Presidencia del senador Fernando Herrera Ávila

ASISTENCIA

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:Se va proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

¿Falta algún legislador o legisladora de pasar lista? Señor presidente, hay la asistencia de 34 legisladores.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila(a las 11:16 horas): Gracias, diputada secretaria. Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura del orden del día.

«Primer receso.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 15 de enero de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Instituto Federal Electoral

Con el que remite la información relativa a los principales cambios en el modelo de la nueva credencial para votar.

Del Congreso del Estado de Guanajuato

Con el que informa la designación del licenciado Javier Pérez Salazar, como Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato, a partir del 22 de diciembre de 2013.

Del Congreso del Estado de Colima

Con el que remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro de sus atribuciones emita un acuerdo para que el SAT modifique la Resolución Miscelánea Fiscal 2014, Anexo 19, específicamente la norma relativa a alimentos de consumo básico, para exceptuar del IESP, al pan dulce caliente de elaboración artesanal.

Del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el que remite el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al tercer trimestre de 2013.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite, en ocho tomos, el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado para el Ejercicio Fiscal 2014, en cumplimiento del artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De la Secretaría de Gobernación

Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 28 y 29 de enero de 2014, para realizar una Visita Oficial a la República de Cuba y participar en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que tendrá lugar en la ciudad de La Habana.

Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Con el que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

Del Banco de México y del Gobierno del Estado de México

Con los que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para declarar el “2014, Año de Octavio Paz”.

Del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, de la Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, y del Instituto Poblano de las Mujeres

Con los que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México.

Del Instituto Poblano de las Mujeres y del Gobierno del Estado de Nuevo León

Con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la organización y desarrollo de un sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres.

De la Secretaria de Gobierno del Estado de Morelos

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los desastres naturales ocasionados por el ciclón “Manuel” y la tormenta tropical “Ingrid”.

De la Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la correcta implementación de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas dictados en el cumplimiento de las disposiciones formuladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada uno de los ejercicios fiscales.

De la Cámara de Senadores

Relativa al nombramiento de la ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza, como Magistrada del Tribunal Superior Agrario.

Iniciativas

Que reforma el artículo 2o. de Ley General de Desarrollo Social, suscrita por las diputadas Friné Soraya Córdova Morán y Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, suscrita por la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Valentín Maldonado Salgado, Verónica Beatriz Juárez Piña y Ramón Montalvo Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, suscrita por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 266 y deroga los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se extiende un reconocimiento a la destacada labor de las mujeres y hombres dedicados a la enfermería en México.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y a la titular del INMUJERES del Distrito Federal, a fin de que resuelva con estricto apego a la Ley, el caso de la joven Yakiri Rubí Rubio Auport.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de ubicar oficinas de atención a los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que investigue la presunta violación a los derechos humanos de los habitantes de Atempa, municipio de Calnali, estado de Hidalgo.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, vigilen el pleno respeto de los derechos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transiten por nuestro territorio, durante las fiestas de fin de año.

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SEP y a sus homólogas en las Entidades Federativas y en el D.F., para que incluyan la impartición de una asignatura que integre los temas de derechos humanos, la igualdad de género y la prevención de la trata de personas en los Planes y Programas de Estudio, en los niveles de la Educación básica y Media Superior.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a sus homólogas por el que se exhorta al Presidente de la República, para que ratifique el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a los procedimientos de comunicación.

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, se refuercen las medidas emprendidas hacia la prevención del embarazo en adolescentes.

Dictamen negativo

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que declaren al 2014 como Año de Protección de los Datos Personales.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a SHCP a revisar e incrementar el presupuesto asignado al Programa de Atención de Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de Cancerología, suscrito por la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la PGR, informe sobre los resultados que hasta el momento se tengan de la averiguación previa número AP/PGR/TAMPS/REY-IV3767/2012, referente al accidente ocurrido en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Pemex y Producción, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey el día 18 de Septiembre de 2012, suscrito por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la inseguridad en el Estado de Michoacán, suscrito por las diputadas Roxana Luna Porquillo y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo a fin de que se atienda la emergencia provocada por el deslizamiento de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, en lo relativo al diagnostico de daños, mecanismos de financiamiento para la reconstrucción y rutas alternas seguras, suscrito por los diputados David Pérez Tejada Padilla y Ricardo Medina Fierro, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob, cancele la apertura del penal de alta seguridad en el estado de Chiapas, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a establecer una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Autoridades Municipales, suscrito por la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la SEP, a transparentar y hacer del dominio público los alcances, resultados y principales logros del programa “Escuela Verde”, durante el ciclo escolar 2012-2013, suscrito por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT inicie una campaña de información y programa de apoyo respecto al apagón analógico que se llevará a cabo el cinco Estados de la República, suscrito por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Hidalgo, para que retire el fuero de Presidente Municipal al C. Hilario Mendoza Benítez, a fin de seguir la averiguación y en consecuencia, la sanción correspondiente tras cometer actos de violencia en contra la C. María Virginia Ortiz Monroy, suscrito por la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Pemex para que informe a esta Soberanía sobre las áreas que dicha empresa buscará seguir operando a través de la llamada Ronda Cero y sobre su Plan de Negocios 2014-2018, suscrito por el senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para que aclare todas las irregularidades señaladas en torno a los recursos públicos destinados a la construcción del estadio que se edifica en la unidad deportiva del Instituto Tecnológico de Oaxaca, suscrito por el diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJ del estado de Guerrero, así como a la PGR, a investigar la desaparición del Regidor Cleto Mendoza Vargas, así como la detención de los responsables, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente Resolución)

punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Sedesol, para que implementen medidas integrales de apoyo a las familias de escasos recursos que han resultado afectadas en sus ingresos, ante el cierre parcial de la carretera Tijuana – Ensenada, suscrito por los senadores Marco Antonio Blásquez Salinas y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal revise el expediente de la C. Esperanza Reyes Aguillón, con el objeto de que pueda otorgarse el indulto, suscrito por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que en los lineamientos del Fondo para Fronteras, sea incluido el estado de Baja California Sur, suscrito por el diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a instalar una mesa de trabajo con las Cámaras del Congreso de la Unión para analizar los temas del Tlcan, suscrito por las diputadas Yesenia Nolasco Ramírez y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Conuee, se emitan las metodologías para la cuantificación de las emisiones evitadas por el uso de la bicicleta y la bicicleta eléctrica como medio de transporte cotidiano, suscrito por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo en relación al cobro del IVA al Gas Natural de Juárez, en el estado de Chihuahua, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Martha Beatriz Córdova Bernal y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob, para que investigue, elabore y envíe a esta Comisión Permanente y las comisiones del Senado de la República responsables del tema, un informe pormenorizado referente a los eventos ocurridos en las elecciones de gobernadores tradicionales de la etnia Yaqui, en el estado de Sonora, suscrito por los senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos Federal y Locales para que en el Marco del 18 Aniversario de la Creación del Programa Alerta Amber, se proceda a revisar y perfeccionar sus procedimientos, suscrito por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, que no lo han hecho, a aprobar la reforma constitucional en materia de reforma política lo antes posible, a efecto de que esta Soberanía realice la declaratoria de procedencia, a cargo de la senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que informe sobre las actividades de los agentes antidrogas estadounidenses que operan en territorio mexicano, suscrito por los senadores Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP y a los correspondientes en cada una de las entidades federativas, para que documenten el problema de la deserción escolar, suscrito por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo en relación a transparencia y acceso a la información pública en materia de energía, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la República, para que en los libros editados con recursos públicos (Universidades, Conaculta, Fondo de Cultura Económica, SEP) se expendan con descuento permanente de 50 por ciento, suscrito por los senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se externa una felicitación al director de cine Alfonso Cuarón por haber obtenido el premio Globo de Oro, suscrito por la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Pleno de la SCJN, para que resuelva la acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto que reforma, entre otras, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por 172 diputados de diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, el 10 de enero de 2014, suscrito por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos Federal y del Estado de Guanajuato a investigar las conductas reveladas por el presidente municipal de Celaya, suscrito por los diputados Miguel Alonso Raya y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas y al Consejo Nacional de Armonización Contable, a fin de actualizar la información financiera al último trimestre de 2013, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la Mesa Directiva de la LXII Legislativa del Senado de la República, a fin de atender la problemática en los estados de Guerrero y Michoacán, relacionados con los grupos de autodefensas, suscrito por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Inegi elabore y difunda información estadística sobre las mujeres que trabajan en el sector agrario nacional, suscrito por la senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Economía y del Instituto Nacional del Emprendedor, hagan pública la información relacionada con las operaciones del Inadem, así como de diversos proyectos que se tengan programados para 2014, suscrito por el diputado José Arturo Salinas Garza y por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación a devenir un nuevo modelo de comunicación con el movimiento zapatista, suscrito por el senador Zoé Robledo A. del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a efecto de que se implemente un programa de tolerancia cero en contra de los ilícitos que se cometen a bordo de motocicletas, suscrito por la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Fovissste, para que informe respecto de diversos rubros del Instituto de Educación de Aguascalientes y por el que se solicita a la ASF, para que inicie una auditoría financiera a dicho Instituto, suscrito por la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Sener, de las Semarnat, de la Sagarpa y de Pemex cumplan con lo señalado en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y el Programa de Introducción de Etanol en la matriz de energía del país, suscrito por el diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat emita la declaratoria de Zona de Emergencia de Sanidad Forestal para eliminar la plaga del gusano descortezador, suscrita por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al SAT, a retirar de su página de internet la “Relación de Contribuyentes Incumplidos”, hasta en tanto no se establezca un procedimiento expedito para la aclaración de la situación fiscal de los contribuyentes, suscrito por los diputados Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT para que se suspenda de manera indefinida el pago en las casetas de cobro de las autopistas del Estado de Michoacán, suscrito por el diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, para que difunda las medidas necesarias dirigidas a la niñez para prevenir accidentes graves, suscrito por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que emita un Decreto para extender la vigencia del “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo”, suscrito por el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Querétaro para que aplique la ley a las y los servidores públicos responsables de haber considerado imputable penalmente a un niño de cuatro años, suscrito por la Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa implemente una campaña de difusión para dar a conocer los calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas 2014, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas correspondientes, a vigilar que en ningún caso se impida o condicione la prestación de los servicios educativos, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal conforme un grupo de trabajo que evalúe y presente propuestas referentes a la seguridad social en el país, suscrito por el diputado Miguel Alonso Raya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF y a la SEP a investigar el desvío de recursos públicos por parte del Gobierno de Oaxaca hacia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras del Congreso de la Unión a cumplir lo establecido en el artículo 8 de la Ley para el Diálogo, Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, suscrito por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez y Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el instrumento correspondiente donde se considere a los terceros autorizados para la dictaminación de los protocolos de investigación clínica, suscrito por la senadora María Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a tomar medidas para disminuir los accidentes en carreteras, suscrito por el diputado Fernando Cuéllar Reyes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Morelos para que realice las reformas necesarias para evitar el pago oneroso de derechos por la prestación de los servicios públicos en el Municipio de Cuernavaca, suscrito por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP para que rectifique y no grave el pan dulce, suscrito por el diputado Carlos Augusto Morales López del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente el Gobierno del Texas de los Estados Unidos de América, a postergar la ejecución de la sentencia en contra de Edgar Tamayo Arias, suscrito por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT autorice acciones para evitar el robo de la carga de los furgones de ferrocarril y aumentar las medidas de seguridad, suscrito por el diputado Fernando Cuéllar Reyes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía, se analice junto con los principales actores involucrados, el restablecimiento del arancel a la importación de aceite de coco, a cargo de la senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios relativos a la situación política nacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre la inseguridad pública en el Estado de Michoacán, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Comentarios relativos a la situación que prevalece en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Con motivo del Día del Compositor, suscrita por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del Natalicio de Mariano Escobedo, ocurrido el 16 de enero de 1826, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Adelante, señor diputado. ¿Con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, para una precisión nada más.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Adelante.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): No están listados los asuntos de la Tercera Comisión que se aprobaron el día de ayer en su sesión. Entendemos que fue algún error ahí en la impresión. Nada más quisiera que nos lo precisaran, si se incluyen en el tema los dictámenes de la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Sí, se van a incluir en el transcurso de la sesión. Estaban en proceso de recolección de firmas de los dictámenes. Pero sí se incorporan en el transcurso de la sesión, señor diputado.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta a Parlamentaria

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles ocho de enero de dos mil catorce, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y tres legisladores, a las once horas con treinta y siete minutos del miércoles ocho de enero de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

El Presidente agradece y destaca la presencia en la sesión del doctor Juan Carlos Cassinelli Cali, integrante de la Asamblea Nacional de Ecuador.

Desde su curul realiza comentarios con relación al orden del día la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Cámara de Senadores:

• Con el que remite oficio suscrito por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Partido Acción Nacional, con la que envía el Informe correspondiente a la visita realizada por la Delegación Mexicana del Senado de la República a la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP 19, que se llevó a cabo en la ciudad de Varsovia, Polonia.

• Con la que remite oficio suscrito por el senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, con el que envía el Informe correspondiente a los trabajos realizados en la Décimo Segunda Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas y la Décimo Primera Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, celebrada en Brasilia, Brasil.

• Con la que remite el Informe Anual de Actividades de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Se remiten a la Cámara de Senadores.

b) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Por el que informa que durante el mes de noviembre de dos mil trece, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

• Con la que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de noviembre de dos mil trece, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de dos mil doce, la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de dos mil trece y la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública al mes de noviembre del año en curso. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.

c) De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite el Informe Especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y a las Comisiones de Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, de la Cámara de Senadores.

d) Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social:

• Con la que remite el Informe de la Evaluación Estratégica de la Política Pública de Micro Créditos del Gobierno Federal, dos mil nueve-dos mil doce.

• Con la que remite los Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular.

Se remiten a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y de la Cámara de Senadores.

e) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México, el veintitrés de julio de dos mil trece.

• Con la que remite el Acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el crecimiento verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el doce de octubre de dos mil doce.

• Con la que remite la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto a la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar, el ocho de diciembre de dos mil doce.

Se remiten a la Cámara de Senadores.

• Con las que envía catorce contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

• Con las que envía veinticuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. Se remiten a la Cámara de Senadores.

f) Del Congreso del estado de Jalisco:

• Con la que envía Acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en base a lo dispuesto por el artículo cuarenta y dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se conforme una Comisión Especial que atienda y dé seguimiento en especifico al tema de los ex trabajadores migrantes que tienen derecho al reembolso del apoyo del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Se remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para su atención.

• Con la que envía Acuerdo por el que solicita se instruya a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en México, la revisión y ajuste del salario mínimo en México a efecto de que se recupere real y eficazmente el poder adquisitivo de los mexicanos. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

g) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la que remite Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y nueve del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se turna a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para dictamen.

h) Del Congreso del estado de Jalisco, con la que remite Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo diez de la Ley del Mercado de Valores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Desde su curul hace uso de la palabra el diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto, a los legisladores:

• Diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, y suscrita por los diputados Celia Isabel Gauna Ruiz de León y Jorge Herrera Delgado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona la fracción séptima al artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Presidencia de la senadoraLisbeth Hernández Lecona

• Senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo doscientos veinticinco de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

• Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Se da cuenta con Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se exhorta al Senado a continuar con los trabajos legislativos para decretar al dos mil catorce como Año del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo, a los legisladores:

• Diputada Regina Vázquez Saut, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y de la Secretaría de Economía, para que fomenten la compra y producción de juguetes mexicanos artesanales. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro los legisladores: diputados Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Raymundo King de la Rosa, del Partido Revolucionario Institucional; senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional; y el diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que empleen los medios diplomáticos necesarios y se contacte a las autoridades de los Estados Unidos de América, a fin de que agilicen las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez y de las demás personas que están en su misma situación. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro los legisladores: diputados Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Cárdenas del Avellano, del Partido Revolucionario Institucional; senador Zoé Alejandro Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; en su oportunidad para responder alusiones personales la senadora Luisa María Calderón Hinojosa. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Senador Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática, sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental. En votación económica no se considera de urgente resolución. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo, para dictamen.

• Diputado Ricardo Cantú Garza, y suscrita por el diputado Jaime Bonilla Valdez, ambos del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se destinen los recursos económicos, materiales y humanos, a fin de que se repare a la brevedad posible el tramo afectado por los hundimientos del día veintiocho de diciembre de dos mil trece, en la autopista Tijuana-Ensenada, del estado de Baja California. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro los legisladores: senador Héctor Yunez Landa, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

el diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del senadorFernando Herrera Ávila

y el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Diputado Enrique Cárdenas del Avellano, y suscrita por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, ambos del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Cinematografía, a efecto de que realice un homenaje al crítico de cine Gustavo García. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo, para dictamen.

• Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, y suscrita por el diputado Carlos Alberto García González, ambos del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a realizar diversas medidas y acciones a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del Impuesto al Valor Agregado en la región y franja fronteriza. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo, para dictamen.

• Diputada Roxana Luna Porquillo, y suscrita por el diputado Carol Antonio Altamirano, ambos del Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haga del conocimiento público un desglose del impacto a las finanzas públicas derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de diciembre del dos mil trece, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo, para dictamen.

• Senadora Mely Romero Celis, y suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, ambos del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas, prevean y promuevan la implementación de centros de acopio para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo, para dictamen.

• Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, instruya al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que amplíe el programa "Viajemos Seguras", en todas las líneas que conforman esa red de transporte colectivo. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo, para dictamen.

El Presidente informa que las proposiciones con punto de acuerdo inscritas en el orden del día que no fueron abordadas, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente levanta la sesión a las catorce horas con veintiún minutos y cita para la que tendrá lugar el miércoles quince de enero del dos mil catorce, a las once horas.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: En consecuencia, queda aprobada el acta.

Pasamos al apartado de comunicaciones. Hay un comunicado del Instituto Federal Electoral.

NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  Instituto Federal Electoral.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Desde 1992 la producción de la credencial para votar del Instituto Federal Electoral, ha evolucionado de manera permanente en los aspectos técnico-operativos, razón por la cual, los esquemas de producción correspondientes se han venido actualizando y adaptando a las posibilidades de este instituto, así como a los recursos tecnológicos existentes en la industria, lo que ha contribuido en la eficacia y eficiencia operativa que mejoran la seguridad en el tratamiento de la información y fortalecen la protección de los datos personales del ciudadano.

En ese sentido, con fecha 21 de noviembre de 2012 el Consejo General, máximo órgano de dirección del Instituto Federal Electoral, aprobó el acuerdo CG733/2012, mediante el cual ordenó modificar el modelo de la credencial para votar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2012.

Atendiendo a dicho mandato, la producción formal del nuevo modelo de la credencial para votar, se inició el jueves 28 de noviembre de 2013 por lo que en los próximos días, los ciudadanos que solicitaron la expedición de la misma, contarán con este nuevo instrumento para efectos de identificación.

Lo anterior con la finalidad, de no haber inconveniente alguno, lo haga del conocimiento en su respectivo ámbito de competencia, dentro del marco de colaboración a que alude el artículo 2, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Para dicho efecto, adjunto documentación que contiene información relativa a los principales cambios en el modelo de la nueva credencial para votar, para su debido conocimiento. Al respecto, es pertinente señalar que dicha credencial no sustituye a los otros modelos de credencial, considerando que tienen una vigencia de 10 años contados a partir del año de su emisión.

Finalmente le comento que con la colaboración de que esa dependencia a su digno cargo, brinde al Instituto Federal Electoral y al ciudadano, contribuye al fortalecimiento y desarrollo de la vida democrática del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de diciembre de 2013.— Doctora Miriam Marvan Laborde (rúbrica), consejera Presidenta Provisional del Consejo General.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Remítase a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados, para su atención, así como de la Cámara de Senadores.

AUDITOR GENERAL DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DE GUANAJUATO

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones de la Presidencia del Congreso del estado y con fundamento en el artículo 53, fracciones II y V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, nos permitimos hacer de su conocimiento que la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, aprobó la designación del ciudadano licenciado Javier Pérez Salazar, como auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato, a partir del 22 de diciembre del año en curso.

Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo, y reiterarle las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Diputado Manuel Granados Covarrubias, Presidente de la Comisión de Gobierno

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, a 19 de diciembre de 2013.— Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Karla Alejandrina Lanuza Hernández (rúbrica), secretaria; diputado Luis Mejía Barreñada (rúbrica), secretario.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: De enterado. Remítase a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.

EXCEPTUAR DEL IEPS EL PAN DULCE CALIENTE DE ELABORACION ARTESANAL

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Colima.— LVII Legislatura.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Avenida Congreso de la Unión número 66. Palacio Legislativo.

Por este conducto me permito informar a ustedes que en sesión pública ordinaria celebrada el 8 de enero del año en curso, la Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del Estado libre y Soberano de Colima, aprobó un acuerdo por el que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que dentro de sus atribuciones emita el acuerdo mediante el cual se instruya al Servicio de Administración Tributaria para que modifique la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 19, específicamente la norma de carácter general I.5.1.3. relativa a alimentos de consumo básico, Apartado A, adicionando una fracción VI que contenga como excepción del impuesto especial sobre producción y servicios, al pan dulce caliente de elaboración artesanal, sin menoscabo del gravamen a los productos etiquetados.

Lo que se le comunica, en vía de petición y para su conocimiento, anexándose al presente oficio copia de dicho documento.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Colima, a 9 de enero de 2014.— Licenciado en Administración de Empresas Roberto Alcaraz Andrade (rúbrica), oficial mayor del honorable Congreso de Colima.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Colima.— LVII Legislatura.

Presidente del Honorable Congreso de Colima.— Presente.

El suscrito, diputado Óscar Valdovinos Anguiano y demás integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la asamblea la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 1o. de enero de 2014 entraron en vigor las nuevas disposiciones fiscales que comprenden el paquete de la reforma hacendaria cuyo objetivo consiste en hacer más eficientes los sistemas de recaudación tributaria del país que le permita al Estado mexicano obtener los recursos para el impulso económico y otorgar mejor infraestructura y servicios en beneficio de la sociedad mexicana.

De manera responsable el Congreso de la Unión realizó ajustes a la iniciativa de reforma fiscal planteada por el titular del Poder Ejecutivo federal anteponiendo el beneficio colectivo a cualquier interés particular o de grupo, reconociendo siempre la capacidad de contribución al gasto público.

Particularmente, respecto a las reformas aprobadas a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en su artículo 2, fracción I, inciso j), último párrafo por el cual otorga la facultad al Servicio de Administración Tributaria para definir, mediante normas de carácter general, los alimentos de consumo básico que se exceptúan de la aplicación del 8 por ciento del impuesto especial, considerando su importancia en la alimentación de la población mexicana.

En cumplimiento de ello, el Servicio de Administración Tributaria emitió la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 19, específicamente la norma de carácter general I.5.1.3. relativa a alimentos de consumo básico, Apartado A, en la que sólo se exceptúa el pan no dulce (caliente y frío) como bolillo, telera, baguette, chapata, birote, blanco e integral, incluyendo el pan de caja, y aquellos etiquetados; dejando de lado el pan dulce caliente de elaboración artesanal, considerado como un alimento básico por la propia resolución miscelánea en comento.

No obstante lo anterior, debe reconocerse, como lo es, que el pan dulce caliente forma parte de la dieta diaria de las familias mexicanas por razones de identidad cultural y tradición, es así que en cada uno de los hogares del país se dispone por las mañanas para acompañar el desayuno de una pieza de pan, o bien por la tarde para disfrutar de una merienda, acudiéndose, por las amas de casa o quien sea el responsable de comprar los alimentos diarios, a la tienda de la esquina, a la panadería más cercana, o bien, al panadero que pregona por las calles su producto de manera folklórica.

Más aún, en el reciente estudio de impacto fiscal y recaudación 2014, del área académica de economía de la Universidad Autónoma de Hidalgo se estima que el 13 por ciento en promedio de las familias dejarán de consumir el pan dulce (caliente), derivado del incremento en el precio de los insumos para su producción y del impacto tributario del 8 por ciento del impuesto especial sobre producción y servicios.

Por otro lado, el impacto que en las pequeñas panaderías que no cuentan con el capital suficiente para solventar el incremento en el precio de los insumos, además de la caída en las ventas traerá como consecuencia que muchas de éstas cierren sus instalaciones con la inminente pérdida de empleos.

En este sentido, se considera un imperativo modificar la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 19, específicamente la norma de carácter general I.5.1.3. relativa a alimentos de consumo básico, Apartado A, adicionando una fracción VI, que contenga como excepción del impuesto especial sobre producción y servicios al pan dulce caliente de elaboración artesanal, sin menoscabo del gravamen a los productos etiquetados.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de

Acuerdos

Primero. Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado, realiza un atento exhorto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que dentro de sus atribuciones emita el acuerdo mediante el cual se instruya al Servicio de Administración Tributaria para que modifique la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 19, específicamente la norma de carácter general I.5.1.3. relativa a alimentos de consumo básico, Apartado A, adicionando una fracción VI que contenga como excepción del impuesto especial sobre producción y servicios, al pan dulce caliente de elaboración artesanal, sin menoscabo del gravamen a los productos etiquetados.

Segundo. Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado, realiza un atento exhorto al Servicio de Administración Tributaria, para que dentro de sus atribuciones modifique la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 19, específicamente la norma de carácter general I.5.1.3. relativa a alimentos de consumo básico, Apartado A, adicionando una fracción VI que contenga como excepción del impuesto especial sobre producción y servicios, al pan dulce caliente de elaboración artesanal, sin menoscabo del gravamen a los productos etiquetados.

Tercero. Una vez aprobado los presentes acuerdos, se instruye al oficial mayor del honorable Congreso del estado, para que comunique lo anterior a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos legales correspondientes, así como a las legislaturas de las entidades federativas que deseen adherirse al mismo.

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Colima, a 8 de enero de 2014.— Diputados: Óscar A. Valdovinos Anguiano, Arturo García Arias, José Antonio Orozco Sandoval, Manuel Palacios Rodríguez, Martín Flores Castañeda, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia, José Verduzco Moreno, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francia Anel Bueno Sánchez, Noé Pinto de los Santos, Ignacia Molina Villareal, Esteban Meneses Torres (rúbricas).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su atención.

INFORME DEL IMSS, SOBRE LA COMPOSICION Y SITUACION FINANCIERA DE SUS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Instituto Mexicano del Seguro Social.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, envío a usted el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al tercer trimestre de 2013.

El referido informe fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del IMSS en la sesión ordinaria número 589, celebrada el 11 de diciembre de 2013.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2013.— José Antonio González Anaya (rúbrica), director general.»

Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto

Tercer trimestre de 2013

I. Introducción

a) Marco Normativo

Los artículos 286 C de la Ley del Seguro Social (LSS), y 70, fracción XIII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, ordenan que de forma periódica, oportuna y accesible, se dé a conocer al público en general la composición y la situación financiera de las inversiones del Instituto; información que se deberá remitir trimestralmente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y al honorable Congreso de la Unión; lo anterior, previa aprobación de la Comisión de Inversiones Financieras (CIF), conforme lo establece el numeral 7.2.2 del Manual de Integración y Funcionamiento de dicho órgano, aprobado por el honorable Consejo Técnico del Instituto en agosto de 2013.

Considerando lo anterior, en el presente documento se informan los rendimientos obtenidos en el periodo correspondiente al tercer trimestre de 2013.

b) Proceso integral de inversión y gobierno corporativo.

La CIF, instalada en noviembre de 1999 como órgano del honorable Consejo Técnico, conforme a lo estipulado en el Reglamento para la Administración e Inversión de los Recursos Financieros del Instituto, publicado en octubre de 1999, y el Reglamento de la Ley del Seguro Social para la constitución, inversión y uso para la operación de las reservas financieras y actuariales y la reserva general financiera y actuarial, así como para determinación de los costos financieros que deberán reintegrarse a la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento, publicado en agosto de 2013, es el órgano facultado para proponer a éste las políticas y directrices de inversión de los portafolios institucionales, así como para evaluar y supervisar su aplicación. Dicha comisión fundamenta su integración y funcionamiento conforme al Manual de Integración y Funcionamiento de dicho órgano y el acuerdo ACDO.SA3.HCT.280813/227.P.DF, ambos aprobados en agosto de 2013 por el Consejo Técnico.

Por su parte, la Unidad de Inversiones Financieras (UIF), cuya creación fue aprobada en marzo de 1999 por el honorable Consejo Técnica, es la Unidad especializada encargada de la inversión de los recursos del Instituto, bajo criterios de prudencia, seguridad, rendimiento, liquidez, diversificación de riesgo, transparencia y respeto a las sanas prácticas y usos del medio financiero nacional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 C de la LSS.

De acuerdo a la misma LSS, el Instituto cuenta con una estructura completa de cuatro niveles de reservas que no forman parte de su patrimonio y con un Fondo Laboral para hacer frente a las obligaciones para con sus trabajadores:

• Reservas Operativas (RO)

• Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento (ROCF)

• Reserva General Financiera y Actuarial (RGFA)

• Reservas Financieras y Actuariales (RFA) *

– Seguro de Invalidez y Vida (SIV)

– Gastos Médicos para Pensionados (GMP)

– Seguro de Riesgos de Trabajo (SRT)

– Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM)

• Fondo Laboral

– Cuenta Especial para el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, Subcuenta 1 (RJPS1)

– Cuenta Especial para el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, Subcuenta 2 (RJPS2)

* Únicamente se presentan los seguros que tienen constituida una reserva

La UIF, para lograr el objetivo de inversión de los recursos institucionales, cuenta con tres coordinaciones que conjuntamente llevan a cabo el proceso integral de inversión, el cual se apega a las mejores prácticas en la materia:

• Coordinación de Asignación Estratégica y Evaluación, que considerando las expectativas económico-financieras en diferentes escenarios, la naturaleza del pasivo actuarial y las políticas de inversión autorizadas, plantea la asignación estratégica de activos para las reservas y el Fondo Laboral, tal que se optimice la relación riesgo-rendimiento del portafolio de inversión; asimismo se encarga de la evaluación del desempeño de las inversiones institucionales.

• Coordinación de Inversiones, que implementa las estrategias de inversión y la asignación táctica de activos;

• Coordinación de Control de Operaciones, que confirma, asigna y liquida las operaciones de inversión, a través del servicio de custodia de valores, así como procede a su registro contable.

La Coordinación de Administración de Riesgos Financieros, dependiente de la Dirección de Finanzas, es la responsable de la administración de los riesgos financieros a través de políticas, procedimientos y acciones que se implementan para identificar, medir, monitorear, limitar, controlar e informar los distintos tipos de riesgo a los que se encuentran expuestos los portafolios de inversión de las reservas y el Fondo Laboral.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se entrega en paquete anexo el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2014, conforme a lo siguiente:

Tomo I. Información global y específica

Tomo II. Ramos automáticos

Tomo III Ramos administrativos

Tomo IV. Ramos generales

Tomo V. Entidades de control directo

Tomo VI. Entidades de control indirecto

Tomo VII. Programas y proyectos de inversión

Tomo VIII. Analítico de plazas y remuneraciones

Asimismo, se entrega un diseco compacto que contiene la información de los tomos y anexos de dicho Presupuesto de Egresos de la Federación, información que estará disponible en la página de la Secretaría, en la siguiente dirección electrónica: www.hacienda.gob.mx

México, DF, a 13 de diciembre de 2013.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento, y a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, para consulta de los ciudadanos diputados.

VISITA OFICIAL DEL EJECUTIVO FEDERAL A LA REPUBLICA DE CUBA

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito remitir copia del oficio número DEP-0027/141 signado por Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual, el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional el martes 28 y miércoles 29 de enero de 2014, a efecto de atender la invitación que le extendió el presidente del Consejo de Estado y del gobierno de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz; para realizar una visita oficial a dicho país y participar en la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, que tendrá lugar en La Habana.

La participación del titular del Ejecutivo en la cumbre permitirá fortalecer el compromiso del país con la Celac, así como reiterar la importancia de América Latina y el Caribe en la política exterior mexicana. También permitirá asegurar que los pronunciamientos políticos, y compromisos que se adopten, reflejen la visión y los intereses de nuestro país.

El presidente de la República tendrá la oportunidad de invitar a los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe, Alianza del Pacífico, Comunidad del Caribe, y de la Conferencia Iberoamericana, respectivamente, a las próximas cumbres de jefes de estado y de gobierno que nuestro país hospedará en 2014.

Durante la visita oficial a Cuba, el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente Raúl Castro Ruz, evaluarán los avances en el fortalecimiento de la relación bilateral México-Cuba, al cual se comprometieron en su encuentro del 27 de enero de 2013, en Santiago de Chile.

Con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en Cuba se contribuirá al cumplimiento de nuestras prioridades en materia de política exterior, diversificación, integración, acercamiento político con la zona e intensificación de nuestro comercio exterior.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la segundad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 13 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado señor subsecretario.

Con fundamento en la fracción I del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en sujeción a las facultades de la subsecretaría bajo su digno cargo y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted sea el amable conducto para hacer llegar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el aviso mediante el cual se informa que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el martes 28 y miércoles 29 de enero de 2014, a efecto de atender la invitación que le extendió el presidente del Consejo de Estado y del gobierno de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, para realizar una visita oficial a dicho país y participar en la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que tendrá lugar en La Habana.

Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños: Lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades en América Latina y el Caribe

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños nació a partir de una iniciativa mexicana presentada en febrero de 2010 en la Cumbre de la Unidad que se celebró en la Riviera Maya. En esa ocasión, México propuso fusionar al Grupo de Río y a la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, a fin de crear un solo mecanismo que concentrara a los 33 países de la región y recogiera el acervo de diálogo político, concertación y cooperación del Grupo de Río.

La iniciativa fue aceptada y en la III Cumbre América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, realizada en Caracas, Venezuela, en diciembre de 2011, se estableció la Celac, que celebró su Primera Cumbre en Santiago, Chile, en enero de 2013.

Con la creación de Celac, México refrendó su compromiso con el proceso de integración y desarrollo de América Latina y el Caribe y fortaleció su prestigio en la región como un país que, reconociendo la pluralidad de las naciones que la integran, busca tender puentes de entendimiento en los ámbitos político, económico, social y cultural.

Tras la celebración de las primeras Cumbre de Celac y Cumbre Celac-Unión Europea en Santiago en 2013, la comunidad cuenta ya con un plan de acción que incluye actividades de colaboración en los ámbitos de infraestructura, finanzas, energía, educación, cultura, desarrollo social, migraciones y asistencia humanitaria.

A partir de la Presidencia Pro Témpore del gobierno de Cuba, la Celac ha afianzado también su papel como interlocutor de la región ante otros países y grupos de países, y como vocero regional ante temas de coyuntura del ámbito internacional. México ha brindado su más amplio respaldo a la Celac y a la Presidencia Pro Témpore cubana en este proceso y ha favorecido la construcción de una agenda latinoamericana y caribeña en los foros globales.

En reconocimiento a la creciente importancia de Celac en el ámbito internacional, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, tiene previsto asistir a la Cumbre en La Habana, y participar en las discusiones sobre el tema central en la sesión plenaria.

El tema propuesto por el gobierno cubano para centrar las deliberaciones: Lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades en América Latina y el Caribe, ofrecerá a los gobiernos latinoamericanos y caribeños un espacio para reflexionar y compartir experiencias exitosas sobre los retos de desigualdad, brechas sociales, erradicación del hambre y bienestar social, entre otros temas que resultan de gran importancia para la región, y que se vinculan estrechamente con los cinco ejes de gobierno definidos por el presidente de la República y con objetivos específicos de la política exterior de nuestro país.

Esta será, asimismo, una oportunidad para consolidar una posición regional en torno a la Perspectiva General para la Inclusión, que México promoverá para los Objetivos de Desarrollo Post-2015. Con esta iniciativa, se busca asegurar que ningún grupo quede excluido de los programas de desarrollo y que estos se conciban con una perspectiva integral, que incluya los pilares de desarrollo económico, desarrollo social y sustentabilidad ambiental.

La participación del titular del Ejecutivo en esta cumbre permitirá fortalecer el compromiso de nuestro país con la Celac, así como reiterar la importancia de América Latina y el Caribe en la política exterior mexicana. Igualmente, permitirá asegurar que los pronunciamientos políticos, y compromisos que se adopten, reflejen la visión y los intereses de nuestro país.

El presidente de la República tendrá, igualmente, la oportunidad de invitar a los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe, Alianza del Pacífico, Comunidad del Caribe y de la Conferencia Iberoamericana, respectivamente, a las próximas cumbres de jefes de Estado y de gobierno que nuestro país hospedará en 2014.

La Segunda Cumbre culminará con la adopción de la Declaración de La Habana, documento político que refleja coincidencias de posiciones en los ámbitos político, económico, social y cultural. Asimismo, adoptará el Plan de Acción Celac 2014.

Visita oficial a Cuba

En el marco de la Cumbre de la Celac, el presidente de México tiene el propósito de aceptar la invitación que le formulara el presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, para realizar una visita oficial a ese país.

Ésta será una ocasión propicia para que el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente Raúl Castro Ruz evalúen los avances en el fortalecimiento de la relación bilateral México-Cuba, al cual se comprometieron en su encuentro del 27 de enero de 2013, en Santiago de Chile, en el marco de la I Cumbre de la Celac. Resulta pertinente que los mandatarios aprovechen esta oportunidad para concertar nuevas rutas de colaboración en beneficio de nuestras sociedades.

Con Cuba México ha vivido experiencias históricas que han dado sustento a sus convicciones de política exterior. El gobierno de la isla reconoce el apoyo de nuestro país en momentos claves. Hoy los cubanos ven a México como un socio real y un vínculo importante para impulsar su desarrollo. La visita oficial es una oportunidad privilegiada para transmitir al pueblo cubano un mensaje nuevo de solidaridad y de respaldo, particularmente en el proceso de actualización del modelo económico y social iniciado por el gobierno del presidente Raúl Castro en abril de 2011.

México y Cuba trabajamos actualmente, intensa y en conjunto, para fortalecer la relación bilateral en materia comercial, migratoria, consular, educativa, de salud y turística. El intercambio comercial con Cuba, si bien se duplicó en los últimos 5 años (alcanzando 403 millones de dólares en 2012), está muy por debajo de su potencial, como lo está también la inversión mexicana en la isla que actualmente asciende a 730 millones de dólares. A fin de aprovechar las oportunidades que la actualización del modelo económico y social cubano ofrece, el gobierno de México busca promover la realización de negocios entre empresarios mexicanos y cubanos que redunde en el beneficio de ambas sociedades.

El gobierno de Cuba, en su calidad de Presidente Pro Témpore de la Celac, ha contribuido a impulsar temas diversos de alto impacto con visión regional, como la cooperación para el desarrollo y la integración regional. En este sentido, y de manera más específica, México ha encontrado en Cuba a un promotor entusiasta y aliado de la integración caribeña, de la cual la isla es un actor central. Por ello, de manera adicional a la profundización de la relación bilateral, la visita oficial del presidente de México tendrá un importante impacto político de magnitud regional.

La presencia del presidente de México en Cuba contribuirá al cumplimiento de nuestras prioridades en materia de política exterior: diversificación, integración, acercamiento político con la zona e intensificación de nuestro comercio exterior. Cuba, nuestro vecino más próximo del Caribe, representa una prioridad en términos económicos, políticos y de seguridad.

En los términos del propio artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito manifestar a usted que una vez concluido el viaje del presidente de la República, se enviará el informe correspondiente a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted.

Atentamente

México, DF, a 13 de enero de 2014.— Emilio Suárez Licona (rúbrica), director general.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, al igual que la correspondiente a la Cámara de Senadores.

CONFLICTO ENTRE LA ASOCIACION SINDICAL DE SOBRECARGOS DE AVIACION DE MEXICO Y AEROMEXICO

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-5551, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/0192/2013, suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los avances en los trabajos de mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica entre la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) y la empresa Aerovías de México, SA de CV, (Aeroméxico).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Cámara de Senadores.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION QUE PRESENTA ACTUALMENTE LA FARMACOVIGILANCIA

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-5655 signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/6/2014 suscrito por el licenciado Rodrigo Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a promover, instalar y desarrollar programas permanentes de farmacovigilancia, y contribuir al registro de reacciones adversas a los medicamentos; así como impulsar en las unidades prestadoras de servicios de salud, la integración de un diagnóstico de la situación que presenta actualmente la farmacovigilancia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Cámara de Senadores.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL CONSUMIDOR

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P2A.- 5300, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 100. 2013. DGVP. 912, suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a privilegiar que se agoten los procedimientos administrativos establecidos en la Ley Federal del Consumidor antes de recurrir a una suspensión en la comercialización de bienes, productos o servicios, a fin de evitar el daño económico al sector empresarial del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Cámara de Senadores.

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA PARA CONTRATAR CONECTIVIDAD A INTERNET A 10 MIL INMUEBLES

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-4399 signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-14/2014 suscrito por el licenciado Adrián del Mazo Maza, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a los criterios con los que se eligió a los operadores satelitales comerciales ganadores del proceso de licitación pública nacional electrónica para contratar conectividad a Internet a 10 mil inmuebles de educación, salud, centros comunitarios y otros inmuebles que prestan servicios públicos en localidades marginadas y remotas; así como la lista de los municipios y localidades que tendrán asignado el servicio dentro de las 4 partidas, derivado del fallo de la licitación de conectividad a internet a 10 mil sitios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 13 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Cámara de Senadores.

PROYECTOS O POLITICAS PUBLICAS PARA FAVORECER EL USO DE LAS BICICLETAS

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-4404, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.110/B/C 49663 /2013, suscrito por la licenciada María Fernanda Cervantes Estrada, directora general adjunta “B” de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como del anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a implementar proyectos o políticas públicas que en coordinación con los diferentes niveles de gobierno favorezcan el uso de las bicicletas y propiciar su integración con otros medios de transporte, considerando las inversiones que sean necesarias para concretar dichos proyectos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 13 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Cámara de Senadores.

PADECIMIENTOS PROCEDENTES DEL CONTACTO CON EL ASBESTO Y PRODUCTOS DERIVADOS

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-5281 signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/ DGAVS/7/2014 suscrito por el licenciado Rodrigo Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a diseñar e implementar una nueva norma oficial mexicana, e instrumentar políticas públicas que originen la disminución y erradicación de los diversos padecimientos procedentes del contacto con el asbesto y productos derivados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Cámara de Senadores.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-2577, signado por el diputado Ricardo Anaya Cortés, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1101./01/2014, suscrito por el licenciado Gualberto José Garza Cantú, director general adjunto de Vinculación con los Poderes Legislativo y Judicial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a un informe detallado sobre los avances que se han tenido, así como de las medidas y acciones que se llevarán a cabo para dar cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SEL/300/1046/13, de fecha 20 de agosto de 2013, dirigido al Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, doctor Eduardo Sojo Garza Aldape, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en la sesión celebrada el pasado 14 de agosto de 2013, y que a la letra dice:

“ Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno de la República, para que a través de las secretarías competentes, a que remita a esta Soberanía, un informe detallado sobre los avances que se han tenido, así como de las medidas y acciones que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.”

Al respecto, me permito comentarle que por parte de este Instituto se realizó la consulta respectiva al presidente del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (CTESIODM), licenciado Gabriel Rivera Conde y Castañeda, jefe de la Unidad Especializada de Proyectos Estratégicos de la Oficina de la Presidencia de la República.

En virtud de lo anterior anexo al presente copia simple con la respuesta emitida por el presidente del CTESIODM con las acciones que se están llevando a cabo para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Adicionalmente se incluye un disco compacto que contiene dos archivos en formato digital, con lo siguiente:

• Informe de Avances 2013.

• Resumen Ejecutivo del Informe de Avances 2013.

Finalmente, tanto la actualización de indicadores como los informes de avances pueden ser consultados de manera permanente vía internet en:

http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2014.— Licenciado Gualberto José Garza Cantú (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— México.— Presidencia de la República.

Doctor Enrique Ordaz López, director general de Integración Análisis e Investigación del Inegi.— Presente.

En atención a su oficio número 1000/109/2013 del día 30 de agosto pasado donde me solicita, en mí calidad de presidente del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), información sobre los avances que se han tenido, así como las medidas y acciones que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esto con el fin de dar respuesta a una solicitud emitida por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión me permito informar lo siguiente:

1. En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el CTESIODM se ha dado a la tarea, a partir de marzo de 2013, de realizar la actualización de los indicadores ODM, los cuales pueden ser consultados ya en http://www.objetivosdedesarrolldelmilenio.org.mx/.

2. Igualmente, le comento que se ha elaborado y presentado, el pasado 6 de diciembre, el informe de avances 2013 de los ODM en México, mediante el cual el Gobierno de la República dio a conocer de manera detallada el diagnóstico y las tendencias en el cumplimiento de los ODM, así como los retos y acciones a 2015. Este informe también puede ser consultado en la página de internet señalada anteriormente.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de diciembre de 2013.— Licenciado Gabriel Rivera Conde y Castañeda (rúbrica), jefe de la Unidad de Proyectos Estratégicos de la oficina de la Presidencia de la República.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Cámara de Senadores.

PLAGUICIDAS, NUTRIENTES VEGETALES Y SUSTANCIAS Y MATERIALES TOXICOS O PELIGROSOS

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-2275 signado por el diputado Ricardo Anaya Cortés, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/1/2014 suscrito por el licenciado Rodriga Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a la promulgación del decreto por el cual se reforma el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, así como el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/1479/13, suscrito por el licenciado Valentín Martínez Garza, director general adjunto de proceso legislativo de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa que en sesión de fecha 7 de agosto del 2013, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que considere promulgar los siguientes reglamentos:

I. Decreto por el que se reforma el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.

II. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.

Al respecto, me permito acompañar nota informativa de fecha 24 de diciembre de 2013, suscrita por el licenciado Sergio Salvador Valdés Trejo, director general adjunto consultivo y contencioso.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2014.— Licenciado Rodrigo Reina Licea-ga (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciada María del Pilar Torre Canales, directora general Adjunta de Vinculación Social

Me refiero a su diverso 170/UCVPS/DGAVS/719a/2013, por el cual solicita a esta Coordinación General la información necesaria para solventar el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en la sesión de fecha 7 de agosto del año en curso, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a que considere promulgar los siguientes proyectos de:

• Decreto por el que se reforma el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancia y Materiales Tóxicos o Peligrosos.

• Decreto por el que se adiciona diversas disposiciones del Reglamento en Materia de Registros, Autorización y Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancia y Materiales Tóxicos o Peligrosos.

Al respecto, se hace notar que, el contenido del proyecto de decreto señalado en segundo término, consolida las modificaciones contempladas en los decretos en cita.

Asimismo, mediante oficio número 4.2028/2013, de fecha 16 de diciembre de 2013, del cual se anexa copia para pronta referencia, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, manifestó que toda vez que esta secretaría ha atendido en su momento las observaciones formuladas por dicha Consejería respecto del proyecto de decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento en materia de registros, autorizaciones de importación y exportación y certificados de exportación de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias y materiales tóxicos o peligrosos, denominación en la que se aprobó dicho instrumento, y al no existir trámite pendiente, solicita sea remitido a esa dependencia del Ejecutivo federal, el citado proyecto de decreto debidamente refrendado, parla que, esta unidad jurídica cuenta con el refrendo de la titular del ramo y se encuentra gestionando los refrendas correspondientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objeto de que, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal esté en posibilidad de someter a la consideración y en su caso firma, del titular del Ejecutivo federal el decreto en cuestión, para su formalización, en términos de la normativa aplicable.

Atentamente

México, DF, a 24 de diciembre de 2013.— Licenciado Sergio Salvador Valdés Trejo (rúbrica), director general adjunto Consultivo y Contencioso.»

«Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Licenciado Fernando Gutiérrez Domínguez, coordinador general de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud.— Presente.

Me refiero al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales; el cual se remitió a esta Consejería adjunta mediante correo electrónico de fecha 27 de noviembre de 2013, con la finalidad de que se efectuara la revisión jurídica correspondiente, Al respecto, me permito comentarle que del análisis jurídico realizado, se advierte que esa secretaría atendió las observaciones que en su oportunidad formuló esta Consejería.

Toda vez que no existe trámite pendiente, con fundamento en los artículos 43, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracción I, del Reglamento Interior de la Consejería: Jurídica del Ejecutivo Federal, así como en el lineamiento vigesimosegundo del acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración,. revisión y trámite de reglamentos del Ejecutivo federal, me permito solicitarle que remita el proyecto de decreto debidamente refrendado, a fin de continuar con los trámites subsecuentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2013.— Rodrigo Espeleta Aladro (rúbrica), consejero adjunto.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Cámara de Senadores.

PRESA DEL HURTADO, EN JALISCO

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-2588, signado por el diputado Ricardo Anaya Cortés, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número BOO.C.A.-135, suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores del director general de la Comisión Nacional del Agua, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a fortalecer las estrategias tendientes a evitar derrames clandestinos en la presa del Hurtado, en el estado de Jalisco; y en todos los demás abastecimientos de agua situados en el territorio nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 13 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Comisión Nacional del Agua.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio número SEL/UEL/311/1522/13, Donde la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, envía el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo. “Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a fortalecer las estrategias tendientes a evitar derrames clandestinos en la presa Hurtado, en el estado de Jalisco...”

Al respecto, y en ejercicio de las atribuciones que confiere a esta Coordinación de Asesores de la Dirección General, el artículo 16, fracción VI, del Reglamento Interior de la Comisión de referencia, en el sentido de opinar respecto de proyectos de iniciativas y formular las comunicaciones correspondientes a las dependencias competentes, me permito adjuntar la respuesta de esta comisión que nos envía la dirección local en Jalisco, sobre el tema en mención.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de enero de 2014.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Comisión Nacional del Agua.

Asunto: Punto de acuerdo único.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el marco del principio de separación de poderes, exhorta respetuosamente a los tres niveles de gobierno, a fortalecer las estrategias tendientes a evitar derrames clandestinos en la presa Hurtado, en el estado de Jalisco; y en todos los demás abastecimientos de agua situados en el territorio nacional.

Antecedentes

La presa Hurtado o Valencia se ubica en el municipio de Acatlán de Juárez, se localiza en las coordenadas geográficas de Latitud Norte 200 28’ 0.75” Y Longitud Oeste 1030 39’ 4.57”, con un almacenamiento de 22,640.0 m3, siendo su principal uso el riego agrícola en la Unidad Acatlán, el 1 de julio de 2013 se presentó una emergencia hidroecológica, debido a un derrame de melaza, ocasionando una afectación a la fauna del cuerpo de agua, observándose una mortandad masiva de peces debido a la falta de Oxígeno Disuelto, los cuales con la intervención de los tres órdenes de gobierno fueron retirados y dispuestos adecuadamente para evitar problemas de salud.

Acciones realizadas

I Esta Comisión Nacional del Agua a través del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, realizo ocho monitoreos para evaluar la calidad del agua, y su paulatina recuperación desde el mes de Julio hasta el mes de octubre.

Así mismo en coordinación con los Gobiernos Municipales de Acatlán de Juárez y Tlajomulco de Zúñiga, el Gobierno del Estado de Jalisco y este Organismo de Cuenca, se desarrolló una “Propuesta Técnico , Económica de Saneamiento de la presa Hurtado”, esta propuesta de remediación considero dos procesos, el primero mediante Aireación Mecánica, para aumentar la carga de oxígeno disuelto a la masa de agua I del embalse, esto mediante tres procedimientos, por medio de cañones aspersores, por medio de I aireadores superficiales y el tercero por medio aireadores de aspersión vertical.

El segundo procedimiento propuesto fue el de Biorremediación con microorganismos, para eliminar la materia orgánica aportada (melaza).

El período de lluvias que se presentó en la cuenca de la presa ayudó en gran medida a su restauración, por el proceso de dilución y la transferencia del oxígeno del aire al agua.

El muestreo realizado en el mes de octubre, el agua de la presa ya presentaba condiciones adecuadas para su uso en riego, principal uso de la misma y para la siembra de peces, con valores de oxígeno disuelto de, 8.42 mg/l y DBO de 2.27mg/1.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Cámara de Senadores.

PROGRAMAS DE PREVENCION DE SUICIDIOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-1537 signado por el diputado Ricardo Anaya Cortés, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UOIPS/DGAVS/3/2014 suscrito por el licenciado Rodrigo Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a desarrollar y fortalecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos de los estados a fin de desarrollar y fortalecer programas de prevención de suicidios de niñas, niños y adolescentes, así como concientizar a la sociedad sobre el grave problema.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/1274/13, suscrito por el licenciado Héctor Hugo Olivares V., titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa que en sesión de fecha 10 de julio del 2013, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con estricto respeto a la autonomía estatal, exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que a través de las instituciones correspondientes revisen el estado actual del índice de suicidios en la entidad y en su caso, las políticas y programas encaminados a prevenir y atender el fenómeno del suicidio.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Educación Pública y de Salud a desarrollar y fortalecer sus mecanismos de coordinación con los Gobiernos de los Estados a fin de desarrollar y fortalecer programas de prevención de suicidios de niñas niños y adolescentes entre ellos el concientizar a la sociedad sobre este grave problema.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del estado de Campeche a reforzar las políticas y programas encaminados a prevenir y atender el fenómeno del suicidios en el estado.”

Al respecto, me permito acompañar oficio número SPPS-CAS-004928-2013, suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, asesor de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2014.— Licenciado Rodrigo Reina Licea-ga (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciada Pilar Torre Canales, directora general adjunta de la Unidad Coordinadora de Vinculación y  Participación Social.— Presente.

En respuesta a su oficio 170/UCVPS/DGAVS/666/ 2013 ,donde informan que en la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, de fecha 10 de julio del 2013, se aprobó el punto de acuerdo presentado por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, que a continuación se transcribe:

“Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con estricto respeto a la autonomía estatal, exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que a través de las instituciones correspondientes revisen el estado actual del índice de suicidios en la entidad y en su caso, las políticas y programas encaminados a prevenir y atender el fenómeno del suicidio.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Educación Pública y de Salud a desarrollar y fortalecer sus mecanismos de coordinación con los Gobiernos de los Estados a fin de desarrollar y fortalecer programas de prevención de suicidios de niñas niños y adolescentes entre ellos el concientizar a la sociedad sobre este grave problema.

