Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Se va proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

(Lista de asistencia)

¿Falta algún legislador o legisladora? Hay 33 legisladoras y legisladores presentes.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:37 horas): Se abre la sesión.

OFICIOS REMITIDOS POR EL CONGRESO DE MICHOACAN

La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido para la senadora Iris Vianey. Dígame, senadora, ¿con qué objeto?

La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (desde la curul): Buenos días. Para consultar si el orden del día —porque no lo vi en la publicación— contiene los oficios que se remitieron del Congreso del estado de Michoacán, que son tres, para ser comunicados a esta Comisión Permanente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sí. Se dará cuenta del oficio al que usted hace referencia, senadora.

La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza(desde la curul): Gracias.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer receso.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 8 de enero de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Cámara de Senadores

Con el que remite oficio suscrito por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, con el que remite el Informe correspondiente a la visita realizada con la Delegación Mexicana del Senado de la República, a la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP 19, que se llevó a cabo en la Ciudad de Varsovia, Polonia.

Con el que remite oficio suscrito por el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, con el que remite el Informe correspondiente a los trabajos realizados en la XII Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas y la XI Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, celebrada en Brasilia, Brasil.

Con el que remite el Informe Anual de Actividades de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que durante el mes de noviembre de 2013, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Con la que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de noviembre de 2013, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de 2012, la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de 2013 y la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública al mes de noviembre del año en curso.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Con el que remite el Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el Estado de Guerrero.

Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Con el que remite el informe final de la evaluación estratégica de la Política Pública de Micro Créditos del Gobierno Federal, 2009-2012.

Con el que remite el informe del diagnóstico de los indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México el 23 de julio de 2013.

Con el que remite el acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el crecimiento verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012.

Con el que remite la enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto a la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012.

Con los que remite nueve contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con los que remite veintiún contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

Del Gobierno del Estado de Coahuila

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el que este Órgano Legislativo condena las disposiciones de las autoridades del Municipio de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos humanos, a la libertad y a la diversidad cultural y social de sus habitantes.

Del Gobierno del Estado de Jalisco

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México.

Del Gobierno del Estado de Zacatecas

Con el que remite de la Secretaría de las Mujeres del Estado, contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la organización y desarrollo de un sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres.

Con el que remite del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Zacatecas, contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la estrategia de movilidad integral en las localidades del país.

Del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Patrimonio Cultural Inmaterial de la danza de los viejos de la Huasteca.

Del Congreso del Estado de Jalisco

Con el que remite acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en base a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se conforme una Comisión Especial que atienda y dé seguimiento en especifico al tema de los ex trabajadores migrantes que tienen derecho al reembolso del apoyo del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Con el que remite Acuerdo por el que solicita se instruya a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en México, la revisión y ajuste del salario mínimo en México a efecto de que se recupere real y eficazmente el poder adquisitivo de los mexicanos.

Iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con proyecto de decreto que reforma el Artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. (Turno a Comisión)

Iniciativa del Congreso del Estado de Jalisco

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, suscrita por los diputados Jorge Herrera Delgado, Celia Isabel Gauna Ruiz de León y Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona la fracción VII al Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, suscrita por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Alliet Mariana Bautista Bravo y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y de la Secretaría de Economía, para que fomenten la compra y producción de juguetes mexicanos artesanales, suscrito por la diputada Regina Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del municipio de Ensenada y al Gobierno del estado de Baja California, a fin de que se dé marcha atrás a las modificaciones en el Reglamento de zonificación y uso de suelo de los valles vitivinícolas de Ensenada, suscrito por el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la SHCP, haga del conocimiento público un desglose del impacto a las finanzas públicas derivado del decreto publicado en el DOF del 26 de diciembre del 2013, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado, suscrito por los diputados Roxana Luna Porquillo y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al SAT, a cumplir con los derechos fundamentales de los gobernados en la publicación de la lista de contribuyentes incumplidos, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que se destinen los recursos económicos, materiales y humanos, a fin de que se repare a la brevedad posible el tramo afectado por los hundimientos del día 28 de diciembre de 2013, en la autopista Tijuana–Ensenada, del estado de Baja California, suscrito por el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, instruya al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que amplíe el programa “Viajemos Seguras”, en todas las líneas que conforman esa red de transporte colectivo, suscrito por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, al GDF y a los gobiernos de las entidades federativas, prevean y promuevan la implementación de centros de acopio para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina, suscrito por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, para que empleen los medios diplomáticos necesarios y contacte a las autoridades de los Estados Unidos de América, a fin de que agilicen las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez y de las demás personas que están en su misma situación, suscrito por la senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que exhorta al Senado de la República a continuar con los trabajos legislativos para decretar al 2014 como Año del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, suscrito por la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo al incremento de precios en alimentos, ocasionado por la reforma hacendaria, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT, a fin de que se restablezca la circulación por la autopista panorámica que va de Tijuana a Ensenada, del estado de Baja California, suscrito por el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Profeco, tome las medidas pertinentes a fin de vigilar el alza injustificada de precios durante el primer trimestre del año 2014, combatiendo así la llamada “cuesta de enero”, suscrito por el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la PGR, informe de los servidores públicos bajo proceso, que hayan retardado la procuración o administración de justicia en materia de feminicidio, a partir del 15 de junio de 2012 al 3 de enero del 2014, suscrito por la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que solicita a la SHCP y a la CFE, explique la forma en que se calculan los subsidios al consumo de energía eléctrica por tipo de tarifa, consumos mínimos del consumidor y consideraciones de regionalización, suscrito por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suscrito por el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, se refuercen las medidas emprendidas hacia la prevención del embarazo en adolescentes, suscrito por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar diversas medidas y acciones a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del IVA en la región y franja fronteriza, suscrito por los diputados Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental, suscrito por el senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Cinematografía, a efecto de que realice un Homenaje al crítico de cine, Lic. Gustavo García, suscrito por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la SEP y a sus homólogas en las Entidades Federativas y en el DF, para que incluyan la impartición de una asignatura que integre los temas de derechos humanos, la igualdad de género y la prevención de la trata de personas en los Planes y Programas de Estudio, en los niveles de la Educación básica y Media Superior, suscrito por los diputados Crystal Tovar Aragón y José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se extiende un reconocimiento a la destacada labor de las mujeres y hombres dedicados a la enfermería en México, suscrito por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, a definir un nuevo modelo de comunicación con el movimiento zapatista, suscrito por el senador Zoé Robledo A., del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que exhorta a las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados a votar en contra de la minuta del senado que extienda la privatización y precarización de las guarderías del IMSS, suscrito por los diputados Verónica Beatriz Juárez Piña y José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal y sus dependencias a aplicar la reforma fiscal con apego a los principios de austeridad, beneficio social y respeto a los derechos humanos, suscrito por el senador Zoé Robledo A., del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal, adopte las medidas necesarias para impulsar el inicio de un proceso sostenido de recuperación del poder adquisitivo del salario, suscrito por el diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que exhorta a los Congresos Estatales, para que sometan a su consideración las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción, enviadas por el Congreso de la Unión, suscrito por los senadores Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo A., del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Profeco, a llevar a cabo una verificación administrativa a los proveedores de productos, con la finalidad de proteger los derechos y cultura del consumidor, y en su caso, se apliquen las medidas y sanciones correspondientes a que haya lugar, suscrito por los diputados Roxana Luna Porquillo y Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo en relación al decreto número 064, por el que el Congreso del estado de Quintana Roo, aprueba la concesión que otorga el Ejecutivo de la entidad para el establecimiento, operación y prestación del servicio de centros de verificación vehicular, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios relativos a la situación que prevalece en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos a la situación política nacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios relativos a la aprobación de la reforma energética en el Constituyente Permanente, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efeméride

Con motivo del 6 de enero, Día de las y los enfermeros, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 8 de enero, Aniversario del natalicio del Francisco González Bocanegra, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles dieciocho de diciembre de dos mil trece, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintiocho legisladores, a las once horas con tres minutos del miércoles dieciocho de diciembre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la Sesión de Instalación, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite oficio suscrito por la senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, por el que informa la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del dieciséis de diciembre del año en curso. De enterado. Comuníquese.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite el Informe Anual de Desempeño dos mil doce-dos mil trece de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

• Con la que remite el Primer Informe Semestral de Actividades dos mil doce del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores.

• Con las que remiten seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores. Remítase a la Cámara de Senadores.

• Con las que remiten dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondientes al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. Remítase a la Cámara de Senadores.

c) De la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato, del Congreso del estado de San Luis Potosí, y de la Delegación Iztacalco del Distrito Federal, con las que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a los sesenta años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la presunta comisión de responsabilidades administrativas del Titular de la Subdirección General del Deporte y funcionarios involucrados. Se remite a las Comisiones de Deporte, y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de la Contraloría del estado de Querétaro, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la vigilancia de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas del Presupuesto de Egresos de la Federación. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

f) De Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Con la que remite el Calendario Mensual del pronóstico de los ingresos de la Federación que se espera obtener en el Ejercicio Fiscal dos mil catorce.

• Con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de noviembre de dos mil trece, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de dos mil doce.

Se remiten a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.

g) De la Secretaría de Desarrollo Social, con la que remite la Evaluación en materia del diseño del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (S-241) dos mil trece. Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Desarrollo Social, de la Cámara de Senadores.

h) De la Dirección General del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con la que remite el Informe Semestral de Labores del Instituto, correspondiente al periodo del primero de junio al quince de noviembre de dos mil trece. Se remite a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

i) De la Comisión Reguladora de Energía, con la que remite el Informe de Labores dos mil doce, sobre el desempeño de sus funciones. Se remite a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.

j) De la Comisión Federal de Competencia Económica, con la que remite su Primer Informe Trimestral septiembre-diciembre dos mil trece. Se remite a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

k) Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la que remite su Primer Informe Trimestral de actividades septiembre-diciembre dos mil trece. Se remite a la Comisión de Comunicaciones, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Senadores.

l) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la que remite Iniciativa Con Proyecto de Decreto que reforma el artículo ciento veintidós, Apartado C, Base Primera, fracción quinta, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

m) Del estado de Nuevo León, con la que remite Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que, una vez hecho el cómputo respectivo, se han recibido veinticuatro votos aprobatorios de las Legislaturas de los Estados, en relación con el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía.

Tras certificar lo anterior, puestos todos de pie, el Presidente emite la siguiente declaratoria:

“Con fundamento en lo que dispone el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declaran reformados y adicionados los artículos veinticinco; veintisiete y veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía”. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El Presidente hace constar que el expediente respectivo se encuentran los votos aprobatorios de los Congresos de los siguientes estados: Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Coahuila; Chiapas; Chihuahua; Durango; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco; México; Nayarit; Nuevo León; Puebla; Querétaro; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Sonora; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán; y Zacatecas. Para referirse a la Declaratoria intervienen los legisladores: diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo; senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México; senador Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática; senador Javier Lozano Alarcón, del Partido Acción Nacional; y el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Partido Revolucionario Institucional.

En su oportunidad y desde su curul el realiza moción de procedimiento el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; relativo a la reforma constitucional en materia de energía. El Presidente instruye su publicación en Gaceta Parlamentaria y su incorporación al expediente correspondiente.

Se da cuenta con acuerdo de la Mesa Directiva:

• Relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se da cuenta con oficios de la Cámara de Senadores:

• Con el que remite Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de enero de dos mil catorce, y el Presupuesto ejercido durante el mes de Noviembre del año en curso.

• Por el que informa que el ciudadano General de División Diplomado de Estado Mayor, Noé Sandoval Alcázar, fue designado como Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los legisladores:

• Senador Héctor Yunes Landa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos quinto, treinta y cuatro; y treinta y ocho de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, de la Cámara de Senadores.

• Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, y suscrita por la diputada Leslie Pantoja Hernández, ambos del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo trescientos trece de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Ricardo Mejía Berdeja, a nombre propio y de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, que expide la Ley General de Playas Sustentables. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión, ambas de la Cámara de Diputados.

• Diputado Javier Orihuela García, suscrita por el diputado José Luis Muñoz Soria, ambos del Partido de la Revolución Democrática, y diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que reforma el artículo treinta y ocho de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Presidencia de la senadoraLizbeth Hernández Lecona

El Presidente somete a consideración de la Asamblea el acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a los legisladores:

• Senadora Mely Romero Celis, del Partido Revolucionario Institucional, que modifica las tarifas de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado el trece de diciembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro los legisladores: diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Partido Revolucionario Institucional; senador Zoe Alejandro Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una propuesta de modificación, que en votación económica se acepta por la Asamblea; y en contra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo con la modificación aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

• Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, por el que se invita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a realizar con el Senado de la República, un convenio de colaboración, a fin de promover, capacitar y difundir los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro los legisladores: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; senador Jesús Casillas Romero, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México; e Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una propuesta de modificación, que en votación económica se acepta por la Asamblea. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo con la modificación aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

• Diputado Ricardo Mejía Berdeja, a nombre propio y de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a dialogar con la ciudadanía del Distrito Federal movilizada en contra del aumento a la tarifa del metro y se solicita se garantice el ejercicio pleno de las garantías individuales y el derecho a la libre manifestación de inconformes. En votación económica no se considera de urgente resolución. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo, para dictamen.

En el capítulo de Agenda Política hacen comentarios relativos:

• Al cómputo de la aprobación por parte de las legislaturas estatales de la reforma constitucional, en materia energética, los diputados: Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México; senador Zoe Alejandro Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional; y el diputado Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional. Para rectificación de hechos el diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática.

Se da cuenta con acuerdo de la Mesa Directiva relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente, al cual la secretaría da lectura de manera íntegra. Sin oradores registrados en votación económica se aprueba. Comuníquese.

Desde su curul el senador Zoe Alejandro Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática, realiza moción de ilustración y solicita a la Presidencia dar lectura al artículo veintiuno de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidenta obsequia dicha solicitud e instruye a la Secretaría a dar lectura.

La Presidenta informa que las demás iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo inscritas en el orden del día se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta levanta la sesión a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos y cita para la que tendrá lugar el miércoles ocho de enero del dos mil catorce, a las once horas.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.

Queremos agradecer y destacar la presencia en este salón Legisladores de la República, del doctor Juan Carlos Cassinelli Cali, asambleísta presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional de Ecuador, invitado por el diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión le da a usted la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento del diálogo, la colaboración y la hermandad entre nuestras naciones. Sea usted bienvenido a esta sede de la Comisión Permanente.

Proceda la Secretaría.

CONFERENCIA SOBRE CAMBIO CLIMATICO DE NACIONES UNIDAS, COP 19

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: «Comisión Especial de Cambio Climático.

Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Estimado presidente:

Por este medio, envío a usted el informe que corresponde a la visita que hizo su servidora junto con la delegación mexicana del Senado de la República a la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP 19), que se llevó a cabo en Varsovia, Polonia, entre el 11 y el 23 de noviembre de 2013

Agradezco a usted girar sus instrucciones para que pueda ser integrado dentro del orden del día de la sesión por celebrarse el 13 de los actuales.

Asimismo, le solicito se sirva hacer manifiesto públicamente mi reconocimiento al equipo de servidores públicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Semarnat, Inecc, Embajada de México en Polonia, Conanp, Conafor, y otras instituciones que en todo momento estuvieron participando de manera muy profesional y de verdadero compromiso con México.

Sin otro particular, aprovecho el medio para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente

México, DF, a.12 de diciembre de 2013.— Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica), Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

CONFEDERACION PARLAMENTARIA DE LAS AMERICAS

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Por este medio, en nombre de la delegación mexicana ante la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), remito el informe correspondiente a los trabajos realizados en la XII Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas y la XI reunión anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, celebrada en Brasilia, Brasil, del 13 al 16 de octubre del 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9, fracción VIII, del Reglamento del Senado de la República, se acompaña para los fines procedentes el informe a que se ha hecho referencia.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

México, DF, a 19 de noviembre de 2013.— Senador Miguel Ángel Chico Herrera (rúbrica), Presidente de la Delegación Mexicana ante COPA.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

COMISION ESPECIAL PARA EL ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Comisión Permanente.— Presentes.

Para los efectos correspondientes, remito a ustedes el informe anual de actividades de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2014.— Senador José Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Informo a esta asamblea —como ha sido ya planteado por la senadora Iris Vianey— que se recibió comunicación suscrita por el presidente del Congreso del estado de Michoacán sobre el trámite seguido a la reforma constitucional en materia de energía.

En virtud de que esta comunicación se refiere a la recibida previamente por el propio Congreso del estado de Michoacán, se informa a esta asamblea que será la Mesa Directiva quien resuelva lo conducente en su próxima reunión. Por ahora instruyo que se retire de la página de Internet de la Cámara de Diputados el voto del Congreso del estado de Michoacán.

Proceda la Secretaría.

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de noviembre de 2013, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; animales vivos; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agropecuarios; productos farmacéuticos y material de curación; productos químicos, entre otros.

El total de bienes destinados en el mes de noviembre de 2013 fue de 744 mil 423 bienes; los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como: pieza, kilogramo, cabeza y litro, se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Julio César Sánchez Gamiño (rúbrica), administrador Central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de noviembre de 2013.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de 2012.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de 2013. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 30 de diciembre de 2013.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

INFORME ESPECIAL SOBRE LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA Y LA SEGURIDAD PUBLICA EN GUERRERO

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Por medio del presente comunico a usted que esta comisión nacional ha emitido el Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero, en el cual se dirigen varias propuestas a diversas autoridades, con el fin de que los derechos humanos de la población guerrerense sean respetados.

Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 19 de diciembre de 2013.— Doctor Raúl Plascencia Villanueva (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores.

INFORME DE LA EVALUACION ESTRATEGICA DE LA POLITICA PUBLICA DE MICROCREDITOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 2009-2012

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de generar información útil y oportuna para la toma de decisiones, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social, así como en cumplimiento del numeral 25 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2009 y el numeral 22 del PAE de 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) coordinó la Evaluación Estratégica de la Política Pública de Microcréditos del Gobierno Federal, 2009-2012.

La Evaluación Estratégica de la Política Pública de Microcréditos del Gobierno Federal, 2009-2012 ha tenido como objetivo analizar de manera integral los programas de microcréditos o subsidios para el financiamiento de proyectos productivos del gobierno federal durante el periodo 2009-2012. Con base en el diseño de los programas, sus instrumentos y sus objetivos, se discute hasta qué punto los programas están diseñados con un enfoque integral y territorial, si coadyuvan a potenciar los ingresos de sus beneficiarios y si pueden ser considerados elementos constitutivos de lo que podría denominarse una política pública.

Me permito enviarle el informe final de la evaluación en comento, que fue coordinada por el Coneval, en espera de que sea útil para las importantes funciones que usted desempeña.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 13 de diciembre de 2013.— Doctor Gonzalo Hernández Licona (rúbrica), secretario ejecutivo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y de la Cámara de Senadores.

INDICADORES DE ACCESO Y USO EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE AFILIADOS AL SEGURO POPULAR

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento del artículo 44 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, que señala que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá contar con indicadores de seguimiento y evaluar el Sistema de Protección Social en Salud con base en indicadores que consideren el acceso y uso efectivo, este consejo ha desarrollado el documento Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular.

El estudio contiene un diagnóstico de indicadores relacionados con dimensiones del acceso y uso efectivo de los servicios de salud: disponibilidad, accesibilidad, utilización y calidad, con base en información pública. Me permito enviarle el informe del estudio, en espera de que sea útil para las importantes funciones que usted desempeña.

Le agradezco de antemano la atención del presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 13 de diciembre de 2013.— Doctor Gonzalo Hernández Licona (rúbrica), secretario ejecutivo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y de la Cámara de Senadores.

TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE REPUBLICA DOMINICANA

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 3.2026/2013, signado por el licenciado Alejandro Gómez Sánchez, consejero adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, al que anexa el comunicado por el cual el ciudadano presidente de la república presenta ante ese órgano legislativo el Tratado de Extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el plenipotenciario de México el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México.

Lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito adjuntar al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicha enmienda, acompañada de un memorándum de antecedentes, a efecto de que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión tenga a bien considerarlo durante el próximo periodo de sesiones ordinarias.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 19 de diciembre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Consejería Jurídica del Ejecitivo Federal.— Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito enviar a usted original y copia, con firma autógrafa, de los comunicados mediante los cuales se someten a aprobación del Senado de la República los siguientes instrumentos internacionales (de los cuales se adjunta copia certificada):

1. Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012, cuyo fin es dar inicio a un segundo periodo de compromisos para reducir gradualmente las emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el plenipotenciario de México en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012, que tiene por objeto hacer del Instituto Global para el Crecimiento Verde un organismo internacional encargado de integrar, promover y difundir iniciativas de vanguardia basadas en el modelo de crecimiento sustentable, el cual busca la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la inclusión social, así como la sustentabilidad ambiental.

3. Tratado de Extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el plenipotenciario de México el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México, el cual busca mejorar la cooperación entre ambos países con la intención de reprimir la delincuencia y contar con un marco jurídico actualizado en el combate al crimen organizado transnacional.

Lo anterior, con la atenta solicitud que por su digno conducto, los comunicados referidos, así como las copias certificadas de los instrumentos internacionales en comento, sean presentados ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, conforme a lo establecido en el artículo 78, fracción III, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 89, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 17 de diciembre de 2013.— Licenciado Alejandro Gómez Sánchez (rúbrica), consejero adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales; en tal virtud me permito exponer a esa soberanía lo siguiente:

El 23 de julio de 2013 el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el Tratado de Extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Dominicana.

Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico bilateral en materia de procuración de justicia, el cual está compuesto por el Tratado sobre Cooperación en Materia de Combate al Tráfico Ilícito, Abuso de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y Delitos Conexos, firmado en la Ciudad de México, en agosto de 1997, y por el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado en Santo Domingo, en agosto de 2012, el Tratado de Extradición suscrito por ambos Estados, busca hacer más eficiente el combate a la delincuencia organizada, así como disminuir la impunidad del crimen organizado transnacional.

En ese sentido, el tratado compromete a las partes a entregarse recíprocamente en extradición a aquellas personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte Requirente hayan iniciado un proceso penal o sean requeridas para la imposición o ejecución de una sentencia que implique pena privativa de la libertad.

De igual forma, determina las causas por las cuales los Estados parte podrán denegar una extradición, dentro de las que destacan la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, así como cuando la persona que se pretenda extraditar haya sido juzgada y sancionada por el mismo delito en el Estado requirente o en un tercer Estado.

El instrumento regula la entrega de objetos de valor o documentos relacionados con el delito que dio origen a la extradición, con la finalidad de que los mismos sean utilizados como pruebas durante el proceso de investigación.

Establece el principio de especialidad, el cual dispone que la persona extraditada conforme al tratado no será detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de la parte requirente por uno distinto de aquél por el cual se concedió la extradición.

También estipula que la parte requerida podrá, después de haber concedido la extradición y a petición de la parte requirente, entregar temporalmente a la persona reclamada, con el fin de que pueda ser procesada en la parte requirente durante la ejecución de la sentencia en la parte requerida.

Por lo anterior y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el tratado en comento a consideración de la honorable Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del tratado).

Reitero a usted, ciudadano presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a trece de diciembre de dos mil trece.— Enrique Peña Nieto (rúbrica) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL INSTITUTO GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO VERDE

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 3.2026/2013 signado por el licenciado Alejandro Gómez Sánchez, consejero adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, al que anexa el comunicado por el cual el presidente de la República presenta ante ese órgano legislativo, el acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el plenipotenciario de México en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012.

Lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito adjuntar al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho acuerdo acompañada de un memorándum de antecedentes, a efecto de que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión tenga a bien considerarlo durante el próximo periodo de sesiones ordinarias.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 19 de diciembre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Consejería Jurídica del Ejecitivo Federal.— Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito enviar a usted original y copia, con firma autógrafa, de los comunicados mediante los cuales se someten a aprobación del Senado de la República los siguientes instrumentos internacionales (de los cuales se adjunta copia certificada):

1. Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012, cuyo fin es dar inicio a un segundo periodo de compromisos para reducir gradualmente las emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el plenipotenciario de México en Río de Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012, que tiene por objeto hacer del Instituto Global para el Crecimiento Verde, un organismo internacional encargado de integrar, promover y difundir iniciativas de vanguardia basadas en el modelo de crecimiento sustentable, el cual busca la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la inclusión social, así como la sustentabilidad ambiental.

3. Tratado de Extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el plenipotenciario de México el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México, el cual busca mejorar la cooperación entre ambos países con la intención de reprimir la delincuencia y contar con un marco jurídico actualizado en el combate al crimen organizado transnacional.

Lo anterior, con la atenta solicitud que por su digno conducto, los comunicados referidos, así como las copias certificadas de los instrumentos internacionales en comento, sean presentados ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, conforme a lo establecido en el artículo 78, fracción III, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 17 de diciembre de 2013.— Licenciado Alejandro Gómez Sánchez (rúbrica), consejero adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado; en tal virtud, me permito exponer a esa soberanía lo siguiente:

El 12 de octubre de 2012, el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, abierto a firma el 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, el cual tiene por objeto hacer del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés) un organismo internacional.

El GGGI es un instituto de investigaciones con sede en Seúl, República de Corea, fundado el 16 de junio de 2010 bajo la premisa de que el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental no son únicamente objetivos compatibles, sino que su integración es esencial para el futuro de la humanidad. El GGGI tiene oficinas regionales en Copenhague, Dinamarca, y en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

El objetivo del GGGI es integrar, promover y difundir iniciativas de vanguardia basadas en el modelo de crecimiento sustentable, el cual busca la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la inclusión social, así como la sustentabilidad ambiental. Para lograr dicho objetivo, el GGGI promueve la inversión y la innovación para crea sectores productivos que abran nuevas modalidades de negocios.

Al ser transformado el GGGI en un organismo internacional, México podrá participar en las actividades que desarrolla el instituto, así como en la labor que lleva a cabo a nivel internacional para promover la adopción de un modelo de crecimiento económico y de desarrollo sostenible.

Asimismo, nuestro país tendrá la posibilidad de recibir del GGGI apoyo para al desarrollo de estudios, diseño y ejecución de estrategias, planes, políticas y proyectos de crecimiento verde que brinden herramientas a los tres niveles de gobierno y al sector privado y social para la mejora en el desempeño ambiental.

De igual forma, esta acción fortalecerá el papel de México como actor global en la promoción del desarrollo sostenible y el crecimiento verde como modelo de crecimiento económico compatible con el desarrollo social y la protección al medio ambiente, lo que dará la posibilidad de posicionar a nuestro país como promotor de las distintas iniciativas internacionales con objetivos afines. La participación de México en este nuevo organismo internacional permitirá al país ser beneficiarios de proyectos específicos de crecimiento verde.

Por lo anterior y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el acuerdo en comento a consideración de la honorable Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del acuerdo).

Reitero a usted, ciudadano presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a trece de diciembre de dos mil trece.— Enrique Peña Nieto (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

ENMIENDA DE DOHA AL PROTOCOLO DE KYOTO A LA CONVENCION MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 3.2026/2013, signado por el licenciado Alejandro Gómez Sánchez, consejero adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, al que anexa el comunicado por el cual el ciudadano presidente de la república presenta ante ese órgano legislativo la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012.

Lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito adjuntar al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicha enmienda, acompañada de un memorándum de antecedentes, a efecto de que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión tenga a bien considerarlo durante el próximo periodo de sesiones ordinarias.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 19 de diciembre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Consejería Jurídica del Ejecitivo Federal.— Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito enviar a usted original y copia, con firma autógrafa, de los comunicados mediante los cuales se someten a aprobación del Senado de la República los siguientes instrumentos internacionales (de los cuales se adjunta copia certificada):

1. Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012, cuyo fin es dar inicio a un segundo periodo de compromisos para reducir gradualmente las emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el plenipotenciario de México en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012, que tiene por objeto hacer del Instituto Global para el Crecimiento Verde un organismo internacional encargado de integrar, promover y difundir iniciativas de vanguardia basadas en el modelo de crecimiento sustentable, el cual busca la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la inclusión social, así como la sustentabilidad ambiental.

3. Tratado de Extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el plenipotenciario de México el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México, el cual busca mejorar la cooperación entre ambos países con la intención de reprimir la delincuencia y contar con un marco jurídico actualizado en el combate al crimen organizado transnacional.

Lo anterior, con la atenta solicitud que por su digno conducto, los comunicados referidos, así como las copias certificadas de los instrumentos internacionales en comento, sean presentados ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, conforme a lo establecido en el artículo 78, fracción III, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 89, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 17 de diciembre de 2013.— Licenciado Alejandro Gómez Sánchez (rúbrica), consejero adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales; en tal virtud me permito exponer a esa soberanía lo siguiente:

El 8 de diciembre de 2012, se adoptó en Doha, Qatar, la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en el marco de la Octava Conferencia de las Partes del Protocolo de Kyoto.

El Protocolo de Kyoto fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Este Protocolo refuerza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), al ofrecer una serie de medidas correctivas frente a los efectos negativos del cambio climático.

El principal objetivo del Protocolo es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. La principal característica del Protocolo es ser un instrumento jurídicamente vinculante, relativo a la obligación mundial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El Protocolo de Kyoto se negoció bajo el principio “responsabilidad compartida, pero diferenciada”, por ello los países se dividieron en dos secciones: los primeros se comprometieron a disminuir su porcentaje de emisiones so pena de ser sancionados (listados en el anexo B del protocolo); los segundos, México incluido, se comprometían a realizar esfuerzos domésticos para contrarrestar la problemática, sin sanción alguna en caso de incumplimiento.

Los países que figuran en el anexo B del protocolo (la mayoría de los países son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE– y países con economías en transición) acordaron reducir sus emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero (listados en el anexo A del protocolo) a un nivel inferior al 5% de los emitidos en 1990, esto durante el primer período de compromiso comprendido entre 2008 y 2012.

A fin de facilitar el cumplimiento de los compromisos de los países y promover el desarrollo sustentable, el Protocolo de Kyoto instauró tres mecanismos de mercado, entre ellos, el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), que permite el intercambio de emisiones entre países desarrollados y en vías de desarrollo. México se ha beneficiado del MDL y desde agosto de 2013, es el 4° país en número de proyectos registrados ante la Junta Ejecutiva de dicho mecanismo.

La Conferencia de Doha resolvió cuestiones de suma importancia que permitirán el inicio de un segundo periodo de compromisos, mismo que comenzará en 2013 y concluirá en 2017 o 2020, dependiendo de las obligaciones contraídas por cada Estado. En ese sentido, los gobiernos que adquirieron compromisos para esta segunda etapa (incluidos en el anexo I de la Enmienda de Doha), acordaron reducir sus emisiones globales al menos en un 18 por ciento por debajo de los niveles de 1990.

Dado lo bajo de porcentaje de reducción de emisiones acordado, se convino que cada Estado con un compromiso cuantificado de limitación o reducción de las emisiones presentaría información antes del 30 de abril de 2014 sobre la forma en que va a incrementar su compromiso. La información presentada por los Estados será considerada en una mesa redonda ministerial de alto nivel que se celebrará durante el periodo de sesiones de junio de 2014, y después se elaborará un informe sobre dicha mesa redonda que será remitido a la Conferencia de las Partes de la CMNUCC ya la décima Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto.

Para abordar el periodo que comprende de la adopción de la Enmienda de Doha a su entrada vigor, se decidió que los Estados podían aplicar de manera provisional la Enmienda en comento. También se decidió que si una de las Partes no aplica provisionalmente la Enmienda, cumplirá sus compromisos y demás responsabilidades relacionadas con el segundo periodo de compromiso de un modo que sea compatible con su legislación nacional.

México ha tenido un papel muy activo en las negociaciones internacionales sobre cambio climático, pues ha realizado esfuerzos continuos para cumplir sus compromisos ante la CMNUCC a pesar de no se estar obligado a reducir sus emisiones de GEI (no se encuentra en ninguna de las listas).

La aceptación de la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto, que materializa un segundo periodo de compromisos es, para México, un elemento importante en la construcción de un régimen climático ambicioso, efectivo y funcional.

Por lo anterior y con base en lo previsto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto la enmienda en comento a consideración de la honorable Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su aceptación (se anexa copia certificada de la Enmienda de Doha).

Reitero a usted, ciudadano presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a trece de diciembre de dos mil trece.— Enrique Peña Nieto (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

INDUSTRIA NAVAL MEXICANA

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-7-221, signado por el diputado Francisco Arroyo Vyera, en ese entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.2013.DGVP.876, suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a implementar políticas que fortalezcan e impulsen la industria naval mexicana a fin de incrementar sus capacidades, infraestructura y tecnología y se reactive su participación en el desarrollo del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 18 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En seguimiento al oficio SEL/UEL/31l/3370/12, con fecha 14 de diciembre de 2012, me permito enviar respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión relativo al siguiente resolutivo:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía, a que en la esfera de su competencia, implemente políticas que fortalezcan e impulsen la industria naval mexicana a fin de incrementar sus capacidades, infraestructura y tecnología y se reactive su participación en el desarrollo del país.

Segundo...”

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que esta Secretaría de Economía reconoce la importancia del transporte marítimo, ya que es el principal modo de realizar el comercio internacional y representa más de 80% del comercio internacional de mercancías. A diferencia de otros medios de transporte (aéreo, carretero, ferroviario), permite enviar grandes cantidades de mercancía a un coste muy económico.

La industria naval ha estado abandonada por más de 25 años y la demanda interna actual por flotas navieras no está cubierta con la oferta que existe en México. La Secretaría de Marina (“Marina”) es la única que construye buques en México y dada su infraestructura se ha tenido la necesidad de recurrir a astilleros extranjeros ya que ni la Marina ni la ni los astilleros privados nacionales tienen la capacidad para construir embarcaciones mayores.

No obstante lo anterior, existen condiciones para que la Marina apoye a los navieros nacionales e implementar un programa a corto y mediano plazos con la finalidad de que embarcaciones de menor calado se construyan en el país. Por otra parte, Petróleos Mexicanos ha implementado diferentes procesos y convenios tanto con la industria de construcción naval nacional, como con la de otros países de forma complementaria en capacidades y tecnología. Este proceso abarca el periodo 2013-2018 y tiene entre sus objetivos el fomento y desarrollo de la industria naval nacional.

Por otra parte, la Dirección General de Industrias y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía ha sostenido reuniones de trabajo con el Grupo Promotor de la Industria Naval e Industria Auxiliar (la más reciente el pasado 29 de octubre), cuyo objetivo consiste en crear un programa de trabajo que permita reimpulsar la marina Mercante Mexicana, manifestando que será importante continuar las actividades con el Grupo Promotor para explorar las posibilidades que tiene esta Secretaría, en el ámbito de sus facultades, con el propósito de impulsar y fortalecer la industria naviera nacional.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, se solicita atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la información contenida en el presente, en la forma que se estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2013.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

PROGRAMA SOLO SONORA

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-8-2617 signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.-III.-440/2013 suscrito por el licenciado Flavio Varela Pineda, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a analizar y adoptar las medidas necesarias para extender el ámbito de aplicación del programa Sólo Sonora a los límites de la entidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 19 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Valentín Martínez Garza, encargado de despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En relación al oficio número SEL/UEL/311/1890/13, le remito a usted para su conocimiento, el oficio número 350-A-III-081 que hace llegar al suscrito el licenciado Víctor M. Almiray Jaramillo, director general adjunto de Legislación Aduanera y Comercio Exterior, de la Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dando respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 5 de noviembre pasado, respecto al exhorto de medidas necesarias para extender el ámbito de aplicación del programa Solo Sonora a los límites de la entidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2013.— Licenciado Flavio Varela Pineda (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Flavio Varela Pineda, Jefe de Unidad de Apoyo Técnico.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/1890/13 de fecha 6 de noviembre del presente año, a través del cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 5 de noviembre de 2013; en los siguientes términos:

“Único. Con pleno reconocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, se exhorta respetuosamente al gobierno de Sonora y al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se analicen y, en su caso, se adopten las medidas necesarias para extender el ámbito de aplicación del programa Solo Sonora a los límites de la entidad.”

Al respecto, se toma nota del exhorto vertido en dicho resolutivo en el ámbito de las facultades de esta unidad administrativa, el cual se analizará técnica y jurídicamente en el marco de las medidas que esta secretaría instrumenta en materia de comercio exterior y aduanal.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2013.— Licenciado Víctor Manuel Altamirano Jaramillo (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

ARANCEL DE IMPORTACION DEL LIMON PERSA

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-2725, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 100.- III.- 443/ 2013, suscrito por el licenciado Flavio Varela Pineda, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a gravar nuevamente con una tasa de 20 por ciento el arancel de importación del limón persa (Citrus latifolia) mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Segob.— Presente.

Con relación al oficio número SEL/UEL/311/2000/13, de fecha 27 de noviembre de 2013, remito a usted para su conocimiento y atención el oficio número 350-A-III-089, que hace llegar al suscrito el licenciado Víctor Manuel Almiray Jaramillo, director general adjunto de Legislación Aduanera y Comercio Exterior de la Subsecretaría de Ingresos, en respuesta del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2013, respecto al exhorto realizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “para que en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 4, fracción I, de la Ley de Comercio Exterior, se grave nuevamente con una tasa de 20 por ciento el arancel de importación del limón persa (Citrus latifolia) mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación”.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, Distrito Federal, a 18 de diciembre de 2013.— Licenciado Flavio Varela Pineda (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Flavio Varela Pineda, jefe de Unidad de Apoyo Técnico.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/2000/13, de fecha 27 de noviembre de 2013, signdo por el maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Segob, a través del cual hace del conocimiento que por oficio DGPL 62-II-8-2725 el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2013, que a la letra dice:

“Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de las secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 4, fracción I, de la Ley de Comercio Exterior, se grave nuevamente con una tasa de 20 por ciento el arancel de importación del limón persa (Citrus latifolia) mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.”

Al respecto le informo que el 13 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, a través del cual se restablece el arancel aplicable a la importación de las distintas variedades del limón, incluidos el limón persa (Citrus latifolia).

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, Distrito Federal, a 13 de diciembre de 2013.— Licenciado Víctor Manuel Almiray Jaramillo (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a las Comisiones de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

PRESUNTA COMISION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS HECHAS POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-2773, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número UR 120 UCE/ CECU/ 0740/13, suscrito por el licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a investigar y fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados por la presunta comisión de responsabilidades administrativas hechas por el subdirector general del Deporte.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/2002/13, a través del cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación hizo del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión relacionado con el exhorto al comisionado nacional de Cultura Física y Deporte a instruir al contralor interno para que investigue y finque responsabilidades a servidores públicos involucrados en la presunta comisión de responsabilidades administrativas.

En virtud de lo anterior, envío copia del oficio número CNYAJ/ 4201/ 2013, suscrito por el licenciado Enrique Cebrecos Ruiz, coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, organismo descentralizado de esta secretaría, con los comentarios correspondientes.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2013.— Licenciado Adrián Guerra Yáñez (rúbrica), coordinador de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública.— Presente.

Atiendo el oficio número UR 120 UCE/ CECU/ 0709/ 13, referencia 0417, de fecha 3 de diciembre del año en curso, recibido en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte el 5 de diciembre del presente año, y en el que adjunta copia del oficio número SEL/ UEL/ 311/ 2002/ 13, de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, relativo al punto de acuerdo de la sesión celebrada el 26 de noviembre de 2013 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Al respecto, hago de su conocimiento que a través del oficio número DGPL 62-II-8-2774, de fecha 26 de noviembre de 2013, el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Cámara de Diputados, remitió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte el acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conade en el punto primero a instruir al contralor interno para que se investigue y finquen responsabilidades a los servidores públicos involucrados por la presunta comisión de responsabilidades administrativas hechas por el subdirector general del Deporte, así como en el punto segundo para que revise el estado que guardan los procedimientos para la liberación de recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

El oficio referido se atendió a través de nuestro similar número DG 101.241/ 13, suscrito por el director general de nuestra entidad, en el que se informa que el contralor interno en la Conade ha sido instruido para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Asimismo, se anexó la información relativa al estado que guardan los procedimientos para la liberación de recursos, y se reiteró que esa información se envía los viernes a través de correos electrónicos dirigidos a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados.

No omito manifestarle que se adjunta copia del oficio mencionado en el párrafo anterior.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2013.—Enrique Cebrecos Ruiz (rúbrica), coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente se informa que en cumplimiento de su oficio numero DGPL 62-II-8-2774, en desahogo del resolutivo primero, se instruyó al contralor interno en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a fin de investigar y fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados por la presunta comisión de responsabilidades administrativas hechas por el subdirector general del Deporte en el desempeño de sus facultades y atribuciones para que, en su caso, imponga las sanciones aplicables en los términos de la ley.

El resultado será notificado una vez que el contralor interno en la comisión genere las resoluciones pertinentes.

De igual manera, atendiendo el resolutivo segundo del mismo oficio, se anexa al presente la respuesta solicitada en forma descriptiva donde se explica ampliamente el estado que guardan todos los municipios para la liberación de recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte realiza un seguimiento puntual de los procedimientos mencionados. La información generada de dicho seguimiento se entrega todos los viernes vía correo electrónico a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados.

En espera de que la información proporcionada sea de su entera satisfacción, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de noviembre de 2013.— Licenciado Jesús Mena Campos (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a las Comisiones de Deporte y de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

ACCIONES PERTINENTES A FIN DE QUE LAS MUJERES CONOZCAN Y HAGAN USO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS INSTRUMENTOS QUE YA EXISTEN PARA DEFENDER SUS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-2-950 signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número INMUJERES/SE/740/2013 suscrito por la licenciada Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a establecer las acciones pertinentes a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos que ya existen para defender sus derechos político-electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden e impugnen.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 19 de diciembre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de la República.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por este medio y en atención a su oficio SEL/300/1775/13, mediante el cual hace del conocimiento de la licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, le informo que tomamos nota del respetuoso exhorto que la Cámara de Diputados realiza al gobernador y al secretario de Gobierno del estado de Veracruz, así como a la sociedad en general y en particular a los medios de comunicación, respecto al punto de acuerdo segundo, que a la letra dice:

“Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer las acciones pertinentes a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos que ya existen para defender sus derechos político-electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden, impugnen”.

En atención a lo anterior, me permito hacerle llegar un ejemplar del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018, el cual cuenta con líneas de acción que permitan conocer a las mujeres sus derechos y hacer pleno ejercicio de ellos, asimismo, es importante destacar que al ser el Proigualdad un programa transversal, toda la administración pública federal dará cumplimiento al eje transversal 3, Perspectiva de Género, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el cual es primera vez que se integra al Plan Nacional de Desarrollo de esta manera.

Aprovecho la ocasión para felicitar a la Cámara de Diputados por el interés mostrado sobre la perspectiva de género, asimismo, le reitero el compromiso del instituto para lograr la igualdad sustantiva y de oportunidades, así como una vida libre de violencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2013.— Licenciada Marcela Eternod Arámburu (rúbrica), secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.»

«Mensaje del presidente Enrique Peña Nieto:

El México del presente es un espacio abierto para las mujeres. Su participación en todos los ámbitos cada vez es mayor: en la economía, en la educación, en la ciencia, en la cultura, en la empresa, en la familia, en la política, en el gobierno e, incluso, en nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, aún se requieren políticas que consoliden esta presencia en un marco de igualdad sustantiva ante la ley y en los hechos, como establece nuestra Constitución.

Las instituciones públicas deben ser aliadas permanentes de las mujeres. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 hace patente este compromiso, estableciendo que, en las políticas públicas diseñadas e implementadas desde el gobierno de la república, tendrá que incorporarse la perspectiva de igualdad de género. En este sentido, se presenta el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, Proigualdad 2013-2018. Esta es la primera vez que el gobierno incorpora como eje transversal la perspectiva de género en su programación estratégica.

El programa que tiene en sus manos permitirá a México avanzar, con la participación de sus mujeres, en las cinco grandes metas que esta administración se ha propuesto alcanzar. Por ejemplo, al prevenir y sancionar la violencia de género, se contribuye a alcanzar un México en paz. Asimismo, al fortalecer las capacidades de mujeres residentes en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se avanza en la meta de lograr un México incluyente.

Por otro lado, respecto a la meta de tener un México con educación de calidad, se promueven acciones afirmativas en todos los niveles educativos, áreas del conocimiento e investigación. En cuanto a alcanzar un México próspero, se busca incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado, y facilitar su actividad microempresarial y lograr la corresponsabilidad social. Finalmente, para lograr un México con responsabilidad global, se armoniza la legislación nacional con las convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres.

Estas son sólo algunas de las estrategias para hacer de la perspectiva de género una política transversal del gobierno de la república. Para dar seguimiento a las líneas de acción de este programa, se establecen responsables e indicadores pertinentes, claros y factibles. Este programa es un gran avance para alcanzar la igualdad plena y sustantiva entre mujeres y hombres. Con él también avanzamos en un compromiso de este gobierno: transformar, para bien, la vida de las mujeres mexicanas; respetar y hacer valer cada uno de sus derechos y conseguir una sociedad que valora y reconoce a sus mujeres. En suma, una sociedad más digna, justa, próspera e incluyente.

Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Mensaje de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres:

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos a las mujeres y niñas mexicanas, vivir en la igualdad, convivir en armonía en un país libre de violencia, es el reto que debemos enfrentar. Con este objetivo se incorporó por primera vez la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) como un eje transversal para las metas nacionales, lo que significa que se coloca la igualdad entre mujeres y hombres en el centro de la programación gubernamental. En este contexto, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad) es el marco de acción que permitirá alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

En la presente administración emprenderemos una transformación a fondo en favor de las mujeres, desde el Poder Ejecutivo, para articular acciones con los otros Poderes de la Unión y órdenes de gobierno, que promuevan el desarrollo integral de las mujeres bajo los principios democráticos de igualdad y no discriminación.

