Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Se va proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente. ¿Falta algún legislador o legisladora de pasar lista? Señor presidente, hay la asistencia de 27 legisladores. Hay quórum.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 11:19 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura del orden del día.

«Primer receso.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 22 de enero de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Secretaría de Gobernación

Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 21 al 25 de enero del año en curso, con objeto de participar en la Reunión Anual 2014 del Foro Económico Mundial, que se realizará en Davos, Suiza.

Con el que remite la información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2013”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondiente al cuarto trimestre de 2013.

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

Con el que remite ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

Del Gobierno del Estado de Chihuahua

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que incorporen la perspectiva de género en la planeación y diseño de su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de diciembre de 2013, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2012.

Con el que informa que en el mes de diciembre de 2013, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Con el que informa que durante el ejercicio presupuestal 2013, no otorgó ningún tipo de concesión en su categoría de Administradora de Inmuebles Federales.

De la Secretaría de Salud

Con el que remite los informes correspondientes al cuarto trimestre de 2013 de los siguientes programas sujetos a reglas de operación: para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, de Atención a Familias y Población Vulnerable, de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de Atención a Personas con Discapacidad, Caravanas de la Salud, Seguro Médico Siglo XXI, Sistema Integral de Calidad en Salud, Comunidades Saludables, y Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en su componente de salud), este último sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño correspondientes a los periodos junio- agosto y septiembre-octubre de 2013.

Declaratoria de reforma constitucional.

Iniciativas

Que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Alliet Mariana Bautista Bravo y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suscrita por el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo, suscrita por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 69 y 146-A del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el senador Víctor Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

De Decreto por el que se declara el 12 de septiembre de cada año, como Día Nacional del Campesino, suscrita por la senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 423 del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la PGR, informe sobre las acciones emprendidas para especializar al personal que atiende a víctimas de delitos de la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno Federal a instalar una mesa de trabajo con las Cámaras del Congreso de la Unión para analizar los temas del TLCAN.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de su competencia soliciten al titular del Poder Ejecutivo federal, el indulto a favor de la C. Esperanza Reyes Aguillón, con fundamento en el artículo 97 Bis, del Código Penal Federal.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al Inegi elabore y difunda información estadística sobre las mujeres que trabajan en el sector agrario nacional.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la SEP, a transparentar y hacer del dominio público los alcances, resultados y principales logros del programa “Escuela Verde”, durante el ciclo escolar 2012-2013.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP y a los correspondientes en cada una de las entidades federativas y del Distrito Federal, a que informen a esta Soberanía sobre el problema de la deserción escolar en sus ámbitos de competencia y asimismo, formulen políticas públicas federales y locales con miras a disminuir el índice de deserción escolar.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, para que difunda las medidas necesarias dirigidas a la niñez para prevenir accidentes graves.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se externa una felicitación al director de cine Alfonso Cuarón por haber obtenido el premio Globo de Oro.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT autorice acciones para evitar el robo de la carga de los furgones de ferrocarril y aumentar las medidas de seguridad.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo a fin de que se atienda la emergencia provocada por el deslizamiento de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, en lo relativo al diagnostico de daños, mecanismos de financiamiento para la reconstrucción y rutas alternas seguras.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat, al GDF y a los gobiernos de las entidades federativas, prevean y promuevan la implementación de centros de acopio para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Conuee, emita las metodologías para cuantificar las emisiones evitadas por el uso de bicicletas convencionales y eléctricas como medio de transporte cotidiano.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer pública por la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor, la información relacionada con las operaciones del Inadem, así como de diversos proyectos que se tengan programados para 2014.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat emita la declaratoria de Zona de Emergencia de Sanidad Forestal para eliminar la plaga del gusano descortezador.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SCT a tomar medidas para disminuir los accidentes en carreteras.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Poder Ejecutivo y a sus dependencias, acciones para prevenir la especulación en el alza de precios y servicios.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la situación que enfrentan los trabajadores de diversas empresas de autotransporte.

Dictámenes negativos

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a las Legislaturas Locales a someter a su consideración las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción, enviadas por el Congreso de la Unión.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Cinematografía, a realizar un Homenaje al crítico de cine, Lic. Gustavo García.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados a votar en contra de la minuta del senado que extienda la privatización y precarización de las guarderías del IMSS.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a establecer operativos en las carreteras del estado de Morelos para evitar robos al transporte de carga, suscrito por las diputadas Maricela Velázquez Sánchez y María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Salud Federal y del estado de Tamaulipas, para que de manera coordinada ofrezcan la atención médica a pacientes con enfermedades renales o de cáncer de próstata, suscrito por los diputados Carlos Alberto García González y Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT, para que decrete una suspensión de pago en las casetas de cobro de las autopistas del estado de Michoacán, suscrito por el diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Educación Ambiental, suscrito por el diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Educación Pública Federal y de las entidades federativas, a resolver a la brevedad los problemas ocasionados por la aplicación errónea del descuento del ISR en la nómina de los docentes de dichas entidades, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a sus homólogas estatales para que implementen un plan emergente de subsidios al campo, suscrito por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, se considere en el estímulo fiscal por pagos de servicio de enseñanza, contenido en el Decreto de fecha 26 de diciembre de 2013, a la educación especial y sus diferentes modalidades, suscrito por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en la Edad Permitida, elaboren un Programa Nacional para erradicar el trabajo de infantes y adolescentes, suscrito por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a que considere incluir en el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, una lista amplia de insumos y artículos esenciales para las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, suscrito por los diputados Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General del IMSS, resuelva el desabasto de antirretrovirales que afecta a las y los derechohabientes que padecen VIH y/o Sida, suscrito por la senadora Angélica De la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al repudio de todo proceso judicial dictado sin atender las formalidades esenciales mandatadas por la comunidad internacional, suscrito por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República, a retomar el proceso de discusión y, en su caso, aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, recibida el 25 de septiembre de 2013, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, se implementen acciones eficaces para controlar y erradicar el problema de las personas desplazadas en diversos estados del país, derivado de la violencia que genera la delincuencia organizada, suscrito por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el se exhorta al Conaculta para que realice un homenaje póstumo al poeta Juan Gelman Burichson, suscrita por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la PGR, para que implemente acciones para sancionar a los responsables del robo y venta de diesel clandestino, en los municipios de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande, pertenecientes al estado de Guanajuato, suscrito por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno, para que realicen la difusión del Vigésimo Quinto aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos de la Niñez, suscrito por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a respetar la soberanía del estado de Michoacán de Ocampo, en el marco de la estrategia planteada para recuperar la seguridad en dicha entidad, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, para que los adultos mayores beneficiarios del programa de “65 años y más” reciban una atención digna y oportuna ante la problemática actual que se presenta en las ventanillas, suscrito por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en los estados, a emprender acciones en materia de vacunación contra la influenza, suscrita por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que modifique la NOM-146-SSA2-2005, para que incorpore a las personas víctimas de trata, suscrito por la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Consar, tome las medidas para proteger el ahorro para el retiro de las y los trabajadores mexicanos, suscrito por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta GDF a resolver la problemática en la Línea 4 del Metrobús relativa al comercio ambulante, suscrito por la diputada Regina Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de las entidades federativas, para que a través de sus procuradurías de justicia, creen un programa de protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, suscrito por la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la legislación para instrumentar el voto de los mexicanos residentes en el exterior, suscrito por la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a acciones de prevención de la influenza, suscrito por el senador Jésus Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados, para que armonicen, adecuen y en su caso, aprueben leyes en materia de trata de personas respecto de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, suscrito por la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la implementación de programas y proyectos turísticos necesarios en el centro de Cancún, Quintana Roo, suscrito por la senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT para que realice campañas informativas sobre los accesos y salidas de la autopista México-Puebla, suscrito por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Semarnat, de la SE y de la Segob, para que presenten información relacionada con el impacto social, económico y ambiental que representa la construcción del proyecto comercial y de vivienda denominado “Dragon Mart” en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, suscrito por legisladores de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas 247, 050 y 086 relativas a productos alimenticios industrializados o procesados libres de gluten, suscrito por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al representante del Poder Ejecutivo federal en la Cocopa, a efecto de que informe los trabajos que ha realizado en la solución del conflicto armado en el estado de Chiapas, suscrito por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que realice un homenaje al fallecido José Sulaimán Chagnón, suscrito por el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de que otorgue el indulto a la C. Esperanza Reyes Aguillón, acusada de falsificación de dinero, suscrito por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el territorio nacional, se difundan campañas para concientizar a la ciudadanía sobre el uso de preservativos, prevención de enfermedades y embarazos no deseados, suscrito por las senadoras Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de las Telecomunicaciones, a determinar los agentes económicos preponderantes en el sector de las telecomunicaciones, suscrito por el senador Zoé Robledo A., del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP para que investigue y sancione a los funcionarios responsables por los errores cometidos en la emisión de los libros de texto gratuitos, suscrito por la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los problemas generados por autofinanciamientos, suscrito por los legisladores Victor Manuel Bautista López, Mario Alejandro Cuevas Mena, Víctor Reymundo Nájera Medina y Jhonatan Jardines Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y al SAT realicen una campaña nacional de información sobre los beneficios del nuevo régimen de incorporación fiscal, suscrito por el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, haga del conocimiento público en su sitio de internet el padrón de beneficiarios, y los resultados periódicos del “Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas”, en relación al presupuesto otorgado para el ejercicio fiscal 2009, 2010, 2011 y 2012, suscrito por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, al Conaculta, al INAH y otras dependencias a realizar diversas actividades para conmemorar los 50 años del Museo Nacional de Antropología, suscrito por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Consar, haga del conocimiento público, si existe autorización para que la administradora XXI Banorte participe con más del 20% en el mercado de Afore, suscrito por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo para promover la exportación de productos de la pequeña y mediana empresa nacional, suscrito por diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob, haga del conocimiento público las acciones que han implementado a fin de transparentar los recursos del Subsemun, suscrito por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJDF y ALDF para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes sobre el presunto cobro de dádivas a servidores públicos de la Delegación Iztacalco, suscrito por diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados para que aprueben la creación de comisiones ordinarias de derechos de la niñez en los congresos que no cuenten con ellas, suscrito por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Segob un informe sobre la situación actual y legal del funcionamiento de casinos y casas de juego y sus permisos para operar, suscrito por diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Consar y de la Condusef, para que tomen las medidas necesarias a fin de que las afores hagan entrega ágil e íntegra a las y los trabajadores de los ahorros de su cuenta individual, suscrito por el diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

48. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos Federal y estatales a estar atentos a las necesidades de la población ante los frentes fríos que se presentarán en el país los próximos días, suscrita por diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se extiende una felicitación a los ganadores del Premio Nacional de Protección Civil 2013, suscrita por diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SFP un diagnóstico integral sobre la corrupción en la administración pública federal en el sexenio anterior, suscrito por diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Agenda política

Comentarios relativos a la situación que prevalece en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos a la situación política nacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre la declaratoria constitucional de las reformas en materia política y en materia de transparencia, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Comentarios en relación al conflicto en Sudán del Sur, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre la Declaratoria de Constitucionalidad de las reformas en materia de transparencia y en materia político-electoral, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efeméride

Con motivo del 245 aniversario del natalicio de Ignacio Allende, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta a Parlamentaria.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.  Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la comisión permanente del congreso de la unión, celebrada el miércoles quince de enero de dos mil catorce, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la sexagésima segunda legislatura.

Presidencia del SenadorFernando Hernández Ávila

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y cuatro legisladores, a las once horas con dieciséis minutos del miércoles quince de enero de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Del Instituto Federal Electoral, con la que remite la Información relativa a los principales cambios en el modelo de la nueva credencial para votar. Se remite a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados, para su atención; y a la de la Cámara de Senadores.

b) De los Congresos de los Estados de:

• Guanajuato, con el que informa la designación del ciudadano licenciado Javier Pérez Salazar, como Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato, a partir del veintidós de diciembre de dos mil trece. De enterado. Se remite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

• Colima, con el que remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro de sus atribuciones emita un acuerdo para que el Servicio Administración Tributaría modifique la Resolución Miscelánea Fiscal dos mil catorce, Anexo diecinueve, específicamente la norma relativa a alimentos de consumo básico, para exceptuar del IESP al pan dulce caliente de elaboración artesanal. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su atención.

c) Del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la que remite el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al tercer trimestre de dos mil trece. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores.

d) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite, en ocho tomos, el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal dos mi catorce, en cumplimiento del artículo cuarenta y dos, fracción sexta, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento, y a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis para consulta de los ciudadanos diputados.

e) De la Secretaría de Gobernación:

• Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días veintiocho y veintinueve de enero de dos mil catorce, para realizar una Visita Oficial a la República de Cuba y participar en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que tendrá lugar en la ciudad de La Habana. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para conocimiento y a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

• Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

• Relativo al Patrimonio Cultural Inmaterial del “Ceremonial de la Danza de los Viejos”, así como el análisis y propuesta ante la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura de elevarlo a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

• Relativo a agilizar y aplicar los recursos del Fondo Nacional de Desastres para los municipios del Estado de Colima, que aún se encuentran afectados por las excesivas lluvias que provocaron los fenómenos tropicales “Ingrid” y “Manuel” en el mes de septiembre de dos mil trece. Se remite a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

• Con el que remite contestación a punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobierno del estado de Guerrero, a fin de que se lleve a cabo la reconstrucción de los daños ocasionados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel” en las comunidades indígenas de la región de la montaña y Costa Chica de Guerrero. Se remite a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

• Con el que remite seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remiten a la Cámara de Senadores.

• Con el que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. Se remiten a la Cámara de Senadores.

f) Del Banco de México; y del Gobierno del Estado de México, con los que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para declarar el “dos mil catorce, Año de Octavio Paz”. Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, para su atención.

g) Del Gobierno del estado de San Luis Potosí; de la Delegación Venustiano Carranza, del Distrito Federal; y del Instituto Poblano de las Mujeres, con los que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los sesenta años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México. Se remiten a la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

h) Del Instituto Poblano de las Mujeres; y del Gobierno del estado de Nuevo León, con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la organización y desarrollo de un sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres. Se remiten a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

i) De la Secretaría del Gobierno del estado de Morelos, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los desastres naturales ocasionados por el ciclón “Manuel” y la tormenta tropical “Ingrid”. Se remite a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

j) De la Secretaría General del Gobierno del estado de Jalisco, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la correcta implementación de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas dictados en el cumplimiento de las disposiciones formuladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada uno de los ejercicios fiscales. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

k) De la Cámara de Senadores, relativa al nombramiento de la ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza, como Magistrada del Tribunal Superior Agrario. El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Salón Legisladores de la República la ciudadana y designa una comisión de legisladores, misma que la acompaña a rendir protesta de Ley.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto, a los legisladores:

• Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.

• Diputada María Teresa Jiménez Esquivel, y suscrita por la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo doscientos sesenta y seis y deroga los artículos doscientos sesenta y dos y doscientos sesenta y tres del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Ricardo Mejía Berdeja, y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila y la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo quince de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, y suscrita por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la proposición con punto de acuerdo de la Mesa Directiva por el que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Texas, Estados Unidos de América, a postergar la ejecución de la sentencia contra Edgar Tamayo Arias, propuesto por la senadora Lizbeth Hernández Lecona. En votación económica se aprueba, comuníquese.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con punto de acuerdo, en votación económica se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados:

a) De la Primera Comisión:

• Por los que se extiende un reconocimiento a la destacada labor de las mujeres y hombres dedicados a la enfermería en México.

• Por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y al titular del Inmujeres del Distrito Federal. a fin de que resuelva con estricto apego a la Ley, el caso de la joven Yakiri Rubí Rubio Auport. Interviene en pro del punto de acuerdo el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de ubicar oficinas de atención a los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país.

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que investigue la presunta violación a los derechos humanos de los habitantes de Atempa, municipio de Calnali, estado de Hidalgo.

• Por los que se exhorta a los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, vigilen el pleno respeto de los derechos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transiten por nuestro territorio, durante las fiestas de fin de año.

• Por los que se desecha la Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que declaren al dos mil catorce como Año de Protección de los Datos Personales.

No habiendo más oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

b) De la Segunda Comisión:

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas y en el Distrito Federal, para que incluyan la impartición de una asignatura que integre los temas de derechos humanos, la igualdad de género y la prevención de la trata de personas en los Planes y Programas de Estudio, en los niveles de la Educación básica y Media Superior. Interviene en pro del punto de acuerdo el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza.

• Por el que se exhorta al Presidente de la República para que en el ámbito de sus facultades proceda a la brevedad, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a ratificar el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a los procedimientos de comunicación. Interviene en pro del punto de acuerdo el diputado Roberto López Rosado, del Partido de la Revolución Democrática.

• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, se refuercen las medidas emprendidas hacia la prevención del embarazo en adolescentes.

No habiendo más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido y de la misma manera se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquese.

Presidencia de la SenadoraLisbeth Hernández Lecona

c) De la Tercera Comisión:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar medidas y acciones para mitigar el efecto económico y social del incremento del Impuesto al Valor Agregado en la región y franja fronterizas.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer del conocimiento público un desglose del efecto en las finanzas públicas, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de diciembre de dos mil trece, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una campaña informativa y de concienciación sobre la prevención y atención de la enfermedad de Chagas.

• Por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a tomar medidas para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de procedencia ilícita.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a difundir la información referente al préstamo otorgado por el Banco Mundial en materia educativa.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público. Intervienen en contra del punto de acuerdo los legisladores: diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo; y en pro los legisladores: senador Zoé Alejandro Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática; y Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido.

No habiendo más oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquese.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo, a los legisladores:

• Senador Jesús Casillas Romero, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que el que se exhorta a los gobiernos federal y locales para que, en el marco del Décimo Octavo Aniversario de la Creación del Programa Alerta Amber, se proceda a revisar y perfeccionar sus procedimientos. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro las diputadas: Celia Isabel Gauna Ruíz de León, del Partido Revolucionario Institucional; Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México; y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Senadora Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, que no lo han hecho, a aprobar la reforma constitucional en materia de reforma política, a efecto de que esta soberanía realice la declaratoria de procedencia. En votación económica no se considera de urgente resolución. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo, para dictamen.

• Diputado José Luis Esquivel Zalpa, y suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la inseguridad en el estado de Michoacán. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro los legisladores: diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; senador Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional; diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, quien presenta propuesta de modificación al punto de acuerdo; senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo; senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México; y senador Alejandro Tello Cristema, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta propuesta de modificación al punto de acuerdo. En votación económica se considera suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaria da lectura a la modificación propuesta por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que en votación económica no se admite a discusión; acto seguido se da lectura a la modificación propuesta por el senador Alejandro Tello Cristema, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica se admite a discusión, y de la misma manera se aprueba. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo con la modificación aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

• Diputado Ricardo Mejía Berdeja, y suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila, Martha Beatriz Córdova Bernal y Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, en relación al cobro del Impuesto al Valor Agregado al gas natural, de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e interviene en pro la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Diputada María de las Nieves García Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar e incrementar el presupuesto asignado al Programa de Atención de Cáncer de Ovario, del Instituto Nacional de Cancerología. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo, para dictamen.

• Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que reforma, entre otras, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por ciento setenta y dos diputados de diversos grupos parlamentarios el diez de enero de dos mil catorce. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo, para dictamen.

Presidencia del SenadorFernando Hernández Ávila

• Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos, para que realice las reformas necesarias para evitar el pago oneroso de derechos por la prestación de los servicios públicos en el municipio de Cuernavaca. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo, para dictamen.

Presidencia de la SenadoraLisbeth Hernández Lecona

• Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto, y suscrito por el senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de Pemex para que informe a esta soberanía sobre las áreas que dicha empresa buscará seguir operando a través de la llamada ronda cero y sobre su plan de negocios dos mil catorce-dos mil dieciocho. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo, para dictamen.

La Presidencia informa que se recibieron de la Secretaría de Gobernación respuestas a tres puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio. Remítanse a la Cámara de Senadores.

La Presidencia informa que las iniciativas y proposiciones inscritas en el orden del día que no fueron abordadas, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta levanta la sesión a las quince horas con cuatro minutos y cita para la que tendrá lugar el miércoles veintidós de enero del dos mil catorce, a las once horas.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.

REUNION ANUAL CORRESPONDIENTE A 2014 DEL FORO ECONOMICO MUNDIAL, EN DAVOS, SUIZA

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución, Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio numero DEP-0053/14, signado por el Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual, el presidente de la Republica licenciado Enrique Pena Nieto, informa que se ausentara del territorio nacional del 21 al 25 de enero de 2014, con objeto de participar en la reunión anual 2014 del Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza.

El presidente de la República participará en distintas sesiones donde tendrá la oportunidad de difundir las acciones que ha emprendido el nuevo gobierno, con especial énfasis en los acuerdos logrados a partir del Pacto por México que hicieron posibles las reformas estructurales que impulsarán la productividad y el desarrollo incluyente de nuestro país.

Asimismo, participará en la reunión denominada Business Internaction Group, evento quesera encabezado por el presidente de la Republica y al que asistirán directores general de 1as empresas más importantes del mundo, algunas de ellas con presencia en México, lo que permite una productiva interacción entre los responsables de las políticas públicas y líderes empresariales; además de una reunión privada con miembros del International Medial Council, en el que tomarán parte líderes de destacados medios de comunicación internacionales.

Se tiene planeado que el presidente participe en una sesión titulada The Promise of the Pacific Alliance, donde se buscará, junto con los jefes de Estado de los países miembros, resaltar la importancia de la Alianza del Pacífico en el proceso de integración regional y las expectativas que está generado este mecanismo en todo el mundo.

Se prevé también la asistencia del primer mandatario a la cena latinoamericana, cuyo objetivo es identificar temas prioritarios para América Latina y posicionar el país en el contacto regional; líderes y titulares de organismos regionales forman parte de este evento. Adicionalmente el presidente participará en un almuerzo organizado por el reconocido diario The Washington Post, al que asisten personalidades destacadas que se encuentran en Davos y con las que se juzga oportuno intercambiar ideas sobre distintos ámbitos de la política y la economía internacionales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado señor subsecretario:

Con fundamento en la fracción I del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cumplimiento de las facultades de la subsecretaría bajo su digno cargo y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted sea el amable conducto para hacer llegar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el aviso mediante el cual se informa que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 21 al 25 de enero de 2014, con objeto de participar en la reunión anual 2014 del Foro Económico Mundial que se realizará en Davos, Suiza.

En la reunión anual participan líderes globales y tomadores de decisiones de .los ámbitos político, empresarial, académico y cultural, así como formadores de opinión, Por tanto, es un espacio de diálogo privilegiado y un foro de promoción económica de alto impacto, ideal para posicionar a México como un actor relevante a nivel global. También favorece la discusión de opciones para consolidar el crecimiento de las economías y al mismo tiempo, asegurar que la prosperidad derive en un desarrollo a largo plazo, con equidad. e inclusión social.

En esta ocasión se llevarán a cabo más de 220 sesiones públicas y las discusiones girarán en torno a cuatro pilares: el crecimiento incluyente, la innovación, las expectativas de la sociedad y la sustentabilidad. El presidente Enrique Peña Nieto participará en distintas sesiones donde tendrá la oportunidad de difundir las acciones que ha emprendido el nuevo gobierno, con especial énfasis en los acuerdos logrados a partir del Pacto por México que hicieron posibles las reformas estructurales que impulsarán la productividad y el desarrollo incluyente de nuestro país, Asimismo, será una ocasión propicia para dialogar con algunos de sus homólogos, así como con destacados hombres de negocios, sobre las fortalezas de nuestro país, las relaciones económicas y políticas con el mundo y las perspectivas globales para los siguientes años.

Entre las actividades que se prevé que el presidente de la República desarrolle durante su estancia en Davos se encuentran reuniones bilaterales con el señor Didier Burhalter, presidente de la Confederación Suiza; el señor Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel; el señor Mark Rotte, primer ministro de Países Bajos; y con su majestad Phillipe, rey de los Belgas; así como con el profesor Klaus Schwab, presidente y fundador del Foro Económico Mundial; la señora Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional y el señor Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial.

Asimismo, participará en la reunión denominada Business lnteraction Group, evento que será encabezado por el presidente de la República y al que asistirán directores generales de las empresas más importantes del mundo, algunas de ellas con presencia en México, lo que permite una productiva interacción entre los responsables de las políticas públicas y líderes empresariales; además de una reunión privada con miembros del International Media Council, en el que tomarán parte líderes de destacados medios de comunicación internacionales.

Dada la relevancia del proceso de transformación por el que atraviesa el país, el foro ha ofrecido un espacio exclusivo (keynote speaker) para que el presidente Enrique Peña Nieto realice una presentación sobre su plan de gobierno y las reformas estructurales aprobadas en México, en la que se espera una audiencia de mil 500 personas.

Se tiene planeado que el presidente participe en una sesión titulada The Promise of the Pacific Alliance, donde se buscará, junto con los jefes de Estado de los países miembro, resaltar la importancia de la Alianza del Pacífico en el proceso de integración regional y las expectativas que está generando este mecanismo en todo el mundo.

Se prevé también la asistencia del primer mandatario a la cena latinoamericana, cuyo objetivo es identificar temas prioritarios para América Latina y posicionar al país en el contexto regional; líderes y titulares de organismos regionales forman parte de este evento. Adicionalmente el Presidente participará en un almuerzo organizado por el reconocido diario The Washington Post, al que asisten las personalidades destacadas que se encuentran en Davos y con las que se juzga oportuno intercambiar ideas sobre distintos ámbitos de la política y la economía internacionales.

Aprovechando el importante espacio de promoción que representa la reunión anual del WEF, se han programado anuncios de inversión en nuestro país de importantes empresas multinacionales como son Pepsico, Cisco y Nestlé, por un monto de más de 8 mil millones de dólares en diversos proyectos productivos.

Finalmente, se prevé que el presidente de la República conceda dos entrevistas a medios internacionales ( CNN y CNBC), y realice dos ruedas de prensa con los medios nacionales que acompañan a la delegación mexicana.

En los términos del propio artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito manifestar a usted que, en su oportunidad y una vez concluido el viaje del presidente de la República, se enviará el informe correspondiente a la Mesa Directiva del Senado de la República.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted.

Atentamente

México, DF, a 15 de enero de 2014.— Emilio Suárez Licona (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo y a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013 DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 511.1.4/0065, signado por el ciudadano Marcos Montero Rivera, director de Presupuesto de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, remite información relativa a las “contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2013”, del sector medio ambiente y recursos naturales correspondiente al cuarto trimestre de 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño, para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido, así como de su anexo en medio magnético.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración.

México, DF, a 16 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Asunto: Se envía el reporte sobre la contratación de honorarios llevada a cabo por el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con datos al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013.

Fundamento: Artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, así como la obligación de los ejecutores de gasto de reportar en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública las contrataciones realizadas.

Oficio 312.A.-000062de fecha 9 de enero de 2014de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP.

Información: En atención al oficio 312.A.-000062de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP,mediante el cual recuerda el envío que se tiene que hacer al Congreso de la Unión respecto a las contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2013, me permito solicitar a usted su apoyo para cumplir con dicha obligación.

Para lo anterior, le envío en impresión y disco compacto, el formato “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2013”del sector medio ambiente y recursos naturales con datos al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de enero de 2014.— Doctor Héctor Pérez Galindo (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

NESTORA SALGADO GARCIA

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-2728, signado por el diputado José González Morfin, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SEGOB/OADPRS/CGCF/ 01116/2014, suscrito por el doctor Jaime Álvarez Ramos, coordinador general de Centros Federales de esta secretaría, mediante el cual responden el punto de acuerdo relativo al estatus jurídico de Nestora Salgado García, Bernandino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Ángel David Chanita Molina.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 17 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

En atención al folio 006752A, de fecha dos de diciembre del dos mil trece, signado por el licenciado Marco Antonio Reyes Salinas, coordinador de Control de Gestión en la Comisión Nacional de Seguridad, mediante el cual remite su oficio número SEL/300/1725/13de data veintisiete de noviembre del año próximo pasado, mediante el cual solicita se revise el carácter y estatus jurídico de Nestora Salgado García, Bernandino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Ángel David Chanita Molina.

Al respecto y con fundamento en lo previsto por el artículo 8o. constitucional me permito hacer de su conocimiento que la Encargada de la Dirección General del Centro Federal Femenil “Noroeste” y el titular del Centro Federal de Readaptación Social número 13 “CPS- Oaxaca”, en atención a su oficio informan lo siguiente:

Nestora Salgado García, ingresó al Centro Federal Femenil “Noroeste” el día 22 de agosto de 2013; actualmente se encuentra a disposición del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, en el estado de Guerrero, quien le instruye el proceso penal 14/2013-II, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Secuestro Agravado.- Previsto por el artículo 9, fracción I, incisos B) y C), se sanciona de acuerdo a la hipótesis que se previene en el diverso 10, fracciones I y II, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, dictándole auto de formal prisión el 27 de agosto de 2013.

Proceso Pendiente:

I. Proceso Penal 146/013-II, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de : a) secuestro o plagio y b) privación de la libertad personal, instruido ante el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chilpancingo de los Bravo, en el estado de Guerrero, dictándole auto de formal prisión el 21 de diciembre de 2013.

II. Proceso Penal 76/2013, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de: delincuencia organizada, previsto por el artículo 2, fracción VII, en relación con los artículos 9 y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sancionado en el artículo 4 fracción II, inciso A) de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, instruido ante el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo.

Tal y como se señala en la partida jurídica de fecha trece de enero del actual, remitida por la encargada de la Dirección General del Centro Federal Femenil “Noroeste”.

En cuanto hace al interno Gonzalo Molina González, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 13 “CPS-Oaxaca”, el día 7 de noviembre de 2013, actualmente se encuentra a disposición del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Chilpancingo, Guerrero, quien le instruye el proceso penal 157-II/2013, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de: 1.- Lesiones, 2.- Privación de la libertad personal, 3.- Robo especificoy 4.- Terrorismo, dictándole auto de formal prisión el 12 de noviembre de 2013.

Proceso pendiente:

I. Causa Penal 59/2013, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de: a) terrorismo, b) portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, c) portación de arma de fuego sin licencia y el) delitos cometidos contra funcionarios públicos (hipótesis cometido contra agente de la autoridad), instruido ante el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, dictándole auto de formal prisión el 20 de noviembre de 2013.

II. Proceso penal 60/2013, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de: a) amenazas, b) ejercicio indebido del propio derecho y c) el delito cometido contra servidores públicos, instruido ante el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, dictándole auto de formal prisión el 20 de noviembre de 2013.

III. Proceso Penal 206-II/2013, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de: secuestro agravado, instruido ante el Juez Tercero de Primera Instancia Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravos Chilpancingo, Guerrero, dictándole auto de formal prisión el 21 de noviembre de 2013.

IV. Proceso Penal 67/2013, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de: portación de arma de fuego sin licencia, instruido ante el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero dictándole auto de formal prisión el 15 de diciembre de 2013.

Tal y como se señala en la partida jurídica de fecha doce de diciembre del año próximo pasado, remitida por el titular de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 “CPS-Oaxaca”.

Por otra parte y en cuanto hace a los señores Bernandino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez y Ángel David Chanita Molina, le hago de su conocimiento que, los titularesy encargados de los Centros Federales de Readaptación Social números 1, “Altiplano”; 2, “Occidente”; 3, “Noroeste”; 4, “Noroeste”; 5, “Oriente”; 6, “Sureste”; 7, “Nor-Noroeste”, 8, “Nor-Poniente”; 9, “Norte”; 10, Nor-Noreste”; 11, “CPS-Sonora”; 12, “CPS-Guanajuato”; 13, “CPS- Oaxaca”, complejo penitenciario “Islas Mujeres” y Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, informan “...q ue después de haberse realizado una búsqueda minuciosa en los archivos y registros de esas Unidades Administrativas, no se encontró registro alguno de ingreso o egreso de las personas en mención...”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal a 15 de enero de 2014.— Doctor Jaime Álvarez Ramos (rúbrica), coordinador general de Centros Federales.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

REGULARIZACION DE CONCESIONES DE AGUA PARA USO AGRICOLA, QUE SE ENCUENTREN VENCIDAS

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta a los oficios números DGPL-2P1A.-4070, CP2R1A.-508 y DGPL 62-II8-1586 signados por el senador José Rosas Aispuro Torres, diputado Ricardo Anaya Cortés y diputado Francisco Arroyo Vieyra, entonces vicepresidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente; y Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, respectivamente, del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SPPN 0008/2014, suscrito por el maestro en ciencias Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual responden los puntos de acuerdo relativos a otorgar las facilidades administrativas para la regularización de concesiones de agua para uso agrícola, que se encuentren vencidas y para que se emita una suspensión en la ejecución de cancelaciones de concesiones de agua para uso agrícola, así como la expedición de un decreto por el que se otorgue .una prórroga para la regularización de los permisos de extracción de agua.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 17 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a las Comisiones de Agricultura y Sistemas de Riego y de Agua Potable y Saneamiento, para su conocimiento.

EXHORTO A INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA PLANEACION Y EL DISEÑO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo.— Gobierno del estado de Chihuahua.

Ingeniero Odorico Vázquez Bernal, secretario del Despacho del Ejecutivo.— Presente.

En respuesta al oficio SDE-2808/2013, me permito informarle en relación al tema en cuestión, que el estado de Chihuahua ha venido incorporando desde años anteriores la perspectiva de género en la planeación, así como en la formulación de los programas operativos anuales y elaboración del presupuesto de egresos.

A la fecha, el estado de Chihuahua cuenta con un marco legal que promueve la perspectiva de género, según se detalla a continuación:

• Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Chihuahua

• Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

• Programa Chihuahuense para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2011-2016

• Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del estado de Chihuahua.

Se anexan a este oficio los preceptos a detalle anteriormente señalados.

Cabe mencionar que a partir del Presupuesto de Egresos 2013 se incorporó en el articulado del decreto un capítulo especial que hace referencia a la perspectiva de género, además de contemplar un apartado específico de perspectiva de género. Ver anexo.

Adicional a lo anterior, el lenguaje incluyente es una Política permanente a considerar en el proceso de planeación, programación y presupuestación del estado de Chihuahua.

Sin otro particular de momento, agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración con relación al asunto que nos ocupa.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 19 de diciembre de 2013.—Ingeniero Jaime Ramón Herrera Corral (rúbrica), secretario de Hacienda.»

«Perspectiva de género en el presupuesto de egresos

Sustento legal

Ley de de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua

Artículo 12. Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo:

I. Conducir la Política Estatal en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres;

II. Elaborar la Política Estatal en Materia de Igualdad, con una proyección de mediano y largo alcance, debidamente armonizadas con los programas nacionales, a fin de cumplir con lo establecido en la presente Ley;

III. Diseñar y aplicar los instrumentos de la Política Estatal en Materia de Igualdad garantizada en esta Ley;

IV. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas;

V. Celebrar acuerdos locales de coordinación, cooperación y concertación en materia de igualdad de género;

VI. Incorporar en los Presupuestos de Egresos del Estado la asignación de recursos para el cumplimiento de la Política Estatal en Materia de Igualdad, y

VII. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

Artículo 15. La Política en materia de igualdad que se desarrolle en todos los ámbitos del Estado, deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida;

II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad entre mujeres y hombres;

III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres;

IV. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres;

V. Fomentar el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares, y

VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Eje: Orden institucional

Tema: Finanzas públicas

Subtema: Egresos

Objetivo 1. Establecer un presupuesto de egresos con perspectiva de género.

Estrategia 1.1. Promover las acciones que lleven a incorporar al marco jurídico y normativo la igualdad entre mujeres y hombres.

Línea de Acción 1.1.1. Proponer ante el honorable Congreso del Estado las reformas correspondientes en todas las leyes y reglamentos que intervengan en el proceso de planeación, programación y presupuestación, en lo que respecta al lenguaje incluyente y a la asignación de recursos públicos con igualdad entre hombre y mujer,

Estrategia 1.3. Asignar y ejercer los recursos presupuestales con perspectiva de género, con el fin de generar igualdad entre hombres y mujeres.

Línea de Acción 1.3.1. Solicitar a las dependencias y organismos descentralizados, segregar por sexo la información de las personas beneficiarias para estar en posibilidades de identificar las acciones implementadas con perspectiva de género.

Estrategia 1.4. Identificar, monitorear y controlar las actividades y movimientos con perspectiva de género implementadas en todas las políticas públicas para garantizar que la brecha existente entre hombres y mujeres se reduzca.

Línea de Acción 1.4.2. Adaptar la estructura presupuestal de tal manera que permita separar a las personas beneficiarias por niñas, niños, mujeres, hombres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas de grupos étnicos, que facilite el diagnóstico y la evaluación de resultados

Línea de Acción 1.4.3. Evaluar los diagnósticos con enfoque de género que realicen las dependencias y organismos descentralizados con respecto al impacto de los nuevos programas.

Tema: Gestión para resultados

Objetivo 5: Incorporar la perspectiva de género mediante la construcción de indicadores de género.

Estrategia 5.1. Definir acciones específicas que reduzcan las brechas existentes entre hombres y mujeres, contribuyendo así a que los recursos públicos presupuestados sean asignados con mayor equidad.

Línea de acción 5.1.1. Incluir indicadores de género en el proceso de presupuesto basado en resultados.

Línea de Acción 5.1.2. Desagregar, dependiendo de los programas, los impactos y beneficios específicos por sexo, grupos de edad y etnia.

Programa Chihuahuense para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres 2011-2016

Capítulo II

Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres

Punto 2.4. Evaluación y seguimiento

Estrategia I. Informar el proceso de planeación, presupuesto, implementación y evaluación de la política pública a través de integración de un análisis de género.

Línea de acción 1.3. Incluir indicadores de género en el proceso de presupuesto basado en resultados.

Línea de acción 1.4. Desagregar, dependiendo de los programas, los impactos y beneficios específicos por sexo, grupos de edad y etnia.

Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua

Artículo 5. La Programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público, se apegará a los lineamientos, directrices, estrategias y metas, con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, honradez, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas, equidad de género y transparencia, de la administración de los recursos públicos, con la finalidad de satisfacer las necesidades que exija el desarrollo del estado.

Artículo 27.Los programas operativos anuales de los entes públicos y los municipios, corresponderán a un programa presupuestario y deberán contener:

I. El propósito del programa, su definición, la población objetivo o beneficiaria del programa y el fin al cual contribuye en los términos del plan estatal o municipal de desarrollo.

II. Los objetivos y metas que se pretendan alcanzar, así como la justificación de los mismos. Los objetivos deberán hacer referencia a los bienes o servicios que el programa entrega, así como a las principales actividades para lograr su consecución.

III. Los indicadores para evaluar los objetivos y los resultados obtenidos.

IV. Las previsiones del gasto, de acuerdo con lo establecido en la clasificación por objeto del gasto, tipo de gasto, fuentes de financiamiento y distribución geográfica para cada una de las categorías programáticas establecidas.

V. El impacto regional de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos en el ámbito regional.

VI. La temporalidad de los programas, así como la designación de las unidades administrativas responsables.

VII. La calendarización de las metas de conformidad con sus períodos de ejecución de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, tipo de gasto, fuentes de financiamiento y cualquier otro elemento relacionado con la ministración de los recursos involucrados.