Me permito enviarle en documento anexo la opinión correspondiente al Consejo Nacional de Salud Mental.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de diciembre de 2013.— Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), asesor de la Coordinación de Asesores de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Carlos Álvarez Lucas, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud

Lieja No. 7, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 06696.— México, DF

Por este medio, me permito enviarle el formato de punto de acuerdo que establece una propuesta sobre el tema de prevención del suicidio expuesto en el suicidio 170/UCVPS/DGAV/666/2013, presentado por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza

Anexo documento Técnico con observaciones.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de diciembre de 2013.— T.R. Virginia González Torres (rúbrica), secretaria técnica del Consejo Nacional de la Salud Mental.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Consejo Nacional de Salud Mental

Respuesta: Unidad de Coordinadora de Vinculación y Participación Social Dirección General Adjunta de Vinculación

Punto de acuerdo aprobado: Revisión de Índices de suicidio y programas de prevención.

Legislador promovente: Diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza

Fecha de aprobación: 10 de julio de 2013.

El Consejo Nacional de Salud Mental (Consame) según sus atribuciones establecidas en el Reglamento Interior, es el órgano rector de plantearlas políticas públicas en Materia de Salud Mental, es así que emite su opinión técnica sobre el punto de acuerdo aprobado el 10 de julio de 2013.

Antecedentes

El suicidio es un fenómeno complejo de las relaciones humanas es multifactorial En el ámbito mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que cada año se suicidan más de un millón de personas, lo que representa 1:8% del total de los decesos (OMS, 2009). En los últimos 30 años, el índice de suicidios ha crecido uno por cada 10 intentos y ocupa el segundo lugar como causa de mortalidad entre adolescentes, en muchos países.

La conducta suicida representa un problema de salud pública a escala mundial, ya que se ha estimado que, en la mayoría de los países, el suicidio se halla entre las diez principales causas de muerte; en México, es poco frecuente entre los niños, pero se agudiza en las etapas de adolescencia y la juventud (Inegi, 2005).

Actualmente en México, el suicidio se incrementa con rapidez entre los adolescentes y se constituye ya como una de las primeras causas de muerte. Para los varones jóvenes, la mortalidad por esta causa en el grupo de 14 a 19 años significa 10.64 por ciento del total de las muertes por suicidio. 15.40 por ciento de ese mismo total se da en el grupo de 20 a 24 años y 13.73 por ciento en el grupo de25 a 29 años. Respecto de las mujeres, en el mismo orden, los porcentajes son 18.11, 17.34 y 12.16 por ciento (Borges, Orozco, Benjet y Medina-Mora, 2010).

A lo largo de tres décadas, el suicidio en México creció aproximadamente 300% y, hoy, se ubica en cuatro por cada 100 mil habitantes, siendo la población joven la que más lo efectúa (Peñaloza, 2010).

El problema del Suicidio es un problema suficientemente relevante reconocido por los datos epidemiológicos disponibles como una problemática específica que requiere toda nuestra atención.

• En este sentido el Consame está incorporando un Programa Específico de Intervención como parte de las acciones preventivas prioritarias en Salud Mental con menores de edad particularmente el grupo adolescente, la prevención del Suicidio a través de la detección de riesgo suicida, el mismo que deberá generar una plataforma de trabajo en cada uno de los estados, con la ayuda de en las unidades de primer y segundo nivel. El mismo que será monitoreado por un comité Técnico de especialistas en el tema.

• Otra de las acciones que el Consame respalda de esta iniciativa, es la de contar con daros que mantengan actualizados sobre el fenómeno del suicidio, para lo cual homogenizar un sistema de información de todos los estados en los que se da esta problemática.

• Por otro lado el Consame concuerda con fortalecer los mecanismo de coordinación para fortalecer los Programas preventivos, aquí es importante mencionar la colaboración técnica entre las entidades y regiones que comparten la problemática a fin de conocer las experiencias exitosas, y que las Secretarías de Salud de los Estados puedan invertir recursos suficientes para impulsar el trabajo activo de programas como el “Vivetel de Campeche” que opera con éxito desde 2011, o el programa Escuela que Ama la Vida, de Durango que pretende alcanzar una cobertura de 100 escuelas primarias, sólo por mencionar dos ejemplos.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Cámara de Senadores.

CEREMONIAL DE LA DANZA DE LOS VIEJITOS

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-1-1416, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número UR 120 UCE/ CECU/ 0746/ 13, suscrito por el licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo al patrimonio cultural inmaterial del ceremonial de la danza de los viejos, así como el análisis y propuesta ante la UNESCO de elevarlo a patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 8 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/ UEL/ 311/ 2037/ 13, a través del cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación hizo del conocimiento el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, relacionado con la clasificación, el catálogo, el registro, la restauración, la conservación y la difusión de los elementos o valores del patrimonio cultural inmaterial del ceremonial de la danza de los viejos, así como el análisis y la propuesta ante la UNESCO de elevarlo a patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

En virtud de lo anterior, envío copia del oficio número DGCP/ DRYM/ 408/ 2013, suscrito por la arqueóloga Anna Goycoolea Artís, directora de Desarrollo Regional y Municipal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, organismo desconcentrado de esta secretaría, con los comentarios correspondientes.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de diciembre de 2013.— Licenciado Adrián Guerra Yáñez (rúbrica), coordinador de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace de la Secretaría de Educación Pública.

A partir de la solicitud a este consejo de llevar a cabo medidas para garantizar la salvaguardia de la danza de los viejos de Tempoal, Veracruz, se incorporó dicha manifestación en la lista de identificación del inventario del patrimonio cultural inmaterial de México, que a la fecha cuenta con más de mil 500 prácticas identificadas.

Se comenzaron también las tareas de documentación, para la cual la participación de la comunidad portadora y de las autoridades locales será fundamental. Con este trabajo de investigación y participación comunitaria podrá elaborarse el expediente para que la práctica sea incluida en el inventario del patrimonio cultural inmaterial de México, el cual es enviado periódicamente a la UNESCO en el marco de los compromisos del país como miembro de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

En cuanto a las acciones de salvaguardia, se apoyará y acompañara a la comunidad portadora, que produce, reproduce, enriquece y reconoce como propia esta expresión del patrimonio cultural inmaterial. Se establecerá contacto directo con las autoridades locales para acordar un plan de trabajo conjunto que incluirá, en primera instancia, una capacitación sobre elaboración de proyectos de registro, sensibilización, valoración, preservación, protección, transmisión y revitalización, a fin de que cuenten con herramientas para diseñar e implantar el Plan de Salvaguardia de la Danza de los Viejos.

De igual forma, le informo que como parte de las prioridades de este consejo se encuentra el fortalecimiento de la dignidad identitaria para el restablecimiento del tejido social, a través de acciones relativas a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de México, por lo que en 2014 se consolidará el Programa de los Fondos Espéciales del Conaculta y se implantará con las instancias estatales de cultura, los municipios y la sociedad civil.

Reciba saludos cordiales.

Atentamente

México, DF, a 18 de noviembre de 2013.— Arqueóloga Anna Goycoolea Artís (rúbrica), directora de Desarrollo Regional y Municipal.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

MUNICIPIOS DE COLIMA AFECTADOS POR LOS FENOMENOS TROPICALES INGRID Y MANUEL EN SEPTIEMBRE DE 2013

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-6-1072, signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número CNPC/ 27/ 2014, suscrito por el ciudadano Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a agilizar y aplicar los recursos del Fondo Nacional de Desastres para los municipios de Colima aún afectados por las excesivas lluvias que provocaron los fenómenos tropicales Ingrid y Manuel en septiembre de 2013.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Comisión Nacional de Protección Civil.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

En atención del oficio número SEL/ 300/ 1768/ 13, por el cual se informa que mediante el similar DGPL 62-II-6-1072 el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación a agilizar y aplicar por las instancias que constituyen el Sistema Nacional de Protección Civil los recursos del Fondo de Desastres Naturales para los municipios de Colima aún afectados por las excesivas lluvias que provocaron los fenómenos tropicales Ingrid y Manuel en septiembre de 2013, se comunica lo siguiente:

De conformidad con el acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales (en lo sucesivo las reglas generales), la DGGR carece de atribuciones específicas que le permitan acelerar trámites administrativos, agilizar tanto la entrega de recursos como la evaluación de daños ocasionados o el inicio de obras de reconstrucción, derivados de la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, o bien, modificar, reducir o ampliar discrecionalmente los plazos establecidos en la normativa aplicable, sin que ello implique o haya implicado de manera alguna, según se observará líneas adelante, la falta de atención de la ocurrencia de la tormenta tropical Manuel en Colima.

Para el caso concreto, comunicamos que una vez satisfechos los requisitos y las formalidades establecidos en las reglas generales se atendió la ocurrencia de Manuel el 16 y 17 de septiembre de 2013 en 10 municipios de Colima (Armería, Ixtlahuacán, Tecomán, Manzanillo, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán y Villa de Álvarez), emitiéndose la declaratoria de desastre natural respectiva, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2013.

Por virtud de esa declaratoria y en atención de la instrucción presidencial número IP-174, relativa a agilizar el ejercicio de los recursos del Fonden, para que éstos se asignen con estrictos criterios de control, transparencia y rendición de cuentas, la Segob llevó a cabo las gestiones conducentes, de tal suerte que a la fecha se han autorizado los recursos para atender los sectores carretero estatal, vivienda, deportivo, salud, hidráulico estatal, residuos sólidos, carretero federal e hidráulico federal. Se encuentran en proceso de autorización recursos para los sectores educativo federal y educativo estatal.

Respecto a los recursos ya autorizados, precisamos que las instancias federales encargadas de los sectores referidos presentaron a la Segob el anexo del convenio marco de coordinación que en su momento suscribieron esta dependencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de Colima. En dicho anexo se han identificado expresamente las obras y acciones que serán atendidas por cada uno de los órdenes de gobierno.

Asimismo, la Segob brindó el apoyo correspondiente al gobierno de esa entidad federativa por la ocurrencia de Manuel del 15 al 17 de septiembre de 2013, emitiendo una declaratoria de emergencia mediante el boletín de prensa 274 para siete municipios (Armería, Colima, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2013.

En virtud de esa declaratoria de emergencia se proporcionaron diversos suministros de auxilio, entre los que destacamos 3 mil despensas, 3 mil 248 cobertores, 3 mil 248 colchonetas, 1 mil 640 equipos de limpieza y 7 mil litros de agua.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2014.— Luis Felipe Puente Espinosa (rúbrica), coordinador Nacional de Protección Civil.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE GUERRERO DAÑADOS O INHABILITADOS POR LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS INGRID Y MANUEL

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-2-947 signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-019/2014 suscrito por el licenciado Adrián del Mazo Maza, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a agilizar la rehabilitación de carreteras y caminos de las comunidades indígenas de Guerrero dañados o inhabilitados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 13 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero a su oficio SEL/300/1773/13 del 6 de diciembre de 2013, mediante el cual remite copia del punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 3 de diciembre de 2013 por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, cuyos resolutivos cito a continuación:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, se agilicen las acciones y la aplicación de recursos e insumos para atender de manera pronta a los municipios y comunidades indígenas, de la región de la montaña y de la Costa Chica del Estado de Guerreo afectados por los fenómenos Ingrid y Manuel. Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de agilizar la rehabilitación de carreteras y caminos de comunidades indígenas de Guerrero dañados o inhabilitados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, agilice el destino de recursos del Fondo de Desastres Naturales, especialmente para los municipios y comunidades indígenas del Estado de Guerrero afectados por los fenómenos Ingrid y Manuel. Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que, en el ámbito de su competencia, agilice la aplicación de insumos y recursos destinados a combatir el hambre en los municipios y comunidades indígenas de Guerrero afectados por los fenómenos Ingrid y Manuel.

En atención a ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el ingeniero Miguel Ángel Vega Vargas, director general de Evaluación en la Coordinación General de Centros SCT, mediante Oficio 6.32.004.2014 del 7 de enero de 2014, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2014.— Licenciado Adrián del Mazo Maza (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Adrián del Mazo Maza, director General de Vinculación.— Presente.

Hago referencia al oficio número SEL/300/1773/13 de fecha 06 de diciembre del presente año, mediante el cual se hace de conocimiento, que por oficio número D.G.P.L. 62-11-2-947 el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 3 del actual, que a continuación se transcribe:

• Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de agilizar la rehabilitación de carreteras y caminos de comunidades indígenas de Guerrero dañados o inhabilitados por los fenómenos Ingrid y Manuel.

Al respecto, hago de su conocimiento que mediante el oficio número 6.32.1214.2013, con fecha 16 de diciembre de 2013 (se anexa), se instruyó al director general del Centro SCT Guerrero, atender de inmediato la solicitud de la Cámara de Diputados, que será realizado mediante recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2014.— Ingeniero Miguel Ángel Vega Vargas (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Ingeniero David Hernández Madrid, director General del Centro SCT Guerrero.— Presente.

Hago referencia al oficio número SEL/300/1773/13 de fecha 6 de diciembre del presente año, mediante el cual se hace de conocimiento, que por oficio número D.G.P.L. 62-II-2-947 el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 3 del actual, que a continuación se transcribe.

• Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de agilizar la rehabilitación de carreteras y caminos de comunidades indígenas de Guerrero dañadas o inhabilitadas por los fenómenos Ingrid y Manuel.

Al respecto por instrucciones del maestro en administración pública José Antonio Rodarte Leal, se instruye atender de manera inmediata dicha solicitud de la Cámara de Diputados.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2014.— Ingeniero Miguel Ángel Vega Vargas (rúbrica), director general.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

DECLARAR 2014 COMO AÑO DE OCTAVIO PAZ

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Banco de México.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura.

Me refiero al oficio número DGPL 62-II-2-956, expediente 2964, relativo al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en fecha 3 de diciembre de 2013, mediante el cual se acuerda impulsar la declaratoria del próximo 2014, Año de Octavio Paz.

Este instituto central reconoce y se suma al reconocimiento de la Cámara de Diputados para conmemorar a tan distinguido mexicano que, sin duda, es una de nuestras personalidades de mayor proyección y reconocimiento en el mundo.

En el mismo sentido, el Banco de México ha realizado diversas acciones. El 6 de enero de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se autorizó la emisión de 2 monedas bimetálicas con valor nominal de 20 pesos, conmemorativas de la llegada de 2000 y el inicio del tercer milenio. La primera de ellas contiene la representación prehispánica de Xiuhtecuhtli, Señor del Fuego, Señor del Año, y precisamente la segunda a Octavio Paz, de la cual se acuñaron 17.5 millones de piezas.

Adicionalmente, el 27 de enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se autorizó la emisión de una moneda de cuño corriente conmemorativa del vigésimo aniversario de la entrega del premio Nobel a Octavio Paz, de la denominación de 20 pesos. En 2011 se acuñaron 5 millones de piezas.

A la luz de estas consideraciones y en atención de que ambas monedas se encuentran actualmente en circulación, se estima que ya se ha atendido el propósito de la Cámara de Diputados y con el que coincidimos a fin de honrar a tan ilustre mexicano.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2013.— Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica).»

«Anexo: características de las monedas acuñadas de 20 pesos de Octavio Paz.

Moneda conmemorativa de la llegada de 2000 y el inicio del Tercer Milenio

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75 por ciento de cobre y 25 de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2 por ciento por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 gramos.

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 gramos en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92 por ciento de cobre, 6 de aluminio y 2 de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5 por ciento por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 gramos.

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 gramos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de ésta, que corresponde a 15.945 gramos y la tolerancia en peso por pieza 0.638, en más o en menos.

Los cuños serán

Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.

Reverso: En la parte central del campo, el busto de tres cuartos de perfil a la derecha de Octavio Paz; la inscripci6n a la derecha, en tres líneas “Todo es presencia,/ todos los siglos son/ este Presente”, fragmento de su poema Fuente, y la firma del poeta, en posición diagonal en la parte inferior derecha del campo. En el exergo, en semicírculo, la inscripción “Año” y el numeral correspondiente al año de acuñación; en la parte superior y al centro el símbolo “$” y el número “20” como valor nominal, en semicírculo. El símbolo de la Casa de Moneda de México a la izquierda del busto. Borde liso con gráfila de grecas escalonadas.

Canto: Estriado discontinuo.

Moneda conmemorativa del vigésimo aniversario de la entrega del premio Nobel

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32.0 milímetros.

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que será como sigue:

1. Parte central de la moneda

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75 por ciento) de cobre y 25 de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2 por ciento por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 gramos.

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 gramos, en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92 por ciento de cobre, 6 de aluminio y 2 de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5 por ciento por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 gramos.

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 gramos, en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de ésta, que corresponde a 15.945 gramos, y la tolerancia en peso por pieza 0.638, en más o en menos.

Los cuños serán

El Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.

Reverso: Desfasado del centro al campo izquierdo el busto de Octavio Paz, desfasado del centro al campo derecho la leyenda “Premio Nobel de Literatura 1990”. En el campo superior paralelo al marco el signo de pesos ($), continuo el número “20”, debajo el nombre “Octavio Paz”. En el campo superior izquierdo el número “2010”, en el campo superior derecho la ceca de la Casa de Moneda de México; en el exergo paralelo al marco el texto “veinte pesos”, arriba de éste, en semicírculo la leyenda “Todo es presencia, todos los siglos son este Presente”. El marco liso.

Canto: Estriado discontinuo.»

«Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en los artículos 38 Ter, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y 6, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica, y en relación con el punto de acuerdo contenido en su oficio D.G.P.L. 62-II-2-956, recibido en las oficinas de la gubernatura del estado de México el 13 de diciembre del año en curso, me permito comunicar a esa soberanía lo siguiente:

Por decreto número 176, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 10 de diciembre de 2013, la Legislatura del estado, por unanimidad, aprobó en su artículo segundo que el 2014 se declarara “Año de los Tratados de Teoloyucan”, y que en toda correspondencia oficial de los poderes del estado, de los ayuntamientos de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal se deberá insertar la leyenda “2014. Año de los Tratados de Teoloyucan”.

El decreto aprobado tuvo su origen en una iniciativa cuya exposición de motivos refiere que en el mes de agosto de 2014 se cumplirán cien años de que un grupo de patriotas concibieron una vida mejor, ya que revolucionarios y representantes del gobierno huertista se reunieron en la población de Teoloyucan, estado de México, para definir las condiciones en que se daría el licenciamiento del Ejército Federal y cuyo único interés y el hilo conductor de sus afanes fue “no extender los daños a la sociedad.

Como bien señala, Octavio Paz merece el reconocimiento aludido; desafortunadamente, la propuesta que usted refiere se recibió posteriormente de haberse aprobado por la honorable LVIII Legislatura la leyenda oficial señalada para el año 2014.

No obstante, el gobierno de esta entidad recibe con beneplácito el acuerdo aludido en el oficio descrito, por lo que durante el año 2014, por la conmemoración de los cien años de nacimiento del notable escritor mexicano Octavio Paz, se procederá a realizar acciones relativas a su vida y obra.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 19 de diciembre de 2013.— Doctora en Derecho Luz María Zarza Delgado (rúbrica), consejera Jurídica.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

60 AÑOS DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS MUJERES AL VOTO EN MEXICO

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo.— Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En alcance a mi oficio SGG/l061/2012, me permito enviar a usted, para su conocimiento, copia del oficio número IMES/DG/0638/2013, signado por la E.S.P. Andrea Saldaña Rivera, directora general Instituto de la Mujeres del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informa sobre las acciones llevadas a cabo en relación al punto de acuerdo enviado mediante su oficio D.G.P.L. 62-II-6-0943.

Sin más por el momento, reitero a Usted mi consideración y solidaridad.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, SLP, a 28 de noviembre de 2013.— Licenciado Cándido Ochoa Rojas (rúbrica), secretario general de Gobierno.»

«Escudo.— Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.

Licenciado Cándido Ochoa Rojas, Secretario General de Gobierno.— Presente.

En respuesta a su similar con número de oficio SGGI/l060/2013, mediante el cual me solicita, informe a usted las actividades que se realizaron en torno a la conmemoración del sexagésimo aniversario del derecho al voto de las mujeres. Al respecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

• El 11 de octubre del año en curso en representación del IMES, acudí a Palacio Nacional a la ceremonia de conmemoración del 60 aniversario del voto de las mujeres en México, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la república, firmó una iniciativa para impulsar la paridad entre mujeres y hombres en el ámbito de la participación política en los cargos de representación popular y cancelo un timbre postal conmemorativo.

• El día 17 de octubre participe con un mensaje sobre los Antecedentes del sufragiode las mujeresen el estado y el país y lapropuesta del Ejecutivo federal,posterior a la Sesión Solemne por el 90 y 60 aniversarios del Voto Femenino, la cual tuvo lugar en el loby del salón de sesiones Ponciano Arriaga Leija, del recinto oficial legislativo, con la presencia de los diputados y las los diputadas de la LX Legislatura, los invitados e invitadas.

• Información similar es compartida con frecuencia con diversos medios de comunicación a través de entrevistas boletines (se anexa resumen) y se ha insertado en los contenidos de talleres a grupos diversos en eventos sistemáticos y extraordinarios, en especial para las Instancias Municipal de la Mujer.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, SLP, a 15 de noviembre de 2013.E.S.P. Andrea Saldaña Rivera (rúbrica), directora general del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado José González Morfin, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención a su oficio D.G.P.L 62-II-6-0947 y 62-II-6-0944 dirigido al licenciado José Manuel Ballesteros López jefe delegacional en Venustiano Carranza donde hace de su conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la letra dice en su parte resolutiva:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal, a los Congresos de las 31 entidades federativas, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las autoridades municipales y de las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a realizar actividades para conmemorar el 60 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México.

En atención a lo anterior rindo a usted, el informe de las acciones realizadas a fin de atender el punto de acuerdo antes señalado.

Se llevó a cabo el día 18 de octubre del 2013 a las 10:00 horas, el Foro del LX Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres, en coordinación con la Junta Distrital número 11 del IFE, a cargo del ingeniero Norberto Moreno y este órgano político.

Anexo para su conocimiento material fotográfico así como listas de registro.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 6 de enero de 2014.— Carmen Zaragoza González (rúbrica), directora de Promoción Social y Educativa.»

«Escudo.— Instituto Poblano de las Mujeres.

Juan Pablo Mirón Thomé, jefe de oficina del Secretario General de Gobierno.— Presente.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo, en respuesta a su oficio 1731 con fecha 31 de octubre del presente en donde nos remite oficio número EN-256212013, con fecha 28 de octubre del mismo año firmado por la licenciada Mercedes Aguilar, secretaria particular del ciudadano gobernador, y el similar D.G.P.L.62-11-6-0943 de fecha 22 de octubre, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, donde exhorta a realizar actividades para conmemorar el 60 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México, se le informa:

• El 29 de noviembre del año en curso, en coordinación con la diputada Blanca Jiménez Castillo, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura realizamos el foro internacional 60 años del voto de las mujeres en México.

• Además este año la celebración en Puebla estuvo enmarcada con acciones de alto impacto como la que encabezó el gobernador Rafael Moreno Valle, el 16 de octubre del presente, quien presentó la iniciativa para lograr la paridad en las candidaturas a las diputaciones locales ante la LVIII Legislatura del Congreso del estado; la cual fue aprobada una semana posterior.

Sin otro particular agradezco la atención, quedo a sus órdenes.

“Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza”, a 26 de diciembre de 2013.— Verónica María Sobrado Rodríguez (rúbrica), directora general del Instituto Poblano de las Mujeres.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

ORGANIZACION Y DESARROLLO DE UN SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo.— Instituto Poblano de las Mujeres.

Maestro Juan Pablo Mirón Thomé, jefe de oficina del Secretario General de Gobierno.— Presente.

Por este medio me permito saludarle y al mismo tiempo, en respuesta al oficio 1999A, de fecha 12 de diciembre de 2013, turnado por su oficina a este instituto el 18 de diciembre del mismo año, en el que se hace referencia a su similar EN-3015/2013, firmado por la licenciada Mercedes Aguilar, secretaria particular del ciudadano gobernador, y el similar D.G.P.L. 62-II-2-955, de fecha 3 de diciembre, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; en el que se comunica el dictamen emitido por la Comisión de Igualdad de Género en relación con la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a planear, organizar y desarrollar un Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se le informa que en Puebla el sistema estatal se instaló el once de febrero de 2009 y sesionó por primera vez este año, el 13 de junio. Asimismo, se concretó la segunda sesión ordinaria el 25 de septiembre y la tercera sesión ordinaria el 5 de diciembre de 2013.

Cabe destacar que para el 2014 se continuará ejerciendo la operación del mismo de manera calendarizada, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

“Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza”, a 23 de diciembre de 2013.— Verónica María Sobrado Rodríguez (rúbrica), directora general del Instituto Poblano de las Mujeres.»

«Escudo.— Nuevo León Unido.— Gobierno para Todos.

Diputado José González Morfin, vicepresidente de la honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

En relación con el punto segundo del oficio D.G.P.L. 62-II-2-955, expediente Número 2977, del 3 de diciembre del presente año, dirigido al ciudadano gobernador del estado, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, me permito compartirle que el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se instaló el 19 de abril del 2012, y a la fecha se han realizado 3 reuniones, la cuarta sesión está programada para el 16 de enero del 2014.

Un amplio y cordial saludo.

Monterrey, Nuevo León, a 18 de diciembre de 2013.— Licenciada María Elena Chapa H. (rúbrica), presidenta Ejecutiva.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

DESASTRES NATURALES OCASIONADOS POR EL CICLON MANUEL Y LA TORMENTA TROPICAL INGRID

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo.— Poder Ejecutivo de Morelos.— Secretaría de Gobierno.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 11 fracción I, 21, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Morelos; 1, 5, y 6, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, y en atención a su similar número DGPL 62-II-8-2362, de fecha 3 de octubre del año en curso, mediante el cual informa sobre el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito informar a usted lo siguiente:

Mediante oficio número SG/IEP/DJ/5701/2013, de fecha 11 de noviembre del año en curso, signado por la licenciada Georgina Martínez Latisnere, directora general del Instituto Estatal de Protección Civil, brinda atención al acuerdo de referencia. Se anexa copia simple del oficio citado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 25 de noviembre de 2013.— Ingeniero Jorge Vicente Messecuer Guillén (rúbrica), secretario de Gobierno.»

«Escudo.— Poder Ejecutivo de Morelos.— Secretaría de Gobierno.

Licenciado Manuel García Quintanar, coordinador general de Asesores de la Secretaría de Gobierno.— Presente.

La suscrita licenciada Georgina Martínez Latisnere, en mi carácter de directora general del Instituto Estatal de Protección Civil de conformidad al decreto de creación publicado en el periódico “Tierra y Libertad” número 4853 de fecha 1 de diciembre de 2010, con nombramiento de fecha de 1 de octubre de 2012, cargo que me fuera conferido, por el titular del ejecutivo del estado el licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, dando total cumplimiento a lo señalado en la Ley de Administración Pública y en la Ley de Servicio Civil, vigentes para Morelos, y en lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 8 y 12 de la Ley General de Protección Civil del Estado, le informo lo siguiente;

En atención y seguimiento a su oficio SG/CGA/544/2013, con  relación a su igual DGPL 62-11-8-2362, en el que exhorta a los Poderes del Ejecutivo estatal, a presentar un diagnostico preciso y exhaustivo de los daños causados por el ciclón Manuel y la tormenta tropical Ingrid a efecto de tener elementos para modificar el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2014, en esa tesitura le informo a usted lo siguiente:

En cuanto a competencia de este órgano desconcentrado, personal de este instituto realizó recorridos en los cuatro municipios afectados, siendo estos: Amacuzac, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Jojutla, notificándole a 267 viviendas, que se encuentran en zona de riesgo.

Asimismo, le informo que el sábado veinte de septiembre de 2013, se conformó el Comité de Evaluación de Daños, motivada por la declaratoria de emergencia o desastre, emitida por parte del titular del ejecutivo, estableciéndose nuevamente subcomités, que son integrados por los representantes federales y sus contrapartes estatales, siendo estor quienes de manera particular, realizaron el diagnostico de daños. Conforme a su competencia y jurisdicción conformados de la siguiente manera:

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 11 de noviembre de 2013.— Licenciada Georgina Martínez Latisnere (rúbrica), directora general del Instituto Estatal de Protección Civil.»

«Escudo.— Poder Ejecutivo de Morelos.— Secretaría de Gobierno.

Licenciado Manuel García Quintanar, coordinador general de Asesores.—Presente.

En respuesta a su oficio número SG/CGN521-B/2013 en el cual solicita información de los municipios afectados por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel para dar cumplimiento al exhorto del Senado de la Republica. Le hago entrega de la siguiente información por municipio afectado.

Municipio de Tlaquiltenango

• Comunidad de Huixastla

Viviendas afectadas: 9

Personas afectadas: 48

• Comunidad de Xicatlacotla

Viviendas afectadas: 6

Personas afectadas: 25

Total de viviendas afectadas: 15

Total de personas afectadas: 73

• En el poblado de Xicatlacotla se vio afectado el jardín de niños dependiente del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Conafe.

• En la comunidad de Huixastla se vio afectado el jardín de niños dependiente de Conafe.

• En el Poblado de Xicatlacotla se vio afectado el sistema de agua potable.

• En el tramo carretero Xicatlacotla-Rancho Viejo se deterioró completamente la carpeta asfáltica, cabe hacer mención que es el único camino de acceso de la comunidad Rancho Viejo a Xicatlacotla.

• El camino de acceso a Coaxitlan se deterioró en su totalidad, así mismo se encuentra un vado a base de tubos de concreto, el cual cruza la barranca siendo este el único acceso a la comunidad y presenta desprendimiento de la superficie de rodamiento.

• El tramo carretero de Coaxitlan-Las Huertas, sufrió 4años en todo el camino derivado de las lluvias

Municipio de Puente de Ixtla

• Comunidad El Estudiante

Viviendas afectadas: 39

Personas afectadas: 120

• En la colonia loma Linda se vio afectada la primaria Vicente Guerrero y en la colonia El Estudiante la primaria Gabriel Ramos Millán dependiente del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, IEBEM.

• En la comunidad El Estudiante se vio afectado el sistema de agua potable.

• En el tramo carretero Tequesquitengo-La Fundición debido, al rebase del nivel del rio sobre la superficie del puente, se desprendió el parapeto quedando expuestos los márgenes del puente y presentando baches en el acceso a la comunidad.

• En el tramo carretero Tehuixtla-El Estudiante se presentaron derrumbes menores a lo largo del camino, así mismo fue rebasado el puente vehicular del estudiante.

• En el tramo carretero de Puente de Ixtla a Tehuixtla quedó completamente deteriorado todo.

Municipio de Jojutla

• Comunidad de Tehuisxtla

Viviendas afectadas: 41

Personas afectadas: 144

• Comunidad de Río Seco

Viviendas afectadas: 11

Personas afectadas: 37

Total de viviendas afectadas: 56

Total de personas afectadas: 181

• En la comunidad de Tehuixtla se vio afectado el jardín de niños Federico Froeber, dependiente del IEBEM.

• En la comunidad de Tehuixtla se vieron afectados los sistemas de agua potable (Guadalupe Victoria y La Joya).

• El tramo carretero Río Seco-Tilzapotla presenta derrumbes y afectaciones en tramos de la superficie de rodamiento.

Municipio de Amacuzac

• Comunidad de Huajintlán

Viviendas afectadas: 93

Personas afectadas: 195

• Comunidad de Búngalos

Viviendas afectadas: 10

Personas afectadas: 30

• Comunidad de El balseadero

Viviendas afectadas: 22

Personas afectadas: 107

• Comunidad de Miahuatlán

Viviendas afectadas: 32

Personas afectadas: 139

Total de viviendas afectadas: 156

Total de personas afectadas: 471

• En el poblado de Huajintlán se afectó el jardín de niños Kukulkan dependiente de Instituto de la Educación Básica en el Estado de Morelos. (IEBEM).

• En la localidad de Huajintlán se afectaron los sistemas de agua potable conocidos como el vivero y el toreo.

• En el poblado de Ojo de Agua se vio afectado el sistema de agua potable.

• En la localidad de Miahuatlan se vio afectado el sistema de agua potable.

• Los sistemas de agua potable que abastecen el centro del municipio conocidos como El balseadero y el rosal fueron afectados por las lluvias de Ingrid y Manuel.

• En el tramo carretero Amacuzac Miahuatlan se presenta un deslave critico en el cuerpo (A) en el kilómetro 0+800, asimismo el camino presenta deterioro en su totalidad.

• Tramo carretero Rancho Nuevo-EI Zopital presenta deterioro sobre la superficie de rodamiento por el escurrimiento del agua.

• En el tramo carretero Amacuzac-Miahuatlan-Las tres hamacas presentan daños en su totalidad, por la creciente y fuerza del río.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciéndole de ante mano el apoyo que nos pueda brindar.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 29 de octubre de 2013.— Licenciada Georgina Martínez Latisnere (rúbrica), directora general del Instituto Estatal de Protección Civil.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

INVERSIONES ETIQUETADAS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DICTADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría General de Gobierno.— Gobierno del Estado de de Jalisco.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13, fracciones I y XXXIV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y en atención de su oficio número DGPL 62-II-5-999, me permito remitirle copia del similar SEPAF/ FIN/ 1119/ 2013, del subsecretario de Finanzas, mediante el cual da respuesta a la comunicación de referencia.

Reciba un saludo cordial.

Atentamente

2013, año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco, a 25 de noviembre de 2013.— Maestro Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), secretario General de Gobierno.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Ejecutivo.

Licenciado Carlos Alfredo Sepúlveda Valle, director general de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales.—Presente.

Con relación a los oficios números DGPL 62-II-5-999 y DIGELAG/ of. 875/ 2013, emitidos por el diputado José González Morfín vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y del maestro Arturo Zamora Jiménez, secretario general de Gobierno, respectivamente, le informo de las acciones realizadas por esta subsecretaria.

Se hizo extensivo el exhorto a todas las direcciones generales de esta subsecretaría, directores de área y personal involucrado en el manejo de recursos federales a implantar acciones y coordinarse con las áreas o dependencias ejecutoras correspondientes para que se realice la correcta aplicación y se dé cumplimiento a la normatividad existente de los recursos asignados de cualquier ejercicio fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para Jalisco.

En espera de que dicha información dé cabal atención a lo solicitado, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 15 de noviembre de 2013.— Maestro Héctor Rafael Pérez Partida (rúbrica), subsecretario de Finanzas.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

Pido a la Secretaría dé lectura a una comunicación de la Cámara de Senadores.

NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Comisión Permanente.— Presente.

Hago referencia al dictamen aprobado por la Cámara de Senadores del 30 de abril del 2013 con punto de acuerdo por el que se designó a la ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza como Magistrada del Tribunal Superior Agrario para un periodo de seis años y cuyo resolutivo cuarto contiene el siguiente texto:

“Cuarto. Notifíquese a la ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza y tómese la protesta de ley a la ciudadana citado conforme al artículo 258 del Reglamento del Senado, hasta que cause ejecutoria la sentencia de juicio de amparo número 804/2012 promovido por el ciudadano Veloz Bañuelos, a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo de Magistrada del Tribunal Superior Agrario, en los términos expuestos.”

Sobre el particular, le participo que se recibió la notificación de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve el amparo en revisión número 457/2013, de fecha 4 de diciembre de 2013, con los siguientes resolutivos:

“Primero. Se modifica la sentencia recurrida. Segundo. Se sobresee en el (sic) juicio de amparo promovido por Rodolfo Veloz Bañuelos.Tercero. La justicia de la Unión ampara y protege a Rodolfo Veloz Bañuelos, únicamente respecto de los actos atribuidos al Presidente, Oficial Mayor y Director General de Recursos Financieros, todos del Tribunal Superior Agrario y Secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la omisión de dar respuesta a la petición que fue formulada por el quejoso; en los términos y para los efecto precisados en la sentencia recurrida.”

A partir de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 constitucional en el segundo párrafo de la fracción XIX; y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que en su primer párrafo establece que: “Artículo 17.  Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en su encargo seis años. Si concluido dicho término fueren ratificados serán inamovibles” y en virtud de que no hay impedimento legal para cumplir con el resolutivo cuarto trascrito y concluir el proceso de designación de la ciudadana Gutiérrez Mendoza, me permito solicitarle que convoque a la brevedad a la ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza a que acuda ante la Comisión Permanente para que rinda la protesta como Magistrada del Tribunal Superior Agrario a que le obliga el artículo 128 constitucional.

Anexo, remito copia del oficio de notificación y su anexo, relativos a la sentencia que resuelve el amparo en revisión 457/2013.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2014.— Senador Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Presidente.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias. En consecuencia, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de los tribunales Agrarios, se llevará a cabo la protesta de la ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza cuya designación como magistrada del Tribunal Superior Agrario fue aprobada por el Senado de la República el pasado 30 de abril de 2013.

Se encuentra en las puertas de este recinto la ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza, en quien recae el nombramiento como magistrada del Tribunal Superior Agrario. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a los siguientes legisladores: diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, diputada Francisca Elena Corrales Corrales, senador Jesús Casillas Romero, diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal y diputado José Luis Esquivel Zalpa.

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrada del Tribunal Superior Agrario por un periodo de seis años que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza: Sí protesto.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Felicidades.

Solicitamos a la comisión de cortesía acompañen a la magistrada en cuanto ella desee retirarse de este recinto. Felicidades magistrada.

Continuamos con nuestro orden del día, en el apartado de iniciativas.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

El senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la globalización, catalogada por algunas como la gran oportunidad y por otros como una terrible amenaza, es hoy una realidad indiscutible. Situación que exige considerar que lo único constante son las transformaciones que los países tienen que promover para lograr sociedades globales más productivas y en continua competencia.

Aprovechar todos nuestros recursos, potencializarlos con visión de futuro y lograr disminuir las asimetrías del desarrollo entre regiones son retos en los que México está logrando, con reformas transformadoras, avanzar sin descanso.

Esta es la convocatoria que ha hecho el Ejecutivo federal y este Poder Legislativo responde con resultados. Para poder lograr aproximaciones justas y factibles a estas necesidades los gobiernos deben actuar, a fin de preparar a las nuevas generaciones para, desde la infancia, generar las condiciones aptas que les permitan ser factor de desarrollo en cualquier ámbito que elija en su etapa laboral.

Consolidar un proceso exitoso para este cumplimiento se vislumbra inalcanzable sin el cimiento de una cultura laboral moderna. Y es que la cultura es el factor que determina, regula y moldea la conducta humana. Así debe considerarse su importancia en las organizaciones laborales, pues será la cultura laboral la que determine la manera en que se darán las relaciones en una organización o cuánto crece o decrece la productividad.

En ese tenor se ha manifestado el presidente Peña Nieto. La productividad —dicen— es la eficiencia con la que un país, una industria o una empresa utiliza sus recursos para producir. Ser más productivos no significa trabajar más, significa trabajar mejor, es trabajar con mayor inteligencia, hacer más con los recursos que se tienen. De esta manera, un trabajador más productivo no necesariamente es el que trabaja más horas, es el que obtiene mejores resultados y, en consecuencia, va a ganar más por su trabajo. La productividad define sin duda la capacidad de crecimiento de una nación.

El reto es lograr una base cultural que permita tener en el futuro ciudadanos proactivos y eficientes que respondan a los retos globales. Para ello se ha propuesto una ruta con base en los siguientes principios:

Lograr una educación que inculque valores como responsabilidad, solidaridad, superación, responsabilidad, capacitación, adaptación al cambio y, desde luego, el trabajo en equipo.

Que las personas encuentren en el proceso de educación y capacitación el medio para ejercer plenamente su libertad con responsabilidad para su propia realización y, en consecuencia, la de su sociedad, proceso básico que se debe dar a partir de las familias, las escuelas, los sindicatos y los propios centros de trabajo.

A través de la educación es necesario incidir en un cambio de actitudes y conductas que contribuyan a crear una cultura laboral que rebase los límites de la simple instrucción técnica, capacitación y adiestramiento para el trabajo. Uno de los mejores ejemplos es Japón, que posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el reto de superar las dificultades sociales y económicas generadas por el conflicto bélico fomentó un cambio en su cultura laboral hasta convertirse años después en uno de los países más productivos a nivel global.

Nuestra propuesta es fomentar una cultura laboral desde la educación básica, que genere un cambio positivo de actitudes y conductas. Estoy seguro que esto ayudará a generar mayores posibilidades de productividad, calidad, preservación del empleo y nuevas oportunidades de superación. A largo plazo elevará la productividad y mejorará la competitividad global y local. Si queremos una economía dinámica y fortalecida requerimos un Estado visionario y moderno que invierta en formación de capital humano. El trabajo que posibilita la superación personal es generadora de una sociedad pacífica, solidaria y participativa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo único. Se adiciona la fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o., fracción VII. Infundir la cultura laboral que permita a largo plazo incrementar la productividad y la competitividad económica.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de su publicación, la Secretaría de Educación Pública tendrá 90 días para iniciar los procedimientos de educación e incorporación de lo establecido en el presente decreto.

Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI

Raúl Aarón Pozos Lanz, senador de la República en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace más de 25 años, en todo el mundo, se aceleraron los procesos de integración económica; la globalización, catalogada por algunos como la gran oportunidad y por otros como una terrible amenaza, es hoy una realidad indiscutible. Esta situación exige considerar que lo único constante son las transformaciones que los países tienen que promover para lograr sociedades globales más productivas y en continua competencia.

En este proceso, de acuerdo a la visión del Banco Mundial (BM), al hablar de globalización las preocupaciones manifestadas tienen que ver más con temas clave de la economía de mercado, como la producción por parte de empresas privadas y con fines de lucro, la frecuente reestructuración de los recursos según la oferta y la demanda y el impredecible y rápido cambio tecnológico. En este sentido, indudablemente, es importante analizar las fortalezas y las debilidades de la economía de mercado como tal, y comprender mejor a las instituciones y generar las políticas necesarias para que ésta funcione de manera más eficaz.

Este mismo organismo internacional recomienda que la mejor forma de hacer frente a los cambios ocasionados por la integración internacional de los mercados de bienes, servicios y capitales, es ser francos y abiertos hacia ellos. La globalización genera oportunidades, pero también ocasiona riesgos. A la vez que aprovechan las oportunidades de mayor crecimiento económico y el mejor nivel de vida que trae consigo una mayor apertura, las autoridades a cargo de formular políticas –en el ámbito internacional, nacional y local– también enfrentan el desafío de mitigar los riesgos para los pobres, vulnerables y marginados, y de aumentar la igualdad y la inclusión.

En su avance, este proceso tiene la posibilidad de continuar proporcionando grandes beneficios a la sociedad, pero el éxito seguirá dependiendo fundamentalmente de factores como la calidad de las políticas macroeconómicas generales, el funcionamiento de las instituciones –tanto en su carácter formal como informal– la actual estructura de activos, y los recursos disponibles, entre otros muchos factores.

Para poder lograr aproximaciones justas y factibles a estas necesidades reales, los gobiernos deben actuar para preparar a las nuevas generaciones y generarles desde la infancia condiciones aptas que les permitan ser factor de desarrollo en cualquier ámbito que elijan en su etapa laboral.

Así lo establece claramente el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”. Consolidar un proceso exitoso para su cumplimiento se vislumbra inalcanzable sin el cimiento de una cultura laboral moderna.

Terry Eagleton señala que “la cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo a una sociedad determinada. Por el conjunto de formas y expresiones se entiende e incluye a las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que predominan en el común de la gente que la integra. También, el mismo término sirve para denominar la educación y habilidades que dispone un individuo, personalmente y por afuera de ese todo que resulta ser la cultura”.

Por tanto, la cultura es el factor que determina, regula y moldea la conducta humana. Así, debe considerarse su importancia en las organizaciones laborales, pues será la cultura laboral la que determine la manera en que se darán las relaciones en una organización y cuanto crece o decrece la productividad.

El presidente Enrique Peña Nieto ha manifestado claramente que “la productividad es la eficiencia con la que un país, una industria o una empresa utiliza sus recursos para producir. Ser más productivos no significa trabajar más. Significa trabajar mejor. Es trabajar con mayor inteligencia. Es hacer más con los recursos que se tiene. Un trabajador más productivo no necesariamente es el que trabaja más horas. Es el que obtiene mejores resultados y, en consecuencia, va a ganar más por su trabajo. La productividad define la capacidad de crecimiento de una economía.”

Si bien en México la cultura laboral se ha modificado y ha dado lugar a una serie de beneficios en materia salarial y de seguridad social para los trabajadores, aún falta un largo camino por recorrer. Apenas unos meses atrás el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor José Narro Robles, durante la exposición de motivos del Comité Nacional para la Productividad comentó: “Sin ciencia y tecnología propias, sin educación superior de calidad para la mayoría de nuestros jóvenes, y sin esfuerzos exitosos para impulsar la inventiva y la creatividad, México no tendrá una economía realmente competitiva.”. Este gran reto comienza desde los niveles básicos, infundiendo en las aulas los valores básicos de la nueva cultura laboral.

Comparto plenamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, la necesidad de promover los valores y principios de una nueva cultura laboral para lograr empleos duraderos, salarios y condiciones dignas, mayor rentabilidad y eficiencia, cuidado del medio ambiente con responsabilidad social y una mayor participación en los mercados para impulsar nuestra economía.

Para ello, la Institución pública responsable del trabajo en México propone los siguientes principios para una base cultural que permitirá en el futuro ciudadanos pro-activos y eficientes que respondan a los retos globales de una sociedad competitiva y productiva:

• La educación y la capacitación, además de ser fuentes fundamentales de productividad y eficiencia en las empresas y de mejores condiciones de trabajo y remuneración para los trabajadores, inculcan valores como los de responsabilidad, solidaridad, superación continua, capacidad de adaptación al cambio y trabajo en equipo, entre otros.

• La persona encuentra en el proceso de educación y capacitación el medio para ejercer plenamente su libertad con responsabilidad, para su propia realización y, en consecuencia, la de su sociedad, proceso básico que se debe dar a partir de las familias, las escuelas, los sindicatos y los propios centros de trabajo.

• Debe promoverse que en los planes de estudios de los diversos niveles educativos y en los programas de capacitación se incluyan contenidos que fomenten valores fundamentales como la calidad, la productividad, el respeto, la justicia, la equidad y el reconocimiento del trabajo como una vía para el progreso personal y colectivo.

• Es necesario reforzar los valores en la formación personal, así como en la vida cívica y social. Educar, enseñar, demostrar e impulsar los valores del trabajo como ámbito para la completa expresión y crecimiento de la persona.

• Mediante la educación estaremos incidiendo en un cambio de actitudes y conductas que contribuirán a crear una nueva cultura laboral que rebase los límites de la simple instrucción técnica, capacitación y adiestramiento para el trabajo. Asimismo, se deben preservar y potenciar aquellos valores y tradiciones culturales que definen e identifican nuestra nacionalidad.

• Trabajadores, empresas, sindicatos y autoridades, en un esfuerzo corresponsable, deben privilegiar la educación y la formación para que la nueva cultura de trabajo sea una realidad que enriquezca a la sociedad mexicana.

Visión que concuerda con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establece como estrategia transversal la democratización de la productividad, cuyas líneas de acción son la realización de políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo; incentivar entre todos los actores económicos el uso eficiente de los recursos productivos, y analizar integralmente la política de ingresos y gastos para que las acciones de gobierno induzcan a la formalidad; que el incremento de la productividad, así como ampliar su alcance a todas las regiones, sectores y grupos de la población, son factores esenciales para detonar el crecimiento económico de nuestro país y, en consecuencia, brindar a todas las familias mexicanas una mejor calidad de vida.

De acuerdo a los datos del Observatorio Mexicano Laboral cerca de 20 por ciento de los trabajadores no logra permanecer en su puesto durante más de tres meses, dado que no logran identificarse con la empresa o no se adaptan a las condiciones laborales ofrecidas.

Esto ha hecho que los empleadores utilicen esquemas que ofrecen cada vez menos oportunidades de desarrollo, e incluso, es común que muchas empresas no cumplan con el pago de las prestaciones de seguridad social desde el primer día, sino hasta que los empleados cumplan seis meses en su puesto de trabajo.

Si bien se entiende entonces que la cultura laboral y su adecuado fomento es relevante y urgente para superar los indicadores negativos de productividad de los últimos treinta años, reformar nuestra Ley General de Educación para coadyuvar en el propósito es necesario y urgente.

No se trata de fomentar el empleo infantil, sino de dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios para que cuando se encuentren en edad de incorporarse al mercado laboral, ya estén culturalmente socializados con los valores básicos con los que debe contar un buen trabajador.

Uno de los mejores ejemplos es Japón, que posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el reto de superar las dificultades sociales y económicas generadas por el conflicto bélico, fomentó un cambio en su cultura laboral hasta convertirse años después en uno de los países más productivos a nivel global.

Esta situación se generó en gran medida a partir de un cambio en el paradigma educativo, pues a los niños japoneses se les inculca, desde la educación básica, valores que favorezcan la buena relación laboral y la competitividad, así como fortalecer la responsabilidad y la ética para con la sociedad.

La idea central de que se establezcan los parámetros que consigan fortalecer la cultura laboral mexicana es la de alentar la cooperación entre los factores de la producción, así como los procesos educativos y de capacitación, al interior de los centros de trabajo y fuera de ellos, como los medios privilegiados para la valorización del trabajo humano, el aumento de la productividad y la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y sus familias.

Una cultura laboral desde la educación básica que genere un cambio positivo de actitudes y conductas ayudará a generar mayores posibilidades de productividad, calidad, preservación del empleo y nuevas oportunidades de superación, a largo plazo elevará la productividad y mejorará la competitividad local y global.

En conclusión, sí queremos una economía dinámica y fortalecida, requerimos un estado visionario y moderno que invierta en formación de capital humano. El trabajo que posibilita la superación personal es generador de una sociedad pacífica, solidaria y participativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es que someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción XVII al artículo 7o. de la ley General de Educación

Artículo Único. Se adiciona la fracción XVII al artículo 7o. de la ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados, y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. al XVI. ...

XVII. Infundir la cultura laboral que permita a largo plazo incrementar la productividad y la competitividad económica.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de su publicación la Secretaría de Educación Pública tendrá noventa días para iniciar los procedimientos de educación e incorporación de lo establecido en el presente decreto.

Nota:

1. Eagleton, Terry. La idea de cultura. Paidós, Barcelona, 2001, p. 58

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.— Senador Raúl Aarón Pozos Lanz (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, senador Pozos. Túrnese a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.

LEY DE MIGRACION

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, suscrita por la diputada María Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Con su venia, presidente. La suscrita, a nombre de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, integrante del Partido Acción Nacional, presento iniciativa de proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.

Ante las constantes denuncias de organismos de derechos humanos y grupos de sociedad civil sobre las condiciones de vulnerabilidad y falta de acceso a los derechos humanos de personas migrantes, en especial niñas, niños y mujeres, que son albergadas en estaciones migratorias del país, el propósito que anima la presente iniciativa es incorporar disposiciones normativas que establezcan con contundencia obligaciones a cargo de las autoridades migratorias en temas de educación, salud, situación jurídica, orientación psicológica y demás establecidos en la Carta Magna, instrumentos internacionales y legislaciones federales relacionadas que incidan en los instrumentos reglamentarios y programáticos para que sustenten la implementación de políticas públicas y acciones que proyecten una política migratoria coordinada, ágil y garante de la seguridad de los derechos humanos de los migrantes.

La detención formal de indocumentados inicia 36 horas después de que son asegurados en operativos y su permanencia en estaciones migratorias puede ir de los 15 a 60 días o más si se interpone algún recurso jurídico.

Según la organización Sin Fronteras, por el perfil de personas que pasan por el país para llegar a Estados Unidos de América y ahí encontrar trabajo y mejores oportunidades de vida, además de ver truncados sus propósitos, se cuestionan el estar encerrados sin ser delincuentes.

Las sensaciones se incrementan cuando en su trayecto estos migrantes fueron víctimas de secuestro, extorsión o violaciones sexuales por el crimen organizado y encuentran en las autoridades mexicanas en lugar de ayuda, encierro.

Las autoridades migratorias señalan que en el caso de la detención de indocumentados se requiere revisar alternativas a su detención, a efecto de que la migración irregular contemple métodos adecuados con los principios de respeto a los derechos humanos, no discriminación y seguridad humana. Algunas proponen protocolos específicos.

La situación en estaciones migratorias, que son las instalaciones físicas que establece el Instituto Nacional de Migración para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular en tanto se resuelve su situación migratoria, la privación de la libertad se vive en instalaciones donde la alimentación es de mala calidad, hay poca higiene, hacinamiento y maltratos a cargo de los guardias.

Las estaciones migratorias del país para los menores de edad migrantes detenidos en ellas son motivo de gran preocupación, al serles violados derechos por personas del Instituto Nacional de Migración, al grado de que las garantías jurídicas de niñas y niños migrantes son peores a las de las personas que tienen condenas en cárceles de México.

Esas violaciones van desde la falta de información para los que son asegurados y son detenidos de dos a cuatro días o de seis meses a un año permaneciendo en estaciones migratorias del país, provocándoles incertidumbres, ansiedad y problemas psicoemocionales al grado de pensar en el suicidio.

Es por ello que el artículo 24 de la Norma para el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración establece que las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados permanecerán en ellas solo mientras se asegura su canalización a instituciones con atención adecuada y que estarán en áreas separadas. Aunque deberían canalizarlos al DIF ni siquiera cuentan con capacidad para hacerse cargo, por ello no son atendidos ni canalizados.

Por lo anterior, con la presente iniciativa la suscrita diputada federal Martha Berenice Álvarez Tovar, propone adicionar la parte final de la fracción VII del artículo 20, un tercer párrafo al artículo 66 y crear un Capítulo Séptimo Bis, De la comisión de registro control y supervisión de las estaciones migratorias, al Título Sexto, Del procedimiento administrativo migratorio, de la Ley de Migración. Así como dos transitorios, el Segundo, de los cuales establece que a más tardar dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del momento de sus derechos humanos este caso tomará en cuenta el trámite superior de las niñas y niños, y adolescentes, y la permanencia y la perspectiva de género.

En el caso de las estaciones migratorias en el país, la Secretaría impulsará acciones de registro de control y supervisión, dirigidas a hacer efectivos los derechos establecidos en la Constitución, en los tratados y convenciones internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como la presente ley. Y que contribuyan también a reducir las condiciones de pobreza, violencia y desigualdad para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, suscrita por la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Berenice Álvarez Tovar, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos que se mencionan en el apartado correspondiente, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:

Planteamiento del problema

Ante las constantes denuncias de organismos de derechos humanos y grupos de la sociedad civil, sobre las condiciones de vulnerabilidad y falta de acceso a los derechos humanos de personas migrantes, en especial niñas, niños y mujeres, que son albergadas en estaciones migratorias del país, el propósito que anima la presente Iniciativa es incorporar disposiciones normativas que establezcan con contundencia obligaciones a cargo de las autoridades migratorias, en temas de educación, salud, situación jurídica, orientación psicológica, y demás establecidos en la Carta Magna, instrumentos internacionales y legislación federal relacionada, que incidan en los instrumentos reglamentarios y programáticos, para que sustenten la implementación de políticas públicas y acciones que proyecten una política migratoria moderna, coordinada, ágil, garante de la seguridad y los derechos humanos de los migrantes.

