Pero como me tengo que sentir incluida en un lenguaje masculino, los hombres tendrían que sentirse incluidos si hablara nada más en femenino y no creo que les gustaría.

Por eso pongo a su consideración la reserva para incorporar el lenguaje femenino donde se hable de consejeras, donde se hable de las y los integrantes del consejo, donde se hable de la persona que presida y donde se incorpore un lenguaje correspondiente a la incorporación.

No es para que se burlen. Es porque nos gustaría que algún día, cuando se pase lista en la escuela de sus hijas, si se llama ella Antonia, pues se dirijan a ella como una niña y no como un niño. Eso es todo.

Por ello solicité y metimos estas reservas para tener un lenguaje incluyente; no un lenguaje exagerado ni un lenguaje cansado, como lo ha dicho alguna diputada, ni un lenguaje que ya aburre, es simplemente visibilizar la desigualdad. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, al párrafo segundo, párrafo tercero y párrafo cuarto, de la fracción V, del apartado B.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten; se desechan. Sonido en la curul de la diputada Ceseñas.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Presidente, una pregunta, ¿puede explicar a este pleno cuál es el motivo o los motivos por los cuales esa Presidencia que usted tiene ahorita de la Mesa Directiva, dio instrucciones para impedir el acceso al corralito?

El Presidente diputado José González Morfín: No he dado ninguna instrucción al respecto, diputada. Voy a ver qué está pasando, pero no he dado ninguna instrucción. Le ofrezco que voy a ver qué está pasando, pero no he dado ninguna instrucción. Lo voy a checar, diputada.

La última reserva a este artículo 6o. también es a la fracción V, párrafo tercero, del apartado B; es del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, a quien se le concede el uso de la tribuna para presentarla.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Con su permiso, presidente. Daré mi posicionamiento en lo particular de las reservas del artículo 28, párrafo 16, 19...

El Presidente diputado José González Morfín: Estamos todavía en el 6o., diputado. Ya lo había presentado también él. Entonces, le pediría que nos esperáramos al 28, viene más adelante, porque ya era la última reserva al artículo 6o. y lo tengo que abrir a votación; mejor el 28 cuando sea su turno. Muchas gracias, diputado, agradezco su comprensión.

No habiendo más reservas a este artículo 6o...

A ver dígame. Sonido en la curul del diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, lo que sucede es que es irracional el que, después de 14 horas, sigamos aquí. Por esa razón, ya es la mecánica inadecuada la que estamos siguiendo.

Le planteo de manera personal que levante la sesión, porque hay un cansancio inhumano. Ya una diputada se desmayó hace un rato, otros más están en terapia intensiva, otros más descansando por turnos. Pero los que no tenemos esos privilegios y que estamos aquí las 12 horas, el cansancio ya está haciendo estragos.

Le pido, de manera correcta, que levante la sesión y nos convoquemos hasta la semana de pascua.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría que procedamos a recoger la votación nominal del artículo 6o., en los términos del dictamen, modificado con las propuestas de la comisión. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo 6o., en los términos del dictamen, modificado con las propuestas de la comisión.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 411 votos a favor, 54 en contra y 0 abstenciones.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado el artículo 6o. constitucional con las modificaciones que han sido aceptadas por la asamblea.

El artículo 7o., párrafo segundo, Martha Lucía Mícher Camarena. ¿Cómo que declina? Que no declina. Tiene usted el uso de la voz. Tómese su tiempo, aquí la esperamos.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor presidente. Quiero manifestar que hace unos días presenté una reforma, una reserva al artículo 7o., en donde decía que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, etcétera, e incorporábamos un párrafo bastante largo que me solicitaron que recortáramos; que en aras de que quedara un lenguaje constitucional se recortara y se hiciera más amable.

Quedó de esta manera: Los estereotipos de género y la violencia contra las mujeres y las niñas, así como la incitación al odio no están protegidas por el principio de libertad de expresión.

Así fue como lo presenté, porque así me lo solicitó un diputado coordinador. Pero no solamente quiero poner ante ustedes la redacción de este documento, sino lo que se acaba de aprobar en Naciones Unidas, donde dice: La comisión, es decir, los 64 países integrantes de Naciones Unidas reconocen el importante rol que los medios pueden jugar en la eliminación de los estereotipos de género, incluyendo aquellos que se perpetúan aún en anuncios comerciales y promoviendo reportes no discriminatorios y sensibles al género.

Esto lo firmó México el 8 de marzo de 2013, lo firmó el Instituto Nacional de las Mujeres de este país, y resulta que no pasó en las negociaciones.

Quiero decirles, compañeras y compañeros, que para nosotras es muy importante la defensa y la argumentación de este documento, porque estamos cumpliendo con la Convención para Eliminar todo Tipo de Discriminación, porque esta iniciativa pretende incorporar en los preceptos constitucionales relacionados con telecomunicaciones, la perspectiva de género, porque no queremos más Lauras de América a medio día, cuando se está comiendo, que se burla de los hombres, que se burla de las mujeres, porque no queremos más telenovelas donde aparecemos las mujeres como las vengativas, como las malas, porque no queremos que se siga utilizando el cuerpo, como se utilizó en un espectacular en Puebla, donde tomándole la pompa un hombre a una mujer por la espalda, dice: Lo que quiero lo obtengo.

Eso es lo que estamos pidiendo cuando pedimos que en los medios de comunicación no se fomenten los estereotipos de género. Queremos una nueva manera de ser niño, de ser hombre y de ser niña y de ser mujer.

No es contra ustedes, señoras y señores, vuelvo a decirlo, es por sus hijas, es por sus hermanas y lamentablemente lo han votado, ni siquiera lo han promovido.

Hago un llamado a nuestras compañeras, a la diputada Ruth Zavaleta, a las diputadas integrantes del PAN, a las diputadas del PRI, a quienes tenemos hijos e hijas, nietos y nietas, para que no permitamos que en los medios de comunicación sigan esos estereotipos donde el hombre tiene la obligación —pareciera— de ser macho y la mujer la obligación de ser sumisa, obediente y dependiente.

Compañeras, es histórico, sería la primera Constitución en América Latina que tendría este pequeño llamado a que los medios de comunicación no se amparen en la libertad de expresión. Gracias, señora presidenta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ta bueno, no es peyorativo. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada Mícher.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada Mícher. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

Vamos a pedirle a doña Gloria Bautista Cuevas, nos presente su reserva del párrafo cuarto del 27, e inmediatamente después abriremos el tablero electrónico para votar el 7o. y el 27.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Compañeros diputados y diputadas, el proyecto de dictamen que discutimos hoy corresponde a un tema trascendental para la nación y constituye un momento histórico, en el que las fracciones parlamentarias convergen para atender un asunto fundamental para el desarrollo en este país: la transformación del marco normativo y la postura del Estado frente a las telecomunicaciones de cara hacia el futuro.

La brecha digital representa una brecha social que resalta aún más la inequidad y la distancia en la distribución de los recursos y la riqueza en el país. La falta de acceso a herramientas de comunicación margina hoy a miles de jóvenes en las comunidades rurales y se enfrentan a una desigualdad terrible, que los margina de nueva cuenta en el mercado laboral.

En este marco, una porción fundamental de la materia del dictamen está destinada a la regulación, norma y sanción de la explotación y concesión del espectro radioeléctrico en beneficio de la nación, dentro del marco constitucional y garantizar así la soberanía del Estado sobre sus telecomunicaciones, vitales para el desarrollo de la nación.

Este espectro ocurre como un fenómeno natural dentro del espacio delimitado en nuestra soberanía aérea, reconocida en el párrafo cuarto de la Constitución, como el espacio situado sobre el territorio nacional.

Dentro de este espacio ocurre el fenómeno físico que conocemos como espectro electromagnético, que incluye al segmento de ondas conocidas como espectro radioeléctrico.

Es este espectro el que permite las telecomunicaciones inalámbricas, como son la radio y televisión, lo mismo que las transmisiones por satélite, y hoy suman también a la telefonía celular y la conexión de banda ancha sin cable. Su valor estratégico para el ejercicio de nuestra soberanía y su posición en el desarrollo de la nación es incuestionable.

El dictamen que se nos presenta a discusión el día de hoy reforma el artículo 27 en su párrafo quinto, para otorgar al Instituto Federal de Telecomunicaciones la responsabilidad en la asignación de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones, pero omite el reconocimiento de este espectro de manera enunciativa, como un recurso natural en poder de la nación, tan importante hoy, como el agua y el petróleo y que juega un papel decisivo en el desarrollo de nuestra República Mexicana.

El texto que hoy integra nuestra Carta Magna reconoce el dominio del espacio sobre el territorio nacional, que algunos interpretan como la rectoría sobre el espectro.

Sin embargo, compañeros diputados —termino, señor presidente— hablamos aquí de un bien tan valioso, tan importante para todos los mexicanos, que no podemos excusarnos de la responsabilidad inmediata de reconocer de manera formal y exenta de toda interpretación el carácter de espectro, como un recurso natural, la incuestionable soberanía de la nación sobre este recurso y la responsabilidad del Estado en la concesión y administración del mismo en beneficio de nuestro país.

Es por estas razones que hoy hago uso de esta tribuna para reservar en el dictamen la adición al párrafo cuarto del artículo 27, presente en nuestra Constitución, para reconocer que junto a los minerales y/o sustancias, el petróleo y los carburos de hidrógeno, corresponde a la nación el dominio directo del espectro radioeléctrico que se comprende en nuestro espacio aéreo y con él la responsabilidad del Estado para asignar y concesionar este recurso atendiendo siempre y sin reservas...

Ya lo van a lograr, compañeros, no se desesperen, de todos modos votan y se roban...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego sea tan gentil de concluir.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Se siguen robando lo que es de la nación. Viva el movimiento Yo soy 132. Viva. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, y ya fue mucho. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de doña Gloria Bautista.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal del segundo párrafo del 7o. y del párrafo cuarto del 27, en términos del dictamen modificado.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo 7o., segundo párrafo y 27, párrafo cuarto.

(Votación)

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 413 a favor, 0 abstenciones y 52 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado mediante votación calificada el párrafo segundo del 7o. y el párrafo cuarto del 27, en términos del dictamen modificado.

Doña Lilia Aguilar Gil, tiene el uso de la voz para presentar tres reservas: párrafo trece, párrafo catorce y párrafo quince.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Señor presidente, no solamente presentaré las reservas al párrafo trece, catorce y quince, sino también al diecinueve, al veintitrés, al veintiséis, al veintisiete y las reservas al artículo 73, en una adición que propongo a una fracción XXXI. Así que le pido tolerancia en el tiempo, no solamente a esta Presidencia, sino también a la asamblea. Prometo hacer amena mi intervención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Compañeros diputados, como todos ustedes saben, desgraciadamente el Poder Legislativo tiene mala fama, tiene la fama de no trabajar, tiene la fama de que los diputados venimos aquí y nos sentamos en nuestras curules y solamente levantamos la mano, y debo decir que asambleas como ésta, reuniones como ésta no ayudan.

Reuniones donde claramente el PRI y el PAN —lo digo con mucho respeto, como siempre— y una parte del PRD, ya vienen planchados y nos aplican lo que se llama la aplanadora. Pero debo de exceptuar con mucho reconocimiento a una parte del PRD, que ha votado consistentemente con la izquierda, y hacer énfasis en que aquellos que están votando con la aplanadora les han dicho con el mismo desdén que a nosotros: la izquierda.

Escuché por ahí que alguien se defendía y decía: Pero dígalo con mucho cuidado. Sí, somos la izquierda, somos los progresistas y estamos aquí para presentar reservas que hemos hecho con mucho esfuerzo, no solamente intelectual, sino queremos hacerlo también con mucho respeto.

Es por eso que, coincidiendo con la diputada Zuleyma Huidobro, presentaré todas mis reservas juntas, dejaré solamente una que tiene que ver con el artículo octavo transitorio, y coincidir con ella que hay dos tipos de diputados: los que hacemos un análisis de votaciones a consciencia y aquellos que no pueden.

Así pues, compañeros, por respeto a su tiempo, al de la Presidencia, al de la Mesa Directiva y al mío propio, y porque sé que cerca de 400 diputados no solamente tienen la consigna de no votar estas reservas a favor, sino también de no discutir, argumentaré estas tres reservas juntas.

Hablaré del Ifetel. De eso se tratan estas reservas, es por eso que todas están en el artículo 28.

Permítanme iniciar diciendo que lo que les venimos a plantear es que no demos esta autonomía constitucional al Ifetel, ¿por qué? Porque no sé si es correcto —y se los dejo a sus conciencias— dejar al Ifetel sin contrapesos.

¿Cómo podemos permitir que este órgano, el Ifetel, formado por siete aparentemente iluminados, no solamente va a ser el regulador, sino también el que otorgue, el que quite permisos y concesiones, sin contraloría del poder elegido por el pueblo, sea esta Cámara, el Ejecutivo, o el que ustedes quieran, pero además quien cobre las cuotas y además quien en su mismo órgano tendrá un órgano investigador y un órgano resolutor, como si esto fuese una cuestión de justicia y no una actividad administrativa?

Para ello, permítanme usar un poco de teoría, y prometo no aburrirlos con esto. Los órganos constitucionales autónomos se crearon con un objetivo al inicio; en la separación de poderes había que afianzar quién garantizara los derechos humanos de los ciudadanos frente al poder público, los derechos fundamentales, y es por eso que se crean los órganos constitucionales autónomos, originalmente.

Esta teoría obviamente evolucionó y cambió para dar espacio también, no solamente a los derechos sociales, sino a los derechos económicos, pero a los derechos económicos en su conjunto. Se supone que esos son los órganos constitucionales autónomos.

Estos órganos constitucionales autónomos no deben obedecer ni a su creador, que puede ser en este caso el Senado, el presidente de la República o la Cámara de Diputados, sino tampoco a ningún poder económico ni a ningún poder político.

Les pregunto, compañeros diputados, ¿qué confianza podemos tener en que el Ifetel va a ser completamente autónomo, cuando hay tantos intereses económicos en medio de la reforma de telecomunicaciones?

Es por eso que lo que les venimos a plantear es que el Ifetel no sea un órgano constitucional autónomo, sino un órgano de relevancia constitucional, un órgano que sí pueda estar dependiendo del Ejecutivo y en el que la selección de los consejeros pueda participar a Cámara de Diputados.

¿Por qué? Porque el espacio radioeléctrico es como el petróleo, que muchos han venido a defender a esta tribuna y es como los recursos naturales, propiedad de la nación, compañeros diputados, y debe de estar en la contraloría de los poderes originales de la nación, ya sea el Ejecutivo, el Legislativo, no en este caso el Judicial. Eso es lo que les planteamos.

Pero, además, les queremos decir que es también importante —compañeros estoy leyendo tres reservas, pido su comprensión— es importante entender la importancia de esta declaración, porque el espacio aéreo o el radioeléctrico es un medio natural de propagación de las ondas electromagnéticas que pertenece a los mexicanos y que es primordial para el desarrollo de los países, pero que además es primordial también en su rol social para la educación de este país.

Es por eso que creemos que el Ifetel debe de estar bajo la contraloría, si no de esta Cámara de Diputados, sí del Ejecutivo. Conste que no soy priista para promover que esté bajo el mando del Ejecutivo.

La otra reserva —con la que voy a terminar— es para que precisamente en la selección de este órgano de estos consejeros no solamente sea un grupo de notables del Banco de México, del Inegi o del todavía no creado Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sino también sea la Cámara de Diputados quien participe en la selección de estos iluminados a los que les estamos dando un poder —diría— metaconstitucional, o los podemos ya llamar los súper poderosos.

En eso consiste la propuesta que les vengo a hacer y les pediría, cerrando con una frase, como siempre, que ustedes no me vean como enemiga, como decía el historiador y político británico Thomas Macaulay: Cuando las luchas entre las facciones es intensa, el político se interesa, no por el pueblo, sino por el sector al que pertenece. Los demás son a su juicio extranjeros enemigos e incluso piratas.

Compañeros diputados, no soy su enemiga, soy su par; les pido que escuchen las reservas, que las consideren y además que no caigan en el engaño de las ilusiones necesarias.

Esta reforma tal y como está planteada puede ser perfectible y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta tribuna. Les agradezco mucho su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Lilia Aguilar Gil.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechadas.

Doña Aída Fabiola Valencia Ramírez, párrafo quince del 28.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Buenas noches. Con su venia, señor presidente. Esta noche, en donde nuevamente se repite la toma de decisiones al vapor, quiero dirigirme a los más de 16 millones de mexicanos que creyeron en el proyecto del Movimiento Progresista, pero también quiero referirme a los casi 13 millones de mexicanos que apoyaron el proyecto de Acción Nacional, para decirles que en esta Cámara hay alrededor de 50 diputados honrosamente representándolos aun. Todavía nos queda dignidad y nos queda congruencia para defender la soberanía de este México, que tanto amamos.