VIII. Las demás previsiones que se estimen necesarias.

En la elaboración de los programas operativos anuales, deberá emplearse lenguaje incluyente y acciones que promuevan la igualdad entre mujeres hombres, la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género.

Artículo 36. El proyecto de presupuesto de egresos del estado y de los municipios, es el documento elaborado por el Poder Ejecutivo y la unidad administrativa competente en los municipios, que contiene el programa anual de gasto público estatal y municipal, respectivamente, y estará integrado por:

IV. Recursos destinados a programas que promuevan la perspectiva de género.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

DELFINARIO EN AREA NATURAL PROTEGIDA PARQUE NACIONAL PUERTO MORELOS

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-2P1A.-3419 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPPN 0009 /2014 suscrito por el maestro en ciencias Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los anexos que en él se mencionan, en formato impreso y medio magnético mediante los cuales responden el Punto de Acuerdo relativo al informe sobre el inventario nacional de delfinarios que existen funcionando en el país, el número de mamíferos que existen, procedencia, ubicación, nacimientos en cautiverio y causa de muerte, así como lo relativo al aviso y autorización del impacto ambiental, solicitado por la empresa Puerto Bonito, SA de CV, derivado de la ampliación de las instalaciones del Hotel Moon Palace, dentro del área natural protegida Parque Nacional Puerto Morelos, y el resultado de la evaluación derivada de la visita de inspección en relación a la construcción y operación de dicho delfinario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 17 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

ASOCIACION SINDICAL DE SOBRECARGOS DE AVIACION DE MEXICO - EMPRESA AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P2A.-5551, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 1.3.- 027/ 2014, suscrito por el licenciado Adrián del Mazo Maza, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo al informe escrito de los avances que ha tenido en su papel como mediador en el conflicto colectivo de naturaleza económica entre la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México y la empresa Aerovías de México, SA de CV, y solicitarles que se siga coadyuvando en el conflicto mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 16 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROALIMENTARIOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-1067, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/DGAVS/20/2014, suscrito por la licenciada Pilar Torre Canales, directora general Adjunta de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a informar qué productos agropecuarios y agroalimentarios genéticamente modificados (transgénicos) se encuentran en el mercado nacional y las medidas que se han tomado para dar cumplimiento al etiquetado de alimentos genéticamente modificados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 16 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

ACCIONES DE VIGILANCIA EN LAS ZONAS MARINAS MEXICANAS Y DE SEGUIMIENTO AL LLAMADO DE AUXILIO

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-5539, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.005/2014, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como del anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a las acciones de vigilancia en las zonas marinas mexicanas y de seguimiento al llamado de auxilio que vía satélite recibe de embarcaciones en peligro, así como proteger la vida, integridad y patrimonio del sector pesquero y acuícola que es víctima de la delincuencia organizada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

INDICADORES QUE PERMITAN CONOCER MAS DATOS PRECISOS SOBRE EL NUMERO DE NIÑOS Y DE ADOLESCENTES HUERFANOS EN MEXICO

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P2A.- 3953, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 1101./ 03/ 2013, suscrito por el licenciado Gualberto José Garza Cantú, director general adjunto de Vinculación con los Poderes Legislativo y Judicial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a implantar indicadores que permitan conocer más datos precisos sobre el número de niños y de adolescentes huérfanos en México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

TALLERES PARA CONTRIBUIR A LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-3251, signado por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0034/14, suscrito por el licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a que, dentro de los planes de estudio de las escuelas, se realicen o, en su caso, se fortalezcan los talleres que contribuyan a la difusión y promoción de los derechos humanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

ANALISIS PARA DEFINIR LAS VARIABLES ECONOMICAS, SOCIODEMOGRAFICAS, POLITICAS, CULTURALES E INSTITUCIONALES QUE CARACTERIZAN A LOS MUNICIPIOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-3124, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 1101./02/2013, suscrito por el licenciado Gualberto José Garza Cantú, director general adjunto de Vinculación con los Poderes Legislativo y Judicial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y de su anexo mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a efectuar un análisis exhaustivo que permita definir las variables económicas, sociodemográficas, políticas, culturales e institucionales que caracterizan a los municipios mexicanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de enero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

REPARACION DEL TRAMO AFECTADO POR LOS HUNDIMIENTOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA AUTOPISTA TIJUANA-ENSENADA

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-2895, signado por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 1.3.- 26/ 2014, suscrito por el licenciado Adrián del Mazo Maza, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a destinar recursos económicos, materiales y humanos en cantidades suficientes para que se repare el tramo afectado por los hundimientos del 28 de diciembre del año pasado en la autopista Tijuana-Ensenada, a fin de establecer de manera normal la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades de Baja California.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de enero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero a su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 022/ 14, del 9 de enero de 2014, mediante el cual remite copia del punto de acuerdo, aprobado en la sesión celebrada el mismo día por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuyo resolutivo cito:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetosa al secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Gerardo Ruiz, Esparza, a destinar de inmediato recursos económicos, materiales y humanos en cantidades suficientes para que se repare con la mayor brevedad el tramo afectado por los hundimientos del 28 de diciembre del año pasado en la autopista Tijuana-Ensenada, a fin de que se establezca de manera normal la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades de Baja California.

En atención de ello, me permito ofrecer la respuesta que en términos de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal obsequió el ingeniero Sergio Enrique Sánchez Rivera, subdirector de Conservación y Modernización en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, mediante el oficio número DIC/ SCYM/ 028/ 2014, del 13 de enero de 2014, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de enero de 2014.— Licenciado Adrián del Mazo Maza (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Adrián del Mazo Maza, director general de Vinculación.— Presente.

En seguimiento del oficio número DGPL 62-II-08-2896, mediante el cual solicitan que se destinen de inmediato recursos económicos, materiales y humanos en cantidades suficientes para que se repare con la mayor brevedad el tramo afectado por hundimiento el 28 de diciembre de 2013 en la autopista Tijuana-Ensenada, a fin de que se establezca de manera normal la comunicación vía terrestre, entre ambas ciudades de Baja California.

Al respecto, Capufe inició de inmediato trabajos preliminares, tanto en la construcción provisional de rampas de acceso lado sur y norte, para que iniciara con la limpieza y brindar un área de seguridad para que pudieran realizar los estudios y proyectos con empresas reconocidas que den como resultado una solución viable, factible y segura.

Actualmente se llevan a cabo en el estudio como acciones inmediatas

Levantamiento topográfico de la zona deslizada, que se tiene ya terminado.

Recorridos de inspección geológicas con especialistas en geología y geotecnia.

Sondeos de exploración, donde se consideran al menos dos equipos de perforación montados en camión del tipo Mobile Drill B61, en el transcurso del día de hoy arriba uno y el segundo el próximo jueves.

El estudio comprenderá

Levantamiento topográfico.

Estudio hidrológico-hidráulico, que incluya la revisión de las obras de drenaje existentes y la dirección de los escurrimientos para proyectar las adicionales que se requieran.

Estudio geológico, que incluye una revisión geohidrológica que complemente la información geológica existente.

Sondeos de exploración para determinar la profundidad de la superficie de deslizamiento. Para ello se emplearán las técnicas de penetración estándar, medición electrónica de parámetros de perforación, y el muestreo con barril NQ.

Pruebas de phicómetro, para determinar las propiedades de resistencia de los materiales. Instrumentación: se instalarán piezómetro y tubos de observación para medir los niveles de agua subterránea, así como inclínmetros y puntos de control topográficos para detectar los desplazamientos.

Pruebas de bombeo para estimar el gasto que se podrá extraer de alas galerías filtrantes que se pretende construir.

Pruebas de laboratorio para identificar y clasificar los materiales recuperados con los sondeos de exploración.

Estudio geotécnico para evaluar el factor de seguridad de la ladera con la sobrecarga que inducirá al terraplén, con la que se recuperarán la vialidad y la influencia del drenaje interno en la estabilidad de la ladera.

Derivado de lo anterior, la empresa nos proporcionará las opciones de solución presentando un proyecto ejecutivo que incluya planos ejecutivos, especificaciones técnicas y volúmenes de obra para la posible solución.

Por lo anterior es importante obtener los resultados derivados del estudio para determinar la solución más viable, factible y segura.

Por ello, a la fecha no es conveniente proporcionar un presupuesto de la alternativa de la solución. Sin embargo, como se aprecia se iniciaron los estudios necesarios para que nos proporcionen la solución más adecuada.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 13 de enero de 2014.— Ingeniero Mauricio Sánchez Woodwort Álvarez Morphy (rúbrica), director de Infraestructura Carretera.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Cámara de Senadores.

PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2013

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a diciembre de 2013, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mismo mes de 2012.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 15 de enero de 2014.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante diciembre de 2013 únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y no transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Entre los bienes destinados por el SAT por conducto de las aduanas se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agropecuarios; productos farmacéuticos y material de curación; y productos químicos.

El total destinado en diciembre de 2013 fue de 17 mil 945 bienes, los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida como pieza, kilogramo y litro. Se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de enero de 2014.— Licenciado Julio César Sánchez Gamiño (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

ADMINISTRACION DE INMUEBLES FEDERALES

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Maestro Mauricio Farah Gebara, Secretario General de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, me permito informar a usted que con relación al padrón de concesiones correspondiente al ejercicio presupuestal del 2013 (se anexa), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como dependencia administradora de inmuebles federales, no otorgó ningún tipo de concesión, por lo que se da cumplimiento al fundamento del artículo 72, fracción VII, último párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales, en la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 7 de junio de 2013.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de enero de 2014.— Maestro Joaquín Ramiro Arvizu Olvera (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores.

PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD SUJETOS A REGLAS DE OPERACION

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la hnorable Cámara de Diputados, diputado José Sergio Manzur Quiroga, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.— Presentes.

En atención a lo dispuesto en los artículos 29 (anexo 24) del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013; 181 del Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece la presentación de informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.

Al respecto, y con fundamento en el artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y el artículo 8A de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le envío en forma impresa y en medio magnético, los informes correspondientes al cuarto trimestre del año 2013, de los siguientes programas sujetos a reglas de operación: para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, de Atención a Familias y Población Vulnerable, de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de Atención a Personas con Discapacidad, Caravanas de la Salud, Seguro Médico Siglo XXI, Sistema Integral de Calidad en Salud, Comunidades Saludables, y Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en su componente de salud), este último sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño correspondientes a los periodos julio-agosto y septiembre-octubre de 2013.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración.

Atentamente

México, DF, a 20 de enero de 2014.— Bogart Montiel Reyna (rúbrica), director general de Programación, Organización y Presupuesto.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL, EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de reforma constitucional en materia político-electoral.

Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las Legislaturas de los estados.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Señor presidente, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las Legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

En consecuencia del cómputo realizado esta Secretaría da fe de la recepción de 18 votos aprobatorios de la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

Se pide a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los estados, se emite la siguiente declaratoria:

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las Legislaturas de los estados, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Se han registrado para referirse al tema los siguientes legisladores, hasta por cinco minutos: diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; senador David Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; senador Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su venia, compañero presidente. En Movimiento Ciudadano estuvimos en contra de esta reforma político-electoral porque fue parte de una transacción política. Fue parte de un acuerdo para abrir la puerta a la reelección legislativa y a la reelección de autoridades municipales a cambio de la reforma energética. Fue un trueque.

Y por esa razón, hoy que se hace la declaratoria de reforma constitucional ratificamos nuestra posición política en contra de esta reforma que es una reforma para la partidocracia, es una reforma para el inmovilismo político y no es una reforma política para los ciudadanos. En estos meses, en estos 13 fatídicos meses vivimos en el país una grave restauración autoritaria, polarización social, fracaso económico, descomposición comunitaria y más inseguridad pública.

Señor presidente, le pido que pueda hacer un llamado al orden.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia hace un atento llamado a las legisladoras y a los legisladores para que escuchemos con respeto al orador. Continúe, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Se ha legislado por consigna y en contra del interés nacional. El instrumento de estos cambios ha sido las reformas a la Constitución. En estos meses se ha llevado a cabo una deformación constitucional.

Precisamente el día de hoy presentamos, junto con el diputado Ricardo Monreal y la diputada Zuleyma Huidobro, una propuesta para revertir la reforma energética en los artículos 25, 27 y 28. Y también estamos presentando una iniciativa para echar abajo ese IVA disfrazado a los alimentos, que es el 8 por ciento a los productos llamados chatarra, pero que en realidad ha sido parejo para un conjunto de alimentos.

Hablando de estas reformas que se han venido aprobando, hoy precisamente, ya en camino el presidente a Suiza, al Foro Económico Mundial, va a presumir este conjunto de reformas.

En nuestra opinión, lo que va a hacer es que va a concretar la venta del petróleo. Va a concretar con las trasnacionales los términos de la negociación para la legislación secundaria energética. Va a firmar acuerdos para concretar la venta de nuestros recursos.

En cada viaje presidencial se concreta un agravio a la República. En Londres, Enrique Peña Nieto anunció la privatización, y el Washington Post confirmó la negociación para esos fines con el Partido Acción Nacional.

Las reformas que irá a presumir el Ejecutivo —con su corte imperial— han implicado agresiones a diferentes sectores y sus fines están lejos de representar un beneficio para la población. Estas reformas —producto del pacto contra México— han significado pérdida de derechos, retrocesos y la entrega de nuestros recursos energéticos a los extranjeros. Con la reforma laboral se prometió la creación de cientos de miles de empleos y el crecimiento económico. Y ni se han creado empleos y el país vive en un modelo recesivo económico.

La reforma educativa no es sino una reforma laboral para afectar la estabilidad de los maestros, centralizar la nómina y tener el control sin mejorar la calidad educativa. La reforma financiera consolidó el oligopolio bancario extranjero y estableció cárcel a deudores.

La reforma hacendaria estableció más impuestos, más gasolinazos y más deuda, con un déficit público que no se veía desde la década de los ochenta. La reforma energética no solo ha sido un acto de traición a la patria, sino un crimen ecológico. No han bajado las tarifas de la luz, ni el precio del gas, ni de las gasolinas como millonariamente se publicita por parte del gobierno.

En este contexto insistimos la reforma política fue la moneda de cambio. La reelección legislativa es el prólogo de la reelección presidencial. Insistimos, es una reelección partidista a través del beneplácito de las cúpulas partidistas y no una reelección que premia el compromiso ciudadano de los representantes, su profesionalismo o su mandato con los electores. Es simplemente un mecanismo de control de las cúpulas del poder.

El INE es un engendro que deja intocados los cacicazgos; es la presión de los gobernadores, encabezados por Eruviel Ávila. Y dejaron al INE a medio camino, se mantienen los institutos locales. Se seguirán violando los topes de gastos de campaña; ahora hasta un 5 por ciento y con la palabra determinancia, que sabemos que siempre es la coartada de los tribunales para mantener la inequidad electoral. La propaganda gubernamental para encubrir campañas políticas se seguirá perpetuando.

Por eso nosotros decimos que reelección también sin revocación de mandato es inmovilismo, es regresión, es autoritarismo. Nosotros proponíamos precisamente por ello que se estableciera la figura de la revocación de mandato para que aquel gobernante que no cumpla por negligencia, incapacidad o corrupción pueda ser quitado anticipadamente por los electores.

Sin embargo, no hubo voluntad política para ello. Y en nuestra opinión la reforma política electoral —de la cual hoy se ha dado cuenta para efectos constitucionales— no es una reforma política para los ciudadanos, sino un mecanismo de inmovilismo político y de perpetuación de las cúpulas hoy en el poder. Es cuanto, presidenta.

Presidencia de la senadora Lisbeth Hernández Lecona

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Mejía. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Con la venia de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votó también en contra esta reforma, en virtud de que —como bien lo señalaba el diputado Mejía— fue producto de una negociación entre dos fuerzas políticas, fundamentalmente entre el PRI y el PAN. Ahí solamente prevalecieron los temas que a ellos les interesaban, dejando a un lado muchos temas muy importantes para la equidad electoral.

Vamos a seguir teniendo el problema de la sobrerrepresentación y la subrepresentación en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, en los Congresos de los estados.

Para nada se discutió ni analizó la posibilidad de avanzar hacia la aplicación de la tecnología en las elecciones a través del voto electrónico. Actualmente tenemos más de la mitad de inconsistencias en las actas de escrutinio y cómputo y buena parte del trabajo del litigio postelectoral se basa en estas inconsistencias. Y el voto electrónico nos reduciría a cero las inconsistencias aritméticas en el escrutinio y cómputo de los procesos electorales. Que ya hemos visto que han tenido muy buenos resultados en países latinoamericanos, como en Brasil.

También se mantiene la desigualdad en las campañas políticas, en cuanto a los recursos económicos y en cuanto a los tiempos en radio y televisión, con el famoso reparto del 70-30, lo cual le da una clara inequidad a la competencia política entre los diferentes candidatos y partidos políticos.

Y como bien se señalaba, el asunto de la determinancia para poder anular cuando haya rebase en los topes de campaña. Solamente viendo nuestra historia reciente: en el 2006 hubo una diferencia entre el primero y segundo lugar del 0.56 por ciento. El Tribunal Electoral reconoció que hubo violaciones graves, como fue la contratación por empresarios de tiempos en radio y televisión, induciendo el voto del miedo hacia un posible cambio, y consideraron que no era determinante en el resultado de la votación, a pesar de una diferencia menor al 1 por ciento porcentual.

¿Qué hemos visto también en estas últimas reformas electorales? No solamente en ésta, sino en las anteriores. Que cada vez se ponen más obstáculos a las nuevas opciones políticas para la creación de nuevos partidos políticos. Cada vez se exige mayor número de afiliados, mayor número de asambleas. Cada vez se sube más el porcentaje para poder seguir obteniendo el registro. Hay una especie de cerrazón de la élite política para evitar que nazcan y surjan nuevas fuerzas políticas en el país, y eso tampoco es democrático.

Por todas estas consideraciones nuestro partido mantuvo una postura crítica ante esta reforma electoral. Sin embargo, hacemos un llamado a que ahora que viene la discusión de las leyes reglamentarias algunos de estos temas que hemos mencionado se puedan tratar ahí y que con un espíritu democrático estemos abiertos a avanzar en los problemas de la sobrerrepresentación y subrepresentación para que el voto ciudadano esté más legítimamente representado en el Poder Legislativo.

También para que hagamos más equitativas, o equitativas, porque actualmente son inequitativas, las campañas electorales con el asunto de los tiempos oficiales y con el asunto también de los recursos económicos.

También podemos avanzar en temas relacionados con el voto electrónico en las leyes reglamentarias, lo que nos podrá permitir mayor transparencia, mayor rapidez, mayor economía y, de esta manera, no quedarnos a la saga de lo que está sucediendo en otros países que ya aplican tecnologías modernas en los procesos electorales. Es cuanto, compañera senadora presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Ricardo Cantú. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

La diputada Mónica García de la Fuente:Con su permiso, presidenta. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, la lucha por la democracia ha sido una constante en nuestro país y actualmente, gracias a un proceso que ha tomado más de un siglo, podría afirmar que en México se cuenta con una democracia que funciona pero que sin duda es perfectible.

La discusión de las reformas electorales, cada vez con más intensidad, ha aumentado para definir sus alcances, corregir sus fallas y contar con autoridades más fuertes. El camino para llegar a este punto no ha sido sencillo y por ello debemos reconocer el trabajo que han realizado quienes nos han antecedido en esta tarea. Y no hay mejor forma que hacerlo continuando con sus esfuerzos.

Es por ello que me enorgullece formar parte de esta Legislatura que el día de hoy declara constitucional el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política electoral.

Voy a citar a mi compañera Ruth Zavaleta, porque ésta no es una reforma política, es una reforma de Estado y hacen mal todos aquellos que no la reconocen como tal. Debemos reconocer todas las virtudes que encierra porque ofrece —en muchos sentidos— una condición de posibilidad para mejorar las circunstancias actuales de las normas constitucionales que rigen la función electoral.

Las modificaciones realizadas a nuestra Carta Magna son sustanciales. Nunca en nuestro país la ciudadanía había contado con las herramientas necesarias para participar en la elaboración de las políticas públicas como hoy.

La reforma sienta las bases de la equidad como principio fundamental de la competencia política. La transformación del IFE en el Instituto Nacional Electoral permitirá garantizar elecciones más democráticas a nivel local y estatal, ya no solo a nivel federal. Esto sin duda permitirá un mejoramiento inmediato en las condiciones de la competencia política y el ejercicio de los derechos en todos los niveles y autoridades independientes a niveles locales.

Temas tan relevantes como la fiscalización a cargo del INE, la reelección, el avance innegable que dio el presidente Peña Nieto en materia de equidad de género y que ahora será una realidad, ya que todos los partidos políticos deberán cumplir con el 50 por ciento de paridad en todos los estados. Lo que sin duda contribuirá al fortalecimiento de nuestro país.

Ahora es nuestra obligación cumplir en tiempo con el régimen transitorio que hemos aprobado. Tenemos muchas tareas pendientes, la integración del nuevo instituto es trascendental, así como la elaboración de la legislación secundaria, que deberá estar lista en el siguiente periodo de sesiones, para cumplir con los plazos que en materia electoral nos marca el artículo 105 constitucional.

Y sí, este es solo el comienzo, porque es en la legislación secundaria donde tendremos que desarrollar y concretar todos los procedimientos electorales y las características de la nueva realidad electoral en nuestro país. De las leyes secundarias dependerá el éxito en la instrumentación de estas reformas y de la fortaleza de que dotemos a la nueva autoridad electoral y sus integrantes.

Los integrantes del Partido Verde Ecologista aplaudimos la declaratoria de constitucionalidad que hoy aprobamos. Y estamos listos y comprometidos a trabajar en la expedición de la normatividad secundaria que le dé verdadera vigencia y subsane las insuficiencias democráticas locales y federales de nuestro sistema electoral. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Mónica García de la Fuente. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El senador Víctor Manuel Camacho Solís: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros, me preguntaba, ¿por qué una reforma política de la amplitud de la que está hoy aquí hablándose, por qué esta reforma política no ha generado el entusiasmo, el interés y el convencimiento que generaron otras reformas políticas?

La reforma de Reyes Heroles fue un motivo de enorme satisfacción para la oposición y para los intelectuales independientes del país. La reforma política del 94-96 fue reconocida por todos, había satisfacción en que habría un IFE independiente. Sin embargo, en esta ocasión la reforma política es un tema forzado. Fue un tema forzado porque ésa fue la negociación por parte del Partido Acción Nacional, la condición para poder aprobar la reforma energética. Y entonces hicimos una reforma política llena de prisas, llena de candados, con muchas cosas que le quitaron el vigor en muchos de los puntos que podrían haber sido útiles.

Se establece una reelección, pero no serán los ciudadanos quienes decidan, sino serán los partidos. Se establece la autonomía de la Procuraduría, pero esa autonomía será para el año 2018, es decir, cuando ya se vaya este gobierno.

Entonces es una reforma política que no termina por convencer. Pero no solo eso, hemos hecho reformas que ahora son cuestionadas por quienes operan el sistema electoral, y con toda razón.

Entonces tenemos una gran obligación en lo que toca a las leyes secundarias que vienen, ahí se puede arreglar una parte de los desperfectos, o ahí a lo que estaremos llevando es a que en el año 2015 esta reforma política quede totalmente agotada.

Creo que nos hemos equivocado. Ahora sí que nos hicimos de los títulos que un grupo de senadores del PAN y del PRD presentamos como 30 puntos de reforma política y ya no nos fijamos en los contenidos. Nos hicimos de los títulos, pero no abordamos el problema principal de la política nacional, y el problema principal de la política nacional es discutir cuál es el cambio de régimen político que necesita el país, porque sostener que hemos logrado grandes avances cuando, según el Latinobarómetro, México está en el penúltimo lugar de la aceptación democrática en toda América Latina, me parece que es una conclusión que no se sostiene.

Sostener que funciona la situación democrática cuando estamos viviendo lo que vivimos en Michoacán y en otras partes del país es no querer entender lo que está ocurriendo en el país. Lo que tenemos que revisar es el régimen político, y ese debate serio y profundo no nos dimos tiempo de hacerlo.

Me parece que hoy tenemos tres obligaciones. La primera, cuidar las leyes secundarias para que resulten lo mejor posible. Segunda, hacer una evaluación de estas reformas que se hicieron a la carrera para ver qué funcionó y no funcionó, después de las elecciones de 2015. Y tercera, una vez que hayan pasado las elecciones de 2015, hacer una revisión de dos temas fundamentales: el régimen político y el problema de la cerrazón de las instituciones y los partidos políticos en la participación ciudadana.

Si no lo hicimos en este año por las prisas de la reforma energética, por lo menos tengamos la dignidad y la altura de miras para prepararnos en el aniversario de la Constitución de 17, hacia 2017, para hacer una revisión a fondo en la Constitución y para ofrecerle al país un régimen político verdaderamente democrático, eficaz y sometido a rendición de cuentas. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Manuel Camacho Solís. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El senador Fernando Herrera Ávila: Señoras y señores legisladores, el día de hoy celebramos un hecho que sin lugar a dudas permitirá un avance significativo en la consolidación de la democracia y, en consecuencia, del estado de derecho en nuestro país.

Esta iniciativa presentada por el PRD y por el PAN de manera conjunta se sumó a una serie de iniciativas presentadas por el PRI y por otros partidos políticos, para que en conjunto, entre todos, definiéramos las reformas que hoy aquí estamos dando fiel testimonio de su validez constitucional.

Todos participamos, todos debemos sentirnos satisfechos del esfuerzo. Pero estar plenamente conscientes de que vivimos un proceso de mejora continua y que la democracia no es un producto acabado en nuestro país.

Desde su fundación, el Partido Acción Nacional ha luchado incansablemente por el establecimiento de un sistema democrático que nos fortalezca como sociedad, y que con ello destierre para siempre el autoritarismo y fortalezca el papel de nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos a favor de la vida política en México.

Es necesario reconocer que el camino democrático que ha recorrido México ha sido largo y se han obtenido logros importantes en nuestro país. Sin embargo, esta lucha requiere del esfuerzo constante e incansable de las legisladoras y los legisladores, fomentando de esta manera la apertura y las libertades ganadas a pulso, de los ecos antidemocráticos que aún resuenan a nivel local y a nivel federal.

Es por ello que consideramos necesario y oportuno señalar los beneficios que trae consigo la reforma político-electoral. A través de la creación del INE se fomentará la capacitación electoral por medio de la homologación de reglas y lineamientos que permitan contiendas electorales más justas, equitativas y transparentes en beneficio de la ciudadanía, a través de un eficiente ejercicio democrático.

En el tema referente a las elecciones locales, se homologarán los tiempos de campaña entre 60 y 90 días para la elección de gobernador, y entre 30 y 60 días para la elección de diputados locales y ayuntamientos, estableciendo con ello periodos de tiempo acordes para las contiendas electorales.

En cuanto a las autoridades locales se refiere, los presidentes municipales podrán ser reelectos por un periodo adicional. De igual manera se fortalecerá el papel de las candidaturas independientes. Se fomentarán los gobiernos de coalición, cuando el presidente de la República no cuente con mayoría en el Congreso, optando —sí así lo decide— por firmar un convenio de coalición con otro u otros partidos.

En este caso, el Congreso ratificará a los secretarios de Estado, excepto el de Defensa y el de Marina. Asimismo se fortalecerá la participación de las Cámaras de Senadores y de Diputados, respectivamente, por medio de la ratificación del secretario de Relaciones Exteriores por parte del Senado de la República y del secretario de Hacienda por la Cámara de Diputados, la cual contará con una mayor presencia mediante la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Y, por su parte, el Senado de la República aprobará la Estrategia Nacional de Seguridad.

Entrarán en funciones dos órganos públicos autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Por un lado, la Fiscalía General de la República, cuyo titular durará 9 años en el cargo, la cual contará con dos fiscalías especializadas, una de ellas en delitos electorales y la otra enfocada al combate contra la corrupción.

La miscelánea electoral que se plantea dentro de la reforma obligará al cumplimiento de los partidos políticos a subir al 3 por ciento el umbral de votación para que estos puedan mantener su registro.

Asimismo se establece un máximo de 8 por ciento de subrepresentación en los Congresos locales, y con ello garantizar un trabajo eficiente y fructífero en cuanto al desarrollo de sus funciones. También se establece un punto fundamental para ejercer un combate efectivo en contra de la corrupción política, agregando a los integrantes de los órganos constitucionales autónomos como sujetos de juicio político.

Se establecen los términos en que habrán de realizarse debates de carácter obligatorio entre candidatos, organizados por las autoridades electorales y las reglas aplicables al ejercicio de la libertad de los medios de comunicación para organizar y difundir los debates entre candidatos.

Cabe mencionar que gracias a esta reforma se velará siempre, y en todo momento, por las reglas para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales, logrando con ello un avance significativo en la vida democrática de México por medio de una equitativa representación parlamentaria.

A efecto de asegurar contiendas electorales justas, se fortalecerá el hecho del rebase de topes de los gastos de campaña como causa de nulidad, garantizando con ello una manera de combatir la presencia de intereses particulares por encima del bien común.

Señoras y señores legisladores, la reforma en materia político-electoral demuestra el establecimiento de los compromisos electorales convertidos en leyes, demuestra el compromiso de las diferentes fuerzas políticas en la consolidación de acuerdos a favor de la ciudadanía más allá de colores partidistas.

Representa un cambio fundamental que da garantía y seguridad a procesos electorales mediante el fomento de la transparencia y rendición de cuentas por parte de los legisladores. Por tanto, fortalece la continuidad del ejercicio legislativo y la eficiencia del parlamentarismo en el Congreso.

Fomenta la participación ciudadana a favor de la vida política en nuestro país por medio de reglas claras y homogéneas dentro de las contiendas para ocupar cargos de elección popular. Hecho que trae consigo, de manera directa, una mejora significativa de la educación cívica en nuestro país.

Garantiza una ciudadanía representada equitativamente, en donde las distintas fuerzas políticas aseguren un trabajo digno de su encargo en beneficio de toda la sociedad. El cambio que tanto anhelan nuestros ciudadanos y ciudadanas, a los cuales debemos hasta el último de nuestros esfuerzos, no podía esperar más.

Es por ello que desde esta tribuna, la máxima de la nación, donde descansa la voluntad popular, los legisladores del Partido Acción Nacional manifestamos nuestro beneplácito por la declaratoria constitucional de la reforma político-electoral.

Sabemos que no es un proceso concluido, que tendremos que ir avanzando y dando los pasos necesarios para desterrar aquellos viejos vicios que aún persisten en muchas de las entidades locales. Por eso con este paso hemos estado avanzando, con la plena convicción de que la responsabilidad con la cual fuimos convocados a abordar esta iniciativa da un paso muy importante. Muchísimas gracias.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Fernando Herrera. Se concede el uso de la palabra a la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Con su permiso, señora presidenta. El Grupo Parlamentario del PRI se congratula por la declaración de constitucionalidad que el día de hoy se propone emitir esta representación federal. Reconocemos el trabajo legislativo llevado a cabo por el Constituyente Permanente, así como la trascendencia de los acuerdos políticos y legislativos que hacen posible esta reforma político-electoral que consolida la democracia y la gobernabilidad del país.

El ciclo de las reformas necesarias continua en esta nueva etapa del proceso legislativo, en el cual estamos comprometidos ante la nación a discutir y, eventualmente, a aprobar las normas secundarias que permitan instrumentar los cambios constitucionales que modernizan el régimen político y el sistema electoral y de partidos, para servir mejor a la ciudadanía, acercar el gobierno a la sociedad y representar mejor la diversidad de sus intereses en beneficio de México.

A ninguno de nosotros escapa el hecho de que es absolutamente indispensable contemplar con rigurosa oportunidad, eficacia técnica y precisión jurídica el proceso de esta reforma que consolida el sistema electoral y de representación política, y que nos encamina a un verdadero cambio de régimen político. De ahí la relevancia de una ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales, y que —entre otros aspectos— garantizará la fiscalización de los recursos económicos de los partidos, las coaliciones y los candidatos, además de asegurar los derechos y obligaciones de los militantes de los partidos políticos, así como las normas básicas de la convivencia democrática en estas organizaciones.

La transparencia y la calidad de nuestra democracia también se verían beneficiadas con la ley general que deberemos discutir y aprobar para regular los procedimientos electorales, mediante la cual la autoridad electoral federal podrá ser enterada de cualquier disposición en efectivo que realicen las dependencias de los tres niveles de gobierno durante los procesos electorales. Lo cual será debidamente complementado por la Ley de Propaganda Gubernamental y el establecimiento de normas en materia de gasto en comunicación social en todas las entidades de gobierno.

Igualmente significativa será la regulación de las encuestas, así como el carácter obligatorio de los debates entre candidatos a puestos de elección popular, que serán organizados tanto por las autoridades electorales como por los medios de comunicación, además de la enorme trascendencia que tendrá la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales.

Todo lo cual será debidamente instrumentado a partir de la ley en materia de delitos electorales y los tipos penales que en ella se establezcan y, especialmente, con base en las nuevas atribuciones que esta reforma establece para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a su facultad de conocer, resolver y sancionar las infracciones en materia electoral, con lo que se ha establecido una nueva distribución de competencias que evita que una misma instancia sea juez y parte en las controversias electorales.

El Instituto Nacional Electoral se beneficiará de esta nueva arquitectura institucional, así como su competencia en relación con los órganos públicos autónomos locales en materia electoral. Lo cual permitirá acompasar el desarrollo político del país en una misma dinámica democrática, con la garantía de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que regirá los procesos electorales en todo el país.

De nuestra parte, esta declaratoria de constitucionalidad de la reforma político-electoral y su promulgación por el Ejecutivo federal nos situará en la condición de que la Cámara de Diputados inicie el procedimiento establecido en cuanto al proceso de elección de los consejeros y el presidente del INE. De tal modo que se garantice la continuidad del trabajo electoral de esta institución y esté garantizada tanto su confiabilidad y prestigio ante la ciudadanía, como la integridad de los procesos electorales de éste y los próximos años.

En concordancia con esta consolidación de la autoridad y la justicia electorales nos ocuparemos de que esta reforma afiance la gobernabilidad mediante el fortalecimiento de la Presidencia democrática y las nuevas facultades del Poder Legislativo, en el marco del sistema constitucional de división y equilibrio de poderes.

Así entendemos el nuevo instrumento operativo de que el Ejecutivo federal dispondrá para convocar en cualquier momento a un gobierno de coalición, las nuevas disposiciones del Congreso para la ratificación de integrantes del gabinete y funcionarios públicos de alto nivel y, en particular, de la reelección de los senadores y diputados federales y locales, la cual consolida la representación de la soberanía popular a nivel federal y local, además de que se promueve la gobernabilidad a nivel municipal con la reelección, por una vez, de las autoridades municipales que ocupan el cargo por tres años.

Los elementos anteriores, aunados al reconocimiento de la autonomía de la fiscalía federal de la República y de sus dos fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y lucha contra la corrupción, además de la del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el compromiso que tenemos de legislar sobre las llamadas Cartas Ciudadanas, nos permiten sostener que con esta reforma constitucional y sus leyes secundarias estaremos pasando de la alternancia política en el gobierno a la transición en pleno, con un verdadero cambio del régimen político.

Los legisladores del PRI, coordinados por nuestro líder, Manlio Fabio Beltrones, estamos comprometidos con la consolidación de esta reforma político-electoral mediante el diálogo y la construcción de acuerdos legislativos y escucharemos todas las voces legítimamente interesadas en la confección de mejores leyes secundarias, con el propósito de concretar el proyecto de transformación que encabeza el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Vamos por el rumbo correcto para la transformación de México. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Paquis Corrales Corrales.

DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de reforma constitucional en materia de transparencia. Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios de las Legislaturas de los estados.

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Señor presidente, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las Legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Durango, Jalisco, México, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

En consecuencia del cómputo realizado esta Secretaría da fe de la recepción de dichos votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

Se pide a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los estados, se emite la siguiente declaratoria:

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara, previa aprobación de la mayoría de las Legislaturas de los estados, reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, con la declaratoria de constitucionalidad de las reformas en materias de transparencia y política damos cumplimiento con lo establecido en el artículo 135 de nuestra Norma Suprema.

Uno de los reclamos más encarecidos de la sociedad mexicana sin duda ha sido la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y en la toma de decisiones por parte de los encargados de dirigir la administración pública, así como un señalamiento constante que ha propiciado el alejamiento de la ciudadanía con sus representantes, situación que con el tiempo ha generado la falta de interés en los asuntos públicos.

En la construcción de la democracia mexicana la rendición de cuentas es un tema en el que debemos continuar avanzando, a fin de que más dependencias de la administración pública se encuentren sujetas a los criterios de transparencia y máxima publicidad en el ejercicio de este poder, pues no hay que olvidar que la detención de un cargo público no constituye una carta en blanco para actuar libremente y con impunidad sobre la ciudadanía, sino que implica una vocación de servicio al cual el funcionario público se compromete como parte de su vocación personal.

El procedimiento que comenzó en marzo del 2012 —y que hoy está por concluir una etapa más— fue parte de largos debates dentro de los órganos deliberativos. Prueba de que el interés por la transparencia en el ejercicio del poder público es una constante en el Poder Legislativo.

La construcción de este proceso se inscribe en un largo camino de la sociedad civil organizada, al exigir el derecho a la solicitud de información y de rendición de cuentas por parte de las distintas instancias y competencias del gobierno.

Con la declaratoria de constitucionalidad logramos un avance sustancial en la edificación de las estructuras legales que buscan fortalecer el derecho a la información, con la finalidad de que la rendición de cuentas no sea ya una demanda de la sociedad, sino más bien una obligación permanente de nuestros gobernantes.

Conscientes de que las reformas constitucionales aprobadas por el Constituyente Permanente marquen una nueva etapa en la construcción de la democracia mexicana, ahora es nuestra responsabilidad cumplir con las expectativas generadas, aprobando leyes secundarias que sean eficaces y que garanticen los derechos de la ciudadanía.

Debemos reforzar los mecanismos de transparencia y garantizar que los sujetos obligados cumplan con su obligación de generar información pública y accesible, así como que las respuestas a los solicitantes sean asertivas y oportunas.

Aspiramos a que la reglamentación secundaria permita darle facultades necesarias al Ifai, a fin de que sus observaciones no queden en esa etapa y que con el apoyo de las autoridades correspondientes se permita el fincamiento de las responsabilidades correspondientes a quienes violenten las disposiciones en materia de transparencia, sobre todo en el ejercicio de los recursos públicos, que son propiedad de todos los mexicanos.

Sabemos que el principio de acceso a la información pública del gobierno en el país no tiene vuelta de hoja, y que solo mediante el establecimiento de mecanismos que hagan realidad este derecho será como se empoderará realmente a la ciudadanía.

Con esta finalidad en mente, todas las fuerzas políticas representadas en la presente Legislatura del Congreso de la Unión debemos de trabajar arduamente buscando alcanzar la suma de voluntades a favor del sano y justo desarrollo que nuestro México tanto requiere y necesita.