Argumentación

Elba Coria, asociada regional de la Coalición Internacional contra la Detención, señaló que en México, en general, la detención formal de indocumentados inicia 36 horas después de que son asegurados en operativos y su permanencia en estaciones migratorias puede ir de los 15 a 60 días o más, si se interpone algún recurso jurídico.

Según la organización Sin Fronteras, por el perfil de personas que pasan por el país para llegar a Estados Unidos y allí encontrar trabajo y mejores oportunidades de vida, además de ver truncados sus propósitos se cuestionan el estar encerrados sin ser delincuentes.

Las sensaciones se incrementan cuando en su trayecto, esos migrantes fueron víctimas de secuestro, extorsión o violaciones sexuales por el crimen organizado y encuentran en las autoridades mexicanas, en lugar de ayuda encierro.

Las autoridades migratorias señalan, que en el caso de la detención de indocumentados, se requiere revisar alternativas a su detención, a efecto de que la migración irregular contemple métodos adecuados con los principios de respeto a derechos humanos, no discriminación y seguridad humana. Algunas proponen protocolos específicos.

La situación en estaciones migratorias, que son las instalaciones físicas que establece el Instituto Nacional de Migración (INM) para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular en tanto se resuelve su situación migratoria, la privación de la libertad se vive en instalaciones donde la alimentación es de mala calidad, hay poca higiene, hacinamiento y maltratos a cargo de los guardias.

La organización Sin Fronteras refiere que la detención de personas indocumentadas y posterior reclusión en estaciones migratorias genera afectaciones en la salud mental de los extranjeros, ya que a las condiciones señaladas, se agregan la falta de información y la falta de médicos y psicólogos. Agudiza el daño psicológico el que el período de detención es de dos a tres semanas en estaciones foráneas; en el Distrito Federal puede extenderse a más de tres meses.

“México, Australia, Grecia, Sudáfrica, Estados Unidos, Israel y Malasia, son los países con mayores problemas de atención a menores migrantes” (Organización de las Naciones Unidas).

De acuerdo con la directora de Sin Fronteras, Institución de Asistencia Privada, Nancy Pérez García, las estaciones migratorias del país para los menores de edad migrantes detenidos en ellas, son motivo de gran preocupación, al serles violados derechos por personal del Instituto Nacional de Migración, al grado de que las garantías jurídicas de niñas y niños migrantes son menores a las de las personas que tienen condenas en cárceles de México.

“Esas violaciones van desde falta de información para los que son asegurados y son retenidos de dos a cuatro días, o de seis meses a un año, permaneciendo en estaciones migratorias del país, provocándoles incertidumbre, ansiedad y problemas psicoemocionales, al grado de pensar en el suicidio”.

Otras condiciones son que carecen de comunicación con algún familiar o consulado, abuso de autoridad y discriminación, soborno, compra de servicio, hacinamiento, instalaciones inadecuadas con lugares insalubres, comida y agua muy raquíticas, se carece de un verdadero personal suficiente y especializado para atenderlos, los mismos menores hablan de tortura al encerrarlos en lugares reducidos y oscuros.

De igual manera, Lorena Cano Padilla, subcoordinadora del área legal de Sin Fronteras, mencionó que aunque la actual normatividad migratoria enfatiza la protección a menores de edad indocumentados, los niños y adolescentes en estaciones migratorias quedan relegados en atención y a veces no tienen representatividad legal.

El artículo 24, fracción XVIII de las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del INM establece que niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados permanecerán en ellas solo mientras se gestiona su canalización a instituciones con atención adecuada. Y que estarán en áreas separadas. Aunque deberían canalizarlos al DIF, ni siquiera cuenta con capacidad para hacerse cargo, por ello, no son atendidos ni canalizados.

En caso de quienes esperan se resuelva la condición de refugiados, se busca una organización privada que pueda darles albergue, aunque lo hagan no ejercen ningún tipo de tutela o cuestión legal. Que en estaciones como Iztapalapa, los menores solo ven televisión, no cuentan con herramientas para jugar, no tienen clases y la biblioteca es carente.

Ante esta problemática, respecto a niñas, niños y adolescentes sin compañía repatriados de Estados Unidos, la Cámara de Diputados exhortó a la Cancillería, al INM y al DIF, a constituir una base de datos, que incluya reportes sobre cualquier abuso a cargo de agentes fronterizos. Argumentaron los legisladores que se han reportado casos de su reclutamiento por la delincuencia organizada para que cometan diversos delitos.

Según la Organización Internacional del Trabajo, faltan políticas públicas y sociales que protejan y atiendan a víctimas de explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil, o extracción de órganos.

Por su parte el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, doctor Luis González Plascencia Villanueva, manifestó que la protección y garantía de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes es tema fundamental, que debe atenderse a partir de una premisa básica: antes que migrantes, se trata de menores de edad.

En comunicado de prensa, dice que las autoridades deben considerar las condiciones de acceso a sus derechos en tanto infancia y reflexionar sobre la especial situación de vulnerabilidad por su condición de migrantes y en específico, su acentuada desprotección si son migrantes no acompañados o separados.

Que la Quinta Visitaduría General, a través del Programa de Atención a Migrantes, hace acciones de defensa y promoción de los derechos humanos de personas migrantes de las que México es país de destino, tránsito o retorno, de quienes emigran a otro país, específicamente hacia Estados Unidos.

De enero de 2010 al 23 de octubre de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido 917 quejas de migrantes menores de edad; 571 de niños y 346 niñas, por presuntas violaciones de derechos humanos, a la seguridad jurídica, trato digno, integridad, igualdad y salud.

Respecto al personal del INM, carecen de un sistema único de información de evaluaciones. Un medio de comunicación impreso, dio a conocer que la nueva administración entregó informe a la Cámara de Diputados, por lo que a partir de febrero de 2013 se inició proceso evaluatorio y de control de confianza.

Conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estableció que el personal del INM debía someterse a evaluaciones periódicas para comprobar que cumplen el perfil. Por lo que dos años después se creó el Centro de Evaluación y Control de Confianza, como área que aplicaría exámenes poligráficos, antidoping, de trabajo social y médicos.

Al 31 de diciembre de 2012 dicho centro evaluó a 2 mil 601 servidores públicos. Durante el primer trimestre de 2013, se han evaluado a 503 personas, refiriendo que el índice de reprobación es elevado. Además, que este año inició un programa de reclutamiento a nivel nacional, para contratar a 100 elementos. Múltiples organizaciones han criticado la corrupción de servidores públicos del instituto y vínculos con delincuencia organizada.

Después del párrafo décimo noveno, se sugiere mencionar que en 2011, habían casi 6 mil niños en situación de migración, de los cuales, 4 mil se trataban de menores no acompañados; por lo que se requiere tomar consideración de esta problemática y se debe visualizar a los niños que deben estar inscritos bajo una protección integral de cada uno de sus derechos.

Estadísticas

De los migrantes en estaciones migratorias, es decir aquellas en donde se ubican a los extranjeros que no acreditan su situación migratoria regular, aunque en su mayoría se trata de personas menores de 18 años, se nota un incremento del 48.1 en el 2013 respecto de los datos arrojados en el 2012, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

De los extranjeros en estaciones migratorias, y posteriormente devueltos por la autoridad migratoria mexicana a sus respectivas naciones, en su mayoría son provenientes de países centroamericanos y del Caribe (96.4 por ciento del total).

El reporte indica que la mayoría de los menores de 18 años que son expulsados, repatriados o devueltos a su país de origen, se encontraban en territorio mexicano en condición de “no acompañados”; y en su mayoría se trata de hombres (3,785) y en menor cantidad mujeres (887).

En cuanto a la legislación aplicable, es casuista, dispersa y compleja, también las disposiciones administrativas en materia de migración. Sin embargo para efectos de la presente iniciativa, relacionada con las garantías de respeto a derechos humanos de migrantes, con énfasis en la que se refieren a aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, se anotan los siguientes ordenamientos:

a ) De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 1o., que prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

El artículo 4o. que dispone que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Y que el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.

Asimismo que el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Y que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

El artículo 11, que consagra la libertad de tránsito.

El artículo 133, que establece que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

b ) De la Ley General de Población (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974)

En el tema de migración establece en el artículo 10 que es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los lugares destinados al tránsito de personas y regular el mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Salud, Relaciones Exteriores, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y en su caso la de Marina; asimismo consultará a las demás dependencias y organismos que juzgue conveniente.

En cuanto a la emigración, en su artículo 76 dispone que corresponde entre otras, a la Secretaría de Gobernación: dictar medidas en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tendentes a la protección de los emigrantes mexicanos (fracción II).

En el artículo 80 Bis prevé que el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales deberá:

I. Promover el desarrollo y fomentar el arraigo de los mexicanos al territorio nacional;

II. Crear programas para atender los impactos de la emigración en las comunidades de origen, especialmente en lo relacionado con la problemática de la desintegración familiar y con la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

Sobre la repatriación, en el artículo 81 se consideran como repatriados a los emigrantes nacionales que regresan al país. Y el artículo 83 dispone que la Secretaría de Gobernación está facultada para coordinar de manera institucional las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en que sean orientados acerca de las opciones de empleo y vivienda que haya en el lugar del territorio nacional en el que manifiesten su intención de residir.

De conformidad con el artículo 84 la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá suscribir acuerdos interinstitucionales con otros países y organismos internacionales, en materia de repatriación segura, digna y ordenada de mexicanos. Asimismo, vigilará que en la recepción de mexicanos regresados por gobiernos extranjeros, se respeten sus derechos y se cumpla con los acuerdos internacionales en la materia.

Para efectos de la recepción de los mexicanos repatriados, la Secretaría promoverá acciones de coordinación interinstitucional para brindarles una adecuada recepción, poniendo especial énfasis en la revisión de su estado de salud, en la comunicación con sus familiares y apoyándolos en el traslado a su lugar de residencia en México.

c) De la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, última reforma el 2 de abril de 2013)

Establece en su artículo 27 que a la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: fracción XXXIII. Formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de ley la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes; en la fracción XXXIV. Tramitar lo relativo a la aplicación del artículo 33 de la Constitución; y en la fracción XXXVI. Formular y conducir la política de población, salvo lo relativo a colonización, asentamientos humanos y turismo, así como manejar el servicio nacional de identificación personal, en términos de las leyes aplicables;

d) Ley de Migración (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011)

En su artículo 1o. prevé que las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales

El artículo 2o. establece que la política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Conforme a este artículo son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes: 1) Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros; 2) Congruencia para garantizar la vigencia de derechos que reclama para nacionales en el exterior; 3) Enfoque integral acorde con la complejidad de la modalidad internacional de personas; 4) Responsabilidad compartida con gobiernos de países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio; 5) Hospitalidad y solidaridad internacional; 6) Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y seguridad; 7) Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región; 8) Equidad entre nacionales y extranjeros; 9) Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes; 10) Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente; 11) Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país; y 12) Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias.

El artículo 4o. dispone que la aplicación de esta ley corresponde a la Secretaría de Gobernación, para lo cual podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de la administración pública federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria.

El artículo 6o. prevé que el Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria.

El artículo 8o., dispone que los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Conforme al artículo 19, el Instituto Nacional de Migración, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la secretaría.

El artículo 20 dispone que el instituto tenga las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. Instrumentar la política en materia migratoria;

II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación;

III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros;

IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento;

V. Imponer las sanciones previstas por esta ley y su Reglamento;

VI. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros;

VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta ley, respetando en todo momento sus derechos humanos;

VIII. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en territorio nacional;

IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas informáticos que administra, a las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y

X. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Conforme al artículo 27 corresponde a la Secretaría de Salud, entre otras funciones: promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno que, la prestación de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros, se brinde sin importar su situación migratoria y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables (fracción I).

De acuerdo con el artículo 29 corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal, entre otras:

Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que requieran servicios para su protección; Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación migratoria, conforme a lo previsto en el artículo 112 de esta Ley; y coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes migrantes (fracciones I, II y III).

El artículo 66 se refiere a que la situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como en la presente Ley. Éste garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con independencia de su situación migratoria.

El artículo 67 prevé que todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos.

El artículo 71, que la Secretaría creará grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional, los que tendrán por objeto la protección y defensa de sus derechos, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria. Asimismo, celebrará convenios de colaboración y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios, con las organizaciones de la sociedad civil o con los particulares, con el objeto de que participen en la instalación y funcionamiento de los grupos de protección a migrantes.

Conforme al artículo 72, la secretaría celebrará convenios con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios para implementar acciones tendientes a coadyuvar con los actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes que realizan las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.

La secretaría deberá implementar acciones que permitan brindar atención adecuada a migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, las mujeres, las víctimas de delitos, las personas con discapacidad y las adultas mayores. Podrá establecer convenios de coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios y con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la atención de personas en situación de vulnerabilidad (artículo 73).

Cuando así convenga al interés superior de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado, dicho niño, niña o adolescente será documentado provisionalmente como Visitante por Razones Humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, mientras la Secretaría ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al retorno asistido. Y el Reglamento establecerá el procedimiento a seguir para la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado (artículo 74).

La secretaría celebrará convenios de colaboración con dependencias y entidades del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios para el efecto de establecer acciones de coordinación en materia de prevención, persecución, combate y atención a los migrantes que son víctimas del delito (artículo 75).

El instituto no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes (artículo 76).

En el Capítulo VI, De los derechos de los alojados en las estaciones migratorias, que comprende de los artículos 106 a 111, prevé importantes requisitos y condiciones para instalar estaciones migratorias, así como derechos humanos relativos a la alimentación, servicios médicos y formas de convivencia de quienes son albergados en ellas.

En el Capítulo VII, Del Procedimiento en la atención de Personas en Situación de Vulnerabilidad, que comprende los artículos 112 y 113, establece importantes responsabilidades para autoridades, en especial, acerca de niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados.

e) Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011)

f) Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación

De conformidad con el artículo 2, al frente de la Secretaría de Gobernación habrá un Secretario de Despacho, titular de la misma, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de:

A. Los servidores públicos siguientes: III. Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.

B. Las Unidades Administrativas siguientes: VI. Unidad de Política Migratoria.

C. Los órganos administrativos desconcentrados siguientes y aquellos que le correspondan por disposición legal, reglamentaria o determinación del Presidente de la República: III. Instituto Nacional de Migración; V. Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

El artículo 21 del Reglamento Interior de esta Secretaría, establece que la Unidad de Política Migratoria tiene las siguientes atribuciones:

I. Proponer al Subsecretario de Población, Migración y Asuntos religiosos en coordinación con las instancias competentes, la política migratoria del país tomando en consideración los principios establecidos por la Ley de Migración, y en un marco de respeto a los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacional;

II. Elaborar y proponer al Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos directrices y disposiciones administrativas de carácter general con el objeto de atender las necesidades migratorias del país;

Sin perjuicio de lo dispuesto por otras disposiciones de este Reglamento, para el eficaz despacho de los asuntos a su cargo y para un mejor desempeño en el ejercicio de sus facultades, el titular de la Unidad de Política Migratoria podrá auxiliarse por el director general adjunto de Política Migratoria y por el director general adjunto del Centro de Estudios Migratorios.

El artículo 78 establece que el Comisionado del Instituto Nacional de Migración será nombrado y removido por el titular del Ejecutivo Federal por conducto del Secretario y cuenta con importantes atribuciones, entre ellas: la prevista en la fracción III. Expedir, previa consulta con las autoridades competentes, los lineamientos y criterios normativos en materia de gestión y operación migratoria, con base en la política migratoria establecida por la Secretaría; la fracción IV. Ejecutar las acciones técnicas y operativas en materia migratoria con las autoridades de gobiernos extranjeros, organismos internacionales y los mecanismos multilaterales y bilaterales, en coordinación con la autoridad competente; la fracción V. Acordar mecanismos que faciliten la coordinación de acciones estratégicas entre las autoridades auxiliares en materia migratoria y las competentes de la Secretaría; en la VI. Analizar y proponer programas y acciones para la protección y respeto a los derechos humanos de los migrantes, en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos; en la VII. Coordinar con autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios, la atención de los temas operativos en materia migratoria.

Este Reglamento Interior, dispone en el artículo 81, que el Instituto Nacional de Migración contará con un Consejo Ciudadano, entre sus funciones tendrá las de opinar sobre la ejecución de la política migratoria; formular propuestas de acciones específicas para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes; proponer acciones de cooperación, concertación y seguimiento de la sociedad civil a las actividades del Instituto Nacional de Migración; y proponer la celebración de convenios de coordinación con las entidades federativas y de concertación con organizaciones de la sociedad civil, academia y otros actores relevantes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

El propósito de la autora de la presente Iniciativa, es avanzar hacia una política migratoria integral, coordinada, con apego a la legalidad y respeto absoluto a los derechos humanos de migrantes. Sin embargo, para ello hace falta:

1. Una política de Estado; 2. Que articule los programas involucrados, actualmente hay 61 programas de dependencias federales relacionadas con la migración internacional que involucra a México como país de origen, tránsito y destino; 3. Que incorpore a todos los órdenes de gobierno; 4. Abierto a la participación de la sociedad; 5. Que haga frente a los siguientes retos importantes: a) Enfrentar delitos de que son víctimas los indocumentados en su tránsito por el país. b) Combatir la corrupción entre autoridades que tienen que ver con el flujo de indocumentados. c) Agilizar y modernizar los trámites para el ingreso legal de extranjeros. d) La seguridad de los migrantes en tránsito. En el país los indocumentados, en particular los centroamericanos son altamente vulnerables a los ataques del crimen organizado por su invisibilidad (secuestro, trata de personas, entre otros).

En el ámbito administrativo, es la Secretaría de Gobernación la encargada de formular y dirigir la política migratoria del Estado mexicano. Conforme a reciente reestructuración de esta dependencia, tiene una Jefatura de Unidad de política migratoria como espacio de migración, además el Instituto Nacional de Migración, órgano desconcentrado que permanece para hacerse cargo de la instrumentación. La misma Secretaría de Gobernación, es la encargada de tareas relacionadas con los refugiados, a través de otro órgano desconcentrado que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) con diversas tareas vinculadas a las del INM.

Estos órganos desconcentrados, cuentan con amplia estructura burocrática, al no hacer una política integral en materia migratoria, ni articulación de los programas entre estas y otras dependencias de la administración pública federal involucradas, con enorme cantidad de programas, manuales que prevén trámites migratorios casuistas, todo ello se erige en obstáculo para poder avanzar hacia una política migratoria, ágil, moderna, eficiente y sólida, que estimule el flujo migratorio regular.

El perfil corresponde a personas que pasan por México para llegar a los Estados Unidos buscando encontrar trabajo y mejores oportunidades de vida. Además de ver truncados sus propósitos cuando son detenidos por autoridades migratorias, se les encierra sin haber cometido conducta que lo amerite.

Por ello es que representantes de organizaciones de las sociedad civil, han denunciado en múltiples ocasiones, todo un panorama de violaciones a derechos humanos de quienes ingresan de forma irregular al país, lo que evidencia la necesidad de revisar escrupulosamente, la política aplicable en estaciones migratorias; considerar alternativas a la permanencia en reclusión dentro de ellas; y la posible creación de comisiones de seguimiento legislativas e interinstitucionales, que realicen permanentemente visitas sorpresa de supervisión a las multicitadas estaciones del país, para identificar posibles irregularidades, áreas y acciones de mejora.

Atendiendo a estos diagnósticos y a efecto de contribuir en una suma de esfuerzos, para avanzar hacia esa política migratoria a que todos los sectores de la sociedad mexicana aspiramos, en la que la parte central de ella sean los derechos humanos de las personas migrantes, la autora de esta iniciativa propone en sus contenidos:

a) Énfasis en la real protección de los derechos de población vulnerable en su trato y tratamiento en estaciones migratorias del país;

b) Se explicita que en todo caso tomará en cuenta el interés superior de la niña, niño, adolescente y la perspectiva de género;

c) Que la Secretaría impulsará acciones de registro, control y supervisión, dirigidas a hacer efectivos los derechos establecidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como en la presente ley;

d) La creación en un Capítulo VII Bis del Título Sexto, De la Comisión de Registro, Control y Supervisión de las Estaciones Migratorias, tendrá a su cargo, entre otras funciones, verificar que las estaciones migratorias cumplan los requisitos mínimos que establece el artículo 107 de la Ley de Migración, así como los derechos contenidos en los Capítulos VI y VII del mismo título, informando en su caso, de inmediato a la secretaría, de violaciones a derechos humanos en dichos lugares;

e) La integración de la referida comisión, sería multidisciplinaria e interinstitucional, con participación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, defensores de derechos humanos, así como de la Secretaría de Gobernación y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

f) Se prevé la elaboración de su Reglamento y un informe a cargo del Instituto Nacional de Migración, mismo que se hará del conocimiento del Titular de la Secretaría, quien instruirá a sus áreas competentes en la materia migratoria, para elaborar políticas públicas, programas y acciones en beneficio de los derechos humanos de las personas migrantes; así como para fortalecer procedimientos para investigar y sancionar a funcionarios públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos y la comisión de delitos como la trata, extorsión y secuestro de migrantes.

Es de reconocerse la visibilidad y activismo de organizaciones de la sociedad civil, para identificar violaciones, rezagos y condiciones de estancia contrarios a disposiciones normativas, sin embargo, se requiere también de las supervisión permanente y directa de las autoridades responsables, que permita la solución oportuna a problemáticas diversas de índole cotidiano.

Por todo ello, con la presente Iniciativa, la suscrita Diputada Federal, propone adicionar la parte final de la fracción VII del artículo 20, un tercer párrafo al artículo 66 y crear un Capítulo VII Bis De la Comisión de Registro, Control y Supervisión de las Estaciones Migratorias al Título Sexto Del Procedimiento Administrativo Migratorio, de la Ley de Migración. Así como dos transitorios, el segundo de los cuales, establece que a más tardar dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, iniciará el funcionamiento de la Comisión de Registro, Control y Supervisión de las Estaciones Migratorias y también en ese mismo plazo entrará en vigor su Reglamento.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Denominación del proyecto de reforma

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración, a fin de que mejore la protección de derechos humanos y la atención en estaciones migratorias del país.

Texto normativo propuesto

Me permito poner a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración, a fin de que mejore la protección de derechos humanos y la atención en estaciones migratorias del país

Artículo Único. Se adiciona la parte final de la fracción VII del artículo 20, un tercer párrafo al artículo 66 y se crea un Capítulo VII Bis De la Comisión de Registro, Control y Supervisión de las Estaciones Migratorias al Título Sexto Del Procedimiento Administrativo Migratorio, de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 20. El instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. a VI. ...

VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos. En todo caso tomará en cuenta el interés superior de la niña, niño y adolescente y la perspectiva de género;

VIII. a X. ...

Artículo 66. La situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como en la presente Ley.

El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con independencia de su situación migratoria.

En el caso de las estaciones migratorias en el país, la Secretaría impulsará acciones de registro, control y supervisión, dirigidas a hacer efectivos los derechos establecidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como en la presente Ley; y que contribuyan también a reducir las condiciones de pobreza, violencia y desigualdad, para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes.

Título SextoDel Procedimiento Administrativo Migratorio Capítulo I. a VII. .. Capítulo VII BisDe la Comisión de Registro, Control y Supervisión de las Estaciones Migratorias

Artículo 113 Bis. Se crea la Comisión de Registro, Control y Supervisión de las Estaciones Migratorias, que se compondrá por:

I. Dos representantes de la secretaría;

II. Dos defensores de derechos humanos de la sociedad civil organizada, designados por la secretaría;

III. Dos representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

IV. Dos diputados federales que designe el pleno de la Cámara de Diputados, uno de ellos será mujer;

V. Dos senadores de la República que designe el pleno del Senado, uno de ellos será mujer; y

VI. Un representante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Artículo 113 Ter. La organización de la comisión se realizará en el Reglamento.

Los integrantes de la Comisión tendrán cargo honorífico y a excepción de los servidores públicos, los demás integrantes permanecerán en el cargo tres años, pudiendo ser reelegidos solamente, por un período más.

En el Reglamento se establecerán mecanismos para que los nombramientos y las designaciones a que hace referencia este artículo, se realicen con la debida transparencia. Corresponde al instituto en el ámbito de su competencia facilitar el cumplimiento de las funciones encomendadas a la comisión.

Artículo 113 Quáter. La comisión, tendrá a su cargo las siguientes funciones:

VII. Verificar que las estaciones migratorias cumplan los requisitos mínimos que establece el artículo 107 de la presente Ley, así como los contenidos en los Capítulos VI y VII de este Título, informando en su caso, de inmediato a la Secretaría, de violaciones a derechos humanos en dichos lugares;

VIII. Supervisar condiciones de trato y tratamiento en ellas a personas migrantes albergadas, identificando y analizando, entre otros aspectos, los casos de violencia de género y de discriminación;

IX. Informar de condiciones de riesgo en estaciones migratorias que favorezcan la violencia, la trata de personas y el secuestro, afectando a personas migrantes, en particular, a derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres;

X. Proponer a la consideración de la secretaría propuestas de programas específicos y recomendaciones de atención especial a grupos vulnerables de migrantes como niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves, personas con discapacidad y adultos mayores;

XI. Alimentar a la secretaría de información estadística relevante, relacionada con las estaciones migratorias, que permita mejorar las condiciones de trato y tratamiento a personas migrantes y revertir condiciones de riesgo y violaciones a sus derechos humanos; y

XII. Presentar informes sobre la actuación de personal de migración, responsable de estaciones migratorias, así como proponer mejoras para su actuación.

Artículo 113 Quintus. La secretaría por conducto del Instituto, elaborará un informe semestral, por escrito, conteniendo un diagnóstico y estadísticas, con base en la actuación de la Comisión; en él informará el curso que le dio a las recomendaciones y propuestas que ésta le hubiere formulado.

Artículo 113 Sextus. El informe a que hace referencia el artículo anterior, se hará del conocimiento del titular de la secretaría, quien instruirá a sus áreas competentes en la materia migratoria, para elaborar políticas públicas, programas y acciones en beneficio de los derechos humanos de las personas migrantes; así como para fortalecer mecanismos para investigar y sancionar a funcionarios públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos y la comisión de delitos como la trata, extorsión y secuestro de migrantes.

También se dará a conocer al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los organismos de derechos humanos de las entidades federativas, a las Cámaras del Congreso de la Unión, a las dependencias de la administración pública federal, relacionadas con los derechos humanos de personas migrantes, así como a otras instituciones y dependencias que determine la Comisión de Registro, Control y Supervisión de las Estaciones Migratorias.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, iniciará el funcionamiento de la Comisión de Registro, Control y Supervisión de las estaciones Migratorias y entrará en vigor su Reglamento

Notas:

1 Coca., René. “Las estaciones migratorias del país con menores garantías jurídicas para las personas que en las mismas cárceles: Sin Fronteras IAP”. 4 de Noviembre 2013. Reporte Ciudadano, [en línea], fecha de consulta 15 de noviembre 2013. Disponible. http://www.reporteciudadano.mx/?p=19925

2 Prado, Henia. “Acusan desatención del INM a infantes”. Reforma. 10 de abril de 2013.

3 “Llaman a garantizar derechos de niños migrantes”. Agencia Quadratín. 26 de octubre 2013. Ciudadano, en línea, fecha de consulta 10 de noviembre 2013. Disponible. http://www.quadratin.com.mx/sucesos/Llaman-garantizar-derechos-de-ninos-migrant es/

4 Reforma, sección nacional. Lunes 28 de octubre del 2013. Página 13.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2014.— Diputada Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputada Jiménez. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 266 y deroga los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal. Adelante.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su permiso, senador presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a lo largo de la historia en nuestro país han ocurrido un sinfín de violaciones a derechos humanos, siendo más recurrente dicha práctica en contra de las niñas, los niños y adolescentes, por ello es necesario garantizar plenamente sus derechos para que sean protegidos contra cualquier abuso.

Un claro ejemplo de ello es la tipificación de algunas conductas que han sido consideradas como delitos y que se cometen en contra de los menores de edad, como el delito denominado estupro, contenido en los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, estableciéndose en el primer artículo mencionado como conducta típica, antijurídica y punible lo siguiente: Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión.

Derivado del texto de este artículo, se considera que el consentimiento para mantener relaciones sexuales es a partir de los quince años y antes de los dieciocho. Es importante señalar que en algunos Códigos Penales estatales se establece que la persona que mantiene relaciones sexuales con una menor de dieciocho años puede ser eximido de toda responsabilidad penal si ofrece matrimonio al adolescente, sometiéndolas entonces a matrimonios precoces, generando ligas de parentesco entre ellas y el estuprador, es decir con quien ha violado sus derechos y la convierte en víctima de delito.

Es así como el tipo penal de estupro se encuentra estrechamente vinculado con el matrimonio infantil, ya que la legislación civil federal y las legislaciones civiles de diversas entidades contemplan que las adolescentes mayores de 15 años pueden contraer matrimonio, a pesar de que los organismos internacionales de derechos humanos consideran que las niñas y adolescentes no tienen la madurez para comprometerse en matrimonio, ya que es una decisión que tendrá implicaciones en el resto de su vida, porque estas menores de edad son personas que aún se encuentran en formación de su personalidad, en la búsqueda de su identidad y en crecimiento.

A lo dicho debemos sumar lo establecido en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de octubre de 2012, la cual señala en su artículo 4o. que en todas las acciones y decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. De esta forma, en México los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentran protegidos a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo en la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se dispone, en el artículo 19, que niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual y social.

En el mismo sentido, el artículo 21 dispone que niñas, niños y adolescentes tengan el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo, su desarrollo a la educación, en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional.

Lo anterior nos lleva que al tener relaciones sexuales con una persona que no detenta la mayoría de edad puede atentar a violar uno o varios de estos derechos y acarrear consecuencias irreparables en su desarrollo posterior.

Por ejemplo, puede impedirles a acceder a continuar con su educación, puede enfrentar situaciones de violencia, ser vulnerables a una explotación en labores domésticas o sexuales, a ser obligadas a parir en condiciones de riesgo, a ser contagiadas de alguna enfermedad venérea. Y como estas otras circunstancias funestas.

El matrimonio infantil tiene otras consecuencias negativas, como son la separación de la familia y los amigos, así como la reducción de oportunidades. Asimismo el matrimonio infantil puede acarrear trabajos forzosos, esclavitud, prostitución, violencia contra las víctimas y pone en peligro su salud física y mental con los embarazos prematuros.

En este sentido, podemos decir que subyace el estereotipo de que las mujeres tienen como destino casarse y reproducirse y que un adolescente tiene capacidad para procrear sin importar la madurez psicológica, física o emocional que tenga y que el estuprador, independientemente de su condición social, cultural, económica, emocional e incluso de su salud puede casarse con un adolescente si sus padres o tutores lo consienten.

Datos de la ONU indican que los países en desarrollo, el 90 por ciento de las madres adolescentes entre 15 y 19 años de edad están casadas y que las complicaciones propias del embarazo son la principal causa de muerte de las jóvenes en este rango de edad.

En conclusión, estamos ante una norma que no responde a la realidad social. Es decir, a la protección que deben tener las y los adolescentes en el país. Por ello, la propuesta que se presenta propone la derogación del tipo penal previsto en los artículos 262 y 263, y se incorpora esa conducta en el artículo 266 del Código Penal Federal para que se equipare a las sanciones que se imponen al delito de violación y que, independientemente del consentimiento de la o el adolescente, se deberá reconocer la sanción que debe de imponerse a la persona mayor de edad que abusa de la condición de un adolescente. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 266 y deroga el 262 y 263 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona la fracción IV al artículo 266 y se derogan los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A lo largo de la historia, en nuestro país, han ocurrido un sinfín de violaciones a derechos humanos, siendo más recurrente dicha práctica en contra de niñas y niños, independientemente de su generó, por ello es necesario garantizar plenamente sus derechos para que sean protegidos contra cualquier abuso.

Un claro ejemplo de abuso en contra de niñas y niños, es la tipificación de algunas conductas que han sido consideradas como delitos, una de ellas es el delito denominado estupro, contenido en los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, estableciéndose en el primer artículo mencionado, como conducta, típica, antijurídica y punible, lo siguiente: “Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión.”

Derivado del texto de este artículo, se considera que el consentimiento para mantener relaciones sexuales a partir de los quince años, lo cual es un tanto preocupante, debido a que una decisión de ese carácter se debe tener un grado de madurez mental elevado, ya que de ello pueden derivarse graves consecuencias como un embarazo no deseado o contraer enfermedades de transmisión sexual si no se tiene la adecuada protección, solo por mencionar algunas. Y aún cuando un embarazo es físicamente posible gracias a los cambios biológicos que sufre una menor, es muy probable que mentalmente aún no se encuentre preparada para un acto de concepción o de crianza de un nuevo ser.

Con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 12 de octubre de 2011, se estableció en el artículo 4o. que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez”, de esta forma en México, los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentran protegidos a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aunado a esto, existen diversas leyes secundarias y tratados internacionales con el mismo fin de protección de sus derechos humanos.

En este sentido, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se dispone en el artículo 19 que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social”. Asimismo, el artículo 21 dispone que “niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional.”

Como se sabe, el tener relaciones sexuales con una persona que no detenta la mayoría de edad puede atentar o violar uno o varios de estos derechos y acarrear consecuencias irreparables en su desarrollo posterior, como por ejemplo su educación.

Incluso, en algunos códigos penales estatales, la persona que mantiene relaciones sexuales con una menor de dieciocho años, puede ser eximido de toda responsabilidad penal por la justicia si ofrece matrimonio a la adolescente, sometiéndolas a matrimonios precoces, generando ligas de parentesco entre ellas y el estuprador, es decir con quien viola sus derechos y la convierte en víctima del delito.

En este sentido, podemos decir que subyace el estereotipo en que las mujeres tienen como destino casarse y reproducirse y que una adolescente tiene capacidad para procrear, sin importar la madurez psicológica, física o emocional que tenga, ya que el estuprador, independientemente de su condición social, cultural, económica, emocional, e incluso de su salud, puede casarse con una adolescente, si sus padres o tutores lo consienten.

Es así como el tipo penal de estupro se encuentra estrechamente vinculado con el matrimonio infantil, ya que las legislaciones civiles de diversas entidades contemplan que las adolescentes mayores de 14 años pueden contraer matrimonio, a pesar de que los organismos internacionales de derechos humanos consideran que las niñas y adolescentes no tienen la madurez para comprometerse en matrimonio, ya que es una decisión que tendrá implicaciones en el resto de su vida porque estas menores de edad son personas que aún se encuentran en formación de su personalidad, en la búsqueda de su identidad y en crecimiento.

El matrimonio de personas menores de 18 años puede impedirles acceder o continuar con su educación, puede enfrentar a situaciones de violencia a las adolescentes, a ser vulnerables a una explotación en labores domésticas o sexuales, a ser obligadas a parir en condiciones de riesgo, a ser contagiadas de alguna enfermedad venérea y como estas, otras circunstancias funestas, todas estas consecuencias derivan de encontrarse en desventaja con el estuprador o no contar con la información necesaria.

El matrimonio infantil tiene otras consecuencias negativas como son la separación de la familia y los amigos y la reducción de oportunidades. Asimismo, el matrimonio infantil puede acarrear trabajos forzados, esclavitud, prostitución, violencia contra las víctimas y pone en peligro su salud física y mental, como los embarazos prematuros.

Datos de la ONU indican que en los países en desarrollo, el 90 por ciento de las madres adolescentes entre 15 y 19 años de edad están casadas, y que las complicaciones propias del embarazo son la principal causa de muerte de las jóvenes en ese rango de edad.

En conclusión, estamos ante una norma que no responde a la realidad social, es decir a la protección que deben tener las y los adolescentes en el país.

Por ello, la propuesta que se presenta, propone la derogación del tipo penal y se incorpora esa conducta en el artículo 266 de Código Penal Federal que establece equiparación a las sanciones que se imponen al delito de violación, que independientemente del consentimiento de la o el adolescente se deberá reconocer la sanción que debe imponerse a la persona mayor de edad que abusa de la condición un adolescente, quien según la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es toda persona que tiene entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona la fracción IV al artículo 266 y se derogan los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal

Artículo Primero.  Se derogan los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 262. (Derogado)

Artículo 263. (Derogado)

Artículo Segundo. Se reforma la fracción III y se adiciona la fracción IV al artículo 266 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 266. ...

I. ...

II. ...

III.  Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.

...

IV. Al que tenga cópula con persona mayor de quince y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño.

Transitorios

Único.El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Unicef, Tema 2012: Terminar con el matrimonio infantil. Guatemala.http://www.unicef.org/guatemala/spanish/children_1165.htm, octubre de 2012.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2014.— Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputada Juárez. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, ciudadano diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, compañero presidente. Esta iniciativa que presentamos el diputado Monreal, la diputada Zuleyma Huidobro y el de la voz, tiene por objeto una modificación a la nueva Ley de Amparo,  Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Constitución. La finalidad es garantista, en términos de salvaguardar los derechos humanos.

Hubo una omisión legislativa cuando se elaboró la nueva Ley de Amparo y en el artículo 15, que se establecen una serie de supuestos a través de los cuales se puede presentar el juicio de garantías por parte de un tercero, cuando hay casos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, extradición, así como la incorporación forzosa al Ejército y el afectado se encuentre imposibilitado materialmente por estar privado de su libertad o desaparecido de presentar el juicio de amparo, la ley permite en el artículo 15 que sea a través de un tercero, incluso de un menor de edad.

Sin embargo, al momento de promulgar esta ley, de aprobarla, no se tomó en cuenta otro caso importante, que es cuando haya actos de tortura o actos crueles inhumanos y degradantes. Y en este caso, la víctima, el ofendido, se encuentra imposibilitado materialmente para suscribir el juicio de amparo.

Lo que estamos proponiendo, en consecuencia, es una reforma a este artículo 15 para que de igual manera que en otros casos se pueda presentar por parte de un tercero la demanda de juicio de amparo cuando haya este supuesto de torturas o de tratos crueles inhumanos y degradantes.

Es una reforma a la Ley de Amparo. Nos parece que nuestro país no puede estar ajeno a esta materia después de que se han suscrito múltiples tratados internacionales que censuran, prohíben y condenan la tortura. Es una omisión grave en nuestra legislación y más tratándose de la ley que permite a los gobernados, que permite a los ciudadanos defenderse de actos arbitrarios de autoridades.

Por esa razón estamos haciendo esta propuesta. Creemos que va a ser obsequiada, porque sería muy grave que en los casos de tortura no pudiera un tercero presentar amparos, como está actualmente el artículo 15 de este ordenamiento. Esa es en esencia nuestra propuesta, y pedimos que se turne a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos, a ambas comisiones de la Cámara de Diputados. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Zuleyma Huidobro González,integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente:

Exposición de Motivos

El concepto de tortura, de conformidad con la Real Academia de la Lengua, lo podemos definir como:

“El acto perpetrado en contra de un individuo, consistente en causar de forma intencional un grave dolor físico o psicológico, utilizado como mecanismo para quebrantar la residencia y la moral del torturado, despojándolo de su integridad.”

En el mundo grecorromano los esclavos eran sometidos a torturas por el hecho de ser considerados como cosas, en contraste de los hombres libres, quienes estaban exentos de ese trato.

Concepción que poco a poco fue cambiando, incluso en el mismo imperio romano, cuando también hombres sin libertad condicionada eran sometidos a este tipo de prácticas.

Lo anterior a consecuencia de que desde tiempos muy remotos, el hombre se percató que el miedo al dolor y al sufrimiento de otros, podría ser una atractiva herramienta para la consecución de ciertos beneficios.

Durante la época medieval, los tribunales de la Inquisición sometieron a los herejes a deleznables prácticas de tortura, aplicándola como una sanción con el fin de provocar un efecto coercitivo obligando a los miembros de las comunidades a conducirse dentro de “ciertos lineamientos”.

Con el advenimiento de la Ilustración, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del XIX, el sistema de estados soberanos como consecuencia de la nueva visión del hombre y de la sociedad que se conformaba, se adoptó una actitud tendiente a erradicar este tipo de prácticas, llegando a ser un objetivo a nivel mundial. Así llegado el siglo XXI, dicho propósito se materializó con la celebración de múltiples tratados internacionales que censuran, condenan y prohíben la tortura.

Sin embargo, pese las obligaciones a cargo de los estados signatarios de dichos documentos y de las constantes negativas de sus gobiernos sobre la utilización de estas reprochables conductas, lo cierto es que estos actos siguen siendo una práctica común y sistemática en muchos países, con independencia de sus regímenes políticos, siendo parte integral, inclusive de la propia estrategia de seguridad de estos o utilizados como instrumento para eliminar a los disidentes o contener a la oposición y así obtener determinados fines como información, confesiones o revelaciones.

El Estado mexicano se ha comprometido a través de la ratificación de diversos instrumentos internaciones como tratados, acuerdos y pactos para erradicar la tortura, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; incluso en el plano nacional con la publicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura (Diario Oficial de la Federación 27 de diciembre de 1994).

Asimismo, a través del trabajo de importantes organizaciones, se ha luchado durante varios años por el respeto a los derechos humanos y la erradicación de la violencia y la tortura, como son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) o la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, esta última afiliada a la Federación Internacional de Los Derechos Humanos, a la Organización Mundial Contra la Tortura, al Observatorio Internacional de Prisiones y a Trabajar Juntos por los Derechos Humanos.

Sin embargo, hoy más que nunca el incremento de la violencia, que sin duda alguna forma parte de la descomposición social que desde hace varios años se ha desbocado en el país; ha creado grandes desafíos para las autoridades mexicanas al momento de cumplir con su obligación de proporcionar y garantizar el máximo respeto a la integridad de todas las personas que se encuentran dentro de sus fronteras.

Los integrantes de las organizaciones antes mencionadas coinciden en expresar que el ejercicio del poder público debe conducirse dentro de un marco de estricto respeto a los derechos humanos, y manifestar su más enérgico rechazo a toda práctica que se traduzca en tortura por tratarse de un crimen aberrante.

En virtud de lo anterior consideramos que la nueva Ley de Amparo, particularmente el contenido del artículo 15 de este ordenamiento legal, omite importantes elementos de protección a los derechos humanos de todos los mexicanos.

El caso de la protección contra la tortura, cuya esencia es detener inmediatamente una situación que está coartando o violentando una garantía constitucional, es uno de los mencionados en el párrafo anterior.

No dar la posibilidad para presentar la demanda de amparo por un tercero, cuando se actualicen algunas de las modalidades de la tortura, es una grave omisión del legislador, ya que este delito es uno de los actos que mayormente trastocan y vulneran los derechos más elementales de toda persona.

En este sentido, el hecho de no modificar ese descuido legislativo, provoca ir en contra de lo establecido en la Carta de los Derechos Humanos en su artículo 55, además del artículo 5 de la Declaración de los Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, preceptos en los que expresamente se manifiesta que nadie podrá ser sometido a tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En un país donde los montajes y la fabricación de culpables es casi una institución, debemos procurar la salvaguarda de los derechos humanos.

No hacerlo permitía la consumación de prácticas desiguales en el tratamiento a los ciudadanos y de los responsables de atropellos a sus derechos, así como la consolidación de un retroceso en la protección de garantías.

El hecho de omitir la figura de la tortura como un asunto que el amparo de la justicia federal debe proteger contraviene en un primer plano lo dispuesto en múltiples tratados internaciones, reduciendo la importancia que este tema reviste.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 15 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se modifica el primer párrafo del artículo 15 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 15.Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la tortura u otros actos crueles, inhumanos y degradantes,laincorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

[...]

[...]

Texto vigente

Artículo 15.Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, extradición o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el afectado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

En este caso, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo abrirá un cuaderno de antecedentes en el que dictará las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del quejoso y lograr su comparecencia, en la que será requerido para que manifieste si ratifica la demanda de amparo; si lo hace se tramitará el juicio y, en caso contrario, se tendrá por no presentada la demanda.

Si a pesar de las medidas tomadas no se lograre su comparecencia, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio pondrá los hechos en conocimiento del ministerio público de la federación y, en caso de ser éste la autoridad responsable, lo hará del conocimiento del procurador general de la República.

Transcurridos tres meses sin que nadie se apersone en el juicio en representación legal del quejoso, se tendrá por no presentada la demanda.

Texto propuesto

Artículo 15.Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, extradición o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la tortura u otros actos crueles inhumanos y degradantes, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el afectado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

En este caso, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo abrirá un cuaderno de antecedentes en el que dictará las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del quejoso y lograr su comparecencia, en la que será requerido para que manifieste si ratifica la demanda de amparo; si lo hace se tramitará el juicio y, en caso contrario, se tendrá por no presentada la demanda.

Si a pesar de las medidas tomadas no se lograre su comparecencia, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio pondrá los hechos en conocimiento del ministerio público de la federación y, en caso de ser éste la autoridad responsable, lo hará del conocimiento del Procurador General de la República.

Transcurridos tres meses sin que nadie se apersone en el juicio en representación legal del quejoso, se tendrá por no presentada la demanda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para dictamen. Gracias, diputado Mejía.

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado René Fujiwara Montelongo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, suscrita por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, las niñas y niños de México son un nuevo sujeto social. La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por nuestro país, nos ilustra esta realidad. Nuestros infantes merecen, desde la perspectiva legal y humana, un trato digno y respetuoso que fomente sus derechos humanos exigibles en un Estado democrático.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos fundamental la atención oportuna de los niños y jóvenes de México. Por ello, a nombre de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos en la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía.

Esto con el fin de que los mexicanos contemos con información actualizada sobre la infancia, que integre datos sobre interés nacional, oficial y difusión obligatoria para las instituciones que tienen como función atender las necesidades de este importante sector.

Con ello se generarán datos que sean útiles para orientar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas encaminadas a este grupo poblacional.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, en México la población de niñas, niños y adolescentes representa el 34.9 por ciento de la población total. Es decir, casi 40 millones de personas. Pero los datos cuantitativos no son los únicos que destacan la importancia de los niños en México. Nuestro futuro como nación literalmente depende de las políticas públicas que se apliquen a la niñez. Es del cuidado del cuerpo, del cerebro y del corazón de los niños de nuestro país que se sostendrá un proyecto de nación a largo plazo. Y es por eso que la diputada Lucila Garfias Gutiérrez —por medio de un servidor— impulsa la presente iniciativa de reforma.

Contar con los datos y cifras sobre cada uno de los problemas que más vulneran a los niños en México, como la pobreza, el maltrato, el trabajo infantil, el abuso sexual, el sobrepeso y la obesidad, al igual que la falta de servicios de salud y de educación darán al Estado las herramientas necesarias para atender de manera eficaz estas problemáticas.

En ello radica la importancia de incluir de manera específica en el subsistema nacional de información demográfica y social del Inegi a la infancia, para que se generen los datos estadísticos que permitan tomar las mejores decisiones en beneficio de la protección y los derechos humanos de nuestra niñez.

Nuestra realidad es que existen más de 18 millones de niños que viven en una situación de pobreza. Lo que representa el 56.3 por ciento del total de menores de nuestro país. Todos ellos viven en constantes riesgos sanitarios, sociales y humanos.

Por otro lado, más de tres millones de niños entre los cinco y 17 años realizan actividades económicas y laborales. El 47 por ciento de ellos no perciben remuneración alguna y el 8 por ciento de las niñas y niños de cinco a 14 años laboran con jornadas de más de 34 horas a la semana, muchos de ellos en lugares no permitidos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, del 25 al 50 por ciento de los niños de ambos sexos reportan maltratos físicos. Las consecuencias de este maltrato recaen en la salud física y mental, como la depresión, las adicciones, la precocidad y la obesidad. Todos estos problemas por los que atraviesan nuestros menores de edad constituyen una violación a los derechos de los niños, ya que impiden su crecimiento, truncan su desarrollo escolar social, económico y personal.

De tal suerte, resulta impostergable abrir el abanico de información que se tiene sobre este sector y sus grupos específicos, como niños indígenas, niños con discapacidades, niños migrantes y niños con problemas de salud, que requieren servicios y programas especiales para potenciar sus habilidades y permitirles una vida digna, que sea de utilidad a las familias y a la sociedad en general.

De esta manera, la presente iniciativa propone un aporte en la construcción de una agenda común a favor de la infancia entre los diferentes sectores sociales del país, a partir de la generación y apertura de datos que permitan que la sociedad intervenga activamente en la solución de estos problemas.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que esta propuesta es una propuesta sumamente participativa orientada hacia la democracia participativa y, por lo tanto, compañeras y compañeros legisladores, los invito y les pido apoyen esta importante iniciativa que estamos presentando. Por su atención y paciencia, muchas gracias. Gracias, presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, suscrita por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Lucila Garfias Gutiérrez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta soberanía: iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,

Planteamiento del Problema

Ante la falta de información sistemática y actualizada sobre la infancia, es necesario que el Estado mexicano construya un Sistema de Información Nacional sobre la Infancia, que integre datos de interés nacional, oficial y de uso obligatorio para las instituciones que tienen como función atender las necesidades de este sector, generando datos que les sean útiles para orientar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios del país. Lo anterior en cumplimiento de los principios de Interés Superior de la Niñez y de Protección Integral, respectivamente así como para armonizar la legislación nacional con la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de infancia.

Las personas menores de edad son titulares de derechos que están contemplados en las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y en leyes secundarias. La modificación al artículo 1o. de la Carta Magna de fecha 1º de junio de 2011 transformó sustancialmente nuestro régimen jurídico al reconocer jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, en materia de infancia, se amplía de forma importante el catálogo de sus derechos.

Como complemento, la reforma al artículo 4o., párrafo octavo de la Constitución General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011 contiene 2 importantes principios para la infancia: el de protección integral que establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez. Esto es, los niños y las niñas deben ser visibles en la agenda pública.

Relacionado con el concepto anterior se encuentra precisamente el principio de interés superior de la niñez, que implica la garantía de los derechos humanos a la infancia; el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, así como que el ejercicio pleno de sus derechos sea considerado como criterio rector para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de la persona menor de edad.

Entonces, lo antes expuesto asigna al Estado la obligación y responsabilidad de guiar el diseño, ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Para dar cumplimiento a este compromiso, se requiere de un elemento fundamental: información oficial actualizada  y de uso obligatorio

Por otra parte, en la reforma al artículo 26 de la Carta Magna publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2006, se adicionó el Apartado B al citado numeral. Dicho Apartado establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales y de uso obligatorio para la federación, el Distrito Federal, los estados y municipios en los términos que establezca la ley.

En la citada reforma el legislador designó la responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema a un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios; asimismo lo dotó con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información generada.

Del mismo modo, en la fecha ya señalada se reformó la fracción XXIX-D del artículo 73 Constitucional para otorgar al Congreso General facultades de legislar en materia de información estadística y geográfica de Interés nacional.

Finalmente, se menciona que el tratado fundamental en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, es la Convención sobre los Derechos del Niño, que contempla 2 protocolos facultativos.

La convención fue ratificada por México el 21 de septiembre de 1990 y los Protocolos el 15 de marzo de 2002, en consecuencia, forman parte ahora del marco de protección constitucional para las personas menores de edad. La Convención contiene un catálogo amplio de derechos en 54 artículos que incluyen entre otros, el derecho a la identidad, libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión, libertad de asociación, protección de la vida privada, acceso a la información, derecho al juego, a la protección en contra de la explotación, justicia para adolescentes, derecho a la educación, derechos de niños con discapacidad, adopción, derecho a que se tomen medidas administrativas y legislativas para hacer efectivos los derechos de la infancia.

Atendiendo a la información hasta aquí expuesta y en relación con la necesidad de contar con un Sistema de Información Nacional de la Infancia, es importante considerar que, si por mandato constitucional se creó un organismo autónomo que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi) para normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, mismo que tiene como finalidad generar información de interés nacional y de uso obligatorio para la Federación, el Distrito Federal, Estados y municipios, y que además, si el Estado tiene la obligación de garantizar de manera plena los derechos de la niñez y para hacerlo necesita partir de datos confiables para la implementación de políticas públicas eficaces, entonces, la instancia ad hoc para cumplir con esa tarea es el Inegi.

Argumentación

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, en México, la población de niños, niñas y adolescentes representa el 34.9% de la población total del país, es decir, casi 40 millones de personas son menores de edad. Como dato relevante conviene resaltar que en el año 2000 el porcentaje era de 39.7% y en 2005 de 36.7%.

Como se puede observar, existe una tendencia a la baja de población infantil en México, pero la prevalencia de niños y niñas continuará muchos años más. Nuestra proporción de población infantil nos ubica en la media mundial, sin embargo la pirámide poblacional representa grandes desafíos para un país como el nuestro en el cual, ser niño o niña puede significar, dependiendo, la situación económica de la familia, el género, la pertenencia étnica o su calidad migratoria, distintas problemáticas como pobreza, discriminación, explotación, desigualdad, abuso, inseguridad, violencia, etcétera.

Al mismo tiempo, estos problemas de desigualdad así como la falta de normas, políticas públicas y un adecuado diseño institucional que atienda las necesidades de la niñez y la adolescencia y que, además tenga como punto de partida la información generada en estadísticas y datos oficiales, desagregados y confiables, son una limitante para el pleno goce de los derechos humanos de la infancia mexicana y el cabal cumplimiento de las obligaciones del Estado para este sector de la población.

En efecto, la generación, uso y publicación de información relevante, confiable, oportuna y disponible sobre la situación de la infancia y la adolescencia; la discusión en torno a vínculos entre los datos que se producen y los que se requieren para la toma de decisiones para integrar la agenda pública; así como la necesidad de contar con información necesaria para decidir las prioridades para subsanar los vacíos e insuficiencias estadísticas será de suma importancia en el logro y desarrollo de metodologías adecuadas para que el Estado Mexicano cumpla con el respeto a los derechos humanos de las personas menores de edad, así como con los principios constitucionales de protección integral y de interés superior de la niñez.