Hace unos momentos pasaron mis compañeros que, al igual que yo, venimos de cuna indígena, a suplicar casi a este pleno que nos permitan a los indígenas también estar involucrados en este tema de las telecomunicaciones.

No voy a usar tecnicismos. En realidad vengo a pedirles que nos ayuden a que se abra el debate, a que permitamos la discusión. A esos millones de mexicanos que confiaron en el Movimiento Progresista les digo que a la mejor no ganamos la votación, pero sí podemos ganar el debate, si nos permitieran discutirlo. Por eso es que a pesar de que no ganamos, seguimos ahí parados, luchando por no entregar este país.

Hace rato, en la mañana, bueno, ayer ya, comentaba en mi grupo parlamentario, ¿será este día cuando vamos a entregar a manos del extranjero nuestras telecomunicaciones? Así como se pretende entregar Petróleos Mexicanos, así como hemos legislado al vapor las reformas que tanto necesita este país, como la laboral, como la reforma educativa. ¿Así va a seguir esto?

Compañeras y compañeros, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que un grupo, un puñado de mexicanos se sigan beneficiando con todo lo que este país tiene? Basta ya, creo que ya no es momento de seguir tolerando tantas situaciones negativas hacia este país.

Admiro mucho todo lo que se ha hablado aquí y respeto bastante a mis compañeras y compañeros de los distintos grupos parlamentarios. Pero me entristece saber que ayer que hablábamos de Juárez, nos llenábamos la boca, hoy como oaxaqueña me avergüenza saber que estamos entregando a México otra vez.

Lo único que pedimos es que se haga, que se someta a consideración de este pleno una reserva al decimoquinto párrafo del artículo 28, donde precisamente está abordando que se le permita a las radios comunitarias estar incluidas, porque no se les está tomando en cuenta.

Textualmente les voy a leer qué es lo que queremos. Permítame, presidente, nada más termino, con todo respeto se lo pido. En el otorgamiento de concesiones deberán observarse los principios de pluralidad social y cultural, el reconocimiento de la diversidad social, regional y comunitaria. Los derechos de los pueblos indios, la libre concurrencia económica de los emisores, el cumplimiento de las funciones y fines de las instituciones educativas y públicas, la promoción de la radio y televisión pública, así como el predominio del interés social. No se permitirá la transferencia de los derechos de los concesionarios sin previa autorización de la autoridad. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, social, privado, comunitario e indígena. Eso es lo que pedimos.

En la Comisión de Equidad y Género hablábamos de cómo difundir los derechos de la mujer —permítame, presidente, por favor, si de todos modos ya se va a votar— decíamos, ¿cómo vamos a difundir los derechos de la mujer, si a veces el español no lo entienden? ¿Cómo le vamos a hacer? Nada más les pregunto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a discusión la propuesta de la diputada.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se acepta a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Don Carlos de Jesús Alejandro, también el párrafo quince del 28.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Gracias, señor presidente. Esto con lo que voy a iniciar y decir parece un cuento fantástico, pero no lo es, porque en este país vivimos alegremente en el mundo del realismo mágico de Juan Rulfo y Gabriel García Márquez.

Hace unos años, en el gobierno de transición de Vicente Fox, un pueblo indígena del norte del país, los kilihuas, decidió mejor extinguirse sobre la faz de la tierra, porque sus últimos integrantes dijeron: ¿qué caso tiene vivir, si no hay Estado, no hay instituciones, no hay gobierno, no hay justicia ni leyes que nos puedan proteger, cuando no tenemos ni siquiera los medios básicos para seguir y construir nuestro futuro?

Entonces, pienso que si ahora sometiéramos a votación la extinción de más de 15 millones de indígenas hablantes de más de 60 lenguas indígenas y con una gran riqueza de más de 360 variantes lingüísticas, muy probablemente esta soberanía votaría por unanimidad.

Pero mi esperanza es tan fuerte, que voy a insistir, junto con nuestros pueblos, con nuestros hermanos, aunque hablemos en el desierto, pues los pueblos indígenas estamos acostumbrados a remar contra la historia.

Hemos sido persistentes y necios ante esta madre patria, que se niega a reconocernos; hemos sido tercos para no morir y resistir con dignidad, por más de 517 años de conquista y colonización. Incluso no olvidemos que los pueblos indígenas somos también constructores de esta nación, a costa de nuestras vidas.

Generaciones y culturas enteras ya no están entre nosotros, porque muchos prefirieron la muerte antes que México se esfumara desde la Colonia, desde la Guerra de Independencia, desde la Guerra de Reforma, con Benito Juárez justamente, que ayer escuchamos discursos elocuentes, y también desde la Revolución Mexicana.

Unidad en la diversidad es la mejor forma de convivencia, diputadas y diputados, en esta sociedad intercultural mexicana, que nos llama a que la construyamos.

El proyecto de ley que discutimos no tiene referencia expresa y directa a los pueblos indígenas como sujetos históricos que merecen ser tomados en cuenta, para ser sujetos de derecho en materia de telecomunicaciones.

Por eso reclamamos que en esta reforma constitucional se nos reconozca como sujetos plenos de derecho en esta materia de comunicación, porque constituye un instrumento de restructuración de los sectores de la información y la cultura en moldes más pluralistas.

En México se ha favorecido el monopolio que ha desvirtuado la cultura de los pueblos indígenas, y la favorece solo para fines turísticos y folclóricos. No tenemos una reglamentación específica para favorecer el diálogo de las culturas y, por consecuencia, el desarrollo de las mismas para que se empoderen y se fortalezcan en el seno de nuestra sociedad mexicana.

Voy a concluir, señor presidente. Ruego un poco de tolerancia.

Así, una de las tareas que tenemos frente a nosotros es armonizar internamente nuestro marco jurídico nacional, considerando que la reforma constitucional de junio de 2011 reciente constituyó un paso importante para garantizar un trato digno y respetuoso para las comunidades indígenas, toda vez que establece que los mexicanos y las mexicanas, todos, gozaremos de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que en nuestro Estado, México, es parte.

Por ello —termino, señor presidente— propongo que al artículo 28, en su párrafo quince, insertemos un párrafo que en los casos de uso social se considere, entre otras, las concesiones comunitarias, así como las indígenas, y en ese sentido estaremos haciendo justicia a los pueblos indígenas, como lo mandata el artículo 2o. constitucional. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, párrafo dieciséis.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Le he pedido a la Presidencia si me cuenta el tiempo de presentar el dieciséis y diecisiete.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, concedido.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Si me da el tiempo. Miren, hay más de 16 millones de mexicanos que no perdemos el derecho a la esperanza. Seguramente muchos que en la confusión que generó la derecha con esta situación del PRIAN, sin duda ya están reconociendo el fraude que resulta esta opción y, sin duda, por eso somos más de 16 millones ya.

Para mí es muy importante hoy, en estas dos propuestas que voy a leer de una vez, en el párrafo dieciséis, donde dice: Las concesiones para uso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa.

Propongo agregar: garantizando en todo momento el ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas y rurales.

En el párrafo diecisiete proponemos que se agregue: el Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el gobierno federal, el de los estados y municipios... Y al final agregar un párrafo, que dice: asimismo garantizará concesiones para el fomento y preservación de la cultura popular en comunidades indígenas y rurales.

Más allá de hablar que la modificación que se propone a este artículo 28 atiende principios y derechos fundamentales, comprendidos en el artículo 2o. de nuestra Constitución, que tienen que ver con reconocer la composición pluricultural de la nación, que se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas —como ya varios compañeros de los pueblos originarios aquí lo han sostenido— que la conciencia de la identidad indígena debe ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, que el reconocimiento de las comunidades integrantes de un pueblo indígena para fomentar un unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias, de acuerdo con sus usos y costumbres, y el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, el que deberá de ejercerse en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que obligan a establecer condiciones para garantizar su acceso a las telecomunicaciones.

El reconocimiento de las comunidades indígenas que se utiliza en el discurso político de gobernantes y dirigentes de partidos políticos pasa por establecer las garantías para el ejercicio de sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la información y comunicación en sus lenguas originarias y la accesibilidad a medios, como la radio y la televisión, para conservar y fomentar su cultura comunitaria.

Es en este punto que la propuesta de modificación que se propone exige congruencia entre lo que se dice en tribuna y entre lo que se legisla para beneficiar a los sectores sociales más vulnerables en este país, lo que es además congruente con la reforma en materia de derechos humanos de 2011.

Ya ni hablar de las propuestas para garantizar el espíritu federalista y municipalista del otro párrafo que agrego.

A pesar de que ya hablé de que pido la tolerancia de los dos párrafos y sé que la Presidencia está consciente, porque ya los diputados que gritan, la verdad no les interesa su trabajo, lo que venimos a hacer aquí en beneficio del pueblo. Obviamente traen el mandato del gran legislador en que se está convirtiendo el presidente de la República, a la antigüita.

Los he estado observando en toda la sesión, la verdad no veo cómo se regocijan con esto que está ocurriendo, cuando de verdad es una desgracia, están desbaratando el país, están generando un modelo, lo que ustedes pretenden de tripular las conciencias de la gente a través de los medios de comunicación, de empobrecer al pueblo para a través de las famosas Monex, de las famosas Soriana, comprar los votos y obviamente mantener un régimen de opresión, de privilegios, porque es lo que buscan, esos privilegios.

El mundo no es la Cámara de Diputados, señores diputados y diputadas; el mundo allá afuera es éste del que les estoy hablando y del que ahora, en automático, como ese dedo del gran legislador, ustedes van a desechar, porque no les interesan obviamente los pueblos indígenas, no les interesan los pueblos indígenas, son racistas ustedes, independientemente que representen, en muchos de sus casos, población con estas características y aunque griten y digan: Ah. No, ésa es la verdad.

Ustedes quieren instaurar un régimen esclavista, eso es lo que pretenden, ya se los dije, quieren entregar esta patria, estos recursos naturales y quieren hacernos esclavos en nuestra propia tierra.

Ustedes mismos son esclavos, son personas enajenadas que nada más están votando por consigna para defender los intereses de los que ustedes ya saben, los 30 que mandan en este país.

Por desgracia voy a tener que seguir subiendo aquí, a pesar de ustedes, para desgracia de ustedes, para que el pueblo que nos ve ahorita sepa que habemos diputados que defendemos las posiciones que nos van a permitir no perder el derecho a la esperanza; entonces, diputados, sigan ustedes votando contra la población indígena.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas del diputado Huerta Ladrón de Guevara.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Huerta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechadas. Don Rodrigo Chávez Contreras, párrafo dieciséis.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Con su permiso, diputado presidente. Frente a la decisión del Pacto por México de secuestrar el debate y de imponer una reforma tan importante en este país, es fundamental que los diputados que venimos desde la izquierda fijemos nuestra posición aunque no nos hagan caso.

Someto a consideración del pleno la propuesta de reforma al párrafo dieciséis del artículo 28 de la Constitución, que contempla este dictamen, que señala específicamente que corresponde al instituto el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de sesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

El instituto notificará al secretario del ramo, previo a su determinación, quien podría emitir una opinión técnica, no vinculante, en el plazo no mayor a 45 días.

Lo anterior significa que la opinión del secretario del ramo designado por el Ejecutivo federal, quedaría instituida en la ley, en todo lo referente a las concesiones en un supuesto órgano autónomo. Se trata, sin duda, de una visión incorrecta de la naturaleza de un órgano autónomo. Es más, me atrevería a calificarla como una completa simulación de autonomía.

Aunque no sea vinculante, es obvio que se propone otorgar tal facultad al secretario del ramo, porque tendría un peso específico.

En el momento que la opinión del secretario influya en el otorgamiento de la revocación de alguna concesión en materia de comunicaciones, la autonomía del instituto deja de tener sentido y si no influye, ¿qué caso tiene entonces que envíe opiniones al instituto?

Como se observa, se trata de darle autonomía a un órgano para que no la tenga; entonces, tendría el carácter jurídico de autónomo, pero no el carácter político real de autonomía.

Creemos que quienes aprobaron el dictamen en realidad querían proponer órganos descentralizados, sujetos a las decisiones del Ejecutivo federal, haciéndonos creer engañosamente que serían órganos distintos a los ya existentes.

Esa simulación, además de ser un engaño político puede salirnos muy costosa, porque está de moda ponerles sueldos millonarios a los titulares de los órganos autónomos, justamente para garantizar su distanciamiento de la sociedad, su antidemocracia y su sujeción al poder económico, al que ahora pertenecerán, si se aprueba esta reforma. Se propone darles salarios de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son los salarios más caros que dota el erario.

Proponemos eliminar en el párrafo dieciséis del artículo 28 del dictamen a discusión el texto que corresponde a: el instituto notificará al secretario del ramo, previa determinación, quien podría emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor de 45 días naturales. Eso es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de don Rodrigo Chávez Contreras.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Don Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD, párrafo dieciséis del 28.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Ciudadano presidente. Compañeras y compañeros legisladores, cuando hace 20 años se crearon los órganos autónomos constitucionales que hoy se encuentran vigentes, el espíritu era mantenerlos fuera de las interferencias de los poderes constituidos de la Unión.

Hoy estamos discutiendo un dictamen donde creamos dos órganos autónomos constitucionales, pero en la misma reforma estamos permitiendo, estamos abriendo una rendija para que haya participación del Poder Ejecutivo que le reste autonomía a estos órganos autónomos constitucionales.

Decía el dictamen original: Corresponde al instituto, previa opinión no vinculante del Ejecutivo federal, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de sesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

El dictamen modificado que discutimos ahora dice que el instituto notificará al secretario del ramo, previa su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor a 45 días naturales.

Sacamos del texto la opinión no vinculante del presidente de la República, pero se incorpora la del secretario del ramo, que para el caso sigue siendo una interferencia del Poder Ejecutivo.

Me pregunto, ¿en qué otro órgano autónomo sucede esto? ¿Acaso la Comisión Nacional de Derechos Humanos le consulta o le pide dictámenes a la Procuraduría General de la República? ¿Acaso el Instituto Federal Electoral le consulta o le pide dictámenes a la Secretaría de Gobernación? Entonces, ¿por qué nosotros de entrada vamos a aprobar que este instituto —que hoy vamos a crear— este instituto autónomo, tenga que consultar al secretario del ramo?

Por eso la redacción que nosotros proponemos, que su servidor propone es que en este artículo 28, en su párrafo dieciséis, diga: El instituto constará con las áreas técnicas necesarias para fundamentar sus dictámenes especializados relativos al otorgamiento, la revocación, así como la autorización de sesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Si queremos un instituto autónomo démosle todas las herramientas para que lo sea en la práctica. Es cuanto, y gracias por su tolerancia, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Don Víctor Manuel Bautista López, párrafo dieciséis del 28.

El diputado Víctor Manuel Bautista López: Con su permiso, diputado presidente. El interés de la reserva del párrafo dieciséis del artículo 28 es presentar una redacción alternativa para resolver lo que antes he argumentado. Los límites y restricciones del artículo 134 de la Constitución, en lo que corresponde al gasto público, con lo que funcionan los concesionarios públicos y la inconsistencia jurídica que se propicia por incluir dentro de las disposiciones transitorias regulaciones sustantivas.

Espero que con esta propuesta se puedan sintetizar los aspectos fundamentales del debate, y estén cómodos aquellos que insisten en trasladar definiciones a las leyes secundarias.

Ciudadanos integrantes de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 109 y 110 del Reglamento de nuestra Cámara, presento la propuesta de redacción al párrafo dieciséis del artículo 28.

Artículo 28, párrafo dieciséis: Corresponde al instituto el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El instituto notificará al secretario del ramo, previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor a 45 días naturales. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, social y privado y se sujetarán de acuerdo con sus fines a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o., y 7o. de la Constitución.

La propuesta de redacción es:

Artículo 28, párrafo dieciséis: Las concesiones públicas deberán contar con independencia editorial, defensa de sus contenidos y su programación. Se abstendrán de promover la imagen personal de los funcionarios públicos, observando los principios contenidos en el artículo 134 de la Constitución.

Ésa es ya la redacción aprobada.

El instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como la autorización de los servicios vinculados a ésta, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final. En ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa, conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones, la ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en caso de conductas vinculadas con prácticas monopólicas.

En la revocación de las concesiones el instituto dará aviso previo al Ejecutivo federal, a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad de la prestación del servicio. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se acepta a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Don Andrés Eloy Martínez Rojas y su reserva del párrafo dieciséis y entiendo que va a aprovechar su espacio para presentarnos otra de sus reservas.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Gracias, presidente. Éste es el posicionamiento en lo particular de las reservas del artículo 28, párrafos dieciséis, diecinueve, veintiséis y veintisiete del proyecto de decreto en materia de telecomunicaciones.

