Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 291 diputada y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín (a las 11:20 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.  Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 5 de noviembre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

De la diputada Rosa Elba Pérez Hernández

Relativo a retiro de iniciativas con proyecto de decreto.

De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Con el que remite informe semestral del estado que guarda la solventación de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, con corte al 30 de septiembre de 2013.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Con el que remite Informe especial sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal y estados de la República Mexicana.

De la Secretaría de Educación Pública

Dos, con los que remite los Informes de las Unidades Responsables correspondientes al destino de los Recursos Federales que reciben las Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior, para el Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2013.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con la que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de septiembre de 2013, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de septiembre de 2012, la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2013 y la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública al mes de agosto del año en curso.

De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso, para fortalecer las acciones de prevención y tratamiento respecto a las adicciones de drogas ilegales.

De la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo y del Gobierno del Estado de México

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la implementación de una estrategia de movilidad integral en sus localidades.

Del Congreso del Estado de Guerrero

Acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión, con el objeto de que destine una partida extraordinaria, que garantice recursos suficientes para la reconstrucción de los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos recientes, en las comunidades y municipios de la Región de la Sierra del Estado de Guerrero.

Del Congreso del Estado de Chihuahua

Acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se destinen recursos financieros necesarios a fin de incrementar la inversión en materia educativa.

Del Congreso del Estado de Coahuila

Acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se destine una partida específica para apoyar la implementación de programas de educación sexual.

Acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se asigne un incremento presupuestal para destinarlo a la prevención, diagnóstico, atención, tratamiento y control del cáncer de mama.

De la Cámara de Senadores

Con punto de acuerdo por el que solicita al titular del Ejecutivo federal informar cuáles fueron las causas del déficit en las finanzas públicas nacionales y las razones por la cuales se solicita retroactivamente mayor endeudamiento público con cargo al presupuesto de 2013, presentada por los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta, Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de cabañas en Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del municipio de Chapala, Jalisco, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del domo deportivo en la unidad deportiva La Guadalupana en el municipio de Tonaya, Jalisco, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del Municipio de Tonaya, Jalisco, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la remodelación del Centro Histórico, segunda etapa, en el municipio e Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la rehabilitación del tramo carretero El Cerrito en Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para la remodelación del Auditorio Municipal de Cuautla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para la construcción del Domo Deportivo en Cuautla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de la Casa de Cultura de Tonila, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de la cuarta etapa de la Casa de Cultura de Jamay, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la pavimentación de la calle Abasolo, en el municipio de Jamay, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo del programa de pavimentación de la colonia Escritores Mexicanos del municipio de Jamay, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la restauración de la parroquia Santa Mónica de la Barca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación y ampliación de la Casa de Cultura de Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la unidad deportiva municipal en el municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del Municipio de Cocula, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la unidad deportiva municipal en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción del lienzo charro Cenobio Barba en Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la Casa Cural en San Marcos, segunda etapa de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la implementación de diversos proyectos en materia de infraestructura cultural en Yahualica de Gallo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a etiquetar un nuevo presupuesto para la Dirección General para la Igualdad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2014, presentada por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar recursos presupuestales destinados a la prevención y mitigación de daños por incendios en las sierras de Coahuila, presentada por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar un aumento en la partida presupuestaria para el estado de Coahuila, en el ramo salud, presentada por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir, en las ampliaciones para el ramo de ciencia y tecnología, el proyecto Red eléctrica inteligente de energía renovables y tecnologías limpias de la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche, presentada por el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar recursos para infraestructura deportiva municipal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, presentada por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar la asignación de recursos para el Fondo de Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del Bosque La Primavera, presentada por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que destine la aplicación de los ingresos excedentes que se recauden de la inminente reforma hacendaria a programas sociales y productivos en su parte sustantiva. (Votación)

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal. SENADO

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y adiciona una fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de adecuación de formatos y documentos para evitar la discriminación. Se devuelve fracción e; 72 constitucional

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de valores. Senado

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Senado

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Senado

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. y adiciona un párrafo al artículo 8o. de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Pasa

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ejecutivoenado

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la Sociedad Civil.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma los artículos 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades del Estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de BANOBRAS, a fin de dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la Delegación Álvaro Obregón.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal implementar las acciones correspondientes a atender la problemática de la Agroindustria Azucarera Nacional.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno Federal para que rinda informe y se implementen los programas y acciones preventivas y correctivas o de remediación que se realicen en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas en todo el territorio nacional.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre el proyecto de la construcción de la autopista urbana oriente en el Distrito Federal.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Semarnat y al Inegi, a diseñar campañas de difusión e información y al establecimiento de centros de acopio para residuos electrónicos derivados respecto al “Apagón Analógico”.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las leyes en la materia sobre la definición y las acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexuales.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas con proyectos de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción IX, recorriendo la subsecuente del artículo 140 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 122 bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Agenda política

Comentarios sobre la situación de la seguridad pública a nivel nacional, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Sonora y al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, se analicen y, en su caso, adopten las medidas necesarias para extender el ámbito de aplicación del Programa “Sólo Sonora”, a los límites de la entidad, a cargo del diputado Faustino Félix Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP y la Secretaría de Economía, implemente un programa emergente para las fronteras sur y norte de nuestro país, a fin de mitigar el impacto económico y social que generará la homologación de la tasa del IVA al 16% en las regiones fronterizas del país, a cargo de la diputada María Eugenia de León Pérez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que celebre la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente Resolución)

Iniciativas

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 86 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 9o. y 32 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Marco Antonio Barba Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 78 y 81 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena y suscrita por la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55, 56 y 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 335 y 337, y adiciona un artículo 335 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Vivienda y 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 92 y 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o. y 3o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. del Código Penal Federal, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 28 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 18 y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 Bis de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 166 Bis y 166 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 113 Bis a la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 14, 56, 57 y 72 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Eduardo Roman Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Amnistía, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o., 9o. y 10 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o., 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo de los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. y adiciona un artículo 10 a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77, 78 y adiciona un artículo 192 Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Antonio Cuéllar Steffan y Fernando Zárate Salgado, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y expide la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, a cargo del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 58, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 286 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o. y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 159 y 160 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, de la Ley de Aguas Nacionales y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Marco Alonso Vela Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, analice la pertinencia de incorporar la materia de educación ambiental en el plan y programas de estudio de Educación Básica, a cargo del diputado Gabriel Gómez Michel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Segob, de la PGR, de la Sedena y de la Semar, a fin de que se revise el funcionamiento y los resultados del operativo “Guerrero Seguro”, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la Profeco, a practicar de manera permanente visitas de verificación para asegurar el respeto irrestricto a la dignidad de los usuarios del transporte aéreo, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la casta petrolera, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, para que incorpore en su agenda binacional, la realización del proyecto de modernización y ampliación de los patios fiscales del Puente Internacional de Ciudad Acuña, la construcción del Segundo Puente Internacional, así como la construcción de la espuela de ferrocarril, en el estado de Coahuila, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que informe a la opinión pública sobre el destino y ejercicio del presupuesto aprobado para ciudades Patrimonio en el PEF 2013, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo y suscrita el diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la donación de sangre en el país, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua, para que coadyuven en el saneamiento de la barranca El Águila, en el municipio de Tepeaca, estado de Puebla, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la información del Estado mexicano que fue extraída de las cuentas de correo electrónico de los servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras entidades de la Administración Pública Federal, durante las administraciones de los Presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sener y de Pemex, para que haga pública la información sobre el avance o cancelación del proyecto de construcción de la “Refinería Bicentenario” de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, realice las acciones conducentes a fin de garantizar el abasto de medicamentos, insumos y equipamiento médico del Hospital General de Valladolid, así como de los diversos hospitales que componen la red hospitalaria nacional, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y al Instituto Mexicano de la Juventud, a implementar los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de las personas jóvenes, a fin de disminuir el alto índice de homicidios de dicho sector poblacional, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la piratería, invasión de rutas, liberación del transporte y conflictos intergremiales que enfrentan las diferentes modalidades del transporte en el estado de Tabasco, a cargo de la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo exhorta al Ejecutivo federal, instruya a los titulares de la SHCP y de la Segob, a fin de que sean modificadas las reglas de operación del Fonden, para que se condonen los porcentajes establecidos para el estado de Guerreo, como beneficiario de dicho fondo, en virtud de los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” y la insolvencia actual de la Entidad, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves treinta y uno de de octubre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos sesenta diputadas y diputados, a las once horas con veinte minutos del jueves treinta y uno de octubre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, en dos ocasiones; Carmen Lucia Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional; Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, en dos ocasiones; José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática; Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional; Teresa de Jesús Mojica Morga, y María del Rosario Merlín García, ambas del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace comentarios.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, que remite un oficio por el que se informa modificación de turno de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a efecto de que en la estrategia para la implantación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se gestione con especial prelación la instalación del consejo ciudadano, presentada por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen; y a la Comisión de Derechos Humanos, para opinión. Se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De las diputadas:

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud; Federal de Radio y Televisión; y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el cinco de septiembre de dos mil trece, sea retirada de las Comisiones de Salud, de Radio y Televisión, y de Derechos de la Niñez.

• Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos cincuenta y ocho, sesenta y cuatro, y setenta y cuatro de la Ley General de Protección Civil, presentada el veintidós de octubre del año en curso, sea retirada de la Comisión de Protección Civil.

• Josefina García Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada el veintinueve de abril del año en curso, sea retirada de las Comisiones de Justicia, y de Asuntos Indígenas.

Se tienen por retiradas las iniciativas, actualícense los registros parlamentarios.

c) Del Gobierno del Estado de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la prestación de servicios de atención médica integral de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

d) Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con la que remite Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa del Instituto al cierre de dos mil doce. Se remite a la Comisión de Vivienda, para su conocimiento.

e) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con las que:

• Remite acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión expida la Ley Reglamentaria del artículo treinta y cinco, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su atención.

• Remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, destine los recursos necesarios para llevar a cabo la conclusión de la Línea siete Ampliación Sur, Barranca del Muerto-San Jerónimo. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Comunica la designación de la ciudadana María del Carmen Carreón Castro, para ocupar el cargo de Magistrada Electoral del Tribunal Electoral del Distrito Federal, para el periodo dos mil trece-dos mil quince. De enterado.

f) De la Cámara de Senadores, con la que se devuelve el expediente de la Minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción segunda del artículo ciento sesenta y tres de la Ley General de Salud, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

El Presidente instruye a la Secretaría a dar lectura al oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción vigésimo novena-R al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros. Acto seguido, la Secretaría realiza el cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios de las Legislaturas de los Estados.

Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los Estados, puestos todos de pie, el Presidente realiza la siguiente declaratoria:

“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las Honorables Legislaturas de los Estados, declara adicionada una fracción vigésimo novena-R al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros”. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

g) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Con la que remite Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo doscientos veintiséis Ter a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, contenido en el artículo Tercero de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley Federal del Derecho de Autor, y de la Ley de Inversión Extranjera, presentada por los senadores Javier Corral Jurado, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Manuel Bartlett Díaz, Silvia Garza Galván, Zoé Robledo Aburto, Alejandra Barrales Magdaleno, Roberto Gil Zuarth, Luis Sánchez Jiménez, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Alejandro Encinas Rodríguez, Laura Rojas Hernández, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Layda Sansores San Román, Isidro Pedraza Chávez, Mónica Arriola Gordillo y Mario Delgado Carrillo, de los Partidos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• Claudia Delgadillo González, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos noventa y cinco de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Deporte, para dictamen.

• Alejandra López Noriega, y suscrita por los diputados José Enrique Reina Lizárraga y Damián Zepeda Vidales, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veinticinco, veintiséis, veintisiete y veintiocho de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Guillermo Sánchez Torres, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

El Presidente da la bienvenida al Pleno de la Cámara al Embajador de la Confederación Suiza, Señor Rudolf Werner Knoblauch.

A las doce horas con diecisiete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos sesenta y un diputadas y diputados.

• María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, que deroga el artículo ciento treinta y seis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Igualdad de Género, para dictamen.

• José Noel Pérez de Alba, a nombre propio y del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Transparencia y Anticorrupción, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y con opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos primero, diez, y once de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

• Ricardo Mejía Berdeja, a nombre propio y del diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Derecho Humanos, para opinión.

• Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos veintiséis, y veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, suscrita por el diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, que reforma el artículo sesenta de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió de la Cámara de Senadores, oficio con el que devuelve la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se deroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con el artículo sesenta y cinco, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se modifica el Orden del Día. En virtud de que la Minuta de referencia se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, con fundamento al artículo ochenta y dos, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Se concede el uso de la palabra al diputado José Isabel Trejo Reyes para hacer referencia a las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores. El Presidente informa a la Asamblea que la Cámara de Senadores realizó modificaciones a los siguientes artículos: dos y tres, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; doscientos setenta y cinco, y la adición de un artículo Décimo Segundo Transitorio, de la Ley Federal de Derechos; catorce, veinticinco, veintiocho, setenta y cuatro, setenta y cinco, noventa y seis, ciento once, ciento veintinueve, ciento cincuenta y dos, y la adición de una fracción cuadragésimo tercera al artículo Noveno Transitorio, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Rosendo Serrano Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional; Jaime Bonilla Valdez, del Partido del Trabajo; y Abraham Montes Alvarado, del Partido Revolucionario Institucional.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Catalino Duarte Ortuño, en dos ocasiones, José Luis Muñoz Soria, Uriel Flores Aguayo, Roxana Luna Porquillo, Antonio García Conejo, y Fernando Belaunzarán Méndez, para responder alusiones personales interviene el diputado Rosendo Serrano Toledo, y para rectificación de hechos la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, todos del Partido de la Revolución Democrática.

Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; y en pro los diputados: Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional; y Fernando Cuéllar Reyes, del Partido de la Revolución Democrática.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados: Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; y Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones; Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Partido Acción Nacional; Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional; Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional;

Para rectificación de hechos intervienen los diputados: Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano; María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se ha reservado para discusión en lo particular el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley Federal de Derechos. En votación nominal por doscientos noventa y siete votos a favor; ciento sesenta y dos en contra; y una abstención, se aprueban en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto.

A discusión en lo particular se concede el uso de la palabra a la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de supresión del artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley Federal de Derechos, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha. Sin más oradores registrados, en votación nominal por doscientos noventa y cuatro votos a favor; y ciento cincuenta y uno en contra, se aprueba en lo particular el artículo reservado Décimo Segundo Transitorio de la Ley Federal de Derechos. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se deroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace comentarios.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Derechos de la Niñez, que reforma el artículo dieciséis de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo; Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Verónica García Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional; y Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos diecisiete votos a favor, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo dieciséis de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) Derechos Humanos, que reforma el artículo siete de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Se concede el uso de la palabra para fundamentar y presentar propuesta de modificación al dictamen a nombre de la Comisión, al diputado Juan Jesús Aquino Calvo, acto seguido la Secretaría da lectura a la propuesta de modificación, en sendas votaciones económicas se admite a discusión y se acepta que pase a formar parte del dictamen. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática; María Teresa Jiménez Esquivel, del Partido Acción Nacional; y Mauricio Sahui Rivero, del Partido Revolucionario Institucional.

Desde su curul, el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática se congratula por el indulto otorgado al profesor Alberto Pathistán Gómez. El Presidente reconoce el esfuerzo de todas las legisladoras y legisladores por el trabajo realizado.

Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos dieciocho votos a favor, se aprueba en lo general y en lo particular con la modificación aceptada por la Asamblea, el proyecto de decreto que reforma el artículo siete de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) Derechos Humanos, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Miriam Cárdenas Cantú. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados; René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Mario Francisco Guillén Guillén, del Partido Verde Ecologista de México; Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática; María Guadalupe Mondragón González, del Partido Acción Nacional; e Irma Elizondo Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro del dictamen los diputados: Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; y Andrés Eloy Martínez Rojas, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para discusión en lo particular los artículos: primero, sexto, veinte, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho Bis, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres, sesenta y tres Bis, sesenta y tres Ter, sesenta y tres Quáter, sesenta y tres Quintus, sesenta y tres Sextus, sesenta y tres Séptimus, sesenta y tres Octavus, setenta y tres, setenta y cinco, setenta y siete, setenta y siete Bis, setenta y siete Ter, setenta y siete Quáter, setenta y ocho, setenta y nueve, setenta y nueve Bis, ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta y tres Bis, ochenta y cuatro, ochenta y seis, ochenta y siete, y ochenta y ocho, del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos dieciocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto. A discusión en lo particular para presentar propuesta de modificación a los artículos reservados interviene el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación de los diputados María Beatriz Zavala Peniche, y José Alfredo Botello Montes, ambos del Partido Acción Nacional. En votación económica no se admite a discusión, se desecha. No habiendo más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos diez votos a favor; cinco en contra; y tres abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos reservados en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Alejandro Rangel Segovia, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo octavo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió una Fe de Erratas al artículo Segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aprobada por el Pleno de la Cámara de Senadores, e instruye a la Secretaría a darle lectura. En votación nominal por doscientos sesenta y nueve votos a favor; y ciento treinta y tres en contra se aprueba la modificación al artículo segundo de dicha Ley. Incorpórese al proyecto de decreto.

La Presidencia informa a la Asamblea de la recepción un oficio de la Cámara de Senadores, con la que devuelve Minuta con proyecto de decreto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con el artículo sesenta y cinco, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se autoriza modificar el Orden del Día. En virtud de que la Minuta de referencia se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, con fundamento al artículo ochenta y dos, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Se concede el uso de la palabra para exponer las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores, al diputado José Isabel Trejo Reyes. La Presidencia informa a la Asamblea que la Cámara de Senadores realizó modificaciones a los siguientes artículos: primero de la carátula, dieciséis, y Quinto Transitorio, y adicionó un artículo Sexto Transitorio. Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados: Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. Sin más oradores registrados, en votación nominal por doscientos setenta y nueve votos a favor; ciento treinta y seis en contra; y ocho abstenciones, se aprueban los artículos primero, dieciséis, Quinto y Sexto Transitorios, modificados por la Cámara de Senadores. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la iniciativa y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo veintitrés de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• María del Rocío García Olmedo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que desarrolle una norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de ovario. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Enrique Alejandro Flores Flores, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y al Consejo de la Judicatura Federal, para que informe a la opinión pública respecto de las averiguaciones previas y procesos penales federales, relacionados con el aborto. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Eva Diego Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a establecer el diez de octubre como el Día Nacional en Pro de la Salud Mental. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, relativo al caso Montiel-Versini. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen.

• Patricio Flores Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las instancias correspondientes, se lleve a cabo la coordinación metropolitana en las entidades federativas. Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para dictamen.

• José Martín López Cisneros, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Presidente de la República, en su carácter de jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México, tenga a bien girar las instrucciones necesarias para incrementar el número de elementos del Ejército y de la Marina, destinados a Nuevo León. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Procuraduría General de la República, investigue respecto de la compra y operación del detector molecular GT200 en territorio nacional. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ana Isabel Allende Cano, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, se instrumente una base de datos nacional de usuarios de casas de empeño. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Colima, a intensificar y reforzar las acciones tendientes al tratamiento, prevención y control del Dengue en la entidad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, relativo al avance y cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, así como el de los setenta programas que intervienen para el cumplimiento del mismo. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, relativo a la suspensión de la implementación del Sistema de Supervisión y Control Vehicular; asimismo para que se instrumenten políticas públicas encaminadas al fomento de la competitividad turística y desarrollo socioeconómico. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María de Jesús Huerta Rea, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública, promueva, impulse y establezca tanto entre el personal docente como entre las y los educandos un lenguaje no sexista en los diferentes niveles de la Educación Básica y Media Superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a los programas presupuestarios a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos registrados en el año dos mil doce y en el año en curso. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a pagar la indemnización por despido injustificado al ciudadano Alfonso González Santana. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Kamel Athie Flores, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a crear el programa de mejoramiento de escuelas de los niveles de la Educación Básica y Media Superior en convenio con los estados y municipios. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a las gasolineras que despachan litros incompletos. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, cumpla con la Agenda Nacional de Derechos Humanos dos mil trece de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en materia de trata de personas. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, publique en su página web el uso y distribución de los recursos económicos destinados al Fondo de previsión presupuestal por entidad federativa, correspondiente a los ejercicios dos mil doce y dos mil trece. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, sobre la implementación del sistema braille en los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, en el nivel básico. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que coordine y realice las gestiones necesarias para la instalación de nuevas plantas potabilizadoras en los estados de Hidalgo y Guerrero. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Veracruz, para que cancele la instalación de las presas hidroeléctricas en la Cuenca de La Antigua; asimismo, para que dé a conocer a la opinión pública, respecto del Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa. Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Derechos Humanos, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes cinco de noviembre de dos mil trece, a las once horas, y levanta la sesión a las veinte horas con diecisiete minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobada el acta.

EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL Y AL DIRECTOR DE PEMEX POR LA EXPLOSION DEL POZO PETROLERO TERRA 123, DE NACAJUCA, TABASCO

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Rosendo Medina Filigrana. Dígame, diputado.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Antes de que continúe la sesión quiero nada más hacer hincapié en un llamado respetuoso, pero urgente y enérgico al gobierno federal y, en especial, a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, por la explosión del Pozo Terra 123 en la comunidad Oxiacaque, Nacajuca, Tabasco.

Es un pozo que se encuentra en uno de los principales yacimientos que tenemos en tierra firme, que es el campo C, y es un pozo que se ubica a escasos dos kilómetros de comunidades indígenas, de comunidades chontales que han padecido de inundaciones que les han afectado su vida económica y que hoy, con esta explosión, señor presidente, están expuestos a todo ese humo tóxico que está saliendo, que está afectando su salud, que está afectando a sus animales, sus plantaciones.

Por eso quisiera que quedara en acta y que pudiéramos —más adelante, en esta Cámara, de manera urgente— tomar cartas en el asunto, porque son hermanos chontales que están padeciendo una situación que no se merecen, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Su intervención ya forma parte del Diario de los Debates.

FIDEICOMISO PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Raúl Gómez.

El diputado Raúl Gómez Ramírez(desde la curul): Gracias, señor presidente. El día de ayer un grupo de 10 ex trabajadores migratorios se estaban manifestando en el Hemiciclo a Juárez, para que se les entregue el apoyo por parte del fideicomiso, para que se les fije en esta Cámara presupuesto y fueron rodeados aproximadamente por 180 granaderos. No se vale que personas de la tercera edad tengan que ser rodeados por 180 granaderos, como viles delincuentes, cuando los delincuentes andan en la calle, cuando los delincuentes se dedican a quemar policías.

Les pido de la manera más atenta aquí, en el Congreso de la Unión, en lo que corresponde a la Comisión de Presupuesto, que fijemos ese presupuesto para liquidar a nuestros ex braceros. No puede ser posible que estemos condonando deudas, cuando no podemos pagar deudas a nuestros ex braceros. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. También su intervención quedará asentada en el Diario de los Debates.

DESARROLLO DEL CAMPO MEXICANO

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Sebastián de la Rosa.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez(desde la curul): Gracias, presidente. Para comentar a este pleno, a esta asamblea, algo que miro con mucha preocupación. El día de hoy se publica una posición que fijó el presidente de la República el día de ayer, en torno al desarrollo del campo mexicano.

Ha expresado el presidente de la República que el campo mexicano cambiará de rostro, que emprenderá acciones para que el campo se convierta en una palanca de desarrollo. Así lo dice la nota del día de hoy, en un evento que tuvo ayer en Nayarit. Sin embargo, no veo que haya la disposición para que en el Presupuesto sea reorientado el gasto productivo y se está priorizando el gasto social.

Anoche fueron agredidos productores mexicanos que el día de hoy pretenden realizar una marcha, precisamente porque lo que están reclamando es que el Presupuesto, en el PEC, no refleja las intenciones que el presidente de la República ha expresado, no solo ayer sino en otros momentos. Por eso el día de hoy quiero que quede asentado que diputados del sector rural del Grupo Parlamentario del PRD —y espero que diputados y diputadas del sector rural de todos los grupos parlamentarios— podamos asumir una posición en torno a esto y realmente podamos reorientar el Presupuesto desde el PEC para que estas cosas que se han dicho sean realidad y no se queden en discurso.

Pero quiero decir, compañeros diputados y diputadas, que es necesario que esa sensibilidad discursiva pase a una sensibilidad económica. Pero sobre todo que este tipo de marchas, que este tipo de luchas por transformar el campo mexicano no sean reprimidas, y al contrario sean atendidas para resolver sus demandas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. También su intervención forma ya parte del Diario de los Debates.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio, por el que se...