De este modo, será necesario elaborar indicadores útiles y que permitan responder a las implicaciones de tomar en serio los derechos humanos que suponen transformaciones profundas en nuestro sistema jurídico, pues obligaría a integrar a niñas y niños como verdaderos titulares de derechos y hacerlos partícipes de las decisiones de la vida pública.

En este orden de ideas, de acuerdo al UNICEF en la región se han constatado grandes avances específicos en la generación de información sobre la infancia, siendo México uno de los 2 principales países referentes en América Latina, sin embargo aún enfrentamos el reto de producir datos estadísticos sobre otros fenómenos que afectan a las personas menores de edad como:

1. Tráfico de niños (trata).

2. Migración de niños no acompañados.

3. Información referida a grupos específicos de personas menores de edad como niños indígenas, niños con discapacidades, niños que necesitan protección especial, etcétera.

4. Actualización de sistemas de registro de recién nacidos, pues todavía algunos niños y niñas que nacen no son debidamente registrados y por lo tanto en términos jurídicos no existen.

5. Niños sin cuidados parentales atendidos por instituciones públicas o privadas de asistencia social (asunto que fue señalado en como pendiente de atender por el Estado Mexicano en las Observaciones del Comité de los Derechos de los Niños en 2006).

Entonces, si bien existe información pública sobre la infancia, una dificultad que presenta esta información es que suele no estar desagregada (desagregar: dividir, separar del conjunto) lo que imposibilita obtener un diagnóstico confiable y útil para la creación de políticas públicas. Producir esta información debe ser parte misma de las políticas públicas de inclusión de la infancia por parte del Estado.

Más aún, es necesario para el buen desarrollo de las políticas públicas en materia de infancia información estadística armonizada bajo estándares internacionales de calidad y comparabilidad.

Lo anteriormente expuesto lleva a considerar que en la actualidad el objetivo prioritario del Inegi es lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica ( SNIEG) suministre a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.

Para este propósito, sus atribuciones son:

• Normar y coordinar el desarrollo del SNIEG.

• Normar las actividades estadísticas y geográficas.

• Producir información estadística y geográfica.

• Prestar el Servicio Público de Información.

• Promover el conocimiento y uso de la información.

Además, el Inegi se rige por una Junta de Gobierno, que es su órgano superior de dirección. Está integrada por el Presidente del Instituto y cuatro vicepresidentes, los cuales son designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores.

El Sistema se forma por los cuatro subsistemas, cada uno coordinado por un vicepresidente de la Junta de Gobierno, con el objetivo de producir e integrar Información de Interés Nacional de los siguientes temas:

• Subsistema Nacional de Información Económica. Cuentas nacionales, ciencia y tecnología, información financiera, precios y trabajo.

• Subsistema Nacional de Información Demográficay Social. Población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, vivienda, distribución del ingreso y pobreza.

• Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. En el tema geográfico: límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, así como nombres geográficos. Sobre medio ambiente: agua, suelo, flora, fauna, atmósfera, además de residuos sólidos y peligrosos.

• Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Genera indicadores sobre estos mismos temas.

Entonces, la importante tarea de generación y concentración de información que el Inegidesarrolla necesita responder a los nuevos compromisos que el Estado mexicano ha suscrito a través de acuerdos internacionales, así como a los retos asumidos con los niños, niñas y adolescentes para que las decisiones que se tomen en materia de políticas públicas sean eficientes, teniendo como base el uso de información oficial y de uso obligatorio.

Es pertinente señalar que el artículo 4o. de la Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación a los Estados Partes de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la convención.

En ese sentido, al asignar la tarea al Inegi de concentrar la información nacional sobre personas menores de edad, así como de seleccionar aquella que sea de interés nacional y etiquetarla como de uso obligatorio, se estará transitando sobre el camino administrativo y legislativo de hacer efectivos los derechos de la infancia a partir de la base misma de la información de calidad para destinar recursos en el diseño, ejecución y aplicación de políticas públicas eficaces y eficientes para la infancia.

También, se propone avanzar hacia la información incluyente que considere aquella que producen no solo las dependencias gubernamentales sino también los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales e instituciones de educación superior que trabajen a favor la niñez y la adolescencia o generen información sobre el tema. Por ello, los medios que el Inegi ocupa para el acopio de la información, como son Censos, Encuestas y Registros administrativos deberán integrarlas forzosamente para ampliar el conocimiento de la población infantil.

En virtud de lo anterior, contar con datos e información estadística de interés nacional, oficial, de uso obligatorio y concentrada en lo referente a niños niñas y adolescentes dentro de los datos que produce, difunde y promueve el Inegi será una herramienta fundamental para poder medir y conocer la situación, desarrollo y cumplimiento de los derechos de la infancia.

Por ello se considera importante que dentro de los subsistemas del Inegi que producen e integran información de interés nacional, en específico el referente al Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, se incluya a la niñez, quedando como Subsistema Nacional de Información Demográfica, Social y de Infancia para que Unidades o áreas administrativas, organismos centralizados y paraestatales, y en su caso, organismos no gubernamentales nacionales e internacionales e instituciones de educación superior, que cuenten con registros estadísticos en materia de infancia sean las proveedoras de la información que concentre, analice y publique el Instituto.

La tarea que se propone que el Inegi lleve a cabo con la infancia no es del todo nueva para el Instituto ya que existe un antecedente: el Sistema de Seguimiento de la Situación de la Infancia y Adolescencia en México ( SISESIA). Este Sistema fue puesto en marcha del año 2002 al 2010, teniendo como objetivo principal ser una herramienta que permitiera informar sobre el estado de la niñez en México y presentar indicadores que dieran seguimiento a las metas contenidas en el Programa de Acción a Favor de la Infancia ( PAFI) firmado en la Asamblea General de la ONU a favor de la Infancia en 2002.

En la construcción del SISESIA y en la actualización permanente de la información que contenía, participaban de forma activa diferentes Secretarías de Estado, entidades paraestatales, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil. La coordinación de sus aportaciones corría a cargo de la Secretaría Técnica del Gabinete de Desarrollo Humano y Social del Inegi.

Los resultados del SISESIA como herramienta para alcanzar las metas establecidas en el PAFIfueron exitosos y las metas se alcanzaron casi en su totalidad. Sin embargo, el Sistema terminó una vez cumplido el plazo y con ello la tarea de generación compilación y difusión de información concentrada por parte del Inegi respecto a las personas menores de edad en México.

En consideración del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza la generación de datos sobre la infancia debe ser una tarea permanente del Estado mexicano para hacer posible el pleno goce de los derechos humanos de la niñez.

Asimismo, conviene mencionar que estos desafíos no sólo son del orden nacional. La globalización como proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala consiste en la creciente comunicación e interdependencia en los distintos países del mundo, unificando sus derechos, mercados, sociedades y culturas a través de transformaciones globales.

En ese orden de ideas, México y los otros 188 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU)suscribieron en el año 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio ( ODM), que tratan sobre problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales.

Son 8 propósitos de desarrollo humano que acordaron conseguir para el año 2015:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

2. Lograr la enseñanza primaria universal

3. Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer

4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

5. Mejorar la salud materna

6. Combatir el VIH SIDA, el paludismo y otras enfermedades

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Con el propósito de institucionalizar un mecanismo certero de planeación, seguimiento y evaluación de los ODM, la Oficina de la Presidencia de la República, el Inegi y la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, junto con las Secretarías responsables de las metas de los ODM, conformaron el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este Comité es la instancia responsable de integrar la información estadística para dar seguimiento a la evolución de los indicadores de los ODM, asegurar que para ello se aplique la metodología propuesta por la ONU y vigilar que se utilice información de fuentes autorizadas oficiales, lo que da certeza sobre la situación de México respecto a cada uno de los objetivos y metas establecidos a nivel internacional y también en cuanto a las metas adicionales fijadas por nuestro país.

Como se puede inferir, varios de estos objetivos tienen relación con niños, niñas y adolescentes, y podrán lograrse si se toman medidas concretas para lo cual, nuevamente se apunta, es necesario contar con información ordenada, oficial y confiable.

Al respecto, en el prólogo del informe de 2011 sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon apuntó que “... el progreso tiende a dejar por el camino a quienes se hallan más abajo en la pirámide económica o en desventaja a causa de su sexo, edad, discapacidad o grupo étnico.  ...

Asimismo, conviene hacer un alto y reflexionar sobre los siguientes datos: en la Sesión Especial de la ONU sobre la Infancia, los gobiernos representantes de Estados del Mundo que son miembros de las Naciones Unidas se reunieron del 8 al 10 de mayo de 2002 en Nueva York y concluyeron, entre otras cosas que:

• Una cosa es evidente sobre la situación de la infancia en el mundo: los acuerdos y compromisos establecidos por cada gobierno, las políticas y recursos destinados para tal efecto, no han sido suficientes o apropiados para detener siquiera el constante deterioro en las condiciones de vida de millones de niñas, niños y adolescentes. Pese a logros alcanzados en aspectos específicos en más de una década en que más se ha hablado sobre los derechos de la infancia, ser niño o niña ha significado vivir bajo complejas circunstancias y expuestos a nuevos y agudos fenómenos como la explotación sexual comercial, el VIH-Sida, o la ausencia de esperanza y de futuro.

• Pero el centro de la preocupación está en renovar los compromisos en favor de los derechos de la infancia mediante el diseño de mejores políticas surgidas del análisis de los aciertos y errores ocurridos en ésta década.

• Con todo resulta evidente que es poco apropiado lograr acuerdos entre gobiernos si las organizaciones de la sociedad civil y niños, niñas y adolescentes afectados por las decisiones no participan en este proceso con propuestas surgidas desde su experiencia. De ahí que en la propia resolución emitida por la Asamblea de la ONU se hace hincapié en la importancia del proceso participativo que incluya a la propia niñez.

• Parte de la razón de que las metas y los derechos de la infancia no se hayan concretado en la realidad tiene que ver con el hecho de que en el diseño, ejecución y aplicación de las mismas no se ha involucrado a las organizaciones, a niñas y niños y a la sociedad en general.

De esta manera, se puede apreciar que en esa Sesión de la ONU específicamente en materia de infancia, se puso énfasis en los logros obtenidos en la protección de los derechos de la niñez por las naciones participantes, a pesar de que ya desde aquellos años de principio del milenio el tema de la salvaguarda de los derechos de las personas menores de edad se venía considerando como tema fundamental en las agendas públicas de las naciones.

Finalmente, en el análisis de aciertos y errores ocurridos en el destino del presupuesto público para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, resultó que las políticas públicas implementadas por los Estados no fueron las adecuadas para conseguir los objetivos trazados y un dato de gran relevancia es que no se involucraron a 3 agentes fundamentales: en primer lugar a los propios niños y niñas, a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general.

Si consideramos los resultados de aquella Sesión Especial de la ONU sobre la Infancia como criterios orientadores para que el trabajo que realiza el Estado mexicano con las personas menores de edad sea eficiente, entonces el Inegien razón de su labor concentradora de información, de conformidad con su normativa interna, tendrá también que tomar en cuenta la opinión de la infancia y los resultados de los trabajos de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales e instituciones de educación superior como información de interés nacional para la elaboración de políticas públicas, tal y como se expresó en líneas anteriores.

Entonces será de vital importancia que el Inegi, a través del Subsistema Nacional de Información Demográfica, Social y de Infancia proporcione información específica sobre niñez en los siguientes temas, sin que lo mencionado sea limitativo:

1. Educación.

2. Salud.

3. Adicciones.

4. Embarazo adolescente.

5. Derecho a la alimentación (desnutrición)

6. Niños jornaleros agrícolas.

7. Tráfico de niños (trata).

8. Migración de niños no acompañados.

9. Niños indígenas.

10. Niños con discapacidades.

11. Niños que necesitan atención y protección especial.

12. Actualización de sistemas de registro de recién nacidos. Niños sin registro.

13. Niños sin cuidados parentales atendidos por instituciones públicas o privadas de asistencia social.

14. Violencia contra los niños.

15. Niños en situación de calle.

16. Niños en emergencias naturales.

17. Opinión de las niñas, niños y adolescentes sobre el cumplimiento de sus derechos.

18. Más aún: ¿qué piensan los niños mexicanos? ¿por qué ríen?, ¿por qué lloran?, ¿por qué sufren?

Es decir, el Subsistema Nacional de Información Demográfica, Social y de Infancia deberá tener las atribuciones para requerir la información de cada una de las instituciones públicas y privadas que trabajan en el tema de infancia, capacidad técnica para sistematizarla y generar indicadores que puedan orientar la construcción de la política de infancia. La información deberá estar detallada a nivel federal, estatal y municipal, sin que lo mencionado sea de carácter limitativo. Los indicadores deben ser específicos, es decir, vinculados con el fenómeno sobre el que se pretende actuar, debe especificarse la meta y objetivo al que se asocian y la política pública que se encuentra implicada o relacionada con dicho indicador. La forma de sistematización de los indicadores debe permitir la comparación entre los mismos de forma temporal, cualitativa y cuantitativamente. De igual manera, deben de estar desagregados por sexo y edad, origen étnico o grupo en situación de vulnerabilidad y representar a todos los grupos con derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Asimismo, los indicadores generados así como la sistematización de las bases estadísticas deben ser públicas y accesibles para la población en general. También es relevante que se busquen formas de difusión de la información generada.

En conclusión, si el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar de manera plena los derechos de la niñez, sólo podrá lograrlo a partir de la implementación de políticas públicas exitosas dirigidas a este sector de la población que tengan como base información oficial, confiable, específica y desagregada sobre la infancia, generada por la instancia ad hoc para cumplir con esa tarea es el Inegi.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que reforman diversos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

Único. Se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para quedar como sigue:

Artículo 2o.Para efectos de esta ley se entenderá por:

I. a XIV....

XV.Unidades del Estado o Unidades: a las áreas administrativas que cuenten con atribuciones para desarrollar actividades estadísticas y geográficas o que cuenten con registros administrativos que permitan obtener Información de interés nacional de:

a. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, incluyendo a las de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General de la República;

...

Artículo 17.El Sistema contará con los siguientes Subsistemas Nacionales de Información:

I. Demográfica, Social y de Infancia;

II. ...

III. ...

Cada Subsistema tendrá como objetivo producir, integrar y difundir Información demográfica, social y de infancia; económica y financiera, y geográfica y del medio ambiente, según corresponda.

...

Artículo 19.-Formarán parte de los Subsistemas: los Comités Ejecutivos de Información Demográfica, Social y de Infancia, de Información Económica, y de Información Geográfica y del Medio Ambiente; los Comités Técnicos Especializados que se constituyan en términos de lo dispuesto en esta Ley, así como las Unidades del Estado.

Sección IDel Subsistema Nacional de Información Demográfica, Social y de Infancia

Artículo 20. El Subsistema Nacional de Información Demográfica , Social y de Infancia, contará con una infraestructura de información que contenga como mínimo, un marco geoestadístico y un inventario nacional de viviendas.

Artículo 21. El Subsistema Nacional de Información Demográfica , Social y de Infancia deberá generar un conjunto de indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas siguientes: población, y dinámica demográfica, niños, niñas y adolescentes, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda.

Artículo 29.Cada Subsistema contará con un Comité Ejecutivo que se integrará por un vicepresidente de la Junta de Gobierno, quien lo presidirá, así como por al menos los coordinadores de las Unidades que a continuación se señalan para cada Subsistema Nacional de Información:

I. Demográfica, Social y de Infancia: Los coordinadores de las secretarías de Gobernación; de Desarrollo Social; de Educación Pública; de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, así como del Poder Judicial; de la Procuraduría General de la República; del Instituto Nacional de Migración y del Instituto Nacional de las Mujeres; del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia; también de los Consejos Nacionales Contra las Adicciones; para Prevenir la Discriminación; para la Cultura y las Artes y para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y, finalmente de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos; para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de Cultura Física y Deporte;

...

Artículo 78. Además de los temas señalados en las fracciones I a III del artículo 59 del presente ordenamiento, sólo podrá considerarse Información de Interés Nacional para efectos de esta Ley, la que satisfaga los cuatro criterios siguientes:

I. Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; niños, niñas y adolescentes, salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; seguridad pública e impartición de justicia; gobierno; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este ordenamiento;

...

Artículo 79....

Al efecto, estas tareas se dividirán en los cuatro sectores siguientes: de información demográfica , social y de infancia; de información económica y financiera; de información geográfica y del medio ambiente; y de relaciones con los sectores académico, privado e internacional.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputado Fujiwara. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

Proceda la Secretaría a dar cuenta con un acuerdo de pronunciamiento de la Mesa Directiva.

EDGAR TAMAYO ARIAS

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Texas, Estados Unidos de América, a postergar la ejecución de la sentencia contra Édgar Tamayo Arias

Los suscritos integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adoptamos y sometemos a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Texas de Estados Unidos de América a postergar la ejecución de la sentencia contra Edgar Tamayo Arias, propuesto por la senadora Lizbeth Hernández Lecona.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Texas de los Estados Unidos de América a postergar la ejecución de la sentencia que condena al morelense Edgar Tamayo Arias a la pena de muerte para que, en estricta justicia, se agoten todos los medios de defensa posibles a favor de la vida del sentenciado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.— Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente;senador Fernando Herrera Ávila (rúbrica), vicepresidente;senadora Lizbeth Hernández Lecona (rúbrica), vicepresidenta;diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), secretario; diputada María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), secretaria;diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), secretaria; diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica, diputada Ana Lilia Garza Cadena), secretaria.»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputada. Consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se aprueba el acuerdo. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Aprobado. Comuníquese.

RECONOCIMIENTO A LA DESTACADA LABOR DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES DEDICADOS A LA ENFERMERIA EN MEXICO

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con punto de acuerdo de la Primera Comisión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias. Se autoriza.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se extiende un reconocimiento a la destacada labor de las mujeres y los hombres dedicados a la enfermería en México

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se extiende un reconocimiento a la destacada labor de las mujeres y hombres dedicados a la enfermería en México, suscrita por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 8 de enero de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

A. En la proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“... hacer un reconocimiento público a las y los enfermeros del país, no sólo haciendo expreso nuestro respeto a su labor cotidiana, sino también sugiriendo acciones destinadas al fortalecimiento institucional de la enfermería en México, a partir de la profesionalización y capacitación de quienes se dedican a esta importante actividad.”

B. Enseguida, la proponente refiere una serie de consideraciones en las que basa su solicitud es que el pasado 6 de enero se conmemoró el Día de la Enfermera y el Enfermero en México, “una noble profesión dedicada a la prevención, diagnóstico y atención de las enfermedades que afectan a la población.

C. Concluye la proponente al señalar que:

“...resulta apremiante emprender acciones que promuevan la importancia de la enfermería para el desarrollo humano y la protección integral de la salud, sobre todo si consideramos que tanto la agenda legislativa como la gubernamental contemplan temas como la implementación del Sistema Nacional de Salud Universal, en donde los profesionales de la salud desempeñarán un papel fundamental.

La seguridad y calidad de vida de los paciente de México no pueden ser garantizados a plenitud, si no contamos con personal de enfermería suficiente con la formación y capacitación indispensable para la realización de sus tareas”.

D. Abunda la proponente en detallar y resaltar algunos comentarios sobre lo anterior y formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo:

Primero. “La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a las mujeres y hombres dedicados a la enfermería en México, en el marco de la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud elabore y remita a esta soberanía, un diagnóstico sobre la situación actual que prevalece en la formación profesional de las y los enfermeros en el país.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en los términos de la legislación vigente, promueva la profesionalización y capacitación continua de los servicios de enfermería en México.”

III. Consideraciones

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, considerando conveniente y procedente que el Congreso de la Unión rinda reconocimiento a la importante y valiosa actividad que realizan las enfermeras y enfermeros del país en el ejercicio de su profesión.

Sin lugar a dudas, la labor que día tras día realizan mujeres y hombres enfermeros a lo largo y ancho del territorio nacional, permite que las personas que por alguna u otra razón requieren atención médica y hospitalización, sanen de manera óptima.

De hecho, el pasado 7 de enero el Presidente de la República Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia del Día de la Enfermera y Enfermero, en la que hizo un reconocimiento a las más de 300 mil enfermeras y enfermeros del país, a su trabajo, a su entrega, a su dedicación esmerada, apasionada y comprometida con la salud.

Por su parte la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, expreso que las enfermeras y enfermeros “son el rostro humano de los servicios de salud. Su vocación de servicio y entrega los convierte en pilar fundamental y uno de los mayores patrimonios de nuestro Sistema Nacional de Salud. Los sitúa en un lugar primordial para ofrecer servicios de calidad. Son, dentro del equipo de salud, lo más importante que tenemos”.

Por lo anterior, es oportuno e importante que la Comisión Permanente haga suya dicha proposición y de un reconocimiento a una de las profesiones cuya actividad resulta indispensable para el mantenimiento de la salud de todos los mexicanos.

D. Por lo que hace al segundo resolutivo, la comisión dictaminadora considera necesario que la Secretaría de Salud informe sobre la situación actual que prevalece en la formación profesional de las y los enfermeros del país.

Incluso dentro del marco de la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero, el presidente de la República resaltó dos acciones que el sector salud ha puesto en práctica como parte del compromiso del Gobierno de la República para asegurar mejores servicios de salud: Primero, el Programa de Profesionalización de Enfermería, para que en las instituciones del sector salud del país, existan programas que aseguren que enfermeras y enfermeros puedan concluir estudios de posgrado y así accedan a mejores plazas; y Segundo: incremento en los montos de becas a pasantes de enfermería en un 20 a 25 por ciento.

E. En relación al tercer resolutivo, la comisión dictaminadora considera procedente la petición de la proponente.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a las mujeres y hombres dedicados a la enfermería en México, en el marco de la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud elabore y remita a esta soberanía, un diagnóstico sobre la situación actual que prevalece en la formación profesional de las y los enfermeros en el país.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en los términos de la legislación vigente, promueva la profesionalización y capacitación continua de los servicios de enfermería en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2014.

La Primera Comisión:diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora  Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), diputada María Teresa Jiménez Esquivel, diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, senador David Monreal Ávila (rúbrica)»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficiente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.

CASO DE LA JOVEN YAKIRI RUBI RUBIO AUPORT

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la directora general del Inmujeres del Distrito Federal a resolver con estricta sujeción a la ley el caso de la joven Yakiri Rubí Rubio Auport

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada “Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF a resolver con estricta sujeción a la ley el caso de la joven Yakiri Rubí; y al Instituto de las Mujeres en el DF, a colaborar durante el proceso y después de él”, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

A. En la sesión del 18 de diciembre de 2013, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición enunciada en el proemio del presente.

B. Esta proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados año XVII, número 3930-III, del 18 de diciembre de 2013.

II. Contenido

A. La proposición de los legisladores Mejía Berdeja y Monreal Ávila pretende que la honorable Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que resuelva, con estricto apego a la ley el caso de la joven Yakiri Rubí; y que  exhorte al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal a colaborar en el marco de sus atribuciones durante y después del proceso.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“El pasado 9 de diciembre, Yakiri Rubí caminaba por las calles de la colonia Doctores en el Distrito Federal cuando los hermanos Luis Omar y Miguel Ángel Ramírez Anaya, a bordo de una motocicleta, comenzaron a intimidarla y acosarla primero con expresiones verbales y posteriormente, haciendo uso de un cuchillo, la amagaron y subieron al vehículo sin que ella pudiera hacer nada.

Los sujetos llevaron a Yakiri a un hotel llamado “Alcázar” en donde según declaraciones de la víctima, uno de ellos saludó familiarmente al administrador y únicamente le indicó “ya sabes a donde”, sin existir registro y pago alguno por el uso de la habitación del hotel.

Ya en la habitación, los hombres forcejearon y golpearon a Yakiri quien posteriormente sería abusada sexualmente, en dicho contexto la joven defendió su vida y en su intento asesinó a uno de sus agresores, logrando así escaparse y solicitar ayuda.

Sin embargo, el padre de Yakiri ha denunciado en reiteradas ocasiones las irregularidades del proceso, tales como no permitirle a la víctima hacer llamada que por derecho está garantizada, así el hecho de no suministrar los anticonceptivos pertinentes ante la presencia de una violación sexual.

Todo esto aunado a que el sobreviviente (Luis Omar Ramírez) está siendo protegido por las autoridades al ser vecino inmediato de la agencia 50 del Ministerio Público, por lo que ahora ella se encuentra acusada por homicidio y enfrenta el proceso en el interior del penal de Santa Martha en donde en días subsecuentes fue golpeada por una reclusa quien se presentó como hermana de los sujetos y bajo el nombre de Cassandra, razón por la cual se solicitó protección para Yakiri la cual fue otorgada.

Asimismo, el padre de Yakiri denunció que los abogados del hotel Alcázar intentaron sobornar a la abogada que lleva el caso, ofreciéndole noches de hotel gratis en cualquier destino de la República Mexicana.

Estos hechos han despertado la indignación de quienes conocen a la familia de Yakiri Rubí, principalmente por la empatía con su padre quien es profesor de baile y ha recibido muestras de apoyo de quienes le conocen; a la par de las y los usuarios de redes sociales quien usando el hashgtag #JusticiaParaYaki han demostrado el repudio en contra de un sistema de justicia que, en reiteradas ocasiones actúa en desapego de lo establecido en la legislación mexicana y en los tratados internacionales.”

III. Consideraciones

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Esta representación, sin prejuzgar las circunstancias y los hechos sucedidos, deplora profundamente la situación que vive actualmente Yakiri Rubí Rubio Auport y confía en que la actuación de las diversas instancias logren establecer la realidad de los hechos sucedidos y las responsabilidades pertinentes.

D. Esta comisión, aprecia que la propuesta implica exhortar a 2 instancias distintas, por un lado, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y por otro al Instituto de la Mujer del Distrito Federal. Por cuanto al exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que “resuelva, con estricto apego a la ley”, esta representación considera que la fórmula utilizada es desafortunada, pues implícitamente conlleva la posibilidad de esta representación considere que aquella no esté resolviendo con apego a la ley, lo que sobrepasaría el indispensable trato institucional y de respeto que debe haber entre órganos del Estado.

E. Asimismo, esta comisión considera importante resaltar que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, forma parte del poder ejecutivo local, es decir parte de otro poder, en otro ámbito —local—; por lo que un exhorto con las características establecidas, podría considerarse una intromisión entre poderes, a la luz del principio de autonomía de funciones y de niveles claramente definido por la doctrina de Locke y Montesquieu.

F. Por cuanto al exhorto al Instituto de la Mujeres del Distrito Federal para que colabore durante el proceso y después de él, los dictaminantes consideramos que ninguna autoridad puede ejercer funciones que no tenga expresamente conferidas, en estricto acato al principio de legalidad constitucional, expresado en los artículos 14, 16 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor considera improcedente acceder a la propuesta en los términos toda vez que la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Distrito Federal no las señala  como facultad del Instituto.

G. La Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Distrito Federal estipula las siguientes cuestiones aplicables al caso:

“Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

I a VII. ...

VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.

IX y X. ...”

“Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son:

V. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las personas con calidad de servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. El Gobierno del Distrito Federal se encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se inflija violencia contra las mujeres”.

“Artículo 16. El INMUJERESDF, deberá:

I. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento yvigilancia de los objetivos de la presente Ley; así como para la capacitación yespecialización de las y los servidores públicos del gobierno del Distrito Federal en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres;

II. Coordinar y operar la Red de Información de Violencia contra las Mujeres;

III. Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e informes sobre el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;

IV. Brindar a las víctimas de violencia servicios de educación y capacitación para el fortalecimiento de sus habilidades, desarrollo personal y empoderamiento;

V. Promover una imagen de las mujeres libre de prejuicios y estereotipos, así como la eliminación del lenguaje sexista y/o misógino.

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con empresas, organizaciones patronales y sindicatos, para promover los derechos de las mujeres en los ámbitos público y privado; y

VII. Las demás que señalen la disposiciones legales”.

“Artículo 26. La Procuraduría deberá:

I. Elaborar e instrumentar en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública, acciones de política criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva;

II. Realizar investigaciones para detectar y desarticular redes de prostitución, corrupción, trata de personas y otros delitos de los que son víctimas las mujeres;

III. Fomentar la coordinación interinstitucional local y nacional para detectar las redes señaladas en fracciones anteriores e informar a la sociedad sobre las acciones en materia de detección y consignación de estas redes;

IV. Desarrollar campañas de difusión de los servicios que prestan los centros que integran el Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito;

V. Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos que tienen las víctimas de delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, así como de violencia familiar, y las agencias especializadas que las atienden.

VI. Crear bases de datos que contengan información de carácter público a efecto que pueda registrarse el seguimiento de los casos donde la mujer es víctima de algún delito que atente contra su integridad personal, desde la etapa de averiguación previa y hasta la ejecución de la sentencia, incluyendo el procedimiento respectivo para la reparación del daño.

VII. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, así como de las causas y sentencias que se dictan en contra de las mujeres responsables de delitos;

VIII. Crear un sistema de registro público de los delitos cometidos en contra de mujeres, que integre la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar en que ocurrieron, especificando su tipología, características de la víctima y del sujeto activo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño;

IX. Elaborar una página de Internet en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. Dicha página deberá actualizarse constantemente. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas; atendiendo en los términos de que establece la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

X. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes, instaurados por el Instituto de Formación Profesional, en: derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidios; incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros;

XI. Elaborar, aplicar y actualizar Protocolos especializados con perspectiva de género en: la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios y la violencia sexual;

XII. Crear una base de información genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas; la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la información genética y muestras celulares proveniente de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada; La información integrada en esta base deberá ser resguardada y únicamente podrá ser utilizada para la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas; y

XIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento de esta Ley”.

“Artículo 55. Las acciones de acceso a la justicia consisten en:

I. Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su integridad física y psíquica, así como su patrimonio, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren;

II. Actuar con la debida diligencia para orientar, acompañar y representar a las mujeres víctimas de violencia en los procedimientos en que participen, con el fin de que sean sancionados los actos de violencia cometidos en su contra, así como para hacer efectiva la reparación del daño; y

III. Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de la violencia contra las mujeres y evitar la violencia institucional;”

H. En ese sentido, los integrantes de esta primera comisión consideran pertinente solicitar tanto a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, consideren las disposiciones establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.

I. No escapa a esta representación la importancia de dar seguimiento a los avances en las investigaciones del caso.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, solicita respetuosamente al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, licenciado Rodolfo Ríos Garza y a la titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal C. Beatriz Santamaría Monjaraz, tomen en consideración las disposiciones que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en el caso de la indiciada Yakiri Rubí Rubio Auport.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2014.

La Primera Comisión:diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños, diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), diputada María Teresa Jiménez Esquivel, diputada Mónica García de la Fuente, senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Adelante, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sobre este punto de acuerdo.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Sobre este punto. Adelante, por favor.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. En el caso nuestro, nos referiremos a este punto de acuerdo en particular y no en bloque. Nos parecen bien todos los puntos que se han planteado, pero en éste —de manera particular— sí vamos a hacer hincapié, porque es un punto de acuerdo que promovió el de la voz junto con el diputado Ricardo Monreal, y tiene que ver con los hechos del pasado 9 de diciembre, en la Ciudad de México, donde la joven Yakiri Rubio fue privada de su libertad, fue violada y con posterioridad, en legítima defensa, fue asesinado, fue muerto el joven Miguel Ángel Ramírez.

Sin embargo, creemos que la actuación hasta ahora de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no ha correspondido a la realidad de los hechos. Esta joven fue privada de su libertad por los hermanos Luis Omar y el fallecido Miguel Ángel Ramírez. Fue llevada contra su voluntad a un hotel. Fue violada y golpeada. Y con posterioridad, en legítima defensa privó de su vida a Miguel Ángel Ramírez.

Cuando fue detenida se le acusó de homicidio y nunca se tomaron en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que había sido en legítima defensa y que había sido ultrajada, que había sido violada.

Por estas razones, la familia de la joven Yakiri, voces de mujeres organizadas, vecinos, la sociedad civil alzó la voz y empezó a demandar justicia para Yakiri, e incluso hizo algunas movilizaciones, todo con objeto de que este caso se revise a detalle y se resuelva conforme a derecho.

Los casos de violencia sexual siguen siendo una realidad, no solo en la capital del país sino en la República. Y la manera muchas veces como proceden los ministerios públicos o el aparato de justicia en el país tiene un alto contenido misógino. En ese sentido, en lugar de valorar las circunstancias se pasan por alto y sin mayor trámite se fincan responsabilidades.

Nosotros nos solidarizamos con la familia de Yakiri. Pedimos a la Procuraduría General de Justicia que actúe en su papel policiaco de manera exhaustiva, a los tribunales que actúen con justicia y al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal a que se solidaricen con un caso más de violencia sexual, que desafortunadamente no ha sido extirpado de nuestra sociedad.

Por eso queremos llamar la atención y señalar que en todos los actos de procuración y administración de justicia debe prevalecer una perspectiva de género, que tienda a una justa valoración de los hechos y a una recta aplicación de la justicia. Por esa razón, saludamos que la Comisión de este órgano legislativo esté valorando positivamente este punto de acuerdo y pedimos al pleno que lo vote favorablemente. Por esa razón subrayamos la importancia del caso. Es cuanto, presidente.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputado. Vamos a continuar, si nos permiten, leyendo los asuntos correspondientes a la Primera Comisión, los dictámenes. Al final realizaremos la votación correspondiente y si existiese algún orador adicional, al final con gusto les daremos la palabra, en virtud de que hay consenso entre todas las fracciones parlamentarias. Adelante, secretaria.

VOLUMEN II

OFICINAS DE ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LAS CIUDADES DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS DEL NORTE DEL PAIS

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a establecer oficinas de atención de los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada “Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CDI a situar oficinas de atención de los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país”, suscrita por el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

A. En la sesión del 18 de diciembre de 2013, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición antes enunciada.

B. Esta proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados año XVII, número 3930-III, del 18 de diciembre de 2013.

II. Contenido

A. La proposición pretende que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para ubicar oficinas de atención a los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país que cuenten con suficiencia presupuestal, recursos humanos y materiales y a  realizar un registro de la población indígena en las ciudades fronterizas del norte del país.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

La frontera del país tiene una extensión de más de 2 mil kilómetros; es conocida como la puerta de Latinoamérica, en donde se conjunta un mosaico de diversidad cultural, social y económica, se observa gran migración de los pueblos y comunidades indígenas a la frontera de nuestro país.

De acuerdo con Laura Velasco, los pueblos indígenas fueron trasladados desde sus lugares de origen hacia la frontera norte desde la época de los cincuenta, sobre todo, los trasladaban a los plantíos agrícolas de Baja California, Sonora o Chihuahua, pasando por Sinaloa.

La característica principal de estos migrantes es que son originarios de pueblos indígenas de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Existen algunas características de los migrantes indígenas que se dirigen a la frontera norte, una de ella es la implementación de un sistema de reclutamiento de los empresarios indígenas al contar con mediadores indígenas que acuden a las comunidades indígenas a reclutar a trabajadores y trasladarlos a los campamentos agrícolas, situación que se sigue realizando.

Asimismo, otro indicador que identifica a estos migrantes indígenas es que son bilingües de alguna lengua indígena y el español, en donde el dominio del español es muy limitado, por lo que depende de un tercero para arreglar su situación contractual.

De acuerdo con distintas investigaciones, las principales ciudades fronterizas que han detonado su crecimiento demográfico y económico son Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, ciudades donde se concentra la migración y residencia de los pueblos indígenas del sur del país.

Desde la óptica de la migración transfronteriza se observan nuevas formas de convivencia social, las cuales redefinen las interrelaciones de la población mexicana y de origen mexicano, en la frontera (México-EU).

Las ciudades fronterizas forman nuevos referentes de identificación, donde la nación simbolizada adquiere otras formas de expresión. También se fortalecen las redes sociales y las comunidades transnacionales. Del mismo modo, se desarrollan los campos socioculturales transfronterizos y crecen intensos procesos de circulación cultural.

La teoría del melting pot que tenían los investigadores sobre los pueblos que migran a otras ciudades o países, sufren de un proceso de adaptación o asimilación paulatina que iría debilitando los vínculos prácticos y simbólicos de los migrantes con los lugares de origen, entró en crisis durante la década de los sesenta. Es así que surge la noción de la vinculación con el lugar de origen a través de las prácticas, ritos y costumbres, tuvieron gran relevancia incluso ahora son parte de las herramientas conceptuales de la teoría del transnacionalismo y de las ciudades transfronterizas.

Esta perspectiva tiene muchas vertientes y enfoques que se han enunciado durante las tres últimas décadas. Las investigaciones y los estudios han mostrado una gran diversidad sobre el tema, diferenciando y caracterizando en diferentes niveles de acuerdo a la estrategia analítica de investigación y a la actividad. Se incluye desde una visión que envuelve a los flujos de capital global, medios de comunicación e instituciones políticas, así como, la perspectiva de la vinculación de los migrantes con sus lugares de origen, pasando por el tema de la reciprocidad dentro de las familias; es decir, grupos de parentesco transnacionales o la visión de comunidades transnacionales caracterizadas por sentimientos de solidaridad en diásporas étnicas. De la misma forma se han analizado la participación política, circuitos migratorios, migrantes indocumentados, remesas, trabajadores calificados y no calificados, entre muchos otros temas.

Los pueblos indígenas en las fronteras redefinen sus prácticas, sin romper sus vínculos con su lugar de origen. Las comunidades transfronterizas tienen un enfoque de prácticas y vínculos que involucran la recreación de un sentimiento que se basa en la comunidad, el cual, comprende a migrantes y a la gente del lugar de origen; comprende la aparición de prácticas de sociabilidad, ayuda mutua y rituales arraigados en la comprensión cultural que corresponde al sentido de pertenencia y obligaciones sociales de los inmigrantes. Estas prácticas constituyen la columna vertebral de las comunidades emergentes sin propincuidad.

Aunado al tema sociocultural, es importante mencionar que en la parte económica los migrantes indígenas transfronterizos tienen una tradición que deviene desde el programa de Braceros, del auge algodonero en los estados fronterizos Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. La vecindad con Estados Unidos generó centros urbanos con actividades económicas dinámicas, tanto en su crecimiento como en su demanda laboral y entre las que destacan la de los servicios, particularmente aquellos que tienen como destinatarios a la población estadounidense que visitan recurrentemente las ciudades fronterizas, y las maquiladoras.

Ejemplo de ello es Tijuana, Baja California, con base en el censo del Inegi (2010), los indicadores socioeconómicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, y del estudio Condiciones sociodemográficas de la población indígena en Tijuana, realizado por El Colegio de la Frontera Norte, se menciona que en esa ciudad residen 52 pueblos indígenas tales como: mixtecos, zapotecos, triquis, purépechas, otomís, y nahuas que se asientan en 45 colonias Tijuana, de las cuales 34 son de alta marginación como la colonia Las Torres, 10 de Mayo, Valle Verde, El Pípila, zona oeste de El Florido, Matamoros, Sánchez Taboada, Loma Bonita, Oaxaca y El Pedregal.

Estos indígenas asentados en Tijuana no tienen acceso a las políticas públicas de la CDI. Por ello es necesario redoblar esfuerzos en esta materia. Son asentamientos con poca o nula infraestructura básica, no cuentan con pavimentación, alumbrado público, obra pluvial, muros de contención, drenaje, agua potable y electrificación.

Por lo que toca a sus condiciones de vida, son víctimas de omisión en el proceso de desarrollo social, de discriminación, exclusión y de violación a sus derechos individuales y colectivos como son programas de regularización de terrenos, vivienda, salud, acceso a la educación, empleo, apoyo al desarrollo de sus actividades como artesanos, práctica de sus manifestaciones culturales propias, identidad jurídica, intérpretes y traductores en los juicios y procedimientos jurisdiccionales en general, por lo que se requiere de la atención de la CDI y de la implantación de políticas públicas para la atención de los indígenas, bajo un enfoque intercultural, en materia de servicios públicos básicos, respeto a sus actividades artesanales y comerciales, integración al desarrollo regional, regularización de las colonias y terrenos. En síntesis, la CDI debe de garantizar desde el ejercicio público el pleno respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas como lo establecen los marcos jurídicos nacionales e internacionales, para lo cual se requiere de una oficina de atención a los pueblos indígenas en las ciudades fronterizas, como ejemplifica Tijuana, ya que una de cada tres personas es indígena.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Apartado B señala que la federación, los estados y los municipios establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

La Ley de Creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, establece en el artículo 2o. que la comisión tiene “como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Asimismo, en el artículo 25 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se establece que las delegaciones tiene la obligación de

• Promover y fortalecer acciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales en la entidad, para la gestión y atención de los asuntos relacionados con el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.

• Promover y apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas, así como la vigencia de sus derechos.

• Apoyar los procesos de consulta, promoviendo la participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las instancias de coordinación y concertación, para contribuir con la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo.

• Coordinar y supervisar a las unidades administrativas de su competencia, respecto de la operación, ejecución y aplicación de los programas, proyectos y acciones a cargo de la comisión, entre otras.

El artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece:

Las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos Presupuestos...

Por todo lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

III. Consideraciones

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI), se aboca a la atención de los pueblos y comunidades indígenas bajo u concepto más amplio que los asentamientos indígenas localizados en diversas zonas, tal como lo plantea el proponente.

D. Asimismo, la CNDI, ya cuenta con representaciones en los estados fronterizos señalados por el proponente.

E. No obstante, se considera conveniente y necesario que más allá del concepto de pueblo y comunidad, esta representación atienda a los asentamientos humanos en colonias o barrios en los que persiste esta unidad de cultura, lengua, tradición e idiosincrasia de determinados grupos indígenas, aún cuando no se trate de una delegación, sino de alguna oficina de atención, en los términos formulas, siempre que cuente con los recursos materiales, humanos y económicos para el efecto.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, solicita respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, licenciada Nuvia Mayorga Delgado que, en la medida de las posibilidades presupuestarias, materiales y humanas ubique oficinas de atención a los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país y  realice un registro de la población indígena en las mismas.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2014.

La Primera Comisión:diputadoRicardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños, diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), diputada María Teresa Jiménez Esquivel, diputada Mónica García de la Fuente, senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.

PRESUNTA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS HABITANTES DE ATEMPA, EN CALNALI, HIDALGO

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar la presunta violación de los derechos humanos de los habitantes de Atempa, en Calnali, Hidalgo

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al que exhorta a la CNDH, para que investigue la presunta violación a los derechos humanos de los habitantes de Atempa, municipio de Calnali, estado de Hidalgo, suscrita por el senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de diciembre de 2013, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

A. En la proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

En el mes de abril de 2012, en la localidad de Atempa, municipio de Calnali, Hidalgo, se afectó a un grupo importante de población mediante el cese del abastecimiento de agua, violentando el derecho humano de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, consagrado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales en la materia.

B. Enseguida, la proponente refiere una serie de precisiones referentes a que en la localidad en comento tiene una composición mayoritariamente indígena y las personas que radican en la región, son personas adultas mayores.

Asimismo, el cese del abastecimiento del agua deviene de un conflicto acerca de la legitimidad del representante de la comunidad indígena, misma persona que estaría facultada para realizar la recaudación de los pagos por el suministro del agua, sin embargo el representante en cuestión no es reconocido por la totalidad de la población y por tanto, se argumenta que su elección no se apega a los usos y costumbres de la comunidad.

Es importante recordar “el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, misma que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional”.

Así, después de registrarse diversos enfrentamientos entre los afectados, los habitantes de la comunidad de Atempa interpusieron una queja ante la Comisión de Derecho Humanos de Hidalgo, con el expediente CDHEH-ZA021613 la cual emitió medidas precautorias, acerca del conflicto social que podría surgir al no encontrarse los acuerdos necesarios para garantizar el suministro del agua.

Por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo se llevaron a cabo las investigaciones necesarias, reportando los informes rendidos por Diego Hernández Santiago, delegado de la comunidad de Atempa, Rodrigo Rodríguez Cisneros, presidente municipal constitucional y Ulises Samaniego Vite, secretario general municipal, Calnali, Hidalgo, en carácter de autoridades involucradas.

Sin embargo los resultados fueron muy poco satisfactorios y no tendieron a buscar una solución al conflicto. La problemática no es menor, el impacto que se genera en esta localidad ante la falta del suministro de agua es devastador, e inclusive podría desencadenar un conflicto violento entre los integrantes de la comunidad y autoridades.

El libre acceso al agua es fundamental para el desarrollo pleno de las comunidades indígenas, es vital para la existencia, bienestar y progreso de las personas. Por ello, la falta del suministro del agua resulta una violación a los derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en el caso particular.

C. Concluye la proponente al señalar que:

“Es necesario destacar la urgencia con la que debe ser atendida esta problemática social, dado la complejidad de la misma y el respeto por la autonomía y libre determinación de la comunidad indígena”.

D. Abunda la proponente en detallar y resaltar algunos comentarios sobre lo anterior y formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo:

Único. “La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a iniciar una investigación por la presunta violación de Derechos Humanos en la comunidad indígena de Atempa, en el municipio de Calnali del Estado de Hidalgo, y en su caso emitir las recomendaciones pertinentes a fin de establecer los mecanismos adecuados para la salvaguarda de sus derechos humanos”.

III. Consideraciones

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coinciden con los planteamientos del autor de la Proposición que se dictamina y consideran procedente su propuesta, haciendo algunas precisiones al respecto.

Al respecto y para determinar la competencia en la materia, se citan las siguientes disposiciones legales:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 4o.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Asimismo cabe señalar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 10 de diciembre de 1948 en su Artículo 25 señala que:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Entendiéndose el acceso al agua un recurso primordial para el aseguramiento de salud, bienestar y servicios sociales para el desarrollo humanitario.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 1, establece:

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3. Los Estados parte en el presente pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

No debemos olvidar que los conflictos sociales pueden repercutir severamente en el Estado de Derecho, violentando consiguientemente el derecho de terceros, y principalmente violentando los Derechos Humanos.

La comunidad internacional se ha pronunciado a favor del libre acceso al agua. Por la importancia de la misma, a través de distintos organismos ha congratulado la implementación de Tratados internacionales con nuestra nación a fin de darles clara ejecución de los mismos.

La Comisión dictaminadora considera que el exhorto materia del presente Dictamen, abona en asegurar los Derechos Humanos y además da cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano, al suscribir los tratados en la materia; y en ese sentido se considera que es facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar Derechos Humanos y en su caso emitir las recomendaciones pertinentes a fin de establecer los mecanismos adecuados para la salvaguarda de los Derechos Humanos.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a iniciar una investigación por la presunta violación de derechos humanos en la comunidad indígena de Atempa, en el municipio de Calnali del estado de Hidalgo, y en su caso emitir las recomendaciones pertinentes a fin de establecer los mecanismos adecuados para la salvaguarda de sus derechos humanos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2014.

La Primera Comisión:diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños, diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), diputada María Teresa Jiménez Esquivel, diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Está a discusión el presente punto de acuerdo. En virtud de que no se han registrado oradores se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.

DERECHOS DE LOS MIGRANTES MEXICANOS Y DE LOS EXTRANJEROS QUE TRANSITAN POR NUESTRO TERRITORIO DURANTE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al secretario de Gobernación a vigilar por la Comisión Nacional de Seguridad el pleno respeto de los derechos de los migrantes mexicanos y de los extranjeros que transiten por nuestro territorio durante las fiestas de fin de año

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del INM y de la Segob a vigilar por la Comisión Nacional de Seguridad el Pleno respeto de los derechos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transiten por territorio nacional en las fiestas de fin de año, suscrita por los diputados Juan Isidro del Bosque Márquez y Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de diciembre de 2013, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

A. En la proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Se exhorta al Instituto Nacional de Migración  y a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, a vigilar el pleno respeto de los derechos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transiten por nuestro territorio durante el periodo vacacional de invierno diciembre de 2013 - enero de 2014.”

B. Enseguida, los proponentes refieren una serie de consideraciones en los que basan su proposición “año tras año, se observa al inicio del periodo de las fiestas decembrinas como miles de connacionales que migraron hacia los Estados Unidos de América regresan a nuestro país, para festejar con su familia las fiestas de fin de año. Lamentablemente durante su traslado frecuentemente sufren violaciones tanto en su persona como en sus pertenencias, así como a su familia y acompañantes. Resulta cotidiano escuchar que se han presentado asaltos y violaciones en las carreteras del país, ya sea a través de ataques, y falsos retenes. Por ello, es trascendental reforzar las medidas de seguridad en toda la red carretera del país, en las fronteras, y aeropuertos internacionales de nuestro país. Es oportuno recordar que en 1989 se creó el Programa Paisano como un instrumento para frenar los abusos tanto de autoridades de los diversos órdenes de gobierno, como por civiles que aprovechando la ocasión los asaltan, los extorsionan, así como los violentan en sus derechos humanos. Sin embargo, ante la situación que vive actualmente el país en materia de inseguridad, se hace necesario que las autoridades garanticen a los connacionales su estancia en México, así como, de aquellos migrantes que ingresen al territorio nacional en su recorrido a sus ciudades de origen y de regreso a Estados Unidos”.

C. Concluyen los proponentes al señalar que:

“En días pasados se puso en marcha el Programa Paisano, que tendrá vigencia del 1 de noviembre de 2013 al 8 de enero de 2014, para este fin de año se estima que serán atendidas por el programa alrededor de 30 mil personas, de este umbral, el gobierno del estado de Veracruz, a través de la Dirección General de Atención a Migrantes, aguarda la visita de alrededor de 10 mil veracruzanos”.

D. Abundan los proponentes en detallar y resaltar algunos comentarios sobre lo anterior y formulan el siguiente:

“Punto de Acuerdo:

Primero. “La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a reforzar sus mecanismos y medidas de seguridad encaminados a prevenir y proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitan en nuestro territorio para llegar a sus lugares de origen con motivo de las fiestas de fin de año, así como, los diversos mecanismos de denuncia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, fortalezca las medidas de seguridad en las carreteras, en las fronteras, en las centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a agilizar los trámites de denuncias por parte de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitan nuestro país para llegar a sus lugares de origen, con motivo de las fiestas de fin de año, así mismo, fortalezca las campañas de denuncias y difundan los sitios y módulos disponibles para tal efecto.”

III. Consideraciones

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, sin embargo, dado que el Programa Paisano 2013, se implementó del 1 de noviembre de 2013 al 8 de enero de 2014, el exhorto para que el INM refuerce los mecanismos y medidas de seguridad encaminados a prevenir y proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitan en nuestro territorio para llegar a sus lugares de origen con motivo de las fiestas de fin de año, así como, los diversos mecanismos de denuncia, sería de manera tardía.

Por tal motivo, los integrantes de esta Comisión ponen a consideración una nueva redacción del resolutivo a fin de solicitar a la Secretaría de Gobernación a través del INM, un informe que contenga además del número de connacionales atendidos, en sus 183 módulos fijos y 176 puntos de observación ubicados en 144 ciudades y 218 municipios ubicados en los Centros de Importación e Internación Temporal de Vehículos, puentes y aeropuertos internacionales, garitas, centrales de autobuses, presidencias municipales, carreteras, casetas de peaje, así como  establecimientos comerciales de diversa índole, aquellas lugares en los que consideren que debiera haber mayores medidas de seguridad a fin de fortalecer la protección de los connacionales y sus familias para la temporada decembrina 2014.

D. Por lo que hace al segundo resolutivo, la comisión dictaminadora considera procedente exhortar a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, fortalezca las medidas de seguridad en las carreteras, en las fronteras, en las centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año.

E. Con relación al tercer resolutivo, la Comisión Dictaminadora toma en cuenta que el Programa Paisano 2013, tuvo una vigencia del 1 de noviembre de 2013, al 8 de enero de 2014, por lo que con base en lo dispuesto en la consideración C, se propone una redacción distinta en la que la Comisión Permanente solicite respetuosamente a la Procuraduría General de la República, un informe que contenga el número de denuncias, en caso de que se hayan presentado, por parte de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitaron por nuestro país, con motivo de las fiestas de fin de año, así como las medidas que pudiera implementar para fortalecer las campañas de denuncias y módulos disponibles para tal efecto, en la temporada decembrina 2014.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al titular de la Secretaría de Gobernación a través del INM, un informe que contenga además del número de connacionales atendidos, por el Programa Paisano 2013, aquellos puntos en los que consideren que debiera haber mayores medidas de seguridad a fin de fortalecer la protección de los connacionales y sus familias para la temporada decembrina 2014.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, fortalezca las medidas de seguridad en las carreteras, en las fronteras, en las centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año 2014.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República, un informe que contenga el número de denuncias, por parte de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitaron por nuestro país, con motivo de las fiestas de fin de año, así como las medidas que pudiera implementar para fortalecer las campañas de denuncias y módulos disponibles para tal efecto, en la temporada decembrina 2014.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2014.

La Primera Comisión:diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), diputada María Teresa Jiménez Esquivel, diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Está a discusión el punto de acuerdo de referencia. En virtud de que no se han registrado oradores se consideran suficientemente discutidos. Se reserva para su votación en conjunto.

DECLARAR 2014 COMO AÑO DE PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que declaren 2014 como Año de Protección de los Datos Personales

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que declaren 2014 como Año de Protección de los Datos Personales, suscrita por las senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de diciembre de 2013, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

A. En la proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“solicita a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que declaren 2014 como “2014, año de protección de los datos personales”, y se instruya a la administración pública a que se tomen las medidas para su difusión.”

B. Enseguida, las proponentes refieren una serie de consideraciones en las que basan su solicitud,  “ Primera. La protección de datos personales al ser un derecho fundamental independiente del derecho de acceso a la información, con características propias hace necesaria la emisión de leyes especiales en la materia en todos los Estados de la Federación, por lo que resulta indispensable la difusión del primero. Segunda. El alcance de la protección de los datos personales, no puede ni debe restringirse a la información personal contenida en medios electrónicos, sistemas de datos personales, bases de datos o bancos de datos, considerando que en los órganos de gobierno existen archivos físicos no sistematizados, por lo que la protección y el ejercicio de derechos ARCO se debe extender a los datos personales que se encuentren en sus archivos y documentos. Tercera. Para hacer expedito el derecho se debe fortalecer a través de procedimientos sencillos y expeditos para que los titulares de los datos personales puedan ejercer sus derechos ARCO, cuyos requisitos deben ser comunes en la federación, los Estados y en el Distrito Federal”.

C. Concluyen las proponentes al señalar que:

“Es pertinente replantear el alcance del derecho fundamental a la protección de datos personales, en virtud de que hoy en día debemos entender que el bien jurídicamente protegido no es simplemente el dato personal, sino la protección de la persona en sí misma”.