Quizá lo que voy a decir ya sobra, pero no está demás mencionarlo. Emulando la secrecía y hasta el oscurantismo del reciente cónclave papal, podemos decir que en un ejercicio similar —a diferencia de las acertadas y acostumbradas consultas públicas que se hacen en todo el mundo en los gobiernos democráticos— habemus reformationis.

Finalmente, tenemos la reforma para modificar el marco legal y la aplicación regulatoria para el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país, ya que dicha reforma fue negociada a puerta cerrada durante más de dos meses por un pequeño núcleo de legisladores, funcionarios del gobierno federal y dirigentes partidistas integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, y otros que para algunos son innombrables.

Esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión ha sido presentada como un cambio histórico que dará fin a los monopolios en telefonía y en televisión. Así lo presumió el titular del Ejecutivo en la presentación de la iniciativa ante una audiencia que destacó por la ausencia de los propios concesionarios, y por el gran optimismo de quienes consideran que ya se concretó la democratización de los medios electrónicos, ya que se supone que el Ejecutivo federal ya no será quien otorgue las concesiones.

Sin embargo —de ahí la trampa de esta gran reforma— ésta radica en esta aseveración, siendo que en la propuesta de modificaciones que se está presentando el Ejecutivo federal no renuncia a la posibilidad de intervenir en el otorgamiento, aprobación y revocación de las concesiones, sino por el contrario, se convierte —por decirlo de alguna manera— en el primer filtro para el nuevo mecanismo, mas no lo hace directamente, sino que ahora lo hace a través de una triangulación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Valdría la pena preguntarnos, ¿acaso no es el secretario de Comunicaciones parte del Ejecutivo federal, o el secretario no tiene que consultar al presidente, o es un organismo autónomo?

En las reformas a los artículos 27 y 28 se establece la conformación de un organismo autónomo que le quitará al Ejecutivo federal la discrecionalidad y también en el otorgamiento y refrendo de concesiones. Pero analizando con detenimiento el texto de modificación al artículo 28 constitucional, para ser más precisos en su párrafo decimosexto, el cual determina que le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) —el nuevo organismo autónomo— el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de las sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, no se cumple con dicho propósito.

¿Qué quiere decir esto? Que realmente no se le está dando autonomía plena a este nuevo órgano; por lo tanto, la propuesta de modificación que estamos haciendo quedaría de la siguiente manera:

Artículo 28, párrafo dieciséis. Corresponde al instituto el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad y operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Las concesiones podrán ser para su uso comercial, público, social y privado y se sujetarán de acuerdo con sus fines a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. Las concesiones serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final. En ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente el económico. Las concesiones para uso público y social se otorgarán mediante el mecanismo de la asignación directa.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes...

Ya voy a terminar, compañeros.

... prácticas monopólicas.

En la revocación de las concesiones, el instituto en uso de sus atribuciones garantizará la continuidad en la prestación del servicio.

Párrafo diecinueve: Los órganos del gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica, como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete comisionados, incluyendo al comisionado presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Senado y ratificación de la Cámara de Diputados.

Párrafo veintiséis. El comité de evaluación, por cada vacante enviará al Senado una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas.

En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes, se emitirá una nueva convocatoria.

El Senado seleccionará entre estos aspirantes al candidato que propondrá para su ratificación a la Cámara de Diputados.

Párrafo veintisiete. La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados presentes, dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la presentación de la propuesta.

En los recesos la Comisión Permanente convocará, desde luego, a la Cámara de Diputados, en caso de que el pleno la Cámara de Diputados —ya pronto termino— rechace al candidato propuesto por el Senado.

El Comité de Evaluación someterá a una nueva propuesta en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos, hasta que solo quede un aspirante aprobado, quien será designado comisionado directamente por el Senado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aceptan a discusión las propuestas de don Andrés Eloy Martínez Rojas.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechadas. Doña Roxana Luna Porquillo, tiene usted el uso de la voz, si quiere presentar varias de sus reservas, encantado.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Gracias, presidente. No, lo voy a hacer una por una conforme vaya tocándonos cada uno de los artículos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Como usted guste, diputada; tiene derecho.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Hace un rato, en el uso de la voz, hacía mención de que se habían modificado algunas partes del dictamen y efectivamente en esta parte y en este artículo se menciona que será el instituto quien notifique a las Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que pudiera dar una opinión respecto a la operación de ese instituto Ifetel.

La otra propuesta que añaden en este dictamen —y la voy a leer tal cual es: El instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de concesiones, así como la autorización de servicios vinculados a ésta, previa autorización de la autoridad hacendaria— eso no estaba contemplado en el dictamen inicial, por lo que queremos señalar que esta Cámara no puede ser incongruente cuando plantea crear un órgano autónomo y hoy va a tener injerencia, aunque digan que no es vinculante, la Secretaría de Hacienda y la de Comunicaciones y Transportes.

Por ello creo importante decirles que en vez de resolver un problema estaríamos generando una burocracia. Esta propuesta se planteó para resolver efectivamente una democratización, no se estaría cumpliendo con los objetivos.

Por ello planteo en esta reforma que pudieran omitirse los dos textos que fueron incluidos en este último dictamen. Voy a leer tal cual el primero: el instituto notificará al secretario del ramo, previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor de 45 días naturales.

La otra, y la voy a volver a leer y pedimos que sea omitida: el instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de concesiones, así como la autorización de servicios vinculados a ésta, previa la opinión de la autoridad de Hacienda.

Por lo tanto pido que reconsideremos si es que efectivamente se está buscando construir un órgano autónomo. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta de la diputada.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Desechada. Don Víctor Manuel Jorrín Lozano, párrafo 17 del 28.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, presidente. Compañeros, la reserva que voy a presentar es muy sencilla. Es simplemente la propuesta que se contempla en el dictamen, específicamente en el párrafo 17 del artículo 28, en donde el texto dice: El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el gobierno federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Se trata de cuidar un poco que tengamos la garantía, como Congreso, de que se pueda tener también la transmisión del Canal del Congreso, y diría así: El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que los poderes de la Unión cuenten con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Es algo muy sencillo y que nos beneficia a todos, y en especial al Congreso, y ojalá la voten a favor. Quiero aprovechar para hacer algún comentario en relación con algunos posicionamientos que tuvieron algunos compañeros, y en especial del PAN, en donde nos decían de un artículo. Yo creo que no leyó bien o no está informado lo suficiente para poder haber pasado aquí a tribuna.

En la Ley de Inversión Extranjera, y también en la Ley de Telecomunicaciones se especifica, en el artículo 12 dice: Las concesiones a que se refiere esta ley solo se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

La participación de la inversión extranjera en ningún caso podrá exceder del 49 por ciento, excepto tratándose de servicios de telefonía celular. En este caso se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor.

Esto es un punto muy importante, porque parecería que sus asesores no le informaron correctamente.

Por otra parte, el artículo 6o. de la Ley de Inversión Extranjera —compañeros— especifica: Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros:

I. Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga;

II. Comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado y petróleo,

III. Servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión distintos de televisión por cable.

Repito: las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación están reservadas de manera exclusiva a mexicanos.

Por este motivo no puede ser factible que se dé el 100 por ciento de la inversión extranjera al tema. Estamos entregando una de las riquezas nacionales de la comunicación, de la cultura, de la información, a los extranjeros.

Termino, presidente. Cabe mencionar que estamos de acuerdo en muchos aspectos que tiene esta reforma de beneficio a los mexicanos y que les llega la información, pero no de acuerdo en entregar nuestras riquezas al extranjero. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

La siguiente reserva de doña María Sanjuana Cerda Franco fue retirada. Y sigue don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que tiene dos muy juntas, así que si quiere, y hasta tres, si quiere presentarlas juntas, hasta cuatro.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Cuatro.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Con cuatro. Habrá tolerancia en el tiempo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Muchas gracias, señor presidente. A ver si le puede explicar a sus colegas de su partido, porque parece que no entienden ni siquiera esto.

Miren, la primera tiene que ver con el párrafo dieciocho de este artículo, donde estamos proponiendo que a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones se le agregue el siguiente párrafo aquí, que dice: En el ejercicio de sus funciones, la certeza, la legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y transparencia serán principios rectores.

Esas palabras yo sé que son muy difíciles de asumir, de poner en práctica por los que representan la mayoría en esta Cámara, sin embargo es importante que se adicionen estos principios, certeza, legalidad, objetividad, transparencia, a los principios también de independencia, profesionalismo e imparcialidad que contiene el artículo 28 de este dictamen.

Estos principios —y los vuelvo a reiterar— certeza y transparencia, fíjense ustedes porque alguien debe estar escuchando, parte seguramente de los compañeros del 132, fortalecerán la seguridad. La garantía de seguridad jurídica de los actuales permisionarios y concesionarios de telecomunicaciones. Y ahorita voy a tratar de explicar porqué la uno con las otras reservas, porque obviamente también hay que decirlo, al parecer hay permisionarios y concesionarios que no nada más esta reforma, el gran elector que están convirtiendo aquí al señor Presidente de la República, sojuzga aquí a los diputados con esta mayoría legislativa que ha construido con el PRIAN, adláteres, Pacto por México y las mayorías que han construido, excepto 50 orgullosos legisladores que estamos votando en dignidad con el pueblo de México.

La independencia de los nuevos órganos reguladores garantizará implementar políticas de telecomunicaciones y una competencia sin interferencias indebidas de políticos o cabilderos de intereses opuestos al bien común, al derecho a la información y libre acceso a los medios de comunicación, independencia que sería nula si no se atiende al principio de transparencia y la consecuente rendición de cuentas.

Es exigible la transparencia en cada uno de los actos y procedimientos que se proponen en las disposiciones transitorias del decreto que hoy se presenta, destacando que en la materia de telecomunicaciones se presentan intereses económicos de concesionarios que compiten en un mercado en el que se propone establecer reglas de competencia que garanticen la calidad del servicio y reduzcan costos en su acceso.

Es decir, a estos sectores hay que darles seguridad jurídica y, como dije en mi primera intervención, a pesar de que no nos hemos visto favorecidos por estos sectores, es nuestra obligación como legisladores garantizar estos principios para ellos mismos, y ésta es nuestra obligación y consecuentemente estamos aquí.

Por otro lado, obviamente las otras reservas en la fracción VIII, estamos proponiendo suprimir en el texto cuando dice que los titulares de los órganos presentarán anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades. Estamos suprimiendo al Poder Ejecutivo, sobre todo. Y dejar el párrafo como sigue: Al efecto comparecerán ante las Cámaras de Diputados.

La modificación que presentamos aquí tiene que ver con que eliminemos la presencia del titular del Poder Ejecutivo en el proceso de rendición de cuentas de los órganos reguladores de telecomunicaciones. Y esto no es nuevo, recordemos ya que en el 2006 la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión fueron objetos de una acción de inconstitucionalidad, la 26/2006, en esa resolución de esta acción de inconstitucionalidad, el ministro Góngora Pimentel formuló votos en relación con la sentencia del pleno del 7 de junio de 2007, en particular cito algunos razonamientos del ministro.

La creación de la Cofetel como un órgano desconcentrado resulta inconstitucional porque sus facultades en materia de radio y televisión no pueden ser ejercidas por un órgano que guarde una relación de jerarquía con el Presidente de la República.

Resulta que existe, luego entonces, subordinación de los nuevos órganos reguladores al establecerse la obligación de presentar anualmente un informe al Poder Ejecutivo federal, por ello proponemos suprimir la rendición de cuentas de dicho informe al Poder Ejecutivo.

Y siguiendo al maestro ministro Góngora, en este razonamiento señalaba: Dentro del esquema del derecho a la libertad de expresión, es indudable que dada la especial posición de la radiodifusión, el derecho de acceso a los medios de comunicación requiere de autonomía por parte del órgano técnico regulador en la materia, a efecto de que este ámbito no sea controlado por ningún grupo político o económico y, por el contrario, se conserve siempre como bien social, de modo que su inmenso poder sea el instrumento, sustrato y soporte de las libertades públicas, la democracia, el pluralismo y las culturas.

Es obvio que ustedes al legislar en sentido inverso a lo que estamos proponiendo, pues están concentrando la fuerza del Poder Ejecutivo, de un presidencialismo que es el gen político del régimen de opresión y de privilegios que ustedes están prohijando permanentemente.

Por último, en el párrafo 26 y 27 estamos también proponiendo que el Comité de Evaluación, por cada vacante, envíe a la Cámara de Senadores una lista. Esto es, envíe a la Cámara de Senadores y no como ahorita dice que enviará al Ejecutivo una lista, obviamente dándole ese poder omnímodo al Poder Ejecutivo; y en el mismo sentido, la Cámara de Senadores designará por el voto de las dos terceras partes. Esto lo estamos proponiendo para que sea la Cámara de Senadores y no como viene en el texto.

Y por último, estamos proponiendo que se le quite a la redacción en el párrafo que dice: En caso de que la Cámara de Senadores rechace a alguno de los candidatos propuestos por la comisión, el presidente de la República someterá. Que se le quite eso de que el presidente de la República someterá.

Obviamente que en esta modificación, los párrafos 26 y 27 siguen la tónica de garantizar la independencia de los nuevos órganos reguladores en telecomunicaciones, con ello se suprimiría la intervención del titular del Poder Ejecutivo en el procedimiento de designación de los comisionados que la integran.

Asegurar y garantizar la autonomía de los órganos exige garantizar la autonomía de los órganos, exige garantizar cualquier intervención de los poderes políticos y económicos, incluyendo a la administración pública federal.

Con ello se garantiza la independencia de los comisionados, ya que no estará sujeto a cualquier resquicio de favoritismo en su designación, tanto del poder político como de los sujetos que pretende regular.

Es obvio, compañeros diputados y diputadas, que si ustedes no aceptan esta reserva pues están en sentido contrario, generando obviamente los mecanismos para que el favoritismo en la designación de estos ciudadanos quede al arbitrio, evidentemente, del gran dedo del señor presidente, que ejercerá —como lo sentimos todos, inclusive el de la voz— con los mecanismos de presión que tiene a través de todos los órganos, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, todas las armas, todas las herramientas para un poder omnímodo, para ese régimen de privilegios, para ese régimen de corrupción que ustedes representan si siguen votando en esta lógica.

Eso, tarde que temprano va a terminar porque ya somos muchos los mexicanos que estamos tomando consciencia, no nos van a quitar el derecho a la esperanza y tarde que temprano este país va a cambiar a pesar de ustedes.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aceptan a discusión las propuestas del diputado.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechadas. Don Francisco Coronato. Párrafo dieciocho, fracción VII del 28.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, deseo iniciar mi intervención destacando que esta aprobación que acaban de hacer mediante este dictamen reformará y adicionará a nuestra carta fundamental, mediante un procedimiento que transgrede nuestro marco normativo interno, dictamen que destina 21 hojas y 17 artículos transitorios y que mediante el artículo 28, fracción VII, no solamente transgrediría derechos humanos como el de la seguridad jurídica, sino además tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por su parte, el artículo 25 de la Constitución federal, que establece la correspondiente rectoría del Estado del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, describiendo que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 del mismo ordenamiento, en el párrafo cuarto señala que manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso establezcan.

Y en su párrafo cuarto el artículo 28 establece expresamente a la comunicación vía satélite, señalando expresamente que el Estado al ejercer en ella su rectoría protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de la respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

Por su parte la Ley de Inversión Extranjera, en su artículo 6o., establece como reservadas de manera exclusiva para mexicanos y sociedades mexicanas, con clausulas de exclusión a extranjeros en su fracción III, servicios de radiodifusión y otras de radio y televisión distinto de televisión por cable. Por lo que el permitir, de acuerdo al dictamen, la inversión extranjera al 100 por ciento en telecomunicaciones y el mismo 49 a radio resulta ser anticonstitucional por las razones expuestas.

Ahora bien, por lo que respecta a la presente reserva que presento sobre la fracción VII del artículo 28, que establece que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnadas únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, esta disposición está fuera de toda lógica jurídica y del camino para la consolidación del estado de derecho en nuestro país.

Los actos u omisiones de los pretendidos órganos constitucionalmente autónomos son eminentemente administrativos y como tales responden a la lógica del derecho y del procedimiento administrativo. Por ende, contar con recursos de impugnación propios puede privar a los gobernados de la posibilidad de combatir o impugnar los actos u omisiones emanadas de estos organismos mediante recursos o medios de impugnación ordinarios cuando estos trasgredan el marco de la legalidad y por ende violenten derechos humanos.

