Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 445 diputados y diputadas, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 13:41 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 5 de diciembre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Del diputado Ricardo Mejía Berdeja

Relativo a retiro de iniciativa.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se instruye al Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, para que presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a las reformas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada el 23 de octubre de 2013. (Votación)

Minuta para discusión y votación

Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

Declaratoria de publicidad de dictamen

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 416 del Código Civil Federal y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona la fecha “13 de agosto: Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o., 7o., y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento y protección de los derechos y mejoría de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en materia de divulgación de la Ciencia y la Tecnología.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 341 bis de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 29 bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 43 Ter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma el artículo 118 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que abroga la Ley de Amnistía de 1978.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 y adiciona la fracción VI al artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación Civil.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal implementar las acciones correspondientes a atender la problemática de la Agroindustria Azucarera Nacional.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno Federal para que rinda informe y se implementen los programas y acciones preventivas y correctivas o de remediación que se realicen en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas en todo el territorio nacional.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre el proyecto de la construcción de la autopista urbana oriente en el Distrito Federal.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Comedores Públicos.

Proposición calificada por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que a través del SAT, haga del conocimiento de la opinión pública, las denominaciones, razones sociales y nombres de personas físicas que les han sido condonados los créditos fiscales en los últimos seis ejercicios fiscales, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Iniciativas

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 78 y 81 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena y suscrita por la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Vivienda y 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Amnistía, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. y adiciona un artículo 10 a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77, 78 y adiciona un artículo 192 Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Antonio Cuéllar Steffan y Fernando Zárate Salgado, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 88 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Maricruz Cruz Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 9o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 166 de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Playas Sustentables, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Alfonso Inzunza Montoya y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciado, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 105, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 163 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y 4o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Frine Soraya Córdova Moran, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edilberto Algredo Jaramillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Laura Ximena Martel Cantú y Manlio Fabio Beltrones Rivera, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

De decreto, para declarar el “2014, Año de Octavio Paz”, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

De decreto, para emitir una moneda conmemorativa del Ochenta Aniversario de la celebración de los clavados en la quebrada de Acapulco, Guerrero, suscrita por los diputados Manuel Añorve Baños, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 282 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Aurora Denisse Ugalde Alegría y Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 66 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 218 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General que regula la crianza, venta y la tenencia responsable de animales domésticos de compañía, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 61 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Segob, de la SEP, de la SS y de la CNDH, informen y concienticen a la población de que la vacuna del Virus del Papiloma Humano, también es necesario aplicarla a los niños antes de que empiecen con su vida sexual activa, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Sener, de la Semarnat, de la Sagarpa y de la SE, implementen acciones para que en la distribución de los recursos del PEF 2014, se destinen los necesarios para la creación de proyectos que generen energía renovable, limpia y sustentable a partir de la biomasa del nopal, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la detención del consejero regional del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del INAH, a fin de que se realicen aquellos trabajos que sean necesarios para la rehabilitación de la Zona Arqueológica de Olintepec, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la SEGOB y al Gobernador del estado de Veracruz, difundan información relativa a la situación de inseguridad que actualmente padece la población de la entidad, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Supervisión de la Industria Aeronáutica Privada y Comercial en el País, a cargo del diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la PGR, de la SHCP y de la SRE, integre una averiguación respecto de las acciones cometidas por Jorge Torres López, ex gobernador interino de Coahuila y Javier Villarreal Hernández, ex Tesorero del estado, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).»

HORARIO DEL CITATORIO A LA SESION

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Felipe Camarena. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Felipe Arturo Camarena García(desde la curul): Gracias, presidente. Una petición, con todo respeto. El día de ayer, terminando la sesión, usted nos hizo favor de convocarnos para el día de hoy a las 12 del día. Es la 1:40 y no tenemos ninguna disposición por parte de la Mesa Directiva, del presidente en particular, de señalarnos cuánto tiempo tenemos que esperar para poder empezar la sesión.

Le pediría, con todo respeto, señor presidente, que nos avisen. Sabemos y entendemos del trabajo que se está haciendo, pero siquiera que sepamos la hora a la que tenemos que iniciar la sesión. Le agradezco su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene usted toda la razón y tomamos nota puntual, diputado Felipe Camarena. Así se hará.

Sonido en la curul del diputado Uriel Flores. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Uriel Flores Aguayo(desde la curul): Le agradezco. Para ampliar el comentario del diputado que me antecedió, en el mismo sentido. Nada más para que quede constancia de que no estamos pintados, pedimos respeto, más allá del cálculo y de los acuerdos que esté procesando la élite, la cúpula de San Lázaro. Todos somos iguales, somos pares y pedimos respeto, en exigencia de que el presidente lo cumpla. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene usted toda la razón, diputado Uriel Flores. Y queda además asentado en el Diario de los Debates.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Gerardo Villanueva. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Usted tiene la obligación y el mandato por ley de garantizar los trabajos de este pleno. Nos parece también reprobable que deban pasar una hora 45 minutos sin que se instalen los trabajos de este pleno.

No estamos de acuerdo en la forma en la que en lo oscuro —utilizando la más simple política pantanera— estén acordando los destinos de la muy pobre y mediocre democracia que están a punto de sepultar.

No se haga cómplice de estas prácticas. Ya es mucha subordinación la que tiene la Mesa Directiva a la Junta de Coordinación Política. Le pido que respete su posición como presidente y respete a los diputados. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias diputado Gerardo Villanueva. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Proceda la Secretaría.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles cuatro de diciembre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos veintidós diputadas y diputados, a las once horas con treinta minutos del miércoles cuatro de diciembre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre la Minuta que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, y sobre diversos temas legislativos los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, en tres ocasiones; Julio César Moreno Rivera, Catalino Duarte Ortuño, Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Fernando Belaunzarán Méndez, María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional; Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional; Fernando Zarate Salgado, Graciela Saldaña Fraire, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Domitilo Posadas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; y Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones y comentarios.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por las que se comunican modificaciones de turnos a las iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones, presentada por el diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones, del Partido Revolucionario Institucional, el veintiuno de noviembre de dos mil trece. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, y a la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación, para opinión.

• Por el que se reforma un artículo doscientos cincuenta y nueve Ter al Código Penal Federal, presentada por la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios el veintiuno de noviembre de dos mil trece. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación, para opinión.

• Por el que se reforman los artículos primero y veintiocho de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, presentada por la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza el veintiuno de noviembre de dos mil trece. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

Se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la Selección Infantil de Basquetbol Triqui del Estado de Oaxaca. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

• Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, respecto a la situación de violencia en el Estado de Michoacán. Se remite a las Comisiones de Seguridad Pública, y de Derechos Humanos, para su conocimiento.

c) Del Congreso del estado de Baja California Sur, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la Leyenda: “Dos de Octubre, Heroica Defensa de Mulegé”. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

El siguiente punto del orden del día es Efeméride con motivo del dos de diciembre, Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia López Landero, del Partido Acción Nacional.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, que reforma el artículo doscientos cuarenta y dos de la Ley del Seguro Social. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano;

A las doce horas con cuarenta y un minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y siete diputadas y diputados.

David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Antonio Sansores Sastré, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Rafael González Manríquez, del Partido Acción Nacional; y Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente da la bienvenida al embajador de la República de Costa de Marfil, el señor Abie Obou Marcellin, acompañado de los embajadores de Nigeria y de Sudáfrica, que se encuentran en este recinto en razón de la instalación del Grupo de Amistad México-Costa de Marfil.

Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados: Víctor Manuel Jorrín, Lozano, de Movimiento Ciudadano; Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Mejía Berdeja, y Ricardo Monreal Ávila, ambos de Movimiento Ciudadano; y en pro el diputado Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos cincuenta y dos votos a favor; setenta y tres en contra; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo doscientos cuarenta y dos de la Ley del Seguro Social. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) De Asuntos Indígenas, que reforma la fracción quinta del artículo tercero de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México; Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática; Margarita Licea González, del Partido Acción Nacional; y Luis Gómez Gómez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintisiete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción quinta del artículo tercero de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pasa al Senado, para sus efectos Constitucionales.

c) De Igualdad de Género, que adiciona una fracción décima segunda al artículo diecisiete de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Martha Lucía Mícher Camarena. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática; María Celia Urciel Castañeda, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

y María del Rocío García Olmedo, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos quince votos a favor; y uno en contra, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción décima segunda al artículo diecisiete de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

d) De Pesca, que adiciona diversas disposiciones al artículo diecisiete de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Alfonso Inzunza Montoya. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; María Fernanda Romero Lozano, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática; Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Partido Acción Nacional; y Ricardo Medina Fierro, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos diez votos a favor; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al artículo diecisiete de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el trámite para la discusión y votación de la Minuta que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, para los efectos de los artículos ciento treinta y cinco, y setenta y dos de la Constitución. Se somete a discusión e intervienen en contra los diputados: Julio César Moreno Rivera, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, quien realiza moción de ilustración, y por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo ochenta y dos del Reglamento de la Cámara de Diputados; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; y Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro los diputados: Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelación de los diputados Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, y Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional; Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional; Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; José Arturo Salinas Garza, del Partido Acción Nacional; y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelación del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. Para rectificación de hechos hace uso de la voz el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre el tema los diputados: Enrique Alejandro Flores Flores, del Partido Acción Nacional; Roberto López Suárez, Martha Lucía Mícher Camarena, y Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática. Por su parte, responden alusiones personales los diputados: Julio César Moreno Rivera, del Partido de la Revolución Democrática, desde su curul; desde la tribuna los diputados Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional; y Fernando Zarate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática.

En votación económica se considera suficientemente discutido. En votación nominal se aprueba, por trescientos seis votos a favor; setenta y ocho en contra; y treinta y un abstenciones, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el trámite para la discusión y votación de la Minuta que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, para los efectos de los artículos ciento treinta y cinco, y setenta y dos de la Constitución.

En consecuencia, incorpórese al orden del día la Minuta referida; dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, se cumple con el requisito de declaratoria de publicidad. Con fundamento en el artículo ochenta y dos, numeral dos, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados se dispensan todos los trámites, a efecto de que sea puesta a discusión y votación en la sesión del día de mañana.

En relación con las llamadas “cartas ciudadanas”, se turnan las iniciativas con proyecto de decreto suscritas por legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática a las siguientes comisiones:

e) De Gobernación, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y del Código federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.

f) De Gobernación, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.

g) De Puntos Constitucionales, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Base Tercera, Apartados A, párrafo tercero y C, párrafo segundo del artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se instruye a las Juntas Directivas de las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, a que en términos de los artículos ciento sesenta y ocho, numeral uno, y ciento setenta, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, convoquen a reunión de trabajo con carácter extraordinario, otorgando el carácter de urgente al despacho de las iniciativas referidas, en términos del artículo ciento setenta y siete, numeral cuatro, del mismo Reglamento, inicien su dictaminación a la brevedad posible.

De igual forma, por lo que se refiere a la Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo sexto, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica, y que reforma el artículo cincuenta y tres de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, turnada a la Comisión de Gobernación, se instruye a la Junta Directiva de dicho órgano, a que proceda a su despacho a la brevedad posible, otorgándole el carácter de urgente.

Comuníquense en esos términos los resolutivos del acuerdo.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciativa y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativa con proyecto de decreto del diputado Trinidad Morales Vargas y Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

b) Proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• José Isidro Moreno Árcega, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que se atienda a las necesidades de las personas en situación de calle. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Verónica Beatriz Juárez Piña y Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a esta Soberanía para que, en la próxima visita que realizará la activista pakistaní, Malala Yousafzai a nuestro país, se le otorgue un reconocimiento por su destacada labor en la defensa del Derecho a la Educación de los niños y niñas del mundo. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Samuel Gurrión Matias, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que lleven a cabo las medidas pertinentes tras los actos de discriminación cometidos por la aerolínea Aeroméxico hacia ciudadanos originarios de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno del estado de Guerrero, a respetar y hacer efectivos los decretos presidenciales por los que se declara Zona Forestal Vedada al cerro el Huixteco, en el municipio de Taxco, Guerrero. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y al Instituto Nacional de Pesca, para que se consulte al pueblo Cucapa, sobre los aprovechamientos pesqueros, acuícolas y actividades productivas en la zona de la reserva de la biósfera del alto golfo de california y delta del río colorado. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de ubicar oficinas de atención a los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día mañana jueves  cinco de diciembre de dos mil trece, a las doce horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.Pasamos al siguiente asunto.

RETIRO DE INICIATIVA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados LXII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta que gire sus apreciables instrucciones para que sea retirada la siguiente iniciativa:

• Con proyecto decreto que reforma los artículos 61, fracción I, y 61 Bis de la Ley General de Salud y se adiciona la fracción VI, recorriendo el subsecuente del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Misma que fue presentada el 6 de junio del año en curso ante el pleno de la Comisión Permanente y que fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

Agradeciendo su atención al presente, quedo en espera de su pronta respuesta, reciba las seguridades de mi mayor consideración y respeto.

Atentamente

Palacio Legislativo Federal, a 2 de diciembre de 2013.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

Pasamos al siguiente asunto. Vamos a dar cuenta del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la presentación de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ruego a la Secretaría lea los resolutivos.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, RELATIVA A LAS REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS, PUBLICADA EL 23 DE OCTUBRE DE 2013

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se instruye al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que presente una controversia constitucional en ante la Suprema Corte de la Nación, relativa a las reformas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada el pasado 23 de octubre de 2013.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, por lo que se somete a consideración del Pleno el siguiente

Punto de acuerdo

Primero.En ejercicio de la atribución establecida en el artículo 23, inciso 1), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados interpondrá la siguiente controversia constitucional en contra de:

a) Reformas al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada el pasado 23 de octubre, en específico el artículo 3, fracción XXVII Bis, 91, Capítulo III, artículo 137 Bis, 137 Ter y 137 Quáter, de dicho reglamento, por considerarse que los mismos exceden la facultad reglamentaria del Ejecutivo y pretenden innovar la materia de la ley, invadiendo las facultades de esta Cámara, pretendiendo que se facilite la operación de las llamadas máquinas tragamonedas, bajo el nombre de “sorteos de número y símbolos a través de máquinas”.

Segundo. Esta controversia constitucional deberá ser presentada antes del 6 de diciembre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el propio Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara o por la persona en quien el presidente haya delegado esta responsabilidad, en términos del inciso 1) del artículo 23 del ordenamiento antes citado.

Tercero.La mencionada controversia deberá presentarse con el texto propuesto para este efecto por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar  y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Este acuerdo es muy relevante, porque es que la Cámara de Diputados pueda interponer una controversia constitucional contra el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. En particular algunas disposiciones, como el artículo 3o., la fracción VI del artículo 91, el artículo 137 Bis, 137 Ter y 137 Quáter.

El tema, compañeras diputadas y compañeros diputados, es declarar la inconstitucionalidad de estos artículos, porque el Ejecutivo invadió la facultad legislativa que tiene esta Cámara para legislar en esta materia.

En la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de juegos y sorteos, que es una comisión plural donde participan destacados representantes de los grupos parlamentarios, se ha llegado a la convicción de crear un nuevo marco normativo en el tema de juegos y sorteos. Pero esta disposición reglamentaria nos parece no solamente que va más allá de las facultades del Ejecutivo, sino que permite que continúen las llamadas máquinas tragamonedas, que son aproximadamente 250 mil máquinas tragamonedas en farmacias, tiendas de conveniencia, mercados ambulantes, misceláneas y que constituyen aparatos que son usados en su mayoría por jóvenes de entre 14 y 18 años. Y de esta manera se está induciendo al juego a nuestro futuro, que son estos niños y estos jóvenes. Por esa razón estamos pidiendo que se declare la inconstitucionalidad.

Ya antes esta soberanía había autorizado la presentación de una controversia constitucional, que se presentó el 19 de octubre del año pasado. Sin embargo, el día 23 de octubre del presente, el Ejecutivo hace una reforma al Reglamento, que en nuestra opinión fue una reforma simulada.

No se habla de máquinas tragamonedas, sino de sorteo de juegos y números a través de máquinas, lo cual nos parece una simulación. El tema de fondo subsiste, que es la inconstitucionalidad de esta disposición reglamentaria y la invasión de facultades que tiene esta Cámara, motivo por el cual pedimos el voto a favor, para que el presidente de la Mesa Directiva esté en posibilidad de interponer esta demanda de controversia el día de mañana, 6 de diciembre, que se vence el plazo legal y procesal. Es cuánto.

Presidencia del  diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. También para hablar en pro de la controversia tiene el uso de la voz la diputada Aurora Aguilar Rodríguez. En pro del acuerdo por el que se propone interponer la controversia. Perdón.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez:Buenos días. Gracias presidente, con su venia. Buenas tardes ya. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional se pronuncia a favor de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se instruye al presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados para que presente la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a las reformas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado el pasado 23 de octubre de 2013. Esto, toda vez que se encuentra plenamente sustentado en el artículo 23, numeral 1, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Así pues, Acción Nacional apoya que el presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados haga valer el medio de control constitucional referido en contra de las reformas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicadas el pasado 23 de octubre y, en específico, que se impugne la validez de los artículos 3, fracción XXVII Bis, 91, 137 Bis, 137 Ter y 137 Quáter de dicho ordenamiento, porque excede en la facultad reglamentaria del Ejecutivo, al pretender innovar la materia de la ley e invadir así las facultades de esta soberanía, legalizando a través de ese reglamento la operación de las llamadas maquinas tragamonedas, que ahora —según el Reglamento— se llaman sorteos de números y símbolos a través de máquinas.

Ahora bien, el pleno de esta Cámara de Diputados mandató la creación de la Comisión Especial investigadora para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos.

Se ha trabajado en el seno de esta comisión en coordinación permanente con las instancias del Ejecutivo en la materia, inclusive reuniéndonos con el secretario de Gobernación, quien se comprometió a trabajar con plena comunicación entre esta dependencia y la comisión en comento, particularmente en lo que respecta a la creación de un nuevo instrumento jurídico que regule con plena transparencia la actividad de juegos y sorteos en México.

Al publicar el Reglamento el 23 de octubre, sin tomar en cuenta a esta soberanía a través de la comisión, se desatendió el compromiso del secretario Osorio Chong. Pero aún más grave, con la reforma al Reglamento se pretende legalizar el funcionamiento de las famosas máquinas tragamonedas.

La Comisión Especial referida conoció de un anteproyecto donde la Suprema Corte de Justicia declararía la inconstitucionalidad de las máquinas tragamonedas. Sin embargo, al publicar el Ejecutivo las reformas al reglamento el 23 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó sobreseer la controversia constitucional el 13 de noviembre por quedarse sin materia para resolver.

La industria del juego en México debe ser como todas las actividades productivas, palanca y detonador de empleos, generación de riqueza y bienestar de los mexicanos. Es nuestra responsabilidad legislar para dar garantías de que así suceda. Todos los partidos de la Comisión Especial nos hemos manifestado a favor de crear un nuevo instrumento jurídico, una nueva ley, porque la actual que data de 1947 está a todas luces rebasada.

Que el Ejecutivo emita el reglamento, pero primero que el Legislativo decida y vote una ley clara y transparente. Por eso sí, en el PAN decimos sí a la controversia constitucional. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Aurora Aguilar Rodríguez. Tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Barrios Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Agustín Barrios Gómez Segués:Con su venia, diputado presidente. El Partido de la Revolución Democrática está a favor de este punto de acuerdo que instruye al presidente de la Mesa Directiva para que presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de la Nación, relativo a las reformas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2013.

El razonamiento es muy sencillo, a decir de hecho de los coordinadores y la coordinadora de los siete partidos políticos aquí representados. El Ejecutivo federal rebasó sus facultades de reglamentación, ya que invadió las atribuciones de esta Cámara. El artículo 3, fracción XXVII Bis; 91, Capítulo III; artículo 137 Bis, 137 Ter y 137 Quáter pretenden innovar la materia de la ley facilitando la operación de las llamadas máquinas tragamonedas, bajo el nombre de sorteos de números y símbolos a través de máquinas.

En la opinión del Partido de la Revolución Democrática este tema resulta especialmente preocupante, ya que es un capítulo más en la triste historia del actuar respecto de la industria de juegos de azar en nuestro país. Desde las administraciones pasadas se ha visto un intento de adecuar la praxis en servicio de los intereses particulares, escudándose en términos vagos y de interpretación.

Así como tan a menudo sucede en nuestro país, en lugar de canalizar los beneficios de una industria de manera debida y claramente reglamentada para beneficio de la nación, tenemos un caso de extralimitación de facultades, que nada hace para afianzar un estado de derecho. En otras palabras, como lo ha mencionado el diputado Ricardo Mejía, aquí hay un problema de forma y de fondo.

Cabe señalar que el acuerdo aquí referido cuenta con el apoyo de la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, precisamente encabezada por dicho diputado Mejía. Creo que todos estaremos de acuerdo con el objetivo de dicha comisión de establecer de una vez por todas un marco jurídico en línea con el interés nacional y no una colección de parches con los que se atropellan las facultades del Congreso.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, le voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

El Presidente diputado José González Morfín: Se han recibido cuatro mociones suspensivas. En el orden en que fueron recibidas les voy a dar el uso de la palabra a cada uno de los promoventes y, posteriormente, consultaremos a la asamblea si son de aprobarse, si se toman en cuenta.

Tiene la palabra para presentar su moción suspensiva el diputado Carol Antonio Altamirano, del PRD.

El diputado Carol Antonio Altamirano:Ciudadano presidente. Diputadas y diputados, la minuta que remitió el Senado incluye temas que merecen una discusión seria y apegada a la legalidad. Valoremos la dimensión de la reforma. Con más de 30 artículos constitucionales es claramente absurdo, inconstitucional e ilegal, omitir el dictamen.

No se trata de una modificación menor al sistema jurídico, como un reglamento o una actualización legal, es la ley fundamental del Estado. Estamos ante una imposición de la mayoría. Están abusando de la urgente u obvia resolución. No han expuesto ninguna razón válida para evitar el dictamen. Es solo la decisión de la mayoría que considera sus acuerdos tan buenos y perfectos, que no deben ser revisados y que además debe actuarse con rapidez para que luego puedan imponer otro acuerdo, quizás la energética.

Se argumenta que la reforma política ya se ha discutido. Pero el problema es si las soluciones planteadas producen el efecto de fortalecer la democracia o si generan riesgos. Para eso demandamos el dictamen, para valorar si las reformas mejoran la práctica de la democracia.

Cuando la mayoría evita la dictaminación, le niega al país la posibilidad de que la reforma sea mejorada con un dictamen que elimine imprecisiones y elementos que distorsionen los derechos ciudadanos. En materia constitucional es mejor valorar pros y contras, en vez de ser partícipes de una mayoría sorda que cancela el debate.

Les digo a los diputados que impulsan esta precipitación: no denigren su responsabilidad como legisladores atropellando la Constitución. Aún estamos a tiempo para suspender la simulación de una discusión, con el espectáculo de una aplanadora automática y una legislación al vapor. Por ello presenté moción suspensiva con los siguientes argumentos, tanto de fondo como de forma.

Por lo que respecta al contenido, esta reforma no logra el efecto de darle poder a los ciudadanos. Se habla de los beneficios de la reelección, pero al mismo tiempo se le condiciona a que sea por el mismo partido que hizo la postulación.

En la realidad eso no fortalece a los ciudadanos, sino a las cúpulas partidarias. Si las dirigencias no están de acuerdo con las decisiones de un legislador, no le van a otorgar nuevamente una candidatura, sin importar la opinión de los electores. Así se pervierte la reforma. En vez de tener como resultado diputados con independencia y vínculos con el electorado, tendremos diputados sujetos al control de sus dirigencias.

Por otra parte, la reforma es débil en el control del dinero en las campañas. Solo tiene una muy escasa posibilidad de que ocurra la nulidad de la elección, lo cual mantiene un incentivo perverso. Los partidos preferirán obtener ventajas con el abuso del dinero, a cambio del remoto riesgo de una impugnación posterior, que tendrá un arduo litigio para lograr que las violaciones sean consideradas determinantes. Si la compra de los votos no es enfrentada de manera oportuna lo que se alienta es la plutocracia, la inequidad y la impunidad en el proceso electoral.

Respecto del procedimiento, estamos ante tres graves hechos; la mayoría puede imponerse, como ocurrió ayer, pero lo que se propone realizar equivale a tres violaciones: la primera, una violación del procedimiento constitucional; la segunda, al Reglamento de la Cámara de Diputados, y la tercera a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En primer lugar debo reiterar que la Constitución señala, en el primer párrafo del 72, que todo proyecto de decreto debe discutirse en las Cámaras, dando cumplimiento a la Ley del Congreso y su Reglamento.

La Constitución no dice que el proceso legislativo quede a capricho o voluntad de los legisladores. La determinación es categórica para evitar que se legisle de manera discrecional. Las minutas constitucionales no deben debatirse en el pleno directamente; deben turnarse a comisión, como lo establece el 68 del Reglamento. Asimismo, el 65 del Reglamento indica que el Presidente de la mesa debe turnar las minutas.

Además, la minuta presentada no cumple con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Todos los decretos deben tener la certeza de que la norma que se modifica tendrá recursos suficientes para evitar reformas que finalmente son inviables. Esa razón de responsabilidad ahora se quiere omitir. El párrafo tercero del 18 de la Ley Federal de Presupuesto establece que las comisiones deben valorar el impacto presupuestario de la iniciativa, ley o decreto.

Pero en la creación del INE los diputados van a legislar a ciegas. El hecho contundente es que no hay impacto presupuestario en la minuta del Senado. No se sabe cuánto va a costar la creación del INE y aun así se quiere aprobar. Los diputados que votarán por su aprobación actuarán de manera irresponsable, porque no saben de dónde saldrán los millones de pesos para crear ese órgano.

La pregunta que les hago, compañeros legisladores, es si van a crear un órgano sin conocer su costo. Por respeto a la Constitución, a nuestro Reglamento, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les invito a corregir el rumbo. Compañeras y compañeros, en materia constitucional no cabe la improvisación, mucho menos la obvia resolución. Muchas gracias.

«Moción suspensiva respecto del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en los artículos 114 fracción IX y 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento moción suspensiva correspondiente a la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral bajo las siguientes

Consideraciones

La minuta que remitió el Senado incluye temas que merecen una discusión seria, ordenada y apegada a la legalidad.

Valoremos la dimensión de la reforma, con más de 30 artículos constitucionales es claramente absurdo, inconstitucional e ilegal querer omitir el dictamen.

No se trata de una modificación menor al sistema jurídico mexicano, no es un reglamento, ni una actualización legal. Es un cambio a la ley fundamental del Estado.

Estamos ante una precipitación y una imposición de la mayoría. Están abusando de la figura de la urgente y obvia resolución, y no han expuesto ninguna razón válida de la necesidad de evitar el dictamen legislativo.

No hay un plazo que impida llevar a cabo la reforma con una reflexión adecuada. No hay urgencia ni riesgo para la integridad del Estado.

Es sólo la decisión de una mayoría que afirma que sus acuerdos son tan buenos y perfectos que no deben ser revisados en el dictamen y que además debe actuarse con rapidez para que luego puedan imponer otro acuerdo.

Se argumenta que la reforma política se ha discutido durante mucho tiempo, pero el problema es si las soluciones planteadas a los retos nacionales son cabales y sobre todo si producen el efecto de fortalecer la democracia, o si por el contrario generan riesgos.

Para eso es lo que se requiere el dictamen, para valorar si las reformas sirven al país, si mejoran y elevan la práctica de la democracia.

Cuando la mayoría se impone y evita la dictaminación le niega una posibilidad al país. Niega la posibilidad de que la reforma sea completa, profunda, eficiente y se eliminen imprecisiones así como elementos regresivos y que distorsionan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

No actuemos con precipitación y de manera irreflexiva. En materia constitucional es mejor actuar con serenidad, valorando pros y contras en vez de ser corresponsables y partícipes de una mayoría sorda, que en automático y sin permitir realmente el debate, se limite a votar conforme a las instrucciones recibidas.

Le digo con respeto a los diputados que impulsan esta precipitación: no denigren su alta investidura y responsabilidad como legisladores para convertirse en levanta dedos y no se conviertan en la muralla del no, en la muralla que evita el dictamen y la discusión del Poder Legislativo. Aún estamos a tiempo y aún tienen ustedes la posibilidad de suspender el absurdo y el abuso de tener aquí la simulación de una discusión, sin dictamen previo y con el espectáculo de una aplanadora irreflexiva.

No manden ustedes el mensaje de que en la Cámara de Diputados se legisla al vapor, si violando el procedimiento constitucional.

Por lo anterior, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD presento una moción suspensiva con los siguientes argumentos, tanto de fondo como de forma.

1.- Por lo que respecta al contenido, esta reforma no logra el efecto de darle poder a los ciudadanos y fortalecer el régimen democrático.

Se habla de los beneficios de la reelección, pero al mismo tiempo se le condiciona a que sea por el mismo partido que hizo la postulación.

En la realidad eso no fortalece a los ciudadanos, sino a las cúpulas de los partidos; si las dirigencias no están de acuerdo con las definiciones de un legislador, no le van a otorgar nuevamente una candidatura, con independencia de lo que pudieran opinar los electores.

Así, se pervierte la finalidad de la reforma, porque en vez de que los electores ganen poder para alentar o frenar a sus representantes, se fortalecen el control de las cúpulas partidarias. La reforma no dará como resultado diputados con más independencia y con vínculos fuertes en el electorado, el resultado serán diputados con mayor control de sus dirigencias.

Por otra parte, esta reforma es débil en cuanto al control del dinero en las campañas. Tiene una muy escasa posibilidad de que ocurra la nulidad a la lección, con lo cual se mantiene un incentivo perverso.

Los partidos van a preferir obtener ventajas indebidas por el abuso del dinero para llegar al poder, y a cambio estarán dispuestos a correr el riesgo de una impugnación posterior que necesariamente tendrá un arduo litigio, en el que deberán acreditarse violaciones que sean consideradas como “determinantes”.

Reflexionemos. Si el dinero y la compra de los votos no es enfrentada de manera precisa y oportuna, lo que se alienta en todos los distritos es la plutocracia y la distorsión de la democracia.

La compra del proceso electoral no se va a frenar. Los candidatos tendrán la tentación de buscar recursos, de cualquier origen y con una causa de nulidad tan débil y de tan difícil concreción, va a generar el daño de mantener la inequidad en las elecciones y la impunidad en el sistema electoral.

II. Respecto del procedimiento, estamos ante tres graves hechos. La mayoría puede imponerse como ocurrió ayer, pero lo que se propone realizar, equivale a tres graves violaciones.

La primera, una violación del procedimiento constitucional, la segunda al Reglamento de la Cámara de Diputados y la tercera a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En primer lugar, debo reiterar que la Constitución señala claramente, en el primer párrafo del artículo 72, que todo proyecto de decreto debe discutirse en las cámaras dando cumplimiento a la Ley del Congreso y sus reglamentos.

La Constitución no dice que el proceso legislativo quede a capricho o voluntad de los legisladores, para que en ciertos casos actúen de una manera y en otros casos de otra. La determinación es categórica, es un mandato para que no se legisle de manera discrecional, sino en apego al procedimiento.

Escuchen ustedes el texto constitucional:

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

Además, el inciso I de ese mismo artículo 72 sólo permite una excepción al procedimiento del dictamen y señala la regla general de que las iniciativas pasen a la comisión dictaminadora.

Es evidente que la discusión de la minuta debe hacerse con apego al procedimiento legislativo porque así lo mandata la Constitución.

Las minutas no deben debatirse en el Pleno de manera directa; deben turnarse a una comisión porque así lo establece el Reglamento de la Cámara,

El artículo 68 señala que las minutas pasan a dictamen:

Artículo 68.El turno para efectos de dictamen, procederá para enviar a las comisiones ordinarias, las minutas, las iniciativas legislativas, las observaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal, las proposiciones y otros documentos que, de acuerdo a la ley, requieran de la elaboración de un dictamen.

El artículo 95, párrafo 1,fracción 1 del Reglamento indica que:

“En el caso de minutas a las que hace referencia el artículo 72 constitucional:

I. El Presidente dará el turno que corresponda, en cuanto el asunto se reciba y se dé cuenta de él al Pleno;”

Aceptar una dispensa de trámites y discutir de esta forma, la reforma constitucional en materia político electoral enviada por el Senado, anula en los hechos las facultades revisoras de la Cámara de Diputados y la convierte en una Oficialía de Partes, cuando en el país existe un sistema bicameral.

Además es evidente que la minuta presentada no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Todos los decretos deben hacerse con la certeza de que la norma que se modifica esté respaldada con recursos suficientes. De otra manera se corre el riesgo de que las reformas sean inviables. Esa razón de responsabilidad ahora simplemente se quiere omitir.

El tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece:

“Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.”

Es decir que la acción legislativa debe hacerse con responsabilidad y contar con el correspondiente impacto presupuestario.

Pero en este caso, aun cuando se creará un nuevo organismo como el Instituto Nacional Electoral, los diputados estamos a punto de legislar a ciegas.

El hecho que aquí señalo es contundente: No hay impacto presupuestario en la minuta del Senado,  aun cuando ése es un requisito legal.

No se sabe cuánto va a costar la creación del INE y aun así se quiere aprobar. Los diputados que votarán por su aprobación actuarán de manera irresponsable, porque no saben cuánto será el costo, ni de dónde saldrán los millones de pesos para crear un órgano que centralice las funciones electorales de todas las entidades.

La pregunta que les hago, compañeras y compañeros legisladores, es si van a crear un nuevo organismo sin saber conocer el costo, si van a violar la ley con tal de sacar adelante sus puntos de vista, si van a regresar a la improvisación aunque la ley diga lo contrario, si van a imponer una excepción arbitraria.

En respeto a la Constitución, a nuestro Reglamento, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria les invito a frenar la dispensa de trámites impuesta por la mayoría.

La mayoría está actuando de manera abusiva al eliminar procedimientos bajo la figura de la obvia y urgente resolución. La mayoría está imponiendo criterios distintos a los del Reglamento de manera caprichosa, les reitero que nunca fundamentó la urgencia y solo defendió su propia determinación por el supuesto derecho de ser mayoría.

Solicito que corrijamos el método, que se dé el turno a la Comisión de Puntos Constitucionales para que ahí se elabore el dictamen, se cumpla en primer lugar, con el mandato constitucional, aplicándose el procedimiento legislativo y se subsane también la deficiencia del impacto presupuestal.

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del Pleno la siguiente

Moción Suspensiva

Único. Se suspende la discusión de la minuta enviada a esta soberanía por el Senado de la República, que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político- electoral, con objeto de que se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales a fin de que se cumpla con el procedimiento constitucional, así como lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara de Diputados y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2013.— Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz para presentar su moción suspensiva el diputado Alfonso Durazo Montaño. Ah, va a ser la diputada Luisa María Alcalde. Adelante, diputada. Tiene la palabra también para presentar moción suspensiva la diputada Luisa María Alcalde.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchas gracias, presidente. Para que nos demos una idea de dónde estamos parados. Un día como ayer en el Congreso mexicano, los senadores haciendo todo lo posible para concretar la entrega del petróleo y aprobar la reforma energética, y los diputados dispensando los trámites para evitar la discusión de la reforma política y aprobando reformas a la Ley del Instituto del Seguro Social para transitar a la eliminación del seguro voluntario.

Les pregunto, ¿qué más quieren? Antes que nada reprochamos que la reforma político-electoral haya sido procesada de manera atrabancada, improvisada y opaca, lo cual era totalmente innecesario, porque existía consenso y voluntad política para lograr una reforma de gran calado.

Hace tiempo que se discute en foros y reuniones de trabajo, y existen varias publicaciones e iniciativas que la sustentan. El proyecto estaba muy avanzando y solo faltaba debatirlo de manera seria y reflexiva, de cara a la sociedad. Pero es evidente que ustedes tienen anticuerpos ante este mecanismo de transparencia y participación. Así que la madrugada del jueves 26 de noviembre varios senadores se reunieron con enviados del presidente para procesar en secreto los puntos más sensibles del dictamen y deformar partes sustanciales.

Ahora nos dicen que para aprobar esta reforma no es necesario el consenso de todas las fuerzas políticas y que el voto de la mayoría basta para legitimarla. Nada más falso y peligroso.

El argumento de que la unanimidad es deseable pero no indispensable en la toma de decisiones sería lógico tratándose de reformas menores, que se rigen por la regla de la mayoría, pero en las circunstancias actuales es irresponsable y evidencia un desconocimiento absoluto de las reglas básicas de la democracia.

Y es que en el tablero democrático, si los jugadores no están de acuerdo con las reglas y una mayoría decide imponerlas, el juego estará condenado al fracaso. Nada menos democrático que excluir a una parte de la sociedad de un acuerdo político estructural.

Por eso debemos preguntarnos si vale la pena poner la viabilidad democrática de nuestro país en un serio predicamento por cumplir con el capricho de quienes abusan, de quienes buscan avalar la reforma energética a toda costa, sin el mínimo consenso, a espaldas de la ciudadanía y en franco desafío al rechazo popular.

Déjenme detenerme en este punto, pues sintetiza uno de los grandes yerros del dictamen y del mismo gobierno de Enrique Peña Nieto. Por un lado, el dictamen le niega a la ciudadanía el derecho de participar en el ejercicio del poder y de influir en las decisiones políticas que le incumben, ya que los mecanismos de democracia directa por los que tanto ha luchado la izquierda, como la consulta popular, el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato fueron olímpicamente ignorados.

Al suprimir los mecanismos de participación ciudadana el gobierno reafirma su talante autoritario y aniquila la aspiración de tener un modelo de democracia directa, en el que los ciudadanos puedan intervenir en la vida política del país y no depender del modelo de democracia representativa a través de un Congreso del que francamente ya nadie confía.

Por si fuera poco, el dictamen prolonga la permanencia de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral —incluidos los actuales— de 9 a 15 años, cuando el trabajo desempeñado no justifica ni remotamente semejante recompensa, y además arriesga la imparcialidad de los procesos electorales de 2015 y 2018.

El texto que se propone establece que el sistema de nulidades en las elecciones federales o locales tendría que considerar valoraciones graves, dolosas y determinantes. Es decir, criterios poco claros que conducen a la discrecionalidad en las resoluciones de las autoridades electorales.

Recordemos, en 2006 se demostró ante el Tribunal Electoral la intervención del presidente Fox en el proceso, la guerra sucia de los grupos empresariales, el desvío de recursos públicos a favor de Calderón y el rebase de topes de campaña, entre otros delitos de carácter penal que hasta la fecha no han sido sancionados.

Ante tales irregularidades y con una diferencia de apenas 0.5 por ciento, los magistrados resolvieron que esos graves delitos no fueron determinantes en el resultado de la elección, ¿bajo qué criterios evaluaron dicha determinación? Es imposible saberlo y hoy también lo será. De ahí los peligros de incluir este vago concepto en el texto constitucional.

Sobre la reelección de legisladoras y legisladores queda un resquicio de riesgo, pues solo podrá ser realizada por el mismo partido, por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los llevó al cargo, salvo que haya renunciado y perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Se le otorga al partido político una zona de presión que desvirtúa la auténtica rendición de cuentas y vinculación ciudadana, obteniendo en la práctica exactamente el resultado opuesto. Mayores ataduras a los intereses de partido y no a sus representados.

Es una pena que el costo de una reforma política tan elemental y pequeña, se pague con la privatización del petróleo, ¿por qué tenemos que pagar los mexicanos avances políticos tan elementales, como los que se contienen en esta reforma política, con la entrega del petróleo a intereses extranjeros?

Por todo lo anterior y por esas razones, someto a la consideración de este pleno la presente moción suspensiva, con el efecto de suspender la discusión en trámite. Muchísimas gracias.

«Moción suspensiva respecto del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante el Pleno de esta Asamblea, la siguiente moción suspensiva respecto del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos de nuestra Carta Magna en materia política electoral.

Motivación y justificación

Dadas las circunstancias tan irregulares e ilegales en que se ha desenvuelto el proceso legislativo, en torno al dictamen que contiene el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, la consecuencia inmediata no puede ser otra sino exigir su inmediata suspensión.

Cabe hacer mención que la ahora tan cacareada reforma político electoral, no es producto del ingenio, la ocurrencia o la deferencia de este ominoso gobierno. Todo lo contrario, los que ahora se encuentran al frente de éste, son los mismos que se encargaron de frustrar el intento de que fuera aprobada desde la pasada legislatura.

Por ello, en el 2012 se publicaron una serie de reformas parciales en materia político electoral, que son consustanciales con las que ahora se pretenden aprobar. Lo que refleja la actitud mezquina de la cúpula política en el poder y su crónico soslayo por favorecer necesarias reformas integrales en tiempo y forma.

Los atropellos a las reglas que el propio Congreso se ha dado, el desdén sistemático y la inobservancia cínica de la cultura de la legalidad, son la marca de un partido retrograda y regresivo que se encuentra súper sobre representado en la contradictoriamente llamada “casa del pueblo”.

Empero, estos atropellos no prosperarían del todo sin el maridaje con otro partido -quizás su álter ego- que ha demostrado ser un pésimo gobierno, una infamia como oposición, un grupo integrado por corifeos sin escrúpulos, que con todo, su más grande atrocidad histórica ha sido la frustración, el atraco a la gestación de la democracia en su versión minimalista.

Los ordenamientos en materia de derecho parlamentario que nos hemos dado, después de un largo proceso de configuración de un Congreso autónomo, independiente y profesional tenían como fondo impactar o causar un efecto emoliente y detersivo en el vetusto y anquilosado aparato gubernamental producto del régimen de partido hegemónico pragmático.

Empero, vemos con tristeza como tan solo en el primer año de gobierno de la presente administración, se han recogido los vicios del pasado; se han recuperado las prácticas antidemocráticas y excluyentes que se aducían rebasadas.

Resulta absurdo que de manera cada vez más reiterada, se presenten iniciativas al vapor, y se les dé un trámite legislativo en las cámaras del Congreso de la Unión con el carácter de súper exprés; atropellando todo tipo de dispositivos legales en materia de derecho parlamentario, vulnerando con ello toda idea de cultura de la legalidad, y por ende, el Estado de Derecho.

Con lo anterior, se contraría flagrantemente lo dispuesto en los últimos párrafos del artículo 71 de nuestra Carta Magna, así como los artículos 66, fracción II; 68; 80 y 82, entre otros, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es enfática en su artículo 71, en el hecho de que ninguna iniciativa que encierre una reforma o adición a nuestra Carta Magna debe tener el carácter de preferente.

Lo que a su vez se traduce en el hecho de que ninguna iniciativa de esta naturaleza, como es el caso que hoy nos ocupa, debe ser discutida y votada en el pleno, en un plazo menor a 30 días naturales.

Situación totalmente lógica, si tomamos en cuenta la relevancia y trascendencia de una reforma o adición de carácter constitucional. Ya que resulta fuera de toda proporción, pretender modificar el documento fundacional del Estado mexicano, en donde reside el espíritu de la nación, mediante procesos súbitos o trepidantes.

Procesos que no den tiempo o que excluyan la posibilidad de llevar a cabo un análisis sesudo; dar pie a un debate incluyente y plural; utilizar las herramientas de democracia directa y de consulta ciudadana, o la posibilidad de someter la propuesta a los grupos de académicos o expertos.

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea, la presente moción suspensiva,con el efecto de suspender inmediatamente la discusión en trámite de manera indefinida.

Atentamente

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 5 días del mes de diciembre de  2013.—  Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja,  José Soto Martínez, Zuleyma Huidobro González, Martha Beatriz Córdova Bernal,  Luisa María Alcalde Luján, José Francisco Coronato Rodríguez, José Antonio Hurtado Gallegos, José Luis Valle Magaña, Juan Luis Martínez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar su moción suspensiva.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Ayer el PRI quería resumir el debate en que si esto de lo inédito no es ilegal. La verdad es que es inédito y es ilegal. Sobre lo inédito luego hablaré, pero de lo ilegal le voy a solicitar a la Mesa Directiva que inserte, en sus términos, la moción que presentamos al Diario de los Debates, como constancia de la ilegalidad con la que se conducen en la aprobación de esta reforma.

Miren el fondo. Ante la ignominia, ante la ominosa subordinación a los intereses de empresarios nacionales y extranjeros que lucran y sangran la economía y, por consecuencia, la vida de carencia de hombres y mujeres de este país. Y el voto aprobatorio de diputados y diputadas que se conducen con mezquindad y una campaña mediática que desinforma o miente sobre las acciones entreguistas del actual gobierno, manifiesto lo siguiente:

El cerco policiaco y de seguridad de esta Cámara de Diputados es del tamaño de los temores, no de la delincuencia organizada, porque ésta ya forma parte del sistema de corrupción que invadió las estructuras estatales, sino a la nueva delincuencia de cuello blanco que medra con la corrupción de políticos, con el afán desmedido de lucros y depredación por encima de la legalidad y de los principios constitucionales de buen gobierno.

La política que impulsa Enrique Peña Nieto en torno a la supuesta reforma energética sigue el mismo patrón de subordinación y entrega de los recursos nacionales a los grupos oligárquicos nacionales y extranjeros que cuidó y puntualmente cumplió Felipe Calderón.

Nada más diría, en síntesis, que él entregó empresas a la industria extractiva de la minería, que tiene en su poder casi un cuarto del territorio nacional, que podría ser explotado hasta por 50 años a través de las concesiones que dejaron los calderonistas.

La rapacidad no tiene límites, ahora se abalanzan con el intento de entregar la renta petrolera. De nueva cuenta el discurso que justifica la depredación a los bienes nacionales se sustenta en el supuesto desarrollo económico que necesita el país.

Y el acuerdo político, obviamente, no cumple con la expectativa de la supuesta transición con que Fox, Calderón y Salinas engañaron al pueblo de México. Miren, la transición fallida al imponerse la corrupción, la compra y coacción de voto por Peña Nieto y el PRI, con la anuencia del gobierno panista y las supuestas instituciones autónomas del IFE y el Tribunal Electoral, hicieron posible el retorno de Santa Anna.

La corrupción de los órganos electorales federales y estatales sirve de sustento al PAN y al PRD para exigir la creación de un órgano nacional responsable de elecciones federales y locales, el INE. Propuesta abortada por las prisas e inconsistencias en su diseño. Propuesta que no rompe el control cupular en la designación de sus integrantes, incluso resulta regresiva en los medios constitucionales y legales de control, en la organización de las elecciones, acceso y tiempo en radio y televisión y de gastos de campaña, misma que deja intocadas las estructuras de control político.

Es imperiosa la necesidad de exhibir que la clase política es funcional e incondicional a los intereses del capital nacional y extranjero. Se apresura una supuesta reforma política para cumplir en tiempo y forma la garantía de reformar la energía a los privados, en afán de la entrega del petróleo como bien nacional, fundamentalmente a los extranjeros, con el disfraz de los contratos de riesgo compartido.

Ante la necedad de imponer dicha reforma, ante la necedad de violentar los derechos de las nuevas generaciones de mexicanos y mexicanas, en congruencia con los principios y acción política de los mexicanos y mexicanas que defendieron la recuperación del petróleo con la iniciativa del general Lázaro Cárdenas, convocamos a todos los hombres y mujeres con dignidad, ante el atropello y subordinación —culmino presidente— incondicional del actual gobierno, que aman este país y a sus hijos, a la manifestación de su inconformidad, con dignidad y coraje, a manifestar su desacuerdo con acciones de resistencia civil pacífica y legal.

Como bien lo dijo Poniatowska, a los bisabuelos, a los abuelos, a los padres que contribuyeron a la nacionalización del crudo no podemos defraudarlos. Su lucha es la nuestra y por eso estamos aquí, indignados y despiertos, listos para impedir el robo de todos los tiempos, atendiendo a las acciones de resistencia civil y pacífica.

Convocamos a ciudadanos y ciudadanas con dignidad y coraje del robo que se perpetra por los ladrones que se han encasillado en el cerco de policía del Senado, al cerco civil y de resistencia para frenar la reforma energética. Pemex no se vende, el petróleo es patrimonio de las futuras generaciones de este país, no los llevemos a la miseria.

Diputados, si ustedes van a seguir gritando y diciendo, nosotros vamos a seguir documentando el grado de traición a la patria que Peña Nieto y ustedes quieren hacer con el país. No lo vamos a permitir, vamos a llevarlo, inclusive, a las cortes internacionales. Así que tengan cuidado con lo que están haciendo. Es cuánto.

«Moción suspensiva respecto del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento moción suspensiva de la discusión en Pleno de la minuta con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma político-electoral.

En la exposición de motivos de la minuta con proyecto de decreto que remite la colegisladora Cámara de Senadores se omite presentar el costo o impacto presupuestal que implica las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contravención a lo dispuesto en el artículo 18, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En esencia se propone la creación de un órgano electoral nacional responsable de elecciones federales y de las entidades de la Federación que implica la reestructuración del Instituto Federal Electoral y la implementación de nuevos procedimientos para la organización de elecciones locales para el año 2015.

El procedimiento sumario que adopta la Mesa Directiva de esta Cámara impide la valoración de impacto presupuestal que refiere el artículo 85, numeral 1, fracción VIII del Reglamento de la Cámara de Diputados. Omisión que, de acuerdo al artículo 63 del mismo reglamento, debe ser observada y atendida por la Mesa Directiva de este Pleno.

Conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva garantizará que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley. En el párrafo segundo, inciso e), se precisa que la Mesa Directiva “cuidará que los dictámenes cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación”. Mandato que se reproduce en el artículo 63 del Reglamento de esta Cámara de Diputados.

Artículo 63.

1.La Mesa Directiva cuidará y será responsable de que todos los asuntos incorporados en el Orden del día estén fundados, motivados y cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación.

El artículo 72 de la Constitución General dispone que “Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones”. El procedimiento que somete a votación la Mesa Directiva de este Pleno, es violatoria de los artículos 64, 67, 68 y 82 del Reglamento de esta Cámara de Diputados.

Artículo 64.

1. La Junta podrá proponer la inclusión de un punto en el orden del día que no se encuentre originalmente publicado en la Gaceta. Para ello, deberá hacer la solicitud al Presidente quien ordenará que el asunto se distribuya a los diputados y diputadas en forma electrónica y a solicitud, en forma impresa, antes de que lo ponga a consideración del Pleno.

Artículo 67.

1. El Presidente podrá turnar los asuntos a una o más comisiones, para efectos de:

I. Dictamen.

Artículo 68.

1.El turno para efectos de dictamen, procederá para enviar a las comisiones ordinarias, las minutas, las iniciativas legislativas, las observaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal, las proposiciones y otros documentos que, de acuerdo a la ley, requieran de la elaboración de un dictamen.

Artículo 82.

1. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o asuntos que le dieron origen, o bien, proponer su desechamiento. Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por resuelto y todo el asunto se considerará como total y definitivamente concluido.

2.Un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del Pleno sin que se presente el dictamen de comisión respectivo cuando:

I. Se tramite de urgente u obvia resolución, y

II. Se trate de iniciativas y minutas que no hubieran sido dictaminadas por la comisión responsable, en los plazos establecidos en este Reglamento y deban ser presentadas en sus términos ante el Pleno, sólo cuando hayan cumplido el requisito de declaratoria de publicidad que deberá hacerse, con una anticipación de al menos, dos sesiones previas a la que se discuta.

III. Se trate de una iniciativa o minuta con trámite preferente, que no hubiera sido dictaminada por la o las comisiones responsables en el término de 30 días naturales, contados a partir de que la iniciativa sea presentada por el Ejecutivo federal. En tal caso, la iniciativa o minuta deberá presentarse para su discusión y votación en sus términos y sin mayor tramite, en la siguiente sesión del Pleno.

En particular, no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el numeral 2 del artículo 82, que establece la puesta a consideración y votación del Pleno sin el dictamen de la comisión correspondiente.

En consecuencia, solicito a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, lo siguiente:

Único.Se suspenda la discusión en lo general del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política.

Nota:

1 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 18. A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2013.— Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Javier Orihuela García, para presentar también moción suspensiva.

El diputado Javier Orihuela García:Compañeros y compañeras, subo a esta tribuna, ya no para argumentar desde el punto de vista legal las violaciones que se han hecho al procedimiento con la minuta que nos manda la Cámara de Senadores, que debía haberse turnadoo a la comisión, etcétera. Ya todo esto vimos que ya se violentó.

Yo vengo aquí a solicitar se suspenda la discusión, argumentando lo siguiente: en los años setenta, cuando muchos ciudadanos andábamos queriendo participar en actividades políticas y no se nos dejaba, nos organizamos de diversas maneras y muchas de ellas fueron —entre comillas— ilegales.

Mucha gente, muchos compañeros, muchas organizaciones utilizaron diversas formas de organización que llamaron clandestinas, militaristas, ilegales. Y recuerdo en aquella ocasión a Reyes Heroles, cuando planteó la reforma política que implicaba incorporar a la disidencia política, a los grupos que no encontrábamos ninguna atención y que nos vimos en la necesidad de utilizar métodos ilegales, vamos a llamarle así. Me acuerdo que muchos que deseábamos participar en elecciones participábamos aún sin el registro, tratando de que hubiera gobernanza.

En aquella ocasión, en la época de Luis Echeverría, cuando se dio la apertura política y se incorporó mucha gente a la vida política, quiero decirles que ese señor, Reyes Heroles, fue un gran estratega político, incorporó a la disidencia a la política electoral, compañeros.

Con el paso del tiempo esta incorporación se transformó en una trampa, porque la ciudadanía hoy percibe que las élites políticas y las cúpulas partidarias se han apropiado de la representación popular, y las élites económicas se han apropiado de la renta económica que genera este país.

Y hay una gran percepción en los mexicanos, en donde estamos llegando a un nivel de desconfianza y de repudio social a la clase política que ya no es posible sostener. Por eso hoy, compañeros, tenemos la oportunidad de proponer, de aprobar una verdadera reforma política que nos permita recobrar la confianza de la ciudadanía, recobrar el ánimo ciudadano para que confíe en sus instituciones y en sus representados.

Conmino a los compañeros del PRI para que hoy suspendamos esta discusión y nos demos tiempo para discutir una verdadera reforma política-electoral, que permita cambiar la percepción de la ciudadanía con respecto a las élites políticas.

Hoy no caigamos en la idea de aprobar cuatro reelecciones a diputados, dos a senadores, cuando lo que hoy deberíamos, y lo que esperan los ciudadanos mexicanos y las ciudadanas mexicanas es participar más en la política, donde los ciudadanos tengan la posibilidad de tener en sus manos el control de a quienes les dieron el voto y, sobre todo, que cuando no cumplan tengan la posibilidad de quitarlos. Hoy los ciudadanos están esperando eso.