D. Abunda la proponente en detallar y resaltar algunos comentarios sobre lo anterior y formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo:

Único. “Se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que en el ámbito de sus atribuciones declaren el “2014, Año de Protección de los Datos Personales”, y se instruya a la administración pública a que se tomen las medidas para su difusión”.

III. Consideraciones

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de las proponentes, sin embargo, no es procedente la solicitud ya que se encuentra pendiente para su discusión en el Senado de la República, la Minuta con proyecto de decreto para declarar al año 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”, cuyo decreto fue aprobado en Cámara de Diputados el 14 de marzo de 2013, y recibida en el Senado de la República el 19 de marzo del 2013.

Aunado a ello, en la sesión de la Comisión Permanente del 8 de enero del 2014, fue aprobado por el Pleno un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se exhorta al Senado de la República a continuar con los trabajos legislativos para decretar al 2014 como “Año del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán”, y se incluya en el decreto respectivo la creación de una comisión organizadora de la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Apatzingán, encargada de preparar un programa base que contenga la relación de encuentros, acciones y demás proyectos recomendables en todo el país para llevarse a cabo desde la entrada en vigor del decreto y hasta el último día de 2014.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente dictamen en sentido negativo, con base en el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que en el ámbito de sus atribuciones declaren el “2014, Año de Protección de los Datos Personales”, y se instruya a la administración pública a que se tomen las medidas para su difusión.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2014.

La Primera Comisión:diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), diputada María Teresa Jiménez Esquivel, diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se han registrado oradores se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.

ASIGNATURA QUE INTEGRE LOS TEMAS DE DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GENERO Y PREVENCION DE LA TRATA DE PERSONAS

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: El siguiente punto de acuerdo del orden del día es la discusión de los dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza a que solo se dé lectura a los encabezados. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias. Se autoriza.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SEP y a sus homólogas de las entidades federativas y del DF a incluir en los planes y programas de estudio de educación básica y media superior la impartición de una asignatura que integre los temas de derechos humanos, igualdad de género y prevención de la trata de personas

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la SEP, a sus homólogas estatales y a la del DF a incluir una asignatura que integre en los planes y programas de estudio de educación básica y media superior los temas de derechos humanos, igualdad de género y prevención de la trata de personas, suscrita por los diputados Crystal Tovar Aragón y José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente dictamen, de conformidad con la siguiente:

Metodología

I. “Antecedentes”. Este capítulo hace constar el trámite de inicio y recepción del turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo.

II. “Contenido”. En este capítulo se exponen los motivos y alcance de la propuesta estudiada.

III. “Consideraciones”. En este capítulo la Segunda Comisión dictaminadora, expresa el resultado de su análisis de los argumentos y la valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar o rechazar en sus términos la proposición analizada.

I. Antecedentes

1.Con fecha 08 de enero de 2014, la diputada Crystal Tovar Aragón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2.Con fecha del día jueves 09 de enero del 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

II. Contenido de la proposición

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones lo siguiente:

“La declaración universal de los derechos humanos, proclamada como ideal común por el que todos los pueblos y las naciones a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan, mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento, su aplicación universal y su efectividad¹.

Lo establecido en el artículo 1o. constitucional, que prevé la obligación que tienen todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y según lo establece, en su párrafo segundo, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

En el artículo 3o. constitucional se establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y el respeto de los derechos humanos.

El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional como parte de las medidas de prevención, establece que los estados parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

La Ley General de Educación considera en el artículo 7o. que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá a promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de éstos; difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos; así como realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos contra menores de 18 años de edad o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal, según el artículo 12 de la Ley General de Educación, determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

Según decreto publicado el 10 de junio del presente año, en el Diario Oficial de la Federación, en la fracción IX Bis, coordinar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contempla dentro de las competencias de la Secretaría de Educación, en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres, y el respeto pleno de los derechos humanos; así como desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad; e incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto de los derechos humanos de las mujeres, además incorporar contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres.

La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos establece en el artículo 88 que la Comisión Intersecretarial² tendrá dentro de sus facultades y competencias, a desarrollar campañas de prevención y educación, así como programas de desarrollo local que permitan prevenir los delitos en materia de trata de personas; así como a desarrollar programas educativos sobre los riesgos en el uso de Internet y redes sociales.

Además, en el artículo 89 establece que las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial tendrán las siguientes obligaciones: la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la de Gobernación, diseñará módulos de prevención para los distintos ciclos escolares que serán incluidos en el currículum de la educación básica.

La trata de personas de mujeres, niñas, niños, jóvenes y hombres es una violación sistemática de sus derechos humanos, una barrera al desarrollo económico y social, así como una prioridad de salud pública, al ser asociada con embarazos en adolescentes, abortos forzados y/o inseguros, y a infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/sida; y una forma efectiva de prevención es la educación.

Considerando que la trata de personas es uno de los delitos que más lastima la integridad y la dignidad de las personas, siendo su reconocimiento como acto delictivo en la normativa relativamente reciente³, no así su comisión, este delito es una manifestación de las desigualdades de género, pues dentro de sus víctimas y víctimas potenciales, se encuentran principalmente niñas y mujeres, principalmente con fines de explotación sexual.

Conscientes de que la sanción y la penalización son una reacción al problema, es importante poner el énfasis en las acciones de prevención, principalmente a través de la educación, la formación y el desarrollo de habilidades y de competencias, en las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, para que conozcan, defiendan, exijan y fomenten nuevas relaciones de convivencia, donde los derechos humanos y la perspectiva de género sean las herramientas para evitar la comisión del delito, y sean agentes de cambio contra el deterioro del tejido social.

Por lo expuesto se considera estratégico, desde el ámbito educativo promover acciones de prevención, tanto para evitar que niñas y niños sean víctimas de los tratantes, así como para desalentar el consumo de la trata de personas, fomentar el respeto de los derechos humanos y la no discriminación, involucrando a las autoridades educativas, a las madres y a la sociedad en su conjunto como responsables para coadyuvar en la formación de las presentes y futuras generaciones de niños, adolescentes y jóvenes del país.

Es necesario por ello fortalecer la formación inicial y permanente del desempeño de los docentes, de los directivos escolares y de las autoridades educativas, y propiciar el acompañamiento de las familias y de la sociedad civil en el proceso educativo de niños, adolescentes y jóvenes, todo esto para promover una cultura de la paz, de respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la no violencia y contra la discriminación, demanda urgente para afrontar los retos de la sociedad.”

Notas:

1 Preámbulo de la Asamblea General de Naciones Unidas en la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.

2 Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.

3 Apenas en 2000 se suscribió en Palermo (Italia) la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la cual sienta las bases para el posterior abordaje del tipo penal de la trata de personas, en México entró en vigor en 2003; y en 2000 se adoptó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que considera la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la entrada en vigor en México en 2003.

III. Consideraciones

I. Los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente una vez analizada la proposición coincidimos con el interés de los proponentes en promoción y difusión de los derechos humanos en sus diferentes vertientes, como parte toral de los derechos y libertades del hombre.

II.Valoramos y reconocemos los principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la necesidad de retomar sus principios y difundirlos entre las niños y adolescentes que conformarán una nueva generación, esperando establezcan una mejor sociedad para nuestro país.

III.No obstante la coincidencia por parte de los integrantes de esta comisión dictaminadora con la proposición de los proponentes y en mérito de que existen materias como las ciencias sociales, ciencias naturales, geografía e historia, entre otras; consideramos que pueden insertarse la enseñanza y difusión de los derechos humanos, atenuando la necesidad de crear y consecuentemente aumentar asignaturas.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a incluir y difundir en los planes y programas de estudio en los niveles de la Educación Básica y la Media Superior, el espíritu sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos, la atención y prevención de delitos contra menores de edad y jóvenes, la igualdad de género y la prevención de la trata de personas.

Segundo. Exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y a las autoridades educativas locales a llevar a cabo procedimientos para la actualización curricular y la formación de maestras y maestros -inicial y en servicio- que incluya contenidos sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos, la atención y prevención de delitos contra menores de edad y jóvenes, la igualdad’ de género y la prevención de la trata de personas.

Tercero. Exhortar a las secretarías de educación estatales o sus homólogas en las entidades federativas y el Distrito Federal para que al proponer los contenidos regionales para los planes y programas de estudio, consideren se incluyan y difundan dentro de sus asignaturas existentes, el espíritu de la defensa y protección de los derechos humanos, la atención y prevención de delitos contra menores de edad y jóvenes, la igualdad de género, así como la prevención de la trata de personas, durante preescolar, la primaria y el bachillerato.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de enero de 2014.

Por la Segunda Comisión:diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Presidente; senador Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), diputado Javier Orihuela García (rúbrica), secretarios; diputada María de las Nieves García Fernández (rúbrica), senador Raúl Aarón Pozos Lanz (rúbrica), diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), senadora Mely Romero Celis, diputada Areli Madrid Tovilla (rúbrica), senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), diputada Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), diputada Mónica García de la Fuente, senadora María Marcela Torres Peimbert, diputado Ricardo Cantú Garza, senadora Luisa María Calderón Hinojosa, senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos. Se reservan para su votación económica en conjunto.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República...

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Permítame tantito, secretaria.

Miren, en caso de existir oradores, les pediría que nos permitieran desahogar la lectura de todos los puntos de acuerdo y al final les damos la palabra a todos. ¿Sí? Gracias.

Adelante, secretaria.

TERCER PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a ratificar el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a los procedimientos de comunicación.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de la República, para que en el ámbito de sus facultades y en los términos de los artículos 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proceda a la brevedad a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a ratificar el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a los Procedimientos de Comunicación.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente dictamen, de conformidad con la siguiente:

Metodología

I. “Antecedentes”. Este capítulo hace constar el trámite de inicio y recepción del turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo.

II. “Contenido”. En este capítulo se exponen los motivos y alcance de la propuesta estudiada.

III. “Consideraciones”. En este capítulo la Segunda Comisión dictaminadora, expresa el resultado de su análisis de los argumentos y la valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar o rechazar en sus términos la proposición analizada.

I. Antecedentes

1.Con fecha 18 de diciembre del 2013, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo.

2.En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente:

II. Contenido de la proposición

La diputada proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en  sus consideraciones:

“Como es del conocimiento público, la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de la ONU, el 20 de noviembre de 1989, en la ciudad de Nueva York. Se le reconoce como el tratado de derechos humanos más confirmado de la historia. Ha sido firmada por 190 de 192 estados, sólo Estados Unidos y Somalia la han firmado pero no ratificado, convirtiéndose así en el instrumento de Derechos Humanos más ampliamente refrendado en la historia de la humanidad.

La Convención sobre los Derechos del Niño consta de 54 artículos, los cuales establecen los derechos económicos, sociales y culturales de las y los niños. Asimismo, reconoce que en todos los países del mundo hay niños y niñas que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y, que por tanto, estos menores de edad, necesitan de especial atención. De ahí, la relevancia de la cooperación internacional para el mejoramiento del entorno de vida de los niños, niñas y adolescentes en todos los países, particularmente de aquellos que viven en naciones en desarrollo.

La importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño es que busca la construcción de nuevas perspectivas entorno a las y los niños. Con ella, estas personas, pasan de ser objetos de protección a sujetos de derechos.

En este sentido, las y los niños son personas en formación y por tanto no son propiedad de sus padres ni de la persona que se encuentre a su cargo, son personas con derechos plenos y responsabilidades adaptados a la etapa de su desarrollo. Al reconocer sus derechos de esta manera, la convención orienta firmemente su mandato hacia la personalidad integral de la o el niño.

La convención contiene un articulado en que se establecen cada uno de los derechos que se preservan para los niños y las niñas. También cuenta con dos protocolos los cuales son:

1. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados (año 2000); y

2. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, con respecto a la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil (año 2000).

Los países que se encuentran adheridos a la convención, preocupados por que las y los niños gocen de manera plena de sus derechos han considerado la necesidad de establecer un: Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo al procedimiento de comunicación, el cual fue aprobado el 19 de noviembre de 2011, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor el 28 de mayo de 2012. Hasta el mes de julio de 2013, 36 países han firmado y sólo 5 lo han ratificado (Tailandia, Gabón, Alemania, Bolivia y España).

Este protocolo es un gran avance en el marco internacional de los derechos humanos de las y los niños. Ya que en primer lugar, amplía y fortalece el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, ya que permite que ellos mismos y sus representantes realicen directamente denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño sobre violaciones a sus derechos, siempre y cuando las instancias legales de su país se hayan agotado o que los mecanismos regionales o nacionales sean insuficientes. El protocolo promueve tres de los principios básicos de la convención: la participación infantil, el interés superior del niño y la no discriminación.

En segundo lugar, fortalece la representación y funciones del Comité de los Derechos del Niño y la obligación de los estados a tener en cuenta sus decisiones. Con este protocolo no será necesario esperar los 5 años de presentación de los informes país para que el comité de expertos dicte recomendaciones sobre vulneraciones de los derechos del niño, sino que a través de las quejas o denuncias recibidas el comité podrá emitir recomendaciones (entre las que se incluyen rehabilitación, indemnización o peticiones para acusar a los autores del hecho) al Estado en cualquier momento.

En tercer lugar, el protocolo cubre el vacío de protección existente, siendo la Convención sobre los Derechos del Niño el único tratado internacional de derechos humanos que no cuenta con un procedimiento de comunicación que garantice la exigibilidad del mismo.

Además, éste nuevo protocolo reforzará los métodos, permitiendo a cada niño o niña, presentar peticiones individuales frente al Comité de los Derechos del Niño, ya que si un menor de edad considera que sus derechos fundamentales fueron violados, podrá presentar una queja ante el comité. La queja debe reunir las siguientes condiciones:

• El niño o niña y/o sus tutores debe o deben haber presentado previamente una queja ante una corte nacional. Si la queja no fue atendida, el niño puede recurrir al comité.

• La queja debe presentarse ante el comité al año siguiente de haber finalizado el procedimiento llevado ante la Corte nacional.

• La queja no puede ser anónima o sin fundamento, y no debería constituir un abuso de derechos.

• La queja debe hacerse por escrito.

• La queja debe apegarse al procedimiento de investigación.

El procedimiento de investigación de la petición permite al comité tomar medidas al recibir información que seria sobre graves violaciones de la convención o sus protocolos. Por tanto, no es necesario presentar una petición individual o interestatal, pues este procedimiento se realiza de manera independiente. El comité podría mandar observadores al lugar de lo ocurrido para así verificar que la información del informe es verídica. Este proceso es confidencial.

El tercer protocolo de la convención, no sólo es un nuevo instrumento jurídico que fortalecería y ampliaría la aplicación, el reconocimiento, y la representación de los derechos del niño, también constituye un nuevo derecho, complementario a los derechos previamente reconocidos por las Naciones Unidas para las y los niños.

De esta forma, se ofrecerá a las y los niños de manera individual, la oportunidad de presentar directamente denuncias sobre las violaciones de sus derechos ante el Comité sobre los Derechos del Niño, cuando los mecanismos nacionales y regionales destinados a examinar estas denuncias no estén adaptados o sean ineficientes. Las denuncias de las y los niños serán tratadas a través de un proceso que estará adaptado a su situación (“la sensibilidad del niño”).

Asimismo, reafirma que las y los niños son titulares de derechos y que deben ser tratados con dignidad y reconocidos como seres humanos con capacidades en evolución y con la habilidad para expresarse. Si un país ratifica el protocolo, se compromete a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las y los niños que estén bajo su jurisdicción, no sean objeto de ninguna violación de derechos humanos, malos tratos o intimidación como consecuencia de las comunicaciones enviadas al Comité sobre los Derechos del Niño.

Nuestro país es parte activa de la Convención de los Derechos de la Niñez, y dado su compromiso con la niñez mexicana, es importante la firma del tercer protocolo, con lo que se reitera la intención de cumplir plenamente con ellas y ellos. Por lo tanto, es importante que el Estado mexicano lo suscriba y ratifique, ya que va a fortalecer y complementar los mecanismos existentes al permitir a las y los niños informar individualmente sobre las violaciones de sus derechos humanos.”

III. Consideraciones

I.Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente reconocemos la importancia de fortalecer los derechos de los niños en el marco de la Convención del Derecho del Niño y sus protocolos.

II.A este punto le precede una anterior proposición con punto de acuerdo de la diputada Flor Ayala Linares (PRI), presentada el 11 de abril del 2013 y aprobado el 29 de abril de mismo año y se giró oficio DGPL 62-II-6-0653 signado por la diputada Patricia Elena  Retamoza Vega, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Gobernación.

III.Que consecuentemente se dio una respuesta al exhorto contenido del punto de acuerdo por parte de la Secretaría de Gobernación conforme a lo siguiente:

“Contestación de la Secretaría de Gobernación, con la que remite respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores al punto de acuerdo relativo a la ratificación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.”

México, DF, a 2 de julio de 2013.

Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-6-0653 signado por la diputada Patricia Elena Retamoza Vega, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP 807/13 suscrito por Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la ratificación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Sin otro particular. Aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.

México, DF, a 1o. de julio de 2013.

Licenciado Felipe Salís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar la respuesta a la proposición con punto de acuerdo aprobada por la Cámara de Diputados en la sesión del 29 de abril de 2013, el cual fue remitido para su atención a esta secretaría mediante oficio SEL/UEL/311/708/13, mismo que a continuación transcribo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, firme y ratifique el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Por lo antes expuesto, y en relación con la información que remitió a esta dirección general la consultoría jurídica de esta cancillería mediante oficio CJA 2194, ruego a usted ser el amable conducto para hacer llegar la información anexa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Emilio Suárez Licona (rúbrica), Director General.

Respuesta al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados mediante el cual exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, firme y ratifique el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones.

• El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones (Protocolo III), fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 66/138 del 19 de diciembre de 2011.

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Protocolo III, éste entrará en vigor tres meses después de la fecha en que se deposite el décimo instrumento de ratificación o de adhesión. Actualmente, 36 estados lo han firmado y 4 lo han ratificado o se han adherido a él (Alemania, Bolivia, Gabón y Tailandia).

• El Protocolo III confiere al Comité de los Derechos del Niño facultades para fungir como mecanismo cuasijurisdiccional de exigibilidad de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. Tales facultades son:

a) Recibir y examinar comunicaciones individuales por personas o grupos de personas (reconocimiento automático al vincularse al Protocolo III).

b) Recibir y examinar comunicaciones entre estados parte del protocolo (reconocimiento a través de una declaración).

c) Conocer de violaciones graves o sistemáticas por un estado parte (a través de una declaración se puede manifestar el no reconocimiento de esta facultad).

• Tomando en consideración que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como sus protocolos facultativos (I y II) se encuentran en vigor para México, el Estado mexicano está obligado a garantizar la aplicación efectiva de la norma internacional a nivel interno, tal y como se refleja, de manera particular, en el precepto constitucional referido en el párrafo octavo del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, así como a través de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por su parte, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, consagra la obligación dirigida a todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias “de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

De esta manera, las autoridades se encuentran obligadas a velar tanto por los derechos humanos consagrados en la Constitución Política, como aquéllos contenidos en los tratados de los que el Estado mexicano es parte, adoptando la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia (artículo 1o. constitucional). En opinión de la cancillería la legislación nacional en vigor permite garantizar al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos de los niños, favoreciendo así la vinculación del gobierno de México al Protocolo III.

• Teniendo presente lo anterior, y a los efectos de dicha vinculación, esta cancillería inició un proceso de consulta entre las dependencias involucradas en la eventual aplicación del multicitado protocolo, a fin de evaluar la pertinencia de su suscripción. Hasta el momento, las dependencias que se han pronunciado sobre el particular han manifestado su anuencia a la firma del Protocolo III.

• Una vez que concluya dicho proceso, si fuera el caso, se estará en posibilidad de firmar el instrumento de mérito, y posteriormente someterlo a la consideración del Senado de la República, esperando contar con un decreto aprobatorio que permitiera al Ejecutivo federal ratificarlo.

(Remitida a la Comisión de Derechos de la Niñez. Julio 10 de 2013.)

Publicado en la Gaceta Parlamentaria el 19 de julio de 2013.”

IV.Que sin demérito alguno de la loable intención de la proposición con punto de acuerdo, se deberá en congruencia con el antecedente histórico y respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación; exhortar a que se presente un informe de avance del proceso, que permitirán la firma y ratificación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a los Procedimientos de Comunicación.

V.Los legisladores que integramos esta comisión dictaminadora, nos pronunciamos a favor de todo esfuerzo que dé cumplimiento a la legislación federal y local, así como a los compromisos asumidos por el Estado mexicano a nivel internacional, en lo relativo a los derechos del niño.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus facultades y en los términos de los artículos 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Secretaría de Gobernación, proceda a la brevedad informar de los avances del proceso de consulta entre las dependencias involucradas y posteriormente se pueda someter a la consideración del Senado de la República y contar con un decreto aprobatorio que permitiera al Ejecutivo federal la firma y ratificación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a los procedimientos de comunicación.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de enero de 2014.

Por la Segunda Comisión:diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Presidente; senador Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), diputado Javier Orihuela García (rúbrica), secretarios; diputada María de las Nieves García Fernández (rúbrica), senador Raúl Aarón Pozos Lanz (rúbrica), diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), senadora Mely Romero Celis (rúbrica), diputada Areli Madrid Tovilla (rúbrica), senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), diputada Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), diputada Mónica García de la Fuente, senadora María Marcela Torres Peimbert, diputado Ricardo Cantú Garza, senadora Luisa María Calderón Hinojosa, senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Está a discusión el presente punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA PREVENIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a reforzar por las Secretarías de Salud, y de Educación Pública las medidas adoptadas para prevenir el embarazo en adolescentes.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar por las secretarías de Salud y de Educación Pública las acciones emprendidas para prevenir el embarazo en adolescentes, suscrita por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo el Grupo Parlamentario del PRI.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente dictamen, de conformidad con la siguiente:

Metodología

I. “Antecedentes”.  Este capítulo hace constar el trámite de inicio y recepción del turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo.

II. “Contenido”.En este capítulo se exponen los motivos y alcance de la propuesta estudiada.

III. “Consideraciones”.En este capítulo la Segunda Comisión dictaminadora, expresa el resultado de su análisis de los argumentos y la valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar o rechazar en sus términos la proposición analizada.

I. Antecedentes

1.Con fecha 8 de diciembre de 2013, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2.Con fecha del día jueves 9 de enero del 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

II. Contenido de la proposición

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones lo siguiente:

“México ocupa el primer lugar, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de embarazos de jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, según la Organización de las Naciones Unidas.

Cada año, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), analiza asuntos sensibles que afectan a las dinámicas poblaciones. El informe “Maternidad en la Niñez” del UNFPA estudia las causas y consecuencias de las desigualdades económicas, sociales y de género en los diversos países que se ven vertidas en problemas sociales de gran peso; en este caso en particular: los embarazos en adolescentes.

Según el informe, los embarazos en adolescentes son más probables cuando se trata de jóvenes que pertenecen a hogares de ingresos más bajos, con educación más baja y que viven en zonas rurales.

En México, tres de cada cuatro niños y niñas tienen algún tipo de carencia social y económica encontrándose en una cifra devastadora de pobreza. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, al año 2010 los niños y niñas pobres eran al menos 20 millones.

Según el informe de UNFPA, México tiene la tasa de natalidad más alta en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años; 64.2 por cada mil nacimientos corresponden a adolescentes y jóvenes entre las edades mencionadas.

Lo señalado internacionalmente respecto de México, se corrobora con cifras internas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el promedio de hijos nacidos vivos entre los grupos de 12 a19 años de edad, en las últimas dos décadas ha sido el más alto, pues ha ascendido al 5.8 por ciento. Hay, incluso, entidades federativas como Baja California Sur y Chihuahua que rebasan los ocho puntos porcentuales de cifra.

Es así también que, en los últimos 10 años, todas las entidades federativas, con excepción de Chiapas y Tabasco, aumentaron en cifras respecto de madres menores a 20 años. Los estados con mayor incidencia de embarazos adolescentes son Guerrero, Coahuila, Durango, Sonora, Chiapas, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Colima, Yucatán, Tlaxcala. Las entidades federativas con menor registro de embarazos de niñas de entre 12 y 19, son Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Distrito Federal y Quintana Roo.

Las causas de los embarazos en adolescentes son diversas. Según la Organización de las Naciones Unidas hay causas compartidas en varios países, se centran en la pobreza generalizada, la percepción de aceptación que del matrimonio infantil se tienen tanto por la comunidad como por la familia, entre otros de acuerdo con la ONU, los embarazos de adolescentes son el resultado de “la ausencia de poder de decisión y de circunstancias fuera del control de la niña”.

Son diversas las consecuencias en los embarazos en adolescentes. Por una parte, las psicosociales que juegan un papel muy importante y por otra, las físicas, tanto de la madre como las de la o el recién nacido. Respecto de las madres, se ha observado que frecuentemente hay complicaciones en el embarazo, tales como preclamsia, eclamsia, anemia, infecciones de vías urinarias, aborto, entre otras. La o el recién nacido, en muchos de los casos, presenta prematurez, bajo peso, retardo en el crecimiento físico y en el desarrollo cognitivo, por señalar algunos. Además, hay una mayor posibilidad de morbilidad materno-infantil.

Es imperante, por tanto, implementar programas adecuados destinados a la prevención de embarazos en adolescentes, los cuales impliquen, a su vez, en sus temáticas una correcta educación sexual. En el informe de la ONU citado, son muchos los países que combaten el embarazo de una manera errónea centrándose en la conducta de las niñas y distribuyendo preservativos sin una concientización de por medio. De acuerdo a la ya multicitada organización, un programa de prevención de embarazo para adolescentes requiere no sólo de métodos anticonceptivos, sino de una educación sexual integral en la que se forme conciencia, entre otras cosas, del poder que se tienen para tomar una decisión significativa de vida.

Esto hace necesario que se implementen y refuercen los programas necesarios tendientes a una correcta educación sexual en el que se concientice a las y los adolescentes de los riesgos y consecuencias posibles en un embarazo a edad temprana. Así pues, se hace necesario que se establezcan estrategias de acción para que la y el adolescente se perciba como sujetos capaces y responsables de tomar decisiones importantes que tengan grandes repercusiones.

A su vez, también es necesario que en caso de que haya embarazo, se dé el tratamiento psicológico y físico adecuado para que las complicaciones materno infantiles que se producen en el embarazo, sean aminoradas y tratadas de forma médica adecuada”.

III. Consideraciones

I.Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente una vez analizada la proposición coincidimos con el interés en prevenir las causas del aumento de embarazos entre los adolescentes y paulatinamente aminorar el impacto de las consecuencias mediante acciones preventivas.

Conforme a la Encuesta de Salud y Nutrición (Ensanut), el porcentaje de adolescentes entre 12 y 19 años de edad que han iniciado una vida sexual activa; se ha incrementado del año 2000 a la fecha al pasar del 17 al 23%.

Que la maternidad temprana conduce a menores oportunidades de una mejor calidad de vida para padres e hijos y las más de las ocasiones al ser embarazos no deseados por causas personales, familiares y sociales, recurren al aborto, terminando con graves consecuencias médicas tanto para los niños y madres.

El inicio de las relaciones sexuales a más temprana edad; la escasa o nula educación sexual; el escaso uso de métodos anticonceptivos seguros, el impulso del morbo sexual; el idealismo, el sentimiento de invulnerabilidad e inestabilidad de la identidad y autonomía de los jóvenes, han dado un marco propio para el embarazo temprano en adolescentes.

Fuerza destacar los riesgos de -salud que frecuentemente se presentan durante el embarazo tales como: preeclampsia, eclampsia, anemia, infecciones de transmisión sexual, virus del papiloma humano y finalmente el aborto.

II.Valoramos como contundentes los datos estadísticos que expone la proponente y esta dictaminadora coincide en la importancia de impulsar mejoras en la vida de los adolescentes a través de una adecuada educación de la sexualidad y de acciones, estrategias y programas encaminados a la prevención del embarazo en adolescentes.

III.No obstante la coincidencia con la propuesta y en virtud de que le fue turnada a esta Segunda Comisión, los integrantes de la misma coinciden en que el planteamiento sea asumido por la Comisión Permanente y no por el Senado como lo expresa la legisladora en los dos resolutivos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Salud, se refuercen las acciones y estrategias emprendidas hacia la prevención de embarazos en adolescentes y, en caso de existir el embarazo, hacia un adecuado tratamiento físico y psicológico materno-infantil.

Segundo.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se refuercen acciones, estrategias y programas destinados a la educación-sexual integral de las y los adolescentes, particularmente por lo que respecta a la prevención de embarazos en adolescentes.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de enero de 2014.

Por la Segunda Comisión:diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Presidente; senador Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), diputado Javier Orihuela García (rúbrica), secretarios; diputada María de las Nieves García Fernández (rúbrica), senador Raúl Aarón Pozos Lanz (rúbrica), diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), senadora Mely Romero Celis  (rúbrica), diputada Areli Madrid Tovilla (rúbrica), senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), diputada Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), diputada Mónica García de la Fuente, senadora María Marcela Torres Peimbert, diputado Ricardo Cantú Garza, senadora Luisa María Calderón Hinojosa, senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se han registrado oradores se consideran suficientemente discutidos. Se reserva para su votación económica en conjunto.

Se han registrado para hacer uso en pro a los siguientes legisladores, el diputado René Fujiwara Montelongo, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal y el diputado Roberto López Rosado. Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, diputado presidente, con su permiso. Haré referencia al dictamen relativo al punto de acuerdo que exhorta a la SEP y a sus homólogas estatales y del Distrito Federal, a incluir en la educación básica y media superior una asignatura con los temas de derechos humanos, igualdad de género y prevención de la trata de personas.

Aclarando principalmente que Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, es un dictamen que contiene una medida progresiva en materia educativa hacia el reconocimiento a los derechos humanos, la igualdad de las mujeres y la prevención del inhumano delito de la trata de personas.

Nuestra Constitución política establece, desde hace dos años y medio, la protección de los derechos humanos como el máximo fin que debe perseguir el Estado mexicano. El artículo 1o. mandata a todas las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos del ciudadano. Este nuevo paradigma jurídico obliga al Estado mexicano, en su conjunto, a realizar nuestras acciones bajo un nuevo esquema de protección de los derechos fundamentales.

Asimismo en el artículo 3o., base constitucional del derecho humano a la educación, y en el artículo 7o. de la Ley General de Educación, se establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el respeto a los derechos humanos y la igualdad entre los individuos, así como a realizar acciones que eviten la comisión de ilícitos en contra de menores de 18 años de edad.

Un acto de igualdad lo constituye también el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres como grupo diferenciado. Un Estado moderno no puede tolerar, de ninguna manera, la violación de los derechos de las mujeres.

De igual forma, la trata de personas constituye una terrible práctica que afecta a millones de personas en todo el mundo, de todas las clases sociales. Y lo más preocupante es que sus principales víctimas son mujeres y niños que viven en las zonas con menor desarrollo económico.

De acuerdo a las cifras de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, en el 2012, 20.9 millones de personas fueron víctimas de trata, con fines de explotación sexual y laboral, de las cuales 55 por ciento fueron mujeres y niñas.

Nueva Alianza —convencido de que la educación es la respuesta a todos los problemas que aquejan a nuestra sociedad—, coincide con este punto de acuerdo y dará su voto a favor.

Incluir en los planes de estudio de la educación básica y media superior una asignatura en la que se imparta el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y la prevención de la trata de personas abonará en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos. Aspectos que tanto la autoridad educativa como todos quienes integramos el Estado mexicano debemos cumplir con puntual cabalidad.

Nueva Alianza seguirá sumándose a todas las medidas legislativas que hagan efectivo el principio de progresividad de los derechos humanos, estando siempre atentos a las necesidades que nos demande la ciudadanía y que hagan de México un mejor país. Por su atención, muchas gracias, presidente, muchas gracias, compañeras legisladoras y compañeros legisladores.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputado Fujiwara. Tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal.

A ver, vamos a cederle el uso de la palabra al diputado Roberto López Rosado.

El diputado Roberto López Rosado: Gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, todos, vengo ante ustedes para solicitar la aprobación del dictamen que emite la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, sobre el tercer protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicación, en el entendido de que los derechos humanos y la garantía del interés superior del niño requiere sin duda alguna de actualizar necesariamente la normativa y el marco vigente en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolecentes, con el propósito de que sea en coordinación a estos instrumentos y convenios internacionales, que nuestro país ha suscrito y ratificado, mediante los cuales se establece un marco de principios y obligaciones relativos a la garantía de los derechos de los niños y de las niñas.

Entre estos instrumentos internacionales se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual refiere un marco amplio de diversos derechos de las niñas y los niños, a saber el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les concierne.

Como saben todos ustedes, la Convención sobre los Derechos del Niño se le reconoce como el tratado de derechos humanos más confirmado de la historia. Consta de 54 artículos, los cuales establecen los derechos económicos, sociales y culturales de las niñas y de los niños. Asimismo se reconoce que en todos los países del mundo hay niños y niñas que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que, por tanto, estos menores de edad necesitan de especial atención.

La importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño es que busca la construcción de nuevas perspectivas en torno a las y los niños. Con ella estas personas pasan de ser sujetos de protección a sujetos de derechos.

La convención cuenta con tres protocolos, los cuales son: el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados; dos, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño con respecto a la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil. Y tres, el protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicación, aprobado el 19 de noviembre de 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor el 28 de mayo de 2012.

Por esas razones, solicito la aprobación de todos y cada uno de ustedes. Agradezco su atención y gracias, señor presidente.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputado López. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Presidencia de la senadora Lisbeth Hernández Lecona

MEDIDAS Y ACCIONES PARA MITIGAR EL EFECTO ECONOMICO Y SOCIAL DEL INCREMENTO DEL IVA EN LA REGION Y FRANJA FRONTERIZAS

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se autoriza.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar medidas y acciones para mitigar el efecto económico y social del incremento del IVA en la región y franja fronterizas

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar medidas y acciones para mitigar el efecto económico y social del incremento del IVA en la región y franja fronterizas, presentada por los diputados Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de 8 de enero de 2014, los diputados Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN presentaron punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar medidas y acciones para mitigar el efecto económico y social del incremento del IVA en la región y franja fronterizas.

2.Con fecha 14 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes:

Considerandos

Primero.Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar medidas y acciones para mitigar el efecto económico y social del incremento del IVA en la región y franja fronterizas, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN.

Los suscritos, diputados federales Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar diversas medidas y acciones a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza, con base en las siguientes

Consideraciones

Los diputados del Partido Acción Nacional nos opusimos al incremento de los impuestos para este año 2014, por dos razones fundamentales: primero, se incrementan los impuestos a los de siempre, a los contribuyentes cautivos, y segundo, no se propusieron disposiciones que aumenten de manera atinada y eficiente la base de contribuyentes.

Pese a lo anterior, la mayoría de este Congreso aprobó la Miscelánea Fiscal para 2014, con una cascada de incremento de impuestos y, con ello, la homologación del impuesto al valor agregado (IVA) del16 por ciento para todo el país.

De esta manera, se eliminó la tasa para la franja y región fronteriza del 11 por ciento, incrementándose al 16 por ciento el IVA, es decir, un incremento real en la carga fiscal del 45 por ciento para los ciudadanos de la frontera.

Desde un principio, los diputados de Acción Nacional adelantamos que la eliminación de la tasa fronteriza tendrá, al menos, las siguientes consecuencias:

• El impuesto va desincentivar la actividad comercial y productiva

• Las cantidades de bienes y servicios que se comercializarán serán menores.

• Los ciudadanos y las empresas se distribuirán la carga del impuesto: Por un lado, va disminuir el precio que reciben los vendedores y las empresas y, por el otro, van aumentar los precios que pagarán los consumidores.

A días del incremento del IVA la franja y región fronteriza ya se comienzan a ver los primeros efectos en detrimento de los consumidores; un reetiquetado masivo de los productos, abusos de parte de comerciantes sin escrúpulos, acaparamiento de productos de primera necesidad y una baja en las ventas de los establecimientos formales.

La eliminación de la tasa fronteriza tendrá un impacto avasallador en las ciudades y comunidades de la frontera norte.

Los precios de bienes y servicios se elevarán en al menos la misma proporción que el incremento de la tasa del IVA, provocando presiones inflacionarias.

La capacidad adquisitiva de los ciudadanos se reducirá drásticamente, ya que tendrán que destinar una parte mayor de sus ingresos a pagar este impuesto, por lo que ya no podrán comprar la misma cantidad de bienes y servicios.

La actividad comercial y productiva regional se verá afectada; los consumidores se desplazarán hacia Estados Unidos, por lo que disminuirá el consumo de este lado de la frontera, aunado a que ya no tendrán el mismo nivel de consumo, provocando una disminución en la producción de las empresas locales y en la generación de empleos.

Aun y cuando el Ejecutivo, a través de la homologación del IVA, espera incrementar su recaudación, ésta va caer a consecuencia de la disminución en la actividad comercial y productiva, por lo que no aumentará la recaudación en la misma medida.

En Acción Nacional estamos convencidos que este incremento del impuesto al consumo empeorará la distribución del ingreso de la región: las familias más pobres, que no tienen visa americana, pagarán en mayor medida el incremento de este impuesto, mientras que las familias con más recursos, que regularmente sí tienen visa, podrán cruzar hacia Estados Unidos para mitigar este incremento.

No podemos omitir que las ciudades de la frontera norte compiten con las colindantes de los Estados Unidos, siendo que del otro lado se paga un IVA que varía entre 6.75 al 8.25 por ciento solamente, esto es la mitad del impuesto que ahora se paga.

Compañeras y compañeros legisladores, derivado de lo anterior, los diputados del Partido Acción Nacional proponemos exhortar al Ejecutivo federal a que realice una serie de medidas y acciones con la finalidad de mitigar el impacto económico y social que tendrá el incremento del IVA en la franja y región fronteriza.

En primer lugar, el Ejecutivo federal presentó en mayo pasado el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20186 documento que precisa los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades para desarrollo integral y sustentable del país, así como los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.

Este documento incluye dentro de sus estrategias y líneas de acción medidas para propiciar un desarrollo y crecimiento del país más equilibrado, que permita abatir las desigualdades económicas y sociales entre las entidades federativas y, de manera particular, destaca las condiciones particulares de la región fronteriza con el resto del país. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo determinó la necesidad de elaborar el Programa Regional de Desarrollo del Norte.

Por lo tanto, proponemos hacer un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal a que tenga a bien expedir, con la brevedad, el Programa Regional de Desarrollo del Norte, mismo que deberá considerar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

En segundo lugar, el Ejecutivo federal presentó en noviembre pasado el denominado Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza7 que tiene por objeto lograr un desarrollo nacional incluyente y equilibrado, y comprende seis acciones estratégicas con una inversión por aproximadamente 30 mil millones de pesos, en beneficio de dichos estados:

1. Se eliminarán las garitas de la franja fronteriza.

2. Se apoyará a cerca de 240 mil familias de bajos recursos, mediante el programa de apoyo alimentario “Sin Hambre”.

3. Se otorgarán créditos hasta por 5 mil millones de pesos en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, a través de la Banca de Desarrollo.

4. Se impulsará el turismo fronterizo.

5. Se garantizarán los derechos de los consumidores, a través de las verificaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, ante la homologación del IVA.

6. Se realizarán obras y proyectos de infraestructura por 22 mil millones de pesos.

Por su parte, la Cámara de Diputados estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo para las Fronteras con un monto de 3 mil millones de pesos, el cual tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para contribuir al desarrollo económico de las entidades federativas ubicadas en la frontera.

De igual forma, a petición de los diputados de Acción Nacional, se solicitó al Ejecutivo federal la prórroga del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte8,  mismo que ya fue prorrogado, a fin de que las mercancías importadas a dicha zona puedan realizarse con un arancel más bajo9.

Con fundamento en lo anterior y a la baja en la actividad económica que se está presentado en las comunidades de la frontera norte, con motivo del incremento de los impuestos y la estacionalidad del mes de enero, se hace por demás necesario que el Ejecutivo federal, a través de las secretarías competentes, despliegue las medidas y acciones para la implementación del Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza, a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

En tercer lugar, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.

De esta manera, el INEGI tiene por mandato elaborar la información estadística y geográfica de interés nacional que resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional, tomando en consideración indicadores claves como el empleo, la distribución de ingreso y pobreza, el nivel de precios, entre otros, de conformidad con el artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Además, el INEGI expidió en octubre pasado el Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018 que atiende precisamente las demandas de información requeridas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por lo que es imprescindible que el INEGI lleve a cabo las actividades para la producción de información estadística que resulte de los fenómenos económicos y sociales que se susciten en la región y franja fronteriza por el incremento del IVA en esa zona del país.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que expida, a la brevedad, el Programa Regional de Desarrollo del Norte, considerando el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a que a través de las secretarías competentes, implemente, a la brevedad, las medidas y acciones contenidas en el denominado Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza, a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza. Asimismo, se solicita respetuosamente a las secretarías competentes, a que remitan a esta soberanía, un informe sobre los avances y resultados del Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a llevar a cabo las actividades para la producción de información estadística sobre el fenómeno económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

Notas:

6  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?código=5299465&fecha=20/ 05/2013

7  Presidencia de la República. 6 Acciones estratégicas del Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza.

http://www.presidencia.gob.mx/6-acciones-estrategicas-del-progr ama-de-apoyo-a-la-zona-fronteriza/

8  Dictamen de la Tercera Comisión que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a que considere renovar y ampliar el decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte. Aprobado el 7 de agosto de 2013. http://www.senado.gob.mx/index.php ?ver=sp&mn=2&sm=2&id=42805

9  Decreto que modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328038&fecha=26/ 12/2013 5 Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía por el que se aprueba el Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.phpcódigo=5318785&fecha=18/1 0/2013 Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2014. Diputados: Carlos Alberto García González, Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbricas).

Segundo. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo descrita en el inciso anterior.

Tercero. Los integrantes de la Tercera Comisión consideramos necesario reconocer que, desde una perspectiva técnica, el punto de acuerdo en comento es procedente.

Cuarto.En efecto es un hecho notorio que el Programa Regional de Desarrollo del Norte y el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza deberán desarrollarse por el Ejecutivo Federal, toda vez que hasta el momento se encuentran únicamente enunciados.

Quinto.Por lo que refiere al punto de acuerdo tercero de la proposición presentada por los legisladores cabe mencionar que de conformidad con el artículo 55, fracción I de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía coordinará dicho sistema, el cual está obligado a: I. Producir información; II. Difundir oportunamente la información a través de mecanismos que faciliten su consulta; III. Promover el conocimiento y uso de la información, y IV. Conservar la información en términos del artículo 4o. de dicho ordenamiento.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que expida, a la brevedad, el Programa Regional de Desarrollo del Norte, considerando el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a que a través de las dependencias competentes, vigile que los comerciantes no abusen en la franja fronteriza, incrementando precios de manera indebida e injustificada, e implemente, a la brevedad, las medidas y acciones contenidas en el denominado Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza, a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza. Asimismo, se solicita respetuosamente a las secretarías competentes, a que remitan a esta soberanía, un informe sobre los avances y resultados del Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a llevar a cabo las actividades para la producción de información estadística sobre el fenómeno económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, DF, a 14 de enero de 2014.

Por la Tercera Comisión:senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica), Presidente; senadora Luisa María Calderón Hinojosa, diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), secretarios; diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), diputado Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), senador Alejandro Tello Cristerna (rúbrica), senadora Mely Romero Celis, senador Jesús Casillas Romero, diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, senadora María Marcela Torres Peimbert, senador Javier Lozano Alarcón, diputado Javier Orihuela García (rúbrica), senador Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), diputado Ricardo Cantú Garza, diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), senador Omar Fayad Meneses (suplente rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (suplente rúbrica).»

DECRETO PUBLICADO EN EL DOF DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN BENEFICIOS Y FACILIDADES FISCALES AL SECTOR PRIVADO

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP a hacer del conocimiento público un desgloce del efecto en las finanzas públicas, del decreto publicado en el DOF del 26 de diciembre de 2013, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer del conocimiento público un desglose del efecto en las finanzas públicas del decreto publicado en el DOF del 26 de diciembre de 2013 mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado, presentada por los diputados Roxana Luna Porquillo y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de 8 de enero de 2014, los diputados Roxana Luna Porquillo y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP a hacer del conocimiento público un desglose del efecto en las finanzas públicas del decreto publicado en el DOF del 26 de diciembre de 2013 mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado.

2. Con fecha 14 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes:

Considerandos

Primero. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer del conocimiento público un desglose del efecto en las finanzas públicas del decreto publicado en el DOF del 26 de diciembre de 2013 mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado, suscrita por los diputados Roxana Luna Porquillo y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Roxana Luna Porquillo y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 1I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes argumentos:

Primero. El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Dicho conjunto de normas conforman la Reforma Hacendaria que el Ejecutivo federal promovió mediante iniciativas en las mismas materias el 8 de septiembre de 2013.

El análisis y discusión de la reforma hacendaria fue un esfuerzo ventilado públicamente, en el que se tuvieron importantes encuentros y debates no sólo entre los legisladores federales y representantes de diversos grupos económicos, sino con funcionarios del Gobierno Federal que participaron de manera relevante con sus puntos de vista en la valoración del proyecto presentado.

Segundo. El 26 de diciembre de 2013, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa.

Las leyes afectadas son las correspondientes al Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Derechos, así como el Código Fiscal.

Estas modificaciones se hicieron sin considerar al Congreso, aun cuando éste aprobó todas esas leyes en la Reforma Hacendaria en el mismo mes de diciembre de 2013.

Es decir que lo que se analizó, corrigió y votó con el esfuerzo de los diputados y senadores, terminó siendo modificado, sin consultarlos, tan sólo 15 días después.

El contenido del decreto del Ejecutivo consiste en concesiones al sector privado, en el que le conceden beneficios con la intención de congraciarse con ellos.

Es evidente que una vez aprobada la Reforma Hacendaria, los cabilderos del sector privado siguieron presionando al Ejecutivo y que lograron beneficios para sectores como el transporte de carga y pasajeros, los alimentos chatarra, las mineras, las escuelas particulares y las tiendas departamentales.

Tercero. Es inadmisible que el decreto del Ejecutivo del 26 de diciembre de 2013 no presente ninguna cuantificación del impacto que significa ceder en el cobro de recursos que forman parte de la Hacienda Pública. Es obvio que las modificaciones van a significar menos ingresos para el país, pero a diferencia de cuando se discutió la Reforma Hacendaria, donde por cada uno de los ajustes se proyectó una meta recaudatoria, ahora resulta que este paquete de concesiones tiene un entorno de opacidad y discrecionalidad.

Aun cuando la ley, en especial el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación permite este tipo de ajustes, en el fondo es una vergüenza que el gobierno ceda recursos aprobados por los legisladores, sin que ni siquiera se sepa cuánto es lo que nos va costar como país.

Cuarto. Además queda por verse de qué manera se va a ajustar la caída de los ingresos. El gobierno debe decir desde ahora si piensa superar las metas de déficit, si va a recurrir al truco de “aparecer” dinero subestimado o correspondiente a disponibilidades que no había reportado, o si piensa hacer algún ajuste al presupuesto aprobado en el gasto de inversión o en los programas de las dependencias.

Dada la naturaleza pública de los recursos comprometidos al modificar la recaudación, es fundamental que el Ejecutivo desglose las modificaciones que como consecuencia del decreto emitido, tendrán las metas del déficit aprobado por el Congreso de la Unión, la composición de los ingresos públicos, que necesariamente habrá de modificarse o, en su caso, deberá explicar los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión así como en los programas de las dependencias.

Si el Ejecutivo ya afectó lo aprobado por el Legislativo, lo menos que debe hacer es precisar las consecuencias de su determinación.

Quinto. El Ejecutivo exhibe un doble discurso, donde primero alentó y asumió elementos progresivos en materia fiscal y luego se desdice como si no existiera la determinación tanto de los diputados como de los senadores, lo cual constituye un pésimo mensaje en cuanto a la seriedad de las relaciones entre los poderes.

En conclusión, esta legislatura no debe permanecer pasiva ante una decisión discrecional en beneficio del sector privado. El Ejecutivo está obligado a transparentar e informar, por lo menos, las estimaciones del impacto económico que implican sus concesiones a los cabilderos del sector privado. Es lo mínimo que debe hacer para que exista claridad de quienes se van a beneficiar y con cuánto, por cada uno de los cambios que ha decretado.

Por lo antes expuesto y con el fundamento antes señalado se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desglose y haga del conocimiento público el cálculo del impacto a las finanzas públicas derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado.

Segundo. De igual manera, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a que detalle las modificaciones que como consecuencia de dicho decreto tendrán las metas del déficit aprobado, la composición de los ingresos públicos o, en su caso, los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión así como en los programas de las dependencias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.— Diputados: Roxana Luna Porquillo, Carol Antonio Altamirano (rúbricas).

Segundo.De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo descrita en el inciso anterior.

Tercero.Los integrantes de la Tercera Comisión reconocemos que independientemente de la carga ideológica plasmada en los argumentos del punto de acuerdo los exhortos en él establecidos tienen su fundamento en el apartado A del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desglose y haga del conocimiento público el cálculo del impacto a las finanzas públicas derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado.

Segundo.De igual manera, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a que detalle las modificaciones que como consecuencia de dicho decreto tendrán las metas del déficit aprobado, la composición de los ingresos públicos o, en su caso, los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión así como en los programas de las dependencias.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, DF, a 14 de enero de 2014.

Por la Tercera Comisión:senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica), Presidente; senadora Luisa María Calderón Hinojosa, diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), secretarios; diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), diputado Enrique Cárdenas del Avellano, senador Alejandro Tello Cristerna (rúbrica), senadora Mely Romero Celis, senador Jesús Casillas Romero, diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, senadora María Marcela Torres Peimbert, senador Javier Lozano Alarcón, diputado Javier Orihuela García (rúbrica), senador Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), diputado Ricardo Cantú Garza, diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), senador Omar Fayad Meneses (suplente rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García ( suplente rúbrica), diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica suplente).»

CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE CONCIENCIACION SOBRE LA PREVENCION Y ATENCION DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una campaña informativa y de concienciación sobre la prevención y atención de la enfermedad de chagas.

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una campaña informativa y de concienciación sobre la prevención y atención de la enfermedad de Chagas, presentada por el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de 18 de diciembre de 2013 el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, del grupo parlamentario del PVEM presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una campaña informativa y de concienciación sobre la prevención y atención de la enfermedad de Chagas.

2. Con fecha 14 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes:

Considerandos

Primero.Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una campaña informativa y de concienciación sobre la prevención y atención de la enfermedad de Chagas, suscrita por el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, del Grupo Parlamentario del PVEM.

El que suscribe, Mario Francisco Guillén Guillén, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria tropical generalmente crónica, causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi; endémica de América y atribuyéndose su distribución desde México al resto de Sudamérica.

Dicha enfermedad es propagada por la chinche de Chagas, misma que se localiza con mayor frecuencia en zonas con una altura de entre 700 y 800 metros al nivel del mar; la principal problemática es el desconocimiento de la enfermedad y sus síntomas, tales como problemas del corazón o la modificación del tamaño de cualquier órgano hueco, por lo que cuando la gente descubre que la padece ya han pasado al menos unos 15 a 20 años de su contagio.

Directivos del laboratorio de biología de parásitos del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicaron que la enfermedad de Chagas se adquiere por dos vías; la primera, a través del contacto con las heces del animal, y la segunda por la transfusión de sangre de una persona infectada; así también señalaron que en nuestro país se tienen identificados 13 triatómicos que transmiten su enfermedad al humano, de los cuales dos viven al interior de los domicilios.

Actualmente se estima que son infectadas en el continente americano entre 15 y 17 millones de personas cada año, de las cuales mueren aproximadamente unas 50 mil, dicha afección tiene mayor prevalencia en las regiones rurales de América Latina.

Por lo que hace a México, cifras señalan que al menos un millón de personas padecen esta enfermedad, según datos de la UNAM, refieren que cada año se infectan más de 200 mil mexicanos, de los cuales la gran mayoría son adultos de entre 25 y 44 años.

De 1990 a 2011, los estados con mayor incidencia fueron Yucatán con 166 casos, Veracruz con 151, Oaxaca con 87, Chiapas 75, estado de México 44, Tamaulipas 43, Michoacán 33, Morelos 32, Jalisco 32 y Sinaloa con 15; tan sólo en 2006 se reportaron 37 decesos.

Hasta el momento se ha dificultado el tratamiento de esta enfermedad, por lo que autoridades de Salud Personal de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones, acordaron iniciar un programa de control de la enfermedad de Chagas en México y de la chinche de Chagas, principalmente en el sur del país, donde abunda el insecto.

Estos trabajos de investigación están siendo aplicados en los estados de la zona sur del país, es decir: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y en la península de Yucatán; iniciando con niños menores de cinco años para que en ellos se vea si hay infección o no, qué cantidad y qué porcentaje la padecen.

Reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una de las 13 enfermedades tropicales más desatendidas del mundo, y por la Organización Panamericana de la Salud (como una enfermedad de la pobreza), la enfermedad de Chagas es un grave problema social y económico en muchos países de América Latina, por lo que requiere de la unión de muchos esfuerzos para su tratamiento y erradicación.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que realice una campaña informativa y de concientización respecto a la prevención y atención de la enfermedad de Chagas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud a participar y colaborar en la integración del Programa de Control de la Enfermedad de Chagas en México y de la chinche de Chagas, principalmente en el sur del país, encabezado por autoridades de Salud Personal de la Organización Mundial de la Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2013.— Diputado Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica).

Segundo. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Tercero. Para determinar la procedencia del punto de acuerdo primero contenido en la proposición en comento, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos necesario invocar la fracción I del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda vez que establece la competencia de la Secretaría de Salud para:

I. Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen.

Cuarto. Respecto al punto de acuerdo segundo de la proposición, cabe señalar que su procedencia se determina con el análisis de las fracciones X y XVI del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las cuales establecen las siguientes atribuciones de la Secretaría de Salud:

...

X. Dirigir la policía sanitaria general de la República, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana;

...

XVI. Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afecten la salud, contra el alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios sociales, y contra la mendicidad;

...

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que realice una campaña informativa y de concientización respecto a la prevención y atención de la enfermedad de Chagas.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud a participar y colaborar en la integración del Programa de Control de la Enfermedad de Chagas en México y de la chinche de Chagas, principalmente en el sur del país, encabezado por autoridades de Salud Personal de la Organización Mundial de la Salud.