Concluyo, señor presidente, diciendo que derivado de lo anterior someto a la consideración de la asamblea la siguiente reforma, consistente en reformar la fracción VII del artículo 28 del dictamen, para quedar en los siguientes términos:

Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados mediante el recurso ordinario que disponga la ley.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas de don Francisco Coronato.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se aceptan a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechadas.

Doña Roxana Luna Porquillo, aquí la esperamos, para presentar reserva del párrafo dieciocho, fracción VII, del 28.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Gracias, señor presidente. La Constitución históricamente nace de la necesidad de proteger a los particulares del poder del Estado. Esta razón histórica a través de los siglos jamás ha cambiado, los particulares deben tener un conjunto de derechos fundamentales y garantías de protección de éstos. Los particulares son de la misma manera ciudadanos de a pie, cooperativas y hasta los grupos corporativos. Dentro de los derechos fundamentales está el acceso a la justicia, la garantía de audiencia, el debido proceso, entre muchos otros.

El dictamen propone que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no será objeto a suspensión, bajo el argumento de que del sector de las telecomunicaciones se ha abusado mucho en los juicios de amparo.

No puede justificarse, con validez constitucional, el limitar en cualquier caso las normas, actos u omisiones, la suspensión del acto reclamado en el amparo, esto es, ni la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, ni el dictamen que se motiva dan la razón de restringir el acceso a la justicia de manera general.

La propuesta de redacción del dictamen es una incongruencia con la razón del ser de la Constitución, que es la protección del gobernado. El texto del dictamen está protegiendo a toda costa, y en perjuicio de los gobernados, los actos y omisiones del poder público en manos de la Cofetel y del Ifetel, abriendo puertas a un sin fin de arbitrariedades y excesos. Los que sean los integrantes de esta nueva Cofeco y este Ifetel podrán ser personas honestas y correctas, pero no exentas de cometer errores, aun de buena fe.

El eliminar la posibilidad de que los gobernados puedan obtener la suspensión del acto reclamado en todas las actuaciones y las omisiones del Ifetel y la Cofeco es excesivo y desproporcionado, y de ninguna manera propio de un régimen democrático. Un ejemplo coloquial puede ilustrar mejor esto: si un gobernado recibe la orden de demolición de su casa y solo puede seguir el juicio sin obtener la suspensión del amparo, equivaldría a que su casa fuera derrumbada aun cuando años después recibiera el amparo y la protección de la justicia federal. ¿No es esto acaso negar el acceso a la justicia?

Un régimen democrático no puede excusarse en que los gobernados han abusado de los medios de defensa legal, para restringir éstos de manera generalizada. Por lo cual, la reserva que en este día pongo en su consideración es atacar el problema de litigio del sector de telecomunicaciones sin menoscabar los derechos fundamentales.

Por lo cual se propone que la suspensión no sea otorgada cuando se traten los siguientes puntos:

1. Cuando se trate de actos relativos a la utilización, aprovechamiento o explotación de frecuencias de espectro radioeléctrico.

Esto mismo fue lo que se discutió y aprobó por esta Cámara de Diputados recientemente, al negar la suspensión cuando se tratara de bienes de dominios de la nación, como lo son las frecuencias de espectro radioeléctrico.

2. Cuando se trate de actos relativos a las declaratorias de dominancia. Es decir, cuando el Ifetel y la Cofetel determinen un agente económico que tiene poder sustancial en el mercado.

Esto plenamente justificado en atención de que se trata de casos muy concretos, en los cuales una empresa que sea dominante implica que sus actos por más perjudiciales que sean no pueden ser contrarrestados o disminuidos sus efectos por sus competidores ni por los consumidores.

Tres. Cuando se trate de los actos relacionados con la interconexión de redes.

Esto ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó que no procede otorgar la suspensión de amparos en casos relacionados con la interconexión y las tarifas de interconexión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Concluya, diputada, por favor.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se acepta a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

María Fernanda Romero Lozano, fracción X del párrafo 18 del artículo 28.

La diputada María Fernanda Romero Lozano: Gracias. Los recursos públicos son de todos los mexicanos, por lo que tenemos derecho a que se nos informe cuánto se gastan en qué y para qué.

El artículo 134 de la Constitución establece que los recursos económicos que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político administrativos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para los objetivos a los que estén destinados.

Con base en lo argumentado resulta indignante que la reforma propuesta a la fracción X del artículo 28 de la Constitución Política establezca que los comisionados podrán percibir hasta la retribución que recibe el presidente de la República.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, el presidente de la República cuenta con una remuneración mensual de 204 mil 310 pesos, es decir 2 millones 451 mil 720 pesos al año, por lo que, sin considerar los incrementos en años posteriores, los comisionados al final de su gestión habrán percibido recursos por 22 millones 65 mil 480 pesos.

El salario mínimo promedio del país es de 63 pesos al día, es decir 23 mil pesos al año. Con base en esto podemos observar que 14 personas recibirán ingresos 106 veces superiores a lo que ganan aproximadamente siete millones de personas en México. Aunado a esto, cada generación de comisionados le costará al país 308 millones 916 mil pesos.

Cabe destacar que contamos actualmente con 52 millones de pobres, de los cuales 53 por ciento presentan carencias alimentarias. ¿A quién puede parecerle justo gastar más de 300 millones de pesos en una docena de funcionarios cuando 28 millones de mexicanos no tienen la certeza de qué comerán al día siguiente?

Esta proposición refleja una absoluta incongruencia por parte del Ejecutivo. Por un lado emite un decreto de austeridad con impactos que se limitan a reducir cinco por ciento de los sueldos de la alta burocracia, mientras que por otro lado pretende crear plazas con salarios exorbitantes.

Por un lado argumenta estar preocupado por mejorar la educación simulando que no hay intocables, pero reduce 3.7 por ciento los ingresos de la Secretaría de Educación Pública respecto del año anterior, argumentando que no hay suficientes recursos.

Como representantes populares debemos ser congruentes y no podemos, de ninguna manera, estar de acuerdo con esta propuesta. Ya basta de aumentar la brecha de desigualdad entre los ciudadanos y la clase política. El país es uno, por lo que deben desaparecer los privilegios y concesiones excesivas.

Ya basta, signantes del Pacto por México, de seguir velando por los intereses de unos cuantos empresarios, cuando deberían estar velando por los intereses de los mexicanos, que son a quienes tienen que representar. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

Don José Humberto Vega Vázquez, del PT.

El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, antes de entrar a la reserva quiero invitar a hacer una reflexión, como decían los abuelitos en un refrán popular: cuando invites al coyote, no le abras la puerta del gallinero.

Esta reflexión la hacemos porque al permitir la participación del 100 por ciento en telecomunicaciones, estamos dejando abierta la puerta del gallinero.

Imagínense que hace casi 20 años, cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio, también yo veía que muchos diputados decían que eso iba a ser benéfico, que eso iba a sacar a México adelante. Y ¿qué fue lo que pasó? ¿A quién ha beneficiado el Tratado de Libre Comercio? No nos engañemos, es parte de un modelo económico que va en el sentido del neoliberalismo y que no cambia.

Y no nos hagamos, cómo decir que esto no es parte de la soberanía nacional. La soberanía nacional tiene que ver mucho en telecomunicaciones. Y ahí está, parece que olvidamos la historia, el caso de Chile.

Primero para que no llegara el presidente y después en el golpe de estado artero en el que intervino la ITT y que seguramente a la mejor es uno de los invitados del duopolio, el agregado y los invitados capitalistas. Allende merece todo nuestro respeto.

También queremos decir que a través de esos medios, de esos invitados, los que nos van a vender productos chatarra, armas, qué sé yo, en esos canales, productos mágicos que seguramente van a llegar, y luego la cultura, y luego quién va a poder acceder a pagar comerciales en esos canales. Todo eso nos va a perjudicar a la larga, y ya lo van a ver. Las pequeñas empresas no van a ser más que maquiladoras.

Pasando a otro punto, que es el de la reserva, me quiero referir a que antes, tradicionalmente, los órganos autónomos los proponía el Ejecutivo y quien realmente aprobaba y los designaba era la Cámara de Senadores, en el IFE los diputados. Ahora son los mismos organismos autónomos los que pretenden elegir a un organismo autónomo.

Nos queda muy claro que no va a ser un organismo autónomo, sino que el órgano que se está aprobando es un órgano descentralizado, pero totalmente controlado. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

Doña Nelly del Carmen Vargas Pérez. Con zapatos o sin zapatos puede usted hacer uso de la palabra.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Si no escuchan las propuestas y los agregados, imagínese si se van a dar cuenta que vengo sin zapatos.

Con su permiso, señor presidente. Waldemar de Gregori, brasileño, es un hombre que se ha dedicado al análisis del cerebro, de la triada cerebral, y habla siempre de cómo los sistemas se mueven de manera constante. El cerebro derecho, el cerebro izquierdo y la base cerebral. Es interesante ver qué pasa en esta Cámara de Diputados. Me he dedicado a observar esta triada cerebral y como el cerebro derecho son pocos los que nos estamos moviendo más en el interés de los ciudadanos y en el interés de la mayoría, y como los cerebros izquierdos están más orientados a los intereses económicos y a unos cuantos.

La reserva que hoy se presenta a la consideración del pleno consiste en reformar el artículo 28 del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

La propuesta contemplada en el dictamen, específicamente en el párrafo 23 del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que los aspirantes a ser designados como comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados ante un comité de evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Para tales efectos, el comité de evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado. Decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad.

Sin embargo, esta propuesta nos parece insuficiente, pues los titulares de los organismos seleccionados para cubrir esta función, aunque dos de ellos autónomos constitucionalmente, son propuestos por el Ejecutivo federal y ponen en duda la parcialidad con la que se dirigirá el organismo.

Es por eso que en virtud de mantener al Instituto Federal de Telecomunicaciones como un verdadero órgano autónomo, proponemos integrar en este comité de evaluación al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al director del Instituto Politécnico Nacional y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El propósito de nuestra propuesta es garantizar que la elección de los comisionados se haga en función del más apto y no que responda a intereses partidistas y políticos, que lesionen considerablemente la credibilidad del organismo y deterioren su funcionamiento como órgano regulador en materia de telecomunicaciones.

En este contexto, el rector de la UNAM y el director del Instituto Politécnico Nacional no son propuestos por el presidente de la República, y aunque en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí sea de esta manera, el organismo tiene como principal función vigilar que los poderes constituidos, entres ellos el Poder Ejecutivo, se manejen conforme lo establece la ley, garantizando en todo momento el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por lo anterior, creemos necesario hacer esta modificación al comité de evaluación —ahí está el cerebro izquierdo— ya que el prestigio y la seriedad con la que se dirigen estos organismos no pondrán en duda sus resoluciones en cuestión de quien o quienes son los comisionados que serán electos para ocupar los puestos comisionados en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta es la propuesta, señor presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

Doña Loretta Ortiz Ahlf, reserva del párrafo veintisiete del artículo 28.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Le ruego a la Presidencia si me permite presentar las dos reservas. Voy a presentar primero la del artículo quinto transitorio, en razón de la trascendencia de esta disposición.

Me llama la atención que la diputada Carpinteyro haya hecho las afirmaciones que hizo, sobre todo siendo egresada de la Escuela Libre de Derecho, de donde su servidora también es egresada y soy profesora por más 30 de años de la cátedra de derecho internacional público, igual que en la Universidad Iberoamericana por 30 años y de la maestría de negocios internacionales. Le aconsejo que se actualice, porque no está actualizada.

En la cuestión de la inversión extranjera, el Tratado de Libre Comercio, en el capítulo precisamente de inversiones, el capítulo 11, establecieron una reserva, tanto los Estados Unidos de América como Canadá, para no abrir precisamente a la inversión el sector de comunicaciones satelital.

Las razones que tuvieron en su momento Canadá y Estados Unidos es porque precisamente tienen un lugar en la órbita geoestacionaria, del que precisamente...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputada Purificación Carpinteyro?

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Si me permite terminar. Que tienen en la órbita geoestacionaria, tienen un lugar precisamente los Estados Unidos de América con varios satélites, y también tiene el gobierno de Canadá, como el Grupo G-7.

Este recurso de la órbita geoestacionaria, que se encuentra precisamente en el espacio ultraterrestre, es un recurso no renovable. Al no ser renovable, precisamente, solamente hay 180 lugares para los satélites de comunicación, lugares preferenciales que tiene obviamente Estados Unidos y que tiene Canadá, igual que los países europeos.

China curiosamente no tiene un satélite de comunicación. Los países que mencionó, Brasil, Uruguay y Chile, el problema es que no tienen un satélite de comunicaciones, por lo tanto para poder tener acceso a la comunicación satelital obviamente tiene que asociarse con otro Estado para poder prestar ese servicio, sin que sea al menor costo.

Por otra parte, también el Tratado de Libre Comercio de América del Norte señala, y en esto quiero precisamente... y esta cuestión de lo de la órbita geoestacionaria está en las normas de Naciones Unidas sobre la utilización del espacio ultraterrestre. Sobre el tema de los mecanismos de solución de diferencia, y por eso es mi especial preocupación. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte señala que en el caso de la inversión se podrá, en el caso de que se otorgue una concesión y haya un reclamo por parte del inversionista, se podrá... el mecanismo que es aplicable es precisamente el del CIADI.

Este arbitraje es un arbitraje internacional, no se tienen que agotar los recursos internos y el Estado mexicano renuncia a la inmunidad de jurisdicción y ejecución.

Para terminar, paciencia, ya voy a terminar. El mismo respeto que tuvieron para mencionar las otras reservas, se los ruego lo tengan a su servidora. Y estoy presentando dos reservas, dos, o sea tengo seis minutos de tiempo.

Además, no solamente es irreversible el daño que se hace autorizando este 100 por ciento en la inversión extranjera, precisamente en lo que es inversión satelital, porque además, si no lo saben, en la órbita geoestacionaria, primero en tiempo, primero en lugar. México tenía un satélite que era precisamente el Solidaridad Uno, Solidaridad Dos y Morelos, y curiosamente se cedió esto a la inversión extranjera. Llegó a la quiebra la inversión extranjera, mexicana, y ahora precisamente para justificar la adquisición de nuevos satélites vamos a recurrir a la inversión extranjera. Si hubiera algún problema en este sentido, México no podría recuperar este sector porque vamos a perder el lugar, precisamente, en la órbita geoestacionaria.

Para terminar, en lo referente a la radiodifusión, 49 por ciento, los que redactaron este último agregado al vapor lo hicieron en forma incorrecta, siento decírselos, porque esto de la reciprocidad internacional ya pasó hace mucho de moda.

El Tratado de Libre Comercio, el Tratado de la Organización Mundial del Comercio y también el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles Aduaneros y de Comercio establece que en materia de inversión, las cláusulas que son precisamente aplicables son, trato nacional y trato de la nación más favorecida. Entonces, cuando hay inversión no cabe hablar de reciprocidad. Por su paciencia, muchas gracias. Y ahora sí.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputada Purificación Carpinteyro?

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente, por alusiones, pido que me deje usar la tribuna.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, nada más permítame preguntarle a la asamblea si admite a discusión las propuestas de la diputada, y sí le voy a dar la palabra para alusiones personales, porque tiene usted derecho. Ya diputada Ortiz Ahlf, es para otra cosa lo que quiere la diputada Purificación.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se pregunta a la asamblea si se le permite a la diputada Carpinteyro hacer uso de...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Vamos a preguntar si se admiten a discusión las reservas de la diputada Ortiz Ahlf.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Loretta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechadas.

Tiene el uso de la palabra diputada Purificación, para alusiones personales.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: Mi muy querida maestra en derecho internacional, que por cierto, afortunadamente, me dio tres superiores, que es la máxima calificación que se da en la Libre de Derecho. No es cierto, mención honorífica no me dio.

Mi querida maestra, quiero decirle que yo no estoy aquí por encomienda, porque yo participé en las negociaciones, no solamente digo participé, sino que fui parte intrínseca de todo este proceso y puedo decirle que no solo estoy actualizada sino que lo conozco a profundidad.

Es más, quiero decirle a mi querida maestra que yo fui vicepresidenta de la Empresa Brasileña de Telecomunicaciones, 100 por ciento propiedad en ese entonces de MCA Comunnications y ahora 100 por ciento propiedad de Carlos Slim, y que tiene cinco satélites en las estaciones geoestacionarias que le corresponden a Brasil.

No solo eso, y como bien usted menciona, en México se permite la inversión extranjera en satélites y quiero decirle, actualmente el Sol 1, perdón, el Sol 2 porque ya el Sol 1 expiró, está controlado por los que de alguna manera compraron la deuda a descuento, que fue vendida en los mercados internacionales y que, por cierto, la preside un chileno que además fue capaz de amenazar con que iba a perder el satélite.