Estimadas compañeras y compañeros, el paso que estamos a punto de dar en materia de transparencia es trascendental para nuestro país, pues en un ejercicio de análisis y de acuerdos pudimos establecer un gran consenso que no deja de tener diferencias de pensamiento y de principios, pero que representa un avance enorme en el que todos los entes de gobierno y de interés público quedan sujetos a la rendición de cuentas, a publicitar la información de sus actividades y resoluciones y a ofrecer con transparencia la información pública de interés general.

El reto por delante —y haciendo también referencia a la reforma política al igual que a la reforma de transparencia— será lograr los acuerdos políticos necesarios para construir el andamiaje institucional que dé certidumbre al proceso electoral federal del año 2015.

El mayor interés de nuestro Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la discusión de las leyes secundarias será garantizar el derecho de las y los mexicanos a elegir en libertad a sus representantes, creando los mecanismos de confiabilidad e imparcialidad que fortalezcan la representación política. Solo así podremos lograr el anhelo ciudadano de vivir en una profunda y mayor democracia. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta.

Presidencia de la senadora Lisbeth Hernández Lecona

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado René Fujiwara. Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias compañera presidenta. Esta reforma —a diferencia de algunas otras que se aprobaron en horas por la vía fast track— tuvo que recorrer un largo y sinuoso camino. Fue una iniciativa que entró antes, incluso que la de telecomunicaciones, pero como reformaba el artículo 6o. de la Constitución tuvo que aguardar todo el proceso legislativo para finalmente ser discutida y aprobada.

Pareciera que era un tema secundario frente a las reformas del Pacto por México y que la transparencia bien podía aguantar. Sin embargo, finalmente se aprobó y estuvo sujeta a un peloteo parlamentario entre el Senado y la Cámara de Diputados.

Y para cerrar finalmente el proceso se recurrió, incluso en un acto inverosímil, a publicar la última enmienda a través de una fe de erratas. Ese fue el camino de esta reforma en materia de transparencia.

Para nosotros esta iniciativa —hoy reforma constitucional— tiene una serie de candados que limitan la transparencia y que hacen nugatorio el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública.

En Movimiento Ciudadano estamos a favor de la transparencia. Pero una transparencia real, no una transparencia simulada con la apariencia de transparencia.

Se dice que el órgano garante de la transparencia tendrá en sus resoluciones el carácter de vinculatorias, definitivas e inatacables. Sin embargo, un empleado del Ejecutivo federal, el consejero jurídico del gobierno, se convierte en el censor, se convierte en quien califica o no la transparencia, porque tiene la facultad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando considere que alguna resolución de este organismo es violatoria de la seguridad nacional, y dejan luego esta definición para una legislación secundaria.

Nos parece un candado inadmisible, porque en este endurecimiento político que vive el país, en este clima de restauración autoritaria, cualquier tema puede ser argumentado como de seguridad nacional.

Cuando se pregunte de las transacciones entre empresas extranjeras y la Secretaría de Energía, se va a decir que es tema de seguridad nacional. Cuando se pregunte de los contratos de producción o de las licencias, se va a decir que es tema de seguridad nacional.

Por eso nosotros vemos que esta es una transparencia a medias. Y vemos también que a través de la figura de las controversias constitucionales de órganos autónomos, como el Banco de México, se va a poder estar dilatando algunas resoluciones, argumentando que hay invasión de facultades entre ambos entes autónomos, el Ifai y el Banco de México, por ejemplo.

De igual manera, en el nombramiento de los comisionados se sigue privilegiando el tema de las cuotas. Por eso nosotros creemos que esto es una transparencia a medias, y estuvimos en contra. No caemos en el discurso de lo políticamente correcto, en las apariencias, en las buenas maneras, para seguir frenando la transparencia como aquí se hace.

Hablando de seguridad nacional y de respeto a la Constitución, nos parece que en este gobierno se sigue agrediendo a la Constitución y a las entidades federativas. Es el caso de Michoacán, donde por la vía de los hechos se ha decretado la desaparición de poderes, por la vía de los hechos se ha impuesto —como en la antigua Roma imperial, ahora Enrique I lo hace— a un procónsul en Michoacán, quien llega con tropas, con mando, con Ejército y con un verdadero batallón de ocupación, desde el procurador, el secretario de Seguridad Pública, que todos pertenecen al Grupo Atlacomulco.

No hay un respeto a la soberanía de Michoacán. Y también hay la hipocresía de no llamar a las cosas por su nombre y, en todo caso, activar el mecanismo que establece la Constitución a través del artículo 76, fracción V, para decretar la desaparición de poderes en Michoacán.

Ahora, quien ha nombrado como procónsul no viene precedido de resultados. Como procurador dejó en cuestionamiento el caso Paulette. Como subprocurador general de la República no resolvió el caso de la Torre B de Pemex con la explosión. Y como titular de Profeco no detuvo el alza indiscriminada de precios a partir del 1 de enero de este año. Hoy no solamente llega como procónsul, sino ya es candidateado como secretario de Gobernación. Así está la República en este inicio de año.

Por eso nosotros no podemos estar festinando reformas constitucionales cosméticas mientras se sigue violando la Constitución con la desaparición de poderes virtual que se decretó en el estado de Michoacán.

Sabemos que en esta Comisión Permanente se quieren llevar las cosas de muertito, no hablar ni de economía, ni de impuestos, ni de alzas y sacar tibios puntos de acuerdo en temas graves, como el de Michoacán. Pero ya que hablamos de la Constitución, ya que hablamos del estado de derecho y ya que hablamos de transparencia, abordemos hoy una de las crisis políticas mayores en materia de federalismo que vive el país con este caso vergonzoso del proconsulado y la invasión de facultades en Michoacán. Es cuanto.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Ricardo Mejía. Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

La diputada Mónica García de la Fuente:Con su permiso, presidenta. El instituto político al cual represento aplaude el cambio a la Ley Suprema, al cual hoy en esta Comisión Permanente se le hace su declaratoria de constitucionalidad.

Esta legislatura sin duda pasará a la historia como una de las más productivas, como aquella que efectivamente asumió su responsabilidad y proveyó las transformaciones que México requiere.

Ejemplo de ellos son el Código Penal Único, las nuevas leyes educativas, los cambios energéticos, en telecomunicaciones y la también recientemente aprobada reforma política. Y, desde luego, esta reforma en materia de rendición de cuentas que versa sobre el tema de la transparencia en el sistema jurídico, administrativo y político mexicano.

Un cambio como el que hoy se plasma en la Ley Suprema solamente fue posible con la cooperación y el reconocimiento aprobatorio de cada una de las Legislaturas locales. Es decir, el respaldo de la federación está presente en esta materia.

México será, gracias a la representación ciudadana y política de todo el país, a partir de hoy un Estado más transparente, preparado para los retos presentes y futuros y para proveerle a sus nacionales una mayor seguridad jurídica.

Con esta declaratoria surge un nuevo organismo autónomo constitucional que contribuirá y velará por una transparencia eficaz, un sistema objetivo y de rendición de cuentas. Ello les garantizará a los ciudadanos la obtención de información pública certera.

El nuevo instituto garante de la transparencia se regirá con base en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad y máxima publicidad.

La transparencia es una herramienta para prevenir la corrupción, debido a que la población a través de la información vigila, observa y califica las actuaciones de los servidores públicos, lo cual sirve de aliciente para combatir uno de los grandes retos para los mexicanos.

Recordemos que en 2012 nos encontrábamos en el penoso lugar 106 de los 177 países calificados por el índice de transparencia internacional en corrupción, siendo el peor nivel en el cual México se había posicionado.

Entre las bondades de la reforma se encuentran que el instituto revise a los tres poderes, a los sindicatos, a los fideicomisos, a los partidos políticos, a los fondos, a las personas físicas y morales que reciban recursos federales. Y que las resoluciones que emita tendrán mayor peso y relevancia en materia judicial.

Como ya lo dijimos, nuestra labor no termina con la reforma aprobada, debemos continuar esforzándonos para que el nuevo organismo y las leyes reglamentarias sean una realidad con efectivos resultados en pro de México.

En el Partido Verde nos congratulamos con la presente declaratoria de constitucionalidad, por lo cual reiteramos nuestro compromiso con el trabajo legislativo que trascienda a los ciudadanos y que permita un crecimiento productivo en nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Mónica García de la Fuente. Ahora se concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El senador Zoé Robledo Aburto:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en un verdadero Estado democrático la transparencia es el instrumento fundamental, a veces el único, que tienen los ciudadanos para verdaderamente establecer un control sobre el poder público en el ejercicio del gasto, en todas y cada una de sus acciones, de sus vinculaciones. Es el instrumento que nos sirve para descubrir intereses cuando el único interés debe de ser la nación.

La transparencia en la actuación de las instituciones que utilizan recursos públicos es fundamental en todo sistema democrático que aspire realmente a serlo. La famosa frase de don Daniel Cosío Villegas, que muchas veces se repite sin mucha intención, pero se mantiene —y creo que el día de hoy es bueno traerla a la memoria—, porque sigue siendo totalmente vigente y es una breve definición de todo proyecto republicano: hacer pública la vida pública.

El pasado 7 de enero fue el Congreso del estado de Chiapas el que se convirtió en la última Legislatura local en aprobar esta reforma constitucional en materia de transparencia. Con la aprobación de Chiapas se alcanzó la aprobación de la mayoría de los Congresos locales que mandata la Constitución para poder declarar esta reforma constitucional.

Es de destacar que la reforma en materia de transparencia ha sido siempre una causa de la izquierda y, particularmente, del Partido de la Revolución Democrática. Por eso hoy sin duda nos congratulamos de esta declaratoria, pero vamos a celebrar de una manera distinta, incrementando la vigilancia, la observancia, para que de la ley a la implementación no se caiga una sola gota de esta sopa de la que hoy todos celebramos.

Desde inicios de la legislatura pasada, y la última vez que el Ejecutivo federal hizo ejercicio de su facultad de presentar una iniciativa preferente —que por cierto sigue sin estar reglamentada esta figura— uno de los temas continuos en la agenda sigue y seguirá siendo sin duda la transparencia, por lo menos seguirá siendo para el PRD.

Al respecto, además de esta reforma constitucional, se presentaron otras propuestas, otras iniciativas que se han discutido, pero que aún no se han reglamentado. Fuimos nosotros quienes en la discusión de la reforma laboral insistimos en la democracia y la transparencia sindical.

También presentamos una iniciativa para regular y transparentar la práctica del cabildeo en diciembre de 2013. Asimismo presentamos reformas en telecomunicaciones y transparencia. En licitaciones también en noviembre de 2013. Y, desde luego, apoyamos esta reforma en materia de transparencia. Lo hicimos porque estamos convencidos que con esta reforma se habrán de otorgar mayores garantías para fortalecer la protección del derecho de acceso a la información.

El hecho de que se haya ampliado el catálogo de los sujetos obligados directos, a pesar de las enormes resistencias que encontraba a que esto alcanzara a los partidos políticos y a los sindicatos, ahora obligará a estas autoridades a documentar la información derivada de su actuar.

Se destaca también el hecho de que se haya dotado de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) y a los órganos de transparencia locales. Y con ello también alcanzar o acercarnos, por lo menos, a una aspiración de nuestra democracia. Que ésta no se nos haga agua en los estados. Que se controle de manera más eficiente la injerencia de los poderes locales en la toma de decisiones y alcanzar esta aspiración de la reforma constitucional de 2007, de homologar las garantía de derecho a acceso a la información en todas y cada una de las entidades de la República.

Creo que hay que señalar que la transparencia está en un momento de obligación para nosotros los políticos, de instalarse como una práctica, como una vocación, no producto de un voluntarismo que nos ha llevado a fallas institucionales muy graves, sino realmente a convencernos de que sin transparencia no podemos decir que en México exista un régimen democrático.

Debe ser una práctica sistémica que involucre el engranaje de nuestras instituciones y modifique y alinee el comportamiento de servidores y funcionarios públicos. La transparencia, compañeras y compañeros, es un requisito para la democracia. Sin transparencia ninguna reforma de las que se han aprobado en los últimos meses va a ser a favor de México.

Todas y cada una de las reformas llamadas estructurales si no tienen la protección para los ciudadanos de que todas y cada una de las acciones que de ellas deriven se hagan con transparencia, entonces servirán para favorecer a unos cuantos. Si se pretende, como se ha dicho, si se pretende que creamos que las reformas son a favor del país, la transparencia debe estar siempre presente.

Ya en otras ocasiones en la historia reciente de México la opacidad, la oscuridad y la sombra en el ejercicio del poder público es por donde se han escapado y se nos han escapado multitud de oportunidades para México y para los mexicanos. La falta de transparencia es la puerta del abuso, de la simulación y de la corrupción.

Ojalá esta reforma que hoy celebramos sea verdaderamente el candado para que no repitamos nuevamente esta historia. Hay que decirlo: éste es el primer paso. Hay que fortalecer la legislación en materia de anticorrupción. Una sin otra no puede existir. Una sin otra no serán eficientes ni tendrán frutos para lo que pretendemos algunos de nosotros con nuestro régimen. Hay que tenerlo siempre claro, compañeros, sin transparencia no hay democracia. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Zoé Robledo Aburto. Ahora se concede el uso de la palabra a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, presidenta. Buenas tardes. Vengo a nombre de mi grupo parlamentario —los panistas en esta Permanente— a marcar nuestra posición respecto a la declaración de la reforma constitucional en materia de transparencia. Y lo hago con mucha alegría, porque ésta es una reforma para los ciudadanos más que para el Ifai, porque fortalece su derecho de acceso a la información que ellos hace mucho tiempo están demandando. Cierra además una década de transformaciones legales que ponen a México a la vanguardia de la transparencia.

En esta década y a través de la legislación estamos cambiando en el Estado mexicano especialmente dos paradigmas: el de la discrecionalidad en el manejo de la información y la negación sistemática de cualquier solicitud ciudadana de saber cómo, cuándo, dónde se aplican los recursos desde sus gobiernos. Ambos paradigmas respondían a un modelo autoritario que ningún mexicano en este tiempo reconoce ni acepta ya como suyo.

Hemos dado ya la vuelta a la página y desde la transición a la democracia del 2000, el gobierno mexicano, principalmente el federal, se parece cada vez más a una caja de cristal cuyas acciones y decisiones están a la vista de todos como una forma elemental de control democrático.

El reto, por supuesto, persiste aún en los estados y municipios, y —hay que reconocerlo— también en el Poder Legislativo y en el Judicial. Y de eso se trata la reforma, compañeros legisladores.

Cabe señalar también que la lucha por la transparencia viene de años atrás y aunque la denominación no era tan precisa como lo es ahora, era una exigencia que estaba de la mano con el anhelo democrático de varias generaciones y con el deseo de tener un gobierno al servicio de las ciudadanas y de los ciudadanos, y no al servicio de los propios intereses.

Acción Nacional supo recoger este auténtico reclamo ciudadano y convirtió la transparencia en política pública para que los ciudadanos pudieran ejercer uno de sus derechos políticos más importantes, que había sido negado a varias generaciones.

Para el PAN democracia es un sinónimo de apertura, de libertad de información, de rendición de cuentas, sin esos componentes la democracia para nosotros es una mera simulación procedimental.

Esta lucha ha sido impulsada también de forma decidida por importantes organizaciones ciudadanas, muchas de ellas integradas en la Red por la Rendición de Cuentas, así como académicos, periodistas y ciudadanos que han unido sus fuerzas para lograr una de las transformaciones más importantes del Estado mexicano.

A todos ellos reconocemos su participación en el proceso deliberativo previo a la construcción de los dictámenes que después fueron aprobados y que el Constituyente Permanente también ha aceptado.

La reforma que hoy está validada por la Constitución tiene avances sustantivos, los cuales no repetiré porque se han explicado. Pero sí quiero hacer énfasis en tres figuras importantes: La incorporación a los sujetos obligados, de manera explícita, de los partidos políticos, sindicatos y los demás. La homologación del diseño y características de los órganos garantes de los estados, que era fundamental para nosotros, así como la independencia, la designación y el nombramiento de los comisionados. Y, por supuesto, la aportación que hicimos en materia de archivos para que los sujetos obligados tengan la obligación de generar esa información y que esté disponible en todo momento.

Esta reforma en materia de transparencia para los mexicanos nos colocará como uno de los países del mundo con mejor diseño constitucional en materia de transparencia. Pero es necesario señalar que esta reforma no es en realidad el punto de llegada, sino un punto de partida para luchar con mejores instrumentos contra el cáncer de la corrupción que agobia nuestro país. Por eso necesita ser acompañada de otras iniciativas que acaben con la impunidad y generen una cultura de rendición de cuentas.

En el PAN nos felicitamos por este esfuerzo plural para garantizar el ejercicio de uno de los derechos humanos políticos más preciados. Agradecemos también y honramos con esto a muchos mexicanos que nos antecedieron, como Alonso Lujambio, cuya vida alegre y apostada a que esta causa desde el Legislativo es indispensable para el fortalecimiento de nuestra democracia, hoy podemos decirles que su lucha no ha sido en vano. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senadora Luisa María Calderón. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con el permiso de la Presidencia. Es un honor hoy presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con motivo de la declaratoria constitucional de la reforma en materia de transparencia para nuestro país.

La transparencia y el acceso a la información gubernamental constituyen importantes conquistas de la sociedad mexicana, representan un gran avance en la calidad democrática del Estado y abren una posibilidad inédita para un cambio profundo en las relaciones entre gobernantes y gobernados.

Desde el 11 de junio de 2012, nuestro país cuenta con una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), que es el órgano encargado y tutelar de este derecho humano en México.

A casi 12 años de la creación del Ifai, los avances han sido importantes, se rebasó el millón de solicitudes de información y conocemos de asuntos clave para el país. Sin embargo, es justo reconocer la necesidad de fortalecer la transparencia para que algunas agencias dejen las resistencias en muchas ocasiones, más que por falta de voluntad, por franco desconocimiento de los criterios para clasificarla como reservada o confidencial.

Debe quedar claro para todos los servidores públicos que la transparencia y el acceso a la información son un derecho humano, moderno e irrenunciable, porque fomenta la construcción de ciudadanía para la toma de las decisiones.

Desde el Poder Ejecutivo federal así se entendió y se refrendó ese compromiso, presentando una reforma de carácter constitucional que permitiera poner a México al día en el tema de transparencia gubernamental, y lograr la concreción de la autonomía constitucional del Ifai como organismo garante del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Los diputados y los senadores del Congreso de la Unión junto con los legisladores de los Congresos estatales apoyamos ampliar el abanico de los otros sujetos obligados, entre ellos los municipios, órganos político-administrativos del Distrito Federal, partidos políticos y sindicatos que reciban recursos públicos, fideicomisos y fondos públicos, organismos autónomos y universidades públicas.

El organismo autónomo en materia de transparencia y de acceso a la información pública del ámbito federal será el marco de referencia a fin de establecer los criterios en el combate a la opacidad.

Los comisionados del nuevo organismo ahora tendrán mayores oportunidades de análisis y desahogo de peticiones recurridas al pasar el pleno de cinco a siete integrantes. Otra fortaleza de la reforma es que se incorpora a los órganos de transparencia de manera expresa en la Constitución federal y en las Constituciones locales para que no haya disparidad en el manejo de uno de los derechos humanos de avanzada a nivel mundial.

Como un mecanismo de protección a la soberanía mexicana, solamente la Consejería Jurídica de la Presidencia podrá impugnar fallos del Ifai en casos en que se presuma vulnerabilidad de la seguridad nacional.

Participación relevante tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues conocerá y resolverá en el procedimiento de controversia constitucional sobre las reformas del nuevo organismo que sustituiría al Ifai, respecto al acceso de información en poder del Banco de México y de todos los organismos autónomos.

De manera sensible para la ciudadanía resalta que se creará un ente especializado cuya única función será el tratamiento de datos personales en posesión de particulares.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI celebro que en este día —trascendente para la República— avancemos en un aspecto primordial de todas las democracias que caminan por la ruta de la calidad de sus instituciones. Felicito a México y a los mexicanos, porque solo así moldeamos una nación más incluyente, más transparente, que rinde cuentas y es eficaz para las futuras generaciones. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Raúl Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI.

EDGAR TAMAYO ARIAS

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo(desde la curul): Presidenta, me gustaría solicitarle el uso de la voz.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Diputado Fujiwara, ¿con qué objeto?

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (desde la curul): Como usted sabe, presidenta —y muchos compañeros sabrán— hoy, miércoles 22 de enero, a las 18 horas, el ciudadano mexicano Edgar Tamayo Arias será ejecutado por inyección letal en un penal del estado de Texas, en Estados Unidos de América.

Me gustaría, por lo tanto, a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, condenar la pena capital en contra de nuestro connacional Edgar Tamayo, argumentando que no existe forma alguna de justificar el inhumano castigo que en falso nombre de la sociedad estadounidense se ha decidido ejercer en contra de la vida de nuestro connacional y de su penosa muerte anunciada.

De igual forma, exhortar a que en esta Comisión Permanente nos pronunciáramos a favor de los derechos humanos de las y los mexicanos que residen dentro y fuera de nuestro territorio nacional. Asimismo mandar una expresión de solidaridad para la familia de nuestro connacional. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrado en el Diario de los Debates, señor diputado Fujiwara.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (desde la curul): Le agradezco mucho, senadora presidenta.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias. Continuando con el orden del día, en el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados y senadores, tradicionalmente en la mujer han recaído las tareas asociadas con las labores domésticas, la crianza y educación de los hijos, así como el cuidado de los enfermos, ancianos y personas discapacitadas.

En la actualidad, las mujeres hemos ampliado nuestra presencia en otras instancias de responsabilidad, incluyendo la función de proveedoras de ingresos, incrementando con ello el número de hogares de mujeres jefas de familia.

Cada día las mujeres jefas de familia desempeñamos una doble jornada de trabajo, al ser proveedoras compartidas, principales o únicas de los gastos de la casa, estar a cargo del mantenimiento y limpieza de la vivienda y el cuidado de los niños y adultos mayores, entre otras tareas.

Según cifras oficiales del Inegi, el 63 por ciento de los hogares con jefatura femenina, son encabezados por mujeres entre 30 y 59 años de edad; el 10 por ciento entre los 12 y los 29 años, y el 27 por ciento por mujeres mayores de 60 años.

Las proveedoras suman a sus jornadas laborales el tiempo dedicado a las tareas domésticas, que en promedio les requieren de 42 horas por semana.

Por múltiples razones, en 24 de las 32 entidades federativas del país, de cada cinco familias una es mantenida por una mujer. Lo que significa que al menos 7 millones de hogares dependen del trabajo de una madre soltera, o de una hija o una hermana.

En general, de cada 10 mujeres mexicanas que trabajan, cuatro son además jefas de familia y representan el 40 por ciento de la fuerza laboral de México.

Los ingresos medios de los hogares con jefas de familia son menores que los de hogares con jefe de familia. Lo que puede atribuirse al hecho de que de las jefas de familia ocupadas poco más de la tercera parte trabaja menos de 35 horas a la semana. El bienestar de estas familias depende en buena medida de la disponibilidad de sistemas que puedan ayudarlas, de una adecuada asistencial social.

El programa de seguro de vida a madres jefas de familia implementado por el presidente Enrique Peña Nieto, ha afiliado a nivel nacional a poco más de 2.5 millones de jefas de familia que son el único sostén en su casa, por lo que si llegan a fallecer, sus hijos estarán protegidos en sus estudios hasta terminar la educación superior.

Este seguro entrega una transferencia bimestral a los hijos en situación de orfandad de 600 pesos para preescolar; mil pesos para primaria, mil 400 pesos para secundaria, mil 800 para preparatoria y hasta 3 mil 700 pesos para quienes tienen hasta 23 años y estudian el nivel superior.

Lo que propongo con esta iniciativa es que este programa transite del sistema de seguridad social a un derecho constitucional contemplado en el artículo 4o., lo cual disminuirá la vulnerabilidad de hijas e hijos de hasta 23 años de edad, ya que de una u otra forma las mujeres somos el sostén del hogar, ya sea aportando ingresos, tiempo o con la doble jornada.

Este derecho brindará la certeza de que los hijos e hijas en situación de orfandad contarán con oportunidades de desarrollo y herramientas para construir su futuro. Es responsabilidad del Estado garantizar ventanas de oportunidades para niños y jóvenes para reducir al mínimo los factores de riesgo que trae consigo el desamparo.

El derecho constitucional de un seguro de vida para madres jefas de familia les dará la tranquilidad de que a sus hijos menores de 23 años no les faltará un ingreso para su educación, ya que por falta de ingresos muchos menores de edad son obligados a abandonar su escuela y, en consecuencia, casi cuatro millones de niños y niñas de entre cinco y 15 años deambulan por las calles de las urbes del país expuestos a la droga y a la delincuencia.

Sobre este punto habrá que subrayar que las consecuencias del fallecimiento de la madre no solo afectan el ingreso, puede traer como consecuencia el abandono afectivo a los hijos, falta de una buena alimentación y educación. Son daños que pueden ser irreversibles.

Por ejemplo, hablemos de niñas o niños inseguros, desnutridos, anémicos o poco preparados para desempeñarse en un mundo muy competitivo. Cuando esto sucede decimos que se están violentando los derechos de las niñas, niños y jóvenes de México.

Por lo expuesto, someto a la consideración de los integrantes de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al artículo 4o. constitucional el seguro de vida para madres jefas de familia.

Único. El Estado garantizará un seguro de vida para madres jefas de familia de 12 a 68 años por medio de una transferencia bimestral a los hijos en orfandad, de 10 salarios mínimos para nivel preescolar, 15 salarios mínimos para primaria, 22 salarios mínimos para secundaria, 30 salarios mínimos para preparatoria y hasta 60 salarios mínimos para quienes tengan hasta 23 años y estudien el nivel superior.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito a atentamente se incorpore el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Francisca Elena Corrales Corrales, presidenta de la Comisión Especial de participación ciudadana, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al artículo 4o. el seguro de vida para madres jefas de familia como derecho constitucional bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

En las últimas décadas se han dado cambios importantes en la situación de las mujeres mexicanas, los cuales se han reflejado en la mayor incorporación a la educación, al mercado laboral, al acceso a los servicios de salud, a la participación en el ámbito político, entre otros muchos aspectos.

En México, según el Censo de Población y Vivienda 2010 el total de hogares censales asciende a 28 millones 159 mil 373, de los cuales en 21.2 millones se reconoce como el jefe de familia a un varón y en 6.9 millones a una mujer. En términos relativos 25 de cada 100 hogares tiene jefatura femenina.

Pero, si se subdivide a los hogares por sus características (nucleares y no nucleares) se encontrará una mayor presencia de jefaturas femeninas. Los Hogares Familiares Nucleares son aquellos formados por el jefe, su cónyuge y al menos un hijo; por el jefe y su cónyuge o por el jefe y uno o más hijos. Los hogares no nucleares son aquellos que además del jefe, cónyuge e hijos se integran por otros parientes del jefe (como nieto, nuera, yerno, padre, madre, entre otros), o bien el jefe y otros parientes, donde pueden estar presentes personas sin parentesco con el jefe. Esta distinción es importante porque en el caso de las jefaturas femeninas se observó que el 47 por ciento son de familias nucleares, es decir, compuestas por la madre y uno o más hijos y el 37 por ciento son no nucleares, es decir que la jefatura femenina tiene a su cargo a los hijos y algún otro pariente como madre, padre, abuelo, etcétera.

Las mujeres ya sean solteras, separadas, divorciadas o viudas, deben incorporarse de manera voluntaria o involuntaria, en su mayoría, al sector informal del mercado laboral, que ocupa a más del 60 por ciento de los trabajadores en el país.

Cada día las mujeres jefas de familia, desempeñan una doble jornada de trabajo, al ser las proveedoras principales o únicas de los gastos de la casa, estar a cargo del mantenimiento y limpieza de la vivienda, y el cuidado de niños y adultos mayores, entre otras tareas.

Según cifras oficiales del Inegi, 63 de cada 100 hogares con jefatura femenina son encabezados por mujeres de entre 30 y 59 años; 9.5 por ciento, de 12 y 29 años, y el 26.9 por ciento, por féminas mayores de 60 años.

Las proveedoras suman a sus jornadas laborales el tiempo dedicado a tareas domésticas que, en promedio, les requieren 42 horas por semana. En México, el año pasado 97% de ellas realizaron trabajo del hogar.

Por múltiples razones, en 24 de las 32 entidades federativas del país una de cada cinco familias son mantenidas por una mujer, lo que significa que al menos 5.7 millones de hogares dependen del trabajo de una madre soltera, una hija o una hermana, a pesar que 75.5% de ellas ganan entre uno y cinco salarios mínimos al día por los efectos de una creciente discriminación laboral.

Según estadísticas oficiales, cada vez más mujeres están al frente de una familia a medida que se incrementa la cifra de desempleadas, mientras que de las que aún tienen empleo 17.1 por ciento ganan menos de un salario mínimo; 45.1 por ciento entre uno y tres salarios mínimos y 13.3 por ciento hasta cinco salarios.

En México, el salario mínimo vigente se aplica en tres zonas, la “A” con 67.29 pesos diarios, la “B” con 63.77 diarios, por lo que la mayoría de las empleadas en la ciudad de México obtendría un máximo de 336.45 pesos para sostener su casa y una familia de por lo menos cuatro personas.

En el país, 25 por ciento de las mujeres que se desempeñan como jefas de familia trabaja por cuenta propia, mientras que 43 por ciento está empleada en el sector privado. En general, de cada 10 mujeres mexicanas que trabajan, cuatro son además jefas de familia y representan 40 por ciento de la fuerza laboral de México.

Se ha encontrado una correlación positiva entre la jefatura femenina en el hogar y el nivel de pobreza esto se debe a que:

Aunque generalmente tienen menos miembros, también tienen menos adultos que aporten un ingreso.

Trabajan menos o no trabajan y, por tanto, poseen menos bienes y tienen menos acceso a empleos bien remunerados y recursos productivos.

En estos hogares, generalmente, las mujeres tienen que hacerse cargo tanto del trabajo doméstico como de la manutención económica del hogar. En consecuencia, se encuentran más limitadas de tiempo y movilidad.

Su participación en el trabajo compromete el bienestar de sus hijos.

Las mujeres que son cabeza de familia sufren mayor discriminación para lograr el acceso a un empleo.

La maternidad adolescente, la jefatura femenina y la transmisión de la pobreza de una generación a otra pueden estar relacionadas.

En consecuencia, es importante tener en cuenta que no todos los hogares con jefatura femenina se encuentran en desventaja económica y social; pero podrían identificarse tres tipos de hogares en los que es muy factible que la pobreza se transmita de una generación a otra:

1. Hogares con hombres adultos en los que, por desempleo, invalidez, alcoholismo u otra razón, la principal proveedora económica es una mujer.

2. Hogares unipersonales, es decir, constituidos por una mujer sola.

3. Hogares en que hay mujeres y niños, pero no hombres adultos.

La pobreza de estos hogares da fe de la desigualdad que existe entre hogares comandados por mujeres y aquellos que son dirigidos por un hombre. Estos son sólo algunos datos:

El 25 por ciento de los hogares está dirigido por una mujer. De ellos, el 97.9% carece de cónyuge en el hogar. Cerca de la mitad de las jefas de familia son viudas (47.6 por ciento) y casi la cuarta parte son separadas y divorciadas (22.3 por ciento). Por otra parte, un 16.3% son solteras y el restante se compone de jefas casadas o unidas. Existen más jefas viudas en zonas rurales (59.5 por ciento), mientras que en zonas urbanas prevalecen las divorciadas y separadas (25.2 por ciento) y las solteras (23.3 por ciento).

El 59 por ciento de las jefas son asalariadas; sin embargo, el porcentaje de mujeres que trabajan por su cuenta es importante (41 por ciento). Mientras que entre los jefes solo el 28 por ciento trabaja por cuenta propia.

Los ingresos medios de los hogares con jefa son menores que los de hogares con jefe. Lo cual puede atribuirse al hecho de que, de las jefas ocupadas, poco más de la tercera parte trabaja menos de 35 horas a la semana, lo que seguramente se relaciona con lo que he señalado en el sentido de que la jefa de familia reparte su tiempo en una doble jornada entre el trabajo doméstico y el que realiza fuera de casa.

El bienestar de estas familias depende, en buena medida, de la disponibilidad de sistemas que puedan apoyarlas, de una adecuada Asistencia Social. Pero el círculo vicioso que se genera debido a la falta de tiempo de estas mujeres, consecuencia de repartirlo entre el trabajo remunerado y el doméstico, hacen que sea materialmente imposible que generen a su alrededor una red de relaciones sociales que les permitan tener los apoyos que requieren en sus hogares.

El programa de “Seguro de vida a madres jefas de familia ha afiliado, a nivel nacional, a 2.5 millones de jefas de familia que son el único sostén en su casa, por lo que si llegan a fallecer sus hijos estarán protegidos en sus estudios hasta terminar la educación superior con el Seguro para Jefas de Familia se entrega una transferencia bimestral a los hijos en orfandad de 600 pesos para el nivel preescolar; mil pesos para primaria; mil 400 para secundaria; mil 800 para nivel medio superior y hasta 3 mil 700 pesos para quienes tienen hasta 23 años y estudian el nivel superior.

Lo que propongo en esta iniciativa es que este programa transite del sistema de seguridad social a un derecho constitucional contemplado en el artículo 4to lo cual disminuiría la vulnerabilidad de hijas e hijos de hasta 23 años de edad en hogares donde las mujeres son padre y madre a la vez, para darles la certeza de que contarán con oportunidades de desarrollo y herramientas para construir su futuro.

Es responsabilidad del Estado garantizar ventanas de oportunidades para niños y jóvenes para reducir al máximo los factores de riesgo que traen consigo el desamparo por ello la importancia de proteger la seguridad económica de hijas e hijos en caso de fallecimiento.

Por lo anterior es importante proteger a los hijos e hijas de Madres Jefas de Familia con el derecho constitucional de un seguro de vida que les de la tranquilidad de que a sus hijos menores de 23 años no les faltará un ingreso para su educación ya que por falta de ingresos, muchos menores de edad son obligados a abandonar la escuela, y en consecuencia casi cuatro millones de niños y niñas, de entre cinco y 15 años, deambulan por las calles de las urbes del país expuestos a las drogas y a la delincuencia.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 4o. Constitucional el derecho al seguro de vida para madres jefas de familia

Artículo 4o. ...

El Estado garantizará un seguro de vida para madres jefas de familia, con un rango de edad entre los 12 y 59 años; por medio de una transferencia bimestral a los hijos en orfandad de 10 salarios mínimos para el nivel preescolar; 15 salarios mínimos para primaria; 22 salarios mínimos para secundaria; 30 salarios mínimos para nivel medio superior y hasta 60 salarios mínimos para quienes tengan hasta 23 años y estudien el nivel superior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.— Diputada Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrada la iniciativa, diputada Elena Corrales Corrales. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su dictamen correspondiente.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: En el mismo apartado, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Karina Labastida Sotelo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y suscrita por la diputada Elizabeth Vargas Martínez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Karina Labastida Sotelo:Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la diputada que suscribe, Elizabeth Vargas Martín del Campo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

En un Estado constitucional moderno, basado en la división de poderes y en el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades civiles, los jueces ostentan la administración de justicia. Es decir, la aplicación del derecho derivado de una valoración de elementos de convicción y procedimientos establecidos en las leyes.

Derivado de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los jueces del Estado mexicano —de conformidad con el artículo 1o. constitucional— están facultados para inaplicar las normas generales que a su juicio consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución federal y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano es parte.

El establecimiento de derechos humanos en instrumentos jurídicos de la comunidad internacional en la primera mitad del siglo XX fue uno de los acontecimientos históricos más significativos de la humanidad, porque permitió la edificación de mecanismos procesales que han servido para su exigibilidad y paulatino reconocimiento.

En ese contexto, la administración de justicia admite la intervención del Poder Ejecutivo, quien mediante la estructuras fiscales emprende el inicio de la acción penal, aporta elementos al juzgador y constituye un agente distribuidor de la responsabilidad.

Finalmente, en la administración de justicia, el Poder Ejecutivo puede hacer uso de su atribución del indulto. El indulto es una institución jurídica extraordinaria, que a pesar de que los ordenamientos jurídicos de los Estados democráticos la contemplan, constituye una excepción al normal funcionamiento de la administración de justicia, ya que en su virtud el Poder Ejecutivo puede declarar extinguida o modificada la pena impuesta por un juez o tribunal en una sentencia firme.

Por lo que representa una prerrogativa asignada al presidente de la República cuya finalidad no es modificar la realidad jurídica de un acto ilícito, ni perturba la ilegalidad en cuanto tal, sino que opera sobre su sanción, sea para excluirla o para mitigarla.

Por lo anterior, el eje transversal de esta propuesta plantea evitar que el Poder Ejecutivo federal pueda conceder el indulto a quien haya sido declarado culpable por delitos de lesa humanidad, bajo un proceso judicial impecable.

Entendiendo la lesa humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que comprende las conductas tipificadas como homicidio, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente en contra de la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil, o conocimiento de dicho ataque.

De esta manera, el indulto estaría impedido para delincuentes cuyos delitos graves sean de alto impacto. Además se armonizaría con las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, que entre otras cuestiones señala —en el párrafo tercero del artículo 1o. — la obligación del Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno, sin excepción, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

De esta manera queda claro que todo derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas.

México posee una marcada tradición presidencialista, no obstante emprende una nueva etapa de su vida constitucional con la protección de los derechos humanos bastante penetrada en su marco constitucional.

El objeto de esta iniciativa es la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y demás instrumentos internacionales en la materia.

Conforme a esta propuesta la figura del indulto continuará constituyendo una prerrogativa discrecional del presidente de la República, solo que en pleno apego a las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, sin una redacción que pueda consentir una contradicción.

Finalmente, cabe añadir que la Presidencia de la República cuenta con una estructura jurídica suficientemente amplia que le permite valorar los elementos de convicción de cada caso concreto en que considere conceder el indulto.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto.

Primero. Se reforma la fracción XIV del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal. En ningún caso podrá concederse el indulto por delitos de lesa humanidad.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde la historia antigua de la humanidad, se tiene registro de la gracia como una institución que se ha mantenido a lo largo de la historia, civilizaciones como el Antiguo Egipto se contaba con la figura legal de la conmutación de la pena.

En el derecho romano, reyes romanos utilizaban sus atribuciones de conceder la gracia; durante la edad media la gracia fue un recurso bastante frecuente, utilizada por el monarca u otros grandes señores.

El Fuero Real, promulgado en 1254 por Alfonso X El Sabio, señalaba que perdonar la pena al reo es algo que el monarca efectúa a su mejor parecer, a lo que puede sensibilizarle o provocar su piedad.

En un Estado constitucional moderno, basado en la división de poderes y en el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades civiles, los jueces ostentan la administración de justicia, es decir, la aplicación del derecho derivado de una valoración de elementos de convicción y procedimientos establecidos en las leyes.

Al respecto, vale la pena mencionar las limitantes que los jueces encuentran dentro de sus diligencias de aplicación de los procedimientos legales, en las palabras de Montesquieu, como si fueran un: “instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes”.