Hoy el PRI regresa después de 12 años de perder el poder. Muchos diputados me han comentado, me dicen: no puedo votar, no puedo votar en contra porque expongo mi carrera política. Pues hoy lo que están haciendo, compañeros del PRI y del PAN —bueno, todos los diputados— lo que estamos haciendo es echar por tierra la carrera política, la construcción de un verdadero sistema político-electoral que nos permita volver a crear condiciones de confianza, de ánimo, de legitimidad.

No caigamos nuevamente en esa trampa, compañeros, de que hoy queramos empoderarnos, una élite política en el poder. Empoderemos a la ciudadanía, empoderemos a los millones de ciudadanos que esperan de esta Cámara de Diputados comprensión, participación. Muchas gracias.

«Moción suspensiva respecto del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

Javier Orihuela García, diputado en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta moción suspensiva para la discusión en el Pleno de esta Cámara de la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

Considerando

Que la minuta motivo de la presente moción suspensiva contiene un proyecto de reformas constitucionales en materia de régimen político y en materia electoral de la mayor importancia que sin duda impactará fuertemente en el diseño constitucional de nuestro sistema político en su conjunto.

Que en tal virtud la minuta en comento merece que sea discutida con gran profundidad para la mejor comprensión de las y los quinientos legisladores que conformamos esta Cámara de Diputados, y que el acuerdo tomado por mayoría el día de ayer ha violentado el proceso legislativo que constitucional y legalmente debe seguir una reforma constitucional de esta envergadura ya que la propia Constitución establece en su artículo 72, fracción I,  que las iniciativas de leyes o decretos que se presenten en la Cámara pasen a la comisión dictaminadora. Asimismo, el inciso f), del mismo artículo, dispone que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos se observaran los mismos trámites establecidos para su formación.

La minuta debió haberse turnado a la comisión que dictaminen, porque así lo establecen los artículos 68 y 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados, específicamente el artículo 68, y así que se ha decidido en todos los casos, que en la Cámara de Diputados como Cámara revisora, ha conocido por primera vez una minuta del Senado, en términos del inciso a) al artículo 72 constitucional, por lo que exigir el asunto, que se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales tiene respaldo constitucional legal y reglamentario. Además de que ha sido una práctica parlamentaria reiterada, dado que no existe antecedente alguno que demuestre que el proceso legislativo se haya llevado a cabo en forma distinta a lo establecido en el marco jurídico.

Por lo tanto, en virtud de que se ha violentado la norma interna de esta Cámara, así como las disposiciones legales y constitucionales citadas con anterioridad, solicito que se ponga a consideración de este Pleno, la presente moción suspensiva, a fin de que esta minuta se pueda discutir con tiempo y seriedad en la Comisión de Dictamen que le corresponde que es la de Puntos Constitucionales, y posteriormente, se pueda discutir el dictamen que esta comisión tenga a bien aprobar en este Pleno, una vez cumplido el requisito de la declaratoria de publicidad y su inclusión en el orden del día para su discusión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2013.— Diputado Javier Orihuela García (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se toman en consideración inmediatamente para su discusión las mociones suspensivas presentadas.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se toman en consideración inmediatamente para su discusión las mociones suspensivas presentadas. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se toman en consideración. Se desechan.

En consecuencia, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, se concede el uso de la tribuna al diputado Luis Antonio González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores, la construcción de nuestra democracia ha sido un proceso gradual y reformista, resultado de acuerdos y negociaciones entre las distintas fuerzas políticas. El camino nunca ha sido fácil y conscientes somos que aún hay mucho por recorrer para alcanzar una democracia como ideal político, para alcanzar una democracia en plenitud.

Hoy la ciudadanía nos exige estar a la altura del momento histórico que vive nuestro país, momento que requiere de compromiso y de responsabilidad de dotar al Estado mexicano de una estructura política acorde a los nuevos tiempos y retos de la nación.

Ningún proceso de reforma tiene éxito sin un marco institucional adecuado para dirimir los asuntos públicos. Más aún cuando el régimen político actual está demostrando señales de agotamiento después de 25 años de reformas electorales que han permitido —debemos reconocerlo— la apertura y liberación de la esfera política.

Hoy nos encontramos ante la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia política de México, historia marcada por la participación de la sociedad civil organizada y la voluntad de las fuerzas políticas y sociales de buscar el cambio político a través de la vía democrática, porque la democracia se construye a través del diálogo, el acuerdo y la negociación, en aras de una mejor convivencia en una sociedad diferenciada y heterogénea. Para ello la política se ha convertido en la herramienta esencial de la democracia, una política que ayude a tomar decisiones efectivas, escuchando todas las voces y respetando los derechos de las minorías.

En Nueva Alianza estamos convencidos de la importancia de las reformas que requiere el país. Somos un partido que nació de un proceso reformador y, como tal, sabemos que nuestro compromiso es con la próxima generación y no con la próxima elección.

Estamos conscientes de la mala percepción que tiene la ciudadanía de la democracia, los partidos políticos y los órganos de representación. No es gratuito que en la actualidad vivamos una crisis de la representación política; de ese tamaño es el reto, recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad, porque estamos ciertos que la democracia es la única forma de gobierno que garantiza la libertad de igualdad como principios básicos del Estado.

Hoy nos encontramos discutiendo un proyecto de reformas constitucionales, con el que se busca fortalecer la estructura política del Estado mexicano y recuperar la confianza de la ciudadanía en las elecciones y la representación política. Sin duda alguna es un proyecto ambicioso. Implica una reingeniería de las instituciones administrativas electorales e importantes modificaciones al propio sistema político.

La reelección legislativa consecutiva, hasta por un periodo máximo de 12 años para senadores y diputados federales, así como la posibilidad de que ésta se aplique en las entidades federativas para diputados locales, presidentes municipales y regidores, es un tema de suma importancia en el sistema político mexicano. Su trascendencia estriba en la posibilidad de que sea la voluntad ciudadana la que determine la continuidad o no en el encargo.

Desde hace algunos años, académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil impulsan la idea de que la reelección consecutiva fortalecerá la rendición de cuentas entre representantes y representados. Aspecto que sin duda es loable, pero su implementación requiere reforzar otros mecanismos para que la representación no sea capturada por intereses distintos a los de la ciudadanía.

No podemos soslayar que en muchas regiones del país la precaria situación económica de los ciudadanos es un factor que incentiva el clientelismo y patronazgo político. Por ello resulta necesario que fortalezcamos los mecanismos de fiscalización de los recursos públicos y las instancias que vigilan la correcta aplicación de los programas sociales.

El proyecto de reformas busca garantizar la autonomía y fortaleza de los órganos electorales locales y evitar influencias nocivas y perturbadoras de la legalidad, transparencia y equidad de las contiendas electorales y sus resultados. Para ello se propone dotar de autonomía a la instancia encargada de perseguir e investigar la comisión de ilícitos, que sea autónoma, evitando la posibilidad del uso político o faccioso de esa atribución y, por otro lado, a la instancia encargada de medir y verificar la eficacia de las políticas sociales que implementa el Estado mexicano, en beneficio de la población más necesitada de nuestro país, como es el Coneval.

Durante varias décadas la evolución histórica de las instituciones electorales en México, el pueblo, que es el depositario de la soberanía nacional, se ha dado reglas claras y perfectibles para regular las elecciones mediante las cuales se renuevan los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

Así tenemos como antecedentes la Ley Electoral Federal del 7 de enero de 1946, la Ley Electoral Federal del 4 de diciembre de 1951, la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPE) del 28 de diciembre de 1977, el Código Federal Electoral del 12 de diciembre de 1987 y hasta la promulgación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del 15 de agosto de 1990.

Este último es producto de los acontecimientos ocurridos durante las elecciones federales de 1988, porque obligaron a que en el proceso de concertación y consulta pública para la reforma electoral federal de 1990, se planteara como necesidad impostergable de esa situación la adopción de un nuevo método para la organización de las elecciones federales.

Así se procede a realizar cambios a las disposiciones susceptibles de ser mejoradas o en las que el tiempo y la experiencia nos hayan hecho percibir imperfecciones. Pero tales modificaciones no pueden ser sino obra del tiempo y el fruto derivado de reposadas reflexiones. Todo con la finalidad de garantizar elecciones libres, elecciones auténticas y elecciones democráticas.

Por las innovaciones muchos actores políticos manifestaron su voto de confianza por la reforma electoral, porque significaba la posibilidad de construir un andamiaje jurídico y una mecánica electoral con amplios márgenes de confiabilidad.

La reforma política que hoy se somete a consideración de esta soberanía rescata aspectos positivos que mi grupo político, Nueva Alianza, saluda. Nueva Alianza en su corta existencia ha sido impulsor de mejorar nuestro sistema de gobierno. La incorporación de la figura de gobierno de coalición coadyuvará a la discusión de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que se encuentren representadas en el Congreso. Lo que indiscutiblemente fortalecerá la gobernabilidad del país.

La ratificación de nombramientos que realice el presidente de la República y la aprobación por parte del Congreso del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Nacional de Seguridad son factores que contribuyen a reforzar el sistema de pesos y contrapesos, que sin duda alguna beneficiará a la gobernabilidad democrática.

En Nueva Alianza estamos a favor en lo general con los cambios políticos propuestos. Efectivamente, para algunos esta reforma es aún insuficiente para lograr el ideal democrático. Sin embargo, estamos convencidos de que las leyes son perfectibles y graduales.

Por ello consideramos necesario valorar aspectos particulares que puedan ser susceptibles de mejoras en la minuta enviada por la colegisladora y que en su momento presentaremos como reservas al mismo.

Compañeras y compañeros diputados, no olvidemos que en un Estado constitucional democrático de derecho se deben defender, garantizar y fomentar principios democráticos, no intereses particulares. Vivir en democracia significa vivir en igualdad de oportunidades, en igualdad de oportunidades para contender, más no igualdad de oportunidades para abusar.

Asimismo advierto que esta reforma partió de la consideración de que la democracia no es el gobierno de los más en perjuicio de los menos y se apoya en el conocimiento de que en todo régimen democrático resulta fundamental el respeto a los derechos de las minorías y a la diversidad de criterios.

Recordemos que las mayorías como las minorías tienen derecho a discutir, tienen derecho a opinar y también tienen derecho a votar. En Nueva Alianza estamos conscientes de los retos que nos presenta la reforma electoral propuesta a esta soberanía. No somos ingenuos ni mucho menos aventureros.

Confiamos en que este reto es una oportunidad para demostrar —como lo hemos hecho— que nuestro partido político tiene un apoyo legítimo de la sociedad, que por más obstáculos o mecanismos que aprueben para limitarse de la pluralidad que existe en el país, nuestras propuestas serán nuestro mejor activo político frente a la ciudadanía.

Señor presidente, concluyo. No se puede dejar de mencionar la trascendencia histórica que deja el Instituto Federal Electoral como legado a la nación mexicana. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Se equivocan los que afirman —y lo afirman falazmente— que esta reforma política sea importante, trascendental o de interés de los ciudadanos. Esta reforma es un triste intercambio de reformas —valga la redundancia— la energética por la política para el PAN. Este no es un asunto de progresistas ni de demócratas y mucho menos de hombres de Estado.

Pareciera, además, que en esta reforma política nosotros, los encargados de crear las leyes de esta nación, somos los primeros en violar sus normas. Este dictamen llega a esta Cámara de Diputados en completa obscuridad. Este dictamen nació no solamente por acuerdos cupulares. Aunque reconozco que, como se ha dicho por los coordinadores de la mayoría y de la primera minoría de esta Cámara de Diputados, la reforma política y los temas políticos tienen mucho tiempo discutiéndose, esta reforma política no se discutió en comisiones en el Senado, como debía haber sido. Se hizo a un lado, fuera de Cámaras y en lo oscurito, y a esta Cámara de Diputados —como ya lo han dicho muchos compañeros— llega sin tocar baranda: directamente al pleno para que se haga un procesamiento rápido.

Thomas Jefferson decía que la clave de un buen gobierno se basa en la transparencia. Compañeros diputados, no hagamos cosas buenas que parezcan malas si creen en esta reforma. Estamos no discutiendo ya si esto cabe en una caja jurídica y el procedimiento es el correcto. Estamos hablando de asepsia política, de formas, porque como decía Reyes Heroles —alguien de su propio partido, de la mayoría— la forma es fondo, y en esta reforma política la forma es fondo.

El hombre honesto, compañeros diputados, no teme ni a la luz ni a la oscuridad. ¿Qué es lo que realmente estamos discutiendo en este dictamen? ¿Qué es lo que tiene esta reforma política? Estamos discutiendo una reforma que trae como gran novedad la reelección, una reelección que dicen algunos compañeros legisladores, no solamente diputados sino también senadores del Partido Acción Nacional, que fortalecería la democracia.

Permítanme, compañeros legisladores, no solamente tener una gran diferencia con ustedes, sino decirles que la academia tiene una gran diferencia con ustedes. Las características y las bases de la democracia y de un sistema democrático no están basadas en la reelección. De hecho, está comprobado que la reelección cuando dura mucho tiempo crea gobiernos divididos. Países como Ruanda, países como Uganda, en el peor de sus momentos estuvieron basados en grandes reelecciones.

Y no vayamos más allá, el gran sistema de reelección que se vivió en este país, presidencial, que nos llevó a esta determinación de no tener reelección, no solamente en el Ejecutivo sino en el Legislativo, es precisamente porque llegamos a un sistema autoritario.

La reelección no permite que lleguen nuevos cuadros ni a las Cámaras ni a las presidencias municipales, solamente fortalece a las cúpulas y, finalmente, causa que quien tiene dinero pueda ganar las elecciones.

Mientras los votos se compren en este país, no puede haber una reelección real. Mientras las elecciones en este país se manejen y se juegue con el hambre y el estómago de los mexicanos, la reelección no es más que un juguete para los políticos.

Reconocemos que esta reforma tiene grandes avances, como las candidaturas independientes. No obstante también creemos que tiene grandes bromas, como la del Instituto Nacional Electoral.

Se decía que se creaba un Instituto Nacional Electoral para poder quitar el control de los partidos políticos de un órgano que organizaba las elecciones. Se decía que se pretendía eliminar a los órganos electorales locales para que ya no estuvieran en manos de los gobernadores.

¿Qué es lo que se logra con esta minuta que viene del Senado? Finalmente, ahora los órganos electorales locales van a ser elegidos desde un escritorio desde el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral no es más que un cambio de siglas del Instituto Federal Electoral, que le costará a este país millones y millones de pesos, no solamente para poder cambiar la propaganda, sino para poder crear en los ciudadanos una lógica de conciencia de quién es quien organiza y quién es quien debe de llevar a cabo las elecciones en este país.

Qué gran broma. Cuando se pretendía hacer algo positivo con el INE, resultó un gran monstruo que ahora centraliza la decisión y la elección de los consejeros locales. Deja a la organización a convenios para que el INE pueda organizar a las elecciones estatales, si así lo decide. Y desde un escritorio, desde acá, se podrán elegir ya no solamente a los consejeros distritales, sino también a los consejeros de los órganos locales.

¿Qué es lo que va a pasar con los estados? ¿Cuál respeto a la soberanía y a la autonomía de los estados? Esto lo único que causa es centralismo, pero tampoco le quita la mano a los gobernadores en la determinación de los consejeros locales.

Igualmente, en el tema de las causales de nulidad inmediata, una reforma al artículo 41, que dice con mucha claridad que se podrá establecer un sistema de nulidad a las elecciones federales por violaciones sistemáticas a los límites máximos a los gastos de campaña si se excede, y el desvío, si se excede o se utilizan recursos de procedencia ilícita.

Aquí lo curioso es que dice que debe de acreditarse de manera objetiva y material la infracción. Pregunto, ¿cómo se determina un tema como esto de manera objetiva y de manera material, cuando se cuestionó tanto los gastos de campaña de la pasada elección presidencial y un candidato presidencial, que evidentemente había gastado mucho más, no fue ni siquiera castigado ni tocado con el pétalo de una rosa, y Andrés Manuel López Obrador fue castigado por haber excedido los límites de campaña?

Esto puede ser un fast track para eliminar y sacar contendientes de la elección cuando no le convenga así al partido de Estado. La Ley de Partidos Políticos, que también está como uno de los transitorios que pretende de manera general entrometerse en la vida interna de los partidos y que se dice manejaría las reglas generales y las normas generales para los partidos políticos, parece casi absurda.

Les diría, compañeros diputados, todos nosotros venimos de partidos políticos, sabemos y hemos cumplido con las normas que el IFE nos ha dado. Para qué queremos una Ley General de Partidos Políticos, cuando todos sabemos que los partidos políticos podemos y debemos autodeterminarnos, sí cumpliendo con reglas generales que se marcan en los acuerdos del IFE, pero no pueden imponernos de manera tajante la forma en que quieran organizarse.

Si en esta tribuna se defendió que los sindicatos pudieran autodeterminarse. Si una sociedad de alumnos puede autodeterminarse, ¿por qué los partidos políticos no? ¿Por qué querer imponer desde una Ley General de Partidos candados? ¿Por qué querer estandarizarnos a todos?

Es por esta razón y por otras como el elevar los umbrales a los partidos políticos. Y aquí me voy a permitir citar al líder de la mayoría, que muy generosamente ha dicho estas palabras esta mañana, dijo: Creo que todos los partidos políticos deben de existir. Creo que la pluralidad debe existir.

Si esto es cierto, le diría al Partido Revolucionario Institucional: este país es un país de minorías, el Partido Revolucionario Institucional es un partido de minorías que han coincidido y que han decidido unirse en una misma línea política.

No tratemos de hacer de éste un país bipartidista ni tripartidista. No tratemos de eliminar las voces diferentes, porque somos precisamente las minorías los que a veces representamos grandes mayorías en los estados, grandes mayorías en los lugares donde muchas veces los partidos mayoritarios no pueden llegar o donde sus ideas no permean.

Tratar de borrarnos de un plumazo no lleva y no abona absolutamente a nadie. ¿Quién dice que el 3 por ciento es un número suficiente? ¿Por qué no, compañeros del Partido de Acción Nacional, si ésta es su propuesta, hablamos de un umbral del 20? Si se trata de eliminar partidos, ¿por qué no nos vamos todos en la misma canasta?

Es por esto que el Partido del Trabajo votará en contra en lo general de esta reforma política. Les agradezco su atención y dejo estas reflexiones en esta tribuna y para ustedes. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Ricardo Monreal Ávila, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, esta Cámara se ha convertido en una miserable oficialía de partes, una oficina menor de trámites y la mayoría de sus integrantes en aplaudidores irreflexivos y condescendientes de los dictados del poder, sometidos al supremo poder conservador, como se ha erigido este mal llamado Pacto por México, que es un instrumento perverso que ha sometido a los Poderes de la Unión.

Hoy en este recinto se discute la reforma llamada política entre atropellos y abusos de la mayoría legislativa, entre ellos se busca aprobar atropellada, apresurada, violentamente en contra de la Constitución, violando el proceso legislativo, violando el más elemental derecho a analizar y discutir cuidadosamente el contenido de las múltiples modificaciones que se pretenden realizar sin ningún recato ni pudor jurídico.

Ésta es la reforma política más cuestionada en la historia moderna de México, más excluyente, más regresiva de la época. Porque no se dio voz a los ciudadanos, mucho menos a las minorías políticas. Es una reforma al contentillo de la derecha. Más privilegios para los políticos, menos para los ciudadanos. Más partidocracia, más engaños, más simulación. Todo a cambio de la entrega del petróleo nacional a extranjeros.

México es un país hundido en la crisis política, económica y social, una nación que ha sido incapaz de garantizar a los ciudadanos el respeto de sus opiniones, exigencias y oposiciones. Sumado a eso, padecemos a un gobierno ciego y sordo, de puertas cerradas y decisiones arbitrarias, que no respetan derechos humanos y que no satisfacen necesidades mínimas. Históricamente han sido los opositores al gobierno quienes han impulsado los cambios políticos que transformaron a nuestro país. La guerrilla de los sesenta fue la que impulsó la reforma de 1977. La reforma del 88 fue provocada por los opositores frente al fraude electoral cometido contra Cuauhtémoc por Salinas de Gortari.

Después, en el 2007 y antes, en 1996, se dio paso a otra reforma importante donde se otorga autonomía al IFE: se constituye el Tribunal Electoral y se generan perspectivas y condiciones de competencia mejores.

Las últimas, 2007 y 2011, fueron reformas más gatopardistas que caminaron en detrimento de la competencia política y de la fortaleza del régimen de partidos. Cinco reformas hasta ahora, después de la del 77, y de estas cinco reformas ésta es la más regresiva, la que menos consenso tiene.

Las otras reformas fueron discutidas en el Congreso. Todas ellas, por todos los partidos, la mayoría salieron votadas por unanimidad. Ésta es la primera que sale como una reforma de trueque, como una reforma de cambalache, como una reforma ominosa, a través de la cual se entrega el petróleo.

Es una reforma diseñada para el beneficio y usufructo de la clase política. No para abrir más cauces de participación a la ciudadanía. Se autoriza la reelección como supuesto mecanismo de rendición de cuentas de los legisladores y las autoridades municipales, pero no se concede a la ciudadanía la revocación de mandato.

Si esta reforma se hubiera hecho con la opinión de los ciudadanos, la reelección simplemente no se hubiera aprobado, ya que un porcentaje mayoritario de la población mexicana la rechaza, más del 60 por ciento.

Existe en los hechos —lo he sostenido— un tipo de reelección entre los legisladores federales. Diversos estudios han ubicado en un umbral de más del 15 por ciento el número de legisladores que de manera alternativa son reelectos, de diputados locales a diputados federales, de diputados federales a senadores o viceversa.

Por esa razón, nosotros sostenemos que la reelección existe. Con esta autorización constitucional de la reelección ininterrumpida, lo que se va a presentar es que la representación legislativa se hará más elitista, más oligárquica y más cerrada hacia la sociedad.

Se dice que la ciudadanía tendrá en todo momento la decisión final en las urnas para premiar o castigar a un legislador o a un presidente municipal que cumpla o incumpla. Eso sería cierto si las elecciones en México fueran limpias, equitativas y dignas de la confianza ciudadana. Pero sabemos que no es así, que en nuestra democracia sabremos contar los votos, pero no crear ni respetar condiciones de juego parejo.

La interferencia sistemática, permanente y continua de factores extra electorales, como el dinero ilícito, la operación de programas sociales gubernamentales, la compra del voto, los Monexgate o el condicionamiento del mismo son elementos que impiden hablar de una democracia de calidad. En estas condiciones, la reelección lejos de democratizar y dinamizar la vida pública la hará más oligárquica y más esclerotizada.

El rebase de los topes de campaña, como causal de nulidad de una elección es una tomadura de pelo, se establece que el 5 por ciento de rebase en los gastos podrá generar nulidad, siempre y cuando exista la determinancia. Es decir, que la diferencia porcentual entre el primero y el segundo lugar sea tan estrecha, que solo así el dinero se convierta en factor de decisión.

Esta postura ignora que el gran actor en las elecciones en el país, desde que hay competencia política es el dinero ilícito en todas sus modalidades, desde las aportaciones en efectivo hasta el dinero ilícito proveniente del narcotráfico, o siendo lícito proveniente de empresarios que aportan de manera ilegal a las campañas recursos económicos. Este dinero ilegal o ilícito es el principal factor de inequidad en nuestras elecciones. Y esta reforma política está lejos de haberlo controlado, sometido o doblegado.

Se abre la posibilidad de crear gobiernos de coalición siempre y cuando el presidente en turno así lo estime conveniente. Planteado de esta forma, como una facultad discrecional del Ejecutivo, el gobierno de gabinete se convierte en una decisión voluntariosa, personalísima y unilateral. Se pierde el carácter estatal obligatorio y fundacional de un auténtico gobierno de coalición, como forma de gobierno parlamentario.

El Instituto Nacional de Elecciones es una obra maestra de la partidocracia, no de la democracia participativa. Se plantea quitar a los gobernadores el control sobre los institutos electorales locales, solo para transferirlo a los partidos políticos nacionales que dominan al Congreso de la Unión.

No hay un solo rostro de ciudadanización del INE ni de los institutos electorales locales que habrán de reestructurar, simplemente se transfiere el poder del federalismo de los virreyes al centralismo de una oligarquía partidista, con el agravante de que las prisas y premuras por cambiar el IFE ponen en riesgo la realización de las elecciones locales del próximo año y las federales de 2015.

Los actuales consejeros del IFE actuaron ilegalmente, sometieron su conducta al poder, violaron de manera frecuente y alarmante la Constitución. Ahora los corres como lo merecen, como traidores a la democracia.

La transformación de la PGR en Fiscalía General de la Nación se habla de sacarla de la esfera de influencia del Ejecutivo federal para darle autonomía, independencia y libertad de gestión. Que se convierta en una instancia imparcial de procuración de justicia y no en una instancia de venganzas políticas del mandatario en turno. Sin embargo, se incurre en la misma desviación del diseño institucional que acontece con el INE.

Si el futuro fiscal fuera designado en una primera instancia por un órgano colegiado, no partidista, de prestigio académico, gremial y de investigación judicial, podría ser atendible. Pero no será así, la partidocracia designará al nuevo fiscal, y el presidente en turno tendrá la facultad de removerlo cuando así lo juzgue conveniente. Con este diseño bipolar, un Poder designará al fiscal y otro lo podrá destituir, habrá un juego de pelotas entre Poderes, un ping pong político, pero no un mejoramiento en la justicia.

Esta reforma está diseñada para repartir el poder entre la clase gobernante, no para distribuirlo democráticamente entre la ciudadanía, por eso es engañosa y con ello ustedes están llevando al extremo una Presidencia imperial, concentrando el poder absoluto en las manos de un solo hombre, rodeado de una camarilla insensible, corrupta y perversa, fingiendo conservar los rasgos de una República.

Como Calígula, que eliminó cuanto pudo todo aquello que le representaba restricción normativa o constitucional para desarrollar sus excesos y sus actos autoritarios y despóticos. Hacia allá conducen ustedes a la República, a la inmoralidad del régimen, a la vehemencia de la autocracia y a la decadencia política irrefrenable.

La actitud entreguista y vende patrias de los dirigentes de la derecha del PRIAN no tiene límites. Haber afirmado públicamente, de manera repetitiva y descarada que esta reforma es moneda de cambio para aprobar la entrega del petróleo a extranjeros es verdaderamente cínico y desvergonzado.

Si ustedes consuman este oprobio, esta reforma del trueque, del cambalache, del cinismo, este año de 2013 será conocido por la historia como el año de la tristeza y la rapiña nacionales. Gracias, presidente, por su tolerancia.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Quiero solamente recordar a la asamblea que el tiempo para solicitar reservas concluirá justamente cuando concluya la ronda de posicionamientos.

Tiene la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en esta honorable asamblea el día de hoy vengo a hablar a nombre de la fracción del Verde Ecologista para decirles que no, ésta no es una reforma política, es una reforma de Estado. Y aquellos que la cuestionan y la minimizan no conocen la lucha de los que venimos transformando este país y venimos aspirando a hacer lo mejor desde hace muchísimos años.

No importa que hoy estemos sentados en diferentes lugares. La lucha la hicimos desde hace muchísimos años y precisamente para honrar a aquellos que lucharon en los sesenta y en los setenta y perdieron la vida para construir lo que hoy estamos disfrutando aquí deberíamos reconocer los avances que se hace en cada Legislatura.

Compañeros y compañeras, esta es la reforma que muchos estábamos esperando, porque no es una reforma electoral solamente, es una reforma que está transformando el régimen político de cómo venía derivándose hacia un —como decía el compañero que me antecedió— un autoritarismo, a un verdadero régimen democrático encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Compañeros, solamente quienes hemos luchado y quienes hemos ido construyendo las normas podemos reconocer los avances y los retrocesos. Compañeros, por favor, pónganme atención y orden. Tampoco estoy de acuerdo con algunas cosas que ustedes dicen y las respeto.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame, diputada, un momento. Permítame un momento. Ruego a todos los presentes que podamos escuchar en orden, con respeto a quien haga uso de la palabra. Lo hemos hecho con todo mundo y creo que todo mundo tenemos derecho a expresarnos como nos convenga y creo que tenemos la obligación de escuchar con respeto a los oradores. Adelante, diputada.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, presidente. Sé que para algunos diputados que gritan es la primera vez que están aquí, por eso quizá puedan hacerlo de esa manera.

Compañeras y compañeros, si bien es cierto la reforma de los setenta permitió que tuviéramos aquí en esta honorable asamblea la oposición. La reforma de hoy es una reforma que permite que aquí estén presentes los ciudadanos, no solamente con nuestra representación, sino con la procuración de justicia, con un Ministerio Público que promete ser un Ministerio Público que ahora sí combata la impunidad.

¿No es ése un avance de Estado? ¿No por muchos años la izquierda, el centro y la derecha hemos luchado, hemos pedido, hemos estado abanderando que el Ministerio Público fuera independiente y esta reforma lo está logrando?

Compañeras y compañeros, ¿no por muchos años hemos pedido que el combate a la pobreza y la desigualdad social sea verdaderamente calificada para que podamos realmente darle una mejor vida a los ciudadanos? ¿Qué no hoy la autonomía del Coneval va a permitir que eso suceda? Por supuesto que ésta es una reforma de gran calado. Y aquellos compañeros que piensen que solo es una moneda de cambio, es una mentira.

Quiero decirles aquí que siempre en esta honorable soberanía se ha llegado a acuerdos y ha habido en la mesa diferentes posiciones de diferentes intereses que los grupos parlamentarios han manifestado y han salido adelante la mayoría de ellos cuando hay acuerdos y cuando hay un presidente que es reformador, como el que hoy tenemos.

Compañeras y compañeros, voy a abundar más en algunos asuntos que tienen que ver con las funciones de esta honorable Cámara de Diputados. ¿Qué no nos hace más democráticos y con mayor equilibrio que esta honorable asamblea pueda calificar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué no estaban pidiendo los compañeros de izquierda eso desde que llegaron a esta asamblea, en el principio de la Legislatura? ¿Y qué no muchos de nosotros pensamos que es la única forma de que logremos evaluar verdaderamente al gobierno? Eso, compañeros, es lo que estamos votando hoy, o que vamos a votar y que les pedimos que lo voten a favor, porque ésta no es una reforma política nada más, es una reforma de Estado.

Voy a abundar más en los privilegios que nos está dando esta reforma a las mujeres en esta Cámara de Diputados y a todas las ciudadanas que quieren entrar a la lucha política en los estados de la República. ¿Qué no el hecho de que haya reglas paritarias para los partidos políticos para que cumplan con el 50 por ciento de porcentaje en los estados de la República, no es una utopía para nosotros? ¿No es algo a que habíamos aspirado que sucediera?

Sé que a muchos compañeros aunque sean de la izquierda, eso no les gustó, pero ya sucedió y el Senado aprobó que esto vaya a mejorar las condiciones de representación de las mujeres en los Congresos locales y en el Congreso de la Unión.

Compañeras y compañeros, siempre esta Cámara de Diputados va a ser más democrática si logra tener acuerdos y logra construir normas, como las que estamos hoy construyendo. Siempre es mejor que logremos dirimir nuestras diferencias en este honorable espacio a los 20 años, que durante el tiempo digamos, que alguien perdió la vida para que lográramos ser más democráticos.

Qué bueno que hoy logremos tener una reforma que permita tener un Congreso más plural. Pero más es que por medio de la paz logremos transformar a este país y logremos tener una reforma que pueda darle a los ciudadanos lo que ellos estaban esperando: su espacio.

Porque además, compañeros de izquierda, esta reforma también contrae consigo la posibilidad de que se reglamenten otras leyes que no se habían reglamentado y que éramos omisos en este Congreso. Y que espero que en unas pocas horas podamos cumplir, como el de la iniciativa ciudadana y el de la consulta popular.

Todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo hoy con una visión diferente. Lo estamos haciendo con la visión de que podamos ser un Congreso de la Unión que haga equilibrio al Poder Ejecutivo.

Pero, ¿saben cuál va a ser la mayor consecuencia que puede tener este Congreso de la Unión y esta honorable asamblea votando a favor de esta importante reforma? Que aquello que habíamos criticado durante muchos años de funciones metaconstitucionales para el presidente, a lo que se concluía decir, el presidencialismo, se verá limitado y esta honorable asamblea tendrá posibilidades de ratificar un gabinete, en la medida de que haya una coalición mayoritaria que el presidente busque precisamente para tener gobernabilidad y para construir el Estado mexicano que habíamos querido que se construyera.

Qué más podemos aportar a esta patria que ser democráticos, que discutir en las condiciones que lo hacemos y que votar estas reformas para construir el espacio que los ciudadanos durante años habían esperado.

Compañeras y compañeros, quiero agradecer, por supuesto, en primer lugar, al diputado Manlio Fabio Beltrones, porque desde la pasada legislatura ha estado encabezando estas propuestas en el Senado de la República, junto con el compañero Arturo Escobar y Vega. Por supuesto, al señor Ricardo Monreal, al señor Ricardo Anaya y a Silvano Aureoles. Gracias por encabezar este tipo de reformas. Gracias a todos los grupos parlamentarios por permitir que estas normas lleguen a feliz puerto.

No importa que la crítica sea que sean monedas de cambio. No importa, estamos construyendo acuerdos y los acuerdos son eso. Podemos estar en la mesa discutiendo cuáles son nuestras propuestas prioritarias de cada uno, pero eso está construyendo un nuevo país, está construyendo nuevos acuerdos, está construyendo nueva perspectiva para este país.

¿No es eso lo que queríamos como legisladores? Me siento orgullosa, compañeros y compañeras, de estar en esta honorable asamblea. Muchas gracias al Poder Legislativo por poder hacer realidad muchas de las utopías que tuve desde hace más de 20 años, cuando comencé mi lucha social y política en la izquierda.

Compañeros y compañeras, seguramente muchos ciudadanos en este momento no podrán evaluar lo que estamos haciendo en esta honorable asamblea. Pero en corto y mediano plazo les garantizo que esta honorable asamblea y el Congreso de la Unión en general, con los Congresos locales, tendrán mayores posibilidades de participación en la construcción de una democracia consolidada, de una democracia en donde los ciudadanos son prioridad en este país. Muchas gracias, compañeros y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, su coordinador, el diputado Silvano Aureoles Conejo.

El diputado Silvano Aureoles Conejo:Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en este tema tan relevante de la reforma político-electoral hubiera valido la pena que la Cámara se hubiese dado los tiempos suficientes para la discusión, para el debate, para la reflexión en torno a una reforma que va a impactar al país.

Ayer aquí se expresaron muchas voces, sobre todo de mi grupo parlamentario, inconformándose por el procedimiento, con toda la razón, porque hubiera sido mucho mejor dar el debate, dar la discusión, dejar que se expresaran las voces que así lo quisieran hacer y no violentar el procedimiento parlamentario. Porque toda reforma a la Constitución política impacta y trasciende los ámbitos de la discusión de nuestro recinto parlamentario y toca los resortes más íntimos de la conciencia nacional de cada una y de cada uno de los mexicanos.

Ello es así, porque la Constitución es nuestra hoja de ruta que guía las aspiraciones del pueblo mexicano. El pluralismo es un valor que está reconocido en nuestra Ley Fundamental. El pluralismo se expresa en la diversidad de enfoques y actitudes frente a la vida, frente a nuestro entorno, en la multiplicidad de creencias y de cosmogonías que caracterizan a un pueblo diverso en su cultura pero unido en el propósito de pertenecer a una misma patria.

Como parte del Constituyente Permanente tenemos sin duda una ardua tarea. Para reformar la Constitución tenemos la obligación de tomar en cuenta todos los aspectos de nuestra diversidad cultural.

Hagamos las reformas que se necesiten, pero tengamos todo el cuidado, porque el riesgo de la ineficacia y de la inoperancia de una norma ilegítima de nada servirá para mejorar nuestra convivencia.

La minuta que nos envía la Cámara de Senadores contiene modificaciones a las reglas que configuran muchos aspectos de los órganos del poder público, tanto en el ámbito federal, local y de los órganos autónomos. En dichas propuestas también encontramos modificaciones a las reglas a través de las cuales se accede y se procede a ocupar los cargos de representación popular. No es cosa menor, compañeras y compañeros lo que está en juego.

El reto nuestro, el sentido y la obligación de esta Cámara de Diputados es actuar con toda la responsabilidad en su carácter de cámara revisora y de deliberar a profundidad, en los márgenes que han dejado las primeras minorías, cada uno de los contenidos que hoy se presentan para su discusión.

Estamos claros y entendemos que pretender que las cosas se construyan a conveniencia de una fuerza política, y que con ello tengamos en consecuencia el compromiso de ser receptivos y escuchar los argumentos de todas y de todos los legisladores que tengan un planteamiento para mejorar el contenido de la reforma que nos ocupa. Pero a nadie debemos de coartar el derecho de expresarse. A nadie le debemos de negar la posibilidad de escucharle y de ser precedente, atender sus razones y sus propuestas.

Hay razones históricas que hoy aquí están presentes en esta discusión, como podría ser el tema de la reelección. Tenemos en consecuencia la necesidad de mirar hacia el futuro y por ello llamo a no caer en el marco de esta sesión en posturas meramente mecánicas ni en extremos que polaricen el intercambio de razones.

Es un paso fundamental el que vamos a dar. El país no es el mismo de hace 20 años. Se necesitan nuevas reglas para hacer frente a nuevos fenómenos y a nuevos retos, y que hoy tenemos la oportunidad de transitar con estas reglas hacia mejores formas y niveles de entendimiento.

En cuanto al contenido que hoy tenemos para discusión y aprobación, en su caso, hay aspectos que consideramos son positivos, pero hay otros que mis compañeras y compañeros diputadas y diputados me han expresado la necesidad de que se adecúen, o en muchos casos que francamente no están de acuerdo o están en contra.

Por supuesto que estamos a favor de las fórmulas que incidan en la posibilidad de cambiar el régimen político. Es necesario que en una Constitución como la nuestra se incluyan los principios que vienen a ser criterios rectores que ordenan la tarea de la construcción y aplicación de la norma.

Por lo que hoy discutimos, aunque tiene avances muy importantes —lo destaco— también tiene vicios de origen. No se resuelve a plenitud los problemas que se intentan ante la falta de armonización y coherencia con el orden jurídico, pues no acertamos a embonar con las formas de Estado y de gobierno que se establece en la propia Constitución.

Establecer nuestro sistema de planeación democrático, que sea además deliberativo, es algo muy importante, pero considero que ello será posible que materialice si a estas modificaciones le acompañan la elaboración de instrumentos legales que permitan la participación democrática de las y los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones sobre los asuntos que le atañen, que le preocupan y que le interesan.

Urge pues que desahoguemos los pendientes de las llamadas cartas ciudadanas cuyo contenido debe estar vinculado con el principio fundamental de lo que hoy estamos discutiendo y que espero, compañeras y compañeros, que hoy sean discutidas y aprobadas en su contenido original.

Por otro lado, la política de desarrollo social hasta ahora ha tenido una orientación que ha dejado mucho qué desear. En cada sexenio se inventan nuevos nombres para los mismos programas, mientras que los indicadores de la pobreza son cada vez más alarmantes.

Esperamos pues que la elevación a rango constitucional del Consejo para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social con carácter autónomo ayude a superar las prácticas electoreras de dichos programas y que verdaderamente atiendan la raíz de las causas de la pobreza y la marginación.

Al ser la Cámara de Diputados la que autoriza el Presupuesto de Egresos de la Federación, definir los recursos con los que se apuntalan los programas y acciones de gobierno, debe ser esta Cámara de Diputados quien designe a los integrantes de dicho Consejo, que está establecido en la propuesta. No se pueden invadir ni mutilar facultades de las diputadas y los diputados.

Por ello, saludo que podamos construir junto con los demás grupos parlamentarios la modificación correspondiente, porque es de elemental respeto a las facultades y atribuciones de la Cámara de Diputados para que sea la Cámara quien designe al órgano, al consejo directivo del órgano de referencia.

No estamos de acuerdo tampoco con la supresión que se hace al artículo 29 de la Constitución, que establece la obligación del titular del Ejecutivo para acordar con los titulares de las Secretarías de Estado, previo a proceder el trámite, suspensión de garantías, porque estamos en presencia de un mecanismo que debe de hacer responsable a todo el gabinete y que limite la posibilidad de tomar decisiones que en materia, que en los hechos afectarían severamente los derechos humanos.

En esta medida deben participar los responsables de la administración pública, quienes además son sujetos de responsabilidad política, administrativa y penal. Lo que los obliga a cuidarse de aconsejar o validar en el acuerdo alguna situación que dañe severamente a la población. Por eso debemos de considerar que permanezca el texto como está hasta ahora en la Constitución.

Saludo, felicito y felicitamos la introducción de las reglas sobre la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Sin duda es un gran avance, hace justicia a la lucha permanente de nuestras compañeras mujeres por acceder en igualdad de circunstancias a los puestos de decisiones. Sin embargo, estoy seguro de que esta medida bien puede extenderse a la integración de los ayuntamientos y de la administración pública federal, estatal y local.

Felicito a mis compañeras mujeres. Mujeres, éste es un logro de ustedes y deben sentirse orgullosas de que va al texto de la Constitución la paridad para el acceso a los puestos de representación popular. Pero no nos quedemos ahí, vayamos también para que haya paridad, para que haya igualdad en los cargos de la administración federal, estatal y municipal.

Por otro lado, incrementar el umbral de 2 a 3 por ciento para que los partidos políticos mantengan su registro y con ello además tengan derecho a los espacios de representación popular, limita el derecho de las minorías que, nos guste o no, son la voz de una franja de la sociedad que tiene y debe ser representada. Por lo que, en todo caso, debiera hablarse en este aspecto, no de la votación total emitida, sino de la votación válida emitida para que amortigüe o disminuya el impacto que puede tener en las fuerzas minoritarias.

Este cambio puede ser significativo para las fuerzas emergentes o partidos políticos menores, que buscan y tienen derecho también a ser parte en la toma de decisiones en la vida pública.

Por ello, es importante que no limitemos —como hemos dicho aquí— la participación de los ciudadanos a través de los mecanismos que busquen. A lo mejor pueden ser cómodas o no las expresiones de grupos o partidos políticos, pero sí se requieren en un país democrático y plural, como el nuestro.

Me parece también que no se deben quitar las facultades a la Comisión Permanente para ratificar el nombramiento de embajadores y cónsules generales, porque con ello se restan atribuciones a una figura del Poder Legislativo, que viene a ser un control al autoritarismo o al presidencialismo.

La introducción de la figura del gobierno de coalición sin duda que es una novedad. Se permitirá la inclusión de más fuerzas políticas en la tarea de gobernar desde la administración federal, con lo cual las políticas públicas ya no estarán como ahora al servicio solamente de un proyecto político, en detrimento de la competencia libre y democrática y en condiciones de igualdad.

Sin embargo, me parece que lo más conveniente para que esto sea efectivo es que se establecieran las reglas que mandaten y que no dejen a la potestad del Ejecutivo la integración de dicho gobierno, pues la construcción de mayorías en ese sentido puede llevar a la exclusión del contrario y con ello solo estaría legitimando las negociaciones políticas que en los últimos sexenios han sido práctica común, pero que solo han podido consolidarse en momentos de coyuntura.

Presidente, sé que me he pasado del tiempo, esperaré terminar lo más pronto posible. Les ruego un poco de paciencia y comprensión. Presidente, muchas gracias, gracias compañeros.

La reelección en los cargos de representación federal, estatal y en los ayuntamientos debe ir acompañada de medidas que le den más poder al ciudadano para controlar la actuación de sus representantes, para que estos no piensen ni crean que tienen la posibilidad de prolongarse sin tener que rendir cuentas de sus actos.

No es cosa menor trastocar principios históricos que datan de nuestra Revolución Mexicana.

Gracias, compañeros —Zárate, ya te vi— Por ello, compañeros, es importante que no se deje solamente libre la posibilidad de que alguien busque perpetuarse en el poder. No desconozco que esto ayudaría a profesionalizar los gobiernos locales y, desde luego, las representaciones populares. Por ello, la nueva reglamentación. Compañero, voy a terminar, ¿quién es el que está chiflando?

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que pueda ir concluyendo con su intervención.

El diputado Silvano Aureoles Conejo: Para agradecerle que me recuerde que ya pasó el tiempo. Pero ya voy a terminar.

Por último, compañeras y compañeros, queremos todas y todos que en los contenidos de esta reforma se debata con los argumentos y con las razones necesarias. Que nos demos la oportunidad de expresar nuestras razones y de estar abiertos para admitir los acuerdos que puedan resultar del más amplio consenso. Sin duda que los avances son muy importantes, pero no debemos perder de vista el riesgo de retornar al centralismo.

Por ello, a la lista de pendientes que aún nos quedan derivados de esta reforma, que junto a las que ya tenemos acumuladas nos obligan a un esfuerzo mayúsculo, para que en la legislación secundaria podamos garantizar, en beneficio de las y los ciudadanos, el gran esfuerzo reformador que hemos emprendido por el bien de México y por el bien de las mexicanas y los mexicanos. Por su comprensión y por escucharme, muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Con su venia, diputado presidente. Desde 1939 —desde nuestra misma fundación— en el Partido Acción Nacional hemos apostado por el reformismo institucional. Frente a un régimen autoritario y frente a los que apostaban por una ruptura violenta con él en el PAN propusimos la reforma paulatina y gradual de nuestras instituciones, a fin de poder arribar a una democracia participativa que pusiera en el centro al ciudadano.

En 1943, en nuestra primera plataforma electoral, ya se hablaba de una reforma política y de una reforma electoral. Lo digo con mucho orgullo: no se entendería la democratización de este país sin la aportación del Partido Acción Nacional.

Entre otras muchas fueron demandas históricas del PAN la creación de un instituto nacional, de un instituto electoral que no dependiera del gobierno, de un tribunal federal en materia electoral y de una credencial para votar con fotografía.

Como producto de esas reformas, que comenzaron a implementarse en los años ochenta y noventa del siglo pasado, México pudo tener elecciones equitativas y competitivas en el orden federal y también se pudo experimentar la alternancia en el 2000.

También cuando fuimos gobierno federal impulsamos la consolidación de nuestra democracia. Una prueba de ello es la reforma integral que se presento en 2010 por parte del presidente Felipe Calderón.

Sin embargo, a pesar de esas reformas que desde hace muchos años y con el esfuerzo —hay que reconocerlo— también de otros partidos es indispensable que nuestro sistema político sea más funcional y pueda propiciar una autentica democracia de calidad, que se traduzca de manera adecuada en bienes públicos tangibles para los ciudadanos.

México requiere una nueva institucionalidad que favorezca la gobernabilidad democrática, que si bien es cierto que va más allá de las elecciones tiene su origen en éstas. Y la experiencia de la pasada elección federal y de las estatales de este año nos muestra claramente que la democracia mexicana demanda una nueva generación de reformas para prevenir y superar las deficiencias de nuestros comicios.

También se necesitan instituciones electorales más vigorosas y confiables que garanticen el estricto cumplimiento de la ley, a fin de que las preferencias de los ciudadanos puedan reflejarse auténticamente en los órganos representativos y de gobierno.

Esta reforma que hoy habremos de aprobar responde a estas necesidades. No es una reforma perfecta, es una reforma que ciertamente deja algunos temas pendientes. Nadie puede estar nunca satisfecho por el contenido total de una reforma.

Sin embargo, esta reforma tiene avances muy importantes. La transformación del IFE en el Instituto Nacional Electoral nos va a permitir que también en los estados haya condiciones democráticas y evitemos también la injerencia indebida y obscena de los gobernadores en las elecciones. Por otro lado —y esto es algo muy importante— se establece un máximo del 8 por ciento a la subrepresentación y a la sobrerrepresentación en los Congresos locales, para evitar —como ya pasa en muchos estados— que haya partidos con el 35 por ciento de los votos y tan solo el 8 por ciento de la representación parlamentaria.

Al otorgarle autonomía a la Procuraduría General de la República y transformarla en una Fiscalía General también se evita la politización a la hora de buscar la procuración de justicia. Brindarle autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social va a permitir que el gobierno también tenga que hacer una política social desvinculada de intereses electorales y de intereses partidistas. Pero además, esta reforma fortalece al Congreso de la Unión, nos otorga más facultades y más capacidad a la hora de nombrar diversos cargos de la administración pública.

Sin embargo quiero dejar para el final lo que a mí me parece la reforma más importante, que es la posibilidad de la reelección legislativa y de alcaldes. El actual diseño existente en nuestro país, el diseño de la no reelección es completamente anómalo en perspectiva comparada, prácticamente ningún país democrático del mundo no le otorga a los ciudadanos el derecho a decidir si su representante merece o no continuar en el cargo.

Sabemos bien que este diseño de la no reelección legislativa fue producto de una coyuntura histórica en lo que precisamente lo que pretendía el entonces presidente era construir un régimen en torno a su figura y en donde los ciudadanos y menos los legisladores pudieran tener ni siquiera la posibilidad de opinar.

Ese régimen hiperpresidencialista ya terminó. Por eso ahora tenemos que dar ese paso al fortalecimiento del Poder Legislativo y al fortalecimiento del ciudadano. Porque nosotros consideramos que la reelección va a traer consigo un conjunto de ventajas que nadie puede negar. Por un lado, nos va a permitir tener una clase política y una clase legislativa mucho más profesional y mucho más preparada. También amplia el horizonte temporal de los propios legisladores y eso genera mucha mayor facilidad en las relaciones de confianza a la hora de construir acuerdos. Pero además, como ya se ha dicho, les otorga a los ciudadanos el derecho a juzgar y decidir si su representante merece o no continuar en el cargo y también su autoridad más inmediata y más cercana, que es el presidente municipal.

Por eso consideramos que esta reforma, aunque solo fuera ésta la única que se aprobara hoy, la de la reelección legislativa, ya hizo que valiera la pena todo el esfuerzo y todo el trabajo de todos estos meses.

Ahora bien, hay un elemento de este diseño de la reelección que no nos parece el más adecuado y por eso nos lo habremos de reservar y es otorgarle al partido la posibilidad de decidir la candidatura del legislador. Nosotros queremos que el legislador le responda a los ciudadanos, no que le responda al partido. Por eso no queremos que se mantenga ese candado que se estableció en esta minuta que hemos recibido del Senado de la República.

Y hablando del tema de reelección, por supuesto que quiero aprovechar para hacer un homenaje a Alonso Lujambio. Alonso Lujambio como académico y como servidor público ha sido quizá la persona que más ha estudiado el tema de la reelección, ha sido quizá la persona que más insistió en que este Congreso aprobará una reforma constitucional para fortalecer al ciudadano.

Decía también Alonso Lujambio —y me permito citarlo textualmente—: la democracia no supone la solución de todos los problemas, es más bien un método colectivo para discutirlos y enfrentarlos. No supone que todos decidamos, todos respecto de los aspectos públicos, supone que podemos todos escoger a quienes van a decidir para exigirles en el camino y llamarlos a cuentas al final.

Compañeros y compañeras diputados, nosotros confiamos en que esta reforma se traduzca en un nuevo modelo del sistema electoral mexicano. También confiamos en que con esta reforma se aumente la calidad de nuestra democracia.

Insisto, no es quizá la reforma perfecta, habrá temas que habrán quedado pendientes, pero sí consideramos que se van a obtener tres beneficios muy concretos. Por un lado, se terminarán las inequidades que se siguen presentando en las entidades federativas en época electoral. Por otro lado, se facilitará la construcción de mayorías congresionales, de manera tal que se puedan redefinir las relaciones de cooperación y control entre los Poderes del Estado. Pero además se fortalece al Congreso de la Unión, a fin de que pueda asumir de mejor manera sus funciones legislativas, fiscalizadoras y de representación política.

Ya para terminar, me voy a permitir citar a uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, Efraín González Luna. Éste gran pensador humanista decía que la perseverancia en el esfuerzo por la instauración de la representación política del pueblo se justifica, no solo como deber indeclinable, sino como el único camino para la solución de los problemas de México. Precisamente por ello los diputados de Acción Nacional vamos a seguir perseverando en este esfuerzo. Es cuanto.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Fernando Rodríguez Doval. Finalmente, tiene el uso de la palabra el diputado Arnoldo Ochoa González, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Arnoldo Ochoa González:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, celebro que el debate que hemos estado realizando hasta este momento ha sido un debate de altura. Ha sido un debate con posicionamientos claros y precisos, que responden a la ideología y a la posición política de cada grupo parlamentario, pero ha sido respetuoso. Ello es adecuado, porque dignifica el debate político y se cuida el decoro y la dignidad de este recinto parlamentario. Espero que este debate siga en el mismo tono.

El Grupo Parlamentario del PRI da la bienvenida a la minuta sobre la reforma político-electoral enviada a esta representación por el Senado de la República y reconoce el arduo trabajo de deliberación legislativa llevado a cabo, así como el valor de los acuerdos políticos emanados del Pacto por México en esta materia. Lo que hace de esta reforma un resultado de la negociación plural, en beneficio de la transformación del país. Es una reforma incluyente, que recoge propuestas de todos los partidos políticos y aún propuestas e ideas de quienes ahora no apoyan un cambio de gran calado.

Sí quiero señalar que ésta es una reforma donde se han escuchado las propuestas de todos los partidos y de los grupos parlamentarios. No es una moneda de cambio, es un esfuerzo por lograr consenso en algo tan delicado como es la transición política.

El PRI siempre ha estado dispuesto al diálogo y a la construcción de acuerdos políticos y acuerdos legislativos, ya que en un país democrático si las realidades cambian, permítanme parafrasear a don Jesús Reyes Heroles: Si las realidades cambian, cambia el derecho y también mediante el derecho cambian las realidades.

Se trata de una reforma que nos encamina a un cambio de sistema político y como bien dijo una compañera diputada, estamos cambiando las reglas del Estado mexicano y eso nos lleva a consolidar el régimen democrático.

Esta reforma moderniza el sistema presidencial, en función de una pluralidad ampliamente representativa y genera nuevos equilibrios entre los poderes públicos. Como bien dijo el coordinador de nuestra fracción: pasamos de la alternancia política en el gobierno, a la transición en pleno con un verdadero cambio de régimen político.

Entre otras cosas importantes de esta reforma viene la opción constitucional de integrar gobiernos de coalición, porque se facilitan los acuerdos. Los grupos, los partidos políticos que pudieran integrar un gobierno de coalición seguramente diseñarían un plan nacional de desarrollo con un amplio sustento social y con un gran respaldo político.

Los grupos parlamentarios de quienes integren un gobierno de coalición seguramente pudieran encontrar facilidad para hacer una gran agenda legislativa que nos lleve a los cambios profundos, a los cambios que aún están postergados a través de una agenda legislativa de largo alcance y promovida por las fuerzas que integren un gobierno de coalición.

Con la integración de gobiernos plurales y la ratificación de integrantes del gabinete y funcionarios públicos por parte del Congreso, se consolida la estabilidad y el desarrollo político del país. Es este proyecto una reforma del sistema electoral y de partidos políticos para servir a la ciudadanía, acercar al gobierno a la sociedad y representar mejor la pluralidad y sus intereses.