Entonces, quiero decirle que el Estado mexicano tiene la fuerza suficiente para decirle a cualquier extranjero que como se mueva se le requisa. Señores, no estamos aquí hablando de que los marines van a venir a invadir el país. Estamos hablando de que como mi maestra Loretta sabe, toda la inversión extranjera tiene que ser nacional, porque tiene que ser a través de empresas constituidas conforme a las leyes mexicanas y con un compromiso de cumplir con la regulación y la legislación vigente en nuestro país.

Por tanto, señores, no será la Guerra de los Pasteles eh. Todos, todos los que vengan a invertir en México invertirán como nacionales, empresas nacionales aunque el dinero venga de otros países y así serán mexicanos y con ello defenderemos nuestra soberanía y creceremos y nos desarrollaremos, porque nosotros no le cerramos la puerta a quien nos quiere venir a impulsar en este crecimiento.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación para recibir votación nominal del artículo 28, en términos del dictamen modificado. Cinco minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo 28 en los términos del dictamen modificado.

(Votación)

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 393 a favor, 67 en contra y 0 abstenciones.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado el artículo 28 por 393 votos a favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara para presentar su reserva a la fracción VII del 78.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: ¿Para poder iniciar, puede calmar a la asamblea?

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, presidente. Miren, dice un axioma político que general que abandona el campo de batalla pierde la batalla. Tengo reportes de las redes sociales donde se está mostrando una izquierda documentada, con rigor, con vigor. Y una derecha, la del pacto contra México, sin capacidad de debate, no han dado argumentos creíbles, suficientes y se han visto profusos, difusos y confusos.

Esta reserva que estoy presentando propone a la fracción VII del artículo 78 agregar una función al Senado: así como designar a los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, señalados en el artículo 28 de esta Constitución. Y esta propuesta tiene que ver con la congruencia que he venido hilvanando, probablemente muchos de aquí ni cuenta se dan porque ya están pensando en llegar a su casa, no sea que los vayan a madrugar, y obviamente porque no les interesan los debates de esta Cámara.

Pero hay que darle congruencia a las modificaciones que se proponen, para evitar cualquier injerencia del titular del Poder Ejecutivo en el proceso de designación de los comisionados de los órganos reguladores de telecomunicaciones. Y miren, aquí es cuando cabe bien esa reflexión que alguien hizo sobre esta reforma, cuando todos se desbordaron a firmar la reforma que les mandó el gran dedo de este país. Y, ¿saben qué? Sobre todo para los más ilusos, los que se acaban de subir a esta tribuna. La demagogia, fíjense. ¿Y de qué sabor quieren su nieve de limón?

Ésa es su reforma, ¿saben por qué? Porque ¿quiénes van a ser los comisionados? A lo mejor hasta una distinguida diputada que la hemos visto muy vehemente defendiendo lo indefendible. A lo mejor, a lo mejor ya va por ahí.

¿De quién van a ser las concesiones? ¿De quién creen que van a ser las concesiones? De la libre competencia o ya sabemos de quien. ¿Quién va a entrar a la telefonía y quién va a entrar a la televisión? Presidente...

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a la asamblea permitir que termine el orador, y al orador le pido que termine porque ya se agotó el tiempo permitido.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: ¿Y qué, creen que van a engañar a la gente ofreciendo acceso a la banda ancha a todos? Van a ver su banda ancha. Y los costos, ¿van a reducir los costos desde las telecomunicaciones? No, señores diputados. Ustedes lo que están haciendo es la pura exclusión social, dándole este sector estratégico a los extranjeros y aquí con prestanombres como los que ya se han subido a esta tribuna a querer defender lo indefendible. Ni Carlos Salinas de Gortari lo hizo tan mal como ustedes.

El Presidente diputado José González Morfín: Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 73 y 78, fracción VII, en los términos del dictamen modificado. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 73 y 78, fracción VII, en los términos del dictamen modificado.

(Votación)

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

La diputada Gabriela Medrano Galindo (desde la curul): A favor.

La diputada Amira Gricelda Gómez Tueme (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, 410 votos a favor, 48 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobados por 410 votos los artículos 73 y 78.

El Presidente diputado José González Morfín: La reserva de la fracción III del tercero transitorio ha sido retirada.

En consecuencia tiene la palabra el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva a la fracción IV del mismo tercero transitorio.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Gracias. Presento a este pleno la reserva a la fracción IV del tercero transitorio del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, buenos días, las normas de derechos fundamentales expresadas en el texto de nuestra Carta Magna son frecuentemente difusos, tanto semántica como estructuralmente.

Semánticamente debido a la imprecisión de las expresiones que contiene; y estructuralmente porque del contenido de las disposiciones en ocasiones no se infiere claramente si remiten a obligaciones positivas o negativas por parte del Estado.

Esto se puede apreciar con claridad en la fracción IV del tercero transitorio del dictamen sujeto a discusión, pues se hace una breve referencia al derecho de réplica, pero quizá por descuido, o incluso con toda intención, se establece la obligación de regular.

En la doctrina constitucional o de los derechos humanos se ha establecido, con cierto arraigo, que los llamados derechos humanos o su versión positiva como lo son los llamados derechos fundamentales guardan una naturaleza bidimensional, es decir constituyen libertades de carácter positivo para los gobernados, pero paralelamente constituyen obligaciones negativas de respeto o abstención por parte del Estado.

En este sentido el derecho de libertad de expresión es sin duda un derecho positivo en manos de los gobernados, pero encierra la correlativa obligación por parte del Estado de abstenerse de censurar, castigar, sancionar o restringir de algún modo dicha libertad.

Cuando la fracción IV del artículo transitorio en comento establece que el Congreso de la Unión debe regular el derecho de réplica, consciente o inconscientemente se está impregnando dicha disposición de un ánimo autoritario.

Lo anterior puesto que no se está reconociendo el derecho de réplica plenamente, sino que se está concediendo al Estado la obligación de regularlo, situación que contraviene la obligación que tiene de abstenerse de cualquier medida, acción o injerencia que pueda obstaculizar el ejercicio efectivo de tal derecho por parte de los gobernados.

En esta tesitura resulta pertinente establecer con claridad que la dimensión gubernamental del Estado, vía el Congreso de la Unión, tiene la obligación de legislar respecto del derecho de réplica, asumiendo que el acto legislativo constituye una garantía política fundamental para garantizar el cumplimiento efectivo de dicho derecho.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano somete a consideración de la asamblea la siguiente reserva a la fracción IV del tercero transitorio del dictamen —un segundo, señor presidente, muchas gracias— que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones para quedar como sigue:

Tercero transitorio. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico, conforme al presente decreto, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor y deberá legislar para garantizar el derecho de réplica. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite, en consecuencia se desecha.

Para presentar su reserva al cuarto transitorio, tiene el uso de la tribuna la diputada Roxana Luna Porquillo.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Gracias, señor presidente. Voy a presentar el artículo cuarto y décimo cuarto transitorios, para que se tome en consideración.

Esta propuesta consiste en incluir en ese transitorio lo siguiente: la ley establecerá los términos y modalidades en que los concesionarios harán accesible las telecomunicaciones y radiodifusión a personas con discapacidad.

Y hago notar lo siguiente: México y en especial el Congreso de la Unión tenemos una agenda pendiente en telecomunicaciones, cumplir con la obligación de igualdad de todos los mexicanos, tengamos o no una discapacidad.

El proyecto de decreto que se presenta en este dictamen no debe olvidar este pendiente, por lo cual se propone adicionar el párrafo cuarto transitorio que se refiere a las disposiciones que deben incluirse en una ley que unifique de manera convergente lo relativo a la radiodifusión y las telecomunicaciones.

En este sentido se propone al Congreso de la Unión que establezca a dicho ordenamiento la obligación de que las telecomunicaciones y la radiodifusión sean accesibles a todas las personas con discapacidad.

Solo para ilustrar la desigualdad en torno a las tecnologías de la información y comunicaciones, recuérdese cuando fue la epidemia de la influenza AH1N1. A la población de la Ciudad de México y en las otras localidades se les pidió no salir a la calle. No había medios impresos, la información la daban en la radio y en la televisión.

¿Qué acceso a la información esencial para la vida misma tendría una persona sorda? No puede escuchar la radio, y la televisión solo mostraba a los servidores públicos dando información, sin subtitulaje, por lo que no servía como medio de información; no podía hacer uso del teléfono porque en México no existe el servicio de retransmisión de comunicaciones que así lo permitieran.

¿Existe igualdad de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones para ejercer los derechos humanos más básicos? No. Por eso es menester que se establezca la manera de hacer accesibles a las telecomunicaciones a personas con discapacidad, incluyendo el subtitulaje en la televisión. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aceptan a discusión las propuestas presentadas por la diputada Luna Porquillo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten a discusión. En consecuencia se desechan.

Tiene ahora la palabra el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas para presentar su reserva al quinto transitorio. Tiene reservados otros tres transitorios más; si desea presentarlas todas juntas adelante. No está el diputado.

Tiene entonces el uso de la tribuna la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo para presentar su reserva al quinto transitorio.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Buenos días a todas y a todos. Mi reserva es para proponer la eliminación del primer párrafo del artículo quinto transitorio.

Quiero llamar la atención y quisiera saber si estamos todos conscientes al votar este quinto transitorio de lo que estamos aprobando. Se decía hace un rato que porqué estaba en un transitorio el hecho de que pueda existir el 100 por ciento de capital extranjero en la inversión en telecomunicaciones.

Pues está ahí, compañeros y compañeras, porque al aprobarse esta ley, inmediatamente quedarán abiertas al capital extranjero las telecomunicaciones.

Quisiera llamar la atención en cuanto a lo que estamos legislando. Estamos legislando un bien de la patria. Si bien se ha dicho que el capital no puede ser mejor o peor, el nacional que el extranjero, sí podemos decir que el capital no tiene patria. Los capitales no tienen patria. La patria no tiene capital, pero tiene bienes que siempre han sido saqueados por el capital extranjero, en su mayoría, desde hace muchos siglos.

Decirles que uno de los bienes de la nación, y yo creo que el más importante, es este llamado espacio radioeléctrico que tenemos, que estamos legislando hoy. Porque es a través de los medios de comunicación, principalmente a través de las televisoras, que se tiene una falta de identidad de los mexicanos, una falta de autoestima de los mexicanos, porque las televisoras en el país le dicen a todos los que tienen ese cajoncito en cada una de las casas qué pensar, qué decir, cómo vestir, cómo comportarse, qué comer, qué gustos deben tener.

Y créanme que eso no ayuda en nada a la identidad nacional. No ayuda en nada a la autoestima como mexicanos, de lo que somos y de lo que históricamente en nuestras culturas antiguas representamos en el mundo.

Y de esta manera el capital, si se pone a manos del extranjero, dicen por ahí que son los únicos que pueden contrastar o que pueden invertir al lado de Slim, pues quiero decirles que nos ha faltado una visión en el país para poder garantizar que la sociedad organizada de este país, con toda la cultura y con toda la identidad que se tiene, pueda acceder a estos canales de comunicación, que pueda acceder a través de asociaciones civiles y de cooperativas.

Estamos pensando siempre en la inversión extranjera, pero nunca vemos de nuestro lado lo que tenemos, que es el capital social humano con el que contamos y que sería el único que podría sacar adelante a nuestro país, no tan solo como una inversión comercial capitalista, sino también viendo el bien de la patria para poder salir adelante en este mundo globalizado.

Espero que igual pudiéramos reflexionar esto, de la dimensión de lo que tiene esta ley, de lo que tiene este quinto transitorio. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Solamente que hubiera alguna duda. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se desecha.

Ya está aquí el diputado Andrés Eloy Martínez, que va a presentar sus cuatro reservas a transitorios. Adelante, diputado.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Gracias, presidente. Lamento que les incomode mi participación. No sé cuál sea la molestia. Voy a proceder. Antes que nada y debido a su gran tolerancia que proponen ahí en la reforma, que me imagino que se va a ver muy bien reflejada en los medios de comunicación, voy a leer un documento breve que fue hecho público a través de las redes, a propósito de la protesta de nuestros compañeros del movimiento Yo Soy 132, para la que ustedes tuvieron solamente una respuesta burlona, sin respeto a la libre manifestación de ideas.

Eso es lo que se vio y ahí está grabado y ahí quedó el testimonio, entonces yo no sé qué les extraña. El caso es que este documento del que voy a dar lectura es un documento público que fue puesto a disposición en la red, en Internet por más de 200 organizaciones de la sociedad civil, de ésas que ustedes, cuando se reunieron en lo oscurito y organizaron toda la reforma, no existieron, ésas no se tomaron en cuenta.

Sin embargo, hay otro mundo más allá del Congreso y de los poderes fácticos, que están muy conscientes de cómo el país debe transitar hacia una verdadera democracia en los medios de comunicación.

Entonces, entre las organizaciones que suscribieron este documento se encuentra la Medi, Fundar, Artículo L19, Yo Soy 132, Amar, Católicas por el Derecho de Decidir; organizaciones feministas, campesinas, universidades y colectivos LGBT, en la campaña Más para ver difundieron estos puntos para una comunicación democrática.

Eran 21 puntos, pero al conocer este famoso Pacto por México los resumieron como una respuesta en un decálogo, que es el que precisamente voy a dar a conocer.

1. Para establecer que un actor es dominante en el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión, además del número de frecuencias, deben integrarse los siguientes criterios: concentración de publicidad, audiencia potencial, zona de cobertura y mercado de distribución de contenidos.

El decálogo también nos dice, en el punto 2, agregar al texto constitucional en su artículo 6o, lamentablemente ya votado, la obligación expresa de garantizar los derechos de las audiencias en correspondencia a lo expresado en la exposición de motivos para así asegurar su desarrollo en la ley secundaria.

3. Dejar claro que al transitar a la televisión digital terrestre los concesionarios estarán obligados a regresar al Estado el espectro radioeléctrico liberado con el salto digital, sin que puedan eximirse de esta obligación por la mera devolución de los canales espejo, a fin de garantizar las condiciones de pluralidad y competencia del sistema.

4. Incluir expresamente la figura de los medios de carácter comunitario e indígenas, a donde ya se contemplan los de social, cuestiones también ya fundamentadas por diversos compañeros legisladores, al mismo tiempo asegurar que se reserve un tercio del espectro radioeléctrico para éstos.

5. Explicitar la gratuidad de la retransmisión de la televisión abierta en los diversos sistemas o plataformas sin excepciones. Tema que sembró un debate amplio antes de hacer las últimas modificaciones a este proyecto.

6. Establecer candados para las relaciones laborales o asociaciones con la industria de los consejeros de Ifetel, al concluir su periodo y no solo los cinco años previos, como está actualmente expuesto.

7. Aclarar que la información veraz y oportuna es obligación de las entidades del Estado y no de los medios de comunicación.

El Presidente diputado José González Morfín: Les ruego comprensión, está presentando reservas a cuatro artículos transitorios que tiene reservados.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Gracias, presidente. Además, dándole voz a quienes no quisieron escuchar ustedes, también añadiendo eso.

Y como les decía, 7. Aclarar que la información veraz y oportuna es obligación de las entidades del Estado y no de los medios de comunicación, de no ser así se abre la puerta a formas de censura.

8. Imponer a la inversión extranjera en telecomunicaciones y radiodifusión cláusulas de reciprocidad, cobertura e inversión.

9. Garantizar el funcionamiento de los medios públicos con criterios de calidad, beneficio social, participación ciudadana y actualidad tecnológica, mediante una mayor claridad y definición legal planteada.

Y finalmente, 10. Crear el Consejo Nacional de la Banda Ancha, a fin de garantizar el previsto derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Éste es el decálogo, que desde luego para ustedes no existió ni existirá y nos confirma, como lo dijo un compañero hace un momento, que los muchachos del 132, entre otros, deberían estar en muchas de las curules legislando, como vemos, a favor de la democracia, en los medios de comunicación, ¿verdad?

Bueno. Finalmente me voy a remitir a las modificaciones en los artículos transitorios, que precisamente estamos proponiendo. Es una responsabilidad advertir sobre los riesgos y trampas que esconde la letra chiquita de esta reforma, y esto se vislumbra al revisar los artículos transitorios del proyecto de decreto en cuestión.

Por ejemplo, el artículo quinto transitorio, en su primer párrafo, permite que empresas extranjeras puedan tener hasta 100 por ciento de la propiedad en telecomunicaciones y no es que pensemos que vaya a haber una invasión, como alguien lo mencionó por ahí, de tropas extranjeras, sino que desde luego los medios de comunicación son conceptos y una infraestructura estratégica que cualquier país lo defiende muy bien, como vemos en las restricciones que han colocado en sus leyes para la inversión extranjera en sus respectivos países.