Actualmente, la actividad mecanizada que en aquel entonces se asignaba a los juzgadores, es inaceptable, porque si bien siguen vigentes principios generales del derecho, sus resoluciones deben ser concebidas con pleno el reconocimiento y protección de los derechos humanos.

Derivado de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los jueces del Estado mexicano, de conformidad con el artículo 1o. constitucional, están facultados para inaplicar las normas generales, que a su juicio, consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución federal y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

De lo anterior, podemos deducir que el establecimiento de derechos humanos en instrumentos jurídicos de la comunidad internacional en la primera mitad del siglo XX, fue uno de los acontecimientos históricos más significativos de la humanidad, porque permitió la edificación de mecanismos procesales que han servido para su exigibilidad y paulatino reconocimiento.

En este contexto, la administración de justicia admite la intervención del Poder Ejecutivo, quien mediante la estructura de fiscales emprende el inicio de la acción penal, aporta elementos al juzgador y constituye un agente distribuidor de la responsabilidad. Finalmente, en la administración de justicia el Poder Ejecutivo puede hacer uso de su atribución del indulto.

El indulto es una institución jurídica extraordinaria, que a pesar de que los ordenamientos jurídicos de los Estados democráticos la contemplan, constituye una excepción al normal funcionamiento de la administración de justicia, ya que en su virtud el poder ejecutivo puede declarar extinguida o modificada la pena impuesta por un juez o tribunal en una sentencia firme. La razón, a la que en principio, responde que la aplicación del derecho penal, resulta en ocasiones excesivamente rigurosa o es por otros motivos insatisfactoria.

Esta figura de perdón, puede entenderse como una derogación retroactiva que puede afectar a la norma que determina la legalidad de una conducta, la imposición de una sanción.

Representa una prerrogativa asignada al presidente de la República, cuya finalidad no es modificar la realidad jurídica de un acto ilícito, ni perturba la ilegalidad en cuanto tal, sino que funciona sobre su sanción, sea para excluirla o mitigarla.

En otras palabras, extingue la responsabilidad penal, no es lo mismo que una situación de amnistía que confiere el perdón del delito, dado que en el indulto la persona permanece culpable, no obstante, goza de de un incumplimiento de la pena.

En 2008, México logró una amplia reforma judicial que busca terminar con procesos considerados cerrados y corruptos, al tiempo que dota de procedimientos con los que el gobierno espera combatir mejor el crimen organizado.

Destacan en esa enmienda constitucional, los juicios orales también eleva a rango constitucional la presunción de inocencia.

De esta manera, la evolución de la administración de justicia mexicana, ha venido adoptando elementos modernos. La reforma anterior, vino a coronarse con la efectuada en materia de derechos humanos de 2011.

Esta propuesta, encumbra y concluye con el espíritu del legislador expresado en la reforma que facultan al titular del Ejecutivo para conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común del Distrito Federal “cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada” y las autoridades determinen que “no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas”.

El eje transversal de la propuesta, plantea evitar que el Poder Ejecutivo federal, no pueda conceder el indulto a quien haya sido declarado culpable por delitos de lesa humanidad, bajo un proceso judicial impecable.

Entendiendo la lesa humanidad, de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

De esta manera, el indulto estaría impedido para delincuentes cuyos delitos graves sean de alto impacto, además se armonizaría con las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, que entre otras cuestiones novedades se señala, en el párrafo tercero del artículo primero, la obligación del Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, sin excepción, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta manera queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales, genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas.

De lo anterior, se deduce que la participación de las autoridades involucradas en la administración de la justicia, sea sujeta al respeto de los derechos fundamentales con procedimientos impecables e íntegros.

Adicionalmente, vale la pena mencionar el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la cual constriñe a nuestro país, que señala en su artículo 2, lo siguiente:

Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.*

* Énfasis añadido.

En la comunidad internacional, la figura del indulto no es necesariamente indefinida, no obstante la práctica es que existan diversas modalidades o limitantes. Tal como se señala en el cuadro siguiente:

De lo anterior se desprende que México puede armonizar su figura del indulto, con su remodelación constitucional en materia de derechos humanos, que cambió la lógica de ese ordenamiento y fue considerada ejemplar. En diversos países, figuran diversas formulas constitucionales, sin predominar una práctica internacional mejor aceptada.

México posee una marcada tradición presidencialista, no obstante emprende una nueva etapa de su vida constitucional con la protección de los derechos humanos bastante penetrada en su marco constitucional.

El objeto de esta iniciativa es la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y demás instrumentos internacionales en la materia.

Conforme a esta propuesta, la figura del indulto continuará constituyendo una prerrogativa discrecional del presidente de la República, sólo que en pleno apego a las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, sin una redacción que pueda consentir una contradicción.

Finalmente, cabe añadir, que la Presidencia de la República, cuenta con una estructura jurídica suficientemente amplia, que le permita valorar los elementos de convicción de cada caso concreto que considere conceder el indulto.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción XIV del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común, en el Distrito Federal. En ningún caso podrá concederse el indulto por delitos de lesa humanidad;

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Motivada por el expediente Varios 912/2010. https://www.scjn. gob.mx/Cronicas/Sinopsis%20Pleno/TP-140711-MBLR-912.pdf

2 En México, el Control de Convencionalidad ha sido recibido con particular trascendencia a partir de la discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación motivada por el expediente Varios 912/2010, y respecto de la cual incluso ya se pronuncia la tesis jurisprudencial 18/2012 (10ª) de la Primera Sala, de rubro “Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad”.

3 Reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos publicadas en junio de 2011. http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/

4 Sitio web del Senado de la República, iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal.

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn= 2&sm=2&id=43816

5 Con 442 votos a favor y tras dos horas de debate.

6 Sitio web de Carbonell Miguel. La reforma constitucional en materia de derechos humanos: principales novedades. http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml

7 Sitio web de la Organización de Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos. http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Hu manos.htm

8 Contenido del artículo 1, de la referida Convención:

Artículo 1. Obligación de respetar los derechos

1. Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

9 Constitución de la nación Argentina, artículo 36. http://www. ara.mil.ar/archivos/Docs/constitucion_nacional.pdf

10 Véase artículo 150, relativo a las funciones del Congreso: “por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos.”

http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/con stitucion_politica.pdf

11 Constitución Chilena. http://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf

12 Artículo 9, de la Constitución chilena.

13 Artículo 32- numeral 16, de la Constitución chilena.

14 Véase artículo segundo, segunda sección. http://www.archives.gov/ exhibits/charters/constitution.html

Versión en Español: http://www.archives.gov/espanol/constitucion. html

15 Véase sitio web de las Naciones Unidas, nota informativa, del 8 de marzo de 2011: México: ONU aplaude elevación de derechos humanos a rango constitucional. http://www.un.org/spanish/News/story.asp? NewsID=20437#.UnKGdTWFDxN

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.— Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Karina Labastida. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su dictamen correspondiente.

REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se concede el uso de la palabra, por cinco minutos, a la diputada Graciela Saldaña Fraire, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Graciela Saldaña Fraire:Gracias. Con la venia, señora presidenta. Ciudadanas y ciudadanos legisladores y legisladoras, ocurro a ésta, la más alta tribuna de la nación, para depositar en ella la presente iniciativa, con el objeto de adicionar disposiciones al Reglamento del Canal de la Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que éste se abra a la sociedad y ella pueda expresar sus opiniones con respecto de asuntos de interés nacional, pero que al mismo tiempo sea materia del trabajo legislativo de las y los parlamentarios.

Quienes hemos visto el Canal del Congreso nos percatamos que la mayoría de sus programas son retransmisiones y que la sustancia de nuestra labor legislativa se realiza en las comisiones ordinarias, y nuestros respectivos plenos camerales son cubiertos plenamente por el canal.

La noche, después de las 22 horas, no cuenta con programación del interés del espectador, por lo que estamos sugiriendo la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo y su servidora, incorporar en la programación del canal proyectos de difusión de la sociedad civil, que nos permitan tener la óptica ciudadana de nuestro propio canal y, con ello, enriquecer el marco jurídico de la vida nacional con mayor legitimidad política y social.

Ahora bien, en una democracia en desarrollo —como es el caso de la nuestra— recibir información objetiva, oportuna e imparcial sobre el quehacer gubernamental y sin ninguna exclusión fortalece la legitimidad del gobierno.

Justamente el Canal del Congreso es un medio de difusión de carácter público, dependiente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, donde se transmite tal cual el proceso legislativo de la Cámara de Diputados y de Senadores, donde nos reunimos las mayores fuerzas políticas que gobiernan el país.

En nuestros tiempos, un ciudadano pleno no debe acotarse únicamente a participar en los procesos electorales, sino que debe estar en permanente relación con sus gobernantes.

Dado lo anterior, se considera que es necesaria la apertura de espacios para la difusión de diversas actividades realizadas por las comisiones que conforman este órgano legislativo, las cuales elaboran dictámenes, resoluciones, informes u opiniones sobre diversos temas. Y que a su vez fomente la participación de la sociedad civil, ya que en muchas ocasiones las y los ciudadanos no tienen la menor idea de cuáles son precisamente nuestras actividades, nuestros dictámenes y de qué se trata cada una de nuestras reuniones que aquí llevamos a cabo.

Dentro del ámbito internacional, legisladoras y legisladores, en materia de canales de televisión de parlamentos, fíjense que la Unión Interparlamentaria de Europa ha concluido que los ciudadanos y las ciudadanas deben de mantenerse informados y los Parlamentos deben informar a la población.

En toda democracia, las instituciones públicas deben de ser transparentes y responsables ante la población. La transmisión pública de los trabajos parlamentarios promueve esta transparencia y responsabilidad —de lo que se comenta con anticipación, precisamente de esta transparencia— que ésta es, efectivamente, una herramienta la cual debemos también de proporcionar a las y los ciudadanos.

En los últimos años, los Parlamentos de todas las partes del mundo han hecho ingentes esfuerzos para informar y educar al público de sus actividades para suscitar interés y atención.

Por otro lado, en la Unión Europea expertos han señalado que los canales parlamentarios no deben preocuparse por los índices de audiencia, la importancia de las transmisiones radica en mantener a las y los ciudadanos informados de manera objetiva e independiente, ya que estos son elementos muy importantes que otorgan credibilidad. Y otro caso en la experiencia de Sudáfrica, su Carta Magna obliga a la Asamblea Nacional a facilitar al público el acceso a los procesos legislativos, así como el acceso al público y medios informativos a las sesiones de sus comités.

Con nuestra normatividad vigente considero que cumplimos con estos estándares internacionales. Sin embargo, consideramos que la necesidad de generar confianza en la gente nos debe obligar a convertir al Canal del Congreso en un canal al servicio de las y los ciudadanos.

La apertura de los proyectos de la sociedad no lo harán las grandes televisoras por convicción. Eso nos queda completamente claro. O por aparente cambio de paradigmas. La televisión del Estado debe ir a la vanguardia en este tema trascendental para nuestra democracia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales de la Cámara de Diputados y el propio Reglamento del Canal de la Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos permiten el proyecto legislativo que —reitero— traemos al seno de esta honorable Comisión Permanente.

La concesión del espacio electromagnético administrado por el Estado a proyectos de difusión social tiene como antecedente en México el que actualmente lleva a cabo el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), el cual expide anualmente una convocatoria para que las organizaciones de la sociedad civil concursen para programas que son transmitidos en distintos horarios de esta radio pública.

La convocatoria Imer señala que el objetivo es fomentar la participación ciudadana directa en la realización de contenidos para todas las emisiones del Imer y colaborar con la emisión institucional de estimular el contenido, la comprensión y el análisis y alguna de las áreas temáticas.

El Imer, creado por decreto presidencial, el 25 de marzo de 1983, como organismo público con el objeto de operar de manera integrada a las diversas entidades relacionadas con la actividad radiofónica pertenecientes al Poder Ejecutivo federal.

Entre las bases para concursar por estos tiempos destacan las siguientes: título tentativo del proyecto, tema y subtema que se abordará en el proyecto, objetivo, responsable del proyecto y desarrollo sintético de los programas que componen el proyecto y que serán parte de hasta tres emisiones.

De acuerdo con datos del Imer, los proyectos ganadores del concurso 2012 fueron El reino de los objetos, Zona veterinaria, Antropodanza, Tribu. A la hora de cuentas, Bienestar minuto a minuto, Negocios en plenitud, Pulso terrestre, Rock and read y Viernes de nortec.

Este proyecto legislativo contribuirá, sin duda alguna, a convertir el Congreso en una de las más cercanas representaciones nacionales que integran la voz de la gente en el seno del mismo y sus órganos de difusión.

Asimismo, las y los legisladores escucharán y verán cotidianamente el curso actual de los temas legislativos, con una visión social que contribuirá a las reformas y que cuenten con una mayor vigencia de hechos. Éste definitivamente es un tema que no podemos dejar pasar legisladoras y legisladores.

Quisiera concluir mi intervención con un tema que va a acontecer en estos momentos. Y quisiera comentar que con respecto al contenido de la carta de Edgar Tamayo, en la cual hace severa crítica al quehacer del consulado mexicano de Texas, él asevera en una carta —cito textualmente y abro comillas—: No quiero que meta mano en esto —el funeral— el mentado consulado. La verdad que esta gente me decepciona, son puras pinches mentiras con esta gente y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no hacen nada. Claro que mandé quejas y nunca hicieron nada. Por eso no quiero que metan mano en nada, siempre que algún paisano va a ser ejecutado, siempre quieren quedar bien entre las cámaras para verse bien con el gobierno de México y los paisanos. Y no quiero que me usen.

Amigos legisladores y amigas legisladoras, debemos aprovechar esta situación para hacer un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que se revise cabal y plenamente los procedimientos que sigue en protección del consulado y de nuestros conciudadanos en el exterior, la preparación del personal del servicio exterior mexicano y los mecanismos de concertación y comunicación con autoridades de otras naciones de ser posible.

Y si es necesaria una ampliación presupuestaria para eso que se contrate más personal para el servicio consular. La Secretaría de Hacienda podría revisar muy bien la ampliación de este presupuesto.

Mi grupo parlamentario se solidariza con la pena que embarga a la familia Tamayo, por los hechos que le agobian por esta situación de Edgar Tamayo. Y se suma a las manifestaciones de clemencia para Tamayo. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Alliet Mariana Bautista Bravo y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Alliet Mariana Bautista Bravo y Graciela Saldaña Fraire, diputadas federales de la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa relativa al Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

El objetivo de reformar y adicionar el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es aprovechar al máximo los espacios de programación, con el fin de ofrecer distintos contenidos que cumplan el objetivo de informar a la sociedad sobre las diversas actividades del quehacer legislativo dentro del Congreso de la Unión, de modo que contribuyan estimulando un amplio conocimiento y comprensión de las actividades llevadas a cabo en dicho Órgano Parlamentario, esto sin afectar la trasmisión de las sesiones en ambas Cámaras y de la Comisión Permanente, algunos otros programas.

Ahora bien, como un medio de comunicación público tiene la amplia responsabilidad de dar a conocer qué es lo que hace dicho Órgano Legislativo, así como fomentar la participación de la sociedad.

El fundamento de esta reforma se sustenta en el derecho a la trasparencia e información a la sociedad mexicana.

Se propone licitar espacios a proyectos de difusión social de organismos de la sociedad civil en horarios de lunes a viernes de 11 de la noche a 3 de la mañana y sábados y domingos de 10 de la noche a 2 de la mañana y de 6 a 10 de la mañana ya que en estas franjas de tiempo no se trasmiten contenidos legislativos en vivo y si se retransmiten algunos otros.

Es necesario que además del trabajo que realizan las y los legisladores, el Canal del Congreso cumpla con la función social de otorgar espacios que den seguimiento a temas del interés del legislativo con una visión de la sociedad civil, por lo que pretendemos un espacio en el que confluyan gobernados y gobernantes en un ejercicio de interacción en un medio de difusión del Estado.

Es de vital importancia que todo ciudadano tenga acceso a la información emitida por los órganos de gobierno, ya que se trata de uno de los principales derechos básicos dentro de un régimen democrático basado en la trasparencia y rendición de cuentas, tanto es así, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el acceso a la información como garantía fundamental que toda persona debe tener.

Ahora bien, en una democracia como es el caso de México, recibir información objetiva oportuna e imparcial sobre el quehacer gubernamental y sin ninguna exclusión fortalece la legitimidad del gobierno. Justamente el Canal del Congreso es un medio de difusión de carácter público, dependiente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos donde se transmite tal cual el proceso legislativo de la Cámara de Diputados y Senadores; así como también de la Comisión Permanente donde se reúnen las mayores fuerzas políticas que gobiernan el país.

Cabe señalar que una política de trasparencia implica que la información emitida de los órganos públicos éste disponible para el mayor número de personas y que aparte de ser un mecanismo de control lo sea de participación e inclusión en los asuntos públicos “por ello, son necesarios ojos que vigilen el cumplimiento de cada una de las obligaciones así como voces que denuncien los incumplimientos.”

El acceso a la información debe visualizarse como un derecho que le pertenece a la sociedad, por lo tanto el Estado debe garantizarla.

Un ciudadano no debe acotarse únicamente en los procesos electorales sino que debe estar en permanente relación con sus gobernantes.

Dado lo anterior, se considera que es necesaria la apertura de espacios para la difusión de las diversas actividades realizadas por las comisiones que conforman el órgano legislativo las cuales elaboran dictámenes, resoluciones, informes u opiniones sobre diversos temas, y que a su vez fomente la participación de la sociedad civil, ya que en muchas ocasiones los ciudadanos no tienen la menor idea de cuáles son sus funciones ni mucho menos sus actividades.

En el contexto en donde nos encontramos la difusión de la información debe ayudarse de distintos medios de transmisión como: espacios, instrumentos y tecnología, en este caso de los medios electrónicos como la Internet y la televisión.

Dentro del ámbito internacional podemos encontrar en materia de canales de TV de parlamentos, que algunas de las conclusiones de la Unión Interparlamentaria de Europa, se mencionó que los ciudadanos deben mantenerse informados y los parlamentos deben informar a la población. En toda democracia, las instituciones públicas deben ser transparentes y responsables ante la población. La transmisión pública de los trabajos parlamentarios promueve esa transparencia y responsabilidad.

En los últimos años los parlamentos de todas las partes del mundo han hecho ingentes esfuerzos para informar y educar al público a cerca de sus actividades para suscitar su interés y atención.

Por otro lado, en la Unión Europea se llevó a cabo una conferencia en materia de transmisión parlamentaria, dentro de la cual expertos mencionaron que los canales parlamentarios no beben preocuparse por los índices de audiencia, la importancia de las transmisiones radica en mantener a los ciudadanos informados de manera objetiva e independiente ya que estos son elementos muy importantes que otorgan credibilidad.

En la experiencia sudafricana, su Carta Magna, obliga a la Asamblea Nacional a facilitar al público el acceso a los procesos legislativos, así como el acceso al público y medios informativos a las sesiones de sus comités.

El tema del acceso a la información emitida por órganos públicos del Estado, que es el centro de nuestra iniciativa, es de tal importancia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo expone en su

Artículo 6o. ...

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Por otra parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, ratifica la obligación de las instituciones de carácter gubernamental de proporcional información a la sociedad mexicana, señalándolo en los siguientes artículos:

Artículo 4. Son objetivos de esta ley:

IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;

Artículo 6. En la interpretación de esta ley y de su Reglamento, así como de las normas de carácter general a las que se refiere el artículo 61, se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados. El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados.

Artículo 61. El Poder Legislativo federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta ley.

En lo referente al Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012.

Artículo 5.

1. La Unidad es el órgano operativo de la Cámara que:

I. Establece el vínculo con los órganos obligados a presentar la información institucional;

Artículo 18.

1. Los consultores:

I. Elaboran, conjuntamente con el secretario técnico la propuesta de programa anual de trabajo;

II. Analizan y hacen propuestas de los asuntos y problemas que compete resolver al órgano rector, y

III. Elaboran, conjuntamente con el Secretario Técnico los Informes semestrales de labores.

2. Participan en las sesiones plenarias del Órgano Rector con derecho a voz pero sin voto.

Artículo 44.

1. Conforme a los principios de máxima publicidad y disponibilidad, toda información en poder de la Cámara se presume pública y debe estar asequible, salvo la que deba estar clasificada como reservada, la información confidencial y los datos personales protegidos.

2. La información pública debe estar a disposición del usuario gratuitamente vía electrónica en fuentes apropiadas y su consulta se sujeta sólo a la disponibilidad material y física de espacios, equipos y capacidad técnica.

3. En caso de duda razonable debe optarse por su publicidad siempre que no haya riesgo de daño o por versiones públicas que garanticen la reserva, la confidencialidad y los datos personales protegidos.

4. La Secretaría General, en coordinación con la Unidad, son responsables de mantenerla actualizada y de informar visiblemente de la fecha de su actualización.

5. Cuando se solicita información pública a la Cámara, se tiene por atendido el pedimento mediante la ubicación de las fuentes de consulta al usuario.

Artículo 46.

1. La Cámara, está obligada a divulgar información sobre:

...

VII Las metas y objetivos de los órganos y sujetos obligados en la Cámara;

...

XIV Informes que generen los órganos y sujetos obligados;

XV. Mecanismos de participación ciudadana;

Artículo 47.

1. Los órganos obligados a generar información en la Cámara son:

I. La Mesa Directiva;

II. La Junta;

III. La Conferencia;

IV. Los grupos;

V. Los diputados sin partido;

VI. Las comisiones;

VII. Los comités;

VIII. La Secretaría General;

IX. Las Secretarías de Servicios;

X. La Contraloría Interna;

XI. La Coordinación de Comunicación Social;

XII. El Consejo;

XIII. El Órgano, y

XIV. La Unidad.

Artículo 49.

1. Los órganos administrativos encargados de publicar la información a que se refiere el artículo cuarenta y seis son:

I. La Secretaría General;

II. La Secretaría de Servicios Parlamentarios, y las direcciones generales que la integran;

III. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, y las direcciones generales que la integran;

IV. La Contraloría Interna, y

V. La Coordinación General de Comunicación Social.

2. Cada uno, de los anteriores, de acuerdo con el ámbito de su responsabilidad, deben publicar:

I. La Gaceta Parlamentaria;

II. El Diario de los Debates;

III. La bitácora de asistencia de los diputados a las sesiones del pleno de la Cámara y de las comisiones

IV. Ordinarias, así como el sentido de su voto en ambas;

V. Los dictámenes o resoluciones que presenten las comisiones;

VI. Las iniciativas o puntos de acuerdo que presenten los diputados;

VII. La agenda legislativa;

VIII. Los viajes oficiales que realicen los diputados, demás servidores públicos y los informes correspondientes, y los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudios siempre que hayan sido previamente registrados para salvaguardar el derecho de autor. La obligación de publicar no se aplica cuando los estudios e investigaciones se encomienden con carácter de reservados y o sean necesarios para los procesos deliberativos de la Cámara.

Artículo 137.

1. La Cámara debe contar con un conjunto de sistemas que le permitan desarrollar sus funciones de manera ágil, expedita, atingente y remota.

...

3. Estos sistemas son:

I. Sistema electrónico de archivo de la información, que permite que el personal autorizado por la Cámara reciba, envíe, almacene, organice, clasifique, preserve, consulte e imprima información, datos y archivos de diversos formatos electrónico, gráfico y de audio.

Por último, el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2005 contiene un conjunto de disposiciones dentro de las cuales, se da nuestra reforma, por ejemplo:

Artículo 2.

Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

g) Carta de Programación: Esquema general de la programación, en el que se señalan las directrices, nombres de las series de televisión y espacios fijos, con una temporalidad mínima de tres meses;

h) Bitácora de programación diaria: Pauta basada en la carta de programación integrada por series, programas unitarios, programas o transmisiones especiales.

Asimismo incluye la continuidad programática, es decir, aquellos espacios de trasmisión entre programa y programa, a través de la cual se ofrecen cápsulas o promocionales. Su elaboración es diaria y abarca desde el inicio hasta el término de la trasmisión, y

Artículo 3.

2. El Canal tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir e informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculados con la actividad legislativa.

Artículo 4.

El Canal deberá informar a la sociedad mexicana bajo los principios de objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, oportunidad y con pleno respeto a los derechos fundamentales.

Artículo 5.

El Canal tiene entre sus funciones:

c) Considerar a la información y al conocimiento de la realidad nacional como un bien y un derecho público a las cuales tienen derecho de acceder y ejercer todos los mexicanos;

h) Promover la libre expresión de las ideas y fomentar un permanente debate sobre los temas vinculados con la actividad legislativa.

i) Coadyuvar a difundir el pensamiento, la cultura, las ciencias y las ates en sus diversas manifestaciones, y

Artículo 14.

Son atribuciones de la comisión:

g) Proponer y aprobar la carta de programación y las transmisiones del trabajo Legislativo. Los Órganos de gobiernos de ambas cámaras, Mesas Directivas y Juntas de Coordinación Política, recibirán una copia dl proyecto de programación podrán permitir observaciones y propuestas a la comisión;

h) Emitir observaciones y propuestas a la bitácora de programación diaria del canal

i) Fijar las reglas de trasmisión de las sesiones plenarias, de comisiones y comités del Congreso y de todas las demás transmisiones que se realicen;

Artículo 27.

Son atribuciones y por lo tanto, responsabilidades de los consejeros:

a) Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Canal;

b) Sugerir mecanismos que vinculen a la sociedad con el Canal;

Es decir, la obligación de difundir la información que se produce en el Congreso, mediante disposiciones expresas en el Reglamento, constituyen una estructura jurídica en la cual es posible adicionar el supuesto en el que la sociedad civil hace uso de horas para producir programas de interés público y que coadyuvar con el trabajo de las y los legisladores en el Congreso de la Unión.

Sin duda alguna, los proyectos de la sociedad civil deberán de ajustarse a los principios de la información del Canal: objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, oportunidad.

Los proyectos de la sociedad apoyaran el cumplimiento de los objetivos del Canal, en el sentido de que darán a las y los legisladores una visión de la realidad nacional en un ámbito de ésta, como lo prevé el artículo 5 inciso c); así mismo a observar la promoción de la libre expresión y el debate de ideas.

Los órganos de gobierno y la instancia legislativa correspondientes tendrán la administración de la programación por medio de la emisión de convocatorias abiertas para concursar por espacios en la programación del Canal; así como los órganos de opinión podrán emitir sus observaciones para determinar a los proyectos ganadores del concurso.

La concesión de espacio electromagnético administrado por el Estado a proyectos de difusión social tiene como antecedente en México al que actualmente lleva a cabo el Instituto Mexicano de la Radio, Imer, el cual expide una convocatoria para que las organizaciones de la sociedad civil concursen para programas que son transmitidos en distintos horarios de esta radio pública.

La convocatoria señala que el objetivo es “fomentar la participación ciudadana directa en la realización de contenidos para todas las emisoras del Imer y colaborar con la misión institucional de estimular el conocimiento, la comprensión y el análisis en alguna de la áreas temáticas.”

El Imer fue creado por decreto presidencial publicado en el Diario oficial de la Federación el 25 de marzo de 1983, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de operar de manera integrada las diversas entidades relacionadas con la actividad radiofónica pertenecientes al poder Ejecutivo federal.

Entre las bases para concursar por estos tiempos destacan las siguientes:

a) Título tentativo del proyecto.

b) Tema y subtema que se abordará en el proyecto y objetivo.

c) Responsable del proyecto. Se deberá especificar el nombre del proponente, organización o institución, participante así como los datos curriculares correspondientes a los de y los del contacto. En caso de ser organización o institución se deberá indicar el nombre a quien funge como responsable de proyecto e incluir igualmente su currículum.

d) Desarrollo sintético de los programas que componen el proyecto que serán parte de hasta trece emisiones.

De acuerdo con datos del Imer los proyectos ganadores del concurso 2012 fueron:

• El reino de los objetos

• Zoona veterinaria

• Antropodanza Tribu a la hora de las cuentas

• Bienestas minuto a minuto

• Negocios en plenitud

• Pulso terrestre

• Rock and read

• Viernes de nortec.

La anterior experiencia que ha sido sumamente exitosa, y es intención de esta iniciativa llevar a cabo la apertura de espacios a disposición de la sociedad, de tal manera que se propone reformar y adicionar diversos artículos del Reglamento del Canal del Congreso de los Estado Unidos Mexicanos.

Este proyecto legislativo contribuirá a convertir al Congreso en una más cercana representación nacional que integra la voz de la gente en el seno de sus órganos de difusión. Asimismo, las y los legisladores escucharán y verán cotidianamente el curso actual de los temas legislativos, con una visión social que contribuirá a que las reformas cuenten con mayor vigencia de hechos.

Todo lo anterior lo podemos apreciar en el siguiente cuadro comparativo.

En virtud de lo fundado y sustentado se somete a la consideración de esta Soberanía, con fundamentos en los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona el inicio j) al artículo 2, el numeral 4 al artículo 3, el inciso k) al artículo 5, los incisos q) y r) al artículo 14, y el inciso g) al artículo 27 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

a)- i)...; y

j) Programas concesionados para la difusión de proyectos de interés social. Es aquel que cumple con las bases de las convocatorias que emita la comisión y que propone y desarrollaran organizaciones de la sociedad civil hasta por un años a través del Canal de Televisión del Canal del Congreso.

Artículo 3. ...

1-3...

4. El Canal además de lo anterior, será un espacio de difusión para las organizaciones de la sociedad civil que propongan temáticas vinculadas al quehacer legislativo.

Artículo 5. ...

a) - j)...; y

k) Concursar tiempos para las organizaciones sociales civiles para la difusión de temas vinculadas al quehacer legislativo.

Artículo 14....

a) - p)...;

q) Emitir anualmente la convocatoria para proyectos sociales de difusión que atiendan asuntos de interés público y que a su vez se vinculen al quehacer legislativo; y

r) Designar tiempos dentro de la programación para proyectos de difusión social ganadores de la convocatoria emitida.

Artículo 27....

a) - f) ...

g) Opinar con respecto a los proyectos sociales de difusión, a fin de que la Comisión determine a los proyectos ganadores.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Tomado de la página web http://www.cmhaldf.gob.mx/Transparencia/Pdfs/Art5/ensayo7.pdf?2 página 18.

2 Extraído del dictamen que reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD.

3 Extraído de la pág. electrónica http://www.ipu.org/pdf/publications/democracy_sp.pdf página 4.

4 Extraído del a página electrónica http://www.imer.gob.mx/

Dado en la sede de la honorable Comisión Permanente, a 22 de enero de 2014.— Diputadas: Alliet Mariana Bautista Bravo, Graciela Saldaña Fraire  (rúbricas).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrada su intervención. En cuanto a su iniciativa, túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para su dictamen correspondiente.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Cantú Garza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Con la venia de la Presidencia. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y protege los derechos humanos, así como diversas garantías, dentro de las cuales se encuentran las de seguridad jurídica y seguridad social. Por tanto, la seguridad jurídica parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de disposiciones constitucionales y legales, que a un tiempo definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar y de la aplicación del orden jurídico a los gobernados para que sea eficaz.

La existencia de esta seguridad no solo implica un deber para las autoridades del Estado. Si bien estas deben abstenerse de vulnerar los derechos de los gobernados, estos no deben olvidar que también se encuentran sujetos a lo dispuesto en la Carta Magna y las leyes. Es decir, que pueden y deben ejercer su libertad con la idea de que podría restringirse en beneficio del orden social.

El artículo 251 de la ley establece que el derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios a recibir los recursos de su cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente ley, prescribe en favor del instituto a los 10 años de que sean exigibles.

En este sentido, dicho numeral 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado resulta inconstitucional, en razón de que viola las garantías de seguridad jurídica y seguridad social constitucionales establecidas en los artículos 14, 16 y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que al momento de redactar el artículo que hoy se propone, el legislador omitió señalar desde cuando empieza a contar el término de la prescripción a que alude el citado precepto 251.

En ese contexto, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado mediante jurisprudencia la inconstitucionalidad del artículo en estudio, en tal virtud la declaración de inconstitucional del artículo 251 de la Ley del ISSSTE por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo amparó y protegió a quienes acudieron al juicio de amparo, por lo que quienes se sientan agraviados o lesionados por el artículo en comento deberán de instar nuevamente para solicitar la protección de la justicia federal mediante el juicio de amparo, a efecto de que otra vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga la declaración de inconstitucionalidad y ahora sí se haga la declaratoria de invalidez, de conformidad con el artículo 107, fracción II, de la Carta Magna.

Por tal motivo, se propone la reforma al artículo 251 de la Ley del ISSSTE, a efecto de establecer que el término de la prescripción a favor del instituto comenzará a correr a partir de que se haga la notificación personal al trabajador o sus beneficiarios, a efecto de que no vulnere la garantía de seguridad jurídica y seguridad social que rige en nuestro derecho.

Lo anterior, en razón de que con la notificación personal se hará saber al trabajador o sus beneficiarios la existencia de un derecho que tiene a su favor y la posibilidad legal que tiene de ejercitarlo. De tal suerte que esta figura jurídica ha sido considerada como una de las más importantes del proceso.

Tan es así, que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables constituye la violación constitucional de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales de un procedimiento, en este caso administrativo. Termino, presidenta.

Lo anterior significa la fijación de un término, el encuadre en el tiempo para que la persona notificada cumpla una actividad o manifieste su voluntad ante el órgano jurisdiccional que resuelve el acto de emplazamiento.

Con base en lo anterior expuesto, someto a su consideración, a solicitud de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, la presente iniciativa. Es cuanto, senadora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, así como por los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77,  numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ello al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce y protege los derechos humanos así como diversas garantías, dentro de las cuales se encuentran las de seguridad jurídica y seguridad social.

La palabra seguridad deriva del latín securita. – atis,que significa la “cualidad de seguro” o “certeza”, y seguridad jurídica es la “cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación...”

Así que la seguridad  jurídica es “certeza que debe tener el gobernado de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad; si ésta decide afectarlos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias”.

Por tanto, la seguridad jurídica  parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de disposiciones constitucionales y legales que, a un tiempo definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar y que la aplicación del orden jurídico a los gobernados será eficaz.

La existencia de esta seguridad no sólo implica un deber para las autoridades del Estado; si bien estás deben abstenerse de vulnerar os derechos de los gobernados, éstos no deben olvidar que también se encuentran  sujetos a los dispuesto por la Carta Magna y las leyes, es decir, que pueden y deben ejercer su libertad con la idea de que podría restringirse en beneficio del orden social.

Las garantías de seguridad jurídica son derechos públicos subjetivos en favor de los gobernados, que pueden oponerse a los órganos estatales para exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la emisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, para que éstos no caigan en la indefensión o la incertidumbre jurídica, lo que hace la pervivencia de condiciones de igualdad y libertad para todos los sujetos de derechos y obligaciones.

De la definición anterior podemos esbozar diferentes elementos, como los siguientes:

1. Derechos Públicos subjetivos en favor de los gobernados. Son derechos públicos porque pueden hacerse valer ante sujetos pasivos públicos, es decir, el Estado y sus autoridades; y subjetivos, porque entrañan una facultad derivada de la norma.

2. Oponibles a los órganos estatales. Significa que el respeto a este conjunto de garantías puede reclamarse al Estado.

3. Requisitos previos a la comisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos. Los requisitos están previos en la Constitución y las leyes secundarias; si el Estado comete actos donde tales requisitos no se hayan cubierto, la seguridad jurídica de los gobernados será afectada.

4. No caer en estado de indefensión o incertidumbre jurídica. La importancia de las garantías de seguridad jurídica radica en que se erigen como baluartes del acceso efectivo a la justicia, al que tienen pleno derecho los individuos de toda sociedad libre y democrática, donde el Estado no subordina a sus intereses la estabilidad social que demanda la subsistencia del derecho.

5. Pervivencia de condiciones de igualdad y libertad para todos los sujetos de derechos y obligaciones. Mientras la conducta del Estado para con los particulares no desborde el marco de la libertad e igualdad que la Constitución asegura mediante las garantías individuales, es de esperar que la situación igualitaria y de libertad de los gobernados no degenere en condiciones de desigualdad que entrañen caos social. De lo anterior se desprende que la importancia de las garantías de seguridad jurídica es fundamental, pues de ellas depende el sostenimiento del Estado de derecho.

Las garantías de seguridad jurídica son otorgadas en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido su relevancia en la jurisprudencia número 1ª./J.39/99, emitida por la Primera Sala, al establecer:

...las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión...

Por otro lado, las garantías de seguridad social han sido definidas como la organización estatal que se ocupa de atender determinadas necesidades económicas y sanitarias de los ciudadanos, o bien, como el campo de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, vejez o discapacidades.

Así la seguridad social, debe ser entendida, desde su definición gramatical de seguridad, quiere decir fianza u obligación de indemnidad a favor de uno regularmente en materia de intereses. Si tenemos en cuenta que indemnidades tanto como propiedad, estado o situación del que está libre de padecer daño o perjuicio, con ello tenemos una definición bien clara y precisa de lo que es la seguridad social.

En ese contexto el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado, establece:

El derecho del Trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de su Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente Ley, prescribe en favor del Instituto a los diez años de que sean exigibles.

Como lo podrá advertir esta Dictaminadora, al momento de redactar el artículo en mención se omitió establecer a partir de cuándo comenzará a correr el término de la prescripción, lo que trae consigo la incertidumbre jurídica.

La incertidumbre es el estado Falta de certidumbre, duda, perplejidad, vacilación, indecisión, inseguridad, irresolución, hesitación. La incertidumbre tiene lugar cuando razones contrarias solicitan el ascenso del entendimiento, cuando este existe acompañado del temor de errar, o cuando se acepta como cosa puramente provisional. Si las razones en pro y en contra se equilibran, el estado es de duda; si unas pesan más que otras, se origina la opinión. La incertidumbre es sinónimo de una indeterminación.

En ese contexto la incertidumbre jurídica es el estado en el cual el gobernado tiene la sensación de hallarse desprotegido ante los actos de Autoridad, es decir, encontrarse de un estado de inseguridad jurídica, por ello que en la Carta Magna se establecieron reglas mínimas para que los órganos del Estado deberán de cumplir en la emisión de sus actos, siendo los genéricos, que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho” y que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Con este tipo de disposiciones a complementadas con la de seguridad social contemplada en el artículo 123, apartado B, fracción XI, que establece:

La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a)Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b)En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c)Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d)Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

e)Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f)Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.

En ese sentido dicho numeral 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resulta inconstitucional, en razón de que viola las garantías de seguridad jurídica y seguridad social constitucional, establecidas en los artículos 14, 16 y 123, apartado B, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que, al momento de redactar el artículo que hoy se propone su reforma, el legislador omitió señalar desde cuándo empieza a correr el término de  la prescripción a que alude el citado precepto 251.