Es una reforma que acompasa el desarrollo político del país en una misma dinámica democrática, con la garantía de respeto al voto en condiciones justas de competencia política. Este es el sentido de la integración del Instituto Nacional Electoral y las facultades renovadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Es también una reforma que consolida el nuevo órgano nacional electoral para que garantice procesos electorales imparciales, libres, pacíficos, de modo que los procesos electorales dejen de ser un riesgo para la estabilidad social y política y otorguen certeza jurídica a los actores políticos y confianza ciudadana al valor del voto.

La justicia electoral se afianza con una nueva distribución de competencias, que evita que una misma instancia sea juez y parte y que traslada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la facultad de conocer, resolver y sancionar las infracciones al Reglamento electoral, incluyendo las violaciones a las normas sobre propaganda política y electoral, actos de precampaña y campaña política. Así se sancionaría la violación a los topes de gastos de campaña que pudieran constituirse en causa de nulidad de las elecciones.

En concordancia con este fortalecimiento de la autoridad y la justicia electorales, la representación de la soberanía popular se consolida con la reelección de los senadores y los diputados federales y locales. Ésta es una propuesta que fue sugerida durante largo tiempo por diversas fuerzas políticas, por los estudiosos, por los politólogos, la cual estamos seguros que va a contribuir a la profesionalización de la función legislativa y a una mejor calidad de la representación de los intereses y la pluralidad política, así como un mejor equilibrio de los Congresos con respecto de las funciones del Ejecutivo.

Con este nuevo diseño constitucional gana el balance entre los poderes políticos, local y federal en beneficio de la ciudadanía, además de que se promueve la gobernabilidad municipal con la reelección por una sola vez de las autoridades municipales que ocupen el cargo por tres años.

Avanza también el desarrollo político del país con una nueva arquitectura institucional del Estado que reconoce la autonomía de la Fiscalía General de la República y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

De esta manera se fortalecen las capacidades de procurar justicia por parte del Ministerio Público y se fortalece la justicia en materia de delitos electorales y combate a la corrupción con base en dos fiscalías especializadas.

En forma similar, la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social fortalecerá la fiscalización e instrumentación de estas políticas públicas.

La bancada del PRI convoca a los distintos grupos parlamentarios y a sus legisladores a un debate de ideas sin dogmatismos, y que se sumen a la aprobación de esta reforma constitucional, la cual consolida las condiciones y las capacidades institucionales para la gobernabilidad democrática y representa un hito en la modernización del sistema político.

Hay que apuntarlo con claridad. Ya se ha dicho aquí. No puede ser ésta la última reforma político-electoral del país, ya que ésta es una reforma constitucional que reconoce el principio de que en política no siempre se obtiene lo óptimo, sino lo posible.

La democracia real no es ni puede ser una democracia ideal. Esta reforma afianza la gobernabilidad, porque facilita los acuerdos y, al mismo tiempo, fortalece la Presidencia democrática y las facultades del Poder Legislativo, en el marco del sistema político y constitucional de división y equilibrio de poderes.

La autonomía constitucional de los órganos autónomos y la consolidación de los órganos electorales y de impartición de justicia electoral nos encaminan también a un nuevo sistema político.

Quiero hacer una breve referencia: Robert Alan Dahl —politólogo estadounidense— señala que las condiciones para un gobierno democrático deben ser la libertad de asociación, la libertad de expresión, libertad de voto, elegibilidad para el servicio público, derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, diversidad de fuentes de información, elecciones libres e imparciales, entre otras.

En la bancada del PRI vemos una reforma profunda que consolida el sistema electoral y de representación política y que transforma nuestro sistema político.

Giovanni Sartori llega a la conclusión de que la democracia es elegir a los gobernantes, tener opciones electorales que permitan cambiar el voto, expresar disenso, constituyen la denotación mínima de la palabra democracia. Todos estos requisitos para un Estado democrático es lo que promueve esta reforma constitucional.

Esperamos que este proyecto que asume compromisos legislativos, que asume compromisos políticos, el PRI los seguirá respetando para poder dentro de ese clima de diálogo y de acuerdos políticos, en donde hemos tenido el apoyo del presidente Enrique Peña, quien con respeto a la pluralidad y al disenso busca la reforma y el cambio transformador. Vamos por el rumbo correcto.

Compañeros, diputadas y diputados, oponerse, inhibirse o temer a los cambios será ignorar que toda época es en el fondo época de transición. No caminemos políticamente en círculos, caminemos en línea recta y en ascenso. Ésta es la época de las reformas y de la transición política. Muchas gracias.

VOLUMEN II

NELSON MANDELA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ha sido solicitado a esta Presidencia el que guardemos un minuto de silencio en memoria de Nelson Mandela, que falleció hace unos minutos. Ruego a las diputadas y diputados ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

VOLUMEN II

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia informa que se ha cerrado ya el registro de reservas. Se recibió de los grupos parlamentarios propuesta de modificación a la minuta con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. Proceda la Secretaría a dar cuenta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Propuestas de modificación.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por los grupos parlamentarios.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aceptan las modificaciones. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se aceptan las modificaciones propuestas por los grupos parlamentarios.

Está a discusión en lo general, con las modificaciones presentadas por los grupos parlamentarios y aceptados por la asamblea. De conformidad con lo que establece el artículo 230, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han inscrito para la discusión en lo general diputados de distintos grupos parlamentarios. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, para hablar a favor.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Gracias, diputado presidente, con su venia. Honorable asamblea, quiero empezar por manifestarles, hacerles patente que me siento profundamente orgulloso de estar hoy hablando a favor de esta minuta con reformas a la Constitución.

No solamente por tratarse de una modificación a la Ley Suprema de la Unión, desde luego, sino que como ya se ha dicho y así lo considero también, esta modificación que se ha venido gestando a lo largo del tiempo y que hoy discutiremos y acabaremos, en su caso, aprobando, va a venir a transformar significativamente, a redimensionar desde luego la relación que existe entre los poderes.

Sin lugar a dudas, esto viene a fortalecer el proceso de democratización del país, el fortalecimiento de este sistema de frenos y contrapesos, con base en los cuales se ejerce el poder público.

No puedo dejar de mencionar y referirme, porque al final del día no compartí todos los puntos de vista que se expresaron con relación a la legalidad del procedimiento que hemos iniciado.

Déjenme decirles que —en mi opinión— la Constitución nos faculta como asamblea general, como Congreso de la Unión, como órgano colegiado a discutir las leyes. Y si bien es cierto que nos da la facultad para expedir la ley conforme a la cual emprendemos este procedimiento, desde luego que esta ley se supedita al marco de la Constitución misma. De tal suerte que si expedimos la Ley del Congreso y con base en ésta discutimos las leyes y hemos decidido crear comisiones con objeto de dar celeridad a los procedimientos para la discusión de las leyes, las comisiones no tienen otro propósito sino el de apoyar, el de asistir a la asamblea general en este máximo propósito, en esta máxima responsabilidad constitucional de discutir y aprobar las leyes.

Bajo ningún motivo podríamos nosotros interpretar la Ley Orgánica del Congreso y suponer que las comisiones pueden traducirse en un obstáculo para que nosotros, como asamblea general, como órgano supremo de representación ciudadana, como órgano supremo de control de este Congreso de la Unión, no podamos cumplir con un propósito trascendente cuando así lo identifiquemos.

Desde luego que la reforma constitucional —como ya se ha dicho— es muy vasta y hay muchos numerales de la Constitución que están viéndose trastocados. No podría referirme a todos. He decidido referirme exclusivamente a dos de ellos, a los aspectos que tienen que ver con la seguridad pública, que efectivamente se tratan en unión de otras reformas constitucionales y legales que hemos venido discutiendo y, por último, uno que no sé si me dé tiempo de mencionar, pero que tiene que ver con la judicialización en materia de interpretación de las normas electorales, que tienen que ver con el acceso de los partidos a los procesos mediáticos para dar a divulgar su propaganda y postulados de campaña.

¿A qué me refiero con lo primero? La materia de seguridad pública. A pesar de que nosotros hemos venido modificando una buena parte de nuestro marco jurídico con un mismo propósito de generar un mejor estado de bienestar para nuestra población —lo he dicho antes y lo repito ahora— difícilmente va a hacer que lo logremos, si no podemos implementar un verdadero estado de derecho y con ello poder sacudirnos por completo y para siempre el estado de zozobra y de inseguridad en el que vive la población.

¿Qué es lo que sucede con esta materia de seguridad en la reforma constitucional que ahora analizamos? La verdad es que hasta ahora se ha venido presentando una estrategia nacional de seguridad pública por parte del Ejecutivo, a través de la cual se establecen directrices conforme a las cuales el mismo Poder Ejecutivo, en unión de las fuerzas encargadas de la procuración de justicia o seguridad pública enfrentan la problemática.

Eso ya se dejó atrás, ¿por qué? Porque a través de la reforma constitucional la aprobación de la estrategia nacional de seguridad pública va a ser en forma colegiada con el Senado de la República, ¿esto qué significa? Significa el establecimiento de una corresponsabilidad entre el Ejecutivo y este órgano de representación nacional perteneciente al Legislativo, a través del cual se aportará una visión sistémica e integral a los problemas de inseguridad que vive el país.

Desde luego que va a ser un instrumento que le permitirá al Ejecutivo tener mucha mayor legitimidad, mucha mayor fuerza y mejor visión de las cosas para resolver un problema que nos aqueja y el cual, desde luego, considero se supedita y se condiciona la efectividad de todo lo demás que venimos haciendo.

Pero esto no es aislado, ¿cuál es el otro tema que se viene a modificar con esta reforma constitucional que se discute? El de la Fiscalía General de la República. ¿Qué es lo que sucede? Hay una reforma constitucional que todavía no aterriza en las leyes secundarias, que tiene que ver con una modificación del sistema de impartición de justicia en materia penal, que busca velar no solamente por la persecución efectiva de aquellos que se dedican a la delincuencia, sino también por el respeto de los derechos humanos.

La verdad de las cosas es que el funcionamiento de este nuevo sistema de justicia en materia penal nunca se va a lograr, en la medida en la que no tengamos autoridades policiales, ministerios públicos, autoridades encargadas de la investigación y de la obtención de elementos científicos-técnicos, que permitan demostrar cómo se comete un delito, que cuenten con una verdadera capacitación y que sean absolutamente profesionalizados.

Independientemente de que nosotros podamos contar con leyes procesales-penales que sean adecuadas, si no contamos con los elementos humanos que las implementen jamás vamos a llegar a buen puerto.

Mediante la creación de esta Fiscalía General de la República autónoma, que no se supedita a la voluntad del Ejecutivo ni a coyunturas históricas, políticas de ninguna naturaleza, la verdad es que estamos dando un paso adelante a favor de la profesionalización de la carrera en materia de procuración de justicia.

Sí, éste es un instrumento fundamental que no solamente marca una nueva relación del Ejecutivo con relación a la Procuraduría General de la República, sino que aporta elementos para que efectivamente los cuerpos policiacos y de investigación del delito sean más profesionales y cumplan su cometido.

Como se los dije anteriormente —y no queriendo abusar desde luego de su tiempo y de su paciencia— no puedo ya tocar el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que con profesionalismo también verá la justa interpretación del Cofipe en materia de medios electorales.

Termino, presidente. Quiero nada más con esto concluir e invitarlos a que veamos de manera positiva la minuta que se nos ha enviado y veamos los aspectos que sin lugar a dudas van a lograr, en unión de los demás, la transformación que todos estamos buscando. Por su tiempo, muchísimas gracias. Gracias, presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para hablar en contra, tiene ahora el uso de la voz el diputado Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Ciudadano presidente, diputadas y diputados, estamos frente al debut de dos sendas reformas retrógradas y retardatarias en la vida constitucional y legal de nuestro país. El PAN y el PRI han decidido realizar un trueque oscurantista, que sacará dos reformas que son fundamentales para sus élites y sus intereses, pero que no están en la prioridad de la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos.

Para el PAN es urgente una reforma electoral a modo, que consolide el bipartidismo artificial y que reincorpore a nuestra Constitución el fantasma de la reelección. Para el PRI es vital impulsar una reforma energética, que subaste nuestra riqueza natural más preciada y ponga nuestro petróleo en manos privadas extranjeras. En esa conjunción de intereses el panismo pone como premisa que aprueben su reforma porfirista para que el priismo logre concretar su reforma santanista.

De cara al país, hoy quiero destacar —entre muchos otros— dos aspectos, que desde mi punto de vista fundamentan mi voto en contra de esta reforma que se presenta:

Primero. Se pretende reformar el artículo 29 de la Constitución, para que el presidente en caso de decretar la suspensión de derechos constitucionales no requiera el aval del gabinete y del hasta ahora procurador de la República.

Olvidan que el aval del gabinete —en los hechos— ante una situación tan grave, aún cuando textualmente no existe, cumple la función de Consejo de Ministros, teniendo la doble función de por un lado ser un primer filtro a la decisión presidencial y, por otro lado, acompañar solidariamente al Ejecutivo en una decisión de tal envergadura.

Un segundo punto lo constituye la obsesión de reinstaurar la reelección en este país. A quién se le ocurre reinaugurar la reelección, sin establecer su contraparte, que es la revocación de mandato.

El pueblo de México no quiere la perpetuación de sus autoridades en el poder. Bastante tiene con soportarlos tres o seis años sin defensa alguna. Se les olvida que la reelección fue la bandera de origen de la Revolución de 1910, pero que desde finales del siglo XIX el propio Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada enarbolaron el tema de la no reelección.

Vendrán a esta tribuna a decir que en esas luchas solo se esgrimió la no reelección del presidente de la República. Falso. En la génesis de nuestra patria, en las Constituciones de Cádiz de 1812 y de Apatzingán de 1814 ya estaba prevista la no reelección de los legisladores.

Más aún, la lucha de Francisco I. Madero no fue una lucha de clases, fue una lucha generacional en contra de una gerontocracia que se perpetuaba en el poder y no permitía la capilaridad de nuevos cuadros políticos. No era solo Porfirio Díaz el beneficiario de la reelección, también lo eran gobernadores, senadores, diputados federales y locales, alcaldes y los llamados jefes políticos.

Es lo mismo que veremos en unos años, cuando una camarilla esté apropiada de los cargos de elección popular impidiendo el paso a nuevos cuadros y a nuevas generaciones de mujeres y hombres que aspiren a hacer política.

Ya los veré quejándose de la imposibilidad que se pueda evaluar verdaderamente un trabajo legislativo, ante la nube de despensas repartidas por el PRI, en el afán de nublar la visión de los electores y de perpetuar en las curules a sus líderes charros y a sus caciques.

En unas horas más será totalmente utópico el lema que se inscribe en los documentos oficiales de este país. De ahora en adelante continuaremos sin que haya sufragio efectivo y se habrá reinstalado la reelección en beneficio de unos cuantos. La triste realidad es que un Madero impulsó y lucho por la no reelección y otro Madero manda a sus huestes a regresar 100 años las manecillas de la historia.

Quieren perpetuarse en el poder a través de la reelección. Pero el pueblo sabrá poner fin a sus ambiciones vitalicias. El sabio pueblo mexicano sabrá exorcizar al fantasma de la reelección y garantizar la movilidad y la oxigenación permanente de la vida política de México. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para hablar en pro, tiene el uso de la voz el diputado Fernando Belaunzarán, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente. Es verdad que se atropelló el proceso parlamentario y de alguna manera al haber lesionado la posibilidad de muchos diputados de incidir en las comisiones y hacer una discusión mucho más productiva, además por supuesto que se le abría un flanco a una ley que necesita una reforma muy profunda, que necesita la mayor legitimidad.

Pero nosotros tenemos un compromiso ético, claro y evidente: vamos a oponernos a todo lo que consideremos que atenta contra el interés nacional y vamos a respaldar todo aquello que en lugar de eso beneficie a los mexicanos, beneficie al país, profundice la democracia y además ensanche los derechos ciudadanos. Por eso estamos a favor en el contenido de la norma y no así en el procedimiento atropellado que se dio para llegar a esta conclusión.

¿Por qué estamos a favor de esto? Entre otras cosas, porque no podemos oponernos a nuestras propias propuestas, a nuestras propias demandas que hemos hecho por lo menos un sector importante de mi partido, porque en esto —también tengo que reconocer— hay otro sector de mi partido que no ha estado de acuerdo con el INE, no ha estado de acuerdo con la reelección y respeto esa posición. Somos un partido plural. Pero habemos otros que hemos impulsado claramente la reelección como una forma de rendición de cuentas. Que los ciudadanos puedan valorar a sus representantes con el voto.

También por supuesto hemos defendido el INE para acabar con un mal de la transición que hemos tenido, porque hemos hecho transición a la democracia, quitándole el gran poder al presidente de la República. Estuvo bien que hayamos hecho ese contrapeso a la Presidencia imperial que teníamos y que haya contrapesos federales claros, evidentes, a pesar todavía de sus insuficiencias, pero lo hemos logrado.

Cosa que no se ha logrado a nivel de los estados, en donde las facultades metaconstitucionales que antes tenía el presidente de la República, ahora lo tienen los gobernadores, que controlan a los otros poderes, controlan a los órganos que debieran ser autónomos, controlan a algunos medios de comunicación y llegan a controlar incluso a algunos partidos de oposición. Frente a este caciquismo, frente a ese feudalismo es que es correcto hacer un INE que empareje la cancha y que evite las inequidades.

Pero lo más importante —en mi opinión— lo que tiene mayor alcance es el paso al cambio de régimen. En los gobiernos de coalición es un paso fundamental hacia lo que creo que debiera ir nuestro sistema político. Es un paso hacia el parlamentarismo todavía tímido, todavía insuficiente, pero importante.

Es cierto que queda opcional si es que el presidente electo decide conformar un gobierno de coalición o no. Debiera ser una obligación. Cualquier presidente debería tener gobernabilidad en las Cámaras y construir su mayoría, como sucede en muchos países del mundo. Sin embargo es un paso importante. La siguiente demanda será que el gobierno de coalición no sea una opción, sino sea una obligación que haya una mayoría estable en las Cámaras.

Por cierto, por eso también quiero decir que no me gusta que se suba el umbral de votación para que haya partidos representados en las Cámaras, porque el problema de nuestra democracia no es la pluralidad. La pluralidad es riqueza, incluso la pluralidad va más allá de los que estamos representados aquí. El problema es cómo pueden entrar más voces a la Cámara y cómo la restringimos. El problema es cómo se conforman las mayorías estables en las Cámaras y para eso están los gobiernos de coalición, que considero por supuesto un avance fundamental hacia el cambio de régimen que estamos buscando.

Por supuesto, éste no es el fin del camino. Ésta es una reforma político-electoral importante por supuesto, de gran alcance, pero no será definitiva. Tendremos que ir haciendo modificaciones para perfeccionar, porque quedan algunas cosas que faltan de resolver. Por ejemplo, me parece una terrible arbitrariedad que los diputados independientes no puedan reelegirse, porque rompe un principio clave de la democracia que es la igualdad de derechos. No puede haber diputados de primera y diputados de segunda. Y si llega un diputado independiente, tiene que tener los mismos derechos que cualquier otro y, por lo tanto, también su derecho a reelegirse.

También creo que hay candados que no debieran existir para la reelección, pero esa será seguramente una discusión en lo particular. Vengo a hablar a favor, porque son nuestras propuestas y porque vamos a votar a favor de todo lo que beneficie al país.

Es verdad que estas prisas se deben a que alguien dijo: no discutimos la reforma energética, hasta que no se resuelva la reforma política, y por eso estamos sobre las rodillas haciendo un trabajo que pudimos haber hecho en comisiones, eso es verdad. Pero nosotros tenemos que ver las propuestas en sus méritos, porque lo que nos interesa es el país, porque no somos de aquellos que primero decidimos estar en contra y luego vemos por qué o por qué razones vamos a estar en contra.

Nosotros vamos a apoyar nuestras propuestas y llamamos a votar a favor y a hacer cambios en lo particular para quitar estos candados. Algunos derechos de los ciudadanos que se consiguieron y que no debieran de ser escamoteados. Gracias.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Fernando Belaunzarán Méndez. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para hablar en contra.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Entendemos la necesidad de justificar y decir que esto no es un intercambio, de decir que esto no es una moneda de cambio. Pero, compañeras y compañeros diputados, en esto —como en todo— la realidad supera a la ficción, la ficción que ustedes quieren crear con este dicho y la realidad es que esto es una moneda de cambio.

Vengo a hablar de dos temas en específico, que creemos que son centrales para la votación en negativo de este dictamen. El primero es el de la reelección, y hablemos con honestidad del tema de la reelección. Es esta reforma que han llamado de gran calado, que han llamado tan trascendental, es un premio que los políticos no nos hemos ganado. Señoras y señores diputados, sin la rendición de cuentas debida es un regalo de los políticos para los políticos. Es casi un acto de ruindad.

Y se los digo, porque inclusive en la discusión hubo la tentación de algunos legisladores, no en esta Cámara de Diputados, pero sí en algún partido político y digamos que probablemente en la Cámara de Senadores, de que esta reelección fuera de aplicación inmediata. Qué ruindad.

Es como decía el politólogo inglés Tomás Maule: los políticos tímidos e interesados se preocupan más por la seguridad de su puesto, que por la seguridad de su país.

La reelección, por más que digan lo que digan, en un país como éste, sin un contrapeso como es la revocación de mandato, no es más que un acto de ruindad e interés político. Es —como ya dije— un regalo para los políticos de los políticos.

La reelección consecutiva, compañeros diputados, evitaría la entrada de nuevos cuadros de jóvenes a la política. Con el sistema de listas de los partidos políticos, que además seguiría funcionando actualmente, se causaría que aquellos diputados que pretenden reelegirse a través del sistema de representación o no de mayoría, tengan que quedar bien ahora con las cúpulas de su partido más que con los ciudadanos. Entonces, compañeras y compañeros diputados, ¿cuál rendición de cuentas? ¿Cuál volver a nuestros municipios, a nuestros distritos? ¿Cuál transparencia?

Si realmente generáramos buscar una rendición de cuentas por parte de los gobernantes tendríamos que añadir procedimientos de una verdadera democracia, como el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. Más aún, deberíamos de rendir verdaderas cuentas, deberíamos de ser transparentes y decirles a nuestros ciudadanos cómo votamos, qué votamos y por qué votamos.

Primero eso y luego démonos este premio de la reelección, que —insisto— no es del interés de los ciudadanos ni será nunca la perpetuidad del poder de los políticos, del interés de los ciudadanos.

En el tema que se relaciona con el aumento del umbral del 2 al 3 por ciento. Esto tiene que ver con representatividad. Se ha dicho por parte del Partido Revolucionario Institucional —y me da gusto que así lo haya hecho— citando a un gran político, creo que si las realidades cambian debe de cambiar la ley. Eso se dijo en esta tribuna hace unos momentos. Este país, en efecto, ha cambiado. Este país es un país plural. Este país es un país de diversidades.

Las minorías que antes se consideraba, por ejemplo, a las mujeres o a los jóvenes, que por cierto las mujeres somos la mayoría de este país y éramos consideradas una minoría y así éramos tratadas y teníamos que tener acciones o tenemos que tener acciones afirmativas para acceder a las Cámaras y ahora queremos hacerlo también para los puestos del Ejecutivo, tenían que trabajarse como acciones de minorías. Ahora resulta que queremos aumentar el umbral, porque arbitrariamente se nos ha ocurrido que el 3 por ciento es un buen número.

Les voy a decir muy rápidamente cuál es la definición de arbitrario o arbitrariedad que es este número, el 3 por ciento. Es un acto o proceder contrario a la justicia, a la razón o a las leyes, dictado por el capricho. Les diría qué significa este aumento arbitrario al 3 por ciento. Significa solamente creer que este país puede funcionar con dos partidos políticos, aunque quieran engañar a las izquierdas diciéndoles que puede ser éste un país tripartidista.

Me sorprende, porque muchas veces el PRI —después de la reforma política— ha optado por la inclusión de las minorías, e insisto, ustedes mismos son un grupo de sectores diferentes, que han optado por seguir una misma línea política, pero que finalmente —como todos— somos minorías haciendo mayorías.

La teoría de las minorías activas no es algo que venga a inventarme a esta tribuna. Es una teoría real que tiene años funcionando en la política, no solamente de este país, sino del mundo. La influencia de la minoría sobre el comportamiento de la mayoría genera cambios reales, y según su creador, el creador de las minorías activas, que es el ruso Moscovici, una minoría activa sería capaz de sustentar opiniones diferentes a la de la mayoría y debería de poder soportar las presiones hasta el consenso. Las minorías activas son las portadoras de una alternativa y muchas veces las generadoras del cambio real y —escuchen bien— del equilibrio social.

Cerraría, señor presidente —porque se me ha acabado el tiempo— diciendo que estas dos reformas no nos llevan más que al entendimiento de que esta reforma política tiende, finalmente, en teoría política, a lo que conocemos como el gobierno dividido. El gobierno dividido es aquel al que le apuesta al gobierno de las élites, donde los políticos están completamente desfasados y tienen una realidad distinta al de la ciudadanía.

Si fortalecemos algunas figuras, como la reelección, pero no la revocación de mandato, lo que hacemos son gobiernos de élites. No vengo a aquí a hablarles de mi opinión personal, vengo a aquí a hablarles de la teoría política y de la realidad. Países en África han llegado a golpes de estado, porque sus gobiernos divididos han creado gobiernos de élites, donde su clase política se ha dado premios como éstos y donde se ha sacado del escenario político a las minorías.

Compañeras y compañeros diputados, debemos de cambiar, debemos de eliminar la reelección y debemos de dejar que las minorías puedan seguir siendo incluidas en las instituciones y no salgan a las calles ni vayan a las montañas. Eso es lo que el PT les propone y ésta también la razón por la que estamos en contra de esta reforma. Les agradezco mucho y le agradezco mucho su paciencia, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar Gil. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Consuelo Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor.

La diputada Consuelo Argüelles Loya:Gracias, señor presidente. Compañeros diputados y diputadas, hoy me presento ante ustedes a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar a favor de este dictamen, para que se modifique de fondo el marco regulatorio de distintos aspectos de la vida política-electoral de nuestra nación.

Este dictamen recoge las inquietudes que los mexicanos y las mexicanas en todo el país han reclamado durante varios años, inquietudes sobre democracia, sobre equidad, sobre legalidad y, especialmente, sobre certeza en los procesos electorales federales y estatales.

Acción Nacional está a favor porque el nuevo cuerpo normativo que se establece fortalece a las instituciones mediante la creación de una entidad nacional que se encargue de organizar las elecciones en todo el país. Así lo hemos puesto en Acción Nacional para garantizar la democracia a nivel local.

Hoy en día en la mayoría de las entidades en la República la imparcialidad sigue siendo un anhelo democrático que no se ha podido garantizar a la ciudadanía. Lo que ha repercutido en el desinterés de la participación, ante la incredibilidad en los procesos llevado por órganos a modo de los partidos en el poder o a modo de la mano de los gobernadores. Esto es una realidad, señores. Es una realidad, como tratar de tapar el sol con un solo dedo.

Con esta reforma se ha logrado blindar a órganos electorales locales, quienes participarán en colaboración con el Instituto Nacional de Elecciones, como principal encargado de la función electoral del país, el cual deberá elegirse por las dos terceras partes de esta honorable Cámara.

Asimismo los magistrados de los tribunales electorales de los estados serán designados por el Senado, lo que impide la intromisión de los actores locales en la conformación de dichos órganos jurisdiccionales. Lo que actualmente se da como un secreto a voces en algunos estados.

De alguna forma se establece como causal de nulidad el rebase al tope de gastos de campaña. Lo que nuestro grupo parlamentario ha venido buscando al ver los excesos con los que se conducen las candidaturas hoy en día, pues la legalidad es uno de los principios que deben impulsarse en la participación electoral de todos los partidos políticos.

Se amplía el umbral del 2 al 3 por ciento de la votación para que un partido pueda mantener su registro, esperando se encuentren opciones reales que representen a la ciudadanía y no que vean que los partidos sean como fuente de enriquecimiento y negociación de intereses personales. De igual forma, se busca garantizar la paridad entre géneros para acceder a cargos de elección popular en el Poder Legislativo, tanto en el orden federal como en el local.

Otro aspecto que celebramos desde el Partido Acción Nacional es la inclusión de la reelección de diputados federales y de senadores, con lo que buscamos empoderar al ciudadano, quien podrá sancionar o premiar el buen o el mal funcionamiento de sus legisladores, al permitirles continuar el ejercicio de su encargo.

Asimismo se impulsa con ello la profesionalización del quehacer legislativo, pues se propicia que quienes ocupen dichos cargos, al ser reelectos den seguimiento a temas que trascienden un trienio y puedan conseguir objetivos a largo plazo.

La reelección impulsada se contempla también en los cargos y en los Congresos locales, donde podrán ser reelectos los diputados locales hasta por cuatro periodos consecutivos, al igual que en lo federal, por mandato constitucional.

En el tema de los Congresos locales, desde Acción Nacional aplaudimos la implementación de un tope de un 8 por ciento de la sub-representación para garantizar que la voluntad de la ciudadanía se vea plasmada en la cantidad de representantes que tengan en el Congreso. Esta medida blindará sin duda aquellas entidades en las que existe hegemonía de un solo partido, transitando a la construcción de consensos y la necesidad de incluir a las distintas opciones políticas en la función legislativa, dando un sentido real en la división de poderes.

En materia de municipios, en éstos se podrá reelegir a sus presidentes hasta por un periodo adicional, lo cual resultaba necesario, pues los tres años que dura en su cargo son —en muchas ocasiones— insuficientes para impulsar proyectos de largo alcance en beneficio de los ciudadanos. Con esto se busca que la planeación dentro de este órgano de gobierno pueda ser, no solo más profesional, sino también real en su ejecución.

Asimismo se homologan los tiempos de campaña, para gobernador, entre 60 y 90 días, para ayuntamientos y diputados locales, entre 30 y 60 días, de las cuales todas las elecciones locales serán el 1 de junio del año correspondiente.

Otro gran logro que se consigue en este dictamen es el poder transitar con gobiernos de coalición, siendo éstos una opción del presidente de la República al no tener una mayoría en el Congreso. Con ello buscamos la manera en que el jefe del Ejecutivo logre consensos y pueda generar mayores oportunidades desde la pluralidad democrática.

En este caso, el Congreso tendrá la facultad de ratificar a los secretarios de Estado, con la excepción del secretario de la Defensa y el secretario de Marina. El secretario de Hacienda será ratificado por esta Cámara de Diputados. El secretario de Relaciones Exteriores por el Senado de la República. Con todo esto buscamos tener mayor cercanía con el Ejecutivo, en aras de construir en beneficio de las mexicanas y los mexicanos.

En ese mismo sentido, se otorgó a esta Cámara de Diputados la facultad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Con ello se fortalece la visión del Ejecutivo y se propicia la factibilidad de la realización de este plan, al tener las perspectivas tanto de quien autoriza el Presupuesto como de quien las ejecuta y comprueba el gasto. Todo ello con la pluralidad de las opiniones que representan a los distintos sectores políticos del país.

Especializando la atención de una problemática que afecta gravemente al país, se dotó a la Cámara de Senadores de la facultad de aprobar la estrategia nacional de seguridad. Dicha reforma permitirá asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en la materia en todo el país.

Después de nueve años de lucha y reiterando la iniciativa de nuestro coordinador de bancada, presentada en septiembre de 2012, es un logro de la agenda legislativa de Acción Nacional el transformar a la Procuraduría General de la República en un órgano público autónomo, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, denominado Fiscalía General de la República cuyo titular será electo por la Cámara de Senadores, en un procedimiento donde interviene el presidente de la República.

Con dicha autonomía y una permanencia del titular de nueve años en el cargo se dota de mayores herramientas a la fiscalía para que pueda combatir uno de los mayores problemas de este país, que es la corrupción.

De igual forma, los delitos electorales se verán atendidos por un ente imparcial especializado y con mayores capacitadores de ese nuevo órgano autónomo, a través de una fiscalía especializada.

Otro órgano que se establece en este dictamen como autónomo, en los términos de la fiscalía, es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que vendrá a dar mayor certeza —termino, señor presidente— en la aplicación de los programas de gobierno y en la ejecución de recursos públicos para el combate de la pobreza y direccionar en mejor forma la política pública.

Este dictamen es un triunfo de la capacidad de consenso que hemos generado los partidos políticos. Es un ejemplo vivo de que la política puede dar respuestas certeras ante las inquietudes de los ciudadanos y Acción Nacional, una vez más, está perfeccionando y modernizando la democracia de este país.

Por ello, votaremos a favor del dictamen que hoy se presenta, seguros de que aún quedan cosas pendientes por hacer en este marco perfectible, pero que sin duda nos llevará a una mejor realidad democrática. Si le va bien a México, nos va bien a todos. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Consuelo Argüelles Loya. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para hablar en contra.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, ésta es la crónica de una vulgar negociación anunciada, de una imposición anunciada, violando todos los procedimientos, generando un precedente nocivo para el Constituyente Permanente, con la prisa de concretar reelección por el petróleo de la nación. Ésa es la moneda de cambio, ésa es la moneda con la cual quieren pagar este despojo a la nación. Es un trueque que se envuelve en una retórica estridente, pero no es sino un vulgar trueque político: reelección por el petróleo de la nación.

Esta reforma es para la partidocracia, para las nomenclaturas políticas y económicas que tienen el control del país. No es una reforma política para los ciudadanos, es una reforma para perpetuar, a través de un modelo político excluyente, a una camarilla que se quiere enquistar en el poder para depredar, para acabar, para entregar el patrimonio nacional: el petróleo. Hoy reelección, mañana la entrega del petróleo a los extranjeros.

La reelección por la que luchó Madero —el bueno— Francisco I. Madero, en 1910, en el plan de San Luis. Sufragio Efectivo. No Reelección. Es sin duda un referente histórico que ha marcado, no solamente el siglo pasado, sino que es un postulado que sigue vigente.

Otra conquista histórica es Lázaro Cárdenas, que en una decisión nacionalista, ante el desacato de las trasnacionales a un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió decretar la nacionalización del petróleo.

Madero y Cárdenas, desde dos posiciones del espectro político, asegurando la democracia y asegurando el patrimonio nacional. Y hoy, con una gran ligereza, con una gran irresponsabilidad, con un gran cinismo se pretende borrar, como un asunto de urgente u obvia resolución, toda una historia política y económica para el país.

Por eso no dudamos en decir que será un acto de traición a la patria y será volver a un neoporfirismo político colectivo. Se pretende consolidar una restauración política autoritaria en una República polarizada, donde una casta política toma decisiones contrarias al pueblo en Cámaras amuralladas, con policías, con elementos del Ejército, para tomar decisiones que agravian a millones de mexicanos. Eso es lo que están construyendo, polarización, exclusión, un Congreso amurallado y la reelección para mantenerse cometiendo destrozos en perjuicio del pueblo de México.

Han dejado de lado la revocación del mandato. Si el pueblo elige, el pueblo puede también terminar ininterrumpidamente la gestión de gobernantes corruptos, negligentes e incapaces. Sin embargo, se negó esa posibilidad al pueblo de México, solamente garantizar esta reelección.

Si bien la reelección fue enderezada al presidente, por la perpetuación de Porfirio Díaz, la dinámica política del país y la necesidad de oxigenar y dinamizar el sistema político hizo que la reelección se extendiera a todos los cargos electivos del país. Por eso el lema fue: Sufragio Efectivo. No Reelección. Y ahora lo que quieren es Sufragio Efectivo No. Reelección. Solamente correr el punto, pero están con esta modificación transformando la historia del país.

Si bien puede ser discutible la reelección legislativa en un modelo político ideal, lo cierto es que no están buscado una reelección ciudadana, sino están buscando una reelección partidista, que las cúpulas definan quién sigue y quién no. Y no el pueblo. Porque cualquier clásico de ciencia política señala que la reelección legislativa es para profesionalizar la función y fortalecer el vínculo entre representantes y el elector. Pero aquí convierten la reelección en un modelo partidocrático, en que las cúpulas van a definir quién es reelecto o quién no. Es decir, se sigue abriendo la puerta al autoritarismo y a la falta de oxigenación política en el país.

Además queremos advertir que en este amasiato pactista esta reelección legislativa puede ser el prólogo de la reelección presidencial, y lo advertimos desde ahora. Ya con Carlos Salinas de Gortari hubo intenciones reeleccionistas, incluso hubo comités promotores de la reelección.

Y si ya van por el petróleo en una reforma privatizadora, no dudamos que al rato vayan por la reelección presidencial de Enrique Peña Nieto. Están pavimentando el camino y nosotros no vamos a ser cómplices de esta situación. No vivimos una normalidad democrática, como para pretender que la reelección sea un mecanismo de premio a los buenos legisladores. Como está planteada, es un mecanismo restaurador.

También queremos señalar que estamos en contra de este INE mocho, de este adefesio, que va a implicar una mezcla de centralismo y contubernio con los gobernadores. Al final pudieron más Eruviel Ávila, los Moreira y todo el sindicato de gobernadores para frenar a un verdadero INE y lograron este adefesio, que además va a implicar mucho dinero, cambiarle el nombre de Instituto Federal Electoral por un Instituto Nacional Electoral, que no es genuino. Se quedó a medias la reforma.

Por otro lado, seguirá el dinero sucio gravitando en las campañas electorales, se podrán violar topes de gastos de campaña, siempre que no sean más del 5 por ciento, y además se introduce la figura de la determinancia en la violación de los topes de gastos de campaña, y quien ha litigado en materia electoral sabe que la figura de la determinancia es la coartada de los magistrados y jueces electorales para no anular elecciones.

Van a decir: hubo más del 5 por ciento. Pero no fue determinante para el resultado de la elección. En consecuencia, no se nulifica la elección y eso es lo que están dejando. Es una simulación.

Por todo esto nosotros votaremos en contra y hacemos un llamado fraterno y respetuoso a todos los legisladores nacionalistas y demócratas a que no entronicen en este contexto de endurecimiento y de restauración autoritaria una figura para la cual no hay condiciones como es la reelección. Nosotros estamos por el sufragio efectivo y la no reelección. No por el sufragio efectivo no. La reelección. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Augusto Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor.

El diputado Carlos Augusto Morales López:Con su venia, diputado presidente. Como ya se ha dicho aquí, son muchos los temas que ha incorporado al presente dictamen la izquierda mexicana. Dichos temas han costado sangre y han costado vidas también y han sido años y años de lucha.

Por eso vengo aquí a expresar mi voto a favor del presente dictamen. Sin embargo, creo que es importante —y no quiero ser redundante— recalcar y aseverar algunos pendientes que vamos a seguir peleando como izquierda, que vamos a seguir defendiendo.

Sin duda el presente dictamen es un avance importante. No es lo que esperamos, pero estamos seguros que va abonar en la construcción de una sociedad más democrática y más justa.

Estamos discutiendo un paquete de modificaciones a la Constitución y no solo en materia político-electoral —digámoslo como es— compañeras y compañeros legisladores, ha sido público que se condicionó la aprobación de esta reforma energética, y si ya se ha dicho aquí que hay aspectos positivos, que incluso la reforma en materia política contiene algunos puntos de la agenda que nosotros hemos presentado, puede ser cierto. Pero hay otros, como ceder parte de la autonomía de los estados y su soberanía. Por ende que no es menor y no es menor porque se hace a cambio de completar una mayoría para sacar fast track la reforma energética.

Como la negociación se hizo desde la lógica del trueque de votos de la suma para alcanzar las dos terceras partes en la discusión que viene desde las democracias partidistas, entonces se les olvidó, dejaron de lado a los ciudadanos y eso debería ser el eje de toda reforma en materia político-electoral.

Las transformaciones electorales que nuestro país ha sufrido en las últimas décadas han logrado que el voto de los mexicanos cuente y se cuente. El gran reto que tenemos que afrontar en esta Legislatura es incrementar el poder de ese voto que hoy está en manos de los ciudadanos de nuestro país. Tenemos que dotar a los electores de más y mejores instrumentos de control en el marco de la acción electoral.

Las reformas electorales tienen que estar orientadas a dotar de instrumentos a los ciudadanos para disuadir a los malos gobiernos, para proteger a los ciudadanos de los abusos de los políticos e inducir a los políticos a que sus acciones atiendan a los intereses de sus votantes. Los problemas de la democracia solo pueden resolverse dotando a los ciudadanos de más y mejores instrumentos de control y participación.

Temas como promesas incumplidas, utilización de recursos de procedencia dudosa en campañas electorales, competencias electorales inequitativas, se tienen que atender con revocación del mandato, plebiscito, referéndum, presupuestos participativos, rendición de cuentas económicas, pero también políticas y reelección, entre otros temas.

La construcción de una reforma política electoral no tiene sentido si no establece como eje de la reforma de la política que sirva ésta misma a los ciudadanos. Que el centro de las reformas esté orientado a facilitarle instrumentos de control a la ciudadanía. Que generen procesos electorales en los que los contendientes tengan condiciones similares de competencia. Que la información a la que pueden acceder los ciudadanos para tomar sus decisiones sea en cantidad y calidad necesarias, así como con la pluralidad requerida, los cuales sin lugar a duda ayudarán a combatir el peso que tienen los grandes electores de este país. Que las instituciones electorales sirvan para lo que fueron creadas, incluyendo partidos políticos, institutos electorales y tribunales.

La crisis de representatividad que vivimos debe encontrar una respuesta contundente en las modificaciones que estamos planteando a nuestra Carta Magna. Por eso me da mucho gusto que se estén procesando de manera positiva instrumentos de empoderamiento del ciudadano en el seno de las comisiones de esta soberanía.

Las reformas se tienen que encaminar a que sea efectiva la voz del pueblo y que sea justamente la voz del pueblo la que se escuche en esta soberanía, no la voz de diferentes grupos que componen la sociedad y que han manifestado a través de esta tribuna sus diversos intereses.

Hemos olvidado hasta en lo más básico al ciudadano. Cosas prácticas, compañeras y compañeros legisladores. ¿Saben lo que va a implicar, ya no digo en recursos públicos, para cada mexicano cambiar su credencial de elector por una que diga INE? No hay un transitorio sobre cuánto nos vamos a tardar en ese tema.

Por citar un ejemplo, no existe una prohibición para que las instituciones bancarias sigan tomando como válidas esas credenciales. Hasta en esos detalles hemos olvidado la importancia que tienen los ciudadanos en este tema.

La presente reforma pierde de vista, o pierde una importancia, le quita relevancia a la democracia interna de los partidos y el impacto que ésta tiene en el sistema democrático general. No tenemos realmente convicción de pluralidad, por eso el Pacto por México se ha convertido en arbitrario.

Compañeras y compañeros legisladores, los invito a votar a favor de esta reforma, porque aún y con todo lo que he descrito, estoy seguro que como ha sido hasta este momento mi grupo parlamentario peleará porque esto sea incluido hoy o mañana en los ordenamientos de nuestro país y generar instrumentos importantes de participación para nuestra ciudad, para nuestro país y para nuestra sociedad.

Indudablemente la conformación del INE genera diferentes problemas y atrofias al sistema electoral, máxime en la forma en la que éste fue negociado. Sin embargo, esperamos que en los procesos de reglamentación que se generen a partir de lo que derive en los presentes ordenamientos puedan corregir y perfeccionar diferentes vicios que de origen se podrían generar. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Carlos Augusto Morales.

Señores invitados, son ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados, pero no pueden participar en el debate. Solicito escuchemos con orden y respeto al orador. Proceda, diputado Huerta Ladrón de Guevara.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Qué ganas de no escuchar a los ciudadanos. Miren, ésta ya la agotamos. No lo van a lograr, no, ni después van a aniquilar, a ejecutar al pueblo de México, a través de la ejecución de Pemex. Luego le seguimos. Hay que poner lo que está sucediendo. Son traidores a la patria, ciudadanos, esos, no les hagan caso. Luego vamos a platicar con ustedes.

Miren, en algo le ganó Peña Nieto a Salinas, está echando a perder al país en menos tiempo. Un año le ha bastado para devastar a este país. Peña Nieto va más rápido que Salinas.

¿Por qué decimos que es una mal llamada reforma política electoral, como esgrimen los ciudadanos allá afuerita? Por su origen y contenidos. Miren ustedes, la autoridad y reconocimiento legítimo de un gobierno se encuentra en la actuación ética y congruente en el programa y postulados con los que promovieron sus campañas para obtener el voto de los ciudadanos.

En nuestro país no es el caso. El Código Electoral Federal determina como obligación para los partidos políticos presentar una plataforma electoral para cada elección en que participen, sustentada en su declaración de principios y programas de acción, así como la obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen.

Si atendemos a uno de los significados de la estafa, como el incumplimiento de los legisladores a condiciones o promesas que se habían asegurado, especialmente en una venta o un trato, resulta que los legisladores que promueven y aprueban el dictamen que se nos presenta son senadores y diputados estafadores, puesto que impulsan reformas políticas que no estaban contenidas en sus plataformas electorales registradas ante el IFE y que impulsaron en sus campañas del 2012.

Veamos una de las mentiras. La plataforma electoral del PRI no contempla la modificación de la autoridad electoral, por haber sido ésta la idónea y funcional para cubrir el fraude electoral.

Por ejemplo, en el capítulo 2. De la democracia y seguridad jurídica, dicen ellos: Sujetar la reelección de los legisladores y la revocación del mandato a un proceso de consulta popular, que resuelva en forma democrática y abierta al debate público sobre la ventaja y desventaja de esta propuesta.

¿Este es el debate público que prometieron? ¿El acuerdo trasiego en la opacidad para cooptar el voto del PAN? ¿Este procedimiento ilegal que violenta el derecho de opinar y modificar la minuta enviada por el Senado, es la práctica democrática que anunciaron en la campaña del 12? Ésta, entre otras, es mentira. Falsas expectativas que continúan con la farsa democrática.

De igual manera la plataforma electoral del PAN, en el capítulo Reforma política y el poder de los ciudadanos, no propuso reforma política de borrón y cuenta nueva del órgano electoral. La falacia de la propuesta política que se impulsa no abona a la creación o espacios de participación ciudadana que cambien el estado de las cosas en beneficio de los ciudadanos. Siguen la escuela del engaño y corrupción que practica Peña Nieto.

Diputados, su estafa no solo es cuestionada por el de la voz, también la cuestionan especialistas en la materia, como Woldenberg y María Marván, entre otros muchos, que cuestionan la funcionalidad y alcances de esta reforma. Para el primero, una mala idea —es elegante su argumento— para la otra, una reforma bizarra. Eso es contundente.

Y recuerden, para mover a México, legisladores, no es necesario seguir mintiendo. Ya han mentido demasiado y han robado demasiado. Su reforma política tiene un alto costo económico y no genera la certeza que dicen buscar. No justifiquen su comparsa y complicidad con el robo a nuestro país.

Obviamente voy a dejar en tribuna estas dos plataformas, en la Secretaría, señor presidente. Quisiera que algún valiente panista o priista se subiera a esta tribuna a argumentarme en contra de lo que les estoy diciendo conforme a su plataforma electoral. Y si no la han leído, pásenla, pidan copia y empiecen a leerla para que se den cuenta en el problema que se están metiendo.

Sabemos que desde el extranjero les imponen la línea a través de Peña Nieto, en esta traición que le están jugando a la patria. Pero recuerden que serán juzgados en Cortes nacionales, y si piensan que ahí no les va a pasar nada, porque no hay división de poderes y ahí Peña Nieto controla, acuérdense que hay Cortes internacionales. Y eso sí, ahí vamos a estar, no vamos a permitir que consumen el mayor robo de todos los tiempos la reacción y los que los acompañen.

Ya en otros temas de la reelección y de la revocación del mandato, miren, ahorita dos frases: de la reelección de diputados, senadores y ayuntamientos —y ahí Manlio es testigo, lástima que siempre ande afuera, aunque sus votos siempre se ven aquí— hay que decir que nada más les faltó poner que sea retroactiva y hereditaria ya con eso la monarquía, que es lo que pretenden algunos.

En relación a la revocación del mando, entiendo que ya andan promoviendo en Los Pinos que hasta se le quite esa palabra al diccionario, porque tienen un temor a la revocación del mandato. Si ahorita cualquiera de ustedes sale a la calle y pregunta, y aquí mismo, Peña Nieto no sería el presidente de esta República.

Tengan cuidado, luego les vamos a seguir platicando sobre los problemas en que se pueden meter. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor.

El diputado José Alfredo Botello Montes:Señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a los partidos políticos y sus legisladores nos han de conocer, o nos conocen, desde que somos candidatos por nuestra plataforma política y por nuestra congruencia.

Por lo que respecta al Partido Acción Nacional (PAN), la minuta que se pone a consideración retoma gran parte de nuestra plataforma política e iniciativas que de manera consistente y congruente hemos presentado ante esta misma tribuna. Por lo que votaremos a favor de la minuta que nos ha enviado el Senado mexicano.

Con las nuevas figuras...

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El diputado José Alfredo Botello Montes: No le acepto ninguna pregunta, señor diputado.

Con las nuevas figuras que se contemplan en esta reforma constitucional se consolida el tránsito a la verdadera democracia representativa y participativa, así como se modifica la relación que debe existir entre los diversos órdenes de gobierno.

Aprobando esta minuta estaríamos dándole plena autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, encargada de medir la pobreza y evaluar los programas que le combaten. Además, con esta minuta, le dotaremos a la Fiscalía General de la Nación, que sustituye a la Procuraduría General de la República, de autonomía plena para la procuración de justicia de manera imparcial cuyo titular deberá ser nombrado con el concurso de este Congreso de la Unión.

Con la aprobación el día de hoy de la minuta senatorial estaríamos dándoles a los ciudadanos la posibilidad de que reelijan a los buenos legisladores y miembros del ayuntamiento. Hoy que cada vez es mayor el voto diferenciado a favor de uno u otro candidato, con la salvedad que esta reelección es acotada y no al infinito.

También con la aprobación de esta Legislatura estaríamos dando pasos a la paridad de género, incluso sacrificando en 10 décimas a favor de uno u otro género, como lo muestra el caso de Tlaxcala, donde son más legisladoras que legisladores.

Con la aprobación que se propone estaríamos también modificando las fechas para que el presidente de la República tome protesta en una fecha más cercana a la que se constituya el nuevo Congreso y se hubieran efectuado las elecciones. Estaríamos aprobando con nuestro voto que se pudieran dar los gobiernos de coalición, en cuyo caso los secretarios de gabinete serían ratificados por el propio Congreso de la Unión.

Con el voto del PAN estaríamos permitiendo que esta soberanía diseñemos y evaluemos el Plan Nacional de Desarrollo con una visión de largo plazo, impulsando mecanismos que evalúen su cumplimiento y vinculemos a los distintos órganos de gobierno del país con el objetivo que las políticas públicas de mediano y largo plazo cuenten con una visión global y compartida.

Considerando que el desarrollo político de México es un reto permanente que tiene su origen en la expresión y exigencia de los ciudadanos, por un país más democrático, libre y justo, históricamente el PAN logró la creación del Instituto Federal Electoral —junto con otras fuerzas políticas— como organismo constitucional autónomo y ciudadano, la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de un marco legal de mayor transparencia para las instituciones federales y de combate a la corrupción.

También la lucha histórica del PAN generó para México condiciones de competitividad electoral que implican la alternancia en todos los órdenes de gobierno que hoy vivimos, reformas legales para garantizar principios de equidad de género en materia electoral y mayores capacidades de fiscalización en las autoridades electorales. Por eso es necesario que con la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, para que —junto con órganos electorales estatales— organicen las elecciones estatales, que por desgracia estaban en manos de muchos gobernadores. Y no generalizo, porque hay gobernantes e institutos electorales, como es el caso de mi estado, Querétaro, donde desde su construcción se ha dado respeto, autonomía y colaboración entre el instituto local y su gobernador.

Con nuestro voto queremos formar un México con futuro. No hay futuro sin libertad ni valores, tampoco sin sustentabilidad y competitividad. Por eso nuestro compromiso no solo es con la presente generación, también tenemos en cuenta a las que vienen, por eso queremos un México más democrático y representativo.

Y si alguien quiere ver la ruta que ha seguido y seguirá el PAN, baste que lea nuestra plataforma política y nuestra congruencia histórica que hemos presentado mediante iniciativas legislativas en esta misma tribuna y que se le habían negado, no a nosotros como partido político, sino a todo el pueblo de México.

Así que con nuestro voto, los legisladores del PAN seguiremos moviendo a México, porque no somos nosotros quienes le pongamos un freno a su pleno desarrollo democrático, económico y social. Votemos a favor de la minuta que se nos pone a consideración. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Alfredo Botello Montes. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para hablar en contra.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Desde luego, no es buena señal que esta Cámara renuncie a la legalidad, a las más básicas prácticas parlamentarias.

Tampoco es admisible, compañeras diputadas y compañeros diputados, que se excluya a dos comisiones por lo menos, dos muy costosas comisiones, tanto la de Gobernación como la de Puntos Constitucionales, para nuevamente aprobar a las carreras, con prisas, sin leer, sin debate y sin legalidad, otro encargo del titular del Ejecutivo de esta mal llamada reforma política.

Es inmoral premiar a la clase política de este país, a cambio de una reforma energética que premia a las empresas petroleras extranjeras. El gran perdedor, como siempre, va a ser el pueblo de México y la democracia mediocre que se ha dado.

Qué es peor, ¿la disolución de un Congreso por una junta militar o su envilecimiento por un régimen escondido en un cerco militar? ¿Dónde quedaron las opiniones expertas, la participación de universidades, la sociedad civil o la intervención del tan cacareado servicio profesional de carrera del IFE, hoy ninguneado?

Esta reforma es tan ilegítima, como el propio Enrique Peña Nieto, que como ya sabemos tuvo que llegar con modos ilegales, haciéndose allegar recursos —como ya se demostró— recursos ilegales, como ya se demostró con el escándalo de Monex y la compra de voluntades con las tarjetas Soriana.

Ahora compra una mal llamada reforma política, inventando el Pacto por México, para tratar de reponerse de su impopularidad y rechazo. ¿Cómo vamos a desarraigar la cultura de la mafia que ahora aprueba su reelección? ¿Cómo explicar al pueblo que se aprueba la reelección de legisladores con un Congreso amurallado por policías antimotines?

La agenda de Enrique Peña Nieto es autoritaria y se apoya en la traición, en la abyección y en el colaboracionismo. No hay ningún diálogo republicano, solo hay acuerdos oscuros, y como lo dije hace rato: política pantanera, donde el dinero de la reforma petrolera brilla más que los supuestos avances, que no son otra cosa que simulación para fortalecer un soberbio presidencialismo.