Ahora no solo tendremos, por cierto, que lidiar con los poderes fácticos en México, sino que tendremos que enfrentarnos a un nuevo enemigo de la democracia, proveniente del exterior, gracias al entreguismo de esta reforma, igual de grave que la que se le quiere hacer próximamente a Pemex.

A su vez, el artículo sexto transitorio sigue facultando al Ejecutivo federal a intervenir abiertamente en las decisiones, que deberían ser competencia exclusiva del nuevo organismo autónomo Ifetel, a lo que ya nos hemos referido y proponemos se revoque esa facultad.

Por otra parte, en el décimo cuarto transitorio planteamos que se establezca un sistema público de acceso a Internet a bajo costo, en virtud de que en dicho artículo de la reforma básicamente se excluye a la gente más vulnerable de la posibilidad de tener acceso a Internet.

Este artículo establece que el Ejecutivo federal desarrollará una política de inclusión digital universal, pero su segundo párrafo establece que el acceso se cobrará en base a precios internacionales, de conformidad a la OCDE.

¿Y qué significa esto? Que se van a emular, precisamente, que no van a bajar las tarifas, van a ser a la par de países europeos, Estados Unidos, pero allá los habitantes de esos países tienen ingresos mucho más elevados que el ciudadano común y corriente. Cómo van a pagar, por ejemplo, entre 500 y 800 al mes por servicios de Internet, que significan un duro golpe para su economía.

Ahora bien, existe otro argumento irrefutable, que es el tema referente a lo establecido en el décimo quinto transitorio y es que para este acceso a Internet se usará la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, la cual es propiedad de la nación.

Recordemos que Felipe Calderón en 2009 extinguió Luz y Fuerza del Centro, y bueno, ya sabemos con qué fin. En este momento lo estamos viendo con claridad, simple, para que el SME no pudiera ofrecer el llamado triple play, que incluye televisión, teléfono e Internet a bajo costo, utilizando primordialmente la fibra óptica.

Con esta extinción toda la infraestructura que operaba Luz y Fuerza pasó a manos de la Comisión Federal de Electricidad. Y ¿qué se pretende con la reforma de telecomunicaciones? Realmente no busca combatir los monopolios, no ofertar a los ciudadanos dos nuevas cadenas de televisión, se busca privatizar la red de telecomunicaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

Y es que dicha intención no se vislumbra claramente en las reformas a los artículos constitucionales sino que lo hacen directamente en el artículo décimo quinto transitorio, lo que significa que las empresas privadas se beneficiarán del uso de la red de la Comisión Federal de Electricidad y seguirán cobrando igualmente caro por este servicio, mientras que el consumidor seguirá pagando demasiado mientras que no se establezcan controles sobre los precios de los servicios de telecomunicación, que es finalmente lo que le afecta a los consumidores.

Es por ello que proponemos que se modifiquen los artículos referidos del proyecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

Este será el momento decisivo para conocer las verdaderas intenciones detrás de esta reforma, que ya lo estamos viendo, seguir perpetuando a los poderes fácticos con su perversión mediática y la codicia que los caracteriza, u optar por la creación de medios abiertos, plurales y con un sentido de responsabilidad hacia las grandes audiencias de las que dependen para cerrar el verdadero círculo que implica una auténtica y democrática comunicación. Gracias por su paciencia, compañeros. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativas sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admiten a discusión, en consecuencia, se desechan.

Tiene ahora la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara para presentar su propuesta de reserva del quinto transitorio.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la asamblea su colaboración para que podamos escuchar al orador y podamos continuar o culminar el desahogo de las reservas a los artículos transitorios.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Presidente, antes de que cuente mi tiempo quiero solicitarle y esto es muy serio, que... Y de veras le pido que pare el reloj, porque nos están reportando ciudadanos que están habiendo interrupciones en el Canal del Congreso. No sabemos si son problemas técnicos o es parte de la censura política. Sabemos que una gran reforma como ésta debería, inclusive, permitir que este canal estuviera ya en señal abierta y seguramente ya harán gestiones para que esto ocurra.

Miren, ahora sí entrando en el tema, qué ha dejado el PRIAN en los últimos 30 años. Me tocó ser diputado justamente cuando debatimos el Tratado de Libre Comercio. Ganamos el debate, como el día de ahora, y el pueblo, incluyendo a muchos de ustedes, sus familiares y demás, nada más que ustedes ni los recuerdan, ni les importa, evidentemente, la miseria de nuestro pueblo.

Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor en el fondo de su corazón comulgan con lo que les digo. Sí, porque no creo que todos estén en el régimen de privilegios, muchos de ustedes son pueblo raso. Sí, por más que se crean.

Miren, y luego privatizaciones: Teléfonos de México, bancos —que por cierto luego los rescataron, ya los vuelven a tener los extranjeros— televisoras —no se olviden que también privatizaron el 7 y el 13, y acuérdense que de quién y con dinero de quién, que ahora es el duopolio—, puertos, aeropuertos, ferrocarriles —lo que faltó el otro lo acabó de entregar— la minería.

Miren, cerca del 30 por ciento del territorio nacional lo tienen entregado en concesiones a los extranjeros. La educación pues ya llevan la mitad, y lo que viene. Y eso lo saben, inclusive la maestra. Pemex, silenciosa igual que la Comisión Federal de Electricidad. Telecomunicaciones, lo acaban de decir algunas diputadas aquí, de la derecha.

¿Y qué creen? Cero crecimiento económico. ¿Y saben qué es lo grave, lo trágico de todo esto? Es que el Pacto por México no tiene nada para provocar el crecimiento económico de este país.

Y ésa es la tragedia que ustedes van a enfrentar en corto plazo, porque no hay una propuesta de crecimiento económico, nada más es la entrega de los recursos naturales, de nuestra mano de obra, a los intereses de los extranjeros, es el neoesclavismo, eso es lo que ustedes están provocando, y obviamente esta reforma está inscrita en esa lógica.

Pediría al presidente que...

El Presidente diputado José González Morfín: Dejen que concluya el orador, por favor, por respeto. En beneficio de todos permitamos que concluya su intervención.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No cabe duda que ustedes están en esta lógica de denigración del Congreso con estos comportamientos, no cabe duda. Lo lamento mucho, porque hay diputados que estamos haciendo un esfuerzo.

Sí estudiamos, sí presentamos nuestros trabajos, estamos dando el debate con seriedad, con tristeza por ver la calidad de los diputados del Pacto por México, que nada más saben gritar, que nada más saben ¿cómo le dicen a los borregos? Eso, eso nada más.

Salvo honrosas excepciones, también sé que dentro de ustedes puede haber honrosas excepciones, pero como común no hay quien los controle y sale esa energía que ustedes tienen como gen priista y lo inundan en este Congreso. Lamento esto, estamos dando un debate serio, insisto. El programa de gobierno que tienen ustedes, nada más la entrega de los recursos.

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con esto culmino. Empiezan con las telecomunicaciones, van a seguir con el petróleo y con el aumento al IVA. Esto es lo único que hay en su propuesta de gobierno. Sigan votando, sigan berreando, sigan actuando como borregos.

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia se desecha.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva al mismo artículo quinto transitorio.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Éste es quizá el artículo más importante de toda la contrarreforma que se aprobó hace unas horas. Quiero, primero que nada, reconocer a los 50 diputados y diputadas que nos opusimos a esta reforma, producto del pacto contra México y que es un atraco, no solamente porque significa un juego arreglado entre Slim y Azcárraga, y los partidos que suscriben el Pacto por México, sino porque se está concretando la entrega de los bienes nacionales con este 100 por ciento de inversión extranjera.

Y decían algunos compañeros diputados de los partidos progresistas que en el quinto transitorio no iban a estar a favor. Por eso nosotros estamos planteando que se modifique, y que sea el 49 por ciento de inversión extranjera pareja en telecomunicaciones, en comunicación vía satélite y en radiocomunicación. Queremos ver si es cierta esa disposición, para que se eche abajo este artículo transitorio antinacionalista, entreguista, que significa un severo atraco a nuestro país.

Nosotros vamos a seguir defendiendo el interés nacional, no nos vamos a rendir, ni nos vamos a doblegar, ni mucho menos nos vamos a cansar. Sabemos lo que representamos y lo que defendemos: a millones de mexicanos que no están de acuerdo en que el Congreso sea sometido por el Ejecutivo, que no se debata y que siga privilegiando, ya no solamente ese Pacto por México entreguista, sino ahora aquí mismo, en la Cámara de Diputados, un pactito clandestino, donde no se discuten en comisiones los temas de interés público.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente, si me permite el diputado una pregunta.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado. Sonido en la curul del diputado Belaunzarán, por favor.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Respetuosa.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con todo gusto.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Con el respeto y el reconocimiento que le tengo al diputado Ricardo Mejía, y además que creo que podemos demostrar que en la izquierda somos plurales y podemos dar un debate de mucha altura y le tengo ese reconocimiento.

Primero, estoy seguro que el diputado sabe que América Móvil es una empresa 100 por ciento de Carlos Slim y que invierte en toda América Latina, o en grandes países de América Latina. Quisiera saber si él piensa que esta inversión que hace con esta compañía, 100 por ciento de capital extranjero en América Latina, atenta contra la soberanía nacional de algunos de los países de América Latina.

Segundo, quiero decirle, si sabe que ya en telefonía móvil hay 100 por ciento. Telefónica Movistar es 100 por ciento extranjera y ya trabaja en México. También trabaja Nextel y están compitiendo, y son empresas 100 por ciento de capital extranjero y si esto está violando la soberanía nacional.

Tercera y quizá la pregunta más importante. Si cree que el hecho de que haya compañías con 100 por ciento de capital extranjero puede poner en riesgo el hecho de que el mercado vaya a ser controlado por capitales extranjeros en la cuestión de las telecomunicaciones —el rubro de las telecomunicaciones— cuando tenemos un competidor dominante que tiene el 90 por ciento y que puede competir con cualquier otra compañía en el mundo.

O a menos de que tengas una información privilegiada y Carlos Slim vaya a convertirse en ruso, como Gerard Depardieu o algo así, como para decir que las telecomunicaciones van a estar en manos de extranjeros cuando hay este actor dominante que tiene una gran fuerza para competir en México y en el mundo. Si cree que con esto realmente está en juego la soberanía nacional. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Puede dar respuesta.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Fueron muchas, pero en realidad lo que vemos es un afán de envolver esta discusión para justificar una entrega nacional. A nosotros no nos interesa su debate de Slim, Azcárraga, con el que se la han pasado todo el día y por eso nos tienen hoy a estas horas de la noche, porque estuvieron atendiendo a cabilderos de los diferentes grupos económicos para tratar de satisfacerlos.

Por eso también lo de must offer y must carry que estuvieron negociando, porque ustedes responden a esa lógica y nosotros respondemos a una lógica nacionalista. Nosotros definitivamente no estamos a favor de esa medida y no vamos tampoco a ver si entra Ted Turner o Murdoch o cualquier otro inversionista extranjero. Nosotros vamos a defender el interés nacional. No estamos aquí litigando asuntos de Slim, asuntos de Azcárraga, asuntos de Salinas Pliego, como se la han pasado todos estos días con el pactito y el Pacto por México.

Por eso nosotros queremos decirles también que ahí está el ejemplo de los bancos. ¿Qué le han dejado los bancos a este país, que toda la banca —salvo Banorte— sea extranjera? Tarifas más altas y las comisiones más caras del mercado mundial. Que BBVA Bancomer haga negocio con los mexicanos y financie sus pérdidas con el capital nacional.

Nosotros por eso decimos que no estamos a favor de esta medida y a nosotros no nos interesa meternos en sus pleitos, en sus litigios y andar de cabilderos de estos grupos de poder. Ustedes contéstenle al pueblo que lo están entregando. Por eso hoy, en la fecha del aniversario de Benito Juárez, les recordamos lo que decía nuestro compañero Juan Luis Martínez: Malditos aquellos que con palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan.

Son ustedes unos entreguistas y nosotros no vamos a acompañarlos en ese propósito. Queremos ver a todos los diputados del PRD, a los diputados progresistas y también a muchos diputados del PAN, que no están de acuerdo, que voten en contra de la redacción actual del artículo quinto transitorio. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión, se desecha.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputada. Sonido en la curul de la diputada, por favor. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Bueno, creo que podríamos contestar los mismos de izquierda la pregunta al diputado Belaunzarán...

El Presidente diputado José González Morfín: No, perdóneme pero no procede, diputada.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): No, pero es que usted no me permitió antes de la votación también poderle decir; si a él le permite una pregunta, a mí por qué no me lo va a permitir.

El Presidente diputado José González Morfín: Discúlpeme pero está fuera de lugar.

El Presidente diputado José González Morfín: De hecho voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal de los artículos tercero, cuarto y quinto transitorios. Y creo que como estamos todos aquí en el pleno, tres minutos serán suficientes. Ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal de los artículos tercero, cuarto y quinto transitorios, en los términos del dictamen modificado.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ábrase el sistema de votación electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos tercero, cuarto y quinto transitorios.

(Votación)

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidente, se emitieron 386 votos a favor, 3 abstenciones y 67 en contra.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados tercero, cuarto y quinto transitorios por 386 votos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Fernando Rodríguez Doval para presentar su reserva del sexto transitorio.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, presidente. La reserva que vengo a presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es para que los actuales comisionados de la Comisión Federal de Competencia y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones permanezcan en sus cargos en los nuevos órganos autónomos.

Voy a explicar porqué proponemos esto. En primer lugar, porque nos parecería una contradicción que si el objeto de esta reforma es precisamente fortalecer la autonomía de estos órganos empezáramos despidiendo a los que están en este momento en sus cargos.

Y esto va mucho más allá de las personas que hoy en día conforman estos dos órganos, que sin duda pueden ser personas con las que estemos de acuerdo o no, que compartamos o no el sentido de sus resoluciones, pero que finalmente lo que nos interesa, más allá de las personas en particular, es fortalecer a las instituciones.

En ese sentido, consideramos que para salvaguardar la autonomía que precisamente se pretende fortalecer con esta reforma no podríamos remover a los actuales comisionados. Pero además de eso, nos parece que si removemos a los actuales comisionados de Cofetel y Cofeco, en los nuevos órganos autónomos que surgirán de esta reforma, estaríamos echando por la borda toda la experiencia acumulada en estos años.

Estamos hablando de temas de enorme complejidad técnica; estamos hablando de temas donde se entremezclan muchos conceptos, muchas definiciones jurídicas no tradicionales que exigen un grado de conocimiento, de experiencia, un grado importante de estudios y que eso se estaría perdiendo si partimos de cero, como si no hubieran ya estas personas pasado por una curva de aprendizaje que será muy costosa para los nuevos comisionados.

Nos parecería, por lo tanto, una gran irresponsabilidad. No podemos seguir en esta tendencia de querer inaugurar el país, como si no hubiera existido nada antes, siempre que haya una reforma constitucional y siempre que haya también un nuevo gobierno.

Además también consideramos que actualmente estos órganos tienen cinco comisionados y van a subir a siete comisionados. En el caso de la Cofetel hay dos comisionados que ya están próximos a salir, es decir, estaríamos hablando de que se elegirían cuatro nuevos comisionados y tendríamos a tres que podrían salir de forma escalonada, y por lo tanto no se perdería esta experiencia acumulada.

En el caso de la Cofeco también tenemos un comisionado próximo a salir el próximo año y por lo tanto tendríamos a tres nuevos comisionados en el lapso de un año. Por último, con esto termino, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, don Fernando. Diputado Uriel, ¿con qué objeto?

El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Si se me permite una pregunta el orador.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Le permite, don Fernando?

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Sí.

El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Pues todo se escucha muy bien. Nada más que me gustaría saber si tiene la información el diputado de cuándo fueron designados estos comisionados, y si acaso fueron cuota de partido.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Conteste, por favor.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Yo no sé si usted sepa —por lo que veo, no— cómo se eligen hasta ahora estos comisionados, por tanto no hubo realmente una cuota, fue una designación presidencial. En su momento ése era el método de elección, pero en todo caso fueron personas que más allá, insisto, de las diferencias que podamos tener y de que estemos o no de acuerdo con ellos en sus resoluciones, son personas que se han conducido, en este caso, con respeto a la propia institución de la que forman parte.

Y por eso mismo yo he dicho, desde el primer momento de esta intervención, que tenemos que ir más allá de las personas. Tenemos que pensar en las instituciones, y las instituciones no las podemos debilitar ni las podemos inaugurar ni podemos partir de cero siempre que haya un nuevo gobierno o siempre que haya una reforma constitucional.