México tiene hoy un andamiaje social construido con el esfuerzo de cientos de mujeres, muy favorable para que las mujeres podamos ejercer con plenitud nuestros derechos y acceder en los hechos a la igualdad sustantiva: tenemos reformas legislativas en materia de derechos humanos, una ley de igualdad entre mujeres y hombres, una ley contra la discriminación, y otra para vivir una vida libre de violencia; existen mandatos que obligan al diseño de políticas públicas que combatan la exclusión con acciones afirmativas a favor de las mujeres; y hay cientos de organizaciones, públicas y privadas, que han incorporado la perspectiva de género en su quehacer institucional. Esto genera un ambiente propicio para emprender los profundos y transformadores cambios que requieren las mujeres mexicanas de hoy, queremos participar en la construcción de nuestro futuro, queremos participar en la elección de nuestro destino. No sólo queremos estar presentes, queremos estar presentes con paridad en todos los espacios.

Para cimentar la Política Nacional de Igualdad, sumamos de manera decidida nuestros esfuerzos con los de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados, especialmente para garantizar que el presupuesto federal etiquetado se invierta en alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, para garantizar la inversión de los recursos en programas y proyectos que realmente beneficien a las mujeres mexicanas y poniendo especial atención en los grupos de mujeres menos favorecidas. Sumamos esfuerzos con la Comisión de Igualdad del Senado de la República para impulsar acciones articuladas que refuercen e impulsen la participación política paritaria de las mujeres. Sumamos visiones y consolidamos metas y objetivos con el Poder Judicial de la nación para impulsar una magna transformación de los mecanismos de procuración e impartición de justicia, sensibles al género.

Queremos comprometer a los gobiernos locales para que impulsen la igualdad sustantiva, para que le den voz a las mujeres, para que las incorporen con paridad en la toma de decisiones; queremos estrechar lazos y reforzar compromisos con los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas y en los municipios, en un esquema de corresponsabilidad y colaboración sin precedentes, uno de nuestros objetivos prioritarios es la consolidación de los institutos municipales y estatales de las mujeres.

Necesitamos impulsar acciones afirmativas en favor de las mujeres en todos los sectores, planes y programas de gobierno, como medidas de carácter temporal que permitirán que avancemos mucho más rápido en cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres que hoy se observan.

La Política Nacional de Igualdad es la estrategia del Estado mexicano que posibilitará una sociedad incluyente, próspera, pacífica y justa para mujeres y hombres, iguales ante la ley e iguales en los hechos. La Política Nacional de Igualdad es la expresión de la voluntad jurídica y política de un México democrático, incluyente y participativo, donde las mujeres tengan voz y voto, participen y decidan; pero también es la determinación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por hacer de la igualdad sustantiva una realidad para millones de mujeres y niñas mexicanas.

Tengo la certeza de que el Proigualdad 2013-2018 será la piedra angular de una transformación sin precedente para las mujeres en México.

Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

NUEVA REFINERIA EN TULA, HIDALGO

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL- D.G.P.L. 62-II-2614, signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DJ-SCJ-GJC-SACP-3119-2013, signado por el licenciado Horacio A. Arellano Díaz, gerente jurídico consultivo de Petróleos Mexicanos, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las razones por las que se ha decidido cancelar, en el plan de negocios 2014-2018 de la paraestatal, la construcción de una nueva refinería en Tula, Hidalgo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Petróleos Mexicanos.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hacemos referencia a los oficios número SEL/UEL/311/ 1892/13, de fecha 6 de noviembre de 2013, remitido a la directora general de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, así como a los diversos 500.-0162/2013, de fecha 11 de noviembre de 2013, emitido por el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, y D.G.P.L.62-II-2615, del 5 de noviembre de 2013, suscrito por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio de los cuales se hace del conocimiento del director general de Petróleos Mexicanos el acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, el día 5 de noviembre de 2013, el cual se transcribe a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, haga del conocimiento público las razones por las que se ha decidido cancelar, en el plan de negocios 2014-2018 de la paraestatal, la construcción de una nueva refinería en Tula, Hidalgo.”

Por instrucciones superiores, así como en atención a la solicitud formulada por la Unidad de Enlace Legislativo de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, con base en la información proporcionada por dicha unidad para ese efecto y de conformidad con lo señalado en los artículos 31, fracción III, y 139, fracción IV, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, y en los numerales cuarto y octavo de los Lineamientos para el Ejercicio de la Función Jurídica Institucional en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, así como con lo establecido en la fracción IX del artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; nos permitimos señalar lo siguiente:

En sesión celebrada el 6 de noviembre de 2013, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó en su primer punto de acuerdo, lo siguiente:

“Primero. Se solicita la comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados al director general de Petróleos Mexicanos, licenciado Emilio Lozoya Austin, para que exponga y explique el plan de negocios (sic) de Petróleos Mexicanos que recientemente fue anunciado.

...”

En ese sentido, el día 20 de noviembre del presente año, en atención al acuerdo antes señalado, el director general de Petróleos Mexicanos, maestro Emilio Lozoya Austin, acudió ante los integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, con la finalidad d exponer los principales elementos del plan de negocios 2014-2018 de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, así como para responder diversos cuestionamientos en torno a la construcción de la Nueva Refinería en Tula, Hidalgo.

Al respecto, tal y como se desprende de la página 31 de la versión estenográfica de la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, maestro Emilio Lozoya Austin, el 20 de noviembre del 2013 ante la Comisión de Energía de la honorable Cámara de Diputados, LXII Legislatura, mismo que se encuentra publicado en la siguiente dirección electrónica:

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=l&source=web&cd=3&cad=.rja&ved=OCDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdesarrollo.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F319791%2Fl106803%2Ffile%2FComparecencia_Pemex_20.11.13.pdf&ei=cWe4UuzjGe092gXlhoD4Dw&usg=AFQjCNEjReb3JI96d4w6vmkEPnsl_qbZRA

El Director General señaló que “...EI proyecto de la nueva refinería de Tula, se mantiene en la cartera de inversión de Pemex Refinación. Debido a restricciones presupuestales, éste se ha dividido en dos etapas que incluyen la reconfiguración de Tula, y la nueva capacidad de refinación en Tula. Esto se advierte en la literalidad del documento “Principales elementos del plan de negocio de Pemex y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018”, mismo que se encuentra publicado en la siguiente dirección electrónica:

http://www.pemex.com/acerca/informes publicaciones/ Documents/pn_14-18_131031.pdf

En el referido documento (introducción), en la página 1, párrafo cuarto, se establece que “...Con el fin de enfocarse en alcanzar los objetivos que conforman la ruta estratégica de Petróleos Mexicanos ya definida y dar continuidad a las acciones tomadas para la consecución de las metas, se mantienen los mismos objetivos planteados en la versión 2013-2017 del plan de negocios, excepto por el objetivo 15, sobre el que se hace un ajuste al nombre y al alcance para dar mayor enfoque en las oportunidades ya detectadas”.

Esperando que la información proporcionada en el presente oficio sea de utilidad, quedamos a sus órdenes.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2013.— Licenciado Horacio A. Arellano Díaz (rúbrica), gerente Jurídico Consultivo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

MUNICIPIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS, DE LA REGION DE LA MONTAÑA Y DE LA COSTA CHICA DE GUERRERO AFECTADOS POR LOS FENOMENOS INGRID Y MANUEL

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-2-947 signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGGR/ 2311 /2013 suscrito por el ciudadano Mariano González Aguirre, director general adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad de la Coordinación Nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a agilizar las acciones para la aplicación de recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender de manera pronta a los municipios y comunidades indígenas, de la región de la montaña y de la Costa Chica de Guerrero afectados por los fenómenos Ingrid y Manuel.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/300/1772/13, dirigido inicialmente al Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, por medio del cual informa que mediante oficio DGPL62-II-2-947 de fecha 6 de diciembre de 2013, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hacen del conocimiento de esta dependencia del Gobierno Federal el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano Legislativo, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2013, y en cuyos puntos resolutivos se señala:

La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, se agilicen las acciones y la aplicación de recursos e insumos para atender de manera pronta a los municipios y comunidades indígenas, de la región de la  montaña y de la Costa Chica del estado de Guerrero afectados por los fenómenos ‘Ingrid’ y ‘Manuel’...

Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, agilice el destino de recursos del Fondo de Desastres Naturales, especialmente para los municipios y comunidades indígenas del estado de Guerrero afectados por los fenómenos ‘Ingrid’ y ‘Manuel’...”

Al respecto y considerando que el asunto que nos ocupa fuera remitido a la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) para efectos de su debida atención, solicitamos atentamente a esa Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, ser el amable conducto para comunicar al vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión lo siguiente:

Esta unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación (Segob), comprende los daños y consecuencias que tuvieron los fenómenos naturales “Manuel” e “Ingrid” en los diversos sectores del estado de Guerrero, razón por la cual nos encontramos en completa disponibilidad de brindar la atención correspondiente en ámbito de nuestra competencia para ayudar, auxiliar y orientar a la población afectada.

En ese sentido, diremos que por cuanto hace a la materia de la Protección Civil, el Gobierno Federal mantiene, entre otros, el firme compromiso de velar por la integridad de los habitantes del país, atendiendo de manera oportuna todos los factores que pudieran interrumpir la estabilidad social, así como el ritmo de vida diaria de todos los mexicanos.

Para la consecución de ese objetivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, las dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal, y en general los tres niveles de gobierno, actualmente llevan a cabo acciones coordinadas y suman esfuerzos para salvaguardar la vida, la salud y el patrimonio de la población ante la ocurrencia de los fenómenos naturales perturbadores referidos en su escrito, de tal suerte que a la Segob, por conducto de esta DGGR únicamente le corresponde coordinar el acceso al programa Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

A ese respecto, comunicamos que al día de la fecha aún se continúan llevando a cabo diferentes acciones y diligencias tendientes a la autorización de recursos con cargo al Fonden, para atender los daños ocasionados por la ocurrencia de los fenómenos hidrometeorológicos “Manuel” e “Ingrid”.

Es importante mencionar que esta dependencia del Gobierno Federal, por conducto de la DGGR ha llevado a cabo diferentes acciones y diligencias tendientes a la autorización de suministros de auxilio y recursos con cargo a los instrumentos que integran al Fonden, para la debida atención de la ocurrencia de “Manuel” e “Ingrid” en esa entidad federativa.

Pormenorizando, diremos primeramente que la Segob brindó el apoyo correspondiente al gobierno del estado de Guerrero por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 14 de septiembre de 2013, emitiendo una Declaratoria de EmergenciaExtraordinaria para 49 municipios de esa entidad federativa, mediante el Boletín de Prensa 258/13, publicándose la misma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 23 de septiembre de 2013.

En virtud de esa Declaratoria de Emergencia se proporcionaron diversos suministros de auxilio como despensas, cobertores, colchonetas, kits de limpieza y kits de aseo personal, entre otros.

Asimismo, comunicamos a usted que en razón de la presencia de lluvia severa ocurrida los días 15 y 16 de septiembre de 2013, la Segob emitió, mediante el Boletín de Prensa 285/13, una Declaratoria de Emergencia para 24 municipios del estado de Guerrero, publicándose la misma en el DOF de fecha 30 de septiembre de 2013.

Cabe señalar que por esta última declaratoria se proporcionaron diversos suministros de auxilio, entre los que destacamos 36 mil 204 despensas; 75 mil 408 cobertores; 75 mil 408 colchonetas, 19 mil 102 kits de limpieza y 19 mil 102 kits de aseo personal, entre otros.

Por su parte, consideramos importante mencionar que la Segob emitió también dos Declaratorias de Desastre Natural para el estado de Guerrero por los eventos antes referidos, siendo la primera de ellas para 56 municipios de esa entidad federativa, por la ocurrencia de lluvia severa el día 14 de septiembre de 2013, publicándose en el DOF el 23 de septiembre de 2013.

Por virtud de esa declaratoria y en atención a la Instrucción Presidencial número IP-174 –relativa a agilizar el ejercicio de los recursos del Fonden, para que estos se asignen bajo estrictos criterios de control, de transparencia y de rendición de cuentas–, la Segob llevó a cabo las gestiones conducentes, de tal suerte que a la fecha se han autorizado recursos para la atención de los sectores Salud Estatal, Turismo Federal y Vivienda. Se encuentran en proceso de autorización recursos para los sectores Educativo Estatal, Educativo Federal, Carretero Estatal, Carretero Federal, Pesquero y Acuícola Federal, Hidráulico Estatal, Urbano, Residuos Sólidos, Forestal y de Viveros, Zonas Costeras e Hidráulico Federal.

La segunda de las declaratorias aludidas se emitió para 25 municipios del estado de Guerrero, por la ocurrencia de lluvia severa los días 15 y 16 de septiembre de 2013, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de septiembre de 2013.

Por razón de esta declaratoria y en atención a la ya mencionada Instrucción Presidencial número IP-174, la Segob llevó a cabo las gestiones conducentes que han derivado en la autorización de recursos para la atención de los sectores Salud Estatal, Hidráulico Federal, Hidráulico Estatal, Vivienda, Urbano y Carretero Federal. Se encuentran en proceso de autorización recursos para los sectores Educativo Estatal, Educativo Federal, Carretero Estatal y Forestal y de Viveros Federal.

Finalmente, me permito reiterar que esta DGGR se encuentra con toda la disposición de brindar conforme a nuestras atribuciones consagradas en la normatividad que nos regula, la ayuda correspondiente para poder abordar los grandes retos con los que vivimos actualmente, poniendo todo el empeño necesario para salir adelante, actuando de manera urgente y siempre en beneficio de los ciudadanos mexicanos.

Sin otro particular, reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.

Notas:

1  Que tiene como finalidad la adquisición de suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.

2  El DOF es el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene la función de publicar en el territorio nacional: leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la Federación, a fin de que éstos sean observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia.

3  Instrumento a través del cual se autorizan recursos económicos destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en la infraestructura de los sectores de competencia federal, o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal, así como a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por tales fenómenos.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”

México, DF, a 19 de diciembre de 2013.— José María Tapia Franco, Director General y Mariano González Aguirre (rúbrica), director general adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad. Con fundamento en los artículo 8o.; 10 fracción I y 132 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (DOF-02-IV-2013), en ausencia del Director General para la Gestión de Riesgos, lo firma.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

CONMEMORACION DEL CENTENARIO DE OCTAVIO PAZ

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-2-956 signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 103.- 00475 suscrito por la licenciada Patricia Cravioto Galindo, directora corporativa comercial del Servicio Postal Mexicano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la emisión extraordinaria de estampillas postales conmemorativas y especiales correspondientes al año 2014, con motivo de la conmemoración del centenario de Octavio Paz.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Gobernación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su atento oficio número SEL/300/1780/ 13 de fecha 6 de diciembre del año en curso, dirigido al licenciado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, por medio del cual le hace de su conocimiento el acuerdo aprobado por el pleno de órgano legislativo, en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2013, relacionada con la emisión de la estampilla postal con motivo del centenario del natalicio de Octavio Paz, al respecto me permito informarle lo siguiente:

La emisión de una estampilla postal conmemorativa con motivo de los 100 años del natalicio de Octavio Paz, ha sido incluida en el Programa de Emisiones Postales Conmemorativas y Especiales para el año 2014, la cual fue solicitada el pasado 16 de julio del año en curso por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y aprobada por la junta directiva de este organismo el 29 de noviembre del año actual.

Con base en lo anterior se está en proceso de realizar los trámites correspondientes con el Conaculta para el diseño, producción y emisión de la estampilla postal la cual está tentativamente programada para el próximo 31 de marzo de 2014.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de diciembre de 2013.— Licenciada Patricia Cravioto Galindo (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

ARANCEL DE IMPORTACION DEL LIMON PERSA

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-2725, signado por el diputado José González Martín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2013.DGVP.910, suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a gravar nuevamente con una tasa del 20 por ciento el arancel de importación del limón persa (Citrus latifolia), mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 7 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En seguimiento al oficio SEL/UEL/311/1999/13, con fecha 27 de noviembre de 2013, me permito enviar respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión relativo al siguiente resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 4, fracción I, de la Ley de Comercio Exterior, se grave nuevamente con una tasa del 20 por ciento el arancel de importación del limón persa (Citrus latifolia),mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que el pasado 13 de diciembre de 2013 fue publicado el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en el cual se establece el restablecimiento del arancel de limón “sin semilla” o lima persa (Citrus latifolia), con una tasa del 20 por ciento.

Para mayor referencia, se incluye anexo con copia del decreto y la ubicación de la modificación.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, se solicita atentamente que haga del conocimiento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la información contenida en el presente en la forma que se estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2013.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a las Comisiones de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES DE CIUDAD ACUÑA QUE ATENTAN CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Gobierno de gobierno de Coahuila.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente escrito, en atención a oficio número D.G.P.L. 62-II-4­930, relativo al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mismo que se aprobó en los siguientes términos:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena las medidas administrativas de las autoridades de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos humanos, la libertad y diversidad cultural y social de sus habitantes, y las exhorta a respetar los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación plasmados en la Constitución General de la República y diversas leyes secundarias, así como a erradicar la discriminación, tanto en el ámbito público como privado de su localidad.

Y respecto del cual, el ciudadano Rubén Moreira Valdez, gobernador constitucional de Coahuila de Zaragoza, instruyera a esta Dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación en el estado de Coahuila a efecto de atender, me informo lo siguiente:

Esta Dirección mediante actuación de oficio y en atención a notas que circularon en los medios de comunicación, emitió acuerdo con medidas y recomendaciones, consistentes en la realización de del taller denominado La institucionalización de la perspectiva de los derechos humanos en el quehacer gubernamental, dirigido a servidores públicos municipales de Ciudad Acuña, específicamente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Al respecto no omito comentar que a juicio de esta dependencia no se consumó ninguna medida administrativa por parte de las autoridades de Ciudad Acuña, por tanto, se recomendó la revisión del marco jurídico municipal en materia de seguridad pública, que pueda vulnerar derechos humanos no sólo de la comunidad LGBTTTI sino de cualquier persona que radique o transite por dicho territorio municipal.

Bajo este contexto, el pasado 25 de octubre, en la infoteca regional Profesor Federico Berrueto Ramón, del municipio de Ciudad Acuña, Coahuila, se realizó el referido taller, se abordaron los siguientes temas:

a) Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017.

b) El impacto de la reforma constitucional en la materia de derechos humanos (enfoque institucional en el quehacer gubernamental).

c) Protocolo para juzgar con perspectiva de género (enfoque institucional en el quehacer gubernamental).

d) Lenguaje homofóbico.

e) Ley para promover la Igualdad y prevenir la Discriminación en el estado de Coahuila de Zaragoza.

f) Criterios jurisprudenciales de los tribunales federales en la materia, sobre el principio de igualdad y no discriminación.

g) Reformas al marco jurídico estatal en la materia.

El taller incluyó un apartado de casos prácticos que involucraban el ejercicio de derechos por parte de integrantes de la comunidad LGBTTTI, en el cual los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal tuvieron participación activa en la atención y solución a los mismos, respecto de lo cual tanto el director de Seguridad Pública del municipio de Ciudad Acuña, general brigadier en retiro Javier Aguayo y Camargo, como el resto del personal mostró conocimientos generales en materia de derechos humanos y un buen criterio en la solución de los ejercicios, pero sobre todo una amplia disposición para recibir el taller.

Al efecto, adjunto al presente encontrará memoria fotográfica del taller en comento, con el cual se dio cabal cumplimiento al acuerdo emitido por esta instancia estatal.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Saltillo, Coahuila, a 3 de diciembre de 2013.— MD Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), directora para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

60 AÑOS DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS MUJERES AL VOTO EN MEXICO

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Ejecutivo.— Secretaría General de Gobierno.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones I y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, y en atención a su oficio D.G.P.L.62-II-6-0943, me permito remitirle copia del oficio número 572/IJN/Presidencia/2013 de la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, mediante el cual da respuesta a la comunicación de referencia.

Reciba un saludo cordial.

Atentamente

“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”

Guadalajara, Jalisco, a 2 de diciembre de 2013.— Maestro Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), secretario general de Gobierno.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Jalisco.— Gobierno del Estado.

Maestro Arturo Zamora Jiménez, Secretario General de Gobierno.— Presente.

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para dar respuesta a su oficio DIGELAG/OF. 948/2, relacionado al exhorto para realizar actividades para conmemorar el 60 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México.

Motivo por el cual me permito informar a usted las actividades en las que el instituto a mi cargo asistió y/o colaboró dentro del marco de las celebración del 60 Aniversario del Sufragio Femenino en México.

• El 11 de octubre del año en curso, se acudió a México, DF, a la conmemoración del 60 Aniversario del Voto de las Mujeres en Palacio Nacional, la cual fue presidida por el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

• El 17 de octubre se ofreció la conferencia magistral 60 años del voto femenino en  México, en el centro cultural José Atanasio Monroy en la XIX Semana Cultural Universitaria 60 años del voto femenino en México del CU Costa Sur, ubicado en Autlán de Navarro, Jalisco.

• El 18 de octubre se participó como panelista en el evento que el Instituto Federal Electoral, a través de la junta local ejecutiva en el estado de Jalisco, en la conmemoración del 60 aniversario del Voto de las Mujeres en México.

• El 22 de octubre la sala regional Guadalajara, del Supremo Tribunal Electoral de la Federación, en Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y el Instituto Jalisciense de las Mujeres, llevaron a cabo la celebración del 60 aniversario del sufragio femenino en México, en el auditorio de la sala regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• El 14 de noviembre, el Instituto Federal Electoral, el Centro Universitario de Educación Superior Hermosa Provincia, el ayuntamiento de Guadalajara, y el Instituto Jalisciense de las Mujeres, llevaron a cabo el foro Mujer, Fortaleza de México, en avenida Elisa Flores número 2270, colonia maestro Aarón Joaquín González.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva brindar al presente, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 15 de noviembre de 2013.— Licenciada Mariana Fernández Ramírez, Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

ORGANIZACION Y DESARROLLO DE UN SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Gobierno de Zacatecas.— Secretaría de las Mujeres

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención a los oficios número D.G.P.L. 62-II-2-953 y D.G.P.L. 62-II-2-955, de fecha 3 de diciembre de 2013, dirigidos al licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador del estado de Zacatecas, a través del cual se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas que aún no tengan conformado su Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, mismos que me fueran turnados para su atención, por este conducto y de la manera más atenta, me permito informarle que:

La instalación del Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas se llevó a cabo el 10 de junio de 2009 y desde entonces se sesiona de manera permanente, generándose hasta la fecha los siguientes instrumentos para el desarrollo de su trabajo:

• Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

• Plan de Acciones Afirmativas para los Servicios de Salud de Zacatecas;

• Plan de Acciones Afirmativas para el Sector Desarrollo Económico de Zacatecas;

• Plan de Acciones Afirmativas para el Sector Educación, y

• Plan de Acciones Afirmativas para el Sector Desarrollo Agropecuario.

Por otra parte, referente al exhorto que se realiza a los titulares de los Poderes Ejecutivos para incorporar en su presupuesto de egresos la asignación de recursos suficientes para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad, me permito informar a usted que la elaboración e integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la entidad corresponde a la Secretaría de Finanzas y a la Unidad de Planeación del ciudadano gobernador. Lo anterior, de conformidad con la fracción XII del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, el 4 de agosto de 2012.

En razón de ello, esta secretaría ha realizado diversas acciones de capacitación y sensibilización dirigidas a las áreas de planeación de las dependencias y entidades de la administración púbica estatal y municipales, a fin impulsar el diseño e implementación de políticas públicas y presupuestos que contribuyan a disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres.

Asimismo, me permito señalar que esta secretaría destina anualmente parte de su presupuesto al cumplimiento de diversas políticas en materia de igualdad, así como al funcionamiento del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En razón a ello, esta Secretaría se compromete a seguir impulsando políticas públicas que contribuyan a la consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en nuestra entidad.

Sin otro particular de momento, sirva el presente para externarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zacatecas, a 13 de diciembre de 2013.— Licenciada Angélica Náñez Rodríguez (rúbrica), secretaria.»

«Gobierno de Zacatecas.— Secretaría de las Mujeres

Licenciado Rafael Sescosse Soto, jefe de oficina del Ciudadano Gobernador.— Presente.

En atención a sus memorándums números 3463 y 3465, recibidos el 13 de diciembre, a través de los cuales remite a esta Secretaría los oficios número D.G.P.L. 62-II-2-953 y D.G.P.L. 62-II-2-955, suscritos por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a través de los cuales exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas que aún no tengan conformado su Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a que inicien las acciones pertinentes para su diseño, desarrollo y consolidación, tal y como lo establece la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y se asignen en el presupuesto de egresos recursos suficientes para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad, por este conducto y de la manera más atenta, me permito informarle que:

La instalación del Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas se llevó a cabo el 10 de junio de 2009 y desde entonces se sesiona de manera permanente, generándose hasta la fecha los siguientes instrumentos para el desarrollo de su trabajo:

• Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

• Plan de Acciones Afirmativas para los Servicios de Salud de Zacatecas;

• Plan de Acciones Afirmativas para el Sector Desarrollo Económico de Zacatecas;

• Plan de Acciones Afirmativas para el Sector Educación, y

• Plan de Acciones Afirmativas para el Sector Desarrollo Agropecuario.

Por otra parte, referente al exhorto que se realiza a los titulares de los Poderes Ejecutivos para incorporar en su presupuesto de egresos la asignación de recursos suficientes para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad, me permito informar a usted que la elaboración e integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la entidad corresponde a la Secretaría de Finanzas y a la Unidad de Planeación del ciudadano gobernador. Lo anterior, de conformidad con la fracción XII del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, el 4 de agosto de 2012. Por lo cual, respetuosamente me permito solicitarle que este exhorto se haga del conocimiento de los titulares de dichas instancias, a fin de que se tomen las medidas y acciones pertinentes para dar cumplimiento al mismo.

De igual manera, me permito señalar que la Secretaría de las Mujeres ha llevado a cabo diversas capacitaciones y sensibilizaciones, dirigidas a las áreas de planeación de las dependencias y entidades de la administración púbica estatal y municipales, a fin impulsar el diseño e implementación de políticas públicas que contribuyan a disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres. No obstante, nos ponemos a la> órdenes para coadyuvar en el diseño y construcción de políticas públicas, programas y presupuestos con perspectiva de género.

Finalmente, me permito mencionarle que anualmente esta Secretaría destina parte de su presupuesto al cumplimiento de diversas políticas en materia de igualdad, así como al funcionamiento del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Para verificación de lo anterior, anexo al presente el informe y evaluación de las actividades realizadas bajo el amparo de los lineamientos establecidos en el Programa Estatal para la Igualdad. Documento que consta de 20 fojas útiles.

Sin otro particular de momento, sirva el presente para externarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zacatecas, a 13 de diciembre de 2013.— Licenciada Angélica Náñez Rodríguez (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

ESTRATEGIA DE MOVILIDAD INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES DEL PAIS

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo.— Gobierno del Estado de Zacatecas.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En atención a su similar número D.G.P.L. 62-II-3-2013, expediente 1688, de fecha 2 de octubre del año en curso, en el cual exhorta al licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas, a considerar la creación o, en su caso, revisión de un marco jurídico idóneo que garantice la consecución de políticas que prioricen en el marco de sus respectivas competencias, funciones y facultades, las políticas de la movilidad urbana y humana, así como de acuerdo a sus planes integrales de desarrollo, consideren favorecer la creación de órganos administrativos encargados de la aplicación y ejecución de políticas encaminadas a fortalecer la movilidad humana de sus localidades, reforzando la infraestructura peatonal, ciclista y de transporte urbano, le informo que el gobierno de Zacatecas, comparte la prioridad que esta temática guarda al respecto, es por ello que en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el Programa Sectorial Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda 2011-2016, en el Programa de Desarrollo Urbano Zacatecas-Guadalupe 2012-2030, en el Programa Parcial del Centro Histórico de Zacatecas y, particularmente, en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable Zacatecas ­Guadalupe, ha establecido objetivos, estrategias y metas que apuntalen la realización de acciones contundentes en ello y derivado del cual se propone la realización del proyecto del Sistema de Transporte Integrado Zacatecas-Guadalupe, en el cual se propone infraestructura peatonal y transporte urbano, así como la creación de un ente gestor del tema de movilidad urbana y las reformas de ley que esto impone; y ha sido decisión del Consejo de Desarrollo Metropolitano de Zacatecas, así como del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano y del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, asignar recursos del Fondo Metropolitano 2013; para ello, que será parte de las acciones que den continuidad al tema de movilidad y a los recursos aplicados en 2012, en el tema de ciclovias, puentes peatonales y señalética.

Es por ello, que este gobierno se congratula en compartir tal política y solicita su apoyo para obtener mayores recursos sobre el particular. Y en forma conjunta dar sentido al dictamen emitido en que se nos exhorta a los gobiernos a favorecer la implantación de una estrategia de movilidad integral en sus localidades.

Atentamente

Zacatecas, Zacatecas, a 21 de noviembre de 2013.— Arquitecto José Francisco Ibargüengoytia Borrego (rúbrica), secretario técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para su conocimiento.

DANZA DE LOS VIEJITOS DE LA HUASTECA

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Diputado José González Morfín, Poder Legislativo Federal de la Cámara de Diputados.— Mesa Directiva, LXII Legislatura.— Presente.

En atención al exhorto que se hace al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes respecto a la solicitud de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión, en cuanto a colaborar en las acciones que garanticen la salvaguardia del Ceremonial de la Danza de los Viejos del Ayuntamiento de Tempoal, Veracruz, le informo que la Dirección General de Culturas Populares, a través de su Programa de Patrimonio Cultural Inmaterial, se coordinará con las autoridades locales y la comunidad portadora del elemento para trabajar en conjunto el plan de salvaguardia correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2013.— Arqueóloga Anna L. Goycoolea Artís (rúbrica), directora de Desarrollo Regional y Municipal.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

CULTIVO DE CAMARON EN EL NOROESTE DEL PAIS

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P2A.- 4415, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112.2.864/ 2013, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como del anexo que en él se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a implantar un programa especial para invertir en la reconversión de la actividad realizando acciones en pro de cultivos más sanos, con mejor tecnología, que permitan consolidar el cultivo de camarón en el noroeste del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 18 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

ACCIONES PARA COMBATIR EL CONTRABANDO, LA VENTA Y LA FABRICACION ILICITA DE PRODUCTOS DEL TABACO

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-1P2A.-5284 signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 170/ UCVPS/ DGAVS/ 995/ 2013, suscrito por el licenciado Rodrigo Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a las acciones tomadas para contrarrestar el contrabando, la venta y la fabricación ilícita de productos del tabaco, así como implantar estrategias que prevengan, combatan y sancionen el contrabando, la venta y la fabricación ilícita de cigarros apócrifos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 18 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

POLITICA DE COMBATE DE LA PESCA ILICITA EN BAJA CALIFORNIA SUR

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-1P2A.-4411, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112.2.865/ 2013, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo al estatus que guardan los permisos que se hayan otorgado a embarcaciones extranjeras para la captura del calamar gigante, en aguas marinas adyacentes a Baja California Sur, y reforzar las acciones de inspección y vigilancia pesquera, así como la coordinación con las autoridades locales de Baja California Sur, que participan en la política de combate de la pesca ilícita.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 18 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

ARTES DE PESCA SELECTIVAS

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-1P2A.-4408, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112.2.866/ 2013, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a fomentar, promover y realizar acciones tendentes a la construcción, la mejora y el equipamiento de embarcaciones de mediana altura, así como implantar las artes de pesca selectivas, mediante el apoyo de programas de sustitución y modernización.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 18 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

POLITICAS PUBLICAS CON VISION TRANSVERSAL Y PERSPECTIVA DE GENERO

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-1P2A.-5291, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número INMUJERES/ SE/ 735/ 2013, suscrito por la licenciada Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la implantación de políticas públicas con visión transversal y perspectiva de género a fin de lograr el empoderamiento de las mujeres rurales mexicanas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 17 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

PROBABLE COMISION DE DELITOS EN MATERIA ELECTORAL EN VERACRUZ

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-1P2A.- 3146, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGPPVCI/ V/ 2583/ 13, suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a enviar un informe público que no vulnere el proceso de investigación, sobre los avances y resultados de la averiguación previa iniciada a partir de la denuncia presentada ante ese órgano ministerial, el 17 de abril de 2013, por el diputado Humberto Alonso Morelli contra 57 servidores públicos federales y estatales en Veracruz, por la probable comisión de delitos en materia electoral.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 17 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

DENUNCIA PRESENTADA POR DAVID JORGE AGUILAR MERAZ, ANTE LA DELEGACION DEL ORGANO MINISTERIAL EN TAMAULIPAS

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-3139 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/V/2542/13 suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la denuncia presentada por el ciudadano David Jorge Aguilar Meraz, ante la delegación del órgano ministerial en Tamaulipas, el pasado 25 de junio de 2013.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 17 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

PERSECUCION DEL DELITO DE DIFUSION DE PORNOGRAFIA INFANTIL EN MEXICO

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P2A.- 3141, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGPPVCI/ V/ 2543/ 13, suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los resultados que se han obtenido en la persecución del delito de difusión de pornografía infantil en México, así como los factores que han contribuido a su crecimiento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 16 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

PRESUNTA DETENCION DEL DIPUTADO POR SAN LUIS POTOSI MANUEL AGUILAR ACUÑA

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P2A.- 3136, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGPPVCI/ V/ 2541/ 13, suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la presunta detención y puesta a disposición del Ministerio Público Federal del diputado Manuel Aguilar Acuña, integrante del Congreso de San Luis Potosí.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 16 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

PROTOCOLO PARA LA ELIMINACION DEL COMERCIO ILICITO DE PRODUCTOS DE TABACO

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P2A.- 5284, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número SSMH-01814/ 13, suscrito por el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la adhesión de los Estados Unidos Mexicanos al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, instrumento derivado del Convenio Marco para el Control del Tabaco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

MEDIDAS RESARCITORIAS PARA COMUNIDADES DE PESCADORES AFECTADAS POR DESPLAZAMIENTO EN LA SONDA DE CAMPECHE

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-581, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DJ-SCJ-GJC-SACP-3120-2013,, signado por el licenciado Horacio A. Arellano Díaz, gerente jurídico consultivo de Petróleos Mexicanos, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implementar medidas resarcitorias para comunidades de pescadores afectadas por las actividades de desplazamiento realizadas en la sonda de Campeche.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

TRATADO DE LIMITES ENTRE LOS GOBIERNOS DE MEXICO Y DE LA REPUBLICA DE BELICE

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-1677, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SSAL- 02779 /13, signado por la ciudadana Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria para América Latina y El Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las acciones necesarias para suscribir en breve un nuevo Tratado de Límites entre los Gobiernos de México y de la República de Belice.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

ELIMINACION DEL REQUISITO DE LA VISA PARA INGRESAR A MEXICO A LOS NACIONALES DE GUATEMALA Y CENTROAMERICA

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-1074, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SSAL- 02778 /13, signado por la ciudadana Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria para América Latina y El Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la autorización para eliminar el requisito de la visa para ingresar a México a los nacionales de Guatemala y Centroamérica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

CENTROS E INSTITUCIONES DE SALUD QUE BRINDAN LOS SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-4849, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/1004/2013, suscrito por el licenciado Rodriga Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a implementar de manera eficaz los cuidados paliativos y se realice una mayor difusión sobre los centros e instituciones de salud que brindan el servicio, en términos de la Ley General de Salud.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

LIBRO “OBESIDAD EN MEXICO, RECOMENDACIONES PARA UNA POLITICA DE ESTADO”

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-3969, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/1005/2013, suscrito por el licenciado Rodrigo Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo al contenido del libro Obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado, el cual propone el Grupo Multidisciplinario sobre la Obesidad de la Academia Nacional de Medicina, al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 7 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

MOSQUITO TRANSMISOR DEL DENGUE EN SUS VERTIENTES CLASICA Y HEMORRAGICA

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-4852, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/1006/2013, suscrito por el licenciado Rodrigo Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a mejorar las acciones y estrategias del operativo sanitario en los estados afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel y evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue en sus vertientes clásica y hemorrágica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 7 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

MEDIDAS RESARCITORIAS PARA COMUNIDADES DE PESCADORES AFECTADAS POR DESPLAZAMIENTO EN LA SONDA DE CAMPECHE

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-S81, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.876/2013, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a implementar alternativas ocupacionales y medidas compensatorias a favor de los pescadores y sociedades cooperativas afectadas por el establecimiento de las áreas de prevención y exclusión marítima en la sonda de Campeche, contenido en el acuerdo intersecretarial número 117 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 7 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

ETIQUETADO DOLPHIN-SAFE, CONDICION PARA EL INGRESO Y COMERCIALIZACION DE ATUN MEXICANO EN ESTADOS UNIDOS

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-4414, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.877/2013, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a las acciones emprendidas para dar solución de manera definitiva y favorable al caso del etiquetado Dolphin-Safe, a través del cual las autoridades estadounidenses condicionan el ingreso y comercialización de atún mexicano en su territorio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 7 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-4407, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.879/2013, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 7 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

IMPULSO A LA INVESTIGACION ACUICOLA A TRAVES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-4410, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.880/2013, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como del anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a impulsar la investigación acuícola a través del Instituto Nacional de Pesca, e incrementar la inversión en su capital humano, así como fortalecer y favorecer la calidad y oportunidad de la investigación acuícola.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 7 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

NORMA OFICIAL MEXICANA EN INOCUIDAD ACUICOLA Y PROGRAMAS EN MATERIA DE SANIDAD ACUICOLA

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-4413, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.881/2013, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como del anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a impulsar la Norma Oficial Mexicana en Inocuidad Acuícola y Programas en materia de Sanidad Acuícola, así como restablecer el desarrollo de la actividad productiva previsto en el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 7 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR MAYORES BENEFICIOS PERMANENTES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-2156, signado por el diputado Ricardo Anaya Cortés, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGANC/255/2013, suscrito por el ciudadano Leodegario Reyes Pérez, director general de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Desarrollo Social, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a llevar a cabo las acciones y medidas para implementar mayores beneficios permanentes para las personas de la tercera edad, así como unificar la edad considerada para ser un adulto mayor en México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de diciembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Valentín Martínez Garza, director general adjunto de Proceso Legislativo.— Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo.— Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al atento oficio número SEL/UEL/311/1401/ 13, de fecha 7 de agosto de 2013, por el cual se remitió el punto de acuerdo aprobado el 31 de julio del año en curso por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el cual se exhorta al Ejecutivo federal para que lleve a cabo acciones y medidas para implementar mayores beneficios permanentes para las personas de la tercera edad, que permitan el desarrollo integral de los adultos mayores.

Al respecto, me permito anexar al presente copia simple de los oficios números SDSH /DGAGP /DGAPPS /1365 /13, de fecha 14 de agosto de 2013, signado por el doctor Cristopher Ballinas Valdés, director general adjunto de Planeación y Promoción Social de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de esta Secretaría, así como el similar número DAF/560/2013, de fecha 16 de diciembre de 2013, signado por el licenciado Luis Abreu Giralt, Director de Administración y Finanzas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, sectorizado a esta dependencia, mediante los cuales se da contestación al punto de acuerdo ele referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de diciembre de 2013.— Leodegario Reyes Pérez (rúbrica), director general de Normatividad y Asuntos Contenciosos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Leodegario Reyes Pérez, Director General de Normatividad y Asuntos Contenciosos.—Presente.

En atención a su oficio número DGANC/117/2013, en donde se envía el punto de acuerdo aprobado el 31 de junio de 2013 por el Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el cual exhorta al Ejecutivo federal para que lleve a cabo acciones y medidas para implementar mayores beneficios permanentes para las personas de la tercera edad que permitan el desarrollo humano integral, le comento lo siguiente:

El Programa de Pensión para Adultos Mayores tiene como principal objetivo contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de la población adulta mayor que no cuenta con una pensión o jubilación de tipo contributivo.

Asimismo, el programa entrega varios tipos de apoyos. En primer lugar, el apoyo económico que consiste en la entrega de $525.00 mensuales en entregas bimestrales; apoyos para permitir que los beneficiarios se incorporen al Sistema Nacional Financiero por medio de transferencias electrónicas. De igual manera, se llevan a cabo acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental como promoción de los derechos humanos, cuidados de la salud, desarrollo personal, cuidado del medio ambiente, entre otros. Por último, se realizan acciones de protección social como lo es la promover la obtención de la credencial del INAPAM, la incorporación al seguro popular y la rehabilitación y equipamiento de casas de día para la atención de los adultos mayores.

En lo que se refiere al segundo punto, le comento que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo tercero, define al adulto mayor como aquella persona que cuenta con sesenta años o más de edad. En lo que se refiere al Programa de Pensión para Adultos Mayores, se atiende a personas que cuenten con 65 años de edad o más debido a que el Programa pretende brindar protección social a las personas que no cuenten con ningún tipo de pensión o jubilación de tipo contributivo. Por lo que con estas acciones la Secretaría de Desarrollo Social contribuye al bienestar integral y al ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores.

Igualmente, creemos conveniente que se requiera información al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, ya que tiene como principal objetivo promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores por medio de brindarles oportunidades de empleo, retribuciones, ocupación y asistencia para reducir la desigualdad social e inequidad de género.

México, DF, a 14 de agosto de 2013.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Alberto Cameras Woolrich, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Sedesol.— Presente.

En atención a su oficio OGANC/116/2013, de fecha 8 de agosto de 2013, en virtud del cual remite copia simple del oficio SEL/UEL/311/1401/13, de fecha 7 de agosto de 2013, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado el 31 de junio de 2013 por el Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el cual se exhorta al Ejecutivo federal respecto de diversos puntos:

• Por lo que hace al punto marcado como primero, consistente en que “la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de la colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que lleve a cabo las acciones y medidas para implementar mayores beneficios permanentes para las personas de la tercera edad, que permitan el desarrollo humano integral de los adultos mayores”.

Respecto al punto primero resulta pertinente señalar que el gobierno federal por conducto de sus diversas entidades y dependencias, ejerce sus atribuciones a través dos grandes rubros; en primer lugar mediante la ejecución de atribuciones imperativas, las cuales deben ser cumplidas de manera irrestricta por disposición de ley (las cuales generan beneficios permanentes a determinados sectores de la población) y en segundo lugar mediante la ejecución de facultades discrecionales que son desarrollados generalmente mediante la implementación de programas (los cuales generan beneficios no permanentes atendiendo a los criterios imperantes en el momento). Derivado de lo anterior podemos concluir que todas las acciones y medidas establecidas por Ejecutivo federal en la presente administración buscan implementar mayores beneficios permanentes y el desarrollo humano integral de las personas de la tercera edad, por conducto de sus entidades y dependencias, mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Eje 2. México Incluyente, objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida poblacional. Particularmente en la Línea de acción “Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social”.

Conforme a lo descrito, los programas y actividades que lleva a cabo el Ejecutivo federal contribuyen al cumplimiento de los siguientes objetivos y estrategias sectoriales:

Objetivo 4. Contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria mediante políticas específicas para personas jóvenes, adultas mayores, con discapacidad y en situación de violencia de género.

Estrategia 4.2. Procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores.

• Por lo que hace al punto marcado como segundo, consistente en que “la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de la colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a unificar la edad considerada para ser un adulto mayor en México, de conformidad con los estándares internacionales, para la obtención de los programas de ayuda”.

Respecto al punto segundo, si bien es cierto que a nivel mundial no existe unificación respecto de la edad para ser considerado adulto mayor, derivado de las Asambleas Mundiales sobre el Envejecimiento, realizadas la primera en 1982, en Viena; y la segunda en 2002, en Madrid, para los países desarrollados se establece la edad de 65 años para ser adulto mayor, mientras que para los países en vías de desarrollo la edad se establece en 60 años, por lo tanto se tiene por cierto que nuestro país se encuentra dentro del estándar de los países en vías de desarrollo y homologado a estándares internacionales, aunado a ello en nuestro país la norma rectora de este sector de la población es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que en su artículo 3o., fracción primera, define que las personas adultas mayores serán “aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad”.

• Por lo que hace al punto marcado como tercero, consistente en que “la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de la colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que intensifique las campañas de difusión y orientación de los programas y beneficios permanentes de ayuda para los adultos mayores, y de prevención sobre cualquier tipo de violencia que se pueda consumar en su perjuicios”.

Respecto al punto tercero se debe señalar que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en estricto apego a la normatividad, elabora y aplica su programa anual de comunicación social, busca día a día desarrollar nuevas estrategias que optimicen el ejercicio del presupuesto asignado en materia de comunicación social para la difusión de los programas y beneficios de ayuda para los adultos mayores.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2013.— Licenciado Luis Abreu Giralt (rúbrica), director de Administración y Finanzas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

PRECIO MAXIMO AL GAS LP

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-1336, signado por el diputado Ricardo Anaya Cortés, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2013.DGVP.904, suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a continuar sujetando el gas LP a precios máximos al usuario final, así como reforzar sus labores de vigilancia y verificación a la empresas distribuidoras de gas LP.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 7 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/1128/13, de fecha 1 de julio de 2013, a través del cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta a que se continúe sujetando el gas LP a precios máximos al usuario final, así como reforzar labores de vigilancia y verificación a las empresas distribuidoras de gas LP para la venta a particulares y comercios.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la Subsecretaría de Industria y Comercio informa que para la determinación del precio del gas LP de primera mano, intervienen tres dependencias del Ejecutivo federal:

• La Comisión Reguladora de Energía (CRE), quien basándose en previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece metodología de la cual establecerá un límite superior al precio que podrá aplicar Pemex, mismo que refleja costos de oportunidad y condiciones de competitividad.

• La Secretaría de Energía (Sener), quien realiza ajuste por costos de transporte que permita reflejar costo de oportunidad, costos de internación que resulta relevantes para cada centro procesador (imputables, en su caso, al costo de oportunidad del gas LP), y condiciones de competitividad en cada punto de venta.

• La Secretaría de Economía (SE), quien emite en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final.

Desde el año 2003, el precio al público del gas LP es administrado con el objetivo de suavizar la volatilidad observada en los precios de referencia. Como resultado, los precios en México han sido inferiores a los que se obtendrían de haber seguido la referencia internacional.

En lo que respecta a reforzar las labores de vigilancia y verificación a los precios máximos al usuario final del gas LP, a las empresas distribuidoras de gas LP, y sobre el peso y contenido de los tanques de gas LP para la venta a particulares y comercios, la Procuraduría Federal del Consumidor (en adelante “Profeco”), informa que dicha institución debe vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en su propia ley, normas oficiales mexicanas y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal de Metrología y Normalización, es por ello que busca permanentemente procurar la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, incrementando y fortaleciendo las actividades de verificación en materia de gas LP, a través de un programa de verificación en plantas de distribución de gas LP y en vía pública, a vehículos de reparto de recipientes transportables para contener gas LP y vehículos autotanque.