Estamos en un momento crítico de retroceso e involución. El porfirismo sería un régimen inocente frente a este régimen de negociantes y mercaderes. Golpear al IFE, no por su incapacidad de ser árbitro justo e imparcial, sino para repartirse entre los partidos a los nuevos consejeros electorales constituye una cínica ofensa a la democracia autoritaria que padecemos.

Por eso vamos a votar en contra y reprobamos la actuación de este Congreso, que ya no está representando los intereses de la gente, sino simplemente los de la propia clase política, que en esta Cámara es mayoritaria y que está cumpliendo con las órdenes de Enrique Peña Nieto.

Para finalizar, diputado presidente, mando un saludo al pueblo libre, que en estos momentos se está manifestando a las afueras del Senado y que está denunciando y se está organizando en contra del atraco que representa la reforma energética, con la cual se está negociando, desgraciadamente, esta farsa de reforma política. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Luis Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor.

El diputado José Luis Flores Méndez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, consideramos que el dictamen que nos ha enviado la Cámara de Senadores refleja la voluntad de las fuerzas políticas de continuar avanzando en la transformación positiva de nuestro régimen político.

Ése es el consenso básico del que debemos partir, pues aún quienes pretenden excluirse por decisión propia de su contenido tienen que reconocer que mucho de lo que ellos mismos han demandado por años encuentre expresión en la parte sustantiva de los cambios que hoy se concretan.

No podemos regatear su importancia, pues éste es un paso más en la ruta que ha seguido nuestra consolidación democrática, desde aquella Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales de 1977, pasando por 1996 con el IFE y el esfuerzo último de 2007. En todos estos procesos se ha dado una activa participación de las fuerzas políticas existentes y representativas de la sociedad.

Si bien en el 77 fue decisivo el aliento reformador que desde el gobierno impulsó don Jesús Reyes Heroles, después ha sido el propio consenso democrático el que ha permitido avanzar, mismo en el que el gobierno es un actor más que participa con una legitimidad sustentada en los votos y en la legalidad.

El PRI —antes, desde la oposición, y hoy como partido en el gobierno— ha demostrado que es una fuerza que apuesta por la transformación del país y el ascenso de la democracia, por eso no tenemos duda en sumarnos a la reforma que ha surgido de una intensa negociación y una legítima defensa de posiciones diversas, que han hecho valer con razones válidas y que han llevado a concluir el consenso que hoy se refleja en esta reforma, que apunta a una profunda transformación de nuestro sistema político.

Con la posibilidad de establecer gobiernos de coalición se reconoce que en una sociedad de tan amplia pluralidad como la nuestra, en la que no se puede ya pensar en uniformidad ni en mayorías aplastantes, las responsabilidades de gobierno deben también ser compartidas. Eso representa un paso realmente significativo en la modernización de nuestro régimen presidencial.

Los gobiernos de coalición se acompañan asimismo con una mayor participación del Poder Legislativo, tanto en la definición de las políticas públicas mediante la aprobación de Plan Nacional de Desarrollo, como de la validación del gabinete por parte del Congreso. Esto es un signo inequívoco de modernización del presidencialismo, que no lo debilita, sino que le imprime mayor capacidad de gestión democrática.

Definitivamente entramos en una nueva etapa, una expresión de gobierno más acorde con nuestra realidad y nuestra pluralidad, y también con instituciones electorales mucho más consolidadas que brinden certidumbre a los procesos y disminuyan su potencial de conflictividad por la cada vez más intensa competencia y diversidad de ofertas políticas.

Esto es lo que debemos valorar en la transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral cuyo reconocido prestigio no se pierde, sino que se fortalece a favor de la democracia. La posibilidad de la reelección de legisladores y presidentes municipales ha sido una demanda añeja, con el fin de profesionalizar su trabajo y fortalecer su vinculación con la ciudadanía, misma que expresará su calificación al trabajo que desarrollen con la poderosa arma de su voto.

Se equivocarán quienes piensen que podrá ser una fórmula de perpetuación sin rendimiento de resultados. En la ruta de consolidación institucional democrática también se inscribe la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la del Ministerio Público de la Federación, que con la mayor claridad deberán rendir cuentas a la ciudadanía.

Compañeras y compañeros legisladores, los invitamos a formar parte de esta votación y en favor de este dictamen de reforma, porque constituye un cambio de fondo en la estructura política del Estado mexicano. No se trata únicamente de una reforma electoral, sino de un verdadero salto a la transformación del sistema político mexicano como lo hemos conocido hasta hoy.

Tenemos la enorme responsabilidad de concretar este paso decisivo, que no solo cambia normas para acceder al poder y para ejercerlo, sino que apunta al establecimiento de nuevos equilibrios con más contrapesos en el ejercicio del poder y un mayor peso en las decisiones ciudadanas reflejadas en instituciones de nuevo tipo.

Seguramente este esfuerzo no será el último, compañeras y compañeros diputados, será siempre para avanzar hacia el perfeccionamiento de la democracia. Pensemos como Mandela, que podemos estar seguros que después de escalar una montaña muy alta descubrimos que hay muchas otras montañas que escalar. Nelson Mandela. No dejemos pasar esta oportunidad de continuar en el camino de transformar a México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado José Luis Flores Méndez. Finalmente, tiene el uso de la palabra la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Con su venia, diputado presidente. El día de hoy se está consumando uno de los más viles actos en contra de la vida democrática de este país.

Hoy como nunca o de manera inédita —dijeran por ahí algunos cínicos— se le está dando trámite fast track a uno de los temas coyunturales de cualquier nación que se precie de ser democrática.

Hoy lo que estamos discutiendo aquí debería de tener un análisis serio y profundo en los órganos idóneos que tiene nuestra Cámara, que son precisamente las comisiones ordinarias, al menos en la de Gobernación y en la de Puntos Constitucionales, que han mostrado su eficiencia legislativa. Deberíamos estar en ese análisis. Sin embargo, tenemos una penosa y vergonzosa minuta que se asemeja más a un muégano que a una iniciativa ordenada y sistematizada.

Por más que se quiera negar, esta minuta que manda hoy la colegisladora es una moneda de cambio, es el gran pago a este gran atraco a la nación que están haciendo, que vendrá precisamente a ser la reforma energética. Y esta moneda de cambio contrahecha también entraña fuertes y graves consecuencias para la estabilidad política del país, pues precisamente el gobierno federal, en contubernio con oposiciones blandas, está centralizando el poder.

No es casual que en esta minuta se hable de reelección y no de revocación del mandato. No es casual que se haya desaparecido la Secretaría de Seguridad Pública Federal y ahora todo se concentre en Gobernación.

¿Qué escenario está preparando el gobierno federal? ¿Acaso será que ante la inminente venta de los recursos naturales del país este gobierno —y calculando que la protesta popular se desbordará— pretenda recetarnos este adefesio para garantizar precisamente esa tan citada democracia? ¿No será más bien que se está desarticulando precisamente a la clase política opositora? Lo anterior, precisamente refleja un riesgo latente con la creación del Instituto Nacional Electoral, lo cual va a afectar la gobernabilidad y la estabilidad de este país.

Otra joya que parece no importarles a los señores de la imposición de esta Cámara es que no hay sustento financiero, no hay presupuesto, no hay un diagnóstico, no hay la viabilidad técnica ni financiera para lo que pretenden hoy crear.

En fin, esta iniciativa a esta minuta de la colegisladora que se envía adolece de mucho y de casi todo, que es un dictamen que solo busca saldar cuentas y no busca un verdadero avance democrático.

Ahora, en el asunto de la elección de los consejeros, que además acabamos de vivir un desaseo total del anterior proceso, en donde se maniobró precisamente —como se los dije hace unos meses— para que no hubiera consejeros, para que precisamente se nombraran en este adefesio nombrado INE.

Ahora, precisamente también se pretenden curar en salud involucrando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al IFAI. En sus atribuciones —les quiero recordar, legisladores— no está la de evaluar a candidatos para esta instancia.

Qué decir de la famosa Fiscalía General que vendrá a suplir la inútil PGR, que en este gobierno solo ha servido para las vendetas políticas y no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cuál será la relación con las fiscalías que actualmente existen? ¿Cómo habrá de operar la supuesta independencia, cuando ya está cantado y sentenciado que será el propio Murillo Karam quien va a encabezar esta fiscalía general?

Dónde esta la independencia, compañeros diputados, si va a ser un amigo del presidente quien va a llevar a cabo estas tareas de esta fiscalía que simplemente le quitará el costo político a la ineficiencia y lo trasladará al limbo de los órganos autónomos y constitucionales.

Compañeros, quiero decirles sobre la reelección. Es verdaderamente penoso que verdaderamente avale algo en lo que he estado históricamente en contra y mi partido así lo venía diciendo públicamente. No voy a avalar y creo que muchos de mis compañeros diputados no van a avalar la reelección. No van a avalar esos cacicazgos en presidencias municipales, diputaciones federales y senadurías, donde ahora hasta se dan el lujo de dejar a las parejas, a los familiares o a las novias. Compañeros, esto es una premiación a la ineficiencia, y qué decir del Coneval que queda prácticamente igual y todo es una simulación.

Sin embargos estamos conscientes y sabemos que la suerte está echada y lo sabemos. Sabemos que la aplanadora, que está bien entrenada para sepultar precisamente a la clase política de la verdadera oposición y que seguirán consumando este atraco y este atentado contra el pueblo de México.

Los invito, compañeras diputadas y diputados, a que recobremos un poco la dignidad y la conciencia personal de lo que estamos haciendo en este Congreso y a que votemos en contra de esto, a lo que le puedo llamar un Frankenstein. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lizbeth Rosas Montero.

Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar a favor el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, y para hablar en contra los diputados Uriel Flores Aguayo, Domitilo Posadas Hernández, Martha Lucía Mícher Camarena, Zuleyma Huidobro y Loretta Ortiz Ahlf.

Dicho lo anterior y transcurrida la lista reglamentaria de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera que el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Continuará el debate en lo particular, por supuesto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si la minuta se encuentra suficientemente discutida en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa que se han reservado diversos artículos para su discusión en lo particular. Dé cuenta la Secretaría de los artículos reservados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Artículo 26, artículo 29, artículo 35, artículo 41, artículo 54, artículo 55, artículo 59, artículo 69, artículo 73, artículo 74, artículo 89, artículo 99, artículo 102, también el 105, 110, 111, 115 y 116. Transitorios: Segundo, Cuarto, Séptimo, Noveno, Décimo transitorio, Décimo Tercero transitorio, suprimir el Décimo Sexto transitorio, Décimo Séptimo transitorio, fracción II, Décimo Noveno transitorio. Adición de un transitorio. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, Secretario. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con las modificaciones ya aceptadas por la asamblea.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónica. De viva voz:

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 409 votos a favor, 3 abstenciones y 69 en contra. Por lo tanto, hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados de la reforma en materia política-electoral.

Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 26, apartado A, párrafo segundo.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, me permito presentar la siguiente reserva al artículo 26, apartado A, en los siguientes términos:

México lleva más de 200 años tratando de ser un Estado plenamente democrático, objetivo que no ha conseguido. Si bien es cierto que se han logrado dar valiosos pasos para el fortalecimiento de la democracia del país, estos siempre han estado dirigidos a las elecciones. Es decir, únicamente es tomada en cuenta la decisión de los ciudadanos cada tres años. Por ende, se podría afirmar que México solo tiene ciudadanos de urnas al no concebirse la democracia en su forma más prístina, como lo es, como una forma de vida.

El pasado 8 de septiembre del 2012 se logró dar un paso sumamente importante para reducir la distancia entre representantes y representados, a través de los mecanismos de democracia participativa, que por primera vez fueron elevados a rango constitucional federal.

Abundando en el tema, es prudente mencionar que los mecanismos de participación ciudadana son una vía adicional para consolidar y fortalecer la legitimidad del régimen democrático, cuestión que tanta falta le hace a nuestro país.

En conjunto, estos mecanismos responden a tres premisas. La primera, a mecanismos accesorios y no sustitutos de las instituciones de la democracia representativa. La segunda, la utilización de los mecanismos debe ser esporádica y en asuntos de relevancia particular. Y el tercero, no cualquier tema o asunto debe ser sometido a una consulta ciudadana.

La democracia participativa debe ser vista como una forma complementaria para la democracia representativa. De ninguna forma puede ser remplazada.

Los mecanismos de la democracia participativa son un medio por el cual los ciudadanos ejercen su derecho a participar en la toma de decisiones públicas de manera permanente, por lo que es necesario que sea reconocida en los Estados democráticos de derecho.

Es importante mencionar que la manera en que redactaron y se aprobó la reforma política electoral en la anterior legislatura en materia de democracia participativa, no permite efectivamente a los ciudadanos participar en la toma de decisiones y debates públicos. Es decir, no existe un empoderamiento ciudadano real.

Bajo esta lógica, la presente reserva tiene como único objeto mejorar la redacción de segundo párrafo del apartado A del artículo 26 del dictamen en comento, con la finalidad de agregarle en el término participativa la palabra fundamental, que es ciudadana. Es decir, que por medio de los mecanismos de participación ciudadanos ya señalados, se acopien las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporar a la planeación democrática del desarrollo nacional, como le corresponde.

Derivado de lo anterior, compañeras y compañeros, solicito y presento esta reserva para agregar el término de ciudadanos en esta redacción del artículo 26, para quedar en los siguientes términos:

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa mediante los mecanismos de participación ciudadana.

Ésa es la propuesta y está en sus manos, compañeras y compañeros. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Francisco Coronato Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva relativa al artículo 26, apartado , párrafo segundo, de la Constitución.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro:Gracias y con su permiso, señor presidente. Sin duda este día se comete un atraco más y un asalto a la soberanía en este recinto, al imponer de manera fast track este dictamen, sin previa discusión en las comisiones respectivas, violentando nuestro Reglamento y nuestro proceso legislativo.

Es inadmisible que estemos aprobando la reelección y no estemos incorporando temas sustanciales como la revocación de mandato. Por ello creo que seguimos retrocediendo en las reformas a nuestra Constitución y a las leyes secundarias. En consecuencia, no hemos avanzado para seguir regulando las reformas constitucionales que en esta soberanía nos han venido imponiendo una agenda legislativa desde el Pacto por México.

Vengo hoy a presentar una propuesta para adicionar un párrafo en el artículo 26, apartado A, párrafo segundo de este proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia político-electoral.

En el artículo 26 se establecen los fines del proyecto nacional en esta Constitución, con los objetivos de tener una planeación democrática y deliberativa mediante mecanismos que busquen garantizar la participación de la ciudadanía y recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarse al plan nacional y a los programas de desarrollo. Se dice también en este párrafo que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal, pero se deja inconcluso.

Así como el diputado que me antecedió busca que se incorpore la participación ciudadana, en el caso específico de las comunidades y los pueblos indígenas, en el derecho que les garantiza la propia Constitución, en su artículo segundo, relativo al derecho a la consulta y a ser tomados en cuenta en los planes de desarrollo nacional y, en específico, a participar en el Plan de Desarrollo Integral para los Pueblos y las Comunidades Indígenas, se deja al margen.

Aún más, existen —como lo hemos citado en múltiples participaciones en este pleno— muchos convenios y tratados internacionales donde se reconoce el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, con los principios básicos del consentimiento libre previo informado, como lo rezan, por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que nuestro país y el Senado, de donde proviene este dictamen lo adoptó y lo aprobó desde 1991.

Recientemente se ha adoptado también en el seno de Naciones Unidas la Declaración sobre los Derechos Universales de los Pueblos Indígenas en esta materia. Ahí justamente se acentúan estos derechos a ser partícipes y al Estado a garantizar la participación de los pueblos y las comunidades indígenas. A ser consultados con estos principios del consentimiento libre previo informado.

Por eso creo que, atendiendo a lo que mandata aún más nuestro artículo 1o. constitucional, reformado en junio de 2011, donde les da este rango de leyes constitucionales, de ley suprema, sobre todo en la firma de los tratados y convenios internacionales, es que venimos a proponer a esta soberanía que adicionemos en este artículo este último párrafo, que a la letra propongo que diga que en el caso de los pueblos y comunidades indígenas la legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que los en planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta sus necesidades y especificidades culturales, a través de la consulta y consenso, garantizando su derecho al consentimiento libre previo informado.

El Estado les garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional. Ojalá encontremos eco en esta soberanía para seguir avanzando en el reconocimiento de los pueblos indígenas y no solo en el discurso vengamos aquí a reivindicar a nuestros pueblos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Carlos de Jesús Alejandro. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 26, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución.

El diputado Javier Orihuela García:Muchas gracias. Compañeros diputados y diputadas, solo quiero pedirles a todos su atención para poder corregir y hacer congruente lo que decimos en el artículo 25 de nuestra Constitución y lo que estamos diciendo en el artículo 26 de nuestra Constitución, para hacerlo congruente.

Por eso quiero pedirles aquí a los compañeros diputados que están platicando, que nos pongan atención. Solamente es para corregir, compañeros. Para que no caigamos en la votación automática, sin pensar lo que estamos haciendo simplemente, no. Sí quiero pedirles ahí su atención a los diputados del pasillo del centro, para que nos atiendan.

Miren, compañeros, el artículo 25 de la Constitución plantea que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable. Es lo que dice el artículo 25, compañeros.

Quisiera, sobre todo a los compañeros de la Comisión de Cambio Climático, de Energías Renovables, a los de la industria automotriz, a los de la caña pedirles que no votáramos así en automático. Esto es lo que dice el artículo 25 compañeros.

El artículo 26, que es el de la planeación, no plantea nada al respecto, simplemente plantea que el desarrollo debe ser social. Entonces, este concepto de desarrollo social ya está totalmente rebasado en muchos ordenamientos de nuestra legislación. Por eso lo que propongo en el apartado A del artículo 26, donde dice que los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación democrática y deliberativa mediante mecanismos de participación que establezca la ley. Recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo social.

Lo que propongo, compañeros, es que incorporemos los conceptos de integral y sustentable, para hacerlo congruente con el artículo 26. Bueno, a la Comisión de Desarrollo Sustentable para que también lo promueva.

Quedaría así: Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática, deliberativa, integral y sustentable, mediante los mecanismos de participación ciudadana que establezca la ley.

Entonces, igualmente, en el apartado C: El Estado contará con un Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Lo que propongo que cambiemos es que el Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Integral y Sustentable. Será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Entonces, no sé si se esté entendiendo, pero nada más es hacer congruente lo que decimos en el artículo 25 con el 26, compañeros. Les pido que, por favor, no votemos así en automático, que pensemos en esto para corregir lo que aquí estamos haciendo. Y desde luego la coordinación de este órgano será con las autoridades federales, locales, estatales, municipales y las organizaciones de la sociedad civil, para el ejercicio de sus funciones.

Esto es lo que estoy proponiendo, compañeros, con la idea de que no quedemos mal ante la sociedad y de que hagamos congruente lo que decimos en el artículo 25 —de la planeación— con lo que decimos en el artículo 26, de cómo será el desarrollo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Javier Orihuela García. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 26, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con permiso, compañero presidente. Lo que se ha aprobado hace unos momentos, y que fue aplaudido irresponsablemente, es una decisión política que está instaurando un autoritarismo en el país, la perpetuación de la misma camarilla tomando decisiones al margen del pueblo en un Congreso amurallado y un gobierno que se soporta en las bayonetas, en las tanquetas, en los escudos.

Es un gobierno que no tiene consenso social. Es un gobierno que rehúye al pueblo y que acaba de ser sepultado por la fuerza política. No hay poder —y ahí está la historia— que se pueda mantener al margen del consenso social.

Se acaba de destruir una de las instituciones más importantes de la política del país, la no reelección. La no reelección, que fue motivo de un movimiento revolucionario. Y si algo ha padecido este país desde su época independiente es la disputa por el poder, que generó en la etapa naciente del país inestabilidad, llegó luego una época de estabilización, vino después la intención de perpetuarse, vino el Plan de la Noria, paradójicamente encabezado por Porfirio Díaz y después Porfirio Díaz se mantiene 34 años en el poder.

Hoy estamos abriendo ya con gran ligereza y frivolidad el camino a la reelección presidencial. Hoy se pueden escandalizar, pero así como les dan línea para votar estas decisiones, no dudamos que en los próximos meses se genere. Que es la gran decisión para estar a la vanguardia de todos los países también instituir la figura de la reelección presidencial, porque México se está quedando atrás de otros países, como Estados Unidos de América que tiene la reelección o incluso —vaya paradoja— de Venezuela y otras instituciones nacionales. Esa es la puerta que se está abriendo hoy en el país.

Es una decisión sumamente grave, que además es una reelección para las camarillas partidistas. Un verdadero engendro político del cual más temprano que tarde habrá consecuencias para la vida política democrática del país.

La única manera quizá de atenuar este atentado a la democracia nacional es instituir la figura de la revocación del mandato. Alcalde, legislador, gobernante, jefe de gobierno y presidente de la República que no cumpla se debe ir. Y se debe ir a partir de la solicitud de un número de ciudadanos electores que consideren que se debe interrumpir democráticamente un mandato, cuando no haya el cumplimiento de la responsabilidad, cuando haya sido pillado en actos de corrupción, cuando haya endeudamientos criminales, cuando haya negligencia.

Por eso creemos que si hay una dosis de responsabilidad política, se tiene que acompañar la revocación del mandato de lo que ustedes hoy han aprobado. Reelección sin revocación de mandato es autoritarismo y es involución.

Por eso estamos planteando donde se habla del sistema nacional democrático. Porque además, no hay más margen en esta falta de procedimientos que se llevó a cabo. Estamos planteando que ahí se inserte la figura de la revocación de mandato y queremos ver hasta dónde llega la voluntad política de la mayoría, o si simplemente quieren atrincherarse en sus mecanismos de exclusión política.

No hay que temer al pueblo y a sus decisiones, solo los autócratas y los sátrapas temen de la responsabilidad del pueblo. Por eso pedimos que se pueda aprobar la revocación del mandato, como el mecanismo procedimental para que el pueblo interrumpa democrática y anticipadamente un periodo gubernamental cuando hay incumplimiento. Eso es lo que proponemos a través de esta reserva. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 26, apartado C, párrafo segundo, de la Constitución.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Gracias, diputado. Durante muchas décadas en México no existía una política orientada a la medición oficial de la pobreza del país. Sin embargo, en 2004 se creó la Ley de Desarrollo Social y esto permitió que en 2006 se pudiera establecer el Coneval, para la medición de la pobreza.

El Coneval ha dado a partir de 2009 la información de cómo estamos en el desarrollo social de nuestro país de la pobreza y ha estado midiendo tres ejes, que es el alimentario, el de capacidades y el de patrimonio. Esto también está permitiendo que se tomen buenas decisiones en el desarrollo y en el planteamiento de las políticas públicas para atender el rezago y la pobreza.

Ahora en la minuta que nos está llegando del Senado —aquí sí pido especial atención de los compañeros, incluso del PRI, del PAN, del PRD— viene con la facultad en el artículo 26, apartado C, una parte en donde nos está diciendo que ahora el presidente de la República puede objetar el nombramiento del Consejo Nacional, incluye al presidente del consejo y sus seis consejeros.

Esto sería muy grave, porque estaríamos nuevamente orientando las decisiones de este consejo a capricho del presidente de la República. Se perdería totalmente la objetividad de la medición de la pobreza. Realmente estaríamos autoengañándonos. Entonces, ¿cómo podríamos resolver el rezago social?

Ésa es la razón por la que nosotros hacemos esta reserva y proponemos que se quite esa parte, esa facultad y que quede simplemente con el nombramiento de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados o, en su caso, podría ser que una vez que haya sido objetado el nombramiento de estos dirigentes, que se regrese a la Cámara y que aquí se pudiera discutir nuevamente el tema, a modo de que no quede el Coneval solamente por decisión de unos cuantos.

Muchas veces los presidentes municipales, los gobernadores, los presidentes de la República no tienen la información real y es por eso que luego se toman decisiones equivocadas. Ayúdennos, lo que queremos es que se elimine esa parte. Ojalá y podamos contar con el voto para que tengamos información objetiva. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Repita la votación, secretario.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. No es clara, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el tablero electrónico de votación, por tres minutos.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el tablero electrónico, por tres minutos.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se les comunica que el tablero electrónico se cerrará en el instante en el que se termine el tiempo y no se recibirán votos fuera de tiempo.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Ciérrese el tablero electrónico. Señor presidente se emitieron 199 a favor, 228 en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Damián Zepeda Vidales, para presentar reserva relativa al artículo 26, apartado C, de la Constitución.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputado. Diputada, con la aclaración de que el asunto no está a discusión, dígame, por favor, ¿con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez(desde la curul): Le voy a pedir a la gente que toma la votación que ponga más atención, porque fue claro que se ganó. No es posible que nuevamente entreguemos esta parte de la autonomía del Coneval. No es justo, porque no va a haber ninguna objetividad en la información.

La pobreza en México jamás se va a volver a medir, presidente, y eso es muy grave y no me dejará mentir la gente, incluso del PRI, que ha estado en la Secretaría de Desarrollo Social, o la diputada del PAN que estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social. Es grave lo que está pasando.

Les pido a las diputadas y a los diputados que nos demos por lo menos cinco minutos para hojear la Gaceta Parlamentaria y que veamos cómo viene el dictamen del Senado. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Adelante, diputado Damián Zepeda Vidales.

El diputado Damián Zepeda Vidales:Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Sin duda alguna estamos ante una reforma histórica. La reforma política trae muchos beneficios, algunos temas delicados que estaremos puntualizando en esta Cámara.

Uno de los temas positivos es la autonomía que se otorga al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Sin embargo, desgraciadamente este artículo, con este logro de autonomía, patrimonio, personalidad, queda corto de alguna manera. No es la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social la única política pública que en este país requiere de evaluación.

El principio básico de que lo que no se evalúa no se puede mejorar, aplica en esta materia. Si estamos hoy en día proponiendo un órgano fortalecido, con autonomía, deberíamos de ampliar el espectro y la gama de facultades que tiene este órgano para que pueda evaluar otro tipo de programas, cuando menos que pueda evaluar los programas que tienen atención directa al ciudadano, los programas que otorgan apoyos directos al ciudadano, los programas que se rigen a través de reglas de operación.

Por supuesto que es positivo que el Coneval tenga autonomía, sin embargo estamos dejando fuera muchas otras áreas de seguridad pública, de política económica, de inversión en infraestructura y diferentes materias que muy bien pudiera atender también este órgano fortalecido.

La propuestas es sencilla, compañeros, pedirles que sin cambiarle el nombre al órgano —que sería en todo caso lo más adecuado— adicionemos que además de medir la pobreza y además de evaluar las políticas de desarrollo social, este órgano también evalúe al menos todos aquellos programas sujetos a reglas de operación. Eso por un lado.

Por otro lado, que a nivel local los estados estén obligados a tener a su vez órganos autónomos locales, encargados de la evaluación de la política pública en la misma materia que a nivel nacional la tiene el Coneval. Por su tiempo, muchas gracias y espero puedan apoyar esta reserva. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Damián Zepeda Vidales. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva relativa al artículo 26, apartado C, párrafos primero, segundo y tercero.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Veneno para las ratas. Congruencia, del latín coherencia, relación lógica. Se ve que el diputado Botello asume la política de Peña Nieto, al anunciar que seguirán moviendo a México.

En la construcción, el concepto de modernidad de Walter Benjamín dice: La esperanza de lo nuevo futuro solo se cumple mediante la memoria del pasado oprimido.

Lo que implica la revisión del pasado para la construcción del futuro, situación que ahora se explica incomprensible para la clase política que impulsa la reforma política demagógica e inoperante, veamos por qué.

Miren, si tienen memoria, en los procesos electorales locales de este año, exactamente el 17 de abril, el presidente del PAN —del cual deben de estar muy decepcionados sus familiares— el señor Madero, en compañía de Villarreal y Cordero, coordinadores de diputados y senadores del partido, en conferencia de prensa anunciaban la presentación de una denuncia penal ante la PGR contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y 57 funcionarios de distintos niveles de gobierno, entre ellos, Rosario Robles, por presunto uso indebido de recursos públicos. Sí, esa de vas bien Rosario, no te preocupes.

Cada día —decía Madero— tenemos más evidencias que en los 14 estados donde se llevan a cabo elecciones este año se están utilizando estructuras, recursos, programas para impulsar a los candidatos del PRI, y decía: exijo al presidente Peña Nieto, Acción Nacional no permitirá que estas acciones continúen y por eso exigimos que su gobierno integre con rapidez, ... pamplinas, etcétera, todo lo que urgía el panista.

¿Por qué? Porque éste es uno de los varios antecedentes que acreditan la práctica del uso y abuso de recursos y programas públicos en el apoyo a candidaturas.

En este año fue reclamo del PAN ante el nuevo gobierno, pero también fue práctica de funcionarios panistas en los gobiernos de Fox, de Calderón. De ahí la pérdida de memoria para determinar los alcances de la supuesta reforma política. En particular, el 59 constitucional, en donde se propone ampliar atribuciones al Consejo Nacional de Evaluación, en su calidad de órgano autónomo, facultándolo para realizar auditorías, programas, etcétera.

Diputados, efectivamente, México se está moviendo. Lo confirma Transparencia Internacional, al afirmar que México ocupó el lugar 106 de 177 en el índice de percepción de la corrupción en 2013. Lo que ubica al país como uno de los más corruptos. En eso Peña Nieto va campeón, van creciendo, están moviendo a México, va avanzando la corrupción en este año.

Por eso presentamos reservas que tienen como objeto establecer condiciones para que este Consejo incida en el control y transparencia. Esperaríamos que algunos panistas, que hablan de congruencia en sus programas y principios, que no han subido aquí a decirlo, pudieran manifestar cierto pudor democrático y apoyaran la propuesta quitándole límites al ejercicio de dirección nacional, estatal, en los cuatro últimos anteriores a la designación y, sobre todo, lo que ya propuso la diputada, quitarle esta atribución al Ejecutivo de que él puede objetar el cargo del consejero a las personas que sean promovidas desde el Senado.

Miren, en síntesis, el dictamen de reforma —nada más por escucharlos— que remite el Senado, se anuncia como de gran calado, ahí por Manlio. De acuerdo al concepto que dan algunas voces en los diccionarios, calado es la dimensión vertical de la parte sumergida de un buque.

Esperando que la parte sumergida en las aguas turbias de la política nacional, no encalle en las arenas políticas de la demagogia y mentiras de un sistema político corrupto, en el cual han sido cooptadas las mayorías de los legisladores que gritan tiempo, tiempo. Sé que esto les molesta, porque es veneno para las ratas. Buenas tardes.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 26, apartado C, párrafo segundo.

Si me permite un segundo diputado. Sonido en la curul del diputado Ricardo Astudillo Suárez. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Astudillo Suárez(desde la curul): Presidente, solamente de la manera más respetuosa solicitarle a usted, como ha conducido la sesión y que para nosotros todas las reservas que se presentan son importantes. Sin embargo, sí apelamos a que pueda conducirse en los tiempos que usted mismo ha establecido. Y por respeto a la asamblea y de todos los compañeros, que podamos continuar con esta sesión, pero apegados al Reglamento y a los tiempos, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención, diputado Ricardo Astudillo. Sonido en la curul de la diputada Socorro Ceseñas Chapa. Dígame diputada, ¿con qué objeto?

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente hacer un llamado atento a usted, como presidente de esta Mesa Directiva, y a las y los diputados del PRI de manera muy respetuosa. Sabemos que saben corear, pero no estamos en un partido de fútbol, estamos en el pleno de esta Legislatura, discutiendo y definiendo. No actúen como borregas y borregos. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Socorro Ceseñas Chapa. Adelante, diputado Uriel Flores Aguayo.

El diputado Uriel Flores Aguayo:Con la autorización del diputado presidente. Buenas noches. Esta reforma política es lo más similar a un quiebre de piñata, es la reforma de la piñata y de la rebatinga. Por eso surge ese tema del Coneval, no por una visión de Estado ni por equilibrio o contrapeso, sino que es pedir.

Los que dieron su voto porque van por la reforma energética piden y otros les dan, etcétera. Por eso nosotros allá vamos a tener al rato un pastelito, los venimos a invitar, al rato a un pastelito ahí para estar a tono con la reforma de la piñata.

Ésta es una reforma gatopardista. Todo cambia para que no cambie nada. Gente con mucha autoridad, consejeros del IFE, la propia presidenta han señalado de manera puntual las contradicciones, los vacíos, las omisiones, los huecos y el peligro del INE y otros aspectos de la reforma, la parte electoral de la reforma política.

Pero también el secretario ejecutivo del Coneval, el doctor Gonzalo Hernández Licona, ayer declaró que ve muy peligrosa esta reforma. ¿Por qué? Porque el Coneval había traído alguna utilidad, era objetivo, era serio, tiene prestigio. Gracias al Coneval sabemos que hay 53 millones de pobres, la CEPAL lo acaba de confirmar. Es decir, ha sido un instrumento de Estado, una institución de Estado y eso ha sido muy útil para que tengamos información.

Ahora va al Senado de la República, con la intervención del propio presidente. ¿Qué va a pasar en el Senado? Va a ser juego de cuotas, se va a partidizar el nombramiento y, por tanto, se pierde esa famosa autonomía. No entiendo tanta ingenuidad de quien lo ha expuesto aquí, y se va a colocar en una situación realmente inútil el Coneval.

Como ahorita están pidiendo en la piñata, cada quien está pidiendo su rebanada de pastel, quítale aquí y ponle allá. Igual te doy un consejero del INE porque me des el Coneval, te doy un magistrado o en un estado con un gobernador.

En eso van a convertir al Coneval, lamentablemente, por la falta de visión; por la soberbia que nos hace recordar los tiempos de Salinas por este bipartidismo y un cachito que se acaba de conformar o que se está conformando y no están viendo el panorama completo. Por eso estamos proponiendo una reforma en ese artículo. Es todo, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Uriel Flores Aguayo. Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Alfa González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 26, apartado C, párrafo segundo, de la Constitución.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes:Con su permiso, presidente. La reserva que sometemos a su consideración es respecto a los requisitos para la integración del Coneval, o mejor dicho a los impedimentos para poder acceder al Coneval.

En la minuta se establece que los consejeros no deberán haber sido candidatos a un cargo de elección popular. Sin embargo, no establece haber ocupado el cargo de elección popular. Lo que nosotros proponemos es que se incorpore la redacción de no haber ocupado un cargo de elección popular en los diez años previos al nombramiento. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Alfa González Magallanes. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 26, apartado C, párrafo segundo, de la Constitución.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hago esta reserva sobre todo con dos propósitos. El primero es para corregir la omisión que hizo la colegisladora, que eliminó la activa participación de las universidades públicas que pudieran tener el aval para ocupar el cargo de consejero del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social.

Me parece que las universidades públicas, más aun las universidades que tenemos en México y que esta misma Cámara ha propuesto en el Presupuesto del próximo año, un gasto de 53 mil 723 millones, que esto hace el Presupuesto que se le asignó a la UNAM, a la UAM y al Politécnico, que no podamos tener y aprovechar todo el conocimiento que tienen estas universidades, que tiene el Politécnico y que no se ha aprovechado de manera adecuada para las políticas públicas.

En el predictamen, en un párrafo tenía la adición de que las universidades públicas pudieran tener el aval para estos consejeros.

La colegisladora lo eliminó y entonces estoy proponiendo que pueda corregirse esa omisión y destacar las universidades. En cualquier país del mundo son el cerebro de la sociedad, donde se hace investigación, donde se hace ciencia, donde se hace tecnología y que nunca ha sido aprovechada para poder gobernar, para tener políticas públicas que puedan sacar adelante al país.

Este Presupuesto que se ha colocado para el siguiente año. Me parece que es fundamental retomarlo para poder tener un gobierno con mejores políticas públicas al servicio de la población y, más aun, que estamos erogando un gran presupuesto para la universidad pública.

Ésa debería ser la función o creo que ésa ha sido la filosofía de la universidad pública, que esté al servicio, que sea el cerebro de la comunidad, de la sociedad, para proponer soluciones a nuestro país.

La otra es que podamos destacar la importancia que tiene el artículo 25, con respecto a la visión de países en cuanto a los sectores de la economía. Siempre en esta tribuna he reiterado la importancia de poder visibilizar al sector social.

Cuando se refiere la redacción de proponer ser elegidos a los consejeros, solamente se refiere al sector privado o social, y siempre tiene predominancia el sector privado, cuando tenemos que reconocer que hay tres sectores de la economía. Entonces, estoy proponiendo que se pueda reiterar en esta redacción que puede ser del sector público, privado o social. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Alliet Bautista Bravo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 26, apartado C.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Adelante, diputada. Gracias.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: La presente reforma no es más que un traje a la medida, un traje a la medida de los intereses que hoy conforman la mayoría. Todos ustedes que están votando sin analizar, les quiero reconvenir si es posible que ustedes reflexionen el día que nos tomaron protesta y todos los días de sesión, cuando venimos y nos sentamos en estas curules inmerecidas. Ahí dice la patria es primero. Honren a sus hijos, honren a sus padres, no le roben a la nación. Reflexionen.

Los trato y les pido reflexionen ese voto. Nos ve mucha gente, millones de gentes. Los gritos, los chiflidos, esos probablemente no se escuchen y no se vean las burlas, porque hacen una mayoría. Disfrútenlo aquí, porque afuera no va a ser posible. El pueblo ya está cansado. Analicen su voto. Reflexionen su voto.

No son más que los perversos preparativos para apoderarse del país en los próximos años y no dejarlo. No somos ingenuos. Vemos perfectamente las intenciones y aunque suban a esta tribuna sus paleros a defender lo indefendible, por supuesto que vamos a informar a la población de esta contrarreforma, que por ningún motivo, que por ningún lado fortalece la democracia ni mucho menos, no amplia los derechos de los ciudadanos, a cada reforma que se impone en el Congreso se da paso a un Estado centralista.

Con la creación del Instituto Nacional Electoral se mengua el pacto federal, se diluye la autonomía e independencia de los estados para regirse en su ámbito interior. Este instituto se crea como un aparato burocrático que no brinda certeza ni credibilidad. Este adefesio legal se erige como un elemento para perpetuar a una clase política en el poder. Por ningún lado se percibe cuál será el beneficio de la democracia nacional, por el contrario, mantiene procesos electorales caros en detrimento del erario.

Se les hace tarde, compañeros. ¿Se les hace tarde? Se les hace tarde para robarle a la nación. Dispongan del tiempo y sigan votando como gusten.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Gloria Bautista Cuevas. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 29, párrafo primero, de la Constitución.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. La presente reserva tiene como motivo fundamental garantizar el equilibrio de poderes, que no descanse de manera discrecional la facultad de suspender las garantías solo en la figura del presidente y su partido. Recordemos, ahora gobierna el PRI, posteriormente puede ser cualquier otro partido y tenemos que pensar a futuro.

Es una reserva al artículo 29, en su párrafo primero, para que haya el agregado siguiente, se agregue la palabra del Fiscal General de la República. Y algo muy importante, para que lleve el soporte necesario que ésta sea con la aprobación calificada. Es una decisión de Estado, no es cualquier cosa, por lo tanto, la mayoría calificada consideramos que debe ser obligada.

La minuta que se pone a consideración de este pleno contiene modificaciones al texto constitucional que ameritan una reflexión mayor, como lo que expresé anteriormente. No obstante que en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna se previene el cumplimiento de los tratados internacionales en todo aquello que beneficie y proteja los derechos humanos en nuestro régimen interior, se promueven modificaciones que adelgazan y ponen en riesgo la tutela de estos derechos. Éste es el caso del artículo presente en cuestión, el 29, que establece la medida excepcional de lo que se conoce como la suspensión de garantías, en un lugar y momento en el que se ponga en peligro a la población.

El actual texto constitucional dispone que para aplicar esta medida es necesario que el Ejecutivo federal tome el acuerdo con las secretarías de despacho y la Procuraduría General de la República, mismo que requiere la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente. Sin embargo, la reforma que hoy se prende imponer plantea diluir el trámite, y lo que es más preocupante, concentra de manera unipersonal en el titular del Ejecutivo federal la decisión de aplicar esta medida, haciendo a un lado a las secretarías de gobierno y a la representación social, a través de la Fiscalía General de la República.

Con esta medida nos acercamos paso a paso a un Estado centralista que agrupa las decisiones fundamentales del país. Por eso esta reforma política no abona al desarrollo de la democracia ni beneficia a la población.

La reforma al artículo 29 constitucional también debe considerar que no solo basta con que el Congreso de la Unión, o en su caso la Comisión Permanente, apruebe la restricción y suspensión de derechos y garantías constitucionales por las razones que le envíe el presidente de la República.

Es indispensable la participación de la Fiscalía General de la República, que es la representación de la sociedad y de los intereses de ésta. Sin la representación de esta fiscalía en las decisiones del presidente se estarían vulnerando los derechos que tenemos las y los ciudadanos dejando a la sociedad en un Estado de indefensión.

De igual manera, nuestro país forma parte del concierto de las naciones —termino, presidente— por lo que este procedimiento debe considerar los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de derechos humanos.

Concluyo haciendo un llamado a la sensibilidad de las y los legisladores de esta Cámara, para apoyar la presente reserva en beneficio de la población y para expiar los fantasmas del autoritarismo y la cerrazón. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada María del Socorro Ceseñas Chapa. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 29 constitucional.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Muchas gracias, diputado presidente. Diputadas y diputados, quisiera respetuosamente llamar la atención de todos ustedes en esta reforma que se pretende hacer al artículo 29 de la Constitución.

El artículo 29 constitucional contempla una de las medidas más drásticas que se pueden tomar por parte de los Poderes de la Unión, la suspensión de derechos, mejor conocida anteriormente como la suspensión de garantías individuales.

La reforma del 2011 ha cambiado y ha ampliado el concepto de garantías, por el concepto de derechos. Y lo grave de esta reforma que hoy se plantea es que se pretende eliminar el aval que tiene que dar el gabinete al acuerdo que el presidente de la República tiene que enviar a este Congreso de la Unión para que se determine la suspensión de derechos en una determinada región del país. Realmente parece una ocurrencia de alguien que no conoce derecho, que cuando menos no cursó la elemental clase de historia del derecho mexicano.

El aval del gabinete tiene su antecedente en la Constitución de 1857, que a la letra decía: En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualesquiera otro que pongan a la sociedad en grande peligro o conflicto, solamente el presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Ministros y con la aprobación del Congreso de la Unión y en los recesos de éste, de la diputación permanente, puede suspender las garantías otorgadas por esta Constitución.

El texto de 1917 retoma en gran medida este artículo y las adecuaciones que se hicieron posteriormente, lo único que sustituyen es el cambio de Consejo de Ministros, porque eso desapareció por lo de gabinete y lo de la diputación permanente por el concepto actual de Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Por eso es muy grave que le quiten este aval a una decisión tan drástica, tan grave, que en momento dado pudiera tomar el Ejecutivo federal. No le están haciendo ningún favor los propios militantes de su partido a quien hoy detenta la Presidencia de la República, si es que llegara a tener necesidad de tomar una decisión tan drástica, porque lo dejarían solo, sin el aval solidario de quienes junto con él componen el Poder Ejecutivo federal y ésta sería una situación políticamente mucho más grave, incluso de la que se pudiera estar enfrentando en ese momento en la situación del país.

Los exhorto a que lo reflexionemos. No se trata de venir a hacer reformas de ocurrencia. Les ruego que cuando menos revisen el antecedente histórico de los artículos que hoy pretenden reformar. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Reymundo Nájera Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al mismo artículo 29 constitucional.

El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina:Con el permiso de mis compañeras y mis compañeros de la Mesa Directiva. Como ya sé cuál es el resultado de la propuesta de modificación que voy a hacer o que propongo al artículo 29, mejor aprovecho mi tiempo para hacer algunas reflexiones en torno a la minuta que el día de hoy se nos presenta.

Son varios los preceptos constitucionales que a la iniciativa de la reforma electoral se adicionan, modifican o suprimen. Pero, como punto de partida de este planteamiento, cabe hacer referencia a las modificaciones al artículo 41, fracción V, que en su párrafo inicial ahora establece que la organización de las elecciones se realizará a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos autónomos locales. Y el nuevo apartado A define a este instituto como un organismo público, autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio que sustituirá al Instituto Federal Electoral, al cual se le dota de atribuciones para centralizar el proceso electoral en detrimento de lo que muchas veces se ha denominado Pacto Federal.

Esta propuesta nos lleva a poner en la mesa los fundamentos del Estado mexicano que establece el artículo 40 constitucional, que es voluntad soberana del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación, establecida según los principios de la propia Ley Fundamental.

Recordemos la reforma política de 1996, por la cual se dota de autonomía constitucional al IFE y a los órganos electorales estatales con el propósito de ciudadanizar su integración y garantizar la limpieza del proceso electoral en cada una de sus etapas, fortaleciendo con ello a las entidades soberanas de nuestro país.

Ahora se pretende —bajo el argumento de la manipulación política de los gobernadores de los estados— centralizar la realización del proceso electoral en un nuevo órgano. Pero, ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién garantiza que un nuevo órgano electoral actuará con independencia política en su ejercicio?

Lo que es claro es que se quiere volver al pasado, es una reforma que se ubica en el más tradicional paternalismo y centralismo, que por muchos años ha dejado en letra muerta el carácter federal de nuestra República.

La reforma que se pretende aprobar es contraria al principio del federalismo y por ello incorrecta e indebida. Propone que la organización de las elecciones se realice en los estados a través de los organismos denominados organismos públicos locales, en sustitución de los diversos organismos electorales autónomos que existen en ellos. Pero además, el presidente del INE tendrá la facultad de designar y remover libremente a los consejeros integrantes de dichos órganos.

En otro punto de la iniciativa de la reforma electoral, artículo 116, fracción IV, inciso c), quinto párrafo, dispone: Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta interna de cada Legislatura local por la misma mayoría.

Del estudio de tal disposición se advierte otra vulneración por parte de la federación a las facultades reservadas exclusivamente a los estados de la Unión y que, por lo mismo, no han sido cedidas expresamente a la federación.

En efecto, la designación de los magistrados de los tribunales electorales de las entidades federativas son facultades reservadas, porque están incorporadas en sus constituciones particulares y en los estados. Nunca las han cedido expresamente a la federación, por lo que de llevarse a cabo el traslado de los nombramientos de los magistrados electorales locales al Senado de la República equivale igualmente derogar o abrogar normas de las constituciones particulares de los estados por parte de una autoridad incompetente, y sin observarse el proceso legislativo normal de derogar o abrogar la vigencia de una disposición constitucional por la única autoridad legislativa competente para ello, como son las Legislaturas de las entidades federativas.

Termino con esto. Ahora bien, con relación al artículo Décimo transitorio en el que se propone prácticamente la remoción de los magistrados electorales locales, es importante precisar que la federación carece de facultades para dejar sin efecto nombramientos realizados en plenitud de su soberanía respecto de las Legislaturas locales.

Asimismo se pasa por alto que existen varios tribunales electorales locales, que tienen asignadas dentro del Poder Judicial local otras funciones, como es de Sala Constitucional o la materia contenciosa administrativa, en donde se podría señalar como ejemplo los estados de Nayarit, Tlaxcala y Chihuahua.

En este sentido, se estima que es una clara intromisión de la federación a los estados, por lo que se propone en todo caso dejar que los magistrados locales actuales terminen su periodo por el que fueron designados.

No al centralismo contra el federalismo. Ojala, compañeras y compañeros, en los gobiernos de coalición no encontremos actores fundamentales del Pacto por México en su integración. Y lo digo también por actores de la izquierda. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias diputado Víctor Reymundo Nájera Medina. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar reserva al artículo 29 constitucional.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, llama la atención que en una reforma político-electoral haya sido la oportunidad para pretender reformar el artículo 29 constitucional cuya temática central es la suspensión de garantías individuales, conocida como crear un estado de excepción en un estado por situaciones, más que de emergencia, excepcionales de emergencia que ameritan la suspensión de ciertos derechos fundamentales.

Recuerdo una gran obra de Manuel Herrera y Lazo, que son dos tomos publicados por la Escuela Libre de Derecho, en que hace alusión precisamente al estado de excepción, o dicho de otra forma, a la suspensión de garantías. Y son pocas las ocasiones en las cuales —muy pocas— se ha reformado el artículo 29 constitucional.

Al aludir al contenido del artículo 29 constitucional —aunque no lo establecía expresamente la Constitución— Manuel Herrera y Lazo puntualizaba que había derechos fundamentales que bajo ninguna circunstancia podían suspenderse, entre ellos se encontraba el derecho a la legalidad, el derecho fundamental a la legalidad. Y hoy podríamos decir que también en la misma situación está no solamente el de la legalidad, el derecho al voto y otra serie de derechos fundamentales establecidos en los instrumentos internacionales, dígase el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la misma Convención Americana de Derechos Humanos.

Desgraciadamente poco ha importado en esta reforma político-electoral tener de cara o de frente lo que es el derecho del ciudadano al voto. En México, hasta la reforma de Ernesto Zedillo Ponce de León, que no fue por una actividad final, ni fue una concesión del PRI, ni ha sido una actividad directa de los propios partidos políticos, sino se debió en realidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que en México había ratificado una serie de instrumentos de derechos humanos que estaba obligado a cumplir, y que el derecho al voto, porque las autoridades en México decían que no era derecho humano y tampoco garantía individual y que, por lo tanto, no estaban obligados a garantizarlo.

A la fecha continúa esta situación. Esta iniciativa o estas reformas no presentan un cambio fundamental para regular un recurso jurídico efectivo y suficiente para que el ciudadano pueda ejercer su derecho al voto.

En relación con el artículo 29, precisamente porque se relaciona con la suspensión de garantías y de derechos —ya lo han mencionado varios de mis compañeros— debería por ser un estado de excepción y que ahora se elimina, que el presidente de la República no pueda tomar por su única voluntad el acuerdo, el tomar este acuerdo de crear este estado de excepción. La sugerencia es que sea de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado.

Espero sean sensibles a este tema. El hablar de suspensión de garantías o estado de excepción es una situación sumamente delicada para el país. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Fócil Pérez, para presentar su reserva también al mismo artículo 29.

El diputado Juan Manuel Fócil Pérez:Con el permiso de la Presidencia. Distinguidas y distinguidos diputados, antes que todo quiero aprovechar para felicitar a todas las mujeres, que consiguieron 50 por ciento de la posibilidad para participar en candidaturas. Las felicito porque —la verdad— refrescan la política con su inteligencia y su belleza. Eso es todo, ¿verdad? Bien.

En todo proyecto hay cosas buenas y malas. Y en esta Cámara estamos obligados a escuchar, reflexionar y decidir lo mejor para México, ésa es nuestra obligación. También entiendo que las mayorías mandan, pero estas mayorías deben actuar con inteligencia.

Hay una reflexión que dice que un pueblo iluminado, a pesar de que estén haciendo el mayor de los bienes, siempre les queda la duda de no estar cometiendo algún error. Y un pueblo no iluminado, un pueblo no educado, cuando están haciendo el mayor de los males, nunca tiene el momento de reflexión para darse cuenta de esos errores.

Así que los que son mayoría hoy, el PRI y el PAN, Panal y Partido Verde tienen la obligación de actuar de manera iluminada. Son los que cargan con la responsabilidad de lo bueno y lo malo de esta reforma.

En el ánimo de reformar la minuta propuesta del artículo 29, hicimos una revisión cuidadosa de los términos en que se redactaban los artículos y queremos compartirles que en el artículo 29, donde se hace referencia a los casos de invasión y perturbación grave de la paz pública, el presidente de la República podrá suspender o restringir en todo el territorio del país las garantías que fueran obstáculo para hacer frente al problema hipotético.

La medida es correcta. Sin embargo, vengo a plantear ante ustedes una modificación para que todas y todos tengamos la certeza y precisión jurídica de una medida de este tipo.

En todo sistema democrático hay que salvaguardar el principio básico de la legalidad, como el sustento del Estado de derecho, lo cual implica que debemos ser pulcros en el cuidado y manejo de los derechos y garantías fundamentales.

Como pueden observar, estoy a favor de la propuesta, simplemente quiero hacer una sugerencia de cambio en la redacción, cito como debería quedar: En los casos de invasión y perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros de cada Cámara del Congreso podrá restringir y suspender los derechos fundamentales.

Con lo anterior, se da la garantía y reconocimiento a ambas representaciones y los ciudadanos y entidades federativas protegen al mismo tiempo el bien superior de la República y mantienen la claridad de los votos y la certeza que nos puede dar la legitimidad de varios grupos que apoyen una decisión de este tipo.

Por lo anterior expuesto, les pido a todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía su apoyo para que se apruebe la precisión al artículo que su servidor ha planteado.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación del diputado Fócil Pérez.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desecha. En razón de que la diputada Aleida Alavez ha retirado su reserva al 29, tiene la palabra la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, para presentar su reserva al artículo 35, fracción VIII, numeral 4.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la propuesta que traigo hoy a esta soberanía es para adicionar funciones al Instituto Nacional Electoral.

Sabemos que esta reforma política no es perfecta, quedó mocha, que nos falta mucho por integrar y que temas como el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la moción de censura y la reforma política del Distrito Federal —por mencionar algunos— fueron acordados en el Pacto por México y quedaron fuera del dictamen enviado por el Senado a esta Cámara.

Pero debo reconocer que un gran porcentaje de los temas que abanderó el Partido de la Revolución Democrática han sido incluidos, y ahí es donde ganamos, donde avanzamos democráticamente todos los mexicanos.

Como dijo Nelson Mandela: Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática, en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades.

De acuerdo al dictamen enviado por la Cámara de Senadores a esta Cámara de Diputados existen tres funciones que llevan a cabo los organismos electorales: funciones de administración electoral, de control y de justicia, o de lo contencioso electoral.

Es en esta segunda parte, en la de funciones de control, es en la que pretendo incluir una propuesta con la finalidad de garantizar la adecuada aplicación de las bases constitucionales en materia electoral que prevé el presente dictamen.

Por eso propongo a consideración del pleno adicionar una competencia más al Instituto Nacional Electoral, que sería el monitoreo y análisis de la propaganda en los medios masivos de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, Internet y espectaculares durante el periodo de la campaña electoral, para garantizar que no se rebasen los topes de campaña, incluso la propaganda negra que puede influir negativamente en los resultados de la elección. Esto debido a las experiencias por las que hemos pasado, en las que un candidato rebasa por mucho los gastos de propaganda en medios masivos de comunicación, logrando así influir en los resultados electorales.

También que se han realizado campañas negras o de desprestigio sin bases, en las cuales se descalifica al opositor sin ningún sustento y que logra influir en la opinión de todo el electorado.

Esta propuesta solo quiere abonar a unas elecciones más parejas, imparciales, limpias, en donde el discurso se centre en las propuestas y no en las descalificaciones, en las que los candidatos que compiten por un mismo cargo de elección popular tengan la garantía de que tendrán proporcionalmente la misma exposición en los medios masivos de comunicación que los otros contendientes.