El país no se inventa de ceros, señores, por eso es que nosotros consideramos que esa experiencia acumulada en estos años se tiene que mantener y se tiene que respetar. Pero además de eso —y ahora sí con esto concluyo, diputado presidente— nosotros consideramos que la remoción de estos comisionados puede ser perfectamente controvertida desde el punto de vista jurídico. Ellos pueden alegar derechos adquiridos y en ese sentido pueden ampararse contra la decisión y de ganarla, esta Cámara de Diputados quedaría en el más absoluto de los ridículos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la reserva de don Fernando Rodríguez Doval.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

Bueno, pues viene don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que nos va a presentar sus dos reservas: las del sexto y las del octavo transitorios. Don Manuel, la asamblea lo aclama. Sexto, séptimo y octavo, si usted gusta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No, en este caso nada más vamos a hacer la del sexto y la del séptimo.

Miren, la propuesta consiste en el párrafo donde en la iniciativa viene que el Ejecutivo federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado, obviamente estamos proponiendo que la Cámara de Senadores, al aprobar el nombramiento de los comisionados, señalará los períodos respectivos, así como el correspondiente al comisionado presidente.

Y en la fracción I les proponemos agregar, en la parte, es el artículo 28 de la Constitución, debe enviar a la Cámara de Senadores, en lugar de al Ejecutivo federal.

En la fracción III, en lugar de: el Senado de la República una vez reunido contará con 10 días para resolver sobre la propuesta, el pleno de la Cámara de Senadores contará con un plazo de 10 días naturales para resolver sobre la designación de los comisionados. Y suprimir en su totalidad la fracción IV, que habla de que en caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República no apruebe en dos ocasiones la propuesta, la asignación del Ejecutivo federal, corresponderá a éste la designación directa del comisionado respectivo, a partir de la lista presentada, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, esta modificación que se propone continúa con mi propuesta, de eliminar la intervención del Poder Ejecutivo en el procedimiento de designación de los comisionados de los órganos reguladores de la reforma que se propone.

Obviamente esto tiene que ver con algo que es muy difícil. Yo sé que les abruma que estemos hablando de retirar al Poder Ejecutivo de esta circunstancia, y obviamente esto tiene que ver, porque estamos convencidos que el titular del Ejecutivo sin duda va a querer jugar siempre los dados cargados a su favor.

Ya muchos somos testigos cómo se ejerce el poder presidencial, estamos hablando casi de una dictadura, ya lo están diciendo los del Panal, asintiendo con la cabeza a su coordinadora, que saben que cuando el Ejecutivo ejecuta, se los ejecuta. Y obviamente a la hora de los nombramientos, aunque algunos diputados del Pacto por México, algunos hoy van a hasta dormir o algunas diputadas van a dormir soñando que van a ser los próximos comisionados.

Presidente, suplicaría que les informara a los diputados de su partido que son un poco retrasados en entender algunas cosas, que estoy teniendo un tiempo mayor. Por favor, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está presentando tres reservas.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Entonces yo insisto que sé que es doloroso que uno esté argumentando con mucha, con un esfuerzo de quererlos convencer, tal vez es el error, porque insisto mucho, este gen priista que quiere regresar a este dedo imperial, a este poder omnímodo, porque a partir de ahí piensan que van a venir y continuar este régimen de corrupción, de privilegios, que han sostenido obviamente en los últimos 30 años. Y a partir de que han logrado primero prianizar este país en la cuarta reforma que hizo el PRI a su forma de vida política, a partir de la alianza de 88, con ese fraude electoral que hubo entonces, que ya dijimos quiénes lo legitimaron, y obviamente con la creación de sus adláteres y ahora con el Pacto por México llevarse al resto de unos que fueron en algún tiempo una oposición real en este país y que obviamente lo están dejando de ser.

Por otro lado, en el artículo séptimo transitorio, fíjense, si hubiera tantita coherencia, tal vez hasta para callar mi voz, podrían decir: bueno, a lo mejor el diputado ahí tiene razón. Porque fíjense que lo que les propongo en esta reforma es una adición en este transitorio, en un párrafo donde les estamos nada más diciendo: agreguen en el párrafo, cuando están hablando de que los recursos humanos, financieros, materiales de los órganos desconcentrados se crean en virtud de este decreto, agreguen: en todo momento se garantizarán los derechos de los trabajadores. Qué les cuesta poner eso, qué les cuesta acordarse de los trabajadores.

Pero hacen todo, para empezar, más bien les ordenan y hacen todo tan a las prisas, porque la verdad no es que estén preocupados por quien los espera en su casa, ahí no tienen problemas. Su preocupación es que les truenan el dedo y entonces tienen que rápido, rápido, no importa. Y en el fondo, así como dije hace un rato que con la población indígena ni la ven, ahora sí que ni la escuchan ni la ven, ni les importa. El pueblo de México para ustedes es una atracción, solamente piensan que se pueden relacionar con ellos a través de Soriana, de Monex, y que a partir de ese régimen de corrupción han podido y van a poder continuar ahí.

Y obviamente cuando hablamos de los trabajadores pues tampoco se acuerdan y en este caso ni siquiera por quedar bien con este sector que es importantísimo —culmino, presidente— pues yo les diría: bueno, cuando menos agreguen eso que es inofensivo. No los van a regañar si agregan ese párrafo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aceptan a discusión las reservas del señor diputado don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

Don José Arturo López Cándido, es por este lado, diputado.

El diputado José Arturo López Cándido: Con la venia de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presenta esta reserva al artículo transitorio séptimo, en su primer párrafo, parte final, para adicionar una propuesta que tiene la finalidad de salvaguardar los derechos de los trabajadores que prestan sus servicios en cualquiera de las empresas que operan bajo el régimen de concesión y cuya actividad será regulada por los órganos autónomos que se crean en virtud de presente decreto.

En el texto del párrafo primero del transitorio séptimo se establece que los trabajadores de los actuales órganos desconcentrados, Comisión Federal de Competencia y Comisión de Telecomunicaciones pasarán a los órganos constitucionales autónomos que se crean en virtud del decreto de las reformas a la Constitución, que es el dictamen que discutimos y votaremos.

Sin embargo, no se menciona absolutamente nada respecto de los trabajadores que prestan sus servicios en todas y cada una de las empresas que actualmente operan en el país y que lo hacen a partir de las concesiones que les otorga el poder público.

Es común que siempre que hay alguna reforma, los trabajadores se ven afectados en su estabilidad laboral y permanencia de la fuente de trabajo. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que no podemos avanzar en una reforma de telecomunicaciones sin los que laboran en esa área de la economía.

Por eso, el texto que proponemos se adicione al párrafo primero del transitorio séptimo es en estos términos: La ley reglamentaria salvaguardará los derechos humanos laborales garantizados por la Constitución, los tratados internacionales adoptados por el Estado mexicano y la Ley Federal del Trabajo, así como en los respectivos contratos colectivos e individuales de los trabajadores. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del señor diputado.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Don José Luis Valle Magaña.

El diputado José Luis Valle Magaña: Con su permiso, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, primero creo que es conveniente reconocer a los 456 compañeras y compañeros que permanecemos aquí.

Pero quiero reconocer doblemente a quienes han presentado reservas. Y quiero reconocerlos porque estas reservas, entiendo yo, en una manera muy simple de pensar, que se presentan precisamente con el ánimo, con el espíritu, de mejorar lo que de antemano tiene también muchas cosas positivas. Queremos mejorarlas.

Nosotros en ese ánimo reconocemos el esfuerzo que todo mundo hace y sabemos que es natural el cansancio y hasta cierto fastidio que podamos sentir. Eso es normal, llevamos alrededor de 15 horas en este recinto y además de las 93 reservas que se solicitaron hasta ahorita se han tratado ya 76, ha habido dos declinaciones.

Las 76 que se han presentado, todas, una por una, han sido rechazadas porque —quiero pensar que— el grupo mayoritario confiere, y se le respeta, que lo que se presentó en ese adenda que se nos entregó cinco minutos antes de las 8:00 de la noche todo estaba perfecto, se respeta. Se respeta completamente, pero también se pide que se respete el que expresemos lo que pensamos, independientemente de que la decisión ya se ha tomado. No importa, creo que es un ejercicio que nos sirve por lo menos a quienes por primera vez estamos en una legislatura para aprender. Creo que es sano que aprendamos.

El proceso de desregulación de las telecomunicaciones en nuestro país comenzó en 1990 con la privatización de Teléfonos de México. Durante ese proceso empresa, gobierno y sindicato hicieron un gran esfuerzo de concertación y negociación fijando las obligaciones y responsabilidades que asumirían en el título de concesión y en el denominado convenio de concertación para la modernización de Telmex. La premisa fundamental de estos documentos estableció como garantía el respeto de los derechos laborarles adquiridos y los contenidos en los contratos colectivos de trabajo que establecen procedimientos de garantía al empleo.

Es importante destacar que en el Pacto por México, suscrito por las principales fuerzas políticas de este país —concluyo, señor presidente, diciendo lo siguiente—, este Pacto por México establece acuerdos que tienen que ver precisamente con el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. Establece que el mejor instrumento para terminar con la pobreza es el empleo. El Estado debe generar las condiciones que permita el crecimiento económico que resulte en la creación de empleos estables y bien remunerados.

En este marco los derechos de los trabajadores —señor presidente, permítame un poquito más, finalmente tenemos 15 horas y creo que dos minutos no nos afectan, y de antemano gracias por la tolerancia—. En este marco los derechos de los trabajadores del sector deben ser respetados, sus contratos colectivos vigentes deben continuarse aplicando y se deben respetar las plantillas de los mismos.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva, por la que se adiciona un párrafo al artículo séptimo transitorio de este dictamen. Un párrafo que apenas son 10 líneas precisamente para salvaguardar los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Este párrafo iría precisamente al final del artículo séptimo transitorio y dice: La Ley reglamentaria salvaguardará los derechos humanos laborales garantizados por la Constitución, los tratados internacionales adoptados por el Estado mexicano y la Ley Federal del Trabajo, así como en los respectivos contratos colectivos e individuales de los trabajadores. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta la propuesta del diputado a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

Bueno pues sí, adivinaron, viene don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a presentar el octavo transitorio.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdón. La escucho, ¿con qué objeto? Sonido. A ver, sonido con la diputada Aurora Aguilar.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (desde la curul): Presidente, gracias. Primero, presidente, para pedirle de la manera más respetuosa al orador, con todo el respeto que él no nos otorga, que por favor nos presente su reserva, porque ya van varias veces que sube y que la verdad no sabemos qué reservó, ni qué propone.

En segundo lugar, decir lo siguiente: una pregunta, sobre todo voy a tomar como referencia la última votación del tablero; ausentes del PRI seis, ausentes del PAN seis, ausentes del PT cuatro. Si los de su bancada no lo escuchan, nosotros ¿por qué? Oiga.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, no había aceptado la pregunta, pero muchas gracias, ya la escucharon. Adelante, diputado.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Presidente, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada Ceseñas, ¿qué le pasa, por qué se enoja tanto? A ver, sonido.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): No.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues eso parece. La escucho con mucho gusto.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): De ninguna manera manifesté enojo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Qué bueno. La escucho, la escucho.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Me extraña que tome usted esa actitud. Me estoy refiriendo a la votación de la reserva del séptimo transitorio, que no quedó claro. Usted de manera muy rápida manifestó que era mayoría por la negativa a la discusión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No tengo yo esa facultad, diputada, es la Secretaría.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Le pido de la manera más respetuosa y calmada posible, que vuelva a someter a votación.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No se obsequia la petición, fue una votación por demás clara...

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): No estamos hablando de cualquier cosa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Fue una votación por demás clara, a la Secretaría y a esta Presidencia les consta.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): No es cierto, señor presidente. Y si es así, que se refleje en el tablero. No estamos hablando de cualquier cosa. Tranquilas, tranquilos, compañeros. Sean tolerantes.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya se votó y ya se cantó y adelante. Escuche por favor al diputado Huerta Ladrón de Guevara con la misma atención con la que lo vamos a escuchar todos. Se lo ruego por favor y ya no hay sonido ahí. Adelante, por favor.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Pues sí, porque usted manda, ¿no? Si quiere decir hasta por donde caminen...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante, diputado.

El diputado Rafael Manuel Huerta Ladrón de Guevara: Lamento la cobardía de la bancada de Acción Nacional que mandan a una mujer a agredir a un diputado.

Con mucha tranquilidad les quiero decir que yo inicié mi intervención el día de hoy diciendo que esta reforma va a impactar a un sector empresarial, económico y político que difícilmente se ha conducido con objetividad e imparcialidad en la información que a través de noticieros y editoriales transmite en radio y televisión sobre la lucha política de las izquierdas y movimientos sociales. No obstante ello, estamos obligados a preservar las garantías constitucionales.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Permítame un segundo, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Diputada Purificación Carpinteyro, ¿con qué objeto?

El diputado Rafael Manuel Huerta Ladrón de Guevara: Estoy en mi intervención.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): El diputado ha ofendido a las diputadas en general al haber hecho referencia a que mandan a una diputada, ¿como si fuera qué? Discúlpeme, señor, esas ofensas no se permiten en este recinto. Le solicito pida una disculpa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Huerta, le rogamos no ofenda a las diputadas. Por favor continúe.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Puedo continuar, ¿verdad? Gracias. Decía que estamos obligados a buscar preservar las garantías constitucionales de todo gobernado y salvaguardarle a la sociedad el acceso a las telecomunicaciones como un acto de garantía a la libertad de expresión y difusión de las ideas.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputada, ¿con qué objeto? Sonido.

La diputada Esther Quintana Salinas (desde la curul): A lo que ha solicitado la diputada Carpinteyro. Ya estuvo suave de que este señor, que es nuestro par, se le olvide en qué recinto está. Ya se le hizo costumbre insultar y denostar. Él tiene derecho a expresar lo que a bien tenga, pero también su derecho termina donde empieza el de nosotros.

Le pido respetuosamente al señor diputado que guarde la compostura. Está tratando con personas. Y que además se disculpe con las damas que estamos en este recinto. Ya estuvo suave de tanta majadería de su parte. La tolerancia tiene un límite, señor. Gracias, presidente.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: ¿Puedo continuar, señor presidente? Seguimos, recordando que solo los rufianes dan explicaciones.

Miren, tiene que ver justamente porque no están atentos. Tranquilos, no están atentos. Yo he estado argumentando el día de hoy punto por punto. Hoy sé que no van a aceptar esto también. Estoy ofreciendo que en el artículo octavo transitorio se le agregue: y conforme a las reformas de las leyes que emita el Congreso de la Unión, señaladas en el artículo tercero y cuartos transitorios de este decreto, deberá observarse lo siguiente:

Y en cada uno de los párrafos, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, se le agregue: a partir de la vigencia de las reformas de las leyes señaladas en los artículos tercero y cuarto.

Quiero...

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Reyes Gámiz ¿con qué objeto?

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): La actitud de quien se presume mayoría, debería de ser responsable, independientemente de que estemos o no de acuerdo con los argumentos del diputado que se encuentra en tribuna. La banalización, como este tipo de acciones de la mayoría, me parece que no es prudente para el Congreso.

Así que le solicito respetuosamente reconvenga a los diputados y que sigamos el debate democrático al cual se han negado Sean responsables.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Las damas integrantes de la Cámara se sienten ofendidas por una expresión del diputado orador. En su conciencia está disculparse o no.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Mire, señor presidente, quiero aclarar que me referí a la cobardía de los panistas. Y quiero culminar...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputada Adriana Abreu ¿con qué objeto?

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano: Señor presidente, también para sumarnos, como diputadas priístas, porque antes que nada hemos sido respetuosos con todos.

Segundo, nadie nos regaló las curules. Las diputadas ganamos elecciones. Todas las que estamos aquí tenemos la capacidad para poder expresar lo que a nuestro derecho convenga y pedimos respeto por parte del compañero. Es lo mínimo que merece esta Cámara y lo mínimo que merecen las diputadas. Pedimos una disculpa, a nombre de todas las mujeres exigimos una disculpa.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Señor presidente ¿puedo continuar?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. Allá le hablan.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputada, doña Nelly?

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (desde la curul): Presidente, vivimos en mundos interpretativos y cada uno de nosotros tiene un enfoque diferente, pero el rol que usted debe de asumir en este pleno y en esta Cámara, debe de ser de imparcialidad y absoluto respeto. Yo le pido que asuma el rol que le corresponde.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe, diputado. ¿Diputada, con qué objeto?

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (desde la curul): El señor diputado dijo que a mí me habían mandado. Con todo respeto, señor diputado, usted se asume parte de una izquierda progresista que, según sus banderas, defienden y promueven el derecho de las mujeres a participar en política.