¿Perdón? Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, en efecto, el día de hoy arriban al Distrito Federal caravanas de productores de frijol de los estados de Zacatecas, Durango, Chihuahua. También estarán presentes productores de sorgo de Morelos y Guanajuato y también de Sinaloa, del Bajío. Y habrá una marcha de maquinaria agrícola por el Paseo de la Reforma hasta la Secretaría de Gobernación.

Veo que, en efecto, en esta Cámara los legisladores deberíamos ser más solidarios con la demanda de los productores del país. Los campesinos en México están abandonados a su suerte. Los campesinos en México están desesperados. No hay quién pueda ayudarlos ni atenderlos.

Hoy los productores de frijol, los campesinos de frijol de Zacatecas están marchando. Y hoy todos los diputados estamos recibiendo un obsequio, un morral del gobierno de Zacatecas, un dispendio.

Deberían ser más cuidadosos y atender a sus pueblos. Y aquí se vienen a placear con lambiscones alrededor, gobernadores, cuando sus pueblos están abandonados. Y no solo quede una mera propuesta, sino que se agende. Lo que propongo es que agende, señor presidente. Lo que propongo es que se agende...

El Presidente diputado José González Morfín: Que se retire un poco del micrófono, diputado Monreal, para que se escuche.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Lo que propongo, presidente, es que se agende. Se agende en esta sesión el tema del campo mexicano. En agenda política discutamos porqué razón los productores del país están marchando en su desesperación y en su abandono.

Repetía, porque se vició el sonido, que mientras lo productores de Zacatecas en su desesperación, los frijoleros, están marchando en búsqueda de apoyo, hoy recibimos en esta Cámara obsequios los 500 diputados del gobierno, que es un despilfarro, cuando preferiría que se los entregaran a los campesinos y no hacer actos aquí de relumbrón que lo único que provocan es mayor irritación social.

Ojalá y se agende. Esa es mi propuesta para discutir el tema de los productores de México que están al borde de la desesperación y de la extinción.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El diputado Pedro Porras Pérez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Pedro Porras.

El diputado Pedro Porras Pérez(desde la curul): Creo que hoy hemos escuchado una serie de discursos, tanto del presidente como del secretario de la Sagarpa, donde se pretende que haya mayor productividad en nuestro país, supuestamente apoyando a nuestros productores. Pero el discurso con la realidad choca.

Hoy, en esta marcha donde miles de campesinos acuden a esta ciudad por la desesperación y el abandono que se ha tenido a sus implementos de trabajo, como son tractores, animales y que vienen en esa desesperación, porque hoy todos sabemos que los precios de los productos del campo, de los granos, específicamente, están cayendo, y que el campo no ha sido rentable.

Y que hoy el secretario de Agricultura y Sistemas de Riego de Sagarpa ha reconocido que la política hacia el campo ha sido un fracaso. Pero vemos que siguen implementando la misma política.

Creo que en esta Cámara de Diputados deberíamos ser sensibles para que a tiempo atendamos un sector que requiere la atención de esta Cámara y de nuestras autoridades, como son los productores y los campesinos de este país que nos dan de comer.

Por tanto, hoy por supuesto que nos solidarizamos con los que hoy están marchando en esta ciudad y hacemos suyas sus demandas, como es la reorientación de los programas, como es la creación de un banco, que efectivamente dé crédito específico a los productores, un crédito más barato, porque nosotros estamos convencidos que solamente atendiendo al campo vamos a poder combatir la pobreza en este país.

Por tanto, nos solidarizamos y reprobamos la represión que han sufrido los campesinos de este país ayer por la noche. Y hoy que hay una serie de retenes en las entradas a estas ciudades. Hoy podrán detener a estos campesinos, pero si no intervenimos a tiempo seguramente no va a ser posible más adelante retener la irritación que existe en el campo. Gracias, presidente.

El diputado Catalino Duarte Ortuño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Catalino Duarte.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): En el mismo sentido, presidente. Me parecen acertados los razonamientos del diputado de Movimiento Ciudadano, de Zacatecas, en el sentido de que solo en el discurso se menciona a los campesinos. Es la realidad, están abandonados.

Propongo que precisamente en la agenda política se establezca de manera puntual la atención al campo. Tengo conocimiento de que está en sesión permanente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y si en verdad los compañeros diputados y las compañeras diputadas del PRI y del PAN dicen que apoyan al sector productivo, es el momento propicio para que den la cara, para que el contesten al pueblo de México y hagan una propuesta congruente y se pueda modificar la propuesta que ellos están señalando en el gasto, tanto el PRI como el PAN.

Insisto, que se toque el tema en la agenda política, porque en la vía de los hechos los productores de este país están abandonados, en especial aquellos que también producen maíz, que es el principal insumo que consumimos nosotros los mexicanos y mexicanas. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: En agenda política tenemos el tema de seguridad pública. Pero esta Presidencia estará atenta de que la Junta de Coordinación Política pudiera hacer algún agregado de un tema adicional en la agenda política. Hay un procedimiento para modificar el orden del día, entonces pues tenemos que ceñirnos a él.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, presidente. Para que esta Cámara de Diputados haga un llamado al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México para que respeten la libertad de tránsito de los campesinos, agricultores, barzonistas que se están preparando para hacer una manifestación pacífica.

Tenemos conocimiento que ya se les está reprimiendo, sobre todo a los barzonistas y nos parece muy grave que no solo se les reciba con nuevos impuestos, con aumentos al diesel, a los combustibles, con terrorismo fiscal, sino que ahora también se les reciba con toletes.

Esta militarización y este régimen policiaco no permiten la libre expresión y me parece que este Poder Legislativo tiene que pronunciarse. Porque no es posible que mientras ellos estén sufriendo incomodidades, penurias y golpes haya gobernadores como el de Zacatecas, Miguel Alonso, que faraónicamente se pasea en este recinto y además despilfarra recursos que bien podrían servir para el campo de Zacatecas. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Le voy a dar el uso de la voz, brevemente, desde su curul, a la diputada Gisela Mota y a la diputada Yazmín Copete y vamos a continuar con la sesión.

La modificación del orden del día tiene un procedimiento, que no depende de esta Presidencia. Pediría que se hiciera la petición a través de la Junta de Coordinación Política para que pudiéramos darle el trámite que corresponde. Sonido en la curul de la diputada Gisela Mota.

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo(desde la curul): Presidente, respaldando la petición del diputado Monreal.

El día de ayer, en el estado de Nayarit, el presidente de la República dio un discurso recordando sus promesas de campaña. Dice que busca la soberanía alimentaria para el país, que busca la producción del 75 por ciento de los alimentos en el país. Pero paradójicamente en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación hay un crecimiento de 14 puntos en lo global y en el Programa Especial Concurrente —que es el Presupuesto para el campo— solamente hay un crecimiento de 3.9 por ciento.

Pido ahorita congruencia a los diputados del Revolucionario Institucional, para que se someta en esta sesión el tema del campo en México. Creo que no puede quedarse solamente en el discurso, tiene que haber una congruencia de parte de los diputados de todas las fracciones parlamentarias. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Finalmente, la diputada Yazmín Copete.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sin duda alguna hemos escuchado diversos discursos de Enrique Peña Nieto. Pero son eso, discursos.

El hecho de que los campesinos se manifiesten es una muestra clara del abandono que existe precisamente en el campo, y no solamente van a ser hoy los productores de frijol o de sorgo, en días pasados fueron los cañeros, pero también los citricultores y los cafetaleros atraviesan por una situación muy difícil. Y efectivamente se tiene que aumentar el Presupuesto destinado al campo.

No es impidiendo el paso a esta Ciudad de México como se van a resolver los problemas, menos aún reprimiendo las manifestaciones. Es atendiendo los problemas de fondo y los problemas de fondo es que hay hambre. Pero tampoco se va a combatir con estos programas asistenciales, que suelen ser electoreros, manipulados para fines políticos.

Luego entonces, se requiere al frente de la Secretaría de la Sagarpa a una persona que conozca el campo, que conozca sus problemas. Enrique Martínez y Martínez es un pésimo secretario.

En consecuencia, compañeras y compañeros diputados, todos, de todas las fracciones debemos pronunciarnos y, en consecuencia, actuar por un Presupuesto mayor para el campo, si no queremos que al rato esto se vuelva un problema de dimensiones inimaginables, porque la gente quiere ser atendida. Es cuanto, diputado presidente, gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Continúe la Secretaría.

MODIFICACION DE TURNO DE INICIATIVAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno, de las siguientes:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal, el 17 de octubre de 2013.

“Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Municipal para opinión”.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o., de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal, el 17 de octubre de 2013.

“Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Municipal para opinión”.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 2o., 6o., 7o., 27, 28 y 105 Constitucionales, en materia de Derechos al Libre Acceso a la Información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por Diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, el 17 de octubre de 2013.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, para dictamen, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Asuntos Indígenas, y Especial de tecnologías de la información y la comunicación, para opinión”.

México, DF, a 5 de noviembre de 2013.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. A ver, sonido en la curul de la diputada Purificación Carpinteyro.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): Con mucho respeto, señor presidente, quiero manifestar mi sorpresa de que una iniciativa que fue presentada el 17 de octubre, o sea, poco menos de un mes y que, por cierto, por mandato constitucional tiene que ser aprobada antes o más bien en los primeros días de diciembre, hoy se esté turnando a comisiones adicionales a las que ya estaba turnada.

Me sorprende inclusive que esté siendo turnada a comisiones especiales para opinión. Si de por sí ya comisiones unidas en términos de Comunicaciones y Transportes y en términos de Radio y Televisión ni siquiera han convocado para poderse poner a analizar esta iniciativa, porque citar a comisiones unidas es ya algo aparentemente imposible, ahora turnándola a tres más, siento que más bien estamos tratando de hacer que no se dictamine esta iniciativa, cuando al final de cuentas creo que esta Cámara de Diputados tiene el honor y el deber precisamente de hacer su trabajo como legisladores, iniciando el análisis de una iniciativa, que no tiene que ser la que sea aprobada, pero que sí por lo menos sirve de base del debate.

Al final de cuentas, lo que está sucediendo aquí es simplemente una forma de imponer nuevamente más obstáculos a una iniciativa, que ninguno, ni el presidente de Radio y Televisión ni el presidente de la Comisión de Comunicaciones han querido siquiera iniciar el debate.

Supongo que están esperando el proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, creo que no será negativo el que empecemos estas discusiones y cuando llegue el proyecto del Ejecutivo comparemos. Pero no hay ningún fundamento para que en este momento, casi un mes después de que fue presentada la iniciativa, se turne a tres comisiones y además sean especiales.

Quisiera, por favor, que tomasen en consideración más bien el que ésta ya fue turnada a las comisiones, que las comisiones a las que fue turnada, que es la Comisión de Comunicaciones y la Comisión de Radio y Televisión sean conminadas a que de manera inmediata se convoque a analizar y debatir esta iniciativa, para que en última instancia estemos listos para poder votar la iniciativa que resulte precisamente de este debate, antes de que concluya el plazo constitucional que nos fue impuesto. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Llevaré su planteamiento con mucho gusto a la Mesa Directiva. La Mesa Directiva acordó turnarla para opinión a estas comisiones a petición de las juntas directivas de las mismas. Las opiniones no son vinculantes y no estorban para nada el trabajo de las comisiones que la tienen para dictamen. Con mucho gusto llevo su planteamiento a la Mesa Directiva para que tome en cuenta la posición aquí expresada.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Le solicito amablemente que se conmine a las comisiones de Radio y Televisión y de Comunicaciones a las que ha sido turnada para que se inicien los trabajos.

El Presidente diputado José González Morfín: Es que la Mesa Directiva no tiene facultades para conminar. Hay plazos establecidos en el Reglamento, diputada, pero ni la Mesa ni el Presidente tienen facultades para conminar a nadie en esta Cámara. Llevo con mucho gusto su inquietud a la Mesa Directiva para la próxima sesión.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): Usted, presidente, tiene la responsabilidad de hacer que el Reglamento se cumpla.

El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención quedará registrada en el Diario de los Debates y lo haré del conocimiento de la Mesa Directiva, diputada.

De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno y se actualizan los registros parlamentarios.Continúe la Secretaría.

CAMBIO DE INTEGRANTES Y DE JUNTAS DIRECTIVAS DE COMISIONES ORDINARIAS, ESPECIAL Y DE GRUPOS DE AMISTAD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que la diputada Tanya Rellstab Carreto cause baja como secretaria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado Luis Olvera Correa cause alta como secretario en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado Luis Olvera Correa cause baja como secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que la diputada Tanya Rellstab Carreto cause alta como secretaria en la Comisión de Desarrollo Municipal.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 31 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que el diputado Ponciano Vázquez Parissi cause baja como integrante de la Comisión de los Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que la diputada Isela González Domínguez cause alta como integrante en la Comisión de los Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado Ponciano Vázquez Parissi cause baja como integrante de la Comisión de Deporte.

• Que la diputada Isela González Domínguez cause alta como integrante en la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que el diputado Ponciano Vázquez Parissi cause baja como integrante de la Comisión Especial para impulsar la agroindustria de la palma de coco.

• Que la diputada Isela González Domínguez cause alta como integrante en la Comisión Especial para impulsar la agroindustria de la palma de coco.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 31 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Arturo Escobar y vega, coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Que el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino cause baja del Grupo de Amistad México-Palestina.

• Que el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino cause baja del Grupo de Amistad México-Nueva Zelanda.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 4 de noviembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense.

Queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo embajador de Bulgaria en México, Hristo Georgiev Gudjev, que está hoy aquí invitado por el diputado Jesús Oviedo Herrera. Le damos la más cordial bienvenida y celebramos que los lazos de amistad en nuestros dos países se fortalezcan con esta relación con la Cámara de Diputados.

Continúe la Secretaría.

RETIRO DE INICIATIVAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La que suscribe, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante de la LXII Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite solicitar el retiro de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, para incorporar el término movilidad no motorizada, presentada el 23 de abril de 2013 y turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Agradeceré actualizar los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 31 de octubre de 2013.— Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La que suscribe, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante de la LXII Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite solicitar el retiro de la iniciativa que reforma los artículos 48 y 49 de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada el 23 de abril de 2013 y turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Agradeceré actualizar los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 31 de octubre de 2013.— Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión de Vigilancia de la Audutoría Superior de la Federación.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en los artículos 74, fracción II, y 79, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el cual enuncia: “La Auditoría Superior de la Federación informará a la Cámara, por conducto de la comisión, del estado que guarda la solventación de las observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas. Para tal efecto, el reporte a que se refiere este párrafo será semestral y deberá ser presentado a más tardar los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, con los datos disponibles al cierre del primer y tercer trimestre del año, respectivamente...”, me permito enviar en medio magnético el “Informe semestral del estado que guarda la solventación de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, con corte al 30 de septiembre de 2013”, que se integra por un informe general y 26 anexos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.— Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase al director general de Servicios de Documentación, Información y Análisis, para consulta de todos los diputados

INFORME ESPECIAL SOBRE LOS HOSPITALES PSIQUIATRICOS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTADOS DE LA REPUBLICA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado Federal Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Distinguido diputado federal:

Por medio del presente comunico a usted que el miércoles 30 de octubre de 2013, la Comisión Nacional, emitió el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal y estados de la República Mexicana.

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 30 de octubre de 2013.— Doctor Raúl Plascencia Villanueva (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal y estados de la República Mexicana

I. Presentación

1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 6, fracciones II, III, VII, VIII; 15, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 174 de su reglamento interno, presenta a la opinión pública su Informe Especial sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal y de los estados de la República Mexicana.

2. A través de este documento, la Comisión Nacional hace patente su preocupación por quienes presentan algún tipo de padecimiento mental y se encuentran internadas en diversas unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica en el país.

II. Antecedentes

3. El 16 de noviembre de 1995, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica; entre sus objetivos se encuentran los de uniformar criterios de operación, actividades y actitudes del personal de las unidades que prestan servicios de atención hospitalaria médico-psiquiátrica. En el año 2000, se inauguró el hospital psiquiátrico “Villa Ocaranza”, en Tolcayuca, Hidalgo, lo que representó una transición en la atención psiquiátrica hacia el denominado modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, el cual tiene como propósito integrar los servicios de prevención, hospitalización y rehabilitación, de conformidad con lo previsto en la norma oficial citada.

4. Actualmente, los avances en la ciencia médica permiten que en un gran número de casos, el tratamiento psiquiátrico se aplique por lapsos relativamente breves, y una vez controlado el padecimiento, los pacientes puedan reincorporarse a su vida cotidiana o, de no ser esto posible, dejarlos bajo la custodia de quien legalmente corresponda, para que en el exterior continúen con el tratamiento prescrito por el psiquiatra, lo cual disminuye la necesidad de estancias prolongadas o permanentes. Este cambio, permite la reincorporación de la persona al medio al que pertenece; en otras palabras, que su vida se desarrolle, en lo posible, dentro del ámbito familiar y social.

5. Lo anterior trae como consecuencia la necesidad de realizar un cambio en la política pública de salud mental, mediante la implementación de un sistema que permita transitar de un modelo asilar a otro que les garantice el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, como por ejemplo, vivir en el seno familiar o en un hogar que lo sustituya, así como participar en las actividades sociales, culturales y recreativas a las que tienen acceso quienes no presentan este tipo de padecimientos.

6. El 27 de junio de 2008, se emitió el Informe 4/2008 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal, dirigido al secretario de Salud federal y al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de las visitas de supervisión realizadas al Instituto Nacional de Psiquiatría Doctor Ramón de la Fuente Muñiz, al hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan Nepomuceno Navarro, al hospital psiquiátrico Doctor Samuel Ramírez Moreno, al hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, al hospital regional de psiquiatría Morelos, al hospital de psiquiatría médica con Unidad Familiar número 10 y al hospital regional psiquiátrico Doctor Héctor Tovar Acosta, en el cual se menciona la presencia de violaciones a los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales hospitalizados, a recibir un trato digno, a la protección de la salud y a la legalidad y seguridad jurídica, derivadas de la omisión de aviso al Ministerio Público sobre el ingreso involuntario, deficiencias en el consentimiento informado y la insuficiencia de personal médico así como de recursos para satisfacer la demanda de consulta externa.

III. Acciones

7. Con el propósito de constatar y conocer la situación que prevalece en los hospitales psiquiátricos y los pacientes que estos albergan, durante 2011 y 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, efectuó visitas de supervisión a 41 hospitales que brindan atención intrahospitalaria, situados en el Distrito Federal y los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

8. De los 41 hospitales psiquiátricos visitados, tres de ellos son administrados por la Secretaría de Salud federal y uno es coordinado por ella, tres bajo la responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social y otro depende de la Secretaría de la Defensa Nacional; los 34 hospitales restantes dependen de las correspondientes Secretarías de Salud y están ubicados en 25 estados de la República. El Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala, no cuentan con hospitales psiquiátricos que brinden atención intrahospitalaria. La información se detalla en el cuadro que se presenta a continuación:

9. De acuerdo con la información recabada durante las visitas, la capacidad instalada en los 41 hospitales visitados asciende a 4 mil 9 camas censables. Del total, 777 se encuentran en hospitales que dependen del gobierno federal, cuya población al momento de las visitas asciende a 669 pacientes internados, de los cuales 371 son hombres y 252 mujeres, así como 46 menores, 22 de ellos mujeres y 24 hombres; mientras que en los establecimientos bajo la competencia de los gobiernos estatales existen 3 mil 232 camas, con una población de 2 mil 474 pacientes, entre los cuales se encuentran mil 278 hombres y mil 187 mujeres, así como 9 menores, 4 de ellos hombres y 5 mujeres.

10. El trabajo que se llevó a cabo en estos lugares, consistió en verificar el respeto a los derechos humanos de los pacientes hospitalizados que padecen un trastorno mental. Para llevar a cabo esa tarea, se implantó la Guía de Supervisión a Hospitales Psiquiátricos, la cual se integra por dos instrumentos cuyos rubros están estructurados para evaluar las condiciones de hospitalización que imperan en esos lugares, conocer la normatividad que los rige, así como aquellos aspectos que garantizan el respeto a los derechos humanos del paciente relacionados con su situación jurídica, la protección de la salud, la vinculación social, la integridad personal, el trato digno y particularmente de quienes además pertenecen a otros grupos en situación de vulnerabilidad.

11. La guía de supervisión aplicada por esta Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2007, ha sido diseñada a partir de los estándares de protección, contenidos en la normatividad nacional y estatal, así como en diversos instrumentos internacionales tanto de carácter vinculante como declarativo.

12. Para la aplicación de esos instrumentos participaron 16 servidores públicos de este organismo nacional, entre médicos, psicólogos, psiquiatras y abogados, quienes llevaron a cabo recorridos de inspección por las instalaciones de los hospitales y diversas entrevistas con los responsables de la administración de los hospitales, con personal médico, de enfermería y administrativo adscrito, con el propósito de verificar el trato que reciben los pacientes internos, su seguridad jurídica, así como el funcionamiento y las condiciones en que se encontraban todas las áreas. De igual manera, se realizó una revisión aleatoria de expedientes clínicos y libros de registro.

IV. Hechos

13. De la información recabada durante las visitas, se advierte la existencia de hechos que contravienen diversas normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos en agravio de las personas con padecimientos mentales internos en los hospitales psiquiátricos del país, relativos al trato digno, legalidad y seguridad jurídica, protección de la salud e integridad personal, como a continuación se expone:

Trato digno

14. En septiembre de 2011 personal del hospital psiquiátrico Villa Ocaranza en Tolcayuca, Hidalgo, informó que una paciente internada en el hospital fue víctima del delito de violación equiparada agravada por parte de un servidor público adscrito a esa institución. Con motivo de estos hechos se dio vista a la representación social y se inició la indagatoria correspondiente, y una vez concluida se ejerció acción ante el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tizayuca, donde se encuentra en trámite el caso bajo la causa penal 193/2011.

15. En el hospital de salud mental, en la ciudad de Chihuahua, se aplican medidas de aislamiento hasta por cuatro días como parte del tratamiento; incluso, se tuvo conocimiento de que un paciente permaneció más de 90 días en esas condiciones; en el hospital de Oaxaca, tales medidas se imponen como sanción disciplinaria a los pacientes que presentan conductas violentas.

16. En la unidad de atención a la salud mental de Chiapas; los hospitales Doctor Samuel Ramírez Moreno y Doctor Juan N. Navarro, ambos en el Distrito Federal; la unidad de rehabilitación psiquiátrica, en Nuevo León, y en la unidad hospitalaria de salud mental, en Xalapa, Veracruz, que no son instituciones de carácter asilar, existen pacientes crónicos con grave deterioro mental que permanecen hospitalizados porque no cuentan con familiares ni instituciones que se hagan cargo de ellos.

17. Al respecto, cabe mencionar que en el hospital Doctor Samuel Ramírez Moreno, situado en el Distrito Federal se observó que hay 155 pacientes que se encuentran en la situación antes referida, incluso varios de ellos llevan más de 10 años, mientras que en el hospital Doctor Juan N. Navarro, también en el Distrito Federal, hay 13 mujeres adultas que ingresaron cuando eran menores de edad.

18. En la Unidad de Atención a la Salud de Chiapas; el Hospital de Salud Mental de la ciudad de Chihuahua, y en la Unidad Hospitalaria de Salud Mental, en Xalapa, Veracruz, no cuentan con un área de visita familiar, por lo que se habilitan diversos espacios para llevarla a cabo; en algunos casos no existen mesas ni sillas.

19. Se observó deterioro y falta de mantenimiento en las instalaciones y el mobiliario de varios hospitales, particularmente, en la estancia y patio de la sala de mujeres en el hospital de salud mental, en la ciudad de Chihuahua; una pared del comedor presenta daños en la estructura, en el de Guanajuato; el área de cocina, la estantería y mobiliario en el de Orizaba, en Veracruz; las camas están oxidadas y los colchones rotos, en el de Parras, en Coahuila, y en el de Colima; las marmitas y la cámara de refrigeración no funcionan en el hospital Doctor Juan N. Navarro, en el Distrito Federal; asimismo, se encuentran deterioradas las mesas del comedor en la Granja la Salud Tlazolteotl, en el estado de México; las sillas y mesas del comedor en el de Puebla; las camas y colchones en el de Sinaloa; así como las regaderas en el de Sonora.