Por lo que en ese sentido, el Poder Judicial de la Federación, a través del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha declarado la inconstitucionalidad del mencionado artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ello mediante la jurisprudencia visible en la novena época, Registro: 165969, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Materia(s): Constitucional y Laboral, Tesis: P./J. 158/2008, Página: 15 y con el rubro siguiente “ISSSTE. El artículo 251 de la ley relativa, al establecer un plazo de diez años para la prescripción del derecho a recibir los recursos de la cuenta individual del trabajador sin precisar el momento de su inicio, es violatorio de las garantías de seguridad y certeza jurídica y seguridad social (legislación vigente a partir del 1o. de abril de 2007)”.

Asimismo la Jurisprudencia en mención, tuvo el texto siguiente:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes ha reconocido que los principios de seguridad y certeza jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, generan certidumbre a sus destinatarios sobre las consecuencias jurídicas de su conducta al ubicarse en cualquier hipótesis que contemple la norma, por lo que, cuando se confiere alguna facultad a una autoridad, estas garantías se cumplen, cuando acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal que se impida a la autoridad aplicadora actuar de manera arbitraria o caprichosa. Por su parte, el sistema de cuentas individuales contenido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene como fin brindar certeza jurídica al trabajador sobre los recursos que pagarán su pensión, ya que la cuenta individual es de su propiedad; también se establecen distintas modalidades para que los asegurados puedan retirar los recursos de dicha cuenta individual; sin embargo, el artículo 251 prevé que el derecho a disponer de los mismos prescribirá a favor del Instituto en un plazo de 10 años a partir “de que sean exigibles”, contraviniendo los mencionados principios de seguridad y certeza jurídica, al no señalar con precisión el momento en que comenzará a contar dicho plazo prescriptivo, aunado a que no prevé que se dé oportunamente algún aviso al asegurado o a sus beneficiarios, a efecto de evitar que opere la prescripción de su derecho a disponer de los recursos de su cuenta individual, lo que evidencia la incertidumbre jurídica sobre el particular y la violación a la garantía de seguridad social que consagra el artículo 123, Apartado B, fracción XI, constitucional, al privar a los trabajadores de disponer en su momento de los recursos acumulados en la referida cuenta para contar con una pensión, máxime que el derecho a ésta es imprescriptible.

Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa Sandoval Rodríguez y coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 218/2008. José Luis Olivares Cervantes y coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen de la Torre Mendoza y coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso Fragoso y coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Salinas y coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 158/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de septiembre de dos mil ocho.

En ese contexto, y si bien es cierto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declarado, mediante jurisprudencia, la inconstitucionalidad del artículo en estudio, no se debe pasar por alto que dicha jurisprudencia fue aprobada por el Pleno en la sesión del treinta (30) de septiembre de dos mil ocho (2008), es decir que, cuando se declaró la misma se encontraba vigente en el Derecho Mexicano, la llamada “formula Otero”, que no es otra cosa, que los efectos declarativos, tanto de la jurisprudencia como del Amparo, sólo protegían a las personas que hubiesen acudido al juicio de garantías sin hacer una declaración de invalidez de la norma que hubiese sido declarada inconstitucional.

En ese sentido, y en el año 2008, aún se encontraba vigente el abrogado artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la letra decía:

Artículo 107.Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

I. (...)

II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Por su parte, la abrogada Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Cuarto, Capítulo único, establecía lo siguiente:

Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas.

También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.

Artículo 193. La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado.

Artículo 193 Bis. (Se deroga).

Artículo 194. La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho ministros, si se trata de la sustentada por el pleno; por cuatro, si es de una sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito.

En todo caso, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las cuales se referirán a las que se tuvieron en consideración para establecer la jurisprudencia relativa.

Para la modificación de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas establecidas por esta ley, para su formación.

Artículo 194-Bis. (Se deroga).

Artículo 195. En los casos previstos por los artículos 192 y 193, el Pleno, la Sala o el Tribunal Colegiado respectivo deberán:

I.Aprobar el texto y rubro de la tesis jurisprudencial y numerarla de manera progresiva, por cada uno de los citados órganos jurisdiccionales;

II.Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de su integración, al Semanario Judicial de la Federación, para su publicación inmediata;

III.Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del mismo término a que se refiere la fracción inmediata anterior, al Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que no hubiesen intervenido en su integración; y

IV.Conservar un archivo, para consulta pública, que contenga todas las tesis jurisprudenciales integradas por cada uno de los citados órganos jurisdiccionales y las que hubiesen recibido de los demás.

El Semanario Judicial de la Federación deberá publicar mensualmente, en una gaceta especial, las tesis jurisprudenciales que reciba del Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicación que será editada y distribuida en forma eficiente para facilitar el conocimiento de su contenido.

Las publicaciones a que este artículo se refiere, se harán sin perjuicio de que se realicen las publicaciones mencionadas en el artículo 197-B.

Artículo 195-Bis. (Se deroga).

Artículo 196. Cuando las partes invoquen en el juicio de amparo la jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo harán por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro y tesis de aquélla.

Si cualquiera de las partes invoca ante un Tribunal Colegiado de Circuito la jurisprudencia establecida por otro, el tribunal del conocimiento deberá:

I.Verificar la existencia de la tesis jurisprudencial invocada;

II.Cerciorarse de la aplicabilidad de la tesis jurisprudencial invocada, al caso concreto en estudio; y

III.Adoptar dicha tesis jurisprudencial en su resolución, o resolver expresando las razones por las cuales considera que no debe confirmarse el criterio sostenido en la referida tesis jurisprudencial.

En la última hipótesis de la fracción III del presente artículo, el tribunal de conocimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva sobre la contradicción.

Artículo 197. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas Salas o los ministros que las integren, el Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que debe observarse. El Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

El Pleno de la Suprema Corte deberá dictar la resolución correspondiente dentro del término de tres meses, y deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.

Las salas de la Suprema Corte de Justicia y los ministros que las integren, los Tribunales Colegiados de Circuito y los magistrados que los integren, y el Procurador General de la República, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.

Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.

Artículo 197-B. Las ejecutorias de amparo y los votos particulares de los ministros y de los magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, que con ello se relacionen, se publicarán en el Semanario Judicial de la Federación, siempre que se trate de las necesarias para constituir jurisprudencia o para contrariarla, además de la publicación prevista por el artículo 195 de esta ley. Igualmente se publicarán las ejecutorias que la Corte funcionando en Pleno, las Salas o los citados Tribunales, acuerden expresamente.

De lo anterior se puede advertir, que tampoco la abrogada Ley de Amparo, contempla que, la declaración de inconstitucionalidad de la norma, derogada u abrogara la misma, sino que simplemente de restringía a proteger y amparar a los acciones del juicio de garantías sin que dicha protección tuviese efecto erga omnes.

En ese sentido, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 251 de la  Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por parte de la Suprema Corte de Justicia  de la Nación, sólo amparó y protegió a quienes acudieron al Juicio de Amparo, nada más, por lo que, quienes se sientan agraviados o lesionados por el artículo en comento, deberán de  instar nuevamente para solicitar la protección de la justicia federal mediante el juicio de Amparo a efecto de que, otra vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haga la declaración de inconstitucionalidad y ahora sí,  se haga la declaratoria de invalidez, de conformidad con el vigente artículo 107, fracción II de la Carta Magna, que establece:

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I.(...)

II.Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

(...)

Por tal motivo, se propone la reforma al artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de establecer que el término de la prescripción a favor del Instituto comenzara a correr a partir de que se haga la notificación personal al trabajador o sus beneficiarios, a efecto de no vulnerar la garantía de seguridad jurídica y seguridad social que rige en nuestro derecho.

Lo anterior, en razón de que con la notificación personal se hará saber al trabajador o sus beneficiarios la existencia de un derecho que tiene a su favor y la posibilidad legal que tiene de ejercitarlo; de tal suerte que esta figura jurídica, ha sido considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación constitucional de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales de un procedimiento, en este caso, administrativo.

También es oportuno precisar que la notificación constituye un medio de comunicación procesal por el que se llama a una persona o personas determinadas para que se presenten en un lugar, día y hora específicos, que se les señale para realizar alguna diligencia o tomar conocimiento de alguna resolución o reclamación susceptible de afectar sus intereses; así, al realizarse la notificación, necesariamente tienen que cumplirse las formalidades que den certidumbre jurídica de la realización del acto, por ello se requiere que sea de manera personal con el trabajador o sus beneficiarios.

Lo anterior es así en razón de que, en el derecho actual, en nuestros códigos de raigambre hispano-romana, resiste el embate de las reformas y de las ideas de simplicidad y celeridad en el proceso, el instituto de la notificación .Como se observará, es una específica forma de citación con plazo determinado y preclusivo, que se ubica principalmente al principio de todo proceso como acto que formaliza, en primer lugar, el conocimiento de un derecho, y en segundo, la facultad de su ejercicio o no.

Asimismo, es un acto complejo de comunicación, de plazo ,bajo apercibimiento conminatorio, de tal manera que pone al trabajador o sus beneficiarios, en la situación jurídica de comparecer o dejar de comparecer a hacer valido su Derecho  de recibir los recursos de su cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y en caso de que no lo haga, el mismo prescribirá a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Lo anterior significa la fijación de un término, el encuadre en el tiempo, para que la persona notificada, cumpla una actividad o manifieste su voluntad ante el órgano jurisdiccional que resuelve el acto de emplazamiento. Por lo que en esa guisa el notificado tiene la cargade comparecer, al ser citado en un término fijo y bajo apercibimiento de las consecuencias legales, en perjuicio de su derecho o de su interés de actuar, ello con la finalidad de que comparezca a ejercitar un derecho, ofrecer y desahogar pruebas, interponer medios de impugnación, asistir a las audiencias en las que pueda alegar, es decir, que pueda realizar todos los actos tendientes a la defensa de sus derechos.

Con base a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Artículo

Artículo Único. Se reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar así:

Artículo 250.(...)

Artículo 251.El derecho del Trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de su Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente Ley, prescribe en favor del Instituto a los diez años de que sean exigibles, una vez que el Instituto haya realizado la notificación personal correspondiente al trabajador o sus beneficiarios sobre la exigibilidad de este Derecho.

Transitorios X

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Real Academia Española, página de internet: http://lema.rae. es/drae/?val=seguridad

2 Poder Judicial de la Federación, Colección Garantías Individuales, segunda edición, México, D.F., 2007, pp. 11-12.

3 Tesis 1ª./J.39/99, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo IX, mayo de 1999, p. 285.

4 Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales contemplan parte de la garantía de seguridad jurídica.

En México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de enero de dos mil catorce.—Diputado María del Carmen Martínez Santillán, (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Ricardo Cantú. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para el dictamen correspondiente.

MESA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS TEMAS DEL TLCAN

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con punto de acuerdo de la Primera Comisión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se autoriza.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno federal a instalar una mesa de trabajo con las Cámaras del Congreso de la Unión para analizar los temas del TLCAN

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a instalar una mesa de trabajo con las Cámaras del Congreso de la Unión para analizar los temas del TLCAN, suscrita por las diputadas Yesenia Nolasco Ramírez y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 15  de enero de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

A. En la proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Que con las reformas planteadas por el ejecutivo en materia de energéticos (que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), se trastocan los derechos que se promovieron en el anexo anteriormente citado (Anexo 602.3: (2) Reservas y disposiciones especiales del TLCAN) y que se hicieron para preservar la propiedad originaria de la nación sobre estos bienes, así como su explotación exclusiva por parte del estado.”

B. Enseguida, la proponente refiere una serie de consideraciones en las que basa su petición:

“Que es necesario revisar a detalle el Anexo 602.3 del TLCAN correspondientes al capítulo VI de Energía y Petroquímica básica, en las que se reserva la inversión y la prestación de servicios, entre ellas el petróleo, gas natural.

Que el artículo 602 del TLCAN señala que “Son materia de este capítulo las medidas relacionadas con los bienes energéticos y petroquímicos básicos que se originan en territorio de las Partes, y las medidas relacionadas con la inversión y con el comercio transfronterizo de servicios vinculados a dichos bienes, tal como se establece en este capítulo”.

C. Concluye la proponente al señalar que:

“Que según lo establecido en el TLCAN, de no estudiarse a detalle las implicaciones de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, se pone al país en una línea de altos riesgos e implicaciones, pues las empresas que busquen invertir en nuestro país con facilidad podrán apegarse a los criterios establecidos en el capitulado XI del tratado.

Que se tiene previsto por el gobierno federal una reunión denominada Cumbre de Líderes de América del Norte, en el primer trimestre de este 2014, en el cual se profundizara la ampliación de una agenda que permita una mayor participación y apertura de los mercados, entre ellos está incluido el sector energético.”

D. Abunda la proponente en detallar y resaltar algunos comentarios sobre lo anterior y formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Primero. “La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, instale una mesa de trabajo con representantes de las Cámaras de Senadores y Diputados, con el objetivo de analizar los temas referentes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a tratarse en la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte a celebrarse este año 2014.”

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, haga de conocimiento de esta soberanía los agregados que se pretenden tratar en la reunión de Líderes de América del Norte, en particular lo referente al sector energético.

III. Consideraciones

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y en cuanto al primer punto resolutivo, coincide con la preocupación y motivación del proponente, considerando conveniente y procedente que, a través de representantes de la Cámara de Diputados y Senadores,  el Congreso de la Unión participe en la elaboración de los temas referentes al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a tratarse en la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte a celebrarse en el presente año.

D. Por lo que hace al segundo resolutivo, la Comisión Dictaminadora considera oportuno que la Comisión Permanente conozca los agregados que se pretenden tratar en la reunión antes mencionada.

Cabe señalar que conforme a lo establecido en el Capítulo XXII Disposiciones Finales, artículo 2202. Enmiendas, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las partes podrán modificar o adicionar el texto del tratado a través de las enmiendas y dichas modificaciones formarán parte integral del tratado.

“Artículo 2202. Enmiendas

1. Las Partes podrán convenir cualquier modificación o adición a este Tratado.

2. Las modificaciones y adiciones acordadas y que se aprueben según los procedimientos jurídicos correspondientes de cada Parte, constituirán parte integral del Tratado.”

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, instale una mesa de trabajo con representantes de las Cámaras de Senadores y Diputados, con el objetivo de analizar los temas referentes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a tratarse en la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte a celebrarse este año 2014.

Segundo.La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, haga de conocimiento de esta soberanía los agregados que se pretenden tratar en la reunión de Líderes de América del Norte, en particular lo referente al sector energético.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2014.

La Primera Comisión,diputado: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa (rúbrica), diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lizbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, diputada María Teresa Jiménez Esquivel, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica), senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

INFORMACION ESTADISTICA SOBRE LAS MUJERES QUE TRABAJAN EN EL SECTOR AGRARIO NACIONAL

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el cual se solicita al Inegi que elabore y difunda información estadística sobre las mujeres que trabajan en el sector agrario nacional

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al INEGI que elabore y difunda información estadística sobre las trabajadoras del sector agrario nacional, suscrita por la senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 15 de enero de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

A. En la proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

En 2002, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) junto con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Reforma Agraria (ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu) y la Procuraduría Agraria, publicaron el estudio “Las Mujeres en el México Rural”, el cual tenía como objetivo proporcionar información estadística sobre la situación social, demográfica y económica de las mujeres que habitaban en el medio rural.

Al respecto, el estudio señaló que derivado del Censo de Población y Vivienda 2000, la población rural ascendió a 24 millones 605 mil 403 habitantes, de los cuales el 50.4 por ciento (12.4 millones) eran mujeres y el restante 49.6 por ciento (12.2 millones) hombres. Específicamente, la población femenina rural, 12 millones 391 mil 803 mujeres, significó el 24.8 por ciento de la población nacional femenina y el 12.7 por ciento de la población total nacional.

Asimismo, detalló que las mujeres por grupo de edad se encontraban dentro los siguientes rangos, el 38.9 por ciento de 0 a 14 años de edad, 27 por ciento 15 a 29 años de edad, el 16.3 por ciento de 30 a 44 años, el 9.8 por ciento de 45 a 59 años de edad, y el restante 8 por ciento rebasaban los 60 años de edad.

Además, las estadísticas proporcionadas en tal documento demostraron que el 92 por ciento de las mujeres en el medio rural participan en la generación de bienes y servicios en beneficio del hogar, de las cuales invirtieron en promedio poco más de 26 horas por semana para la limpieza de la casa en comparación con las 4 horas en promedio por semana que invirtieron para actividades rurales, éstas últimas para acarrear agua, recolectar leña, crianza de animales y parcelas.

En lo que respecta a la percepción de ingresos, la información estadística señaló que 3 de cada 5 eran hombres y las restantes 2 fueron mujeres, asimismo, la mayor percepción en términos monetarios fue hacia los hombres, en razón de que 3 de cada 4 pesos fueron percibidos por los hombres y el restante peso fue hacia la mujer.

Lo anterior evidenció que las mujeres rurales están estrechamente vinculadas al trabajo propio del hogar y en una menor medida en la generación de valor agregado al sector agrario, escenario vulnerable para que la mujer rural participe en la deliberación y toma de decisiones en el seno familiar producto de su debilidad en la generación de ingresos familiares.

Aunado a ello, las estadísticas proporcionadas en dicho estudio, demostraron y manifestaron diferencias significativas en la forma de gastar los ingresos por parte de jefas de familia rurales respecto a los jefes de familia rurales. En el primer caso, las jefas de familia rurales destinan mayores ingresos en la compra de bienes para consumo, 43.3 por ciento, y gastos de vivienda, 7.3 por ciento, en cambio los jefes de familia rurales erogan el 40.9 por ciento de sus ingresos para la compra de alimentos y el 6.6 por ciento en gastos de vivienda; en el segundo caso, los jefes de familia erogan el 8.3 por ciento de sus ingresos para educación y esparcimiento en comparación con el 6.8 por ciento de los egresos que destinan las jefas de familia rurales para ese rubro.1

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la resolución 62/136, relativa al mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales, en la cual se estableció en declarar que el 15 de octubre de cada año se celebre y conmemore en los estados miembros de dicha organización el “Día Internacional de las Mujeres Rurales”, asimismo, se les exhortó a los estados miembros a diseñar, impulsar y ejecutar políticas y programas públicos para fortalecer y mejorar la situación de las mujeres rurales con el fin de empoderarlas y resarcir su entorno vulnerable, todo ello bajo los lineamientos establecidos por la Convención sobre la Eliminación en todas las formas de Discriminación contra la Mujer.2

Bajo ese contexto, el Estado Mexicano conmemoró por primera ocasión dicha fecha en 2008, en la cual reconoció la función y contribución que hacen estas mujeres rurales para la promoción del desarrollo agrícola y rural a nivel nacional, además, de que ellas han permitido mejorar la seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza en sus núcleos agrarios.3

En marzo de 2011, el INEGI, publicó las estadísticas definitivas del Censo de Población y Vivienda 2010, en ellas se menciona una población total de 112 millones 336 mil 538 personas, de los cuales 26 millones 49 mil 128 habitantes son población rural, y de éste subtotal, 13 millones 140 mil 437 personas son del sexo femenino, es decir, el 11.7 por ciento de la población total a nivel nacional y el 50.4 por ciento de la población rural.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, 15 de octubre de 2013, la Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población –CONAPO- emitieron un comunicado de prensa para conmemorar tal día, en el cual se aluden diversas estadísticas en la materia. Al respecto, se señala a grandes rasgos que en el país hay 13.8 millones de mujeres rurales, quienes del rango de 5 años a más, el 83.7 por ciento de las mujeres agrarias saben leer y escribir; asimismo, que el 59.3 por ciento de las mujeres agrarias de 14 años y más, realizan predominantemente actividades vinculadas al quehacer doméstico, además, que del rango de 14 años y más, solamente el 16.9 por ciento de éstas no perciben pago alguno de su trabajo respecto al 6.5 por ciento de las mujeres urbanas.

La información estadística generada y difundida por diversos medios electrónicos sobre la situación sociodemográfica que viven las mujeres rurales en el país, no ha sido de gran profundidad, es decir, no se posee información estadística actualizada y precisa sobre ese sector, si se compara con el estudio estadístico que elaboró el INEGI en 2002, Las Mujeres en el México Rural, que tuvo como finalidad difundir información estadística de corte transversal para conocer dicho sector y a partir de él se generaran acciones política pública para contrarrestar su entorno vulnerable respecto a los hombres rurales y mujeres urbanas, que no se concretó.

Contar con información estadística actualizada sobre la situación económica, demográfica, social y política de la mujer rural en México, permitirá conocer su entorno en el que se desenvuelven socialmente, al mismo tiempo, la información estadística actualizada tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de este sector en específico de la población. Los tres órdenes de gobierno tendrán un diagnóstico puntual para diseñar, instrumentar y evaluar políticas públicas encaminadas a eliminar y erradicar las desigualdades socioeconómicas que existen entre las mujeres que viven en el medio rural y urbano, pero sobre todo con los hombres de su mismo sector, con el fin último de tutelar y salvaguardar el derecho humano de igualdad entre el hombre y la mujer, el cual está consagrado en los artículos 4o. de la Constitución Política; 1o. y 2o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2o., 3o. y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1o. y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo exhortar de manera respetuosa al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que en ejercicio de sus facultades señaladas en la Constitución Política y en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, como organismo público autónomo y coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía; elabore, genere, procese, difunda y promueva para uso oficial, estadísticas e indicadores relativos a la población femenina que labora y vive en el sector agrario nacional.

B. Por todo lo anterior se formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las diputadas y diputados integrantes de las Legislaturas de los Congresos Estatales para que a la brevedad sometan a su consideración las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción respectivamente, enviadas por el Congreso de la Unión y evitar una merma procesal constitucional en los términos y plazos perentorios previstos por dichas reformas constitucionales para el adecuado funcionamiento de las figuras de recién creación, que a su entrada en vigor trae aparejada el funcionamiento de sistema político-electoral por un lado, así como la procuración de justicia y la investigación del órgano de anticorrupción por el otro, los cuales revisten la mayor importancia del país.

III. Consideraciones

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, en ese sentido hace las siguientes observaciones.

El Inegi está fundado en el artículo 26, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el Estado Mexicano contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, el cual captará, generará, procesará y publicará información estadística para uso de los tres órdenes de gobierno y uso oficial. La información que generé el sistema se regirá bajo los principios de accesibilidad de la información, transparencia, objetividad e independencia, además, este sistema estará a cargo de un organismo público con autonomía técnica y de gestión con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía establece que:

Artículo 3. El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.

Serán principios rectores del Sistema los de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.

Artículo 4. El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tendrá como objetivos:

I. Producir Información;

II. Difundir oportunamente la Información a través de mecanismos que faciliten su consulta;

III. Promover el conocimiento y uso de la Información, y

IV. Conservar la Información.

Esta comisión dictaminadora considera pertinente la proposición objeto de este dictamen, tomando en cuenta que el tener información específica y verdadera permite establecer programas y acciones encaminadas a resolver las problemáticas que se presentan en determinados sectores de la población.

Esta comisión expresa que el sector agrario es uno de los más afectados económicamente de nuestro país, y que es pertinente tener datos que reflejen el desarrollo de los distintos programas gubernamentales para poder determinar su eficacia y de esa forma adecuar las acciones correspondientes, como es la cruzada nacional sin hambre que encabeza el Ejecutivo Nacional.

La dictaminadora comparte la necesidad de tener datos específicos por género, dado que las necesidades, situaciones y problemáticas pueden ser muy distintos aún viviendo en la misma comunidad o laborando en el mismo sector productivo.

Esta información estadística permitirá conocer la situación social, demográfica, política y económica de las mujeres agrarias y contribuirá en el diseño de políticas y programas presupuestarios dirigidos a contrarrestar la situación vulnerable que viven en este sector respecto a los hombres agrarios y mujeres que residen en las grandes urbes del país.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, elabore, genere, difunda y promueva indicadores estadísticos sobre la situación social, demográfica y económica de las mujeres rurales que laboran y vivan en el sector agrario nacional.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2014.

La Primera Comisión,diputado: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa (rúbrica), diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lizbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, diputada María Teresa Jiménez Esquivel, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica), senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

La senadora Lorena Cuéllar Cisneros (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Sonido por favor a la senadora Cuellar. ¿Con qué objeto, senadora?

La senadora Lorena Cuellar Cisneros (desde la curul): En el punto número 1, si me apunta por favor.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Sí, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Perdón, con anterioridad habíamos reservado también el referente en donde se solicita el indulto a la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: ¿Marcado con el número 3?

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Es correcto.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias.

El senador David Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta, para que me registre en el punto 4, de propaganda gubernamental, para fijar posicionamiento del grupo parlamentario.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo el listado con el número 4, separado por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Someta a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo relativos al numeral 2 y el 5.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo no reservados. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

PERSONAL QUE ATIENDE A VICTIMAS DE DELITOS COMETIDOS CONTRA NIÑAS Y MUJERES

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el cual se solicita a la PGR que informe sobre las acciones emprendidas para especializar al personal que atiende a víctimas de delitos de la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la PGR que informe de los servidores públicos bajo proceso que hayan retardado la procuración o administración de justicia en materia de feminicidio del 15 de junio de 2012 al 3 de enero de 2014”, suscrita por la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 8 de enero de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

A. En la proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Se solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República que informe de los servidores públicos bajo proceso a partir del 15 de junio de 2012 al 3 de enero de 2014 que hayan retardado la procuración o administración de justicia en materia de feminicidio de conformidad con lo establecido en el Código Penal Federal; y se le exhorta a enviar un informe de las acciones emprendidas para especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y, en general, al personal que atiende a víctimas de delitos para la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres.”

B. La proponente refiere como argumento de su propuesta:

En los últimos años, México ha avanzado en materia de atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; sin embargo, el tema no ha sido atendido de fondo. Se han generado sistemas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, pero no se les ha dado cabal cumplimiento.

El 14 de junio de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tipifica el delito de feminicidio y garantiza la investigación, persecución y sanción de los crímenes contra las mujeres, trata de personas, atención de las víctimas y reparación del daño, entre otros.

Entre las particularidades de la reforma, el artículo 325 del Código Penal Federal, sanciona a las autoridades que incurran en negligencia y entorpezcan la investigación de casos de feminicidio con penas de 3 a 8 años de cárcel, multas de 500 a mil 500 días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, encargo o comisión públicos por un periodo de 3 a 10 años.

El cumplimiento y seguimiento de este tipo de sanciones, particularmente en el caso de feminicidios, permitirían consolidar entre los operadores de justicia del país una cultura fundamentada en principios de igualdad real, no discriminación, probidad y transparencia en la función pública, así como de eficacia del sistema de justicia en el logro de su fin principal: la paz social.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diferentes fallos sobre la responsabilidad del Estado por incumplimiento del deber de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres ha puesto en evidencia que las conductas dolosas de jueces, policías y fiscales impiden una investigación eficiente de los delitos denunciados y, como consecuencia, se revictimiza a las víctimas en el propio aparato penal.

La CIDH, en la sentencia del caso Campo Algodonero, señala que la “ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir”.

Sin embargo, pese a que llevamos años reformando estas herramientas para lograr mayor respuesta de los servidores públicos en la manera de desempeñar sus labores, así como en la forma correcta de tratar a la sociedad, continuamos sabiendo del incumplimiento de estas leyes.

Este tipo de críticas solemos escucharlas en los distintos ámbitos de gobierno tanto para políticos como cualquier persona que tiene algún puesto en el gobierno y que busca aprovecharse del encargo que ejerce, en cualquier nivel; pero aún se escucha una mayor problemática del incumplimiento de los servidores públicos en materia de igualdad de género.

Se ha notado la evolución en el desarrollo de normas que definan y regulen las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos como un intento por tener mayor control del poder público. Sin embargo, faltan muchos rubros por atender de manera más concreta; tal es el caso de las faltas de servidores públicos en atención de crímenes cometidos contra las mujeres en materia de feminicidio.

La CIDH ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos en la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

Pese a que hay leyes claras en las que se insta a las distintas instituciones a tener programas de estudios para la especialización de servidoras y servidores públicos, responsables de la prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia de género, no se ha tenido claridad de las actividades que se están llevando a cabo para que efectivamente se les dé cumplimiento.

Las mujeres continúan siendo objetos de burla y víctimas de una mala atención, poniendo en duda la labor de las instituciones gubernamentales para la atención de la mujer, sobre todo cuando ya fue abusada o violentada, muy en especial a la institución del Ministerio Público.

La inutilidad en la supervisión de los programas pro mujeres, genera un reclamo sobre la mejor atención a las mujeres víctimas de violencia y un escepticismo marcado por parte de sociedad en materia de mecanismos, programas educativos y verdadera eficiencia para prevenir este tipo de actos por los servidores públicos.

La Procuraduría General de la República, como órgano encargado de investigar y perseguir los delitos del orden federal, tiene la responsabilidad de informar a la sociedad el número de servidores públicos que han incurrido en la materia; así como de las acciones emprendidas para especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y en general al personal que atiende a víctimas de delitos.

Nosotros como representantes del pueblo, tenemos la responsabilidad de dar seguimiento a la implantación de estas leyes; si queremos un cumplimiento cabal de lo que se propone en este pleno, es nuestro papel verificar su acatamiento íntegro, pues no basta modificar una ley: es necesario encargarnos de que efectivamente se aplique.

III. Consideraciones

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, pues las actitudes criminales contra el género femenino son del todo execrables y toda acción de política pública a favor de una cultura del respeto a la mujer resulta loable y positiva.

D. La propuesta contenida en la proposición es:

“Único. Se solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República que informe de los servidores públicos bajo proceso a partir del 15 de junio de 2012 al 3 de enero de 2014 que hayan retardado la procuración o administración de justicia en materia de feminicidio de conformidad con lo establecido en el Código Penal Federal; y se le exhorta a enviar un informe de las acciones emprendidas para especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y, en general, al personal que atiende a víctimas de delitos para la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres”.

E. Para efectos del dictamen podemos señalar que en el punto de acuerdo se realizan dos propuestas:

1. “...que la Procuraduría General de la República que informe de los servidores públicos bajo proceso a partir del 15 de junio de 2012 al 3 de enero de 2014 que hayan retardado la procuración o administración de justicia en materia de feminicidio de conformidad con lo establecido en el Código Penal Federal”; y

2. El exhorto a “enviar un informe de las acciones emprendidas para especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y, en general, al personal que atiende a víctimas de delitos para la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres”.

F. Por cuanto a la primera propuesta, pese al sano ánimo reivindicatorio contenido en ella, hay que recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula:

“Artículo 6

...

...

...

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Artículo 16. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece:

Artículo 14. También se considerará como información reservada:

I. y II. ...

III. Las averiguaciones previas;

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado;

V. y V. ...

Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

I. a V ...

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

En ese sentido, la información solicitada tendría una doble restricción legal, por un lado, en su carácter de averiguación previa, expediente judicial o procedimiento administrativo en curso; y por otro, respecto de un dato personal cuyo manejo requiere autorización, puesto que al revelar la información, la dependencia tendría que decir quiénes son las personas sujetas a investigación revelando sus nombres. Por lo anterior, esta representación considera improcedente acceder a lo pretenso.

G. Por cuanto al segundo punto, la doctrina moderna del derecho legislativo considera que el ciclo de construcción del derecho, no se agota con la publicación y entrada en vigor de la norma, sino que el legislador debe iniciar el nuevo ciclo de construcción de la siguiente evolución jurídica a partir del escrutinio y evaluación de la norma respecto de su aplicación, efectividad, interpretación y en suma, de la valoración de la norma en su confronta con la realidad que pretende cubrir.

Con base en lo anterior, esta representación considera pertinente la segunda parte de la petición formulada por la diputada Pantoja Hernández, por tanto, se considera procedente solicitar la información respecto de las acciones que debe realizar la procuraduría para capacitar y adiestrar a los integrantes de esa institución, en torno al feminicidio y trata de personas, de acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de junio de 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del cual se advierte la capacitación que deberá darse a personal de policía, justicia, salud y servicios sociales que los sensibilice; el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, entre otras disposiciones.

El citado decreto hace referencia a la capacitación en el artículo 70 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos que establece lo siguiente:

Artículo 70. Para mejor atender las necesidades de las víctimas de los delitos objeto de esta Ley, se proporcionará al personal de policía, justicia, salud, servicios sociales, capacitación que los sensibilice sobre dichas necesidades, así como directrices que garanticen que esta ayuda sea siempre especializada y oportuna.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, informe de las acciones emprendidas para especializar al personal que atiende a víctimas de delitos respecto de la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres de conformidad con lo establecido en el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2014.

La Primera Comisión,diputado: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa (rúbrica), diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lizbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, diputada María Teresa Jiménez Esquivel, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica), senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: En relación al punto de acuerdo marcado con el número 1, tiene el uso de la palabra la senadora Lorena Cuéllar.

La senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, quiero manifestarles mi completo apoyo a esta propuesta. Tenemos amplia coincidencia con la preocupación de la proponente, puesto que consideramos que toda acción de política pública a favor del respeto a los derechos de los niños y mujeres es loable y positiva.

Sabemos que en nuestro país hay serios problemas que atacan a ambos sectores. En el caso de los niños, son el sector que más padece la pobreza y vulnerabilidad social. Y con respecto a las mujeres, desafortunadamente tenemos una serie de problemas que tenemos que ir atacando paulatinamente con políticas e instrumentos que la fortalezcan.

Llama mi atención de manera especial ese dictamen, ya que como representante del estado de Tlaxcala debo manifestarles mi preocupación por los lacerantes problemas que vivimos en la entidad, especialmente en lo que respecta a la trata de personas. Una triste realidad que si bien se vive a lo largo del país, en Tlaxcala se ha convertido en un problema que atenta contra la dignidad de los ciudadanos y que desafortunadamente no se da una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales para atacar la problemática.

Por lo tanto, si bien como Poder Legislativo hemos llevado una amplia agenda de reformas en la materia, no tenemos la mejor respuesta por parte de las autoridades encargadas de ejercerla.

De ahí que me parece muy pertinente esta propuesta, especialmente el enfoque que conlleva el exhorto, ya que el artículo 70 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, señala como elemento fundamental para atender las necesidades de las víctimas de los delitos —objeto de dicha ley— la capacitación que sensibilice sobre el tema al personal de policía, justicia, salud y de servicios sociales. Es decir, la parte nodal y ejecutora de la política. Por su atención, gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senadora Cuéllar. No habiendo más oradores para este tema, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo en mención.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

INDULTO A FAVOR DE LA CIUDADANA ESPERANZA REYES AGUILLON

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a las Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y de Diputados que, en el ámbito de su competencia, pidan al titular del Poder Ejecutivo federal el indulto a favor de la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón, con fundamento en el artículo 97 Bis del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal que revise el expediente de la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón para que pueda otorgarse el indulto, suscrita por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 15 de enero de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

A. En la proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que revise el expediente de la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón, con el objeto de resolver el indulto interpuesto que le permita a la brevedad recuperar su libertad.”

B. Enseguida, la proponente refiere una serie de consideraciones en las que fundamenta su proposición con base en la información proporcionada por la Barra Mexicana de Abogados, el Colegio de Abogados y la Fundación Narra de México, dada a conocer en diversos medios de comunicación de circulación nacional y estatal, quienes han dado seguimiento y brindado apoyo a la señora Esperanza Reyes Aguillón, quien es una ama de San Luis Potosí:

1. En 2011, Esperanza compró una libreta y, sin saberlo, pagó con un billete falso de 100 pesos. La encargada del negocio se percató del hecho y llamó a la policía.

2. Esperanza fue detenida, puesta disposición de las autoridades federales y condenada a cumplir con una pena de 6 años de prisión.

3. Hoy, tres años después y tras cumplir la mitad de su condena, Esperanza Reyes Aguillón desde las Islas Marías solicitó, gracias al apoyo de diversas asociaciones de abogados, al Ejecutivo federal se le indulte, ya que sus hijos menores de edad quedaron abandonados y desprotegidos.

4. Cabe destacar, que de acuerdo a sus abogados, Esperanza tuvo una nula defensa por parte del abogado de oficio que le fue asignado, teniendo como único elemento para condenarla una “actitud sospechosa”, por lo que fue trasladada al penal de Tepic, Nayarit, y de ahí a las Islas Marías, quedando sin opción para apelar ante las autoridades.

5. En suma, no existieron elementos para determinar que Esperanza estuviera involucrada en la falsificación de moneda o en la colocación de ella en el flujo circulante, y tampoco se comprobó que tuviera conocimiento de que el billete era falso.

6. Es menester señalar que Esperanza Reyes Aguillón, no contó con la defensa puntual, efectiva y oportuna a la que por ley tenía derecho. Además es madre soltera, jefa de familia, de escasos recursos y no cuenta con estudios.

Afortunadamente, su caso fue tomado por diversas asociaciones de abogados, quienes se han encargado de su caso, encontrando como único recurso la interposición del Indulto Presidencial, figura recientemente aprobada por este Congreso.

C. Concluye la proponente al señalar que:

“El indulto presidencial es una medida excepcional que puede ejercer por decisión propia o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, expresando las razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada. Hechos de los cuales el Ejecutivo Federal, deberá cerciorarse así como de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.

Bajo el anterior orden de ideas y considerando los antecedentes del caso, es menester que esta Comisión Permanente se pronuncie al respecto y se solidarice con la C. Esperanza Reyes Aguillón, quien no sólo es nuestra representada sino se encuentra en estado de indefensión y suma vulnerabilidad. Al hacerlo, nos solidarizamos también con sus hijos, quienes son menores de edad y merecen ser protegidos en sus derechos y contar con las garantías suficientes que les permitan desarrollarse cabal y plenamente”.

D. Abunda la proponente en detallar y resaltar algunos comentarios sobre lo anterior y formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que revise el expediente de la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón, con el objeto de resolver el Indulto interpuesto que le permita a la brevedad recuperar su libertad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el ámbito de su competencia, gire las instrucciones necesarias a efecto de que la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón y sus hijos menores de edad gocen de la atención, asistencia y apoyo necesarios, a efecto de que puedan reiniciar una nueva vida en condiciones dignas y humanas”.

III. Consideraciones

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, considerando conveniente y procedente que el titular del Poder Ejecutivo Federal pueda revisar el caso de la señora Esperanza Reyes Aguillón, y en su caso otorgarle el indulto.

Cabe señalar que la señora Reyes fue trasladada del Penal de Islas Marias al Penal de la Pila en San Luis Potosí, como consecuencia de las gestiones realizadas por la Barra Mexicana de Abogados, el Colegio de Abogados, la Fundación Barra Mexicana y otros.

No obstante lo anterior, y con base en lo dispuesto por el artículo 97 Bis del Código Penal Federal, reformado por decreto del 30 de octubre del 2013, la Comisión Permanente no es competente para solicitar el indulto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por lo que propone modificar la proposición en comento a fin de que se solicite a las Mesas Directivas de las Cámara de Senadores y de Diputados para que en el ámbito de su competencia realicen la solicitud de indulto a favor de la señora Esperanza Reyes Aguillón.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de su competencia soliciten al titular del Poder Ejecutivo Federal, el indulto a favor de la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 Bis, del Código Penal Federal.

En el mismo tenor para el caso del ciudadano David Herrera Martínez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2014.