Qué clase de izquierda representa usted. Usted es lo más retrógrado que ha tenido esta Cámara con respecto al respeto que las mujeres merecemos. Y si —y se los digo a mis compañeras de la izquierda— si hoy las compañeras de la izquierda no defienden el derecho de una mujer a hacerle una pregunta a un orador de izquierda, mala bandera tienen para defender a las mujeres. Si el señor no se disculpa, el señor no tiene derecho a hablar desde esa tribuna.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe, señor diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Respeto mucho su opinión, señorita diputada, pero le quiero decir que yo represento a la izquierda de la verdadera oposición y vi exactamente cuando el coordinador que tiene usted a su derecha...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, diputado. Doña Aída Fabiola Valencia, con qué objeto.

La diputada. Aída Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Diputado presidente. Creo que la compañera que se sintió ofendida por lo que acaba de decir el diputado Huerta tiene sus motivos. Creo que esto se está generando también porque no estamos permitiendo el debate.

No estoy defendiendo lo que dice el diputado Huerta, no lo estoy defendiendo, pero también las mujeres tenemos capacidad de debatir, presidente. Yo invito a mis compañeras, como lo he hecho siempre en todos los foros a los que tengo oportunidad de asistir, a que defendamos entonces nuestro porcentaje en la Cámara también, asumiendo nuestra responsabilidad y sensibilizándonos ante los temas de este país. La espalda no se la podemos dar a la bandera, compañeros. Esa actitud no nos lleva a nada bueno.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Concluya por favor, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Muchas gracias, señor presidente. Concluyo diciendo que estoy consciente que esta reforma que propone el PRIAN del Pacto por México en telecomunicaciones atiende a un diseño estructural de la administración pública federal encaminado a garantizar...

Señor presidente, usted es testigo de cómo han estado boicoteando mi intervención. Le pido tolerancia para culminar.

Sé que lo que yo digo en tribuna les duele mucho porque decimos verdades. Estar hablando de que esta reforma prianista es un diseño estructural de la administración pública federal encaminado a garantizar las inversiones extranjeras y orientar el desarrollo nacional como una economía periférica del gran capital.

A ello atendió la reforma laboral, la reforma a la Ley de Amparo, la reforma que hoy se aprobará, así como las reformas al sistema financiero y de energía que pronto ustedes van a querer aprobar aquí. Lamento la falta de criterio y sé que los ciudadanos actuales y en el futuro van a juzgar la actitud de ustedes, señores y señoras diputadas. Muchas gracias, buenas noches.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

Doña Luisa María Alcalde, tiene usted el uso de la voz. Adelante, diputada, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. Como todos ya saben, el tema del must offer y must carry ha generado una gran polémica alrededor de la reforma de telecomunicaciones en los últimos días. Y con debida razón, ya que repercutirá directamente en los bolsillos de la gente y en el esquema de competencia económica efectiva.

Pongámoslo en términos claros. El must offer y el must carry significan la obligación de otorgar gratuitamente la señal de televisión abierta a los concesionarios de televisión de paga y la consecuente obligación de éstos para retransmitirla de manera gratuita a los usuarios.

Es decir que, ya sea de forma directa o a través de la televisión de paga, los usuarios tienen el derecho a recibir sin costo los canales de televisión abierta. Porque, imaginen ustedes, si el que tiene los canales de televisión abierta le cobra al de televisión de paga, entonces el dueño de la televisión de paga les cobrará a sus usuarios, lo cual evidentemente debe estar prohibido, ya que versa sobre concesiones para televisión gratuita, aunque sea a través de un servicio de paga.

Por otro lado, establecer el must offer y el must carry en la Constitución no solo representa el cumplimiento de una obligación de gratuidad con los usuarios, sino que además representa una oportunidad para regular el mercado y permitir una auténtica competencia entre los prestadores del servicio.

Pregunto de qué se ríen algunos compañeros aquí. Pido que por favor guarden silencio. Por favor, presidente, como tanto solicitan respeto, ustedes también hagan lo propio.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Les ruego, por favor, pongamos atención a la diputada Alcalde.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias, presidente. Ya que el concesionario de televisión abierta no podrá imponer una tarifa para el otorgamiento de los canales abiertos a sus propios competidores en el mercado, imaginen qué competencia podrá haber si Televisa fija la tarifa para transmitir la señal a sus competidores, mientras más capacidad de competir le represente una empresa más cara le va a vender la señal.

En el actual dictamen se limita la obligación del must carry y el must offer en los casos en que se trate de agentes económicamente preponderantes. Es decir que formaliza que mientras más grande sea tu competencia, con más razón le vas a cobrar y alguien tendrá que pagar por ese costo adicional. Ciertamente no serán los proveedores del servicio, sino los usuarios.

Esta excepción a la regla general de gratuidad en la retrasmisión, en lugar de generar una situación de sana competencia, que tienda a bajar los precios para los usuarios, genera un favoritismo absurdo para Televisa y TV Azteca. Los concesionarios de la televisión abierta tienen una autorización para difusión gratuita de los contenidos, porque el espectro radioeléctrico sobre el que viaja su señal es propiedad de todos los mexicanos, no suya.

Es por ello que proponemos que en todos los casos se aplique la regla internacional de gratuidad y que no exista ninguna excepción para permitir un verdadero ambiente de competitividad económica en la radiodifusión, y sobre todo para no generar una carga económica adicional a los usuarios finales, que finalmente son a quienes debería de beneficiar esta reforma. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Quiere de una vez presentar su otra reserva?

La diputada Luisa María Alcalde Luján: No, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a discusión la reserva de la diputada Alcalde.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

Don Alfonso Durazo, tiene usted el uso de la voz. Va a presentar reserva del octavo transitorio, fracción III.

El diputado Alfonso Durazo Montaño: Presidente, compañeras y compañeros, hemos pasado ya un buen número de horas, en el transcurso de las cuales han ido y venido los nombres de Carlos Slim, de Emilio Azcárraga, de Ricardo Salinas como si sus intereses estuvieran realmente en disputa. La realidad es que a estos personajes, y a todos aquellos poseedores de grandes capitales, los unen relaciones más fuertes y profundas que los intereses superficiales que los confrontan.

Por eso creo, propongo modificar el paradigma para legislar, que en lugar de estar pensando en la toma de decisiones legislativas en función de los intereses de esos grandes grupos tengamos como objetivo el beneficio de los ciudadanos, porque finalmente los dueños de esos grandes capitales e intereses terminan por ponerse de acuerdo y, si eventualmente los enfrentaran los intereses, termina por unirlos el modelo.

Bajo esa lógica propongo una reserva. Digo que el duopolio televisivo y el cuasimonopolio de telecomunicaciones han tenido de rodillas, por años ya, al sistema político mexicano en general y a los políticos en particular.

La redacción propuesta, avanzan ahora en poner de rodillas también a los consumidores. La redacción propuesta en la fracción III del artículo octavo transitorio, del dictamen en discusión, propone criterios para que el Ifetel determine la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Con este fin se define que el criterio para considerar a un agente económico preponderante, será una participación nacional mayor al 50 por ciento en los siguientes rubros: número de usuarios, el tráfico en sus redes y la capacidad utilizada de las mismas.

Estos criterios son adecuados para medir la concentración en los mercados de telefonía, Internet, televisión por cable o vía satélite. Sin embargo, ninguno de los tres servirá para cuantificar la presencia de agentes económicos predominantes en el mercado de televisión abierta.

Esta grave omisión excluye del ámbito regulador del Ifetel al mercado que probablemente más lo necesita, que es el de la radiodifusión y particularmente el de la televisión.

Si no proveemos al Ifetel de un marco legal adecuado para fomentar la competencia en el mercado televisivo, seguiremos solapando las prácticas monopólicas, que al amparo del poder han caracterizado el comportamiento de las televisoras.

Por eso, proponemos agregar unas cuantas palabras en el transitorio octavo, en la fracción III del transitorio octavo, agregar a los parámetros de medición para definir la preponderancia lo siguiente: Los ingresos por concepto de venta de publicidad, audiencia o cobertura. Eso es todo y gracias por la atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta de don Alfonso Durazo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Doña Magdalena Núñez Monreal, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Reserva al artículo octavo transitorio del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que presento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El objetivo de esta reserva es incluir al Canal del Congreso y al Canal Judicial a la reforma constitucional de telecomunicaciones con el propósito de ampliar el espectro de difusión y de alcance de la señal de los canales como parte de la necesidad de difundir las actividades de los poderes Legislativo y Judicial, y que éstas tengan mayor cercanía con la ciudadanía.

El Canal del Congreso es un medio de información público de no menor importancia, ya que permite a los ciudadanos seguir puntualmente la toma de decisiones en las tribunas. De igual forma, el Canal del Congreso y el Canal Judicial son herramientas que favorecen a la democracia, puesto que los ciudadanos pueden ver en tiempo real las votaciones y las decisiones que toman o dejan de tomar sus representantes en los Poderes de la Unión.

El ministro Silva Mesa calificó así al Canal Judicial, en mayo de 2011, como bien público, el Canal Judicial contribuye a generar valor democrático, apoya a la sociedad y al debate nacional al proveer información fidedigna e imparcial que lo ayude a involucrarse tanto en los temas nacionales como en los internacionales.

De igual forma, el Canal del Congreso podría entrar en los calificativos emitidos por el ministro presidente. Como se indica en la presentación de las políticas de comunicación del Canal del Congreso, el Canal del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es un medio de comunicación de carácter público que cobra importancia y significación por ser el órgano de información y de comunicación del Congreso de la Unión, uno de los tres poderes del Estado mexicano.

El Estado es el rector de la planeación democrática del desarrollo nacional, a fin de garantizar y consolidar la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

El Canal del Congreso como medio de comunicación con vocación de servicio público contribuye a informar, analizar y discutir la situación de la realidad nacional al anteponer en el espacio público los intereses de la nación a los de particulares o de grupo y al recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad.

Estos canales sirven, además, como mecanismos de transparencia y acceso a la información de una forma rápida y eficiente para la ciudadanía sobre las actividades que realizan los diputados, senadores y ministros de la Suprema Corte.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se propone adicionar una fracción VII al artículo octavo transitorio para quedar como sigue.

VII. Promover y celebrar los convenios necesarios con las televisoras, y el Canal del Congreso y el Canal Judicial, a fin de garantizar la transmisión de las sesiones en televisión de paga y en televisión abierta para temas de interés nacional. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta de doña Magdalena Núñez Monreal.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

Doña Carmen Lucia Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional, tiene una reserva del décimo transitorio y se propone también una adición de un párrafo tercero.

La diputada Carmen Lucia Pérez Camarena: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna a nombre de muchas mujeres y muchos hombres, de muchas madres de familia y padres de familia, de muchas ciudadanas y de muchos ciudadanos que hoy están preocupados por los contenidos que están viendo nuestras niñas y nuestros niños.

Es muy lamentable cómo se denigra la imagen de las mujeres y se incita a la violencia a los hombres. Es por ello que hoy retomamos una de las demandas más sentidas por un amplio sector de nuestra sociedad, la que pugna por que los medios de comunicación logren presentar contenidos que promuevan condiciones de equidad entre mujeres y hombres y el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

He coincidido con mi compañera Isabel Ortiz, con mis compañeras todas de Acción Nacional y con muchas otras de los diferentes partidos, a quienes invito a que apoyen esta propuesta, en que es necesario garantizar que los contenidos que se transmiten a través de los medios de comunicación tengan mensajes propositivos sin estereotipos que generen conductas discriminatorias y ofensivas contra las mujeres, niñas, niños o adolescentes.

En este sentido consideramos relevante que, en el contexto de la discusión de esta tan importante reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que realizamos en este momento, tenemos la gran oportunidad para proponer que los medios de comunicación, con el potencial que tienen para incidir en la población, promuevan un trato respetuoso, igualitario y libre de violencia entre mujeres y hombres en aras de fomentar un sano desarrollo entre niñas y niños.

Creemos que de lograrse lo anterior conseguiremos disminuir paulatinamente eliminar la utilización de estereotipos del lenguaje discriminatorio y ofensivo, que en muchas ocasiones legitima socialmente patrones de violencia que son replicados por niñas, niños o algún miembro de la familia.

Estamos convencidas en que el Estado debe garantizar, desde la Constitución, el derecho de las mujeres y los hombres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia a través de información transmitida en medios de comunicación que fomenten el respeto a los valores y sobre todo a los derechos humanos universales.

Finalmente, quiero resaltar que la presente reserva permitiría a esta honorable Cámara legislar en armonía con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y del interés superior de la niñez.

Por lo anterior, en esta reserva se propone adicionar un párrafo último al artículo décimo primero del dictamen en comento en los siguientes términos:

Artículo décimo primero, último párrafo: Los medios de comunicación deberán promover el trato respetuoso, igualitario y libre de violencia entre mujeres y hombres, además de fomentar el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes a través de la difusión y emisión de los contenidos en programas, y de la publicidad, que promuevan el respeto de cada uno de los derechos humanos. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de las diputadas.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

Doña Luisa María Alcalde Luján, finalmente para una reserva del décimo cuarto transitorio, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Bueno finalmente llegamos a la última reserva. Espero que puedan poner un poco de atención, porque considero que es un tema fundamental.

Debemos partir de la afirmación de que los medios de comunicación son propiedad de la nación, de la sociedad, de las mexicanas y mexicanos, todos somos los dueños. Entonces, si sabemos que es un bien de la nación, ¿por qué la discusión se centra en definir a cuál grupo empresarial se deben otorgar las concesiones? O ¿cómo y quiénes lo van a regular? ¿Dónde quedamos el resto? ¿Dónde queda más del 99 por ciento de los que no alcanzan el capital necesario para competir en el mercado de las concesiones de televisión y radio?

Mucho se ha hablado en esta iniciativa sobre limitar a los monopolios para garantizar diversidad de contenidos, nuevos canales y nuevos competidores. Pero, ¿qué pasa con el derecho a participar activamente en la producción y difusión de contenidos? ¿Por qué si el espectro es de todos, no todos podemos tener aspiración a participar?

Debemos considerar otorgar el 10 por ciento, mínimo, de las concesiones del espectro radioeléctrico a los medios sociales, culturales, comunitarios e indígenas porque solo así avanzaremos en la lucha por democratizar los medios. Ésa es nuestra verdadera batalla, limitar a los monopolios es solo un medio para lograrlo.

Si garantizamos la participación del 10 por ciento permitiremos que se generen contenidos contextualizados a la realidad de las distintas comunidades del país, pero a la vez permitiremos descentralizar el discurso televisivo y de radio, acercando a los distintos pueblos, permitiendo que la gente de Chihuahua conozca mejor a la de Yucatán, o la del Istmo a la del Golfo.

Deseamos que las universidades puedan tener un canal de televisión y radio, los artistas independientes, las comunidades rurales. Es imprescindible que garanticemos un esquema de otorgamiento de concesiones que no opere bajo la dinámica del mercado, sino sobre parámetros de calidad, de creatividad, ingenio, promoción de la cultura, conocimiento, ciencia y arte. Un esquema donde lo único que no sea tomado en cuenta sea la cantidad de dinero que tienes para invertir.

Lo mismo con las comunidades indígenas. Habiéndose construido nuestro país a partir de una vastísima riqueza cultural e indígena, me pregunto ¿acaso ellos no tienen derecho a participar? ¿Por qué no pueden difundir sus tradiciones, sus cantos, sus bailes, sus lenguas?

Es increíble que las radios comunitarias estén batallando para subsistir. Es increíble que haya pueblos aislados que no puedan comunicarse, cuando ellos son los dueños del espectro radioeléctrico.

Los mexicanos somos todas nuestras tradiciones y las nuevas por venir. Tenemos distintos acentos de orígenes y en lugar de privilegiar la diversidad y la pluralidad cultural tendemos a una homogeneización que parte del centro del país y solo muestra una mínima parte de lo que somos. México no es la palabra que designa al territorio que ahora se reparten los millonarios. México es su sociedad, sus comunidades y sus pueblos indígenas.

¿Es mucho pedir el 10 por ciento de una propiedad social para que esa se reparta entre nuestros pueblos? Confío en que al menos nos demos la oportunidad de discutir este tema. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.

Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, a efecto de recabar votación nominal de los artículos transitorios sexto, séptimo, octavo, decimoprimero, decimocuarto y decimoquinto del dictamen con modificaciones aceptadas por la asamblea.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos.

(Votación)

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 393 votos a favor, 58 en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados los transitorios sexto, séptimo, octavo, decimoprimero, decimocuarto y decimoquinto. Aprobado en lo general y en lo particular en los términos del dictamen y con las modificaciones presentadas por la comisión, y aprobadas por el pleno, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado, para los efectos constitucionales.

*PROPOSICIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia aprovecha el momento para comunicar que, en términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida el registro para la siguiente sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 4:10 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 2 de abril a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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* Las proposiciones se encuentran en el Anexo VIII de esta sesión.