20. También se detectó que el hospital de Colima carece de sala de ludoterapia y de ropa de cama para los pacientes, y que en la Unidad Morelos del IMSS, en el Distrito Federal, existen cucarachas en la cocina.

21. En el hospital de Oaxaca, las raciones de comida que se proporcionan a los pacientes son insuficientes debido al desabasto de insumos para su preparación.

22. En el hospital de Zacatecas, no se proporciona vestido ni calzado a los pacientes.

Legalidad y seguridad jurídica

23. En el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California; en el hospital “Dr. Samuel Ramírez Moreno”, en el Distrito Federal; y en el hospital de Oaxaca, no se permite a los pacientes realizar llamadas telefónicas.

24. En los hospitales de Baja California Sur; de Salud Mental, en la ciudad de Chihuahua; Doctor Samuel Ramírez Moreno, en el Distrito Federal; y de Puebla, se, restringe a los pacientes el acceso de material de lectura, particularmente periódicos y revistas; además, en el hospital “Dr. Samuel Ramírez Moreno”, los pacientes no tienen acceso a la radio ni a la televisión.

25. En los hospitales de Baja California Sur; Chiapas; de Chihuahua y de Ciudad Juárez, en Chihuahua; de salud mental en Saltillo, Coahuila; Colima; Unidad Morelos, en el Distrito Federal; de Durango; Doctor Adolfo M. Nieto, en el estado de México; de Hidalgo; Michoacán; regional de especialidad número 22, en Nuevo León; de Oaxaca; clínica psiquiátrica, en San Luis Potosí; Tabasco; centro estatal de salud mental de Matamoros, en Tamaulipas; unidad hospitalaria de salud mental de Xalapa, en Veracruz, y de Yucatán, los casos de ingreso involuntario, es decir, aquellos que no cuentan con el consentimiento del paciente, no se notifican al Ministerio Público como lo ordena la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, en el numeral 4.4.2.

26. En el Instituto de Psiquiatría de Baja California no existe constancia o registro de las notificaciones a la autoridad ministerial sobre los ingresos involuntarios. Al respecto, el responsable del establecimiento señaló que cuando se presenta un caso la notificación se realiza telefónicamente.

27. En el hospital Doctor Adolfo M. Nieto, en el estado de México, así como en los hospitales de Michoacán, Oaxaca y Tabasco, los expedientes clínicos de los pacientes hospitalizados por ingreso  involuntario, no contienen información en la que conste si, una vez que la condición mental del paciente lo permite, se hace de su conocimiento el tipo de internamiento con la finalidad de que otorgue el consentimiento para que su estancia sea voluntaria.

28. En el hospital de Tabasco, los expedientes clínicos de los pacientes que ingresan de forma involuntaria no cuentan con el consentimiento informado del familiar; en el hospital de Yucatán no se registra el tipo de ingreso, mientras que en el de Michoacán no tienen la indicación del psiquiatra ni las valoraciones del internista y el anestesiólogo, en los casos en los que se aplica la terapia electroconvulsiva.

29. En el hospital de Zacatecas, el documento que utilizan para formalizar el otorgamiento del consentimiento informado no contiene los datos sobre el tratamiento que se aplicará al paciente, ni espacio para alguna anotación.

30. Por otra parte, en el Instituto de Psiquiatría de Baja California; el hospital psiquiátrico de Baja California Sur; la unidad de atención a la salud mental de Chiapas; el hospital Doctor Juan N. Navarro, en el Distrito Federal; el hospital de Durango; en el centro de atención integral en salud mental, en Zapopan, Jalisco; el hospital de Sonora; los dos de Tamaulipas; la unidad hospitalaria de salud mental, en Xalapa, Veracruz, y el hospital de Zacatecas, el formato que se utiliza para el consentimiento informado no contiene datos sobre el diagnóstico, el tratamiento propuesto, la duración, los riesgos y secuelas que ocasionará el mismo.

31. Asimismo, el documento para formalizar el consentimiento informado que se utiliza en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Distrito Federal, exime de toda responsabilidad al hospital y a su personal por cualquier efecto desfavorable, inesperado, lo mismo que en el del hospital de Sonora, en caso de que se presente alguna situación con motivo de la atención, prevención, tratamiento o método de rehabilitación.

Protección de la salud

32. De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos responsables de los hospitales visitados, en la mayoría de estos es insuficiente el personal adscrito y requieren de los servicios de psiquiatras, paidopsiquiatras, internistas, neurólogos, geriatras, odontólogos, anestesiólogos, médicos generales, psicólogos, terapistas, trabajadores sociales y personal de enfermería, entre otros. En esta condición se encuentran los hospitales de Aguascalientes; el Instituto de Psiquiatría de Baja California; el de Baja California Sur; la unidad de atención a la salud mental de Chiapas; el de Ciudad Juárez, en Chihuahua; el hospital de salud mental, en la ciudad de Chihuahua; el hospital de Parras, en Coahuila; el de Colima; el Departamento de Psiquiatría del hospital central militar y los hospitales Doctor Samuel Ramírez Moreno, Fray Bernardino Álvarez; unidad familiar número 10 del IMSS, Doctor Juan N. Navarro y Unidad Morelos del IMSS, todos en el Distrito Federal; el de Durango; el José Sayago y la Granja la Salud Tlazolteotl, en el estado de México; el Centro de Atención Integral a la Salud Mental, en Guanajuato; el de Hidalgo; los dos de Jalisco; el de Michoacán; el Hospital Regional de Especialidad número 22 y la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica, en Nuevo León; el de Oaxaca; el de Puebla; la Clínica Psiquiátrica, en San Luis Potosí; el de Sinaloa; el de Sonora; el de Tabasco; los dos de Tamaulipas; los dos de Veracruz; el de Yucatán y el de Zacatecas. (Ver anexo 2)

33. La falta de personal profesional y/o de un equipo en buenas condiciones, impide que en el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California; en el hospital de Guanajuato; en la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica, en Nuevo León, y en el hospital de Sinaloa se aplique terapia electroconvulsiva; en el de Ciudad Juárez, en Chihuahua; en él de Oaxaca y en el de Puebla no se proporcione terapia familiar, y en el “Dr. Samuel Ramírez Moreno”, en el Distrito Federal, no funcione el taller de ludoterapia ni se aplique terapia física a los pacientes.

34. En la Unidad de Atención a la Salud Mental de Chiapas y en el hospital de Ciudad Juárez, en Chihuahua, no se llevan a cabo programas de prevención de enfermedades para los pacientes crónicos debido a la falta de presupuesto.

35. En los hospitales de Chiapas; de la ciudad de Chihuahua; Doctor Samuel Ramírez Moreno y Fray Bernardino Álvarez, en el Distrito Federal; Durango; Hidalgo; el centro de atención integral en salud mental, en Zapopan, Jalisco; Michoacán; unidad de rehabilitación psiquiátrica, en Nuevo León; Oaxaca; Tampico, en Tamaulipas, y la unidad hospitalaria de salud mental, en Xalapa, Veracruz, los medicamentos del cuadro básico y psiquiátricos son insuficientes debido a retrasos en el abasto o no son surtidos, lo que provoca que los familiares de los pacientes tengan que suministrarlos.

36. La unidad de atención a la salud mental de Chiapas, carece de equipo de electroencefalografía, así como áreas de urgencias, laboratorio de análisis clínicos, rayos X y odontología.

37. De la investigación realizada también se desprende que el Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala, no cuentan con hospitales que brinden atención intrahospitalaria.

Integridad personal

38. Los servidores públicos entrevistados en el Instituto de Psiquiatría de Baja California; el hospital de Ciudad Juárez, Chihuahua; el hospital de Parras, en Coahuila; Doctor Samuel Ramírez Moreno, en el Distrito Federal; el hospital de Hidalgo; el de Michoacán; el de Oaxaca; el de Puebla; el de Sonora; la unidad hospitalaria de salud mental, en Xalapa; y el hospital de Orizaba, en Veracruz, manifestaron que requieren mayor número de personal de seguridad para realizar las tareas de vigilancia en forma adecuada. (Ver anexo 3)

39. Asimismo, de acuerdo con la información que se allegó este organismo nacional, en la mayoría de los hospitales psiquiátricos, el personal no ha recibido capacitación en materia de derechos humanos o prevención de la tortura durante el último año, específicamente en los hospitales siguientes: Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California; el de Baja California Sur; de Campeche; la Unidad de Atención a la Salud Mental de Chiapas; los dos de Chihuahua; el de Colima; Doctor Samuel Ramírez Moreno, Fray Bernardino Álvarez, unidad familiar número 10 del IMSS, Doctor Juan N. Navarro, Unidad Morelos del IMSS y el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Distrito Federal; el de Durango; Granja la Salud Tlazolteotl, en el estado de México; Centro de Atención Integral a la Salud Mental, en Guanajuato; el de Hidalgo; el Centro de Atención Integral en Salud Mental, en Zapopan, Jalisco; el de Michoacán; los tres de Nuevo León; el de Oaxaca; el de Sinaloa; el de Sonora; Centro Estatal de Salud Mental de Matamoros, en Tamaulipas; la Unidad Hospitalaria de Salud Mental, en Xalapa, Veracruz, el de Yucatán y el de Zacatecas.

40. En los hospitales de Baja California Sur, Michoacán y Sinaloa, no existen criterios de clasificación para designar el área de estancia de los pacientes en los pabellones; es decir, no se toman en cuenta las características o el estado de evolución del padecimiento para evitar riesgo de abusos o maltrato hacia ellos o en contra de otros pacientes.

41. En la unidad hospitalaria de salud mental, en Xalapa, Veracruz, el pabellón de hombres no cuenta con rampas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad física y el piso es resbaladizo.

42. El hospital de Ciudad Juárez, Chihuahua, no cuenta con un área o sección específica para alojar a los adultos mayores, mientras que en el de salud mental, en la ciudad de Chihuahua, el área que aloja a estas personas se encuentra en un segundo nivel, por lo que se dificulta el acceso de los pacientes dado que tienen que usar escaleras, particularmente porque la mayoría de ellos presenta discapacidad motriz, lo que se agrava debido a que el establecimiento no cuenta con sillas de ruedas ni bastones suficientes.

43. En el hospital de Sonora, se niega la atención psiquiátrica a las personas que además de su padecimiento mental, viven con VIH/sida.

44. Con relación a la normatividad aplicable a los hospitales visitados, se obtuvo información en el sentido de que la mayoría de ellos carece de un reglamento interno aprobado, de manuales de organización o de procedimientos, tal como lo exige la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, en los numerales 4.2.9. y 4.2.10.

45. No cuentan con reglamento interno ni con manuales de organización y de procedimientos los hospitales de la unidad familiar número 10 y Doctor Juan N. Navarro, en el Distrito Federal, así como los de Hidalgo, regional de especialidad número 22 y el de psiquiatría del Hospital Universitario, en Nuevo León, así como el de Orizaba, en Veracruz.

46. Carecen de reglamento interno y de manual de procedimientos los hospitales de Baja California Sur; Unidad Morelos del IMSS, en el Distrito Federal; Guanajuato y Puebla.

47. No existe reglamento interno ni manual de organización en el hospital de Oaxaca, mientras que 10S de Sonora y Tabasco carecen de manual de procedimientos.

48. No hay reglamento interno en los hospitales de Aguascalientes; Campeche; los dos de Chihuahua; Centro Estatal de Salud Mental, en Saltillo, Coahuila; Doctor Samuel Ramírez Moreno, en el Distrito Federal; Centro de Atención Integral en Salud Mental, en Zapopan, Jalisco; Michoacán; San Luis Potosí y la Unidad Hospitalaria de Salud Mental, en Xalapa, Veracruz.

49. Asimismo, no cuentan con manual de organización ni de procedimientos los hospitales de Parras, en Coahuila; centro estatal de salud mental de Matamoros, en Tamaulipas, y de Colima.

V. Observaciones

50. Las personas con padecimientos mentales que son atendidas en una institución psiquiátrica, no solamente tienen derecho a recibir atención médica oportuna y de calidad, sino también un trato respetuoso y digno, como lo prevé la Ley General de Salud en los artículos 51 y del 72 al 77, en concordancia con los numerales 1, 8 y 9 de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, adoptadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 46/119, el 17 de diciembre de 1991, los cuales establecen las libertades fundamentales y los derechos básicos, y las normas de la atención médica y del tratamiento a ser prestado a las personas con discapacidad mental. Además, el lugar y las condiciones físicas en que se desarrolla el tratamiento deben ser conformes con el respeto a la dignidad de la persona, de acuerdo con el Principio 13, de este mismo instrumento.

51. Es por ello que resulta inaceptable que en el hospital psiquiátrico Villa Ocaranza en Tolcayuca, Hidalgo, se haya presentado un caso de violación en agravio de una paciente internada, lo que además de que vulneró los derechos humanos de esta persona a recibir un trato digno y a la libertad sexual, evidencia una clara falta al deber de cuidado y a una adecuada supervisión del personal que ahí labora.

52. Asimismo, el hecho de que en algunos hospitales se apliquen a los pacientes medidas de aislamiento, ya sea como sanción disciplinaria o como parte del tratamiento, constituye un trato inhumano, no sólo porque se trata de actos que vulneran el derecho a la integridad personal, sino por el riesgo de que ese tipo de actos pueda constituir una práctica por parte del personal médico de los hospitales psiquiátricos, como sucede en los hospitales de Salud Mental, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y en el de Oaxaca.

53. Cabe destacar que si bien es cierto que el aislamiento de un paciente puede ser una medida necesaria, la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la Prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica, en el numeral 4.6.2., establece que éste sólo puede aplicarse de manera excepcional, para proteger la salud y la integridad del propio enfermo; de quienes lo atienden y rodean, sin apartarse de lo racional, de acuerdo con el criterio del médico responsable.

54. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, del 4 de julio de 2006, considera que todo tratamiento de salud dirigido a personas con discapacidad mental debe tener como finalidad principal el bienestar del paciente y el respeto a su dignidad como ser humano. Dicho pronunciamiento es de observancia obligatoria para nuestro país, de conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus numerales 1 y 2, así como el reconocimiento de su competencia contenciosa obligatoria por parte del Estado mexicano, de acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999.

55. Además, la aplicación del aislamiento como una medida disciplinaria, viola en agravio de los pacientes los derechos de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que constituyen actos de autoridad que no se encuentran debidamente fundados ni motivados.

56. En ese sentido, es aplicable el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitido en la sentencia sobre el caso Tristán Donoso Vs. Panamá, del 27 de enero de 2009, en el cual señaló que las decisiones que adopten los órganos internos, que puedan afectar derechos humanos, deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias.

57. De manera particular, estos actos constituyen un abuso por parte de la autoridad y se trasgrede lo dispuesto en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 15, punto 1, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los cuales se establece el derecho de éstas a que se respete su integridad y que ninguna de ellas debe ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

58. En este contexto, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, obliga a todo Estado parte, a impedir los actos de tortura, así como a prohibir en el territorio bajo su jurisdicción, otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sin que se puedan invocar circunstancias excepcionales como justificación.

59. De igual manera, los artículos 8.1 y 8.19 de la Norma Oficial Mexicana NOM­025-SSA2-1994, establecen el derecho de los pacientes a recibir un trato digno y humano por parte del personal de salud mental, y a no ser sometido a restricciones físicas salvo con arreglo a procedimientos legalmente establecidos y sólo cuando sea el único medio disponible para impedir un daño inmediato o inminente al paciente o a terceros; o se trate de una situación grave y el paciente esté afectado en su capacidad de juicio.

60. En otro aspecto, resulta preocupante para esta Comisión Nacional, que diversos pacientes con padecimientos crónicos permanezcan en la unidad de atención a la salud mental de Chiapas; los hospitales Doctor Samuel Ramírez Moreno y Doctor Juan N. Navarro, en el Distrito Federal; unidad de rehabilitación psiquiátrica, en Nuevo León; y la unidad hospitalaria de salud mental, en Xalapa, Veracruz, a pesar de que, de acuerdo con lo manifestado por los médicos tratantes entrevistados, varios de ellos están en condiciones de recibir atención mediante servicios de consulta externa.

61. Lo anterior pone en evidencia el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 14, punto 1, inciso b), y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de los cuales se desprende que padecer una discapacidad no justifica en ningún caso la privación de la libertad, y que es derecho de estas personas vivir en la comunidad, con opciones iguales a las demás, por lo que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho humano de ser incluido y participar en la sociedad.

62. A mayor abundamiento, la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, en su parte introductoria, menciona que los esquemas de atención médica para el tratamiento de personas que padecen enfermedad mental, experimentan cambios continuos en función del desarrollo acelerado de la ciencia, de la mejor comprensión de los múltiples factores que intervienen en el origen y evolución de la enfermedad mental, así como de los recursos terapéuticos, físicos, humanos y financieros para su atención.

63. Asimismo, señala como característica fundamental de estos cambios, la tendencia hacia la rehabilitación social de la persona enferma al medio de pertenencia, favoreciendo la continuidad del tratamiento a través de la implementación de programas extra-hospitalarios y comunitarios; en ese tenor, el artículo 7.1.3.1. del citado instrumento, establece que el hospital debe estar vinculado y promover el desarrollo de programas en la comunidad, para facilitar al paciente su reincorporación a la vida familiar, productiva, laboral y social, mediante su atención en centros comunitarios de salud mental, casas de medio camino y los demás servicios extra-hospitalarios existentes.

64. Por lo tanto, a falta de familiares, los pacientes pueden ser alojados en establecimientos donde se les ayude a reintegrarse a la comunidad y se les brinde alojamiento y los cuidados que requieren, así como las herramientas necesarias para continuar, en los casos en los que sea posible, con el proceso de reaprendizaje de sus habilidades para la vida cotidiana e incluso, de ser el caso, participar en actividades productivas que les permitan la autosuficiencia y valerse por sí mismos. Si bien es cierto que entre estas personas se encuentran pacientes con un deterioro físico y mental tan grave que les impide valerse por sí mismos e incluso realizar las tareas más elementales de autocuidado, ello no debe ser obstáculo para que tengan acceso, al menos, a recibir alojamiento y los cuidados necesarios en instituciones especiales para su atención.

65. En relación con las condiciones que presentan las instalaciones de los siguientes hospitales: unidad de atención a la salud mental de Chiapas; de salud mental, en la ciudad de Chihuahua; centro de atención integral a la salud mental, en Guanajuato; Parras, en Coahuila; Colima; Unidad Morelos del IMSS y Doctor Juan N. Navarro, en el Distrito Federal; Granja la Salud Tlazolteotl, en el estado de México; Michoacán; Puebla; Sinaloa; Sonora, y los dos de Veracruz, se considera que se afecta la calidad del servicio médico e impiden que los pacientes sean alojados en condiciones de estancia digna.

66. Al respecto, el artículo 126 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Atención Médica, señala que todo establecimiento que albergue pacientes con padecimientos mentales, deberá contar con los recursos físicos necesarios para la adecuada protección, seguridad y atención de los pacientes, acorde a las normas técnicas que emita la Secretaría de Salud.

67. Por su parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, en el artículo 4.2.1., refiere que para ofrecer atención médica de calidad a los pacientes, las unidades que presten servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica deben de contar con instalaciones y equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones.

68. Con relación a la higiene, el artículo 8.5 de la Norma citada en el párrafo anterior consagra el derecho de los pacientes a ser alojados en condiciones de higiene, mientras que la Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, así en el artículo 5.7 señala que esos establecimientos deben contar con la protección necesaria contra fauna nociva.

69. En forma adicional, las deficiencias descritas imposibilitan a los pacientes hospitalizados a satisfacer adecuadamente sus necesidades vitales, por lo que vulneran los artículos 10.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 5.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y 16.1 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los cuales establecen para todas las personas sujetas a cualquier tipo de custodia deben ser tratadas humanamente y con respeto a su dignidad.

70. Otro de los aspectos que se reflejaron en la elaboración del presente Informe Especial, fue sobre el derecho a recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, conforme lo que establece el artículo 4, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 8.1 y 8.6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994.

71. El derecho a la alimentación, es una de las prerrogativas que toda persona posee y que no puede ser objeto de restricciones, particularmente cuando se trata de pacientes con padecimientos mentales hospitalizados, a quienes una reducción en las raciones de comida, como sucede en el hospital de Oaxaca, puede afectar su salud física y mental.

72. En este sentido, en el principio XI, punto 1, de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, se consagra el derecho a recibir tres veces al día y en un horario establecido, una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada y suficiente.

73. Adicionalmente, los derechos de las personas que tienen un padecimiento mental, hospitalizados en las unidades médico psiquiátricas, no se limitan a recibir una atención integral, sino también un trato humano y digno, que incluye la satisfacción de sus necesidades básicas de vestido y calzado, tal como lo exige el artículo 8.6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, de aplicación obligatoria en todas las unidades que presten servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica de los sectores público, social y privado del país que conforman el Sistema Nacional de Salud.

74. Dicho postulado también forma parte de los estándares técnicos de la Organización Mundial de la Salud, contenidos en los Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental, cuyo principio 2.1, inciso a), señala que la atención de la salud mental debe preservar la dignidad del paciente.

75. Por ello, al no proporcionar vestido y calzado a los pacientes internados en el hospital de Zacatecas, se transgreden los artículos 10.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así como de manera específica, el principio 1.2 de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, señala que todas las personas que estén siendo atendidas a causa de una enfermedad mental, deben ser tratadas con humanidad y con el respeto a la dignidad inherente a la persona humana.

76. Sobre el particular, es pertinente mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Ximenes Lopes versus Brasil, señala que el Estado, al asumir la custodia y el cuidado de las personas que padecen de una discapacidad mental, está obligado a proveer las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna.

77. Ahora bien, la comunicación de los pacientes hospitalizados con familiares o amistades, les permite mantener lazos afectivos con personas del exterior, lo que facilita su reincorporación al propio seno familiar o a la comunidad. Particularmente, la comunicación telefónica de estas personas, constituye una de las garantías básicas para la prevención eficaz de la tortura y el maltrato; además, es importante tomar en cuenta la posibilidad de que en ocasiones los familiares o amistades de los pacientes radiquen en lugares distantes y no puedan visitarlos regularmente. Asimismo, el contacto con el mundo exterior a través de las visitas de familiares y amigos es muy recomendable.

78. Por lo tanto, el ejercicio de tales prerrogativas no debe ser restringido a los pacientes con padecimientos mentales, como sucede en el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, así como en los hospitales de Baja California Sur, de la ciudad de Chihuahua; Doctor Samuel Ramírez Moreno, en el Distrito Federal; de Oaxaca y de Puebla, a menos que la comunicación telefónica o el acceso a los medios informativos sea contrario a los objetivos del tratamiento médico y de rehabilitación psicosocial, previa indicación del médico tratante.

79. En relación con la omisión de la notificación al Ministerio Público sobre los ingresos involuntarios a los hospitales psiquiátricos, es decir, aquellos que no cuentan con el consentimiento del paciente, detectada en el de Baja California Sur; Unidad de Atención a la Salud Mental de Chiapas; los dos de Chihuahua; el Centro Estatal de Salud Mental, en Saltillo, Coahuila; el de Colima; la Unidad Morelos del IMSS, en el Distrito Federal; el de Durango; Doctor Adolfo M. Nieto, en el estado de México; el de Hidalgo; el de Michoacán; Regional de Especialidad número 22, en Nuevo León; el de Oaxaca; la Clínica Psiquiátrica, en San Luis Potosí; el de Tabasco; el Centro Estatal de Salud Mental de Matamoros, en Tamaulipas; la unidad hospitalaria de salud mental, en Xalapa, Veracruz, y en el de Yucatán, es importante señalar que los pacientes que ingresan de esta forma son especialmente vulnerables a toda clase de abusos, debido a que no tienen conciencia de sus actos o no pueden manifestar voluntariamente su aceptación.

80. Es por ello que el artículo 4.4.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, establece que el ingreso en forma involuntaria se presenta únicamente en casos de pacientes con trastornos mentales severos, que requieran atención urgente o representen un peligro grave o inmediato para sí mismos o para los demás; que para ello se requiere la indicación de un médico psiquiatra y la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal, ambas por escrito, y que sólo en caso de extrema urgencia, un paciente puede ingresar por indicación escrita del médico a cargo del servicio de admisión de la unidad hospitalaria.

81. Con el propósito de prevenir irregularidades o abusos en el ingreso involuntario de los pacientes, el artículo antes citado ordena expresamente que se notifique al Ministerio Público del domicilio del paciente y a las autoridades judiciales, de todo internamiento involuntario y su evolución. Lo anterior, a efecto de que la representación social verifique que la hospitalización se lleve a cabo cumpliendo con los requisitos que establece el referido artículo.