Tercero.La Comisión Permanente, exhorta a la Secretaría de Salud y, a las secretarías de Salud locales, a que fortalezcan la salud preventiva en el país, como una política transversal, especialmente tratándose de las enfermedades llamadas de la pobreza.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, DF, a 14 de enero de 2014.

Por la Tercera Comisión:senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica), Presidente; senadora Luisa María Calderón Hinojosa, diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), secretarios; diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), diputado Enrique Cárdenas del Avellano, senador Alejandro Tello Cristerna (rúbrica), senadora Mely Romero Celis, senador Jesús Casillas Romero, diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, senadora María Marcela Torres Peimbert, senador Javier Lozano Alarcón, diputado Javier Orihuela García (rúbrica), senador Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), diputado Ricardo Cantú Garza, diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), senador Omar Fayad Meneses (suplente rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (suplente rúbrica), diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica suplente).»

MEDIDAS PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS DE PROCEDENCIA ILICITA

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Profeco a tomar medidas para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de procedencia ilícita

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profeco a tomar medidas para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de procedencia ilícita, presentada por los diputados Laura Guadalupe Vargas Vargas, Enrique Cárdenas del Avellano y Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente  dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 18 de diciembre de 2013, los diputados Laura Guadalupe Vargas Vargas, Enrique Cárdenas del Avellano y Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI presentaron punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Profeco a tomar medidas para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de procedencia ilícita.

2. Con fecha 14 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes:

Considerandos

Primero.Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profeco a tomar medidas para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de procedencia ilícita, suscrita por los diputados Laura Guadalupe Vargas Vargas, Enrique Cárdenas del Avellano y Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los que suscriben, diputados Laura Guadalupe Vargas Vargas y Enrique Cárdenas del Avellano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en por los artículos 58 y 60 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente exposición de motivos. La prevención y cuidado en el hogar son trascendentales para evitar los accidentes dentro de los hogares, los cuales pueden provocar severos daños a la salud y hasta la muerte no sólo de adultos, sino que, con mayor frecuencia, la de menores de edad.

Como bien lo reflejan diversas estadísticas, el mes de diciembre es uno de los meses con mayor número de accidentes dentro del hogar así como de fallecimientos a causa de los mismos. Como bien lo afirma el doctor Miguel Ángel Andrade Padilla, profesor del Centro de Investigación Educativa y Formación Docente del Centro Médico Nacional “La Raza”, en esta temporada se incrementan los accidentes con relación al resto del año. En los niños menores aumenta entre 20 y 30 por ciento y la mayoría están relacionados con la presencia de arbolitos navideños.1

Desgraciadamente, en diciembre y enero, el aumento de incendios en el hogar aumenta exponencialmente, a causa principalmente del gran número de luces y las fallas en el cableado, las cuales causan los árboles navideños se incendien y causen graves daños materiales y humanos.

Es en este sentido que se debe tener el cuidado pertinente en la compra de estas luces, ya que según datos del licenciado Abelardo Larios Segura, presidente del Consejo Consultivo de la Conferencia Nacional de Asociaciones de Comerciantes de Materia y Equipo Eléctrico (Conacome), durante la época navideña se comercializan en el país más de 15 millones de series navideñas consideradas “pirata”, lo cual arroja ventas por más de 400 millones de pesos,2 lo anterior causa el incendio en un 70 por ciento de los hogares, ello a causa de estas mismas series y luces “piratas”, que carecen de toda norma oficial.

Por otra parte el licenciado Jaime Salazar Figueroa, presidente de la Expo Electrónica Internacional, dio a conocer que el total de series navideñas que comercializarán la informalidad y la formalidad alcanzará las 50 millones de series luminosas, de las cuales poco más del 50 por ciento son productos “pirata”. Asimismo, el licenciado Jaime Salazar afirmó que aunado a la “piratería” que se da en series luminosas, también está ligado a la ilegalidad comercial la venta de las extensiones o multa-contactos, cuyo uso aumenta en las épocas navideñas alcanzando la piratería en estos casos un 40 por ciento.3

Es en este sentido que los ciudadanos, por una parte, deben de tener las precauciones necesarias en la compra de dichos productos, los cuales deben procurar, sean de la mejor calidad y con la garantía que funcionarán adecuadamente esta temporada; y por la otra parte, el deber de prevenir accidentes en el hogar, colocando todo contacto o cualquier aparato o serie que requiera energía eléctrica de manera adecuada, bajo las reglas mínimas de protección civil, para que con esto se eviten los accidentes e incendios en los hogares.

Es responsabilidad de las instituciones gubernamentales que todo producto que sea importado o puesto a la venta de los consumidores cuente con las normas mínimas oficiales, para garantizar su calidad, por lo que se torna necesaria la ejecución de medidas tendientes a prevenir accidentes en los hogares y pérdidas económicas incalculables a causa de la “piratería” que tanto abunda en México.

Estas acciones por parte de diversas autoridades deben ir encaminadas a la protección de los derechos del consumidor como son el derecho a la información, a la educación, a elegir, a la seguridad y calidad, la no discriminación, compensación y el derecho a la  protección,4 siendo el derecho a la seguridad y calidad uno de los más importantes, ya que éste es el que garantiza que los bienes y servicios que se ofrecen cumplan con las normas y disposiciones aplicables.5

Es en este sentido que, con el fin de proteger los derechos del consumidor y sustentar la seguridad de los ciudadanos en esta época decembrina, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Alfredo Castillo Cervantes, a efecto de que se tomen medidas tendientes para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de procedencia ilícita.

Notas:

1  http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2009/143367/6/ navidad-incrementa-30-accidentes-enninos.htm 27 de noviembre de 2013 18:55 horas.

2  http://www.eluniversal.com.mx/fínanzas-cartera/2013/impreso/crece-venta-de-seri es-navidenias-8220piratas-8221-106535.html 27 de noviembre de 2013 19:15 horas.

3  http://www.ciudadcapital.com.mx/archives/7220 27 de noviembre de 2013 19:22 horas

4  http://www.profeco.gob.mx/saber/derechos7.asp 27 de noviembre de 2013 19:52 horas

5  http://www.profeco.gob.mx/saber/derechos7.asp 27 de noviembre de 2013 19:55 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2013.— Diputados: Laura Guadalupe Vargas Vargas y Enrique Cárdenas del Avellano (rúbricas).

Segundo.De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo descrita en el inciso anterior.

Tercero.Los integrantes de la Tercera Comisión consideramos válida la proposición de los diputados Laura Guadalupe Vargas Vargas, Enrique Cárdenas del Avellano y Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI.

Sin embargo el dictamen debe modificar la propuesta inicial toda vez que ésta se encontraba dirigida a las festividades navideñas del año 2013, lo que resulta en un acto consumado.

No obstante lo anterior la problemática descrita por los diputados es común en esa época del año, por lo cual resulta pertinente diseñar medidas tendientes para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de procedencia ilícita para el próximo año aprovechando la experiencia que la Profeco ha adquirido en la temporada pasada recién concluida.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Alfredo Castillo Cervantes, a efecto de que tras el análisis de las inspecciones y denuncias derivadas de la pasada época de festividades navideñas, se diseñen medidas tendientes para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de procedencia ilícita para la próxima temporada navideña.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, DF, a 14 de enero de 2014.

Por la Tercera Comisión:senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica), Presidente; senadora Luisa María Calderón Hinojosa, diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), secretarios; diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), diputado Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), senador Alejandro Tello Cristerna (rúbrica), senadora Mely Romero Celis, senador Jesús Casillas Romero, diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, senadora María Marcela Torres Peimbert, senador Javier Lozano Alarcón, diputado Javier Orihuela García (rúbrica), senador Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), diputado Ricardo Cantú Garza, diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), senador Omar Fayad Meneses (suplente rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (suplente rúbrica), diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica suplente).»

INFORMACION REFERENTE AL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO MUNDIAL EN MATERIA EDUCATIVA

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:««Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP a difundir la información referente al préstamo otorgado por el Banco Mundial en materia educativa

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a difundir la información referente al préstamo otorgado por el Banco Mundial en materia educativa, presentada por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de 18 de diciembre de 2013, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP a difundir la información referente al préstamo otorgado por el Banco Mundial en materia educativa.

2. Con fecha 14 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes:

Considerandos

Primero.Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a difundir la información referente al préstamo otorgado por el Banco Mundial en materia educativa, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 17 del presente mes, el Banco Mundial aprobó para México un préstamo por la cantidad de 301 millones de dólares, con miras de mejorar la eficiencia y calidad de la educación superior en el país; el cual se suma a dos préstamos anteriores planeados en el mismo sentido.

Según el Banco Mundial, dicho crédito permitirá tener una cobertura de más de cuatro millones de estudiantes, asimismo, “El proyecto apoyará acciones en tres áreas: aumentar la flexibilidad de la educación media superior facilitando la transferencia de estudiantes entre y dentro de los diferentes sistemas de educación media superior en México; aumento de la calidad de la misma, y la reducción de los costos de oportunidad al estudiar la media superior por medio de becas destinadas especialmente a personas en situación de vulnerabilidad”.10

El mencionado préstamo, está contemplado a una tasa de interés variable con un reembolso realizado en una sola exhibición programado para noviembre de 2021.

Este es el tercer préstamo que realiza el Banco Mundial a México con el mismo fin. Los dos anteriores fueron por 700 millones de dólares en 2013 y 300.7 millones en 2012, respecto a este último, el Banco Mundial mencionó que su objetivo era “apoyar los esfuerzos del gobierno por mejorar el sistema de educación media superior y aumentar los incentivos para que los estudiantes preuniversitarios se gradúen”.11

Aunado a ello, en 2010, México había recibido otro préstamo “por un monto de 100 millones de dólares, (que sería) utilizado para apoyar al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en el programa de acciones compensatorias, a través del cual se otorgará capacitación a promotores educativos, el desarrollo de nuevos materiales pedagógicos, mejoras en la infraestructura escolar en zonas marginadas y en la provisión de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de municipios del país, informó la Secretaría de Hacienda”.12

Asimismo, no se debe dejar sin mencionar lo que la entonces directora del Banco Mundial para México y Colombia, Gloria Grandolini, sostuvo al mencionar “que una mejor calidad educativa genera una mayor productividad y, consecuentemente, mayor crecimiento económico”.

Si bien, en 2012 se aprobó la mal llamada Reforma Educativa, que no fue más que una serie de adecuaciones en el sentido laboral, dejando de lado las principales causas que ameritaban una reforma estructural, tales como la cobertura universal y la calidad de la educación; el gobierno federal no ha podido comprobar los resultados a corto plazo de dichas modificaciones a la legislación.

Es así que externamos nuestra preocupación por conocer la manera en que se destinarán los recursos otorgados por el Banco Mundial, así como sus alcances a corto, largo y mediano plazo, con el objetivo de garantizar plenamente lo estipulado en el artículo 3o. constitucional y presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer pública la información referente al préstamo otorgado por el Banco Mundial en materia educativa.

Notas:

10 1. http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2013/bm-prestamo-973574.html

11 2. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?Newsl D=22942#. UrCAEtLu KSo

12 3. http://www.jornada.unam.mx/2010/03/27/economia/020 n1eco

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2013.— Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Segundo.De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Tercero. Los integrantes de la Tercera Comisión reconocemos que independientemente de la carga ideológica plasmada en los argumentos del punto de acuerdo, el exhorto en él establecido tiene su fundamento en el apartado A del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer pública la información referente al préstamo otorgado por el Banco Mundial en materia educativa.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, DF, a 14 de enero de 2014.

Por la Tercera Comisión:senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica), Presidente; senadora Luisa María Calderón Hinojosa, diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), secretarios; diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), diputado Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), senador Alejandro Tello Cristerna (rúbrica), senadora Mely Romero Celis, senador Jesús Casillas Romero, diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, senadora María Marcela Torres Peimbert, senador Javier Lozano Alarcón, diputado Javier Orihuela García (rúbrica), senador Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), diputado Ricardo Cantú Garza, diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), senador Omar Fayad Meneses (suplente rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (suplente rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Esta Presidencia hace la aclaración que por economía procesal procederemos a poner a votación los dictámenes que se encuentran en sentido positivo. Por lo que pido a la Secretaría solicite a la asamblea la votación correspondiente.

Les aclaro que el punto que se desecha lo vamos a discutir al final de la votación de estos dictámenes. Gracias.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Dictamen de la Tercera Comisión, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se convoca a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de acuerdo que por el que se convoca a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del PT.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 8 de enero de 2014 el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT presentó punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público.

2. Con fecha 14 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes:

Considerandos

Primero.Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Con punto de acuerdo, por el que se convoca a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, suscrita por el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT.

El que suscribe, diputado federal Ricardo Cantú Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo las siguientes.

Consideraciones

Como es de sobra conocido, el pasado 11 de diciembre de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se informa de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, del Ejercicio Fiscal de 2014, por el Congreso de la Unión, último documento de la saga de iniciativas del Gobierno federal presentadas el año aludido en la Miscelánea Fiscal.

Sin embargo, en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 2013, el Ejecutivo federal hace uso de las facultades que le confieren el artículo 31 de la Ley de la Administración Pública Federal y las del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para emitir un decreto por el que se compilan diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, que corresponden al Impuesto Sobre la Renta, al Impuesto al Valor Agregado, al impuesto especial sobre producción y servicios, a derechos, al Código Fiscal de la Federación, y a disposiciones comunes.

En los considerandos del decreto se alude en términos generales, a las causas que la autoridad estima deben ser tomadas en cuenta para establecer una larga lista de estímulos fiscales para los contribuyentes que caigan en ciertos supuestos, que ameriten a juicio de ella misma, las ventajas que se mencionan en el documento citado.

Es de conocimiento general que nuestra Carta Magna, en su artículo 16, primer párrafo, mandata que para que la autoridad competente se permita emitir un mandamiento, este debe estar fundado y motivado, cuestión que no fue salvada en el decreto publicado el 26 de diciembre.

Lo anterior nos lleva a concluir que para el titular del Ejecutivo federal, las decisiones del Poder Legislativo son en la práctica, inútiles, ya que le basta emitir un decreto para modificar lo que había aprobado el Congreso de la Unión, con el fin de beneficiar a los grandes contribuyentes, que son los que marcan el rumbo de la economía y finanzas del país.

A juicio de nuestro grupo parlamentario, si fuera el caso de que viviéramos en un auténtico Estado de Derecho, lo procedente sería haber presentado otra iniciativa del propio Ejecutivo federal, modificatoria de la que dio origen a este problema y no acudir a un decreto, que aunque es legal, no es legítimo.

En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que es indispensable que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comparezca ante esta soberanía a aclarar e informar cabal y puntualmente, el porqué de las determinaciones tomadas por el Ejecutivo federal y por tanto somete a la consideración de esta soberanía, con carácter de obvia y urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de plenos de la Comisión Permanente Palacio, a los ocho días del mes de enero del año dos mil catorce.— Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).

Segundo. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Tercero.Los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que la proposición planteada por el diputado Ricardo Cantú Garza, no se apega al marco jurídico legal derivado del párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Lo anterior nos motiva a allegarnos de toda la información posible respecto de cualquier asunto para que los legisladores lo estudien y, posteriormente se valore la pertinencia de solicitar un informe por escrito o la comparecencia de cualquier funcionario.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión desecha el punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, presentado por el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del PT el 8 de enero de 2014.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, DF, a 14 de enero de 2014.

Por la Tercera Comisión:senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica), Presidente; senadora Luisa María Calderón Hinojosa, diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), secretarios; diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), diputado Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), senador Alejandro Tello Cristerna (rúbrica), senadora Mely Romero Celis, senador Jesús Casillas Romero (rúbrica), diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, senadora María Marcela Torres Peimbert, senador Javier Lozano Alarcón, diputado Javier Orihuela García (rúbrica), senador Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), diputado Ricardo Cantú Garza, diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (suplente rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, secretaria.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul). Presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Diputado, ¿con qué objeto? Micrófono por favor al diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, presidenta. Para que me inscriba para hablar en contra del desechamiento de la comparecencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrada su intervención, diputado. Sí, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (desde la curul): Para la misma petición, para que se me registre a participar por el desechamiento del acuerdo. Gracias.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Está registrada, diputada. Gracias. Sí, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal(desde la curul): Para hablar a favor del dictamen de la comisión.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrado, diputado. Esta Presidencia informa que están a discusión los presentes dictámenes, por lo que quedan registradas las intervenciones de los diputados y el senador Zoé Robledo Aburto, en pro.

Voy a proceder a conceder el uso de la palabra para hablar en contra a la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo. Tiene usted el uso de la palabra, diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en la última sesión de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el pasado 8 de enero, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó un punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, relativo a convocar a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que aclare a cabalidad el porqué de la determinación del Ejecutivo federal, que devino en que el 26 de diciembre de 2013 se publicara en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se compilan diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa que corresponden al impuesto sobre la renta, al impuesto al valor agregado, al impuesto especial sobre producción y servicios, a derechos al Código Fiscal de la Federación y a disposiciones comunes.

La Mesa Directiva de esta Comisión Permanente turnó a la Tercera Comisión, que corresponde a Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas, para llevar a cabo el estudio pertinente y dictaminar lo procedente.

Es el caso que ayer la Tercera Comisión determinó que tal propuesta fuera desechada, porque no era posible convocar al titular de la dependencia en comento para tratar un asunto como el planteado por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. La decisión se tomó sin plantear una deliberación y simplemente se desechó por una mayoría carente de argumentos. Reivindicamos la facultad del honorable Congreso de la Unión para iniciar, aprobar y, en su caso, modificar toda clase de leyes.

Estamos en contra de que el Ejecutivo federal en los hechos derogue lo aprobado por este Congreso. La determinación de los estímulos fiscales a los que hacemos mención debieron en todo caso ser sujetos a una nueva iniciativa del Ejecutivo federal para debatir en el pleno de las soberanías que conforman este honorable Congreso de la Unión y ser sometida a los procesos legislativos que nos rigen. Esto es lo que debiera esperarse de un auténtico estado de derecho y no la farsa por la que nos quieren hacer pasar.

En los términos en los que el Ejecutivo federal actúa queda evidenciada de un autoritarismo con el que desean que los mexicanos pasen como si fueran alienados.

Para el Ejecutivo federal las decisiones del Poder Legislativo son menos que atendibles, porque le basta emitir un decreto para modificar lo aprobado en un proceso largo, desgastante y, sobre todo, abusivo en el seno de esta instancia. Resulta inaceptable que no se haya explicado a la sociedad mexicana ni al Congreso de la Unión el impacto que tendrá esta decisión en el erario público.

La decisión del Ejecutivo no es conforme con el orden constitucional mexicano. El artículo 31 constitucional establece los principios de proporcionalidad y equidad en materia tributaria. Dichos principios resultan aplicables a todo sistema impositivo en su conjunto y no solamente a unos o algunos impuestos específicos.

Lo que el Ejecutivo federal intenta es emplear una regla fiscal aislada, que únicamente le permite emitir decretos para hacer frente a contingencias naturales, económicas o sociales, tal como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para defraudar a la Constitución y a las arcas de la nación.

Es tan evidente que se trata de una medida fraudulenta, que el gobierno ni siquiera se atrevió a fundar su decisión en la norma específica que permite la emisión de tales decretos.

Es más, la decisión del presidente Enrique Peña Nieto está expresamente prohibida por ley. El artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación textualmente prohíbe, apunto y subrayo: emisión de los decretos para condonar o eximir contribuciones cuando la posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en la ley tributaria federal.

Es decir, el decreto que utilizó Enrique Peña Nieto, está previsto para enfrentar contingencias que afectan a las ramas de la industria. Pero las leyes tributarias federales en ningún caso pueden considerarse una contingencia ni la fuente de una posible afectación.

Resulta indispensable que el secretario de Hacienda informe qué motivó al gobierno federal que a su vez haya motivado decidir violar el Código Fiscal de la Federación y defraudar nuestra Carta Magna.

En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reitera su solicitud al pleno de esta Comisión Permanente para que acuerde en forma positiva la emisión de un punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, en el sentido de que comparezca el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aclarar de manera cabal y puntual el porqué de las determinaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del 2013. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Ortiz. Continuamos con la discusión del dictamen que se desecha, la proposición con punto de acuerdo. Para ello tiene el uso de la palabra el senador Zoé Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática.

El senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo la primera sesión de trabajo de la Tercera Comisión correspondiente a Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas de esta Comisión Permanente.

En esa sesión los senadores, senadoras, diputadas y diputados que estuvieron presentes dictaminaron cinco puntos favorablemente y uno de manera negativa. Todos obviamente vinculados con los asuntos económicos que una semana antes se habían presentado en esta tribuna.

En esta primera sesión obviamente el tema económico sin duda ha sido predominante y lo ha sido porque el 2014 inició con una serie nueva, distinta de preocupaciones económicas para todos los mexicanos. No se trata nada más del asunto —digámoslo así— natural y cíclico de lo que se conoce como la cuesta de enero. Hubo sorpresas muy desagradables al iniciar este año. Nosotros en el PRD así lo reconocimos.

El día de ayer se dictaminaron distintos puntos de acuerdo que tienen que ver con esta serie de preocupaciones. Uno que hablaba sobre mitigar el efecto del incremento del IVA en las regiones fronterizas. Soy de un estado con frontera y en Chiapas están muy preocupados por la implementación de la medida para homologar el IVA en las zonas fronterizas.

También hubo un exhorto a la Profeco para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de procedencia ilícita. Un exhorto a la Secretaría de Hacienda para difundir información referente al préstamo otorgado por el Banco Mundial en materia educativa. Y, por supuesto, lo que estamos discutiendo hoy aquí, la necesidad de que a esta soberanía se le informe sobre estas medidas.

No puedo estar de acuerdo con la diputada Ortiz respecto a que no hubiera debate. Hubo debate, estuve ahí, presido esa comisión, lo intento hacer de la manera más seria y responsable posible y hubo un amplio debate, en el que desafortunadamente no había legisladores del PT. Pero estaban legisladores como el diputado Mejía, que puso el acento en el asunto de si debía o no haber comparecencia y se discutió y hubo por supuesto argumentos a favor y hubo por supuesto argumentos en contra. Finalmente, esta comisión tomó la determinación de que no hubiera comparecencia.

Y se voto a favor, en cambio, la solicitud que en el PRD estamos haciendo de información puntual sobre los cálculos y los efectos que va a tener el famoso decreto del 26 de diciembre.

Fue producto del trabajo de esta Tercera Comisión en que se aprobó ese exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga del conocimiento de la sociedad y, por supuesto, de los legisladores de un desglose detallado del efecto que tendrá en las finanzas públicas el llamado decreto del 26 de diciembre mediante el cual —y hay que decirlo de manera muy clara— se otorgaron beneficios y facilidades fiscales al sector privado.

Este asunto, compañeras y compañeros, tiene que ver con que una serie de argumentos que se esgrimieron el año pasado en la discusión de la reforma hacendaria de repente se pusieron de lado. Se habló de que no iba a haber privilegios y empezamos el año, bueno, desde el 26 de diciembre con una medida que tiene que ver con los privilegios.

Cuando se presentó la reforma hacendaria, en septiembre, se habló de hacer una reforma de carácter social en donde pagara a quien más ganara, que acelerara el crecimiento económico, que alentara la formalidad y que evitara privilegios para grupos, empresas o personas. Sin embargo, una vez que ya se había aprobado, viene el regalo navideño con este decreto para otorgar beneficios, estímulos fiscales y deducciones exprés al sector privado. Esto sin duda alguna altera de un modo que aún no se puede cuantificar los ingresos públicos. Sin duda va a alterar el sentido original de la reforma hacendaria.

Nosotros no estamos poniendo en duda si hay una atribución del Ejecutivo federal para emitir este decreto. Ojalá éste no sea un debate que se centre en eso. No está en duda el asunto de las facultades. Pero sí está en duda cuál es la intención y por qué es de extrañar que estas mismas posiciones, estas mismas y estas consideraciones de incentivos, estímulos y facilidades fiscales no se hayan ni siquiera presentado en la amplia discusión que tuvo lugar el año pasado sobre la reforma hacendaria.

En la reforma hacendaria se trató ampliar la recaudación bajo principios de justicia redistributiva, pero ahora de un plumazo literalmente se pretenden disminuir esos ingresos.

No se nos puede olvidar que el año pasado se amplió el déficit presupuestal. Recordemos que se amplió la capacidad de endeudamiento de una manera sin precedentes. Y ahora se empieza a hacer caravana con sombrero ajeno por parte del Ejecutivo y se dispone a beneficiar a distintos contribuyentes a costa —lo más grave— de los ingresos públicos.

Es por eso, compañeras y compañeros, que nosotros en el PRD determinamos sí la necesidad de que se informe y que sea pertinente y se considere así en esta soberanía que la Secretaría de Hacienda explique tanto la lógica de estos beneficios como su impacto en las finanzas públicas.

Por eso es que hoy estoy aquí para hablar, por supuesto, de lo que se acaba de votar y explicar cuál es la lógica y cuál es nuestra posición respecto a esta medida. Sin duda necesitamos información y la estamos solicitando de manera formal, de conformidad con nuestras facultades como Poder Legislativo.

Por supuesto que estamos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. En este momento ese elemento para nosotros está representado en nuestra solicitud de información, que se agradece que haya sido votada a favor. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias senador Zoé Robledo Aburto. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, compañera presidenta. Efectivamente el día de ayer tuvimos una amplia discusión en la Tercera Comisión que preside el senador Zoé Robledo y nosotros nos sumamos a la propuesta del Partido del Trabajo, por conducto del diputado Ricardo Cantú, para que comparezca ante esta soberanía el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Nos parece que no solamente tiene que ver con el decreto del 26 de diciembre, donde el Ejecutivo, en un aparente acto de generosidad determinó una serie de estímulos y consideraciones de carácter fiscal para beneficio de algunos contribuyentes. A nosotros nos parece que ese decreto fueron minucias frente al daño de la reforma hacendaria, pero en este afán propagandístico evidentemente el Ejecutivo federal lo hizo con la intención de aparecer como el bueno de la película, el que considera la preocupación de los contribuyentes, mientras que los legisladores son aquellos que aplican impuestos hacia la población.

Nosotros en Movimiento Ciudadano votamos en contra de la reforma hacendaria y el tiempo nos ha dado la razón. No solamente iban por los contribuyentes de mayores ingresos, que siguen siendo protegidos por el Servicio de Administración Tributaria al no exhibir las condonaciones fiscales de que han sido beneficiarios, sino que esta reforma hacendaria en realidad a quien ha golpeado es a los grupos más vulnerables, ha golpeado a millones de familias y ha desatado una espiral inflacionaria. De tal manera que ya los analistas económicos hablan de la mayor inflación en un mes en 11 años, que será la inflación del mes de enero. Es decir, no solamente estamos viviendo una cuesta de enero, sino lo que parece el inicio de una cuesta sexenal. Mayores agravios económicos para la población.

Por eso el titular de Hacienda, como responsable de la política económica, no solamente tiene que venir a explicar el tema del decreto del 26 de diciembre, sino tiene que responder por qué no crecimos al 4 por ciento que dijo que íbamos a crecer en 2013 y por qué ahora con total ligereza afirma nuevamente, sin ningún elemento prospectivo que lo soporte, que volveremos a crecer al 4 ciento. Y lo utilizan además como propaganda frente a la reforma hacendaria y frente a la reforma energética, para justificar sus atracos y su traición a la patria.

Por eso queremos que Luis Videgaray venga a explicar porqué no crecimos en 2013 y porqué dice que vamos a crecer al 4 por ciento en 2014. Queremos que explique también esta persecución y esta lista negra infamante del SAT y porqué hay ese trato deferente y privilegiado para las 400 empresas principales de país.

Eso queremos que venga a explicar Luis Videgaray, porque no solamente es el tema del decreto, sino son varios temas: el nulo crecimiento económico, la lista negra del SAT, los aumentos que ha desatado la reforma hacendaria y el tema de la inflación en el mes de enero. Ésos son los temas. Pero vemos aquí que hay una sobreprotección a Luis Videgaray, que no se le toque ni con el pétalo de una pregunta que le pueda ser incómoda y por esa razón se ha desechado la comparecencia en este proyecto.

Nosotros hacemos un llamado para que se reconsidere y comparezca y venga a explicar qué pasó en el 2013 y porqué proyectan ese crecimiento en el 2014. Y que explique este inicio de año fatídico para la economía de millones de familias, que supuestamente se aprobó un impuesto para combatir la obesidad, pero en realidad esto ha desatado una cadena de aumentos en diferentes productos para el consumo popular. Ésa es nuestra propuesta.

Nosotros estamos para defender a los ciudadanos, no para defender a los funcionarios. Y nos parece —insisto— que hay una sobreprotección a quien es en los hechos el vicepresidente económico del país, porque cuando Peña Nieto nombra a Osorio, prácticamente lo hace el vicepresidente político y ahorita está metido en el tema de Michoacán —que al rato vamos a ver— pero no menos grave es el tema económico con el que está arrancando el 2014. Por eso pedimos que se reconsidere y que se vote la comparecencia de Luis Videgaray.

Hacemos también un llamado al Partido Acción Nacional para que nos acompañe en este planteamiento. Nosotros fuimos con ellos y otros legisladores, con una acción de inconstitucionalidad que se presentó el pasado 10 de enero, 172 legisladores firmamos esta acción de inconstitucionalidad, que ya está radicada con el expediente 5/2014 y que se acumuló a otra acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores.

Los temas —entre otros— es la homologación del IVA en la frontera, el tema del régimen de los pequeños contribuyentes que ha sido modificado, el tema del impuesto sobre la renta y el tema de la deducibilidad de las personas físicas.

Nosotros también queremos que Luis Videgaray nos hable de esta posición del Ejecutivo frente a esta acción. Por eso le pedimos al PAN también una definición. No puede estar en unas cosas protegiendo al Ejecutivo y en otras impugnando los actos del Ejecutivo. Tiene que venir a rendir cuentas el secretario de Hacienda frente al fracaso evidente de la política económica que hay a la fecha en el país.

Por esa razón, compañera presidenta, estamos en contra y pedimos que se reconsidere y que se apruebe la comparecencia de Luis Videgaray ante esta soberanía. Quien nada debe nada teme. Y quien no tiene algo que ocultar puede venir al Poder Legislativo a rendir las cuentas que le corresponden, en términos del artículo 93 constitucional. Es cuanto.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Ricardo Mejía. Ahora tiene el uso de la palabra para hablar en pro el diputado Pedro Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional. Pedro Pablo Treviño Villarreal.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal:Con su permiso, ciudadana presidenta. Solicité el uso de la palabra para hablar del tema que nos ocupa, del tema que discutimos ayer en la Tercera Comisión, de la cual funjo como secretario.

Hubo un punto de acuerdo en donde se solicitaba la comparecencia del secretario de Hacienda. Cabe destacar que el punto de acuerdo carece de los fundamentos jurídicos y legales para hacer comparecer, porque se avala en que el Ejecutivo no está facultado para llevar a cabo el decreto que se suscribió el 26 de septiembre.

El día de ayer —como bien comentó el senador Zoé Robledo, presidente de la Comisión— se llegó a un consenso con las diferentes fuerzas parlamentarias ahí inscritas en la Comisión el PRI, el PAN, el Verde, el PRD, todos coincidimos en el hecho de que se debe solicitar información relacionada sobre el alcance, el impacto del decreto en mención.

Solicitamos en conjunto, el día de ayer también, que se solicite esa información a la Secretaría de Hacienda y acordamos —en conjunto también, las fuerzas antes mencionadas— la eliminación del punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario de Hacienda.

Es pertinente revisar la información que nos enviará la Secretaría de Hacienda para posteriormente evaluar si se da el caso de una posible reunión con la autoridad del Ejecutivo.

Por tal motivo, estoy a favor de que se deseche este punto, en virtud del acuerdo tomado el día de ayer. Es cuanto, ciudadana presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal. Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El senador David Monreal Ávila: Con el permiso, presidenta. Es comunicación, y no solamente comunicación, coordinación lo que le falta a este país, a sus poderes. Me parece que después de escuchar la exposición del compañero senador Zoé estoy más convencido de la necesidad de la comparecencia del secretario de Hacienda.

Después de escuchar los argumentos, después de estar viendo por las calles los efectos, las dudas, las inquietudes que ha generado esta reforma hacendaria, que ha generado este decreto, las suspicacias, me parece que si no lo aclara quien es el titular, quien es el que aplica, el que habrá de ejecutar esta reforma seguiremos con muchas dudas en todo el país.

La presente administración federal desde sus inicios, incluso desde antes de llegar al poder, ha venido generando con sus tan extremistas y agotadoras acciones una serie de conflictos y movimientos sociales, que evidencian el descontento y la inconformidad social que las y los mexicanos manifiestan.

Ahora, con la reforma fiscal que el Ejecutivo impuso el año pasado y que afecta a los grupos más vulnerables del país, resulta ser que a última hora el Ejecutivo la suaviza y a escasos días de que entrara en vigor dicha reforma publica un decreto en el que otorga una serie de estímulos y compensaciones para aquellos sectores a los que en todas las fórmulas posibles pretende beneficiar, con el pretexto de ser aquellos sectores los que van a soportar la subida de impuestos.

No respeta ni a los legisladores simpatizantes de su partido. El decreto justifica las modificaciones a una reforma que había sido aprobada en el Congreso y refrendada en el Senado a finales de octubre.

Es evidente el rechazo de sectores claves para el país, e incluso el de las regiones como las del norte, descontentas con la carga fiscal que se les avecina. Sin embargo, aunque dichos sectores inconformes en su mayoría son los de más bajos recursos, la atrocidad continua generando beneficios para las grandes empresas y dejando la carga fiscal solo para las familias y pequeños contribuyentes del país.

Es inaceptable que las cosas se estén haciendo al gusto y conveniencia de ciertos sectores económicos y políticos, sin hacer la correcta consulta a los ciudadanos de lo que se va a hacer en la nación, con engaños y cambios de última hora.

El gobierno ha flexibilizado su postura contra algunos productos que durante toda su propuesta consideró comida basura, productos chatarra. Por ejemplo, las gomas de mascar, que iban a pagar un impuesto especial del 8 por ciento a partir del 2014, con este decreto solo pagará el IVA, que de por sí ya estaba establecido, aunque el presidente justificó estos incrementos a la comida chatarra y la bebida azucarada como primera medida para combatir la obesidad en el país. Prácticamente una epidemia decía en aquel entonces.

¿Dónde quedó entonces la afamada reforma? Esta reforma no tiene un rumbo claro. Es decir, por un lado intenta hacer cambios en la salud y finanzas nacionales y por el otro intenta generar facilidades para la producción y venta de comida chatarra.

Además se ha generado un terrorismo fiscal, publicando los datos de los contribuyentes que, según el Sistema de Administración Tributaria, incumplieron con sus obligaciones fiscales, siendo publicados en el portal del mismo organismo desde el 1o. de enero. Asimismo se ha publicado los nombres de aquellos contribuyentes que emiten facturas falsas, aunque la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha pedido que la autoridad cambie los criterios para emitir la lista de los incumplidos.

Aunado a ello, el mismo Sistema de Administración Tributaria detectó 270 empresas trasnacionales que potencialmente realizan planeaciones fiscales agresivas, y que consiste en trasladar a otros países o jurisdicciones las utilidades generadas en México para pagar menos impuestos o incluso no pagarlos.

El gobierno federal no tiene control sobre sus propios funcionarios, mucho menos sobre las empresas a las cuales está intentando beneficiar sobre todas las leyes. Es inaceptable que aun con todos los temas pendientes que hay por debatir, a tan solo dos semanas de haber iniciado el año se deseche la propuesta de comparecencia del secretario de Hacienda, cuando es claramente necesario, siendo que es precisamente el doctor Videgaray quien se encargado defender.

Por ello es su obligación informar a las y los ciudadanos acerca de las modificaciones de última hora que el Ejecutivo está realizando, una vez más sin la debida consulta al pueblo de México. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador David Monreal Ávila. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobados en los términos los puntos de acuerdo. Archívese el expediente como asunto concluido.

PROGRAMA ALERTA AMBER, EN EL MARCO DEL 18 ANIVERSARIO DE SU CREACION

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Continuando con el capítulo del orden del día. Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que el que se exhorta a los gobiernos federal y locales para que en el marco del 18 aniversario de la creación del programa Alerta Amber se proceda a revisar y perfeccionar sus procedimientos.

El senador Jesús Casillas Romero: Senadora presidenta, muchas gracias. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el día de hoy me permito presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, a efecto de que se exhorte a las entidades de la República y al Gobierno del Distrito Federal para que en el marco del 18 aniversario del programa Alerta Amber, que se celebró el pasado lunes 13 de enero, se modernicen los mecanismos de este sistema que ha dado buenos resultados.

La Alerta Amber es un sistema de notificación de menores desaparecidos en el que participan corporaciones policiales, organizaciones civiles y medios de comunicación para difundir datos y coordinar acciones con el fin de la pronta ubicación de infantes. Este mecanismo fue implementado en varios países desde 1996.

Los expertos han indicado que las primeras horas son vitales, por ello la alerta se emite lo antes posible y es transmitida por diversos medios de comunicación: radio, mensajes vía celular, correo electrónico, pantallas electrónicas, entre otras, a fin de poder llegar al mayor número de personas posibles. Cada lugar tiene sus propias normas de activación, pero de manera general las directivas empleadas son:

Uno, referir a un menor de 18 años, dos, un departamento de policía sea el encargado de validar la desaparición del menor; tres, contar con la suficiente información del niño, el sospechoso o su vehículo; y cuatro, suponer un grave riesgo para su integridad.

En algunos lugares la alerta se emite también para personas con discapacidad y adultos mayores que se han extraviado y pudieran estar en peligro de sufrir un daño grave físico o moral.

Este programa ha demostrado dar resultados, como por ejemplo el que con agrado pudimos dar cuenta el sábado pasado, en el que se dio a conocer en los medios de comunicación la siguiente nota: Localizan a seis menores en Puebla, gracias a la Alerta Amber.

La alerta se activó luego de la denuncia por su desaparición en el centro del municipio de Ciudad Serdán. Los menores —todos de 16 años— fueron hallados por la policía del municipio de Tehuacán. Se trató de un asunto en el que a través de la activación de la Alerta Amber por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado se localizaron con éxito a seis menores de 16 años de edad reportados como desaparecidos en el municipio de Ciudad Serdán.

Durante las últimas horas se activó la Alerta Amber para ubicar a los menores señalados, quienes de acuerdo con la constancia de hechos correspondiente, la última vez que fueron vistos se encontraban en el centro del municipio, pero ya no regresaron a sus domicilios.

En atención a la denuncia y dándole continuidad a las investigaciones ministeriales, la Procuraduría del estado, a través de la policía ministerial y en coordinación con la policía municipal de Tehuacán y los familiares de los menores, dio el debido seguimiento a las actuaciones de la Alerta Amber para la inmediata búsqueda de las personas, lográndose su localización.

Hoy, en el marco del 18 aniversario del programa, que fue instituido en memoria de una menor desaparecida en Arlington, estado de Texas, cuando tenía nueve años de edad y su secuestro y posterior homicidio, fue creado por los cuerpos de seguridad estadounidenses y que hoy en día son ya 21 entidades de nuestro país las que ya cuentan con este mecanismo —11 están en proceso de conformarlo—, los resultados saltan a la vista.

Por ejemplo, en nuestro país se ha emitido esta alerta en más de 109 ocasiones y se han recuperado a más de 90 menores desaparecidos. Es decir, es una estrategia, es un mecanismo, es un programa que da resultados y que obviamente son estas estrategias que en conjunción con medios de comunicación, con la sociedad civil, con las corporaciones policíacas, se puede lograr un objetivo fundamental, que es que a las primeras horas aquellos menores desaparecidos puedan ser reintegrados a sus familias con éxito. Cuando participamos todos y caminamos en un mismo sentido, sin duda los resultados siempre son satisfactorios.

Por eso me permito presentar este acuerdo, que es único y que tiene que ver con que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del 18 aniversario de la creación del programa Alerta Amber, exhorta respetuosamente al gobierno federal, al gobierno del Distrito Federal, a las entidades federativas del país, a que de manera de remembranza y reconocimiento se proceda a revisar y perfeccionar los procedimientos de dicho programa. Si no se han implementado, a urgir a que se haga y, finalmente, implementar campañas de difusión e información sobre el mismo, a efecto de que se tome conciencia de su importancia y del que la participación ciudadana tiene para su éxito, a fin de que la sociedad participe activamente en cada emisión de la alerta. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y locales a revisar y perfeccionar los procedimientos del programa Alerta Amber, en el marco del 18 aniversario de su creación, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 55 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual, en el marco del 18 aniversario del programa Amber, se exhorta respetuosamente al gobierno federal, a los gobiernos del Distrito Federal y entidades federativas del país, a que a manera de remembranza y reconocimiento, se proceda a revisar y perfeccionar los procedimientos de dicho programa, si no se ha implementado, urgir a que se haga y finalmente, implementar campañas de difusión e información sobre el mismo, a efecto de que se tome conciencia de su importancia y del que la participación ciudadana tiene para su éxito a fin de que la sociedad participe activamente en cada emisión de alerta; lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Alerta Amber es un sistema de notificación de menores desaparecidos, en el que participan corporaciones policiales, organizaciones civiles, las ONG y medios de comunicación para difundir datos y coordinar acciones con el fin de la pronta ubicación de los infantes. Fue implementado en varios países desde 1996.

Los expertos han indicado que las primeras horas son vitales, por ello la alerta se emite lo antes posible y es transmitida por diversos medios como televisión, radio, sms (servicio de mensajes cortos), correo electrónico, pantallas electrónicas, entre otras; a fin de poder llegar al mayor número de personas posible.

Cada lugar tiene sus propias normas de activación pero de manera general las directivas empleadas son:

1. Referir a un menor de 18 años.

2. Un departamento de policía valide la desaparición del menor.

3. Contar con la suficiente información del niño, el sospechoso o su vehículo.

4. Suponer un grave riesgo para su integridad

En algunos lugares la alerta se emite también para personas con discapacidad y adultos mayores que se han extraviado y pudieran estar en peligro de sufrir un daño grave, físico o mental.

Este programa ha demostrado dar resultados, como por ejemplo el que con agrado pudimos dar cuenta el sábado pasado, en el que se dio a conocer en los medios de comunicación la siguiente nota.

“Localizan a 6 menores en Puebla gracias a Alerta Amber

La alerta se activó luego de la denuncia por su desaparición en el centro del municipio de Ciudad Serdán; los menores, todos de 16 años, fueron hallados por la policía en el municipio de Tehuacán.”

Se trató de un asunto en el que a través de la activación de la Alerta Amber por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado se localizaron con éxito seis menores de 16 años de edad reportados como desaparecidos en el municipio de Ciudad Serdán. Durante las últimas horas se activó la Alerta Amber para ubicar a los menores señalados, quienes de acuerdo con la constancia de hechos correspondiente, la última vez que fueron vistos se encontraban en el centro del municipio, pero ya no regresaron a sus domicilios.

En atención de la denuncia y dándole continuidad a las investigaciones ministeriales, la Procuraduría del estado, a través de la policía ministerial en coordinación con la policía municipal de Tehuacán y los familiares de los menores, dio el debido seguimiento a las actuaciones de la Alerta Amber para la inmediata búsqueda de las personas, lográndose su localización.

AMBER es un retroacrónimo en inglés de America’s Missing: Broadcasting Emergency Response, pero que originalmente hace referencia a Amber Hagerman, niña que fue secuestrada y días después localizada sin vida.

Hace 18 años, la menor Amber Hagerman fue secuestrada en Arlington, tenía 9 años de edad y su secuestro y asesinato llevó a la creación de lo que hoy conocemos como Alerta Amber. Fue creada por equipos policiacos del área de Dallas-Fort Worth en 1996 y antes de ayer, lunes 13, se celebró el aniversario 18 de la creación de dicho programa.

Desde su implemento, el programa ha sido activado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas un total de 109 veces y ha ayudado a encontrar a 124 menores. En México, la Procuraduría General de la República precisó que en los últimos siete meses se emitió la alerta en 202 ocasiones, lo que permitió la localización inmediata de 118 infantes en toda la república.

Dicha instancia federal, informa además que 21 entidades del país ya formalizaron la operación del programa de búsqueda de menores desaparecidos denominado Alerta Amber, mientras que 11 están en proceso de implementarlo. Señala también que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) es la que coordina a nivel nacional la información del programa Alerta Amber, la cual desarrollan las autoridades federales y estatales.

Cada procurador o fiscal a nivel nacional ha designado un enlace estatal, que ha recibido capacitación de la Fevimtra con el propósito de que la información de búsqueda se distribuya al mayor número de personas, con el objetivo de lograr la localización de los menores.

La procuraduría refiere que el enlace es quien toma la determinación de emitir o no la alerta, de acuerdo a la información de que disponga, y decidirá si se emite a nivel estatal, nacional o internacional.

Hoy, en el marco del 18 aniversario del programa, se considera oportuno que los equipos policiacos alrededor del país realicen una campaña de concientización e información sobre la operación y los procedimientos de dicho programa, como también, un análisis y perfeccionamiento de los mismos.

Para esto, la participación ciudadana es coyuntural y de sobremanera importante, por ello que la campaña de concientización y difusión de lo que es la Alerta Amber para que la ciudadanía pueda contribuir de mejor manera en el programa, resulta pilar fundamental del éxito deseado.

Lo esperado es que este tipo de casos no sucedieran, que no existiere caso alguno de extravío y mucho menos, casos en que los menores fuesen sustraídos por personas sin miramientos ni sentimiento alguno por la valiosa vida de los pequeños.

Por eso, en el marco del 18 aniversario de Alerta Amber, muy oportuno y acorde a manera de remembranza y reconocimiento, es que el gobierno federal y locales del país procedieran a revisar y perfeccionar los procedimientos del programa, si no se ha implementado, pues urgir a que se haga y finalmente, implementar campañas de difusión e información sobre el mismo, a efecto de que se tome conciencia de su importancia y de la que la participación ciudadana tiene para su éxito a fin de que la sociedad participe activamente en cada emisión de alerta. La integridad de los infantes depende de ello.

En mérito de lo anterior, se propone a la honorable consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del 18 aniversario de la creación del programa Alerta Amber, exhorta respetuosamente al gobierno federal, a los gobiernos del Distrito Federal y entidades federativas, a que a manera de remembranza y reconocimiento, se proceda a revisar y perfeccionar los procedimientos de dicho programa, si no se ha implementado, urgir a que se haga y finalmente, implementar campañas de difusión e información sobre el mismo, a efecto de que se tome conciencia de su importancia y del que la participación ciudadana tiene para su éxito a fin de que la sociedad participe activamente en cada emisión de alerta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.— Senador Jesús Casillas Romero, (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias al senador Jesús Casillas Romero. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Se han registrado para hablar en pro la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, la diputada Ana Lilia Garza Cadena y la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León:Muchas gracias, senadora presidenta. Me permití posicionar este tema, porque igual que muchas de las y los legisladores soy madre, como algunos de ustedes serán también padres. Y cada vez que un niño se extravía, se convierte en un pupilo de cualquier ciudadano.

La Alerta Amber en la actual administración del gobierno del estado de Jalisco se ha puesto en marcha en cuatro ocasiones, tres de las cuales han sido exitosas y una, donde desgraciadamente los menores fueron encontrados sin vida.

El tiempo, la forma, la ejecución de los programas tiene que ver con un resultado favorable en el rescate de nuestros menores.

Es importante que nuestros menores se sientan con mayor libertad de la que actualmente tienen. Los padres hoy día tenemos que custodiar, que cuidar el manejo, los movimientos y la circulación o la libertad que tienen nuestros menores. Es por eso que cada vez es más importante que este programa en particular se difunda, se establezca y se ponga en marcha en todas las entidades federativas de nuestro país.

Emitir una Alerta Amber es efectivamente una alerta de emergencia, en la cual no solamente el gobierno federal, sino toda la ciudadanía, toda la parte de la sociedad civil tiene que estar involucrada en ese suceso. Pensar que ese niño que está extraviado, que ese niño que fue sustraído es o pudieran ser alguno de nuestros hijos.

Es por ello que me sumo a la propuesta hecha por el senador, que por cierto es de mi estado y al cual felicito, Jesús Casillas Romero. Creo que es de suma importancia que no solamente se ponga en marcha en las entidades que actualmente lo prevén, sino que se obligue a todas y a cada una de las entidades a que este programa sea prioritario.

Es importante por esto que el Partido Revolucionario Institucional se pronuncie a favor de esta iniciativa. Agradecemos así que todos los demás partidos y fuerzas que convergen en esta Cámara y en esta sesión se hayan pronunciado de igual manera.

Invito a los estados a que lo antes posible diseñen un programa nacional que pueda lograr la recuperación de nuestros menores de edad, que hoy día son el 30 por ciento de nuestra población y que representan, no solamente el futuro, sino el presente de nuestro país. Por la libertad de nuestros niños, muchas gracias.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Celia Isabel Gauna. Ahora tiene el uso de la palabra para hablar a favor la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y diputadas, hoy me toca una labor bastante satisfactoria y positiva, que es el hablar y sumarnos a esta iniciativa que se ha presentado con la Alerta Amber. Solamente tenemos que recordar que según las últimas cifras difundidas por el Senado, en la actualidad un promedio de tres a cuatro niños de entre cuatro y 12 años desaparecen cada hora en nuestro país, ya sea por secuestro o robo.

En los meses pasados, tomando en cuenta esta cifra tan alarmante, el gobierno federal lanzó un proyecto muy ambicioso conocido como la Alerta Amber en México. Este programa a nivel nacional surge por la necesidad de implementar un sistema de advertencia temprana, urgente y simultánea a la sociedad ante la desaparición de un menor.

Este sistema fue creado en 1996 en memoria de una niña, Amber Hagerman, una niña de nueve años que fue secuestrada y brutalmente asesinada en el estado de Texas, como ya lo ha mencionado nuestro compañero que presentó esta proposición.

En nuestro país, la forma de operar de este programa es la siguiente, y creo que es positivo y responde a una demanda de urgencia, ya que una vez que la policía informe a todos los medios de comunicación el secuestro de un niño, estos difundirán la información a la sociedad, con el objetivo de que el púbico espectador ayude a la localización de la persona desaparecida. Es importante señalar que esto es en forma simultánea e inmediata, pues recordemos que ante estos lamentables hechos el tiempo es de vital importancia.

A través de estos esfuerzos, con la Alerta Amber se logran coordinar los trabajos en diferentes niveles del gobierno e instituciones dedicadas a la recuperación de los niños extraviados.

Es de destacar que en este contexto recientemente la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y diversas instituciones y medios recientemente firmaron un convenio de colaboración para coordinarse en el programa de Alerta Amber. Este convenio de coordinación lo que va a permitir es que de manera simultánea los medios y las radiodifusoras, a nivel nacional estén dando la información sobre la desaparición de estos niños, lo que va a ayudar a una rápida localización y creemos que podrá traer mayor índice de éxito para poder localizar a estos niños.

Por citar un ejemplo, en el 2013 se emitieron 102 Alerta Amber y se logró rescatar con éxito 95 niños, por lo que estoy segura que los esfuerzos coordinados que se anunciaron en estos recientes días nos ayudarán todavía a lograr muchos mejores resultados.

Es por esto que en el Partido Verde nos sumamos al presente exhorto para que los gobiernos federales y locales sigan construyendo proyectos tan positivos, que coadyuven al fortalecimiento de la Alerta Amber y con esto sigamos dando buenos resultados, en beneficio de nuestra sociedad, pero principalmente de nuestros niños. Trabajos como éstos son los que debemos de seguir replicando. Muchas gracias, compañeros, por su atención.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Ana Lilia Garza.

Ahora tiene el uso de la palabra, para hablar en pro, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la Alerta Amber es un programa crítico de respuesta ante la desaparición de una niña o un niño, que utiliza los recursos de las autoridades y los medios de difusión para notificar a la población cuando un menor de edad haya sido secuestrado por un depredador.

Aunque el alcance de la Alerta Amber varía, los criterios para su activación son bastante consistentes. Se trata de un programa aplicable a nivel local, regional o estatal. Las autoridades activan la Alerta Amber mediante la notificación a los medios de comunicación de información relevante, de identificación y datos sobre el caso cuando éstos cubren los siguientes requisitos: la menor cuenta con una edad predeterminada; las autoridades creen que el menor o la menor ha sido secuestrada, y que las autoridades consideran que el menor de edad corre el riesgo de sufrir graves daños físicos o de morir.

Una vez que ello recibe la Alerta Amber, las estaciones de radio y televisión interrumpen la programación regular para notificar al público que una o un menor ha sido secuestrado, ya que el 95 por ciento de los conductores escuchan la radio. Este es un medio efectivo para proporcionar la descripción del o la menor secuestrado, el vehículo o los cómplices.

Además de lograr que el público se convierta en investigador común cuando una menor o un menor ha sido secuestrado, los beneficios de la Alerta Amber es que es gratuito, estimulan la participación entre autoridades y medios de comunicación mediante la unión de las fuerzas y es una respuesta efectiva en las horas críticas para el secuestrador que puede desaparecer con niños o niñas, ya que los primeros momentos son fundamentales para su recuperación. Además de enviar un poderoso mensaje a los delincuentes, a los secuestradores de que la comunidad cuida y protege a sus niños y niñas. Alerta Amber salva vidas.

Este concepto fue inspirado inicialmente gracias a la inquietud de ciudadanos interesados después del trágico secuestro y asesinato, en 1996, de Amber Hagerman, de solo nueve años de edad, en Arlington, Texas, y ha sido adoptado por todos los segmentos de la sociedad.

La meta es proteger a todas las niñas y niños en todos los estados de la República, en su búsqueda y localización, ya que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, secuestro, extravío, la privación ilegal de la libertad o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido en territorio nacional.

La Alerta Amber es una de las ideas más brillantes hasta ahora concebidos en la batalla para recuperar a niñas y niños secuestrados o desparecidos. El programa Alerta Amber se implementó a nivel nacional el 3 de marzo del 2012, aunque en nuestro país no existen estadísticas oficiales del robo de niñas, niños y adolescentes. Pero de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas, el 67 por ciento tiene que ver con sustracción ilegal de menores de edad; el 9.3 por ciento de los casos se refiere a ausencias voluntarias; el 10.5 por ciento por desaparición; el 2.3 por ciento por extravío; el 9.3 por ciento por robo y el 1.2 por ciento por secuestro. De estas cifras, el 58 por ciento de los desaparecidos tiene de 4 a 12 años de edad y las víctimas son mayoritariamente del sexo femenino.