La propuesta es una adición al artículo 35, fracción VIII, numeral 4, y una adición al artículo 41, fracción II, inciso c), segundo párrafo. Voy a presentar mis dos reservas en esta misma.

El artículo 35, fracción VIII, numeral 4, dice: El instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma directa la verificación del requerimiento establecido en el inciso c) del apartado 1 de la presenta fracción.

La adición sería: el monitoreo y análisis de la propaganda de los medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, Internet y espectaculares, durante el periodo de la campaña electoral, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

Y en el artículo 41, fracción II, inciso c), segundo párrafo, dice: La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales.

La adición sería: incluyendo la propaganda en medios masivos de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, Internet y espectaculares. Ya en la redacción existe: la propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención. Ojalá y puedan respaldar esta propuesta.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la diputada Mojica Morga a los artículos 35 y 41.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten. Se desechan. Tiene ahora la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria, para presentar no sé si una o más reservas. Ahora me dirá.

El diputado José Luis Muñoz Soria:Presidente, voy a hablar de todas de una vez.

El Presidente diputado José González Morfín: Va a presentar varias reservas. Esta Presidencia será tolerante con el tiempo y también pido a la asamblea su comprensión.

El diputado José Luis Muñoz Soria: Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso del pleno. Hace unos minutos una diputada subió a esta tribuna a decir que ésta era una reforma de Estado, no era una reforma política. Lo que ella dice y lo que contiene el dictamen pues no es otra cosa más que una manifestación del concepto que tiene de Estado, así de este tamaño. Para hablar con medidas actuales, una nanoreforma. Eso es el concepto que tiene de Estado. Ahí que se quede con sus ideas.

Han venido a plantearnos que ésta es la gran reforma política que el pueblo de México espera, y que irá para el beneficio de la nación. Deberíamos de reflexionar a ver si es cierto lo que decimos. ¿Ustedes creen —de veras— que el pueblo de México está esperando la gran reforma a la reelección de legisladores y de presidentes municipales? ¿Lo creen de veras? Se los pregunto.

Lo único que están haciendo, lo único que ahora se nos presenta es un acuerdo entre unos caballeros y una familia que lo que están haciendo es repartiéndose las plazas. Eso es lo que vienen a plantear con esta supuesta gran reforma política.

Lo siento por aquellos que confían en lo que les dice la mayoría de esta Cámara, porque —como dicen en la colonia— se los están chamaqueando, vamos a verlo al tiempo. A ver qué es lo que pasa de esta reforma, van a estarse lamentando y van a estar reclamando posteriormente lo que ahora van a decidir.

Respecto a la cuestión de la reelección, quiero retomar una frase de una diputada muy apreciada de mi parte, del PAN, la diputada Quintana, que tuve la fortuna de haber asistido con ella a un evento internacional y lo que digo es respecto a la reelección. Voy a retomar sus palabras, diputada —espero pronunciar bien el francés que utilizó— de que lo único que quieren es seguir mamando del presupuesto. Ése es el problema de la reelección. Ése es el problema de los que quieren enquistarse aquí, una clase de legisladoras y legisladores por la vía plurinominal.

Aquellas y aquellos diputados que están apoyando esto, que creen que van a seguir como diputadas o diputados porque van a ser reelectos, les quiero decir que se van a equivocar. Quienes van a ser reelectos por la vía plurinominal son todas aquellas nomenclaturas de los partidos, de todos, que lo único que buscan es enquistarse en el Poder Legislativo para seguir lucrando con el presupuesto.

Ésta es una responsabilidad del grupo mayoritario. Ésta es una responsabilidad que puede ser válida para su estrategia política. Pero es una responsabilidad estar aceptando esto de alguien que los chantajeó para sacar la reforma energética. No quieran que nos traguemos la rueda de molino de que no es una moneda de cambio. Les insistimos: lo es. Al tiempo se van a dar cuenta.

El PAN traiciona sus conceptos de sus documentos fundacionales, traiciona sus principios de doctrina y traiciona lo que Carlos Castillo Peraza —uno de sus grandes hombres— planteó en 1995, respecto al federalismo. Lean un poco lo que dijo, recuerden lo que les dijo.

Que por cierto, ahora no lo mencionan, no sé por qué, a lo mejor lo sacaron de su santoral. Pero hoy les pediría que releyeran lo que mencionó Carlos Castillo Peraza y sus documentos fundacionales.

A lo que vine a esta tribuna es a decir, compañeras y compañeros, que si esta reforma, gran reforma de Estado o gran reforma política mantiene lo de la reelección y no mantiene la revocación de mandato, es cualquier otra cosa menos una reforma política. Que si mantiene lo de la reelección, que si mantiene lo del INE y que si mantiene toda la cuestión que va en contra de la democracia y el federalismo, no es una reforma política que el pueblo espere de nosotros. Insisto, es un acuerdo tomado en lo oscurito entre unos caballeros y una familia que están disputándose y distribuyéndose las plazas.

Solamente mis reservas son para los artículos 35, 41, 55, 99, 105, 110, 111, 116 y transitorios Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, para dejar al IFE y eliminar lo que se menciona del Instituto Nacional Electoral.

Las reservas a los artículos 59, 115 y 116, para evitar la reelección y quitarlo en todos los artículos que lo dice. Finalmente los artículos 59, 83 y 116, para que se plantee la revocación de mandato. Ésa es la propuesta. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado José Luis Muñoz Soria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Muñoz Soria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten. Se desechan. Tiene ahora la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, para presentar su propuesta de modificación al artículo 41.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, presidente. Voy a presentar dos reservas en esta misma participación sobre el artículo número 41. La primera de ellas es la fracción I, párrafo cuarto, que tiene que ver con el aumento en el porcentaje de la votación para los partidos políticos.

Uno de los derechos democráticos fundamentales consiste en garantizar que las minorías tengan representación. Que en todas las tribunas se les escuche. Tener acceso a las instancias electorales de gobierno. Poder ser capaces de promover los intereses particulares de aquellos que se identifican con ellas y ellos y han carecido de voz y voto.

Es por ello que las vías democráticas reclaman que se facilite la elección y representación de esas minorías. Ésa es una condición ineludible de la democracia. Ha sido una victoria social histórica que se rompiera el control casi monopólico del poder. No ha sido sencillo y ha costado mucha sangre y mucho sufrimiento.

La reducción del porcentaje de la votación facilitó el surgimiento de nuevos partidos políticos, creándose una tendencia que hoy muestra nuevas iniciativas ciudadanas que promueven su propuesta política, decisiones que justamente hoy permiten un Congreso más plural y gracias a esa pluralidad —a pesar de muchos pendientes— se ha logrado una legislación más justa para las mujeres, para los indígenas, para las personas con discapacidad.

Gracias a esa pluralidad hemos avanzado en la lucha contra la discriminación. La inclusión de las minorías ha facilitado la promoción de los intereses de aquellas y aquellos ignorados por algún partido político que solo le interesaba mantenerse en el poder. Romper ese monopolio ha ayudado a modernizar nuestra vida política. No permitamos que los intereses egoístas hoy pongan un dique.

El camino a la democracia no está garantizado. Hoy encontramos tendencias oligarquizantes; vemos el deseo de llegar a un gobierno de muy pocos. Quieren construir un sistema bipartidista de ser posible. Subir el porcentaje de votos necesarios para mantener el registro electoral es una decisión contraria a las necesidades democráticas del país. No podemos permitir que se utilice a este Congreso para fijar reglas contrarias al avance democrático. Subir el porcentaje de votación para lograr y mantener el registro electoral es un paso en dirección equivocada.

Mejor competencia asegurará más opciones para la sociedad. Reducir las posibilidades de representación es un golpe contra la ciudadanía que reclama mejores gobiernos y mejores políticas y políticos.

En el tema del artículo 41, párrafo primero, sobre la no inclusión de la revocación de mandato en esta reforma político electoral, que es más electoral que política, —la verdad— la sociedad ha dicho una y otra vez en todos los tonos posibles que los políticos y las políticas deben someterse a la revisión constante sobre su quehacer.

Las y los políticos no podemos pretender ocultarnos en una torre de marfil, lejos del alcance de la crítica ciudadana. No se puede gobernar dándole la espalda a la sociedad que se gobierna. La sociedad debe tener la posibilidad de solicitar se revoque el mandato de aquellos o aquellas que no cumplan con las tareas que se les ha encomendado. La sociedad se estremece constantemente con noticias de corrupción, de abuso de poder, careciendo de mecanismos para retirar ese poder a quienes no cumplen.

Entre los factores que determinan la calidad de la democracia se encuentra en primerísimo lugar la posibilidad de poder remover de su puesto a las y los políticos incumplidos o cuyas acciones afectan los intereses nacionales o de grupos significativos de ciudadanos y ciudadanas. No se puede pensar que el país avance hacia la democracia si se blinda a los políticos de la sociedad.

Tal parece que el PAN y el PRI insisten en seguirse ocultando de la vigilancia y supervisión social y tratan de mantenerse en la impunidad para ocultar actos que en muchos casos son traiciones contra aquellos que votaron por ellos y ciertamente contra los que no lo hicieron.

No olvidemos que en el momento en que llegamos a un puesto de representación popular se adquiere una obligación con toda la sociedad y es ella misma la que debe tener derecho a quitar del puesto a las y los incumplidos. No se le puede pedir paciencia a la sociedad respecto a los malos políticos. Se deben garantizar instrumentos para determinar si se mantiene o no en su puesto.

Es una afrenta para la sociedad hacer reformas a modo como ésta. Aprobar la reelección sin la capacidad de revocar el mandato equivale a una patente de corso. Negar la revocación de mandato es un ultraje a la transparencia por la que hemos luchado. Hoy negar la revocación de mandato implica haber dado un paso atrás en el reclamo social de nivelar la política con las exigencias ciudadanas.

La democracia plebiscitaria tiene la gran ventaja de darle la última palabra a la sociedad y con ello estamos obligados y obligadas. La revocación de mandato es un factor central de esa democracia. Es un derecho de la sociedad y es una obligación de este Congreso incluirlo en la reforma política y reglamentarlo para que las mexicanas y los mexicanos puedan ejercer ese derecho. Es cuanto, presidente, gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Lorenia Iveth Valles.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar su propuesta de modificación al artículo 41.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Señor presidente, quisieras solicitarle presentar las reservas que tengo. Son la 41, 134, 136, 137, 139 y 140.

El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo. Esta Presidencia será tolerante con el tiempo y le pido a la asamblea también su comprensión.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Con cada reforma que se impone en el Congreso se dan pasos a un Estado centralista. Con la creación del Instituto Nacional Electoral se menguó el Pacto Federal, se diluye la autonomía e independencia de los estados para regirse en su ámbito interior.

Este instituto se crea como un aparato burocrático que no brinda certeza ni credibilidad. Este adefesio legal se erige como un elemento para perpetuar a una clase política en el poder. Por ningún lado se percibe cuál será el beneficio de la democracia nacional. Por el contrario, mantiene procesos electorales caros en detrimento del erario.

Estas nuevas reglas están dirigidas contra la pluralidad democrática y la condenan a la extinción mediante reglas desventajosas, pues aunque se empeñen en decirlo, con esta reforma muestran su vocación antidemocrática. De nada va a valer su doble discurso. De nada va a valer su doble moral.

Por eso estamos aquí, para explicarles a los mexicanos lo que hoy se pretende consumar en esta Cámara: un retroceso total y absoluto, en beneficio de los poderes fácticos. Y no nos vengan a decir que están abiertos al diálogo y al debate cuando pretenden avalar esta reforma constitucional que pareciera tener el carácter de preferente. No son reformas de Estado, las votaciones que se llevan aquí son votaciones de Estado instruidas y mandatadas por el Ejecutivo, que tiene dentro a muchos a su favor en este recinto.

Seamos responsables y sensatos, ¿por qué votar una reforma constitucional bajo estas circunstancias, cuando no es una necesidad o petición social, además de que saldrá muy caro para el pueblo de México? Esto que hoy se pretende consumar, por supuesto que es claro que están preparando la perpetuidad a partir de 2018, con elecciones de Estado, desde los municipios, estados y la Presidencia de la República.

Es claro que esta minuta hecha al vapor no ha sido estudiada minuciosamente. Un claro ejemplo es el vacío legal para el uso de los medios de radio y televisión entre precampañas y campañas, el cual será ocupado por las autoridades electorales y los partidos de manera genérica.

Por estas razones claramente expuestas es que votaremos en contra de este albazo que el gobierno federal y sus representantes quieren dar el día de hoy. Señores diputados, ¿saben por qué están aquí? A los que obtuvieron votos y por esos votos llegaron, piensen en esos votantes, los pluris probablemente no tienen compromiso con nadie. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por la diputada Gloria Bautista.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado Luis Manuel Arias Pallares, del Grupo Parlamentario del PRD, también para presentar su reserva al artículo 41, párrafo primero.

El diputado Luis Manuel Arias Pallares:Con su venia, señor presidente. Estamos proponiendo reserva a la redacción al primer párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reelección legislativa es un sistema de pesos y contrapesos. Sin la presencia de la revocación de mandato representa solamente cotos de poder y cacicazgos de una clase política privilegiada y muy poco representativa.

La revocación del mandato es un planteamiento que hizo mi grupo parlamentario desde la legislatura pasada. Consideramos que los ciudadanos contarían con un instrumento eficaz de control de la actuación de los representantes populares y no tendrían que esperar a que pasara toda la legislatura para que una vez más en los procesos electorales se ratificara o no el apoyo del electorado. De esta manera creemos que los candidatos asumirían de primera instancia, de manera más racional, sus compromisos de campaña y estarían más dedicados al cumplimiento de sus responsabilidades.

Sin la revocación del mandato, la sola reelección dejaría incompleta la intención de empoderar verdaderamente al ciudadano, al poner en sus manos un instrumento de control y medidas que solo serviría para reducir cada 12 años a la clase política, ya que quienes sean favorecidos con esta reforma podrían ganar la elección y luego, casi en automático, las reelecciones consecutivas, porque ya estarían posicionados sin que medie un mecanismo de evaluación directa de su trabajo que tenga consecuencias dentro de una temporalidad determinada más próxima a las decisiones de cada representante popular dentro de su periodo en funciones.

De esta manera se podrá exhibir toda conducta lesiva de los intereses colectivos, ya que el costo de no cumplir a cabalidad con el cargo que le fue conferido por el poder soberano del pueblo seria la revocación de su mandato. Es por lo que proponemos que la redacción del artículo 41 quede en los siguientes términos:

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, así como a través de la revocación del mandato de los representantes populares, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Esta propuesta es presentada por un servidor y el diputado Trinidad Morales Vargas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Arias Pallares.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, para presentar también su propuesta de modificación al artículo 41, fracción I, párrafo segundo.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena:Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Noches, perdón. Hoy estamos de fiesta, sí señoras y señores, porque hoy le decimos adiós a las cuotas y se abre un nuevo momento en la historia de la democracia mexicana y le decimos bienvenida a la paridad.

La paridad no es una cuota, la paridad es igualdad y nos debemos sentir muy orgullosas todas y todos por el esfuerzo que hicieron todos los partidos políticos para llegar el día de hoy, 5 de diciembre de 2013, a votar la paridad en el texto constitucional.

Simplemente quiero decirles a todas y a todos ustedes que aquí lo único que he reformado es la sintaxis, porque nos parece que el párrafo merece un párrafo aparte, porque se refiere a la paridad. Por eso la participación igualitaria de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones no es solo una exigencia básica de justicia, sino también una condición necesaria para que los intereses de las mujeres sean incorporados en el espacio político.

La paridad es una consecuencia lógica de la progresividad del derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 4o. constitucional, la igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades de las mujeres, de los hombres, de las niñas y de los niños.

La igualdad no significa que las mujeres y los hombres serán lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de las mujeres y de los hombres no dependerán del sexo con que nacieron.

Por ello, necesitamos hablar muy significativamente de esta participación paritaria. La paridad es entre pares y por eso nos da mucho gusto hoy, como me lo dijo el diputado de Tamaulipas, del PRI, que era entre pares la paridad. La paridad es un requisito indispensable para la gobernabilidad democrática que da paso a la transformación de instituciones que permitan el desarrollo de todas las capacidades de mujeres y hombres.

No basta un sistema de cuotas, compañeras y compañeros, en el ámbito electoral necesitamos llegar a la democracia de género. Por eso, compañeras y compañeros, el sufragio no es la meta en la lucha por la participación igualitaria. El sufragio es una herramienta poderosa que debemos utilizar.

En 2013 ni el proceso de democratización que se ha llevado a cabo en el país ni las transformaciones estructurales del Estado habían modificado —como hasta hoy— de manera significativa la participación de las mujeres.

Qué bueno que fuimos insistencialistas y qué bueno que tuvimos una respuesta, una respuesta exacta a nuestro insistencialismo, a nuestra insumisión paritaria. Qué bueno, compañeras, que vamos de la mano a festejar todas y todos la democracia paritaria, la equidad, la equivalencia entre mujeres y hombres.

Por ello, vamos y festejamos la equivalencia política, por la ciudadanía igualitaria, porque somos, fuimos y seremos siempre iguales. La paridad es el poder compartido entre mujeres y hombres. La paridad es igualdad. La paridad le dice adiós a las cuotas.

Y les damos las gracias desde la izquierda mexicana a todas las diputadas y diputados de todos los partidos políticos que integran el Congreso Mexicano, porque hoy se escribe un renglón distinto en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, del artículo 41 constitucional de nuestra Carta Magna. Muchas gracias y vamos a celebrar este gran acontecimiento. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Perdón. Tengo que primero preguntar a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada Mícher Camarena. Inmediatamente después, diputada. A ver, sonido en la curul de la diputada Corona Nakamura, por favor. Dígame, diputada.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Únicamente se le olvidó algo muy importante que hay que recordar. Honrar, honra. La voluntad y disposición de nuestro presidente, de Enrique Peña Nieto, quien tuvo la voluntad y el ánimo de que se diera y fuera un hecho. Él fue el primero que dio esa gran noticia el pasado festejo del 17 de octubre, dentro del 60 aniversario que se otorgaba el voto a la mujer. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, no está a discusión.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, ahora sonido en la curul de la diputada Beatriz Zavala.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche(desde la curul): Sí, gracias, presidente. Preguntarle a la oradora o comentar con ella que, por ejemplo, el gabinete del presidente Peña Nieto no tiene una paridad. Nosotros hacemos un exhorto para que lo aplique también al Poder Ejecutivo. Creo que coincidiría conmigo. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Se está abriendo un debate que la asamblea no ha autorizado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se desecha.

La diputada Carmen Lucia Pérez Camarena(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en la curul de la diputada Carmen Lucía. No hay tema de discusión, diputada, solamente le recuerdo eso.

La diputada Carmen Lucia Pérez Camarena (desde la curul): Sí, presidente, solamente hacer una precisión, que fue la diputada Eufrosina Cruz quien al inicio de esta Legislatura presentó esta iniciativa.

Celebramos que esta iniciativa sea aprobada por todos los partidos, pero sí queremos precisar que ésta fue una iniciativa que recién se presentó por el Partido Acción Nacional. Y lo mismo, me uno al comentario de mi compañera Beatriz Zavala para pedir que el Ejecutivo también haga lo propio.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos de Jesús Alejandro, para presentar su propuesta de modificación al artículo 41, fracción I, párrafo segundo.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro:Muchas gracias, señor presidente, y con su permiso. La democracia mexicana tiene una gran deuda histórica con los pueblos indígenas. Así lo hemos manifestado en este pleno en diversos posicionamientos, presentación de puntos de acuerdo, de iniciativas de ley, y efectivamente esta gran deuda histórica continúa por la omisión de la presencia de los pueblos indígenas en este Poder Legislativo.

Se requiere una representación política que sea en verdad representativa y legítima de los propios pueblos, una democracia que reconozca el carácter plurinacional del Estado y, por ende, refleje la diversidad cultural que existe en el país. Desde el 2001 tenemos un pendiente con los pueblos indígenas, el Instituto Federal Electoral en el 2005 mandató una reforma indígena y se realizó una redistritación, se definieron 28 distritos electorales con población indígena en el país.

A raíz de esto, diversos diputados de diversos partidos políticos —incluidos los compañeros de las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN— han presentado por lo menos en las últimas cinco legislaturas propuestas de reforma para que los pueblos indígenas por derecho propio podamos acceder a la representación política, como lo significaría estar en este Poder Legislativo.

La reivindicación de los derechos de representación política de los pueblos y comunidades indígenas es una demanda legítima, añeja y legal para ocupar escaños y curules en el Congreso de la Unión. Por supuesto también con el derecho de tenerlo por la vía propia, sin necesariamente participar por la vía de los sistemas de los partidos políticos.

Los partidos políticos sin duda deben abrirse a la participación y representación indígena. No les quitamos espacio alguno, solo reclamamos lo que creemos que es de justicia, no solo para fortalecer nuestra democracia y las instituciones, sino para asegurar la gobernabilidad democrática y una verdadera nación pluricultural, como ya se establece en el artículo 2o.

Somos el 15 por ciento de la población nacional en nuestro país —de acuerdo con los datos oficiales del Inegi— y hemos observado que no tenemos canales de participación y decisión en los órganos de representación política nacional.

Convenios internacionales —reiteramos— firmados y ratificados por nuestro país dicen que los pueblos indígenas tenemos derecho de participar en la adopción de decisiones en donde se crean los derechos de todos, las mexicanas y los mexicanos, donde se decidan nuestras vidas y destinos pero que sea a través de nuestra propia representatividad.

Los pueblos indígenas, al haber sido dotados de autonomía, razón fundamental para que por derecho propio debemos estar representados en todos los órdenes de gobierno. Inclusión y participación son las demandas claves. No nos nieguen otra vez este derecho.

Reitero, desde el 2001 se nos han cerrado las puertas en materia de representación política. Si con esta reforma se nos sigue negando este derecho una vez más confirmaríamos que México sigue existiendo sin nosotros, sin los pueblos indígenas.

Reconozcamos la mayoría de edad de nuestros pueblos indígenas en la participación política. Otros países tienen avances importantes en esta materia como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Colombia.

Concluyo, señor presidente. Los pueblos indígenas estamos buscando siempre los mecanismos legales para incorporar derechos negados, para lograr nuestra plena ciudadanía. Esto en beneficio de México, esto para desarrollar nuestra cultura y la protección de nuestros derechos.

Por ello propongo, compañeras legisladoras y legisladores, que en el artículo 41, fracción I de la minuta en comento, se garantice la representación política de los pueblos indígenas a través de los distritos electorales indígenas que ya existen reconocidos por el Instituto Federal Electoral. Asimismo que se garantice la representación política por la vía de la representación proporcional.

Diputadas y diputados, en materia de participación y representación política aspiramos y demandamos un México nunca más sin nosotros, sin los pueblos indígenas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Carlos de Jesús Alejandro.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. Se desecha. Tiene ahora la palabra la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, para presentar su propuesta de modificación a la misma fracción I, párrafo segundo del 41.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Informo a la Presidencia que haré uso de esta tribuna para la otra reserva, que tiene que ver con la adición de un transitorio.

El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo, diputada. Esta Presidencia será tolerante con el tiempo y le pido también su comprensión a la asamblea.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Esperemos que no sea solamente un asunto meramente mediático el tema de la paridad. Reconocemos que ha sido una lucha de muchos años. Reconocer también al Ejecutivo y pedir obviamente a sus legisladores y legisladoras tener a bien apoyar.

Creo que quedó algo corto. Hay un principio que habla de la no discriminación y tiene que extenderse obviamente a otro ámbito territorial, que es el que está más cercano de la población.

Por eso es que en el agregado o la reserva que propongo es que diga lo siguiente: Todas las candidaturas a legisladores federales y locales, alcaldes y sus respectivos cabildos.

Incluir la paridad en la Carta Magna es un acontecimiento digno de resaltar y no podemos omitir que es una conquista y no una concesión. Sin embargo, a pesar de la virtud de la colegisladora por esta reforma, se mantiene una visión desde mi punto de vista conservadora cuando incluye el ámbito territorial que hice mención que son los municipios.

En ocasiones actuamos de buena fe pero con muy mal tino. Hoy podemos enmendar una visión que restringe derechos y niega competencia entre los géneros, garantizando la posibilidad de competir por todos los cargos de elección de manera paritaria. Eso es con respecto al 41.

Y el transitorio, un Noveno sería. Independientemente de las omisiones de los temas que contiene esta reforma y los atropellos a procedimientos legislativos, debemos ser muy claras y claros en la necesidad de concebir y razonar que las modificaciones tienen un impacto presupuestal. Omitir el costo financiero de la reforma político-electoral y el origen de los recursos pone en riesgo el gran acuerdo que aquí tanto se celebra.

¿Cómo soportar la transformación de facultades y atribuciones de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional Electoral, si el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 consideró a otras instituciones con otras atribuciones para financiarse? ¿O acaso solo se trata de una medida de cambio de membrete?

Un signo de racionalidad de esta soberanía sería considerar que nuestras modificaciones deberán acompañarse de un estudio de impacto presupuestal de parte del Ejecutivo, pues su propuesta no puede violentar aquello que esta Cámara ya resolvió en materia de gasto. Sugiero que esta soberanía no atropelle aquello que tanto celebra el día de hoy. Propuestas sin presupuesto son en este caso pura demagogia. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Ceseñas Chapa.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten. En consecuencia, se desechan. Tiene ahora la palabra la diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar sus propuestas de modificación al mismo artículo 41, fracción I, párrafos segundo y tercero, y fracción II y III.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Gracias, señor diputado presidente. En esta ocasión presento a ustedes algunas reformas a diversos apartados, fracciones y párrafos del artículo 41 de la minuta que está a discusión. Con estas reformas que propongo pretendo dar coherencia a las disposiciones propuestas para el artículo 41, que refiere a la forma en que el pueblo puede ejercer su soberanía sobre los órganos de gobierno.

Desafortunadamente en la minuta enviada por el Senado —y ante el deseo de la mayoría de no pasarlas por comisiones— encontramos algunos preceptos que no están suficientemente claros y que dificultarían la interpretación y la aplicación y el cumplimiento de la norma que se propone.

Por lo anterior y con estricto apego a las normas gramaticales y los principios que rigen la actividad legislativa, resulta necesario efectuar diversas modificaciones al texto del artículo 41 constitucional, con el propósito de dotar de la claridad y coherencia suficiente a un precepto cuya relevancia resulta incuestionable, en función de la regulación que en él se hace de las facultades e integración de una institución fundamental e indispensable en materia electoral del Estado mexicano, tal como lo va a ser el Instituto Nacional Electoral.

Así, con el propósito de no entorpecer la debida interpretación y aplicación de la norma constitucional en comento, es por lo que propongo se expresen de manera clara y precisa los derechos, las prerrogativas y los sujetos normativos de la misma, en aras de que el Estado mexicano garantice oportuna y debidamente el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos mexicanos, así como de promover y procurar el respeto de la independencia política y económica y la forma propia de gobierno del Estado mexicano.

Así, puedo ponerles un ejemplo, que sería en el apartado C del artículo 41, en el que habla a propósito de la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos y candidatos, que deberán abstenerse de las expresiones que calumnien a las personas.

Propongo que en este apartado C se diga que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos a favor de sus candidatos, así como a los que realicen los candidatos independientes —según sea el caso— deberán abstenerse de expresiones que afecten la imagen y el prestigio de los partidos políticos, así como de los candidatos a cargos de elección popular por parte de los mismos y aquellos que tengan el carácter de independientes. De conformidad con lo establecido en esta Constitución y en la legislación aplicable.

Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, les conmino a que podamos votar estas modificaciones que pueden dar mayor precisión y congruencia a lo que estamos ahora votando. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, para presentar una propuesta de modificación a la fracción I, párrafo cuarto, del 41.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la presente reforma prevé aumentar el umbral para que los partidos políticos puedan mantener su registro, del 2 al 3 por ciento de la votación válida emitida.

Al respecto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que este nuevo umbral propuesto carece de toda justificación y ayudaría solo a la consolidación de un sistema bipartidista o tripartidista en el país, en contraposición de la representación de las minorías y de la oposición en los Poderes de la Unión.

En México existe un sistema electoral mixto, cuenta con un componente de mayoría y otro de representación proporcional, ambos componentes son elegidos mediante un solo voto.

La idea de incorporar la representación proporcional a nuestro sistema es brindar una mayor representatividad al sistema electoral, pues los partidos pequeños suelen ganar asientos legislativos por medio de este componente. Elevar el umbral para mantener el registro impediría que los grupos minoritarios dejen de tener representación en el sistema político, por lo que quienes no se sienten representados por los partidos grandes no tendrán cabida en el Congreso.

Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo argumenta que aumentar el umbral implica imponer obstáculos adicionales a la posibilidad de grupos y organizaciones políticas de acceder a espacios de representación política.

Los partidos pequeños enfrentan ya de por sí otras barreras para competir en las elecciones, como presupuestos reducidos, menos espacios en radio y televisión y menos recursos humanos. Así, una propuesta como la que se discute estaría por norma jurídica liquidando a los partidos que son la alternativa a los partidos mayoritarios. Es sin duda un mensaje de una democracia regresiva.

Además, aumentar dicho umbral genera incentivos para que los partidos pequeños se adhieran en coaliciones para poder garantizar su supervivencia, lo cual disminuye su capacidad para proponer nuevas agendas y, en la práctica, reduce la representatividad y la diversidad en el Legislativo.

No olvidemos que los partidos pequeños subsisten del voto duro. Es decir, representan ideas y electores y estos han aportado grandes ideas en los debates que han definido el rumbo del país mediante iniciativas, oposición, reservas y representatividad.

En elecciones locales puede darse el caso de que un partido tenga buenos resultados en los distritos en que tenga un mayor apoyo pero sin alcanzar el umbral nacional.

¿Qué pasaría en este escenario? Tanto en elecciones federales como en locales, los partidos grandes tendrían una sobrerrepresentación, pues terminarían asignándose los asientos de los partidos que no alcanzaron el registro.

El Partido del Trabajo considera que en vez de optar por instrumentar reformas que consoliden un sistema de mayorías, deberíamos buscar un equilibrio más real entre partidos grandes y pequeños, con reglas justas de competencia electoral, a fin de lograr una debida representación. Esto sí sería una reforma progresista, apegada a la realidad nacional y que escuche a las voces ciudadanas.

En este tenor, el Partido del Trabajo legislará a favor de defender los derechos de representación de las mayorías por los canales institucionales de acceso a la vida democrática del país. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Núñez Monreal.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, para presentar su propuesta. Son dos propuestas las que va a presentar: del 41, fracción I, párrafo cuarto, y del 41, fracción IV, párrafos tercero y cuarto. Adelante, diputada.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem:Buenas noches. Gracias, señor presidente. Vengo a proponer para el artículo 41, fracción I, de la minuta que habla de los partidos políticos, la definición de lo que son su quehacer, sus objetivos.

En el tercer párrafo de esta fracción I, dice la minuta: Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales.

Considero que hay una omisión en esta redacción, y por ello propongo que diga: Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones del Distrito Federal.

Considero que en la medida que aún no contamos con una reforma política para el Distrito Federal, es importante, es sustancial que esta redacción quede como la propongo, si no, sería negar una vez más los derechos políticos plenos a las ciudadanas y ciudadanos del Distrito Federal.

La segunda reserva tiene que ver con los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 41. Esta propuesta es con el fin de prevenir las violaciones contempladas para el sistema de nulidades, y de ser el caso que se presenten, se eliminen los requerimientos excesivos que han probado ser ineficaces para proteger el sufragio de la ciudadanía.

Es absurdo que la considerada gravedad sea un requisito cuando se presenten delitos de orden penal tales como la utilización de recursos de procedencia ilícita o que pervierten la función de las instituciones como desvío de recursos públicos. No se puede exigir que se deba demostrar dolo, ya que el fraude electoral depende de muchos actos y personas y es difícil de acreditar al factor subjetivo.

El efecto sobre los resultados de la votación será el mismo a pesar de que no sea posible acreditar la intencionalidad de todos los agentes que intervienen en una operación fraudulenta.

La permisividad es excesiva cuando el legislador requiere acreditar dolo, gravedad y determinancia cuando se rebasan los límites de gastos de campaña en un 5 por ciento o se adquiere difusión no autorizada en los medios y la constitución no puede incorporar incentivos para la comisión de ilícitos. Un límite de gastos es una medida cuantificable, un límite legal que debe respetarse sin excepción.

Por lo tanto, llamamos a eliminar el nocivo criterio de determinancia que establece un margen de diferencia menor al 5 por ciento de la votación entre el primero y segundo lugar, ya que se corre el riesgo de que la violaciones masivas no sean remediadas mediante la anulación.

Contrario a lo que debería significar, el criterio de determinancia no ha sido un instrumento objetivo y científico, su aplicación deficiente ha permitido la creación de coartadas para validar elecciones contaminadas y para propiciar la impunidad electoral.

Como afirma José Antonio Crespo: Cuando los resultados son cerrados crecen significativamente las posibilidades de que un monto pequeño de irregularidades sea determinante en el resultado, afectando gravemente la certeza, principio rector que estipula la Constitución como indispensable para validar la elección. Pero los criterios para determinar cuándo son o no determinantes siguen sin estar del todo claro, lo que eleva la posibilidad de inconformidad y descontento postelectoral. Hasta ahí se cierra la cita de Crespo.

El rebase de los topes de campaña, la utilización de fondos ilegales o la adquisición de cobertura no autorizada atentan contra los principios de la función estatal para la organización de los procesos electorales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, por lo que debemos evitar que las autoridades y el Tribunal Electoral no puedan aplicar estrictamente la ley.

Proponemos que se incluyan en la ley secundaria las medidas de control, fiscalización oportuna y vigilancia para prevenir dichas violaciones, a fin de que la nulidad de la elección sea el último recurso y que se puedan asegurar elecciones limpias en todo momento.

Con esta lectura sistemática se mantiene la coherencia de la reforma con el inciso c) de la fracción II del mismo artículo y se potenciará la legislación secundaria. Proponemos que se aplique la suplencia de la deficiencia de la queja en materia de las violaciones que dispone la fracción VI del artículo 41, las cuales considera la Constitución como las más trascendentales.

Una de las implicaciones fundamentales del amparo es la suplencia de la deficiencia de la queja. Esto significa que el juez debe proteger en la integración del asunto a quien promueve la causa para que los posibles errores u omisiones en que pueda incurrir sean subsanados por la autoridad judicial de la forma. Cualquier disposición de leyes secundarias o disposición administrativa no puede considerarse como un obstáculo para que el Estado proteja los derechos constitucionales, en este caso los derechos políticos.

Por ello propongo que se extienda a la materia electoral el espíritu de este principio plenamente reglamentado en el juicio de amparo, que tutela el artículo 107 de la Carta Magna, pues es necesario que los principios de certeza, legalidad y objetividad se garanticen con eficacia. Al resolver los recursos con mayor eficacia no se actúa a favor de quien reclama las violaciones establecidas en la ley, sino de cada ciudadana y ciudadano. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Tapia Fonllem.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Tapia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado Roberto López González, para presentar su propuesta de modificación a la fracción I, párrafo cuarto del 41. Esa reserva fue retirada.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado José Humberto Vega Vázquez, para presentar dos reservas que tiene a la fracción I, párrafo IV del 41 constitucional. De acuerdo, el diputado va a presentar 3 reservas. Esta Presidencia será tolerante con el tiempo.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Buenas noches. Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, de verdad sentimos esta reforma apresurada. Como todos ya lo sabemos, es una moneda de cambio, pero debemos reflexionar lo que estamos haciendo.

En la reforma que se pretende —y a la cual hago una reserva a los artículos 41 y al 54— es que la democracia es la participación de la mayoría y en la mayoría entran las minorías, entra la pluralidad, y es lo que no estamos respetando.

Para una reforma, una verdadera reforma política, lo que anhelaba la ciudadanía, lo que anhela todavía es que deberíamos fortalecer las acciones de una verdadera participación ciudadana y no pretender aislar y acabar con los partidos pequeños, porque con esos se pretende —y hay que hablarlo muy claro— el objetivo es pretender obstaculizar a los partidos nuevos que tienen que ir a una elección y que no pueden coalicionarse; lógicamente va a ser muy difícil que alcancen el 3 por ciento para mantener su registro.

El segundo objetivo es anclar, es obligar a los partidos pequeños —con ventajosas negociaciones para los partidos grandes— a que se coalicionen, porque de no hacerlo, lógicamente solos perderían el registro.

Pero lo más grave, lo que pretenden es lograr primero el tripartidismo. Esto va dedicado a lograr, primero, el tripartidismo y a futuro el bipartidismo. Con eso no se crece en democracia.

Se está limitando, se está despreciando la participación de las minorías y esto es para acallar las voces de protesta de malos gobiernos, de equivocaciones del gobierno. De esa manera no vamos a crecer en democracia.

Construir la democracia es verdaderamente darle participación a la ciudadanía. La ciudadanía es plural y por ello mismo debemos abrirnos antes de cerrarnos. Y con el 3 por ciento, en lugar del 2, estamos cerrando esas posibilidades.

En nuestro sistema político de representación solamente el ciudadano tiene el poder del voto. Nada más es cuando le damos ese poder y después le quitamos todo, ya no tiene participación. Solamente sus representantes.

Quieran o no —como en este caso— los representantes toman decisiones a nombre de ellos, aunque estén en contra y eso no es crecer en democracia. Crecer en democracia es ver las necesidades de nuestra sociedad y ver lo que la sociedad quiere para el desarrollo de sus futuras generaciones.

La historia va a dar cuenta, porque en estas reformas solo se pretende lograr y enquistar una élite política. Pero el pueblo no es tonto, el pueblo va a responder y más pronto de lo que piensan.

Eso es en cuanto a las reformas del artículo 41 y 54. Respecto a la parte del artículo 59, quiero comentar que la prohibición a la reelección de legisladores deviene de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de abril de 1933.

El contexto histórico de debilitamiento de las instituciones democráticas así lo requerían. El contexto actual no implica un cambio fundamental en la desconfianza de la sociedad para con la clase política. Ésta reforma no es ni con mucho el cambio que exige la ciudadanía. Aunque vengan a decir a esta tribuna que es un asunto de urgente resolución, la clase política que hoy pretende imponer la reelección es rechazada por nuestra sociedad. Y hagan una encuesta.

El sufragio efectivo, lema de don Francisco I. Madero González, fundador del Partido Antireeleccionista. En esta Legislatura, donde las contrarreformas han dado cuenta de la contrarreforma laboral, de la reforma agraria, que eran banderas de la Revolución Mexicana y también la no reelección es muy importante. Todas se han echado por la borda.

Muchos dicen que es porque es de vanguardia, pero necesariamente el tiempo nos va a dar la razón. Una democracia no debe atentar contra lo que decide la ciudadanía. Es un hilo muy delgado, primero unos, primero los legisladores y luego la Presidencia de la República. Eso nos va a llevar al porfiriato. Y ya ven lo que pasó en el porfiriato, una Revolución donde hubo sangre para que hubiera grandes cambios.

No nos engañemos. La reelección no va a traer beneficios, solamente la aristocracia de una clase política que se va a enquistar y que de ninguna manera va a traer beneficios a nuestro pueblo, porque eso lo va a pagar nuestro pueblo, derramando la sangre como siempre de los pobres. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Vega Vázquez.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado Sebastián de la Rosa, para presentar su propuesta al artículo 41, fracción II, inicio c), párrafo segundo.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez:Son dos reservas, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: También el diputado De la Rosa va a presentar la propuesta de modificación al 116, fracción IV. Adelante, diputado.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez: Muchas gracias, presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, cuando vengo a esta tribuna no vengo con una actitud pesimista, vengo a esta tribuna con la plena convicción de que mis argumentos puedan convencerles de las propuestas que vengo a realizar.

Voté a favor en lo general esta reforma, porque creo que contempla muchos de los temas que la izquierda, representada por mi partido, ha estado empujando, pero particularmente en lo que respecta al artículo 41, fracción II, inciso c), que tiene que ver con el siguiente tema.

La ley señala en la fracción II de este artículo: señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los recursos privados.

Éste es el tema de mi propuesta, tanto en el artículo 41 como en el 116, buscar que el recurso privado no esté por encima del recurso público en todas las actividades de los partidos políticos, pero particularmente en las precampañas y las campañas electorales. Es la búsqueda del equilibrio en la competencia para la representación que los partidos políticos luego traemos tanto a las Cámaras federales como a las Cámaras locales. Ése es el asunto.

La reforma está suprimiendo el artículo 41, fracción XII, inciso c), ese precepto. Dice hoy este artículo: la ley fijará —viene toda la redacción y señala—: Establecerá el monto máximo anual para las precampañas y campañas de los partidos cuya suma total no podrá exceder anualmente para cada partido al 10 por ciento del tope de gasto establecido para la última campaña presidencial. Esa parte hoy en la reforma se suprime de este artículo. Mi propuesta busca que se restituya ese párrafo al inciso c) de la fracción XII del artículo 41.

El artículo 116 establece la obligatoriedad para que las Constituciones locales y las leyes locales también prevean en la misma dirección esta obligatoriedad. En ese caso, entonces estoy proponiendo también que regrese el texto vigente a la Constitución, porque la reforma lo está substituyendo para que quede de la siguiente manera —lo leo solamente, pero ése es el texto vigente actualmente—: cuya suma total no excederá el 10 por ciento del tope de gasto de la campaña que determine para la elección de gobernador. Los procedimientos para el control y vigilancia del origen y el uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos y establezcan las sanciones por el incumplimiento y las disposiciones a que se expidan en estas materias.

Esta situación, compañeras y compañeros, permitirá seguir manteniendo un candado para que los partidos políticos no puedan sobrepasar los límites de tope de campañas, sobre todo del gasto privado, porque ahí, precisamente ahí, compañeros diputados y compañeras diputadas, es donde se encuentra el recurso mal habido, el recurso que no sobran o que no faltan denuncias que se ha dicho que provienen, o bien de malas formas, o bien en algunos casos —como se han hecho denuncias— hasta del crimen organizado. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado De la Rosa.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten. En consecuencia, se desechan. De la misma fracción II, entre otras, tiene el uso de la voz el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Quiero decirles y quiero llamar también su atención para pedirles comprensión, porque el diputado Huerta va a presentar un buen número de reservas. La de la fracción II, la de la fracción III, la de la fracción V, la de los párrafos cuarto y quinto, la de la fracción VI.

Voy a pedirles comprensión para que tenga el tiempo necesario y las podamos desahogar todas juntas. De otra manera, tendría que estarle dando la palabra para que subiera a presentar cada una de sus propuestas. También al diputado Huerta le pido comprensión para que pueda ajustar el tiempo lo más que se pueda. Adelante, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Gracias, presidente. Realmente es una pena —en principio— que el Canal del Congreso sea parte de este cerco informativo que hay a los ciudadanos, porque no panea estas imágenes, donde muchos diputados no están presentes. Y dos, también cierran el sonido cuando empiezan los gritos del coro aquí que se manifiesta.

Muchos ciudadanos no saben que de verdad sí hay diputados —me precio de ser— que trabajamos, a diferencia de muchos otros que ya les urge irse, que son muy responsables y que nada más vienen a gritar.

Le agradezco al presidente, porque él sí entiende de leyes. He presentado 10 reservas en este artículo.

Sé que cuando presenté estas imágenes a muchos de ustedes les provocan escozor, porque quisieran hasta más cosas. Pero no, él está muy bien, goza de cabal salud y le mandamos un saludo.

Entrando al tema, la primera reserva que se propone atiende a una adición en el artículo 41, segundo párrafo, base segunda, reforma que sinceramente dudo que hayan leído y menos aún comprendido, sobre todo aquellos diputados coristas, y en general, porque van a presentar más al rato unas iniciativas queriendo decir: aquí la participación ciudadana se prende y hasta la consulta popular y la iniciativa popular. Todo va a querer aparecer aquí este Congreso, pero miren las incongruencias.

Para ir más allá del discurso demagógico que se proclama a favor de las candidaturas independientes, la base segunda del párrafo segundo del artículo 41 constitucional establece que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

En un afán de fortalecer el discurso a favor de las candidaturas independientes, se propone una adición al párrafo en comento para que se establezca la garantía de los candidatos independientes para acceder a un financiamiento público básico para gastos de campaña. Ello sin lugar a duda es imprescindible para una competencia con cierto grado de equidad con los partidos políticos y sus candidatos.

Diputados y diputadas, una reforma legal puede obstruir la exigibilidad de los derechos ciudadanos. La partidocracia que fomentan debe dar paso a condiciones mínimas para garantizar la participación de los candidatos ciudadanos.

En otra reforma a este mismo artículo, la base III, apartado A, inciso a), en esta reforma se enfoca una adición en el dictamen presentado, que propone que en el periodo comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el 50 por ciento de los tiempos en radio y televisión se destine a los fines propios de las autoridades electorales y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establece la ley.

La modificación que proponemos elimina la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos en el periodo de tiempo que existe entre la conclusión de precampañas y en el inicio de las campañas electorales, conocido como periodo de intercampañas. Ello para abonar a una contienda más equitativa de los candidatos ciudadanos quienes no solo competirán con los candidatos de los partidos políticos, sino contra las propias estructuras partidistas.

La publicidad de mensajes genéricos de partidos políticos en el periodo de intercampañas genera una publicidad inequitativa que favorece a éstos. Por ello, más allá de la demagogia de los partidos de estar de acuerdo con las candidaturas independientes, se presenta para favorecer en el siguiente proceso electoral la viabilidad de las candidaturas independientes con actos equitativos.

Diputados, presentamos otra reforma donde ustedes en la reforma política dicen apoyar candidaturas independientes. Sin embargo no establecen bases mínimas que garanticen la viabilidad de las mismas.

Acorde con esta reserva que presenté anteriormente, proponemos modificar el artículo en el inciso E también de este dictamen, con el objeto de establecer un porcentaje mínimo de tiempo en radio y televisión para la promoción de campañas de candidatos independientes.

Por ello, la modificación consiste en que el tiempo establecido como derecho de los partidos y en su caso los candidatos independientes se distribuyan conforme a lo siguiente: el 50 para los partidos políticos, de acuerdo a los resultados de la elección de diputados federales inmediato anterior, el 35 restante en partes iguales entre los demás partidos y el 15 por ciento restante se le asigne a los candidatos independientes.

Con esa modificación cambiarían las condiciones para la demagogia de apoyo a candidaturas independientes, y se dé un paso en la construcción mínima de equidad. Su voto confirmará la estafa política, la mentira y la demagogia en el apoyo a la viabilidad en las candidaturas independientes.

En el apartado B, segundo párrafo, estamos proponiendo que los medios de comunicación se han convertido en factor determinante en campañas electorales, si no pregúntenle a Peña Nieto. Los medios que desempeñan sin controles institucionales y legales se convierten en factores que inciden en la equidad de las campañas electorales.

En nuestro país no se garantiza una actuación legal del uso de los medios de comunicación, por más derecho de réplica que al rato vayamos a aprobar aquí. Muestra de ello son las recurrentes resoluciones que revocan sanciones o disminuyen montos en las multas que el IFE ha impuesto a través de los procedimientos especiales sancionadores en los procesos electorales del 2008 al 13.

Con esta modificación que se propone en este apartado, en este segundo párrafo, establecemos que el Instituto Nacional de Electores podrá adquirir tiempo en radio y televisión con el objeto de garantizar tiempo básico en las campañas de los candidatos independientes y hacer posible el acceso de éstos a medios de promoción de campañas.

En otra reforma en este mismo artículo, en el apartado D. Miren, aquí dice el dicho popular que palo dado ni Dios lo quita. Y la reforma política que han presentado, de acuerdo al contenido de las reformas al 41 en este artículo y al contenido del artículo Segundo transitorio —fíjense lo que están haciendo, es muy importante— el Congreso de la Unión deberá legislar para crear una ley general que regule los partidos nacionales y locales, una ley general que regule los procedimientos electorales, una ley general en materia de delitos electorales y las reformas procedentes a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En consecuencia, este reformón que están haciendo, de gran calado, tiende a eliminar el Cofipe, en particular la reforma que se presenta en el artículo 41, segundo párrafo, base III, del apartado D, que tiende a desaparecer el procedimiento especial sancionador.

En el Cofipe vigente, la finalidad de este procedimiento es determinar de manera expedita la existencia y responsabilidad en materia administrativa electoral, mediante la valoración de medios de prueba e indicios, cuando se denuncie la comisión de conductas que contravengan normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos en el Cofipe, violen disposiciones constitucionales relativas a medios de comunicación social o difusión de propaganda de servidores públicos, constituyan actos anticipados de precampaña o campaña y por irregularidades o incumplimiento sobre prerrogativas y tiempos disponibles para partidos y autoridades en radio y televisión.

La Secretaría del Consejo General recibe la denuncia y la examina junto con las pruebas aportadas. Si la Secretaría del Consejo General considera necesaria la adopción de medidas cautelares las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro de las siguientes 48 horas, y esta reserva que se presenta tiene como objeto garantizar la permanencia de dicho medio de control de la legalidad en el ámbito administrativo.

Además de ello, establecer la facultad del instituto electoral para disponer del tiempo en el cual se pueda resarcir el daño ocasionado por la irregularidad o violación de los procesos electorales.

Hace un rato, cuando en la Comisión de Gobernación debatíamos este tema del derecho de réplica, un diputado decía: es que ahí está garantizado. Creo que el diputado ni se ha dado cuenta que van a tener que hacer un nuevo Cofipe, unas nuevas leyes y han desbaratado el sistema electoral. Por eso Woldenberg tiene razón de que están haciendo —él lo dice de una manera muy elegante— que están haciendo una muy mala reforma electoral.

Si le quiere aclarar a esa diputada, que me da mucha pena que no sepa de los procedimientos, presidente. Son 10, pero aclárele a la diputada, porque es penoso que no sepa de procesos.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El diputado Huerta está desahogando 10 reservas. Proceda, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, presidente, usted sí sabe. En el artículo 41, segundo párrafo, base V, apartado A, párrafo cuarto, estamos diciendo que en las campañas electorales los partidos y candidatos de oposición de los gobiernos en turno se enfrentan a notarios públicos que se niegan a dar fe de hechos que constituyen infracciones a las leyes electorales y delitos en contra de los procesos electorales por los compromisos que tienen con los órganos de gobierno.

Los candidatos quedan en estado de indefensión al carecer de la fe de hechos como medio de prueba para sus denuncias contra los actos que corrompen la competencia electoral.

Esta reserva a este artículo tiene como objeto el garantizar en todo momento la fe de hechos que soliciten partidos y candidatos en el proceso electoral por parte de la nueva figura de oficialía electoral que se propone.

Las reservas que presentamos en el mismo artículo, párrafo cinco, inciso a), es el artículo 3o. constitucional en su parte programática. Refiere a la democracia, no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es obvio que aquí estamos en retroceso en todo esto, pues dadas las condiciones objetivas.

Ello refiere no a las mayorías automáticas de las que habló Peña Nieto. Con ello muestra sus carencias de estadista, puesto que no construye consensos, no abona a la vida democrática y cultura de la legalidad garantista. Él es de confrontación, él es de choque, él es de tritúrenlos.

Las mayorías formales imponen, no razonan. Veamos un ejemplo. Las objeciones que en el dictamen de las comisiones unidas en el Senado presentó el senador Javier Corral, del PAN, mejorar el diseño de varias disposiciones del dictamen del Senado. Falta oficio político, falta honor en el compromiso, elementos que no se dan por el origen ilegítimo del gobierno.

La propuesta de reforma que presentamos a través de esta reserva tiene como objeto romper con la cultura política de la imposición y del control en la designación de los titulares de los órganos constitucionales autónomos. Ello beneficia al país.

El origen de los candidatos para ocupar el cargo de consejeros electorales —que aquí todos saben que la Cámara está en falta, que deberían inclusive, de estar ya con medidas de apremio, sobre todo para los de la Jucopo que controla el PRI— deberán ser propuestos y contar con el aval de las instituciones de educación superior de este país, origen que garantizará propuestas con reconocimiento público en su desempeño profesional y laboral, en abono a la autonomía e imparcialidad con la que deberán conducirse y no estárselas jugando casi a volados, como si fueran gelatineros. Y obviamente siempre con trampas, porque hay los partidos mayoritarios que meten 10 y los chiquitos que meten uno y una mano santa que insacule, ya sabrán quién va a ganar.

En la antepenúltima reforma que presentamos, que proponemos al apartado A, párrafo cinco, inciso b), de esta misma base y artículo, proponemos la autonomía del comité técnico en sus decisiones y en la determinación de los métodos de evaluación que aplicará a los aspirantes que concurran a la convocatoria pública que emita la Cámara de Diputados para la designación de consejeros electorales, observando en todo momento que se dé en principios de imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad y máxima publicidad.

Mantener las condiciones actuales determina la construcción de propuestas a través del consenso de la Junta de Coordinación Política, sostiene la política de las mayorías formales que devienen en la imposición y el agandalle. Muestra de ello es el estado que guarda la designación de las vacantes del Consejo General del IFE.

En éstas, me interesa destacar que estamos haciendo una última propuesta para prohibir la transferencia de votos entre los partidos. Ya hubo un diputado que me antecedió que argumentó ello, porque forman parte de una coalición y de esta manera el PRI les da el umbral mínimo de votación y así se completa con plurinominales y siempre hacen trampa de los adláteres y de que son de otro partido, pero ya ven cómo traen ahí a los del Verde. O ya no sabemos si Televisa trae a todos, pero bueno.

El chiste es que hay este trasvase de votos en detrimento de... Sé que el diputado Angulo comprende mucho del PAN, de lo que aquí estamos diciendo y seguramente podrá aclarar o no lo que estamos aquí argumentando. Cuando menos veo que le echa ganas y si no nos lo dirá. Y decirles que estamos aquí muy bien y de buenas por la salud de Andrés Manuel, de lo demás sabemos que no les interesa, ustedes ya vienen con la consigna que les dieron, ya les urge irse. Espero que esto a algunos de ustedes que están atentos les haya servido para refrescar este debate, que se den cuenta de lo que están proponiendo...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Huerta, permítame. Sonido en la curul del diputado Carlos Angulo.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Si se me permite al terminar el señor diputado Huerta, subir a la tribuna por alusiones personales.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Cuando concluya el diputado. Le ruego concluya, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Culmino. Gracias, presidente. Decir que estamos hablando a los ciudadanos que están interesados de buena fe en este debate, que sepan que en la verdadera oposición sí estudiamos y leemos, no somos como otros, y que estamos al pendiente cuando menos de denunciar las atrocidades que están cometiendo también en la materia. Están desbaratando el sistema electoral. Están generando un engendro, que luego ni ustedes mismos van a comprender.