82. Asimismo, el numeral 11 de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, señala que no se someterá a ningún paciente a restricciones físicas o a internamiento involuntario, salvo con arreglo a los procedimientos oficialmente aprobados de la institución psiquiátrica, y sólo cuando sea el único medio disponible para impedir un daño inmediato o inminente al paciente o a terceros, especificándose que esas prácticas no se prolongarán más allá del período estrictamente necesario para alcanzar ese propósito.

83. Respecto de las deficiencias en la integración de los expedientes clínicos, detectadas en los hospitales Doctor Adolfo M. Nieto, en el estado de México; Michoacán; Oaxaca; Tabasco y Yucatán, relacionadas con la falta de constancias del consentimiento informado en los casos de ingreso involuntario, del registro del tipo de ingreso, la indicación del psiquiatra o las valoraciones del internista y el anestesiólogo cuando se aplica la terapia electroconvulsiva, hacen evidente que no se está cumpliendo lo previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA 1-1998, del Expediente Clínico, la cual en su numeral 5.1, establece expresamente la obligación a cargo de los prestadores de servicios médicos de carácter público, social y privado, de integrar y conservar el expediente clínico; particularmente, en los artículos 8 a 10, señala una serie de datos y documentos que debe contener, entre los cuales se encuentran la “carta de consentimiento bajo información”, así como las notas médicas en hospitalización, que incluyen información sobre el diagnóstico y tratamiento aplicado, historia clínica y notas de evolución, entre otros.

84. Es importante mencionar que esta clase de registros en un hospital psiquiátrico, constituye uno de los instrumentos esenciales como medio para prevenir el maltrato, ya que favorece la salvaguarda dejos derechos relacionados con el ingreso y representan un elemento de prueba que puede ser utilizado por las propias autoridades cuando se les atribuya alguna responsabilidad al respecto.

85. Cabe mencionar que el ingreso involuntario constituye una privación de la libertad, pues el paciente es hospitalizado sin su consentimiento, debido a que carece de la capacidad mental para decidir libremente sobre ello; por lo tanto, cuando recupera esa capacidad y sus condiciones lo permiten, el personal médico está obligado a informarle de la situación de internamiento para que, en su caso, otorgue el consentimiento y su condición cambie a la de ingreso voluntario, tal como lo ordena el artículo 4.4.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, de lo cual debe quedar constancia en el correspondiente expediente clínico.

86. En ese orden de ideas, el registro en el que conste el otorgamiento del consentimiento informado del paciente hospitalizado, permite acreditar que el personal médico cumple con la obligación establecida en la Norma Oficial mencionada y previene el riesgo de ingresos indebidos, así como en la aplicación del tratamiento médico.

87. Por otra parte, la falta de registro de la indicación del psiquiatra, así como de valoraciones del internista y del anestesiólogo para la aplicación de la terapia electroconvulsiva en los expedientes clínicos de los pacientes en el hospital de Michoacán, contraviene lo previsto en el principio 11, numeral 10, de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, el cual dispone que todo tratamiento deberá registrarse de inmediato en el historial clínico del paciente.

88. Respecto a la terapia electroconvulsiva, es conveniente mencionar que de acuerdo con el Manual de Recursos de la Organización Mundial de la Salud sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación, sólo debe administrarse con el uso de anestesia y relajantes musculares, previa obtención del consentimiento informado y cuando un órgano externo independiente compruebe que el tratamiento es el más conveniente para las necesidades de salud del paciente. Además, no debe utilizarse sobre menores de edad.

89. Con relación a las irregularidades en el consentimiento informado detectadas en el Instituto de Psiquiatría de Baja California; el hospital de Baja California Sur; la Unidad de Atención a la Salud Mental de Chiapas; Doctor Juan N. Navarro y el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Distrito Federal; el de Durango; el Centro de Atención Integral en Salud Mental, en Zapopan, Jalisco; el de Sonora; los dos de Tamaulipas; la unidad hospitalaria de salud mental, en Xalapa, Veracruz, y el de Zacatecas, señalados en los párrafos 30 y 31, es conveniente destacar el derecho del paciente a que se le proporcione información adecuada, amplia y comprensible sobre su padecimiento y el tratamiento que se le ofrece, a fin de que conozca sus consecuencias y pueda decidir libremente si se 4,somete a él. En ese sentido, la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico, en el numeral 4.2, señala que las cartas de consentimiento bajo información son los documentos escritos, signados por el paciente o su representante legal, mediante los cuales se acepta, bajo debida información de los riesgos y beneficios esperados, un procedimiento médico o quirúrgico con fines de diagnóstico, terapéuticos o rehabilitatorios.

90. A mayor abundamiento, el principio 11, punto 2, de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud, define al consentimiento informado como aquél que es obtenido libremente sin amenazas ni persuasión indebida, después de proporcionar al paciente información adecuada y comprensible, en una forma y en un lenguaje que éste entienda, acerca del diagnóstico y su evaluación, el propósito, el método, la duración probable y los beneficios que se espera obtener del tratamiento propuesto; las demás modalidades posibles de tratamiento, los dolores o incomodidades posibles, riesgos y secuelas del mismo.

91. En cuanto a la liberación expresa de la responsabilidad derivada de la prestación de servicios médicos, contenida en los formatos del consentimiento informado que se utiliza en los hospitales Ramón de la Fuente Muñiz, en el Distrito Federal, y de Sonora, es necesario aclarar que tal declaración no exime de manera alguna de responsabilidad al personal médico, de los daños físicos o morales que pudieran ocasionarse a un paciente por malas prácticas profesionales relacionadas con los tratamientos aplicados o por accidentes sufridos durante la hospitalización, ya sea por negligencia, impericia o dolo por parte de esos servidores públicos, sin perjuicio de las penas que merezcan en caso de delito, de conformidad con lo previsto en los códigos civiles, tanto federal como estatales correspondientes, independientemente de que pueden generar responsabilidad administrativa para las autoridades médicas en términos de las leyes federales y estatales en la materia. Cabe agregar que la mencionada legislación, también prevé la nulidad de las transacciones que versen sobre un delito, dolo o culpa futuros, así como de la acción civil que nazca de estas hipótesis.

92. En consecuencia, tales irregularidades son contrarias a lo dispuesto en el artículo 25, inciso d, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los profesionales de la salud a prestar a las personas con discapacidad, atención de la misma calidad que a las demás personas, sobre la base de un consentimiento libre e informado.

93. En estos casos, es aplicable también el principio 3, inciso a, de la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente, el cual hace referencia al derecho de los pacientes a la autodeterminación y a tomar decisiones libremente con relación a su persona.

94. En otro rubro, para que los hospitales psiquiátricos ofrezcan atención médica de calidad, es indispensable que cuenten con instalaciones y equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, así como recursos humanos suficientes en número y capacidad técnica para la prestación de los servicios de urgencias, consulta externa, rehabilitación psicosocial, atención médica de otras enfermedades coincidentes con la enfermedad mental y, en su caso, referencia oportuna al nivel de atención requerido, intra o extrahospitalario, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 26 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 4.2.1., 4.2.2., 4.2.4., 4.2.5, 4.2.6. y 4.2.7. de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994.

95. En el contexto internacional, los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, razón por la cual los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias para asegurar la plena efectividad de este derecho.

96. Por ello, son preocupantes las carencias en materia de personal, medicamentos, instalaciones y equipo, así como las deficiencias en los programas de prevención de enfermedades y el tratamiento, referidas en los párrafos 32 a 36, particularmente por la diversidad de servicios que comprenden la atención integral, médico-psiquiátrica que requieren los pacientes para proteger, promover, restaurar y mantener su salud mental, y que comprenden actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, tal como lo establece el artículo 3.4 de la norma antes citada, como se constató en la mayoría de los hospitales, con excepción de los de Campeche; Centro Estatal de Salud Mental en Saltillo, Coahuila; Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Distrito Federal; Doctor Adolfo M. Nieto, en el estado de México, y el de psiquiatría del hospital universitario de Nuevo León.

97. En ese orden de ideas, la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, en los artículos 4.6.9 y 8.17, dispone que el programa de atención integral debe promover, entre otros aspectos, la participación de la familia y la comunidad en el proceso de la atención a los pacientes, y establece el derecho de estas personas a recibir un tratamiento orientado a la reintegración a la vida familiar, laboral y social, a través de programas de terapia ocupacional, educativa y rehabilitación psicosocial.

98. Sobre el particular, es conveniente señalar que las personas que padecen trastornos mentales, tanto los que se presentan en forma aguda como los de curso crónico, presentan grados variables de discapacidad; es decir, tienen un déficit en sus habilidades y capacidades en áreas como psicomotricidad, autocuidado, autonomía, autocontrol, relaciones interpersonales y funcionamiento cognitivo relacionado con la atención, percepción, concentración y procesamiento de información.

99. Es por ello que además del personal médico, se requiere la intervención de profesionales en diversas disciplinas como psicología, rehabilitación física y trabajo social, entre otras, quienes mediante el trabajo interdisciplinario implementen diversos programas que permitan la recuperación y el entrenamiento de habilidades y capacidades de los pacientes hospitalizados, necesarias para reintegrarlos a la vida en comunidad.

100. Por otra parte, cabe destacar la conveniencia de que existan campañas de prevención de enfermedades en los hospitales que alojan a pacientes crónicos, debido al alto índice de morbilidad entre las personas con padecimientos mentales.

101. Las irregularidades mencionadas y que fueron detectadas en los hospitales señalados en los párrafos 32 a 36, impiden que las autoridades a cargo de ellos proporcionen la atención médica adecuada y oportuna que requieren los pacientes hospitalizados, a efecto de garantizarles el derecho a la protección de la salud consagrado en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

102. En otro orden de ideas, la falta de hospitales psiquiátricos para brindar atención intrahospitalaria, en el Distrito Federal, Morelos, Nayarit, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala, impide a las autoridades garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas con padecimientos mentales.

103. Al respecto, el artículo 74 de la Ley General de Salud, dispone que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende la atención de personas con estos padecimientos, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas; así como la organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento.

104. La existencia de tales establecimientos, que brinden a los pacientes la atención intrahospitalaria que requieran, es indispensable para proporcionarles los servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica en forma continua e integral, con calidad y calidez, como lo señala la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, en el numeral 1.1.

105. Cabe recordar que de conformidad con lo previsto en los artículos 3, fracción VI, 13 y 27, fracción VI, de la Ley General de Salud, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general, entre los cuales se encuentra la salud mental, la cual también está reconocida como uno de los servicios básicos para los efectos de la protección de la salud.

106. Particularmente, las atribuciones en materia de salud mental conferidas a los gobiernos de las entidades federativas que nos ocupan, se encuentran previstas en los artículos 1, fracción II, de la Ley de Salud Mental y 5, fracción VII, de la Ley de Salud, ambas del Distrito Federal; 15, Apartado A), fracción VI, y 38 fracción VI, de la Ley de Salud del Estado de Guerrero; 3, apartado A), fracción IV, de la Ley de Salud de Morelos; 2, fracción 1, y 4, apartado A), fracción IV, y 29, fracción VI, de la Ley de Salud para Nayarit; 3, Apartado A, fracción VI, y 30, fracción VI, de la Ley de Salud del estado de Querétaro; 5, inciso a, fracción IV, y 29, fracción VI, de la Ley de Salud de Quintana Roo, así como 35, apartado A), fracción V, y 46, fracción VIII, de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.

107. Otro de los aspectos que forman parte de la investigación del presente informe especial, fue el relacionado con el personal de seguridad que resulta insuficiente en los hospitales psiquiátricos, cuya presencia es necesaria para resguardar las instalaciones y garantizar la integridad de los pacientes, de quienes laboran en ellos y de los visitantes, así como para evitar el egreso sin autorización de estos pacientes, particularmente de quienes ingresan de manera obligatoria, por orden de una autoridad judicial.

108. Cabe destacar, que el numeral XX, párrafo quinto, de los Principios y Buenas prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en este caso el de los pacientes que no pueden salir por su propia voluntad de las unidades hospitalarias o de atención psicosocial en que se hayan, establece que los lugares de privación de libertad dispondrán de personal calificado y suficiente para garantizar la seguridad, vigilancia y custodia; exigencia que no se cumple en el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, así como en los hospitales de Ciudad Juárez, Chihuahua; Parras, en Coahuila; Doctor Samuel Ramírez Moreno, en el Distrito Federal; Hidalgo; Michoacán; Oaxaca; Puebla; Sonora, y los dos de Veracruz.

109. Por lo que se refiere al tema de capacitación, es importante precisar que ante la falta de conocimientos sobre los derechos humanos de los pacientes, prevención de la tortura y el maltrato, existe el riesgo de que se presenten violaciones graves a los derechos de los pacientes hospitalizados, es por ello que la capacitación de las autoridades y del personal que labora en los establecimientos psiquiátricos, sobre estos temas, es una medida preventiva que ayuda a que no se presenten estas situaciones, o aquellas que puedan constituir un trato cruel, inhumano o degradante.

110. De ahí la preocupación que provoca a este organismo nacional la falta de capacitación del personal que labora en los siguientes hospitales: Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California; Baja California Sur; Campeche; Unidad de Atención a la Salud Mental de Chiapas; los dos de Chihuahua; Colima; “Dr. Samuel Ramírez Moreno”, “Fray Bernardino Álvarez”, Unidad Familiar No. 10 del IMSS, “Dr. Juan N. Navarro”, “Unidad Morelos” del IMSS y el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Distrito Federal; Durango; “Granja la Salud Tlazolteotl”, en el Estado de México; Centro de “Atención Integral a la Salud Mental, en Guanajuato; Hidalgo; Centro de Atención Integral en Salud Mental, en Zapopan, Jalisco; Michoacán; los tres de Nuevo León; Oaxaca; Sinaloa; Sonora; Centro Estatal de Salud Mental de Matamoros, en Tamaulipas; Unidad Hospitalaria de Salud Mental, en Xalapa, Veracruz; Yucatán y Zacatecas, señalados en el párrafo 39.

111. Por tal motivo, es necesario que se impartan cursos específicos sobre la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en atención a lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual ordena a todo Estado parte velar por que se incluya educación e .información completa sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia o tratamiento de personas sometidas a cualquier forma de detención, o se encuentren en establecimientos en los que no puedan salir por su propia voluntad.

112. Cabe mencionar que el artículo 4, punto 1, inciso i), de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece el compromiso de los Estados parte, para promover la formación de los profesionales y del personal que trabaja con personas con discapacidad, respecto de los derechos reconocidos en ese instrumento internacional, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.

113. Por su parte, el artículo 90, fracción I, de la Ley General de Salud, establece la obligación a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, de promover actividades tendentes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud.

114. Asimismo, el artículo 129 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, dispone que todo el personal que preste sus servicios en cualquier establecimiento de salud mental, debe estar capacitado para prestarlos adecuadamente en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

115. Las características propias de las personas con padecimientos mentales exigen la implementación de medidas específicas para garantizarles una estancia digna y segura en los hospitales psiquiátricos, a fin de evitar abusos físicos, incluso de carácter sexual, de parte de pacientes que presentan conductas particularmente violentas o con bajo control de impulsos, en contra de otros pacientes.

116. De ahí la importancia de que existan pabellones específicos y criterios de clasificación para ubicar en diferentes áreas o secciones a los pacientes de acuerdo a sus características y edad, a efecto de evitar el riesgo de abusos o maltrato entre ellos, como el que existe en los hospitales de Baja California Sur, Michoacán y Sinaloa, señalados en el párrafo 40.

117. En ese sentido, el artículo 4.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, señala que las unidades que prestan servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica deben contar, según sea el caso y considerando sus características, con las instalaciones específicas necesarias para dar atención a los pacientes con episodio agudo, de larga evolución, hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad.

118. Por otra parte, los grupos en situación de vulnerabilidad presentan necesidades específicas que generalmente no son tomadas en cuenta, por lo que son víctimas de prácticas discriminatorias que violan sus derechos humanos. Además, existen pacientes con padecimientos mentales que también presentan otras características que los colocan en esta situación especial, entre los cuales se encuentran los adultos mayores, quienes sufren alguna discapacidad física y las personas que viven con VIH/sida.

119. Como se mencionó en párrafos precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Ximenes Lopes versus Brasil, sostiene que los cuidados de que son titulares todas las personas que se encuentran recibiendo atención médica, alcanzan su máxima exigencia cuando se refieren a pacientes con discapacidad mental, dada su particular vulnerabilidad cuando se encuentran en instituciones psiquiátricas.

120. Es pertinente señalar que los pacientes con enfermedades mentales, también presentan deterioro en la capacidad física, situación que se agudiza gradualmente por el proceso natural de envejecimiento, debido al aumento en el índice de padecimientos crónico-degenerativos, así como a las limitaciones motoras y sensoriales que los coloca en un especial estado de vulnerabilidad; por ello, requieren una atención preferente que incluya la implementación de medidas para facilitar el acceso adecuado a los hospitales psiquiátricos, particularmente a los de la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua, y de Xalapa, en Veracruz, mencionados en los párrafos 41 y 42, de conformidad con el artículo 5, fracción IX, incisos a y b, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

121. Al respecto, el artículo 4.3. de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, y su numeral 4.3.8, señalan que los hospitales psiquiátricos que brindan servicios de atención integral hospitalaria deben contar, según sea el caso y considerando sus características, con instalaciones específicas para dar atención a las personas de la tercera edad.

122. La falta de las áreas referidas anteriormente, así como de modificaciones para facilitar la accesibilidad en los hospitales señalados, vulnera los derechos humanos a recibir un trato digno y de igualdad, en agravio de los pacientes adultos mayores y con discapacidad física. Al respecto, existe la prohibición de toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, tal y como lo establece el artículo 1, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

123. En ese tenor, el artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, define a ésta como toda distinción, exclusión o restricción que, basada entre otras circunstancias en la discapacidad, en la edad o en las condiciones de salud, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Al respecto, el artículo 2, fracción IX, de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece que la denegación de ajustes razonables, consistentes en modificaciones y adaptaciones como las que requieren los hospitales antes referidos, se traducen en una forma de discriminación.

124. Por otra parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 9, obliga a los Estados parte a adoptar medidas pertinentes para asegurar a esas personas el acceso a los servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, entre las cuales se encuentra la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso en los edificios.

125. A mayor abundamiento, el artículo 13 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece que las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal, deben vigilar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

126. Por lo que se refiere a la exclusión de los servicios de atención psiquiátrica a los pacientes que padecen VIH/sida, en el hospital de Sonora, constituye un trato discriminatorio que viola los derechos humanos a la igualdad ya la protección de la salud, consagrados en los artículos 1, párrafo quinto, y 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

127. Al respecto, los numerales 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen la obligación de los Estados parte, de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos en ellos reconocidos sin distinción alguna.

128. Cabe agregar que el artículo 3.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, prevé que en caso de sospecha clínica de sida, se deben seguir los criterios señalados en la NOM-010-SSA2-1993, para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana, por lo que las autoridades de los hospitales psiquiátricos están obligadas a brindar la atención correspondiente.

129. Por otra parte, en lo que corresponde al tema de la falta de reglamentos o de manuales en los hospitales de Aguascalientes; Baja California Sur; Campeche; Ciudad Juárez y Chihuahua, en el estado de Chihuahua; Saltillo y Parras, en Coahuila; Colima; Doctor Samuel Ramírez Moreno, unidad familiar número 10, Doctor Juan N. Navarro y Unidad Morelos, en el Distrito Federal; Guanajuato; Hidalgo; Zapo pan , en Jalisco; Acolman, en el Estado de México; Michoacán; Regional de Especialidad número 22 y Universitario, en Nuevo León; Oaxaca; Puebla, San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Matamoros, en Tamaulipas; Orizaba y Xalapa, en Veracruz, mencionados en los párrafos 45 a 49, tales irregularidades impiden que los actos de autoridad de los servidores públicos encargados de la custodia y del tratamiento de las personas que se encuentran hospitalizadas estén debidamente fundados y motivados, por lo que se violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

130. En esta vertiente, es necesario señalar que en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagran los derechos de las personas a la legalidad y seguridad jurídica. El primero de los mencionados preceptos indica que la autoridad únicamente puede afectar la esfera jurídica del gobernado cuando exista una ley vigente que permita encuadrar los hechos a la hipótesis normativa, siguiendo las formalidades que para el efecto señala la propia legislación; en tanto que el segundo establece las condiciones que ha de satisfacer todo acto de autoridad para que tenga validez y produzca efectos jurídicos, como son que provenga de autoridad competente y se encuentre debidamente fundado y motivado por escrito.

131. Al respecto, los numerales 4.2., 4.2.3., 4.2.9. y 4.2.10. de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, señalan expresamente que para ofrecer atención médica de calidad a los pacientes, las unidades que presten servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, deben contar, entre otros elementos, con procedimientos para que prevalezca el ambiente cordial, técnicamente eficiente, y las condiciones propicias para el cabal desarrollo de las actividades que involucra la atención integral médico-psiquiátrica; reglamento interno y manuales técnico­administrativos.

VI. Conclusiones

132. La protección de la salud es un derecho previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso a todas las personas que se encuentren en nuestro país, particularmente cuando se trata de un grupo en situación de vulnerabilidad como el de quienes presentan padecimientos o discapacidad mental.

133. La Ley General de Salud establece que la salud mental es materia de salubridad general y la reconoce como uno de los servicios básicos para los efectos de la protección de la salud, por lo que el gobierno Federal, las entidades federativas y el Distrito Federal están obligados a realizar acciones pertinentes para impulsar políticas públicas que garanticen servicio médicos adecuados para la atención de la salud mental, proporcionando a todos los pacientes sin discriminación un trato respetuoso y digno. Sin embargo, las deficiencias detectadas durante las visitas de supervisión hacen evidente que no se está cumpliendo con el mandato constitucional ni con las disposiciones contenidas en las leyes nacionales e instrumentos internacionales sobre la materia. Lo descrito en los capítulos anteriores pone de manifiesto que en los hospitales psiquiátricos del país se vulneran los derechos humanos de los pacientes.

134. Así, la inexistencia de establecimientos para albergar a pacientes crónicos que no cuentan con familiares; las inadecuadas condiciones de las instalaciones; la mala alimentación; la falta de abastecimiento vestido y calzado; restricciones en la comunicación con el exterior; omisión de notificación al Ministerio Público sobre los ingresos involuntarios como ordena la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la Prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica, la falta de reglamentos y manuales de procedimientos advierten violaciones a los derechos humanos relacionados, al trato digno, legalidad y seguridad jurídica.

135. Del mismo modo, irregularidades en el registro de pacientes y en el consentimiento informado; falta de personal médico; deficiencias en la prestación del servicio; equipo y abasto de medicamentos; insuficiente personal de seguridad; falta de capacitación en materia de derechos humanos; inexistente clasificación de los pacientes; ausencia de modificaciones y adaptaciones para el desplazamiento de personas con discapacidad física; así como negativa de servicio a las personas que viven con VIH/sida, restringen el acceso a la protección de la salud y generan actos contrarios a la dignidad, en contra de las personas que padecen dichas afecciones de salud.

136. Por lo expuesto anteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formula las siguientes:

VII. Propuestas

A la secretaria de Salud federal, al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a los gobernadores de los estados y jefe del gobierno del Distrito Federal:

Primera. Promover las acciones pertinentes para que en el Distrito Federal, así como en los estados de Morelos, Nayarit, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala, operen unidades hospitalarias médicos-psiquiátricas, así como centros de atención especializada para personas con discapacidad psicosocial.

Segunda. Tomar las medidas correspondientes para evitar cualquier clase de abuso en agravio de las personas internas en los hospitales psiquiátricos, así mismo, sensibilizar al personal sobre los límites en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, y la responsabilidad legal que resulta al cometer, instigar o consentir cualquier tipo de abuso.

Tercera. Implementar políticas públicas de apoyo a los hospitales, para promover el desarrollo de programas en la comunidad, que faciliten a las personas con padecimientos crónicos que se encuentran en condiciones de abandono, su reincorporación a la vida en sociedad, productiva, laboral y social, mediante su atención en centros comunitarios de salud mental, casas de medio camino y los demás servicios extra hospitalarios existentes.

Cuarta. Es conveniente que periódicamente se evalúen las necesidades de cada hospital para que, en su caso, se gestione la asignación de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de los pacientes hospitalizados, relacionadas con la estancia, alimentación, vestido y calzado.