La Primera Comisión,diputado: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa (rúbrica), diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lizbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, diputada María Teresa Jiménez Esquivel, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica), senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene el uso de la palabra, en relación al punto de acuerdo marcado con el número 3, para su discusión, la diputada Beatriz Juárez Piña, hasta por cinco minutos.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su permiso, presidenta. Decirles en principio que para el Partido de la Revolución Democrática este punto de acuerdo que se ha presentado es de suma importancia.

Como es de su conocimiento este punto, que por cierto fue presentado por nuestra compañera diputada Celia Gauna, menciona en este punto que hace dos años la ciudadana Esperanza Reyes Aguijón acudió a una papelería a comprar un cuaderno para su hija y pagó con un billete de 100 pesos que resultó falso. La dueña de la papelería llamó a la policía que ahí mismo la detuvo y la puso a disposición de las autoridades federales.

El supuesto de actitud sospechosa que Esperanza mostró el momento de su detención fue motivo suficiente para condenarla, sumándose a ello la nula defensa del abogado de oficio que le asignaron, ante la imposibilidad de pagar un mejor abogado, y quizá más comprometido.

Sin ser informada, una noche la trasladaron a Tepic, Nayarit, y de ahí a las Islas Marías, donde quedó recluida. Y su caso resuelto de forma definitiva con una sentencia condenatoria de seis años de prisión y el pago de una multa de 56 pesos con 70 centavos. Lo que trajo consigo una violación a sus derechos fundamentales, como el derecho a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, establecido en el artículo 18, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esperanza, igual que muchas mujeres mexicanas, trabaja lavando platos en un restaurante para mantener a sus dos hijos, uno de siete y una niña de 10 años, a quienes también se les han violentado sus derechos humanos al haber sido privados del contacto con su madre desde ese tiempo, así como a gozar de su derecho a un desarrollo integral y a recibir alimentos, pues una vez que su madre fue procesada, los menores de edad han quedado en el abandono, ya que Esperanza es madre soltera.

Me parece que son suficientes los argumentos que hemos escuchado a través de los distintos medios de comunicación para sumarnos a este punto de acuerdo y también al clamor de distintas organizaciones de la sociedad civil y de distintos ciudadanos y ciudadanas que se han sumado ya a una campaña de recolecta de firmas en el país.

Pero lo que atiende mi intervención en este momento, es porque si bien es cierto que los dos resolutivos que presentó la diputada, uno argumenta que quien lo debe de solicitar no es la Comisión Permanente, sino que quienes lo tienen que hacer son las Mesas Directivas de cada Cámara de Diputados. Esto es, que lo hará la Cámara de Senadores, quien solicitará el indulto a partir de sus funciones y atribuciones, y que lo hará la Cámara de Diputados de igual forma.

Sin embargo, se omitió un segundo resolutivo que me parece trascendental, porque se han violado de manera sustancial los derechos de la niña y el niño, hijos de Esperanza Reyes, por lo que hago a este pleno la solicitud de que pudiéramos considerar el segundo resolutivo, que dice: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el ámbito de su competencia, gire las instrucciones necesarias a efecto de que la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón y sus hijos menores de edad gocen de la atención, asistencia y apoyos necesarios, a efecto de que puedan reiniciar una nueva vida en condiciones dignas y humanas.

Indulto ya para Esperanza Reyes. Pero también que se respeten los derechos de sus hijos, en este caso de su niño y de su niña. Es cuanto, presidenta.

«Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Estimado diputado: Los que abajo suscriben presentamos la siguiente reserva al punto de acuerdo por el que se solicita a las Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y de Diputados que, en el ámbito de su competencia, pidan al titular del Poder Ejecutivo federal el indulto a favor de la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón, con fundamento en el artículo 97 Bis del Código Penal Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.— Legisladores (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Juárez. No habiendo más oradores inscritos para este tema, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la modificación presentada por la diputada Juárez para modificar este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, le consulto a la asamblea si es de aprobarse la modificación presentada por la diputada Juárez.  Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado el punto de acuerdo con la modificación realizada por la diputada Juárez. Comuníquese.

LEGISLACION EN MATERIA DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada “Proposición con punto de acuerdo sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental”, suscrita por el senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

A. En la sesión del miércoles 8 de enero de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición enunciada en el proemio del presente.

B. Esta proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados año XVII, número 3935-III, del 8 de enero de 2014.

II. Contenido

A. La proposición del senador Camacho Solís Comisión Permanente exhorte respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a que instrumente los acuerdos necesarios con la finalidad de que se dictamine la iniciativa de ley sobre propaganda gubernamental presentada por los Grupos Parlamentarios del PRD y del PAN dentro de sus propuestas de reforma política, para continuar su proceso legislativo hasta que apruebe una ley que evite la promoción personalizada de cualquier servidor público y someter a los tres niveles de gobierno a un régimen de información veraz propio de una democracia que rinde cuentas.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“Una de las finalidades más importantes que busca alcanzar la democracia mexicana es la rendición de cuentas. Que cualquier autoridad informe de manera veraz a la sociedad sobre la forma en la que está realizando el ejercicio del gobierno contribuye a delinear una ciudadanía informada que estará en mejores condiciones para controlar socialmente al poder público.

Esta obligación ha sido totalmente desvirtuada mediante campañas publicitarias y un conjunto de instrumentos, recursos y mensajes que son propaganda política. Con recursos públicos se difunden las posiciones políticas del gobierno federal, los estados y municipios. Se promueve la imagen de los funcionarios. Se compra abierta y subrepticiamente espacios a favor de las posiciones oficiales y en contra de las oposiciones. La información y los resultados han quedado completamente desvirtuados.

En la campaña presidencial de 2012 el tema se volvió un asunto central en el debate nacional. Tanto así, que el candidato a la presidencia y hoy presidente Enrique Peña Nieto, se comprometió en su Manifiesto por un Presidencia Democrática” a “...crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento de acceso ciudadano a la información”.

Para dar cumplimento a este compromiso, un grupo de senadores del PAN y del PRD ofrecimos legislar sobre la materia. Así, dentro del programa de los “30 Puntos para defender y profundizar la democracia” se propuso expedir una Ley de Propaganda Gubernamental.

La práctica pública de varios funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno es utilizar la obligación que tienen de informar como pretexto para promocionar indebidamente su imagen pública.

Esta práctica inconstitucional implica, de manera expresa o velada, la utilización de recursos públicos con fines de propaganda personal; pero también provoca que se pervierta, en perjuicio de la democracia, un instrumento que lo que busca es que la sociedad esté mejor informada sobre el desempeño gubernamental.

La democracia y la honestidad pública no son compatibles con la propaganda abierta con fondos públicos o fondos privados que esperan una retribución pública. Si algo necesita la democracia mexicana es rendición de cuentas. Esta es contraria a la manipulación, al engaño y a la compra de las opiniones que son propias del autoritarismo y el patrimonialismo que nuestro sistema debe terminar de superar.

Es por eso que resulta urgente e indispensable que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental para desarrollar los mandatos constitucionales sobre este tema y se erradique esta práctica que tanto daña a la democracia mexicana.”

III. Consideraciones

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Efectivamente, conforme a los anales legislativos del Senado de la República, el 4 de septiembre de 2012, los senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental misma que se turnó a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Estudios Legislativos.

D. Asimismo, conforme a la investigación documental realizada, se encontró que el 13 de noviembre de 2012, el Senador Armando Ríos Piter del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con aval de grupo, que contiene Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, que fue turnada para su estudio y dictamen a las comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

E. Aunado a estas propuestas, el 24 de Julio de 2013, diversos senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria para el artículo 134 constitucional, en materia de Propaganda Gubernamental, que se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

F. El Reglamento del Senado, de la República, establece que el procedimiento ordinario de dictamen de las iniciativas se ciñe a las siguientes etapas:

1. Presentación de la  iniciativa.

2. Turno a comisión.

3. La comisión dictamina.

4. El dictamen de comisión se difunde en el pleno mediante dos primeras lecturas.

5. El dictamen se inscribe para su discusión y votación.

G. Respecto al término, prórrogas y recursos para dictaminar, el Reglamento del Senado, de la República, establece lo siguiente:

“Artículo 212

1. Las iniciativas y proyectos turnados a comisiones son dictaminados dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno, con las salvedades que establece este Reglamento.

2. Cuando la trascendencia o la complejidad de una iniciativa o proyecto lo hagan conveniente, la Mesa puede disponer un plazo mayor al señalado en el párrafo anterior.

3. De igual forma, dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción del turno, las comisiones dictaminadoras pueden pedir al Presidente, mediante escrito fundado y motivado, la ampliación de los plazos señalados en este artículo hasta por la mitad del tiempo que les haya correspondido. La Mesa resuelve lo conducente e informa al Pleno en la siguiente sesión.

4. Para efectos del cómputo de los plazos para dictaminar, los días hábiles incluyen los recesos legislativos, en los términos de este Reglamento.

Artículo 213

1. Cuando la Constitución, las leyes o los decretos establecen plazos, términos o mecanismos específicos para la expedición de determinados ordenamientos, las comisiones dictaminadoras deben tomarlos en consideración para efectos de la planeación de sus trabajos, en lo que corresponde al Senado.

Artículo 214

1. Transcurridos veinte días hábiles del plazo para dictaminar, el Presidente emite directamente excitativa a las comisiones que corresponda, en los términos del artículo 67, párrafo 1, inciso g), de la Ley. De haberse establecido un plazo mayor, la excitativa se hará cuando transcurran las dos terceras partes del mismo.

2. Si transcurre el plazo y, en su caso, la prórroga, sin que se emita dictamen, los senadores pueden solicitar al Presidente se excite nuevamente a las comisiones a hacerlo; el Presidente establece un nuevo plazo de diez días hábiles para dar cumplimiento a la excitativa.

3. En los casos de iniciativas presentadas por otros sujetos con derecho a ello o de los proyectos enviados por la Cámara de Diputados, las excitativas pueden ser solicitadas por el senador que así lo estima pertinente.

Artículo 215

1. A fin de cumplir sus atribuciones para agilizar los procedimientos legislativos, la Mesa Directiva da seguimiento a los turnos dictados.

2. El Presidente presenta mensualmente al Pleno un informe general sobre los vencimientos de plazos, las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas. Dicho informe se publica íntegro en la Gaceta.

Artículo 216

1. La solicitud de excitativa contiene, cuando menos, los siguientes elementos:

I. Nombre del senador o senadores solicitantes;

II. Título o identificación de la iniciativa o proyecto;

III. Fecha de presentación de la iniciativa o proyecto en el Pleno o, en su caso, en la Comisión Permanente; y

IV. Comisión o comisiones a las que se turnó la iniciativa, proyecto o proposición.

2. Se presenta una excitativa por cada iniciativa, proyecto o proposición cuyo dictamen se solicita.

3. El Presidente de la comisión que coordina los trabajos de dictamen informa al Presidente el estado que guarda el asunto respectivo.

Artículo 217

1. Vencidos los plazos y prórrogas sin que se presente dictamen ni exista causa justificada para ello, a solicitud del o los proponentes, el Presidente por única vez reasigna el turno dirigiéndolo a la comisión o comisiones dictaminadoras que resulten pertinentes. El plazo para dictaminar no es mayor a treinta días hábiles, sin posibilidad de prórroga.

2. En los casos de las iniciativas, proyectos o proposiciones presentados por los otros sujetos legitimados para ello, distintos a los senadores, el Presidente procede en los términos señalados en el párrafo anterior.

3. Cuando las comisiones a las que se reasignó el turno no presentan dictamen en el plazo establecido, el Presidente les retira inmediatamente el asunto y en sus términos lo somete directamente al Pleno, a más tardar en alguna de las dos sesiones ordinarias siguientes. En la tramitación de estos asuntos ante el Pleno se observan las reglas aplicables a los dictámenes, previstas en la Ley y este Reglamento.

Artículo 218

1. Conforme a los plazos establecidos, las comisiones continúan durante los recesos el estudio de las iniciativas, proyectos y proposiciones turnados previamente por el Pleno o remitidos por la Comisión Permanente.

2. Si durante un receso vencen los plazos establecidos sin que se produzca dictamen, el Presidente de la Mesa da cuenta de ello en el informe a que se refiere el artículo 215 de este Reglamento. El Pleno toma conocimiento de los informes generados durante el receso dentro de las tres primeras sesiones del período ordinario siguiente.

Artículo 219

1. Al iniciar cada año de ejercicio legislativo, la Mesa presenta al Pleno, dentro de las cinco primeras sesiones, un informe escrito sobre las iniciativas o proyectos pendientes de dictamen, precisando las diferentes actuaciones recaídas en cada una de ellas. El informe se publica en la Gaceta.

2.  Respecto de las iniciativas y proyectos pendientes de dictamen la Mesa procede, en su caso una vez que se integren las comisiones, en los siguientes términos:

I.  Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, los diputados federales, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como los proyectos de la Cámara de Diputados, continúan su trámite en las comisiones que en cada caso corresponda;

II. Las iniciativas de senadores de las que se disponga dictamen debidamente formulado sin haberse sometido aún al Pleno, también culminan su trámite legislativo;

III. Respecto de las iniciativas de senadores presentadas durante el año de ejercicio legislativo inmediato anterior, respecto de las cuales hayan transcurrido los plazos o incumplido las disposiciones previstas en los artículos 212 al 217 de este Reglamento, y que continúen sin dictaminar, se procede a lo siguiente:

a) Dentro de los treinta días hábiles siguientes al inicio del año de ejercicio legislativo la Mesa, por conducto de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, remite a cada Grupo Parlamentario el listado de iniciativas presentadas por sus integrantes, a fin de que en un plazo no mayor a diez días hábiles, se pronuncien en forma escrita para mantener vigentes aquéllas que son de su interés;

b) La Mesa también consulta, en iguales plazos y para los mismos efectos referidos en el inciso anterior, a las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras;

c) Las iniciativas así seleccionadas continúan el procedimiento legislativo, según corresponda en cada caso; y

d) Las iniciativas no seleccionadas por los grupos ni por las juntas directivas de comisiones son materia de un proyecto de acuerdo que la Mesa somete directamente al Pleno para concluir los trámites legislativos, descargar los turnos correspondientes y enviar los expedientes al Archivo Histórico y Memoria Legislativa para su resguardo”.

H. Para esta Comisión queda claro que el proceso legislativo es un sendero que transita por un proceso en el que la exposición de las ideas, el diálogo, el entendimiento y el acuerdo, construyen las decisiones democráticas de los contenidos que las normas deben tener.

I. Asimismo, queda claro para esta representación que la construcción de acuerdos tiene que ver con la argumentación y convencimiento del otro en un proceso de diálogo, entendimiento y avenimiento. En tal sentido no se puede por la vía del exhorto, la invitación o la solicitud establecer lo que el diálogo y el convencimiento no han logrado.

J. En ese sentido, esta representación no considera pertinente extender el exhorto a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para impulsar el proceso legislativo, primero porque aún cuando materialmente esa instancia representa el punto de entendimiento para impulsar el trabajo legislativo, formalmente no tiene el asunto turnado; segundo, porque ese entendimiento no puede surgir de una  inducción o exhorto ni a la Junta ni a las Comisiones a las que se ha turnado el asunto. Cabe apostillar, además, que por cuanto a las comisiones ordinarias de dictamen no cabría un exhorto para acelerar el trabajo legislativo sin poner en riesgo su autonomía y libertad de decisión democrática.

K. En ese tenor, esta comisión considera improcedente conceder la propuesta en los términos formulados.

L. No obstante lo anterior, esta dictaminadora también considera importante no cejar el empeño por atender el interés de los autores del presente punto de acuerdo y en ese sentido, considerando que la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores es el órgano que coordina el trabajo legislativo, se considera pertinente hacer una atenta solicitud para saber el estatus actual de ambas iniciativas.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente lo siguiente:

a) Que las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Estudios Legislativos informen a la brevedad posible la situación que guarda el trámite legislativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental, presentadas por  los senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 4 de septiembre de 2012;

b) La iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, presentada por el senador Armando Ríos Piter del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 13 de noviembre de 2012, turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos; y

c) La iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria para el artículo 134 constitucional, en materia de Propaganda Gubernamental, presentada por diversos Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el 24 de Julio de 2013 presentaron, y se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2014.

La Primera Comisión,diputado: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa (rúbrica), diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lizbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, diputada María Teresa Jiménez Esquivel, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica), senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar de la discusión del tema número 4, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su venia, compañera presidenta. El punto de acuerdo que reservamos es aquel que presentó el senador Manuel Camacho Solís, relativo a la necesidad de legislar en materia de propaganda gubernamental.

Desde finales del año pasado y aún antes, gobernadores de diferentes estados de la República han impuesto de manera profusa publicidad de su rostro en autobuses, carteleras, puestos de periódicos, paradores, revistas del corazón, módulos de taxis, bardas, anuncios de radio y televisión. Lo han desplegado en varias entidades del país, así como en el Distrito Federal, presumiblemente con motivo de su informe de gobierno. Los hemos visto —como dice la conseja popular— hasta en la sopa.

En clara violación al artículo 134 constitucional y aprovechando una rendija que hay en el todavía vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permite como excepción que en los días previos y posteriores a los informes se pueda comunicar sobre este acto.

Sin embargo, se ha incurrido en toda una simulación, en una propaganda política abierta para financiar, con recursos públicos, proyectos políticos electorales. Es ni más ni menos que el modelo Peña Nieto, el mal ejemplo cunde sin duda alguna. Y hoy vemos no solamente al gobernador de Chiapas —que es quizá el alumno más avanzado— Manuel Velasco, sino también a Rodrigo Medina, Eruviel Ávila, el gobernador de Quintana Roo, Borge, y una larga fila de defraudadores de la ley, que utilizando esta rendija ya se promueven, insisto, siguiendo el mal ejemplo que quedó del proceso electoral de 2012, cuando el hoy presidente hizo contratos, convenios con televisoras y se anunció con el pretexto de informes en el estado de México.

Esto genera distorsión en la competencia electoral, altera la equidad e implica un dispendio de recursos públicos e incluso peculado. Sin embargo, no ha habido eficacia para frenar esta hoguera de las vanidades en que se ha convertido esta propaganda gubernamental electoral. Es todo un ejército de clones al hoy presidente, que siguen el mismo modelo, spots de cara manufactura para anunciarse en todos los medios posibles.

Por esa razón, nosotros estamos de acuerdo en que se legisle. Pero que se legisle ya, que se cierre cualquier rendija en la ley secundaria a este modelo de propaganda electoral financiada con recursos públicos.

Tienen que desahogarse los proyectos legislativos que hoy duermen el sueño de los justos, particularmente en el Senado de la República, iniciativas que han surgido desde diferentes partidos políticos.

Nos parece que no solamente es una gran inmoralidad que estos gobernadores utilicen los recursos de estados pobres, como Chiapas, para estar construyendo una nueva novela, una nueva telenovela en la nación, que ya sabemos los costos que ha provocado hoy con ingobernabilidad, delincuencia desatada, fracaso económico y polarización social.

Por todas esas razones, apoyamos este punto de acuerdo que hoy se somete a consideración de esta Comisión Permanente.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene el uso de la palabra, para abordar la discusión sobre el mismo tema, el senador David Monreal Ávila, hasta por cinco minutos.

El senador David Monreal Ávila: Con el permiso, presidenta. Colegas legisladores y legisladoras, como bien saben, en el año 2007 se reformó el artículo 134 de la Constitución Política federal cuyo objeto principal fue prohibir el uso propagandístico de la publicidad gubernamental. Sin embargo, a seis años de su promulgación, el Congreso aún no aprueba una ley secundaria que regule la publicidad del Estado. No se han logrado evitar los abusos por parte de los tres niveles de gobierno en esta materia y, del mismo modo, potenciar la equidad política y la imparcialidad antes, durante y después de los procesos electorales.

Ante esta omisión, es pertinente cuestionar el excesivo gasto que el gobierno federal ha destinado para sus campañas publicitarias y encubrir la verdad que hay detrás de las llamadas reformas estructurales que ha decidido impulsar.

Como ejemplo está la reforma educativa, la cual fue la primera iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo federal, junto con la Secretaría de Educación Pública, y a la que se le destinaron más de 81 millones de pesos para la producción de una campaña mediática.

Bajo esta misma lógica se encuentra la publicidad que se difundió en torno a la reforma energética, desde su presentación oficial el pasado 12 de agosto. Y los ciudadanos nuevamente fueron bombardeados con spots publicitarios que hablan de las supuestas bondades de dicha innovación, así como del poco progreso y desarrollo que había tenido Petróleos Mexicanos y que comparativamente con otros países no tenía ningún progreso.

Resulta oportuno cuestionar cómo es posible que se hayan destinado al menos 105 millones en promover dicha reforma y, al mismo tiempo, argumentaran que no hay dinero para invertir a Pemex.

Dichos anuncios publicitarios distaron de ser objetivos, por el contrario, únicamente estuvieron enfocados a publicitar las reformas en cuestión, pero no en informar conscientemente al pueblo de México.

Por ende, no es aventurado asegurar que las campañas mediáticas sobre las reformas energética y educativa únicamente tuvieron como objeto persuadir a los mexicanos sobre lo que verdaderamente implicó el cambio constitucional en dichas materias.

Excesivos gastos y campañas publicitarias engañosas es lo que ha pretendido el gobierno federal a través de su comunicación social. Aquel ha gastado al menos 186 millones de pesos en campañas para promover y convencer a la población de estas reformas educativa y energética.

Las enormes erogaciones en materia de publicidad contrastan diametralmente con lo que el entonces candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, se comprometió durante su campaña política. Es decir, regular la viciada práctica en el otorgamiento discrecional de publicidad gubernamental, compromiso de campaña que no ha cumplido hasta la fecha.

Es importante mencionar que el pasado 13 de julio de 2012, el presidente electo mencionó que impulsaría la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno. También el compromiso 95 del Pacto por México indica que en el actual periodo legislativo se presentaría ante el Congreso el proyecto de iniciativa para regular este tópico. Sin embargo, hasta la fecha no hay ningún avance en el tema.

El tema toma mayor relevancia cuando se repite la historia. Recordemos que Peña Nieto —cuando fue gobernador del estado de México— inició con una desmedida propaganda gubernamental, la cual le dio como fruto el arribo a la Presidencia de la República Mexicana.

El gobernador de Chiapas está repitiendo la misma práctica. Manuel Velasco destinó 129 millones de pesos en comunicación social, gasto publicitario que se destinó a su imagen. Algo realmente condenable, ya que Chiapas desde hace varios años vive en una situación económica y financiera realmente complicada.

México no se encuentra en condiciones de gastar irracionalmente del erario público en spots publicitarios, sino por el contrario, se debe realizar una austeridad en esta República.

Por tal motivo, es momento que el gobierno federal efectivamente rinda cuentas claras y precisas en los montos que se gasta en comunicación social, que cumpla con su promesa de campaña y que se abstenga de gastar irracional y engañosamente en materia publicitaria. Estamos a favor del dictamen presentado. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador. Al no existir más oradores inscritos para la discusión, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo marcado con el numeral 4.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

MEDIDAS DIRIGIDAS A LA NIÑEZ CON OBJETO DE PREVENIR ACCIDENTES GRAVES

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con punto de acuerdo de la Segunda Comisión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se autoriza.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes a difundir medidas dirigidas a la niñez con objeto de prevenir percances graves.

 FELICITACION AL CINEASTA ALFONSO CUARON POR HABER OBTENIDO EL PREMIO GLOBO DE ORO

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se felicita al cineasta Alfonso Cuarón por haber obtenido el premio Globo de Oro.

QUE EN NINGUN CASO SE IMPIDA O CONDICIONE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y EL PAGO DE CUALQUIER CONTRAPRESTACION

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas correspondientes, vigilar que en ningún caso se impida o condicione la prestación de los servicios educativos y el pago de cualquier contraprestación, como lo establece el artículo 6o. de la Ley General de Educación.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo los enlistados con los numerales 6 y 7, separados por los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

PROGRAMA ESCUELA VERDE EN EL CICLO ESCOLAR 2012-2013

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la SEP a transparentar y hacer del dominio público los alcances, resultados y principales logros del programa Escuela Verde en el ciclo escolar 2012-2013.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el punto de acuerdo marcado con el número 6, el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el siglo XX, además de ser recordado por los grandes avances científicos y tecnológicos realizados en este tiempo, lo será también por los graves daños causados al medio ambiente.

Por ello es imperativo que nuestra nación, en pleno siglo XXI, por la riqueza de sus recursos naturales y por la calidad de su gente destaque el impulso de un modelo para el desarrollo sustentable y por la participación activa de la sociedad en el cuidado y protección de la naturaleza.

Como presidente de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable —y como joven— estoy familiarizado y sé del entusiasta compromiso que muchos mexicanos y muchas mexicanas tienen con la preservación y conservación de nuestros ecosistemas. Pero nuestro ímpetu, aunque es muy grande, no basta para arraigar transformaciones de fondo.

También es necesario el decidido apoyo y participación del Estado en esta tarea para establecer las condiciones que garanticen a millones de mexicanos su desarrollo sustentable el día de mañana.

Por ello Nueva Alianza —haciendo sentir la voz joven de miles de mexicanos— propone este punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Educación Pública a transparentar y hacer del dominio público los alcances, resultados y principales logros del programa Escuela Verde, programa que de buena fuente sabemos que no está operando actualmente.

Aunque la participación del programa fue voluntaria y que las escuelas no recibían a cambio ningún privilegio, excepto una presea y un documento de acreditación, el programa tuvo una muy buena aceptación por las escuelas, ya que superó sus metas de participación en todo el país. Por eso nos parece indispensable que se renueve el mismo programa, que no se detenga y retome nuevamente sus actividades.

Asimismo celebro el punto de acuerdo que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria y que está presentando el diputado Enrique Aubry, el cual nos recuerda del Día Mundial de la Educación Ambiental este próximo 26 de enero.

En Nueva Alianza creemos que la educación es sinónimo de progreso para un país, pues contribuye a lograr un mundo más seguro, más sano y más próspero. Queremos que también la educación, sin duda ni resquicio, ayude a construir ciudadanos que cuiden de su medio ambiente. Para lograr este objetivo es necesario implementar acciones eficaces que sigan de la gestión ambiental, desde lo personal hasta lo público y en todos los niveles educativos.

Con el permiso de todos ustedes y para finalizar esta intervención, me permitiré retomar unos pequeños fragmentos de un destacado mexicano, que en 1990, con estas palabras recibió su Premio Nobel de Literatura, me refiero a Octavio Paz: El pasado reciente nos enseña que nadie tiene las llaves de la historia. El siglo XX se cierra con muchas interrogaciones. Algo sabemos sin embargo, la vida en nuestro planeta corre graves riesgos, nuestro irreflexivo culto al progreso y los avances mismos de nuestra lucha por dominar a la naturaleza se han convertido en una carrera suicida. Por eso, cualesquiera que sean las formas de organización política y social que adopten las naciones, la cuestión más inmediata y apremiante es la supervivencia del medio natural. Defender a la naturaleza es defender a los hombres.

Los invito, compañeras y compañeros legisladores, a votar en favor de los hombres, de las mexicanas y de los mexicanos, de un desarrollo integral para nuestros jóvenes y para el medio ambiente hacia las futuras generaciones. Por su atención y paciencia, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta senadora.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado René Fujiwara. Al no existir más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo marcado con el número 6.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

POLITICAS PUBLICAS FEDERALES Y LOCALES CON MIRAS A DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP y a los correspondientes en cada una de las entidades federativas y del Distrito Federal, informen a esta soberanía sobre el problema de deserción escolar en sus ámbitos de competencia y asimismo formulen políticas públicas federales y locales, con miras a disminuir el índice de deserción escolar.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar en la discusión del punto de acuerdo marcado con el número 7, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañera presidenta. Efectivamente, reservamos para fundamentar nuestro voto aprobatorio del dictamen que tiene que ver con la deserción escolar. Y también queremos aprovechar esta intervención para referirnos a aquel que señala también que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública para evitar que en el nuevo ciclo escolar se condicione la inscripción a alguna contraprestación de carácter económico, las llamadas cuotas escolares.

Hoy en día, la educación en México está envuelta en innumerables dificultades: bajos niveles de aprovechamiento escolar, baja calidad de la enseñanza, falta de infraestructura educativa y altos índices de deserción escolar. Esta última situación deriva de diferentes problemas, problemas de carácter económico, problemas de carácter social, problemas de integración familiar. Desafortunadamente en nuestro país ha venido creciendo la deserción escolar, por un lado. Y por otro lado, la falta de oferta educativa para quienes quieren ingresar a escuelas y universidades públicas. La urgencia de contrarrestar esta problemática es apremiante.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que nos encontramos posicionados en el primer lugar de los países con el mayor índice de deserción escolar. Integrantes de este importante organismo internacional aseguran que no existe otro país que, al igual que México, experimente una pérdida del 40 por ciento aproximadamente de los jóvenes en transición de secundaria a educación media superior.

Ocupamos el tercer lugar entre las naciones con mayor población juvenil que ni estudia ni trabaja y que han sido bautizados incluso peyorativamente como ni-ni, que son más de siete millones de mexicanos. Es decir, estamos hablando de una problemática gravísima, que además enfrenta —por otro lado— la amenaza de la cooptación, del señuelo de los grupos delincuenciales que han hecho de la juventud mexicana carne de cañón para sus actividades delictivas.

Estos jóvenes sin esperanza, estos jóvenes sin educación, sin trabajo, son tentados en esta cultura de lo fácil —que señalan también algunos medios de comunicación— a buscar precisamente ser reclutados por estos grupos. Por estos grupos y cárteles de delincuentes que han visto una permanente leva de jóvenes que están en esta condición. Por esa razón, nos parece muy importante que atiendan esta problemática la Secretaría de Educación Pública y el gobierno federal.

Nosotros insistimos que la reforma educativa tiene que ser de a de veras y no solamente la reforma a las condiciones magisteriales, como se aprobó. La reforma educativa tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con oportunidades y tiene que ver con arraigar a estos jóvenes en el sistema educativo para que puedan ser en el futuro profesionistas que tengan empleo y que gocen de condiciones de vida más favorables. De igual manera, señalamos que nos parece adecuado que se esté exhortando a la SEP a revisar que no haya el cobro de cuotas escolares. Desde la discusión de la reforma educativa nosotros señalamos que un transitorio, el Quinto transitorio, en su fracción III, en el inciso a), abría la puerta a las cuotas escolares señalando que podían los padres de familia intervenir para comprar materiales para mejorar infraestructura.

Me parece que no obstante que se aprobó la Ley General de Educación estableciendo un supuesto candado sigue la confusión y están aprovechando en algunas escuelas para imponer esta cuota inconstitucional. Por esa razón, estamos a favor de estos dos puntos de acuerdo que tienen que ver con la educación del país.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Al no existir más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo marcado con el número 7.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

ACCIONES PARA EVITAR EL ROBO DE LA CARGA DE LOS FURGONES DE FERROCARRIL Y AUMENTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con punto de acuerdo de la Tercera Comisión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se autoriza.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a autorizar acciones para evitar el robo de la carga de los furgones de ferrocarril y aumentar las medidas de seguridad.

6 El dictamen mencionado se encuentra en el Anexo I, página 40 de esta sesión.

URGENCIA PROVOCADA POR EL DESLIZAMIENTO EN LA CARRETERA ESCENICA TIJUANA-ENSENADA

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo a fin de que se atienda la urgencia provocada por el deslizamiento en la carretera escénica Tijuana-Ensenada, en lo relativo a diagnóstico de daños, mecanismos de financiamiento para la reconstrucción y rutas alternas seguras.

INFORMACION RELACIONADA CON LAS OPERACIONES DEL INADEM

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer pública por la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor la información relacionada con las operaciones del Inadem y con diversos proyectos que se tengan programados para 2014.

MEDIDAS PARA DISMINUIR LOS ACCIDENTES EN CARRETERAS

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SCT a tomar medidas para disminuir los accidentes en carreteras.

TRABAJADORES DE EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la situación que enfrentan los trabajadores de diversas empresas de autotransporte.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo los listados con los numerales 12, 13, 15 y 17, separados por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo no reservados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

CENTROS DE ACOPIO PARA CAPTAR LOS ARBOLES NAVIDEÑOS NATURALES

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat, al GDF y a los gobiernos locales a prever y promover la implantación de centros de acopio para captar los árboles navideños naturales utilizados en la pasada época decembrina.

METODOLOGIAS PARA CUANTIFICAR LAS EMISIONES EVITADAS POR EL USO DE BICICLETAS CONVENCIONALES Y ELECTRICAS

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir por la Conuee las metodologías para cuantificar las emisiones evitadas por el uso de bicicletas convencionales y eléctricas como medio de transporte cotidiano.

PLAGA DEL GUSANO DESCORTEZADOR

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a emitir la declaratoria de zona de emergencia de sanidad forestal para eliminar la plaga del gusano descortezador.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene el uso de la palabra, para hablar de los dictámenes marcados con el 12, 13 y 15, la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Graciela Saldaña Fraire:Gracias, señora presidenta. Decidí unir los tres puntos, porque los tres son importantes en materia ambiental y también con algunos puntos que quisiera resaltar.

Ciudadanas legisladoras y legisladores, la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente ha aprobado diversos dictámenes en materia de medio ambiente y el día de hoy, con el respaldo del Grupo Parlamentario del PRD, se someten a consideración tres de ellos.

Es importante exhortar a la Semarnat, al Gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos estatales para que promuevan la implementación de centros de acopio para árboles naturales de navidad, pues todos conocemos la problemática que representa encontrar áreas públicas y de recreación invadidas con estos árboles, amén de los riesgos de salud y el desaprovechamiento para la trituración que representan. Es fundamental que estos árboles sean reciclados, produciendo materiales orgánicos en beneficio de los mismos parques y bosques de las ciudades y del campo.

Asimismo es importante que el gobierno federal emita las metodologías para cuantificar las emisiones que se evitan por el uso de bicicletas convencionales y eléctricas como medio de transporte cotidiano, pues representan un factor determinante para impulsar políticas públicas que incentiven su uso.

Un dato relevante para apoyar este acuerdo parlamentario es la estimación de que en el mundo hay más de mil millones de bicicletas. El ranking de los cinco países con más bicicletas per cápita señala que la quinta posición, Noruega, con una población que ronda en poco más de cuatro millones de habitantes, tiene un parque aproximado de bicicletas que está cerca de tres millones de unidades. Es decir, 60.7 por ciento de noruegos utilizan bicicletas habitualmente.

En la cuarta posición está Suecia, con una población que ronda los 9.4 millones de habitantes y un parque de bicicletas aproximado de cerca de seis millones de unidades. Es decir, un 63.7 por ciento de suecos utiliza la bicicleta.

En la tercera posición está Alemania, con una población que ronda los 81.802 millones de habitantes y un parque aproximado de bicicletas que está cerca de los 62 millones de unidades. Es decir, 75.8 por ciento de alemanes son usuarios.

En la segunda posición está Dinamarca, en donde un 80.1 por ciento de daneses poseen una bicicleta, al contar con una población cercana a los 5.560 millones de habitantes y un parque aproximado de bicicletas de cerca de 4.5 millones de unidades.

Finalmente, Holanda, un país al que debemos de poner atención, tiene una población que ronda los 16 millones y un parque aproximado de bicicletas de cerca de los 16 millones de unidades y con un 99 por ciento de índice per cápita.

Quiero decirles que este análisis es importante hacerlo, no nada más en el sentido ambiental, sino también económico. El uso de todo tipo de bicicletas puede ayudar muchísimo a bajar sobre todo las emisiones a la atmósfera, además como uso recreativo y también, ¿por qué no?, de salud. Celebramos que este asunto empiece a formar parte de la agenda del Congreso.

Finalmente, el tercer tema —no menos importante— es la problemática que representan diversos estados del país ante la plaga del gusano descortezador, por lo que nuestro grupo parlamentario considera necesario el exhorto que ya se hizo a la Semarnat para que emita la declaratoria de zona de emergencia de sanidad forestal, a fin de combatirla y evitar una problemática generalizada a productores agrícolas.

Nos congratulamos que esta Tercera Comisión ponga la importancia que representa el medio ambiente y considera los exhortos respectivos que garanticen el derecho fundamental de los y las mexicanas a tener un medio ambiente sano, según el artículo 4o. constitucional, que debemos siempre tomar en cuenta.

Quiero felicitar a quienes hicieron estos puntos de acuerdo, pero que también agregaría, compañeros y compañeras, en el primer punto, que en el caso de los árboles de navidad es importante que ya los mexicanos sean considerados y que solamente a estos árboles de navidad, en esta época que son considerados, sean realmente para los productores mexicanos y evitando así también enfermedades de otro tipo al introducir especies que no son nativas.

Así que ampliaría esta propuesta. Y que además se dé a conocer, porque para eso estamos los y las legisladoras, para tomar como puntos que deben de ser y que deben de prevalecer en el caso del medio ambiente. Muchísimas gracias.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada. Al no haber más oradores inscritos para estos puntos 12, 13 y 15, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo marcados con dichos numerales.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

ACCIONES PARA PREVENIR LA ESPECULACION EN EL ALZA DE BIENES Y SERVICIOS

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Poder Ejecutivo y a sus dependencias a establecer acciones para prevenir la especulación en el alza de bienes y servicios.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar a favor del punto de acuerdo marcado con el número 17, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, compañera presidenta. En esta Comisión Permanente, que hoy celebra su penúltima sesión, se han tratado de hacer a un lado los temas más importantes del inicio de año, un poco de no hacer olas, nadar de muertito y sobrellevar ahí la discusión de los temas más importantes.

Para nosotros lo más importante es el alza brutal a los precios provocado por esta reforma hacendaria, que representa un atraco para los contribuyentes y un golpe a la economía de familias mexicanas, de millones de familias mexicanas.

Otro tema sin duda es la lista negra, la lista infamante del Servicio de Administración Tributaria que se ha venido publicando a partir del inicio de año. Otro tema —ya lo abordamos— es la inseguridad, que no cesa y la ingobernabilidad en Michoacán.

El punto de acuerdo que hoy se presenta nos parece tibio, nos parece timorato, nos parece que no responde a una definición tajante del Poder Legislativo frente a la alza de precios que se ha desatado a partir del inicio del año.

Había varios puntos de acuerdo encaminados a exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a que cumpliera con su encomienda y evitara la simulación en que se ha caído al aumentar los precios, derivado del 8 por ciento al impuesto especial sobre productos y servicios de los llamados alimentos chatarra. En eso estábamos, cuando el hoy titular de Profeco lo nombran comisionado plenipotenciario y procónsul en Michoacán.

Nosotros en Movimiento Ciudadano propusimos puntos de acuerdo que respondían a la necesidad del momento. Primero, exhortar al titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, para establecer acciones que impidan el incremento de precios de alimentos básicos para la población a través de la tasa del 8 por ciento del impuesto especial sobre producción y servicios, aunque éstos presenten una densidad calórica mayor a 275 calorías en 100 gramos.

También planteamos que el Ejecutivo federal y el secretario de Hacienda —que hoy están gozando en Davos, Suiza, para hablar de las bondades del modelo mexicano que no hay resultados, pero ellos están haciendo propaganda— para exhortarlos a detener los gasolinazos recargados que iniciaron este año.