Cabe señalar que tampoco existen las instancias necesarias para que los familiares de estas niñas, niños y adolescentes que han sido robados denuncien y sean apoyados con agilidad para su localización. Generalmente se atiende lo referente a las demandas de las personas desaparecidas o extraviadas después de transcurridas 48 horas, tiempo suficiente para que el niño, niña o adolescente, si fue secuestrado, privado de su libertad o robado pueda ser llevado a cualquier lugar de la República o del extranjero. De aquí la necesidad de implementar, de seguir impulsando la Alerta Amber y monitorear cotidianamente su funcionamiento y correcta aplicación y, ¿por qué no? También en un futuro ver la designación de recursos para este gran programa.

Se considera que las niñas y los niños robados son utilizados en adopción ilegal, explotación sexual y comercial infantil, para dirigirlos a las peores formas de trabajo infantil e incluso hay quien afirma que para el tráfico de órganos y drogas. De cualquier forma y cualquiera que fuera el fin de su sustracción, la desaparición de las y los niños supone una violación de las garantías de seguridad que debe de brindar el Estado a esta vulnerable población.

Por ello saludamos con beneplácito la reciente firma del Convenio 08012014, para instrumentar el programa Alerta Amber entre la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Cámara Nacional de Radio y Televisión, para garantizar la seguridad de las niñas, niños y jóvenes mexicanos. Con este compromiso se pondrá a disposición del programa más de mil 200 emisoras afiliadas en todo el país para alertar y difundir de manera inmediata a toda la población información sobre la eventual desaparición de cualquier menor de edad.

La seguridad, los derechos humanos, la garantía del interés superior del niño requiere sin duda de la participación del gobierno federal, de los Ejecutivos estatales y del Distrito Federal, no solo que cumplan con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también con los principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño —que por cierto este año cumple 25 años— a fin de que implemente cada uno de estos gobiernos a partir de sus funciones y atribuciones, programas y acciones necesarios para garantizar los derechos y el pleno desarrollo y seguridad de la niñez y adolescencia en todo el país.

Aquí ya se ha dicho, son 21 estados los que han firmado y han publicado ya en su Gaceta el convenio, los que ya están formalizados. Diez operan, aunque no han sido publicados en sus Gacetas correspondientes y solo Zacatecas hace falta por implementarlo. Un llamado a este estado para que de manera coordinada podamos seguir impulsando tan noble programa, como es el de Alerta Amber.

Por todo lo anteriormente dicho, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor el presente punto de acuerdo. Es cuanto.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobada. Comuníquese.

EXHORTO A LAS LEGISLATURAS LOCALES QUE NO LO HAN HECHO A APROBAR CUANTO ANTES LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE REFORMA POLITICA

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene ahora el uso de la palabra, por cinco minutos, la senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de los estados que no lo han hecho a aprobar la reforma constitucional en materia de reforma política, a efecto de que esta soberanía realice la declaratoria de procedencia.

La senadora María Marcela Torres Peimbert: Estimados compañeros y compañeras, senadoras, diputados y diputadas, a casi 900 kilómetros de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lugar donde reside el Poder Ejecutivo del estado de Chiapas, se llevó a cabo una campaña mediática digna de una corporación trasnacional pero financiada por recursos públicos del estado más pobre del país.

Habitantes del Distrito Federal, Monterrey, Puebla, Veracruz, estado de México, Sinaloa, Querétaro, presenciamos algo que parecía inverosímil en democracias sólidas: un despliegue de propaganda en revistas, televisión, periódicos, transporte público de la Ciudad de México, paradas de camiones, espectaculares, salas de cine, redes sociales, etcétera, un despliegue de publicidad grosero.

El Partido Acción Nacional presentó en días pasados una queja ante el Instituto Federal Electoral, a través de la cual se denuncian las diversas irregularidades detectadas con motivo de la difusión del primer informe del gobernador de Chiapas.

Esta actitud, que no es exclusiva de un gobernador y es transversal a partidos políticos, es contradictoria por lo previsto, tanto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 228, párrafo cinco, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero lo más obsceno es que se hayan gastado 10 millones de dólares en algo tan banal, en un estado que según información del Coneval es el más pobre de México. Esta situación evidencia de manera grotesca el desequilibrio en el gasto público del país.

En Chiapas, 70 por ciento de la población es pobre y 30 de cada 100 habitantes viven en pobreza extrema. La educación promedio es de las más bajas en el país, siendo de 6.7 años por habitante. Esta situación genera gran indignación en la ciudadanía, quien se pregunta cuáles son los instrumentos legales que facultan a los gobernadores y a los funcionarios públicos en general, nosotros incluidos, para gastar dinero de los contribuyentes sin consultarles y fuera de los criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez, y sobre todo ¿dónde se encuentra el límite a la cantidad de recursos que cualquier funcionario público podemos gastar?.

Son muchos los ciudadanos ocupados y preocupados en el tema, en el gasto de propaganda gubernamental. Según un estudio sobre la calidad de la regulación electoral en México, publicado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, e Integralia, SC, los gastos de propaganda gubernamental de los tres poderes han aumentado en los últimos años, pasando de mil 13 millones de pesos en 2002, a 5 mil 927 millones en 2011. Es decir, se ha quintuplicado.

El reporte señala que posterior a la reforma electoral de 2007 se observó un incremento en los gastos en materia de comunicación oficial y publicidad del gobierno federal cercano al 100 por ciento.

La mayor parte de los países en el mundo cuentan con marcos regulatorios estrictos, que establecen parámetros básicos tendentes a impedir que la comunicación institucional del Estado sea utilizada con fines electorales, o como mecanismo de presión sobre medios de comunicación y periodistas, o para promoción exclusivamente personal.

Hace no más de un año que dentro de los temas prioritarios del Pacto por México se propuso crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación.

Este punto aún no se concreta en lo absoluto y parece que hoy los gobernadores están dispuestos a demostrarnos lo que se puede hacer en provecho de sí mismos, con recursos públicos, cuando existe una enorme laguna legal por la inacción de nuestro Poder, el Legislativo.

La indignación ciudadana hecha luz sobre la pasividad de algunas Legislaturas estatales, quienes están pendientes por aprobar la reforma política que el Congreso de la Unión les enviara en diciembre del año pasado, en donde en su artículo Tercero transitorio se establece que el Congreso de la Unión estará obligado a expedir la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establecerán las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, los partidos políticos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios antes expuestos.

Al día de hoy son tan solo 10 los estados que han notificado al Senado la aprobación de la reforma político-electoral en materia constitucional. Faltan 21 estados en procesar la reforma política y seis para que se pueda dar la declaratoria de procedencia y entren en efecto los cambios realizados por el Legislativo en nuestra Carta Magna.

Por ello, invito a todos los grupos parlamentarios a que voten a favor este punto de acuerdo, que sea este pleno y que seamos congruentes, este Poder Legislativo, para exhortar a todas las Legislaturas estatales, y que quede claro ante la ciudadanía que el Poder Legislativo trabaja a favor de los mexicanos, sin distingo de partidos políticos para que estos seis estados lancen ya esta legislación y pueda ser vigente en nuestra Constitución. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales que no lo han hecho a aprobar cuanto antes la adecuación constitucional en materia de reforma política para que esta soberanía realice la declaratoria de procedencia, a cargo de la senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN

Marcela Torres Peimbert, senadora de la república, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 87, numeral 5, 109, 164, numeral 2, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a través del cual se exhorta a las legislaturas de los estados, que no lo han hecho, a aprobar la reforma constitucional en materia de reforma política lo antes posible, a efecto de que esta Soberanía realice la declaratoria de procedencia, tenor de las siguientes

Consideraciones

Según el Estudio sobre la calidad de la regulación electoral en México, 2000- 2012, publicado por el Centro de Estudios Espinoza Yglesias e Integralia, SC, los Gastos en propaganda gubernamental de los tres Poderes de la Unión han aumentado en últimos años, pasando de mil 13 millones de pesos en 2002 a 5 mil 927 millones en 2011. De todo el gasto ejercido en servicios de comunicación social y publicidad, el Poder Ejecutivo ejerció el 92.5% de los recursos entre 2000 y 2011, en promedio anual.

El reporte señala que posterior a la reforma electoral de 2007 se observó un incremento en los gastos en materia de comunicación oficial y publicidad del gobierno federal cercano al 100%. Asimismo, continúa diciendo el reporte que “entre 2003 y 2011, el presupuesto ejercido en publicidad rebasó lo aprobado por el Congreso, llegando a magnitudes muy significativas como en 2008 cuando el gasto fue 54% mayor que lo aprobado, o 2011, cuando se excedió en casi 85%”.

Como parte de las recomendaciones y propuestas el reporte señala que se debe:

“Prohibir la publicidad oficial en todo momento, no sólo durante el periodo electoral, con excepción de los programas relativos a salud y seguridad públicas. Ello con el fin de estimular un sistema de medios de comunicación (prensa, radio y TV) que viva más de su audiencia y de los anunciantes que de los presupuestos públicos y de los partidos políticos y las campañas.”

En el ámbito internacional cabe señalar que Canadá es uno de los pioneros regular la publicidad oficial, esto mediante la reglamentación de la Ley de Administración Financiera, en dicha reglamentación la Política Comunicacional del Gobierno de Canadá define el objetivo de la comunicación estatal y establece criterios de planificación y distribución de la pauta oficial, en el cual se establece que la comunicación estatal debe procurar “satisfacer las necesidades informativas de la población” e informar al público respetando “la libertad, el pluralismo, la seguridad, la sinceridad y el respeto”. Esta normatividad establece que el deber de informar incluye el deber de hacerlo de manera efectiva, lo que implica que la información debe presentarse en forma clara y fácil de entender, y debe ser información objetiva, relevante y útil, señala también que las comunicaciones y campañas publicitarias deben planificarse en el marco del plan anual de actividades de cada entidad; prohíbe las campañas publicitarias que difundan mensajes de partidos políticos y suspende la publicidad durante el período eleccionario.

Desde el 2006, Perú también cuenta con una ley encargada de regular la Publicidad Oficial desde, el ordenamiento señala:

• Criterios generales para el uso de los recursos presupuestarios en materia de publicidad oficial;

• Exige que las campañas se planifiquen, y que S2 justifiquen técnicamente los medios de comunicación seleccionados para emitir las campañas;

• Prohíbe que los fondos públicos sean destinados a apoyar una candidatura a un puesto de elección popular o a un partido político

• Prohíbe que los funcionarios a cargo de las dependencias que realicen campañas publicitarias aparezcan en los anuncios que se difundan en los medios de comunicación. Establece normas de transparencia y sanciones para los funcionarios que incumplen los deberes y obligaciones determinadas por la legislación.

En España, la Ley 29 de Publicidad y Comunicación Institucional, instituye un marco regulatorio que define los objetivos de la pauta oficial señalando que:

No puede ser utilizada para “destacar los logros de gestión”

Prohibiendo la pauta oficial durante períodos eleccionarios .

En Gran Bretaña, si bien no hay, como tal, una ley que reglamente la comunicación institucional del Estado, sin embargo existe un marco regulatorio en las llamadas “Guías de Decencia” (Propriety Guides), que regulan la actividad de los oficiales de prensa de las distintas dependencias del Estado, incluyendo la promoción de campañas publicitarias. En estos documento se establecen los criterios para desarrollar las campañas publicitarias impulsadas por el Estado, las cuales nunca deberán ser de carácter “político”.

Estos marcos regulatorios establecen ciertos parámetros básicos que en muchas ocasiones tienden a impedir que la comunicación institucional del Estado sea utilizada con fines electorales o como un mecanismo de presión sobre medios de comunicación y periodistas. La experiencia internacional señala que es necesario contar con un marco legal adecuado en materia de distribución de la pauta estatal a efecto de disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos para efectuar esa distribución, de forma tal que estos fondos públicos no sean utilizados como lo ha hecho Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.

Resulta necesario discutir y dictaminar una ley clara y precisa que prohíba este tipo de conductas de los servidores públicos y que contemple por lo menos los siguientes principios rectores:

• Criterios de distribución de la pauta estatal

• Planificación adecuada o Mecanismos de contratación

• Transparencia y acceso a la información

• Control externo de la asignación publicitaria

• Pluralismo informativo y publicidad oficial

Chiapas, un caso de abuso del poder

A casi 900 kilómetros de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lugar donde reside el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, se llevó a cabo una campaña mediática digna de una corporación trasnacional, pero financiada por recursos públicos del estado más pobre del País, los habitantes del Distrito Federal (así como también en Monterrey, Puebla, Veracruz, Estado de México y Sinaloa) presenciaron algo que parecería inverosímil en democracias sólidas: un despliegue de propaganda en revistas (Tv Notas y Quién), Televisión (sección de espectáculos y noticias tanto de Televisa como de Tv Azteca) periódicos (el Universal, Reforma, La Jornada), Transporte Público de la Ciudad de México, paradas de camiones, espectaculares (Ciudad de México y Estado de México), Salas de Cine, Redes Sociales, entre otros.

Por tal motivo, el Partido Acción Nacional presentó en días pasados una queja ante el Instituto Federal Electoral, a través de la cual se denuncian las diversas irregularidades detectadas con motivo de la difusión del Primer Informe del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

La campaña personalizada del Mandatario Chiapaneco divulgada en divisos estados de la República, es visiblemente contradictoria con lo previsto tanto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como del artículo 228, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero lo más obsceno es que el Gobernador haya gastado más de diez millones de dólares en algo tan banal en un Estado que según información del Coneval es el más pobre país y que requiere de tantos recursos como sean necesarios para abatir la pobreza, la pobreza extrema y en donde la población tiene en promedio 6.7 años de educación por habitante.

Este frenético ataque Manuel Velasco Coello por formar parte de la agenda nacional a costa de un dispendio de recursos, como es típico de instituciones corruptas y arbitrarias, generó en días pasados –y hasta la fecha– gran indignación a la ciudadanía quien se pregunta cuáles son los instrumentos legales que facultan al Gobernador para gastar dinero de los contribuyentes fuera de los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y sobre todo en dónde encuentra límite la cantidad de recursos que un servidor público puede hacer.

Un gasto de recursos públicos de esta magnitud debe, necesariamente, traer consigo un beneficio de iguales proporciones para los ciudadanos de cualquier estado, sin embargo esta no es la lógica de los más de 110 millones de pesos que ha gastado Manuel Velasco Coello en publicitarse dentro y fuera de su estado, es imposible argumentar que el gasto que ejerció el mandatario con motivo de su informe, constituya un beneficio a favor de los chiapanecos, por el contrario resulta evidente que la campaña está diseñada para favorecer los intereses y aspiraciones políticas del Gobernador a corto, mediano y largo plazo.

Aunque hasta el momento las cifras del gasto en propaganda del Gobernador del Estado de Chiapas han sido calculadas pues aun no se tiene una cifra oficial, la situación pone en descubierto un problema derivado de la falta de regulación en la materia de propaganda gubernamental a efecto de que los servidores públicos no utilicen en su beneficio personal falta de reglas claras en materia de propaganda gubernamental.

Hace no más de un año que dentro de los temas prioritarios del Pacto por México se propuso crear una “una Instancia Ciudadana y Autónoma que Supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación”, este punto aun no se concreta en lo absoluto y parece que hoy el Gobernador del Chiapas está dispuesto a demostrarnos lo que se puede hacer en provecho de sí mismo con recursos públicos cuando existe una enorme laguna legal por la inacción del Poder Legislativo.

La indignación ciudadana echa luz sobre la pasividad de algunas legislaturas estatales quienes están pendientes de aprobar la Reforma Política que el Congreso de la Unión les enviara en diciembre del año pasado, en donde, en su artículo tercero transitorio se establece que el Congreso de la Unión estará obligado a expedir la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establecerán las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, limites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Los estados que han cumplido responsablemente con la aprobación de la Reforma política en materia Constitucional son los siguientes:

Estado                              Fecha de recepción

                                            de la notificación

                                                    en el Senado

Baja California Sur                       06-01-2014

Estado de México                        16-12-2013

Coahuila                                      17 -12-2013

Guanajuato                                    7 -01-2014

Jalisco                                          10-01-2014

Nayarit                                              17-12-13

Nuevo León                                  09-01-2014

Puebla                                           17-12-2013

Sin embargo aun faltan 21 estados en procesar la reforma política para que se pueda dar la declaratoria de procedencia y entren en efecto los cambios realizados por el Legislativo a nuestra Carta Magna.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los Congresos de los estados de:

• Aguascalientes;

• Baja California;

• Campeche;

• Chiapas;

• Chihuahua;

• Colima;

• Durango;

• Guerrero;

• Hidalgo;

• Michoacán;

• Morelos;

• Oaxaca;

• Querétaro;

• Quintana Roo;

• Sinaloa;

• Sonora;

• Tabasco;

• Tamaulipas;

• Tlaxcala;

• Veracruz;

• Yucatán;

A aprobar la reforma constitucional en materia de reforma política lo antes posible, a efecto de que esta soberanía realice la declaratoria de procedencia necesaria para dar comienzo a los trabajos de discusión y aprobación de la legislación que expida la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establecerán las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, limites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Notas:

1 Communication Policy of the Government of Canada, 1 de agosto de 2006, disponible en, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/ doc-eng.aspx?id= 12316&section=text#cha1

2 Communication Policy of the Government of Canada, 1 de agosto de 2006, sección 3.

3 Communication Policy of the Government of Canada, 1 de agosto de 2006, sección 13.

4 Communication Policy of the Government of Canada, 1 de agosto de 2006, sección 23.

5 Ley 28.874 del Perú, sancionada el 14 de agosto de 2006. Disponible en:

http://www .censuraindirecta.org/web_files/download/articulos/adjuntos/Ley-28874-de-Publci dad-Estatal-pdf-1586.pdf

Cabe destacar que la norma no habría logrado eliminar la discrecionalidad en la distribución de la pauta publicitaria, en parte como consecuencia de su falta de reglamentación.

6 Ley 29/05 de Publicidad y Comunicación Institucional, sancionada el 29 de diciembre de 2005, artículo 4.1.a, disponible en PDF en http:// www.boe.es/boe/dias/2005/12/30/pdfs/A42902-42905.pdf

7 Ley 29/05 de Publicidad y Comunicación Institucional, sancionada el 29 de diciembre de 2005 disponible en PDF en http://www.boe.es/ boe/dias/2005/12/30/pdfs/A42902-42905.pdf.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2014.— Senadora María Marcela Torres Peimbert (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senadora Marcela Torres Peimbert. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Solicito a la Secretaría repetir, por favor, la votación.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. No existen las dos terceras partes para poder ser de urgente resolución la proposición.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Al no considerarse de urgente resolución, túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

INSEGURIDAD EN MICHOACAN

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Ahora tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la inseguridad en el estado de Michoacán.  En representación de la diputada sube el diputado José Luis Esquivel Zalpa.

El diputado José Luis Esquivel Zalpa:Con su permiso, senadora presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática me permito someter a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el punto de acuerdo, con moción de urgente u obvia resolución, relativo a la inseguridad de Michoacán.

La alarmante situación de violencia que se vive en el estado de Michoacán requiere de una respuesta pronta, transparente y garante de derechos. El pasado 13 de enero las autodefensas ocuparon el municipio Nueva Italia. Ese mismo día el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, solicitó ayuda al gobierno federal, por lo que las autoridades enviaron un total de 11 helicópteros abordados por efectivos.

Las fuerzas federales comenzaron a desarmar a los grupos de autodefensa en la localidad de Nueva Italia en el municipio de Múgica, así como en la localidad de Parácuaro. Sin embargo, las acciones contenidas a través de la estrategia de seguridad por parte del gobierno federal hasta ahora han derivado en una innecesaria confrontación con la población civil. Por ello proponemos respetuosamente a esta Comisión Permanente:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita información al gobierno federal sobre la presunta agresión de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la población civil en la tenencia de Antúnez del municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero de 2014.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que investigue los hechos de la tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, ocurridas entre la noche del 13 de enero y la madrugada del 14 de enero de 2014.

Con fundamento en el artículo 102, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiamos en que esta Comisión Permanente refrende su postura inequívoca a favor de los derechos humanos y en contra de la impunidad y nos acompañe con su voto a favor del presente punto de acuerdo.

Las y los michoacanos no merecemos malvivir en estado de violencia. Es hora que las fuerzas políticas, gobierno federal, estatal y municipal se unan para salvar a Michoacán, todas y todos unidos por el desarrollo de nuestro estado en paz y salvaguardando los intereses de nuestra población. Es cuanto, señora presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la inseguridad en Michoacán, suscrita por las diputadas Roxana Luna Porquillo y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a esclarecer las presuntas agresiones de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la población civil en la tenencia de Antúnez, del municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero de 2014, y a colaborar con las autoridades de procuración y administración de justicia en la investigación y puesta a disposición de los elementos castrenses presuntamente responsables.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que investigue los hechos de la tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 de enero y la madrugada del 14 de enero de 2014, como presuntamente constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos, según la facultad que le otorga el artículo 102, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie las investigaciones sobre las presuntas agresiones de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la población civil en la tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 de enero y la madrugada del 14 de enero de 2014, y a que presente las denuncias ante las instancias del Poder Judicial de la Federación que corresponda.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.— Diputada: Verónica Juárez Piña (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado José Luis Esquivel Zalpa. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Se tiene registrado para hablar en pro: el diputado René Fujiwara Montelongo, el senador Juan Carlos Romero Hicks, la diputada Graciela Saldaña Fraire, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, el senador David Monreal Ávila y el senador Alejandro Tello Cristerna.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos para hablar a favor, el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Estado mexicano enfrenta un reto mayúsculo en materia de seguridad pública. El surgimiento de grupos de autodefensa en comunidades de algunas entidades del país nos muestra que aún existen pendientes en la consolidación de un verdadero estado de derecho.

El Estado es el encargado de garantizar la seguridad pública a los ciudadanos, y la conformación de grupos civiles armados para hacer frente a la violencia y a la inseguridad en sus comunidades no es una solución.

Debemos reconocer que existe una preocupación legítima de la sociedad por la situación de inseguridad. Sin embargo, en Nueva Alianza estamos convencidos de que no se puede combatir el crimen con grupos civiles armados que intentan suplantar la responsabilidad del Estado mexicano.

La presencia de las denominadas autodefensas en Michoacán ha ido en aumento y cada día escuchamos que nuevos municipios y comunidades están bajo su resguardo. Dicho fenómeno —aunado a la violencia y a la inseguridad derivada del combate a la delincuencia organizada— ha originado graves enfrentamientos, que pone en riesgo cada vez más a la población civil que se encuentra en un fuego cruzado permanente.

De manera contraria y lejos del propósito inicial, la existencia de estos grupos no ha generado un clima de paz y tranquilidad. Hoy en día Michoacán alcanzó un nivel de conflagración mayor y las comunidades donde se encuentran asentadas las autodefensas viven con mayor temor.

En este contexto, Nueva Alianza está a favor del punto de acuerdo con las modificaciones ya aprobadas, ya que debemos conocer la información sobre los hechos ocurridos en la tenencia de Antúnez, del municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán, entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero. Asimismo para dar certidumbre y objetividad a la investigación, consideramos necesaria la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En Nueva Alianza consideramos que cualquier acción del Estado mexicano y las fuerzas del orden federal y estatal deben estar apegadas a derecho y a la legalidad. Ante todo debe prevalecer la protección a la población civil que ha sido afectada por la situación que se vive en esta región del país.

Profundamente esperamos que el acuerdo del apoyo federal para la seguridad en Michoacán —firmado por el gobierno federal y estatal— sirva para proteger los derechos de la ciudadanía y devuelva la tranquilidad y paz a nuestros compatriotas en esa entidad.

Estamos convencidos que es necesario desplegar un programa transversal e integral de políticas públicas que procuren confianza en las instituciones, fomenten la cohesión social y la participación ciudadana en los temas de seguridad pública. De igual manera, consideramos que también es responsabilidad de nosotros como legisladores, así como de todos los partidos políticos y de la sociedad en general coadyuvar en el restablecimiento de la paz y la estabilidad en el estado de Michoacán.

Compañeras y compañeros legisladores, hoy debemos demostrar al pueblo de México que estamos unidos, preocupados y ocupados por salvaguardar al estado y la integridad de cada uno de los ciudadanos.

Los daños por la situación que se vive en la zona son de toda índole. Afectaciones económicas severas en todos los sectores, comercial, agrícola, urbano, empresarial, turístico. Afectaciones educativas, ya que en la región cerca de 20 mil niños y jóvenes no han asistido a clases —más de un centenar de escuelas permanecen cerradas— además del clima de ingobernabilidad e inestabilidad política que nada abona a la prosperidad y concordia.

Por México y toda la riqueza de nuestro pueblo, hacemos un llamado a cada ciudadana y a cada ciudadano, a cada representante, a unirnos y alcanzar una solución pacífica a la violencia en Michoacán. Por su tolerancia y atención, muchas gracias, compañeros legisladores. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado René Fujiwara.

Ahora tiene el uso de la palabra el senador Juan Carlos Romero Hicks, para hablar en pro, hasta por cinco minutos.

El senador Juan Carlos Romero Hicks:Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores, Parácuaro y los demás municipios de Michoacán, no son Fuente Ovejuna.

En 1618, Lope de Vega y Carpio publica una obra teatral, en donde el pueblo de Fuente Ovejuna decide hacer justicia por su propia mano ante los constantes abusos de poder que ejerce el comendador.

Hace unos cuantos días, un ilustre guanajuatense, Jorge Hernández —con ascendencia en mi entidad federativa— escribe para hacer una comparación, en donde precisamente se ve la pasión enardecida de un pueblo que se ve violentado y que en ausencia de la autoridad se hacen justicia por sí solos.

Sin embargo, no nos hagamos, no nos hagamos invisibles a esta situación. Lo que está ocurriendo en Michoacán no es parecido o no es idéntico a lo que ocurre en Fuente Ovejuna. Hoy lo que necesitamos es estado de derecho, no estado de chueco. El estado de derecho es el primer imperativo de la fuerza moral y ética del Estado mexicano. Y la pregunta que tenemos que respondernos es, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la autoridad municipal? ¿Dónde está la autoridad estatal y dónde está la autoridad federal?

Frente a todo esto no podemos tener regímenes de excepción. Están ocurriendo situaciones en rebeldía que son entendibles pero injustificadas. ¿Por qué no se ha hecho el desarme de los grupos de autodefensa? Por qué tenemos, por ejemplo, situaciones especiales de protección al doctor José Manuel Mireles, en donde en los primeros días de enero aparentemente tuvo un accidente, lo protegen las fuerzas federales, lo custodian, lo traen a la Ciudad de México y al día de hoy no se ha dado una explicación razonable y suficiente para entender qué es lo que estaba aconteciendo.

Por otro lado, desde luego que estamos a favor de que se hagan las investigaciones si es que el Ejército Mexicano tuvo alguna forma de violentación de los derechos humanos. Esto ha generado mucha confusión en fuentes políticas, en fuentes mediáticas. El hecho es que cuando uno ve las notas periodísticas de los principales diarios, el New York Times, el Boston Journal, El País, la BBC, The Guardian, entre otros, lo que destacan lamentablemente es esta situación. La imagen del país está de por medio.

Cuánto valen la seguridad y el sueño de un niño, de un joven que no encuentra en su familia y en su comunidad inmediata esa protección. Por eso hoy lo que tenemos que hacer es tener visión estratégica, es tener voluntad política y sobre todo acatar la ley.

¿Cuánto vale hoy el estado de derecho o el estado de chueco? Parácuaro no es Fuente Ovejuna. Por eso estamos a favor de que la autoridad ejerza el mando como debe ser. Es cuanto.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Juan Carlos Romero Hicks. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Graciela Saldaña Fraire:Muchas gracias. Honorable asamblea, el grupo parlamentario condena cualquier acción fuera de la ley y de las prácticas democráticas. Nos pronunciamos por el esclarecimiento de los hechos ocurridos en tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, la madrugada, horas después de la firma del acuerdo del apoyo federal a la seguridad del estado de Michoacán.

Es inadmisible que se pretenda restablecer la ley sin una estrategia de intervención, en la que la política, a través del diálogo formal, frontal y honesto con las partes involucradas no sea parte de una estrategia de intervención.

Esta representación nacional y la nación deben saber con toda veracidad qué pasó en el operativo, ya que se dice que cuatro personas, entre ellas una menor de edad, fueron acaecidas en el mismo.

Si no hay confianza en las instituciones, ni siquiera en la información que se produce de los hechos, menos se tendrá en las acciones que se han comprometido. Michoacán y en general la nación necesita que la confianza de la gente en sus gobernantes mejore considerablemente. Pero, ¿cómo van a recobrar la confianza si la impunidad, la corrupción, la violencia y la inseguridad han sido los resultados de prácticas públicas alejadas de la ley y de los principios que sustentan nuestra democracia?

La toma de la justicia en mano propia de parte de la gente de Michoacán es una señal de alerta social, que como representantes populares no podemos y debemos evitar.

Mi grupo parlamentario en esta soberanía se expresa porque las palabras del gobierno federal y estatal empeñadas en el acuerdo se cumplan cabalmente y observando, sin excepción de las secciones, un irrestricto respeto a los derechos humanos.

Mi grupo también hace un respetuoso llamado a que las acciones atiendan de fondo las causas que dieron origen al surgimiento de grupos civiles ejerciendo funciones exclusivas del Estado.

Tenemos interés en el PRD en que nuestras fuerzas armadas sigan siendo garantes de la seguridad nacional. Pero no a costa de la duda sobre su quehacer en el establecimiento del orden en Michoacán.

Los grupos de autodefensa que surgieron para defenderse del acoso de grupos criminales operan en por lo menos 15 municipios de aquel estado, situación que solo fue posible ante la pasividad de los gobiernos estatal y federal para implementar oportunamente estrategias de seguridad que garanticen la seguridad de los michoacanos.

Hacemos un llamado al titular del Ejecutivo a no tolerar violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado asignados a la región de Tierra Caliente en Michoacán.

Que quede claro, legisladores y legisladoras, en el Grupo Parlamentario del PRD estamos a favor de la legalidad y no compartimos que los ciudadanos se hagan justicia por propia mano. Pero también defenderemos que los procedimientos para la solución de conflictos se realicen apegados a derecho e incluyendo a todos los involucrados, que deriven en acuerdos que garanticen los derechos fundamentales de los mexicanos y las mexicanas; y no que se pueda lograr la paz y la seguridad por medio de un golpe de fuerza, por la intimidación, por la imposición del orden a sangre y fuego. Es cuanto, señora presidenta.

Quisiera informar en este momento algo actualizado con respecto a este asunto, en donde a través de las redes sociales se habla en este momento: Por orden de los Caballeros Templarios se cierran negocios en Apatzingán, revista Proceso. Ejército desarma a policías en Apatzingán, Milenio. Sin clases más de 40 mil alumnos en Tierra Caliente, Milenio. Fuerzas federales toman el control en Apatzingán, Uruapan y Múgica, CNN. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicia investigación de oficio sobre fallecidos en Michoacán, La Jornada. Atacan una farmacia de Apatzingán en este momento. Esta es información que está saliendo por parte de las fuerzas federales en la CNN.

Por último, quisiera llamar su atención sobre algo que en este momento salió en diferentes medios nacionales, en donde se dice que hay un acuerdo de negociación en secreto, el Acuerdo Transpacífico, para beneficiar a empresas transnacionales. Y con esto pretenden hacer a un lado todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el cambio climático. Esto seguramente se está dando en este momento, haciendo a un lado el interés y la importancia de los recursos naturales, principalmente en comunidades. Estos acuerdos están queriendo hacer a un lado los tratados internacionales, en el marco del Tratado de Libre Comercio. Esto salió en una información que revelan el día de hoy en wikileaks. Muchísimas gracias y buenas tardes.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Graciela Saldaña. Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, compañera presidenta. La tragedia de Michoacán tiene que ver en gran parte porque ha sido el campo experimental, el laboratorio perverso para estrategias de seguridad pública desde el gobierno federal, que más allá de pacificar y combatir al crimen organizado han generado más problemas, más deterioro social y más criminalidad.

En diciembre del 2006, Felipe Calderón, enfundado en un traje militar, arranca con teatralidad el operativo conjunto Michoacán y los resultados son conocidos, hay un deterioro de la gobernabilidad, de la seguridad, cárteles que se disputan las principales regiones, con mayor medida Tierra Caliente, por su vecindad geográfica con diferentes entidades federativas.

Hoy el gobierno federal que preside Enrique Peña Nieto ha continuado la misma línea del PAN y tanto el PRI como el PAN han demostrado un profundo fracaso en materia de seguridad pública.

Hoy el país enfrenta graves problemas de gobernabilidad, de cohesión social y de armonía comunitaria. Lo cual se vuelve todavía más grave por los problemas de desempleo, por la recesión económica y por la falta de horizontes para millones de jóvenes.

Este cáncer de la inseguridad amenaza con colapsar al Estado nacional. Michoacán es, finalmente, el caso más extremo. Pero hay inseguridad y hay grupos que han surgido para combatirla, precisamente por la incapacidad del Estado para cumplir su función básica y esencial: asegurar y proteger la libertad y la seguridad de las personas y de su patrimonio. En ese sentido, el Estado mexicano está fallando y Michoacán es su ejemplo más trágico.

Si a esto le sumamos que al parejo de los problemas de inseguridad hay contubernio político entre autoridades y narcotraficantes, cuando para llegar al poder se negocia o se transa con los narcos, cuando se abren espacios en plazas y regiones, o se les da el derecho, incluso, para nombrar a los titulares de las corporaciones policiacas. Es evidente que hay un colapso de la seguridad pública.

En el caso de Michoacán el tema de las autodefensas sin duda fue alentado desde el gobierno federal. Y ahí vemos la mano perversa del principal asesor de seguridad pública, el colombiano general Óscar Naranjo, que en su país natal, para enfrentar al crimen organizado alentaron también que grupos civiles, que grupos paramilitares se armaran y combatieran en las regiones donde se daba este flagelo.

Estamos viviendo, compañeras y compañeros legisladores, la colombianización del país. Ese es el resultado. Es decir estas autodefensas fueron toleradas, auspiciadas por el Estado mexicano y hoy, cuando este Frankestein ha crecido y cobra vida propia tratan de frenarlo. Pero además de ello, el país vive una proliferación de armamento. Se habla de 15 millones de armas en el país.

Evidentemente que este es un problema grave —no solo de Michoacán, es un problema de todo el país— los flujos de armas y los flujos de dinero involucrados en la actividad delictiva. Y en eso tanto el gobierno federal anterior como el actual han fracasado rotundamente. Por eso hay esta capacidad de armamento en Michoacán, donde se habla de 10 mil personas que conforman estas autodefensas que están armadas.

Urge detener este posible baño de sangre que se puede generar en Michoacán. Ya cuando se anunció esta estrategia nueva por parte del gobierno federal se dieron estos hechos que hoy motivan el punto de acuerdo, estos hechos en la tenencia de Antúnez, en el municipio de Parácuaro. Pero está latente el grave problema y nosotros le pedimos el gobierno federal que actúe con eficacia y con responsabilidad, no solamente para desarmar a las autodefensas, sino para combatir a los grupos delincuenciales.

No solo desarmar a las autodefensas, sino exhibir y detener ya a los grupos que estén generando esta situación caótica y delincuencial en Michoacán, porque el problema del país es que el gobierno federal, el anterior y el actual, son muy buenos a veces para combatir algunos cárteles y muy tolerantes para permitir la actividad delictiva de otros grupos criminales. Que haya mano firme también para perseguir a todos los grupos delincuenciales.

Nosotros queremos también, y propondríamos como una adición a este punto de acuerdo —que le pedimos respetuosamente, presidenta, lo pueda someter a consideración— que se cree un grupo, una comisión especial de legisladores que coadyuve a la resolución del conflicto político, social y de seguridad en el estado de Michoacán.

No solamente es un problema policiaco, es un problema de reconstrucción del tejido social. Es un problema de reconstituir las bases democráticas del estado y limpiar la política del poder corruptor del dinero del narcotráfico. Esa es la profundidad de lo que se debe hacer en Michoacán y me parece que hasta ahora la actuación del Ejecutivo ha sido insuficiente.

Por eso nosotros, cuando se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública no estuvimos de acuerdo en que la Secretaría de Gobernación concentrara también las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Me parece que hay una saturación en la agenda de la Secretaría de Gobernación y, en tanto, los problemas están desbordando al país.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Concluya, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Hoy es Michoacán y mañana podrán ser otros estados de la República.

Para concluir, presidenta, le voy a hacer llegar la propuesta de adición para que se pueda someter a la consideración. Le pediría a los proponentes si están de acuerdo para seguir el procedimiento parlamentario. Y si lo están, que se someta a consideración como un añadido.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrada su adición, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Ahora tiene el uso de la palabra el senador David Monreal Ávila, para hablar a favor, hasta por cinco minutos.

El senador David Monreal Ávila: Con el permiso, presidenta. Una obligación del Estado es sin duda garantizar a la población la seguridad. Es decir, la seguridad resulta ser una finalidad esencial para la vida y el desarrollo de la comunidad nacional. Sin ella no es posible garantizar la existencia de la población ni el Estado mismo.

La seguridad nacional se entiende como el conjunto de acciones políticas, sociales, económicas y culturales que las autoridades gubernamentales, en representación del Estado, emprenden para preservar la permanencia de éste, siempre con apego a los principios constitucionales.

La Constitución Política federal, en la fracción VI, artículo 89, señala que es facultad y obligación del titular del Ejecutivo federal preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva.

Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional, en el artículo 3o., establece que la seguridad nacional comprende las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleva a la preservación de la soberanía e independencia nacional, al mantenimiento del orden constitucional y a la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos y derechos internacionales.

Asimismo, el artículo 4o. de la ley en comento estipula que la seguridad nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad y transparencia.

A lo dicho anteriormente, la pregunta es ¿realmente el Estado mexicano está cumpliendo con los preceptos antes mencionados? La realidad es que desde el año 2006 Felipe Calderón Hinojosa inició su guerra contra el crimen organizado. Sin embargo, la ciudadanía no se siente más segura hoy más que hace ocho años. Muestra de ello es que en muchas comunidades los pobladores se han visto forzados a autodefenderse.

El surgimiento de las policías comunitarias o autodefensas es el resultado de la nula estrategia para combatir de manera eficaz y eficiente al crimen organizado. Por tal razón, ante la ausencia de una autoridad que proteja a estas autoridades ellas se vieron forzadas a recurrir a la legítima defensa.

Uno de los primeros grupos de autodefensa fue constituido en Santa Cruz del Rincón, del municipio de Malinaltepec, en el estado de Guerrero, en el año de 1995, por medio de una asamblea comunitaria en la que participaron 38 comunidades y se funda la policía comunitaria.

Actualmente el número de grupos de autodefensa o policías comunitarias se ha incrementado en México en los últimos meses debido al aumento de la delincuencia que aqueja a la sociedad en la mayoría de los estados que conforman el país.

Es una pena y una tristeza que el secretario de Hacienda dijera hace 8 meses que el problema de Michoacán lo iban a resolver en las primeras acciones. No solamente no se resolvió, sino lo convirtió en un estado fallido.

Colombianizaron Michoacán bajo el esquema peruano michoacano, que primero crean un grupo aparentemente ciudadano al que toleran, financian y luego lo dejan operar. Y al final lo desgracian matando a sus propios integrantes. Ése será el caso de las autodefensas de Michoacán.

La inseguridad de Michoacán está ligada a la inseguridad nacional. Apenas a un año de gobierno son más de 18 mil muertos. Éste es un problema nacional que debe resolverse como un principio de justicia. Pero en Michoacán no hay ni justicia ni autoridad, el gobernador no puede resolver el problema, es parte del problema.

Por eso Fausto Vallejo debe separarse del cargo y juntos, una vez que presente licencia, juntos, entre todos, enfrentar, atender e intentar resolver este problema que lastima a nuestro país. Porque Michoacán no es solo un estado más de nuestra República, es nuestra República.

Hago un llamado a las instituciones de seguridad, un llamado al secretario de Gobernación, para que a pesar de que Michoacán es un foco rojo no se desatienda a los otros nueve estados que ya identificaron ellos como posibles o vulnerables a irrupciones violentas o irrupciones sociales. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador David Monreal. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Gerardo Flores Ramírez, para hablar a favor, hasta por cinco minutos.

El senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, me gustaría poner en contexto la alarmante situación de inseguridad que se vive hoy en el estado de Michoacán, en donde a causa del abandono por parte de los gobiernos estatal y federal precedentes a las actuales administraciones, la población de esa entidad había resentido un grave deterioro de sus condiciones de vida.

Cabe resaltar que la deficiente implementación de programas y políticas públicas adecuadas en la entidad arrastraron a Michoacán a una situación de notable rezago, en cuanto se refiere a los indicadores sociales. Basta echar un vistazo a la evolución de estos indicadores que el estado registró hasta antes de 2012 para darnos cuenta del porqué de las lamentables circunstancias que hoy padecen los michoacanos.

El clima de inseguridad que se vive en una parte de Michoacán exigía tomar medidas drásticas, como las que han adoptado el gobierno federal y el gobierno estatal para devolver la paz y la tranquilidad a millones de personas, que han llegado al extremo de armarse para defenderse de los embates del crimen organizado, que en 12 años incrementaron significativamente su poder ante la incapacidad y en ocasiones hasta la complacencia de las autoridades.

No olvidemos que incluso en esta soberanía se dio un muy lamentable suceso, cuando un grupo parlamentario permitió que un diputado federal de su bancada, electo, tomara protesta y entrara a escondidas al recinto de San Lázaro para evadir el requerimiento de la justicia. Las aberraciones de esta magnitud fueron las que motivaron la desconfianza de la población en las autoridades, y las que han orillado a algunos michoacanos a asumir funciones que no les corresponden.

A pesar de que en el Partido Verde consideramos que la demanda de seguridad de los ciudadanos es absolutamente legítima, no creemos que sea conveniente bajo ninguna circunstancia que las personas se procuren justicia por su propia mano, pues ello va en contra del más elemental estado de derecho.

La existencia de los denominados grupos de autodefensa en el estado, que surgieron desde el 2013, constituye un riesgo para la gobernabilidad y la paz social, pues sus integrantes portan armas de uso exclusivo del Ejército, y realizan operativos en los cuales se cometen arbitrariedades y abusos de poder, con lo cual se atenta en contra de los derechos humanos del resto de la población a la cual dicen proteger.

La firma del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad en Michoacán tiene por objeto poner todos los recursos de los cuales dispone el estado para encontrar una solución definitiva al conflicto en la entidad y regresar así la tranquilidad a los ciudadanos, a las familias y a las empresas para vivir y trabajar en paz, y de este modo salir adelante.

En cuanto a las preocupaciones de los proponentes del punto de acuerdo puesto a discusión, cabe señalar que la estrategia del gobierno de la República para reinstaurar el orden constitucional en algunos municipios del estado de Michoacán se implementará en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos y al estado de derecho. Que las fuerzas federales actuarán con toda cautela para no empeorar la situación que se está viviendo.

Queremos recalcar que el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto tiene un firme compromiso tanto con la seguridad como con la función esencial del Estado, un derecho fundamental de los ciudadanos, el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos. Por lo cual tenemos plena confianza en que los esfuerzos desarrollados por las instituciones encargadas de la seguridad interior y de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado se realizarán con estricto apego a la legalidad. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Gerardo Flores. Ahora tiene el uso de la palabra, para hablar a favor, el senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El senador Alejandro Tello Cristerna: Con su permiso, senadora presidenta. Nadie puede minimizar la gravedad de lo que está ocurriendo en Michoacán, como tampoco puede minimizarse el esfuerzo que se está realizando mediante las instituciones e instrumentos del Estado para recuperar la paz y la estabilidad en la entidad.

Es indispensable que ante la situación nos pronunciemos a favor de las acciones que de manera coordinada y en el marco del pacto federal se están realizando por parte del gobierno federal y de las autoridades legítimamente constituidas en la entidad para restablecer condiciones de paz, legalidad, seguridad y con ello fortalecer al estado de derecho en beneficio de los michoacanos.

No podemos evadir que se enfrenta un problema complejo, que no es reciente ni mucho menos producto de la alternancia democrática en el gobierno del estado, sino que ha venido incubando en más de una década, en la que por cierto, mi partido, el Revolucionario Institucional, no estuvo al frente ni del gobierno estatal ni del federal.

La presencia significativa de fuerzas federales, tanto del Ejército como de la Marina y de la Policía Federal es necesaria en la entidad en estos momentos, pues es la forma de garantizar la seguridad de la población y el desarrollo libre de las actividades de los ciudadanos bajo el imperio de la ley.

Se está trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales y con la fuerza suficiente para contener las actividades de los grupos criminales y llevar ante la justicia a quienes han delinquido y se han constituido en una amenaza para la población y para la estabilidad de la entidad. Es una demostración de que el actual gobierno de la República ha decidido enfrentar el desafío con todos los recursos a su alcance para lograr un México en paz.

Aunque es entendible la indignación de grupos ciudadanos ante una situación que no se pudo resolver como se prometió hace algunos años, de ninguna manera se justifica la búsqueda de la justicia por propia mano y con medios fuera del marco de la ley. Habrá que hacer un llamado a esos ciudadanos para que, sin demérito a su derecho a manifestarse y expresar libremente su sentír sobre lo que ha ocurrido en el estado de Michoacán, permitan la labor de las autoridades y confíen en la aplicación de la ley por parte de las instituciones para que se den los resultados que con toda razón exigen para trabajar y vivir en paz.

Mucho se ha hablado ya del saldo sangriento y de las profundas consecuencias sociales que se han vivido en el país en épocas recientes con motivo de la actuación de las organizaciones criminales, pero también es de estrategias fallidas que no lograron el objetivo ni de disminuir las actividades de esas organizaciones ni de hacer menos cruentas su presencia, mucho menos de tener su efecto disolvente sobre un tejido social afectado por la pobreza y la falta de oportunidades.

El daño es de tal magnitud, que es ilógico que se resuelva de la noche a la mañana, como por arte de magia.

Por eso el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha propuesto poner en práctica una estrategia integral, que incluya un componente indispensable de prevención y atención de las necesidades sociales, que tendrá que ser sostenido en el tiempo con un alto ingrediente de participación colectiva. Y así se está haciendo en Michoacán.

En ese esfuerzo se ha convocado a la participación de todos los sectores y se está basando en una estrecha coordinación con las autoridades de los diferentes órganos de gobierno, sin exclusiones, sin distinciones de origen partidista, pues el interés superior es beneficiar a la población. De igual forma, la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta coyuntura será valiosísima para salvaguardar el respeto a los derechos fundamentales de la población.

Michoacán ha sido y es prioritario en esa estrategia. Si bien no se trata de mirar hacia atrás, sino de voltear hacia adelante para resolver los problemas, poco se logrará si no somos serios en el diagnóstico y mucho menos si se sigue la ruta fácil del oportunismo político y se busca solo una cuestionable rentabilidad electoral, o peor aún, si se tiene como motivo la frustración y el resentimiento y solo se especula.

Si algo es urgente en Michoacán es contribuir a la fortaleza de las instituciones y seguir la ruta de la legalidad y responsabilidad política, como único camino para enfrentar los problemas de seguridad que padecemos.

En Michoacán, el gobierno federal ha acudido con puntualidad y decisión al auxilio de la sociedad michoacana y de sus autoridades. En torno a esas medidas es necesario encontrar acuerdos que permitan un respaldo decidido de los partidos y de los ciudadanos para resolver los problemas que hoy ahí se están viviendo.

Es por ello y en base a ello, que mi partido, el Revolucionario Institucional, se suma a los dos resolutivos iniciales presentados por el proponente. Es cuanto, señora presidenta.

«Resolutivos del punto de acuerdo presentado por las diputadas Verónica Juárez Piña y Roxana Luna Porquillo del Grupo Parlamentario del PRD, relativo a la inseguridad en Michoacán.

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita información al gobierno federal, sobre la presunta agresión de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la población civil en la Tenencia de Antúnez, del municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero de 2014.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que investigue los hechos de la Tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 de enero y la madrugada del 14 de enero de 2014, con fundamento en el artículo 102, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.— Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica) y  senador Alejandro Tello Cristerna (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Alejandro Tello Cristerna. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Ricardo Mejía.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidenta, antes de la votación, si se puede leer exactamente.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Solicito a la Secretaría dar lectura a la modificación propuesta por el diputado Mejía.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda conformar una comisión especial de legisladores que conozca y coadyuve a la resolución del conflicto político, social y de seguridad en el estado de Michoacán de Ocampo.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Sí, diputado. Micrófono por favor para el diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sería un tercer resolutivo del mismo punto de acuerdo. El 1 y 2 que lo proponen los compañeros del PRD —y con el que estamos de acuerdo— y esta propuesta es un tercer resolutivo. Nada más para mayor claridad de la asamblea. Es cuanto.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrado, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Mejía.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Las y los legisladores que estén a favor sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: No es de aprobarse la modificación. Ahora solicito a la Secretaría consulte si se acepta la modificación de la propuesta hecha por el senador Alejandro Tello. Solicito a la Secretaría dé lectura, por favor, al punto resolutivo del punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:Resolutivos del punto de acuerdo presentados por la diputada Verónica Juárez Piña y Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD, relativo a la inseguridad en Michoacán.

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita información al gobierno federal sobre la presunta agresión de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la población civil en la tenencia de Antúnez, del municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero del 2014.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que se investiguen los hechos de tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 de enero y la madrugada del 14 de enero del 2014, con fundamento en el artículo 102, apartado B, único párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, secretaria. Una vez leídos los resolutivos, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el senador Alejandro Tello. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobada la modificación.Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición con la modificación hecha por el senador Alejandro Tello.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición con la modificación aceptada por la asamblea y presentada por el senador Alejandro Tello. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobada. Comuníquese.

COBRO DEL IVA AL GAS NATURAL EN JUAREZ, CHIHUAHUA

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Ahora tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación al cobro del IVA al gas natural, en Juárez, en el estado de Chihuahua, y suscrita por los legisladores Ricardo Monreal Ávila, Martha Beatriz Córdova Bernal y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidenta. Este punto de acuerdo —debemos señalarlo— lo suscribimos varios legisladores, pero es iniciativa fundamental de la diputada federal Martha Beatriz Córdova Bernal, quien es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Como lo hemos señalado de manera reiterada, a partir de la homologación del IVA en la frontera del 11 al 16 por ciento y del cobro de un 8 por ciento a los alimentos con cierto contenido calórico, se ha venido generando una serie de abusos, de excesos y arbitrariedades por parte de establecimientos, cadenas comerciales y demás, que aprovechándose de la confusión —y como dice el refrán a río revuelto ganancia de pescadores— han venido cometiendo actos verdaderamente autoritarios. Pero, sobre todo, actos que golpean la economía popular y que constituyen también uno de los principales resultados de esta reforma hacendaria confusa y terrorista.

Nos referimos específicamente al caso de Gas Natural de Juárez, que aprovechando el tema del aumento del 11 al 16 por ciento en la frontera, cobró a usuarios de este gas, con el aumento del IVA, lo que corresponde al mes de diciembre. Es decir, no solamente se le dio efecto retroactivo a una disposición, violando el 14 constitucional, sino que hubo un cobro indebido, porque le aplicaron este aumento del IVA a un consumo que se originó en el mes de diciembre.

Además, alteraron su mecanismo de corte para la facturación. Ellos cortaban los días 28 y ahora lo corrieron al día 1, para que también generara esta simulación y aplicar a partir del 1 de enero este aumento al gravamen, pero por los consumos del mes de diciembre.

Esta empresa gasera tiene un historial de abusos y de falta de solidaridad con la comunidad. Particularmente en esta época del año que por las bajas temperaturas evidentemente el consumo doméstico del gas aumenta para poder cubrirse de las inclemencias del tiempo.

La Profeco ha mostrado una actitud que calificamos de tibia e incluso de negligente y donde no hemos visto al titular de la Profeco, Alfredo Castillo, actuando para sancionar con mano firme estos abusos, sino dedicado a la frivolidad cerrando restaurantes, cuando hay temas de mucho mayor envergadura que están afectando la economía de las familias mexicanas.

Lo que determinó Profeco en una gestión ante el SAT fue que se devolviera el 5 por ciento extra que cobró indebidamente esta empresa, pero solamente a aquellos usuarios, aquellos consumidores que hacían la gestión y los que no la hicieron ya pagaron indebidamente este cobro.

Por todas esas razones, exhortamos a la Profeco a que actúe con mano firme y que tome verdaderamente en sus manos la defensa de los usuarios del servicio de Gas Natural de Juárez, que investigue, corrija y que sancione las fallas y las faltas de esta empresa gasera, aplicando indebidamente el cobro excesivo del IVA.

En consecuencia, compañeras y compañeros legisladores, estamos proponiendo el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que tome las medidas necesarias en defensa de los usuarios del servicio Gas Natural de Juárez, investigue, corrija y sancione las faltas que la empresa gasera haya cometido, así como iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades sobre el cobro excesivo del IVA.

Segundo. Se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a devolver el 5 por ciento de IVA a todos los usuarios afectados por la empresa Gas Natural de Juárez, no solo a quienes acudan a realizar la reclamación.

Esa es la propuesta y por la naturaleza del tema planteamos que sea considerado de urgente u obvia resolución. Es cuanto, compañera presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre el cobro del IVA al gas natural en Juárez, Chihuahua, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Martha Beatriz Córdova Bernal y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Martha Beatriz Córdova Bernal, Zuleyma Huidorbro González,integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea puntos de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma fiscal aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados ha traído consigo un alza generalizada a los costos de los servicios básicos y a los precios de la canasta básica.

Los diputados de Movimiento Ciudadano anticipamos las graves consecuencias que estas reformas generarían y propusimos una solución alterna que no implicaba el aumento de los impuestos ni el golpe para las familias más pobres de nuestro país. Sin embargo el titular del Ejecutivo impulsó, junto a los miembros de su partido y algunos que se dicen opositores, la creación de nuevos impuestos y el aumento de otros, entre ellos el del impuesto al valor agregado fronterizo que hasta el 31 de diciembre de 2013 se mantenía en 11 por ciento, homologándose a partir del 1 de Enero con el resto del país, aumentando a 16 por ciento.