Quinta. Garantizar el acceso de los usuarios a los.. medios de comunicación disponibles, como el servicio telefónico, publicaciones escritas, la radio y la televisión, salvo cuando esto sea contrario a los objetivos del tratamiento médico y de rehabilitación psicosocial.

Sexta. Notificar debidamente y con la formalidad que esto requiere a los Ministerios Públicos que corresponda en los casos que se autorice el ingreso involuntario, como lo ordena el artículo 4.4.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994.

Séptima. Adoptar las medidas correspondientes para que los expedientes clínicos de los pacientes hospitalizados estén debidamente integrados, particularmente con las constancias relativas al consentimiento informado en los casos de ingreso involuntario, el tipo de ingreso, la indicación del psiquiatra o las valoraciones del internista y el anestesiólogo en el caso de terapia electroconvulsiva.

Octava. Para garantizar el derecho de ‘los pacientes a decidir libremente si se somete a un tratamiento médico, es necesario que exista previamente un consentimiento informado, el cual debe ser obtenido sin amenazas ni persuasión indebida, después de proporcionar al paciente, o a quien sea responsable de él, la información adecuada y comprensible, en una forma y en un lenguaje que pueda comprender, acerca del diagnóstico y su evaluación, el propósito, el método, la duración probable y los beneficios que se espera obtener del tratamiento propuesto; las demás modalidades posibles de tratamiento, así como los dolores o incomodidades posibles, los riesgos y secuelas del mismo; es importante que exista constancia escrita y que tal información se proporcione cuantas veces sea necesario.

Novena. Dotar a los hospitales psiquiátricos de personal médico y de seguridad, medicamentos, instalaciones y equipo necesarios para la realización de actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, que incluyen la terapia familiar y campañas de prevención de enfermedades dirigidas a los usuarios hospitalizados.

Décima. El personal médico, paramédico, de trabajo social y en general aquel personal que esté en contacto directo con los pacientes y que labora en los hospitales psiquiátricos, debe recibir periódicamente cursos de capacitación sobre derechos humanos, así como de prevención de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Undécima. A efecto de evitar abusos en los hospitales psiquiátricos, deben existir criterios específicos para ubicar en diferentes áreas o secciones a los pacientes de acuerdo a sus características.

Decimosegunda. Realizar acciones para que en los hospitales psiquiátricos que así lo requieran, se lleven a cabo las modificaciones y adaptaciones necesarias para facilitar el acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad física, y se les proporcionen sillas de ruedas, bastones o cualquier otra clase de apoyo.

Decimotercera. Garantizar el servicio de atención psiquiátrica a los pacientes con padecimientos o discapacidad mental que viven con VIH/sida.

Decimocuarta. Elaborar y expedir las disposiciones administrativas pertinentes para regular las actividades de los hospitales psiquiátricos relacionadas con los usuarios hospitalizados desde el ingreso, así como durante su estancia y egreso, lo que también contribuirá a la prevención de actos que puedan constituir tortura o maltrato.

Decimoquinta. Se remitan a este organismo nacional las constancias que sean solicitadas, así como aquéllas que acrediten el cumplimiento de las propuestas vertidas en el presente informe especial.

México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2013.— Doctor Raúl Plascencia Villanueva (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

INFORMES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES CORRESPONDIENTES AL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO DE 2013

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En apego a lo establecido en el artículo 43 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, en el cual indica que los recursos federales que reciban las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el ejercicio de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley Federal de Presupuesto, y Responsabilidad Hacendaria y 7 de su Reglamento, así como 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; se remite en disco compacto la información de las unidades responsables que en anexo se enlistan, correspondientes al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones de educación media superior y superior, para el tercer trimestre del ejercicio 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Rodolfo Demetrio Alor Muñoz (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Se hace referencia a lo establecido en el artículo 43 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, en el cual se establece que se rendirá cuenta sobre el ejercicio de los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios, detallando los elementos a que se refieren las fracciones I a V del artículo en comento.

Al respecto, y con fundamento en lo dispuesto por los artícu1os 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, se remite la información correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2013, del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de noviembre de 2013.— Rodolfo Demetrio Alor Muñoz (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO, LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 22 de la Ley de Ingresos de la Federación parar el Ejercicio Fiscal de 2013; 22, 23 y 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito anexar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al tercer trimestre de 2013. Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 107 de la LFPRH, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2013.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, des agregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2012.

Para dar cumplimiento a los artículos 31 y 55 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y 48 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se adjunta la información mediante la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 30 de octubre de 2013.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica) subsecretario.»

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Es sobre esta comunicación? Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, estamos viendo en la Gaceta Parlamentaria que hay una comunicación que dirige el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela Rodríguez, remitiendo al presidente de la Mesa Directiva esta información.

Nos parece que es información de primer orden, porque habla del endeudamiento y de la fórmula para distribuir la recaudación federal participable. Nos parece que este tema no puede quedar simple y sencillamente en tomar nota de que se recibió la comunicación.

Le pediría a la Mesa Directiva, a nombre de los diputados de Movimiento Ciudadano, que nos hagan llegar los anexos donde se está informando sobre la deuda pública del país, porque precisamente por el volumen tan grande de endeudamiento que hay, por eso votamos en contra de la Ley de Ingresos. Por eso le pedimos respetuosamente copia de los anexos, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Como corresponde a los informes trimestrales, se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

No tengo ningún inconveniente en que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano también los tenga. Sí le digo que en la Gaceta Parlamentaria están ya los tres anexos —aquí los estoy viendo— en PDF, que se podrían en este mismo momento descargar de la Gaceta Parlamentaria. Pero veré que se los hagan llegar, diputado.

Continúe la Secretaría.

ACCIONES DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A DROGAS ILEGALES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente, adjunto oficio SSDF/0047/2013, de fecha 15 de octubre del 2013, suscrito por el titular de la Secretaría de Salud, mediante el cual remite respuesta al acuerdo D.G.P.L.62-II-7-392, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo la aprobación del mismo en sesión celebrada el 3 de enero de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2013.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), Coordinador General de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobierno.— Presente.

Me refiero a su oficio SG/2947/2013, mediante el cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta a esta dependencia a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento en materia de adicciones de drogas ilegales.

Al respecto me permito informar, que esta Secretaría proporciona a través de las 32 Unidades de Especialidades Médicas-Centros de Atención Primaria en Adicciones (Uneme-CAPA), servicios de prevención y tratamiento de drogas legales e ilegales con acciones consistentes en:

- Pláticas y talleres para padres, alumnos, maestros y comunidad en general.

- Tratamientos breves para bebedores,

- Adolescentes que inician consumo de alcohol tabaco y otras drogas.

- Tratamientos breves para usuarios de cocaína y marihuana.

- Programas de prevención de recaídas.

Es importante mencionar, que las acciones de estas Unidades Médicas se fundan principalmente en la prevención, es decir los servicios que proporcionan las Uneme-CAPA, se dirigen a personas con riesgo de consumo, usuarios experimentales y en aquellos que no han desarrollado 1ma dependencia severa a la sustancia.

Por otro lado, la Clínica-Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza, tiene a su cargo brindar atención al uso, abuso y dependencia al alcohol, tabaco y drogas ilegales, en las fases de intoxicación, supresión y daño orgánico. El tratamiento se proporciona, con el apoyo de personal especializado en el tratamiento de las adicciones las 24 horas y 365 días del año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 15 de octubre de 2013.— Doctor José Armando Ahued Ortega (rúbrica), Secretario de Salud del Distrito Federal.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite al promovente, para su conocimiento.

ESTRATEGIA DE MOVILIDAD INTEGRAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo— Estado Libre y soberano de Hidalgo.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.— Presente.

En contestación de su oficio número DGPL 62-II-3-1013, del 2 de octubre del año en curso, por medio del cual se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas y a los municipios a crear o revisar un marco jurídico que garantice las políticas de la movilidad urbana y humana, así como crear órganos administrativos encargados de la aplicación y ejecución de políticas encargadas de fortalecer la movilidad humana, se le manifiesta lo siguiente:

En Hidalgo, el 29 de julio de 2013 se publicó la Ley de Transporte para el Estado de Hidalgo, en la que se consideran las políticas de movilidad urbana y humana. Además, se han creado los organismos públicos descentralizados de la administración pública estatal para tal efecto: Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo y Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, publicados en el Periódico Oficial del Estado el 31 de julio de 2013.

Por lo que se refiere a los municipios, concretamente en la capital, Pachuca de Soto, el Reglamento de Tránsito y Vialidad considera precisamente las políticas de vialidad y movilidad urbana y humana. Respecto a los demás municipios se procederá a exhortarlos en el tema que nos ocupa.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 22 de octubre de 2013.— Licenciado Fernando Moctezuma Pereda (rúbrica), secretario de Gobierno.»

«Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 38 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y 6 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica, atiendo el acuerdo legislativo del 2 de octubre de 2013, dictado en el expediente 1688, que a la letra dice:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a considerar la creación o, en su caso, revisión de un marco jurídico idóneo que garantice la consecución de políticas que, en el marco de sus respectivas competencias, funciones y facultades, confieran prioridad a las políticas de movilidad urbana y humana. Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y de los municipios, de acuerdo con su capacidad técnica, humana y financiera, y con base en sus planes integrales de desarrollo, a considerar favorecer la creación de órganos administrativos encargados de la aplicación y ejecución de políticas encaminadas a fortalecer la movilidad humana en sus localidades. Asimismo, priorizar el rubro de infraestructura peatonal, ciclista y de transporte urbano. (Sic)

En tal sentido, me permito informarle que el estado de México ha venido trabajando el proyecto de los siguientes instrumentos jurídicos:

• Iniciativa de Ley de Movilidad Urbana para el Estado Libre y Soberano de México.

• Iniciativa de Ley de Movilidad Humana para el Estado Libre y Soberano de México.

Éstos habrán de someterse ante la legislatura local una vez que estén debidamente integrados.

Toluca de Lerdo, México, a 21 de octubre de 2013.— Doctora en Derecho Luz María Zarza Delgado (rúbrica), consejera jurídica del Ejecutivo Estatal.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Desarrollo Urbano y ordenamiento Territorial, para su conocimiento.

PARTIDA EXTRAORDINARIA PARA RECONSTRUIR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS EN LA SIERRA DE GUERRERO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo del Congreso del Estado de Guerrero.— LX Legislatura.— Bicentenario.— Primer Congreso de Anáhuac.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos legales conducentes, el acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), para que en uso de sus facultades giren instrucciones a todas las secretarías y dependencias a su cargo para que se aboquen a atender las necesidades extraordinarias de los afectados por el reciente fenómeno meteorológico, en las comunidades y municipios de las 7 regiones del estado de Guerrero; así como destinar recursos suficientes para la reconstrucción de toda la infraestructura básica.

Aprobado en sesión celebrada el martes 8 de octubre del curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 8 de octubre de 2013.— Licenciado Benjamín Gallegos Segura (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo del Congreso del Estado de Guerrero.— LX Legislatura.— Bicentenario.— Primer Congreso de Anáhuac.

La Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 8 de octubre del 2013, el diputado Olaguer Hernández Flores, presentó la propuesta de acuerdo parlamentario por el que la Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con estricto respeto a la división de poderes; realiza un respetuoso exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) , para que en uso de sus facultades giren instrucciones a todas las secretarías y dependencias a su cargo para que se aboquen a atender las necesidades extraordinarias de los afectados por el reciente fenómeno meteorológico, en las comunidades y municipios de la región de la sierra del estado de Guerrero; así como destinar recursos suficientes para la reconstrucción de toda la infraestructura básica, en los siguientes términos:

“Los desastres son alteraciones intensas de las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un suceso natural o generado por el hombre, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.

Son desastres producidos por la fuerza de la naturaleza los generados por fenómenos meteorológicos o hidrológicos; como los huracanes, ciclones, tormentas o depresiones tropicales.

Año con año nuestro país enfrenta la llegada de huracanes, ciclones, tormentas y depresiones por las costas de los océanos Pacifico y Atlántico, y son de conocimiento público las consecuencias de su paso por el territorio nacional.

Desafortunadamente, este año no ha sido la excepción y, particularmente nuestro estado de Guerrero se vio afectado por un fenómeno meteorológico inusual provocado por la depresión tropical Manuel, y el huracán Ingrid, que provocaron lluvias severas con una precipitación de más de 987 milímetros de agua acumulados en la sierra del estado, casi 40 por ciento más de la suma de los ocho primeros meses del año en el estado, que fue de 597 milímetros, según el Servicio Meteorológico Nacional; lo que trajo como consecuencia inundaciones severas, deslaves de carreteras y desbordamiento de ríos, que han puesto a la población en una situación muy vulnerable; provocando grandes daños de magnitud colosal, generando una gran crisis, daños materiales y humanos que hasta el momento no se han podido cuantificar, porque en muchos municipios y comunidades aún no se tiene acceso y se desconoce con precisión los perjuicios que se ocasionaron contra la población particularmente en la región de la sierra de nuestro estado.

Las pérdidas y afectaciones que se reportan son deslaves de cerros, montañas, ríos y barrancas desbordadas, caída de puentes, casas derribadas, caminos rurales y carreteras destrozadas, perdidas y afectaciones de cosechas, personas desaparecidas y heridas, enfermos desatendidos y desafortunadamente pérdidas humanas.

Existen problemas urgentes qué atender derivado del nulo acceso hacia las comunidades por la caída de varios puentes, como el puente El Nuevo Naranjo, el cual se colapsó en un cien por ciento, ubicado en el crucero Yextla- Ojo de Agua, con una población afectada de más de dos mil quinientos habitantes, el puente de Chilpancinguito, teniendo una población afectada de ocho mil habitantes, el puente de El Órgano, con una población afectada de cinco mil habitantes, todos ellos en el municipio de Heliodoro Castillo; el puente Pandoloma -Otatlán del municipio de San Miguel Totolapan, el puente de Iyotla de Leonardo Bravo; en cuanto a la infraestructura carretera está colapsada en los siguientes tramos: Filo de Caballos-Puerto de Gallo, Carrizal-Balzamar, Carrizal-Iyotla, La Felicidad-Carrizal, del municipio de Leonardo Bravo; Paraíso-Linda Vista, La Galera-Palos Altos, Linda Vista-San Miguel Totolapan, estos del municipio de Atoyac y San Miguel Totolapan; Tlacotepec-Acatlán, Tlacotepec-Huautla, Huautla-Los Hoyos, Los Hoyos-Puerto Mangueras, Paraje Laureles- Capulines, Puerto Colorado-Primavera-Los Hoyos, Chilpancinguito-Campo Morado-Tejamanil-Las Juntas-Pueblo Viejo, Verde Rico-La Ciénega-Durazno Oriente, Crucero La Cienega-La Hierbabuena, Crucero Col. Guerrero-Las Vinatas, Crucero Las Vinatas-Coatepec de los Naranjos-Rancho La Gloria- Las Pascuas-El Amate- Las Mesas, Crucero las Mesas-Acatlán-EI Limoncillo, Tlacotepec-Chapultepec-Ciruelo Amarillo-La Venta, Crucero La Venta- Tecomazuchil Norte-El Limoncillo-EI Aguacate, Tlacotepec- Tlacotenco -Barrio Nuevo-Crucero Chapultepec, Puerto del Varal-EI Morro- La Reforma-Huerta Vieja-Corral de Piedra-Ojo de Agua-El Nuevo Naranjo-Villa Xochilt, Tlacotepec-Zompantle-Crucero Colonia Baluarte-Maxihuilt, Crucero Puerto Amate-Crucero Las Guayabas-Naranjito-Zapotitlán-Buena Vista del Sur­Lavaderos-Puerto Mangueras, El Limoncito-Crucero el Encanto-Parota San Pedro-Crucero Tecomazuchil Sur-Crucero Campamento-Paraje Laureles, Tlacotepec­Rancho Viejo-El Caracol-Cruz de Ocote- Viento Frio-Hierbasanta-Cruz Nueva-Las Margaritas, Cruz Nueva-La Vuelta del Sur-Crucero Puerto los Monos-Crucero Puerto del Gallo-Pueblo Viejo, Crucero Cruz de Ocote- Izotepec- Viento Frio del municipio de Heliodoro Castillo.

La falta de comunicación conlleva a un gran problema de carácter alimentario.

Públicamente se conoce que hay casi 40 mil guerrerenses en albergues, en 157 refugios. Sin embargo en la región de la sierra no se conoce de refugio o albergues para damnificados alguno.

Se desconoce la actividad de grupos de rescate y el envío de despensas el cual ha sido mínimo. Esta es una realidad latente. Los animales de traspatio murieron, y sus cosechas definitivamente están perdidas.

Sabemos que los apoyos se han concentrado principalmente en Acapulco y Chilpancingo y otros municipios. Sin embargo hemos observado que en los municipios de la región de la sierra del estado, poco o nada se ha hecho para mitigar sus necesidades.

A pesar de haber transcurrido ya tres semanas que pasó la tormenta Manuel; niños, mujeres, hombres y ancianos; sobreviven con los pocos víveres que aún les quedan.

Los reclamos de la gente de la sierra por la desatención que han sufrido las comunidades y habitantes; es una percepción que compartimos y nos duele reconocerlo, pero a este desastre se suma el abandono histórico que padecen las comunidades serranas de nuestro estado”.

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 8 de octubre de 2013, la Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por el diputado Olaguer Hernández Flores. Asimismo, se sometió para su discusión y aprobación, la propuesta de modificación al artículo primero del acuerdo, presentada por la diputada Abelina López Rodríguez, siendo aprobada por unanimidad de votos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8 fracción I y 127 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero.La Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con estricto respeto a la división de poderes; realiza un respetuoso exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), para que en uso de sus facultades giren instrucciones a todas las secretarías y dependencias a su cargo para que se aboquen a atender las necesidades extraordinarias de los afectados por el reciente fenómeno meteorológico, en las comunidades y municipios de las 7 regiones del estado de Guerrero; así como destinar recursos suficientes para la reconstrucción de toda la infraestructura básica.

Segundo. La Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con estricto respeto a la división de poderes; realiza un respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con el gobierno del estado para iniciar la reparación de los caminos rurales, puentes y carreteras dañadas que comunican a las comunidades y municipios de la región de la sierra del estado de Guerrero.

Tercero. La Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con estricto respeto a la división de poderes; realiza un respetuoso exhorto al honorable Congreso de la Unión, con el objeto de que se destine una partida extraordinaria que garantice recursos suficientes para la reconstrucción de los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos recientes, en las comunidades y municipios de la región de la sierra del estado de Guerrero.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha de su aprobación.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al honorable Congreso de la Unión, a los titulares del Poder Ejecutivo (federal, estatal y municipal) para los efectos conducentes.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, para los efectos conducentes.

Cuarto.Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el periódico oficial del gobierno del estado, para su conocimiento general y efectos legales procedentes.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil trece— Diputada María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Presidenta; Diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica), secretaria; Diputada Karen Castrejón Trujillo (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

Permítame un momento. Sonido en la curul del diputado Jorrín.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Gracias, señor presidente. Con el objeto de respaldar este exhorto que está haciendo el Congreso del estado de Guerrero, solicitando recursos adicionales. Ya en la sesión pasada habíamos comentado la importancia de atender este tema, porque para equilibrar el pari passu que se está dando con el Fonden, Guerrero requiere más de 5 mil millones de pesos, los cuales no tiene.

Sería muy importante que los diputados de Guerrero, así como todos los diputados de las diferentes fracciones, así como la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, nos apoyaran con este exhorto que hace el Congreso del estado de Guerrero, porque es urgente que tenga los recursos para reactivar la economía del estado de Guerrero.

RECURSOS FINANCIEROS PARA INCREMENTAR LA INVERSION EN MATERIA EDUCATIVA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— LXIV Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.— 2013-2016.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 5/2013 IPO, así como de la iniciativa que le dio origen, por medio del cual este honorable Congreso exhorta de manera atenta y respetuosa al Poder Ejecutivo federal, así como al honorable Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se destinen los recursos financieros necesarios y suficientes que permitan alcanzar una inversión no menor al 8 por ciento del producto interno bruto del país y se apliquen al rubro educativo, en cumplimiento de los compromisos contraídos por nuestro país en la declaración de México de 1979, como estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; así como en apego a las obligaciones establecidas en los artículos 25 y 22 de la Ley General de Educación y de la Ley Estatal de Educación, respectivamente.

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Diputado Antonio Andreu Rodríguez (rúbrica), Presidente del honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Chihuahua.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso de Chihuahua, reunida en el primer periodo ordinario de sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional

Acuerda

Primero.Exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, así como al honorable Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se destinen los recursos financieros necesarios y suficientes que permitan alcanzar una inversión no menor al 8 por ciento del producto interno bruto del país y se apliquen al rubro educativo, en cumplimiento a los compromisos contraídos por nuestro país en la declaración de México de 1979, como estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura; así como en apego a las obligaciones establecidas en los artículos 25 y 22 de la Ley General de Educación y de la Ley Estatal de Educación, respectivamente.

Segundo.Exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo estatal, así como a los ayuntamientos de la entidad para que, al igual que este alto cuerpo colegiado, en cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Educación y estatal en la misma materia, en los artículos 25 y 22, respectivamente, realicen las acciones pertinentes, con el objeto de destinar recursos económicos suficientes del presupuesto anual 2014, a fin de incrementar la inversión en materia educativa, con un mayor impacto en el nivel de educación básica.

Tercero.Envíese copia el presente acuerdo y de la iniciativa que le dio origen a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, de considerarlo pertinente, se adhieran al mismo.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en Chihuahua, Chihuahua, a veintidós de octubre de dos mil trece.— Diputado Antonio Andreu Rodríguez (rúbrica), Presidente; Diputado Rogelio Loya Luna (rúbrica), secretario; Diputada América Victoria Aguilar Gil (rúbrica), secretaria.»

«Escudo.— LXIV Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.— 2013-2016.

Honorable Congreso de Chihuahua.— Presente.

Gustavo Martínez Aguirre, Rosemberg Loera Chaparro y Francisco Caro Velo, con el carácter de Diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura de este honorable Congreso del estado, y pertenecientes al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 64, fracciones I, II y III demás relativos de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en los artículos 97, 98, 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, comparecemos ante esta soberanía, con el fin de presentar punto de acuerdo para exhortar formal y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, al honorable Congreso de la Unión, al titular del poder Ejecutivo de nuestro estado, a los 67 ayuntamientos o municipios que lo integran, así como al propio honorable Congreso de Chihuahua, a efecto de que dentro de los proyectos de presupuestos respectivos, para el ejercicio fiscal correspondiente a 2014, se solicite un incremento que nos permita estar en condiciones de fortalecer el financiamiento educativo que requiere el parís, el estado y los municipios, y que de acuerdo a las recomendaciones y estándares internacionales, este debe de ser no menor del 8por ciento del producto interno bruto. Lo anterior con sustento en lo que establecen la Ley General de Educación, Ley estatal en la materia y la presente

Exposición de Motivos

Como es del conocimiento de la sociedad, los diputados integrantes de Nueva Alianza, comprometidos con la educación como un derecho que tienen los niños y jóvenes de nuestro país, una vez que el presidente de la República envía, como lo hizo este ocho de septiembre pasado al honorable Congreso de la Unión, el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, realizamos la practica parlamentaria de acudir a esta máxima tribuna con el objeto de crear conciencia sobre las condiciones en que se desenvuelve la realidad educativa de nuestro país. Lo hacemos con el objeto de dar forma y materializar los principios contenidos en la Ley General y la Ley Estatal de Educación, en sus artículos 25 y 22 fracciones I respectivamente. Queremos traducir en hechos, la posibilidad de cumplir con la asignación correspondiente a la que alude la UNESCO (organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y 1a cultura, por sus siglas) desde hace ya 34 anos. El de dedicar presupuestos gradualmente mayores al ramo educativo, hasta destinar no menos del 8 por ciento del producto interno bruto del país.

Articulo 25 Ley General de Educación. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el estado, federación entidades federativas y municipios, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor del ocho por ciento del producto interno bruto del país (PIB).

Ley Estatal de Educación, artículo 22. El gobierno del estado procurará, de manera concurrente con la federación, en la medida que resulte posible:

I.- Proveer, con sujeción a las correspondientes leyes de ingresos y presupuesto de egresos, la asignación de recursos presupuestales en forma creciente, procurando que en términos reales el gasto público; crezca, se oriente racionalmente y se distribuya eficientemente;

El producto interno bruto (PIB) mide la proporción de la riqueza que se genera cada año y deduce de ahí un porcentaje que se sugiere aplicar al gasto educativo nacional y, estar en posibilidades de medir su evolución o decremento en función de la incidencia que el financiamiento público, tiene en el desarrollo de una sociedad través de la educación.