Dicho programa mantiene como objetivo principal, garantizar que las transacciones comerciales entre los proveedores de gas LP y los consumidores, se ajusten a los principios básicos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor (en adelante “LFPC”), evitando que se vulneren los intereses y derechos de los consumidores y que se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad y la economía de los mismos.

Es importante resaltar que la Profeco ha intensificado los operativos en materia de gas LP, así como ha refrendado el compromiso de eliminar las irregularidades de los proveedores de gas LP, redoblando esfuerzos para proteger los derechos y la economía de la población mexicana.

Finalmente, en caso de que la Profeco detecte que el proveedor de bienes y servicios cometa violaciones a la LFPC, se actuará dentro del marco jurídico aplicable para proteger a los consumidores e impondrá las sanciones económicas correspondientes.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento al honorable Congreso de la Unión la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

México, DF, a 17 de diciembre del año de 2013.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

PRECIOS DEL AZUCAR EN EL MERCADO NACIONAL

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-2283 signado por el diputado Ricardo Anaya Cortés, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2013.DGVP.907 suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a implementar acciones y medidas tendentes a estabilizar los precios del azúcar en el mercado nacional; revisar y proponer ajustes en los procesos de importación de alta fructuosa; y canalizar apoyos inmediatos y extraordinarios para los campesinos cañeros.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 7 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/31l/1472/13 de fecha 15 de agosto de 2013, a través del cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta a implementar acciones y medidas tendientes a estabilizar los precios del azúcar en el mercado nacional; revisar y proponer ajustes en los procesos de importación de alta fructuosa; y canalizar apoyos inmediatos y extraordinarios para los campesinos cañeros.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la Subsecretaría de Industria y Comercio de esta Secretaría de Economía (en adelante “la secretaría”) informa que la agroindustria de la caña de azúcar cuenta con un marco legal e institucional específico aprobado por el Congreso de la Unión a través de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2005.

Dicha ley creó al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (en adelante “Conadesuca”), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (en adelante “Sagarpa”) que coordina actividades de investigación y desarrollo para promover la sustentabilidad y modernización tecnológica de la agroindustria azucarera. Participan en la Junta Directiva del Conadesuca los titulares de la Sagarpa, Secretaría de Economía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de manera activa con voz y voto participa también el sector privado por conducto de la Cámara Nacional de las Industrias Azucareras y Alcoholeras, y las dos organizaciones de productores de caña: Unión Nacional de Cañeros –Confederación Nacional de Productores Rurales, y la Unión Nacional de Productores de Caña– Confederación Nacional Campesina.

En relación con el desempeño del ciclo azucarero 2012/2013, es importante considerar que se caracterizó por una sobreoferta interna y mundial de azúcar que provocó acumulación de inventarios y caída de los precios.

México no ha sido ajeno a esta coyuntura, considerando que nuestro consumo interno de azúcar se ha reducido por la aparición de nuevos edulcorantes, hoy se ubica alrededor de las 4.3 millones de toneladas, mientras que la producción es de alrededor de 6.9 millones de toneladas debido al incremento desmedido de la superficie cultivable de caña. (782 mil 417 hectáreas contra 674 mil 147 promedio de los últimos 5 ciclos).

Para atender esta situación, desde el 31 de enero de 2013 los secretarios de Sagarpa, y de Economía establecieron una mesa permanente de diálogo con los representantes de la industria azucarera y las dos organizaciones de productores de caña para analizar los temas relacionados con el incremento de la producción de azúcar que ha conducido a la reducción del precio de este producto.

En el marco de este diálogo, existe coincidencia entre el sector público y privado de la necesidad de exportar los excedentes para liberar presión al mercado. Para asegurar este objetivo, desde enero de 2013 iniciaron los trabajos para establecer las reglas de un fideicomiso exportador, el cual quedó constituido en Financiera Rural el 14 de febrero de 2013, a través del cual se han articulado esfuerzos para colocar en el extranjero el mayor volumen del azúcar excedente.

Actualmente se tienen compromisos de exportación de alrededor de 2.5 millones de toneladas, la mayoría hacia el mercado estadounidense (2.2 millones de toneladas), debe considerarse que la capacidad de las aduanas limita el ritmo de las exportaciones. Asimismo, la sobre oferta en el mundo dificulta la colocación de todo el excedente. Es importante considerar que el precio internacional, también se encuentra a la baja y en promedio siempre es inferior al de la región Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por lo anterior, si bien las exportaciones al mundo pueden liberar presión a los precios nacionales, los precios internacionales no son mejores que los del mercado doméstico.

Cabe destacar que tanto la secretaría como la Sagarpa, mantienen acercamiento y diálogo continuo con las organizaciones de la agroindustria azucarera, para analizar alternativas que respondan a la presente coyuntura y propicien condiciones para incrementar el consumo interno de azúcar e impulsar la exportación del excedente.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento al honorable Congreso de la Unión la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

México, DF, a 19 de diciembre de 2013.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

COMISION ESPECIAL QUE ATIENDA Y DE SEGUIMIENTO AL TEMA DE LOS EX TRABAJADORES MIGRANTES

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 649-LX-13, en el que de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia del que se adjunta copia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco.”

Guadalajara, Jalisco, diciembre 5 de 2013.— Doctor Marco Antonio Daza Mercado (rúbrica), secretario general de honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Ciudadanos Diputados del honorable Congreso del estado de Jalisco.— Presentes.

El suscrito, diputado J. Jesús Palos Vaca, integrante de la LX Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México de esta legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política, así como los artículos 22, fracción I; 147, párrafo 1, fracción I, 150 y 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del estado de Jalisco, me permito proponer la siguiente iniciativa de acuerdo legislativo con carácter de dictamen misma que presento con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Que existe una división de poderes en nuestro país, siendo el Ejecutivo, Legislativo y Judicial; dentro del Legislativo federal encontramos que se divide en dos Cámaras, la de Diputados y la de Senadores, dentro de las cuales para funcionar y realizar sus trabajos existen comisiones, los cuales son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales; por lo que la Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Cabe destacar, que el Congreso de la Unión, para su funcionamiento y reglas donde se contienen sus obligaciones y atribuciones se rige por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en donde señala en su numeral 39 las comisiones con que cuenta la Cámara de Diputados, dentro de las cuales señalo la Comisión de Asuntos Migratorios, la cual atiende cuestiones de migrantes y todo lo que tiene que ver en dicho tema; más sin embargo, es evidente que en ocasiones existen temas específicos que deben ser atendidos de manera puntual, dada la importancia y la trascendencia del asunto, por ello, es que el artículo 42 de la mencionada Ley Orgánica, dispone que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado.

Ahora bien, en este caso se plantea lo relativo al asunto de los mexicanos que por necesidad económica en el año 1942 tuvieron que buscar alternativas de trabajo en el extranjero y en este caso en el país vecino de los Estados Unidos de América; en donde los gobiernos de México y los Estados Unidos de América firmaron un convenio binacional en el que establecieron un programa de trabajadores migratorios, también conocido como Programa Bracero; programa que contribuía a la economía estadounidense, dotándola de mano de obra mexicana, cubriendo así la creciente demanda de trabajo consecuente de la Segunda Guerra Mundial, primordialmente dentro del sector agrícola y ferroviario.

Como resultado de este programa miles de mexicanos se trasladaron a los Estados Unidos de América en calidad de trabajadores temporales, quienes contaban con permiso legal para residir y trabajar en dicho país, además de gozar de las garantías jurídicas relacionadas a estos derechos. El convenio laboral mexicano-estadounidense, firmado el 4 de agosto de 1942, estipulaba que el gobierno estadounidense custodiaría temporalmente el 10 por ciento del salario perteneciente a los trabajadores braceros; todo esto con la finalidad de crear un fondo de ahorro el cual sería devuelto al regresar a tierras mexicanas.

El gobierno estadounidense, por medio del Banco Wells Fargo, War Man Power Comission y Union Trust Company de San Francisco, transferiría el fondo de ahorro de cada trabajador migratorio al Banco Nacional de Crédito Agrícola de México denominado Banrural y al Banco del Ahorro Nacional, SA, por lo que estas instituciones regresarían a cada trabajador migratorio el fondo de ahorro una vez que volvían a México.

Debemos mencionar que fueron miles de mexicanos que acudieron al trabajo al país vecino, pero que a su regreso del extranjero no les fue entregado su dinero acumulo, por lo que el 16 de noviembre de 2000, se presentó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la solicitud para la creación de una Comisión Especial con el objetivo de obtener información sobre el destino de los fondos de los trabajadores mexicanos ex braceros.

Durante el sexenio del presidente de la república Manuel Ávila Camacho, se contó con documentos que acreditan la existencia de un pasivo de 12 millones de pesos los cuales se presume eran parte del fondo de ahorro. Para el año 2003 la Secretaría de Gobernación de la Republica, se dio a la tarea de conformar un padrón de trabajadores migratorios que están en los supuestos antes mencionados, pero que se incluyeran a las personas capaces de comprobar haber laborado en los Estados Unidos durante el periodo convenido.

Cabe mencionar que el Congreso de la Unión siempre ha buscado por medio de comisiones especiales atender este asunto, por lo que con el cambio de legislaturas, es que se iban formando comisiones especiales en dicho sentido, pero es hasta el 17 de marzo de 2004, que se constituye la comisión especial dentro de la L1X Legislatura, integrada por 21 diputados con el objetivo de dar seguimiento a la recuperación de la información necesaria acerca del destino de los fondos de depósito de los trabajadores mexicanos braceros entre los años de 1942 a 1964 en los campos agrícolas y ferroviarios en los Estados Unidos y que el 21 de abril de 2004, en la LIX Legislatura, se aprueba la denominada “Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964”. Misma que el 25 de mayo de 2005, es publicada en el Diario Oficial de la Federación y el 27 de octubre del año 2005 se publican las reglas de operación en el mismo Diario Oficial de la Federación.

Ahora bien, la ley mencionada que crea el fideicomiso señalado fue para los trabajadores migratorios de los años 1942 a 1964, que se vieron afectados, en donde el artículo 1 de dicha ley establece lo siguiente: “El Ejecutivo federal constituirá el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. El fideicomiso tendrá por finalidad otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta ley a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964”.

El 25 de mayo de 2005, se publico el decreto que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964; en el cual se reconoce el derecho de los ex braceros y se asigna una cantidad de apoyo general, equivalente a 38,000.00 pesos, por el 10 por ciento del salario retenido durante su periodo laboral en los Estados Unidos, el cual únicamente podría obtenerse cuando los beneficiarios son capaces de comprobar su estatus de ex trabajador temporal legal en las aéreas agrícolas y/o ferroviarias estadounidenses durante el periodo 1942-1964.

Por su parte y dando seguimiento a la ley mencionada y al propio fideicomiso antes señalado, podemos advertir que no se ha cumplido a cabalidad con la intención de su creación, dado que aún quedan muchas personas ex trabajadores migrantes que no han recibido el apoyo económico que dispone tal ley y el fideicomiso, esto por diversas razones, pero todas conduciendo a un mismo lado, es decir, por cuestiones de omisiones, errores ortográficos o errores mecanográficos, ya que la documentación que se dispone y se requiere para el trámite del apoyo, en ocasiones mantienen faltas ortográficas o simples omisiones que evidentemente pueden ser salvadas.

Debemos dejar en claro, que dicho apoyo lo puede recibir el ex trabajador migratorio mexicano, el cónyuge sobreviviente o sus hijos o hijas, estos dos últimos como beneficiarios; así pues, por lo dicho sobre las faltas ortográficas o errores mecanográficos que en ocasiones aparecen en las actas de nacimiento, en el contrato individual de trabajo, en la tarjeta de identificación consular “mica café”, en el Social Security derivado del contrato individual de trabajo y demás documentos que se solicitan para el trámite del apoyo, es que con fecha 8 de junio del año 2012, se emitió un decreto por parte del gobierno federal, en donde se aprobaron diversas reformas y adiciones de los artículos octavo y noveno transitorios de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964), el cual contiene básicamente que ejemplos de las omisiones, faltas ortográficas o mecanográficas que pueden contener los documentos para el trámite indicado y bajo este decreto, es que la autoridad debe salvarlos y por ende que proceda el apoyo solicitado analizando cada caso en concreto; ya que en dicho supuesto es que se encuentra un sin número de personas y en especial en el estado de Jalisco.

Cabe mencionar que el Congreso de Jalisco aprobó un acuerdo legislativo número 486-LX-13, en el que se proponer exhortar al gobierno federal por medio del Secretario de Gobernación, para que de la manera más atenta considere la posibilidad de instalar una mesa receptora y revisora de documentación de ex trabajadores migratorios en el estado de Jalisco, a efecto de se reciban documentos y analicen los casos de cada uno de ellos en los términos que señalan los decretos del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, buscando dar atención a este sector de la población y en un momento dado resolver su situación; todo esto bajo los parámetros de ley y buscando el beneficio de este sector de la población; más sin embargo, a dicha petición se nos contesto mediante oficio UEFCEF/DGA/ FID.10230/214/5789/2013, de fecha 16 de octubre del año 2013, básicamente que en el año 2013 no existió una partida presupuestal específica para nuevos beneficiarios del fideicomiso mencionado, destacando que para el presupuesto del año 2014 debe ser considerada una partida en dicho sentido, ya que de no estar presupuestado, pues es evidente que no se puede hacer pago alguno, aunado esto a que los ex trabajadores migrantes deben estar en las listas publicas con anterioridad como beneficiarios del programa.

Bajo el mismo contexto, se señala que advertimos que falta mucho qué hacer en este tema, aunado a que queda demasiada gente fuera del programa al que tienen derecho, por lo que, con el afán de buscar contribuir a que este tema se resuelva de fondo y considerando además que legislatura con legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se va creando una comisión especial en este tema y que en la actual legislatura no se ha propuesto o conformado una, es que se considera oportuno busca exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en base a lo dispuesto por el artículo 42 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se conforme una comisión especial que atienda y de seguimiento en específico al tema de los ex trabajadores migrantes que tienen derecho al reembolso del apoyo del Fideicomiso que Administrar el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 150, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, el suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura someto a consideración el siguiente iniciativa de

Acuerdo Legislativo

Único. Instrúyase al secretario general de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este acuerdo legislativo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que consideren la posibilidad de que en base a lo dispuesto por el artículo 42 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se conforme una comisión especial que atienda y de seguimiento en especifico al tema de los ex trabajadores migrantes que tienen derecho al reembolso del apoyo del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Atentamente

Congreso del estado de Jalisco

Guadalajara, Jalisco, a veintiocho de noviembre de dos mil trece.— Diputado J. Jesús Palos Vaca (rúbrica), coordinador de la Fracción Parlamentaria del PVEM en el Congreso del Estado.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para su atención.

COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 658-LX­13, en el que de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia del que se adjunta copia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco, diciembre 5 de 2013.— Doctor Marco Antonio Daza Mercado (rúbrica), secretario general del honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Diputados de la LX Legislatura del Congreso del estado de Jalisco.— Presentes.

El suscrito, diputado Juan José Cuevas García, integrante de la LX Legislatura del Congreso del estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política del estado; y 147, fracción I, 150, I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, somete a la elevada consideración de esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa de acuerdo legislativo por la que se solicita urgentemente revisar y ajustar el salario mínimo en México para la recuperación real del poder adquisitivo de los mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. El bienestar social como base para el desarrollo y la armonía de los pueblos debe construirse con la participación de toda la comunidad, que en el sistema mexicano representa la población y el gobierno.

Si entendemos que el bienestar social se logra mejorando la calidad de vida de las personas, a través del goce de mejores servicios, de la convivencia pacífica, armónica, decorosa, con plena satisfacción de sus necesidades normales, debemos también entender que el bienestar es una responsabilidad de todos. ¿Pero quiénes somos todos? Para dar respuesta cabe citar aquella frase incluyente que dice “si tienes la capacidad, tienes la responsabilidad”.

En nuestro devenir histórico se pensó que un estado tutelador resolvería todas aquellas necesidades sociales que la iniciativa privada no podía asumir; se nacionalizó la banca, se beneficiaron a muchas empresas con créditos a fondo perdido, incluso, el gobierno federal o el estatal asumen desde entonces muchas de las obligaciones municipales por defecto de éstos.

Hoy sabemos que el Estado patriarcal, tutelador, absuelve a la sociedad de su responsabilidad y la aletarga en un estado de confort en el que el ciudadano delega y relega al gobernante las decisiones y las acciones que le corresponden, corrompiendo el sistema de gobierno, con las consecuentes malas experiencias de abusos de poder, desvíos de autoridad y de recursos, con la tremenda pérdida de éstos por destinarse una gran parte del erario público, que proviene en su mayoría de las contribuciones e impuestos que pagan la iniciativa privada y los trabajadores mexicanos, a alimentar a una abultada burocracia.

De acuerdo con el Reporte 109 del Centro de Análisis Multidisciplinarios de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, “en lo que va del año 2013, el poder adquisitivo de los mexicanos ha caído el 9.43 por ciento. El incremento en los precios devora el aumento al salario mínimo en México, que debería ser de 189.75 pesos diarios calculado para abril de 2013,que se requiere para adquirir solamente los alimentos nutricionales de la canasta alimentaria recomendable para una familia, sin considerar gastos en vivienda, salud, transporte, educación, cultura, deporte, sociales, esparcimiento, de una familia de 3.5 personas, que es el número promedio de personas por familia en México. Estas necesidades mínimas se encuentran establecidas en la canasta básica, entendida ésta como un conjunto de bienes y servicios indispensables, de consumo y de uso diario determinados social, económica, cultural, histórica, y moralmente, para garantizar que el trabajador y su familia puedan existir y reproducirse, así como llevar una vida plena y digna.

Así las cosas, el nivel de ingreso para las familias mexicanas se reduce día a día, poder comprar alimentos de buena calidad, es un sueño inalcanzable, con la caída del poder adquisitivo la manera en que sortean las familias la compra de lo que les permite gastar lo que ganan, ha cambiado su patrón de consumo, hoy es completamente normal alimentarse con productos de segunda o tercera calidad.

Las familias mexicanas de manera cotidiana han tenido que echar mano del ingenio para conseguir el gasto para el día a día, por lo que han dejado de comprar con la misma frecuencia, cantidad y calidad varios alimentos como son la carne, la leche, el huevo, el pan, entre otros. Cada vez son menos y de menor calidad los alimentos en la mesa de los hogares mexicanos.

Este constante deterioro de las condiciones de vida y trabajo, se expresa en la restricción, en calidad yen cantidad, del consumo de sus alimentos, de una vivienda digna, educación, salud y transporte de calidad. Existe la tendencia que se amplia y profundiza de un mayor crecimiento en el desempleo y en empleo precario e informal, de migración y por consecuencia, mayor desintegración familiar.

Realizando un comparativo con los dos últimos gobiernos mexicanos y lo que va de la actual, podemos decir que en el 2000 con Vicente Fox, un kilo de bistec de res costaba 25 pesos en la gran mayoría de las carnicerías, hoy son ya muchos los establecimientos donde encontramos el producto en 110 pesos, es decir, hay un incremento en el precio del kilo de bistec de res de 340 por ciento; si observamos el comportamiento del precio de este mismo producto durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa tenemos que costaba un kilo 63 pesos, para aumentar en 74 por ciento.

En lo que va del primer año en la gestión de Enrique Peña Nieto, el precio ya lo podemos encontrar en muchos establecimientos 115 pesos. Para los hogares mexicanos con lo que se gana diariamente apenas da para consumir dos días de la semana carne de res, cuando el consumo por familia debería de ser diario como se considera en la canasta alimenticia recomendable.

Lo anterior cobra mayor sentido al comparar el precio de un solo producto con los nuevos salarios mínimos diarios legales que rigen a partir del primero de enero de 2013 y que son los siguientes: área geográfica A, 64.76 pesos diarios; área geográfica B, 61.38 pesos.

En este tenor, el análisis aportado por el citado reporte 109 del CAM.UNAM, informa que “para los hogares mexicanos con lo que se gana diariamente apenas da para consumir dos días de la semana carne de res, cuando el consumo por familia debería de ser diario como se considera en la canasta alimenticia recomendable. ¿De cuánto es el precio por día de la canasta básica constitucional integral (CBCI) para una familia promedio en México? La CBCI al 10 de mayo de 2013 tiene un costo diario de 1039.00 pesos para cubrir todas las necesidades que marca la Constitución, considerando bienes y productos de primera calidad, lo que equivale a 16.04 salarios mínimos diarios (en diciembre de 2012 era de 940.00 pesos, 15.08 salarios mínimos diarios), lo que significa que solamente el 1.7 por ciento (2 millones 56 mil 675 personas) de la población total del país puede comprar la CBCI diariamente mientras el 98.3 por ciento no la puede adquirir o no puede aspirar a tener un nivel de vida de acuerdo a lo señalado en la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Haciendo una breve remembranza acerca del salaría mínimo, “en México los gobiernos neoliberales (1982-2004) prometieron mejores salarios para los trabajadores mexicanos, promesa siempre reiterada pero jamás cumplida. En ninguno de los gobiernos los asalariados mexicanos han visto mejorar, en términos reales, sus ingresos y condiciones de vida y trabajo, dicha situación ha empeorado y expresan desencanto, desconfianza y frustración. Actualmente no hay esperanza real de una vida digna para la mayoría de los trabajadores.

La concepción y orientación política que en beneficio del gran capital ha impuesto el Estado mexicano a través de las políticas económicas y sociales y sus crisis recurrentes, así como la intervención, represión y manipulación a que han sometido al movimiento obrero han sido algunas de las causas fundamentales del profundo rezago en el poder adquisitivo del salario, por lo que se plantea la necesidad urgente de impulsar un proyecto que implique un profundo proceso de amplios cambios en la vida política, económica, social y sindical en nuestro país.

Este mismo estudio revela que “México requiere un crecimiento del 6 por ciento del PIB anual para tener una buena economía, pero durante el último sexenio apenas si pasó del 2 por ciento. Una de las razones que no ayudan a que el PIB crezca es que mucho del capital invertido en nuestro país por extranjeros es capital especulativo que entra en la bolsa mexicana de valores. Otro factor es que la acumulación de la riqueza mexicana está en menos de cuarenta corporativos que cotizan en la BMV a pesar de no representar más del 4 por ciento del total de empresas existentes.

II. Sabemos que México ha pasado por diversas etapas durante las cuales el poder adquisitivo de los mexicanos mejoró por la implementación de algunas políticas comerciales e industriales, y luego volvió a decrecer. Así, durante el sexenio de López Portillo, (1976-1982), el tiempo de trabajo que necesitaba laborar una familia trabajadora para poder adquirir la canasta básica fue de 5 horas, 24 minutos, existiendo al inicio de este sexenio un control de precios sobre 96 productos y servicios de la canasta básica y eliminándose al final de éste, perjudicando profundamente el nivel de vida de los trabajadores y de la población en general.

La historia reciente nos muestra como fue aumentando dramáticamente el tiempo necesario de trabajo para que una familia adquiriera los mismos productos, lo que se puede apreciar como sigue:

Fecha:1 de diciembre de 1982

Tiempo de trabajo:9.29 horas

Fecha:1 de diciembre de  1994

Tiempo de trabajo:17.88 horas

Fecha:1 de diciembre de  2000

Tiempo de trabajo:36.58 horas

Fecha:2 de enero de 2006

Tiempo de trabajo:47.40 horas

Sin importar cuantas declaraciones se ensalzaron para manifestar que era necesario que los salarios de los trabajadores se recuperaran, que la pobreza y la desigualdad social son incompatibles con la democracia, que las promesas electorales pregonaran que se garantizaría el “bienestar de tu familia”, el gobierno sólo garantizó altas tasas de ganancia al gran capital a costa del sacrificio de las familias trabajadoras y de los pobres del campo y de la ciudad.

De la misma manera que lo anterior, también hemos visto desfilar los grandes e ilusorios pactos, el de Chapultepec, el de Hierro, los de la Estabilidad, los de la Solidaridad, los de Crecimiento, ahora el Pacto por México; siempre el gobierno entre la espada y la pared, entre el pueblo empobrecido que a pesar de que huía al país del norte, siguen enviando sus importantísimas remesas, y los ricos y poderosos exigiendo apoyos, privilegios y prioridades para crear y mantener empleos y fuentes de trabajo, las únicas legitimas en el país.

Sin embargo, ahora hay que sumar una carga peor de ruin y pesada sobre los mismos lomos, la de la burocracia y la de los líderes sindicales.

Ello, justo en el tiempo en que México transita por las tan esperadas reformas estructurales laboral, educativa, financiera, de competencia económica, energética y hacendaria que requiere nuestro país para “ahora sí” detonar su crecimiento sostenible, el desarrollo económico y la competitividad que permitan mantener estabilidad financiera, reducir la marginación y la pobreza y recuperar el poder adquisitivo del salario de los mexicanos.

Más allá de las expectativas que puedan generan en los diferentes sectores de la población, de los consensos y alianzas políticas que se logren para su aprobación, y del impacto en los mercados económicos nacional y mundiales, es mi preocupación clarificar y precisar el propósito que no puede ser otro que el beneficio directo a la población mexicana.

Es decir, no podemos permitir que el objetivo de tantos años de espera, de todos esos consensos pendientes y de todos esos esfuerzos que veremos realizados en breve se hagan a costa de millones de mexicanos.

No podemos permitir que el máximo sueño de los mexicanos sea irse a los Estados Unidos a trabajar y esperar a que el presidente de aquel país dicte alguna ley que los proteja.

III. Del Fundamento.Siendo postulado constitucional que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. Yo me pregunto ¿cómo lograrán los mexicanos, algunos con un ingreso de 64 pesos diarios, otros ni siquiera eso tienen? El mismo postulado también dispone: “El Estado lo garantizará”, y también pregunto ¿cómo? ¿Con despensas familiares otorgadas mensualmente o desayunos escolares? ¿De qué fondo saldrán tales recursos?

En esta misma tesitura, también dispone la Constitución General de la República que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Y ¿cómo accesarán a este derecho las familias mexicanas sin trabajo, ni ingreso fijo? ¿Cómo pagará un padre de familia cuyo ingreso sea un salario mínimo, el crédito a la vivienda que le corresponda?, en el entendido de que para obtener dicho crédito, primero necesitará tener un trabajo de planta o ser trabajador de base, luego cotizar determinadas semanas, y todo ello para adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados que va a tener que pagar durante un lapso aproximado de 15 a 25 años.

Cierto es que no debemos soslayar los programas de gobierno de ayuda social, destinados a grupos vulnerables; sin embargo, sabemos que dichas ayudas están sujetas a la existencia del programa y éstos, a la distribución del presupuesto, lo que los limita y los vuelve volátiles.

Continuando con las citas a la Constitución Federal, tenernos el postulado que enmarca los derechos de los menores, a saber: “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral (...) Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales (...) Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte”.

Concatenado con lo establecido por el texto del artículo 4o. constitucional anteriormente citado, encontramos también dispuesto en la Constitución General de la República, que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Todo ello es puntualmente especificado y acorde incluso a los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México; pero ¿cómo harán los mexicanos, los jaliscienses, para ejercer estos derechos fundamentales y humanos? ¿Cómo harán las madres, los padres de familia, para cumplir con las obligaciones que tienen para con la niñez, para con sus hijos?

Y ¿cómo debemos enfrentar el hecho de que menores de edad, niñas y niños menores de 14 años tienen que trabajan para comer y, además hay quien los emplea, o son puestos a mendingar por las calles de la ciudad, en vez de asistir a las escuelas, recibir educación y practicar algún deporte?

En otro orden de ideas, establece la Constitución Federal respecto del salario que: “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. ( ... ) Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. ( ... )Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades eccnómicas”.

Cabe citar que la inserción del salario mínimo en nuestro máximo ordenamiento legal ocurrió en la misma promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917, en la que establecía además una forma precaria para su tabulación.

Respecto del salario mínimo, establece la Ley Federal del Trabajo que es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo; deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de’ familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

En el antecedente histórico del establecimiento del salario mínimo en nuestro país concurrieron diversas formas, destacando la ocurrida en diciembre de 1986, cuando el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron una reforma sustancial al sistema, por la que los salarios mínimos serían fijados por una comisión nacional.

El nuevo precepto constitucional dispone la más amplia flexibilidad territorial en la fijación de los salarios mínimos, al señalar que éstos serían fijados por áreas geográficas que pueden estar integradas por uno o más municipios, de una o más entidades federativas, sin limitación alguna.

Esta disposición permitió corregir deficiencias e inconsistencias observadas en cuanto a las zonas de aplicación de los salarios mínimos, así como tomar en cuenta, cuando fue necesario, las características particulares de áreas geográficas de rápido desarrollo o con características especiales”.

De ahí el surgimiento de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), cuyo objetivo fundamental es la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.

Como se sabe, la Conasami emite sus resoluciones a través del consejo de representantes, que es un organismo tripartito integrado por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que practica investigaciones y realiza los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional, considerando la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales.

En nuestro país el salario mínimo estuvo dividido por tres zonas geográficas A, B y C, a cada uno de ellos correspondía un monto distinto del salario mínimo.

En noviembre del 2012, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), emitió un boletín de prensa en el cual anunció la revisión de salarios mínimos, así como la homologación de la zona geográfica A y B, y desaparece la zona C.

El ajuste en el salario mínimo de los trabajadores que pertenecían a la entonces área geográfica B, a partir del 27 de noviembre de 2012, al pasar al área geográfica A, es de 2.9 por ciento, por lo que el Consejo apreció que la decisión de igualar los salarios mínimos del área geográfica B con los del área geográfica A, no tendría efectos perceptibles sobre la inflación y la tasa de desempleo y, en cambio, contribuiría de manera moderada a fortalecer el mercado interno en el ámbito regional.

Entre los municipios que se agregaron al área geográfica A se encuentran los de Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Hermosillo, Sonora, Tampico, Tamaulipas y Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, entre otros.

De acuerdo con informes recientes publicados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el Consejo de Representantes acordó otorgar un aumento general a los salarios mínimos de las áreas geográficas A y B para el 2013 de 3.9 por ciento.

Los nuevos salarios mínimos legales que rigen a partir del primero de enero de 2013 son los siguientes: área geográfica A, 64.76 pesos diarios; área geográfica B, 61.38 pesos diarios.

El Consejo de Representantes acordó mantener para el 2013, la actual integración municipal de las áreas geográficas para la aplicación de los salarios mínimos.

Además de fijar el salario mínimo, la canasta básica también debería ser elaborada y actualizada de manera sistemática por la Conasami, sin embargo, al no existir alguna oficial, varias instituciones gubernamentales, de investigación, académicas, de salud, entre otras, han elaborado sus propias propuestas de canastas básicas, completa, real, y/o recomendable y científicamente elaborada. Así como un seguimiento semanal, mensual, y anual, de manera sistemática y científica de su costo y precio por región, tipo de actividad laboral.

En relación con las condiciones económicas que justifican la revisión de los salarios mínimos,el Consejo de Representantes consideró que la actual situación económica que el país presenta constituye un momento propicio para llevar a cabo dicha revisión y avanzar en el cierre de las áreas geográficas, a efecto de su convergencia hacia un solo salario mínimo general y profesional para cada ocupación que tiene definido un salario mínimo profesional.

Estas condiciones económicas son, de manera específica las siguientes:

a) Las fluctuaciones que ha registrado el producto interno bruto (PIB) en el país. Se dice que México requiere un crecimiento del 6 por ciento anual para tener una buena economía, pero durante el último sexenio apenas si pasó del 2 por ciento. Una de las razones que no ayudan a que el PIB crezca es que mucho del capital invertido en nuestro país por extranjeros es capital especulativo que entra en la Bolsa Mexicana de Valores. Otro factor es que la acumulación de la riqueza mexicana está en menos de cuarenta corporativos que cotizan en la BMV a pesar de no representar más del 4 por ciento del total de empresas existentes.”

La siguiente tabla muestra la fluctuación histórica del PIB en México:

b) La estabilidad de precios.

e) La fortaleza del peso mexicano frente a las circunstancias financieras internacionales.

d) El fortalecimiento de las finanzas públicas.

e) El manejo de la deuda pública.

V. Por otro lado destacan informes recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que en México hubo un aumento de 500 mil pobres del 2010 al 2012 relacionados con el ingreso. Dicho estudio informa que del total de la población mexicana, 60.6 millones de personas tienen ingresos inferiores a la línea de bienestar en México. Que el total de pobres en México suman 53.3 millones de personas.

Por su parte el Inegi ha dado a conocer los siguientes resultados de su encuentra nacional de ocupación y empleo 2012:

VI. Otros datos importantes que abonan a la presente exposición son los análisis que proporcionan los estudios realizados por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México, a través de su Centro de Información Multidisciplinario, por lo que se cita gran parte de sus estudios y análisis en la presente iniciativa, como el que enseguida se transcribe respecto de la comparación que se hace entre el costo real y actual de los productos que contienen la canasta alimentaria recomendable para una familia, por miembro, y el poder adquisitivo del salario en México.

Se advierte interesante analizar la siguiente información para comprender que ninguna de las reformas estructurales propuestas tienen nada que ver con la situación que viven y que vivirán los trabajadores mexicanos respecto de su calidad de vida, la que se empeorará y degradará sin parar paulatinamente, como se verá enseguida.

“En el Centro de Análisis Multidisciplinario por más de 20 años se ha trabajado en la construcción, elaboración y actualización, de una encuesta para darle seguimiento, mensual y anual a cada uno de los productos que componen la canasta alimenticia recomendable (CAR), la cual sólo comprende alimentos que debería consumir diariamente una familia mexicana, integrada por cuatro miembros (dos adultos y dos jóvenes).

La gestión de Calderón registró una pérdida acumulada durante seis años en el poder adquisitivo del 45.11 por ciento, al inicio de su gestión el salario mínimo era de 48.67 pesos y al termino fue de 62.33, es decir, en seis años aumentó 13.66 pesos.

En contra parte, cita el estudio multicitado que “el precio de la CAR, con Calderón inicio costando 80.83 pesos y termino costando 188.99 pesos diarios, con toque en el mismo periodo aumentó 108.16 pesos.

Resulta evidente que el incremento en el precio de la CAR sobrepaso el incremento en el salario mínimo durante el sexenio Calderonista.”

Ahora bien, al analizar lo que sucedió durante el último año de Calderón, según la CAM. UNAM, “el salario mínimo diario aumentó 4.2 por ciento, que en pesos y centavos implicó 2 pesos y 51 centavos, para todo el 2012 el salario mínimo fue de 62.33 pesos. Dicho aumento salarial resultó insuficiente, pues para el mismo año el comportamiento del precio de lo que debió consumir una familia diariamente de una CAR, registro un incremento para todo el 2012 del 16.28 por ciento, inicio costando 162.53 pesos para terminar el año costando 188.99 pesos, es decir, 26.46 pesos más.

Conclusión, los incrementos son insuficientes al salario, atentan contra el nivel de vida de las familias trabajadoras en México, ya que reciben un incremento al salario para todo el 2012 de 2.52 pesos, mientras del otro lado, el precio sólo de los alimentos que integran la CAR se incrementaron en 62.53 pesos.”

Con Enrique Peña Nieto, señala el mismo informe, “la situación no mejora, la situación ha empeorado para las familias mexicanas, es realmente preocupan te el incremento registrado en los precios de los alimentos, pues en solo cuatro meses que van del primer año de su gestión (al 25 de abril del 2013), el precio ponderado de la CAR ha aumentado 10.40 por ciento, es decir, el precio ponderado de la CAR al 1 de enero era de 171.86 pesos, para el 25 de abril el precio ponderado de la CAR fue de 189.75 pesos, incrementándose en 17.89 pesos, recalcamos solo en los primeros cuatro meses del año. Lo contrasta el “vigoroso” incremento al salario mínimo de 2.43 pesos para todo el 2013, aprobado por los legisladores de la nación.

Podemos afirmar que si la política continúa con la tendencia a los supuestos incrementos al salario mínimo en México al término de la gestión de Enrique Peña Nieto el salario mínimo no rebasará 80 pesos. ¿Paradójico, no? Todo un sexenio para que el salario ronde los 80 pesos, mientras que en solo cuatro meses del primer año de gobierno, el precio en los alimentos que integran la CAR ya aumentaron 17.89 pesos, que es mayor a los 15 pesos que podría acumular de aumento el salario mínimo en los 6 años del sexenio de Peña Nieto.

En 1987 el salario mínimo diario era de 6.47 pesos, para el 2013 es de 64.76 pesos, durante todo este tiempo el salario mínimo registró una tasa de crecimiento relativo del 900.92 por ciento, es decir, se incremento el salario mínimo en 58.29 pesos durante 26 años, con lo que tuvieron que sortear cuatro crisis económicas los trabajadores en México (1987, 1994, 2000 y 2009).

En el reporte de investigación se demuestra que aunque hoy recibe más dinero un trabajador, éste puede comprar mucho menos. El comportamiento del precio nominal de la CAR durante el mismo periodo que va del 16 de diciembre de 1987 –fecha en que dicha canasta tenía un costo de 13.43 pesos–, al 25 de abril del 2013 –con un precio de 861.17 pesos, la tasa de crecimiento para el periodo fue de 6,312.28 por ciento, esto es, si se incremento el precio de la CAR en 847.74 pesos por 58.29 pesos en el salario mínimo como ya decíamos. Con lo que el poder adquisitivo tuvo una pérdida acumulada en 26 años del -79.16 por ciento.

La tendencia del poder adquisitivo con respecto al precio diario ponderado de la CAR, del 16 de diciembre de 1987 al 25 de abril del 2013, presenta un incremento acumulado en el precio ponderado de la CAR del 4,703.79 por ciento en 26 años el precio diario ponderado de la CAR aumentó en 185.80 pesos, para el mismo período el salario mínimo acumuló un aumento de 58.29 pesos.

Los trabajadores que se ubican para el primer trimestre del 2013 con un ingreso que va de cero hasta un salario mínimo son 9 millones 901 mil 1141 mismos que no lograron adquirir la CAR pues les hizo falta diariamente 124.99 pesos, es así que sólo tendrían posibilidades de adquirir y consumir diariamente al 25 de abril el 34.13 por ciento de la CAR.

VII. Importante resulta traer a colación el reciente informe del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), por el que señala que 47 millones de personas en México son vulnerables de caer en situación de pobreza y 500 mil personas ya se suman a las filas de la pobreza entre el 2010 y el 2012, al pasar de 52.8 millones a 53.3 millones de personas. Se estima fue provocado por carencia de seguridad social, bajos ingresos y caída en las remesas.

VIII. Según revela el estudio México Estatal, que presentaron directivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y cuyos indicadores fueron aceptados por el gobierno estatal como orientadores para el establecimiento y la evaluación de sus políticas públicas.

Esa investigación coloca a Jalisco con el segundo aparato burocrático más costoso del país, y en el que invertimos el 32 por ciento del presupuesto en el pago de salarios, muy por arriba de la media nacional que es del 21 por ciento.

Debido a que en los últimos dos años en Jalisco se incrementó la pobreza en un 2.8 por ciento, al pasar de 37 a 39.8 puntos, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, se pronunció en contra de las políticas sociales asistencialistas aplicadas por la pasada Administración.

IX. En virtud de lo antes expuesto, se plantea el siguiente cuestionamiento: Ante la perspectiva actual del poder adquisitivo empobrecido de los trabajadores mexicanos, cómo espera el gobierno federal que la clase trabajadora mexicana podrá con la nueva carga impositiva recién aprobada? ¿Qué pasaría si este México de hoy tuviera una sociedad corno la francesa del siglo XVI, a quienes un inepto monarca y la inútil aristocracia burguesa los consumió con innumerables impuestos para pagar sus excesos? ¡La historia conoce la respuesta!

Como colofón e insistiendo, compañeros diputados:

Nada más en lo que va del año 2013 el poder adquisitivo de los mexicanos ha caído el 9.43 por ciento.

De los comparativos citados en esta iniciativa quiero destacar que en el año 2000 un kilo de bistec de res costaba 25 pesos en la gran mayoría de las carnicerías, hoy, son ya muchos los establecimientos donde encontramos el producto en 115 pesos, es decir, hay un incremento en el precio del kilo de bistec de res de 350 por ciento.

El incremento en los precios devora el salario mínimo en México. En 1987 bastaba con el ingreso de un miembro de la familia para comprar los alimentos contemplados en la canasta básica que era de 3.95 pesos.

Así en diciembre de 1987 con un salario mínimo nominal se podía adquirir casi el doble de lo que costaban los alimentos que componen una canasta alimenticia recomendable (CAR).

Y en comparación al primero de diciembre del 2012, con un salario mínimo diario, solo se podían adquirir el 33.95 por ciento de los alimentos que componen la CAR.

Dicho de otro modo, hoy con un salario mínimo, el trabajador y su familia tienen que sumar jornadas laborales de más de 48 horas, incorporando tres miembros de la familia a trabajar, o bien, laborando en dos o tres trabajos, pues con el actual salario mínimo es imposible ni siquiera alimentarse bien, menos aún que puedan llevar una vida plena y digna o bienestar a la familia.

El salario mínimo debería ser de 189.75 pesos diarios calculado para abril de 2013, cantidad que se requiere para adquirir solamente los alimentos nutricionales de la canasta alimentaría recomendable para una familia de 3.5 personas, sin considerar gastos en vivienda, salud, transporte, educación, cultura, deporte, sociales y esparcimiento.

Esto es, considerando el salario mínimo actual, se necesita, con urgencia, elevar el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos cuando menos en un 293 por ciento para abatir sólo la pobreza alimentaria de más de la mitad de los mexicanos en nuestro país.

Compañeros legisladores, hagamos conciencia, más de 25 años sin recuperar el poder adquisitivo del salario de los mexicanos, ¡qué gran injusticia!

En razón de lo anterior, hago un llamado a todos los mexicanos, a ustedes compañeros legisladores, a proponer al honorable Congreso de la Unión instruya a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en México (Conasami) la revisión y ajuste del salario mínimo en México a efecto de que se recupere real y eficazmente el poder adquisitivo del salario mínimo, en beneficio de los trabajadores y de las familias mexicanas.

Asimismo, para que apoyemos la iniciativa del senador por Jalisco Jesús Casillas Romero, por la que se prohíba la utilización del salario mínimo general como unidad de medida de inversión y financiamiento, así como que los esquemas crediticios otorgados con motivo de las prestaciones en materia de la seguridad social de los trabajadores, sean contratados en moneda nacional, salvaguardando los derechos y obligaciones contraídos al ser impuesto como medida de sanciones administrativas o penales.

Y, finalmente, para solicitar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por la que se solicite urgentemente revisar y ajustar el salario mínimo en México para la recuperación real y actual del poder adquisitivo del salario de los trabajadores mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 147, fracción I, 150, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, someto a la elevada consideración de esta honorable soberanía, el siguiente proyecto de

Dictamen de acuerdo legislativo

Primero. Remítase el presente punto de acuerdo al honorable Congreso de la Unión por el que se solicite de la manera más atenta se instruya a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en México (Conasami) la revisión y ajuste del salario mínimo en México a efecto de que se recupere real y eficazmente el poder adquisitivo del salario mínimo, en beneficio de los trabajadores y de las familias mexicanas.

Asimismo, para apoyar la iniciativa del senador por Jalisco, Jesús Casillas Romero, por la que se prohíba la utilización del salario mínimo general como unidad de medida de inversión y financiamiento, así como que los esquemas crediticios otorgados con motivo de las prestaciones en materia de la seguridad social de los trabajadores, sean contratados en moneda nacional, salvaguardando los derechos y obligaciones contraídos al ser impuesto como medida de sanciones administrativas o penales.

Segundo. Envíese cordial y atento oficio a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) por la que se solicite urgentemente revisar y ajustar el salario mínimo en México para la recuperación real y actual del poder adquisitivo del salario de los trabajadores mexicanos, de cara a las nuevas responsabilidades impositivas que enfrentaremos los mexicanos.

Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2013.— Diputados: Juan José Cuevas García, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Julio García Sánchez, Hernán Cortés Berumen, Ricardo Rodríguez Jiménez, Jaime Ismael Díaz B. (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

Diputado Ricardo Anaya Cortes, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Dictamen

Único. Por el que se aprueba remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del dictamen en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida

Atentamente

Recinto Legislativo, a 15 de diciembre de 2013.— Diputado Agustín Torres Pérez (rúbrica), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

Dictamen de tres propuestas de iniciativas que reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia de ampliación de los periodos ordinarios de la Asamblea Legislativa

A la honorable Asamblea legislativa del Distrito Federal

VI Legislatura

A la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias de este órgano legislativo, le fueron turnadas, para su estudio y dictamen, las siguientes propuestas de iniciativa:

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por los diputados Jesús Sesma Suárez y Alberto Emiliano Cinta Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y por la diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. Iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por, el diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por la diputada Miriam Saldaña Cháirez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10 fracción 11, 62, 63, 64, 66, 68, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica; 28, 29, 30, 32, 33, 86, 87, 90 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior; y 4, 9 fracción 1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento Interior de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, es competente para conocer las propuestas de iniciativa materia del presente dictamen.

En virtud de lo anterior y para cumplir con lo dispuesto en los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las y los diputados integrantes de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, se reunieron el14 de noviembre del año dos mil trece, para dictaminar las citadas propuestas, con el fin de someterlas a la consideración del pleno de la honorable Asamblea Legislativa, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Mediante oficio con número MDPPSAlCSP/770/2012, de fecha 23 octubre de 2012, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por los diputados Jesús Sesma Suárez y Alberto Emiliano Cinta Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y por la diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Asimismo, dicha propuesta fue turnada para su opinión, a la Comisión Especial de Estudios Legislativos.

Segundo. Mediante oficio ALDF/PVEM/CAl014/12 de fecha 22 de noviembre de 2012, la presidencia de esta comisión recibió observaciones por parte del diputado Jesús Sesma Suárez, con la finalidad de aportar mayores elementos para elaborar el dictamen de la propuesta mencionada.