Ya en el próximo debate, las próximas leyes vamos a ver, o de esta misma ley en otro artículo, porque—culmino con esto— esto de la reelección los tiene muy entusiasmados a ustedes. Ya como son las navidades piensan en la piñata y piensan que va a haber pluri para todos. Pero no, esto no va a ser así y luego se los vamos a explicar ya con más oficio, en una clase del punto que sigue. Muchas gracias. Buenas noches.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Huerta Ladrón de Guevara.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a don Ricardo Alegre, invitado por el diputado Alfredo Botello Montes. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Angulo, para responder alusiones personales.

Sonido en la curul del diputado Tomás Torres Mercado. Dígame diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): Ha otorgado usted ya el uso de la palabra al diputado Angulo. Quiero reiterarle —y además reconociendo su diligencia y su capacidad en la conducción de ésta y de todas las sesiones, solamente para que no rompamos el orden y el normal desarrollo de la sesión— que lo que el diputado Ladrón de Guevara ha hecho es presentar una reserva que no está a discusión, estimado presidente. Le ruego a usted, no solo por práctica parlamentaria sino por apego al Reglamento, que no abramos a discusión algo que no está a discusión.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tomo nota puntual de su comentario. Le voy a preguntar al diputado Ricardo Mejía con qué objeto, me pide la palabra. Le ruego sea breve para que el diputado Angulo responda alusiones personales y continuemos con el desahogo de las reservas. Dígame, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Con relación al comentario que hizo quien me antecedió. Precisamente para eso era la dictaminación en la Comisión de Puntos Constitucionales, para ejercer la calidad de Cámara revisora y poder enriquecer la propuesta de reforma política. Si no se permitió y no se quiso, me parece un exceso que ahora tampoco en el pleno se permita que haya solicitud de adiciones, como fue el caso por ejemplo del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Me parece que no hay calidad moral para ahora pedir que se restrinja aún más todavía las propuestas, ya que no hubo oportunidad de hacerlo en la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Les ruego que continuemos con esta sesión. Proceda, diputado Angulo.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:Gracias, presidente. En respuesta a la alusión de mi compañero Huerta Ladrón de Guevara, quiero mencionar dos cosas muy importantes que se deben tomar en cuenta.

El diputado Huerta Ladrón de Guevara hizo una cadena de objeciones relacionadas con la minuta que mandó el Senado y quiero aludir a dos muy importantes. La primera es que debemos evitar caer en la misma incongruencia que otras Legislaturas han tenido de generar una cuota de partido ahora en un instituto nacional electoral.

Cuando tenemos la Junta de Coordinación Política inmiscuida en la primera etapa de evaluación de los que van a ser consejeros ciudadanos del Consejo General del ahora aprobado INE, que va a tener una injerencia nacional en procesos electorales locales tanto a nivel municipal como de los estados y los federales, si llegamos a caer de nueva cuenta en la tentación de introducir cuotas de partidos en ese consejo general vamos a llegar a tener un desastre electoral a nivel nacional.

Es muy importante que evitemos esa situación para que no suceda ese desastre electoral que puede, verdaderamente, desquebrajar la estructura democrática de este país. Eliminar en esa parte de la selección a la Junta de Coordinación Política y nada más cambiarla a que la Junta de Coordinación Política pueda tener una injerencia de veto a los que salgan designados, y probablemente añadir un órgano adicional como el IFAI en lugar de la Junta de Coordinación Política más ese veto, pudiera dar una muy buena solución.

Finalmente, se nos ha criticado mucho de que con la reelección tenemos todavía inmiscuidos a los partidos políticos que tienen una estructura cupular en muchos de los partidos políticos para designar a los candidatos, y ya no queda a la conciencia y decisión de los ciudadanos electores, sino de las cúpulas el que se vuelva a postular a ese candidato o candidata que se quieran reelegir.

Sería extraordinario que en la alusión del diputado Huerta Ladrón de Guevara, del artículo Segundo transitorio de esta minuta en comento, pudiéramos tener esa alusión perfectamente bien establecida a que los partidos políticos, en la ley de partidos políticos que se va a crear, tuvieran una resolución democrática en ese sentido. Pudiera ser en la ley secundaria el establecimiento de elecciones primarias.

Muchas gracias por esta oportunidad, señor presidente. Y se los pongo a consideración compañeras y compañeros. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Carlos Angulo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desechan. Tiene el uso de la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva relativa al artículo 41, fracción III, apartado D. El diputado va a presentar tres reservas en un solo acto. Adelante, diputado.

El diputado Catalino Duarte Ortuño:Con el permiso del pleno. Se han hecho varias acusaciones aquí, entre diputados y diputadas. Algunos sostienen que ésta es la reforma política que el pueblo de México requiere y que es de urgente u obvia resolución.

Quiero comentarles y dirigirme al pueblo de México, principalmente a mi estado, a Guerrero, a la Tierra Caliente. Cuando Acción Nacional llegó a la Presidencia de la República, Vicente Fox y Felipe Calderón asumieron el compromiso de reducir la pobreza en este país y trabajar duro para cuidar la seguridad de los mexicanos. Casi fue la misma estrategia de Enrique Peña Nieto, seguridad, seguridad y más seguridad.

Y le pregunto a Vieyra, que vino aquí y dijo: es de urgente u obvia resolución la reforma política, porque así lo está pidiendo el pueblo de México. Pero le digo a ese diputado, que lleva más menos 20 años —termina de ser diputado federal y se va a senador, y de senador se regresa a ser diputado federal— si tiene el soporte, si tiene una encuesta para demostrar que el pueblo de México le está pidiendo la reforma política y que es de urgente u obvia resolución. Les demuestro que no.

El pueblo de México lo que quiere —Silvano, mi coordinador— es seguridad en Michoacán, quiere seguridad en Guerrero. Y también le digo al coordinador, con mucho respeto, del Partido Revolucionario Institucional, que esta reforma política lleva dedicatoria, porque al parecer igual, de senador a diputado federal y se regresa. Y no han podido reducir la pobreza en este país.

En la plataforma que dejó aquí Ladrón de Guevara nunca dijeron que venían por la reelección. Dijo Peña Nieto: voy a reducir la inseguridad.

Voy a invitar —como lo dije en el reforma laboral— que me acompañen los coordinadores de las fracciones parlamentarias a mi distrito y puedan dar fe si bajó la inseguridad, si tenemos empleo, por eso es más urgente la seguridad de los mexicanos que esta reelección que han acordado Acción Nacional y el PRI.

Nos quieren confundir, pero los mexicanos y las mexicanas tienen claridad. Acción Nacional ha buscado por todos los medios la reelección. ¿La ha logrado? Sí, a cambio de apoyar al PRI para entregar lo poco que queda de un recurso que es de los mexicanos y que es de las mexicanas, nuestro petróleo. Eso es lo que quiero decirle al pueblo de México.

Y van a votar juntos, Acción Nacional y el PRI, para sacar la reforma energética. Termino, señor presidente...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Les recuerdo que el diputado está presentando tres reservas en un solo acto. Continúe, diputado.

El diputado Catalino Duarte Ortuño: Y el que quiera opinar, que suba a tribuna, aquí está. Hay compañeros nuestros que dicen que ésta es la reforma que esperaba el país. Pero no, los han chamaqueado a algunos. Les han dicho, les han prometido migajas, algunas acciones de gobierno, a otros gubernaturas, senadurías. No les va a cumplir Acción Nacional ni el PRI.

Ahí está el Pacto por México, del cual —lo debo decir— yo me debo a mis electores. No tengo compromiso con nadie. Mi dirigente nacional dice: me voy del pacto. También lo chamaquearon.

Un dato más —y si tienen argumentos los de Acción Nacional, los del PRI, que suban— En la reelección le colocaron un candado, solamente se pueden reelegir por el instituto político que los postuló y por la coalición, ¿qué buscan? Esas curules.

Le quisiera preguntar al pueblo de México si están de acuerdo que los plurinominales sigan en su poder. Es más, los que van al Senado y regresan a la Cámara, los van a jubilar con esta reforma, con esta reforma van a salir con bordón.

Paso a otro tema y termino. No quieren debatir, presidente, déjelos. Toda la semana pedí subir a tribuna y hasta allá mis vecinos me lo han impedido.

En la reforma se establece en el artículo 41, apartado D, fracción III, la facultad del Tribunal Electoral sobre procedimientos especiales. De manera precisa en lo particular no comparto la propuesta, porque se deja al Instituto Nacional Electoral sin facultad coercitiva, solo para trámites administrativos.

¿Qué vamos a hacer cuando algún candidato o algún partido político consideren que le están violando sus derechos electorales o se excede en los gastos de campaña? El instituto no puede hacer nada, porque así lo está proponiendo Acción Nacional y el PRI, y le mandan la facultad al Tribunal Electoral del Poder Judicial.

Y óigase bien, el tribunal tiene sus propias disposiciones legales en lo cual si yo fuese candidato primero voy a elaborar la demanda, la voy a presentar en la oficialía de partes del tribunal, me van a acordar una fecha para radicar, después para contestar; cinco años se van a llevar en este juicio. Y finalmente en el proceso electoral ya se afectó al compañero y a la compañera. Por eso proponemos que tenga la facultad coercitiva sancionadora el Instituto Nacional Electoral.

Termino, señor presidente. Le pagan bien, no se desespere. Tranquilícese. Usted quería ser diputado federal. Cuántos mexicanos no quisieran ganar lo que usted gana.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado, le ruego concluya su intervención.

El diputado Catalino Duarte Ortuño:Termino. Se establece en el artículo 76 lo que tiene que ver —con esto cierro— con la autonomía del Ministerio Público.

Aquí vino una diputada —ya no sé de qué partido es, yo la conocía en mi partido, ya recorrió todos los que existen, va a terminar en Morena— a decir tendremos justicia pronta y expedita.

Cómo vamos a tener una justicia pronta y expedita si no tenemos en realidad —suba, diputado, no me grite, suba— en esta reforma política autonomía plena del Ministerio Público por una razón: Le dan facultad al presidente de la República para intervenir en su designación y remoción.

Señor presidente, ¿dónde está lo que muchos dicen la división de Poderes? Quisiera que los letrados de Acción Nacional y del PRI pudieran demostrarme jurídicamente, técnicamente, que la reforma sí contiene la autonomía del Ministerio Público. Que lo demuestren. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desechan. Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 41, fracción V, apartado A, suprimiendo el inciso E).

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se erige como el tribunal máximo del país. Su función es la de encabezar el ejercicio jurisdiccional nacional y representar de forma directa el Poder Judicial.

En la teoría de la división de Poderes se ha contemplado que el Judicial sea un Poder separado de la influencia política, correspondiendo a sus decisiones el estricto apego a la Constitución y las normas generales, constituyéndose como el único Poder al que corresponde alta especialización.

Igualmente es deseable que tal ejercicio jurisdiccional se erija como independiente de la política con el objetivo de evitar la influencia que pudiera afectar la imparcialidad que deben observar las resoluciones de carácter jurisdiccional.

En este sentido carece de fundamento teórico y práctico que la Suprema Corte de Justicia participe en el método de elección de consejeros integrantes del Instituto Nacional Electoral, pues se involucraría en un procedimiento de carácter distinto al jurisdiccional, desvirtuando las funciones que ejerce y la propia naturaleza del órgano.

Ahora bien, es de reconocerse que en los últimos años el procedimiento de elección de los consejeros integrantes de la autoridad electoral ha sido complicado, precisamente por la falta de acuerdos políticos y por el hecho de que la regulación respectiva no contempla en caso de que los acuerdos no ocurran.

Sin embargo el hacer partícipe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un mecanismo de insaculación, resulta innecesario cuando ya se contempla que el mismo sea efectuado en el pleno de la Cámara por el comité consultivo, vinculando a las autoridades para que ello ocurra.

Por ello se propone eliminar el inciso E) del apartado A de la fracción V del artículo 41, para cerrar el procedimiento en la insaculación de los candidatos que se haga en el pleno de la Cámara.

La verdad me sorprende, me sorprende aún más que se decida que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que designe a los consejeros del INE, cuando en esta Cámara de Diputados lo que más prevalece son los acuerdos políticos, y lo acabamos de ver el día de hoy precisamente en esta minuta.

Y aun cuando puedo estar de acuerdo en el contenido de las modificaciones que sufrió esta minuta, no por eso voy a dejar de decir que se violentó el Reglamento de la Cámara de Diputados, porque aunque esas modificaciones a la minuta se presentaron en su fundamentación como reservas, fueros incluidas en la misma antes de la votación en general.

Claro que hay acuerdos políticos, por lo mismo solicito la eliminación de este inciso, porque no hay razón de ser. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Zuleyma Huidobro. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 41, fracción V, apartado A. El diputado ha solicitado cinco minutos para desahogar cuatro reservas. Adelante, diputado.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, voy a intentar concretar cuatro reservas sobre las cuales quiero llamar la atención de esta asamblea.

En primer lugar quisiera llamar la atención de ustedes sobre la reforma que se pretende hacer al artículo 41 constitucional, apartado A, que tiene que ver con la elección de quiénes integrarán el Consejo General de lo que se pretende denominar Instituto Nacional Electoral (INE).

En el procedimiento para el nombramiento de estos nuevos consejeros electorales se habla de la creación de un comité técnico de evaluación, que habrá de hacer la propuesta de quienes aspirarán a integrar este consejo. Dice que el comité técnico de evaluación se habrá de integrar por tres personas propuestas por el órgano de dirección política de la Cámara, por dos personas propuestas por el organismo garante del artículo 6o. constitucional y, lo que me parece muy grave —y lo digo con mucho respeto— me parece una aberración jurídica, es que dice que también se debe integrar por dos personas propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo digo con mucho respeto, compañeras y compañeros diputados, pero ésta es una incongruencia, porque precisamente en el artículo 102 constitucional y en la Ley Reglamentaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha puesto de manera específica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene competencia, no tiene facultades en materia electoral.

Ahora pretendemos involucrarla indirectamente en temas electorales de tanta complejidad y de tanta trascendencia, como es la integración del comité técnico de evaluación, que habrá de proponer a los integrantes del máximo órgano colegiado del futuro Instituto Nacional Electoral.

Esto es muy grave y mi respetuoso llamado es que lo podamos corregir, que borremos el nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de este comité técnico de evaluación y que, en todo caso, pudiera ser nuestra otra Cámara colegiada, la Cámara de Senadores, la que pudiera hacer esta propuesta.

La segunda reserva que he señalado es en torno al nombramiento del fiscal general de la República, que en el dictamen que se está debatiendo se propone que sea la Cámara de Senadores y me parece que, dado que tiene una representación social y que nosotros somos la Cámara que representa al pueblo, mientras que en la teoría clásica los senadores representan a las entidades federativas, debería de recaer ese nombramiento en esta Cámara de Diputados.

Me parece también una incongruencia el transitorio Décimo Sexto de este dictamen que tiene relación con el nombramiento del nuevo fiscal general de la República y que dice que el procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la presente declaratoria a que se refiere el párrafo anterior quedará designado, por virtud de este decreto, fiscal general de la República.

Estamos en un transitorio dándole un plazo de nueve años para que se mantenga en esa función a quien hoy es procurador y que automáticamente lo convertiríamos en fiscal general de la República. Me parece que no es lo correcto.

Estamos creando un Instituto Nacional Electoral y se está proponiendo que se limpie el Consejo General en el IFE, que se vayan los consejeros del IFE, pero le estamos dando un cheque en blanco al señor Murillo Karam al frente del Ministerio Público federal. Creo que es una situación que deberíamos de corregir y, en todo caso, si es una nueva figura, si desaparece la Procuraduría General de la República, si se establece una fiscalía general, vayamos a un nuevo procedimiento de nombramiento de su titular y démosle la oportunidad a la Cámara correspondiente de que se haga el procedimiento respectivo.

Por último, quisiera señalar lo referente a la fracción IV del artículo 116 constitucional, donde se establece que las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de diputados locales, se harán también el 1 de junio del año respectivo, en concordancia con las elecciones federales. Pero luego hay un párrafo que dice que aquellos estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada no estarán obligados por esta disposición.

Me parece que ese último párrafo es una contradicción a lo que aquí diversos grupos parlamentarios en diversas ocasiones han señalado, de la intención de homologar las elecciones federales y locales, para que solamente tengamos dos días de elecciones en el sexenio: un gran día de elección a la mitad del sexenio y otro gran día de elección en la renovación del Ejecutivo federal, de los Poderes Legislativos federales y en concurrencia con las entidades que así lo dispongan.

Parece que esto es contrario a esta dinámica que se pretende y sugeriría que pudiéramos borrar también ese párrafo del artículo 116, fracción IV. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias a todos y a todas por su tolerancia.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva relativa al artículo 41, fracción V, apartado A, párrafo primero.

La diputada Juana Bonilla Jaime:Gracias, señor presidente, con su permiso. En el derecho electoral mexicano han adquirido carácter de imprescindibles los principios que en el Instituto Federal Electoral y en los institutos locales son los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad. Estos principios encuentran sustento jurídico en la redacción del artículo 41, fracción V, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma que se somete a consideración a este pleno agrega a tales principios el principio de máxima publicidad, principio con el cual se está de acuerdo y sin embargo resulta insuficiente al conjunto de necesidades que durante un proceso electoral se presentan en la contienda por los cargos públicos.

Por ello consideramos que si se agregan nuevos principios al esquema constitucional de máximas garantías, sin duda se debe establecer al principio de equidad como uno de los principios rectores del proceso.

El principio de equidad debe ser incluido, puesto que es un principio básico para otorgar mayores garantías de la actuación del naciente Instituto Nacional Electoral. Esto más allá del trato igual que en su momento el Instituto Federal Electoral otorgó a los distintos candidatos y partidos políticos.

El principio de equidad ha tenido un desarrollo aceptable en los tribunales jurisdiccionales electorales y en muchas sentencias, e incluso jurisprudencia, se reconoce que este principio subyace dentro de todo el proceso electoral, por lo cual proponemos el agregado al artículo 41, fracción V, apartado A, que debería de decir: El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo del Congreso de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley, en el ejercicio de esta función estatal la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y equidad serán principios rectores. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 41, fracción V, apartado A, inciso a).

El diputado Vicario Portillo Martínez:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados aquí presentes, pensar en el México de hoy como una nación pluriétnica es todavía un anhelo. Nuestra Constitución reconoce su composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, sin embargo aún falta un largo camino por recorrer para que la diversidad y las identidades que generan las culturas indígenas que conviven en nuestro territorio participen activamente en la vida nacional.

La sociedad mexicana aún mantiene prejuicios discriminatorios hacia los más de 60 pueblos indígenas y sus comunidades. La mayoría de los mexicanos considera que el país tiene una historia única, desconocen las aportaciones en la historia y en las culturas regionales y nacionales que han hecho y hacen los pueblos indígenas.

La reforma constitucional de 2001 requiere ser profundizada en los diferentes ordenamientos jurídicos transformados por el Congreso de la Unión. La participación de integrantes de los pueblos indígenas en las instituciones del Estado es un imperativo que permite incorporar la visión y perspectiva de los pueblos indígenas en una visión de Estado.

La reforma en materia político-electoral que hemos recibido, aunque importante, es insuficiente. Por ello propongo a esta soberanía una visión al artículo 41, fracción V del apartado A, inciso a), en el que se considere que en el acuerdo emitido por la Cámara de Diputados para la elección del consejo, presidente y consejeros electorales se determine que uno de ellos sea indígena, quedando de la siguiente forma:

La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejo, presidente y los consejeros electorales que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables. En dicho proceso se garantizará la participación y representación indígena como consejero, siendo éste hablante de su lengua materna, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados; dos, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dos por el organismo garante establecido en el texto de esta Constitución.

La incorporación de un representante de los pueblos y comunidades indígenas como consejero del Instituto Nacional electoral será congruente con el reconocimiento de la importancia de la participación político-electoral de los 15 millones de integrantes de estos pueblos. De igual manera, con el reconocimiento de los 28 distritos electorales indígenas considerados por el Instituto Federal Electoral desde el año 2005, como se estableció en un artículo transitorio de la reforma constitucional de 2001.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, los invito a votar a favor de la presente propuesta y continuar haciendo partícipes en la toma de decisiones nacionales a los pueblos y comunidades indígenas de México. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva al artículo 41, fracción V, apartado B, eliminando el párrafo cuarto.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, no quiero ser reiterativo de lo que aquí mi partido, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ha definido respecto a la percepción que se tiene de esa reforma, que no es la percepción que tiene el pueblo de México. Es decir, que esta reforma no es la que quiere el pueblo de México.

Sin embargo, nada más me voy a referir a lo que dice el párrafo segundo del apartado B de la fracción V del artículo 41 de la minuta que se ha presentado al pleno de esta soberanía, contiene la pretensión de que el INE, que también se puede confundir con el Instituto Nacional de Evaluación, asuma mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales en los términos de la legislación aplicable.

Al mismo tiempo, señala que a petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas —en los términos que establezca la ley— podrá organizar las elecciones de sus dirigentes.

En opinión del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, esta disposición agravia al federalismo de que el gobierno hace gala en mencionar en su actuar cotidiano. Adicionalmente, la norma atenta a la soberanía de las entidades federativas, pues su intromisión no es aceptable bajo ningún punto de vista. Más aun, dicha organización no podría ser más que una expresión del centralismo que se supone debemos combatir.

En mérito de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presenta esta reserva que elimina una pretendida decisión que va en contra —como ya se dijo— del federalismo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 41, fracción V, apartado B. Nos informan que la reserva ha sido retirada.

Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Zamora García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 41, fracción V, apartado B, inciso b).

El diputado Alfredo Zamora García:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, estamos frente a una gran oportunidad de aprobar reformas constitucionales que le cambiaran al país la estructura política y con ello —estamos seguros— mayores oportunidades de igualdad, de equidad, de justicia, de desarrollo a todos los mexicanos y, desde luego, mayor certidumbre a nuestro sistema democrático, sin embargo creemos que esta propuesta está incompleta.

En efecto, consideramos que se requiere incluir la segunda vuelta para el caso de la elección presidencial y de gobernadores, con la cual se dará mayor seguridad y confianza a los ciudadanos. Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, vengo a presentar esta reserva.

La figura de la segunda vuelta tiene como objetivo que ante elecciones cerradas y competitivas, que comúnmente se dan en democracias avanzadas, exista una institución que asegure que la votación emitida a favor de un candidato o una candidata sea lo suficientemente representativa, no solo para obtener el triunfo electoral a través de una mayoría, sino también para asegurar legitimidad y estabilidad en el cargo público que va a desempeñar.

Al existir segunda vuelta el elector va a votar en primera instancia por su mejor opción, y después por una segunda, o mejor dicho el voto llamado útil. Por otro lado, la segunda vuelta favorece posturas políticas más centradas, moderadas y cercanas al votante mayoritario.

Las posturas más radicales, que ciertamente tienen derecho a existir en regímenes democráticos encuentran su justa dimensión en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta los dos candidatos finalistas acercarán sus posiciones al punto del espacio político en donde se encuentra la mayoría de los ciudadanos.

Hoy en día la segunda vuelta está presente en la inmensa mayoría de las naciones que, como México, tienen un régimen presidencial. Este proyecto propone que se realice una segunda vuelta solamente en el caso de que el ganador no obtenga en la primera vuelta una votación del 40 por ciento o más y una diferencia de por lo menos 10 por ciento con respecto al segundo lugar.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, estamos seguros que la segunda vuelta para la elección del presidente de la República y de gobernadores —en caso de aprobarse por esta soberanía— dará no solo mayor legitimidad a quien gobierna, sino también dará mayor confianza y certeza a la ciudadanía que ha visto cómo en algunos procesos electorales la descalificación y los conflictos impiden el pleno desarrollo del país.

Esta propuesta, compañeros diputados y compañeras diputadas, es en favor de los y las ciudadanas no en favor de los partidos políticos, por ello, respetuosamente, les pido su apoyo. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Alfredo Zamora. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Esquivel Zalpa. Me informan que la reserva ha sido retirada. Tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva al artículo 41, fracción VI, párrafo tercero y suprimir el párrafo cuarto. Me informa que va a presentar dos reservas en un solo acto.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Tres, si se puede Traigo tres pendientes.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Adelante, diputada. Presentará tres reservas en un solo acto. Muchas gracias.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Gracias. Con la venia de la Presidencia y mi agradecimiento, compañeras y compañeros diputados. En la primera reserva, artículo 41, fracción VI.

En cuanto a las causales de nulidad inmediata de un proceso electoral, el presente dictamen propone que proceda cuando existe un dictamen que acredite de manera objetiva y material la infracción. Asimismo se propone en la minuta que las violaciones son graves, dolosas y determinantes si se excede del gasto de campaña en un 5 por ciento del monto total autorizado.

Sin embargo, el Partido del Trabajo considera que si no existe un control efectivo sobre el dinero que se gasta en las campañas electorales no hay equidad en las elecciones. Para que queden garantizadas las condiciones de real competencia política es indispensable asegurar que las organizaciones participantes en una elección estén en libertad e igualdad de oportunidades para acceder al electorado. Lamentablemente en México esto no es así, el dinero sigue siendo la determinante para ganar las elecciones. En nuestro país gana la elección el que más dinero invierte.

Ahora bien, podríamos hablar de objetividad o imparcialidad en los dictámenes de las autoridades electorales. En 2007, se le asignó al IFE la obligación de fiscalizar todos los recursos a través de una unidad técnica especializada de fiscalización, misma que a la fecha no cuenta con los medios suficientes para vigilar todo el dinero que se invierte en las elecciones, cada una de las entradas, cada una de las aportaciones, ni todos los egresos de los partidos políticos.

Habría que recordar el dictamen del IFE sobre fiscalización del proceso electoral del 2012, en el cual se definió que el candidato presidencial del PRD fue el único que rebasó el tope de campaña. Sorprendentemente la campaña electoral del presidente Enrique Peña Nieto no fue sancionada, a pesar de las numerosas evidencias de su rebase del tope.

Tendríamos que cuestionarnos si es una autoridad electoral, como el IFE, el ente imparcial que debe dictaminar si una elección debe ser anulada por el rebase de gasto de campaña. Esta facultad es fundamental del nuevo órgano que se va a crear ahora en lugar del IFE, el INE —nada más cambió de nomenclatura— se supone que es proteger el voto del ciudadano y asegurar que dicho voto efectivamente se vea reflejado en las autoridades que nos gobiernan. Esto es estar en conflicto con anular la decisión del voto de las personas por causales monetarias.

Por lo tanto, se debe perfeccionar la instrumentación de los mecanismos de control por parte de la autoridad electoral que permitan verificar los topes de gastos de campaña, si fueron efectivamente respetados.

Uno de los aspectos esenciales de toda democracia es contar con condiciones propicias para la competencia electoral, para crear espacios de verdadera representación institucional de mayorías, minorías, grupos vulnerables y las diversas demandas que tiene la sociedad. Se deben crear condiciones de equidad entre ellos, especialmente en las contiendas mediante medidas de distribución de recursos, de tiempos en radio y televisión y el dinero gubernamental.

En este sentido, el Partido del Trabajo se cuestiona, ¿cómo garantiza la presente propuesta que habrá por un lado una fiscalización efectiva del gasto de las campañas por parte de los partidos y candidatos? Y, por otro, ¿existirán mecanismos de equidad entre los participantes de las contiendas? Con el tratamiento que da la minuta a este tema no se resuelven estas interrogantes y por lo tanto los problemas del sistema electoral del país van a continuar.

En tal virtud, en relación a esta reserva el grupo parlamentario propone señalar que existirá una violación grave, dolosa, determinante si se excede el gasto de campaña, sin importar el porcentaje —subrayo el porcentaje— del monto en que se excedió y que la acreditación no dependa de los candados como un dictamen objetivo y material.

La segunda de las reservas es en relación al mismo artículo, el 41, apartado D, que tiene por objeto precisamente el puntualizar y quedaría redactada si se acepta la reserva en los siguientes términos: Las infracciones a lo dispuesto en la base serán sancionadas por el Instituto Nacional Electoral mediante —subrayo— procedimientos expeditos que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones de radio y televisión de concesionarios y permisionarios que resultan violatorias a la ley.

Como está redactado es que se tomarán medidas cautelares y pone la palabrita, nada más la palabrita: podrá el INE. Podrá. Es decir, a su discrecionalidad y gusto cancelar de manera inmediata las transmisiones de radio y televisión, cuando precisamente sean contrarias al ordenamiento que se está aprobando.

Por último, la tercera reserva. Ésta está vinculada con el artículo 102, fracción VI. Es de todos conocido —no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta— que el procurador general de la República no es autónomo, como para poder depender de su decisión el nombramiento de las dos fiscalías especializadas. Sin embargo, en esos términos está en el texto de la minuta que hoy se nos presenta, por cuanto depende directamente del presidente de la República.

Por esas razones, hemos propuesto esta reserva al artículo 102, apartado A, para crear fiscalías especializadas, una en materia de delitos electorales y otra en el combate a la corrupción cuya naturaleza jurídica será la de órganos constitucionales —subrayo— autónomos y cuyos titulares sean designados por la Cámara de Diputados mediante votación calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Se cometen delitos electorales y al final la fiscalía —como ha venido ocurriendo— no consigna las averiguaciones previas, presuntamente porque no hay elementos y delincuentes y quedan, como es la costumbre, en la absoluta impunidad. Con la redacción actual la historia será la misma. No hay ninguna garantía que la situación vaya a cambiar.

En materia de corrupción, hay un indebido manejo de los recursos públicos y los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados no se ejercen en aquello para lo cual fueron autorizados. Los controles internos de la administración pública no funcionan, la Secretaría de la Función Pública menos, y las contralorías internas de las distintas dependencias y entidades no investigan, y cuando finalmente así ocurre solo dan los procedimientos disciplinarios internos pero no denuncian ante los ministerios públicos.

Por ello consideramos que dos fiscalías especializadas totalmente —vuelvo a subrayar— autónomas, sí serán capaces de conocer, investigar y, en su caso, ejercer acción penal ante los tribunales sosteniendo las acusaciones ante los mismos, sin esperar consignas políticas u órdenes de nadie.

Compañeras y compañeros legisladores, si efectivamente se tiene la voluntad —subrayo— política de transitar a un sistema de procuración de justicia verdaderamente imparcial estoy segura que aprobarán esta propuesta. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Loretta Ortiz Ahlf. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Pido a la Secretaría que dé cuenta de la reserva recibida.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Artículo del decreto, dice:

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se admite a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se acepta.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si el asunto se acepta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se acepta. Se incluye al dictamen y se reserva para su votación posterior.

Tiene el uso de la palabra el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 41, fracción VI, párrafo tercero, inciso a). También presentará la reserva relativa al artículo Séptimo transitorio. Presentará las reservas al artículo 41 y al artículo 89.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:En este sentido, reiterar que teníamos más reservas adicionales. Por petición de nuestros compañeros hemos retirado varias. Igual, presidente, quiero solicitar retirar el artículo 41 y solamente voy a hablar del artículo 89, por la importancia que creo que reviste esta reserva. En el artículo 89, que es una de las facultades exclusivas del presidente de la República y en el supuesto de que él optara por un gobierno de coalición, con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, esto tiene relevancia desde nuestro punto de vista.

Dice: El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

Es decir, si los senadores representan al Pacto Federal, representan a los estados de la República. Estamos planteando que sea por el Congreso de la Unión. Es decir, nosotros que como diputados, por supuesto que en teoría somos quienes representamos al pueblo, no podemos ser excluidos de una decisión de tal relevancia, en el supuesto de que hubiese un gobierno de coalición.

Por eso considero que todas las diputadas y diputados debemos defender ese espacio de derecho que tenemos nosotros y que en cualquier país del mundo este tipo de gobiernos de coalición pasan forzosamente por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. En ese sentido sería mi reserva, señor presidente. Muchas gracias por la atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Silvano Blanco Deaquino. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 41, fracción VI, inciso a) y un párrafo cuarto.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, como usted lo ha referido, son dos reservas que me voy a permitir realizarlas en un solo acto, para lo cual le pido su tolerancia y la tolerancia de la asamblea.

Nosotros estamos bajo protesta aquí en esta asamblea. Nos mantenemos en la sesión participando en la discusión, formulando propuestas de modificación por congruencia. Estamos en esta posición de resistencia a pesar de las múltiples irregularidades y vicios del procedimiento.

He estado atento toda la tarde a la discusión y he escuchado tanta barbaridad jurídica, que hay abogados que sostienen que lo que sucede con esta discusión constitucional es un procedimiento normal, es un procedimiento regular.

Cuánta incongruencia de aquellos que afirman que este proceso simplemente es inédito. ¡No! Es un proceso inconstitucional. Y sostienen estos abogados huizacheros, que traicionan a su escuela de derecho, que basta con que pase al pleno de manera directa para modificar la Constitución.

Hay tanta ignorancia aquí que se aprueban por la vía rápida 30 artículos constitucionales y 21 transitorios. Es digno de Kafka, es digno de que las escuelas de derecho del país puedan analizar con toda seriedad las barbaridades que aquí la mayoría de los legisladores han arrollado, han atropellado, han violado.

Miren, es tanta la ignorancia y tanta la impunidad con la que actúa la mayoría, que por la vía rápida aprueban este método de reforma constitucional sin haber pasado a las comisiones, ya ha sido muy discutido. Pero incluso, sin haber pasado a las comisiones al inicio de la discusión presentan modificaciones a la minuta y no pasaron a comisiones.

¿Quién presenta las modificaciones a la minuta enviada por el Senado? ¿Quién las presentó, si no se reunieron las comisiones? Es inédito, es un procedimiento absurdo, es insólito que los diputados estén aprobando este tipo de reformas tan importantes de manera precipitada y de manera atropellada.

Estas dos reservas que hago son reservas claves que se refieren una de ellos a la determinancia en el tema de la nulidad para aquel candidato o candidata que rebase el 5 por ciento de los gastos de campaña, y que la determinancia consiste en este 5 por ciento de la votación que sea la diferencia del primero o el segundo o el tercer lugar, o cercanos dentro del 5 por ciento.

Quiero decirles que hoy, a un año y medio de distancia, si hubiese existido esta norma, aún cuando el actual Ejecutivo —está demostrado con diversas empresas, estudios serios— la pasada campaña electoral Peña Nieto gastó 4 mil 600 millones de pesos, rebasando el tope de campaña en un mil por ciento. La diferencia entre él y Andrés Manuel López Obrador fue del 6.62 por ciento. Si en ese momento...

Son dos reservas, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Pongan atención, nos tienen sometidos con procedimientos ilegales, violando la Constitución y no tienen el mínimo de tolerancia.

Miren, si Peña Nieto, si volviera a repetirse, si en este momento estuviera vigente este artículo que ahora discutimos, el PRI se hubiera ahorrado la molestia de esconder sigilosamente las facturas de sus gastos reales, pues no habría cometido falta alguna. El artículo reservado pretende permitir el rebase del tope de gastos de campaña en un 5 por ciento de lo establecido y solo se considerará una violación si la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es menor del 5 por ciento de los votos.

Por esa razón, nosotros sostenemos que lo que se gastó en la campaña de Peña Nieto, más del mil por ciento, nada hubiese ganado la ley y la población con este artículo que ahora presumen de mucha novedad. No es ninguna novedad.

A través de éste se va a esconder la impunidad y a través de este artículo se van a generar estas grandes diferencias de dinero ilícito, de televisoras, de empresarios, porque si excede del 5 por ciento de los votos, aunque gasten 5 mil por ciento, se excedan de los gastos de campaña, no habrá sanción alguna para ningún candidato. Es una actitud ingenua de quienes piensen que con esto se va a evitar cualquier tropelía en los gastos de campaña.

Presidente, le solicito incorpore de manera textual las dos reservas, en donde establezco incluso estudios de derecho comparado sobre este tema de cómo las nulidades en todo el mundo existen y aún sin la determinancia se declaran inválidas o nulas las elecciones, e incluso se llega a eliminar, a quitar o a suprimir curules, escaños o representaciones legales, cuando un candidato se excede de los gastos de campaña, sin importar el porcentaje. Puede ser .5, 1 por ciento, 5 o mayor porcentaje. Es una propuesta seria.

Sé que no va a tener posibilidades de éxito, como todo lo que proponemos, y después se nos acusa de que estamos en contra de todo. Es totalmente falso, tenemos argumentos, seriedad y debatimos con altura. Ojalá que ustedes sean recíprocos en nuestros argumentos.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se incorporará en su integridad como usted lo solicita. Gracias, diputado Ricardo Monreal Ávila. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si el asunto se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar reserva al mismo artículo 41, fracción VI, párrafo tercero.

El diputado Germán Pacheco Díaz:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, estamos de acuerdo en gran parte de esta reforma. Hoy estoy aquí porque esta reserva que voy a hacer es una bandera que muchos o gran parte de aquí la hemos llevado en campaña, pero principalmente porque está en la plataforma de nuestro Partido de Acción Nacional y todos los diputados del PAN en campaña lo dijimos.

Coincido con mi compañero el diputado Monreal, si esto existiera hoy —en muchos países existe la nulidad— si esto hubiese existido, hoy no tendríamos el presidente que tenemos en la República.

Para evitar todo esto les voy a poner un ejemplo. En el estado de Guanajuato, los candidatos a diputados del PRI, ¿qué es lo que dicen cuando pierden una elección? Que rebasaron los topes de campaña, que hubo mucho dinero en su campaña.

Lo mismo pasa en mi estado, en Tamaulipas, donde gran parte de este dinero que llega a muchos candidatos, gran parte de ese dinero viene del crimen organizado. ¿Qué hace el presidente? ¿Qué hace el gobernador cuando está en esa silla? Está amarrado de las manos, no hace nada. Y como una de estas pruebas, volteen a ver al estado de Tamaulipas, volteen a ver al estado de Michoacán, volteen a ver al estado de Morelos, volteen a ver al estado de Coahuila.

Por eso hacemos esta reserva al artículo 41, donde los invito, compañeros. No es necesario que rebase el 5 por ciento, creo que con un centavo se debe anular la candidatura a ese candidato.

Por eso los exhorto, compañeros del PRD, compañeros del PT, compañeros de Nueva Alianza o compañeros del PRI, que apoyen ésta que su servidor está presentando. Muchas gracias, compañeros, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Germán Pacheco. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el tablero electrónico, por cinco minutos.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ábrase el tablero, por cinco minutos, para recabar la votación.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputadas y diputados, el objetivo es que las legisladoras y los legisladores puedan votar. Ábrase por cinco minutos.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron a favor 210 votos a favor, 0 abstenciones, 246 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 41, fracción VI, párrafo tercero.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:La tercera es la vencida. Ya el compañero Monreal y el compañero Pacheco lo plantearon y nosotros vamos a insistir. Y aquí están los diputados y las diputadas responsables, porque fue verdaderamente patético cómo salen en tropel, emergen de las catacumbas y cambian el sentido de la votación en un tema que es importantísimo. Sí, en tropel, salen en tropel.

El tema que estamos discutiendo es terminar con la simulación. Que sea una auténtica causal de nulidad de una elección la violación de los topes de gastos de campaña. No esta redacción tramposa, que se pueden violar hasta el 5 por ciento los topes de gastos de campaña y que encima de esa desfachatez tendrá que ser a juicio de los magistrados electorales determinante para el resultado de la elección.

Muchos de los que hemos litigado en materia electoral me darán la razón, que se pueden acreditar violaciones graves, se puede ver cómo se coaccionó el voto, cómo se compraron votaciones, cómo incluso se intimidó mediante la fuerza pública para alterar el resultado de la votación. Pero los magistrados salen con que no fue determinante para el resultado de la votación y, en consecuencia, los pillos y defraudadores electorales ocupan los cargos.

Aquí sin duda la violación de los topes de gastos de campaña altera la equidad en la competencia y altera el sentido de la votación. Por esa razón, lo que nosotros proponemos es que la violación de los topes de gastos de campaña, lisa y llana, sea motivo de nulidad de la elección.

No más fraudes electorales amparados en el derroche, porque quien compra una elección luego endeuda a los estados, a los municipios. Y ahí están los Moreira, ahí están los Granier, ahí están los Yarrington, que violaron los topes de gastos y luego se amparan en la deuda, en sus alianzas con el crimen organizado o de más para financiar las campañas electorales.

Por eso estados completos del país viven en la delincuencia, porque de origen, recurrieron a financiamientos turbios para financiar campañas electorales. Y por eso lo que estamos proponiendo es que en el artículo 41, fracción VI, simplemente quede que quien exceda el monto de tope de gasto de campaña sea motivo de nulidad.

No más a los Monex o los Sorianagate o las simulaciones, las triangulaciones, porque el dinero corrupto corrompe la democracia y corrompe los gobiernos, y corrompe la seguridad pública. Esto es un asunto no solamente electoral, es un asunto de Estado.

Y por eso nuevamente volvemos a insistir en que se obsequie esta reserva para que la violación, lisa y llana, del tope de gasto de campaña sea motivo de nulidad de la elección. Ésa es la propuesta.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Graciela Saldaña Fraire:Gracias. Con su permiso, señor presidente. Voy a hablar, y está dentro del artículo 41, fracción I, II, párrafo tercero; VI, inciso a) y párrafo cuarto.

Quisiera hablar en general en el sentido de que esta minuta de reforma electoral carece de un modelo institucional electoral, genera incertidumbre, contiene imprecisiones y poca claridad a competencias y facultades. Eso es en general esta minuta que nos llegó para revisarla.

Y también en general quiero decir que hay imprecisiones en todas las funciones en instituciones electorales, presupuestos, causales de nulidad. Es decir, no establece claramente el cómo, cuándo, por qué y quién de las elecciones locales, federales, además de la desconfianza en general que va a crear esta reforma electoral.

Diputadas y diputados, señor presidente, la primera reserva del artículo 41, fracción I, que hace referencia al régimen electoral de los partidos políticos y una vez admitidas las candidaturas independientes, también ahí deberían de aparecer las bases de regulación de los candidatos independientes para el acceso a las candidaturas.

Como todos sabemos, las candidaturas independientes son una vieja larga aspiración de izquierda, que viene de formarse de un frente democrático que apoyó Cuauhtémoc Cárdenas, como candidato en 1988. Sin embargo, ningún derecho puede existir sin limitaciones, los candidatos y candidatas ciudadanas deben ser verdaderamente ciudadanos y ciudadanas y apoyados por ciudadanos y ciudadanas y no por estructuras partidarias.

En este momento les voy a decir porqué. Ya que no debe limitarse, permitiría que las estructuras de los partidos políticos operaran a favor de determinada candidatura, poniendo en riesgo la razón de ser, la candidatura independiente, que es el apoyo ciudadano ajeno a los partidos políticos tradicionales.

La propuesta de adición que se hace se basa en esta experiencia clara de la realidad que hoy vivimos en México, para que se garantice que sean los ciudadanos y las ciudadanas que apoyen a los ciudadanos en la postulación de candidatos o candidatas.

Es por eso que la redacción que se propone es la siguiente: Los candidatos independientes no podrán recibir otra prerrogativa que no venga del INE, ni apoyo en especie ni económico de partidos políticos, ni de sus militantes. Los candidatos independientes deberán de recibir el apoyo para postular sus candidaturas exclusivamente de ciudadanos y de ciudadanas. Queda prohibido recibir apoyo de militantes partidarios para la obtención o postulación de candidaturas ciudadanas.

Cabe resaltar que la propuesta no entra en coalición con el resto de las disposiciones constitucionales, sino por el contrario, la armoniza. Al efecto, debe decirse que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de los candidatos y candidatas independientes ha establecido que no pueden ocupar cargos de dirección de partidos y luego pasar a ser candidatos independientes. Es este mismo principio, el que se tiene que maximizar, pensando sobre todo en los estados de la República, en la representación de la verdadera ciudadanía.

Esto va a colación, porque también vengo de un estado, que es el estado de Quintana Roo. Para corroborar lo que aquí estoy diciendo se ha dicho que se pueden consultar los expedientes SXJRC-74-2013 y SXJRC-68-2013 resueltos por la Sala Regional de Xalapa.

El proceso electoral anterior, el gobernador del estado de Quintana Roo modificó la Ley Electoral de Quintana Roo y ordenó a los militantes de su partido, el PRI, para que suscribieran apoyos y supuestamente ciudadanos para que se reunieran las firmas que la ley exigía. Es por eso que es importante que se detalle y que se sepa el riesgo que tienen las candidaturas independientes si no se ponen los candados que obviamente esta reforma no tiene.

En cuanto al artículo 41, fracción IV, en lo referente a las nulidades, debe decirse que se pretende imponer el sistema de nulidades que vulnera la autenticidad de las elecciones hoy vigente en el estado de Hidalgo, un estado totalmente dominado por el PRI. Voy a concluir, porque son varias reservas. Señor presidente, le suplico su tolerancia.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada.

La diputada Graciela Saldaña Fraire: Un estado dominado por el PRI, en el que se ha legalizado el rebase de tope de campañas en un 10 por ciento, diputados y ayuntamientos el 15 por ciento y gobernador como se ha dicho.

Éste es el caso, diputadas y diputados, como es el Grupo de Hidalgo, que quiere imponer a nivel nacional, en los ámbitos federal y local, la norma con la que se han eternizado en el poder al no poder anular elecciones en dicho estado por el derroche de dinero y recursos que se cometen ahora. Con el apoyo del PAN buscan imponer su modelo en todo el país.

Ese modelo si bien formalmente no es inconstitucional, sí es profundamente irracional y profundamente inequitativo, violentando el principio constitucional de las elecciones que deben ser auténticas, ya que propicia que quien rebase los topes de campaña tenga un margen de rebase. Y quien los rebase en exceso y obtenga una ventaja mayor del 5 por ciento quede total y completamente impune. Eso lo pueden checar en el artículo 41 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo anterior, la propuesta de modificación va en el sentido de que no se toleren violaciones a la ley y en todos los casos en que se susciten irregularidades éstas puedan ser causa de nulidad, lo que decididamente inhibirá las conductas ilícitas de los actores en los procesos electorales, sino que solo el hecho de cometer violaciones graves y dolosas daría acción a todos los interesados para pedir la nulidad de elección.

Voy a eliminar el artículo 116, que también ya fue comentado.

Únicamente comento lo que es el artículo 41, fracción II, inciso c), segundo párrafo; 116, fracción IV, inciso h), respecto al rebase del límite del 10 por ciento sobre la representación, ya que establece la eliminación del límite anual del financiamiento privado de 10 por ciento del tope de gasto establecido para la última campaña presidencial para el ámbito federal y de gobernador en el ámbito local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis, con clave de identificación P/J12-/2010 y cuyo título es Financiamiento público, el principio de preeminencia de este tipo de financiamiento sobre el privado es aplicable, tanto en el ámbito federal como el estatal, y señala que la razón fundamental de establecer la preeminencia de financiamiento público sobre el privado se sustenta en la preocupación social de qué intereses ilegales o ilegítimos a través del dinero puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales.

Por lo cual, en la reforma constitucional mencionada, en primer lugar se estableció un nuevo modelo de comunicación entre los partidos políticos y la sociedad basado en diversos ejes, entre ellos el relativo al nuevo esquema de financiamiento público y privado destinado a los partidos políticos. De ahí que se diga que la reforma en lo fundamental no está creando un nuevo modelo de financiamiento ni de comunicación política como en 2007 y, por lo tanto, la eliminación de este límite en combinación con las causas de nulidad aprobadas son básicamente la forma perfecta para crear las condiciones de impunidad que se requieren para que el dinero y no la política sean las que incidan en las elecciones.

Es por eso que se propone se restituyan los límites del 10 por ciento de financiamiento privado total y se garantice con eso prevalencia al financiamiento público sobre el privado.

Concluyo, señor presidente. Peña Nieto y sus aliados están legitimando, a través de estas reformas, la impunidad con la que llegaron al poder. No debemos permitirlo, diputadas y diputados, y acompañarlos ni perredistas ni petistas. Debemos garantizar elecciones auténticas y libres.

El Octavo transitorio. El artículo Octavo transitorio establece una contradicción con lo señalado en el artículo 41, fracción XV, que establece que “el INE estará a cargo en las elecciones federales y locales de la capacitación”, lo que implica un doble gasto, un uso de la doble estructura, ocurriendo lo mismo con respecto a la ubicación de las casillas y designación.

Prevalece el texto constitucional por encima del texto del transitorio. Es por ello que por simple técnica jurídica y para dar claridad al INE, es que se solicita sea derogado. Muchísimas gracias, señor presidente, diputadas y diputados.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Graciela Saldaña Fraire. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 54, párrafo primero, fracción II, incisos a) y b).

El diputado José Ángel González Serna:Con su permiso, diputado presidente. En representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y en especial de los diputados Juan Manuel Gastélum y Germán Pacheco, presento la reserva a la reforma al artículo 54.

En la década de los setentas, Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, ideó la fórmula para que todas las expresiones y minorías estuvieran representadas en el Poder Legislativo: los plurinominales. Hoy los tiempos han cambiado y en muchas ocasiones los espacios plurinominales se han viciado y pervertido y suelen ser un botín de una élite de poder en algunos partidos políticos.

Un diputado de la actual Legislatura comentó: Hubo una razón para que nacieran las plurinominales, misma que creo ha cumplido con sus efectos y que el siglo XXI nos pone frente a otras razones, cuando ya sabemos que la pluralidad en México se refleja perfectamente bien en los resultados de las elecciones.

Y remata: Hoy la competencia electoral es cada vez más intensa y reñida, por lo que los partidos políticos no necesitan ser beneficiados con espacios artificiales en el Congreso de la Unión.

Hablemos de sobrerrepresentación. Estados Unidos de América, con 314 millones de habitantes, cuenta con 535 parlamentarios. Cada diputado representa a 723 mil habitantes. Indonesia, 410 mil habitantes por diputado. Brasil, 377 mil habitantes por diputado. Y así otros muchos países. México, con 112 millones de habitantes, tiene 628 parlamentarios y cada diputado representa solo a 224 mil habitantes.

Hablemos de costo. El gasto proyectado para el Poder Legislativo este año es de 12 mil 381 millones. La propuesta es disminuir 100 diputados y 32 senadores plurinominales. El 20 por ciento de la Cámara de Diputados y el 25 por ciento de senadores. Así, el ahorro al erario público será de 2 mil 200 millones de pesos al año y 13 mil 700 en un sexenio. Nuestro Congreso es uno de los más grandes, obesos y caros del mundo en un análisis proporcional al número de ciudadanos.

Hablemos de congruencia. En la pasada campaña federal electoral todos los partidos políticos expresaron en sus plataformas de algún modo u otro el compromiso de llevar a cabo la reducción de las Cámaras legislativas. El PAN expresó: Propugnaremos por una reducción del número de diputados federales y senadores, a fin de hacer más eficiente el trabajo parlamentario. Plataforma 2012-2018.

El PRI asentó en su documento: Revisar la normatividad electoral relativa a la compensación y magnitud de las Cámaras del Congreso. En ese sentido, es pertinente valorar la reducción del número de legisladores.

Plataforma electoral y programa de gobierno 2012-2018. El PRD suscribió: Reformular la asignación de diputados de representación proporcional para eliminar la sobrerrepresentación.

Plataforma electoral 2012. En los documentos de las coaliciones Unidos por México y Movimiento Progresista aparecen los mismos compromisos que establecieron el PRI y el PRD.

El 17 de mayo del 2012, en Guadalajara, Enrique Peña Nieto propuso eliminar 32 senadores y 100 diputados. En el mismo sentido, sin precisar número, se manifestó el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. 25 de mayo del 2012, Josefina Vázquez Mota, en el mismo sentido, el 4 de abril de 2012, en la ciudad de Ensenada.

Muchos de los de aquí presentes asumimos este compromiso en campaña. El diputado Beltrones declaró en el 2012 al señor Pedro Ferriz de Con, refiriéndose a la reducción de legisladores: La ruta correcta es la reducción y como destino la desaparición de plurinominales. Enfilar el barco hacia un puerto estable que puede ser el tener solamente legisladores electos directamente.

Aquí están los compromisos y declaraciones de prácticamente todos los partidos e importantes líderes políticos. Si este Congreso es congruente con el análisis de los anteriores argumentos, deberemos de votar a favor de esta reserva a la reforma al artículo 54. Es todo, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias diputado José Ángel González Serna. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 54, fracción II.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy quiero apelar a la congruencia, a la congruencia del PRI con sus propias iniciativas, a la congruencia del PRD con su plataforma y a la congruencia de mi partido con nuestra plataforma de campaña y nuestras propuestas históricas.

Por ello, someto a su apreciable consideración esta reserva al artículo 54, con el objeto de reducir el elevado número de integrantes del Congreso de la Unión. Fue en esta misma tribuna en donde la diputada Patricia Retamoza Vega presentó una iniciativa para desparecer 100 curules y 32 escaños. Fue en esta misma tribuna en donde varios priistas connotados firmaron y apoyaron la reducción del Congreso para disminuir costos y para agilizar el trabajo legislativo.

La iniciativa del PRI dice, cito textualmente: Se atendería a la preocupación ciudadana por el elevado precio de la democracia y se reducirían los costos de los órganos de representación, al ser 100 diputados y 32 senadores menos al erario público. Es decir, los contribuyentes se ahorrarían las dietas y prestaciones, espacios de oficina, viáticos, numerario del personal de apoyo y asesores, obteniendo adicionalmente una mayor eficiencia y gobernabilidad de las Cámaras. Concluyo la cita.

También los tres candidatos presidenciales principales en la elección de 2012 se comprometieron a reducir el Congreso y hoy es cuando podemos ser congruentes con dichas propuestas.

Vamos a convencer con hechos, no con palabras. Es una idea que surge de los ciudadanos. Ciudadanos a quienes todos nosotros representamos. Estamos aquí y hoy tenemos la oportunidad de consolidar sus peticiones con honestidad, con responsabilidad, con congruencia y con respeto hacia ellos.

Hemos escuchado las voces de comunicadores como Pedro Ferriz, Joaquín López- Dóriga. Hemos escuchado la voz de académicos, como Javier Aparicio y Javier Márquez, y hemos escuchado a más de 4 millones de mexicanos libres y sin acarreo, expresar su inconformidad y deseo por ver un Congreso más eficaz y con menos legisladores.

Compañeras y compañeros diputados, esta reserva similar a la presentada por mi compañero Homero Niño de Rivera, pide las características básicas que cualquier legislador debe tener, congruencia.

Démosle a los mexicanos lo que hoy demandan. Escuchemos las voces que hemos ignorado durante años y, reitero, seamos congruentes. Dejemos atrás la simulación y entendamos que la sociedad nos está pidiendo una sensibilidad distinta.

Reitero, es tiempo de ser leales con aquellos que votaron por nosotros, es tiempo de ser leales con la opinión pública y es tiempo de ser leales con México haciendo un Congreso en la medida de las necesidades de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Marcelo Torres Cofiño. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha.