En el mes de septiembre pasado la Secretaría de Educación Pública, dio a conocer lo que es el gasto anual por alumno en el ciclo escolar 2012 - 2013 y quedo de la siguiente manera:

México

(2012-2013)

Preescolar. 1,200 dólares.

Primaria.-1,084 dólares.

Secundaria.- 1,661 dólares

Media superior. 1,923 dólares.

OCDE.

Países miembros, cantidad promedio de aplicación

(2012-2013)

Primaria. 7,719 dólares.

Secundaria. 9,312 dólares.

Media superior. 13.728 dólares.

Con la anterior aplicación de recursos de acuerdo a la autoridad educativa, seguimos estando muy lejos de la media nacional que aplican los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Si se toma en consideración la inversión anual por alumno en educación superior, México se ubica en el penúltimo lugar después de Brasil. Si reuniéramos el total de aplicación de recursos que por alumno hace nuestro país desde el nivel básico a educación superior destina un total de 2,900 dólares por alumno anualmente, cuando el promedio que aplican los estados miembros supera los 8,000 dólares.

En investigación y desarrollo, este sigue siendo inferior al 0.5 por ciento del PIB, no obstante que diversas disposiciones legales como la Ley General de Educación y la Ley de Ciencia y Tecnología, disponen la aplicación del 1 por ciento del producto interno bruto. El promedio conjunto que aplican los países miembros en investigación y desarrollo es superior al 2 por ciento.

A más abundamiento de este servidor y con la idea de que lo que se plantea en esta iniciativa de punto de acuerdo, no se pierda en la frialdad de los números, en el Presupuesto de Egresos presentado en 2012 para ejercerlo en este 2013, el total neto destinado al gasto nacional fue de 3 billones, 956 mil millones de pesos en números cerrados. De este total se aplicaron al ramo de educación 597.5 mil millones de pesos, equivalente al 15.08 por ciento de ese total nacional.

Para el año 2014 y de acuerdo al presupuesto de egresos presentado por el presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, el ocho de septiembre pasado, el presupuesto a aplicarse al gasto nacional asciende a 4 billones 480 mil millones de pesos, de los cuales se aplicaran al ramo de educación 645.5 mil millones de pesos, que es el equivalente al 14.40 por ciento de ese total nacional proyectado a su aplicación el próximo año. Lo que pone de manifiesto que el presupuesto para aplicarse al ramo educación el próximo año decreció en un 0.68por ciento, en comparación con el gasto ejercido en el presente año en el mismo rubro.

El honorable Congreso de la Unión, a través de su centro de estudios de finanzas públicas, establece que el porcentaje del PIB aplicado al ramo educación en los últimos años ha tenido incrementos modestos, y en el año 2012 se alcanzó el 6.4 por ciento. Distribuido de la siguiente manera: 5 por ciento del gasto aplicado corresponde a inversión pública y el restante 1.4por ciento a inversión privada.

Con lo anterior, podemos concluir que el sector educativo solo en el discurso se considera como un tema estratégico, y en los hechos, vemos uno de los ejes del desarrollo social sin el cual no se pueden articular los otros factores productivos, que se le provee solo de lo que es posible, y no de lo que es deseable.

Tenemos la obligación moral y legal de expresamos, porque el tema educativo es complejo, lo inconsistente del presupuesto nos plantea la necesidad de solicitar al estado mexicano y al Congreso de la Unión; que incremente la inversión en el gasto educativo, porque le estamos fallando a los niños y jóvenes, de nuestro país, no hemos sido capaces de darle a la sociedad la cobertura total que garantice el derecho a la educación básica; no hemos podido solventar en mayor medida que los padres de familia y que los maestros el mantenimiento de los centros escolares, no hemos sido capaces concretar las políticas púbicas adecuadas para que millones de mexicanos puedan ejercer su derecho a completar su educación elemental. La educación de calidad va de la mano y requiere de mayores recursos financieros, la reforma educativa solo puede ser posible con presupuesto suficiente, aun mas, el éxito de la reforma educativa está supeditado a la capacidad que tenga el estado mexicano de inyectarle recursos. La deuda social educativa que el estado mexicano tiene con millones de mexicanos que no saben leer ni escribir, es enorme. Ahí está rezago en la materia que no hemos podido revertir, seguimos vendiéndoles a los niños y jóvenes la idea de una mejor calidad de vida con educación, la cual debe ser el vértice fundamental para el desarrollo humano, y no hemos sido capaces de articular la educación con los factores productivos.

El magisterio chihuahuense se encuentra inmerso totalmente en esta misión a largo plazo, para lograr una mayor justicia’ social y dar cumplimiento al contenido filosófico que se desprende la redacción del artículo de la Constitución Federal, que establece una serie de valores que nos marcan la pauta para construir una verdadera sociedad. La reforma educativa está incompleta si no incorporan esos dogmas.

Queremos ver en la práctica y en la redacción de la normatividad que se reconozca y se fortalezca la figura del maestro, pero sobre todo que se le haga justicia.

La reforma educativa sólo se circunscribe al pragmatismo en su redacción, no hemos visto en su contenido que se hable de la cooperación, la generosidad, la solidaridad, del sentido del deber que son cualidades que ninguna otra profesión exalta y practica tanto como el maestro.

Cuando me refería en líneas atrás a que el tema educativo es complejo, es porque me sorprende la sapiencia y ligereza de muchos, principalmente de personajes ligados indisolublemente a la reforma educativa, que la encabezan, y que utilizan espacios muy importantes, para definir la educación en algo tan simple que consiste en que los maestros den clase y que los estudiantes aprueben el examen. Las clases son consideradas como la esencia misma de la educación, esta manera en que se concibe al maestro como impartidor de clases, nos revela la total ignorancia acerca de lo complejo que resulta ser el tema educativo.

El anacrónico método de la clase que la gran mayoría concibe como la transmisión oral de información de un maestro a un grupo de estudiantes, es uno de los factores determinantes de los resultados insatisfactorios del sistema educativo nacional, la metodología de la clase junto con planes y programas, otros como infraestructura adecuada, recursos materiales, humanos, financieros, materiales didácticos, materiales de clase, la satisfacción y bienestar del docente, son elementos esenciales del modelo educativo.

Cambiar el modelo educativo implica atender muchos aspectos, por ejemplo; el trabajo del maestro y los estudiantes y sus resultados dependen en gran medida de las herramientas disponibles. Hoy que todos nos dimos cuenta de cómo muchos exigían a los maestros que regresaran al gis y al pizarrón, que pena debemos de sentir los legisladores federales y estatales de que la gran mayoría de la sociedad este convencida de que estas son las únicas herramientas que les hemos proporcionado a los maestros. Quiero expresarles que aquí en Chihuahua muchos compañeros maestros con esfuerzo propio y otras veces con apoyo estatal tienen su computadora personal y la utilizan en la preparación y desarrollo de clase y se ha vuelto una herramienta indispensable para ellos; conjuntamente con la experiencia de otros compañeros maestros y en la investigación y los conocimientos generados en nuestras propias instituciones académicas. Las escuelas han hecho el esfuerzo conjunto con sus maestros para dotar a las aulas de cañones, de acceder a la tecnología, por lo que les digo que quien piense que las clases siguen siendo como en 1970 u 80 pues si que está separado de la realidad.

La educación en México y muchos lo sabemos o tendremos oportunidad de saberlo cuando las escuelas se acerquen a nosotros, funciona por los maestros, las carencias están a la orden del día y no estamos descubriendo el hilo negro, el maestro es la escuela.

•  Más de la mitad de las escuelas del país no cuentan con biblioteca.

•  90 por ciento no tiene laboratorios.

•  La enciclomedia fue un fracaso costoso.

•  Hay gran cantidad de telesecundarias que no tienen televisión.

•  Infraestructura en malas condiciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con carácter de

Puntos de Acuerdo

Primero. La Sexagésima cuarta Legislatura del honorable Congreso de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, así como al honorable Congreso de la Unión para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se destinen los recursos financieros necesarios y suficientes que permitan alcanzar una inversión no menor al 8 por ciento del producto interno bruto del país y se apliquen al rubro educativo, en cumplimiento de los compromisos contraídos por nuestro país en la declaración de México de 1979, como estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia, y la cultura, así como en apego a las obligaciones establecidas en el articulo 25 y 22 de la Ley General de Educación y la Ley Estatal de Educación respectivamente.

Segundo. La Sexagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo estatal, así como a los ayuntamientos de la entidad para que al igual que este alto cuerpo colegiado, en cumplimiento de lo establecido por la Ley General de Educación y estatal en la misma materia, en los artículos 25 y 22, respectivamente, realicen las acciones pertinentes, con objeto de destinar recursos económicos suficientes del presupuesto anual 2014, a fin de incrementar la inversión en materia educativa, con un mayor impacto en el nivel de educación básica.

Tercero. Envíese el presente acuerdo a las legislaturas de los estados y la Asamblea del Distrito Federal para que se adhieran al mismo.

Transitorios

Primero. Con fundamento en el artículo 99, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Chihuahua y, considerando que el análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2014 se encuentra ya siendo elaborado por el honorable Congreso de la Unión, solicito a esta presidencia que someta al pleno el presente asunto, para que sea votado en calidad de urgente resolución; y, remitido a la mayor brevedad posible a dicho órgano.

Segundo. Aprobado que sea, túrnese a la secretaría para que se remita copia del acuerdo a las autoridades competentes, para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

Dado en el Palacio Legislativo, en Chihuahua, Chihuahua, a 22 de octubre del año dos mil trece.— Diputado Gustavo Martínez Aguirre (rúbrica), coordinador; Diputado Rosemberg Loera Chaparro (rúbrica), Diputado Francisco Caro Velo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PARTIDA ESPECIFICA PARA APOYAR LA IMPLANTACION DE PROGRAMAS DE EDUCACION SEXUAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En la sesión celebrada el 1o. de octubre de 2013, el Pleno del Congreso de Coahuila de Zaragoza, trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo, “con relación al Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”, planteada por la diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Dorotea de la Fuente Flores”, del Partido Revolucionario Institucional, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse este asunto, el pleno de éste Congreso resolvió sobre la aprobación de un acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente:

Único. Que este honorable Congreso del Estado envíe un atento exhorto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para solicitar que destinen en el ejercicio presupuestal de 2014, que habrán de aprobar próximamente, destinen una partida específica para apoyar la implementación de programas de educación sexual, con enfoque en la prevención de conductas psicosociales de riesgo, entre las que se encuentran los embarazos en adolescentes; a fin de disminuir los indicadores y favorecer el pleno desarrollo de las y los jóvenes coahuilenses.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley Orgánica este Congreso, se comunica a usted este acuerdo, para su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 2 de octubre de 2013.— Licenciado Francisco Javier Rangel Castro (rúbrica), Oficial Mayor del Congreso del Estado.»

«Escudo.— Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

En diversas ocasiones hemos abordado, desde esta tribuna, el tema de los embarazos de las adolescentes. Hoy retornamos este importante tema en conmemoración del próximo 26 de septiembre, considerado desde el 2003, como el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes.

En muchos países –entre ellos México– se estableció esta fecha para crear conciencia entre los jóvenes acerca de la importancia de tomar decisiones informadas respecto a su salud sexual y reproductiva, y para que conozcan las diferentes alternativas anticonceptivas que existen; todo ello, con el fin de prevenir el alto índice de embarazos no planificados en adolescentes que ocurren a nivel mundial, reconocido ya como un problema social y de salud pública que impacta en forma directa a nuestras jóvenes, a sus familias y a la sociedad en general.

Para enmarcar la problemática, es necesario precisar que el embarazo adolescente ó precoz es el que se produce entre el comienzo de la edad fértil y el final de la adolescencia; es decir, entre los 10 y los 19 años. La mayoría de los embarazos que ocurren entre estas edades, son considerados como no deseados.

Pero el embarazo es sólo una de las repercusiones de las prácticas sexuales a edades tempranas y sin protección, que están teniendo nuestras adolescentes. Además, enfrentan el riesgo de contagiarse con las enfermedades de transmisión sexual, VIH-sida, abortos que ponen en riesgo su vida; y otras consecuencias que obstaculizan de manera seria su desarrollo, agravan las condiciones de pobreza, limitan las oportunidades y en muchas ocasiones las alejan del entorno escolar.

Es por estas razones que la conmemoración tiene como objetivo no sólo el de llamar la atención sobre el tema, sino dedicar la jornada a informar, orientar y educar a las y los adolescentes sobre el uso adecuado de métodos anticonceptivos y el ejercicio responsable de la sexualidad.

De acuerdo a los datos obtenidos por el Inegi a través del Censo de Población y Vivienda 2010, en México existen 11 millones de adolescentes entre los 15 y 19 años, lo que representa casi el 10 por ciento de la población total; y la mitad son mujeres, que iniciaron su vida sexual a los 17 años, en promedio, aunque comienzan a utilizar anticonceptivos a los 21 años, en términos generales; seis de cada diez adolescentes no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Como resultado de estas decisiones, el 28 por ciento dijo tener un embarazo no planeado y el 13 por ciento un embarazo no deseado.

A nivel nacional, la problemática se ha incrementado en los últimos. Años por una combinación de factores personales, familiares y sociales que van desde las condiciones de rezago de algunos grupos poblacionales, hasta los valores familiares, usos y costumbres regionales, acceso limitado a la educación y la constante exposición de las y los adolescentes a los contenidos sexuales a los que pueden accesar, sin restricciones, a través de la red y de otros recursos mediáticos. Sin la supervisión de padres de familia y maestros, resulta fácil que tomen decisiones equivocadas y asuman conductas de riesgo, como la práctica de la sexualidad a edades no adecuadas.

Al ser un problema multifactorial, se requiere que todos los actores sociales busquemos, con toda responsabilidad, alternativas de solución. A nivel local, en Coahuila se realizan acciones importantes en materia de prevención, a través del DIF Coahuila y de la Secretaría de Salud. Sus programas sobre prevención de embarazos y adicciones se aplican en las escuelas de educación básica, por lo que a la fecha más de quince mil alumnos han recibido información oportuna y adecuada para ayudarlos a prevenir conductas riesgosas que afecten su salud física y emocional.

En una actitud solidaria, los integrantes de esta legislatura no hemos quedado al margen de este tema y hemos tomado acciones para contribuir a la solución. El año pasado, al reconocer que ante la magnitud del problema los recursos no son suficientes, en dos ocasiones solicitamos primero al Congreso de la Unión y posteriormente a las Secretarías de Educación Pública y de Salud del gobierno federal, destinar un presupuesto extraordinario para aplicarlo al diseño e implementación de programas de educación sexual para los niveles de educación media y media superior, con el propósito de disminuir la incidencia de embarazos en las adolescentes.

Es muy importante la concurrencia de esfuerzos de todas las instancias de gobierno, para que no sólo se diseñen programas y acciones orientados a prevenir los riesgos psicosociales, entre los que contamos los embarazos tempranos; sino que cuenten con la viabilidad financiera para implementarlos y ampliar su cobertura, a fin de que puedan llegar a un mayor número de jóvenes coahuilenses.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 22 en la fracción V de la Ley Orgánica del Congreso del estado y con fundamento en los artículos 170, 171, 172, 173 y demás relativos del citado ordenamiento, nos presentamos por este conducto para someter como de urgente y obvia resolución a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que este honorable Congreso del estado envíe un atento exhorto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para solicitar que destinen en el ejercicio presupuestal 2014, que habrán de aprobar próximamente, destinen una partida específica para apoyar la implementación de programas de educación sexual, con enfoque en la prevenciónde conductas psicosociales de riesgo, entre las que se encuentran los embarazos en adolescentes; a fin de disminuir los indicadores y favorecer el pleno desarrollo de las y los jóvenes coahuilenses.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 24 de septiembre de 2013.— Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PREVENCION, DIAGNOSTICO, ATENCION, TRATAMIENTO Y CONTROL DEL CANCER DE MAMA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En la sesión celebrada el 15 de octubre de 2013, el pleno del Congreso de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo “con relación al Día Internacional contra el Cáncer de Mama”, planteada por la diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Dorotea de la Fuente Flores”, del Partido Revolucionario Institucional, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse este asunto, el Pleno de éste Congreso, resolvió sobre la aprobación de un Acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente:

Único. Que este honorable Congreso de Coahuila de Zaragoza envíe un atento exhorto a las diputadas y los diputados integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para solicitarles que:

• En Coahuila, el cáncer de mama sea considerado como un problema de salud pública que requiere atención urgente y prioritaria.

• Que para el ejercicio de 2014 se asigne a Coahuila un incremento presupuestal para destinarlo a la prevención, diagnóstico, atención, tratamiento, y control del cáncer de mama; así como a la adquisición de unidades de diagnóstico móviles.

• Que a fin de optimizar el efecto multiplicador de las acciones coordinadas, se refuercen los programas interinstitucionales para apoyar a los estados en lo referente a la prevención, combate y atención del cáncer de mama.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley Orgánica este Congreso, se comunica a usted este acuerdo, para su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 16 de octubre de 2013.— Licenciado Francisco Javier Rangel Castro (rúbrica), Oficial Mayor del Congreso del Estado.»

«Escudo.— Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Cada año, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, diversas organizaciones enfocadas a la salud, públicas y privadas, refuerzan sus campañas para sensibilizar, informar y concientizar sobre los aspectos más relevantes de la enfermedad, como una de las acciones más emblemáticas que realizan en la lucha contra el cáncer mamario. El enfoque de estas campañas se centra en la detección temprana, ya que sólo el 10 por ciento de las mujeres se hace un auto diagnóstico, y sólo el 55 por ciento utiliza los servicios de detección oportuna, aún cuando las estadísticas demuestran que detectarlo a tiempo ha permitido que la supervivencia por cáncer de mama haya mejorado notablemente en los últimos años. Es por ello que para este año 2013, el lema del Día Mundial contra el Cáncer es “El cáncer: ¿Sabías que...?”, enfocado a informar y a la vez disipar los mitos e ideas erróneas sobre esta enfermedad, que es considerada la segunda causa de muerte en México.

La incidencia del cáncer mamario entre la población femenina es elevada, ya que una de cada trece mujeres desarrollará la enfermedad en algún momento de su vida; y se ha convertido en la principal causa de fallecimiento en las mujeres, apareciendo a edad cada vez más temprana.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada 30 segundos, en algún lugar del mundo, se diagnostica un cáncer de mama, siendo el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres. La mayoría de muertes por esta enfermedad ocurre en países en proceso de desarrollo, debido a la escasa información preventiva y a los impedimentos de las mujeres para acceder a los servicios de salud.

La OMS estima que para el año 2015, si no se toman medidas preventivas, más de 84 millones de mujeres habrán muerto de cáncer de mama en todo el mundo. Por esta razón, la concientización acerca de la importancia del diagnóstico temprano y su impacto en la expectativa de recuperación de la enfermedad, resulta de una gran importancia, ya que los datos estadísticos muestran que la detección oportuna y el avance de los tratamientos, permiten tasas de recuperación del 90 por ciento.

En México, aproximadamente 13 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y 5 mil mueren cada año por esta causa, especialmente entre los 30 y 54 años de edad. Sus decesos representan el 17% del total de fallecimientos ocurridos en México; en promedio, cada día mueren diez mujeres por esta causa.

Al revisar esta información, resalta la importancia de educar para prevenir la enfermedad; pero las campañas orientadoras deben ir acompañadas de mecanismos de control y políticas públicas orientadas a afrontar este gran desafío, uno de los más importantes en materia de salud de la mujer joven y adulta.

En Coahuila se han realizado acciones interinstitucionales orientadas a brindar información sobre el cáncer de mama y su prevención, diagnóstico y tratamiento, mediante jornadas de detecciones tempranas, conferencias y campañas educativas. Como resultado, se ha logrado disminuir la incidencia de cáncer de mama, por lo que debemos tomar decisiones que aseguren la continuidad de estas acciones.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 22 en la fracción V de la Ley Orgánica del Congreso del estado y con fundamento en los artículos 170, 171, 172, 173 y demás relativos del citado ordenamiento, nos presentamos por este conducto para someter como de urgente obvia resolución a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que este honorable Congreso de Coahuila de Zaragoza envíe un atento exhorto a las diputadas y los diputados integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión para solicitarles que:

• En Coahuila, el cáncer de mama sea considerado como un problema de salud pública que requiere atención urgente y prioritaria.

• Que para el ejercicio 2014, se asigne a Coahuila un incremento presupuestal para destinarlo a la prevención, diagnóstico, atención, tratamiento, y control del cáncer de mama, así como a la adquisición de unidades de diagnóstico móviles.

• Que a fin de optimizar el efecto multiplicador de las acciones coordinadas, se retuercen los programas interinstitucionales para apoyar a los estados en lo referente a la prevención, combate y atención del cáncer de mama.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de octubre de 2013.— Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite  a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

Gracias, diputado. Continúe la Secretaría.

DEFICIT EN LAS FINANZAS PUBLICAS NACIONALES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Luis Miguel Barbosa Huerta, Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo que solicita al titular del Ejecutivo federal informar cuáles fueron las causas del déficit en las finanzas públicas nacionales y las razones por la cuales se solicita retroactiva mente mayor endeudamiento público con cargo al presupuesto de 2013.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66~, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Los suscritos senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe cuáles fueron las causas del déficit en las finanzas públicas nacionales y las razones por la cuales se solicita retroactivamente mayor endeudamiento público con cargo al Presupuesto de 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La iniciativa de Ley de Ingresos de 2014 presentada por el Ejecutivo federal señala:

“Finalmente, con motivo de la desaceleración que ha mostrado la economía mexicana en la primera mitad del 2013, el Gobierno de la República instrumentará, en el marco del Paquete Económico 2014, el Programa de Aceleración del Crecimiento para incrementar el potencial de crecimiento de la economía mexicana lo antes posible y apoyar el empleo. Resultado de esta desaceleración, para 2013 se espera un faltante de ingresos tributarios y petroleros que de acuerdo con la LFPRH se debería ajustar a través de una reducción del gasto en la misma medida que la caída en ingresos. En un año en el que la economía se encuentra creciendo por debajo de su potencial, una reducción de gasto podría agravar la desaceleración. Por estos motivos se solicita al honorable Congreso de la Unión, de manera extraordinaria, la aprobación de un déficit por 0.4 por ciento del PIB para 2013. Lo anterior evitará que, ante la caída de ingresos prevista, se afecte el gasto público, los niveles de inversión pública y los programas de gobierno en comparación a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.

Por lo anterior, la presente Iniciativa propone un Artículo Segundo, por el cual se modifica el límite de endeudamiento neto interno autorizado al Ejecutivo Federal en el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 de 415 mil millones de pesos, para quedar en 485 mil millones de pesos, el cual, de ser aprobado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La propuesta de mayor endeudamiento que hace el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión se establece en el artículo segundodel decreto de la Ley de Ingresos de 2014, el cual señala que “se modifica el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo federal; por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 485 mil millones de pesos.

...

Conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los bienes y recursos económicos del Estado no pueden ser manejados al libre arbitrio de los funcionarios.

El artículo 126 de la misma Constitución establece la prohibición de hacer pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior.

El artículo 74 de la Constitución establece que el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 8 de septiembre. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre.

El artículo 72 constitucional establece que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) define a la ley de Ingresos como la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. De la misma forma, define como Responsabilidad Hacendaria la observancia de los principios y las disposiciones de esa Ley, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por el Congreso de la Unión.

El artículo42 de la LFPRH establece que la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al procedimiento correspondiente en el que se incluye que El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión a más tardar el 1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos:

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente;

b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit;

d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre; por su parte, el Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados.

El artículo 17 de la LFPRH señala que el gasto neto total propuesto por el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal por los ejecutores de gasto, deberá contribuir al equilibrio presupuestario circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, deberá dar cuenta de los siguientes aspectos:

I. El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario;

II. Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea eliminado y se restablezca el equilibrio presupuestario.

El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca conforme a lo señalado en la fracción III de este artículo.

El Ejecutivo federal reportará en los informes trimestrales el avance de las acciones, hasta en tanto no se recupere el equilibrio presupuestario.