Tercero. Mediante oficio MDPPPAlCSP/1676/2012 de fecha 29 de noviembre de 2012, el pleno de la asamblea concedió prórroga para analizar y dictaminar la propuesta anteriormente citada.

Cuarto. Mediante oficio ALDF/PVEM/JSS/061/2012 de fecha 3 de diciembre de 2012, el diputado Jesús Sesma Suárez solicitó a la presidencia de esta comisión legislativa, el retiro del proyecto de dictamen de la propuesta mencionada con la finalidad de ser considerada en la propuesta final de la Comisión Especial para la Reforma Política.

Quinto. En virtud del acuerdo aprobado el 14 de diciembre de 2012, la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias resolvió conocer, entre otros, de la propuesta arriba mencionada.

Sexto. Mediante oficio con número MDPPSAlCSP/061/ 2013, de fecha 20 marzo de 2012, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 d , Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Séptimo. Mediante oficio con número MDPPSAlCSP/167/2013, de fecha 2 de abril de 2013, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por la diputada Miriam Saldaña Cháirez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Octavo. En virtud del acuerdo aprobado el 15 de abril de 2013, la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias resolvió que por el momento no conocería de las propuestas señaladas en los antecedentes sexto y séptimo hasta en tanto la Comisión Especial para la Reforma Política no emitiese su opinión al respecto.

Noveno. Mediante exhorto realizado por el Pleno de la Asamblea Legislativa el 29 de octubre de 2013, notificado a este órgano colegiado mediante oficio MDPPSAlCSP/ 932/2013, se exhortó a esta Comisión a dictaminar todos aquellos asuntos que le habían sido turnados y que eran relativos a la reforma política, toda vez que se avizoraba que esta no tendría lugar en lo inmediato.

Descripción de las propuestas

1. La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, presentada por los diputados Jesús Sesma Suárez y Alberto Emiliano Cinta Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y por la diputada Laura lraís Ballesteros Mancilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; tiene por objeto que esta Asamblea presente ante ·el Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto que reforme el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal con la finalidad de aumentar la duración de los períodos de sesiones ordinarias de cada año legislativo de la Asamblea Legislativa. De esta manera, se propone que el primer periodo comience el 5 de septiembre y concluya el 20 de diciembre; para el segundo periodo, se propone que inicie el día 1 de febrero y concluya el 30 de abril. Dicha propuesta tiene su origen en el limitado tiempo que tiene este órgano parlamentario para desahogar la agenda legislativa, pues, conforme a la exposición de motivos:

...Por lo que hace al primer período, los dos primeros meses los ocupan en la llamada glosa del Informe de Gobierno. El mes y medio restante suele transcurrir en una larga y desgastante discusión en torno al presupuesto de egresos y a la ley de ingresos. Y el segundo período, marzo-abril, apenas da tiempo para desahogar algunos temas, ello sin dejar de mencionar que también es este periodo, concurren [sic] a comparecer ante el Pleno los Titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia, de la Contraloría General y de la Comisión de Derechos Humanos, quedando muy poco tiempo para desahogar la Agenda legislativa.

...consideramos que adicionalmente a la ampliación del tiempo de duración de las sesiones ordinarias, se debe hacer que los periodos coincidan -en la mayor medida posible- con los periodos en que también sesionan las Cámaras del Congreso de la Unión, derivado de la relación que existe entre éstas y la Asamblea Legislativa, dada la naturaleza jurídica del Distrito Federal.

De esta manera, el proyecto de decreto propuesto es el siguiente:

Iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Único. Se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar como sigue:

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Artículo 39. La Asamblea se reunirá a partir del 5 de septiembre de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 20 de diciembre del mismo año, excepto cuando el jefe de gobierno del Distrito Federal inicie su encargo, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año y a partir del 1 de febrero de cada año, para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 30 de abril del mismo año.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación Diario Oficial de la Federación (sic).

Segundo. Posterior a la aprobación de la presente reforma y a la entrada en vigor del presente decreto, se promoverán las reformas a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de realizar las modificaciones correspondientes.

2. La iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza, integrante del brupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; tiene por objeto, al igual que la propuesta anteriormente resumida, presentar ante el Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de decreto que reforme el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal con la finalidad de ampliar los periodos ordinarios de sesiones de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal. De esta manera, se propone que el primer periodo ordinario comience el 1 de agosto y termine el 31 de diciembre, excepto en el primer año de la legislatura, en cuyo caso iniciará el 1 de septiembre. Por otra parte, se propone que el según o periodo comience el 1 de febrero y termine el 30 de junio. La propuesta tiene su origen en que las 42 veces que esta Asamblea sesiona durante cada año legislativo es insuficiente para “desarrollar con eficiencia y eficacia los trabajos legislativos”. Además, señala que las Cámaras el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, han realizado las reformas necesarias para ampliar los periodos de sesiones con la finalidad de desahogar el trabajo legislativo.

Por lo anterior, el proyecto de decreto propuesto es el siguiente

Decreto

Artículo único. Se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 39. La Asamblea se reunirá a partir del 1 de agosto de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre del mismo año; ya partir del 1 de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 30 de junio del mismo año.

Salvo el primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, en la que la Asamblea se reunirá a partir del 1 de septiembre.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

3. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por la diputada Miriam Saldaña Cháirez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, comparte el propósito que las dos propuestas –que de manera sucinta se han mencionado en líneas anteriores. No obstante, en lugar de fundamentar ambos periodos ordinarios de sesiones, propone únicamente la ampliación del segundo periodo legislativo, de tal suerte que inicie el 1 de febrero y concluya el 30 de abril.

Según los planteamientos de la citada propuesta, la Asamblea Legislativa –junto con el Congreso de Jalisco– tiene los períodos de sesiones más cortos, al durar en total cinco meses. Esto es diferente de los ocho a nueve meses y medio que duran los periodos ordinarios de los demás Congresos locales del país. Asimismo se señala que la ampliación del tiempo para sesionar tiene como finalidad primordial “adaptar el trabajo legislativo a las nuevas dimensiones de necesidades y desarrollo, requeridas de acuerdo a la propia naturaleza de la ciudad”. Con ello, se favorecerá la labor parlamentaria y la producción legislativa, pues “otorga el espacio suficiente para que los diputados analicen, elaboren y resuelvan en conjunto las iniciativas necesarias..., disponiendo de plazos idóneos para programar y ejecutar la agenda legislativa”.

Por lo anterior, el proyecto de decreto propuesto es el siguiente:

Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Título Cuarto

De las Bases de la Organización y Facultades de los Órganos Locales de Gobierno del Distrito Federal

Capítulo I

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Artículo 36. a 38. ...

Artículo 39. La Asamblea se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarías, que podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre del mismo año, y a partir del 1 de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 30 de abril del mismo año.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis de los planteamientos expuestos, en la iniciativa mencionada, considera lo siguiente:

Primera. Para el correcto estudio y desahogo de las tres propuestas de iniciativas anteriormente mencionadas, esta comisión decidió realizar al mismo tiempo el dictamen de todas ellas en virtud de la relación que guardan entre sí y cuya resolución en particular y por separado podría ser contradictoria. En este caso, las tres propuestas de iniciativas sujetas a estudio versan sobre la ampliación de los periodos ordinarios de la Asamblea Legislativa.

Segunda. Dentro del derecho parlamentario, las sesiones de los órganos legislativos han sido denominadas ordinarias y extraordinarias y, en función de lo anterior, se distinguen también los periodos en los que sesionan. En el caso de los periodos ordinarios, pueden ser definidos como los espacios de tiempo hábil, los delimitados por la norma correspondiente, en los cuales los órganos parlamentarios se reúnen para realizar sus funciones. De forma excluyente, los periodos ordinarios se definen como aquellos espacios de tiempo en que de forma eventual y por excepción, sesionan los órganos parlamentarios.

Por lo que se refiere a las iniciativas a estudio, todas ellas pretenden incidir en la duración de los periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los cuales, de conformidad con el vigente artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el primer periodo ordinario comienza el 17 de septiembre de cada año y puede prolongarse hasta el 31 de diciembre; el segundo periodo principia el 15 de marzo y puede prolongarse hasta el 30 de abril del mismo año.

Tercera. A partir de un análisis del artículo 39 del Estatuto de Gobierno, las tres propuestas de iniciativas coinciden en señalar que la duración de los periodos ordinarios en los que sesiona la Asamblea Legislativa es breve, por lo que deben ser ampliados. Este requerimiento se debe, además, a que la temporalidad actual no permite desahogar toda la agenda legislativa.

En virtud de este argumento central de las iniciativas señaladas, esta comisión realizó un estudio con la finalidad de determinar la certeza del mismo, por lo que se abocó a investigar las siguientes cuestiones: 1. Si es propio de los órganos legislativos contar con periodos ordinarios de larga duración; 2. Si la mayor duración de los períodos ordinarios de sesiones trae como consecuencia. un mejor desarrollo de la agenda legislativa; 3. Si la respuesta a las dos cuestiones anteriores es afirmativa, ¿cuál es la temporalidad conforme a la cual deben ser ampliados?

Cuarta. Por lo que se refiere a determinar si la mayor duración de los periodos ordinarios es propia de los órganos legislativos, esta comisión encontró lo siguiente:

1. Según indica Felipe Tena Ramírez, la predominancia del órgano legislativo tuvo su origen en las ideas rousseaunianas conforme a las cuales el Poder Ejecutivo debe estar siempre bajo el control de la representación popular. Sin embargo, tales ideas fueron pronto mitigadas por el desastre político y legislativo que originaba la actividad continua de las Cámaras, de ahí que en las democracias, que comenzaron a florecer a partir del siglo XVIII, se consideró pertinente que los periodos de reunión de los legisladores tuvieran corta duración.

No obstante, estas ideas han quedado completamente desfasadas de la realidad en la cual se desempeñan los órganos legislativos en las democracias actuales, pues las materias que son competencia de éstos implican una complejidad asombrosa debida sobre todo a la pluralidad y dinamismo de la sociedad. Asimismo, dichos órganos actualmente realizan otras funciones adicionales a la estricta función legislativa, como administrativas, jurisdiccionales, de control, presupuestarias, de dirección política, etcétera.

En ese sentido, de la mano de la complejidad, se ha dado un fenómeno identificado como legiferación, es decir, “un proceso en el que el Estado social produce un nuevo tipo de derecho: el derecho regulativo. Este se define en cuanto a sus funciones como derecho preordenado hacia la exigencia de guiar el Estado social y, en cuanto a su estructura, como derecho de tendencia particularista, orientado teleológicamente y fuertemente dependiente del auxilio de las ciencias sociales”. Conforme a lo anterior, se puede afirmar que a causa de las necesidades contemporáneas, los órganos legislativos requieren por lo menos de mayor tiempo para realizar sus funciones. Si se observa la práctica, ésta es conforme con este diagnóstico.

2. Históricamente, al menos por lo que se refiere a los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión, éstos han tendido a ampliarse. En efecto, la Constitución de 1824 dispuso en sus artículos 67 y 71 un solo periodo ordinario de sesiones cuya duración podría ser de tres meses y medio hasta cinco. Sin embargo, la Constitución de 1836, las Bases Orgánicas de 1843 y la Constitución de 1857 incluyeron un doble periodo de sesiones ordinarias, con lo que el tiempo para sesionar del Congreso aumentó.

Aún cuando la Constitución de 1917 originalmente volvió a establecer un solo periodo de sesiones, es en 1986 cuando como resultado de la idea de fortalecer y beneficiar la actividad parlamentaria se estableció nuevamente un doble periodo de sesiones. Desde entonces, a nivel federal la tendencia ha sido la de ampliar los periodos de sesiones.

De esta manera, actualmente conforme a los artículos 65 y 66 de la Carta Magna, el Congreso General sesiona en dos periodos anualmente, el primero de ellos comienza el 1 de septiembre y pudiendo finalizar hasta el 15 de diciembre (excepto cuando el presidente inicie su encargo el 1 de diciembre en cuyo caso el periodo podrá extenderse hasta el 31 de diciembre; el segundo periodo inicia el 10 de febrero y puede concluir hasta el 30 de abril.

En total, el Congreso puede sesionar entre 195 y 211 días por cada año.

A mayor abundamiento, esta dictaminadora encontró que los periodos de sesiones de los respectivos órganos legislativos de otros países son también de larga duración. Los órganos de Estados Unidos y Venezuela, por ejemplo, sesionan durante 11 y 12 meses, respectivamente; Brasil y Ecuador, durante diez.

3. Hasta aquí podría concluirse que si el Congreso de la Unión ha ampliado sus periodos ordinarios de sesiones, análogamente la Asamblea Legislativa tendría que seguir su ejemplo; no obstante, esto no es del todo cierto, puesto que la trascendencia y complejidad de los asuntos nacionales hace difícil la comparación de un órgano federal con uno local. Por lo anterior, esta comisión hizo una investigación de derecho comparado para saber si en comparación con los órganos legislativos de los estados de la República, la Asamblea Legislativa cuenta con periodos de sesiones que son o no más extensos, y la conclusión a la que llegó fue que, de todos, esta Asamblea cuenta con los periodos más cortos con una duración en total de hasta 152 días. Esto es muy diferente con los periodos de los congresos de Morelos (en total 271 días) o de Yucatán (suman en total 257 días, pero bien puede extenderse hasta 288) que incluso duran mucho más que los del Congreso de la Unión; incluso, hay congresos que tienen tres sesiones como Guanajuato, Guerrero y Yucatán. De conformidad con lo anterior, se entiende que si se compara con el derecho local de las distintas entidades del país, tanto el Congreso de la Unión con los congresos locales han tendido a ampliar los respectivos periodos ordinarios de sesiones y que no obstante su carácter local, hay congresos cuyos periodos de sesiones son mucho mayores que los del Congreso federal.

Por los razonamientos anteriores, se concluye que las necesidades actuales han provocado que los órganos legislativos actuales tengan periodos ordinarios de sesiones cada vez más extensos.

Quinta. La segunda de las cuestiones es determinar si, corno se sostiene en las tres iniciativas en dictamen, la ampliación de los periodos de sesiones traerá como consecuencia el mejor desahogo de la agenda legislativa de este órgano parlamentario. Al respecto, este cuerpo colegiado considera que aunque la ampliación de los periodos ordinarios pueda provocar una mejora en la percepción ciudadana sobre la labor que ejercen los diputados, no es del todo cierto que la reforma provoque en los hechos una mayor eficiencia del trabajo legislativo. De esta manera, el investigador parlamentario Luis Alfonso Camacho, considera que en tanto que la labor legislativa es compleja, las eventualidades que deben ser remediadas para aumentar de alguna manera la eficacia legislativa, van más allá del simple aumento de los días de sesiones. Entre los problemas a los que hace mención el jurista citado son los siguientes:

1. Cortedad del plazo legal para producir dictamen.

2. Interposición de foros de consulta dentro del plazo legal.

3. Tramitación de solicitudes de información indispensables para dictaminar ante las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

4. Cancelación de reuniones de comisión por ausencia de sus integrantes.

5. Carencia de un ejercicio completo de la facultad de expedir dictámenes desestimativos o en sentido negativo, dando oportuna cuenta de ello al pleno por conducto de la Mesa Directiva.

6. Insuficiencia de impulso procesal por parte de los autores de las iniciativas.

7. Proliferación de iniciativas notoriamente inviables o concurrentes con otras ya registradas.

8. Acumulación de proyectos de dictamen, pospuestos en cuanto a su discusión final y votación, con motivo de no poderse llevar a cabo la reunión de comisión o comisiones unidas correspondiente, por falta de quórum.

Como se observa, la complejidad de la actividad parlamentaria exige la reforma integral de los ordenamientos internos para mejorar y hacer más eficiente el trabajo legislativo. La ampliación de los periodos ordinarios de sesiones, en ese sentido, constituyen un factor para lo anterior.

De conformidad con los razonamientos expuestos en esta consideración y en la anterior, esta Comisión conciuye que sí es necesaria la reforma del Estatuto de Gobierno para aumentar la duración de los periodos ordinarios de sesiones de esta Asamblea.

Sexta. Por último, es preciso ahora determinar cuál debe ser la duración de los periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea. Conforme a las propuestas de iniciativas sujetas a estudio, los plazos que se contemplan son los siguientes:

A partir del cuadro comparativo anterior, nótese fundamentalmente lo siguiente:

1. Sólo las dos primeras propuestas de iniciativas (la de los diputados Jesús Sesma et al. y la de Gabriel Gómez del Campo) amplían los dos periodos ordinarios de sesiones; la tercera (de la diputada Miriam Saldaña únicamente aumenta el segundo periodo.

2. De las tres propuestas, la que contempla un mayor número de días para sesionar es la del diputado Gómez del Campo (303+272 días). Las otras dos contemplan una similar duración (195 días), con la diferencia que la de diputado Sesma y otro tiene una excepción cuando inicie el jefe de gobierno su encargo, en cuyo caso, el año legislativo puede ampliarse 11 días más.

Ahora, bien, esta comisión considera que, en el entendido que la vida política del Distrito Federal, merced a su naturaleza, depende aún en gran medida de la que tiene lugar en el Congreso de la Unión, es preciso que la inic1iativa a presentarse ante el mismo proponga que los periodos de esta Asamblea correspondan con los de aquel. En ese orden de ideas, de las propuestas analizadas es la de los diputados Jesús Sesma y otro la que coincide más con tales tiempos, aunque en lo relativo al primer periodo, lo hace comenzar cinco días después de iniciado el del Congreso y lo concluye cinco días después de haber finalizado este; por otro lado, contempla la misma excepción tratándose del año en que inicia su encargo el jefe de gobierno, en cuyo caso el primer periodo concluiría a más tardar el 31 de diciembre.

La diferencia anotada, sin embargo, es coherente con lo dispuesto en el artículo 10, fracción III, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, el cual dispone como fecha límite el 20 de diciembre de cada año para el examen, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y, en su caso, las reformas, modificaciones, adiciones y derogaciones al Código Fiscal y a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, todos del Distrito Federal. La excepción vuelve a depender del año en que inicie la gestión del jefe de gobierno, en cuyo caso debe realizarse lo anterior a más tardar el 27 de diciembre. Por lo demás, que la Asamblea Legislativa inicie sus sesiones ordinarias después del Congreso de la Unión, es razonable si se considera que ambas instituciones tienen su residencia en la Ciudad de México.

Conforme a lo anterior, esta dictaminadora considera que la iniciativa a presentarse ante el Congreso de la Unión debe contemplarlos plazos indicados por la iniciativa de los diputados Jesús Sesma et al.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias somete a consideración de la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la presentación, ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la siguiente

Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Único. Se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Artículo 39. La Asamblea se reunirá a partir del 5 de septiembre de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 20 de diciembre del mismo año, excepto cuando el jefe del gobierno del Distrito Federal inicie su encargo, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese propio año. Asimismo, se reunirá a partir del 1 de febrero de cada año para celebrar un segundo período d1e sesiones ordinarias, el cual podrá prolongarse hasta el 30 de abril del mismo año.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal llevará a cabo las reformas necesarias a su marco normativo, a efecto de realizar las modificaciones correspondientes.

Notas:

1 Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, 39 edición, México Porrúa, 2007, página 435.

2 Pedroza de la Llave, página 269.

3 Teubner, G., Aspetti, Limití, alternative della legificazione” en Sociología del diritto, I, 1985, página 13, citado por Atienza, Manuel, Contribución a una teoría de la legislación, Madrid, Civitas, 1997, página 49.

4 Pedroza de la Llave, Susana Talía, El Congreso General Mexicano. Análisis sobre su evolución y funcionamiento actual, México, primera, Porrúa, 2003, páginas 92 a 94.

5 Gamboa Montejano, Claudia, Periodos ordinarios de sesiones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Estudio de derecho comparado y de las propuestas de reforma a los artículos 65 y 66 constitucionales de las Legislaturas LIX y LX, México, Cámara de Diputados LX Legislatura, 2007, página 26.

6 Camacho González, Luis Alfonso, “El rezago legislativo”, Quórum Legislativo, número 87, Octubre- diciembre, 2006, páginas 182 y 183.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, a 5 de diciembre de 2013.— Firmando para constancia y conformidad por integrantes de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, diputados: Óscar Moguel Ballado (rúbrica), presidente; Adrián Michel Espino (rúbrica), vicepresidente; Claudia Cortes Quiroz (rúbrica), secretaria; Karla Valeria Gómez Blancas, Eduardo Santillán Pérez (rúbrica), Isabel Priscila Vera Hernández, Antonio Padierna Luna (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Manuel Granados Covarrubias.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY DEL MERCADO DE VALORES

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 632-LX-13, en el que de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia del que se adjunta copia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco.”

Guadalajara, Jalisco, diciembre 5 de 2013.— Doctor Marco Antonio Daza Mercado (rúbrica), secretario general del honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Ciudadanos Diputados del honorable Congreso del estado de Jalisco.— Presentes.

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del honorable Congreso del estado de Jalisco, en uso de las facultades que nos otorgan los artículos 64, 69, fracciones II y IV, 148, 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, sometemos a la elevada consideración de esta Soberanía, el presente Acuerdo Legislativo, que aprueba la iniciativa por la que se propone elevar a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la reforma del artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores, con base en la siguiente:

Parte expositiva

I. Presentación de la iniciativa. En sesión ordinaria de pleno de la LX Legislatura, celebrada el día 12 de septiembre de 2013, fue presentada por el diputado Salvador Zamora Zamora, la iniciativa de ley señalada en el proemio de este documento.

II. Recepción y turno. En la sesión antes señalada, por acuerdo de la asamblea, la iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, para su correspondiente dictaminación.

III. Elaboración del dictamen. La iniciativa en comento fue analizada y valorada por el diputado Juan Carlos Márquez Rosas, quien procedió al estudio de la misma para su dictaminación, al ser integrante de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, competente para este efecto en términos de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco.

IV. Contenido de la iniciativa. La iniciativa de decreto en comento tiene por objeto proponer la reforma del artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores; con la finalidad de que esencialmente las denominadas Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión sean sujetas a vigilancia por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, vigilancia que actualmente no tienen en perjuicio de pequeños inversionistas; para ello se sustenta en los razonamientos expresados en la exposición de motivos que a continuación se transcribe:

“Primero: Todo tipo de inversión conlleva un riesgo, el cual por lo general es proporcional al beneficio esperado, el mercado de las inversiones en el libre mercado, ha abierto la puerta al público en general y la oportunidad de que los ciudadanos entren en el mercado cambiario nacional e internacional, con el fin de poder acrecentar su capital económico y mejorar su nivel de vida, además de ser una de las bases para el desarrollo económico del país, pues es importante resaltar que el sistema económico en el que está inmerso México se sustenta en los préstamos de desarrollo para la micro y mediana empresa.

La actividad de inversionistas ciudadanos surgen en el gobierno encabezado por el presidente Plutarco Elías Calles, quien en 1925 abrió las puertas del Banco de México el cual ha sido desde su fundación el núcleo del sistema bancario en el país, y auxiliado por la Ley de Bancos de 1926, armonizó la situación crediticia de los ciudadanos mexicanos otorgando la posibilidad de préstamos a partir de los ahorros, en un sistema de inversión primitivo e indirecto. Para el año de 1932 se configura y pone en marcha la banca de desarrollo, la cual funciona como una alternativa al sistema bancario privado, y utilizaremos de ejemplo para señalar la dirección del sistema de préstamos e inversión que ha tomado el país, pues el objetivo de esta banca no era la beneficencia pública o aumentar su capital financiero, sino un proyecto de préstamos para la inversión agraria y las nuevas figuras resultado del desarrollo del capital, microempresarios y medio empresarios, pues la finalidad de estos préstamos es la de capitalizar a los sectores antes mencionados y puedan expandir o rescatar su negocio, es decir son préstamos ligados al desarrollo de las actividades económicas y no a la ampliación del capital individual, una banca que invierte en sectores estratégicos para el progreso del país.

Segundo. La Real Academia Española define invertir como “emplear, gastar, colocar un caudal” por otra parte John Maynard Keynes, en su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, nos define la inversión como comprar bienes de capital, cuando un individuo invierte, literalmente “compra el derecho a la serie de ingresos descontados que él espera obtener durante la vida útil del capital con la venta de su producción, deducción hecha de los gastos corrientes para obtener dicha producción”.

Debemos entender que al elevarse la inversión en bienes de capital, la eficiencia del capital es objeto de dos influencias que se suman, primero, los rendimientos esperados disminuyen; esta disminución se debe al efecto de los rendimientos decrecientes, y segundo si los costes de las empresas que producen los bienes de capital son crecientes, el precio de oferta aumenta, es así que para cada tipo de bien capital, la eficiencia disminuye cuando la inversión crece.

Tomando en cuenta lo anterior, John Maynard Keynes dice: “trazar la curva que relaciona los diversos flujos globales de inversión con el valor correspondiente de la eficiencia marginal del capital, adicionando para todos los tipos de capitales el flujo de inversión que corresponde a un mismo valor de la eficiencia accesoria del capital “. Esta curva, naturalmente decreciente, es denominada por John Maynard Keynes curva de eficiencia marginal del capital, algunas veces, en la curva de demanda de capital, a medida que descendemos sobre la curva aumenta el precio de los bienes de capital ya que estos precios se relacionan inversamente con los rendimientos, encareciendo el dinero sobre los productos que proporciona y beneficiando a la volatilidad del mercado con tendencias a la baja. Es por lo anterior que debemos considerar lo complicado y frágil que es el sistema económico, mas no por ello debe ser reservado a los grandes capitales, las inversiones de pequeños capitales son de gran utilidad, en especial cuando se agrupan y enfocan en transacciones directas, pues los beneficios y pérdidas obtenidas se reparten proporcionalmente, tal y como lo plantea Harry Markowitz, quien indica la ventaja de los portafolios con acciones distintas, con el fin de que las acciones de bajo rendimiento se vean compensadas con las acciones de alto rendimiento, generando un fondo mancomunado de acciones positivas y negativas, por lo que con una buena propuesta de inversión se puede obtener grandes beneficios, sin embargo, el acceso a estos esquemas de inversión solo pueden ser alcanzados con grandes capitales, es por ello la importancia de que los ciudadanos se reúnan en sociedades de inversión y con la suma de capitales lograr mejores rendimientos en su dinero.

Sin embargo la inversión sin información ni experiencia es sumamente riesgosa, pues depende de distintos factores inherentes al inversionista, tales como:

“Riesgo de mercado la pérdida que puede sufrir un inversionista debido a la diferencia en los precios que se registran en el mercado o en los movimientos de los llamados factores de riesgo (tasas de interés, tipos de cambio, precio de las acciones). También se puede definir como la posibilidad de que el valor presente neto de los portafolios se mueva adversamente ante cambios en las variables macroeconómicas que determinan el precio de los instrumentos que componen la cartera de valores. Según Jorion el riesgo de mercado se deriva de cambios en el precio de los activos y pasivos financieros (o volatilidades) y se mide a través de cambios en el valor de las posiciones abiertas.

Riesgos de liquidez, el cual se refiere a las pérdidas que pueda sufrir una institución al requiere una mayor cantidad de recursos para financiar sus actividades a un costo posiblemente inaceptable. El riesgo de liquidez se refiere también a la imposibilidad de transformar en efectivo un activo o portafolios (imposibilidad de vender un activo en el mercado). Este riesgo se presenta en situaciones de crisis, cuando en los mercados hay únicamente vendedores.

Riesgo de crédito, el más antiguo y probablemente el más importante que enfrentan las entidades bancarias. Se puede definir como la pérdida potencial producto del incumplimiento de la contraparte en una operación que incluye compromiso o pago.

Riesgo legal se refiere a la pérdida que se sufre en caso de que exista incumplimiento de una contraparte y no se pueda exigir, por la vía jurídica, cumplir con los compromisos de pago. Se refiere a operaciones que tengan algún error de interpretación jurídica o alguna omisión en la documentación.

Riesgo operativo: Es un concepto muy amplio y se asocia con fallas en los sistemas, procedimientos en los modelos o en las personas que manejan dichos sistemas.”

Tercero. las sociedades anónimas promotoras de inversión, nacen como una entidad encargada de auxiliar y apoyar a los ciudadanos que desean invertir su dinero, pero no conforman un capital suficiente como para invertir en grandes bolsas o utilizar métodos de portafolio, lamentablemente no existe un método de vigilancia, y los depredadores del mercado utilizan un método piramidal, perteneciente al capitalismo salvaje y que básicamente paga réditos de los inversionistas que llevan más tiempo con el capital de los inversionistas que recién han ingresado, con el fin de entregar beneficios rápidos y muy altos en inversiones. El 15 de diciembre de 2012 la revista Proceso publicó un artículo en el que menciona al empresario Víctor Íñiguez Guerrero, quien es presunto responsable de fraude en los estados de Jalisco, Guanajuato y Oaxaca, el cual asciende a 26 millones de pesos. Actualmente la Ley del Mercado de Valores en su artículo la cuarto párrafo establece que las sociedades promotoras de inversión no serán vigiladas, lo cual deja una puerta abierta a los depredadores del capital, enriqueciéndose de las inversiones que utilizan en forma piramidal y que busca solo su beneficio propio, afectando no sólo a las personas que confiaron su dinero, el cual muchas veces proviene de sus ahorros, también perjudicando el desarrollo nacional y realizando un retroceso del libre mercado al no generar la confianza de los pequeños capitales.

Es por ello que consideramos que una sola modificación al último párrafo del artículo la de la Ley del Mercado de Valores, en el que actualmente dice: “Las sociedades anónimas promotoras de inversión no estarán sujetas a la supervisión de la comisión, salvo que inscriban valores en el registro”, este no los exime de cualquier revisión, limitando con ello las medidas preventivas que pudiera tomar la autoridad ante los malos manejos, los cuales ya han deteriorado el capital y la vida de varios ciudadanos, quienes interesados en ingresar al mercado de valores, se vieron engañados por los depredadores de capitales emergentes, quienes ante la opacidad de ley realizaron fraudes millonarios, con esta modificación sostenemos que bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se podrá alertar a los inversionistas cuando su capital se encuentre aplicado en sistema piramidal, o cualquier otro tipo de fraude financiero, pues tal y como lo comentado en esta exposición de motivos, el fraude en estas sociedades ha acontecido varias veces y ya es momento que la Legislación en la materia tome cartas en el asunto, previniendo que no vuelva ocurrir un nuevo fraude en ninguna parte de la República Mexicana.”

Atendiendo a la exposición de motivos contenida en la iniciativa, para efecto de sustentar el dictamen que se propone, la Comisión dictaminadora se avocó al estudio de la misma y del marco jurídico vigente, para valorar la pertinencia de la misma y plasmar los argumentos de convicción en la siguiente:

Parte considerativa

I. Inicio del proceso legislativo: En cuanto a la forma se denota que es procedente entrar al conocimiento de la iniciativa de ley que nos ocupa, por ser materia respecto de las que el Congreso del estado de Jalisco está facultado para conocer y legislar, en tanto que se acreditó que la comisión dictaminadora es competente para conocer del tema y hacer la propuesta de dictamen.

II. Facultades legislativas: De conformidad con la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 153 numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, es facultad del Congreso del Estado presentar iniciativas de ley o decreto ante el Congreso de la Unión, así como plantearle la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes federales o artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. De las formalidades: La iniciativa de ley fue admitida y turnada en virtud de que cubre las formalidades que establece el artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, y que en esencia contiene la exposición de motivos, la iniciativa de ley correspondiente, las disposiciones sustantivas y transitorias.

IV. Análisis de la iniciativa:

a. De la lectura de la exposición de motivos, se desprende la necesidad de que este Poder Legislativo participe en la actualización, no sólo del marco normativo estatal, sino de todos los ordenamientos que directa o indirectamente afecten a los ciudadanos. Si bien el ordenamiento de estudio es de carácter federal, la propuesta es de elevar la iniciativa a conocimiento del Congreso de la Unión, apoyada en la exposición de motivos del autor de la misma, la cual es adecuada para ser considerada por nuestros legisladores federales.

En efecto, se coincide con la necesidad de garantizar el cuidado de todas las operaciones realizadas por estas sociedades, pues hasta la fecha la excepción de sujetara estas Sociedades a vigilancia por parte de la Comisión ha arrojado resultados negativos y perjudiciales a las personas, razón suficiente para intervenir en la redacción vigente ampliando la protección que brinda la legislación en la materia.

Como se establece en la exposición de motivos, efectivamente en el Estado de Jalisco, se ha dado este tipo de fraude en perjuicio de ciudadanos que actualmente no cuentan con una ley que prevea disposiciones preventivas o, en su caso, correctivas, lo que nos hace compartir plenamente la preocupación del autor de la iniciativa.

Es por esto que el Congreso del estado de Jalisco, remite la presente iniciativa al honorable Congreso de la Unión para que siendo éste el competente de formular un análisis y emitir una resolución en la materia, elabore el dictamen respectivo.

Parte resolutiva

Derivado de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, en los términos de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 64, 69, fracciones II y IV, 148, 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, sometemos a consideración de la asamblea de este honorable Congreso del estado de Jalisco el siguiente

Acuerdo Legislativo

Artículo Primero. Se eleva a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

I. y II. ...

Las sociedades anónimas promotoras de inversión estarán sujetas a la supervisión de la Comisión, y deberá informar a los inversionistas su opinión respecto a las operaciones realizadas por las sociedades anónimas promotoras de inversión.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en Vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se instruye a la Secretaría General de este Congreso del estado a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo al honorable Congreso de la Unión.

Notas:

1 Real Academia Española de la Lengua.

2 John Maynard Keynes, Teoría general del empleo, el interés y el dinero.

3 Markowitz Harry, 1952 “Portfolio Selection”. The Jaurnal of Finance, vol. 7, No. 1, pp. 77-91.

4 Jorion Phillipe (2003) Valor en riesgo. Limusa, SA. Universidad de California. México, DF.

5 http://www.proceso.com.mx/?p=327908

6 Ley del Mercado de Valores.

Atentamente

“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco.”

Guadalajara, Jalisco, a 12 de noviembre de 2013.— Sala de comisiones del honorable Congreso del estado de Jalisco: La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Miguel Castro Reynoso, José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica), J. Jesús Palos Vaca, Edgar Enrique Velázquez González (rúbrica), Roberto Mendoza Cárdenas (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), Julio Nelson García Sánchez (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Juan Carlos Márquez Rosas (rúbrica), Norma Angélica Cordero Prado (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para dictamen.

CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACAN

El diputado José Luis Esquivel Zalpa(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, ¿con qué objeto? Sonido para el señor diputado.

El diputado José Luis Esquivel Zalpa (desde la curul): Presidente, con el objeto nada más de solicitarle al gobierno del estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Gobierno, para que sigan pendientes de los conflictos suscitados entre las localidades de Acachuén y Nuevo Morelos, del municipio de Chilchota, en virtud de que el pasado lunes 6 asesinaron al ciudadano Adrián Baltasar Gómez.

Sin duda la intervención del gobierno del estado abonará a la pronta solución del problema y evitará que sigan sucediendo muertes como la de este ciudadano. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Esquivel Zalpa. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, suscrita por los diputados Jorge Herrera Delgado y Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Con su permiso, ciudadano presidente. Honorable asamblea, las bibliotecas públicas son pilares del desarrollo nacional. El estado que guardan es un indicador importante para evaluar las posibilidades que tiene México de ser cada vez más competitivo en el contexto internacional.

Las bibliotecas tienen un papel preponderante en la educación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, la toma de decisiones al más alto nivel, la promoción de la lectura, la cultura y el acceso a bienes públicos.

La Ley General de Bibliotecas —publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1988— fue en su momento el principal instrumento para conformar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Hoy día en todo el país existen 13 mil 363 bibliotecas públicas en 2 mil 281 municipios.

No obstante, las grandes diferencias que hay entre las bibliotecas de las regiones del país conlleva retos de gran magnitud, en el que se refiere a la conservación de materiales documentales, al equipamiento y a la infraestructura que son necesarios para garantizar que las colecciones sean pertinentes y que todos los servicios sean de calidad.

En la Ley General de Bibliotecas prevalece una visión centralista que privilegia la toma de decisiones de la autoridad educativa federal. Este centralismo es insostenible, por lo que es necesario invertir la lógica del desarrollo bibliotecario para hacer del municipio el eje de las políticas públicas en la materia.

Es en las bibliotecas municipales donde se reflejan los grandes problemas del sistema bibliotecario nacional y en donde se pueden enfrentar los retos que hoy día tenemos como nación.

El Censo de Población y Vivienda de 2010 refleja un panorama perturbador, ya que el analfabetismo es de 6.9 por ciento de la población. Estamos hablando de millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a bienes culturales esenciales.

La Encuesta Nacional de Lectura de 2012 refleja otro problema igualmente grave, que es el del analfabetismo funcional. Según esta encuesta, en el 2006 al 2012, en México cada persona lee en promedio 2.9 libros al año, lo que nos ubica en el vergonzoso penúltimo lugar de América Latina.

La situación actual de los servicios bibliotecarios y las crecientes demandas de una población cada vez más comprometida con el progreso educativo, cultural y científico hace necesario realizar una reforma integral y profunda del marco jurídico que regula las bibliotecas públicas de México, a efecto de relanzar la política bibliotecaria nacional, fortaleciendo la Red de Bibliotecas y, de manera importante, dándole a las bibliotecas municipales el énfasis y la relevancia que requiere para que sean vehículos de la transformación de sus comunidades.

En consecuencia, la iniciativa propone como objetivos de la ley la contribución al fomento del hábito de la lectura y la mejora del nivel educativo y la cultura de la población. Además de la conservación del patrimonio cultural de las comunidades, lo que permitirá mantener vivas las tradiciones orales y escritas de nuestra nación, rescatándolas del olvido para que sean consignadas en formatos digitales y conservadas en repositorios.

Se propone la adición de un artículo 1o. Bis, que establezca los principios que habrán de regir la política nacional del desarrollo bibliotecario. La iniciativa revitalizará el enfoque municipalista de la planeación y el desarrollo, haciendo que las bibliotecas municipales sean la base del sistema.

En consecuencia, se propone como objetivo de la ley fortalecer los principios del sistema federal y consolidar su aplicación en la prestación de los servicios bibliotecarios. Adicionalmente se propone un nuevo artículo 8o. Bis, que prevé las atribuciones de los gobiernos de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Estas modificaciones son acordes con el espíritu de una nueva ley general en la materia y se orientan a la realización de ciertas funciones mínimas, todo ello en el marco del pleno respeto a la autonomía municipal.

Por primera vez en la historia se prevé el establecimiento de una política pública en materia de desarrollo bibliotecario, para lo cual se establece la expedición de un programa nacional de desarrollo bibliotecario alineado con el Plan Nacional de Desarrollo.

También se fortalece la representación del gremio bibliotecario en el Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y se prevén nuevas atribuciones en función de la importancia que este órgano consultivo debe tener.

Además establece que el sistema deberá mantener un directorio de bibliotecas públicas que contengan los datos como ubicación, servicios, horarios y características de las mismas colecciones que ahí se presentan.

En función de las anteriores consideraciones, solicito a nombre de mis compañeros diputados Jorge Herrera Delgado y Celia Gauna Ruiz de León y del mío propio que las comisiones dictaminadoras de ambas Cámaras consideren a fondo y con toda seriedad las propuestas aquí vertidas, con la convicción de que del futuro de las bibliotecas públicas depende en buena medida el futuro de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, suscrita por los diputados Jorge Herrera Delgado, Celia Isabel Gauna Ruiz de León y Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRI

Jorge Herrera Delgado, Celia Isabel Gauna Ruiz de León y Pedro Pablo Treviño Villareal, diputados a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Bibliotecas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las bibliotecas son uno de los ejes del desarrollo nacional. Su papel en los ámbitos de la educación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, la toma de decisiones al más alto nivel, la promoción de la lectura y la cultura, y el acceso a bienes públicos en condiciones de gratuidad, es de la mayor relevancia.

La Ley General de Bibliotecas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1988, fue en su momento el principal instrumento para conformar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, las cuales tuvieron un importante crecimiento en toda la República durante la década siguiente.

Hoy, en todo el país hay 7 mil 363 bibliotecas públicas en 2 mil 281 municipios, las cuales son coordinadas por la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Cabe señalar que cuando se presentó el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas, el 2 de agosto de 1983, había 351 bibliotecas públicas. Pese a este avance significativo, persisten graves rezagos y carencias en lo que se refiere al acceso a los servicios bibliotecarios y a los materiales documentales, a la planeación nacional del desarrollo bibliotecario, y al acceso a las bibliotecas.

Se carece de un diagnóstico integral del sistema bibliotecario que sea la base para el sostenimiento y mejora de las bibliotecas actuales, también se carece de un diagnóstico sobre las necesidades específicas de acceso a bibliotecas que sea la base para una política nacional bibliotecaria.

Las grandes diferencias en las bibliotecas de las diversas regiones del país implica retos en lo que se refiere a la conservación de materiales documentales, así como el equipamiento y la infraestructura que son necesarios para garantizar que las colecciones sean pertinentes, que los servicios sean de calidad y que los materiales documentales estén debidamente resguardados de las inclemencias climáticas.

Se debe también considerar que las bibliotecas son un vehículo de primera importancia para hacer frente a los fenómenos del analfabetismo y los deficientes hábitos de lectura de la población. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010 el analfabetismo es de 6.9 por ciento de la población, mientras la Encuesta Nacional de Lectura 2012, concluye que de 2006 a 2012 se ha dado una reducción significativa, de 10 por ciento, en el número de lectores de libros.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Lectura, en México cada habitante lee en promedio 2.9 libros al año. Según un estudio del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), la cantidad de libros leídos en México lo ubica en el penúltimo lugar sólo superado por Colombia, con 2.2 libros. En las posiciones más altas se encuentran Chile con 5.4 libros y Argentina con 4.6 libros. Cabe señalar que según el estudio del Cerlalc una de las formas principales para acceder a los libros en México es a través de las bibliotecas.

Las bibliotecas son recintos para la promoción de la cultura y las artes, así como pilares para el ejercicio de un amplio conjunto de derechos sociales, de entre los cuales, cabe destacar el derecho a la educación y el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y la autonomía.

Como ejes del desarrollo nacional, las bibliotecas demandan un marco jurídico moderno, que determine los instrumentos que se deban desarrollar para que los servicios y las colecciones respondan a las necesidades de las diversas comunidades. Cabe señalar que a pesar de las décadas transcurridas desde la publicación de la Ley General de Bibliotecas ésta sólo ha sido objeto de una modificación, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2009. Con dicha reforma se adecuaron diversos artículos, en función de los cambios tecnológicos que se dieron en el mundo.

La situación actual de los servicios bibliotecarios y las crecientes demandas de una población cada vez más comprometida con el progreso educativo, cultural y científico hacen necesario realizar una reforma integral y profunda del marco jurídico que regula las bibliotecas públicas de México, a efecto de relanzar la política bibliotecaria nacional, fortaleciendo la red de bibliotecas y de manera importante, dándole a las bibliotecas municipales, el énfasis y la relevancia que se requieren para que sean vehículos de la transformación de sus comunidades.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa que se presenta tiene como objetivo principal reformar la legislación en materia de bibliotecas para actualizarla y cubrir algunas importantes carencias que tiene la ley vigente. En primer lugar se proponen como objetivos de la ley la contribución al fomento del hábito de la lectura y la mejora del nivel educativo y cultural de la población, además de la conservación del patrimonio cultural de las comunidades, esto último con el fin de mantener vivas las tradiciones orales y escritas de nuestra nación, rescatándolas del olvido, para que sean consignadas en formatos digitales y conservadas en repositorios.

Se propone la adición de un nuevo artículo 1o Bis que establezca los principios que habrán de regir la política nacional de desarrollo bibliotecario, los cuales están en armonía con los derechos humanos contemplados en la constitución, con los recientes avances en materia de transparencia, así como con los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República.

Los principios propuestos son acceso gratuito, acceso preferente a personas con discapacidad, federalismo subsidiario, inclusión, interés superior de la niñez, no discriminación, perspectiva de género, profesionalización, protección de datos personales y cuidado y respeto del ambiente.

En plena armonía con el proceso de descentralización que se ha dado en México, desde que se promulgó la Ley de Coordinación Fiscal, la Iniciativa revitaliza el enfoque municipalista de la planeación del desarrollo haciendo que las bibliotecas municipales sean la base del Sistema, en consecuencia se propone como objetivo de la Ley fortalecer los principios del sistema federal y consolidar su aplicación en la prestación de los servicios bibliotecarios, adicionalmente se propone un nuevo artículo 8o. Bis que prevé las atribuciones de los gobiernos de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; estas modificaciones son acordes con el espíritu de una ley general en la materia y se orientan a la realización de ciertas funciones mínimas, todo ello, en el marco del respecto a la autonomía municipal.

También como objetivos de la ley se propone, por vez primera, el establecimiento de la política pública en materia de desarrollo bibliotecario, para lo cual se prevé la expedición de un programa nacional de desarrollo bibliotecario alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, y que por esta ocasión abarcará un período de tiempo menor al de otros programas similares.

Asimismo, se busca que la ley consolide a la biblioteca pública como un instrumento para la difusión de la cultura, la preservación de la memoria de las comunidades y el progreso educativo del pueblo mexicano.

La iniciativa propone también reformar el artículo segundo de la ley vigente para contemplar las definiciones relevantes, a saber: agrupaciones de bibliotecarios, acervos, biblioteca pública (que es la única definición prevista en la ley vigente), bibliotecarios, política nacional de desarrollo bibliotecario y servicios bibliotecarios.

La iniciativa prevé nuevas atribuciones para la autoridad educativa federal en función del enfoque federalista propuesto, así como para la autoridad estatal y consolida a la biblioteca municipal como la base del sistema bibliotecario nacional.

Se fortalece también la representación del gremio bibliotecario en el Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y se prevén nuevas atribuciones en función de la importancia que este órgano consultivo debe tener. Además, se prevé que el Sistema deberá mantener un directorio de bibliotecas públicas que contenga datos como ubicación, servicios, horarios y características de las colecciones.

En vista de que el consejo previsto en la ley vigente no se ha integrado, se prevé en el régimen transitorio un plazo perentorio para su instalación, así como el marco jurídico aplicable en caso de que no se instale.