Sonido en la curul del diputado Homero Niño de Rivera. Dígame diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela(desde la curul): Gracias, presidente.

Considerando que —como bien dijo mi compañero diputado Marcelo Torres— es una propuesta de campaña de Peña Nieto, firmada ante notario público, estoy seguro que en esta reserva muchos compañeros diputados del PRI la van a votar con nosotros.

Le pediría que abriera el tablero de votación, y que incluso el presidente Peña Nieto pueda ver quién sí lo está apoyando en su propuesta de campaña.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. El asunto ya se ha sido votado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva relativa al artículo 54, derogando un artículo.

Sonido en la curul del diputado Monreal. Dígame diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, le quiero expresar a la asamblea que de manera personal coincido con la reducción y coincido con esta posición política, lo que me extraña y me preocupa es la simulación. Si el PRI y el PAN fueron los que acordaron esta reforma política, ¿por qué sus jerarcas o cúpula política no negociaron la reducción de los plurinominales o de la Cámara? Es solo simulación, repito, es la República de la hipocresía.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Monreal. Adelante, diputado Marcos Aguilar Vega.

El diputado Marcos Aguilar Vega:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. En nombre de los diputados Damián Zepeda y del diputado Jesús Oviedo, me permito presentar una reserva que trata un tema de interés de millones de mexicanos, se refiere a la composición del Congreso de la Unión.

En México existe un Poder Legislativo federal compuesto por un sistema bicamaral. Por un lado tenemos a la Cámara de los Senadores, que representa a los estados de la República, en el marco de un Pacto Federal, con 128 integrantes, 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 plurinominales. Por el otro tenemos a la Cámara de Diputados, que representa los intereses del pueblo de México, con 500 integrantes, 300 de mayoría relativa y 200 plurinominales. La composición del Congreso de la Unión en México es obsoleta y una figura política en particular la empaña, me refiero a la figura de los plurinominales.

Déjenme compartir con ustedes algunos datos. En 1977 se crea la figura del diputado plurinominal, atendiendo a dos premisas que dieron justificación para la creación de 100 espacios en esta Cámara de Diputados. El primero de ellos fue la representación de las minorías. El segundo, que hombres y mujeres impopulares, pero intelectualmente preparados pudieran acceder a los espacios de representación popular.

Al respecto, me permito hacer la siguiente reflexión. El concepto de minoría que corresponde al primero de los argumentos no está definido aún a esta fecha en la legislación electoral mexicana. Inclusive de forma equivocada ha sido asociado y confundido con la denominación de partido minoritario, que en la especie son cosas distintas. El primero se refiere a la parte de la población de un estado que difiere de la mayoría de la misma, por razón de raza, lengua, religión u otra causa. El concepto de partido minoritario se refiere al instituto político que se encuentra en una minoría numérica respecto a los demás, porque así lo decidió la población con su voto.

En cuanto a hombres y mujeres preparados, pero impopulares ante la población para acceder al cargo de representantes populares a través del voto de los ciudadanos, está de sobra decirlo, el espíritu del Constituyente de 1977 ya no existe. Hoy en México son contados los plurinominales que cubren ese perfil. La figura ha sido pervertida por muchos que no cuentan con esos atributos. Los ciudadanos lo saben, por ello el reclamo nacional.

En 1986 la clase política, a través del Constituyente Permanente, les dio otro golpe y la espalda a los mexicanos, al incrementar de 100 a 200 plurinominales en la Cámara de Diputados.

Me pregunto, ¿surgieron nuevas minorías en México? ¿Habrá más personas preparadas que deberían ocupar un espacio? La respuesta es que la clase política voraz encontró un camino para acceder al poder sin comprometerse con el ciudadano de forma directa.

Peor escenario vive el Senado de la República. En 1996 se creó la figura de los senadores plurinominales, con la que se rompe la esencia del Pacto Federal representado en el Senado de la República. Hoy cada estado de la República tiene tres senadores, dos por el principio de mayoría relativa y un senador por el principio de primera minoría.

El equilibrio se rompe con los plurinominales. Hoy tenemos estados de la República que se ven beneficiados con más senadores, desnaturalizando completamente el modelo, al existir una sobrerrepresentación en algunos de ellos.

Los ciudadanos nos exigen un Poder Legislativo con representantes que ocupen estos lugares porque fueron electos con su voto. Quieren representantes comprometidos con ellos y sus causas, no con las cúpulas de los partidos políticos, como en la actualidad ocurre en algunos casos. México y nuestra gente quieren un Congreso que los represente a todos, un Congreso con legitimidad y representatividad real.

Esta propuesta surge de una promesa de campaña que hoy cumplo a los habitantes de mi natal Querétaro y que hoy pongo a su consideración. Eliminar en todo el país la figura de los plurinominales y dar paso al debate para crear un nuevo modelo de representante popular en México. El criterio debe ser que todos salgan a la calle a hacer campaña y que todos se comprometan de frente al ciudadano. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite, se desecha.

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado Zamora.

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidente, gracias. Nada más para acotar el comentario del amigo diputado Monreal, porque creo que los posicionamientos que varios compañeros del PAN han hecho y hemos hecho, porque también lo hice, son legítimos. Él mismo ha reconocido que hay diputados del PAN. Él mismo no ha generalizado a veces en sus comentarios que hemos votado distinto y me parece entonces que estos posicionamientos son precisamente en uso absoluto de la facultad que tenemos. Pero especialmente pensando en la congruencia en la que creemos. Y con el respeto de siempre a nuestro amigo diputado Monreal.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Su intervención formará parte del Diario de los Debates.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, le solicito el uso de la palabra para alusiones.

El Presidente diputado José González Morfín: No, porque no hay tema a discusión. Las mociones solamente proceden cuando hay discusión.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Bueno, en razón de la cortesía política, no generalizo a todo el PAN, pero me parece pertinente aclarar que si han tardado meses en la negociación política, si esta reforma, yo le he denominado la del trueque, la del cambalache, la de la tranza. Creo que la dirigencia nacional del PAN hubiese logrado que este tema pasara. Bastan el PRI y el PAN para aprobarla. Y me parece que creo que su propio dirigente nacional no estuvo de acuerdo con meter o con introducir esta reforma.

Pero a los que han sostenido esta posición, por supuesto que los respeto. Ojalá, y además los he visto en la práctica, votan diferenciado, ojalá cada vez sean más. Porque el diputado independiente y autónomo a las líneas de su dirigente o su coordinador es verdaderamente digno y a todos los respeto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar su propuesta de modificación al artículo 59.

El diputado Damián Zepeda Vidales:Muchas gracias, presidente. Le comento que voy a aprovechar para presentar también la reserva del 116, para ya no regresar aquí a tribuna, porque trata del mismo tema. Son reservas que presenté junto con el diputado Marcos Aguilar y, obviamente, en representación del Grupo Parlamentario del PAN, para la tolerancia en el tiempo. Muchas gracias, presidente.

Hoy en este recinto estamos aprobando cambios históricos para nuestro país, cambios que durante muchos años se estuvieron buscando para México, por el bien de la democracia y el buen ejercicio de su gobierno.

A mi juicio, la evolución más importante que estamos logrando es la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales, ayuntamientos, pues estoy convencido de que esto nos va a alejar y va a evitar que se continúe en algunas ocasiones defendiendo intereses partidistas y que se privilegie siempre el interés ciudadano.

Es increíble realmente, pero hoy en México el ciudadano no tiene absolutamente nada en su poder para hacerle al diputado local, federal, senador, alcalde, gobernador o presidente de la República, si no le cumple lo que le prometió en campaña. No tiene una sola herramienta, por eso no nos cumplen muchas personas. Eso se tiene que acabar.

Afortunadamente hoy le vamos a dar una herramienta poderosísima al ciudadano para que pueda calificar a su representante, y que quien hace bien su trabajo se quede y que quien no lo hace se vaya a su casa o a donde él guste.

Lamentablemente, la verdad que con gran ironía hoy mismo vamos a dar el mejor ejemplo del por qué debemos regresar a las urnas para que el trabajo no sea juzgado por el partido sino por el ciudadano. Hoy se pretende consumar una gran canallada al permitir que diputados plurinominales tengan la posibilidad de reelegirse sin pasar por las urnas, sin el voto directo de los ciudadanos.

No, señores, ése no es el camino. Ése puede ser el más grande y el más vergonzoso error que se haya cometido en esta Legislatura completa. La reelección —hay que entenderlo muy bien— es para fortalecer al ciudadano, no es para fortalecer a los partidos políticos.

En este momento, a mi juicio, deberíamos de haber aprobado la eliminación de la figura de los plurinominales o por lo menos reducirlos, ¿para qué? Para que solamente represente las minorías.

En lo personal, quiero decirles a todos que todos merecen mi respeto. No se trata de buenos contra malos, no se trata de legítimos contra ilegítimos, no se trata de si unos diputados tienen derecho o no. Todos los legisladores tenemos derechos, pero todos debemos pasar por las urnas.

Lo que hoy queremos hacer, lo que hoy se pretende hacer sí implica una diferenciación entre diputados. Algunos van a regresar a sus distritos, van a regresar a sus colonias, van a ir a sus ciudades a responderle al ciudadano por sus acciones y por sus decisiones. Otros regresarán a las oficinas refrigeradas de sus partidos a responder por sus acciones y pedir que los dejen otra vez, sin ser votados, venir a esta Cámara.

Díganme ustedes, compañeros diputados, si esto abona a la independencia de este Congreso frente a los partidos políticos. Díganme ustedes si esto abona al bien de nuestro país. No, compañeros, perdón, pero no. Esto no puede ser. Es una traición abierta al ciudadano y es una traición abierta a nuestro país.

Diputadas y diputados, hoy, el Grupo Parlamentario del PAN, les proponemos que todos en igualdad de circunstancias podamos tener acceso a la reelección. Sí, pero que ese derecho sea reafirmado siempre por el voto directo del ciudadano.

Es decir, que quien quiera reelegirse lo tenga que hacer bajo el principio de la mayoría relativa. Que vaya a la calle, que vaya de frente al ciudadano y que le pida su voto, y que ponga en sus manos la decisión de si se merece o no ser reelegido y venir a esta Cámara, no en las manos de un partido político.

Les pedimos que nos quitemos la marca de los partidos políticos, que se quieten presiones, líneas, intereses y demás factores ajenos al bien de México y respondan esta pregunta ¿en qué le abona la reelección a la rendición de cuentas y a la democracia, en el caso de un diputado plurinominal o senador por la misma vía? ¿En qué le abona al ciudadano? ¿En qué, diputados? Seamos honestos y digamos las cosas como son; la reelección por la vía plurinominal beneficia exclusivamente a las cúpulas partidistas de este país.

Si su respuesta a esta pregunta es que nada beneficia, pues póngase del lado del ciudadano y apóyennos para que no sea posible en este país este atraco que se está presentando el día de hoy, de que personas que no han sido votadas directamente por el ciudadano puedan pasar en una legislatura hasta 12 años.

Digamos sí a la rendición de cuentas. Digamos sí a la reelección legislativa y también de alcaldes, pero no a la reelección por la vía plurinominal. Vayamos todos a pedir el voto de los mexicanos. ¿Te quieres reelegir? Ve y pregúntale a quien debes si tienes derecho a hacerlo. Que no se nos olvide que nuestro jefe es el ciudadano y no los partidos políticos. Muchas gracias.

El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, voy a preguntar si el asunto se admite a discusión y después le preguntaré al diputado Uriel Flores con qué objeto.

Le ruego a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Damián Zepeda.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan a discusión las propuestas del diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Sonido en la curul del diputado Uriel Flores.

El diputado Uriel Flores Aguayo(desde la curul): Es solicitar hacerle una pregunta al diputado Damián, no sé si sea posible.

El Presidente diputado José González Morfín: Ya es totalmente extemporáneo, lo siento.

El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Pues era antes, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una propuesta de modificación al mismo artículo 59. ¿Y también al 116, diputado? ¿Diputado, también al 116 o es solo la del 59? ¿Diputado Bonilla, es solo la del 59 o es la del 116 también?

El diputado Jaime Bonilla Valdez:Sí, las dos.

El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo.

El diputado Jaime Bonilla Valdez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la comisión de fraudes que hacen dudar respecto a la equidad y la transparencia electoral han conducido a una encrucijada de indeseables consecuencias. Los partidos políticos tienen la oportunidad y el deber de reconstruir la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales, las candidaturas deben de ser fuertes, claras, bien definidas y con ideología, sin coaliciones pragmáticas e inmorales que confunden al electorado sin premios, sin consolaciones e incentivos. No a la prostitución de la política.

Deberá propiciarse un clima de certidumbre ideológica que ha faltado en los últimos procesos electorales. Las candidaturas individuales deberán ser congruentes con los posicionamientos históricos de la plataforma política de los partidos que los postulen.

Atacar la ideología es antipolítica, porque la política es el arte y el oficio de aplicar las ideas en acción. Un político de verdad sin ideología es inconcebible. Por eso quienes afirman lo importante de la figura del candidato en el consenso, sin importar las ideas políticas, solo exhiben su ignorancia y su incapacidad para la debida atención a los asuntos políticos.

Quede claro que el PT no anda en busca de ningún proyecto político, lo tiene desde su creación. Éste es el contenido pragmático de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: La suma de las garantías individuales y sociales que consagra, la democracia social, justicia electoral y la no reelección.

Confiamos en la inteligencia y en el olfato político de las mayorías que saben perfectamente quiénes son los responsables por la debacle social-económica ocurrida en México, que partió del abandono del modelo económico de la Revolución mexicana que probó ser precisamente el mejor para el país y le dio paz social y evidente progreso cultural, político y económico. Por eso aparece en la vida política, para rescatar los principios ideológicos y el programa de acción de la Revolución mexicana.

La inmensa mayoría de los mexicanos rechazamos la reelección, porque darle esta nueva vigencia abre el paso a la reelección del presidente de la República y el eventual advenimiento de una dictadura. No se olvida la trágica reelección de Obregón, la muerte del caudillo y el maximato de Calles. No a la reelección que nos divide, proyecto electorero coyuntural del PAN, sus aliados del PRD y del PRI, así como los del Verde. Sí a la renovación democrática de los gobernantes.

El premio de un buen desempeño no debe ser la reelección, como proponen los legisladores del PAN, del PRI y del PRD junto con los del Verde, con un increíble desparpajo y torcido propósito. Ello significa la prostitución del ejercicio político.

Hago un respetuoso llamado a mis hermanos mexicanos legisladores de los citados partidos para que abandonen su propuesta reeleccionista. No se manchen las manos, no signen el triste ejemplo de aquellos miembros del Congreso mexicano, senadores y diputados que aceptaron la propuesta como presidente de México al usurpador Victoriano Huerta en 1913 y convalidaron el asesinato del presidente Madero.

Tampoco imiten la conducta de aquel lacayuno Congreso callista, que reformó la Constitución de 1917 para permitir la reelección del presidente de México a su paisano sonorense Álvaro Obregón, con triste epílogo en La Bombilla, aquí en San Ángel, en el DF.

Tampoco olviden el triste papel igualmente del lacayuno de los senadores y diputados del Congreso de la Unión, que permitieron las sucesivas reelecciones del corrupto dictador Porfirio Díaz, que enlodaron su pasado de gloria como defensor de México frente al invasor extranjero y sus aliados, los mexicanos traidores de entonces.

El sistema político mexicano dejará de ser el sistema impuesto por la Revolución el día que dejen de encarnarse ideas democráticas, la antirreeleccionista, por la que murieron Madero, Carranza, Villa, Zapata y más de un millón de mexicanos. Más del 10 por ciento de la población entonces.

En todo caso, marcará el inicio de una nueva etapa y lucha democrática del pueblo de México que sin duda alguna volverá a levantarse en contra de la reelección de sus gobernantes. ¿Por qué no se olvidan esas lecciones de la historia? Tenemos que tener memoria.

Para terminar, señor presidente, nada más ejemplos. Tomás Yarrignton —todavía fuera gobernador— Humberto Moreira, Mario Marín, Andrés Granier, Ulises Ruiz. Ellos se quedarían precisamente a proteger sus intereses.

Y ahorita vemos el ejemplo de Baja California. En Baja California, los cinco municipios quedaron endeudados por 30, 40 años por las malas administraciones de estos presidentes municipales, que si se pudiera estuvieran reelectos. Gracias, señor presidente, es todo.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Jaime Bonilla.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para presentar su propuesta de modificación al artículo 59.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Establecer la reelección es rematar en su tumba a Francisco I. Madero, a Carmen Serdán, a Francisco Villa, a Emiliano Zapata y a Venustiano Carranza juntos, solo por nombrar algunos personajes de la historia que tenemos aquí en los muros de este recinto.

Ya no me sorprenderá que el día de mañana esta mayoría irresponsable decida cambiar esas letras doradas de Francisco I. Madero por las de Porfirio Díaz, o las de Emiliano Zapata y Francisco Villa por las del chacal Victoriano Huerta.

Dar la espalda al pueblo es grave. Pero ignorar la historia de México es ruin. Allá afuera la gente exige trabajo estable y bien remunerado, seguridad pública, seguridad social, seguridad humana en general. La gente allá afuera está pidiendo un sistema de salud eficiente, no la farsa de Seguro Popular donde no hay medicinas y no se cubren las enfermedades. La gente está exigiendo vivienda digna y barata, educación, para empezar, que tengan agua las escuelas públicas, ventanas y, en general, justicia social.

La gente no está demandando la reelección de sus políticos ineptos, frívolos y divorciados de la realidad miserable y desesperada de la mayoría de la población mexicana.

Después de tres fraudes electorales, se atreven a aprobar la reelección y como hace 100 años, ayer por soberbia y hoy por ambición, se ponen a jugar con fuego en un campo muy árido e inflamable.

Por eso propongo con esta reserva que se mantenga la prohibición para la reelección de legisladores, para que además se cierre la puerta a lo verdaderamente grave que se asume con esta contrarreforma que sería la abominable reelección de Enrique Peña Nieto.

Revocación del mandato sí, reelección no. La reelección encumbra la partidocracia y debilita a los ciudadanos. No se vale que por traicionar a la patria con el robo del siglo, que significa la reforma petrolera, hoy se precipite el endurecimiento de este vulgar autoritarismo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Gerardo Villanueva.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar... La retira.

Tiene la palabra la diputada Esther Quintana, para presentar una reserva al artículo 59.

La diputada Esther Quintana Salinas:Buenas noches, señoras legisladoras y legisladores. Quienes me han precedido en el uso de la palabra han dicho todo lo que su ronco pecho les ha permitido, porque es el mismo artículo, el 59.

Empezaré por decirles que he sido diputada de representación proporcional y ahora soy diputada de mayoría. En el artículo 51 de nuestra Carta Magna se establece que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación electos en su totalidad cada tres años y, de acuerdo con el diccionario universal de términos parlamentarios, se considera la representación nacional como el conjunto de personas que son elegidas en las provincias o entidades de un estado con pretensión de nación. Y esto es un conjunto de individuos unidos solidariamente por afinidades étnicas, lingüísticas, históricas, culturales, etcétera, y que se congregan para tratar un asunto en común. Esto dice el diccionario.

Dicho en términos llanos, quienes integramos este Congreso fuimos electos por los ciudadanos para tratar los asuntos que son interés de los ciudadanos. Sin embargo, la propia Constitución distingue dos formas de acceder a este Poder constituido, por la vía de la mayoría y por la vía de la representación proporcional.

A los diputados de mayoría los trae el voto directo de los electores, a los de representación proporcional no, dependen del porcentaje que saquen los primeros. Todos sabemos que la representación proporcional es un mecanismo empleado como una figura necesaria para el contrapeso del poder, porque si bien es cierto que en una democracia las mayorías mandan, pues también lo es que no por esto las minorías dejan de existir, y se requiere de su participación para que un sistema democrático funcione como tal, con contrapesos y equilibrios.

En nuestro México la representación es muy pobre. Si ahorita nos salimos y les preguntamos a los mexicanos que nos encontremos a estas horas si nos consideran sus representantes, ya mejor ni digo lo que nos van a contestar. La realidad es que con este cargo que tenemos no somos nada gratos, somos los servidores más rechazados, nos repudian.

Por eso es importante darle vida a la representación. Y la reelección —y respeto la opinión de los compañeros de izquierda— es un instrumento que conlleva a alcanzar este propósito.

Por eso es de entenderse como un avance importante en esta reforma que hoy estamos discutiendo. La reelección le va a permitir al elector, al ciudadano empoderarse, llamarnos a cuentas a sus representantes. Le permite al elector premiar a su representante si hizo el trabajo bien o mandarlo a Chihuahua a un baile si lo hizo mal. Es una manera de deshacerse de ellos. Ya empezamos con chiflidos.

La representación por la vía uninominal o de mayoría lo permite, pero la de representación proporcional no. Por tanto, la esencia de la reelección es fortalecer la representación popular, esa que se originó en las urnas y que se tradujo en un número de sufragios que terminaron que A o B se convirtiera en legislador o legisladora.

Hay un voto directo de por medio y así lo decidió. Y no se trata de negarles —y lo digo con toda franqueza— en los términos que viene el artículo 59, a los diputados de representación proporcional su derecho a la reelección, porque al final del día —y también lo tenemos que decir— hay diputados por este principio que han pasado por diferentes legislaturas que han hecho un trabajo bien hecho. Eso no lo podemos negar tampoco, también se ha hecho.

Para que el legislador cobre conciencia de a quien le debe el cargo y, por ende, se sienta comprometido y actúe en consecuencia y se esmere en trabajar a favor de quienes le otorgaron el privilegio de servirles, manteniéndose en contacto permanente y trabajando para ellos, y que sepa que su carrera política se la debe a sus representados, es muy importante la reelección. También es necesario para que los partidos políticos enriquezcan sus filas con liderazgos y talentos nuevos, para que traigan vientos frescos y remuevan lo que no sirve y lo que está desprestigiado, que este artículo no quede en los términos en que está planteado.

Esto le dará un vuelco, quizá no inmediato, pero hacia allá irá encaminado, a una nueva manera de hacer política y es factible que la corrupción y la impunidad empiecen a ir a la baja y que las instituciones públicas realmente lo sean y que los mexicanos empiecen a creer, porque así lo demuestren sus gobernantes con hechos, que la honestidad no está peleada con el ejercicio del poder público y que no es un incordio y que vale la pena fortalecerla.

Por tanto, propongo en un ánimo de que esto se pueda lograr, que se agregue simplemente lo siguiente en el artículo 59, en su párrafo. Dice: Para la reelección de los diputados por el principio de representación proporcional, luego de haber sido electos por dos periodos consecutivos, tendrán que hacerlo por el principio de mayoría en su tercera y cuarta oportunidades. Esa es la propuesta. Gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Quiero informar a la asamblea y le pido su comprensión, el diputado Huerta va a presentar tres reservas, al 59, al 115 y al 116. Le pido también al diputado Huerta que pueda usar el menor tiempo posible, y a la asamblea tolerancia.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Sí, presidente, vamos a usar el tiempo, menos del tiempo reglamentario y la verdad es que a la asamblea le deberíamos de pedir que se ponga a trabajar.

De verdad que este debate es la oda a la mentira. La contrarreforma política-electoral que estamos viendo. Si se trata de calificar, la llamaría la contrarreforma de la voracidad, la del oro por los espejitos.

Ya va a haber tiempo de explicarles y sobre todo deberían de estudiar mucho la historia de Cuauhtémoc. Y no de Cárdenas, sino del emperador, nuestro joven abuelo guerrero de arte, porque él, inclusive todos los tormentos que le hicieron, y no entregó el tesoro de su pueblo, como unos malos mexicanos que están en esta Cámara dentro de pocos días —si esto es producto de ello— van a hacer sin duda.

Obviamente de la simulación luego hablaremos. Pero, ¿en qué se reduce? En un Instituto Nacional que va a ser más corrupto que el IFE, un reparto de los consejeros ciudadanos. Por cierto, ya dije, el PAN se alentó. Debió haber pedido todo, porque Peña Nieto, con tal de llevar el petróleo a los extranjeros les hubiera dado todo.

En el tema de la reelección presenté una propuesta de reforma al 59, al 115 y al 116, que los compañeros del colectivo reforma política ya presentaron. No se les escuchó, porque aquí no escucharon entrevistas, comparecencias, audiencias públicas, foros, con el fin de dictaminar. Entonces los dejó sin voz. Pediré que esta propuesta se inserte en el Diario de los Debates por brevedad en la exposición, para que tengan voz cuando menos estos ciudadanos.

Miren, diputados, no se engañen, la reelección existe en este país, aunque el método es el del chapulín. En diputaciones saltan de la federal a la local, de la local a la federal, al Senado, a la Cámara de Diputados. Lo que garantiza una permanencia o carrera profesional para muchos legisladores.

Ya ayer el diputado Monreal nos platicaba los años que lleva como legislador, como senador de la República. Otro ejemplo es Manlio Fabio Beltrones, ya lleva 18 años en su carrera en ambas Cámaras. El diputado Escobar es un diputado federal, local, senador, 18 años de diputado. El diputado Villarreal, con 10 años de legislador. Arroyo Vieyra, desde el 94 ha desarrollado una carrera legislativa, desde 91. Por cierto, fuimos colegas, nada más que él si no la ha soltado. El de la voz, segunda vez, 25 años de por medio. Y muchos ejemplos en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.

Miren, si siguen hablando de burros van a despertar a Peña Nieto y está muy tranquilo durmiendo en Los Pinos. Yo sí leí más de tres libros, soy de Xalapa y sé que Xalapa es capital del estado de Veracruz y no Boca del Río. Y si siguen, le seguimos.

Miren, no califico si esto es bueno o es malo, la mayoría acredita o no su oficio como legislador. Por ello la reelección no es moneda de cambio en esta propuesta de reforma política, no innova ni mejora la democracia y condiciona la competencia electoral.

Es obligación moral de los legisladores con cierta ética política dimensionar el alcance, no solo de la regulación de la reelección, sino cada una de las propuestas de la reforma en la construcción de un mejor sistema electoral y los medios de control de la legalidad y constitucionalidad del Instituto Nacional de Elecciones y de sus efectos políticos en la desaparición de los actuales órganos electorales estatales. Reforma que permite el borrón y cuenta nueva en la legislación electoral, además la eliminación de autoridades electorales locales, confirmando el carácter utilitario de los funcionarios electorales que han jugado con cierta subordinación al PRI y no a la autonomía e independencia a la autoridad electoral que integran. Todo funcionario electoral que no le funcione al PRI se irá a la calle.

Con esto se generarán daños irreparables, puesto que el borrón y cuenta nueva del marco jurídico electoral no garantiza los avances relativos logrados en la normatividad construida de 1991 al 2008. No existen garantías para respetar la efectividad y funcionalidad de las instituciones reguladas y que se han calado en varios procesos electorales.

El borrón y cuenta nueva para la creación de las leyes que se determinan en el artículo Segundo transitorio se establece como tiempo límite el 30 de abril del 14. La creación de nuevas leyes traerá, sin lugar a dudas, golpes de pecho de quienes hoy pregonan la gran reforma.

Los actores políticos no son de fiar. El interés no es el de México, es el de los grupos económicos y políticos. No hay principios ni ética. No se fíen, diputados y diputadas.

Entre el dicho y el hacer hay un gran abismo. Quien se dice o quienes dicen que impulsan la igualdad de género engañan. No es congruente. Ya lo dijeron las diputadas del PAN. En el gabinete actual presidencial no hay paridad de género. En el gabinete ampliado, de 26 integrantes solo tres son mujeres, esquema que se reproduce en todas las áreas de la administración pública. Todo lo dejamos al tiempo.

Miren, un traidor a la patria, un mala paga, como son los que fungen de capataces en Los Pinos, en sus análisis, en sus anhelos, no duden que están soñando, preparando el camino, inclusive, para reelegirse ellos.

Tengan cuidado. Ya Manlio Fabio les podrá explicar muy bien. Él es un gran estudioso de la sucesión presidencial, que esto va a ser una tragedia si lo están pensando. Por lo demás, diputados, allá ustedes lo que tengan qué pensar y hacer. Es cuánto, compañeros diputados.

Por más que manden porros como éste que está aquí al frente, nunca me van a intimidar. Por más pistolas y amenazas que quieran hacer. No sirve para nada, es cuánto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval, para presentar sus reservas.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Gracias, diputado presidente. Hace unas horas, en la mañana, escuchábamos a un compañero del PRD que señalaba con acierto que ni la Constitución de Cádiz ni la de Apatzingán contemplaban la posibilidad de la reelección legislativa. Sin embargo, una vez que México fue ya una República independiente, la primera Constitución que tuvo en 1824 sí incluía ya la reelección legislativa. Y esta posibilidad de la reelección legislativa se mantuvo vigente hasta más de 100 años después, hasta 1933.

¿Por qué se eliminó de la Constitución en este año la posibilidad de la reelección legislativa? Por una simple y sencilla razón, porque el régimen hiperpresidencialista que se empezaba a construir necesitaba tener un control absoluto sobre los legisladores. Necesitaba que la carrera política futura de los legisladores dependiera, no de los ciudadanos, sino del presidente de la República.

Por eso en México tuvimos una anomalía histórica, en la perspectiva comparada con todos los países democráticos del mundo, que es el de la no reelección legislativa. Tan solo hay dos países en el mundo democrático que no tiene reelección legislativa, Costa Rica y México. Y en el caso de México, ya explicamos las razones.

Por lo tanto, es tiempo ya de terminar con esta anomalía histórica y con esta anomalía jurídica en perspectiva comparada. Y por eso nos congratulamos de que hoy estemos dando ese paso tan trascendental.

Sin embargo, tal y como viene esta minuta hay un elemento que nos preocupa, ¿y cuál es este elemento que nos preocupa? Una de las razones de ser de la reelección legislativa es empoderar al ciudadano, que sea el ciudadano el que decida si su representante merece o no continuar en el cargo. Sin embargo, en esta minuta que nos ha remitido el Senado de la República se establece que el diputado o el senador que se quiera reelegir tendrá que hacerlo forzosamente por el mismo partido que lo postuló, salvo en el caso de que hubiera renunciado al mismo hasta un año y medio antes.

Esto nos parece que francamente no va en el camino adecuado, porque en lugar de empoderar al ciudadano está empoderando a la cúpula del partido, que es precisamente lo que queremos terminar con esta reforma en materia de reelección.

Por eso lo que venimos a proponer a esta tribuna, a través de esta reserva, es que cualquier diputado se pueda reelegir si así lo deciden los electores, pero que no tenga que ser una condición indispensable que su partido lo postule y que sea además el mismo partido que lo postuló en una ocasión original, porque —insisto, compañeros— esto va en detrimento de la finalidad que perseguimos con esta reforma, que es darle más poder al ciudadano para decidir si su representante merece o no continuar en su cargo. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No se admite. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, para presentar una propuesta de modificación al artículo 69, párrafo tercero.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, en diciembre de 2006, durante los primeros días de gobierno de Felipe Calderón, tomó la decisión de emprender acciones de fuerzas federales de seguridad y fuerzas armadas para el combate al crimen organizado. Estas acciones las hizo sin ningún diagnóstico ni diseños de un plan para el despliegue de tropas para combatir a grupos criminales. Así lo admitieron la propia Secretaría de la Defensa Nacional y la Presidencia de la República, en respuestas de solicitudes ciudadanas de información del Sistema Sinfomex del Ifai sobre este tema.

El Ejército aceptó que en diciembre de ese mismo 2006, momento en el que Felipe Calderón decidió declarar la guerra al narcotráfico, no contaba con una estrategia militar previamente elaborada para el despliegue de efectivos en todo el país, ni mucho menos con un diagnóstico para enfrentar a los cárteles que dominaban el trasiego, la producción y la comercialización de drogas en nuestro país.

El resultado es de todos conocido, el desbordamiento de la criminalidad, más de 100 mil homicidios, la gran mayoría de ellos en la total impunidad; decenas de miles de desplazados por la violencia; pérdidas millonarias para la economía de las entidades afectadas, el tejido social totalmente desgarrado.

Por su parte, Enrique Peña Nieto prometió en su campaña a la Presidencia, que iba a replantear y redireccionar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con el fin de volverla más efectiva y menos costosa para la sociedad. Sin embargo, a un año de su gobierno esto no ha ocurrido, prueba de ello es que según datos el inicio de la presente administración al 1 de septiembre de este año se contabilizaron 13 mil 775 homicidios dolosos.

Parece que una vez más la trágica historia se vuelve a repetir. De ahí la pertinencia de establecer mecanismos de contrapesos a la figura del Ejecutivo por parte del Legislativo, a fin de que decisiones de política pública de la importancia de los planes en materia de seguridad no sean tomadas de manera unilateral.

Establecer la obligatoriedad para el Presidente de la República de presentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ante el Senado para su aprobación es sin duda un avance. Sin embargo, es un progreso demasiado pequeño y corto, ante la gravedad y los alcances del asunto en cuestión, pues aprobar en el inicio e informar con posterioridad el desarrollo de la estrategia dista mucho de ser una evaluación seria.

Por ello, proponemos que esta reforma vaya más allá y dote de capacidades a la Cámara de Senadores para evaluar e influir en la orientación de la estrategia, con el propósito de establecer un sistema de contrapesos, además de fomentar el control y fiscalización de las acciones de gobierno.

Es urgente contar con un nuevo modelo de combate a la inseguridad, por lo que hacer que el Senado pueda evaluar y ajustar las acciones emprendidas por el gobierno federal abonaría a que exista una verdadera rendición de cuentas y a evitar que se den resultados tan desastrosos, como los hasta hoy obtenidos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración del pleno la siguiente reserva del artículo 69 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69. En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la República presentará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ante la Cámara de Senadores, la cual deberá evaluarla para su posterior aprobación en el plazo que disponga la ley.

Asimismo la Cámara deberá realizar seguimiento constante al cumplimiento de los objetivos planteados en la estrategia y podrá emitir directrices a seguir por la misma. Compañeras y compañeros, es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. La va a presentar el diputado Ricardo Mejía. Es una propuesta de modificación del artículo 89, fracción IX. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Varios aspectos de esta llamada gran reforma política de manera rimbombante son cuestiones de mera simulación. Es el discurso de lo políticamente correcto pero que no se soporta en la realidad. Un caso de ellos es el cambio de la Procuraduría General de la República por la Fiscalía General de la República.

Son cambios cosméticos, cambios semánticos, cambios para simular, como que se estuviera reconstruyendo la manera de articular el Ejecutivo, pero que no son más que juegos de artificio. Un caso de estos es la designación del fiscal general de la República, con base en el artículo 89.

Se establece por otra parte en el texto reformado en el artículo 102, la intervención del Senado a través de ternas para nombrar a quien habrá de conducir el Ministerio Público federal. Sin embargo, viene en este artículo 89, en la fracción IX, que el titular el Ejecutivo puede remover a este fiscal general.

Es decir, es la misma gata nada más que revolcada. Es simular que se participa en nombrar a un fiscal —ya no al procurador— pero en el mismo texto constitucional se abre la puerta para que sin más, el presidente de la República lo pueda remover. Es decir, pura simulación.

No se crea un verdadero Ministerio Público autónomo que pueda incluso entrar cuando el interés público así lo amerite; cuando la seguridad del país, cuando la procuración de justicia, cuando la persecución de los delitos así lo ameriten, que puede entrar con libertad incluso en contradicción institucional con el presidente de la República.

Es simplemente un empleado más que puede remover libremente el presidente, pero con la fachada de la participación del Senado. Por eso lo que estamos proponiendo es eliminar de la fracción IX del artículo 89 la posibilidad de removerlo por parte del Ejecutivo. Que quede como una designación del Senado a través de las ternas y a través del perfil idóneo del llamado fiscal. Solo así se estaría hablando de un verdadero Ministerio Público autónomo que además pueda tener bajo su cargo también la persecución de los delitos electorales, si no esto será pura simulación.

Por eso planteamos a la asamblea que pueda obsequiar esta reforma para construir ese verdadero Ministerio Público autónomo para beneficio de nuestra República. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, para presentar una propuesta de modificación al artículo 102, apartado A, fracción IV.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, me permito presentar la reserva por la que se reforma la fracción IV del apartado A del artículo 102, en base a la siguiente exposición de motivos:

Sin duda alguna el Ministerio Público constituye una de las principales figuras del orden jurídico procesal mexicano. Su presencia e influencia van más allá del procedimiento jurídico. Es más bien un representante de la sociedad encargado de ejercer la acción penal, así como de investigar y perseguir los delitos y efectuar la consignación que proceda para que se lleven a cabo los juicios correspondientes.

Por lo anterior la facultad del Ejecutivo federal para remover al fiscal general de la República distorsiona considerablemente su función como ente constitucional autónomo, influyendo de manera directa en la función y en las decisiones de dicho organismo.

Actualmente el Ministerio Público ha sido causa de múltiples observaciones y recomendaciones por parte de los organismos nacionales e internacionales garantes de los derechos humanos, las cuales han denunciado la grave crisis que existe en la procuración y administración de justicia.

Esta crisis se debe principalmente al desastre institucional que existe entre policías y jueces, que utilizan el proceso penal a conveniencia de algún grupo político, por instrucciones superiores.

En México quienes son investigados, perseguidos y apresados por el Ministerio Público son aquellas personas que no cuentan con recursos suficientes para pagar una defensa digna, lo cual no aplica para el caso de las clases más privilegiadas.

Con la aprobación del dictamen en sus términos se estaría planteando retornar al tipo de justicia aplicada durante el gobierno porfirista, caracterizado por el progreso material y selectivo, el autoritarismo político, la explotación económica, la discriminación social y la corrupción administrativa.

Así la Secretaría de Justicia se vería como la mano del Ejecutivo, que restringe y condiciona la libertad jurisdiccional. La inamovilidad de fiscal general de la República por parte del Ejecutivo federal, complementada con las garantías judiciales otorgadas a los agentes del Ministerio Público y la profesionalización de la policía de investigación, mejoraría considerablemente las funciones de la procuraduría de justicia en nuestro país.

Sin embargo, al mantener su vínculo con el Poder Ejecutivo, los avances logrados en su autonomía e independencia —en su caso— se demeritarían ante la opinión pública, ya que se abanderaría la vinculación directa con dicho poder, que tradicionalmente ha afectado gravemente los principios de objetividad y de buena fe que deben inspirar las actividades del Ministerio Público, puesto que ha imperado la discrecionalidad sobre la legalidad.

Está claro que la evolución en esta materia no debe parar aquí, por lo que un avance importante es dejar la facultad de remoción del fiscal general de la República a la Cámara de Senadores para que sea ésta, a través de las dos terceras partes de los miembros presentes, quien decida su permanencia en aquellos casos de claras violaciones a la ley.

Compañeras y compañeros, esta es la reserva y la modificación que pretendemos a la fracción IV en los términos, reitero, que sería precisamente la Cámara de Senadores quien pudiera remover en su caso al fiscal general. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal para presentar su reserva al mismo apartado A, fracción VI del mismo artículo 102 constitucional.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, esta propuesta de modificación es muy importante y es que tal y como describieron los autores del dictamen, este artículo, al crear la fiscalía general la conciben como una institución barroca, en donde es engañosa, es una simulación, porque la autonomía tan deseada por muchos juristas, por muchos estudiosos del derecho, se frustra cuando se establece un candado, la remoción libre del Ejecutivo federal. Es engañosa porque entonces no hay autonomía y por esa razón nos parece que es una reforma barroca y engañosa.

Hace muchos años, cuando estudiábamos derecho, dos maestros de la Universidad de Zacatecas, Uriel Márquez Valerio e Irene Ramos, soñaban con la autonomía de la Procuraduría o del Ministerio Público. Soñaban, porque eran momentos en que se usaba el aparato de procuración de justicia para perseguir a opositores adversarios, a litigantes que eran contrarios al régimen en los estados, en los municipios y en el país.

Estoy seguro que ahora se burlan de nosotros, porque no era lo que concebían estos juristas. Luego más tarde, un grupo de abogados provenientes de aquella tierra, de Zacatecas, acudimos a la UNAM becados. Y recuerdo muy bien a cuatro grandes juristas de los cuales recibimos cátedra: Ignacio Burgoa, Jorge Carpizo, Fix-Zamudio y Jorge Fernández Ruiz. Los cuatro soñaban con la autonomía del Ministerio Público. Estoy seguro —algunos de ellos ya fallecieron— pero quien vive deben de estarse burlando de este Poder Legislativo. Primero, porque deben sentirse muy agraviados por la violación a la Constitución, que de manera recurrente ha sufrido y ha sido en menoscabo de ella, provocado por esta Legislatura, por la mayoría de diputados.

Por eso nos resistimos a aceptar lo que hoy ha pasado en esta Cámara de Diputados. Es un día negro, es un día funesto, es un día triste para los que creemos en el derecho, porque se ha atropellado de manera grave el procedimiento, la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Es muy triste porque de manera personal no admito ni acepto que esto constituya un precedente para el futuro, en donde 30 reformas constitucionales, basta un plumazo, unas horas, para que se aprueben sin discusión, sin una verdadera discusión y análisis. Y por eso me parece muy grave lo que está pasando en esta Cámara.

Presidente, sé que es tarde, le pediría plasmar este documento íntegro que he preparado, porque intentamos siempre en Movimiento Ciudadano prepararnos, debatir, argumentar con seriedad, porque la verdad, señores diputados y diputadas, en lo personal me siento agraviado, porque nunca en mi vida parlamentaria había visto tal premura, tal atropello, tal velocidad para aprobar 30 reformas constitucionales en menos de 24 horas. Es una pena y para mí es una tristeza que esto suceda en esta Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Con mucho gusto insertamos el documento en el Diario de los Debates. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Monreal.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Monreal. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, para presentar una propuesta de modificación al artículo 115, fracción I, párrafo segundo.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Compañeras y compañeros, vengo a presentar reserva al artículo 115. Los municipios son producto del proceso evolutivo y de construcción en nuestro país, sobre todo parte fundamental de la división política territorial. Los presidentes municipales son los que tienen mayor cercanía con la población y poseen como responsabilidad resolver problemas inmediatos de cada comunidad, por lo que es importante que se dé seguimiento a cada proyecto que se les plantee.

Por ello creemos que proponer la existencia de una reelección de los presidentes municipales es un acierto pero condicionarlo es un grave error, ya que la autoridad se ve obligada a rendir cuentas a los institutos políticos y no a los ciudadanos. Sin embargo, condicionar la reelección municipal traerá compromisos ajenos a las necesidades de los municipios, en vez de mejorar las finanzas y programas del ayuntamiento va a mejorar el financiamiento de campañas políticas e intereses ajenos a la población.

Los presidentes municipales, al no tener posibilidad de reelección dependen del partido político para un nuevo cargo, y como está esta cuestión tendrían que hacer filas para esperar que se les asigne una nueva posición.

La reelección debe obligar a una rendición de cuentas a la ciudadanía. De ser así proporcionará profesionalización e institucionalización para fortalecer los ingresos locales. Con esto los presidentes municipales tendrán la posibilidad de realizar planes de desarrollo a largo plazo y disminuirá la improvisación y discontinuidad de políticas públicas.

Queremos municipios libres, donde cada presidente municipal, síndicos y regidores tengan la oportunidad de una reelección a través de su trabajo y el reconocimiento de sus mismos ciudadanos. Por todo lo anterior estamos en contra del presente dictamen, ya que no consideramos prudente que se condicione la reelección, pierde sentido y los únicos que salen perjudicados —como siempre— son los ciudadanos mexicanos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al segundo párrafo de la fracción I del artículo 115, para quedar como sigue:

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a los tres años.

Compañeras y compañeros, como de antemano sabemos que nunca van a aprobar nada de lo que aquí se plantea como izquierda, decirle nada más al pueblo de México, a los que nos están viendo, que hoy nuevamente se comete un atraco, un atropello, un agravio por la prisa, porque les urge a los del PRI y del PAN. Y porque de alguna manera también están muy apresurados por entregar el petróleo a los gringos, a los yanquis y seguir pisoteando el derecho que tiene el pueblo de México.

Vamos a resistir, vamos a defender hasta donde sea posible. Pero a ustedes jamás de los jamases se les borrará el título de los más grandes verdugos del pueblo de México. Es cuanto, compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Juan Luis Martínez.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar una propuesta de modificación al artículo 116, fracción II, párrafo segundo.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores, voy a referirme a una propuesta de modificación que estoy haciendo al artículo 116 constitucional.

Desde nuestro punto de vista, resulta que este artículo que establece la reelección y la postulación para los que se pretendan reelegir contiene un articulado, disposiciones o hipótesis jurídicas que, de concretarse, van a generar una enorme partidocracia en donde el poder de las cúpulas políticas será inmenso.

Miren ustedes lo que dice: En el caso de la reelección, la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que haya renunciado, perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. He escuchado aquí hoy, esta noche, algunas intervenciones interesantes, incluso podría decir que algunos diputados y algunas diputadas han expresado con sensibilidad y han estudiado los temas concretos. Éste es uno de ellos, el artículo 116.

Si se mantiene la redacción tal y como está, lo único que se va a promover es fortalecer el cacicazgo político, fortalecer la partidocracia y generar una casta que va a ser difícil sacudirse de ella.

Esto va concatenado, el asunto de la reelección también con el asunto de la representación plurinominal, que insisto de paso, que algunas de las tesis aquí sostenidas y expresadas son atendibles, yo las comparto, y me parece que es el momento de que el país pueda entrar a un proceso de verdadera contienda y competencia con reglas claras y con reglas precisas.

Por eso nosotros estamos planteando se suprima del texto del artículo 116 constitucional el párrafo ultimo del enunciado al que me refiero y que se elimine esta parte que he leído, para que pueda generarse un proceso distinto al que se está concibiendo de aceptarse y de aprobarse esta reforma.

Nosotros estamos en contra de la reelección. Nosotros hemos sostenido una posición firme, categórica, de que frente a las condiciones del país la institución denominada reelección, que reconozco que en la mayor parte del mundo existe, pero en México en este momento sería deplorable y sería pernicioso autorizar, permitir y avalar la reelección en las condiciones en las que está planteado por las comisiones dictaminadoras del Senado. Porque hasta eso logramos superar, no hay comisiones dictaminadoras en esta Cámara y estamos mediante la vía rápida aprobando esas 30 reformas a la Constitución y 21 artículos transitorios.

Por eso, presidente, le solicito también, al mismo tiempo, plasme íntegro este documento que he preparado para que se integre en el Diario de los Debates.

Señores diputados, a pesar de la hora, a pesar del cansancio, nosotros no vamos a ceder. Hasta el último momento vamos a intentar convencerlos de que lo que se está haciendo es un grave atropello a la Constitución y a las normas mínimas de los procedimientos legislativos del Parlamento mexicano. Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Por supuesto el documento se insertará en el Diario de los Debates. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar una propuesta de modificación a la fracción IV, inciso c), numeral 5 del mismo artículo 116.

La diputada Lorena Méndez Denis:Con el permiso del presidente de la Mesa Directiva. En la actualidad y probablemente hoy más que nunca el número de sociedades que se rigen por un gobierno democrático ha crecido exponencialmente. En relación con esta estructura política, el consenso internacional respecto al buen funcionamiento de la misma coincide en que la confianza de los gobernados en las instituciones es un componente fundamental para la coordinación y la cooperación social en este tipo de sistemas.

El sistema electoral es parte fundamental en todo sistema democrático y las autoridades electorales siempre serán las que proporcionen certeza y seguridad a los ciudadanos respecto a la limpieza de los procesos selectivos y de las posibles impugnaciones que de éstos se pueda derivar.

En nuestro país el proceso de transición a la democracia ha estado plagado de constantes reformas de índole constitucional y legal en esta materia, a fin de consolidar a sus instituciones electorales. Sin embargo, la realidad es que entre los mexicanos no hay confianza ni la habrá mientras sigan existiendo procesos electorales amañados, sucios y tramposos.

Tampoco mientras se siga fomentando la permanencia de Tribunales Electorales, locales y federales, sujetos a las consignas e intereses políticos y personales de los grupos en el poder, edificando así instancias jurisdiccionales obsoletas que no garantizan en nada la aplicación de la justicia electoral ni la existencia de un verdadero sistema de medios de impugnación.

Tan es así, que de conformidad con datos relevados por la corporación Latinobarómetro la confianza de los mexicanos en la democracia durante los últimos 15 años ha ido en picada, pues al término del sexenio de Vicente Fox el índice era de 59 por ciento, con Felipe Calderón bajó al 40 por ciento y con Enrique Peña Nieto se hundió, alcanzando apenas el 37 por ciento.

En definitiva, lo anterior no es más que el reflejo de la falta de probidad de las autoridades electorales, lo cual ha propiciado un ambiente en el que los votantes consideran coartado su derecho de elección y generando apatía por el sistema político empleado.

En este orden de ideas, consideramos en efecto que como sociedad estamos en una etapa en la que urge implementar medidas que fortalezcan la credibilidad de los órganos encargados de sancionar las controversias que surjan con motivo de las elecciones en el territorio nacional.

No obstante, estimamos inadecuada la propuesta de que las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado sean quienes designen a los magistrados que integran las autoridades jurisdiccionales, pues aunque exista una convocatoria de la cual solo sabemos que deberá ser pública no se garantiza de ninguna manera que el ganador sea el candidato más preparado, imparcial y que su actuar no esté sujeto a la voluntad de un tercero.

Además de que no se eliminan los incentivos maliciosos que impiden que los órganos electorales cuenten con los integrantes y elementos suficientes que les permitan ejercer plenamente sus facultades en pro del fortalecimiento de la democracia.

En este sentido, creemos que la designación de los magistrados encargados de emitir las resoluciones jurisdiccionales en materia electoral obligadamente debe quedar a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, como el órgano encargado de la profesionalización de la carrera judicial y que además goza de independencia técnica y de gestión en el ejercicio de sus funciones.

Derivado de lo anterior, someto a consideración del pleno la siguiente reserva al numeral 5 del inciso c) de la fracción IV del artículo 116 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de política electoral.

Único. Se modifica el numeral 5 del inciso c) de la fracción IV del artículo 116 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de política electoral, para quedar como sigue:

Las autoridades electorales jurisdiccionales se integran por un número impar de magistrados, quienes serán electos por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de examen de oposición aplicado previa convocatoria pública emitida por el mismo organismo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal, para presentar una propuesta de modificación a la fracción IX del artículo 116 constitucional. Va a ser la diputada Martha Beatriz Córdova, quien presente la reserva de la fracción IX del artículo 116.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Muy buenos días. Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: El sistema de justicia está integrado necesariamente por los siguientes ámbitos: la persecución de los delitos, la administración de la justicia y la ejecución de las penas. El fundamento del sistema reside precisamente en la persecución de delitos, pues la labor constituye la base del sistema en donde se debe guardar la legalidad absoluta de las normas.

La corrupción y la impunidad que imperan en nuestro país minan gravemente la viabilidad social del Estado, pues disminuye el compromiso con el valor de la legalidad. En palabras de Mark Kleiman, el corazón de la criminalidad yace en la impunidad, la falta de eficacia en la persecución de los delitos disminuye el efecto disuasorio que debe tener el derecho penal en la sociedad, provocando un descontrol pernicioso en la nación.

Parte fundamental de la falta de eficacia de la persecución de los delitos reside precisamente en la falta de independencia de las autoridades encargadas de tal labor. Existen ejemplos deleznables en nuestro país en que hemos visto el ejercicio policial como una mera labor parcial, en que los gobernadores de distintos estados lo utilizan para el hostigamiento de opositores e incluso contra ciudadanos cuya labor social en la mayoría de las ocasiones no conviene a los gobiernos y atenta contra los intereses parciales de quienes ejercen el poder.

La independencia de las procuradurías no es simplemente algo deseable, es algo necesario para sostener las bases sociales del Estado, pues hasta ahora ha sido sujeta a la conveniencia del poder en turno.

Hoy, con la reforma planteada, pretendemos crear una Fiscalía General de la República independiente del Ejecutivo, cuestión que no queda más que celebrar, pues corresponde a una lucha de distintos políticos y organizaciones civiles. Sin embargo, es de llamar la atención que en el dictamen a discusión se deje de lado la obligación a los estados para que repliquen este modelo también a nivel local.

Por lo anterior, planteamos la reserva para que se incluya la obligación de los estados para establecer en sus Constituciones la existencia de fiscalía autónoma del Ejecutivo local, replicando lo que será un modelo adecuado a nivel federal.

Derivado de lo anterior, someto a consideración del pleno la siguiente reserva al artículo 116, fracción IX, del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se modifica el artículo 116, fracción IX para quedar así:

Las Constituciones de los estados garantizarán, a través de la creación de fiscalías autónomas, que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y, sobre todo, el derecho y el respeto a los derechos humanos. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desecha. Tiene ahora la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para presentar su propuesta de modificación al Segundo transitorio, fracción II. Propone suprimir el inciso f).

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. La posibilidad de denunciar la comisión de un acto ilícito por su propia naturaleza refiere a un derecho primordial de los ciudadanos, ya sea que tengan un interés directo por tratarse de víctimas como por una labor de vigilancia de la sociedad.

El derecho a denunciar no debe ser coartado de ninguna forma, mucho menos sancionar lo que se considere como una conducta frívola, sobre todo si no se proporciona el marco detallado que se entenderá como tal.

El proponer incluir en la legislación secundaria en materia electoral que se sancione una denuncia frívola, especificando que se entenderá como tal aquélla que haya sido presentada sin soporte probatorio o no pueda actualizarse el supuesto jurídico específico, constituye una restricción al ejercicio de ese derecho pues el soporte probatorio de una denuncia no es un hecho objetivo, más bien deriva de la labor jurisdiccional quedando a juicio de las autoridades correspondientes.

Ante un planteamiento con estas características se hace evidente la voluntad de este Congreso para detener un medio de defensa de la legalidad de los actos como lo es la posibilidad de denunciar, pues el sujetar tal derecho a prejuzgar la viabilidad de las pruebas es tan nocivo como eliminarlo del todo.

Igualmente debemos tener en cuenta que en los hechos los criterios de análisis probatorio en México dependen y varían por cada autoridad jurisdiccional, sin que se soporte un criterio objetivo de los hechos. En ese sentido, de prosperar el mandato constitucional que en este dictamen se determina, se estaría suprimiendo de facto el derecho a denunciar ilícitos en materia electoral.

Si agregamos a esta combinación el hecho de que en las entidades federativas el ejercicio de los jueces responde en la mayoría de los casos a intereses políticos, el uso de este mandato suprimirá por completo el derecho a denunciar.

Y seamos sinceros, diputados, aquellos que hemos litigado en derecho electoral sabemos lo difícil que es obtener pruebas para soportar la demanda, y aún teniéndolas se ha llegado a considerar que no se actualiza el supuesto jurídico o que no son suficientes. Claro ejemplo de ello es el caso Monex.

No los quisiera ver en su próxima elección local en donde se las hayan robado y ustedes aún teniendo pruebas, éstas no sean suficientes y consideren que su denuncia, su demanda sea considerada frívola.