Por su parte el artículo 21 de la misma Ley señala que en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

I. La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en dicha ley, salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las entidades de control directo. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá en los términos de las siguientes fracciones;

II. La disminución de los ingresos totales del gobierno federal, asociada a una menor recaudación de ingresos tributarios no petroleros, a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos o de su plataforma de producción, o a movimientos del tipo de cambio del peso respecto del dólar de los Estados Unidos de América durante el ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros en los términos de las reglas de operación que emita la Secretaría. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de recursos del Fondo sin poder compensar dicha disminución, se procederá a compensar con los ajustes a que se refiere la fracción III del presente artículo.

La disminución en la recaudación federal participable con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas de acuerdo con sus respectivas reglas de operación.

En caso de una disminución de los ingresos propios de Petróleos Mexicanos asociada a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos o a movimientos del tipo de cambio del peso respecto del dólar de los Estados Unidos de América durante el ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar, de conformidad con sus reglas de operación, con los recursos del Fondo a que se refiere el inciso b) de la fracción IV del artículo 19 de esta Ley. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de recursos del Fondo sin poder compensar dicha disminución, se procederá a compensar con cargo a su presupuesto y sujetándose en lo conducente a los incisos b) y c) de la fracción III del presente artículo.

III. La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo se compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo siguiente:

a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden:

i) Los gastos de comunicación social;

ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;

iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, y

iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.

En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales;

b) En el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal enviará a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto programable a reducir y la composición de dicha reducción por dependencia y entidad;

c) En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que represente una reducción equivalente a un monto superior al 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a dicha Cámara en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, el monto de gasto a reducir La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el fin de proponer, en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las disposiciones generales aplicables. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, resolverá lo conducente de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de ello a la misma. En caso de que la Cámara no emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la propuesta enviada por el EjecutivoFederal.”

La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2013, previó ingresos anuales totales de 3 millones 601 mil 72 millones de pesos (ingresos de gobierno federal más ingresos de organismos y empresas).

En abril de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica al Congreso de la Unión, en el documento relativo al cumplimiento, de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la LFPRH, que “la evolución reciente de la economía global y de la mexicana, así como de las finanzas públicas, llevan a estimar que la situación fiscal que se observe al final del ejercicio será consistente con el Paquete Económico aprobado para 2013;

Al mes de julio 2013, en el comunicado de Finanzas Públicas y Deuda Pública, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 30 de agosto, se estima la misma consistencia respecto a lo programado, de forma que se reportaron ingresos totales por 2 millones 99 mil 764.5 millones de pesos de enero a julio, cifra 0.1 por ciento superior al mismo periodo del 2012 y en línea con la Ley de Ingresos de la Federación, de acuerdo con el mismo documento.

Vistas de manera sistemática las disposiciones legales aplicables, se puede dilucidar que el marco legal hacendario dispone de diversos instrumentos con la finalidad de prever, atender y resolver el déficit público.

Tan es así que en un primer momento, el Congreso de la Unión podría modificar el déficit presupuestario en la Ley de Ingresos, pero deberá motivar su decisión sujetándose a lo previsto por el artículo 21 de la misma Ley, que señala que es posible hacerlo en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos.

Ni en los informes trimestrales de Ingresos y endeudamiento entregados al Congreso, como tampoco en el informe de julio 2013,se advierten desviaciones de los ingresos públicos respecto a la programación, y como consecuencia, la información disponible hasta esa fecha está en línea con lo previsto por la Ley de Ingresos vigente.Inclusive, como máximo el 1 de abril de 2013, el Ejecutivo Federal pudo haber remitido al Congreso de la Unión los posibles escenarios de déficit, con base en el artículo 42 de la misma LFPRH.

Otra oportunidad procedimental establecida en ley se prevé en el artículo 21 de la LFPRH, por la cual el Ejecutivo Federal puede hacer uso de la atribución de reducción el gasto, a fin de mantener la disciplina fiscal y el equilibrio presupuestario.

Con independencia de estos procedimientos que la ley otorga como atribución a la autoridades hacendarias, hay que destacar que en el supuesto de aprobarse un déficit público de 1.5 por ciento del PIB en 2014, sin considerar la inversión de Pemex, a fin de estimular “decididamente” la economía, éste sería el déficit más elevado desde 1990. Y si se incluye la inversión de Pemex, se prevé un déficit de 3.5 por ciento del PIB, que sería el más alto desde 1989.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ya se mencionó hasta el mes de julio pasado los ingresos del sector público, los ingresos tributarios y el gasto programables ofrecían resultados positivos, mientras el déficit público total mantenía un “resultado congruente con la meta anual de equilibrio presupuestario aprobada” por el Congreso.

Por estos hechos, surge el cuestionamiento de cuándo se originó el desequilibrio que obliga al Ejecutivo Federal a proponer un déficit de 0.4 por ciento equivalente a 70 mil millones de pesos para este 2013 esto es superior al presupuesto de la SEDENA para 2014, y cuáles fueron la medidas hacendarias y presupuestales que se tomaron para atender esa contingencia y por qué no se informó al Congreso de la Unión sobreesa situación fiscal, considerando que a julio de 2013 todo iba conforme a lo programado, por lo que el déficit contenido en el proyecto de Ley de Ingresos de 2014 aparece inesperadamente, y con la expectativa de mantenerse en los próximos meses.

No debe quedar duda alguna que el Ejecutivo Federal pretenda que el Congreso de la Unión regularice el endeudamiento en que ya incurrió, con independencia de investigar su destino.

En específico, la dependencia encargada de la hacienda federal reporta que en el periodo enero-julio, los ingresos tributarios observaron un crecimiento real de 5.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2012 y se encuentran en línea con la Ley de Ingresos de la Federación. El gasto programable del Gobierno Federal aumentó 0.5 por ciento en términos reales, donde los ramos Comunicaciones y Transportes, Economía, Aportaciones Federales a Estados y Municipios (ramos 33 y 25) y Educación Pública registraron crecimientos de 76.6, 33.7, 13.8 y 6.8 por ciento, respectivamente. Las participaciones a las entidades federativas crecieron 4.3 por ciento en términos reales. Señala que el déficit público total acumulado a julio fue de 123.7 mil millones de pesos; al excluir la inversión de Pemex se observa un superávit de 36.1 mil millones de pesos. Ambos resultados son congruentes con la meta anual de equilibrio presupuestario aprobada por el H. Congreso de la Unión.Finalmente establece que el saldo de la deuda interna del sector público federal aumentó 110.1 mil millones de pesos y el de la deuda externa en 4.9 mil millones de dólares, ambos con respecto a diciembre de 2012. El costo financiero del sector público fue inferior en 1.9 por ciento en términos reales al registrado en el mismo periodo del año previo.

Cabe destacar que la Ley de Ingresos de la Federación, aprobada por el Congreso de la Unión, tiene una vigencia anual por lo que es una norma vigente que sigue produciendo sus efectos jurídicos. Además, el Ejecutivo propone que la modificación a la Ley de Ingresos de 2013, que es además retroactiva, entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, antes de que finalice este ejercicio fiscal.

En conclusión, el marco legal es muy claro en el sentido de que en caso de haber menores ingresos a los programados y a fin de guardar el equilibrio presupuestario, en primer lugar, se deben de realizar ajustes al presupuesto en los gastos de comunicación social, gasto administrativo, gasto en servicios personales, ahorros y economías. Y en el escenario de que, a pesar de dicho ajuste presupuestal, no fuera posible cumplir con los programas prioritarios aprobados, sólo agotada esa condición de reducción del presupuesto, podría ser posible solicitar e incurrir en déficit, previa aprobación del Congreso de la Unión.

En tal sentido el Ejecutivo Federal debe informar en primer lugar sobre el cumplimiento a la obligación de ajustar el gasto y posteriormente el Congreso de la Unión –no antes– analizar la propuesta de déficit público.

Dado que el ejercicio fiscal 2013 aún no concluye, y es responsabilidad del Ejecutivo Federal, a través de la dependencia hacendaria, guardar el equilibrio presupuestal durante el ejercicio y cumplir las metas aprobadas por el Congreso de la Unión, y con la finalidad de que el Poder Legislativo de la Unión cuente con elementos para atender la previsión retroactiva de déficit de 2013, y, a la vez pueda contar con suficientes elementos para analizar el presupuesto de 2014, incluyendo el déficit para ese ejercicio fiscal, se somete a consideración de esta H. Asamblea, los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que informe al Congreso de la Unión la especificación y montos o porcentajes de posible incumplimiento de la meta de ingresos a partir de julio de 2013 y a la fecha, en que rubros, cuáles fueron las causas y cuáles las acciones para solucionarlas.

Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que informe cuales fueron las medidas tomadas ante la disminución de ingresos para guardar el equilibrio presupuestario, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, incluyendo las medidas de reducción de gastos en comunicación social, gasto administrativo, servicios personales y generación de ahorros y economías.

Tercero. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe cuál fue la causa por la que, ante la caída de ingresos presupuestarios, no envió al Congreso de la Unión la información y los escenarios sobre la necesidad del déficit público, así como las justificaciones que motiven la solicitud de aprobación de endeudamiento contenido en el artículo segundo del decreto de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal de 2014, aplicable al ejercicio fiscal en curso.

Cuarto. Con la finalidad de contar con elementos de información que permitan al Congreso de la Unión analizar, discutir y, en su caso, aprobar el Paquete Económico y la Ley de Ingresos de 2014, se remita a la brevedad a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores, un informe detallado y completo sobre la situación de déficit público, y en especial de deuda pública, que afecta la Ley de Ingresos de 2013 y así como analizar los escenarios de déficit planteados por el Ejecutivo federal para los próximos ejercicios fiscales, especialmente en el 2014, que prevé, además, un déficit de 1.5 por ciento.

Senado de la República, a 11 de septiembre de 2013.— Senadores: Luis Miguel Barbosa Huerta (rúbrica), Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite  a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN CHIMALTITAN, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de carreteras debe concebirse no como una inversión con fines de generación de empleos sino como una estrategia de inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura de un país y promueva la competitividad económica de este último.

Los pavimentos de concreto, a diferencia de los hechos con asfalto, ofrecen muchos beneficios, como mayor durabilidad, disminución de costos a lo largo del ciclo de vida de la obra, reducción de temperatura y mayor seguridad. Debido a su rigidez, el pavimento de concreto ofrece mucha menor resistencia al rodado de los neumáticos. En consecuencia, el pavimento de concreto permite que el consumo de combustible, en vehículos que se trasladan a más de 30 kilómetros por hora sea menor en comparación con otros pavimentos, como los hechos con asfalto.

El término pavimento puede referirse a una capa durable colocada sobre caminos, calles, banquetas o dentro de construcciones a fin de caminar o transportarse fácilmente por esas superficies. Los materiales más comunes para pavimentar son asfalto, losa, piedra, ladrillos y azulejos.

El asfalto, particularmente, es el hidrocarburo más pesado obtenido en la destilación de petróleo crudo. Esta sustancia espesa, impermeable y de color negro es utilizada para fabricar cemento asfáltico, la mezcla con que se pavimentan carreteras, avenidas, pistas de aeropuertos y estacionamientos. Dependiendo de su utilización puede ser mezclado con hormigón, arena natural o grava triturada para darle resistencia o flexibilidad.

Chimaltitán requiere el apoyo de la asignación presupuestal para concretar los proyectos para la pavimentación del crucero San Juan de los Petróleos Tepisuac y del crucero de San Francisco, proyectos que beneficiarán de manera directa los habitantes de este municipio, ya que tendrán calles idóneas que facilitarán el tránsito vehicular y peatonal. De apoyarse estos proyectos se permitirá reducir los tiempos de traslado, facilitando el acceso y la comunicación con otras localidades de mayor seguridad.

Es importante mencionar que la durabilidad de estos caminos es mucho mayor que otras superficies y son benéficos para los habitantes de las comunidades; incluso ciertos empedrados sin mantenimiento alguno han resistido por décadas. Por tal motivo se solicita la asignación de recursos para la construcción de vialidades que permitan mejorar las condiciones de acceso a las comunidades.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por tal razón es muy importante apoyar las obras de construcción de huellas de concreto, empedrado ahogado en cemento con los recursos, construcción de caminos y carreteras, entre otras obras indispensables para este municipio.

Por todo lo anterior, se exhorta respetuosamente a incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Chimaltitán, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con recursos suficientes para poder las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la pavimentación del crucero en San Francisco de Chimaltitán, Jalisco, con una inversión total de 20 millones 31 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación del crucero San Juan Petróleos Tepisuac, con una inversión total de 14 millones 960 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA CONSTRUIR CABAÑAS EN CHIMALTITAN, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de cabañas en Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de cabañas en Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción está estrechamente ligada al desarrollo, siendo a la vez una herramienta y un motor cuando su objetivo es proveer servicios que respondan a una demanda efectiva de la comunidad. No obstante, la selección de tecnologías y materiales apropiados y la participación de la localidad durante la construcción pueden ser las claves de un correcto mantenimiento y, por tanto, de la durabilidad y sostenibilidad de la infraestructura.

Hay innumerables ejemplos de proyectos de desarrollo, especialmente en el campo de las infraestructuras, que han fracasado de forma estrepitosa. En muchos casos, los problemas han estado ligados a una participación insuficiente de los beneficiarios finales en los procesos de concepción y diseño. Por este motivo es importante la construcción de la infraestructura sea algo de beneficio directo para la comunidad.

La construcción de las cabañas en Tepisuac potenciará las actividades comercial y turística de la zona; además, se logrará generación de empleos. Esta obra debe considerarse una estrategia de desarrollo de la localidad.

Finalmente, se presentan los aspectos esenciales ligados a la sostenibilidad en la construcción y el ciclo de vida, entendiendo como sostenibilidad tanto los aspectos ambientales como los socioeconómicos. Es indispensable concretar este proyecto a fin de que pueda mejorar la calidad de vida de las personas al crear una fuente de empleo y descanso.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por tal razón es importante apoyar las obras de construcción de cabañas, y con ello beneficiar la zona.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Chimaltitán, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de las cabañas en Tepisuac en Chimaltitán, Jalisco, con una inversión total de 8 millones 996 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN CHAPALA, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del municipio de Chapala, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del municipio de Chapala, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El deporte se puede experimentar al menos de dos maneras por un lado como parte de una actividad física practicándolo con mayor o menor regularidad y por otro lado, como espectáculo asistiendo a eventos deportivos como espectador.

Las cifras más recientes de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, 2009, permiten apreciar algunos aspectos sobre cómo se relacionan los mexicanos como el deporte. En primer lugar, es una minoría la que realiza algún deporte o actividad física: 1 de cada 4 personas. De ellos, el promedio de tiempo que dedican a dicho deporte o actividad es de 4 horas y 36 minutos a la semana lo que representa 40 minutos al día, en promedio.

El deporte se fomenta especialmente entre los jóvenes, incluso desde la infancia, por sus efectos beneficios en la salud, pero también por lo que aporta al aprendizaje y cumplimiento de reglas y a la convivencia. En México, según la Encuesta Nacional de Juventud, casi el 40% de los jóvenes de entre 12 a 29 años de edad realizan alguna actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física que entre las mujeres: mientras que la mitad (50.1%) de los hombres de estas edades afirma que si realiza alguna actividad física, solo una de cada tres mujeres (29.8%) manifiesta lo mismo.

La mayoría de los jóvenes, uno de cada tres (36.6%) realiza actividad física tres veces por semana, en tanto que una proporción similar de ellos (32.7%), la lleva a cabo una vez a la semana y uno de cada cuatro (23.6%) la practica todos los días. Las diferencias entre sexos muestra que si bien es mayor la proporción de hombres (24.8%) que de de mujeres (21.6%) que realiza alguna actividad física todos los días, es significativamente inferior la proporción de hombres (31.7%) que de mujeres (44.5%) que la llevan a cabo tres veces por semana.

Por tal motivo, es necesario rehabilitar espacios públicos que permitan desarrollar actividades deportivas, es el caso de las unidades deportivas: “Chapala” y “El Colorado” así como la rehabilitación del “Campo de Futbol Municipal” que requieren de cerco perimetral, alumbrado público, jardinería, canchas, colocación de arcilla y la integración de juegos infantiles. Esta acción brindará a los habitantes del municipio un sitio donde puedan practicar diversos deportes y realizar actividades de esparcimiento.

Es una prioridad, contar con nuevas y mejores instalaciones para atender la demanda de deportes que nos solicitan, con la finalidad de dar la mejor atención a niños y jóvenes de colonias vulnerables de este municipio; también poder detectar a deportistas e integrarlos a los equipos representativos del municipio y lograr contar con una mejor calidad de los habitantes del mismo al contar con una instalación adecuada y con ello evitar la inactividad física y los problemas de obesidad infantil; así como coadyuvar en la interacción de escuela y deporte.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar: con instalaciones de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional. Por tal motivo, se debe contar las instalaciones durante todo el año para el trabajo deportivo.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos a la partida para el municipio de Chapala, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Se requiere fomentar la práctica de deporte, con la finalidad de crear espacios de esparcimiento que le permitan desarrollar adecuadamente acciones en beneficio de sus ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de unidad deportiva “El Colorado” de Chapala, Jalisco, con una inversión total de 5 millones 9 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la unidad deportiva “Chapala”, Jalisco, con una inversión total de 8 millones 859 mil de pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación del “Campo de Futbol Municipal” en Chapala, Jalisco, con una inversión total de 8 millones 859 mil de pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 28 días del mes de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA CONSTRUIR EL DOMO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA GUADALUPANA, DE TONAYA, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del domo deportivo en la unidad deportiva La Guadalupana, en Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del domo deportivo en la unidad deportiva La Guadalupana, en Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los centros deportivos proporcionan espacios que permiten el desarrollo y la práctica del deporte y que están dirigidos de manera universal a todos los ciudadanos. Por ello, estos centros y su calidad resultan primordiales e indispensables para fortalecer la práctica deportiva de todo tipo de actividades físicas.

Por ello, dicho municipio tiene la necesidad de contar con nuevos y mejores espacios deportivos, pero sobre todo con infraestructura de calidad; es de vital importancia para el municipio, pues le permitirá contar con un espacio adecuado para la práctica del deporte.

Tonaya solicita el apoyo para la construcción del domo deportivo, que estará formado de una estructura metálica que dará mayor seguridad y se le aplicará un material anticorrosivo para evitar oxidaciones. Además, se le colocará una lona que cubrirá estos espacios, y brindará mayor soporte y durabilidad.

Con este espacio también se rehabilitarán las gradas a fin de ofrecer mayor calidad y protección para los espectadores. Por otro lado, las instalaciones de las luminarias son indispensables para la disciplina deportiva, teniendo exigencias diferentes en cuanto a la iluminación, garantizando siempre la seguridad de los atletas con una visibilidad. Por ello, con la rehabilitación de las instalaciones se ayudará a tener una correcta uniformidad e iluminación eficiente a las actividades que se desarrollan tanto evento deportivo como en la práctica de ello, ya que se cumplirán las necesidades de los usuarios, con un denominador común: el deporte.

Con esto se permitirá al gobierno federal impulsar proyectos de calidad que permitan disminuir los índices de obesidad y de sobrepeso en los habitantes en general, la primera causa de muerte en el país.

Por ello se solicita el apoyo en materia de infraestructura deportiva para beneficiar a los habitantes directos e indirectos del municipio, creando una conciencia de vida saludable con espacios recreativos que ayudarán no sólo a la salud sino a ocupar sus espacios libres con ambientes de calidad, bajando niveles de estrés y aumentando una concentración durante el día.

Ante la solicitud de un municipio de apoyarlo en la formación de proyecto de enfoque como es la construcción del domo deportivo en la unidad deportiva La Guadalupana, en Tonaya, Jalisco, realizo esta solicitud.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente a incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Tonaya, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del domo deportivo en la unidad deportiva La Guadalupana, en Tonaya, con una inversión de 2 millones 500 mil pesos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN TONAYA, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del municipio de Tonaya, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La infraestructura hidráulica no favorece la sustentabilidad hídrica. Del consumo nacional de agua, se calcula que aproximadamente el 80 por ciento de la demanda se concentra en el sector agrícola, el 15 por ciento en consumo urbano y 5 por ciento en uso industrial. Actualmente, se estima que la demanda real de agua excede a la oferta actual, este exceso de demanda en una situación de libre mercado implicaría un mayor costo. Sin embargo, las tarifas de agua son atribución de los congresos locales, por lo que no existen incentivos políticos para elevar los precios. La consecuencia de esto, aunado a un Estado incapaz de perseguir de forma adecuada a quién abuso del uso del agua, es que no se valora el recurso y se desperdicia. Los datos más recientes de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), estiman que la demanda hídrica excede en 11.5 miles de hm3 a la oferta.

En México hay 631 plantas potabilizadoras municipales condicionan la calidad del agua de las fuentes superficiales y/o subterráneas al uso público urbano. La Conagua, estima que al cierre de 2009, la cobertura de agua potable fue de 90.7 por ciento, desglosándose entre 94.3 por ciento de cobertura en zonas urbanas y 78.6 por ciento en zonas rurales.

La falta de sustentabilidad causa de un desgaste ecológico en diversas cuencas y mantos freáticos, hace que el recurso no sea renovable y, en consecuencia, imprime costos sociales y ambientales en el mediano plazo. En específico, 15% del agua que se utiliza proviene de una fuente no sustentable de la cual 8% tiene su origen en acuíferos sobreexplotados y 7 por ciento en cuencas superficiales, generando un gasto ecológico. Este porcentaje es significativo ya que implica un desgaste acumulado con consecuencias de falta de abastecimiento graves en el mediano plazo.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), identifica los siguientes obstáculos que deben ser superados para atender algunos de los problemas más relevantes de la infraestructura del sector:

Los municipios no cuentan con las capacidades técnicas ni los recursos financieros para atender sus obligaciones de administración del agua ni de la provisión del servicio.

Las responsabilidades y facultades con respecto a la administración del agua son poco claras entre niveles de gobierno.

Existe una desconexión entre el cobro por derechos del agua y la administración de los servicios.

El municipio de Tonaya, no cuenta con la infraestructura hidráulica necesaria, para la creación de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua que permita potencializar el desarrollo de cada una de las localidades.

No debemos olvidar que el trabajo de conservar y utilizar de forma razonable el agua, no es de una sola persona, ni un solo gobierno, sino que requiere del esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad, así pues, necesitamos trabajar unidos para la preservación de los recursos naturales del estado.

Por tal motivo, es indispensable que se realicen esfuerzos para que les sean asignados recursos que contribuyan a la definición de acciones concretas a corto plazo, que atiendan los problemas descritos y, con ello, evitar una crisis de cantidad y calidad del agua.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por ello, considero muy importante apoyar las obras de infraestructura hidráulica, para beneficiar a esta comunidad.

Por lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Tonaya, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de la presa El Salto en el municipio de Tonaya, Jalisco con una inversión total de 20 millones de pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO, SEGUNDA ETAPA, DE TONAYA, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la remodelación del centro histórico, segunda etapa, en el municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la remodelación del centro histórico, segunda etapa, Tonaya, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Los centros históricos de cada municipio son un elemento fundamental de máxima identificación, representan tradición y costumbres, permiten ampliar el acceso a los bienes y servicios culturales en el país.

Actualmente en el municipio de Tonaya, Jalisco, requiere que sea remodelado su centro histórico con la finalidad de que le permita difundir sus actividades culturales, situación que limita la participación ciudadana en estas actividades, ya que la falta de estos conocimientos en ciencias, tecnologías, artes plásticas y actividades culturales limitan el desarrollo de cualidades y talentos en la ciudadanía.

Con la remodelación de este centro se beneficiará de manera directa a los habitantes del municipio, este proyecto tiene como objetivo principal divulgar creaciones artísticas y tecnológicas de la comunidad e intercambiarlas con otras regiones, la creación de empleos temporales, la integración de la familia en espacios de convivencias y el buen uso del tiempo libre.

Ante la solicitud del municipio, se sugiere apoyar la remodelación del centro histórico de Tonaya, Jalisco. La inversión en cultura permitirá rediseñar el futuro y la calidad del municipio, además de cumplir con la función de la integración familiar y reforzando la identidad del municipio.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para la remodelación del centro histórico de Tonaya, Jalisco, con una inversión total de 5 millones de pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA DESARROLLAR DIVERSOS PROYECTOS EN TONAYA, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del Municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las vías de comunicación terrestres son fundamentales hoy en día, ya que, no solo benefician los traslados de los  habitantes hacia  las comunidades aledañas, si no, también fortalece la economía de los habitantes y de los municipios que están a su alrededor.