El régimen transitorio también prevé el plazo para la publicación del nuevo programa especial armonizado con el Plan Nacional de Desarrollo, así como un proceso de transición para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno realicen las adecuaciones que sean necesarias para la plena vigencia del decreto que se pone a la consideración de esta soberanía.

En función de las anteriores consideraciones se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas

Artículo Único. Se adicionan las fracciones V a X al artículo 1o.; un artículo 1o. Bis; un segundo párrafo al artículo 4o.; un artículo 8o. Bis; las fracciones III a VI al artículo 9o.; un segundo párrafo al artículo 11 y una fracción VII al artículo 14, recorriendo la fracción siguiente. Se reforman los artículos 2o.; 3o.; 5o. en su primer párrafo, 7o. en sus fracciones I a V, VIII, X y XI; 8o. en sus fracciones I y IX; 9o. en su primer párrafo; 10 en su fracción III, inciso a); 11; 12 en sus párrafos segundo y tercero; y 14 en su primer párrafo y en su fracción I.

Articulo 1o. Esta ley es de observancia general en toda la república; sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto

I. a IV. ...

V. Contribuir al fomento al hábito de la lectura y al mejoramiento constante del nivel educativo y cultural de la población, garantizando el libre acceso de la población al conocimiento y a la cultura en todas sus formas;

VI. Fomentar y garantizar la conservación del patrimonio cultural de las diferentes comunidades que forman la nación;

VII. Fortalecer los principios del sistema federal y consolidar su aplicación en la prestación de los servicios bibliotecarios en los tres órdenes de gobierno;

IX. Establecer los criterios generales para orientar las políticas públicas en materia de desarrollo bibliotecario, fomento a la lectura y difusión del conocimiento y la cultura a través de las bibliotecas; y

X. Propiciar, fomentar y contribuir al establecimiento de servicios bibliotecarios que consoliden a la biblioteca pública como un instrumento para la difusión cultural, la consolidación de la memoria de las comunidades y el progreso educativo constante.

Artículo 1o Bis. Los principios que rigen la política nacional de desarrollo bibliotecario son

I. Acceso gratuito: las bibliotecas públicas de los tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión prestarán los servicios de credencialización y acceso a la biblioteca y a las colecciones, servicios de consulta e Internet, préstamo en sala, interbibliotecario y préstamo a domicilio sin cobrar cuota a cambio de estas prestaciones;

II. Acceso preferente a personas con alguna discapacidad, garantizando en todo momento que su acceso a las instalaciones, los servicios y las colecciones sea expedito y que existan materiales documentales adecuados a sus necesidades;

III. Federalismo subsidiario: las bibliotecas municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal serán el eje de la política nacional de desarrollo bibliotecario, por lo que las autoridades federales y estatales brindarán todo el apoyo que sea necesario a fin de que puedan cumplir los objetivos previstos en la presente ley;

IV. Inclusión: las bibliotecas son ejes para el desarrollo cultural y educativo de las comunidades a través de la garantía de incorporación de todas las personas a las oportunidades de desarrollo que brindan los servicios bibliotecarios;

V. Interés superior de la niñez: los servicios bibliotecarios deberán garantizar en todo momento los derechos de la niñez, mediante el pleno acceso a la satisfacción de sus necesidades de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral;

VI. No discriminación: las bibliotecas prestarán sus servicios sin atender a diferencias de origen, género, raza, religión, condición económica u otras semejantes, garantizándose así la igualdad de oportunidad de acceso a servicios y colecciones;

VII. Perspectiva de género: las colecciones de las bibliotecas, así como la posibilidad de acceso a los diversos cargos deberán garantizar en todo momento, la igualdad de oportunidades para las mujeres;

VIII. Profesionalización: los servidores públicos de las bibliotecas de los tres órdenes de gobierno y de los poderes de la Unión deben ser profesionistas capacitados que tengan los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para prestar los servicios bibliotecarios con eficiencia, eficacia y economía;

IX. Protección de datos personales, se debe respectar el derecho de cada usuario de las bibliotecas a la privacidad y la confidencialidad de la información que solicite, así como los recursos documentales consultados, protegiéndose en todo momento sus datos personales; y

X. Respeto y cuidado del ambiente: las bibliotecas deberán propiciar entornos ecológicos sustentables y promover con sus servicios, actividades y políticas el pleno respeto al medio ambiente.

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. Agrupaciones de bibliotecarios: colegios, asociaciones, consejos y otro tipo de organismos que cuentan con la representatividad del gremio bibliotecario a nivel nacional;

II. Acervos: conjunto de materiales documentales en cualquier formato y medio que representa la base para la transmisión del conocimiento en todas sus formas;

III. Biblioteca pública: todo establecimiento que contenga un acervo impreso o digital de carácter general superior a quinientos títulos, catalogados y clasificados, y que se encuentre destinado a atender en forma gratuita y sin discriminacióna toda persona que solicite la consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables.

La biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas el saber.

Su acervo podrá comprender colecciones bibliográficas, hemerográficas, auditivas, visuales, audiovisuales, digitales y, en general cualquier otro medio que contenga información afín ;

IV. Bibliotecarios: personas con la capacidad técnica, operativa y logística para prestar los servicios bibliotecarios, con eficacia y eficiencia;

V. Consejo: el Consejo Nacional de Bibliotecas Públicas;

VI. Ley: la Ley General de Bibliotecas;

VII. Política nacional de desarrollo bibliotecario: conjunto de decisiones y acciones de gobierno que tiene por objeto promover el desarrollo de las bibliotecas y los servicios bibliotecarios en todo el país;

VIII. Red: la red nacional de bibliotecas públicas;

IX. Secretaría: la Secretaría de Educación Pública;

X. Servicios bibliotecarios: conjunto de actividades orientadas a satisfacer necesidades específicas de los usuarios mediante el préstamo en sala, a domicilio e interbibliotecario; la consulta; el fotocopiado de materiales susceptibles de serlo; el acceso a Internet; y la disposición de instalaciones para fines diversos, relacionados con el desarrollo educativo, cultural y social de la población; y

XI. Sistema: el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.

Artículo 3o.Corresponde a la Secretaría proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario el cual deberá alinearse con los objetivos, estrategias y metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 4o.Los gobiernos, federal, estatales y municipales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, promoverán el establecimiento, organización y sostenimiento de bibliotecas públicas, impulsando el establecimiento, equipamiento, mantenimiento y actualización permanente de un área de servicios de cómputo y los servicios culturales complementarios que a través de éstas se otorguen.

El presupuesto asignado para el logro de los objetivos de la presente ley no podrá ser disminuido durante el ejercicio fiscal, salvo lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 5o. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas se conforma por todas aquellas que dependen de la Secretaría de Educación Pública, así como la de los gobiernos estatales y municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Para la expansión de la red, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, celebrará con los gobiernos estatales y los ayuntamientos, los acuerdos de coordinación necesarios.

Artículo 7o. Corresponde a la Secretaría

I. Coordinar la red y sus nodos;

II.Establecer los mecanismos participativos para integrar el Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario, el cual deberáprever la expansión y modernización tecnológica de la red;

III. Emitir normas técnicas y lineamientos para la integración de los catálogos de las bibliotecas de la red,y supervisar su cumplimiento;

IV. Apoyar en la selección y desarrollo de las colecciones de las bibliotecas de la red en función de las necesidades de los usuarios de cada comunidad;

V. Dotar a las bibliotecas públicas, en formato impreso, digital y óptico, de acervos de publicaciones informativas, recreativas y formativas catalogados y clasificados de acuerdo con las normas técnicas vigentes; así como de obras de consulta, publicaciones periódicas y materiales accesibles para las personas con alguna discapacidad, así como apoyar a las bibliotecas con dotación de obras en todos los formatos, a efecto de que sus acervos respondan a las necesidades culturales, educativas y de desarrollo en general de los habitantes de cada localidad;

VI. a VII. ...

VIII. Apoyar a las bibliotecas de la Red para que sus materiales bibliográficos sean catalogados y clasificados de acuerdo con las normas técnicas bibliotecológicas autorizadas, a efecto de que los servicios bibliotecarios puedan ofrecerse con mayor eficiencia;

IX. ...

X. Proporcionar entrenamiento y capacitación al personal adscrito a las bibliotecas públicas de la Red, lo que incluye la capacitación en áreas de organización técnica y procesamiento físico, en la facilitación de servicios de préstamo y consulta, así como para brindar atención especializada a personas con necesidades específicas en razón de su discapacidad; y en la realización de estudios de usuarios y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación;

XI. Proporcionar asesoría técnica en materia bibliotecaria e informática a las bibliotecas incluidas en la red, para la integración de bibliotecas electrónicas, virtuales y multimedia;

XII. a XVI. ...

Artículo 8o. Corresponderá a los gobiernos de los estados, en los términos de las disposiciones locales y los acuerdos de coordinación que se celebren:

I. Integrar la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, cuyo nodo central será la biblioteca pública del estado;

II. a VII. ...

VIII. Difundir a nivel estatal los servicios bibliotecarios y las actividades afines a sus bibliotecas públicas; y

IX. Dotar a sus bibliotecas de los locales y las instalaciones que garanticen plena accesibilidad a personas con alguna discapacidad, así como del equipo necesario para la prestación de los servicios diversificando sus acervos para comprender colecciones multimedia y bibliotecas virtuales, sin discriminación alguna.

Artículo 8o Bis. Corresponderá a los gobiernos de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en los términos de las disposiciones locales y los acuerdos de coordinación que se celebren:

I. Velar por la conservación e integridad de las instalaciones y acervos de las bibliotecas públicas municipales y delegacionales;

II. Realizar campañas periódicas para el fomento del hábito de la lectura;

III. Promover actividades artísticas y culturales en las bibliotecas públicas;

IV. Rescatar las tradiciones culturales, tanto orales como escritas, en todas sus formas, así como la memoria documental de su comunidad expresada en fotografías, videos, mapas, imágenes, folletos, hojas sueltas, dípticos, trípticos y cualquier otro tipo de soporte, para que sean integradas en repositorios digitales, bajo el resguardo de las bibliotecas públicas;

V. Supervisar que las bibliotecas estén a cargo de bibliotecarios y que se cumplan las normas técnicas, requisitos de construcción, seguridad y protección civil, así como de garantía de acceso a las personas con alguna discapacidad;

VI. Supervisar que en las bibliotecas públicas haya salas infantiles;

VII. Desarrollar un sistema de bibliotecas móviles bilingües para proporcionar servicios bibliotecarios a las comunidades de difícil acceso;

IX. Construir patronatos de apoyo a las bibliotecas públicas, así como establecer convenios con los sectores privado y social para el desarrollo y expansión de los servicios bibliotecarios, y

X. Realizar funciones análogas a las anteriores, que les permitan alcanzar sus propósitos.

Artículo 9o. El Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas es el órgano consultivo, que llevará a cabo las siguientes acciones:

I. y II. ...

III. Recomendar políticas públicas para el desarrollo de la red nacional de bibliotecas públicas;

IV. Colaborar con el sistema de planeación democrática del desarrollo, en función de las disposiciones legales vigentes, a efecto de integrar el Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario;

V. Sugerir mejoras al marco legal en materia de bibliotecas, fomento a la lectura y depósito legal; y

VI. Ser órgano permanente de consulta en materia de desarrollo de colecciones, mejora de infraestructura y tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 10. El Consejo estará integrado por

I. y II.

III. Hasta nueve vocales invitados a participar por su Presidente, conforme a los siguientes criterios de representación:

a) Hasta cuatro representantes de las agrupaciones de bibliotecarios;

b) a d) ...

Artículo 11.Las bibliotecas pertenecientes a los sectores social y privado que presten servicios con características de biblioteca pública en los términos de la presente ley y que manifiesten su disposición a incorporarse a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, celebrarán con la Secretaría, con los gobiernos de los estados o con los gobiernos de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, el correspondiente compromiso de adhesión.

El sistema se organizará en nodos, cuya base serán las bibliotecas de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las cuales estarán integradas a un nodo central estatal o del Distrito Federal, que a su vez se enlazará con el nodo de la Biblioteca de México.

Artículo 12. Se declara de interés social la integración de un Sistema Nacional de Bibliotecas, compuesto por todas aquéllas escolares, públicas, universitarias y especializadas pertenecientes a dependencias, entidades y personas físicas o morales de los sectores público, social y privado.

La responsabilidad de coordinar el sistema recaerá en la Secretaría.

La Biblioteca de México tendrá el carácter de biblioteca y nodo central para todos los efectos de la Red Nacional de Bibliotecas.

Artículo 14. Para el cumplimiento de sus propósitos, el sistema promoverá el desarrollo de las siguientes acciones:

I. Elaborar y mantener actualizado y disponible en medios electrónicos un directorio de las bibliotecas que se integren al sistema, dicho directorio deberá contener los datos de ubicación, servicios proporcionados, horarios de servicio, tamaño y características de los acervos, bibliotecario encargado y toda aquella información prevista en la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública;

II. a V. ...

VI. Proporcionar servicios de catalogación y clasificación a solicitud de los interesados en general, mediante el pago de las cuotas a que haya lugar;

VII. Adecuar de forma progresiva las instalaciones y dotar de los acervos que sean necesarios, de forma que se garantice el acceso pleno a los servicios e instalaciones a las personas con alguna discapacidad; y

VIII. Las demás que sean análogas a las anteriores que le permitan alcanzar sus propósitos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo a que hacen referencia los artículos 9 y 10 de esta ley deberá instalarse a más tardar, 180 días después de la entrada en vigor del presente decreto; en caso de no ser así, se estará a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Tercero. La Secretaría de Educación Pública tendrá un plazo de 180 días naturales para publicar el programa a que hace referencia el artículo 3 de esta ley, mismo que por única ocasión será de un plazo mayor que el del ejercicio del gobierno.

Cuarto. Para efecto de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno realicen las funciones previstas en esta ley se dará un período de transición de 180 días después de la entrada en vigor de este decreto.

Quinto. La Cámara de Diputados realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 para dar pleno cumplimiento al presente decreto.

Notas:

1 http://www.presidencia.gob.mx/cuantas-bibliotecas-publicas-hay-en-mexico/

2 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P

3 http://www.caniem.org/Archivos/funlectura/EncuestaNacionaldeLectura2012/Encuest aNacionaldeLectura2012.html

4 http://cerlalc.org/wp-content/uploads/2013/03/fcbc1b_ComportamientoLector_Final .pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.— Diputados: Jorge Herrera Delgado, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Pedro Pablo Treviño Villareal (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Pedro Pablo Treviño. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo Décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su permiso, presidente. Legisladores y legisladores, integrantes de esta Comisión Permanente, el impulsar las medidas necesarias para que los pensionados obtengan ingresos dignos debe ser una preocupación central del Legislativo federal.

Con este motivo presento esta iniciativa, con el objeto de consagrar expresamente en la Ley del ISSSTE el derecho de las trabajadoras y de los trabajadores a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y jubilación, en apego a la jurisprudencia dictada por nuestro más alto tribunal. Esto a fin de evitar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se niegue a otorgar a las trabajadoras y a los trabajadores al servicio del Estado el monto total de la pensión de viudez y la jubilación, no obstante de tratarse de prestaciones diversas nacidas de distintas fuentes de financiamiento, así como evitar que para conseguir este pago completo los derechohabientes tengan que desahogar onerosos y retardados juicios.

Nuestro pueblo es el autor de una de las revoluciones más significativas que buscó democracia no solo como una forma de gobierno, sino como una fuente de equidad en la forma de vida. Ideal que se plasmó como un deber ser en artículos constitucionales como el 3o., relacionado con la educación; el 27, que se refirió al problema agrario y, en general, reparto de justicia de la tierra, y el 123, que construyó el marco mínimo de derechos de las personas que viven de su trabajo, como una forma de lograr los mínimos beneficios que necesita una persona para atender sus necesidades de subsistencia y desarrollo de él y su familia.

Sin embargo, estos logros históricos del pueblo mexicano se comienzan a desvanecer en la injusticia de las recientes contrarreformas. Hoy, sin ninguna duda, el mundo laboral del país vive uno de sus momentos más regresivos. Los últimos momentos álgidos lo constituyen la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, precedida del desmantelamiento de las Leyes del Seguro Social, el Infonavit y el ISSSTE.

Dentro de este panorama negativo, las pensiones y jubilaciones dignas son uno de los temas nodales cuando de justicia social se habla. Son la base para permitir a los trabajadores y sus familias un mínimo de bienestar al retirarse aquellos del trabajo por diversos motivos, o al momento de fallecer.

Por lo que hace a las jubilaciones, están en plena agonía después de la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE, que solo las hace percibir como un sistema de tránsito, ya que las nuevas generaciones de trabajadores al servicio del Estado solo accederán a pensiones en el marco de las fraudulentas e insaciables Afores, cuando cubran los casi imposibles requisitos legales. Pero, a lo dicho, debemos sumar las injustas determinaciones de las autoridades del ISSSTE que con diversos obstáculos y pretextos buscan reducir aún más las pensiones y jubilaciones de las y los trabajadores. Precisamente un caso concreto es el que se aborda en la presente iniciativa.

En el marco de la aprobación de la nueva Ley del ISSSTE vigente desde el 1 de abril de 2007, que causó gran conmoción a los trabajadores y sus derechos, comenzaron las denuncias de las y los trabajadores, en el sentido de que se les negaba el otorgamiento al 100 por ciento de la pensión de la vejez y de la jubilación, cuando tenían derecho a ambas. Es decir, se pretendía reducir la suma de estas dos prestaciones a solo 10 salarios mínimos.

En un primer momento, las autoridades de amparo apoyaron esta injusticia. Sin embargo, en el mes de agosto de 2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó jurisprudencia para que el ISSSTE pagara a las viudas o los viudos sus pensiones de viudez y su jubilación en forma completa, aún cuando la suma de ambas rebase los 10 salarios mínimos, por lo que cada pensión será sujeta a tal tope de 10 salarios.

Esto, al considerar la Segunda Sala con toda congruencia que la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional, no solo contiene las bases de la seguridad social a favor de los trabajadores al servicio del Estado, sino es la base del principio de la previsión social que impulsa la obligación de establecer un sistema íntegro para alcanzar la tranquilidad y bienestar de los trabajadores y sus familias, además de estimar que entre la pensión de viudez y la jubilación hay diferencias esenciales, tienen orígenes diferentes, también cubren riesgos distintos y tienen autonomía financiera.

Esta situación nos lleva al proceso de tránsito entre la Ley del ISSSTE abrogada y la nueva ley de la materia, por lo que la jurisprudencia de cita solo resulta aplicable a los trabajadores que optaron o se les tiene optando en el marco del artículo Quinto transitorio de la Ley del ISSSTE, por el régimen previsto en el Décimo transitorio y, por tanto, rechazando a los denominados bonos de pensión-ISSSTE y sus respectivas cuentas individuales.

Partiendo de lo anterior, la jurisprudencia de cita nos lleva a proponer la adición de una última fracción al artículo Décimo transitorio de cita en tutela de las y los trabajadores que accedan a su jubilación y además a su pensión de viudez. Esta adición permitirá que las y los trabajadores en automático reciban el pago íntegro de sus pensiones. Cada una de estas pensiones se sujetara al límite de 10 salarios mínimos de manera independiente sin necesidad de iniciar juicio respectivo.

En suma, dentro del clima actual de casi total desconocimiento a los derechos de los trabajadores se deben respaldar las escasas determinaciones, en este caso del Poder Judicial federal en favor de los trabajadores y sus familias. Esto en tanto la rueda de la historia nos lleva a que se recobren a plenitud la dignidad y derechos de los trabajadores y sus familias.

Por lo anterior, sometemos a consideración de la asamblea la propuesta de iniciativa de adicionar una fracción VII al artículo Décimo transitorio de la Ley del ISSSTE que se publicó en 2007, para quedar en los siguientes términos:

Décimo. A los trabajadores que no opten por la acreditación de bonos de pensiones del ISSSTE se les aplicarán las siguientes modalidades:

VII —que sería la que se adicionaría—: Los trabajadores, en su caso, tendrán derecho a percibir íntegramente su jubilación o pensión y la pensión de viudez. En consecuencia, el límite máximo de diez salarios mínimos para el cálculo y pago de éstas, se aplicará de manera independiente a una y otra prestación. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que adiciona la fracción VII al artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Evitar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se niegue a otorgar a las y los trabajadores al servicio del estado el monto total de la pensión de viudez y la jubilación, no obstante tratarse de prestaciones diversas, nacidas de distintas fuentes de financiamiento. También evitar, que para conseguir este pago completo, los derechohabientes tengan que desahogar onerosos y retardados juicios.

Argumentos

Tenemos derecho a que se garanticen los derechos humanos y no sean una mera entelequia declarativa, sin facticidad. Día a día debemos aplicar toda la fuerza del Estado y de la sociedad para que se encaminen como hechos reales a la vida cotidiana de los individuos incidiendo en su libertad, bienestar y felicidad. Si esto es válido para todos los derechos humanos con mayor razón cuando hablamos de las garantías sociales que desde su raíz histórica buscaron acabar con las disparidades e injusticias contra los sectores mayoritarios y más desprotegidos.

La seguridad social amparaba en principio la protección de los trabajadores frente a los riesgos de trabajo, con el tiempo se fue expandiendo a los accidentes y enfermedades no profesionales, al pago de pensiones por invalidez o por retiro del trabajo, a la prestación del servicio de guardería y diversas prestaciones sociales. Todo lo anterior, en la tónica de garantizar una seguridad social integral que protegiera a todos los individuos frente a todos los riesgos que pueden surgir en la vida humana y social, sin embargo, estos logros históricos comenzaron a desvanecerse con las recientes reformas aprobadas.

Las pensiones y jubilaciones dignas, son uno de los temas nada les cuando de justicia social se habla. Son la base para permitir a los trabajadores y sus familias, un mínimo de bienestar al retirarse aquellos del trabajo, por diversos motivos o al momento de fallecer.

Sin embargo las pensiones que el ISSSTE o el Instituto Mexicano del Seguro Social entregan a la inmensa mayoría de sus derechohabientes rayan absolutamente los límites de la subsistencia. Los asegurados que entregaron su salud por motivo del trabajo o que padecen una invalidez, o bien, que han cotizado largos periodos de su vida laboral conforme lo exige la Ley del Seguro Social antes de retirarse por motivo de cesantía o vejez, no tengan otro destino que el olvido y la pobreza.

En la misma situación se encuentran los familiares de los asegurados que obtienen pensiones por viudez, orfandad y ascendencia.

Todo esto nos exige recobrar la filosofía del humanismo propio de las ramas jurídicas Laboral y de la Seguridad Social que va de la mano del principio de la justicia social y la dignidad humana. Pero incluso por razones egoístamente económicas esto será indispensable para incrementar el mercado interno impulsando el crecimiento económico y el empleo. De manera que se dará un paso importantísimo para crear un círculo virtuoso, que acabará retroalimentando financieramente a las arcas de la propia seguridad social.

No obstante, un monto suficiente de las pensiones está lejos, no sólo por los salarios bajos y la precariedad del empleo que domina en nuestro país, sino también por el saqueo permanente que llevan a cabo las Afores de recursos del sistema de pensiones, bajo la base del cobro de onerosas comisiones, que debieran incrementar los fondos de éste.

Por lo que hace a las jubilaciones, están en plena agonía después de la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE, que sólo las hace pervivir como sistema de tránsito, ya que las nuevas generaciones de trabajadores al servicio del estado, sólo accederán a pensiones, en el marco de las fraudulentas e insaciables Afores, cuando cubran los casi imposibles requisitos legales.

Pero a lo dicho, debemos sumar las injustas determinaciones, de las autoridades del ISSSTE, que con diversos obstáculos y pretextos, buscan reducir aún más las pensiones y jubilaciones de las y los trabajadores. Precisamente, un caso concreto es el que se aborda en la presente iniciativa.

En el marco de la aprobación de la nueva Ley del ISSSTE, vigente desde el primero de abril de 2007, que causó gran conmoción a los trabajadores y sus derechos, comenzaron las denuncias de las y los trabajadores, en el sentido de que se les negaba el otorgamiento al 100 por ciento de la pensión de vejez y de la jubilación, cuando tenían derecho a ambas. Es decir, se pretendía reducir la suma de estas dos prestaciones a sólo diez salarios mínimos. En un primer momento, las autoridades de amparo apoyaron esta injusticia. Sin embargo en el mes de agosto del 2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó jurisprudencia para que el ISSSTE pagara a las y los viudos su pensione de viudez y su jubilación, en forma completa, aun cuando la suma de ambas rebase los diez salarios mínimos (por lo que cada prestación será sujeta a tal tope de 10 salarios mínimos).

Esto al considerar, la Segunda Sala con toda congruencia, que la fracción XI del apartado B) del artículo 123 Constitucional, no sólo contiene las bases de la seguridad social en favor de los trabajadores al servicio del estado, sino es la base del principio de la previsión social, que impulsa la obligación de establecer un sistema integro para alcanzar la tranquilidad y bienestar de los trabajadores y sus familias. Además, de estimar, que entre la pensión de viudez y la jubilación hay diferencias esenciales: tienen orígenes diferentes, también cubren riesgos distintos y tienen autonomía financiera.

Esta situación nos lleva al proceso de tránsito entre la Ley del ISSSTE derogada y la nueva Ley de la materia. Por lo que la jurisprudencia de cita sólo resulta aplicable a los trabajadores que optaron o se les tiene optando, en el marco del artículo Quinto Transitorio de la Ley del ISSSTE, por el régimen previsto en el artículo 10°. Transitorio, y por tanto rechazando a los denominados Bonos de Pensión ISSSTE y sus respectivas cuentas individuales.

Al optar por el régimen del artículo Décimo Transitorio, a los trabajadores se les continúa aplicando, en materia de pensiones, la Ley del ISSSTE abrogada, en la medida que no choque con este artículo. Los que optaron por los bonos, se meten de lleno en la normativa contenida en la nueva Ley del ISSSTE, esencialmente inconstitucional e injusta.

Partiendo de lo anterior, la jurisprudencia de cita, nos lleva a proponer la adición de un último párrafo al inciso a) de la fracción 11 del artículo 10°. Transitorio de cita, en tutela de las y los trabajadores que accedan a su jubilación y además a una pensión de viudez.

Esta adición permitirá, que las y los trabajadores, en automático reciban el pago íntegro de sus prestaciones (cada una de estas prestaciones se sujetará al límite de los 10 salarios mínimos de manera independiente), sin necesidad de iniciar el juicio respectivo.

Cuando hablamos de pensión de viudez, ante todo estamos hablando de mujeres, las cuales han luchado durante años para que se les otorguen pensiones dignas. Así por ejemplo, en el caso del IMSS, las viudas por riesgos de trabajo han luchado contra la reducción de su pensión a sólo un 40 por ciento de la que le correspondía al asegurado.

A diferencia del artículo SI de la Ley del ISSSTE abrogada, pero obviamente, sólo respecto a la pensión garantizada, correctamente la nueva Ley del ISSSTE, señala:

Artículo 96. ...

La pensión que corresponda a los familiares derechohabientes del pensionado fallecido, se entregará a éstos aun cuando estuvieran gozando de otra pensión de cualquier naturaleza.

Si bien la jurisprudencia, sólo se refiere a la compatibilidad entre la jubilación y la pensión de viudez, en los términos señalados; consideramos adecuado extenderla a la pervivencia entre las pensiones (por retiro edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada e invalidez) y, la pensión de viudez. Pues parten de la misma esencia, de manera de no dejar duda alguna en el caso.

Veamos el texto completo de la jurisprudencia eje de la presente iniciativa:

ISSSTE. El artículo 51, segundo párrafo, de la ley relativa, transgrede los principios de seguridad y previsión social contenidos en el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso A), constitucional (legislación vigente hasta el 31 de marzo de 2007).

El citado precepto constitucional no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a sus familias ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida. De ahí que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase 10 veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización. en el. artículo 15de la propia ley, transgrede los principios de seguridad y previsión social citados, al desatender las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge por la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora; 2. Cubren riesgos diferentes, dado que la pensión por viudez protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se origina con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas.

Amparo en revisión 639/2011. Elia Garrido Velásquez. 26 de octubre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: María Enriqueta Fernández Haggar.

Amparo en revisión 12/2012. Ana María Bernal Olvera. 10. de febrero de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Bearriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

Amparo en revisión 27112012. Aurora Chávez Lima. 23 de mayo de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado Durán.

Amparo en revisión 302/2012. Luz María Casilda Ruiz y Figueroa. 30 de mayo de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Rubén Jesús Lara Patrón.

Amparo en revisión 297/2012. Eloina Matzumura Marurana. 6 de junio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente y ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Everardo Maya Arias.

Tesis de jurisprudencia 97/2012 (lOa.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de agosto de dos mil doce.

En suma, dentro del clima actual, de casi total desconocimiento a los derechos de los trabajadores, se deben respaldar, las escasas determinaciones, en este caso del Poder Judicial Federal. en favor de los trabajadores y sus familias. Esto, en tanto, la rueda la Historia, nos lleva a que se recobren a plenitud la dignidad y derechos de los más, de los trabajadores y sus familias.

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, Numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una última fracción al artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo Único. Se adiciona una fracción VII al artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el 28 de marzo de 2007, para quedar en los siguientes términos:

Régimen de los trabajadores que no opten por el bono

Décimo. A los trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:

I. a VI. ...

VII. Los trabajadores, en su caso, tendrán derecho a percibir íntegramente su jubilación o pensión y, la pensión de viudez. En consecuencia, el límite máximo de diez salarios mínimos para el cálculo y pago de éstas, se aplicará de manera independiente a una y otra prestación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2014.— Diputada Verónica Juárez Piña (rúbrica).»

Presidencia de la senadora Lisbeth Hernández Lecona

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud.

El senador David Monreal Ávila:Con el permiso de la Presidencia. En una sociedad hecha para personas sin discapacidad, los retos que tienen para enfrentar las personas con capacidades diferentes son de grandes proporciones, pues se enfrentan a problemas de discriminación hasta a la falta de oportunidad de acceso a una vida de calidad.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares en el 2012 del Inegi indican que del total de la población en México, el 6.6 por ciento tiene alguna discapacidad. De este porcentaje, las personas adultas mayores representan el 51.4 por ciento, seguido de personas adultas entre 30 y 59 años, que conforman el 33.7 por ciento, mientras que los jóvenes de 15 a 29 años figuran con el 7.6 por ciento.

Según los resultados de la encuesta en mención, el principal tipo de discapacidad es la dificultad para caminar, pues representa el 57.5 por ciento; la dificultad para ver, que representa y significa el 32.5 por ciento, y la discapacidad para oír, que representa el 16.5 por ciento, mientras que para hablar o comunicarse el 8.6 por ciento y la discapacidad mental el 8.1 por ciento.

De estos datos se puede llegar a la conclusión de que los mayores retos que tiene el gobierno se encuentran en las discapacidades para caminar y la discapacidad para ver, que en su conjunto representan el 90 por ciento del total de la población afectada con alguna discapacidad.

En este sentido, es necesario atender esta problemática a través de políticas públicas que den la posibilidad a este grupo poblacional de acceder a una vida digna y en condiciones de desarrollo en todos los ámbitos de su vida.

Uno de los mecanismos que ha permitido tener una mejor comunicación entre la discapacidad visual y la sociedad ha sido la creación de sistemas de escritura y lectura mediante signos y códigos táctiles.

El sistema braille es un código de escritura diseñado para que personas con discapacidad visual puedan leer a través del tacto. Esta herramienta ha sido utilizada como un medio de acceso a información de todo tipo.

Este sistema ha sido incorporado en diferentes espacios públicos, facilitando el acceso a la información, como ubicación de líneas de transporte, servicios de emergencia, entre otros.

Un derecho de este grupo poblacional es tener condiciones de vida que le permitan desarrollarse dentro de la sociedad. Por lo tanto, un reto para los gobiernos es incorporar en un mayor número de espacios la escritura en este sistema que posibilite a las personas con discapacidad visual lograr autonomía e independencia, garantizando su derecho a desarrollo en todas sus facultades y capacidades.

El Estado y la sociedad en general tienen un compromiso mayor con estos grupos poblacionales debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran, pues tienen una mayor imposibilidad de autoprotegerse y brindarse cuidado, exponiendo el peligro a sufrir algún tipo de daño.

Asimismo las empresas dedicadas al cuidado de la salud deben asumir su responsabilidad. Tienen el compromiso con la sociedad de brindar calidad en sus productos y prevenir a los consumidores del uso incorrecto de las sustancias que contienen los medicamentos.

Desafortunadamente cuando las leyendas de prevención solo están impresas en los empaques queda fuera del alcance de las personas con discapacidad visual, poniendo en riesgo su integridad física y haciendo que en el cuidado de su salud haya una dependencia de otras personas.

Por lo tanto, debe de participarse en proporcionar la información, como son nombre y sustancia activa del producto en sistema Braille.

Por lo tanto, el gobierno junto con la sociedad y las empresas deben de emprender mayores esfuerzos para abrir el abanico de posibilidades a las personas con discapacidad visual, dar mayores condiciones para su protección y cuidado. Pero, sobre todo, dotándoles de herramientas que le permitan desarrollarse con independencia y autonomía.

Con base en lo que ha sido expuesto, es necesario modificar el artículo 225 de la Ley General de Salud, a fin de que los medicamentos para su uso y comercialización, además de ser identificados por sus denominaciones genérica y distintiva impresas en sus empaques, éstas sean escritas en sistema braille y así puedan ser identificadas por personas con discapacidad visual.

La presente iniciativa pretende adicionar un párrafo al artículo en mención para quedar de la siguiente manera:

Tanto la identificación genérica como la denominación distintiva, además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en sus empaques deberán estar escritas en sistema braille. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, suscrita por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

David Monreal Ávila, senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 225 de Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los paradigmas que la sociedad del siglo XXI ha tenido que enfrentar es armonizar las diferencias frente a la gran diversidad de formas de ser, pensar, actuar; lo mismo sucede frente a las diferencias físicas, sociales, económicas y culturales; ante esto ha sido necesario crear mecanismos de inclusión, para que todas las formas de expresión puedan convivir y respetarse.

De acuerdo a datos del censo poblacional 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México tiene una población de 112 millones 336 mil 538, de los cuales 57 millones 481 mil 307 son hombres y 54 millones 855 mil 231 mujeres.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 del Inegi, indican que del total de la población en México, el 6.6 por ciento tiene alguna discapacidad, de este porcentaje las personas adultas mayores representan el 51.4 por ciento, seguido de personas adultas entre 30 y 59 años, que conforman el 33.7 por ciento; mientras que los jóvenes de 15 a 29 años figuran con el 7.6 por ciento.

Según los resultados de la encuesta, en mención, el principal tipo de discapacidad es la dificultad para caminar, pues representa el 57.5 por ciento; la dificultad para ver significa el 32.5 por ciento y la discapacidad para oír el 16.5 por ciento; mientras que para hablar o comunicarse el 8.6 por ciento; y la discapacidad metal 8.1 por ciento.

Como se puede observar en el cuadro anterior, los mayores retos de discapacidad se encuentran en la dificultad para caminar y ver, que en su conjunto representan el 90 % del total de la población afectada con alguna discapacidad. En este sentido, es necesario atender esta problemática, a través de políticas públicas que den la posibilidad a este grupo poblacional de acceder a una vida digna y en condiciones de desarrollarse en todos los ámbitos de su vida.

El Estado y la sociedad en general tienen un compromiso mayor con estos grupos poblacionales debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran, pues tienen una mayor imposibilidad de auto protegerse y brindarse cuidado, exponenciando el peligro a sufrir algún tipo de daño.

La discapacidad visual, que representa el segundo tipo de afectación en el país, requiere de una atención especial, pues las personas que tienen dificultad visual, ponen en riesgo su integridad al no tener la posibilidad de percatarse de los peligros que pueden existir a su alrededor; las personas que sufren de dicha afectación necesitan apoyarse de otros sentidos para orientarse, comunicarse y poder desarrollar sus actividades cotidianas.

Para tal efecto, uno de los mecanismos que han permitido tener una mejor comunicación entre la discapacidad visual y la sociedad ha sido la creación de sistemas de  escritura y lectura mediante signos y códigos táctiles.

El sistema braille es un código de escritura diseñado para que personas con discapacidad visual puedan leer a través del tacto, esta herramienta ha sido utilizada como un medio de acceso a información de todo tipo; este sistema ha sido incorporado en diferentes espacios públicos, facilitando el acceso a la información como ubicación, líneas de transporte, servicios de emergencia, entre otros.

Un derecho de este grupo poblacional es tener condiciones de vida que les permitan desarrollarse dentro de la sociedad, por lo tanto, un reto para los gobiernos es incorporar en un mayor número de espacios, la escritura en sistema Braille, que posibilite a las personas con discapacidad visual lograr autonomía e independencia, garantizando su derecho a desarrollar todas sus facultades y capacidades.

En este orden de ideas, los esfuerzos que se han hecho son insuficientes para brindar mayor protección a ese grupo vulnerable; en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana debe existir la presencia del sistema Braille para brindar información y ayuda a las personas con discapacidad visual.

Uno tema pendiente para este sector poblacional, es la inclusión del sistema Braille  en los medicamentos y productos dedicados al cuidado de la salud, a fin de que cuenten con la información oportuna acerca del tipo de medicamentos y sustancias que contienen los mismos antes de ser consumidos por personas con discapacidad visual; esto garantizará su bienestar, pues disminuye el riesgo de intoxicación o envenenamiento por tomar medicamentos o sustancias equivocadas.

Debe tomarse en cuenta que la sociedad tiene el compromiso de incluir en todos sus ámbitos a las personas con capacidades diferentes, pero la única forma de lograr esto es dotando de mayor autonomía e independencia a este grupo poblacional; por lo tanto, grabar los empaques de medicinas y cualquier otro producto que tenga como fin el cuidado de la salud mediante el sistema Braille, da la posibilidad a las personas con discapacidad visual de alcanzar mayores niveles de protección su integridad y bienestar.

En este sentido es indispensable, que la Secretaría de Salud conmine a las empresas farmacéuticas a colaborar en esta labor, que si bien podría ser una labor altruista, también debe entenderse como una obligación tanto del Gobierno como de las empresas, pues preservar la integridad de las personas es un compromiso tácito de quienes asumen labores encaminadas al cuidado de la salud.

Con base en lo anteriormente expuesto, es necesario que los empaques de medicamentos presenten de manera escrita en sistema Braille la información básica de su contenido, en cuanto al nombre y sustancia activa de los mismos, a fin de que las personas con discapacidad visual tengan la información de manera oportuna y protejan su integridad personal.

Derivado de lo anterior someto a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 225 de Ley General de Salud

Único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 225 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 225. ..

...

Tanto la identificación genérica como la denominación distintiva además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en sus empaques deberán estar escritas en sistema braille.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.

Texto vigente

Artículo 225. Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.

En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquéllas que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.

Texto propuesto

Artículo 225. Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.

En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquéllas que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos.

Tanto la identificación genérica como la denominación distintiva además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en sus empaques deberán estar escritas en sistema braille.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.

Notas:

1 “Discapacidad en México” (en línea), México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, citado 2 de enero de 2014, disponible en http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx

2  “Discapacidad en México” [en línea], México,  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, citado 2 de enero de 2014, disponible en http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas /2013/discapacidad0.pdf?s=inegi&c=2896&ep=146.

3 Véase “Sistema braille” citado 2 de enero de 2014, disponible en http://www.sistemabraille.com/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.— Senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el delito de desaparición forzada de personas es considerado en el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad. El solo hecho de desaparecer a una persona constituye ya una conducta que atenta directamente contra sus derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la vida, a la libertad, a su integridad física y sicológica.

En la comisión de este delito se suma el agravante de que la conducta es cometida por agentes del Estado mediante la planeación, orden, ejecución y supervisión de funcionarios públicos cuyo deber primordial debiera ser la protección de la ciudadanía.

La desaparición forzada crea incertidumbre sobre la suerte de la víctima. El apelar a la acción por parte de las autoridades de procuración de justicia en esta situación suele convertirse en una petición casi imposible, dado que la detención no ha sido reconocida oficialmente y se mantiene intencionalmente en secreto.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del año 2005 al año 2013 la cifra de personas desaparecidas ascendió a dos mil 443. En otros 24 mil expedientes que integra la CNDH no descarta tampoco que se trate de desapariciones forzadas.

Este organismo protector de los derechos humanos ha emitido 12 recomendaciones al respecto que demuestran plenamente la intervención de servidores públicos en dichas desapariciones.

La impunidad es un patrón crónico en los casos de desapariciones forzadas. Una muestra evidente es que no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas para sancionar a los responsables o para garantizar el derecho a la verdad.

El 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el expediente Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, al sentenciar al Estado mexicano como responsable de desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de efectivos del Ejército, dejando clara la existencia de evidentes violaciones sistemáticas a sus derechos humanos.

Parte de esta importante resolución señala que el Estado mexicano debe adoptar en un plazo razonable las medidas legislativas pertinentes, a fin de compatibilizar el delito de desaparición forzada a los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Por lo anterior, Nueva Alianza, comprometido por garantizar el absoluto respeto de los derechos humanos, presenta ante esta honorable asamblea la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal en materia de desaparición forzada de personas, a fin de dar cabal cumplimiento con lo establecido en la sentencia emitida por este alto tribunal protector de los derechos humanos en nuestro continente.

Como integrantes del Congreso de la Unión y respetuosos del estado de derecho debemos asumir con total responsabilidad los compromisos internacionales que tenemos con los mandatos establecidos en las sentencias emitidas por este cuerpo colegiado interamericano de los derechos humanos.

Nueva Alianza es un firme aliado de las acciones de gobierno que abonen en el principio de progresividad de los derechos humanos. Al ampliar el andamiaje jurídico que protege los derechos fundamentales de la ciudadanía posicionamos a México como un Estado democrático. Y al defender las libertades y la dignidad de nuestro pueblo enaltecemos también nuestra labor como representantes de la nación.

Por su atención, muchas gracias, compañeros diputados y senadores. Muchas gracias, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Planteamiento del problema

El delito de desaparición forzada de personas es considerado en el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad, toda vez que se ejecuta con todas las preeminencias que implica el abuso del ejercicio del servicio público, puesto que el sólo hecho de desaparecer a una persona, constituye una conducta que atenta directamente contra sus derechos humanos.

En la comisión de este delito, se suma la agravante de que la conducta es cometida por agentes del Estado, mediante la planeación, orden, ejecución y supervisión de funcionarios públicos, cuyo deber primordial debiera ser la protección de la ciudadanía. Asimismo, esta práctica delictiva supone la violación de diversos derechos humanos, pero fundamentalmente dos son los afectados de manera preponderante como son el derecho a la vida y a la libertad, siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o también como detenidos desaparecidos.

Debido a la completa impunidad de que disfrutan los autores de estos crímenes, los motivos que subyacen a las desapariciones no están claros. Sin embargo existen indicios que apuntan a diversos motivos posibles, entre ellos son: rescate, extorsión, robo, error de identidad, ajustes de cuentas entre bandas, represalia por no cooperar con bandas, reclutamiento forzado en bandas, trata de personas, interrogatorio de sospechosos y detención de personas con presuntos vínculos con bandas delictivas o aterrorizar a comunidades para controlar barrios.

Este delito por su naturaleza, exige una reacción inmediata de las autoridades, dado que su comisión suele preceder a la inminente privación de la vida. El apelar a la acción por parte de las autoridades de procuración e impartición de justicia en esta situación, suele convertirse en una petición casi imposible, dado que, por definición, la detención no ha sido reconocida oficialmente y se mantiene intencionalmente en secreto.

De acuerdo con datos del primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis García, con el crecimiento desmedido de la violencia derivado de la estrategia en contra del crimen organizado de la administración pasada del ejecutivo federal, la cifra de personas desaparecidas ascienden a 2 mil 443 personas, esto entre 2005 y lo que va de 2013. En otros 24 mil 800 expedientes que integra el órgano no descarta que se traten de desapariciones forzadas.

Destaca el hecho de que ya no se trata de perseguidos políticos como ocurría en el pasado, sino que actualmente son personas que han sido registradas como víctimas de levantones y que regularmente no son sujetas de ningún tipo de investigación para dar con el paradero de la víctima, mucho menos para detener a los autores materiales o intelectuales, por lo que nos encontramos frente a un fenómeno nuevo en materia de desapariciones forzadas.

Como lo muestran las 12 recomendaciones emitidas por el organismo autónomo defensor de los derechos humanos al respecto (9/2005, 15/2005, 7/2009, 44/2009, 78/2009, 34/2011, 40/ 2011, 43/2011, 34/2012, 38/2012, 39/ 2012, 55/2012), en 30 casos perpetrados del 26 de agosto de 1997 al 2 de junio de 2011, se ha acreditado plenamente la intervención de servidores públicos en dichas desapariciones.

De los casos que se han presentado se desprende que los servidores públicos mayormente involucrados en desapariciones forzadas, se encuentran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal.

A pesar de ello, datos de la Procuraduría General de la República afirman que entre 2006 y enero de 2012, sólo hubo dos procesamientos de ámbito federal por desaparición forzada que concluyeron con sentencia condenatoria; ambos casos estaban relacionados con delitos cometidos en 2009.

En febrero de 2013, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación publicó una base de datos de personas registradas como desaparecidas en las procuradurías generales de justicia de los 31 estados y del Distrito Federal y en la Procuraduría General de la República entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012, arrojando un total de 26 mil 121 casos de desapariciones.

Este hecho sin duda constituye un esfuerzo importante en la recopilación de información de todo el país. Sin embargo, adolece de varias deficiencias, pues la lista demuestra la falta de metodología y procedimientos claros de las autoridades para recabar datos fiables de ámbito nacional sobre las desapariciones denunciadas.

Estas deficiencias no sólo han ocultado la verdadera naturaleza y magnitud de las desapariciones, sino que también han entorpecido seriamente las investigaciones sobre desapariciones, incluida la capacidad de localizar e identificar a las víctimas.

La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad.

Por esta razón, el Estado mexicano está obligado a prevenir, perseguir y castigar a todos aquellos agentes públicos que se alejan de su función principal y deciden atentar contra la integridad de la ciudadanía, sin importar la jerarquía política ni la condición económica de quienes lo cometen, penalizando tanto a sus autores materiales como a los intelectuales.