A 15 días de que entraran en vigor las modificaciones los mexicanos empiezan a sentir las fatídicas consecuencias, como lo que ocurre en el estado de Chihuahua donde se ha denunciado el cobro del 16 por ciento de IVA por parte de “Gas Natural de Juárez” por un servicio otorgado durante el mes de diciembre, es decir, cuando en la región el impuesto se mantenía en 11 por ciento.

Lo anterior implicaría por un lado, la violación de la distribuidora de Gas Natural al artículo 14 de nuestra Constitución Política que a la letra menciona que “ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.” Por otro lado se caería en un cobro indebido pues el servicio facturado es del mes de diciembre del año pasado.

Además de lo anterior se ha denunciado que de manera premeditada, la gasera optó por cambiar la fecha de corte de miles de usuarios con el afán de cobrar el aumento al impuesto, es decir, si la facturación de los consumidores era el 28 de cada mes, arbitrariamente se cambió al día 1.

Cabe mencionar que la empresa en comento tiene un historial de cobros excesivos, de abusos y de poca solidaridad con la comunidad.

Debido a la ola de denuncias que han llegado a la Profeco, el Sistema de Administración Tributaria ha optado por devolver el 5 por ciento extra que cobró la gasera pero sólo a quienes soliciten la devolución.

Sabemos que no es esta legisladora la que debe juzgar las irregularidades de la empresa pero tampoco podemos permanecer indiferentes ante esta situación, hacemos un llamado a esta asamblea para tomar medidas al respecto.

Por lo anteriormente expuesto que exhortamos a la Procuraduría Federal del Consumidor para que tome las medidas necesarias en defensa de los usuarios del servicio “Gas Natural de Juárez”, investigue, corrija y sancione las faltas que la empresa gasera haya cometido, así como a iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades sobre el cobro excesivo de IVA.

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a tomar las medidas necesarias en defensa de los usuarios del servicio “Gas Natural de Juárez”; investigue, corrija y sancione las faltas que la empresa gasera haya cometido, así como a iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades sobre el cobro excesivo de IVA.

Segundo.Se exhorta al Sistema de Administración Tributaria a devolver el 5 por ciento de IVA a todos los usuarios afectados por la empresa “Gas Natural de Juárez”, no sólo a quienes acudan a realizar la reclamación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.— (Rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Ricardo Mejía. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Se ha registrado para hablar a favor la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

La senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora presidenta. El tema que nos ocupa el día de hoy es de resaltar la conducta dolosa de la empresa Gas Natural de Juárez, empresa presuntamente propiedad de una diputada federal del PRI.

A pesar de que el Sistema de Administración Tributaria ofreció la devolución del 5 por ciento cobrado en exceso a los usuarios que así lo soliciten, se evidencia con esta acción que la empresa actuó de manera fraudulenta, y esta acción es insuficiente.

Es imprescindible que se sancione de manera inmediata a esta empresa infractora también por parte de esta institución federal. Es también indispensable que la Profeco, en el marco de su atribución de verificar a las empresas expendedoras de combustibles, sancione de manera ejemplar a Gas Natural de Juárez.

Ya se ha comentado hace un momento que el titular Alfredo Castillo no ha actuado con severidad en este caso, por lo que es imprescindible que no siga solapando este mal servicio y sobre todo los incrementos que han afectado a un sinnúmero de usuarios.

De manera semejante se le reitera —como les comentaba— a la Profeco, planteando repetidamente en el marco de esta Comisión Permanente para que se resguarden los derechos y los intereses de los consumidores y se acoten y restrinjan los abusos por parte de empresas y comerciantes con motivo de la homologación del IVA en las fronteras.

Finalmente, saludamos y nos solidarizamos con la decisión y acción ciudadana de la gente de Ciudad Juárez que se movilizó en defensa de sus derechos como consumidores. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senadora Lorena Cuéllar. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobada. Comuníquese.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE ATENCION DE CANCER DE OVARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Siguiendo con el orden del día en proposiciones. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a revisar e incrementar el presupuesto asignado al Programa de Atención de Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de Cancerología.

La diputada María de las Nieves García Fernández(desde la curul): Presidenta, si me lo permite, desde mi curul voy a presentar ésta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Autorizado.

La diputada María de las Nieves García Fernández (desde la curul): Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy presento ante ustedes este punto de acuerdo debido a la gravedad que implica el principal cáncer letal en México, como es el cáncer de ovario.

La OMS ha declarado que al menos mueren 250 mil mujeres cada año por cáncer de ovario. Esto se debe al enorme subregistro que existe, por lo que sabemos que la mortalidad es mucho más alta.

A nivel mundial el cáncer de ovario ocupa la octava causa de cáncer femenino, pero es la segunda causa de muerte por cánceres ginecológicos, solo después del cáncer de cuello uterino.

México se encuentra en la segunda región de mayor frecuencia para cáncer de ovario, junto con países como Australia, algunos de Asia y algunos de Sudamérica. En México cada año se diagnostica un promedio de 5 a 6 mil casos nuevos de cáncer de ovario, y de éstas mueren anualmente un promedio de 2 mil 500 a 3 mil 500 mujeres, lo que equivale a 300 muertes mensuales, 10 muertes diarias. Es decir, una muerte por este cáncer cada 2 horas.

Se registra un total de 7 mil 678 casos nuevos, según datos del Sistema Nacional de Información en Salud, de la Secretaría de Salud, que se traducen en 20 diagnósticos al día y 10 defunciones por esta causa. Es importante resaltar el hecho que resulta ser una malignidad más letal que el cáncer de mama y cérvix.

En general, es una enfermedad que se desconoce y se confunde con otros tipos de cáncer femenino, principalmente con el cáncer cervicouterino, y también se confunde con otros tipos de enfermedades, ya que los síntomas al principio son muy generales y solo se hace diagnóstico de cáncer en etapas avanzadas, cuando existe ya crecimiento abdominal y hay líquido con células malignas.

Actualmente no existe un método de diagnóstico estandarizado, lo que dificulta el diagnóstico temprano. La supervivencia a cinco años es de 90 por ciento para las etapas tempranas; pero para la mayoría de los casos, que se presentan en etapas avanzadas, la supervivencia se reduce a cinco años en el 5 al 20 por ciento de las enfermas.

La edad en que se presentan más casos es entre los 45 y 55 años, aunque cada vez se presentan más casos en edades tempranas. El diagnóstico en etapas clínicas avanzadas, que son la etapa tres y la etapa cuatro, llegan a alcanzar el 75 por ciento de los diagnósticos de cáncer de ovario.

Por otra parte, la mortalidad por esta causa va en aumento, lo que la convierte en un problema de salud pública importante que se debe de atender. Sin embargo, el cáncer de ovario es curable cuando se logra hacer un diagnóstico temprano y se da el tratamiento adecuado.

Desafortunadamente esta enfermedad no se encuentra en el catálogo de enfermedades catastróficas, por lo que no está cubierta por el Seguro Popular. Hasta hace cuatro años se logró que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Equidad y Género, en coordinación con la Comisión de Salud reconociera este problema, asignando al Instituto Nacional de Cancerología el primer dinero federal otorgado para esta causa, a través del Programa de Atención, Acceso y Prevención de Cáncer de Ovario en el año 2011.

Gracias a este apoyo, el Instituto Nacional de Cancerología ha logrado atender de forma integral un total de 763 pacientes, de las cuales el 70 por ciento han sido recién diagnosticadas y 30 por ciento pacientes con recaída.

Desafortunadamente hubo la reducción de este presupuesto, ya que para el año fiscal 2014 el Instituto Nacional de Cancerología solicitó un monto de 34 millones de pesos y de la asignación original, que fue de 35 millones —en el anexo 2 del Presupuesto de Egresos de la Federación— solo se asignó 13.5 millones de pesos para este programa de atención de cáncer de ovario.

La reducción de este presupuesto tendría un impacto negativo en el desarrollo de un modelo de atención que maximiza el costo-beneficio y despliega modelos de atención, investigación y educación, pero el mayor impacto se localizaría en la incapacidad para atender a pacientes para el 2014, tanto de primera vez como de recaídas. Para ellas significa la diferencia entre atenderse o morir.

Esta reducción significaría que solo se podrá atender un 33 por ciento de las pacientes y se quedarán sin ningún apoyo más de dos terceras partes de las enfermas de cáncer de ovario que se proyectó recibir para el 2014.

Por lo anterior, presento a esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo.

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias a fin de que se revise el presupuesto asignado al Programa de Atención de Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de Cancerología, y se sumen 21.5 millones de pesos más a dicho programa para llegar al monto de 35 millones de pesos para el periodo fiscal 2014.

Amigas y amigos legisladores, pido su voto a favor de este punto de acuerdo, en beneficio de las mujeres mexicanas que lamentablemente padecen este silencioso mal. Muchas gracias, señora presidenta. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a SHCP a revisar e incrementar el presupuesto asignado al Programa de Atención de Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de Cancerología, suscrita por la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María de las Nieves García Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente disposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud ha declarado que al menos mueren 250 mil mujeres cada año por cáncer de ovario. Esto se debe al enorme subregistro que existe, por lo que sabemos que la mortalidad es mucho más alta.

A nivel mundial el cáncer de ovario ocupa la octava causa de cáncer femenino, pero es la segunda causa de muerte por canceres ginecológicos, sólo después del cáncer de cuello uterino.

México se encuentra en la segunda región de mayor frecuencia para cáncer de ovario, junto con países como Australia, algunos de Asia y algunos países de Sudamérica.

En México, cada año se diagnostican un promedio de 5,000 a 6,000 casos nuevos de cáncer de ovario, y de éstas mueren anualmente un promedio de 2.500 a 3.500 mujeres. Lo que equivale a 300 muertes mensuales, 10 muertes diarias, es decir, una muerte por este cáncer cada dos horas. Se registran un total de 7,678 casos nuevos según datos del Sistema Nacional de Información en Salud de la SS, que se traduce en 20 diagnósticos al día y 10 defunciones por esta causa. De resaltar el hecho que resulta ser una malignidad más letal que el cáncer de mama y cérvix.

En general, es una enfermedad que se desconoce y se confunde con otros tipos de cáncer femenino principalmente el cáncer cérvico uterino, y también se confunde con otro tipo de enfermedades como son gastroenteritis, colitis o enfermedad pélvica, ya que los síntomas al principio son muy generales, y sólo en etapas avanzadas ya que existe crecimiento abdominal y hay líquido con células malignas ser hace el diagnóstico de cáncer.

Actualmente no existe un método de diagnóstico estandarizado, lo que dificulta el diagnóstico temprano. La supervivencia a cinco años es de 90 por ciento para las etapas tempranas; pero para la mayoría de los casos, que se presentan en etapas avanzadas la supervivencia se reduce a cinco años en el 5 al 20 por ciento de las enfermas.

La edad en que se presentan más casos es entre los 45 y 55 años, aunque cada vez se presentan más casos en edades más tempranas.

El diagnóstico en etapas clínicas avanzadas, que son las etapas III y IV, llegan a alcanzar el 75% de los diagnósticos de cáncer de ovario.

Por otra parte, la mortalidad por esta causa va en aumento, lo que lo convierte en un problema de salud publica importante que se debe de atender.

Sin embargo, el cáncer de ovario es curable cuando se logra hacer un diagnostico temprano y se da el tratamiento adecuado, que consiste en cirugía especializada y quimioterapia.

Esta enfermedad no se encuentra en el catálogo de enfermedades catastróficas, por lo que no está cubierta por el Seguro Popular.

Hasta hace cuatro años, se logró que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Equidad y Género reconociera este problema y asignó al Instituto Nacional de Cancerología el primer dinero federal otorgado para esta causa, a través del Programa de Atención, Acceso y Prevención del cáncer de ovario en el año 2011.

Gracias al apoyo de la Cámara de Diputados de la LXI y LXII Legislaturas, el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) ha logrado atender de forma integral un total de 763 pacientes, de las cuales 70% han sido de recién diagnosticadas y 30 % pacientes con recaída.

Gracias a este Programa se ha podido ofrecer una atención integral, que significa acceso a estudios de laboratorio y gabinete, cirugía, quimioterapia y terapias moleculares, acceso a terapias complementarias que hacen más fáciles los tratamientos, uso de catéteres, equipos de estomas, entre otras cosas.

Las asignaciones que la Cámara de Diputados ha hecho para este programa son:

• Para el año 2011: 5 millones de pesos

• Para el año 2012: 18 millones de pesos

• Para el año 2013: 32.5 millones

Esta problemática fue expuesta los días 30 de septiembre y 14 de octubre, durante las mesas interinstitucionales y en los documentos que se entregaron a las diputadas de la Comisión.

Para el año fiscal 2014 el Incan solicitó un monto de 34 millones de pesos, y la asignación original de la Comisión de Equidad y Género fue de 35 millones. Sin embargo el anexo 12 muestra una asignación de sólo 13.5 millones para dicho Programa de Atención de Cáncer de Ovario.

La reducción de este presupuesto tendría un impacto negativo en el desarrollo de un modelo de atención que maximiza el costo beneficio y despliega modelos complementarios de atención-Investigación-educación, proceso que quedaría trunco. Sin embargo, el mayor impacto se focaliza en la incapacidad para atender a pacientes para el 2014, tanto de primera vez, como de recaídas; para ellas significa la diferencia entre atenderse o morir.

Esta reducción significaría que sólo se podrán atender un 33% de las pacientes, y se quedarán sin ningún apoyo más de dos terceras partes de las enfermas de cáncer de ovario que se proyectó recibir para el 2014, con las consecuencias ya anotadas párrafos arriba.

Por lo anterior esta Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise la documentación presentada por el Incan y realice las acciones necesarias para que se atienda este problema de salud pública, de tal suerte que se pueda realizar en este mismo mes de enero la reasignación del presupuesto y se sumen 21.5 millones de pesos al Programa de Atención de cáncer de ovario, del Incan, para llegar al monto solicitado y se pueda otorgar la atención a las mujeres enfermas de cáncer de ovario para el año 2014

Por lo anterior, presento a esta Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias a fin de que se revise el presupuesto asignado al Programa de Atención de Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de Cancerología y se sumen 21.5 millones de pesos más a dicho programa, para llegar al monto de 35 millones de pesos, en el periodo fiscal 2014.

Dado en Palacio Legislativo, a los 15 días de enero de 2014.— Diputada María de las Nieves García Fernández, (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada María de las Nieves García. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL DECRETO QUE REFORMA, ENTRE OTRAS, LAS LEYES DE LOS IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO, Y SOBRE LA RENTA, PRESENTADA EL 10 DE ENERO DE 2014 POR 172 INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que reforma, entre otras, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por 172 diputados de diversos grupos parlamentarios el 10 de enero de 2014.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño:Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Diputados y senadores integrantes de esta Comisión Permanente, el día de hoy me presento ante esta tribuna a solicitar la pronta atención y resolución de un tema de trascendental importancia para la economía de nuestro país. Un tema que ya está afectando a millones de mexicanos y que requiere ser atendido con prontitud.

Como es de todos conocido, el pasado 10 de enero 172 diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo promovimos una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, la que expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre pasado.

Promovemos una acción de inconstitucionalidad, porque las disposiciones jurídicas de tal decreto resultan violatorias de los artículos 16, 25, 26, 28 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposiciones en las que se salvaguardan importantes principios fundamentales que están siendo violados con esta miscelánea fiscal.

Principios fundamentales, como el de la competitividad económica, el de la proporcionalidad tributaria y el de equidad fiscal, los cuales el mismo presidente Enrique Peña Nieto hizo especial énfasis que serían siempre salvaguardados y que tendrían que ver en cuanto a la generación de empleo y, por consiguiente, un crecimiento económico.

México lo que hoy necesita —y todos lo sabemos— es generar confianza dentro y fuera del país.

Compañeros legisladores, como representantes de los mexicanos no debemos escatimar la utilización de los recursos que nuestras leyes otorgan para evitar la aplicación de disposiciones que fueron realizadas bajo un panorama en el que no se consideró la precariedad de la economía a la que se están enfrentando los ciudadanos y diversos sectores de la sociedad.

Por ello en la acción de inconstitucionalidad presentada, la cual quiero reconocer que por método de orden le fue asignado el número cinco de este año, se explican las consecuencias que se ocasionarán, y que ya se están ocasionando, a importantes sectores de la población como son los pequeños contribuyentes, las personas físicas, así como al comercio y la economía de la frontera norte.

Como lo dijimos en esta tribuna y lo dijimos en las calles junto a millones de mexicanos: la homologación del impuesto al valor agregado –el IVA– al 16 por ciento en las zonas fronterizas no debe aplicarse, porque coloca a los ciudadanos mexicanos en franca desventaja frente a aquellos ciudadanos de otros países con los que comparten frontera y cuyas tasas impositivas es menor.

De igual manera, las reformas aprobadas a la Ley del Impuesto sobre la Renta violentan los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad tributarias, al aumentar las tasas del ISR del máximo previsto del 30 al 35 por ciento, más aún si consideramos que ni el Ejecutivo federal en la exposición de motivos de la iniciativa ni los legisladores federales en la exposición de motivos de los dictámenes del Senado de la República y la Cámara de Diputados justificaron el aumento material de las tasas del impuesto sobre la renta.

En este mismo sentido aplica el razonamiento para el tope de las deducciones personales del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que no se hace referencia en los documentos legislativos invocados previamente a la justificación de la eliminación de los supuestos contemplados ni al nuevo límite previsto para las deducciones.

Finalmente, se estima que la eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes ocasiona un evidente perjuicio a la competitividad del país, debido a que como se ha señalado previamente ocasiona un agravio directo al derecho adquirido a la devolución del saldo a favor que teníamos a los mismos.

El Régimen de Pequeños Contribuyentes establecía un sistema y procedimientos especiales para que estos tributaran de manera diferente a los contribuyentes del régimen general, ya que aquellos no se ubican en un plano de igualdad con estos, pues poseen características propias suficientes para clasificarlos en distintas categorías, atendiendo a sus diversas capacidades administrativas y operativas.

Y dado que las características hacen la diferencia a los contribuyentes que tributan en el Régimen de Pequeños Contribuyentes que subsisten, resulta que la derogación del mismo es violatorio a la Constitución, porque procede a declarar a inconstitucionalidad de las normas relativas a las que he hecho alusión.

En virtud de los conceptos de invalidez expuestos, es claro que la aplicación de la miscelánea fiscal aprobada generará un serio perjuicio a la economía de los contribuyentes y de los consumidores, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas, a la clase trabajadora y a todos aquellos que sí pagamos impuestos.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, por todo lo anterior y con pleno respeto a la división de poderes y a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, con este punto de acuerdo exhortamos al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva con prontitud la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que reforma, entre otras, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por 172 diputados de distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados el pasado 10 de enero. Es cuanto, señora presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al pleno de la SCJN a resolver la acción de inconstitucionalidad contra el decreto que reforma, entre otras, las Leyes de los Impuestos al Valor Agregado, y sobre la Renta, presentada el 10 de enero de 2014 por 172 integrantes de diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

El pasado viernes 10 de enero de 2014, ciento setenta y dos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, promovimos una acción de inconstitucionalidad en contra del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo” publicado en el Diario Oficial dela Federación el 11 de diciembre de 2013, en virtud de que determinadas disposiciones jurídicas de tal decreto resultan violatorias de los artículos 16; 31, fracción IV; 25, primer párrafo; 26, 28; y 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos.

Antes de exponer los razonamientos destinados a acreditar la inconstitucionalidad de la norma que se impugna, procederemos a analizar la legitimación de quienes promovimos la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Los artículos 105, fracción II, inciso a), de la Constitución federal y 62 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su parte conducente disponen:

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. [...]

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a). El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;

[...]”

“Artículo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos.

[...]”

El inciso a) de la fracción II del artículo 105 constitucional establece que podrán ejercitar acción de inconstitucionalidad el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión.

Así, cuando la acción de inconstitucionalidad se promueve contra una ley expedida por el Congreso de la Unión, por legisladores que dicen representar el treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados, es necesario que satisfagan los siguientes requisitos:

1. Los promoventes deben ser legisladores integrantes de la Cámara de Diputados.

2. Los diputados demandantes deben representar cuando menos el equivalente a 33 por ciento del total que integra dicha Cámara.

3. La acción de inconstitucionalidad debe hacerse valer contra leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión.

Los requisitos identificados con los números 1 y 2 se refieren a la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad, exigencias que se encuentran satisfechas según se demuestra a continuación.

El primero de los requisitos aludidos se encuentra satisfecho en virtud de que, a la fecha en que se presenta esta demanda quienes la suscribimos somos diputados federales integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tal y como se acredita con la constancia expedida por la Mesa Directiva de la propia Cámara y que se anexa al presente ocurso.

El segundo de los mencionados requisitos también se encuentra acreditado, en virtud de que la demanda se suscribe por un total de 172 diputados, los que representan más de treinta y tres por ciento de los 500 legisladores que conforman dicho órgano legislativo, siendo el mínimo de 165, en términos de lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución federal.

En efecto, si la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se integra por un total de 500 legisladores, treinta y tres por ciento de ese total equivale a 165 diputados. Como se puede apreciar, la demanda se suscribió por 172 de sus integrantes, lo que equivale al treinta y cuanto punto cuatro por ciento.

El tercero de los requisitos destacados, consistente en que la acción de inconstitucionalidad se haga valer contra leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión, también se cumple, porque la norma impugnada participa de los atributos de una ley federal en sentido formal y material.

En consecuencia, ha quedado demostrado que los diputados federales integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que promovieron la presente acción de inconstitucionalidad, están legitimados para demandar la inconstitucionalidad de las porciones normativas que más adelantes se precisarán de los Decretos antes aludidos.

En la acción de inconstitucionalidad planteamos tres conceptos de invalidez:

1. Homologación del IVA en las fronteras respecto a la tasa general de 16 por ciento

2. Aumento de las tasas del ISR del máximo previsto de 30 por ciento a 35 por ciento y límite del tope de deducciones salariales a 10 salarios generales mínimos vigentes.

3. Eliminación del nuevo régimen de incorporación de pequeños contribuyentes.

En cuanto al primero de los conceptos, se estima que los preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados:

• De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 25, 26 y 31, fracción IV.

• De la Convención Americana de Derechos Humanos: artículo 5, numeral 1 y 24.

• De la Carta de la Organización de los Estados Americanos: artículo 17, 33, 34, 39 y 45.

Principios constitucionales y derechos fundamentales que se estiman violados:

• Principio de competitividad.

• Derecho a la integridad personal y desarrollo económico.

• Principio de equidad tributaria;

• Principio de proporcionalidad tributaria.

En el caso, se solicita la declaración de invalidez y la declaración de la reviviscencia de las normas vigentes con anterioridad a aquellas que serán declaradas inválidas, las cuales son el artículo 1, inciso C, fracciones IV, V y VI, 2, 2 inciso A, y 5 que fueron reformados y derogados de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de diciembre de 2013.

Ahora bien, las normas cuya invalidez se solicita pretenden elevar de once por ciento a dieciséis por ciento, esto es, elevar en más de 45 por ciento la tasa del impuesto existente antes de la reforma y en 5 por ciento en términos reales en las fronteras del país.

Por lo tanto, se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la imposición de la tasa general de 16 por ciento en las fronteras y emita la declaratoria del mantenimiento de vigencia de la tasa de 11 por ciento prevista hasta el año pasado.

En cuanto al segundo de los conceptos de invalidez, se estima que los artículos constitucionales violados son el artículo 16, párrafo primero y artículo 31, fracción IV y el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Se aumentan las tasas del ISR del máximo previsto de 30 por ciento a 35 por ciento incurriendo con ello en una violación a los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad tributarias.

El límite de las deducciones personales previstas en el decreto impugnado establece que las personas físicas podrán hacer deducciones personales por lo que resulte de calcular el mínimo entre 10 por ciento de sus ingresos totales y el equivalente a 4 veces el salario mínimo general (SMG) elevado al año del área geográfica donde vivan, que en el caso del DF es de 96 mil pesos.

El artículo 151 de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta establece que en el cálculo del impuesto anual, las personas físicas residentes en el país podrán hacer deducibles los pagos por honorarios médicos, dentales y hospitalarios, así como los gastos funerales, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta.

Dicho análisis parte de la premisa que ni el Ejecutivo federal en la exposición de motivos de la iniciativa, ni los legisladores federales justificaron en la exposición de motivos de los dictámenes del Senado de la República y la Cámara de Diputados el aumento material de las tasas del Impuesto sobre la Renta, y, con mayoría de razón, tampoco lo hicieron respecto a la desigualdad y desproporcionalidad del aumento porcentual en los rangos que se aplican en la categoría “Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior”, lo cual, en la especie, constituye la tasa del impuesto referido.

Dicha falta de motivación y fundamentación constituye por sí misma una violación al artículo 16, primer párrafo, de la Constitución federal, toda vez que se trata de un acto de autoridad carente de dichos elementos de justificación.

En este mismo sentido, aplica el razonamiento para el tope de las deducciones personales del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que no se hace referencia en los documentos legislativos invocados previamente a la justificación de la eliminación de los supuestos contemplados ni al nuevo límite previsto para las deducciones.

En conclusión, con fundamento en lo previamente expuesto se solicita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se realice la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 96 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se declare el mantenimiento de las tasas del ISR en un máximo de 30 por ciento previstas en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el año 2013.

Finalmente en cuanto al tercero de los conceptos, se estima que los artículos constitucionales violados fueron los artículos 31, fracción IV y 16, párrafo primero en correlación con el artículo noveno transitorio del decreto impugnado.

La eliminación del régimen de pequeños contribuyentes ocasiona un perjuicio a la competitividad del país debido a que como se ha señalado previamente ocasiona un agravio directo al sector de la economía de los pequeños contribuyentes.

Es importante destacar que la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes constituye un agravio directo al derecho adquirido a la devolución de saldo a favor que tienen los mismos

1. El régimen de “los pequeños contribuyentes” se encuentra establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta pues es ésta la que determina los requisitos que deben satisfacerse para poder tributar en este régimen.

2. Las personas físicas que tributan en el régimen de “pequeños contribuyentes” son sujetos del impuesto al valor agregado y dentro de ellos, quienes obtengan ingresos superiores a $1’337,303.00 pesos deben cubrir el gravamen de que se trata pues no gozan de la exención establecida en el artículo 2-C de la ley correspondiente.

La eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes implica una gran injusticia y viola el principio de  equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De diversos criterios jurisprudenciales se deduce que el Régimen de Pequeños Contribuyentes establecía un sistema y procedimientos especiales para que los pequeños contribuyentes tributaran de manera diferente a los contribuyentes del régimen general, ya que aquéllos no se ubican en un plano de igualdad con éstos pues poseen características propias suficientes para clasificarlos en distintas categorías atendiendo a sus diversas capacidades administrativas y operativas.

Y dado que las características que diferencian a los contribuyentes que tributaban como en el Régimen de Pequeños Contribuyentes subsisten, resulta que la derogación del mismo es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede declarar la inconstitucionalidad de las normas relativas.

En efecto, la razón de ser del Régimen de Incorporación Fiscal es promover la formalidad tributaria e incorporar de inmediato a la misma a los sectores de la población que actualmente se mantienen en la informalidad, así como facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a quienes iniciarán sus negocios, ya sea realizando actividades empresariales o prestando servicios.

Por lo tanto, se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes y emita la declaratoria del mantenimiento de vigencia del anterior régimen que los excluía del régimen fiscal del IVA.

En virtud de los conceptos de invalidez previamente expuestos en la acción de inconstitucionalidad presentada, se estima que dada la trascendencia nacional de la recaudación de impuestos para el gasto público y las evidentes transgresiones al sistema constitucional mexicano originadas por el decreto de la Reforma Fiscal 2014, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver con prontitud la acción presentada el pasado 10 de enero de 2014 por diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, y, en consecuencia, declarar, en el momento procesal oportuno, la inconstitucionalidad de la homologación del IVA en las fronteras respecto a la tasa general de 16 por ciento; el aumento de las tasas del ISR del máximo previsto de 30 por ciento a 35 por ciento y límite del tope de deducciones salariales a 10 salarios generales mínimos vigentes; y la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes por el régimen de incorporación, por ser violatorios de los principios constitucionales de competitividad económica, y, proporcionalidad y equidad tributarias, y de los derechos fundamentales a la integridad personal y el desarrollo económico.

Por tanto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, con pleno respeto a la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial de la federación, al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva con prontitud la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que  reforma, entre otras, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por 172 diputados de diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados el pasado 10 de enero de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.— Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Marcelo de Jesús Torres. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

Presidencia del senador Fernando Herrera Ávila

SERVICIOS PUBLICOS EN CUERNAVACA

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos, para que realice las reformas necesarias para evitar el pago oneroso de derechos por la prestación de los servicios públicos en el municipio de Cuernavaca. Adelante.

La senadora Lisbeth Hernández Lecona:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el pasado 20 de diciembre de 2013 se publicó en la tercera sección del periódico oficial Tierra y Libertad del estado de Morelos, la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Las modificaciones realizadas por el municipio en su carácter de iniciador fueron sustanciales en relación con la Ley de Ingresos de 2013, puesto que se clasificaron detalladamente los ingresos que obtendrá durante el ejercicio presupuestal del año 2014; se eliminaron conceptos que provocarían confusión entre la ciudadanía, acciones que revisó y valoró el Congreso del estado cuyos integrantes consideraron oportuno no realizar ningún incremento a los impuestos municipales. Pero respecto a los ajustes realizados a los conceptos que integran los cobros por los servicios públicos, primeramente quedaron divididos en tres conceptos: uno, servicios por mantenimiento de infraestructura urbana; dos, servicios por limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos; y tres, servicios públicos municipales de limpieza, de frente, de predio baldío o cercado.

Por los cuales se cobrarán, en el primero de ellos, las mismas tarifas que sirvieron para el cobro del ejercicio fiscal 2013, con las zonas específicas que en el articulado de la ley se señalan; para el segundo, la tasa 0.015, y para el tercero, la tasa del 0.02. Ambos de un día de salario mínimo vigente general calculado al año.

Esta fórmula matemática representa un incremento de 10 veces más de lo que se pagaba en años anteriores, el cual merma significativamente en la economía y el gasto familiar de manera considerable, bajo el argumento que de no realizarse este ajuste, sobre todo lo que representa el servicio de recolección de basura, el riesgo de colapso es real, pues el costo de la prestación de los mismos es inferior al costo real que le produce la prestación de dicho servicio, dejando de lado el principio de proporcionalidad el gravamen consagrado en nuestra Ley Fundamental y que debe limitarse a verificar la tributación que se ajuste a la capacidad contributiva de los gobernados.

Por ello, someto a consideración de esta Comisión Permanente y con el carácter que pueda someterse con el punto único.

Único. Se exhorta al honorable Congreso del estado de Morelos para que dentro de las facultades que le confiere el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tenga a bien realizar las reformas que sean necesarias a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el Ejercicio Fiscal de 2014, a efecto que se prevean medidas que no impliquen el pago oneroso de los derechos por la prestación de los servicios públicos municipales que afecten a la economía de los contribuyentes, así como aquellas tendentes a proteger los derechos de aquellos que han realizado su pago. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Morelos a realizar reformas para evitar el pago oneroso de derechos por la prestación de los servicios públicos en Cuernavaca, suscrita por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del PRI

Lisbeth Hernández Lecona, senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 20 de diciembre de 2013, se publicó en la tercera sección del periódico oficial Tierra y Libertad del estado de Morelos se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal de 2014, derivado del proceso legislativo iniciado mediante la remisión al Congreso del Estado de Morelos del acta de cabildo emitida por Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en la que se hace constar la aprobación de la iniciativa de la ley en comento. Lo anterior, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracción IV; en los artículos 32, 112 párrafo primero y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 15, 17, 38 fracciones I y V y 41, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; así como el artículo 33 último párrafo del Código Fiscal para el Estado de Morelos, sustentándose en diversas consideraciones de carácter estadístico y características económicas tanto del municipio de Cuernavaca como nacionales e internacionales que afectaron el comportamiento del crecimiento municipal.

Al respecto, se mencionó que dicho municipio contaba en 2010 con una población de 365 mil 168 habitantes, de los cuales 53 por ciento eran mujeres y 47 por ciento hombres, habitando alrededor de 102 mil 961 viviendas, de acuerdo con la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De igual forma se menciona que en 2013 la actividad económica del municipio fue endeble como en el resto de la región mexicana, aunado a los problemas de seguridad que padece toda la entidad federativa, pese a ello las actividades económicas se concentraron en los sectores secundario y terciario, proveyendo de empleo a 337 mil 869 trabajadores. Cuernavaca representa un factor fundamental en la prestación de servicios de comercialización, transporte, educación, salud y turismo por su cercanía con la Ciudad de México, por ello es que los ingresos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades de la capital de Morelos y sus habitantes.

De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal de 2014, la iniciativa tuvo su origen en foros de consulta, mesas y reuniones de trabajo con especialistas en materia fiscal, la academia, contribuyentes y particulares interesados en el tema, quienes propusieron conceptos, cuotas, tasas, tarifas y montos que habrían de financiar el desarrollo municipal y con ello superar la difícil situación municipal, por lo que se realizaron diversos ajustes en conceptos y tarifas para distribuir las cargas fiscales, con incrementos en los derechos por la prestación de los servicios públicos municipales de mantenimiento de infraestructura urbana, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, limpieza de frente de terrenos baldíos y alumbrado público; modificaciones que fueron valoradas por la legislatura local coincidiendo que con motivo de la situación económica que se vive en el país, en la entidad y en los municipios, no era propicio aumentar el monto de ningún impuesto ni crear ninguno nuevo; no autorizar tampoco ningún incremento en las tarifas de agua potable, realizándose únicamente las modificaciones y ajustes a las tarifas de los derechos antes mencionados. A efecto de que el municipio de Cuernavaca pueda recaudar la cantidad de mil quinientos treinta y dos millones cuatrocientos noventa y siete mil veintinueve pesos para hacer frente a sus obligaciones, monto que representa un incremento de 14 por ciento con relación a la expectativa de ingresos autorizada por el Congreso del estado para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Las modificaciones realizadas por el municipio en su carácter de iniciador fueron sustanciales en relación con la Ley de Ingresos de 2013, para el municipio, puesto que se clasificaron detalladamente los ingresos que obtendrá durante el ejercicio presupuestal del año 2014, y eliminó conceptos que provocarían confusión entre la ciudadanía, acciones que revisó y valoró el Congreso del estado, cuyos integrantes consideraron oportuno, como ya se mencionó, no realizar ningún incremento a los impuestos municipales, pero respecto a los ajustes realizados a los conceptos que integran los cobros por los servicios públicos, primeramente quedaron divididos en tres conceptos: servicios por mantenimiento de infraestructura urbana; servicios por la limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, y servicios públicos municipales de limpieza de frente de predio baldío o cercado, por los cuales se cobrarán: en el primero de ellos, las mismas tarifas sirvieron para el cobro en el Ejercicio Fiscal de 2013, con las zonas específicas que en el articulado se señalan; para el segundo la tasa del 0.01515 y para el tercero, la tasa de 0.0202, ambos de un día de salario mínimo vigente general calculado al año, esta fórmula matemática representa un incremento de diez veces más de lo que se pagaba en años anteriores, el cual merma significativamente en la economía y el gasto familiar de manera considerable, bajo el argumento que de no realizarse este ajuste, sobre todo en lo que representa el servicio de recolección de basura, el riesgo de colapso es real, pues el costo de la prestación de los mismos es inferior al costo real que le produce la prestación de dicho servicio, dejando de lado el principio de proporcionalidad del gravamen consagrado en nuestra ley fundamental, y que debe limitarse a verificar si la tributación se ajusta a la capacidad contributiva de los gobernados.

Ahora bien, si bien es cierto que el municipio es la organización político-administrativa que sirve de base a la división territorial y organización política del estado de Morelos, que responde a la idea de la organización comunitaria, con gobierno autónomo y que es también la instancia a través del cual, el Estado mexicano descentraliza la prestación de servicios públicos básicos correspondientes a una circunscripción territorial determinada y que por ello determina y regula su hacienda de forma autónoma, al grado de otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes que están pagando sus derechos de servicios públicos municipales, los cuales corresponden a un descuento de 30 por ciento a quienes paguen tales derechos dentro de los meses de enero, febrero y marzo. También es cierto que la toma de estas medidas no resuelve de fondo la problemática, consistente en el cobro exagerado de los derechos referentes a los servicios que presta el municipio, prevaleciendo aún una ley desproporcionada que no considera los ingresos de la población, la cual se resiste a realizar el pago de tales derechos, lo que generará a la larga mayor deficiencia en los servicios municipales y consecuentemente afectará a una ciudad tan bella como lo es Cuernavaca, por ello someto a consideración de esta Comisión Permanente con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al honorable Congreso del Estado de Morelos para que dentro de las facultades que le confiere el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tenga a bien realizar las reformas que sean necesarias a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal de 2014, a efecto de que se prevean medidas que no impliquen el pago oneroso de los derechos por la prestación de los servicios públicos municipales que afecte a la economía de los contribuyentes, así como aquellas tendentes a proteger los derechos de aquellos que han realizado su pago.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.— Senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica).»

El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, senadora Hernández Lecona. El presente punto de acuerdo se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

Presidencia de la  senadora Lisbeth Hernández Lecona

PETROLEOS MEXICANOS PLAN DE NEGOCIOS 2014-2018, Y RONDA CERO

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Zoé Alejandro Robledo Aburto, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Pemex para que informe a esta soberanía sobre las áreas que dicha empresa buscará seguir operando a través de la llamada Ronda Cero y sobre su plan de negocios 2014-2018, suscrito por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD.

El senador Zoé Robledo Aburto:Muchas gracias, presidenta. Efectivamente presento este punto de acuerdo a título personal y, por supuesto, a nombre de mi compañero el senador por Oaxaca, Benjamín Robles, porque sí creemos en el PRD que esta reforma energética que se aprobó hace unas semanas —nunca vamos a dejar de decirlo— sin la opinión de los ciudadanos, representa verdaderamente una riesgosísima transformación en lo que respecta a la soberanía del país sobre sus recursos energéticos.

En algunas semanas seguramente se van a empezar a discutir las leyes secundarias en materia energética. Son cerca de 21 leyes secundarias en este rubro que se enviarán al Congreso de la Unión.

Uno de los temas particulares que más nos preocupan —y que seguramente generarán, ojalá que generen un amplio debate— es lo que respecta a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en el Ramo del Petróleo, debido a que ahí es donde se deberán incluir estas nuevas modalidades de contratación. Lo que se conoce como utilidad compartida, producción compartida, licencias. Vaya, los apodos a la privatización.

Nosotros en el PRD advertimos desde un principio que estos esquemas de contratación, por la experiencia que hay internacionalmente, siempre se acercan mucho a la discrecionalidad, a la falta de transparencia. Esto no es un asunto nuevo, basta que se revisen experiencias internacionales para darnos cuenta de ello. Son métodos de contratación que invariablemente incentivan la corrupción. Son métodos en que las negociaciones entre el Estado y las empresas empiezan a ser asimétricas y muchas veces están envueltas en un velo de incertidumbre, de ambigüedades y, por supuesto, de influencias y también de intereses.

Hay un caso particular que quisiera poner a su consideración y se los planteo como una pregunta, ¿qué va a pasar cuando Pemex y las empresas contratistas se terminen asociando y conjuntamente tengan que ir a negociar con el Estado mexicano? Aquí la debilidad regulatoria de nuestro país —del Estado mexicano— va a ser muy peligrosa, en la medida en que los costos van a aumentar, la utilidad compartida puede disminuir y por lo tanto van a mermar los ingresos de nuestro país.

Los contratos —por experiencia internacional— mientras más complejos se hagan son fuente de mayor conflicto, de mayores disputas entre las partes y además agregando los costos de detener la producción, costos económicos por litigios y problemas recurrentes.

Creo que aquí no se vale andar queriendo espantar con que se va a aparecer el lobo, pero sí hay que pensar que si nosotros creemos que las empresas que hoy con muchos esfuerzos y no necesariamente de manera eficiente se regulan son negociadores rudos o que son agresivos en sus negociaciones, les diría: espérense a ver a las petroleras internacionales.

Miren, déjenme compartirles un asunto que pasó en el Senado el año pasado. La bancada del PRD invitó a Luis Moreno Ocampo a que nos diera una conferencia y la dio en la Junta de Coordinación Política con senadores del PRI, del Verde, del PAN.

Luis Moreno Ocampo —seguramente ustedes lo recuerdan— fue durante nueve años el fiscal de la Corte Penal Internacional, el primer fiscal que ha tenido esta corte, la corte encargada de atender los crímenes de lesa humanidad, de perseguir a los genocidas y a los dictadores en el mundo.

Hoy Moreno Ocampo se dedica a temas de corrupción y nos decía una cosa muy particular, decía: La humanidad está lista para detener los crímenes de guerra pero no la corrupción.

Y nos contaba de un asunto de la petrolera ELF, que hace 12 años una jueza francesa le empezó a investigar por un asunto de sobornos al presidente de Angola, al presidente Do Santos. Y se comprobó que había sobornos al presidente de Angola. Pero esa jueza al seguir la ruta del dinero y de los fondos descubrió que la mitad de los sobornos eran devueltos por parte del presidente de Angola al presidente de ELF, de la petrolera francesa. Eso es lo que vamos a empezar a ver.

Son empresas que no son comunes en su forma de negociar. Cuentan con alta disponibilidad de recursos económicos, de influencia política y de mecanismos de presión diplomática. Tienen, en pocas palabras, capacidad corruptora. Y esto es lo que nos preocupa a nosotros en el PRD. Por eso es que estamos solicitando esa información.

Adicionalmente estamos solicitando información sobre el tema de la Ronda Cero.

Déjenme abundar —si me lo permite la presidenta— sobre el tema de la Ronda Cero porque es un tema también muy delicado. Hay que recordar que el 15 de julio del año pasado el Consejo de Administración de Pemex aprobó por unanimidad el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. Y este plan de negocios con la aprobación de la reforma energética no va a gozar de la vigencia planteada, porque las modificaciones legales por venir introducirán a Pemex en todo el nuevo esquema de operación.

Además aquí, sobre el asunto particular de la Ronda Cero, que consiste en que a Pemex se le va a poder asignar preferentemente para que elija antes que nadie, por eso se llama Ronda Cero, para que Pemex pueda optar y elegir cuáles son las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos en los que va a tener capacidad de operar. Es decir, Pemex va a traer mano, para decirlo de manera muy coloquial.

Sin embargo, en el texto de la reforma energética se expresa puntualmente: Pemex recibirá del Estado apoyo para su modernización y mejora tecnológica y tendrá en un periodo inicial el derecho de elegir los campos que desee explorar y explotar. Esa es la Ronda Cero.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Concluya, senador, por favor.

El senador Zoé Robledo Aburto:Sí, con todo gusto, presidenta. El alcance que se deberá determinar lo va a establecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos, conforme a la política pública que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda.

Y el propio director de Pemex, Emilio Lozoya, en una entrevista reciente, del 13 de diciembre, dijo: todo lo que tenemos en producción lo mantendremos y también aquellas áreas donde hicimos exploración e investigación sísmica y donde sabemos que hay un potencial de hidrocarburos muy importante.

Entonces, lo que nos está dando a entender es que la Ronda Cero es en todas las áreas. Vaya, lo que estamos pidiendo, igual que en el asunto hacendario es información. Lo que estamos pidiendo es que ante un escepticismo justificado que tenemos nosotros sobre la reforma energética es indispensable que Pemex, de manera muy oportuna y puntual, informe a la nación con exactitud cuáles serán las áreas en las que seguirán operando a través de la posición preferente que le otorga la llamada Ronda Cero.

De verdad, lo digo —y concluyo con esto— estamos frente a un escenario que nadie conoce, porque nunca se ha presentado en el país. Si no hay transparencia y claridad en todos estos temas, estamos convencidos que no solamente se seguirá poniendo en riesgo la soberanía sobre los hidrocarburos, sino que los negocios serán de muy pocos y los beneficios de casi nadie o ningún mexicano. Es cuanto, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a informar a esta soberanía sobre las áreas que la empresa buscará seguir operando mediante la Ronda Cero y su plan de negocios 2014-2018, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

La reforma energética aprobada hace apenas unas semanas representa, sin la opinión de la ciudadanía, una transformación profunda de la soberanía del país sobre sus recursos energéticos, así como la sepultura de los pocos principios fundamentales que todavía quedaban en nuestra Constitución Política.

En este sentido, serán 21 leyes secundarias de reforma energética las que se van a enviar al Congreso de la Unión el 1 de de febrero.

En las leyes secundarias se modificará la Ley de Petróleos Mexicanos para incluir el término Empresa Productiva del Estado, dándole una supuesta autonomía de gestión y presupuestal. De igual manera, en estas leyes secundarias se tendrá que definir la forma de operar de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y del Consejo de Administración de Pemex; el Senado de la República tendrá participación en los nombramientos de estos tres órganos.

Más allá de los organismos reguladores, uno de los temas que generará amplio debate será la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petróleo, debido a que incluirá las nuevas modalidades de contratación: utilidad compartida, producción compartida y licencias, entre otras modalidades, toda vez que la reforma constitucional deja abierta la puerta para que sea en México donde se experimente con nuevos diseños de contratos, destinados a maximizar las ganancias de los inversionistas privados.

Nosotros, en el PRD, advertirmos desde un principio que estos esquemas de contratación, por la opacidad que los caracteriza, sólo vendrían a instituir un estadio más avanzado de corrupción institucional; uno donde las negociaciones entre el Estado y las empresas privadas serán inciertas, ambiguas, fácilmente manipulables para beneficio de unos cuantos. Contratos inflados, discrecionales, arbitrarios. Si en este momento Pemex se encuentra cundido de corrupción, con esta figura de contratos el desfalco, el saqueo y el atraco a la nación será mayúsculo.

Un claro ejemplo de la corrupción por venir será cuando Pemex y la empresa contratista se asocien y conjuntamente negocien con el estado. Aquí la debilidad del gobierno será aún más palpable, en la medida en que los costos aumenten, la utilidad compartida disminuya y por lo tanto también los ingresos al estado.

Hacer contratos de producción o de utilidades compartidas significa entrar en conflictos recurrentes; en esquemas de corrupción, y en trasladar decisiones a compañías que carecen de otro interés distinto al de realizar la mayor tasa de ganancia posible.

Las petroleras internacionales tienen un poder de negociación que no es común en otras entidades del sector privado, tienen recursos económicos ilimitados, una influencia política inigualable, acceso a los mecanismos más eficientes de presión diplomática y tienen una fuerza de cabildeo que no tiene par.

Consideraciones

Esta situación, la elaboración de las leyes secundarias, no solo significará la posible concreción de la Reforma Constitucional en materia energética, sino que además, y consecuentemente, la transformación de la empresa emblemática del país: Pemex.

Hay que recordad que apenas el pasado 15 de julio de 2013 el Consejo de Administración de Pemex aprobó por unanimidad el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018.

Según la misma empresa “el plan de negocios define el rumbo estratégico de Pemex bajo el mandato de creación de valor y sustentabilidad operativa y financiera. Partiendo del análisis de la situación actual interna y externa de Pemex, así como del avance en la ejecución de las estrategias, se integró –en coordinación con las áreas de planeación de los organismos subsidiarios y las direcciones corporativas– un plan de negocios actualizado y alineado con el anteproyecto de presupuesto para 2014”.

Previo a su aprobación, afirma la empresa, el Comité de Estrategia e Inversiones realizó un análisis cuidadoso del documento, aportando comentarios y observaciones que se atendieron para mejorar y enriquecer el documento.

A la luz de les hechos resulta evidente que el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018 no gozará de la vigencia inicialmente planteada. Las modificaciones legales por venir introducirán a Pemex a un nuevo esquema de operación, mismo que contrasta severamente con el que actualmente funciona.

En este sentido, resulta indispensable que la empresa haga público, no sólo ante esta soberanía, sino ante la ciudadanía en general, que afectaciones o modificaciones sufrirá el actual Plan de Negocios de la Empresa.

Otro aspecto fundamental, sobre el que urge exigir transparencia y rendición de cuentas, desde ya, es sobre la llamada “Ronda Cero”

De acuerdo con la minuta enviada por la Cámara de Diputados a los congresos estatales, la “ronda cero” consiste en la primera asignación que se dará a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que elija los campos en los que desea trabajar (exploración y extracción) y en los que tiene capacidad de operar, antes de la entrada de la iniciativa privada.

El texto dice, textualmente, que: “Pemex recibirá del Estado apoyo para su modernización y mejora tecnológica y tendrá en un periodo inicial el derecho de elegir los campos que desea explorar y explotar (“ronda cero”), cuyo alcance deberá determinar la Comisión Nacional de Hidrocarburos conforme a la política pública que para tal efecto establezca la Secretaría de Energía”, dice el texto.

Hasta ahora, esta figura -Ronda Cero- contempla dos vertientes:

A)

Asignaciones de exploración.En el caso de las áreas en las que, en la fecha en que entre en vigor el decreto, Pemex haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, será posible que la paraestatal siga con los trabajos hasta por tres años más, prorrogables por un periodo adicional de dos años.

B)

Asignaciones de extracción. Pemex mantendrá sus derechos sobre las áreas que se encuentren en producción a la fecha en que entre en vigor el decreto de reforma constitucional. Esto es, los operadores privados podrán realizar trabajos en los lugares en los que Pemex actualmente no lleva a cabo ninguna actividad.

El mismo director general de Pemex, Emilio Lozoya, en una entrevista del 13 de diciembre afirma que: “Todo lo que tenemos en producción lo mantendremos y también aquellas áreas donde hicimos exploración e investigación sísmica y donde sabemos que hay un potencial de hidrocarburos muy importante”.

De igual manera aseveró que: “En ciertas zonas de aguas profundas donde nosotros ya invertimos dinero y le quitamos riesgo a los activos, por supuesto que Petróleos Mexicanos quisiera participar en el desarrollo de estos yacimientos, ya sea solo o lo más seguro en algunos casos con socios estratégicos”.

No queda claro, por las palabras del director general de Pemex, ni por lo contenido en el texto de la reforma energética, cuáles son las áreas donde Pemex mantendrá titularidad de la operación.

Ante el justificado escepticismo que actualmente existe en relación a la reforma energética, resulta indispensable que la empresa más importante del país se manifieste públicamente, y ante esta soberanía, sobre las áreas que buscará seguir operando a través de la llamada Ronda Cero.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al director general de Pemex a informar a esta soberanía sobre las áreas que la empresa buscará seguir operando a través de la llamada Ronda Cero.

Segundo.Se exhorta al director general de Pemex a informar a esta soberanía sobre las posibles afectaciones o modificaciones que sufrirá el actual plan de negocios de petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios 2014-2018.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias senador Zoé Alejandro Robledo Aburto. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

Esta Presidencia informa que se acaba de recibir de la Secretaría de Gobernación tres puntos de acuerdo que fueron aprobados. Solicito a la Secretaría dé cuenta por favor.

PROGRAMA DE BECAS PERMANENTE DIRIGIDO A PERSONAS SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-2P2A.-1921, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SDH/900/853/2014 suscrito por la maestra Lía Limón García, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por medio del cual responde el punto de acuerdo relativo a establecer y otorgar un programa de becas permanente dirigido a personas sobrevivientes de los delitos de trata de personas que han sido albergadas en los refugios especializados, con el objeto de que tengan acceso a oportunidades educativas para todos los niveles.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 14 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), Subsecretario.»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se remite a la Cámara de Senadores.

CONMEMORACION DEL CENTENARIO DE OCTAVIO PAZ

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-2P1A.-1925 signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0003/14 suscrito por el licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a la edición de un libro en homenaje a la obra de Octavio Paz con motivo de los actos conmemorativos de los cien años de su nacimiento, así como develar una placa en las instalaciones de ese recinto y realizar una ceremonia de reconocimiento a su obra y persona.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 14 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se remite a la Cámara de Senadores.

RECURSOS ETIQUETADOS EN EL ANEXO 35.4 PROYECTOS DE CULTURA, DEL APARTADO DE PROYECTOS MUNICIPALES

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio No. CP2R1A.-2761 signado por el diputado Ricardo Anaya Cortés, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0002/14 suscrito por el licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a otorgar los recursos etiquetados en el Anexo 35.4 proyectos de Cultura, del apartado de proyectos municipales, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 asignados a los municipios y órganos político-administrativos del Gobierno del Distrito Federal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 14 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), Encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/1579/13, a través del cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, hizo del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, relacionado con el exhorto al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que de manera inmediata, otorgue los recursos etiquetados en el Anexo 35.4 Proyectos de Cultura, del apartado de proyectos municipales.

En virtud de lo anterior, envío copia del oficio número SE.141/2013, suscrito por el licenciado Francisco Cornejo Rodríguez, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, órgano desconcentrado de esta Secretaría, con los comentarios correspondientes.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2014.— Licenciado Adrián Guerra Yáñez (rúbrica), Coordinador de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Conaculta.— Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría Ejecutiva.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, Coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión en la Secretaría de Educación Pública.— Presente.

En atención a su oficio UR 120 UCE/CECU/0507/13, referencia 0272, relativo al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 28 de agosto del año en curso, me permito comentarle que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes desarrolló el Programa Anual de Proyectos Culturales de la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es realizar la gestión de los proyectos culturales incluidos en el Anexo 35.4 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, conforme a la normatividad aplicable, fundamentalmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

En específico, respecto a los proyectos culturales asignados a los órganos político-administrativos del Gobierno del Distrito Federal, me permito comentarle que a la fecha se han otorgado los recursos etiquetados de 37 proyectos de un total de 39 proyectos etiquetados. Los recursos de los dos proyectos restantes no han sido otorgados, ya que no cumplieron los criterios señalados en la normatividad para el ejercicio presupuestal, y sus solicitantes no atendieron las observaciones para alinear el proyecto culturalmente.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2013.— Francisco Cornejo Rodríguez (rúbrica), Secretario ejecutivo.»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se remite a la Cámara de Senadores.

*INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se informa a la asamblea que las iniciativas y las proposiciones con puntos de acuerdo que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones respectivas, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se levanta la sesión (a las 15:04 horas). Se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 22 de enero de 2014, a las 11 horas.

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