Planteábamos también que el procurador federal del Consumidor realizara acciones para evitar el aumento de precios injustificados y la publicidad errónea, engañosa en tiendas departamentales de autoservicio y de conveniencia. Sin embargo, éste y otros puntos de acuerdo han derivado en el parto de los montes, una exhortación tibia para que respetuosamente las dependencias del gobierno federal, en el ámbito de sus atribuciones, desarrollen acciones encaminadas a evitar la especulación en el alza de precios.

Es decir, no se le toca ni con el pétalo de un exhorto, simplemente se cubre el expediente y se le da salida a estos puntos de acuerdo.

Veía puntos de acuerdo, incluso de legisladores del PRI que llegaron entusiastas a hacer propuestas para detener estas alzas. Pero hoy no se quiere tocar y nosotros creemos que la Procuraduría Federal del Consumidor ha sido negligente, ha sido omisa y ha sido irresponsable. Creemos además que el impuesto del 8 por ciento se ha convertido en un IVA disfrazado a los alimentos, y ésta es nuestra posición.

Por otro lado, también denunciamos que en la Tercera Comisión no se quiso firmar un dictamen negativo que nosotros presentamos para que el SAT bajara la lista infamante que está publicando en su portal.

A pesar de que se votó en contra debía subir como dictamen negativo y ya no quisieron firmar. Pero por más que no firmen, la realidad ahí está. Al igual que en la Roma de antes, ahora se recurre los censores, que es ahora el titular del SAT, a confeccionar listas infamantes donde tachan de infamia a ciudadanos, no les dan derecho de audiencia, no fundan ni motivan sus actos e incluso, en el colmo del absurdo, publican como no localizados a ciudadanos que ya pasaron a mejor vida y ya fallecieron.

Es tal el desaseo y tal el terrorismo fiscal del SAT, que lo que quiere es sembrar pánico, sembrar terror psicológico en los contribuyentes para recaudar a como dé lugar. Aunque en esta decisión, en estas medidas estén cometiendo actos inconstitucionales.

Nosotros por eso no estuvimos de acuerdo en el Código Fiscal de la Federación, porque preveíamos esta cacería de contribuyentes, no con un fin de sanear las finanzas públicas, sino de cubrir desde ahora el boquete fiscal que va a propiciar la reforma energética con la entrega de parte de la renta petrolera a trasnacionales y a inversionistas privadas.

Por eso nosotros seguimos insistiendo en que el SAT debe bajar esta lista infamante de su portal y debe cumplir con las formalidades esenciales de los procedimientos consagrados en la Constitución.

De igual manera, denunciamos su doble rasero, con algunos los exhibe y les causa descrédito público. Y a quienes les ha condonado miles de millones de pesos, grandes corporaciones y grupos de interés, los sigue protegiendo con el velo de la oscuridad.

Por esta razón, compañeras y compañeros, nosotros no vamos a acompañar este exhorto tibio. Nosotros creemos que Profeco no ha respondido y creemos, además, que el IEPS del 8 por ciento en los alimentos es un IVA disfrazado.

Por esa razón, pedimos respuestas contundentes. Y por otra razón, denunciamos también que se esté ocultando el trámite legislativo a un punto de acuerdo que tenía que ver con esta lista negra, con esta lista infamante que ha publicado el Servicio de Administración Tributaria. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Al no haber más oradores registrados para hacer uso de la palabra en la discusión, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo marcado con el número 17.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

MINUTAS DE REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL Y ANTICORRUPCION ENVIADAS A LAS LEGISLATURAS ESTATALES

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se autoriza.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Dictamen de la Primera Comisión, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a someter a su consideración las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción enviadas por el Congreso de la Unión

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas locales a someter a su consideración las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción, enviadas por el Congreso de la Unión, suscrita por los senadores Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 8 de enero de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

A. En la proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

Tras la aprobación de la reforma constitucional en materia político-electoral el pasado 13 de diciembre de 2013, el Congreso de la Unión consideró que la tan llamada reforma del Estado era, desde hace décadas, una asignatura pendiente en nuestro país. Con la aprobación de dicha reforma los legisladores nos hemos impuesto el deber de buscar el equilibrio armónico de los poderes reales con las necesidades sociales. La reforma política-electoral implica la refundación de las relaciones entre gobierno y sociedad.

Con la citada reforma político-electoral la sociedad civil ha cambiado la “praxis” de hacer política y nos obligó a inscribir en la Carta Magna que toda decisión de sus representantes populares obtenga la mayor legitimidad posible. Así, la participación ciudadana será, en las políticas públicas y en la construcción de proyectos fundamentales, corresponsable del desarrollo de la sociedad, se crean figuras legales de beneficio político-social como gobierno de coalición y ratificación de los miembros del gabinete; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; autonomía del Ministerio Público y la Fiscalía General de la República; aprobación del Congreso de la Unión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; reelección de legisladores al Congreso de la Unión y dotar de la atribución a las legislaturas de los Estados para adoptar dicha medida en su caso; elección consecutiva de ayuntamientos hasta por un periodo más si así lo determinará la legislatura local correspondiente; nueva fecha para la transición de poderes del Ejecutivo federal; la creación del órgano autónomo en materia electoral denominado Instituto Nacional de Elecciones; aumento en el umbral para el registro de los partidos políticos y un sistema de nulidad de elección; entre otros.

De igual forma, el pasado mes de diciembre fue aprobado por el Congreso de la Unión la reforma constitucional en materia de anticorrupción, misma que sienta las bases para la creación de un sistema nacional de combate a la corrupción que permita coordinar esfuerzos de todos los órdenes de gobierno y construir de manera conjunta y homogénea las políticas públicas en la materia; la investigación y sanciones de los actos de corrupción serán una realidad lejos de los obstáculos de secretos bancario, fiduciario y fiscal.

En la designación de los titulares de los órganos anticorrupción no participarán los Poderes Ejecutivos federal y de las entidades, respectivamente, ni mediante el mecanismo de propuesta, ni mediante el mecanismo de objeción.

En la reforma constitucional existen disposiciones que representan un avance en materia de combate a la corrupción, entre otras el órgano anticorrupción tendrá competencia para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la federación y por personas físicas o morales involucradas en tales actos.

Así también contará con facultad para atraer asuntos competencia de los órganos anticorrupción de las entidades federativas, en los términos que establezca la ley.

El órgano anticorrupción estará facultado además para emitir recomendaciones a los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, para mejorar procedimientos administrativos y prevenir prácticas de corrupción.

Se establece la obligación expresa de autoridades federales, estatales y municipales de colaborar y prestar auxilio a los órganos anticorrupción federal y locales.

La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción refleja la voluntad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso para emprender un mucho más profundo y eficaz combate a la corrupción en el ámbito del poder público, que contribuya también a reducir nuestros alarmantes niveles de impunidad.

Por lo anterior, y considerando que en el régimen transitorio de cada minuta de reforma constitucional se contemplaron términos y plazos perentorios para ajustar el adecuado funcionamiento de las figuras de recién creación, mismas que a su entrada en vigor trae aparejada el funcionamiento de sistema político-electoral por un lado, así como la procuración de justicia y la investigación del órgano de anticorrupción por el otro, los cuales revisten la mayor importancia del país.

B. Por todo lo anterior se formula el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las diputadas y los diputados integrantes de las legislaturas de los Congresos estatales para que a la brevedad sometan a su consideración las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción respectivamente, enviadas por el Congreso de la Unión y evitar una merma procesal constitucional en los términos y plazos perentorios previstos por dichas reformas constitucionales para el adecuado funcionamiento de las figuras de recién creación, que a su entrada en vigor trae aparejada el funcionamiento de sistema político-electoral por un lado, así como la procuración de justicia y la investigación del órgano de anticorrupción por el otro, los cuales revisten la mayor importancia del país.

III. Consideraciones

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, sin embargo es necesario hacer las siguientes observaciones.

El artículo 135 constitucional establece que:

...la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Del artículo anterior se desprende que una vez que sea aprobado por el Congreso de la Unión tiene que ser aprobado por la mayoría de las legislaturas locales, sin embargo, no les da un término para realizar dicha aprobación.

Es importante dejar claro que la reforma en materia político-electoral fue aprobada por la Cámara revisora el miércoles 13 de diciembre de 2014, por lo que algunas legislaturas locales estarán en receso o estarán en el proceso legislativo correspondiente, hasta el momento de la realización de este dictamen se encontraban doce votos aprobatorios de las siguientes legislaturas locales: Baja California Sur, estado de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, y Zacatecas.

Esta comisión dictaminadora considera que las legislaturas locales están en el proceso correspondiente en tiempo y forma por lo que no es viable el exhorto objeto de este dictamen.

D. Por lo que hace a la reforma constitucional en materia de anticorrupción es necesario hacer el siguiente análisis:

Que como lo establece el artículo 135 constitucional para que pasen a la votación de las legislaturas locales se tiene que haber aprobado por el Congreso de la Unión. Dichas reformas ya fueron aprobadas por el Senado de la República, sin embargo, a la fecha de la elaboración del presente dictamen no ha tenido la entrada formal la minuta correspondiente en la Cámara de Diputados por lo que no se ha realizado el proceso legislativo correspondiente y por lo consiguiente, no ha sido aprobado por el Congreso de la Unión.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas locales a someter a su consideración las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción, enviadas por el Congreso de la Unión.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2014.

La Primera Comisión,diputado: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa (rúbrica), diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lizbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, diputada María Teresa Jiménez Esquivel, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica), senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

HOMENAJE AL CRITICO DE CINE LICENCIADO GUSTAVO GARCIA

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Dictamen de la Primera Comisión, respecto a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Cinematografía a realizar un homenaje al crítico de cine licenciado Gustavo García

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con “punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa al Instituto Nacional de Cinematografía, a efecto de que realice un homenaje al crítico de cine licenciado Gustavo García”, presentada por el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del PRI, y suscrita por la diputada Guadalupe Vargas Vargas, del PRI.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de “ Antecedentes”se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 8 de enero de 2014 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

A. En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se manifiesta sustancialmente que “Se exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de Cinematografía, a efecto de que realice un homenaje al crítico de cine licenciado Gustavo García”.

B. Los proponentes, conforme a  la exposición de motivos de su documento, sustentan su propuesta en lo siguiente:

“La cultura ha sido siempre la esencia de nuestro país, el arte, la pintura, la danza, la música y el cine son parte de la cultura que nos caracteriza, teniendo estas una particularidad esencial, este toque que solo los mexicanos son capaces de otorgarle al arte en sus diversas expresiones.

Derivado de ello y a lo largo de la historia nos hemos congratulado de poder ser la cuna de muchos artistas de talla internacional, mundialmente reconocidos por su talento e influencia en el arte.

Es por ello que ahora lamentamos el terrible fallecimiento de uno de los grandes críticos y exponentes del cine mexicano, el Lic. Gustavo García, quien fuera considerado uno de los más grandes críticos de cine, “así como cómplice y guía del espectador”.

Gustavo García fue licenciado en periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y Director de la revista de Cine “Intolerancia”, así como columnista en diversas revistas y periódicos de cultura de México. Incursionando en la docencia el recién fallecido Gustavo García fue profesor de cine en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana–Xochimilco; así también fue conductor de múltiples programas de radio, siendo en la mayoría titular de los mismos. Su influencia en el arte cinematográfico se vio plasmada en libros de gran importancia como son  “El cine mudo Mexicano”, “La década perdida/ El cine mexicano de los cincuenta”, “La época de oro”, “El nuevo cine Mexicano”, entre otros, los cuales fueron de gran relevancia para el desarrollo y expansión del cine mexicano.

Su influencia llegó a tal grado que es considerado por muchos como un maestro que a través del cine encontró una ventana de análisis de la naturaleza humana.2 Es así que Gustavo García logró a través de sus críticas, a veces polémicas, pero siempre atinadas, adentrarse en los pormenores del cine y con ello cambiar la visión de nuestra industria cinematográfica.

La muerte de Gustavo García es una pérdida irreparable no sólo para la cultura cinematográfica, sino para el arte en México, por lo que se propone a través del presente la realización de un homenaje para este analista que pudiera incluir, entre otras actividades, mesas redondas, conferencias, proyecciones de películas y publicación de materiales”.

III. Consideraciones

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, sin embargo, el lunes 25 de noviembre de 2013, se realizó un homenaje póstumo en la sala 9 “Juan Bustillo Oro” de la Cineteca Nacional, organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, acto que fue transmitido por canal 22.

Jorge Sánchez, director del Instituto Mexicano de Cinematografía, agradeció al anfitrión Alejandro Pelayo, director del complejo cinematográfico de Conaculta, la realización del merecido homenaje en presencia de la viuda del decano cinematográfico, Claudia Elena Hernández Ojesto-Martínez y sus hijos, Alejandra y Ángel, los periodistas Lucero Solórzano y Nicolás Alvarado, el historiador David Ramón, así como Elvira Serio, en representación de sus alumnos, quienes recordaron muchas anécdotas que compartieron con el homenajeado.

En el acto se proyectó un video en el que personalidades como Carmen Aristegui, Silvestre López Portillo, Héctor Aguilar Camín y los familiares más cercanos de García, entre algunos otros, recuerdaron anécdotas y vivencias.

Se recordaron sus aportaciones al quehacer cinematográfico desde la escritura y la enseñanza, pues era un férreo defensor del documental como material de denuncia, fue fundador de la revista Intolerancia, además de autor de materiales sobre el tema que le apasionaba, como El cine mudo mexicano (1983), SEP-Martín Casillas; La década perdida. El cine mexicano de los cincuenta(1985), UAM-Azcapotzalco; No me parezco a nadie. La vida de Pedro Infante(1995), Editorial Clío; Pedro Armendáriz (1996), Editorial Clío; Nuevo cine mexicano (1997), Editorial Clío, y el dedicado a la cinematografía chiapaneca, titulado Al son de la marimba. Chiapas en el cine (2011), editado por el gobierno chiapaneco, lugar que le vio nacer un 29 de agosto de 1954.

M. El martes 26 de noviembre de 2013, García fue objeto de un homenaje en la Sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la proyección de la película Mi universo en minúsculas (México, 2011), de Hatuey Viveros y  los comentarios del director de la cinta, y de los investigadores fílmicos y profesores universitarios Guillermo Rivera y de Federico Dávalos Orozco.

N. Sin demérito que merece una persona de su altura por su obra y aportación a las generaciones de estudiantes, miríadas de lectores y cientos de amigos que forjó, esta Comisión considera que lo solicitado por el proponente se ha cubierto.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Deséchese como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2014.

La Primera Comisión,diputado: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa (rúbrica), diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lizbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, diputada María Teresa Jiménez Esquivel, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica), senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, a reserva del marcado con el número tres, de la Segunda Comisión.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

EXHORTO A VOTAR CONTRA LA MINUTA DEL SENADO QUE EXTIENDA LA PRIVATIZACION Y PRECARIZACION DE LAS GUARDERIAS DEL IMSS

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: «Dictamen de la Segunda Comisión, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados a votar contra la minuta del Senado que extienda la privatización y precarización de las guarderías del IMSS

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo que se exhorta a los integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados a votar contra la minuta del Senado que extienda la privatización y precarización de las guarderías del IMSS, suscrita por los diputados Verónica Beatriz Juárez Piña y José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente dictamen, de conformidad con la siguiente:

Metodología

I. “Antecedentes”. Este capítulo hace constar el trámite de inicio y recepción del turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo.

II. “ Contenido”. En este capítulo se exponen los motivos y alcance de la propuesta estudiada.

III. “Consideraciones”. En este capítulo la Segunda Comisión dictaminadora, expresa el resultado de su análisis de los argumentos y la valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar o rechazar en sus términos la proposición analizada.

I. Antecedentes

1. Con fecha 8 de enero de 2014, los diputados Verónica Beatriz Juárez Piña y José Valentín Maldonado Salgado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente:

II. Contenido de la proposición

“A  unos días de que se cumplan 71 años de vida del Instituto Mexicano del Seguro Social, se fortalecen las maniobras neoliberales para continuar desmantelando a este Instituto, eje sustancial para el desarrollo y paz sociales en nuestro país.

El IMSS se constituyó para, en base a los recursos colectivos obtenidos de las aportaciones tripartita, liberar a los patrones de la prestación de diversos servicios, incluidos los de las guarderías, en bien de los trabajadores y sus familias, titulares de derechos. Lo anterior no sólo sirve de base para abaratar el servicio, sino también para elevar su calidad y, darle la regularidad y continuidad necesarias. A contracorriente de la historia, ahora se busca que los patrones se hagan cargo de éstos servicios, en el camino de los seguros privados, excluyentes y caros, cuyos límites injustos superó precisamente el IMSS.

En la sesión del 13 de diciembre de 2013, el Senado de la República, sin previamente escuchar a las y los derechohabientes del IMSS, a los trabajadores al servicio del Instituto y a los especialistas, entre otros, aprobó una reforma al artículo 213 de la Ley del Seguro Social, a fin de que varios patrones se organicen para echar a andar los servicios de guarderías para la atención de las y los hijos de sus trabajadores, sin menoscabo de que adicionalmente presten este servicio a otras empresas, bajo una perspectiva de evidente lucro.

Ya conforme a la normativa vigente, el patrón de una empresa o establecimiento, en lo particular, podía celebrar convenios de subrogación, pero era una normativa cuya aplicación era excepcional. Ahora se abre jurídicamente la puerta para impulsar de manera masiva la subrogación de las guarderías mediante la celebración de convenios con uno o varios patrones.

Esto se traduce, en que el  IMSS dejará de prestar directamente estos servicios, por lo que deberá transferir a los patrones parte de los ya escasos recursos del ramo de guarderías infantiles y, que seguirán proliferando las guarderías subrogadas, con cuestionables niveles de seguridad y calidad en desconocimiento de los derechos de las y los hijos de los trabajadores.

Baste ver, que en la propia iniciativa, raíz de la minuta de comento se señala que en la actualidad, las guarderías de prestación directa del servicio representan 12.6% de los lugares disponibles, con una capacidad instalada de 30,000 lugares, en tanto que las guarderías de prestación indirecta, representan el 87.4% de los lugares disponibles, con capacidad de 206 mil lugares.

Pero en lugar de que este monstruoso desequilibrio entre guarderías de prestación directa e indirecta, fuera un argumento en contra de la propuesta contendida en la iniciativa, se usa contra toda lógica para supuestamente apoyarla.

Evidentemente, serán de manera especial las grandes empresas las que optarán por la subrogación, razón por la que despojarán al IMSS de la mayoría de recursos del ramo de guarderías infantiles, el IMSS se quedará con menos recursos para atender la demanda de la mayoría de las y los trabajadores, por lo que sus servicios se irán precarizando y aumentará el déficit de espacios, constituyéndose un pretexto más para su desmantelamiento. Debe haber un límite para el lucro y la agresión de los derechos sociales. En suma, esta minuta crea un círculo perverso en contra de la pervivencia del IMSS y la tutela de los derechos de los trabajadores y sus hijos.

El espaldarazo a una mayor subrogación o privatización de las guarderías es inadmisible; especialmente, cuando viene a nuestra memoria la tragedia del 5 de junio de 2009 en la guardería subrogada, denomina Guardería ABC que operaba en Hermosillo, Sonora. Este terrible crimen, debió y debe cuestionar de raíz el ilegal, discriminador e inhumano sistema de las guarderías subrogadas, y contrariamente a lo que propone la minuta de comento, revertir las guarderías subrogadas hacia su manejo directo por el Instituto, que garantiza elevados niveles de capacitación de su personal, seguridad y calidad.

Para llevar a cabo la subrogación en favor de las organizaciones de patrones, se argumenta básicamente el déficit cuantitativo que tiene el Instituto en materia de guarderías ante la constante incorporación de las madres a la vida laboral. Sin embargo, no sólo debe pensarse en los derechos de las y los trabajadores, sino prioritariamente en los derechos humanos de las y los niños, comenzando por la tutela de su vida y salud. Es decir, no puede impulsarse a toda costa, a cualquier precio la expansión de las guarderías, o más bien de seudo guarderías.

La pretensión de privatizar de manera masiva los servicios de guarderías no es nuevo, en la iniciativa de Nueva Ley del Seguro Social de 1995, se propuso adicionar un segundo párrafo al artículo 213 de comento, en el que se señalaba: “El Instituto también podrá celebrar convenios de subrogación de servicios con personas físicas o morales en los términos que señale el reglamento respectivo”. Lo cual buscaba la privatización masiva e indiscriminada de este seguro; que sacrificaría el interés humano y social por el lucro desenfrenado. Por el momento esta adición se echó abajo, pero ahora se busca retomarla, como un paso hacia su nueva consagración.

Tampoco debemos perder de vista que esta minuta al entregar el servicio de guarderías a los patrones, quitan materia de trabajo a los trabajadores al servicio del IMSS, al personal sindicalizado, en abierta violación de su contrato colectivo de trabajo.

Por otra parte, al carecer los patrones de experiencia en la prestación del servicio de guarderías, pueden poner en grave riesgo la seguridad y desarrollo de los menores; o bien, los patrones sólo serán el conducto para que se entregue el servicio de guarderías a privadas, de diversa índole. Pero sobre todo, la iniciativa privada busca determinar el rumbo de la educación de los infantes, desde la más tierna edad, razón por la cual, esta minuta es una pieza complementaria de la contrarreforma constitucional en materia educativa.

Insisto, sobre la tragedia en la Guardería ABC; en contra de la letra expresa de la Ley del Seguro Social, se comenzaron a subrogar los servicios de las guarderías, lo que metió a la usura hasta la vida y desarrollo de nuestros niños; el incendio de la Guardería ABC, no fue un accidente, sino consecuencia lógica de esta nueva política de ilegalidad, complicidad y menosprecio a la vida de los trabajadores y sus familias. ¿Dejaremos a un lado la dolorosa experiencia de la Guardería ABC, para ahondar el desmantelamiento del IMSS y el impulso del lucro a costa de nuestros niños?

Además esta subrogación, va en contra de lo previsto en la fracción XXIX del artículo 123 apartado A de la Constitución, que prevé a la Ley del Seguro Social como ordenamiento de utilidad pública, es decir, la seguridad social es un servicio público que debe ser proporcionado por el Estado”.

III. Consideraciones

I.Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, reconocemos la importancia de preservar y promover el desarrollo del servicio de guarderías para los infantes.

II.De conformidad con el artículo 6o., numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, es un derecho de los diputados y diputadas integrar las comisiones y los comités, participar en sus trabajos, así como en la formulación de sus dictámenes y recomendaciones. Por lo que el exhorto para sujetar ese derecho a la opinión del Pleno resulta improcedente, a lo cual debemos agregar que las proposiciones con punto de acuerdo son peticiones para que un órgano legislativo asuma una postura institucional respecto a un asunto no legislativo. (Ello se deriva de la definición de proposición con punto de acuerdo, contenida en el Reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 3o., numeral 1, fracción XIX).

“Artículo 3o..

1.Para efectos del reglamento se utilizan las voces y significados siguientes:

XIX. Proposición con punto de acuerdo: Es una petición para que la Cámara asuma una postura institucional respecto a un asunto no legislativo;

III.La Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció con precisión al resolver acerca del lamentable caso de la Guardería ABC, que la subrogación del servicio de guarderías es legal y no contraviene el contenido de nuestra Carta Magna.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se desecha el punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados a votar contra la minuta del Senado que extienda la privatización y precarización de las guarderías del IMSS, suscrita por los diputados Verónica Beatriz Juárez Piña y José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD, en tanto no corresponde a la Comisión Permanente incidir en sus dictámenes.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de enero de 2014.— Por la Segunda Comisión: Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Presidente; senador Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), secretario; senador Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), secretario; diputado Javier Orihuela García (rúbrica), secretario; diputada María de las Nieves García Fernández (rúbrica), senador Raúl Aarón Pozos Lanz (rúbrica), diputado René Fujiwara Montelongo (rúbrica), senadora Mely Romero Celis (rúbrica), diputada Areli Madrid Tovilla (rúbrica), senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), diputada Mónica García de la Fuente, senadora María Marcela Torres Peimbert, diputado Ricardo Cantú Garza, senadora Luisa María Calderón Hinojosa (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (rúbrica).»

La diputada Graciela Saldaña Fraire(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: ¿Con qué objeto, diputada Fraire? ¿El número? Tres, de la Segunda Comisión.

En relación a la intervención de la diputada Graciela Saldaña, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para hablar en reserva de la discusión del número 3, del dictamen de la Segunda Comisión.

La diputada Graciela Saldaña Fraire: Con su permiso, señora presidenta. Legisladores y legisladoras, con respecto a este dictamen de punto de acuerdo del PRD, que exhorta a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados a votar en contra de la minuta del Senado que subroga las guarderías del Seguro Social y Organizaciones de Patrones, la Comisión Segunda desecha este punto de acuerdo con argumentos insostenibles, pues es evidente que este punto de acuerdo no está proponiendo una iniciativa de ley, sino solo se refiere a una propuesta en el sentido del voto respecto a la minuta, lo cual es una constante en la práctica parlamentaria, por lo que resulta inaplicable el artículo 3, fracción XIX, a que se refiere el dictamen.

Por otra parte, si bien la Suprema Corte ante múltiples presiones resolvió que la subrogación de las guarderías del Seguro Social es legal, resolución absolutamente bochornosa —antes había sostenido lo contrario— además que esto lo sostuvo la Corte en una investigación por violaciones graves a los derechos humanos ante la tragedia de la guardería ABC, pero no como resultado de un juicio de amparo que hubiera llevado una jurisprudencia. Es decir, se ha pronunciado sobre su legalidad, pero no sobre su constitucionalidad, por lo que este punto es absolutamente discutible en base en los siguientes argumentos:

a) La tragedia de la guardería ABC tuvo lugar en una guardería subrogada.

b) La Auditoría Superior de la Federación de manera repetida ha puesto de manifiesto las ilegalidades y la falta de suficientes medidas de seguridad en las guarderías subrogadas.

c) Estas guarderías van en contra de la fracción XXIX del artículo 123 constitucional, apartado A, que en la parte conducente señala: es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de servicios de guarderías y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras y sus familiares.

El que la Ley del Seguro Social sea un ordenamiento de utilidad pública significa que la seguridad social y concretamente las guarderías son un servicio público que debe ser proporcionado por el Estado, no por particulares que buscan solo lucro.

d) Las guarderías subrogadas van en contra de la letra expresa del artículo 204 de la Ley del Seguro Social, que establece: Para otorgar la prestación de los servicios de guardería el instituto establecerá instalaciones especiales por zonas convenientemente localizadas, en relación a los centros de trabajo y de habitación, y en las localidades donde opera el régimen obligatorio.

Es decir, la subrogación solo puede ser excepcional y no como sucede actualmente en lo que se está volviendo la regla. Adicionalmente la entrega de las guarderías a particulares violenta los artículos 3o. al 5o. de la Ley del Seguro Social.

e) Las guarderías subrogadas, sobre todo a las organizaciones de los patrones, va contra la evolución histórica que permitió superar los seguros privados por el seguro social.

Es un tema central que no se puede aprobar en un tris, como sucedió en el Senado. Pero en un ánimo constructivo proponemos una redacción alternativa:

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a las diputadas y a los diputados de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para que antes de dictaminar la minuta del Senado, relativa al proyecto de decreto que reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, relativa a la subrogación de los servicios de guardería infantil a organizaciones de patrones, lleve a cabo foros y otras actividades análogas que permitan escuchar a los trabajadores, patrones, funcionarios del Seguro Social, especialistas, entre otros, en un tema tan relevante para la seguridad social.

Voto en contra del dictamen si no se aprueba la redacción alternativa. Esta es la postura de mi Grupo Parlamentario del PRD. Y dado que es un tema de interés social y, sobre todo, que debe salvaguardar las principales leyes que de ella emanen para la protección de nuestros infantes. Muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Graciela Saldaña. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la modificación propuesta por la diputada Saldaña al dictamen correspondiente.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se consulta si es de aprobarse la modificación. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: No es de aceptarse la modificación.

La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Presidenta, ¿se podría rectificar el sentido de la votación?

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Solicito a la Secretaría, a petición de la diputada Saldaña, rectificar el sentido de la votación y pedirles a los legisladores, por favor, manifestar claramente su posición.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Se consulta nuevamente a la asamblea si es de aprobarse la modificación. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: No es de aceptarse la modificación.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo marcado con el número 3, de la Segunda Comisión.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba en sus términos. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado el punto de acuerdo en sus términos. Comuníquese.

OPERACIONES EN LAS CARRETERAS DE MORELOS PARA EVITAR ROBOS AL TRANSPORTE DE CARGA

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Continuando con el orden del día, en el apartado de proposiciones tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a establecer operativos en las carreteras del estado de Morelos para evitar robos al transporte de carga, suscrito por la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada María de las Nieves García Fernández(desde la curul): Con su venia, señora presidenta. Las suscritas Maricela Velázquez Sánchez y una servidora, diputadas federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.

En nuestro país el uso de transporte de carga —también conocido como autotransporte— ha ido creciendo paulatinamente, el traslado de mercancías de una entidad federativa a otra, el movimiento de insumos para el sector productivo es de vital importancia para el desarrollo económico del país.

Asimismo la participación de este sector dentro de la economía nacional se encuentra representada con un 6.3 por ciento del PIB, ubicándose en el quinto lugar dentro de las 73 principales ramas económicas del país.

Al interior del país, el 88 por ciento de las toneladas de mercancías, productos y materias primas transportadas se han realizado por medio de este sector, gracias a lo cual se han generado más de 2 millones de empleos directos. Sin embargo, el autotransporte se ha visto afectado por el incremento en la delincuencia, ya que al encontrarse circulando por las carreteras y autopistas del país han sido víctimas de robos, perdiendo la mercancía, los vehículos, e incluso encontrándose en riesgo la integridad física de los conductores de dichas unidades.

De acuerdo con declaraciones hechas a distintos medios impresos por parte del ex delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, José Manuel Hernández, el estado de Morelos se ha visto impactado por un incremento en los robos hechos a los transportistas, siendo las carreteras y autopistas que conectan a dicha entidad con los estados de Puebla y Guerrero las más afectadas, la carretera de Cuautla, Izúcar de Matamoros y la Autopista del Sol son las que presentan un mayor índice de delincuencia.

Con base en lo anterior, proponemos se exhorte a la Comisión Nacional de Seguridad para que a través de la Policía Federal se establezcan operativos en las principales carreteras del estado de Morelos, con la finalidad de evitar que los transportistas que circulan diariamente por dicho estado sean víctimas de asaltos, perdiendo la mercancía transportada y en ocasiones los vehículos utilizados para dicho fin.

Es importante mencionar que en apoyo al sector de autotransporte se han implementado programas como el esquema de sustitución vehicular, el programa para la modernización de la flota de autotransporte federal y el programa de transporte limpio. De igual forma se debe brindar protección y continuar fomentando el desarrollo de este sector, ya que como se ha comentado en los párrafos anteriores este sector se encuentra ubicado en los primeros lugares de las ramas económicas del país.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad para que a través de la Policía Federal se establezcan operativos de vigilancia en las principales carreteras del estado de Morelos, con la finalidad de evitar que se presenten robos al transporte de carga que circula diariamente por dicha entidad. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a establecer operaciones en las carreteras de Morelos para evitar robos al transporte de carga, suscrita por las diputadas Maricela Velázquez Sánchez y María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, Maricela Velázquez Sánchez y María de las Nieves García Fernández, diputadas federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país el uso de trasporte de carga, también conocido como autotransporte, ha ido creciendo paulatinamente, el traslado de mercancías, de una entidad federativa a otra. El movimiento de insumos para el sector productivo es de vital importancia para el desarrollo económico del país.

Asimismo, la participación de este sector dentro de la economía nacional se encuentra representada con un 6.3 por ciento del PIB, ubicándose en el 5o. lugar dentro de las 73 principales ramas económicas del país.

Al interior del país el 88 por ciento de las toneladas de mercancías, productos y materias primas transportadas se han realizado por medio de este sector. Gracias a lo cual se han generado más de 2 millones de empleos directos.

Sin embargo, el autotransporte se ha visto afectado por el incremento en la delincuencia, ya que al encontrarse circulando por las carreteras y autopistas del país han sido víctimas de robos, perdiendo la mercancía, los vehículos e incluso encontrándose en riesgo la integridad física de los conductores de dichas unidades.

De  acuerdo con declaraciones hechas a distintos medios impresos por parte del ex delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), José Manuel Hernández, Morelos se ha visto impactado por un incremento en los robos hechos a los transportistas, siendo las carreteras y autopistas que conectan a dicha entidad con Puebla y Guerrero las más afectadas. La carretera de Cuautla-Izúcar de Matamoros y la Autopista del Sol son las que presentan un mayor índice de delincuencia.

Con base a lo anterior, proponemos se exhorte a laComisión Nacional de Seguridad, para que, a través de la Policía Federal se establezcan operativos en las principales carreteras del Estado de Morelos, con la finalidad de evitar que los transportistas que circulan diariamente por dicho Estado, sean víctimas de asaltos, perdiendo la mercancía transportada, y en ocasiones los vehículos utilizados para dicho fin.

Es importante mencionar que en apoyo al sector de autotransporte se han implementado programas como el esquema de sustitución vehicular (chatarrización); el programa para la modernización de la flota del autotransporte federal, y el programa transporte limpio. De igual forma, se debe brindar protección y continuar fomentando el desarrollo de este sector, ya que como se ha comentado en los párrafos anteriores, este sector se encuentra ubicado en los primeros lugares de las ramas económicas del país.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a laComisión Nacional de Seguridad para que, a través de la Policía Federal, se establezcan operativos de vigilancia en las principales carreteras de Morelos, con la finalidad de evitar que se presenten robos al transporte de carga que circula diariamente por dicha entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.— Diputadas: Maricela Velázquez Sánchez, María de las Nieves García Fernández (rúbricas).»

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se considera de urgente resolución. El asunto está a discusión. Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para hablar a favor.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, diputado presidente, con su permiso. La seguridad en las carreteras es un punto estratégico para la economía del país, puesto que el 43 por ciento de las importaciones y exportaciones se realizan a través del autotransporte de carga que día a día circulan por esas vías de comunicación.

El sector de autotransporte igualmente es uno de los más importantes de la economía mexicana. Sin embargo, esta prolífica industria es víctima de la acción delincuencial, pues los robos y asaltos que se suscitan en las distintas carreteras del vecino estado de Morelos se han convertido en un verdadero azote para los transportistas.

Los grupos criminales han encontrado en el sector autotransporte carretero una forma ilícita de obtener ganancias importantes en detrimento del patrimonio de los transportistas, quienes tienen que contratar o implementar mecanismos de seguridad y localización satelital que les permita hacer frente a los grupos delincuenciales, medidas que derivan también en una alza de sus costos incidiendo en los precios al consumidor y, por ende, en los bolsillos de toda nuestra sociedad.

En virtud de lo anterior, no podemos mostrarnos ciegos ante la innegable realidad de que distintas vías de comunicación en el estado de Morelos se han convertido en un bastión de los grupos criminales, quienes cometen todo tipo de atropellos en contra de la sociedad, pues los secuestros, robos, homicidios y extorsiones —que a diario se cometen— reflejan que los altos índices de seguridad se encuentran en una espiral a la alza.

De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2013 los secuestros y extorsiones se incrementaron, destacando Morelos como una de las entidades más afectadas por estos delitos. En contraste, el gobierno local presume cifras sobre la disminución de delitos, pero la percepción de la ciudadanía es que la violencia sigue en las calles de las principales ciudades de aquella entidad y que va en aumento.

Atento a los argumentos expresados, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, comprometido con las causas que redunden en beneficio social, comparte la preocupación por atender la inseguridad que prevalece en algunas carreteras del país y por lo tanto sumándose a nuestras diputadas que han presentado este punto de acuerdo, votaremos en favor de dicho punto. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado René Fujiwara Montelongo.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición presentada por la diputada María de las Nieves García.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada. Comuníquese.

ATENCION MEDICA COORDINADA A PACIENTES CON ENFERMEDADES RENALES O CANCER DE PROSTATA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y del estado de Tamaulipas, para que de manera coordinada ofrezcan la atención médica a pacientes con enfermedades renales o de cáncer de próstata, suscrito por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal:Gracias, presidente, con su permiso. Los suscritos diputados federales Carlos Alberto García González y Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud de Tamaulipas, para que de manera coordinada ofrezcan la atención médica a pacientes con enfermedades renales o de cáncer de próstata y, en su caso, realicen el reembolso correspondiente al paciente que requiera de la compra de medicamentos esenciales para estas enfermedades o para la compra o renta de prótesis ortopédicas temporales o permanentes, bajo las siguientes consideraciones:

El Seguro Popular fue creado e impulsado por los gobiernos emanados de Acción Nacional como una nueva política social para llevar el bien común a toda la población del país.

Durante el gobierno de Vicente Fox se puso en marcha el programa del Seguro Popular de Salud. El 12 de noviembre de 2002 envió al Senado una iniciativa que modificaba la Ley General de Salud para establecer el Sistema de Protección Social en Salud en su exposición de motivos, donde se señalaba lo siguiente: El Sistema del Seguro de Protección Social en Salud posibilitará que familias con capacidad limitada de pago, no derechohabientes, puedan incorporarse a un sistema de aseguramiento que incluye el catálogo de intervenciones y los medicamentos asociados a dicho catálogo.

Después de un largo debate en el Congreso se aprobaron las reformas y, finalmente, el 1 de enero del 2004 entró en vigor el Seguro Popular. Así se implementaron las bases jurídicas para que todos los mexicanos cuenten con seguridad social, sin importar su situación social o laboral.

De esta manera el Seguro Popular otorga cobertura de servicios de salud de manera pública y voluntaria para quienes no cuentan con empleo o son autoempleados y que —por lo mismo— no cuentan con atención del IMSS o del ISSSTE.

Los afiliados al Seguro Popular tienen acceso a servicios médico quirúrgico, farmacéuticos, hospitalarios, a través de un catálogo de 284 intervenciones de primer y segundo nivel, cubriendo así más de mil 500 enfermedades.

Esta atención cubre un 100 por ciento de los padecimientos de primer nivel, los cuales pueden ser proveídos por clínicas o centros de salud y más de un 90 por ciento de los diagnósticos terapéuticos de segundo nivel, que por lo general requieren hospitalización.

El Seguro Popular, a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, aporta los recursos para la cobertura de 58 intervenciones de alta especialidad, las cuales se agrupan en 17 rubros, entre los que se encuentran los de cáncer cervicouterino y cáncer de próstata. Esta protección se amplía conforme a un estudio de costo-efectividad a la disposición de los recursos y a la aceptación social.

En caso de insuficiencias renales se requiere en muchos casos de hemodiálisis y no existe la suficiente cantidad de equipo que permita una atención debida a los pacientes, por lo cual se recurre a la subcontratación de servicios de alta tecnología particulares, en ocasiones bajo lineamientos oficiales que no se siguen al pie de la letra.

Para quienes han perdido la movilidad o alguna de sus extremidades se requiere de prótesis temporales o permanentes, algunas de las cuales son excesivamente caras o no están disponibles en los puntos de atención del Seguro Popular.