De acuerdo con el artículo 1º de nuestra carta magna, el Estado mexicano se encuentra obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos está el derecho a la vida y a la libertad, bienes jurídicos tutelados por nuestra legislación penal y los más apreciados por nuestra sociedad, es por estas razones que este problema debe ser resuelto mediante la implementación de medidas legislativas eficaces para erradicar esta práctica que daña seriamente el tejido social, especialmente por tratarse de delitos cometidos por agentes del estado que vulneran estos derechos o más grave aún, con la comisión de particulares en complacencia con agentes del Estado.

La dinámica política y social actual busca armonizar el derecho penal mexicano con la evolución del derecho internacional en materia de derechos humanos. Así las cosas, el Estado mexicano no puede ni debe permanecer ajeno de la imperiosa necesidad de utilizar todos los medios legales a su alcance para evitar que los perpetradores de la desaparición forzada queden impunes.

Es por ello que consciente y atento a esta problemática, acompañado de las demandas de familiares y amigos de los desaparecidos, presento ante esta soberanía esta iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal Federal, con el objetivo de hacer compatible la legislación sustantiva penal a los estándares internacionales en materia de protección a los derechos humanos de las personas víctimas de desaparición forzada.

La protección de estos derechos requiere que los actos del estado que afectan de manera perjudicial a la sociedad no queden al arbitrio del poder público, sino que estén sustentados en un conjunto normativo eficaz orientado a asegurar que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas, permitiendo a la sociedad tener acceso a la justicia y evitar que las autoridades actúen arbitrariamente.

La presentación de esta Iniciativa busca brindar la protección jurídica adecuada a toda persona en contra de la desaparición forzada. Esto se debe a que nuestro país carece de un marco jurídico penal para proteger eficazmente a los ciudadanos ante la desaparición forzada.

Argumentación

Una desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre, y luego se niega que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, para así disponer de la persona al arbitrio de los captores, infiriéndole cualquier tipo de tortura (física o psicológica) con el propósito de arrancarle información, una confesión o simplemente para atemorizar a la sociedad, apartándola así de la protección de la ley.

Es muy frecuente que las personas desaparecidas no sean jamás liberadas y que su suerte nunca llegue a esclarecerse. Sus familias y amistades en muchos casos jamás llegan a saber qué les sucedió. Sin embargo, estas personas empiezan una lucha que representa un desgaste físico y mental con el objetivo de saber donde se localiza su ser querido, investigando el lugar o estado en la que se encuentran.

Esta práctica tiene su origen desde la segunda mitad del siglo XX desde que empezaron a ser cometidas en gran escala en la Europa ocupada por los nazis en 1941. La práctica de las desapariciones forzadas de personas en Latinoamérica se inició a finales de los años sesenta en Guatemala y Brasil.

Asimismo, este delito fue empleado por dictaduras como en Chile o Argentina, donde la impunidad y las violaciones de derechos humanos fueron la característica que generó esta conducta. Lamentablemente este delito se extendió a otros países del continente en el trascurso de estos años, llegando esta terrible práctica a nuestro país.

La desaparición forzada de personas ha sido una práctica recurrentemente utilizada por regímenes autoritarios en todo el mundo, como un medio de castigo ilegal utilizado como medio de sometimiento punitivo, por parte de los órganos del Estado, quienes utilizaron sistemáticamente esta violación para contrarrestar a los movimientos sociales o como medida de investigación y sanción criminal. A pesar de que este delito se ha relacionado con estas etapas del pasado, su práctica sigue vigente.

Como se expuso en el planteamiento del problema de la presente Iniciativa, es evidente que la práctica de la desaparición forzada no ha sido erradicada y por consiguiente, fundamenta la necesidad de establecer medidas legislativas que desde los más altos estándares de protección en materia de derechos humanos, establezcan el criterio normativo y sanciones pertinentes en materia de desaparición forzada de personas.

En el 2001 surgió el primer antecedente de reacción ante este delito, a raíz de las denuncias que interpusieran las víctimas y familiares en julio del 2000, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer un informe con los resultados de la investigación y documentación de testimonios y casos de desapariciones forzadas, que originó la Recomendación 26/2001.

Este acontecimiento representó un hecho significativo para nuestro país, ya que por primera vez en la historia se reconoció de manera oficial lo que durante mucho años fue considerado como un secreto de Estado, la aplicación de una política violatoria de los derechos humanos en contra de sectores de la población vinculados con luchas sociales y políticas, además de la existencia de cárceles clandestinas y el reconocimiento de desaparecidos políticos.

La recomendación de la CNDH, dirigida al entonces presidente Vicente Fox, solicitaba girar instrucciones al procurador general de la República a efecto de designar un fiscal especial para que se hiciera cargo de la investigación y persecución de los delitos procedentes y poner a consideración de las autoridades competentes los resultados de las indagatorias.

En otro caso que ha fijado un precedente importante en la materia, el 23 noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el expediente denominado Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, en el cual los familiares del señor Rosendo Radilla demandaron al Estado Mexicano por su desaparición desde el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejército en Guerrero.

La Corte Interamericana sentenció que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, dejando clara la existencia de evidentes violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, por lo que deberá conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea y continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o en su caso, de sus restos mortales.

Parte importante de esta resolución, señala que el Estado mexicano debe adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes a fin de compatibilizar el delito de desaparición forzada a los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Resulta importante mencionar que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen carácter vinculatorio para el Estado mexicano, toda vez que la competencia contenciosa de dicho tribunal fue reconocida por nuestro país en diciembre de 1998 de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 133 constitucional.

Asimismo, esta Corte ha establecido que la desaparición forzada de personas implica también multiplicidad de violaciones a derechos fundamentales pues violenta la integridad física y psicológica de las víctimas y también el derecho a la vida, sobre todo cuando la desaparición se da por un periodo prolongado que crea incertidumbre y la suerte de la víctima está en manos de autoridades cuya práctica puede comprender el homicidio de los detenidos y el posterior ocultamiento del cadáver, lo cual aunado a la generalizada omisión de investigación de los hechos y el cautiverio desarrollado, orillan a concluir la infracción al derecho a la vida.

La jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes mencionada, ha sustentado que la desaparición forzada de personas constituye una conducta ilícita continuada que permanece en el tiempo en tanto no se establezca el paradero con vida o muerte de la víctima; es imprescriptible puesto que dada la multiplicidad de derechos violados se actualiza como un delito de lesa humanidad y por lo tanto una conducta que no puede estar sujeta a la prescripción de la acción penal, dadas las consecuencias que para las víctimas y la sociedad en general significa el que no se sancione este delito y la gravedad que para todo estado democrático implica el mantener impune un hecho como este.

Durante la “Preaudiencia Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales en México: una Política Permanente del Estado”, celebrada el 28 y el 29 de mayo de este año por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se expusieron diversos casos de desaparición forzada.

Destaca el caso de cuatro jóvenes que fueron detenidos por policías de tránsito y entregados a la delincuencia organizada a mediados del 2011. Los hechos ocurrieron en el municipio de Juárez, en el estado de Nuevo León. A pesar de que el presidente municipal ofreció disculpas públicas en cumplimiento de la recomendación 52/2013 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aún se desconoce el paradero de los jóvenes.

Amnistía Internacional en su informe Enfrentarse a una pesadilla, la desaparición de personas en México, presentado el 4 de junio de 2013, documenta que entre 2006 y 2012 se registró en México alrededor de 26 mil personas como desaparecidas o no localizadas, en 152 casos de siete estados, la organización cree que en al menos 85 casos hay indicios suficientes de implicación de funcionarios públicos.

El documento afirma que no se sabe con exactitud cuántas continúan desaparecidas actualmente. Algunas son víctimas de desapariciones forzadas en las que hay funcionarios públicos implicados. Otras han sido privadas de su libertad por particulares o bandas delictivas.

Esta organización documenta varios casos en donde familiares que recababan información de sus familiares desaparecidos, recibieron advertencias de miembros de la policía local o de las procuradurías generales de justicia de los estados de que abandonaran la región si no querían sufrir represalias.

En su apartado final ¿Qué debe hacerse? de este informe, Amnistía Internacional realiza las siguientes recomendaciones al gobierno federal:

– Tipificar, conforme a las normas internacionales, la desaparición forzada como delito separado en todos los estados y en la jurisdicción federal, de modo que se garantice que todas las denuncias de desapariciones se investigan exhaustivamente, con independencia de quién sea el presunto autor, y que el delito de desaparición forzada se enjuicia cuando haya indicios de implicación de funcionarios públicos, incluso cuando se trate de autorización, apoyo o aquiescencia.

 – Asegurar que los funcionarios públicos acusados de no emprender investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas sobre denuncias de desapariciones son investigados y se les hace rendir cuentas.

Por su parte, Human Rights Watch en su publicación Los desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada, dado a conocer el 20 de febrero de 2013, ha documentado 249 desapariciones cometidas en México desde diciembre de 2006. En 149 de estos casos, encontramos evidencias contundentes de que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas. En ellos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales.

En la mayoría de los casos de posible desaparición forzada que documento esta organización existe un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. La mayoría de las ocasiones, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos como bares.

Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas.

En su apartado de recomendaciones para los legisladores federales, Human Rights Watch considera acciones a realizar, destacando la siguiente:

“Modificar o incluir el tipo penal de desaparición forzada en los distintos códigos penales, tanto a nivel federal como en los estados, para garantizar que sea coherente en las diferentes jurisdicciones y que incluya todas las conductas contempladas en las definiciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En especial, asegurar que la definición incluya las desapariciones cometidas por organizaciones o personas que actúen con la autorización de funcionarios estatales, o con su apoyo directo o indirecto, su consentimiento o aquiescencia.”

Esta iniciativa responde a su vez, a las recomendaciones al marco legislativo que en la materia planteó la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en su informe del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias sobre su misión a México del 20 de diciembre de 2011, que en su numeral 85 recomienda:

“85. El grupo de trabajo recomienda llevar a cabo las adecuaciones legislativas a nivel federal y local para garantizar la implementación efectiva del nuevo marco constitucional sobre derechos humanos, amparo y sistema penal.”

Recientemente, en marzo de este año, el Congreso de la Unión aprobó la nueva ley de amparo con lo cual, en materia de desaparición forzada, esta legislación da cumplimiento a esta recomendación. Asimismo, durante esta legislatura y en el marco de los compromisos del Pacto por México, se dará cumplimiento a lo establecido por nuestra Carta Magna, relativo a la implementación del nuevo sistema penal, aspecto que Nueva Alianza velará en todo momento porque se cumpla eficazmente con dicha normatividad en materia de desaparición forzada de personas.

Como es evidente, para dar cabal cumplimiento a esta recomendación, falta el principal elemento de esta, consistente en la tipicidad del delito de desaparición forzada de personas. Resulta necesario adecuar este delito en nuestra legislación penal a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, por lo cual con la presentación de esta Iniciativa se cumplirá con totalidad la recomendación emitida por este importante organismo internacional.

La prohibición de la desaparición forzada forma parte del derecho internacional consuetudinario y tiene su origen tanto en las normas internacionales de derechos humanos como en el derecho internacional humanitario. Existen numerosos instrumentos de derechos humanos que abordan las desapariciones forzadas, y que tienen como antecedentes la Resolución de la Asamblea General de 1978 sobre Personas Desaparecidas y la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 1992.

La Resolución de la Asamblea General de 1978 reconoce que las desapariciones forzadas constituyen una violación del derecho a la vida, a no ser sometido a torturas y a no ser detenido arbitrariamente. Asimismo, la Declaración establece que los actos de desaparición forzada constituyen una violación grave y manifiesta de las prohibiciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura relativas al derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, el derecho a no ser sometido a torturas y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.

Asimismo, tratados internacionales y regionales vinculatorios para el Estado mexicano (conforme con el artículo 1o. forman parte de nuestro andamiaje jurídico), definen en su cuerpo normativo el delito de desaparición forzada:

a) El artículo 2o. de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, define a este delito de lesa humanidad de la siguiente manera:

“Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”

b) Por su parte, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas en su artículo 2o. la define como la

 “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.”

A su vez, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en el mismo sentido a los criterios internacionales relativos a la imprescriptibilidad de este delito, mediante la tesis VIII.2o.P.A.3 P materia constitucional emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en Septiembre de 2012 que dice:

Desaparición forzada de personas. Ante la posible comisión del delito relativo, ninguna autoridad puede establecer que transcurrió un determinado plazo para lograr la comparecencia del agraviado ni para practicar las diligencias necesarias al efecto.

De los artículos 12 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y I a III y VII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, se advierte la obligación de los Estados y el correlativo derecho de la víctima a la denuncia e investigación efectiva, exhaustiva e imparcial sobre los hechos relacionados con la desaparición forzada, así como el que este delito es considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima, y que la acción penal correspondiente y la pena que se imponga judicialmente al responsable no estarán sujetas a prescripción. Consecuentemente, ante la posible comisión del mencionado delito, ninguna autoridad puede establecer que transcurrió un determinado plazo para lograr la comparecencia del agraviado ni para practicar las diligencias necesarias al efecto.

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito

Incidente de suspensión (revisión) 38/2012. Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Agencia Primera Investigadora, Mesa I, residente en Torreón, Coahuila de Zaragoza. 14 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Soto Martínez. Secretario: José Luis Ruiz Sánchez.”

Actualmente, tal y como se encuentra establecido el tipo penal, permite tanto a los servidores públicos, como a las personas involucradas en este delito, eludir sus responsabilidades en la comisión del mismo, toda vez que no se encuentran específicamente tipificados los particulares que participan en la comisión del delito, como tampoco la negativa de las autoridades de reconocer la desaparición, violando los estándares internacionales que tipifican a este delito.

Por lo que hace al delito de desaparición forzada de personas, la Corte Interamericana mandató al Estado mexicano a adoptar, en un plazo razonable, las reformas pertinentes al artículo 215-A del Código Penal Federal para hacer compatible este delito a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

La iniciativa que se somete a la consideración de esta soberanía va encaminada a adecuar las reformas correspondientes al Código Penal Federal con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, con la finalidad de que se pueda contar con una legislación interna acorde a las recomendaciones de los organismos internacionales públicos y no gubernamentales y así dotar a las instituciones de procuración e impartición de justicia con normas eficaces que permitan dar justicia a quienes son víctimas de este delito.

Para que los derechos fundamentales se hagan efectivos en la práctica de la administración e impartición de justicia, resulta necesario que el Congreso de la Unión desarrolle medidas legislativas eficaces que incidan positivamente en el orden jurídico mexicano, permitiendo la efectiva protección a los derechos humanos cuando estos sean vulnerados y en ese sentido es indispensable establecer un tipo penal perfectamente delimitado y apegado a derecho, otorgando a las y los ciudadanos normas protectoras para ejercer sus libertades fundamentales.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal

Artículo Único.Se reforman el primer párrafo del artículo 215-A, el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 215-B; y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 215-A y el artículo 215-E del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 215-A.Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente la privación de su libertad bajo cualquier forma de detención.

El delito se actualizará con las mismas penas para el servidor público, si la privación de la libertad la cometen personas o grupo de personas, que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del mismo.

No será admisible como causa excluyente de responsabilidad penal, el invocar la obediencia debida, las instrucciones de superiores jerárquicos, las circunstancias o amenazas de guerra, suspensión de derechos y garantías, inestabilidad política o cualquier otra causa que justifique al servidor público a la ejecución de este delito.

Este delito se considera de lesa humanidad, por lo tanto constituye una conducta ilícita continuada que permanece en el tiempo en tanto no se establezca el paradero con vida o muerte de la víctima, dando lugar a la imprescriptibilidad de la acción penal.

Artículo 215-B.A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le impondrá una pena de quincea cuarenta años de prisión.

Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención la pena será de dos a cinco años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos.

Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes a su detención, la pena aplicable será de cuatro a diez años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos.

...

Artículo 215-E. La pena se aumentará en una mitad, cuando en el delito de desaparición forzada concurran cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. Que el servidor público haya incurrido en la falta de información o de la negativa a reconocer la privación de libertad o de informar sobre el paradero o el ocultamiento de la suerte de la persona, sustrayéndola de la ley e impidiendo el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes;

II. Que al autor se ostente como servidor público sin tener esa calidad;

III. Que el delito se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la investigación y persecución de los delitos;

IV. Que el delito a que se refiere el presente capítulo, se ejecute con violencia física o moral o por cualquier otra circunstancia la víctima se encuentre en situación de inferioridad respecto de quien la ejecuta o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho;

V. Que la víctima sea menor de 18 años o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho;

VI. Que la víctima sea indígena, niño, adulto mayor, persona con discapacidad, mujer embarazada, migrante o cualquiera que sea susceptible de estar en situación de vulnerabilidad;

VII. Que la víctima sea persona defensora de los derechos humanos;

VIII. Que la víctima sea persona que ejerce el periodismo;

IX. Que la víctima sea persona protegida por el derecho internacional humanitario;

X. Que la víctima sea integrante del cuerpo diplomático de un país extranjero.

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.— Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para el dictamen correspondiente.

Proceda la Secretaría a dar cuenta con un acuerdo de la Mesa Directiva.

CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, relativo a la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán

Los suscritos, integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adoptamos y sometemos a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo relativo a la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Apatzingán, propuesto por la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República a continuar los trabajos legislativos para que con la mayor brevedad sea declarado 2014 como año del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República a incluir en el decreto respectivo la creación de una comisión organizadora de la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Apatzingán, encargada de preparar un programa base que contenga la relación de encuentros, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo el país para llevarse a cabo desde la entrada en vigor del decreto y hasta el último día de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 8 de enero de 2014.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente; senador Fernando Herrera Ávila (rúbrica), vicepresidente; senadora Lizbeth Hernández Lecona (rúbrica), vicepresidenta;diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), secretario; diputada María Teresa Jiménez Esquivel, secretaria; diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica, secretaria; diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:Consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se aprueba. Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Los que estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado. Comuníquese.

ESTIMULO A LA COMPRA Y PRODUCCION DE JUGUETES ARTESANALES MEXICANOS

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Regina Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y de la Secretaría de Economía para que fomenten la compra y producción de juguetes mexicanos artesanales.

La diputada Regina Vázquez Saut:Con su permiso, señora presidenta. Amigas diputadas y amigos diputados. Chiras pelas. Sol y luna. Una, dos, tres por Ricardo, que juega a las escondidas, seguramente son palabras que nos remontan a nuestra niñez, cuando nos divertíamos a las canicas, al trompo y al hermoso balero multicolor, o cada 6 de enero éramos los primeros en despertar para buscar por toda la casa si por fin los Reyes Magos habían llegado. Y para nuestra fortuna, en algún rincón de la casa encontrábamos un juego de la matatena, o el juego del té de madera con el que inmediatamente nos poníamos a jugar a los pies de la abuela, orgullosos todos de nuestros obsequios.

Es cierto que los tiempos han cambiado, que la tecnología ha saturado las vitrinas de nuevas formas de buscar entretenimiento y que de alguna manera el mercado nacional también ha sido avasallado por ese tipo de dispositivos. Pero quise iniciar esta intervención con expresiones conocidas por todos los que alguna vez disfrutamos de aquellas tardes de amigos en el barrio, la colonia o las comunidades rurales de nuestro México, porque con todos los avances tecnológicos que hay, algo que no cambia en nuestro país es la sonrisa franca de un niño cuando juega y se divierte.

Es tan importante en esta tribuna analizar presupuestos y proponer leyes justas, pero también pugnar por volver a nuestras raíces, que se remontan a nuestros juegos tradicionales, los que eran nuestro primer contacto con nuestros vecinos, compañeros de escuela o los propios familiares. Eso es lo que se llama socializar.

El colorido de aquellos yoyos, la pelota de esponja con la que se jugaba la cáscara en la clase, las famosas cábulas o loterías, o los diversos personajes de animales de cada una de las regiones, elaborados por ancestrales artesanos invadían los hogares y se trasmitían de generación en generación.

Los carritos de madera, títeres, silbatos, muñecas, caballitos de madera. Todos ellos característicos por su colorido y los materiales se siguen elaborando, pero desafortunadamente pocos son los que llegan a las manos de nuestros niños, desgraciadamente la gran industria de los juguetes masivos, así como la alta piratería en los mismos afecta severamente la producción y venta de juguetes 100 por ciento mexicanos.

Ya que en voz del presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, el licenciado Miguel Ángel Martín González, la piratería ha afectado hasta el 10 por ciento la venta del mercado legal, la cual representa 210 millones de dólares anuales. A pesar de ello, México es el tercer productor de juguetes a nivel mundial, aunque desgraciadamente la piratería obstaculiza la presencia en exposiciones con el objetivo de atraer nuevas inversiones.

Pero más que la compra, la adquisición de un juguete artesanal encierra muchas emociones, nuestra identidad, historia y, reitero, nuestras raíces. El valor agregado es el apoyo a la economía mexicana y especialmente a aquellos que nos siguen trasmitiendo toda su creatividad.

Todo lo antes expuesto cobra especial vigencia una vez que ha concluido la temporada de compras navideñas, pues la compra-venta de juguetes nacionales y, sobre todo, artesanales, tiende a ocupar un espacio cada vez más marginal en el mercado interno de nuestro país.

Es una labor que nos corresponde como representantes sociales, como autoridades y como padres de familia, saber que al apreciar y adquirir un juguete hecho por nuestros artesanos estamos valorando su trabajo y su entrega por preservar de lo que siempre nos sentimos orgullosos.

Es deseable que en cada tienda de autoservicio, así como hay un espacio exclusivo para novedades electrónicas, lo hubiera también —y permítanme el juego de palabras— el departamento para una novedad que no pasa de moda: los juguetes artesanales y de juegos tradicionales.

Todos tenemos que poner de nuestra parte, por eso ante ustedes expongo lo siguiente:

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la titular del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, a efecto de que dicha entidad profundice sus acciones dirigidas a fomentar la compra de juguetes mexicanos artesanales.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Economía, para que realice acciones tendientes al fortalecimiento de la producción y venta de juguetes artesanales mexicanos.

Es cuanto, señora presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y al secretario de Economía a estimular la compra y producción de juguetes artesanales mexicanos, suscrita por la diputada Regina Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Regina Vázquez Saut, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los juguetes son tan antiguos como la humanidad misma, ya que los niños siempre tendrán la necesidad de jugar y divertirse, lo que les permite socializar con otros individuos y desarrollar sus capacidades emocionales.

A la par de las sociedades, los juegos y juguetes han ido cambiando y evolucionando, hasta llegar a los entretenimientos tecnológicos que actualmente conocemos, aunque debe destacarse que cada país desarrolló y creó sus propios juegos y juguetes con base en sus costumbres, tradiciones y época histórica.

México cuenta con una vasta diversidad de juguetes tradicionales, de formas, colores, tamaños y características propias de cada una de sus regiones, los cuales, a pesar del desarrollo tecnológico y la influencia de otros países, han perdurado para mantenerse tan populares como siempre.

Los juguetes mexicanos surgieron desde la época prehispánica, cuando se elaboraban figuras de cerámica entre las que destacan perros con ruedas, representaciones de monos y armadillos, sonajas, silbatos y muñecas articuladas, los cuales evolucionaron a partir de la conquista española, punto en el cual comenzaron a introducirse nuevos diseños, técnicas, herramientas y materiales aportados por los europeos, lo cual tuvo gran influencia en la creación de artesanías.

Es así que entre los juguetes artesanales encontramos los carritos de madera, títeres, silbatos, muñecas, caballitos de madera, canicas, juegos de té, matracas, juegos de mesa, etcétera, todos ellos característicos por su colorido y los materiales con los que son elaborados, los cuales son comercializados por los miles de artesanos que existen en México.

Desgraciadamente, la gran industria de los juguetes masivos así como la alta piratería en los mismos afecta severamente la producción y venta de juguetes cien por ciento mexicanos, ya que en voz del presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Juguete (AMIJU), licenciado Miguel Ángel Martín González, la piratería ha afectado hasta al 10 por ciento la venta del mercado legal, lo cual representa 210 millones de dólares anuales. En este mismo sentido la licenciada María Teresa Ksasuga, representante de la AMIJU afirma que el principal problema de la mayoría de las empresas es que no tienen la solvencia para promocionarse en mercados extranjeros y son muy pocas las que cuentan con el tamaño para hacerlo. A pesar de ello ambos representantes de dicha asociación afirman que México es el tercer productor de juguetes a nivel mundial, aunque, desgraciadamente, la piratería, obstaculiza la presencia en exposiciones con el objeto de atraer nuevas inversiones.

De esta forma, es importante fomentar la compra de juguetes mexicanos, apoyando así a la economía de nuestro país, sin olvidar la importancia histórica y artística que tienen los juguetes artesanales en nuestra nación, pues las tradiciones de nuestro país se han perdido debido a las importaciones y a los cambios tecnológicos.

Todo lo antes expuesto cobra especial vigencia una vez que ha concluido la temporada de compras navideñas, pues la compra-venta de juguetes nacionales, y sobre todo los artesanales, tiende a ocupar un espacio cada vez más marginal en el mercado interno de nuestro país.

Es por lo anteriormente expuesto que, con el fin de apoyar a la producción juguetera mexicana, las artesanías de nuestro país y la economía del mismo, que se propone a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta de manera respetuosa a la titular del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, a efecto de que dicha entidad profundice sus acciones dirigidas a fomentar la compra de juguetes mexicanos artesanales.

Segundo.Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Economía, para que realice acciones tendientes al fortalecimiento de la producción y venta de juguetes artesanales mexicanos.

Notas:

1. http://eljuguetepopular.blogspot.mx/ 17 de diciembre de 2013 14:59 horas

2. http://eljuguetepopular.blogspot.mx/ 17 de diciembre de 2013 17:28 horas

3. http://www.reporte.com.mx/miguel-angel-martin-gonzales-presidente-de-la-asociac ion-mexicana-de-la-industria-del-juguete 17 de diciembre de 2013 17:38 horas

4. http://www.milenio.com/negocios/Industria-mexicana-juguete-exposicion-internaci onal_0_142785980.html 17 de diciembre de 2013 17:40 horas

5. http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/08/27/industria-juguetera-mexicana-t ercera-mundo 17 de diciembre de 2013 17:43 horas

6. http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n3227863.htm 17 de diciembre de 2013 17:38 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.— Diputada Regina Vázquez Saut (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Los que estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Se han registrado a favor el diputado Ricardo Mejía, el diputado René Fujiwara Montelongo y el diputado Raymundo King de la Rosa. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, compañera presidenta. Desde luego que estamos a favor de este punto de acuerdo que propone darle un valor y promoción a las artesanías mexicanas, particularmente aquellas orientadas a la niñez a través de juguetes, sobre todo por la época. Sin embargo, nos parece que hay temas que le preocupan hoy más a los mexicanos.

Insisto, estamos de acuerdo, pero para millones de mexicanos no hubo día de reyes, para millones de familias, más que un feliz año nuevo, hubo felices nuevos impuestos, felices nuevos aumentos. Y esto es producto, no solamente de los desaciertos en la conducción de la política económica, de la falta de crecimiento que hubo el año pasado y que estamos esperando ya la información oficial para confirmar que el crecimiento en el 2013, si bien nos fue, llegó al 1 por ciento.

Sin embargo, nosotros siempre manifestamos nuestra oposición a la reforma hacendaria porque nos parecía y nos sigue pareciendo terrorista, eminentemente recaudatoria, desproporcionada e ineficaz, y para prueba de ello son los aumentos que se han venido en cascada a partir del inicio de este año.

Comprar un refresco dejó de significar un gasto de 12 pesos para pasar a 13.07 pesos, a partir del 1 de enero. Un cereal pasó en un solo día de 33 a 44 pesos. La mantequilla de 19.50 a 29 pesos. Los chocolates para beber, en esta época sobre todo que en algunas regiones hay mucho frío, de 41.50 a 47.50 pesos. La rosca de reyes incluso —vaya ironía— de 120 a 150 pesos. ¿Qué decir del aumento a la gasolina, que de un solo golpe subió la Magna 19 centavos y la Premium 21 centavos?

Es decir, más aumentos de impuestos, gasolinazos recargados y la gran mentira de que la reforma energética iba a traer la disminución de las tarifas, no solo no bajaron, sino siguen aumentando los precios de la gasolina, los precios del gas, los precios de la electricidad, y en una época, sobre todo en regiones del país donde la temporada invernal ha sido particularmente dramática en el aspecto climático, pues esto constituye un doble atentado a la economía popular.

Por otro lado, también a partir del 1 de enero, el Sistema de Administración Tributaria empezó con una lista negra, con una lista de la infamia, que nos parece además que es inconstitucional, porque en el artículo 22 de nuestra Carta Magna se establece claramente que en México quedan prohibidas las penas infamantes. Y con una gran ligereza el SAT dio a conocer supuestos deudores morosos, condenando al descrédito público, al escarnio y a la pérdida de su fama pública a contribuyentes, incluso varios de ellos con buen nombre en el país, porque no fueron localizados.

Mientras que los grandes beneficiarios de esta política fiscal, como las grandes empresas, las 400 empresas han recibido beneficios fiscales, condonaciones y de eso no publicó nada el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a pesar de que según el artículo 69 del Código Fiscal, en la fracción VI, tendría de igual manera el Servicio de Administración Tributaria que haber dado a conocer estos nombres.

Es decir, hay un doble rasero, contribuyentes que debían miles de pesos y que no fueron localizados fueron exhibidos públicamente. Y a aquellos que les han perdonado miles de millones de pesos permanecen en el anonimato, a pesar de que hay resoluciones firmes del Instituto Federal de Acceso a la Información donde se le pide al Servicio de Administración Tributaria que haga pública esta lista.

Por eso, en este inicio de año, nosotros no podemos hacer como que no pasa nada y simplemente darle trámite a una sesión de la Comisión Permanente con temas que sí son relevantes, pero que no tienen la dimensión de este inicio de año, que ha sido particularmente grave para la economía familiar.

Por ahí había un punto de acuerdo de Profeco, que nosotros íbamos a estar de acuerdo, creo que no va a pasar de urgente. Concluyo, presidenta. Por este acuerdo de la Comisión, no va a subir nuestros dos puntos que registramos, que es muy restrictivo, pero nosotros estamos pidiendo que el SAT retire de su portal esta lista, hasta que no se corrija, que no se fundamente y motiven y se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos contribuyentes.

Por último, además, que se incluya —en su caso— a quienes han sido objeto de condonaciones de créditos fiscales. Y estamos pidiendo, de igual manera, que la Profeco establezca sanciones fuertes a todos los que están especulando con estos aumentos de inicio de año.

La cuesta de enero, compañeros y compañeras legisladoras, se está convirtiendo en la cuesta sexenal. Ya no un mes, si no un sexenio de aumentos, de agravios y de atentados a la economía familiar. Por esa razón lo exponemos y, en el caso específico del punto de acuerdo que propone la diputada Vázquez, estamos a favor. Es cuanto.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, presidenta. Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza nos manifestamos a favor de que sea aprobado el presente punto de acuerdo propuesto por esta Comisión Permanente, por considerarlo de suma importancia para garantizar el sustento de un importante sector de la población. Pero además, porque busca que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, implemente políticas públicas que por una parte apoyen y por otra promuevan la producción, comercialización y venta de juguetes tradicionales mexicanos, producidos por artesanos y pequeños empresarios interesados en preservar las tradiciones y la riqueza cultural de nuestro país y sus diferentes regiones, comunidades y culturas.

Sin duda alguna el promover y apoyar la fabricación y consumo de juguetes tradicionales mexicanos a lo largo del año —que recién inicia— permitirá a los productores, artesanos y pequeños empresarios contar con los inventarios necesarios para eventualmente enfrentar un incremento en la demanda de los juguetes por ellos producidos.

Para ello será necesario que en una primera oportunidad las instancias gubernamentales brinden los apoyos económicos y técnicos que resulten precisos para incrementar la producción, y en una segunda fase promueva la venta y consumo de estos juguetes mediante eficaces y llamativas campañas de comercialización que promuevan las características lúdicas, educativas y formativas que los juguetes tradicionales mexicanos ofrecen a los menores.

En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza consideramos que esa es la principal característica del juguete tradicional mexicano. Es un instrumento de entretenimiento. Y también es formativo y educativo.

En general, los juguetes tradicionales mexicanos incentivan la imaginación de los chicos, ayudan a agilizar algunos de sus sentidos, son facilitadores de conductas socializantes y ayuda a un mayor entendimiento del ambiente en el que se desarrollan nuestros niños y nuestras niñas. Pero además son parte de un importante sector de la economía local de muchas comunidades y regiones del país, ya que un significativo número de miembros de comunidades indígenas se dedican a la producción artesanal de juguetes, pero también existen pequeños y micro empresarios que han hecho de la producción de juguetes tradicionales la fuente de ingresos de su familia y de personas que laboran con ellos.

En virtud de lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza reiteramos nuestro apoyo a la aprobación del punto de acuerdo que hoy nos ocupa, manifestando nuestro apoyo y nuestro respaldo. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Raymundo King de la Rosa:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el oficio de los artesanos resulta especialmente valioso para cualquier sociedad, toda vez que los productos por ellos elaborados son el reflejo de la cultura y el medio ambiente de la región donde viven, lo que contribuye a crear una identidad comunitaria, lo que hace única y apreciable a la artesanía.

La permanencia del oficio artesanal en nuestro país ha traído consigo la creación de objetos que han dejado de ser de uso cotidiano para convertirse en delicadas piezas que son apreciadas en todo el mundo por su sencillez, belleza y dignidad.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2011, se contempla que un millón 800 mil miembros de la población económicamente activa trabajan en actividades artesanales, siendo los estados con mayor número de artesanos como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, estado de México, Distrito Federal, Guanajuato y San Luis Potosí. De esta forma, los artesanos no solo configuran una parte de la economía del país, donde es una alternativa real para la protección de la economía familiar, en donde hacia allá van dirigidos los esfuerzos que se han venido presentando en los últimos tiempos en esta actual Legislatura y en la cual con las reformas estructurales irán consolidándose. Tenemos una plena convicción de que así será.

Por ello es importante que se vea reflejado en el trabajo los elementos de la propia tierra y la imaginación que les brinda, razón por la cual darnos la tarea de proteger y fortalecer tan noble oficio, que por diversas características tiende a su desaparición.

En estas épocas la compra desmesurada de un sinfín de productos pone en riesgo la producción de las artesanías, las cuales por su poca popularidad y difusión no logran conseguir la venta deseada, por lo que muchos artesanos buscan otra fuente de ingreso, mermando así su economía y la cultura de nuestro país.

Los juguetes —en tanto a artesanías— representan la preservación verdadera de la inocencia de la infancia, ya que su colorido y funcionalidad ofrecen la posibilidad de entretenimiento y el desarrollo de la imaginación de los niños.

Es responsabilidad de este órgano parlamentario proteger la cultura, el arte y la economía de aquellos grupos socialmente vulnerables, dando la pauta para que su trabajo sea valorado por la comunidad, otorgándole la importancia que éste merece.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente punto de acuerdo, ya que más allá de la importante protección de la economía de los artesanos resulta trascendental conservar la cultura de nuestro país. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Ha solicitado el uso de la palabra para el mismo tema la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del PAN.

La senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco, presidenta. Estando de acuerdo en que hay problemas serios y que están golpeando a las familias mexicanas a partir del 1 de enero, también creo que es importante hablar de con qué juegan los niños, cómo se relacionan y cómo socializan.

Así que estoy de acuerdo en que se promueva y, quiero decirlo muy enfáticamente, que los niños vuelvan a hablar con sus amigos, que vuelvan a compartir, que vuelvan a competir, que vuelvan a tener habilidades manuales, que son fundamentalmente lo que las artesanías o los juegos artesanales permiten, que los niños desarrollen otra vez sus habilidades psicomotrices, que tengan relación entre ellos, que puedan jugar en la calle. Ojalá los niños pudieran volver a jugar en la calle.

Pero también aparece que el tema de las artesanías es no solo para los niños, es mucho para las familias de artesanos. Aquí ya han hablado de las familias que viven de la artesanía y que tenemos que cuidar, como una fuente de ingresos para muchas familias en nuestro país, que al mismo tiempo tiene que ser sustentable. Los trompos son de madera, por ejemplo.

Tiene que volver a ser sustentable y tiene que permitir una cadena productiva que le dé valor agregado, que no digamos nuestros artesanos, nuestros paisanos son gente productiva que ha hecho todo su esfuerzo, que durante cientos de años ha transmitido cómo se pueden tener, no caros, sí lindos, sí de compartir y que las familias que los producen tengan un ingreso digno.

Para ello hay modificaciones a las leyes de artesanías. Ojalá que quien es responsable de las artesanías en este país lo vuelva a mirar como algo de primera necesidad. Presenté una iniciativa de modificación a la Ley de Artesanías en el Senado de la República.

No sobra invitar a la Comisión de Economía —precisamente la tiene en su seno— que la trabaje, que la haga conocer, que la comparta con Fonart, que le hagan las aplicaciones, modificaciones, lo que tengan que hacer.

Los artesanos no solo son importantes en tiempo de elecciones. Los artesanos viven de su trabajo, pretenden darle de comer a sus hijos y de que el resultado de su trabajo sea digno. No los intermediarios, no los que llegan a la puerta de su casa y les dan pipichuelas a cambio del trabajo que han elaborado con sus manos, sino que puedan tener venta directa, que puedan ser capacitados en calidad, que puedan hacer cooperativas, que puedan volver a darle a las artesanías la vida, la historia, la cultura que merecen las artesanías mexicanas.

Estoy de acuerdo en que volvamos a hacer que las niñas y los niños tengan la posibilidad de reconocer juegos hechos con las manos de mucha gente y que puedan volver a compartir entre otros niños, entre muchos niños cómo puede haber paz, cómo puede haber armonía, cómo pueden jugar, no juegos de guerra, sino juegos de destreza, manuales, de habilidades psicomotrices.

Estamos de acuerdo entonces en que volvamos a hacer esto con los niños en tiempo de reyes, pero también en tiempo de vacaciones y en tiempo de escuela. Que los niños vuelvan a compartir sus capacidades y su posibilidad de desarrollar sus habilidades psicomotrices. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:Gracias, senadora. Consulte la Secretaría a la asamblea...

El diputadoJavier Orihuela García (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:Sí, señor diputado.

El diputado Javier Orihuela García(desde la curul): Es digno de aprobarse este acuerdo.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos en la tribuna.

El diputado Javier Orihuela García: Compañeros, es digno de aprobarse este punto de acuerdo, no le veo ningún problema. Lo que quiero resaltar es que esta Comisión Permanente abordara los problemas de fondo que hay con la industria del juguete.

Quiero aquí denunciar que hoy, a 20 años de los tratados de libre comercio, uno de los sectores económicos afectados por ese tratado criminal, o que ha ocasionado la emigración de millones de mexicanos a Estados Unidos de América, que ha ocasionado el desempleo de millones de campesinos, muchos de ellos productores de juguetes artesanales, como trompos, carritos de madera, etcétera, sobre todo de aquellos sectores del medio rural y del medio indígena, denunciar que esos juegos efectivamente ya son piezas de museo en muchos lados.

Y no basta con exhortar a la Secretaría de Economía o a todo el gobierno a que compre solamente. Necesitamos cambiar ese tratado de libre comercio para que se proteja la industria del juguete.

Cuánta importación tenemos que hace la competencia desleal. Cuánta importación tenemos de juguetes con esa orientación belicosa y que no podemos ni Profeco, ni los medios de comunicación, ni las instancias gubernamentales pueden controlar.

Compañeros y compañeras, creo que en esta Comisión Permanente aceptamos esa propuesta, pero tiene que ir al fondo del asunto. ¿Cómo vamos a recuperar los millones de empleos perdidos por esa competencia desleal a la industria del juguete nacional y a las artesanías mexicanas?

Propongo a esta Comisión Permanente que revisemos el tratado de libre comercio y que se cambien los términos en que ahorita se están importando millones de juguetes de China, de muchos lados. Vayamos a las comunidades y veamos que cosa es lo que consumen nuestros niños ahora el 6 de enero. ¿Qué cosa es lo que compraron? Puros juguetes chatarra que nos venden.

La industria de las artesanías. Quisiera ver que vayamos a las comunidades indígenas. Mi distrito es una comunidad indígena, hay una comunidad indígena y está destruida, ¿por qué? Porque hay una competencia desleal, compañeros, producto de un tratado de libre comercio que ha ocasionado toda esta miseria, este desplazamiento de la economía.

Veo con nostalgia y además mi reconocimiento a la diputada porque, con qué nostalgia nos narra cómo jugábamos al trompo y a los carritos. Pero señores, este Poder Legislativo tiene que tomar medidas para que la industria del juguete cambie, se recuperen los empleos y efectivamente los niños tengan la posibilidad de acceder a un juguete digno.

Ojalá pudiéramos revisar ese tratado de libre comercio, compañeros legisladores y legisladoras, porque se va a seguir deteriorando la economía de aquellas regiones donde se producen artesanías. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pegunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobada. Comuníquese.

SOLICITUD DE ASILO POLITICO DE CARLOS GUTIERREZ

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:Tiene la palabra, por cinco minutos, la senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que emplee los medios diplomáticos necesarios y contacte a las autoridades de los Estados Unidos de América, a fin de que agilicen las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez y de las demás personas que están en su misma situación.

La senadora Luisa María Calderón Hinojosa:Gracias, presidenta. Presento este punto de acuerdo motivada por Carlos Gutiérrez y espero que compartan conmigo la necesidad de atenderlo de obvia o urgente resolución. Seguramente que todos conocemos a alguien cercano a nosotros que está en esta condición de desplazado.

Me amputaron mis pies, pero sigo de pie. Son las palabras de Carlos Gutiérrez, ex empresario de Chihuahua, a quien en el 2009 le fueron amputados los pies por no pagar extorsión a la delincuencia organizada, como una lección a las personas que se rehúsan a pagar la cuota.

Hasta ese momento, al mes le solicitaban el pago de hasta 10 mil dólares mensuales. Meses más tarde del terrible acontecimiento, Carlos presentó una solicitud de asilo a los Estados Unidos de América. Sin embargo, aún con los antecedentes su caso fue tramitado como de baja prioridad.

En octubre de 2013, con ayuda de sus prótesis, Carlos comenzó una proeza: recorrer 700 millas durante dos semanas entre El Paso y Austin, Texas, con la finalidad de llamar la atención sobre la situación en la que viven centenares de personas al solicitar asilo político por causa de la violencia que deja la delincuencia organizada en nuestro país.

El primer objetivo de Carlos fue concluido, llegó a la capital del estado de Texas, a Austin. Sin embargo, ya planea su siguiente viaje, que tiene como destino la ciudad capital de Washington, DC, para ser escuchado por políticos estadounidenses y que de esa manera cambien las leyes de aquel país.

Bajo la campaña Pedaleando por la Justicia se busca hacer conciencia acerca de la corrupción que se vive o de la no actuación para evitar que haya más extorsiones y más delincuencia organizada, así como sensibilizar al gobierno de Estados Unidos de América, ya que han rechazado más del 90 por ciento de los casos de asilo político.

Carlos Gutiérrez pertenece a Mexicanos en el Exilio, con sede en El Paso, Texas. Dicho organismo está conformado por hombres, mujeres y niños, quienes tuvieron que huir ante la ola de violencia protagonizada por la delincuencia organizada en México.

Otro caso es el de la familia Porras González, comerciantes de la comunidad de Villa Ahumada, Chihuahua, que ante el homicidio de dos integrantes de su familia, supuestamente por afiliación política, se trasladaron a El Paso para solicitar asilo político.

En Michoacán, según la investigación de un diario digital nacional que se ocupó de ir a preguntar a los municipios, más de cinco mil personas han pedido carta para solicitar su asilo político en Estados Unidos de América.

A decir de los abogados de la organización Mexicanos en el Exilio, el proceso de asilo toma mucho tiempo, como unos cinco años, y en ese lapso los solicitantes permanecen en el limbo. Ante ello es prioritario que se visibilice la urgencia de la situación de las personas y que de esa misma forma se agilice el sistema migratorio en los Estados Unidos de América.

Sabemos que la decisión es de Estados Unidos de América, pero hay muchos mexicanos que queriendo vivir bien, que queriendo vivir en paz se quedan en ese limbo y además no son tomados en cuenta por las razones por las que exponen su necesidad de recurrir al asilo en los Estados Unidos de América.

Por esta motivación, por esta pedaleada y por cientos o por miles de mexicanos que están en la misma situación es que someto a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo. Es un punto único.

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que emplee los medios diplomáticos necesarios, contacten a las autoridades de los Estados Unidos de América, a fin de que agilicen las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez y puedan entender y armar un protocolo que permita que cientos de mexicanos que están en la misma situación puedan recibir asilo político.

Es cuanto, presidenta, y espero que se discuta como de obvia o urgente resolución.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a emplear los medios diplomáticos necesarios y establecer contacto con las autoridades estadounidenses para agilizar las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez y demás personas en su misma situación, suscrita por la senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que empleen los medios diplomáticos necesarios y contacte a las autoridades de los Estados Unidos de América, a fin de que agilicen las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez y de las demás personas que están en su misma situación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“Me amputaron mis pies, pero sigo de pie” son las palabras de Carlos Gutiérrez, ex empresario de Chihuahua, a quien en el 2009 le fueron amputados los pies por no pagar extorsión a la delincuencia organizada, como una lección a las personas que se rehúsan a pagar la cuota. Hasta ese momento al mes le solicitaban el pago de hasta diez mil dólares mensuales.

Meses más tarde del terrible acontecimiento, Carlos presentó la solicitud de asilo a los Estados Unidos de América, sin embargo, aún con los antecedentes su caso fue tramitado como de baja prioridad.

En octubre de 2013, con ayuda de sus prótesis, Carlos comenzó una proeza, recorrer 700 millas durante dos semanas, entre El Paso y Austin, Texas, con la finalidad de llamar la atención sobre la situación en la que viven centenares de personas al solicitar asilo político por causa de la violencia que deja la delincuencia organizada en nuestro país.

El primer objetivo de Carlos fue concluido, llegó a la capital del estado de Texas, Austin, sin embargo, ya planea su siguiente viaje que tiene como destino la ciudad capital Washington, DC; para ser escuchados por políticos estadounidenses y que de esa manera cambien las leyes del país.