Por eso es que estoy sometiendo a consideración eliminar el inciso f) de la fracción II del artículo Segundo transitorio. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Zuleyma Huidobro González. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva al artículo Segundo transitorio, fracción I, numeral 4 y fracción II, y adición de los incisos J y K. Va a presentar dos reservas en un solo acto, en cinco minutos.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Ojalá presten atención a lo que están haciendo y a lo que sigue. Espero y deseo que la urgencia para terminar la sesión sea la de su compromiso para legislar en bien de los mexicanos y no para mover a México a un sistema electoral arbitrario, antidemocrático para favorecer al PRI en el proceso electoral federal, que de acuerdo al aún vigente Cofipe inicia en el mes de octubre del 2014.

Como ya se dijo, presento dos reservas. De una vez les digo, adelanto, que en vísperas las sesiones para crear las nuevas leyes electorales, consumirán largas sesiones, puesto que el plazo del cual tal vez aún no se han dado cuenta es de 120 días naturales, aparte de todo lo que han dicho que vamos a hacer.

Esta reforma, de gran calado sin duda alguna, es parte de la estrategia electoral para intentar garantizar una mayoría garante de la política de Peña Nieto para el 2015. No solo se traza la ruta para sustituir a los consejeros electorales del actual IFE, no solo se establece un nuevo diseño institucional para garantizar el control de la estructura electoral nacional, sino además las estructuras electorales locales, al establecer los órganos electorales locales, figura que de acuerdo a la reforma del artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso C, párrafos uno y dos, determina que los organismos públicos locales se integran con un consejero presidente y seis consejeros electorales designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designación que —de acuerdo al Cuarto transitorio— entra en vigor el 30 de abril del 14.

Como dijera una ideóloga del Canal de las Estrellas —y conste, estoy hablando de la ideóloga del Canal de las estrellas— viene un surimi que cimbra y desmantela las estructuras electorales nacional y estatal. La negociación para cuotas de partidos será amplia y fructífera.

En esta estrategia electoral se abre la posibilidad del amarre con los partidos satélite que contribuyen a consolidar la mayoría formal. Esta que no entiende razones, mayoría cuyos operadores políticos no informan y ocultan los alcances de la reforma política para favorecer el control del voto.

Como se ha visto en este pleno, la exposición de razones de quienes nos oponemos a esta reforma ha movido el voto de algunos diputados que se han dado cuenta del engaño de sus coordinadores y jefes políticos.

La reserva que proponemos al artículo Segundo transitorio establece que los votos se asignarán a partidos y candidatos, prohibiendo la transferencia de éstos para el porcentaje mínimo para lograr conservar el registro y asignar diputados por representación proporcional. Asimismo queremos que se garantice el financiamiento básico para gastos de campaña y acceso a radio y televisión, así como reglas y plazos, procedimientos para la integración del comité técnico de evaluación para la designación de consejeros electorales.

Atendiendo al Quinto transitorio, los nuevos consejeros electorales deberán entrar en funciones a más tardar el 30 de abril del próximo año. Esto es dentro de 140 días, y se establece que el INE debe integrarse dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.

Ya se opera la aprobación por parte de los Congresos estatales afines a esta estrategia para completar y complementar el trámite de reforma constitucional, celeridad que ensaya la operación de aprobación de la siguiente reforma constitucional, la energética.

Por lo tanto, solicito el voto consciente de diputados y diputadas que se han dado cuenta del control de sus operadores políticos que trabajan para cúpulas políticas y económicas que venden y entregan el patrimonio de nuestras hijas e hijos, y que atentan contra la viabilidad de una nación independiente.

Ojalá y ocurriera el milagro y rompan los controles de sus jefes políticos. Pero, por lo que veo en la sesión, los milagros en este recinto no ocurrirán. Lo lamento por el pueblo de México. Buenas noches, diputados y diputadas.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.

El diputado Domitilo Posadas Hernández:Muchas gracias, señor presidente. Debo confesar que la reserva hecha a este Séptimo transitorio obedece fundamentalmente a la preocupación no solamente que los diputados tenemos sobre los derechos laborales de los trabajadores de los órganos electorales, tanto el federal como el de las entidades federativas, sino también la pertinencia y la preocupación —insisto— de que estos derechos se queden tutelados en alguna parte de la reforma que hoy nos ocupa.

La reserva la hice en este Séptimo transitorio, en donde se señala en su redacción los derechos de los trabajadores del Instituto Federal Electoral. Sin embargo, no se incluye los derechos en los mismos términos de los servidores públicos de los órganos estatales electorales.

En tal virtud —y creo yo que todos compartimos esta preocupación— lo que de manera respetuosa solicito al presidente es no votar la reserva en los términos que la formulé, sino simple y sencillamente que esta intervención que estoy haciendo forme parte íntegra del Diario de los Debates.

Con esto quiero concluir, dejando asentado que en muchos casos, diría casi en la totalidad de los órganos electorales de las entidades federativas, los procesos electorales funcionan –diría— en piloto automático.

En muchas ocasiones no se tienen los integrantes completos de los órganos electorales. Sin embargo, por la capacidad, la experiencia de quienes durante muchos años han laborado en los mismos, los procesos electorales en estos salen satisfactoriamente sin mayores impugnaciones.

Es justamente por esa razón que en la norma constitucional nosotros debiéramos preservar en esta reforma que estamos aprobando el día de hoy que no va a atentar en contra de los derechos laborales de los servidores públicos de los órganos estatales electorales y, por supuesto, también de las prestaciones sociales que gozan. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Domitilo Posadas Hernández. El diputado ha solicitado que su intervención conste en el Diario de los Debates. No hay consulta que hacer a la asamblea, toda vez que la reserva ha sido retirada.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo Décimo Tercero transitorio.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez:Muchas gracias, presidente. Con su venia. Compañeros legisladores, como ustedes saben existe un principio general del derecho que versa que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.

Hemos ya votado a favor de la reelección, sin embargo este dictamen fue omiso en considerar a los diputados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sí se considera a los legisladores federales, sí se considera a los legisladores locales. Sin embargo, como ustedes saben, por la conformación propia, por la naturaleza jurídica que tiene el Distrito Federal aún en muchos artículos de la Constitución se hace esta diferenciación entre diputados locales y asambleístas. Es por eso que el día de hoy subo a tribuna para que esta normatividad que ya hicimos para diputados federales y locales también sea para quienes son diputados en el Distrito Federal.

Éste es un ejemplo más de la urgencia que tenemos los capitalinos de que se lleve a cabo la reforma política del Distrito Federal. Esto es algo que abona para los capitalinos, para que tengan las mismas disposiciones que estamos legislando para el resto de las entidades federativas. Es justo que los capitalinos también tengamos la posibilidad de solicitarle a un diputado la reelección.

Simplemente en el artículo se está incluyendo que así como son los diputados locales los que se ven beneficiados con la reelección también los sean los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por sus consideraciones y su voto a favor, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Jorge Sotomayor Chávez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se admite a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se acepta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si el asunto es de aceptarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se acepta. Se incorpora al dictamen y se reserva para su votación posterior. Pido a la Secretaría lea la reserva presentada por el diputado Luis Armando Córdova Díaz, relativa a la adición de un artículo transitorio.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Transitorio adicional. Los consejeros del Instituto Federal Electoral que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren en funciones continuarán en su encargo hasta que se integre el Instituto Nacional Electoral, en términos de lo previsto por el quinto transitorio del presente decreto; por lo que los actos jurídicos emitidos válidamente por el Instituto Federal Electoral en los términos de la legislación vigente surtirán todos sus efectos legales.

Diputado Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se admite a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto es de aceptarse.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si es de aceptarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se acepta, se incorpora al dictamen y se reserva para su votación nominal posterior.

De conformidad con el artículo 231, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos en términos del proyecto de decreto modificado: 26, 29, 35, 54, 55, 59, 69, 73, 74, 76, 78, 83, 89, 99, 102, 105, 110, 111, 115 y 116. También en términos del proyecto de decreto modificado los artículos transitorios: Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo. Repito los artículos transitorios en términos del proyecto de decreto modificado: Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno. Y con las modificaciones aceptadas por la asamblea el artículo 41, el artículo transitorio Décimo Tercero y la adición de un transitorio.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en los términos enunciados por la Presidencia de esta Mesa Directiva.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 401 votos a favor, 2 abstenciones y 64 votos en contra. Hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los artículos reservados, en términos del proyecto de decreto modificado o con las modificaciones aceptadas por la asamblea, según corresponda. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Solicito a la Secretaría dar lectura a la misma.

MODIFICACION AL ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 64, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente someta a consideración del Pleno una modificación al orden del día, de la presente sesión, para que sean incluidos en el apartado respectivo los dictámenes que a continuación se enlistan, solicitando le sean dispensados los trámites para que puedan ser puestos a discusión y votación:

• Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.

• Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular.

• Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de la réplica y se reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 5 de diciembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica, en contra), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Monreal. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Solicito me inscriba en contra del punto de acuerdo.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, no existe en ninguna parte del mundo un Congreso como el nuestro. Lo que está suscitándose en esta asamblea es un abuso de la mayoría, es un insulto a la Constitución, es una barbaridad jurídica y política.

Después de 12 horas de sesión, a la 1:00 de la mañana, nos envía el presidente de la Junta de Coordinación Política un punto de acuerdo para que a estas alturas discutamos y aprobemos cuatro ordenamientos jurídicos, cuatro leyes que nadie conoce. Es insólito, es increíble que esto suceda con la complacencia de gente que reflexiona y que piensa.

Después de 12 horas de trabajo, después de que estamos estudiando de manera apresurada y a matacaballos las leyes que estamos discutiendo, 30 artículos de la Constitución se aprobaron, 21 transitorios, en menos de 10 horas. ¿Y después viene este castigo? Tengan piedad. No pueden aprobar al vapor cuatro nuevas leyes. No puede ser. Cuatro nuevas leyes. Aquí a las espaldas me dicen dos, ya están rebajando dos.

Pero no solo cuatro nuevas leyes, sino barbaridades jurídicas. Y leo de manera rápida: Dictamen de la Comisión de Gobernación. Son dictámenes de la Comisión de Gobernación y el primero de ellos es un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General. ¿Saben que por este simple hecho votaré en contra? Porque todas las normas que regulan el funcionamiento del Congreso deben ser modificadas por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Lean el artículo 40 de la Ley Orgánica. Dice, a saber: las facultades de la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentaria son —entre otras— normar la vida interna de las Cámaras. Legislar en toda la vida interna de las Cámaras y la Ley Orgánica es la que regula la vida interna de las Cámaras

¿Por qué voy a consentir que en un albazo legislativo y por la premura la Comisión de Gobernación me esté dictaminando, violando la propia ley, la Constitución, disposiciones que no le competen? ¿Por qué el PAN lo acepta, si la única comisión que ha trabajado de manera constante, una de las comisiones que ha trabajado es precisamente la de Reglamento y Prácticas Parlamentarias?

Tuve que declinar a participar en ella, precisamente porque era la carga de trabajo, siempre se desarrollaba a tiempo y mis ocupaciones como coordinador me impedían asistir a ella. Pero es una de las comisiones que mejor ha trabajado. ¿Por qué violar la ley? ¿Por qué restringirle el trabajo? ¿Por qué hacer este tipo de irregularidades?

Tiempo, gritan tiempo. No tienen vergüenza. No puede aceptarse esto, se los digo con toda seriedad, ¿de qué manera se los puedo decir? Violan la ley, violan la Constitución. A la una de la mañana quieren que aprobemos cuatro leyes que nadie conoce, leyes tan importantes como la Ley Orgánica, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Consulta Popular. Cuatro ordenamientos jurídicos de trascendencia nacional para aprobarlos al vapor. A la una de la mañana, cuando la inteligencia y la racionalidad están ausentes después de tantas horas de trabajo.

Presidente, me resisto a seguir con esta actitud tan torpe, tan sorda, tan de poca seriedad. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Ricardo Monreal Ávila.

De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Se modifica el orden del día.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 6O, PARRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE REPLICA - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, y reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN III

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: de dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dictámenes, consulte la Secretaría a la asamblea, si se autoriza que se sometan a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que los dictámenes de la Comisión de Gobernación se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se autoriza.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 6O, PARRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE REPLICA - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, y reforma  el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.*

Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores, hoy presento a la consideración el dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia de Derecho de Réplica, y del artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El tema de derecho de réplica es una de las grandes asignaturas pendientes del Congreso de la Unión, no solo de esta Legislatura, sino de los últimos años. Actualmente, en materia de réplica nos rige una Ley sobre de Delitos de Imprenta, expedida por el entonces jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza. Una ley que desde 1917 —hace ya casi 100 años— sigue vigente y es aberrante que su contenido siga vigente el día de hoy.

Algunos ejemplos. Todas las imprentas para operar legalmente tendrían que dar aviso a su respectivo presidente municipal a efecto de tenerlas cerradas. Señala la responsabilidad penal contra quienes ejercen su libertad de expresión e incluso ordena responsabilidades administrativas y penales para repartidores de periódicos, papeleros, exhibidores de cine y de teatros.

Todo esto muestra un anacronismo que hace décadas debió haber quedado abrogado. Además, hay que señalar que actualmente para ejercer cualquier réplica se valora distinto al ciudadano que al funcionario. En la legislación vigente la extensión de una réplica de un funcionario es por mandato de una ley más amplia que la de cualquier ciudadano.

Hoy en día es inaceptable que cualquier funcionario se considere o tenga derechos superiores al del resto de nuestros conciudadanos. Ese trato preferencial sobre nuestros electores y conciudadanos es un nivel ya inaceptable.

La legislación que hoy proponemos elimina abusos, pero también pone a México a la vanguardia con el avance de las comunicaciones y los varios medios de información. Hace un siglo, época en la que se preocupaban de la réplica respecto a los medios impresos, obras de teatro, exhibiciones de películas y hasta de lo que se decía en fonógrafos, nunca hubieran imaginado la radio, la televisión, las agencias de información o los blog, solo por dar un ejemplo.

La Ley de Réplica que hoy sometemos a su consideración protege la honra de todas las personas, sin distinción ni preferencia y hace honor a la verdad. Esto empodera a los ciudadanos, todos, para rectificar y defenderse de información falsa que les afecte en su honra, en su vida, en su imagen, en su entorno político o económico.

Una de las grandes bondades que contiene la Ley de Réplica es que a todos nos considera ciudadanos por igual. No distingue entre funcionarios, legisladores, empresarios, artistas, profesionistas o amas de casa. Todos tenemos el mismo derecho al honor y a la verdad.

Esta nueva ley no censura a ningún medio, no daña la libertad de expresión ni critica a la editorial. Lo único que protege es el apego de la información a los hechos y a partir de ahí permite que cada quien opine lo que quiera.

En un ejemplo de modernidad, tomando en consideración las mejores prácticas regulatorias internacionales y el trabajo que han desarrollado varios legisladores durante las tres últimas legislaturas. Por ello, al mismo tiempo esto es producto de un amplísimo consenso entre los partidos, todos representados en la Comisión de Gobernación.

Compañeras y compañeros legisladores, hoy este tema fundamental ha sido —como lo he dicho— un gran consenso de todos y cada uno de los diputados representantes de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Gobernación. Decirles que se ha contado con el voto del PRI, del PAN, parte del PRD, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza.

Sin duda alguna ésta es una iniciativa de ley, un proyecto, un dictamen que lleva el consenso de todos los grupos parlamentarios o de la mayoría de los grupos aquí representados en esta Cámara de Diputados. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Alejandro Moreno Cárdenas.

Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Compañeras y compañeros legisladores, nada que derive de la precipitación, del atropello, del desaseo y de la falta de cumplimiento de las más elementales reglas del procedimiento parlamentario puede entrañar nada bueno.

Nosotros —como les decía nuestro coordinador, Ricardo Monreal— votamos en contra de que se incluya en el orden del día a estas alturas de la sesión la discusión de leyes que prácticamente nadie conoce.

Nosotros no podemos estar emitiendo cheques en blanco a favor del autoritarismo, a favor de leyes que en apariencia fortalecen derechos y garantías, pero que en nuestra opinión son parte de todo el andamiaje del endurecimiento del régimen.

Ya por ahí circula también la ley para regular las manifestaciones públicas en el Distrito Federal, que ya fue dictaminada por la Comisión del Distrito Federal y, si podemos ver todo el conjunto, es todo un entramado de restauración, endurecimiento, antidemocracia y pérdida de derechos.

Nosotros preferimos los excesos de la libertad de expresión que poner un bozal o poner una atadura a los medios de comunicación, y vaya que no somos los más beneficiados por los medios de comunicación. En ocasiones, quienes han sido nuestros candidatos han sido objeto de campañas de odio, de infundios, de satanización. Pero no obstante ello creemos en la libertad de expresión, creemos en la autorregulación y creemos que en todo caso un debate racional sobre el derecho de réplica no puede estarse haciendo a escondidas y a estas alturas de la sesión.

Reza el artículo 6o. de la Constitución que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público, —y establece que— el derecho de réplica será garantizado por el Estado.

Una verdadera legislación en la materia requiere tiempo, no esta premura, no esta precipitación. Insistimos que frente a la intención de dar un albazo legislativo preferimos la autorregulación y la libertad.

Por eso vamos a refrendar el voto en contra en la comisión de nuestro compañero Alfonso Durazo y no avalaremos esta ley que, insisto, al hacerse con tal precipitación no abrigamos de ella nada bueno. Preferimos los excesos de la libertad de expresión, preferimos la autorregulación de los medios que poner un bozal, una mordaza o judicializar la comunicación Y eso que no, como otros, hemos gozado del favor de los medios. Pero aun así preferimos la libertad.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Tiene el uso de la palabra la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón:Que el diablo está en los detalles, no cabe duda, y que no hay nada más frágil que la memoria, también.

Deberíamos celebrar que finalmente después de años, desde el 30 de abril del 2008, que es la fecha fatal en la que el Congreso de la Unión debió haber aprobado la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional en el que se incluyó el derecho de réplica, finalmente tengamos un proyecto de iniciativa de ley en el que aparentemente se pretende regular este derecho, para que se hagan efectivos, y para que todos los miembros de nuestra sociedad que sientan que ha sido afectado su honra, su moral, la vida privada o la actuación política, puedan defenderse ante información que no sea veraz.

Sin embargo, no es momento de celebrar, porque la ley o el proyecto de iniciativa de ley que tenemos enfrente hace precisamente lo contrario. Puedo asegurarles que en los términos en los que está esta iniciativa, lo único que hace es asegurar que el derecho de réplica quede a la total discrecionalidad de los medios de comunicación, sea impresos o de comunicación electrónica.

Esto porque a base de una serie de subterfugios legaloides, primero establecen como el sujeto obligado a aquel que al final de cuentas es el productor original de la información. Lo que significa que si una agencia de noticias publica alguna información que pueda ser contraria o ir en contra y agraviar a una persona, una radiodifusora, sea radio o televisión o un periódico, citando a esta fuente, simplemente no tiene ya obligación de conceder el derecho de réplica.

Y si no me creen, basta con que lean las causales por las cuales no tendrían la obligación de conceder el derecho de réplica, y es precisamente el que se cite a una fuente externa.

El hecho es que esta ley de derecho de réplica se olvida, porque ahí inclusive lo expone en sus motivos, que el 12 de junio de este año se expidió, se promulgó la reforma constitucional a los artículos 6o., 7o., 27, 28 y una serie de otros artículos en materia de telecomunicaciones.

Que esta reforma constitucional ratificó este derecho de réplica, pero que en sus artículos transitorios estableció una vez más la obligación de este Congreso de la Unión de aprobar la reglamentación del derecho de réplica dentro del contexto de una ley secundaria en materia de telecomunicaciones a la que están sujetas las radiodifusoras.

Es decir las empresas de radio y la televisión, y que conforme a esta reforma constitucional la autoridad competente para regular a estas empresas es nada más y nada menos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cosa que pretenden simplemente anular en esta reforma, puesto que además de concederle a los medios de comunicación el derecho de determinar si procede o no el derecho de réplica, siendo ellos juez y parte, resulta que cualquier inconformidad tiene que ser dirimida ante tribunales de la federación, olvidando que estas radiodifusoras se encuentran sujetas a las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero que además la reforma constitucional creó tribunales especializados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que son los especializados para tratar este tipo de asuntos.

Esta reforma está plagada de inconstitucionalidades, porque simplemente la Comisión de Gobernación omitió u olvidó —decía yo la memoria es de las cosas más frágiles— que existe esta reforma apenas aprobada el 12 de junio y que, por cierto, la regulación secundaria debería estar siendo aprobada el 9 de diciembre, cosa que no va a suceder, pero al olvidar que existe esa reforma olvidó que existe un Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que no le puede una ley secundaria quitar atribuciones establecidas en la Constitución.

Olvidó también la creación de estos tribunales especializados que son los competentes para tratar este tipo de asuntos en materia de radiodifusión, y que si bien en última instancia esto pudiese ser aprobado —como parece que va a ser, puesto que ya está todo acordado— todavía tengo la esperanza de que el Senado realice las modificaciones necesarias para hacer que esta ley, que por cierto establece como sanción —imagínense ustedes— quede entre 500 a 5 mil veces el salario mínimo diario del Distrito Federal. Lo que significa el equivalente a 32 mil hasta 320 mil pesos, a aquellos que incumplan con la obligación del derecho de réplica después de un largo proceso judicial.

Pero inclusive dice: y si ante inclusive la orden judicial continúan con su desacato. Déjenme decirles que lo único que sucede es que se duplica la multa, cuando en tesis, en las concesiones de radiodifusión queda claro que el incumplimiento de la ley merece precisamente la revocación de los títulos de concesión.

Ojalá que el Senado haga el trabajo que nosotros no estamos haciendo aquí. Ojalá que el Senado enmiende —como siempre hace— estas fallas de origen y constitucionales. Pero si no fuese así, ojalá —y a eso me abocaré— reunir una tercera parte de los votos de los legisladores aquí presentes, que están conscientes de que esta ley no va a conseguir nada, para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de esta pretendida iniciativa de ley, que lo único que hace es atender a los intereses de los grandes grupos mediáticos del país que, desafortunadamente, tienen cooptada a la clase política. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Purificación Carpinteyro Calderón.

Tiene el uso de la palabra —entiendo que lo hará desde su curul— el diputado Fernando Belaunzarán Méndez. Sonido en la curul del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que hablará en contra.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Gracias, presidente. Presenté un voto particular en la Comisión de Gobernación. Voté, por supuesto, en contra y presenté un voto particular. Lo lamenté, porque vaya que hace falta una ley de réplica, una ley secundaria que haga que efectivamente exista en los hechos este derecho que ya está en la Constitución.

Presenté este voto particular, a pesar de que reconozco que hubo un esfuerzo en la comisión por llegar a acuerdos, pero la verdad es que es una ley que se puede mejorar muchísimo, hay muchas cosas que se pueden mejorar que, por desgracia, en las condiciones en las que se llevó a cabo en la comisión y en las condiciones de este pleno es imposible hacer mejoras elementales.

Solo voy a decir un argumento, el argumento por el cual me llevó a votar en contra y presentar el voto particular. El argumento es que el derecho de réplica en tiempo electoral es nugatorio, porque si hay alguna difamación a algún candidato, a algún partido en las últimas dos semanas de campaña, no hay manera de que pueda darse la réplica, porque es un día en lo que se tarda la persona en presentar su escrito al medio de comunicación o a la agencia de noticias.

Luego, se tardan tres días en resolver si es que es procedente o no. Otros tres días se tardan en darle la respuesta al candidato que está en su lugar. Ya llevamos siete días. Ocho días sería el siguiente, si es que aceptan la réplica, le comunican, van y el medio acepta. Ocho días.

Es decir, en lo que fue la última semana ya no se puede contestar. Pero si van al proceso largo, si el medio de comunicación no acepta el derecho de réplica, además el proceso judicial tarda, primero otro día más en lo que se presenta la denuncia al tribunal; en lo que lo acepta el tribunal, que no está especificado, pero digamos que se toman otro día en aceptarlo.

Luego, cuatro días se tarda el tribunal en poder recabar las pruebas y tomar una decisión. Luego tarda dos días más...

Sí, perdón, estoy en mi curul porque fue parte del acuerdo. Hay un acuerdo de que hablo en mi curul. No voy a presentar reservas, no subo ahí porque hay un acuerdo para no poner en riesgo la consulta popular.

Entonces, van otros dos días en lo que se ve, otros dos días para citar a las partes en la conciliación y un día más para que pueda resolver el juez —si es que lo resuelve al día siguiente— y un día más para que se pueda publicar.

Es decir, tres semanas en el proceso largo, en tiempo electoral son tres semanas. Una calumnia a un candidato en las últimas tres semanas es golpe dado y es nugatorio. Por eso presenté el voto particular.

Y hay cosas tan elementales que se podían haber mejorado con un poquito de buena fe, en un buen sentido. Por ejemplo, si alguien presenta, se equivoca y va al medio de comunicación que difundió la noticia y no al que la generó, entonces, se tardaron tres días hábiles en resolver la propuesta. Tres días hábiles en comunicárselo, naturales en tiempo electoral. Son seis días. Pero si te tardaste cinco días en presentar tu solicitud ya no puedes, porque tienes solo cinco días para presentarla, es decir, si te equivocaste de ventanilla y fuiste al medio de comunicación y no a la agencia de noticias ya no puedes ejercer tu derecho de réplica.

Este tipo de cosas que se hubieran podido resolver, esto no se puede. O decir que por el pago de la multa, con eso quitas tu responsabilidad a la réplica. Cosas tan elementales, porque para algunos medios va a ser más barato pagar la multa que dar la réplica. Esas cosas se pudieron haber solucionado.

Pero bueno, el caso es que como es nugatorio en periodo electoral el derecho de réplica presenté el voto particular. Y lamento, de verdad, que no haya las condiciones para haber podido darle la importancia que tiene.

Esto no quita que no reconozca, por ejemplo, a la diputada Mónica García de la Fuente, que hizo un esfuerzo para llegar al consenso. Si no se llevó no fue porque le faltaron ganas, simplemente no pudimos llegar a un acuerdo por este tipo de puntos. Pero quiero establecer que espero también —como la diputada Purificación Carpinteyro lo dijo— que en el Senado puedan hacer que sea válido este derecho.

Lamento mucho tener que votar en contra, pero no es suficiente para las necesidades del derecho de réplica del país. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Fernando Belaunzarán Méndez. Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:El PRI no nos engaña a todos. Imagino mañana la edición Televisa, Canal de las Estrellas, de la cual ya muchos legisladores son parte, si no pregúntenle al Vítor, su asesor.

Al presidente de la Comisión de Gobernación mañana, ahí diciendo, todos, y les recuerdo, todos no es mayoría, sería unanimidad. Mayoría son algunos, no todos.

Y Purificación, si no se rompen las cadenas de los controles de los grupos y los jefes que andan negociando espejitos por oro, se podrán hacer acciones de inconstitucionalidad, pero si en acuerdos no los dejan ni subir a la tribuna, menos los van a dejar firmar acciones de inconstitucionalidad.

Las prisas y los acuerdos políticos de los operadores de los grupos parlamentarios que integran el pacto de la traición generan propuestas carentes de legitimidad, y que incurren en propuestas inconstitucionales e inoperantes para garantizar el derecho que pretenden reglamentar.

Artículo 6o. de la Constitución política. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Veamos un ejemplo de inoperancia en la ley, el artículo 2o., fracción II, se define como derecho de réplica el derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada o imagen.

Tenemos en el núcleo de esta definición la consideración de datos inexactos o falsos cuya divulgación cause un agravio político, económico, en su honor, vida privada o imagen de la persona.

¿Quién califica los datos de hechos inexactos o falsos, así como el agravio ocasionado? En una primera instancia, el mismo sujeto obligado, quien determina la procedencia de la solicitud de réplica presentada por el afectado, artículos 9, 11 y 12 del dictamen, quien tiene tres días para resolver y tres días para notificar al promovente su decisión.

En este procedimiento se imponen cargas a los sujetos obligados que no tienen fundamento constitucional, cargas inconstitucionales que hacen inoperante el derecho de réplica en una primera instancia.

El procedimiento jurisdiccional de acuerdo al dictamen se realizará ante los tribunales de la federación, jueces de distrito que correspondan al domicilio del agraviado, con cargas procesales que obstruyen un proceso sencillo y amistoso para el afectado, observando un procesamiento especial sumario, que puede ser apelado en los términos previstos en el Código Federal de de Procedimientos Civiles.

Sanciones. Multa de 500 a 5 mil días de salario en caso de que se omita la notificación de la resolución que emita el sujeto obligado, en caso de se omita la publicación o difusión de la réplica. En caso de incumplimiento de la resolución del juez multa de 5 a 10 mil días de salario.

Quien se precie de conocer el derecho procesal general, los derechos fundamentales y garantías constitucionales opinará que estamos ante una ley inoperante, que hace inviable el derecho de réplica. Éstas son las razones técnicas.

Las políticas, es un dictamen al vapor que pretende atender a las fantasías democráticas de una minoría de diputados del PRD, que siguen cambiando oro por cuentas de vidrio. Ustedes saben a quién me refiero, fue el reintegro que les dieron la madrugada aquella que estaban procesando la reforma energética, porque el cachito mayor fue para los de la ley anterior que acabamos de votar, los del Prian y los otros del PRD —que saben quiénes son— con promesas de tajada de la entrega de la renta petrolera que se pretende consumar con un albazo guadalupano.

De aprobarse esta ley, se iniciará un proceso judicial que haga inviable su vigencia, de nueva cuenta el chamaqueo para la supuesta oposición, que votó la reforma política-electoral y anuncia su voto a favor de la reforma energética.

Cuánta culpa y deseo –culmino, presidente– cuánta culpa y deseo de evitar ser expulsados de la fantasía primaria de la que hablaba Sigmund Freud. Y miren, eso ya no se los voy a explicar. Eso mejor lean o consulten un psicoanalista. Les va a apurar; lo otro sí, porque ni leen.

Bien vale la pena que alguien les explique, aunque sea desde aquí lo que van a votar. Evidentemente irán conociendo lo que es la traición y algún día les vamos a explicar, tal vez en los tribunales, la traición a la patria que están generando con toda esta articulación de medidas anticonstitucionales que busca expropiarle al pueblo su riqueza.

Ustedes quieren ser los anti Lázaro Cárdenas de la época moderna. Pero no lo van a lograr. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Agotada la lista de oradores y en virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 354 votos a favor, 9 abstenciones y 100 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, y reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular*.

Tiene la palabra el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, para fundamentar el dictamen.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores. A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular. Esta iniciativa presentada por los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, José González Morfín y Amalia García es un ejemplo de construcción de acuerdos y convicción democrática.

Se valora por parte de las diputadas y los diputados de esta Comisión de Gobernación los ejercicios de deliberación y construcción de acuerdos por parte de actores diversos en el escenario político nacional donde el Poder Ejecutivo y el Legislativo, así como distintas fuerzas políticas, convergen en dotar al ciudadano de más y mejores herramientas para participar de forma activa en la toma de decisiones trascendentales para la vida del país.

Esta comisión cree oportuno señalar que el presente dictamen reúne con suficiencia las consideraciones propuestas y sentidos distintos del proyecto legislativo presentado por los legisladores integrantes de diversos grupos parlamentarios de este órgano legislativo, a fin de regular la participación ciudadana en materia de consulta popular.

Los integrantes de la Comisión de Gobernación consideran fundamental estos antecedentes legislativos, fruto de la preocupación constante por parte de los grupos parlamentarios que integran esta Cámara para fortalecer la democracia a través de instrumentos que legitimen la toma de decisiones, así como que haga plenamente eficaces los contenidos normativos que se deriven de ésta.

Los integrantes de esta comisión reconocen la importancia fundamental de los mecanismos de participación democrática para todo Estado de derecho, al considerar que el Congreso de la Unión es el actor que desde un inicio tiene conocimiento de la pretensión de someter al veredicto ciudadano algún tema trascendental nacional.

Esta iniciativa que se dictamina prevé lo relativo a la recepción, la petición, la solicitud que se hará a la Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la materia de consulta popular y trascendencia nacional cuando se trate de peticiones de nuestros conciudadanos.

La solicitud a la autoridad electoral para la verificación del porcentaje requerido por la Constitución y, cuando sea procedente, la comunicación oficial de la convocatoria al mismo instituto a efecto de que se ocupe de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de conformidad con el artículo 35, fracción VIII, numeral 4, de nuestra Constitución.

Por ende al regularse de manera detallada, enunciado en el párrafo precedente, se cumple con el mandato constitucional que sintetiza en regular el procedimiento que deben seguir las peticiones de las consultas populares. La exigencia de legislar en materia es mayor porque los ciudadanos han decidido ejercer este derecho que no puede ni debe conculcarse a falta de una regulación expresa.

Es importante recalcar que la expedición de esta ley no soslaya los ordenamientos que podrían relacionarse con la participación ciudadana en cuanto a consulta popular se refiere tales como la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral sino que se complementa con ellas para regular de manera eficaz, específica y exhaustiva la materia de consulta popular.

Con el presente dictamen se cumple la Constitución y se cumple con el ciudadano. En el camino de la democracia los mejores pasos son los que se dan en el consenso y por ello los invito a dar el voto a favor por la aprobación del presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Alejandro Moreno Cárdenas.

Está a discusión en lo general. Tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa es producto de un método de discusión secreto, confidencial, ajeno a la luz pública y concentrado en un estrecho círculo de íntimos que negocian y firmaron el llamado Pacto por México.

La doctrina clasifica estos fenómenos de negociación de espaldas a la ciudadanía como un profundo trastorno de las instituciones políticas y las denomina como legislación autista. Luciano Vandelli: Trastornos de las instituciones políticas.

El Congreso ha sido desplazado y con él las reglas de debate parlamentario han sido sustituidas por el intercambio de prebendas y favores, en el marco de este pacto. A diferencia del debate que aquí estamos dando, los entendimientos en el Pacto por México no son públicos, no se registran ni se graban, no se transmiten en vivo por el Canal del Congreso, no están sujetos a reglamentos conocidos y consultables.

Quienes participan en el Pacto por México consideran que la política es la tarea de intercambiar beneficios mutuamente. Se enorgullecen de haber creado la democracia por convenio. Pero ignoran que los convenios no son legítimos por sí mismos.

Para la democracia no basta llegar a un acuerdo, sino que es fundamental que las reglas y el mecanismo de deliberación también sean legítimos. Para la democracia deliberativa y para la filosofía habermasiana, por ejemplo, las condiciones del debate son fundamentales, las reglas básicas de la argumentación como la libertad, la simetría, la igualdad entre las partes, la publicidad de los argumentos, la libertad de todas las personas para participar en el debate son condiciones sustanciales para lograr la legitimidad de una decisión.

Nada de esto se presenta en el Pacto por México y por tanto sus imposiciones carecen de legitimidad democrática. Es tan evidente que los legisladores que firman esta iniciativa no son los redactores de la misma y por lo mismo no se atiende ni se escucha su opinión, que en esta ocasión ni siquiera leyeron el texto que nos presentan.

La iniciativa repite párrafos enteros, como en su página octava, demostrando el poco respeto que se tiene hacia la representación popular. Por todo esto, aprovecho la tribuna para convocar a los dirigentes de los partidos políticos y al presidente de la República para respetar esta soberanía, para que atiendan al mandato de división de Poderes y entiendan que la función legislativa reside en el Congreso de la Unión.

Deben dejar de menospreciar a la representación popular que ostentan los diputados y senadores, pues ello implica, en el fondo, un profundo desprecio por el pueblo que nos eligió.

Entrando al análisis de la iniciativa, si bien el ordenamiento propuesto resulta necesario, hay omisiones importantes que deben ser subsanadas. Por ejemplo, no queda claro el órgano que será el responsable de redactar la pregunta que habrá de ser sujeta a la consulta.

El politólogo Giovanni Sartori ha advertido que en el modo de formular las interrogantes se juega gran parte de la democracia directa, pues una misma pregunta, según como sea formulada, puede obtener respuestas totalmente diferentes.

La iniciativa parece dejar en manos del Congreso de la Unión la pregunta a consultar. Sin embargo, omite definir claramente qué órgano del Congreso será responsable de redactar o modificar materialmente la pregunta.

No es lo mismo que una Comisión Permanente defina tal circunstancia y la someta a la consideración del pleno, a que lo haga la Junta de Coordinación Política. Esto no es resuelto por la iniciativa. Además en el caso de las consultas solicitadas por la ciudadanía, resultaría inviable que se modifique la pregunta propuesta por los ciudadanos y ello debería quedar plasmado en el cuerpo de la ley.

Por otro lado no hay previsiones que impidan la manipulación o coacción de los participantes en la consulta. Por ejemplo, no existen prohibiciones expresas hacia los ministros del culto religioso para impedirles coaccionar el voto ciudadano en las consultas.

Es muy lamentable que la ley, en su artículo 41, otorgue manga ancha al Ejecutivo para que difunda y haga campaña en torno a la consulta. Esto resulta contrario a los principios de imparcialidad e independencia que rigen en materia política-electoral en México.

Si el Ejecutivo puede intervenir en la difusión de los ejercicios de democracia directa, puede manipular también su resultado, lo que debería regularse en una prohibición expresa para que el presidente no intervenga en los procesos de consulta.

Es evidente que la izquierda en México ha pugnado desde hace tiempo por la creación de mecanismos de democracia directa y lo seguiremos haciendo. Sin embargo estos mecanismos no deben ser utilizados para manipular a la aprobación ni para concretar mayor poder o desequilibrar la división de Poderes. Por lo que no es justificable dotar de mayores atribuciones en esta materia al Ejecutivo federal.

En ese orden de ideas me gustaría concluir esta intervención citando la palabras de Norberto Bobbio, para quien resulta indispensable lograr que la democracia representativa y la directa no terminen por negarse mutuamente, como ocurriría si la legislación en torno a la democracia directa concentra más poder del que ya de por sí ostenta el presidente en manos de un órgano del estado unipersonal.

Esto implicaría —cito textualmente— que la democracia representativa y la democracia directa no sean dos sistemas alternativos, en el sentido de que ahí donde existe uno, no pueda existir el otro, sino que son dos sistemas que pueden integrarse recíprocamente.

Se puede decir, mediante una fórmula sintética, que en un sistema de democracia integral, las dos formas de democracia son necesarias, pero no son consideradas en sí mismas suficientes. Por las razones antes vertidas y mencionadas, el Partido del Trabajo votará en contra. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Loretta Ortiz Ahlf. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, antes de iniciar le pediría que ponga orden. Es un desorden la asamblea.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Solicito atentamente a las diputadas y diputados escuchemos con el respeto que se merece al diputado Monreal. Adelante, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Presidente, su conducción hasta ahora, salvo lapsos, ha sido correcta.

Ciudadanos legisladores, ciudadano presidente, dentro del proyecto democrático al que aspira cualquier Estado nacional, la participación ciudadana debe necesariamente ser vista como el eje rector de la política, ya que éste es el mecanismo por el cual se permite a los ciudadanos intervenir en los asuntos de interés colectivo, a través no solo de la discusión y el debate, sino también de la decisión y vigilancia de las políticas públicas implementadas en los diferentes órdenes de gobierno.

Al respecto, el presente dictamen considera nuevamente hacer uso de esta importante institución para consolidar la democracia en nuestro país. Sin embargo, la manera en cómo se está tratando nos parece equivocada, porque consolida arreglos fraguados desde el selecto grupo de los que detentan el poder en México. Y es que resulta absurdo que durante lo que va de esta Legislatura, y de manera cada vez más reiterada, se presentan iniciativas al vapor, se les da trámite legislativo exprés, utilizando el proceso legislativo como una mera moneda de cambio y vulnerando con ello toda idea de cultura, de legalidad y por ende el estado de derecho.

Fíjense ustedes, diputadas y diputados, podemos señalar que esta iniciativa puede contener propósitos buenos, pero déjenme relatarles cómo se presentó. Se presentó al pleno de esta Cámara el día 4 de diciembre, hace dos días, se dictaminó ayer 5 de diciembre y hoy se pretende aprobar. Me parece muy grave que a la una de la mañana se haya aprobado modificar el orden del día para introducir estos dictámenes para la discusión.

¿Saben cuántos artículos tiene esta ley? Sesenta y cinco artículos, cuatro transitorios. Díganme quién la ha leído, con honradez y seriedad. Nadie, nadie la ha leído. Es más, creo que la propia María Elena Sánchez Algarín, que es la directora de Procesos Legislativos, debe estar sorprendida de tanta arbitrariedad y desaseo legislativo. Debe estar asustada de vivir estos momentos tristes. Estoy seguro, muy seguro que hasta algunos secretarios técnicos, porque conozco a algunos muy buenos, y algunos asesores de diputados se sienten sorprendidos y frustrados por tanta ignorancia de los diputados.

De esta ley solo voy a dar un botón de muestra y le pido, presidente, que como tenía dos reservas en este mismo acto voy a agotarlas. Dos reservas que estoy presentando a esta ley, para que la asamblea sea tolerante. Espero que ésta sea la antepenúltima o la penúltima o la última intervención.

Miren ustedes el engaño de esta ley, repito, es solo un botón de muestra. En el artículo 40 de esta ley, si ustedes la leen, en la sección tercera de la difusión de la consulta dice: Durante la campaña de difusión el instituto promoverá la participación de los ciudadanos en la consulta popular a través de los tiempos de radio y televisión que corresponde a la autoridad electoral.

Dice el segundo párrafo: La promoción deberá ser imparcial. Pero luego en el 41, fíjense lo que dice el párrafo segundo, hablo de la difusión de la consulta popular, dice así: El presidente de la República podrá utilizar los tiempos del Estado que le corresponden para la difusión de la consulta popular.

Tamaña barbaridad no pueden aceptarla. Es decir, en el artículo 40 dice: Se faculta al Instituto Electoral para que, usando los tiempos oficiales, difunda la consulta. Y luego dice: La consulta debe ser en su difusión imparcial. Luego, más adelante dice: Pero el presidente de la República va a usar sus tiempos oficiales para difundir la consulta.

De verdad, aunque sean las tres de la mañana, ¿no hay un poquito de reflexión de los diputados y diputadas en que esto es un engaño? Esta es una medida gatopardista, cambian para que todo quede igual, benefician a la presidencia imperial, porque el presidente de la República, haciendo uso de su tiempo oficial, va a ser el único que difunda la consulta, que de antemano está afectada de parcialidad.

Es un engaño. Les digo a los compañeros de izquierda: es un engaño. Cualquier aspirante a ser estudiante de derecho, el que presenta examen de admisión cada año en el estadio Azteca se reiría de lo que ustedes están aprobando.

Ese estudiante que muchas veces no pasa el examen, no porque no sepa, sino porque no hay cupo en la UNAM, ese estudiante estaría sorprendido con las barbaridades jurídicas que esta noche se están cometiendo. Vean los artículos 40 y 41, por favor.

Y de esos, solamente de botepronto lo vi, porque hace media hora me dieron el proyecto, y siempre intento hablar con seriedad y con responsabilidad. Revísenlo. Presidente, le pido, por favor, plasme íntegro el documento que preparé, pero además las dos reservas, que también las adjunte al Diario de Debates. Pero señores diputados, dejen de cometer tanta tropelía legislativa.

«Posicionamiento sobre el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila.

Con su venia, señor Presidente:

Dentro del proyecto democrático al que aspira el Estado mexicano, la participación ciudadana debe necesariamente ser vista como eje rector de su política, ya que ésta es el mecanismo por el cual se permite a los ciudadanos intervenir en los asuntos de interés colectivo, a través no sólo de la discusión y debate, sino también de la decisión y vigilancia de las políticas públicas implementadas en los diferentes órdenes de gobierno.

Al respecto del presente dictamen, podemos decir que nuevamente se hace uso de éste importante organismo, para consolidar los arreglos fraguados entre los integrantes del selecto grupo de los que detentan el poder en México.

Y es que resulta absurdo que durante lo que va de esta legislatura y de manera cada vez más reiterada se presenten iniciativas al vapor, y se les da trámite legislativo exprés, utilizando el procedimiento legal preestablecido como una mera moneda de cambio y vulnerando con ello toda idea de cultura de la legalidad, y por ende, el estado de derecho.

Como muestra de lo anterior, podemos señalar que esta iniciativa fue presentada ante el Pleno de esta Cámara el pasado día 4 de diciembre, se dictaminó por la Comisión de Gobernación al siguiente día y se está discutiendo por la Asamblea el mismo día 5 de diciembre, pues sabemos que ésta era la condición para la aprobación de la reforma constitucional en materia política-electoral.

Como exponía Dahl en su libro Poliarquía, lo que distingue a una democracia en construcción de un sistema verdaderamente plural y representativo, radica en que en el segundo existe en primer plano la socialización formativa de una ciudadanía activa, no educada en la complacencia, frente al “adoctrinamiento” conservador desde la escuela y los medios de comunicación.

Así, a través de instituciones que garantizan la pluralidad de posturas en la toma de decisiones, se fomenta una sociedad civil que no se limita al proceso electoral para participar en la política, sino que monitorea constantemente a los funcionarios creando una verdadera rendición de cuentas.

De este modo, el ciudadano expresa sus demandas, pero al mismo tiempo éstas son escuchadas, no hay necesidad de gritarlas, ya que el marco institucional provee mecanismos de inclusión.

Con base en lo expuesto, observamos que la participación ciudadana es un fenómeno directamente vinculado con la gobernabilidad democrática y con la modernización de la gestión pública.

Si bien es cierto que México es un sistema presidencial y que los mecanismos de participación directa suelen ser más comunes en los sistemas parlamentarios; también lo es que en nuestro país el Congreso no representa a los ciudadanos.

Partiendo de que el 60% de los diputados se eligen por mayoría relativa en un país con elecciones cerradas y una sociedad multicultural, nos damos cuenta que existen millones de mexicanos que no se sienten representados por los legisladores.

Para ellos, la política en la nación se hace a puerta cerrada en un sistema donde la división de poderes existe sólo en papel, mientras que en la realidad el Poder Legislativo se ha visto reducido a una Oficialía de Partes, donde las mayorías aprueban todo sin permitir un debate equitativo.

Prueba de esto se encuentra en los resultados obtenido en la consulta nacional sobre las reforma fiscal y energética 2013, la cual reveló que 77.56% de la muestra estaba en contra de los regímenes especiales en ISR, que 87.61% de los ciudadanos opinaban que deberían pagar más impuestos quienes más tienen y 83.52% se encontraban en desacuerdo con que se permita inversión privada en la explotación y transformación de petróleo.

Si las opiniones de los ciudadanos fueran realmente escuchadas ¿Se habría aprobado la reforma hacendaria? ¿Se habrían perpetuado los regímenes con privilegios fiscales? ¿Estaríamos en vísperas de la aprobación de la reforma energética?

Son pocos los casos en los que en nuestro país se han utilizado mecanismos de inclusión ciudadana, entre los que destacan: la exigencia de elecciones libres y transparentes en México; la Consulta Zapatista del 21 de marzo de 1999, para el reconocimiento de los pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio, y el Plebiscito Ciudadano de la Ciudad de México de 1993, para que los habitantes de la ciudad pudieran elegir a sus gobernantes.

Es por esto que el dictamen que nos compete el día de hoy resulta de suma importancia y lo respaldaremos, debido a que la expedición de la Ley Federal de Consulta Popular permitirá el fortalecimiento del régimen democrático de nuestro país, al implementar instrumentos que permitan que todas las voces sean escuchadas y que encuentren solución a sus demandas.

No obstante, debemos mencionar que la ley en comento presenta grandes deficiencias que deben ser solucionadas si en realidad deseamos que la consulta popular cumpla con su misión inicial.

Resulta subjetivo y parcial el proponer que sea la mayoría de los legisladores presentes en el Congreso quien determine los temas que serán considerados de trascendencia nacional; este vicio provocará que las mayorías aplastantes de las cámaras sigan sofocando las demandas de los millones de mexicanos que no pertenecen a las cúpulas de poder.

Aunado a esto, la ley establece candados en los que se estipula que no podrán ser objeto de consulta popular: la materia electoral y los ingresos y gastos del Estado. ¿Acaso no son estos dos temas las dos principales esferas en las que históricamente se han presentado casos de corrupción y satisfacción de intereses particulares a costa de los ciudadanos?

Resulta de igual modo absurdo el plantear que la petición de consulta popular sólo se podrá realizar “a partir del uno de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el quince de septiembre del año previo en que se realice la jornada electoral federal”; es decir, que el gobierno podrá efectuar los más grandes atropellos en contra de la nación, siempre y cuando éstos se realicen en el primer año, ya que no habrá ningún mecanismo que permita a la gente manifestarse en contra.

Por último, la restricción que propone que los ciudadanos no podrán suscribir dos o más consultas populares en el mismo proceso, representa un freno absurdo e indignante. De aprobarse, lo anterior obligará a los mexicanos a elegir sólo una causa para manifestar su opinión, aun cuando existan más temas que los afecten de manera directa.

En conclusión, si nuestro país desea transitar a una verdadera agenda colectiva, donde la toma de decisiones de los poderes públicos cuente con la mayor pluralidad posible, resulta menester la corrección de los defectos expuestos.

Sólo a través de la eliminación de candados y obstáculos sin sentido lograremos un sistema en el que los pesos y contrapesos dejen de ser una utopía, para volverse realidad.

Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen.

Es cuánto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de diciembre de 2013.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Así será, diputado Monreal.

En consideración del espacio de tiempo que me solicitan grupos parlamentarios para el mejor despacho de este asunto y con las facultades que me confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se difiere la discusión, con el compromiso de que éste será el primer asunto...

El diputado Silvano Aureoles Conejo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Silvano Aureoles Conejo.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Presidente, muchas gracias. Quiero solicitarle que antes de diferir el tema que está a discusión nos permita unos minutos, porque estamos buscando el mecanismo para transitar un tema fundamental que está a discusión, y que justamente modificamos el orden del día hace unos minutos para abordar estos temas. Entonces, que nos permitan, antes de levantar la sesión, unos minutos para procesar el tema.

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Luis Alberto Villarreal. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Sí, presidente. Toda vez que por el momento procesal en el que nos encontramos no cabe una solicitud para una moción suspensiva y hemos cambiado el orden del día porque no hemos encontrado en las pasadas seis horas un acuerdo que nos permita darle a este país una consulta como la que México y los mexicanos se merecen.

Quiero expresarle a todos mis compañeros que por parte de Acción Nacional el compromiso es que podamos alcanzar este instrumento a favor de todas y todos los mexicanos. Lo creemos vital, está en nuestra plataforma legislativa, está en nuestra agenda y nuestro compromiso en este tema es irrenunciable.

Pero en aras de que podamos construir un instrumento efectivo para este país, le solicito al resto de mis compañeros que se acepte el trámite que usted ha propuesto, en el sentido de que cerremos esta sesión y en el compromiso de que el próximo martes el primer tema en la agenda sea, precisamente, continuar con esta discusión para poder tener un acuerdo amplio, grande, que nos permita darle a México y a los mexicanos una consulta como la que todos queremos. Muchas gracias, presidente.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Huerta. Dígame, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, mire, presidente, es lamentable ver que están hechos bolas, o sea, les metieron un gol. Están entregando la nación, les he estado insistiendo, espejitos por oro. Y ahorita en pleno debate, ya que metieron las cuatro patas ahí todos los que están metidos en este embrollo, ahora quieren más embarrarse en la ilegalidad, en la ilegitimidad.

Deberían ser ya valientes y enfrentar este debate de cara. Hay que decir, Silvano, te metieron un gol, la regaste, no te das cuenta ni lo que firman. Lo mismo le ocurre al PAN, y el PRI es gandalla, o sea, hablar las cosas como son y no andar aquí a medias tintas.

Le pido que sigamos el debate, por favor, porque no es nada más las atrocidades que ya narró el diputado Monreal, hay más temas de fondo que hacen que esta consulta popular sea pura demagogia, sea puro intento de quererse lavar la cara de algunos diputados que se dicen de oposición, que se quieren lavar la cara ante la entrega del petróleo que están haciendo desde hace días. Demos ese debate, presidente, no le tengan miedo.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Huerta.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Manlio Fabio Beltrones. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera(desde la curul): Solamente, presidente, para comentar que, como es obvio con estas últimas intervenciones, se nota cansancio en cada uno de los que hacen uso de la voz.

Y que el trámite que usted ha puesto en consideración de la asamblea, el Grupo Parlamentario del PRI está de acuerdo en aceptarlo, porque está convencido, adicionalmente, de que tenemos un compromiso con una Ley de Consulta Popular que se haga adecuadamente y en consenso entre todos nosotros. Las diferencias las podemos ir resolviendo en el tiempo, y tiempo es lo que necesitamos para poder aprobar una buena Ley de Consulta Popular.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Con las facultades que me confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos...

El diputado Silvano Aureoles Conejo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Voy a escuchar al presidente de la Junta de Coordinación Política y dictaré el trámite inmediatamente después. Sonido en la curul del diputado Silvano Aureoles Conejo.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quiero dejar, a nombre de mi grupo, de manera explícita y muy contundente que ése no fue el acuerdo que tomamos. Y me parece que cambiar las cosas de última hora...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Silvano Aureoles.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Afecta la relación de respeto que hemos mantenido en esta Cámara. Si los compañeros de Acción Nacional...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Silvano Aureoles Conejo. Diputado, ¿desea usted hacer uso de la tribuna?

El diputado Silvano Aureoles Conejo: Claro.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Adelante.

El diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, quiero dejar testimonio de parte de mi grupo parlamentario, de que éste no es el acuerdo que tomamos. El acuerdo es que hoy se discutían las cartas ciudadanas, consulta popular, iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.

Acordamos, compañeros del PAN, de que ustedes querían sacar su derecho de réplica. Pero que el compromiso era que también hoy se discutía la consulta popular. Si lo que en realidad no quieren es aprobar la Ley de Consulta Popular, díganlo públicamente.

Lamento que el PRI se sume a esa postura, que lo que intenta es retrasar que se legisle en la materia de consulta popular, porque el miedo que se expresa aquí es que tengamos un instrumento ante la pretensión de la semana que viene sacar la reforma energética, y no quieren que tengamos, como ciudadanos, un instrumento que permita defender los derechos de millones de mexicanos que están en contra de privatizar el petróleo.

Entonces, si lo que quieren es eso, mejor díganlo, porque ésa es una práctica dilatoria. No nos quieran ver la cara ni jugar el dedo en la boca. Lo que quieren es retrasar el debate de ese tema, y si eso es lo que quieren, así vamos.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Silvano Aureoles.

Con las facultades que me confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se difiere la discusión del presente asunto.

* PROPOSICIONES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Sí será el primer asunto listado el día martes, como aquí se me está solicitando.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 2:17 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día martes 10 de diciembre de 2013, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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