En todos los casos referidos, cáncer de próstata, insuficiencia renal o lesiones ortopédicas, se requiere de medicamentos o prótesis que en ocasiones no están en el catálogo universal de servicios de salud del Seguro Popular, lo cual obliga al paciente a hacer gastos elevados para poder conseguirlos por su cuenta.

De acuerdo a nuestra Constitución, hombres y mujeres son iguales y, por lo tanto, merecen igual atención por las instituciones oficiales. Ahora bien, en el otorgamiento del servicio del Seguro Popular en Tamaulipas —y muy probablemente en otras entidades federativas del país— hay una serie de inconsistencias entre lo que ofrece a nivel nacional este servicio de salud y lo que en realidad existe.

Además de la no atención a pacientes con cáncer de próstata, existen otras controversias, como la falta de material en traumatología y ortopedia, como pueden ser prótesis temporales o permanentes.

El catálogo de cobertura del Seguro Popular afirma que en Tamaulipas se da la cobertura que ofrece a nivel nacional, pero en el caso de la atención al cáncer de próstata no existe dicha cobertura en la realidad, como sí se otorga a las pacientes con cáncer cervicouterino.

La disponibilidad en las principales ciudades de Tamaulipas de aparatos para realizar hemodiálisis no es suficiente, por lo que se requiere subcontratar dicho servicio a particulares que los tengan en la misma ciudad en la que el paciente lo requiera.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud que se coordine con la Secretaría de Salud de Tamaulipas, a fin de que el Seguro Popular efectúe la atención debida en dicho estado a los pacientes que padezcan enfermedades renales y cáncer de próstata.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que contemple adicionar al Seguro Popular el abastecimiento de aquellos medicamentos esenciales que no existiesen en el catálogo universal de servicios de salud del Seguro Popular, mismos que fueran requeridos para la atención de pacientes con enfermedades renales o cáncer de próstata. Asimismo que realice, en su caso, el reembolso correspondiente a los afiliados que hubiesen tenido que comprar o rentar prótesis o aparatos ortopédicos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que determine de manera clara y precisa los lineamientos para la subrogación a particulares de equipos de alta tecnología para efectuar hemodiálisis.

Atentamente, los diputados Carlos García y Alfonso Robledo. Gracias, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y de Tamaulipas a ofrecer atención médica coordinada a pacientes con enfermedades renales o cáncer de próstata, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Carlos Alberto García González y Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud de Tamaulipas para que de manera coordinada ofrezcan la atención médica a pacientes con enfermedades renales o de cáncer de próstata y, en su caso, realicen el reembolso correspondiente al paciente que requiera de la compra de medicamentos esenciales para estas enfermedades o para la compra o renta de prótesis ortopédicas temporales o permanentes, bajo los siguientes

Consideraciones

El Seguro Popular fue creado e impulsado por los gobiernos emanados de Acción Nacional como una nueva política social para llevar el bien común a toda la población del país.

Durante el gobierno de Vicente Fox se puso en marcha el programa del “Seguro Popular de Salud”, el 12 de noviembre de 2002, envió al Senado una Iniciativa que modificaba la Ley General de Salud, para establecer el Sistema de Protección Social en Salud, en su exposición de motivos se señalaba lo siguiente: “El Sistema de Seguro de Protección Social en Salud posibilitará que familias con capacidad limitada de pago, no derechohabientes, puedan incorporarse a un sistema de aseguramiento que incluye el catálogo de intervenciones y los medicamentos asociados a dicho catálogo”.

Después de un largo debate en el Congreso se aprobaron las reformas, y finalmente el 1° de enero de 2004 entró en vigor el Seguro Popular. Así se implementaron las bases jurídicas para que todos los mexicanos cuenten con seguridad social, sin importar su situación social o laboral.

De esta manera, el Seguro Popular otorga cobertura de servicios de salud de manera pública y voluntaria para quienes no cuentan con empleo o son autoempleados y que por lo mismo no cuentan con atención del IMSS o del ISSSTE.

Los afiliados al Seguro Popular tienen acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a través de un catálogo de 284 intervenciones de primer y segundo nivel, cubriendo así más de 1,500 enfermedades.

Esta atención cubre un 100% de los padecimientos de primer nivel, los cuales pueden ser proveídos por clínicas o centros de salud y más de un 90% de los diagnósticos terapéuticos de segundo nivel que por lo general requieren hospitalización.

El Seguro Popular, a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, aporta los recursos para la cobertura de 58 intervenciones de alta especialidad, las cuales se agrupan en 17 rubros, entre los que se encuentran los del cáncer cérvico-uterino y cáncer de próstata.

Esta protección se amplía conforme a un estudio de costo-efectividad, a la disposición de recursos y a la “aceptación social”.

En el caso de insuficiencias renales, se requiere en muchos casos de hemodiálisis y no existe la suficiente cantidad de equipo que permita una atención debida a los pacientes, por lo cual se recurre a la subcontratación de servicios de alta tecnología a particulares, en ocasiones bajo lineamientos oficiales que no se siguen al pie de la letra.

Para quienes han perdido la movilidad o alguna de sus extremidades, se requiere de prótesis temporales o permanentes, algunas de las cuales son excesivamente caras o no están disponibles en los puntos de atención del Seguro Popular.

En todos los casos referidos, cáncer de próstata, insuficiencia renal o lesiones ortopédicas, se requiere de medicamentos o prótesis que en ocasiones no están en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) del Seguro Popular, lo cual obliga al paciente a hacer gastos elevados para poder conseguirlos por su cuenta.

De acuerdo a nuestra Constitución, hombres y mujeres son iguales y, por lo tanto, merecen igual atención por las instituciones oficiales.

Ahora bien, en el otorgamiento del servicio del Seguro Popular en Tamaulipas, y muy probablemente en otras entidades federativas del país, hay una serie de inconsistencias entre lo que ofrece a nivel nacional este servicio de salud y lo que en realidad existe.

Además de la no atención a pacientes con cáncer de próstata, existen otras controversias, como la falta de material en traumatología y ortopedia, como pueden ser prótesis temporales o permanentes.

El catálogo de cobertura del Seguro Popular afirma que en Tamaulipas se da la cobertura que ofrece a nivel nacional, pero en el caso de la atención al cáncer de próstata no existe dicha cobertura en la realidad, como sí se otorga a las pacientes con cáncer cérvico-uterino.

La disponibilidad en las principales ciudades de Tamaulipas de aparatos para realizar la hemodiálisis no es suficiente, por lo que se requiere subcontratar dicho servicio a particulares que lo tengan en la misma ciudad en la que el paciente lo requiera.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que se coordine con la Secretaría de Salud de Tamaulipas, a fin de que el Seguro Popular efectúe la atención debida en dicho estado de los pacientes que padezcan enfermedades renales y cáncer de próstata.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que contemple adicionar al Seguro Popular el abastecimiento de aquellos medicamentos esenciales que no existiesen en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, mismos que fueran requeridos por la atención de pacientes con enfermedades renales o cáncer de próstata. Asimismo, a que realice, en su caso, el reembolso correspondiente a los afiliados que hubiesen tenido que comprar o rentar prótesis o aparatos ortopédicos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que determine de manera clara y precisa los lineamientos para la subrogación a particulares de equipos de alta tecnología para efectuar hemodiálisis.

Notas:

1 Iniciativa de Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley General de Salud. Diario de los Debates de la Cámara de Senadores. http://www.senado.gob.mx/content/sp/dd/content/cale/diarios/58/3/PPO/d23_12_11_ 2003.pdf

2 Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=695626&fecha=15/05 /2003

Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Alfonso Robledo Leal. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión. Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el derecho de la salud y, con ella, el acceso a los medicamentos y servicios médicos de calidad es un asunto prioritario, pues además de ser un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, es un condicionante para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad.

En México el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombres de 65 o más, con cerca de cinco mil defunciones anuales, lo que significa que aproximadamente 14 varones fallecen por día. Desafortunadamente el 75 por ciento de los pacientes con cáncer de próstata acuden al médico cuando la enfermedad ya se encuentra muy avanzada y, en consecuencia, es mucho más difícil tratarla.

Aunado a lo anterior, cuando las instituciones médicas no cuentan con los insumos necesarios, ni las condiciones para brindar la atención médica necesaria es aún más difícil conseguir resultados positivos en atención a esta enfermedad.

Por lo anterior resulta necesario dotar a las instituciones de salud para que un mayor número de pacientes, en cualquier etapa de la enfermedad, puedan beneficiarse de una atención multidisciplinaria e individualizada, teniendo las mismas posibilidades de acceso y tratamientos innovadores.

Por su parte, un estudio de la Facultad de Medicina de la UNAM establece que las enfermedades renales en México causarán el deceso de alrededor de 160 mil personas para el año 2025 si no se cuenta con los tratamientos adecuados para su atención.

En México habrá cerca de 212 mil pacientes con este tipo de enfermedades cuyos orígenes son congénitos en algunos casos, en otros surge con una complicación frecuente de la diabetes mellitus, hipertensión arterial y por problemas de obesidad, por lo que una vez que aparecen los primeros síntomas, el mensaje es que el riñón que está dañado.

Ante este panorama, resulta necesario utilizar todas las medidas para combatir y evitar estas enfermedades, a efecto de evitar que se conviertan en problemas de salud pública y sean necesarias estrategias más complejas para su atención.

Uno de los objetivos centrales de la política pública en salud es brindar servicios eficientes, con calidad y seguridad para la población, principio al que resulta indispensable sumar los esfuerzos para todos los niveles gubernamentales, como lo estamos haciendo en Tamaulipas.

En razón de lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional dará su voto aprobatorio al posicionamiento conjunto, a efecto de que se atienda a la brevedad posible el abasto de medicamentos que hoy se lleva conjuntamente con el gobierno federal y la adquisición de ellas y, por supuesto, las estrategias necesarias para la atención de la población en este tipo de procedimientos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Enrique Cárdenas. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

SUSPENSION DE COBRO EN LAS AUTOPISTAS DE MICHOACAN

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que decrete una suspensión de pago en las casetas de cobro en las autopistas del estado de Michoacán.

El diputado José Luis Esquivel Zalpa:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, desde 1989 se ha venido priorizando la construcción de carreteras mediante el esquema de concesiones a particulares, con el argumento de permitir el acceso de capital privado al sector de la construcción de comunicaciones terrestres y fomentar la actividad económica en beneficio de la población, así como de garantizar la utilización de materiales más duraderos, una ministración sana de los ingresos y un mantenimiento adecuado de las carreteras.

Durante 1989 a 1994 se impulsó el régimen de concesiones, que involucró a más de 5 mil kilómetros de autopistas hasta con una vigencia de 50 años, con estimados aforos muy elevados, lo que resultó un rotundo fracaso. Esto representó para el país un costo fiscal de alrededor de 30 mil millones de pesos cuando se impuso el rescate de la red carretera a partir de 1997.

A pesar de todas estas experiencias negativas a nivel nacional, con un altísimo costo fiscal para el gobierno de la República, en el estado de Michoacán ha seguido operando el esquema de concesión de la red de autopistas, lo que ha derivado en una falta casi absoluta de mantenimiento adecuado a la infraestructura carretera, originando un deterioro del estado físico de los caminos y puentes, trayendo como consecuencia pérdidas de valor económico al patrimonio vial, así como un mayor sobrecosto para los usuarios que transitan en esta red.

Hay que decirlo claramente, en el estado de Michoacán la red carretera se ha deteriorado debido a este equivocado esquema de concesión. Es evidente que la administración pública requiere con urgencia superar la insuficiencia del régimen de concesiones privadas de los años noventa para no caer en los errores del pasado.

Reducir los niveles de inversión destinados al mantenimiento de la infraestructura carretera y a la atención de los puntos conflictivos ha generado un incremento en el número de accidentes, deterioro del estado físico de la red y pérdidas de valor económico de las carreteras.

En Michoacán se ha invertido en la realidad, puesto que a pesar del pésimo estado de autopistas, el costo que se paga en las casetas de cobro es altísimo por vehículo. Por ejemplo o para ejemplo un botón: En la carretera que comunica el tramo entre Pátzcuaro con Uruapan se encuentran dos casetas de cobro, la primera conocida como la de Zirahuén y la segunda conocida como la de San Ángel Zurumucapio, que tienen un costo de 23 y 30 pesos respectivamente por un tramo de 48 kilómetros. Lo cual tal vez no sería problema, pero resulta que la degradación de la cinta asfáltica de la autopista se ha convertido en un riesgo para los usuarios.

Ante este hecho y toda vez que no es posible garantizar la seguridad de las personas que transitan por la red de autopistas de la entidad y dada la dificultad extrema que representa para el comercio con el resto del país y la salida de productos hacia el exterior, es necesario decretar una suspensión inmediata e indefinida del cobro de peaje en las casetas del estado de Michoacán y dejar libre el paso por las casetas, hasta en tanto no se realice una evaluación técnica, financiera y administrativa de las autopistas de la entidad, el estado físico de la infraestructura y la capacidad de mantenimiento de las mismas.

Por lo tanto, señoras y señores legisladores de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, propongo ante ustedes la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución.

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que decrete una suspensión de pago inmediata e indefinida en las casetas de cobro en las carreteras del estado de Michoacán, hasta en tanto no se realice una evaluación técnica, financiera y administrativa de las autopistas de la entidad, del estado físico, de la infraestructura y la capacidad de mantenimiento de las misma. Por su acompañamiento, muchas gracias y por su atención, también. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a decretar la suspensión de cobro en las autopistas de Michoacán, suscrita por el diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del PRD

Profesor José Luis Esquivel Zalpa, en mi carácter de diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito someter ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal a que decrete una suspensión de pago, inmediata e indefinida, en las casetas de cobro de las autopistas del estado de Michoacán.

Consideraciones

Primera. Que corresponde al Estado la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional, así como llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el  marco de libertades que establece la Constitución de la República.

Segunda. Que en el desarrollo nacional concurren, con responsabilidad social, el sector público, el sector social  y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

Tercera. Que bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público.

Cuarta. Que la ley alienta y protege la actividad económica que realizan los particulares y promueve las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional.

Quinta. Que desde 1989 se ha venido priorizando la construcción de carreteras, mediante el esquema de concesiones a particulares con el argumento de permitir el acceso de capital privado al sector de la construcción de comunicaciones terrestres y fomentar la actividad económica a beneficio de la población, así como de garantizar la utilización de materiales más duraderos, una administración sana de los ingresos y un mantenimiento adecuado de las carreteras y caminos.

Sexta. Que durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, entre 1989 y 1994, se impulsó el régimen de concesiones que involucró a más de cinco mil kilómetro de autopistas, hasta con una vigencia de 50 años, con estimados de aforos muy elevados, lo que resulto en un rotundo fracaso. Esto represento para el país, un costo fiscal de alrededor de 30 mil millones de pesos, cuando se impuso el “rescate” de la red carretera a partir de 1997, ya bajo el gobierno de Ernesto Zedillo.

Séptima. Que el rescate, que en derecho administrativo significa que, unilateralmente la administración pública puede revertir el régimen de concesión, involucro a veintitrés concesiones de la Red Nacional de Autopistas, equivalentes a tres mil 500 kilómetros de carreteras. Así el gobierno pasó a ser propietario  de las mismas a partir del mes de agosto de 1998.

Octava. Este rescate fiscal y financiero, estuvo plagado de irregularidades, tal y como quedo acreditado a través de los datos proporcionados por el Comité de Investigación y Recuperación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como FOBAPROA, donde se denunció el beneficio a los grandes agentes corporativos, hoy quebrados, que en su momento cotizaron en la Bolsa Mexicana de Valores.

Novena. Que a pesar de todas estas experiencias negativas a nivel nacional, con un altísimo costo fiscal para el Gobierno de la República, en el Estado de Michoacán, ha seguido operando el esquema de concesión de la red de autopistas, lo que ha derivado en una falta, casi absoluta, de mantenimiento adecuado a la infraestructura carretera originando un deterioro del estado físico de los caminos y puentes, y ha traído como consecuencia perdidas del valor económico del patrimonio vial así como un mayor sobrecosto para los usuarios que transitan esta red.

Décima. Hay que decirlo claramente: En el estado de Michoacán, la red carretera se ha deteriorado debido a este equivocado esquema de concesión. Es a todas luces evidente que la administración pública requiere con urgencia superar las insuficiencias del régimen de concesiones privadas de los años noventa, para no reincidir en los errores del pasado.

Los reducidos niveles de inversión canalizados al mantenimiento de la infraestructura carretera y a la atención de los puntos conflictivos, ha generado un incremento en el número de accidentes, el deterioro del estado físico de la red y la pérdida del valor económico de las carreteras.

No obstante, el alto costo del deterioro de la infraestructura carretera se minimiza al considerar la pérdida de vidas humanas así como los daños a la integridad física de muchas personas que han sufrido accidentes en las autopistas concesionadas debido a las terribles condiciones de las autopistas.

En Michoacán, cual si de un mundo kafkiano se tratara, se ha invertido la realidad, puesto que  a pesar del pésimo estado de las autopistas en la entidad, el costo que se paga en las casetas de cobro es altísimo por unidad individual. Para ejemplo basta un botón: En la carretera que comunica a Pátzcuaro con Uruapan  se encuentran dos casetas de cobro  la 1ª conocida como la de Zirahuen y la 2ª conocida como San Ángel tiene un costo de 23 y 30 pesos, respectivamente, por un tramo de 48 kilómetros, lo cual tal vez no sería problema, pero resulta que la degradación de la cinta asfáltica de la autopista se ha convertido en un riesgo para los usuarios. Este tramo es parte de la llamada Autopista Siglo XXI, cuyo beneficiario es la empresa denominada “Concesionaria de Autopistas de Michoacán, SA de CV2,  que enlaza la Ciudad de Lázaro Cárdenas con el centro y norte del país y consiste en una carretera de un solo carril en cada sentido, a todas luces insuficiente, cara y con pésimo mantenimiento a pesar de que es recorrida continuamente por vehículos pesados cargados de contenedores y mercancía.  Para el caso, es necesario tener en cuenta que aún falta por construir el segundo cuerpo de dicha autopista, por lo que se hace urgente que se practique una auditoría  técnico-financiera  y administrativa para revisar el cumplimiento de la concesión y determinar si la concesionaria tiene  la capacidad técnico financiera para la construcción y mantenimiento del mismo, para en caso contrario proceder a la revocación administrativa de la concesión.

Esto no es otra cosa que un flagrante incumplimiento, por parte de las empresas operadoras, a las condiciones  establecidas en el título de concesión para dar mantenimiento al red de autopistas a fin de asegurar el estado físico de las carreteras a su cargo, alcanzar la eficiencia operativa y canalizar los recursos necesarios para prolongar la vida útil del patrimonio vial, así como de los  acuerdos adquiridos con las comunidades para el otorgamiento de derecho de paso por donde atraviesa el sistema de autopistas en Michoacán.

Ante este hecho, y toda vez que no es posible garantizar la seguridad de las personas que transitan por la red de autopistas de la entidad y dada la dificultad extrema que representa para el comercio con el resto del país y la salida de productos hacia el exterior, es necesario decretar una suspensión inmediata e indefinida del cobro de peaje en las casetas del estado de Michoacán y dejar libre el paso por las casetas hasta en tanto no se realice una evaluación técnica financiera y administrativa de las autopistas del estado, el estado físico de la infraestructura, la capacidad de mantenimiento de las mismas, todo con la finalidad de facilitar el tránsito y comercialización de mercancías, la recuperación de la economía de la entidad y la generación de empleos en la entidad de un lugar tan castigado como es el Estado de Michoacán, de este nuestro México por todos tan querido.

Por lo tanto señoras y señores senadores y diputados de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, propongo ante ustedes, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para que decrete una suspensión de pago, inmediata e indefinida, en las casetas de cobro de las carreteras del estado de Michoacán.

Sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2014.— Diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Luis Esquivel Zalpa. Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

DIA MUNDIAL DE LA EDUCACION AMBIENTAL

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Educación Ambiental, suscrita por el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Mónica García de la Fuente:Con su permiso, presidente. A nombre de mi compañero Enrique Aubry, me permito hacer uso de esta tribuna para presentar un tema de gran trascendencia para nuestro parlamentario, la educación ambiental.

El próximo 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, el cual se estableció en el año de 1975. Los programas y objetivos de la UNESCO en materia de educación ambiental pretenden integrar la comprensión del medio ambiente a todos los aspectos de la educación, a través de la sensibilización y conservación del mismo, fortaleciendo la sustentabilidad.

En 1992 nuestro país adoptó las conclusiones del Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, en donde se estableció que ésta es una eminente política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en la materia.

Además, la educación ambiental debe ser concebida no solo como una herramienta para enfrentar el deterioro que afronta hoy el planeta ante la constante amenaza por la destrucción de la naturaleza, sino como un derecho que tienen todos los ciudadanos de educarse, para protegerse de los fenómenos meteorológicos a través de procesos dinámicos y participativos que buscan despertar en la población una conciencia que le permite identificarse con la problemática, empezando por el medio en que se desenvuelven hasta lograr escalarse a nivel mundial.

Uno de los objetivos primordiales de la educación ambiental son proporcionar información y conocimientos necesarios en la población, para que ésta adquiera conciencia de los problemas que existen sobre el tema, creando en ella predisposición, motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente en búsqueda de soluciones.

Es claro que las directrices están bien definidas y que la educación ambiental debe ser uno de los ejes rectores del sistema educativo nacional.

Un modelo a seguir es el del estado de Chiapas, donde se ha implementado un programa pionero en el país, denominado: Educar con responsabilidad ambiental, el cual contempla la concientización de los alumnos de los diversos planteles, a fin de formar escuelas saludables y sustentables desde el nivel básico hasta el superior, con estrecha relación al medio ambiente en atención al deterioro que enfrenta actualmente, a través de la publicación de libros de texto, la capacitación de los docentes y la implementación de mecanismos de evaluación del material didáctico utilizado.

A pesar de este tipo de esfuerzos, nuestro país presenta un grave rezago en temas ambientales y no se ha creado conciencia de la severa problemática que representa la falta de educación, pues seguimos considerando al medio ambiente como un tema ajeno o de menor relevancia.

Por todo lo anterior, las legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos que además de educar y sensibilizar como parte fundamental de la formación de los niños, se debe lograr que las instituciones responsables de la impartición de educación ambiental coordinen y ejecuten proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la gestión ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con la participación de organismos de los diversos niveles educativos y culturales para la conservación del patrimonio natural de nuestro país.

En virtud de lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta de urgente y obvia resolución.

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que implementen mecanismos eficientes para la impartición de talleres, cursos y seminarios en materia de educación ambiental, como parte de la labor informativa y de concientización respecto de los desastres naturales que ha enfrentado nuestro país como consecuencia de los constantes cambios climáticos que han tenido lugar a nivel mundial. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al Día Mundial de la Educación Ambiental, suscrita por el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 26 de enero se celebra el Día de la Educación Ambiental, que tiene su origen en 1975, durante la celebración del Seminario Internacional de Educación Ambiental en Belgrado, donde se establecieron los principios de la educación ambiental en el marco de los programas y objetivos de la UNESCO, los cuales buscan integrar la comprensión y el respeto de sí mismo, de los demás y del ambiente a todos los aspectos de la educación, a través de la instauración de la educación con responsabilidad ambiental no sólo centralizada en la sensibilización y conservación del medio ambiente, sino desde el fortalecimiento de la sustentabilidad, para lo cual resultaría elemental integrarla en la Constitución Política.

Al respecto, en 1992 México adoptó las conclusiones del Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, en donde se estableció que ésta es eminentemente política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en materia ambiental y justa en lo social.

Para ello debemos entender por educación ambiental el proceso educativo integral, que además de generar conciencia y soluciones a los problemas ambientales actuales causados por actividades antropogénicas y los efectos de la relación entre el hombre y el medio ambiente, sea un mecanismo pedagógico que garantice su ejecución.

La educación ambiental debe ser concebida no sólo como una herramienta para enfrentar el deterioro que afronta hoy el planeta ante la constante amenaza por la destrucción de la naturaleza, sino que sea vista como un derecho que tienen todos los ciudadanos de educarse para protegerse de las grandes tragedias climáticas a través de procesos dinámicos y participativos, que buscan despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática, empezando por el medio en el que se desenvuelve hasta lograr escalarse mundialmente.

Algunas de las finalidades primordiales de la educación ambiental son proporcionar información y conocimientos necesarios en la población para que ésta adquiera conciencia de los problemas que existen sobre este tema, creando en ella predisposición, motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones, así también busca fundar una clara conciencia acerca de la interdependencia económica, social, política y ambiental en áreas urbanas y rurales, así como dar a cada persona las oportunidades para que obtenga los conocimientos necesarios a fin de proteger y mejorar el ambiente y con ello alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable, a través de la creación de nuevos patrones de comportamiento y responsabilidades éticas.

Como vemos, las directrices están bien definidas, está claro que la educación ambiental debe ser el eje central del Sistema Educativo Nacional orientado a valorar y actuar con un amplio sentido de respeto a los recursos naturales, para ello se han sumado los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno e instituciones, cuyo principal ejemplo es el caso del Estado de Chiapas, que ha implantado el programa precursor en el país Educar con Responsabilidad Ambiental, el cual considera la concienciación de los alumnos de los diversos planteles públicos a fin de formar escuelas saludables y sustentables desde el nivel básico hasta el superior, ello con estrecha relación al ambiente en atención del deterioro que enfrenta actualmente, a través de la publicación de libros de texto, la capacitación de docentes y la implementación de mecanismos de evaluación de material didáctico utilizado.

Sin embargo, el país aún presenta un grave rezago en temas ambientales, aún no hacemos conciencia de la severa problemática que representa la falta de educación, pues seguimos considerando el ambiente como un tema ajeno o de menor relevancia.

Por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que además de educar y sensibilizar, como parte fundamental es lograr que las Instituciones responsables de la impartición de educación ambiental, coordinen y ejecuten proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la gestión ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con la participación de organismos de los diversos niveles educativos y culturales para la conservación del patrimonio natural del país.

Por lo anterior propongo con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Educación Pública a implantar mecanismos eficientes para la impartición de talleres, cursos y seminarios en materia de educación ambiental como parte de la labor informativa y de concienciación respecto a los desastres naturales que ha enfrentado el país como consecuencia de los constantes cambios climáticos que han tenido lugar a escala mundial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.— Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Mónica García de la Fuente. Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sí se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor.

El diputado Roberto López Rosado:Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras, efectivamente, el 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, que tienen su origen en 1975, año en que se celebró, en Belgrado, el Seminario internacional de educación ambiental, donde participaron expertos de más de 70 países.

En ese evento se establecieron los principios básicos de la educación ambiental, sobre todo en el marco de los programas de Naciones Unidas. Como resultado se publicó la Carta de Belgrado, en la cual se plasman las reivindicaciones fundamentales de la educación ambiental.

La educación ambiental es, pues, un proceso dinámico y participativo que busca despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental, tanto a nivel general, mundial, como a nivel específico en donde se vive.

También busca identificar las relaciones de integración e independencia que se dan entre el entorno, medio ambiente y el hombre, así como también se preocupa por promover una relación armónica entre el medio natural y las actividades humanas a través del desarrollo sostenible. Todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras.

La educación ambiental, además de generar una conciencia y soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por las actividades humanas y los efectos de la relación entre el hombre y el medio ambiente, es un mecanismo que además infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas.

Los procesos y factores físicos, químicos, así como biológicos como estos, reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí dentro del medio ambiente. Todo esto con el fin de entender nuestro entorno y formar una cultura conservacionista, donde el hombre aplique en todos sus procesos productivos técnicas limpias, dándole solución a los problemas ambientales.

Por lo anterior expuesto, no dudamos en respaldar totalmente el punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución que aquí se señala.

Ahora bien, el objetivo de establecer el día de la educación ambiental es generar conciencia entre las personas y los gobiernos, a partir de la participación de todos para conservar y proteger el medio ambiente.

Hago un llamado finalmente a todas las fracciones parlamentarias para retomar en nuestra agenda de manera seria el tema ambiental. Y que no es solo exclusivo del Partido Verde Ecologista y organizaciones ecologistas en general, sino que nuestra vida depende del medio ambiente y, por lo tanto, no podemos desdeñar tan trascendental tema. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Roberto López Rosado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Estamos a favor del punto de acuerdo. Nos parece adecuado exhortar tanto a la Secretaría de Medio Ambiente como a la de Educación para implementar talleres, cursos, seminarios con relación al cambio climático, con relación a la prevención de los desastres naturales. Pero también nos parece importante que en la agenda del medio ambiente se toquen temas de fondo, porque luego hay una idea de discutir estos temas para pasar por políticamente correctos, porque todos estamos de acuerdo. Pero cuando vienen temas ecológicos que traen consigo afectar intereses, tomar definiciones contundentes, pues hay quienes se repliegan de su postura ecologista.

No puede haber un ecologismo de ocasión, tiene que haber una definición tajante, porque ahora en la discusión de la legislación secundaria vamos a ver ya con toda claridad quienes abanderan la postura ecológica y de defensa del medio ambiente simplemente como un recurso político, o quienes verdaderamente tienen un compromiso con la ecología y con el cuidado del medio ambiente.

En días pasados, en Acapulco, Guerrero, estuvo el buque insignia de la organización Greenpeace, el Rainbow Warrior. Y ahí estuvimos varios legisladores con ellos y precisamente la preocupación de este organismo no gubernamental —y de otros— es el tema de la legislación secundaria energética, de particular manera el tema del fracking o fractura hidráulica, que implica severos daños ecológicos, que implica cantidades exorbitantes de agua para la explotación del llamado gas de lutita o gas shale, que es toda la faramalla de la reforma energética.

Todo este discurso de que van a bajar las tarifas de la luz tiene que ver con el supuesto caudal que se va a generar a partir de la explotación del gas shale, del gas de lutita. Pero no se dice lo que implica la explotación de 20 mil pozos, como se ha hablado. Esto implica un consumo de agua de hasta 16 millones, lo equivalente al consumo de agua de 16 millones de personas para la explotación de estos 20 mil pozos.

Es decir, por eso hablamos de un crimen ecológico, porque no solamente genera devastación en el entorno de estas regiones, sino también implica utilizar agua que en muchas regiones del país no la hay.

Nos referimos particularmente a los estados de Coahuila, estados de Nuevo León, del propio Tamaulipas, donde la explotación de este supuesto tesoro energético va a implicar utilizar estas grandes cantidades de agua. Va a implicar devastación y va a implicar también problemas de carácter social. Ahí queremos ver si este ecologismo de ocasión se convierte en una defensa genuina de los temas medioambientales.

Por eso nosotros, como Movimiento Ciudadano, hacemos el compromiso de estar en contra del gas shale, en cuanto a que se utilice la explotación a través de la técnica de fractura hidráulica, conocida mundialmente como fracking.

Ya hay naciones que lo han prohibido. Ya hay naciones que han legislado para prohibir esta técnica nociva. Esperemos aquí que varios legisladores que reivindican la bandera ecológica también estén en contra de la explotación a través del fracking, si no, todo va a ser discursos, vamos a envolvernos en la bandera del cambio climático, pero al final del día no vamos a entrarle a los verdaderos temas que están afectando a la población en materia de cambio climático, en materia de defensa del medio ambiente.

Por lo demás, estamos de acuerdo en que se exhorte a estas dependencias, pero de una vez ponemos el acento, que la verdadera defensa del medio ambiente vendrá con la legislación secundaria energética y particularmente para prohibir el tema del fracking. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la proposición.

La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada. Comuníquese.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Las iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones respectivas, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. Se informa a la asamblea que en la próxima sesión las proposiciones serán turnadas a comisiones ordinarias de cada una de las Cámaras, según corresponda.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 15:08 horas): Se levanta la sesión. Se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 29 de enero de 2014, a las 11 horas.

————— O —————

VOLUMEN II

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 3 horas 49 minutos

• Quórum a la apertura de sesión: 27 legisladores

• Oradores que participaron: 25

PRI                  4PAN                       6PRD                       8PVEM                    2MC                         1PT               3NA                         1

Se recibió:

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el cual comunica que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 21 al 25 de enero del año en curso para participar en la reunión anual correspondiente a 2014 del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza.

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto en el ejercicio fiscal de 2013 del sector medio ambiente y recursos naturales correspondiente al cuarto trimestre de 2013.

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al estatus jurídico de Nestora Salgado García, Bernandino García Francisco, Angel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Angel David Chanita Molina.

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a puntos de acuerdo, aprobados por las Cámaras de Diputados, de Senadores, y de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, relativos a otorgar las facilidades administrativas para la regularización de concesiones de agua para uso agrícola, que se encuentren vencidas y para que se emita una suspensión en la ejecución de cancelaciones de concesiones de agua para uso agrícola, así como la expedición de un decreto por el que se otorgue .una prórroga para la regularización de los permisos de extracción de agua.

• 1 oficio del gobierno de Chihuahua, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados y al jefe del gobierno del Distrito Federal a incorporar la perspectiva de género en la planeación y el diseño de su Presupuesto de Egresos de 2014

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Senadores, relativo al informe sobre el inventario nacional de delfinarios que existen funcionando en el país, el número de mamíferos que existen, procedencia, ubicación, nacimientos en cautiverio y causa de muerte, así como lo relativo al aviso y autorización del impacto ambiental, solicitado por la empresa Puerto Bonito, SA de CV, derivado de la ampliación de las instalaciones del Hotel Moon Palace, dentro del área natural protegida Parque Nacional Puerto Morelos, y el resultado de la evaluación derivada de la visita de inspección en relación a la construcción y operación de dicho delfinario.

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Senadores, relativo al informe escrito de los avances que ha tenido en su papel como mediador en el conflicto colectivo de naturaleza económica entre la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México y la empresa Aerovías de México, SA de CV, y solicitarles que se siga coadyuvando en el conflicto mencionado.

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la Secretaría de Salud a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Senadores, relativo a informar qué productos agropecuarios y agroalimentarios genéticamente modificados (transgénicos) se encuentran en el mercado nacional y las medidas que se han tomado para dar cumplimiento al etiquetado de alimentos genéticamente modificados.

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Senadores, relativo a las acciones de vigilancia en las zonas marinas mexicanas y de seguimiento al llamado de auxilio que vía satélite recibe de embarcaciones en peligro, así como proteger la vida, integridad y patrimonio del sector pesquero y acuícola que es víctima de la delincuencia organizada.

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Senadores, relativo a implantar indicadores que permitan conocer más datos precisos sobre el número de niños y de adolescentes huérfanos en México.

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la Secretaría de Educación Pública a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Senadores, relativo a que, dentro de los planes de estudio de las escuelas, se realicen o, en su caso, se fortalezcan los talleres que contribuyan a la difusión y promoción de los derechos humanos.

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Senadores, relativo a efectuar un análisis exhaustivo que permita definir las variables económicas, sociodemográficas, políticas, culturales e institucionales que caracterizan a los municipios mexicanos.

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, relativo a destinar recursos económicos, materiales y humanos en cantidades suficientes para que se repare el tramo afectado por los hundimientos del 28 de diciembre del año pasado en la autopista Tijuana-Ensenada, a fin de establecer de manera normal la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades de Baja California.

• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente a diciembre de 2013, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación respectiva al mismo mes de 2012.

• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la cual informa que en diciembre de 2013, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, destinó únicamente mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y no transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

• 1 oficio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con la cual informa que en el ejercicio presupuestal de 2013 no otorgó ningún tipo de concesión en su categoría de administradora de inmuebles federales.

• 1 oficio de la Secretaría de Salud, con la que remite los informes correspondientes al cuarto trimestre de 2013 de los siguientes programas sujetos a reglas de operación: para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, de Atención a Familias y Población Vulnerable, de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de Atención a Personas con Discapacidad, Caravanas de la Salud, Seguro Médico Siglo XXI, Sistema Integral de Calidad en Salud, Comunidades Saludables, y Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en su componente de salud), este último sobre el cumplimiento de las metas y los objetivos con base en indicadores de desempeño correspondientes a los periodos junio-agosto y septiembre-octubre de 2013.

Dictámenes aprobados

• 1 de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno federal a instalar una mesa de trabajo con las Cámaras del Congreso de la Unión para analizar los temas del TLCAN.

• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el cual se solicita al Inegi que elabore y difunda información estadística sobre las mujeres que trabajan en el sector agrario nacional.

• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el cual se solicita a la PGR que informe sobre las acciones emprendidas para especializar al personal que atiende a víctimas de delitos respecto de la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres.

• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a las Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y de Diputados que, en el ámbito de su competencia, pidan al titular del Poder Ejecutivo federal el indulto a favor de la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón, con fundamento en el artículo 97 Bis del Código Penal Federal.

• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental.

• 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes a difundir medidas dirigidas a la niñez con objeto de prevenir percances graves.

• 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se felicita al cineasta Alfonso Cuarón por haber obtenido el premio Globo de Oro.

• 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas correspondientes, vigilar que en ningún caso se impida o condicione la prestación de los servicios educativos y el pago de cualquier contraprestación, como lo establece el artículo 6o. de la Ley General de Educación.

• 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la SEP a transparentar y hacer del dominio público los alcances, resultados y principales logros del programa Escuela Verde en el ciclo escolar 2012-2013.

• 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP y a los correspondientes en los estados y el Distrito Federal a informar a esta soberanía sobre la deserción escolar en sus ámbitos de competencia, y a formular políticas públicas federales y locales con miras a disminuir ese problema.

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a autorizar acciones para evitar el robo de la carga de los furgones de ferrocarril y aumentar las medidas de seguridad.

• 1 de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo a fin de que se atienda la urgencia provocada por el deslizamiento en la carretera escénica Tijuana-Ensenada, en lo relativo a diagnóstico de daños, mecanismos de financiamiento para la reconstrucción y rutas alternas seguras.

• 1 de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer pública por la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor la información relacionada con las operaciones del Inadem y con diversos proyectos que se tengan programados para 2014.

• 1 de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SCT a tomar medidas para disminuir los accidentes en carreteras.

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la situación que enfrentan los trabajadores de diversas empresas de autotransporte.

• 1 de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat, al GDF y a los gobiernos locales a prever y promover la implantación de centros de acopio para captar los árboles navideños naturales utilizados en la pasada época decembrina.

• 1 de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir por la Conuee las metodologías para cuantificar las emisiones evitadas por el uso de bicicletas convencionales y eléctricas como medio de transporte cotidiano.

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a emitir la declaratoria de zona de emergencia de sanidad forestal para eliminar la plaga del gusano descortezador.

• 1 de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Poder Ejecutivo y a sus dependencias a establecer acciones para prevenir la especulación en el alza de bienes y servicios.

Dictámenes en sentido negativo aprobados

• 1 de la Primera Comisión, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a someter a su consideración las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción enviadas por el Congreso de la Unión.

• 1 de la Primera Comisión, respecto a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Cinematografía a realizar un homenaje al crítico de cine licenciado Gustavo García.

• 1 de la Segunda Comisión, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados a votar contra la minuta del Senado que extienda la privatización y precarización de las guarderías del IMSS.