Bajo la campaña “Pedaleando por la Justicia” se busca crear conciencia acerca de la corrupción que se vive en México, así como sensibilizar al gobierno de Estados Unidos de América, ya que han rechazado más del 90 por ciento de los casos de asilo político.

Carlos Gutiérrez pertenece a “Mexicanos en Exilio”, con sede en el paso Texas, dicho organismo está conformado por hombres, mujeres y niños quienes tuvieron que huir ante la ola de violencia protagonizada por la delincuencia organizada en México.

Otro caso es el de la familia Porras González, comerciantes de la comunidad de Villa Ahumada, Chihuahua, que ante el homicidio de dos integrantes de su familia supuestamente por su afiliación política, se trasladaron a El Paso, Texas, para solicitar asilo político.

A decir de los abogados de la organización Mexicanos en Exilio, “el proceso de asilo toma mucho tiempo, como unos 5 años, y en ese lapso los solicitantes permanecen en el limbo”.

Ante ello, es prioritario que se visibilice la urgencia de la situación de las personas y que de esa misma forma se agilice el sistema migratorio de los Estados Unidos de América.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que empleen los medios diplomáticos necesarios y contacte a las autoridades de los Estados Unidos de América a fin de que agilicen las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez y demás personas que están en su misma situación.

Senado de la República, a los seis días del mes de enero del año dos mil catorce.— Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias senadora. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición.

Se abre el registro de oradores. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Javier Orihuela García:Compañeros y compañeras, diputados y diputadas, qué triste es reconocer esta realidad. Qué triste es reconocer que tengamos que pedirle al gobierno de Estados Unidos de América que agilice el asilo de un ciudadano nuestro. Qué triste es reconocer que la realidad delincuencial en nuestro país azota a los ciudadanos y que nosotros como Estado mexicano no somos capaces de proteger a nuestros propios ciudadanos.

Qué triste es reconocer que el mismo presidente haya dicho que el número de secuestros haya ido en aumento. Qué triste es reconocer que en el gobierno de Calderón fueron miles y miles de ciudadanos secuestrados, asesinados y quedó en la impunidad. Y hoy que triste es reconocer esa misma realidad ampliada, compañeros.

Diputada Calderón, creo que no solamente es necesario pedir que se agilice. Esta Comisión Permanente tiene que hacer algo para proteger a los miles de ciudadanos que hoy están en la condición de Carlos Gutiérrez. Hoy están en la condición de Carlos Gutiérrez que quisiera irse de este país, porque no encuentran la protección del Estado mexicano, porque no quieren denunciar el secuestro de sus familiares por temor a que el Ministerio Público al que están denunciando sea cómplice de los extorsionadores, de los secuestradores.

En Morelos pasó esto con una maestra, que la asaltaron en el camino de Cuernavaca-Tepoztlán, le quitaron su camioneta y los familiares recurrieron con nosotros. Hay que hacer la denuncia. Fueron a hacer la denuncia. En el mismo instante en que estaban haciendo la denuncia les llamaron los secuestradores: hija de tu chingada madre no hagas la denuncia porque te va a cargar la chingada a ti y a tus hijos. En ese mismo instante.

¿Cuál es la protección, entonces compañeros? Los extorsionadores son parte del mismo Estado mexicano, del Ministerio Público, de las policías, compañeros.

Exhorto aquí a todos nuestros compañeros a que tenemos que hacer algo. En el estado de Morelos el índice de secuestros ha aumentado. Allá van a los puestos con metralleta a pedir piso, el pago de piso.

Compañeros, estoy de acuerdo en que exhortemos al gobierno de Estados Unidos de América. Hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Fíjense nada más, a pedir asilo a un gobierno extranjero a nuestros connacionales. Es grave. Sin embargo, creo que es necesario que esta Comisión Permanente agilice los trámites. Pero sí exhorto a nuestra presidenta pidamos la presencia del secretario de Seguridad Pública de Gobernación aquí en esta Comisión Permanente, a que nos explique por qué estamos llegando a ese grado de dependencia con respecto a la función que debería ejercer el Estado mexicano con respecto a sus connacionales.

Compañeros, de veras compañeros del PRI y del PAN, necesitamos hacer algo, no podemos continuar, este país no puede continuar así. No podemos exponernos a esta ridiculez de estar pidiendo agilizar los trámites para que un connacional se vaya a proteger a otro país.

Entonces, ¿está destruido el Estado mexicano? ¿Están destruidas las instituciones que deben dar garantía a los ciudadanos mexicanos, compañeros? Creo que no, compañeros, no nos demos por vencidos. Tenemos que recuperar la capacidad del Estado mexicano de proteger a sus ciudadanos, compañeros. Si los que están al frente no son capaces, que renuncien. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para hablar al favor, el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano:Con su permiso, presidenta. Posicionamiento a cargo del Grupo Parlamentario del PRI, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que agilice los trámites diplomáticos necesarios a fin de solicitar asilo político para diversos ciudadanos.

Compañeras y compañeros legisladores, para nadie es un secreto que nuestro país vivió la primera década del siglo XXI la peor de las violencias en la historia del México contemporáneo. Ciudadanos, pueblo, comunidades y estados fueron testigos de cómo su vida cotidiana se convirtió en una barbarie.

En diferentes rincones del país las y los mexicanos enfrentaron en la soledad la injusticia, la impunidad y la constante violación a sus derechos fundamentales, mientras las fuerzas del Estado padecían frente al exponencial crecimiento del crimen organizado.

Como Carlos Gutiérrez, cientos fueron víctimas de los peores delitos inhumanos y sangrientos, así como la corrupción, negligencia y opacidad institucional. Ciudadanos que perdieron su patrimonio, su techo, las piernas y la vida. Pero también la confianza en el Estado, su tranquilidad personal y la certeza y seguridad jurídica que la Ley Fundamental consagra y que debe ser garantizada a todos y cada uno de los mexicanos.

Ante el crimen de inseguridad, violencia e ingobernabilidad, su último recurso fue salir del país y pedir asilo y protección a gobiernos extranjeros, petición fundada y motivada por el horror, al cual sin duda tienen derecho.

Sin embargo, en esta tribuna el Grupo Parlamentario del PRI no puede dejar de señalar que esta petición nos llena de oprobio, pues muestra la incapacidad que en su momento tuvo el Estado para cumplir cabalmente con su función primigenia; velar por la vida e integridad y el patrimonio de los mexicanos.

Votamos a favor del presente punto de acuerdo, pues ello implica votar a favor de los derechos de Carlos y de otros mexicanos que como él aspiran a vivir una vida digna, segura y bajo el amparo de la ley. El derecho al movimiento es un derecho humano, como tal es incuestionable.

Desde este Congreso estamos obligados a realizar lo conducente en el ámbito de nuestra competencia para que cada mexicano y mexicana lo ejerza. Un voto que lleva intrínseco nuestro apoyo incondicional, el cual descansa en la justicia y en la sensibilidad humana.

Si su deseo es salir del país y poner distancia a los recursos de horror está en su derecho, como también en su derecho de continuar o no claudicar en su lucha por la paz y la seguridad de justicia.

Refrendamos nuestra convicción para reorientar el rumbo de México y de los mexicanos, para convertirnos en una nación próspera, generosa y de oportunidades que nos merecemos. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para hablar a favor el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores, creo que este tema que se está discutiendo no tiene ninguna forma de aproximarse a él sin conmoverse, sin pensar en la tragedia que viven miles de mexicanos. Pero también da pie a darnos cuenta de la falta de información que existe sobre casos como el de Carlos.

Quiero aclarar que sin duda hacemos un reconocimiento pleno a Pedaleando por la Justicia y al movimiento de Mexicanos en Exilio. Pero me llama mucho la atención que la senadora Calderón haya dicho al inicio de su intervención, que quizá nadie de nosotros aquí presentes escapa a tener algún familiar o amigo desplazado. Y sin duda tiene toda la razón, pero confunden a los asilados, confunde a los refugiados y confunde a los desplazados, por una razón muy simple, ni en el gobierno anterior y hasta el momento en este gobierno, hay un reconocimiento al fenómeno del desplazamiento interno de nuestro país.

Ésta es una categoría por completo diferente a la situación que vive Carlos, que por suyo es totalmente atendible por esta Comisión Permanente. Pero su caso es distinto, es el de un asilado político al que hay que defender y hay que proteger, y en eso estamos de acuerdo. Pero no es un desplazado, por una simple razón, la categoría de desplazamiento interno a nivel internacional existe, hay una relatoría especial que preside Chaloka Beyani en las Naciones Unidas dentro de ACNUR, para la atención de los desplazados internos.

¿Cuál es la única diferencia entre un desplazado y un asilado o un refugiado? Que el desplazado no abandonó su territorio nacional, no cruzó una frontera internacional. Y hay, por lo menos, un cuarto de millón de mexicanos en situación de desplazamiento. Mexicanos que producto de esta insensata guerra contra el crimen organizado han tenido que abandonar su lugar de residencia por temor a sufrir represalias por el hecho de vivir donde viven.

Son personas que tuvieron que abandonar su casa, su ciudad, a sus amigos, a sus familiares, sus pertenencias, porque el Estado mexicano no pudo cumplir con su principal tarea: la de proteger la vida de sus ciudadanos. Ésos son los desplazados.

¿Cuántos hay en México? No lo sabemos, porque no lo reconocemos. Lo he dicho en muchas ocasiones, son los grandes invisibles del gobierno de Felipe Calderón.

Simplemente se decidió pensar que no había desplazados en el país. Y hoy por eso es que no tenemos una cifra y por eso luego nos confundimos con los asilados. Pero el tema de los desplazados también debe ser motivo de legislación.

Hoy en el Senado de la República hay una iniciativa de Ley General para la Atención al Desplazamiento Interno. Es una iniciativa que en palabras de Helen Clark —la número dos del Programa de las Naciones Unidas, ya que preside el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo— ha dicho y señalado que para la atención al fenómeno del desplazamiento en todo el mundo no hay mejor forma que legislar y darles una categoría y un estatus jurídico a estas personas, para que se les atienda y podamos encontrar, a partir de las leyes, soluciones duraderas a su situación. Soluciones que pueden ir desde el retorno seguro a sus lugares de origen o el establecimiento en una nueva localidad, porque de plano el retorno es imposible.

El tema lo conocemos muy bien en Chiapas, porque en Chiapas hay un fenómeno de desplazamiento por motivos de intolerancia religiosa, por motivos agrarios, el fenómeno, el movimiento zapatista generó otra categoría de desplazamiento, pero no son producto de la delincuencia.

El desplazamiento se ha concentrado en el norte del país y ahora empieza a haber desplazados, por supuesto, en Michoacán, en Guerrero y en otras partes de nuestro país que están azotadas por el crimen organizado.

Pero no tenía pensado hacer uso de la tribuna, me llamó la atención el tema, por supuesto, porque conozco el asunto y el movimiento del que forma parte Carlos. Pero sí quiero decir que me preocupa que legisladores tan cercanos a la administración pasada no distingan un fenómeno tan grave como el de desplazados del de asilo y el refugio.

Nuestro país, ha sido un país virtuoso en recibir refugiados, y lo sabemos. Por eso vamos a apoyar este punto de acuerdo, porque creemos en el virtuosismo de ser un país receptor de refugiados. Recibimos el refugio español, recibimos el refugio en los años ochenta de cerca de 20 mil centroamericanos que huían de la guerra civil que había en sus países. Pero el desplazamiento interno es un asunto de los mexicanos y que debe ser atendido por los gobiernos de nuestro país.

Por supuesto que el reconocimiento nuevamente a Carlos, al movimiento de Mexicanos en el Exilio, a Pedaleando por la Justicia. Pero también el reconocimiento a que en el país —se quiera o no ver— existen desplazados, a los que se debe atender con toda la seriedad. Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:Tiene el uso de la palabra, por alusiones personales lo ha solicitado, la senadora Calderón Hinojosa.

La senadora Luisa María Calderón Hinojosa:Le agradezco, senadora presidenta. Claro que hay una diferencia importantísima entre desplazados y quien pide asilo. Y seguramente que una de las formas o de las razones por las que algunos pueden pedir asilo y otros no es que están cerca de la frontera y pueden pasar.

También es seguro que el problema de los desplazados es un problema que vivimos y que están adentro y que pasan de un pueblo hacia otro y que también es cierto que es difícil contabilizarlos.

Lo que quisiera solo enfatizar es que es bien fácil decir: los otros lo hicieron mal, los otros no lo pudieron contar. En mi estado hemos tenido gobiernos del PRI, del PRD. Ahí también hay desplazados, ahí también hay violencia. La que hoy vivimos es incontenible, es insostenible, pero aquí es inhablable.

Es cierto que vivimos una problemática gravísima, delicada, que no nace por generación instantánea, que se va promoviendo, que va descomponiéndose, y que nuestro país tiene más de 60 años. Si queremos hablar claro, hablémoslo claro, pero es bien irresponsable decir: los otros no lo hicieron, cuando en nuestras propias comunidades hemos tenido gobiernos de nuestros partidos o han tenido gobiernos de sus partidos y no hay generación espontánea, y no hay responsabilidad de un solo personaje.

En este país vivimos una grave problemática, hablémosla si quieren en otro tema, en otro lugar, pero hay un problema que genera desplazados, que genera asilados, que genera muchísimo dolor. No se trata aquí de irresponsablemente decir: allá otros no lo supieron hacer.

Hoy en 2014 vivimos una grave problemática en la que todos debemos sumarnos responsablemente, si quieren prudentemente, si quieren en un espacio en el que podamos hablar muy claro todos y decir cómo entre todos, en la responsabilidad que nos corresponde también —nosotros somos servidores públicos— tenemos que atender el problema, también los legisladores, también los alcaldes, también los gobernadores, también el presidente de la República, tenemos que asumir que vivimos una problemática gravísima, insostenible en algunos estados. Pero no digamos que otro, solo otro, no hizo las cosas. Otros, muchos otros dejaron de hacer. Otros, muchos otros guardaron silencio. Otros, muchos otros fueron cómplices.

Hoy 2014 digamos es responsabilidad de todos nosotros. Trabajemos todos porque no haya desplazados, porque no haya gente que necesite asilo, porque tengamos paz, porque tengamos buena convivencia, porque volvamos al estado de derecho, porque cada quien haga su parte y no tenga que excusarse en que otro no hizo su tarea. Estamos en 2014. Gracias, presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para hablar a favor, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, compañera presidenta. Lo que deja de manifiesto este punto de acuerdo, donde dramáticamente un empresario chihuahuense, Carlos Gutiérrez, está haciendo un recorrido por el vecino país pidiendo asilo, dado la grave situación de inseguridad que le ha tocado vivir en carne propia y por virtud de la cual sus secuestradores lo mutilaron. Este es un caso sin duda gravísimo, que evidencia junto con otros más el colapso de la seguridad pública en México. Ése es el tema de fondo.

Más allá de echarse unos a otros o de no asumir culpas, quisiera reconocer en todo caso la honestidad de la senadora proponente, que no obstante la complejidad del tema, en su caso lo está asumiendo con todo realismo. Pero no solamente es el caso de Carlos, es el caso de miles de mexicanos que quizás no tienen los medios, aún en la condición personal de discapacidad que tiene Carlos, pero hay cientos de miles de mexicanos que se han desplazado producto de la violencia y del modelo fallido de seguridad pública que vive el país.

Este modelo fallido se inauguró en Michoacán en diciembre de 2006 y ha sido mantenido por Enrique Peña Nieto en su presente administración. Evidentemente ha cambiado el enfoque discursivo, ya no se habla de guerra contra el narcotráfico, se habla de por un México en paz, según el Plan Nacional de Desarrollo. Pero en esencia es la misma política de combate al crimen organizado, que no atiende a las clases sociales, sino únicamente un enfoque represivo y policíaco que ha mostrado su rotundo fracaso.

Coincido con el senador Robledo, cuando habla de que no solamente son los que hoy piden asilo, sino también el tema de los desplazados internos en México, que hay de estados de Baja California, de Chihuahua, de Coahuila, de Durango, de Guerrero, de Michoacán, de Nuevo León, de San Luis Potosí, de Sonora, de Tamaulipas y de Veracruz, según el Centro de Vigilancia de Desplazamiento Interno, que es un organismo internacional. Es decir, la gente ha tenido que desarraigarse de sus lugares de origen para escapar del fenómeno delictivo, para escapar de los cárteles de narcotraficantes o de la violencia criminal.

En este año y meses que van del actual gobierno, lo que ha crecido —y lo reconoce el propio gobierno— es el número de extorsiones y secuestros que se han venido dando en los últimos meses y sin duda por eso hay mexicanos, que como Carlos, lanzan este grito desesperado y pretenden ser asilados en otra nación.

El derecho humano a la seguridad es un derecho universal, es un derecho que no tiene fronteras. Por esa razón estamos de acuerdo en el punto que hoy se somete a esta Comisión Permanente. Pero no podemos simple y sencillamente decir que esto no es producto de un modelo fallido de seguridad pública, que esto no es producto de una política de combate al crimen organizado, que ha mostrado su fracaso. No podemos tampoco dejar de lado los casos de los mexicanos que tienen que abandonar sus comunidades por esta violencia. No podemos tampoco señalar casos tan graves de falta de expectativa de jóvenes.

Aquí traigo a colación, por ejemplo, una encuesta que sacó el Barómetro de Opinión Pública, que hizo en la comarca lagunera, donde ocho de cada 10 jóvenes su sueño es salir de la región lagunera por la violencia. Es decir, está generándose un modelo de pérdida de expectativas de la gente provocada por esta gran inseguridad pública que vive el país y que no ha sido erradicada por este gobierno.

Por esa razón, cualquier esfuerzo que hagan mexicanos por llamar la atención y por buscar su protección personal nosotros lo avalamos. Pero denunciamos el fracaso de la política que ha seguido el PRI y el PAN en materia de seguridad pública en el país. Es un modelo fallido. No sabemos hasta cuándo lo quieran seguir sosteniendo, qué más fracasos quieren seguir acumulando para seguirlo manteniendo.

El problema del país es un problema, además de delincuencial, es un problema de carácter económico y es un problema de carácter social. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladores y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobada. Comuníquese.

LEGISLACION EN MATERIA DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental.

El senador Víctor Manuel Camacho Solís:Con su permiso, señora presidenta. Compañeros legisladores y legisladoras, en la campaña presidencial de 2012 hubo un asunto que fue objeto del mayor debate político nacional.

Todos recordamos lo que ocurrió en la Universidad Iberoamericana, cuando se presentó el candidato Enrique Peña Nieto y a raíz de eso él sacó un manifiesto que llamó Por una presidencia democrática, en donde se comprometió a crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento de acceso ciudadano a la información. Éste mismo compromiso lo reiteró en su discurso de toma de posesión, de protesta constitucional el 1 de diciembre. Sin embargo, a la fecha este compromiso que es fundamental para la democracia y la rendición de cuentas sigue sin cumplirse.

Entonces estamos presentando un punto de acuerdo para que se exhorte —por lo pronto— al Ejecutivo federal y a los Ejecutivos de los estados, a que por razones de ética política y de cumplimiento de lo que establece el artículo 134 de la Constitución, pues no utilicen los recursos públicos con estos fines.

Segundo. Para que las iniciativas que ya existen sobre publicidad gubernamental —hay una iniciativa que presentamos senadores del PAN y senadores del PRD— sean dictaminadas en las comisiones y exijamos que se cumpla con este compromiso.

Tercero. Para que exhortemos a las Legislaturas locales para aprobar la reforma política, en donde se contiene un punto sobre la publicidad gubernamental.

Me parece que mientras no resolvamos este tema podemos estar hablando mucho de democracia y de rendición de cuentas, pero estamos haciendo exactamente lo contrario. No conozco ningún régimen político democrático en donde para sostener la imagen del gobierno se tengan que gastar lo que se gasta en México. Y no conozco ningún sistema de rendición de cuentas donde la rendición de cuentas se aproveche exactamente para lo contrario, para la propaganda en favor de los funcionarios públicos.

Por lo tanto, solicito que este punto de acuerdo sea de urgente resolución. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental, suscrita por el senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Manuel Camacho Solís, senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como los diversos numerales décimo segundo, décimo cuarto y décimo quinto del acuerdo relativo a las sesiones y orden del día, presenta como de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las finalidades más importantes que busca alcanzar la democracia mexicana es la rendición de cuentas. Que cualquier autoridad informe de manera veraz a la sociedad sobre la forma en la que está realizando el ejercicio del gobierno contribuye a delinear una ciudadanía informada que estará en mejores condiciones para controlar socialmente al poder público.

Esta obligación ha sido totalmente desvirtuada mediante campañas publicitarias y un conjunto de instrumentos, recursos y mensajes que son propaganda política. Con recursos públicos se difunden las posiciones políticas del gobierno federal, los estados y municipios. Se promueve la imagen de los funcionarios. Se compra abierta y subrepticiamente espacios a favor de las posiciones oficiales y en contra de las oposiciones. La información y los resultados han quedado completamente desvirtuados.

En la campaña presidencial de 2012 el tema se volvió un asunto central en el debate nacional. Tanto así, que el candidato a la presidencia y hoy presidente Enrique Peña Nieto, se comprometió en su Manifiesto por un Presidencia Democrática” a “...crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento de acceso ciudadano a la información”.

Para dar cumplimento a este compromiso, un grupo de senadores del PAN y del PRD ofrecimos legislar sobre la materia. Así, dentro del programa de los “30 Puntos para defender y profundizar la democracia” se propuso expedir una Ley de Propaganda Gubernamental.

La práctica pública de varios funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno es utilizar la obligación que tienen de informar como pretexto para promocionar indebidamente su imagen pública.

Esta práctica inconstitucional implica, de manera expresa o velada, la utilización de recursos públicos con fines de propaganda personal; pero también provoca que se pervierta, en perjuicio de la democracia, un instrumento que lo que busca es que la sociedad esté mejor informada sobre el desempeño gubernamental.

La democracia y la honestidad pública no son compatibles con la propaganda abierta  con fondos públicos o fondos privados que esperan una retribución pública. Si algo necesita la democracia mexicana es rendición de cuentas. Esta es contraria a la manipulación, al engaño y a la compra de las opiniones que son propias del autoritarismo y el patrimonialismo que nuestro sistema debe terminar de superar.

Es por eso que resulta urgente e indispensable que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental para desarrollar los mandatos constitucionales sobre este tema y se erradique esta práctica que tanto daña a la democracia mexicana.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, como de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a que instrumente los acuerdos necesarios con la finalidad de que se dictamine la iniciativa de ley sobre propaganda gubernamental presentada por los Grupos Parlamentarios del PRD y del PAN dentro de sus propuestas de reforma política, para continuar su proceso legislativo hasta que apruebe una ley que evite la promoción personalizada de cualquier servidor público y someter a los tres niveles de gobierno a un régimen de información veraz propio de una democracia que rinde cuentas.

Senador Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:Gracias, senador. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa:En votación económica se consulta a la asamblea si es considerada de urgente resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

HUNDIMIENTOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA AUTOPISTA TIJUANA-ENSENADA, EN BAJA CALIFORNIA

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Cantú Garza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se destinen los recursos económicos, materiales y humanos, a fin de que se repare a la brevedad posible el tramo afectado por los hundimientos del día 28 de diciembre del 2013 en la autopista Tijuana-Ensenada, del estado de Baja California, suscrita por el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Gracias, senadora presidenta. Como ya se ha señalado, este punto de acuerdo es suscrito por el diputado Jaime Bonilla Valdez, con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, del cual es integrante, bajo los siguientes considerandos.

El desarrollo de nuestro país no se puede concebir sin que logremos crear un sistema eficiente de transporte, tanto para mercancías como personas. Si bien éste no es el único factor para llevar a México a lo que se ha dado en llamar el primer mundo, sí es condición sin la cual no podremos salir del subdesarrollo.

Como es claro, un sistema eficiente de transporte depende —entre otras cosas— de que haya suficientes caminos, vías de ferrocarril, puertos y aeropuertos en cantidad y calidad. Es decir, que se tenga la infraestructura necesaria y en buen estado.

Desafortunadamente, como se develó en el V Foro Internacional Desarrollo Urbano Sustentable de Calidad, México ocupa un lugar muy bajo en cuanto al índice de competitividad de la infraestructura, ubicándose en el lugar 66 de 142 países. De hecho, en este rubro nos encontramos por debajo del promedio de América Latina.

De tal forma que nuestro país compite en el mercado mundial, en el mejor de los casos, con una infraestructura mediocre, si no es que de plano mala, cuando es bien sabido que la infraestructura carretera es uno de los principales condicionantes para la dinámica económica regional y nacional, ya que determina la conexión territorial y el traslado eficiente de productos y personas.

En el caso particular de Baja California, en parte por su condición de península conectada con el resto de México tan solo por una pequeña franja de tierra en su parte noreste y por su lejanía con el centro del país, históricamente la infraestructura vial ha sido escasa y de mala calidad.

Por muchas décadas solo interesó a los gobiernos federales comunicar a la zona fronteriza de Baja California, ya que esta parte es la puerta de entrada a los Estados Unidos de América y en particular a California, estado del vecino país que por sí solo presenta una de las mayores economías del mundo y, por lo mismo, es de los principales mercados internacionales.

Según datos del Inegi, actualmente contamos en el estado de Baja California con tan solo mil 705 kilómetros de carretera troncal federal principal o primaria. De estos kilómetros buena parte corresponden a la carretera federal número 1, que atraviesa de norte a sur todo el estado de Baja California, prolongándose hacia el sur del vecino estado de Baja California Sur, uniendo a las ciudades de Tijuana, Baja California, con el puerto de Los Cabos, en Baja California Sur.

Como parte importante de la red carretera del estado tenemos la autopista que conecta la ciudad de Tijuana con Ensenada. Este último es un sitio de importancia por su actividad portuaria, pesquera y turística. De tal forma que para la economía regional y nacional esta carretera es de gran importancia.

El pasado 26 de diciembre, a consecuencia de un sismo de 4.6 grados en la escala de Richter que tuvo su epicentro a 70 kilómetros de Ensenada, Baja California, en esta importante vía se presentó un desnivel de apenas 30 centímetros. Pero para el 28 del mismo mes, lo que originalmente era este desnivel insignificante se convirtió en un hundimiento de más de 40 metros de profundidad y 300 metros de largo que dejó inutilizable la carretera.

Al día de hoy para poder comunicar esas dos importantes poblaciones se está desviando el tráfico ligero por la carretera libre Tijuana-Ensenada, que es de menor calidad que la autopista afectada. A los camiones con cargas superiores a las tres toneladas se les hace ir por la carretera federal 3, Tecate-Ensenada, pero esta solución plantea problemas, ya que —como se mencionó— la carretera libre es de mala calidad, lo que repercute en el tiempo y seguridad de los viajeros.

Por otra parte, desviar el tráfico pesado hacia la ciudad de Tecate crea problemas serios en esta población, además de hacer el viaje de las mercancías más largo y, por lo mismo, más costoso.

Las vialidades en la ciudad de Tecate, Baja California no están diseñadas para que por ellas pasen grandes cantidades de camiones pesados, por lo que en dicha ciudad se crearán serias complicaciones viales y posibles afectaciones serias a la carpeta asfáltica.

De todo lo anterior se desprende que la solución debe ser restablecer a la mayor brevedad posible la comunicación Tijuana-Ensenada por medio de la autopista afectada.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo considerada de urgente u obvia resolución.

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ciudadano Gerardo Ruiz Esparza, para que de manera inmediata se destinen los recursos económicos, materiales y humanos en cantidades suficientes para que se repare a la mayor brevedad posible el tramo afectado por los hundimientos del día 28 de diciembre del año pasado en la autopista Tijuana-Ensenada, a fin de que se establezca de manera normal la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades del estado de Baja California.

Es cuanto, senadora presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a destinar recursos económicos, materiales y humanos para reparar con la mayor brevedad el tramo afectado por los hundimientos del 28 de diciembre de 2013 en la autopista Tijuana-Ensenada, en Baja California, suscrita por el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Jaime Bonilla Valdez, diputado por el estado de Baja California a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo considerada como de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que de manera inmediata se destinen los recursos económicos, materiales y humanos en cantidades suficientes a fin que se repare a la mayor brevedad posible el tramo afectado por los hundimientos del día 28 de diciembre del año pasado, en la autopista Tijuana-Ensenada, a fin que se establezca de manera normal la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades del estado de Baja California, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El desarrollo de nuestro país no se puede concebir sin que logremos logramos crear un sistema eficiente de transporte, tanto de mercancías como de personas, si bien, este no es el único factor para llevar a México a lo que se ha dado en llamar el primer mundo, si es condición sin la cual no saldremos del subdesarrollo.

Como es claro, un sistema eficiente de transporte depende entre otras cosas de que haya suficiente caminos, vías de ferrocarril, puertos, y aeropuertos, en cantidad y calidad, es decir, que se tengan la infraestructura necesaria y en buen estado.

Desafortunadamente, como se develó en el quinto Foro Internacional “Desarrollo Urbano Sustentable Calidad”, “México ocupa un lugar muy bajo en cuanto al Índice de Competitividad de la Infraestructura, ubicándose en el lugar 66 de 142 países, de hecho, en este rubro nos encontramos por debajo del promedio de América Latina.

De tal forma que nuestro país compite en el mercado mundial en el mejor de los casos con una infraestructura mediocre, sin no es que de plano mala. Cuando es bien sabido que la infraestructura carretera es uno de los principales condicionantes para la dinámica económica regional y nacional, ya que determina la conexión territorial y el traslado eficiente de productos y personas.

En el caso particular del estado de Baja California, en parte, por su condición de península conectada con el resto de México tan sólo por una pequeña franja de tierra en su parte noreste y por su lejanía con el centro del país, históricamente la infraestructura para transportes vial ha sido escasa y de mala calidad.

Por muchas décadas tan sólo interesó a los gobiernos federales el comunicar a la zona fronteriza de Baja California, ya que esta parte es la puerta de entrada a los Estados Unidos y en particular a California, estados del vecino país que por sí solo presenta una de las mayores economías del mundo y por lo mismo es de los principales mercados internacionales.

Actualmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía contamos en el estado de Baja California, con tan solo mil 705 kilómetros de carretera troncal federal (principal o primaria), y de estos kilómetros buena parte corresponden a la carretera federal número 1, que atraviesa de norte a sur todo el estado de Baja California, prolongándose hacia el sur al vecino Estado de Baja California Sur, uniendo a las ciudad de Tijuana, Baja California, con el puerto de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Como parte importante de la red carretera del estado tenemos la autopista que conecta a la ciudad de Tijuana con Ensenada, este último es un sitio de importancia por su actividad portuaria, pesquera y turística, de tal forma que para la economía regional y nacional esta carretera es de gran importancia.

El pasado 26 de diciembre a consecuencia de un sismo de 4.6 grados en la escala de Richter que tuvo su epicentro en la zona de Camalú, a 70 kilómetros de Ensenada, BC.

En esta importante vía se presentó un desnivel de apenas 30 centímetros, pero, para el día 28 del mismo mes lo que originalmente era este desnivel insignificante se convirtió en un hundimiento de más de 40 metros de profundidad y 300 de largo en el kilómetro 93+500 y que dejo inutilizable la carretera.

Al día de hoy, para poder comunicar estas dos importantes poblaciones, se está desviando el tráfico ligero por la carretera libre Tijuana-Ensenada, que es de menor calidad que la autopista afectada, al tráfico pesado, es decir, a los camiones con cargas superiores a las tres toneladas se les hace ir por la carretera federal número 3 (Tecate-Ensenada).

Pero esta solución plantea problemas ya que como se mencionó la carretera libre es de calidad inferior, lo que repercute en el tiempo y seguridad de los viajeros, y por otra parte, el desviar el tráfico pesado hacia la ciudad de Tecate, BC., crea problemas serios en esta población además de hacer el viaje de las mercancías más largo y por lo mismo más costoso.

Las vialidades de la ciudad de Tecate, Baja California, no están diseñadas para que por ellas pasen grandes cantidades de camiones pescados, por los que en dicha ciudad se crearán serias complicaciones viales y posibles afectaciones serias en la carpeta asfáltica.

De todo lo anterior se desprende que la solución debe ser el restablecer a la mayor brevedad posible la comunicación Tijuana-Ensenada por medio de la autopista afectada.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo considerada como de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ciudadano maestro Gerardo Ruiz Esparza, para que de manera inmediata se destinen los recursos económicos, materiales y humanos en cantidades suficientes para que se repare a la mayor brevedad posible el tramo afectado por los hundimientos del día 28 de diciembre del año pasado, en la autopista Tijuana-Ensenada, a fin  que se establezca de manera normal la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades del estado de Baja California.

Comisión Permanente, a 8 de enero de 2014.— Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona:Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Se registró para hablar a favor el senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El senador Héctor Yunes Landa:Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, compañero diputado Bonilla, la autopista escénica Tijuana-Ensenada, desde que se construyó, desde que se inauguró ha tenido problemas relacionadas con las fallas geológicas de esa región. Es un problema que no solo tiene esa autopista, lo tienen ese tipo de caminos, no solo en su estado, también en los Estados Unidos de América son problemas de la naturaleza, que lamentablemente en estas últimas fechas se complicaron por temblores y por lluvias.

Decirles que desde la misma inauguración en el 76 hubo el primer problema. Lo hubo después en el 95. El gobierno federal —el que fuera quien estuviera al frente— ha estado particularmente pendiente de estos problemas. Tan es así, que en el año 97 se realizó una reconstrucción total de un tramo debido a un nuevo desplazamiento.

Con motivo de este evento, de este hundimiento del 28 de diciembre, de manera previa en el mes de agosto, precisamente de agosto del 2013, Capufe contrató a una empresa, la empresa Aldesem, con el propósito de estabilizar la zona, estabilizar el suelo justamente en los kilómetros 92 y 93. En el 93 fue este lamentable evento, evento que no nos sorprendió, que lamentablemente se dio y que seguramente se seguirá dando.

Por eso, creo que fue oportuno que Capufe haya convocado a las autoridades del gobierno del estado de Baja California —de su estado— de los gobiernos municipales, tanto de Tijuana como de Ensenada, a la Policía Federal Preventiva, SCT, a la Secretaría de la Defensa Nacional, para coordinar las medidas preventivas que se tenían que tomar ante un posible hundimiento como el que se dio.

Es importante destacar que previo al hundimiento, en esos mismos días Capufe cerró ese tramo de la autopista para evitar accidentes. Si en la televisión vimos que un camión de cemento de doble remolque se fue en el hundimiento, es porque en el momento que estaba por darse el evento se le pidió al chofer que se fuera de reversa y él prefirió dejar el vehículo y bajarse. Por eso es que cuando esto se dio el chofer no estaba incluso en esta unidad.

Vale la pena destacar también que en ningún momento han estado incomunicadas estas dos ciudades, Tijuana y Ensenada, estos dos municipios, como usted mismo aquí lo precisó. Se hizo un desvío provisional en el kilómetro 65 de la autopista, en la intersección de la carretera federal conocida como La Misión.

Quisiera decirles que como integrante de la Comisión de Comunicaciones en el Senado de la República he estado atento a este evento, independientemente por las tareas que ustedes saben cumplo en la entidad de Baja California de carácter político —que no tiene caso la referencia aquí— sí decirles que estoy informado, porque así lo consulté en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de que a mediados de la próxima semana Capufe tendrá un reporte de la empresa que fue contratada para hacer un estudio de mecánica del suelo, para decirnos de manera precisa qué es lo que procede hacer y en qué tiempo se hará.

Sobra pedirle al gobierno federal o a la Secretaría de Comunicaciones que se aplique en la tarea, porque nos consta, lo vimos en los medios de comunicación masiva, que desde previo al evento están atentos a ello. Estamos con la propuesta. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, compañera presidenta. Como es del conocimiento público, en la madrugada del día 28 de diciembre, a la altura del kilómetro 93 de la carretera panorámica que comunica Ensenada con Tijuana se dio una afectación de aproximadamente 200 metros de carretera y cerca de 40 metros de profundidad, según informó Protección Civil del estado de Baja California.

Por esta razón, nosotros creemos que es atendible desde luego el punto de acuerdo que expone el diputado Ricardo Cantú y que ha sido propuesto por el diputado Bonilla. Sin embargo, también queremos hacer hincapié en que históricamente en el país la infraestructura vial ha sido mediocre, de mala calidad y sobre todo cara.

Debemos recordar incluso que —como en otras materias— hubo un rescate carretero que significó miles de millones de pesos para poder mantener esta infraestructura y que representó para constructoras favoritas del régimen un negocio, como han sido las privatizaciones en el país.

Viajar por las carreteras de México resulta hasta tres veces más caro que las carreteras de otros países. Lo peor es que además del costo hay afectaciones permanentes, reparaciones que no acaban. Como es el caso, por ejemplo, de la Autopista del Sol, que comunica a la Ciudad de México con Acapulco.

El caso que nos ocupa es característico de los malos manejos y la corrupción que impera en el sector carretero desde hace mucho tiempo. El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada informó, mediante trabajos técnicos, que la zona de construcción de la carretera se caracterizaba por la existencia de deslizamientos rotacionales, dominados por la acción de la gravedad, considerada inestable por las fallas geológicas. Todo esto antes de la construcción de la autopista. Sin embargo, la indiferencia y la corrupción por parte de los tres órdenes de gobierno permitieron la construcción de lo que hoy en día sabemos nunca debió suceder.

Existe irresponsabilidad de las autoridades federales, al permitir la construcción de carreteras en lugares inestables que no cuentan con las condiciones mínimas para este tipo de transportación.

¿Para qué esperar que pase una tragedia para remediar los daños y querer tomar precauciones que debieron haberse realizado desde el momento anterior a la construcción?

Por todo ello hacemos un llamado a las autoridades, para que al igual que en esta carretera Ensenada-Tijuana, lo hagan con el resto de las carreteras del país y que se revise también las cuotas excesivas que se cobran precisamente por los traslados.

Estamos a favor de este punto de acuerdo, sobre todo, en solidaridad con la gestión que está haciendo el compañero diputado Bonilla. Pero no creemos que sea suficiente un exhorto, se deben revisar las concesiones carreteras otorgadas, se debe revisar todo el Estado que guarda la infraestructura vial del país y se tiene, sobre todo, que seguir revisando los casos de corrupción.

No puede ser posible que haya representado un negocio para unos cuantos y las condiciones de transporte terrestre vía carreteras sigan todavía, en nuestro país, en estas deplorables condiciones. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado Ricardo Mejía Berdeja. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor.

El diputado José Luis Esquivel Zalpa:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, respecto del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a destinar recursos económicos, materiales y humanos para reparar con la mayor brevedad el tramo afectado por hundimientos del 28 de diciembre de 2013, en la autopista Tijuana-Ensenada, en Baja California.

La infraestructura carretera del país —como se señala en el punto de acuerdo— está muy por debajo de los estándares de la competitividad, incluso por debajo de los niveles de los propios países del continente latinoamericano. Ello a pesar de que este país ha privilegiado las vías carreteras como el medio para la movilidad y tránsito de personas y mercancías. Evidencia de ello es la casi desaparición de la actividad ferroviaria, particularmente en el caso del transporte de personas.

Esta situación nos lleva al punto nodal que impide el despegue y el desarrollo de México: la corrupción generalizada que carcome al país y cancela la viabilidad futura.

En el paisaje de todo el país encontramos siempre y en todo momento tramos carreteros en mantenimiento o reparación, y lo que subyace en estos trabajos es la maldita corrupción, contratos copeteados con el famoso diezmo, trabajos asignados por licitación por invitación restringida o mediante asignación directa a empresas de amigos o empresas de testaferros de los gobernantes o de servidores públicos que ven en la función pública su propio beneficio y enriquecimiento, y solo por excepción el beneficio del país y su gente.

Habría que preguntar cuánto se deja de hacer por los montos que se desvían a los bolsillos de diputados que exigen comisiones por los proyectos presupuestales que se aprueban, por los diezmos que se llevan los presidentes municipales, delegados, gobernadores y la pirámide de las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno. También encontramos los tramos carreteros concesionados a los particulares en su momento y que han tenido que ser rescatados con cargo al erario público, por supuesto.

De todo lo anterior nadie es responsable. De la baja calidad, del deterioro temprano, de la construcción sin los estudios de suelo, de las especificaciones requeridas para un país sísmico como éste. Al final, nuevamente son los recursos que aportamos todos o con deuda que se reparan, reproduciendo el ciclo de la corrupción antes mencionada.

No obstante lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática apoyará la petición formulada en el punto de acuerdo, exigiendo que los trabajos se hagan con la aplicación transparente y en la medida justa de los recursos que se solicitan. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del senador Fernando Herrera Ávila

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo, hasta por cinco minutos.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, con el permiso del presidente. Me voy a referir al proyecto con punto de acuerdo que ha presentado nuestro compañero diputado Jaime Bonilla, en el cual expone la problemática generada en el estado de Baja California tras el movimiento sísmico que dejó inutilizable la carretera Tijuana-Ensenada el pasado día 28 de diciembre, lo cual repercute de manera perjudicial en la transportación de personas y mercancías al norte del dicho estado.

Sobre el particular, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos de suma importancia la colaboración eficaz entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Caminos y Puentes Federales para atender de manera expedita dicho tramo carretero, ubicado a la altura del kilómetro 93, entre las importantes ciudades de Tijuana y Ensenada.

Cabe hacer mención que en dicho lugar se ubica una falla sísmica que generó un movimiento telúrico de 4.6 grados en la escala de Richter el pasado 26 de diciembre, razón por la cual se presentó un hundimiento de más de 40 metros sobre el asfalto, a lo largo de unos 300 metros de la ruta, dejándola intransitable para cualquier vehículo.

Así las cosas, es necesario que la reparación inmediata e integral sea prioridad para las autoridades federales encargadas de velar por el adecuado funcionamiento de estas vías, ya que la solución temporal implementada se reduce a redireccionar el tránsito a otras vías alternas, como lo son la carretera libre Tijuana-Ensenada, la cual no tiene las especificaciones necesarias para un aforo vehicular cuantioso y pesado, generando condiciones susceptibles a posibles accidentes, sin mencionar la demora en los tiempos de traslado entre estas dos ciudades.

Si bien es cierto que a la fecha ya se han puesto en contacto distintas dependencias de los tres niveles de gobierno con la finalidad de atender esta contingencia, apoyamos desde Nueva Alianza el presente punto de acuerdo, ya que éste puede ayudar a coadyuvar y acelerar los trabajos de reparación para reducir las pérdidas e inconvenientes que la paralización de esta importante ruta está generando en esta región fronteriza de nuestro país.

Por esas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza considera pertinente el adherirse de manera positiva al punto de acuerdo expuesto por el compañero diputado Bonilla, para que se atienda de manera integral y con rapidez, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, destinando recursos económicos, materiales y humanos en cantidades suficientes para que se repare a la mayor brevedad posible el tramo afectado por los hundimientos en la autopista Tijuana-Ensenada, con la finalidad de restablecer la normalidad de la comunicación terrestre entre dichas ciudades del estado de Baja California. Por su atención y paciencia, muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados y senadores. Muchas gracias, presidente.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la propuesta.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias. Suficientemente discutido el asunto que hemos tratado. Le solicito a la Secretaría que pregunte a la asamblea si es de aprobarse la proposición.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias. Aprobada. Comuníquese.

HOMENAJE AL CRITICO DE CINE GUSTAVO GARCIA

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Acto seguido, tiene la palabra el diputado Enrique Cárdenas, a afecto de presentar un punto de acuerdo por el que exhorta a la Semarnat, al Gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que prevean y promuevan la implementación de centros de acopio para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina. Diputado Enrique Cárdenas, hasta por cinco minutos, por favor.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano:Como no. Nada más para hacer la aclaración, presidente, se hizo un cambio ahí en el punto de acuerdo, en el cual leeré lo siguiente:

Compañeras y compañeros legisladores, la cultura ha sido siempre la esencia de nuestro país, el arte de la pintura, la danza, la música, el cine son parte de la cultura que nos caracteriza, teniendo éstas una particularidad esencial, ese toque que solo los mexicanos son capaces de otorgarle al arte de diversas expresiones.

Derivado de ello y a lo largo de la historia, nos hemos congratulado de poder ser la cuna de muchos artistas de talla internacional, mundialmente reconocidos por su talento y su influencia en el arte. Es por ello que ahora lamentamos el terrible fallecimiento de uno de los grandes críticos y exponentes del cine mexicano, el licenciado Gustavo García, quien fuera considerado uno de los más grandes críticos del cine, así como cómplice y guía del espectador.

Gustavo García fue licenciado en periodismo y en comunicación colectiva por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y director de la revista de cine Intolerancia, así como columnista de revistas de cine y periódicos de cultura en México.

Incursionando en la docencia, el recién fallecido Gustavo García fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Así también fue conductor de múltiples programas de radio, siendo en la mayoría titular de los mismos.

Su presencia en el arte cinematográfico se vio plasmada en libros de gran importancia, como son el Cine mudo mexicano; La década perdida/El cine mexicano de los cincuenta; La época de oro; El nuevo cine mexicano, entre otros, de los cuales fueron de gran relevancia para el desarrollo y expresión del cine mexicano.

Su influencia llegó a tal grado como que es considerado por muchos como un maestro que a través del cine encontró una ventana de análisis a la naturaleza humana. Es así que Gustavo García logró, a través de sus críticas a veces polémicas, pero siempre atinadas, adentrarse en los pormenores del cine y por ello cambio a la versión de nuestra industria cinematográfica.

La muerte de Gustavo García es una pérdida irreparable, no solamente para la cultura cinematográfica, sino para el arte en México. Por lo que se propone —a través de la presente— la realización de un homenaje para este analista, que pudieran incluir entre otras actividades mesas redondas, conferencias, proyecciones de películas y publicación de materiales.

Es por ello que solicitamos, a nombre de la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas y el mío propio, que se realice un exhorto al Instituto Nacional de Cinematografía para que realice un homenaje al crítico del cine Gustavo García. Descanse en paz. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Cinematografía a rendir un homenaje al crítico de cine licenciado Gustavo García, suscrita por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La cultura ha sido siempre la esencia de nuestro país, el arte, la pintura, la danza, la música y el cine son parte de la cultura que nos caracteriza, teniendo estas una particularidad esencial, este toque que solo los mexicanos son capaces de otorgarle al arte en sus diversas expresiones.

Derivado de ello y a lo largo de la historia nos hemos congratulado de poder ser la cuna de muchos artistas de talla internacional, mundialmente reconocidos por su talento e influencia en el arte.

Es por ello que ahora lamentamos el terrible fallecimiento de uno de los grandes críticos y exponentes del cine mexicano, el Lic. Gustavo García, quien fuera considerado uno de los más grandes críticos de cine, “así como cómplice y guía del espectador”.

Gustavo García fue licenciado en periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y Director de la revista de Cine “Intolerancia”, así como columnista en diversas revistas y periódicos de cultura de México. Incursionando en la docencia el recién fallecido Gustavo García fue profesor de cine en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco; así también fue conductor de múltiples programas de radio, siendo en la mayoría titular de los mismos. Su influencia en el arte cinematográfico se vio plasmada en libros de gran importancia como son “El cine mudo Mexicano”, “La década perdida/ El cine mexicano de los cincuenta”, “La época de oro”, “El nuevo cine Mexicano”, entre otros, los cuales fueron de gran relevancia para el desarrollo y expansión del cine mexicano.

Su influencia llegó a tal grado que es considerado por muchos como un maestro que a través del cine encontró una ventana de análisis de la naturaleza humana. Es así que Gustavo García logró a través de sus críticas, a veces polémicas, pero siempre atinadas, adentrarse en los pormenores del cine y con ello cambiar la visión de nuestra industria cinematográfica.

La muerte de Gustavo García es una pérdida irreparable no sólo para la cultura cinematográfica, sino para el arte en México, por lo que se propone a través del presente la realización de un homenaje para este analista que pudiera incluir, entre otras actividades, mesas redondas, conferencias, proyecciones de películas y publicación de materiales.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de Cinematografía, a efecto de que realice un homenaje al crítico de cine licenciado Gustavo García.

Notas:

1 http://www.speakersmexico.com/espanol/catalogo-de-conferenciantes/gustavo-garci a 7 de noviembre de 2013 12:59 horas.

2 http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/2013/gustavo-garcia-muerte-vida-9638 67.html 7 de noviembre de 2013 13:06 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.— Diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, senador Zoé Robledo Aburto,  diputado Enrique Cárdenas del Avellano (rúbricas).»

El senador Zoé Robledo Aburto(desde la curul): Presidente.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Sí, senador.

El senador Zoé Robledo Aburto(desde la curul): Para hacerle una pregunta al proponente.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: No está a discusión el asunto, solo es propuesta.

El senador Zoé Robledo Aburto(desde la curul): Es solamente para preguntarle al proponente si me permite sumarme al punto de acuerdo, porque creo que vale la pena recordar a don Gustavo García.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Sí. Gracias, senador, gracias diputado. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

INCREMENTO DEL IVA EN LA REGION Y FRANJA FRONTERIZAS

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Acto seguido, tiene uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar diversas medidas y acciones, a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del IVA en la región y franja fronteriza, suscrita por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño:Gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy presento ante ustedes y, desde luego, conjuntamente con mi compañero diputado Carlos Alberto García González, proposición con punto de acuerdo para que esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal a que a través de las secretarías competentes implemente a la brevedad las medidas y acciones contenidas en el denominado programa de apoyo a la zona fronteriza, a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

Así también exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a que lleve a cabo las actividades para la producción de información estadística sobre el fenómeno económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

Cabe mencionar que los diputados del Partido Acción Nacional nos opusimos rotundamente al incremento de los impuestos para este año 2014 por dos razones fundamentales. Primero, se incrementan los impuestos a los de siempre, a los contribuyentes cautivos. Y segundo, no se propusieron disposiciones que aumenten de manera atinada y eficiente la base de contribuyentes.

Pese a lo anterior, la mayoría de este Congreso aprobó la miscelánea fiscal para este año, con una cascada de incrementos de impuestos y con ello la homologación del impuesto al valor agregado —el famoso IVA— del 16 por ciento para todo el país. De esta manera se modificó la tasa para la franja y región fronteriza del 11 por ciento al 16 por ciento respecto del IVA. Es decir, un incremento real de la carga fiscal del 45 por ciento para los ciudadanos de la frontera.

Desde un principio los diputados de Acción Nacional adelantamos que la modificación de la tasa fronteriza tendrá al menos las siguientes consecuencias: El impuesto va a desincentivar la actividad comercial y productiva. Las cantidades de bienes y servicios que se comercializarán serán menores. Los ciudadanos y las empresas se distribuirán la carga del impuesto. Por un lado va a disminuir el precio que reciben los vendedores y las empresas y, por el otro, van a aumentar los precios que pagarán los consumidores.

Incluso el Colegio de la Frontera Norte (Colef), institución de investigación de Conacyt, en su momento estimó las posibles consecuencias que traería la homologación del IVA en las fronteras. Este estudio se realizó para el caso del estado de Baja California, pero dicho estudio sirve como referente para conocer las consecuencias que el incremento del IVA traerá para toda la zona fronteriza, las cuales se resumen en las siguientes: La homologación del impuesto al valor agregado en las fronteras de México tendrá efectos negativos para los estados que las conforman, pues además de registrarse un aumento en los precios los negocios locales tendrían pérdidas millonarias y desempleo.

En el estudio se señala que la homologación del IVA del 11 al 16 por ciento provocará pérdidas hasta de un 25 por ciento en tiendas de abarrotes en las colonias o el 15 por ciento en supermercados.

La subida del IVA también afectará al consumo de las entidades, ya que va a reducir la capacidad de compra de los ciudadanos en la franja fronteriza o causar un desplazamiento en el consumo de bienes y servicios de procedencia interna a externa.

En su análisis señala que los precios aumentarán en un 5 por ciento, con lo que los ciudadanos de la frontera norte buscarían precios más accesibles en Estados Unidos de América. Es decir, habrá fuga de consumidores y divisas hacia nuestro vecino del norte, lo que impactará aún más el desarrollo económico de la región fronteriza.

En Estados Unidos de América algunos artículos de la canasta básica son más baratos. Por ejemplo, las tasas de impuesto sobre productos y servicios oscilan entre el 6.75 y el 8.25 por ciento, mientras que en México es del 16 por ciento.

La reducción del gasto local en alimentos será de un 20 por ciento. En vestido y calzado del 15 por ciento. En arreglo personal de un 18 por ciento. Y en artículos para el hogar y cuidados médicos del 10 por ciento. Eso tan solo por mencionar algunos rubros.

Se estima también que se tendrá una contracción de las ventas del 4.6 a 6.2 por ciento, que llevaría a una reducción del PIB solo en el estado de Baja California, de 2.2 a 2.6 por ciento.

Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta que tan solo en el estado de Baja California poco más del 50 por ciento de la población fronteriza cuenta con visa de no inmigrante para cruzar hacia Estados Unidos de América. El otro 50 por ciento —que es la población más pobre— no tendrá la posibilidad de hacerlo y obtener productos a menor precio, lo cual aumentará sin duda la brecha de desigualdad en estas zonas.

El aumento del IVA sin duda empeorará la distribución del ingreso de las familias en la zona fronteriza, ya que la población más pobre dedica al consumo todo su salario y en general no tienen una visa de no inmigrante que les permita discriminar entre el mercado interno y externo.

En cambio, los que ganan mucho ahorran y tienen acceso legal al mercado del sur de los Estados Unidos de América, que es el mercado externo. Pero esa parte de sus ingresos y consumos no pagarán IVA, así la subida de este impuesto será altamente regresiva en las entidades de toda la zona fronteriza.

Amén de lo anterior, la Cámara de Diputados estableció en el PEF para el Fondo de las Fronteras un monto de 3 mil millones de pesos, el cual tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para contribuir al desarrollo económico de las entidades federativas ubicadas en la frontera. Presupuesto éste que es importante y urgente se ejerza y que no nos vaya a salir el secretario de Hacienda con el juego aquel de dónde quedó la bolita.

Por todas estas consecuencias negativas para la población que vive en las fronteras de nuestro país y en el estado de Baja California Sur y Quintana Roo, es que consideramos de la más alta prioridad la aprobación del presente punto de acuerdo.

Compañeras y compañeros legisladores, los exhorto de la manera más atenta para que por unanimidad votemos a favor el presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar medidas y acciones para mitigar el efecto económico y social del incremento del IVA en la región y franja fronterizas, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar diversas medidas y acciones a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza, con base en las siguientes

Consideraciones

Los diputados del Partido Acción Nacional nos opusimos al incremento de los impuestos para este año 2014, por dos razones fundamentales: Primero, se incrementan los impuestos a los de siempre, a los contribuyentes cautivos, y segundo, no se propusieron disposiciones que aumenten de manera atinada y eficiente la base de contribuyentes.

Pese a lo anterior, la mayoría de este Congreso aprobó la Miscelánea Fiscal para 2014, con una cascada de incremento de impuestos y, con ello, la homologación del impuesto al valor agregado (IVA) del 16 por ciento para todo el país.

De esta manera, se eliminó la tasa para la franja y región fronteriza del 11 por ciento, incrementándose al 16 por ciento el IVA, es decir, un incremento real en la carga fiscal del 45 por ciento para los ciudadanos de la frontera.

Desde un principio, los diputados de Acción Nacional adelantamos que la eliminación de la tasa fronteriza tendrá, al menos, las siguientes consecuencias:

• El impuesto va desincentivar la actividad comercial y productiva.

• Las cantidades de bienes y servicios que se comercializarán serán menores.

• Los ciudadanos y las empresas se distribuirán la carga del impuesto: Por un lado, va disminuir el precio que reciben los vendedores y las empresas y, por el otro, van aumentar los precios que pagarán los consumidores.

A días del incremento del IVA la franja y región fronteriza ya se comienzan a ver los primeros efectos en detrimento de los consumidores; un reetiquetado masivo de los productos, abusos de parte de comerciantes sin escrúpulos, acaparamiento de productos de primera necesidad y una baja en las ventas de los establecimientos formales.

La eliminación de la tasa fronteriza tendrá un impacto avasallador en las ciudades y comunidades de la frontera norte.

Los precios de bienes y servicios se elevarán en al menos la misma proporción que el incremento de la tasa del IVA, provocando presiones inflacionarias.  

La capacidad adquisitiva de los ciudadanos se reducirá drásticamente, ya que tendrán que destinar una parte mayor de sus ingresos a pagar este impuesto, por lo que ya no podrán comprar la misma cantidad de bienes y servicios.

La actividad comercial y productiva regional se verá afectada; los consumidores se desplazarán hacia Estados Unidos, por lo que disminuirá el consumo de este lado de la frontera, aunado a que ya no tendrán el mismo nivel de consumo, provocando una disminución en la producción de las empresas locales y en la generación de empleos.

Aun y cuando el Ejecutivo, a través de la homologación del IVA, espera incrementar su recaudación, ésta va caer a consecuencia de la disminución en la actividad comercial y productiva, por lo que no aumentará la recaudación en la misma medida.

En Acción Nacional estamos convencidos que este incremento del impuesto al consumo empeorará la distribución del ingreso de la región: Las familias más pobres, que no tienen visa americana, pagarán en mayor medida el incremento de este impuesto, mientras que las familias con más recursos, que regularmente si tienen visa, podrán cruzar hacia Estados Unidos para mitigar este incremento.

No podemos omitir que las ciudades de la frontera norte compiten con las colindantes de los Estados Unidos, siendo que del otro lado se paga un IVA que varía entre 6.75 al 8.25 por ciento solamente, esto es la mitad del impuesto que ahora se paga.

Compañeras y compañeros legisladores, derivado de lo anterior, los diputados del Partido Acción Nacional proponemos exhortar al Ejecutivo federal a que realice una serie de medidas y acciones con la finalidad de mitigar el impacto económico y social que tendrá el incremento del IVA en la franja y región fronteriza.

En primer lugar, el Ejecutivo federal presentó en mayo pasado el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, documento que precisa los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades para desarrollo integral y sustentable del país, así como los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.

Este documento incluye dentro de sus estrategias y líneas de acción medidas para propiciar un desarrollo y crecimiento del país más equilibrado, que permita abatir las desigualdades económicas y sociales entre las entidades federativas y, de manera particular, destaca las condiciones particulares de la región fronteriza con el resto del país. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo determinó la necesidad de elaborar el Programa Regional de Desarrollo del Norte.

Por lo tanto, proponemos hacer un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal a que tenga a bien expedir, con la brevedad, el Programa Regional de Desarrollo del Norte, mismo que deberá considerar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

En segundo lugar, el Ejecutivo federal presentó en noviembre pasado el denominado Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza que tiene por objeto lograr un desarrollo nacional incluyente y equilibrado, y comprende 6 acciones estratégicas con una inversión por aproximadamente 30 mil millones de pesos, en beneficio de dichos estados:

1. Se eliminarán las garitas de la franja fronteriza.

2. Se apoyará a cerca de 240 mil familias de bajos recursos, mediante el programa de apoyo alimentario “Sin Hambre”.

3. Se otorgarán créditos hasta por 5 mil millones de pesos en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, a través de la Banca de Desarrollo.

4. Se impulsará el turismo fronterizo.

5. Se garantizarán los derechos de los consumidores, a través de las verificaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, ante la homologación del IVA.

6. Se realizarán obras y proyectos de infraestructura por 22 mil millones de pesos.

Por su parte, la Cámara de Diputados estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo para las Fronteras con un monto de 3 mil millones de pesos, el cual tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para contribuir al desarrollo económico de las entidades federativas ubicadas en la frontera.

De igual forma, a petición de los diputados de Acción Nacional, se solicitó al Ejecutivo federal la prórroga del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, mismo que ya fue prorrogado, a fin de que las mercancías importadas a dicha zona puedan realizarse con un arancel más bajo.

Con fundamento en lo anterior y a la baja en la actividad económica que se está presentado en las comunidades de la frontera norte, con motivo del incremento de los impuestos y la estacionalidad del mes de enero, se hace por demás necesario que el Ejecutivo federal, a través de las secretarías competentes, despliegue las medidas y acciones para la implementación del Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza, a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

En tercer lugar, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.

De esta manera, el Inegi tiene por mandato elaborar la información estadística y geográfica de interés nacional que resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional, tomando en consideración indicadores claves como el empleo, la distribución de ingreso y pobreza, el nivel de precios, entre otros, de conformidad con el artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Además, el Inegi expidió en octubre pasado el Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018 que atiende precisamente las demandas de información requeridas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por lo que es imprescindible que el Inegi lleve a cabo las actividades para la producción de información estadística que resulte de los fenómenos económicos y sociales que se susciten en la región y franja fronteriza por el incremento del IVA en esa zona del país.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que expida, a la brevedad, el Programa Regional de Desarrollo del Norte, considerando el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a que a través de las Secretarías competentes, implemente, a la brevedad, las medidas y acciones contenidas en el denominado Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza, a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

Asimismo, se solicita respetuosamente a las Secretarías competentes, a que remitan a esta Soberanía, un informe sobre los avances y resultados del Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a llevar a cabo las actividades para la producción de información estadística sobre el fenómeno económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

Notas:

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/0 5/2013

2 Presidencia de la República. 6 Acciones estratégicas del Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza. http://www.presidencia.gob.mx/6-acciones-estrategicas-del-programa-de-apoyo-a-l a-zona-fronteriza/

3 Dictamen de la Tercera Comisión que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a que considere renovar y ampliar el Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte. Aprobado el 7 de agosto de 2013.

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=42805

4 Decreto que modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328038&fecha=26/12/2013

5 Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía por el que se aprueba el Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5318785&fecha=18/ 10/2013

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2014.— Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputado Torres Cofiño. El asunto se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

BENEFICIOS Y FACILIDADES FISCALES AL SECTOR PRIVADO

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Ahora tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Roxana Luna Porquillo, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga del conocimiento público un desglose del impacto a las finanzas públicas derivadas del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre del 2013, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades al sector privado.

Hace uso de la palabra, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada.

La diputada Roxana Luna Porquillo:Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. El hecho que me motiva a presentar este punto de acuerdo es porque el 11 de diciembre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley de Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a depósitos en Efectivo. Dicho conjunto de normas conforman la reforma hacendaria que el Ejecutivo federal promovió mediante iniciativas en la misma materia.

El análisis y discusión de la reforma hacendaria fue un esfuerzo ventilado públicamente en el que estuvieron involucrados importantes legisladores y representantes de grupos económicos. También estuvieron representantes y funcionarios del gobierno federal que participaron de manera relevante con sus puntos de vista en la valoración del proyecto presentado.

El 26 de diciembre del 2013, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa. Las leyes afectadas son las correspondientes al impuesto sobre la renta, al IVA, al impuesto especial sobre producción y servicios, así como el Código Fiscal.

Es importante destacar en este punto que estas modificaciones se hicieron sin considerar al Congreso, aunque éste aprobó todas las leyes en la reforma hacendaria en el mismo mes de diciembre del 2013. Es decir, que lo que se analizó, se corrigió y se votó con el esfuerzo de diputados y senadores terminó siendo modificado, sin consensuarlo, tan solo 15 días después.

El contenido del decreto del Ejecutivo consiste en las concesiones al sector privado, en donde se conceden los beneficios con la intención de congraciarse con ellos. Es evidente que una vez aprobada la reforma hacendaria, los cabilderos del sector privado siguieron presionando al Ejecutivo y lograron el beneficio para sectores, como es el transporte de carga y de pasajeros, los alimentos chatarra, las mineras, las escuelas particulares y las tiendas departamentales.

Es inadmisible que el decreto del Ejecutivo del 26 de diciembre no presente ninguna cuantificación del impacto que significa ceder el cobro de recursos que forman parte de la hacienda pública. Es obvio que las modificaciones van a significar menos ingresos para el país, pero a diferencia de cuando se discutió la reforma hacendaria, donde cada uno de los ajustes se proyectó en una meta recaudatoria, ahora resulta que este paquete de concesiones tiene un entorno de opacidad y discrecionalidad, aunque la ley —en especial en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación— permite este tipo de ajustes.

En el fondo es una vergüenza que el gobierno ceda recursos aprobados por los legisladores, sin que ni siquiera se sepa cuánto es lo que nos va a costar como país. Además, queda por verse de qué manera se va a ajustar la caída de los ingresos. El gobierno debe decir desde ahora si piensa superar la metas del déficit, si va a recurrir al truco de aparecer dinero subestimado o correspondiente a las disponibilidades que no había reportado, o si piensa hacer algún ajuste al presupuesto aprobado en el gasto de inversión o en los programas de las dependencias.

Dada la naturaleza pública de los recursos comprometidos al modificar la recaudación, es fundamental que el Ejecutivo desglose las modificaciones que como consecuencia del decreto emitido tendrán las metas del déficit aprobado por esta Cámara.

La composición de ingresos públicos que necesariamente habrá de modificarse, o en su caso deberá explicar los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión, así como de los programas de las dependencias.

El Ejecutivo nuevamente se exhibe, donde primero alentó y asumió elementos progresivos en materia fiscal y luego se desdice, como si no existiera la determinación tanto de los diputados como de los senadores, lo cual constituye un pésimo mensaje en cuanto a la seriedad de las relaciones entre los poderes.

Señoras y señores legisladores, esta Legislatura no debe permanecer pasiva ante una decisión discrecional en beneficio del sector privado. No dejemos que el Ejecutivo modifique a su capricho las leyes acordadas por el Legislativo.

El Ejecutivo está obligado a transparentar e informar por lo menos las estimaciones de impacto económico que implican sus concesiones a los cabilderos del sector privado. Es lo mínimo que debe hacer para que exista claridad de quienes se van a beneficiar y con cuánto por cada uno de los cambios que ha decretado.

Por ello, invitamos a tener firmeza de exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que desglose y haga del conocimiento público el cálculo de impacto de las finanzas públicas que tendrá su decreto, en el que otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer del conocimiento público un desglose del efecto en las finanzas públicas del decreto publicado en el DOF del 26 de diciembre de 2013 mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado, suscrita por los diputados Roxana Luna Porquillo y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Roxana Luna Porquillo y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes argumentos:

Primero. El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Dicho conjunto de normas conforman la reforma hacendaria que el Ejecutivo federal promovió mediante iniciativas en las mismas materias el 8 de septiembre de 2013.

El análisis y discusión de la reforma hacendaria fue un esfuerzo ventilado públicamente, en el que se tuvieron importantes encuentros y debates no sólo entre los legisladores federales y representantes de diversos grupos económicos, sino con funcionarios del gobierno federal que participaron de manera relevante con sus puntos de vista en la valoración del proyecto presentado.

Segundo. El 26 de diciembre de 2013, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa.

Las leyes afectadas son las correspondientes al Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción  y Servicios, Derechos, así como el Código Fiscal.

Estas modificaciones se hicieron sin considerar al Congreso, aun cuando éste aprobó todas esas leyes en la reforma hacendaria en el mismo mes de diciembre de 2013.

Es decir que lo que se analizó, corrigió y votó con el esfuerzo de los diputados y senadores, terminó siendo modificado, sin consultarlos, tan sólo 15 días después.

El contenido del decreto del Ejecutivo consiste en concesiones al sector privado, en el que le conceden beneficios con la intención de congraciarse con ellos.

Es evidente que una vez aprobada la reforma hacendaria, los cabilderos del sector privado siguieron presionando al Ejecutivo y que lograron beneficios para sectores como el transporte de carga y pasajeros, los alimentos chatarra, las mineras, las escuelas particulares y las tiendas departamentales.

Tercero.Es inadmisible que el decreto del Ejecutivo del 26 de diciembre de 2013 no presente ninguna cuantificación del impacto que significa ceder en el cobro de recursos que forman parte de la hacienda pública. Es obvio que las modificaciones van a significar menos ingresos para el país, pero a diferencia de cuando se discutió la reforma hacendaria, donde por cada uno de los ajustes se proyectó una meta recaudatoria, ahora resulta que este paquete de concesiones tiene un entorno de opacidad y discrecionalidad.

Aun cuando la ley, en especial el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación permite este tipo de ajustes, en el fondo es una vergüenza que el gobierno ceda recursos aprobados por los legisladores, sin que ni siquiera se sepa cuánto es lo que nos va costar como país.

Cuarto. Además queda por verse de qué manera se va a ajustar la caída de los ingresos. El gobierno debe decir desde ahora si piensa superar las metas de déficit, si va a recurrir al truco de “aparecer” dinero subestimado o correspondiente a disponibilidades que no había reportado, o si piensa hacer algún ajuste al presupuesto aprobado en el gasto de inversión o en los programas de las dependencias.

Dada la naturaleza pública de los recursos comprometidos al modificar la recaudación, es fundamental que el Ejecutivo desglose las modificaciones que como consecuencia del decreto emitido, tendrán las metas del déficit aprobado por el Congreso de la Unión, la composición de los ingresos públicos, que necesariamente habrá de modificarse o, en su caso, deberá explicar los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión así como en los programas de las dependencias.

Si el Ejecutivo ya afectó lo aprobado por el Legislativo, lo menos que debe hacer es precisar las consecuencias de su determinación.

Quinto. El Ejecutivo exhibe un doble discurso, donde primero alentó y asumió elementos progresivos en materia fiscal y luego se desdice como si no existiera la determinación tanto de los diputados como de los senadores, lo cual constituye un pésimo mensaje en cuanto a la seriedad de las relaciones entre los poderes.

En conclusión, esta legislatura no debe permanecer pasiva ante una decisión discrecional en beneficio del sector privado.

El Ejecutivo está obligado a transparentar e informar, por lo menos, las estimaciones del impacto económico que implican sus concesiones a los cabilderos del sector privado. Es lo mínimo que debe hacer para que exista claridad de quienes se van a beneficiar y con cuánto, por cada uno de los cambios que ha decretado.

Por lo antes expuesto y con el fundamento antes señalado se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desglose y haga del conocimiento público el cálculo del impacto a las finanzas públicas derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado.

Segundo. De igual manera, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a que detalle las modificaciones que como consecuencia de dicho decreto tendrán las metas del déficit aprobado, la composición de los ingresos públicos o, en su caso, los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión así como en los programas de las dependencias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.— Diputados: Roxana Luna Porquillo, Carol Antonio Altamirano (rúbricas).»

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Roxana Luna Porquillo. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

CENTROS DE ACOPIO PARA CAPTAR ARBOLES DE NAVIDAD NATURALES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, al Gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas, prevean y promuevan la implementación de centros de acopio para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina.

La senadora Mely Romero Celis:Muchas gracias, diputado presidente. Éste es un punto de acuerdo que ha preparado y que presenta el senador Jesús Casillas Romero. Sin embargo, los senadores del PRI nos sumamos, por supuesto, al planteamiento que tiene que ver con que en México hemos adoptado y hemos aceptado una tradición que se da en torno a los festejos navideños, y que es adoptar el árbol de navidad natural como ornamento en los hogares mexicanos.

Se estima que este año fueron utilizados aproximadamente un millón 600 mil árboles de navidad en los hogares de México y las especies más comunes fueron el pino y el oyamel. Sin embargo, ya han pasado las fiestas decembrinas y corresponde a las familias mexicanas entonces retirar los árboles de navidad de su importante labor de ornato y de todo el ánimo navideño.

Lo que debemos de considerar es cuál será el destino que se le va a dar a todos estos árboles de navidad, a los 1 millón 600 mil árboles utilizados el año pasado.

Cuando los restos son bien canalizados, entonces son aprovechados para elaborar abono orgánico, composta e insumos para jardinería. Pero por el contrario, si son abandonados en calles, en basureros, en terrenos baldíos de las urbes y de las comunidades rurales, entonces se convierten no solamente en basura sino en combustible que propicia incendios muy peligrosos.

Hay un problema más que se genera cuando se deja en las calles estos árboles de navidad, pues provocan obstrucciones en drenajes, en coladeras y en los pasos de las aguas pluviales.

Tan solo en diciembre del año 2010, en la Ciudad de México se contabilizaron mil 280 incendios que tenían que ver con los árboles de navidad. Sus consecuencias por supuesto generan riesgos inminentes para la población ante posibles quemaduras o daños materiales, pero contribuyen también a la contaminación atmosférica estos incendios y a la deficiente calidad del aire.

Por esto es necesario que se realice un esfuerzo para propiciar la participación de la ciudadanía para que incremente su nivel de conciencia ecológica y también de autoprotección. La mejor manera de llevar a cabo esto, según la experiencia, es implementar medidas para recolectar los árboles naturales usados durante las temporadas decembrinas e instalar centros de acopio y a la vez implementar campañas de difusión para generar conciencia.

Algunos gobiernos locales sí se preparan para ello y sí implementan centros de acopio de manera estratégica, inclusive hay quienes otorgan algún incentivo a cambio de recibir el árbol de navidad desecho. Sin embargo, se debe realizar un esfuerzo a nivel nacional no solamente de manera aislada.

Es imprescindible que el gobierno federal y los gobiernos de las entidades de la República incentiven la participación ciudadana para fomentar la cultura de la protección al medio ambiente, la integridad de las mismas personas y que sea a través de centros de acopio de árboles de navidad utilizados en épocas decembrinas. Así podremos mejorar el reciclaje de estos árboles y evitar o minimizar los posibles incidentes de riesgo para la población.

Hay una actividad muy positiva que se puede llevar a cabo, inclusive que tiene que ver con la generación de composta a partir de los árboles reciclados. Si consideramos el millón 600 mil árboles que se pueden desechar para este año podríamos obtener 2 mil 500 toneladas de composta, que pueden ser utilizadas por los mismos gobiernos para embellecer las calles y los jardines.

En consecuencia, la sugerencia de este punto de acuerdo es hacer un respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a los gobiernos estatales y al Gobierno del DF, por supuesto, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias prevean y promuevan ante los gobiernos municipales la implementación de centros de acopio de manera estratégica para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina, donde la misma población pueda acudir a entregarlos para su posterior procesamiento. Y que se implementen a su vez campañas de difusión a la población, para fomentar la participación ciudadana sobre el particular, la protección del medio ambiente y la integridad de las personas y sus bienes.

Este punto de acuerdo tiene como resolutivo único en consecuencia el exhorto previamente planteado. Estamos seguros que podríamos obtener no solamente que se consolide la cultura del reciclaje, que se prevengan incendios y riesgos para la población, pero que a la vez se mantengan limpias las ciudades y las comunidades, limpios y embellecidos los jardines y los parques de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, al GDF y a los gobiernos locales a prever y promover la apertura de centros de acopio para captar los árboles de Navidad naturales utilizados en esta época decembrina, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del Distrito Federal y a los de las entidades federativas del país, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias, prevean y promuevan ante los gobiernos municipales, la implementación de centros de acopio de manera estratégica para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina ;lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Llegó y pasó la Navidad, con el contagio generalizado de su espíritu navideño, al cual, seguramente contribuyó el encanto que genera el árbol de navidad.

De dichos árboles navideños, se estima que en los hogares mexicanos se utilizaron un aproximado de un millón seiscientos mil árboles de navidad naturales, entre cuyas especies más comunes fueron los pinos y el oyamel.

Ahora que las fiestas decembrinas pasaron, cabe decir, que una vez que la última festividad relativa sucede, esto es, la concerniente al día 6 de enero, los árboles navideños son retirados de su importante labor de ornato y ánimo festivo de la navidad. Lo importante es, el destino que será dado a los referidos arbolitos de navidad naturales.

Cuando sus restos son bien canalizados, son aprovechados para elaborar abono orgánico, composta e insumos para jardinería, mientras que por el contrario, si sin abandonados en calles, basureros y terrenos baldíos de las urbes, además de lamentable basura se convierten en combustibles susceptibles de generar incendios.

Tan sólo en diciembre de 2010, en la Ciudad de México se produjeron 1,280 incendios, con sus consecuencias, que además de un inminente riesgo directo a la población por lo que hace a posibles quemaduras y daños materiales, también contribuyeron gravemente a la contaminación atmosférica y la deficiente calidad del aire.

Por ello, es necesario realizar un esfuerzo y propiciar la participación ciudadana para incrementar el nivel en la conciencia ecológica y de la autoprotección.

La mejor manera conforme a la experiencia, lo ha sido el implementar medidas para recolectar los árboles naturales usados durante la temporada decembrina, como lo es el instalar centros de acopio e implementar campañas de difusión al respecto.

Por referir datos, es de mencionar que en la ciudad de Guadalajara, capital del Estado de mi representación, el gobierno municipal logró recuperar 1,511 de estos árboles en el mismo año 2010, los cuales se trituraron primero y reciclaron después para generar 2.4 toneladas de composta, según lo informó la Dirección de Prevención y Control Ambiental de dicho municipio. Por otro lado, Zapopan, Jalisco, logró captar más de 3,200 árboles naturales en enero de 2012, respecto a la navidad 2011.

Según se informa, algunos gobiernos locales se preparan para ello, esto es, para la implementación de centros de acopio de manera estratégica para captar los árboles naturales de navidad, ya secos, donde la población pueda acudir a entregarlos para su posterior procesamiento. En algunos casos, la campaña se implementa aplicando algún incentivo, como lo es el entregar a cambio alguna especie viva para ornato o alguna bolsa de composta.

Lo importante es que los esfuerzos no sean aislados, es imprescindible que de manera uniforme los gobiernos federal y locales incentiven la participación ciudadana para fomentar la cultura de la protección al medio ambiente y a la integridad de las personas mismas, a través del acopio de arbolitos de navidad utilizados en la época decembrina que acaba de pasar. Con ello, lograr en la mejor medida posible el reciclaje en la vida de dichos arbolitos, como también minimizar posibles incidentes, incluso, vandálicos por incendios a los que puede contribuir el abandono de árboles de navidad secos.

Términos en los que precisamente va encaminada la presente sugerencia, esto es, hacer un respetuoso exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los gobiernos Estatales, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias, prevean y promuevan ante los gobiernos municipales, la implementación de centros de acopio de manera estratégica para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina, donde la población pueda acudir a entregarlos para su posterior procesamiento; asimismo, para que se implementen campañas de difusión a la población para fomentar la participación ciudadana sobre el particular, la protección al medio ambiente y la integridad de las personas y sus bienes.

En mérito de lo anterior, se propone a la honorable consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del Distrito Federal y a los de las entidades federativas del país, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias, prevean y promuevan ante los gobiernos municipales, la implementación de centros de acopio de manera estratégica para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina, donde la población pueda acudir a entregarlos para su posterior procesamiento; asimismo, para que se implementen campañas de difusión a la población para fomentar la participación ciudadana sobre el particular, la protección al medio ambiente y la integridad de las personas y sus bienes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 8 días del mes de enero de 2014.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, senadora Mely Romero Celis. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

AMPLIAR A TODAS LAS LINEAS DEL METRO EL PROGRAMA VIAJEMOS SEGURAS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal instruya al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que amplíe el programa Viajemos Seguras en todas las líneas que conforman esa red de transporte colectivo. Adelante, diputado.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias también a todos, por su paciencia y tolerancia, esta vez definitivamente será la última que me verán el día de hoy aquí arriba, en la tribuna.

Una de las prioridades en la agenda de nuestro Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es la seguridad de las personas que diariamente utilizan el metro para llegar a cumplir sus actividades. Este medio de transporte ha representado una alternativa de modalidad de bajo costo, que permite trasladar a las y los ciudadanos a distintos puntos del Distrito Federal y a la zona metropolitana del valle de México.

El metro, a través de sus 12 líneas y 195 estaciones, transporta poco más de mil 600 millones de usuarios al año, de los cuales se estima que el 42 por ciento son del sexo femenino.

La pérdida de confianza en la seguridad en este medio de transporte ha dañado la tranquilidad de los capitalinos en sus desplazamientos diarios. Un tema que desafortunadamente no ha estado en las prioridades de las autoridades del Distrito Federal.

La ciudadanía cuenta con la información sobre la operación técnica del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Conoce sobre los ingresos obtenidos en los últimos 10 años, sobre las estaciones y las líneas más y menos concurridas. Y, en últimas fechas, sobre el costo real de cada viaje y el subsidio aplicado a nivel local.

Sin embargo, existe poca información en relación a la calidad del servicio, la cual ha sido uno de los temas relegados, tanto por las autoridades del metro como por las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.

El deterioro ha sido tal —como fue reconocido en octubre pasado— que se ha puesto en riesgo la capacidad del sistema para transportar a sus usuarios de forma segura y eficaz. En este sentido, la ciudadanía es receptiva y sensible a las condiciones que directamente les afecta.

No extraña entonces que más del 35 por ciento de los propios usuarios demanden que ante el incremento del costo de este medio de transporte a 5 pesos desde diciembre pasado los recursos adicionales deben destinarse al mantenimiento y remodelación de instalaciones, así como mayor vigilancia, y al retiro de vendedores ambulantes, que en conjunto redundan en un sensible incremento de las condiciones de seguridad en el metro.

Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza reconocemos que preservar la seguridad pública fortalece al estado de derecho. Tiene como fin salvaguardar la integridad y seguridad de las personas, así como proteger el disfrute de todos sus derechos ya que la inseguridad afecta negativamente el desarrollo social, económico y político de nuestra sociedad. Aún más cuando la afectada es la capital de todas y todos los mexicanos.

Con base en este derecho fundamental, Nueva Alianza hace eco de la voz ciudadana, solicitando medidas específicas de protección de parte de las autoridades capitalinas, con el objetivo de prevenir cualquier situación que afecte a su integridad personal y que las autoridades estén en la capacidad de conjugar o mitigar.

También reconocemos que la inseguridad y la violencia dentro de este medio de transporte pueden manifestarse en diferentes sentidos, afectando especial y diferenciadamente a un sector de la población más vulnerable como las mujeres, las y los niños, nuestros adultos mayores, y las personas que viven con alguna forma de discapacidad.

Desde el año 2007, el gobierno del Distrito Federal puso en marcha el programa Viajemos Seguras, reservando los dos vagones delanteros de los trenes del Metro para la población femenina e infantil, únicamente en horas pico, de 6 a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche, con el objetivo de combatir las agresiones que a diario padecen las capitalinas y población vulnerable usuarias de este medio de transporte.

Sin embargo, información oficial demuestra que se han incrementado los casos de abuso o acoso sexual y otras formas de violencia contra la mujer cometidos dentro de las instalaciones del Metro, así como también el robo a pasajeros. Lo anterior, sin considerar la cifra negra que resulta de los muchos casos de personas que no denuncian ante la correspondiente autoridad.

En México existen importantes avances legislativos para garantizar la seguridad de las personas y en materia de violencia contra las mujeres que se inscriben en el cumplimiento de los compromisos establecidos por el Estado mexicano.

Ante lo cual, considerando que el Estado, de manera particular las autoridades capitalinas, cuenta con los instrumentos normativos para cumplir con esos propósitos, como grupo parlamentario, Nueva Alianza los exhorta a reflexionar sobre la importancia de la seguridad para los capitalinos y las mujeres, niñas, niños, personas mayores y discapacitados que hacen uso de los espacios y medios de transporte público de la ciudad, quienes diariamente afrontan un mayor riesgo y alto grado de vulnerabilidad desde la perspectiva de su derecho a la movilidad, invitándolos a apoyar de manera adhesiva este punto de acuerdo.

Cabe también destacar, compañeras y compañeros diputados, que en tiempo reciente la Comisión Nacional de Derechos Humanos remarcó que las mujeres han sido el grupo más afectado, que han visto sus derechos humanos, sus derechos esenciales más vulnerados durante el año en curso y durante el año pasado y creo que este punto de acuerdo que pongo a su consideración podría contribuir a mejorar la situación también de nuestra población en general. Por su atención y su tolerancia, nuevamente les agradezco y les doy las gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a instruir al director general del Metro para que amplíe a todas las líneas de éste el programa Viajemos Seguras, suscrita por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado a la LXII Legislatura federal, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al director general del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) a ampliar el programa Viajemos Seguras en todas las líneas de esa red de transporte colectivo en el Distrito Federal y la zona metropolitana del valle de México.

Consideraciones

En los últimos 20 años, el crecimiento demográfico de la Ciudad de México se ha presentado de manera exponencial; de acuerdo con los resultados 2007 de la Encuesta Origen-Destino en el Estado de México y el Distrito Federal, se realizan cada día hábil 22 millones de viajes, de los cuales 58.4 por ciento es a la Ciudad de México y 14.8 millones de los desplazamientos se realizan a través del transporte público, utilizando 8 por ciento alguna línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro, como medio de transporte.

El Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal, publicado en el mes de marzo del año en curso por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y Desarrollo, define el derecho a la movilidadcomo el “de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo”.

El desarrollo del Metro ha representado una alternativa de movilidad de bajo costo que permite trasladar a las y los ciudadanos a distintos puntos del Distrito Federal y la zona metropolitana del valle de México, a través de las 12 líneas y 195 estaciones, en las cuales se transportan a más de mil 600 millones de usuarios al año, equivalente a 5.1 millones de usuarios en día laborable y 7.6 millones de viajes al día, que en 2012 significó un ingreso de 5 mil 452.85 millones de pesos.

A septiembre de 2013, su afluencia total ascendió a poco más de 1.24 billones de usuarios, estimando que 42 por ciento son del sexo femenino; es decir, más de 524 millones de mujeres de distintas edades concurrieron en diversos momentos en las 195 estaciones que forman este sistema de transporte colectivo.

Con base en el gran número de personas que se traslada diariamente y la importancia de tener un medio de transporte público, seguro y digno para la población que lo utiliza, es relevante considerar la pertinencia de que existan las condiciones de infraestructura y seguridad que salvaguarden la integridad de los usuarios y así, contribuir a garantizar el pleno derecho a la movilidad.

Sin embargo, información oficial disponible demuestra que en acontecimientos recientes se han incrementado los casos de abuso o acoso sexual y otras formas de violencia contra la mujer, cometidos tanto en las instalaciones como fuera de éstas, así como el robo a pasajeros, pues de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de enero a noviembre de 2013 se registraron 354robos, mientras que en el primer trimestre del año se iniciaron 46 averiguaciones previas por abuso sexual contra mujeres en ese medio de transporte; lo anterior, sin considerar la cifra negra que resulta de los muchos casos de personas que no denuncian ante la autoridad.

Cobra también sentido en esta argumentación los hechos suscitados el día 24 de septiembre del año en curso, en donde la saturación de la Línea 1 provocó que 8 mujeres sufrieran sofocación, siendo necesario que se solicitara atención médica para ellas. Dicha circunstancia se presentó por el congestionamiento de usuarios que originó un aumento considerable de la temperatura, que sumado a los factores del entorno y a la ausencia de un control en el número de pasajeros que abordan los vagones y el respeto a los vagones de uso exclusivo para mujeres, niñas, niños y adultos mayores, provocó casos de mujeres desmayadas o sofocadas.

Estos hechos son una muestra fehaciente de la problemática que enfrentan diariamente las mujeres que utilizan el Metro como medio para trasladarse.

Ante ello es necesario tener consciencia de que son las mujeres, niñas, niños y personas mayores que hacen uso de los espacios y medios de transporte público de la ciudad quienes diariamente afrontan un mayor riesgo y alto grado de vulnerabilidad desde la perspectiva de su derecho a la movilidad.

Una de las acciones que el gobierno del Distrito Federal y las autoridades de dicho sistema de transporte han implantado para garantizar la seguridad de las y los pasajeros fue la designación de vagones exclusivos para mujeres, niñas, niños y adultos mayores.

No obstante, Instituto de las Mujeres del Distrito Federal ha informado que el programa Viajemos Seguras no se aplica de manera permanente durante días hábiles y queda supeditado a horarios y estaciones determinados.

Si bien este programa busca mejores condiciones de acceso a los servicios de transporte de la ciudad, no se han generado los mecanismos que garanticen el respeto a los vagones destinado a mujeres, niños y adultos mayores.

Por otro lado, como la calidad del servicio en este sistema de transporte masivo no ha sido prioritaria, tanto las autoridades del Metro como el gobierno del Distrito Federal dejaron por largos años que se deteriorara las condiciones de servicio hasta llegar a un punto crítico, en el cual se ha puesto en riesgo inclusive la capacidad del sistema para transportar a sus usuarios de forma segura.

Muchos de los problemas que afectan directamente la calidad de servicio no tienen que ver con falta de recursos, sino con la mala gestión del sistema.

Por ejemplo, la proliferación de vendedores informales en el Metro –pasillos, andenes, vagones y salidas– hace suponer la existencia de una amplia red de corrupción en la cual se presume están involucrados tanto funcionarios del Metro como policías, pues de otra forma no se explica que el comercio informal sea la primera causa de las quejas que recibe este sistema de transporte; en un espacio cerrado y supuestamente vigilado por cientos de cámaras y policías.

No en balde los propios usuarios demandan que ante el incremento del costo de este medio de transporte a 5 pesos, desde el 13 de diciembre de 2013, los recursos adicionales deben destinarse al mantenimiento y remodelación de instalaciones (35 por ciento), así como mayor vigilancia y al retiro de vendedores ambulantes (24 por ciento), que en conjunto redundan en un sensible incremento de las condiciones de seguridad de los usuarios.

Lo anterior es acorde con el anuncio del director general del STC, Joel Ortega Cuevas, quien en noviembre de 2013 propuso una serie de 11 compromisos que estarían vinculados directamente con el ajuste tarifario, entre los que se incluyó fortalecer la seguridad del Metro y evitar el comercio informal en las instalaciones.

Por lo expuesto, para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es importante considerar la ampliación del programa Viajemos Seguras en todas las líneas del Metro, a fin de que se garanticen las condiciones de seguridad, movilidad y accesibilidad a los usuarios, particularmente mujeres y población en condición de vulnerabilidad, fomentando una cultura de respeto a los espacios asignados a estos grupos de la sociedad.

De igual manera, consideramos relevante que se fortalezcan los operativos de seguridad, vigilancia y supervisión en las estaciones e instalaciones del Metro a fin de hacer efectivo a los capitalinos y usuarios de este medio de transporte el ofrecimiento de que con el incremento de la tarifa se fortalecerá la seguridad en este medio de transporte masivo y se evitará el comercio informal en sus instalaciones.

En virtud de lo anterior, hago la siguiente proposición, de urgente resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa al jefe del gobierno del Distrito Federal a instruir al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro para que, en coordinación con otras dependencias del gobierno del Distrito Federal, amplíe la aplicación permanente del programa Viajemos Seguras en días hábiles en todas las líneas que forman la red del Sistema de Transporte Colectivo y garantizar así el respeto y la seguridad para mujeres, niños y adultos mayores en los vagones exclusivos para estos propósitos.

Segundo. En beneficio de todos sus usuarios, fortalecer las acciones de seguridad en estaciones y se evite el comercio informal en sus instalaciones.

Notas:

1 Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal. Octubre de 2007.

2 Disponible en http://directorio.cdhdf.org.mx/libros/2013/movilidad_2013.pdf. Consultado el 17 de diciembre de 2013, a las 10:48 horas.

3 Obra citada, página 36.

4 Afluencia de Estación por Línea. Disponible en http://www.metro. df.gob.mx/operacion/afluacceso.html. Consultado el 17 de diciembre de 2013, a las 11:12 horas.

5 Dirección General de Política y Estadística Criminal. Estadísticas Delictivas 2013. Disponible en http://www.pgjdf.gob.mx/index.php/ procuraduria/procuraduria/estadisticas/periodo2013

6 Disponible en http://www.proceso.com.mx/?p=345297

7 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal quedan excluidas de este programa estaciones de las líneas 4, 5, 6 y 12. Disponible en http://www.inmujeres.df.gob.mx/wb/inmujeres/programa_viajemos_seguras_en_el_tra nsporte_publico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.— Diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, Laura Guadalupe Vargas Vargas,  Mónica García de la Fuente(rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado René Fujiwara Montelongo.

La diputada Regina Vázquez Saut (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Regina Vázquez Saut(desde la curul): Para adherirme.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De no tener inconveniente el diputado, la Secretaría lo pondrá a su disposición para que pueda ser suscrito por ustedes. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se informa a la asamblea que las iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo que no se presentaron en tribuna serán turnadas a comisiones respectivas, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 14:21 horas): Se levanta la sesión. Se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 15 de enero de 2014, a las 11 horas.

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