Actualmente, el municipio de Tonaya cuenta con dos tramos carreteros que se comunican entre sí,  teniendo un deterioro superficial ocasionado un desmoronamiento en el concreto de las capas inferiores del pavimento, ya que, no se cuenta con un buen drenaje y el agua ocasiona estancamiento produciendo filtraciones que forman un desgaste en las capas estructurales.

Por ello, es necesario apoyar el mantenimiento de infraestructura para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes que transitan de otros municipios aledaños teniendo una ruta segura, próspera y aliviando la carga vehicular de las áreas urbanas consolidadas, así como detonar la economía local mediante el fortalecimiento de actividades estratégicas sustentables e innovadoras que generen empleos o ingresos para los habitantes de este municipio.

Con la rehabilitación de los tramos carreteros y sus obras complementarias, beneficiaran de manera directa a 71 mil 94 habitantes, quienes tendrán vialidades accesibles y eficientes. Además, obtendrán cambios potenciales en sus diseños de pavimentación es decir: que el desgaste producido por los vehículos afectará tan sólo la capa superficial y no generará daños de tipo estructural.

Es evidente, que teniendo estos beneficios se tendrá seguridad vial, estableciendo mejores rendimientos en cuestión de tiempo y costos de traslados, así como, una vialidad comercial digna para los envíos de mercancías y productos derivados del municipio, siendo como objetivo principal, la creación de empleos temporales y favoreciendo un tránsito vehicular para el desarrollo de actividades como la ganadería, agricultura, comercio y turismo.

El municipio de Tonaya, se encuentra en desarrollo y crecimiento por parte de sus pobladores, por lo que se requiere de la asignación de presupuesto del proyecto de enfoque como lo es la rehabilitación del tramo carretero el cerrito segunda etapa, 3.5 kilómetros, y la rehabilitación del tramo carretero el cerrito-crucero San Rafael, 4.5 kilómetros, del municipio de Tonaya, siendo vialidades que beneficiaran a los municipios aledaños como El Grullo, El Limón, San Gabriel, Toliman, Tuxcacuesco y Zapotitlán, teniendo un gran impacto que facilitaran el acceso y la comunicación de manera segura, digna y confiable.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Tonaya, Jalisco, para  que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores, por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la rehabilitación de tramo carretero el cerrito segunda etapa, 3.5 kilómetros, con una inversión de 10 millones 500 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo  de la rehabilitación de tramo carretero el cerrito-crucero San Rafael, 4.5 kilómetros, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA REHABILITAR EL TRAMO CARRETERO EL CERRITO, EN TONAYA, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la rehabilitación de tramo carretero El Cerrito segunda etapa, 3.5 kilómetros, y para el desarrollo de la rehabilitación de tramo carretero El Cerrito-Crucero San Rafael, 4.5 kilómetros, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las vías de comunicación terrestres son fundamentales hoy en día, ya que, no solo benefician los traslados de los  habitantes hacia  las comunidades aledañas, si no, también fortalece la economía de los habitantes y de los municipios que están a su alrededor.

Actualmente, el municipio de Tonaya cuenta con dos tramos carreteros que se comunican entre sí,  teniendo un deterioro superficial ocasionado un desmoronamiento en el concreto de las capas inferiores del pavimento, ya que, no se cuenta con un buen drenaje y el agua ocasiona estancamiento produciendo filtraciones que forman un desgaste en las capas estructurales.

Por ello, es necesario apoyar el mantenimiento de infraestructura para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes que transitan de otros municipios aledaños teniendo una ruta segura, próspera y aliviando la carga vehicular de las áreas urbanas consolidadas, así como detonar la economía local mediante el fortalecimiento de actividades estratégicas sustentables e innovadoras que generen empleos o ingresos para los habitantes de este municipio.

Con la rehabilitación de los tramos carreteros y sus obras complementarias, beneficiaran de manera directa a 71 mil 94 habitantes, quienes tendrán vialidades accesibles y eficientes. Además, obtendrán cambios potenciales en sus diseños de pavimentación es decir: que el desgaste producido por los vehículos afectará tan sólo la capa superficial y no generará daños de tipo estructural.

Es evidente, que teniendo estos beneficios se tendrá seguridad vial, estableciendo mejores rendimientos en cuestión de tiempo y costos de traslados, así como, una vialidad comercial digna para los envíos de mercancías y productos derivados del municipio, siendo como objetivo principal, la creación de empleos temporales y favoreciendo un tránsito vehicular para el desarrollo de actividades como la ganadería, agricultura, comercio y turismo.

El municipio de Tonaya se encuentra en desarrollo y crecimiento por parte de sus pobladores, por lo que se requiere de la asignación de presupuesto del proyecto de enfoque como lo es: la rehabilitación del tramo carretero el cerrito segunda etapa 3.5 kilómetros y la rehabilitación del tramo carretero El Cerrito-Crucero San Rafael, 4.5 kilómetros, del municipio de Tonaya, siendo vialidades que beneficiaran a los municipios aledaños como El Grullo, El Limón, San Gabriel, Toliman, Tuxcacuesco y Zapotitlán, teniendo un gran impacto que facilitaran el acceso y la comunicación de manera segura, digna y confiable.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Tonaya, Jalisco, para  que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores, por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la rehabilitación de tramo carretero el cerrito segunda etapa, 3.5 kilómetros, con una inversión de 10 millones 500 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo  de la rehabilitación de tramo carretero El Cerrito-Crucero San Rafael, 4.5 kilómetros, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 29 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA REMODELAR EL AUDITORIO MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la remodelación del auditorio municipal de Cuautla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la remodelación del auditorio municipal de Cuautla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI; el principal de ellos, transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Los auditorios municipales en México son un elemento fundamental para ampliar el acceso a los bienes y servicios culturales en el país. La intención de crear estos espacios es cubrir las funciones de difusión cultural y de educación artística no formal, así como de la capacitación y promoción de los artistas, promover las expresiones de la cultura popular y actualizar sus métodos de enseñanza en los niveles inicial, intermedio y avanzado.

Actualmente, Cuautla, Jalisco, requiere remodelar su auditorio municipal a fin de que le permita difundir sus actividades culturales, situación que limita la participación ciudadana en estas actividades, ya que la falta de estos conocimientos en ciencias, tecnologías, artes plásticas y actividades culturales limita el desarrollo de cualidades y talentos en la ciudadanía. Por ello es necesario apoyar la construcción del centro cultural para el desarrollo de la localidad, a fin de proporcionar espacios dignos y calidad de servicios.

Con la remodelación del auditorio se beneficiarán de manera directa los habitantes del municipio. Este proyecto tiene como objetivo principal divulgar creaciones artísticas y tecnológicas de la comunidad e intercambiarlas con otras regiones, la creación de empleos temporales, la integración de la familia en espacios de convivencias y el buen uso del tiempo libre.

La inversión en cultura permitirá rediseñar el futuro y la calidad del municipio, además de cumplir la función de la integración familiar y reforzar la identidad del municipio.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para remodelar el auditorio municipal, con una inversión total de 2 millones 532 mil pesos, en Cuautla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA CONSTRUIR EL DOMO DEPORTIVO EN CUAUTLA, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción del domo deportivo en la cabecera municipal de Cuautla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para la construcción del domo deportivo en la cabecera municipal del municipio de Cuautla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los espacios deportivos, se constituyen como un generador de calidad de vida en la población. El desarrollo de la práctica deportiva de forma segura y motivacional. Las construcciones de los domos deportivos buscan posicionarse con una visión artística y arquitectónica, que brindan seguridad y confianza a la hora de implementar algún deporte, siendo una distracción sana para los habitantes, por lo que, es necesario adecuar las instalaciones deportivas para incitar a la población a tener esparcimientos de calidad y mejorar la integración familiar.

El municipio de Cuautla tiene la necesidad de modernizar y contar infraestructura deportiva de alto nivel que represente la identidad de municipio, con instalaciones dignas, confiables y brindando seguridad a los habitantes en general.

Los resultados esperados de la ejecución del proyecto es: Fomentar actividades sanas en tiempos de ocio, ya que, al no tener espacios recreativos, algunos ciudadanos invierten su tiempo en actividades que perjudican su salud. Por lo tanto, considero indispensable y ejecutivo la asignación del recurso del proyecto de la construcción del domo deportivo en la cabecera municipal de Cuautla, Jalisco.

Es una prioridad, contar con nuevas y mejores instalaciones para atender la demanda de deportes que nos solicitan, con la finalidad de dar la mejor atención a niños y jóvenes de colonias vulnerables de este municipio; también poder detectar a deportistas e integrarlos a los equipos representativos del municipio y lograr contar con una mejor calidad de los habitantes del mismo al contar con una instalación adecuada y con ello evitar la inactividad física y los problemas de obesidad infantil; así como coadyuvar en la interacción de escuela y deporte.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar: con instalaciones de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional. Por tal motivo, se debe contar las instalaciones durante todo el año para el trabajo deportivo.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos a la partida para el municipio de Cuautla, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos. Se requiere fomentar la práctica de deporte, con la finalidad de crear espacios de esparcimiento que le permitan desarrollar adecuadamente acciones en beneficio de sus ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de domo deportivo en la cabecera municipal de Cuautla con una inversión de 12 millones 718 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite  a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA CONSTRUIR LA CASA DE CULTURA DE TONILA, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de la Casa de Cultura de Tonila, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para la construcción de la Casa de Cultura de Tonila, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de  proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etcétera, que se  realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Es por ello que se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Tonila, Jalisco, para la construcción de la Casa de Cultura del municipio.

Compañeros legisladores, por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el proyecto denominado “Construcción de la Casa de Cultura en San Marcos, segunda etapa en Tonila, Jalisco”, con una inversión total de 2 millones 801 mil pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite  a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA CONSTRUIR LA CUARTA ETAPA DE LA CASA DE CULTURA DE JAMAY, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de la cuarta etapa de la Casa de Cultura de Jamay, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de la cuarta etapa de la casa de cultura de Jamay, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Los centros de cultura en México son un elemento fundamental para ampliar el acceso a los bienes y servicios culturales en el país. La intención de crear estos espacios es con el fin de cubrir las funciones de difusión cultural y de educación artística no formal; así como de la capacitación y promoción de los artistas; promover las expresiones de la cultura popular y actualizar sus métodos de enseñanza en los niveles inicial, intermedio y avanzado.

Actualmente el municipio de Jamay, Jalisco, requiere terminar la cuarta etapa de su casa de cultura que le permita difundir sus actividades culturales, situación que limita la participación ciudadana en estas actividades, ya que, la falta de estos conocimientos en ciencias, tecnologías, artes plásticas y actividades culturales limitan el desarrollo de cualidades y talentos en la ciudadanía. Por ello es necesario apoyar la construcción del centro cultural para el desarrollo de la localidad, con el fin, de proporcionarles espacios dignos y una calidad de servicios.

Con la construcción de la cuarta etapa de este centro se beneficiarán de manera directa a los habitantes del municipio, este proyecto tiene como objetivo principal divulgar creaciones artísticas y tecnológicas de la comunidad e intercambiarlas con otras regiones, la creación de empleos temporales, la integración de la familia en espacios de convivencias y el buen uso del tiempo libre.

Ante la solicitud del municipio, se sugiere apoyar la construcción del centro cultural del municipio de Jamay, Jalisco. La inversión en cultura permitirá rediseñar el futuro y la calidad del municipio, además de cumplir con la función de la integración familiar y reforzando la identidad del municipio.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del centro cultural con una inversión total de 14 millones 443 mil pesos en el municipio de Jamay, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite  a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA PAVIMENTAR LA CALLE ABASOLO, EN JAMAY, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la pavimentación de la calle Abasolo, en el municipio de Jamay, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para la pavimentación de la calle Abasolo, Jamay Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de carreteras debe enfocarse no como una inversión con fines de generación de empleos. Debe concebirse como una estrategia de inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura de un país y promueva la competitividad económica de este último.

Los pavimentos de concreto, a diferencia de aquellos hechos con asfalto, ofrecen muchos beneficios, tales como: mayor durabilidad, disminución de costos a lo largo del ciclo de vida de la obra, reducción de temperatura y mayor seguridad. Debido a su rigidez, el pavimento de concreto ofrece mucha menor resistencia al rodado de los neumáticos. En consecuencia, el pavimento de concreto permite que el consumo de combustible, en vehículos que se trasladan a más de 30 Km/h, sea menor en comparación con otros pavimentos como los hechos con asfalto.

El término pavimento puede referirse a una capa durable colocada sobre caminos, calles, banquetas o al interior de construcciones a fin de caminar o transportarse fácilmente por esas superficies. Los materiales más comunes para pavimentar son asfalto, losa, piedra, ladrillos, azulejos, etcétera.

El asfalto, particularmente, es el hidrocarburo más pesado obtenido en la destilación de petróleo crudo. Esta sustancia espesa, impermeable y de color negro es utilizada para fabricar cemento asfáltico, la mezcla con la que se pavimentan carreteras, avenidas, pistas de aeropuertos y estacionamientos. Dependiendo de su utilización puede ser mezclado con hormigón, arena natural o grava triturada para darle una resistencia o flexibilidad.

El municipio de Jamay requiere del apoyo de la asignación presupuestal para la pavimentación de varias calles en la cabecera municipal, lo cual beneficiará de manera directa el turismo de la región mejorando las vías de comunicación en la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, aumentando con ello la cantidad de turismo que visite esta parte del estado, haciendo del recorrido una experiencia más agradable. Con la pavimentación de estas calles se detonará la economía de esta parte de la región debido a la gran cantidad de visitantes con los contara el Municipio, recibiendo tanto turismo mexicano como internacional.

Es indispensable concretar este proyecto con la finalidad de que pueda mejorar la calidad de vida de las personas al encontrarse adoquinadas estas calles ayudara a mejorar las diferentes actividades de la comunidad como es el comercio, educación, salud, vialidad pública y particular.

En cuestión de acceso y vialidad se evitaran riesgos en la circulación peatonal y vehicular,  ya que la zona en la que se localizan estas calles gran afluencia peatonal, sobre todo de niños que van a clases. También se mejorara el tiempo de recorrido vehicular público y privado. Además de lograr una mejor comercialización de productos que los habitantes de las comunidades cosechan y/o producen al interior del Municipio, al tener mejores vías de acceso.

Es importante mencionar, que la durabilidad de estos caminos es mucho mayor que otras superficies, inclusive existen empedrados que sin mantenimiento alguno, han resistido por décadas. Por tal motivo, se solicita la asignación de recursos para la construcción de vialidades que les permitan mejorar las condiciones de acceso a las comunidades.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por tal razón, es muy importante apoyar las obras de construcción de huellas de concreto, empedrado ahogado en cemento con los recursos, construcción de caminos y carreteras, entre otras obras son indispensables para este municipio.

Por todo lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Jamay, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la pavimentación de la calle Abasolo de Jamay, Jalisco con una inversión total de 581 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE LA COLONIA ESCRITORES MEXICANOS, EN JAMAY, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo del programa de pavimentación de la colonia Escritores Mexicanos del municipio de Jamay, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo del programa de pavimentación colonia escritores mexicano del municipio de Jamay, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El municipio de Jamay, ofrece a sus visitantes una serie de atractivos monumentos y templos muy significativos, mismos que poseen una belleza arquitectónica, que ha convertido la imagen de Jamay en inigualable. Sin embargo, una de las preocupaciones que tiene el municipio, son las calles de terracería que están afectando la imagen urbana y en la salud de sus habitantes, ya que, con el tiempo de calor.

Los habitantes sufran de enfermedades respiratorias, piel y oculares, debido al levantamiento de polvo que se genera, cuando algún vehículo circula por las calles de terracería, situación que ocasiona contaminación para las personas que habitan en la colonia. Cuando llueve se produce un encharcamiento de lodo que ha ocasionado accidentes, y ha perjudicado a los habitantes cuando se tienen que trasladar de un lado a otro.

Con el programa de pavimentación de la colonia escritores mexicano, se beneficiara de manera directa los habitantes y los municipios aledaños, ya que se contará con caminos eficientes para la circulación peatonal y vehicular, teniendo beneficios para forjar una mayor seguridad y rendimiento en cuestiones de tiempo, beneficiando a la economía del municipio con una moderna pavimentación que le dará vida al municipio y la plusvalía de las casa que colindan.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Jamay, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo del Programa de pavimentación colonia escritores mexicanos del municipio de Jamay,  con una inversión de 12 millones 557 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA RESTAURAR LA PARROQUIA SANTA MONICA, EN LA BARCA, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la restauración de la parroquia Santa Mónica de la Barca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados destinar recursos para la restauración de la parroquia Santa Mónica de la Barca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo, para contar con más y mejor infraestructura se debe cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios; la afirmación de nuestra magnifica diversidad.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, que históricamente se ha caracterizado por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El acervo monumental acumulado a partir de la llegada de los españoles es vasto y variado. Durante los 300 años del periodo colonial, en la Nueva España, que fuera la principal de las colonias españolas del continente americano, se construyó un sinnúmero de inmuebles conforme la presencia española se extendía en el territorio. De este periodo datan las primeras iglesias, seguidas de conventos, las capillas abiertas y la arquitectura civil en sus dimensiones y refinamiento reflejaban una economía creciente basada en el auge de la minería y las grandes haciendas.

Al estilo renacentista le siguieron el barroco, que si bien en un principio imitó los modelos peninsulares, poco a poco adquirió un sello propio con mayor riqueza ornamental. Hacia fines del siglo XIX se privilegian otros modelos europeos, entre ellos el art noveau.

Como en el caso del patrimonio arqueológico, la valoración de los monumentos y conjuntos arquitectónicos surgidos durante la dominación española se gesta a lo largo del proceso histórico del nacimiento de los sentimientos nacionalistas y de la formación del estado-nación posterior a la independencia.

La construcción de la historia nacional se basó, además del pasado indígena, en el estudio de objetos y monumentos de la historia colonial y en su preservación y exaltación como testimonios de esa historia. Sin embargo, a diferencia de los objetos prehispánicos, la valoración del pasado colonial tenía una carga particular por tratarse de símbolos del régimen derrocado.

A mediados del siglo XIX las leyes de nacionalización de los bienes eclesiásticos afectaron este patrimonio de múltiples maneras. La ley prevé que las pinturas y otros objetos de las comunidades religiosas pasen a los museos, en tanto que diversas medidas derivadas del remate de los bienes inmuebles de las comunidades afectaron su unidad, lo que junto con la destrucción de edificios para la apertura de calles modificó de manera sensible el paisaje urbano de las ciudades coloniales.

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los monumentos históricos son aquellos bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley. Se trata de inmuebles construidos en los siglos XVI, destinados a templos y sus anexos (arzobispados, obispados, casas rurales, seminarios, conventos, etcétera); así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares. La ley también incluye los muebles, documentos, expedientes, archivos, manuscritos, libros, folletos, impresos y colecciones científicas y técnicas que se encuentren o hayan encontrado en dichos inmuebles.

Es el caso de la parroquia de Santa Mónica de la Barca, fue construido en el siglo XVIII, su fachada es de cantera rosa, y en su portada se aprecian nichos con esculturas de San Pedro, San Pablo, Santa Mónica y San Agustín. Al centro hay un altorrelieve de la Virgen de Guadalupe. La obra se comenzó en 1780 por los padres agustinos y se terminó en 1797.

Esta parroquia ha sufrido estragos, presentando hundimiento y deterioro, por tal motivo solicito su apoyo para dotar de los recursos suficientes que le permitan al municipio rehabilitar este monumento histórico.

Entre las estructuras más afectadas se encuentra el atrio, por lo que se requiere el apoyo necesario para que se logre beneficiar a este recinto histórico. Así como la integración de un sistema de iluminación que le permita renovar los actuales.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los ciudadanos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etcétera, que se realizan en la comunidad, es con el fin de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando un desarrollo integral.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos es la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Compañeros legisladores por lo anteriormente expuesto, solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos por 2 millones de pesos para el proyecto denominado Restauración de la Parroquia, Santa Mónica de La Barca, Jalisco, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos por 3 millones de pesos para el proyecto denominado: Sistema de Iluminación para la Parroquia, Santa Mónica de La Barca, Jalisco, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA REHABILITAR Y AMPLIAR LA CASA DE CULTURA DE TENAMAXTLAN, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación y ampliación de la casa de cultura de Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para la rehabilitación y ampliación de la casa de cultura de Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La riqueza cultural del país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI. El principal de ellos es transformar México. El desarrollo de la infraestructura cultural se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el federalismo y el impulso del desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etcétera, que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Por ello se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Tenamaxtlan, Jalisco, para la remodelación de la casa de cultura del municipio.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el proyecto “Remodelación y ampliación de la casa de cultura de Tenamaxtlan, Jalisco”, con una inversión total de 1 millón 500 mil pesos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite  a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA DESARROLLAR DIVERSOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN TENAMAXTLAN, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La infraestructura hidráulica no favorece la sustentabilidad hídrica debido a sus precarias condiciones. Del consumo nacional de agua, se calcula que aproximadamente el 80 por ciento de la demanda se concentra en el sector agrícola, el 15 por ciento en consumo urbano y 5 por ciento en uso industrial. Actualmente, se estima que la demanda real de agua excede a la oferta actual, este exceso de demanda en una situación de libre mercado implicaría un mayor costo. Sin embargo, las tarifas de agua son atribución de los congresos locales, por lo que no existen incentivos políticos para elevar los precios. La consecuencia de esto, aunado a un Estado incapaz de perseguir de forma adecuada a quién abuso del uso del agua, es que no se valora el recurso y se desperdicia. Los datos más recientes de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), estiman que la demanda hídrica excede en 11.5 miles de hm3 a la oferta.

En México hay 631 plantas potabilizadoras municipales condicionan la calidad del agua de las fuentes superficiales y/o subterráneas al uso público urbano. La Conagua estima que al cierre de 2009, la cobertura de agua potable fue de 90.7 por ciento, desglosándose entre 94.3 por ciento de cobertura en zonas urbanas y 78.6 por ciento en zonas rurales.

La falta de sustentabilidad causa de un desgaste ecológico en diversas cuencas y mantos freáticos, hace que el recurso no sea renovable y, en consecuencia, imprime costos sociales y ambientales en el mediano plazo. En específico, 15 por ciento del agua que se utiliza proviene de una fuente no sustentable de la cual 8 por ciento tiene su origen en acuíferos sobreexplotados y 7 por ciento en cuencas superficiales, generando un gasto ecológico. Este porcentaje es significativo ya que implica un desgaste acumulado con consecuencias de falta de abastecimiento graves en el mediano plazo.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), identifica los siguientes obstáculos que deben ser superados para atender algunos de los problemas más relevantes de la infraestructura del sector:

• Los municipios no cuentan con las capacidades técnicas ni los recursos financieros para atender sus obligaciones de administración del agua ni de la provisión del servicio.

• Las responsabilidades y facultades con respecto a la administración del agua son poco claras entre niveles de gobierno.

• Existe una desconexión entre el cobro por derechos del agua y la administración de los servicios.

El municipio de Tenamaxtlán, no cuenta con la infraestructura hidráulica necesaria, para la creación de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua que permita potencializar el desarrollo de cada una de las localidades.

No debemos olvidar que el trabajo de conservar y utilizar de forma razonable el agua, no es de una sola persona, ni un solo gobierno, sino que requiere del esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad, así pues, necesitamos trabajar unidos para la preservación de los recursos naturales de nuestro estado.

Por tal motivo, es indispensable que se realicen esfuerzos para que les sean asignados recursos que contribuyan a la definición de acciones concretas a corto plazo, que atiendan los problemas descritos y, con ello, evitar una crisis de cantidad y calidad del agua.

Por tal razón, es muy importante apoyar la conformación de proyecto de enfoque como lo son: construcción de pavimento de concreto hidráulico y red de drenaje en la calle Francisco I. Madero, y la construcción del puente vehicular así como la sustitución  de redes de agua en la calle Abasolo.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por ello, considero muy importante apoyar las obras de infraestructura hidráulica, para beneficiar a esta comunidad.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el Municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de pavimento de concreto hidráulico y red de drenaje en la calle Francisco I. Madero con una inversión total de 1 millón 211 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción del puente vehicular así como la sustitución de redes de agua en la calle Abasolo con una inversión total de 2 millones 612 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 28 días del mes de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA REHABILITAR LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE TENAMAXTLAN, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la unidad deportiva municipal en el municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la unidad deportiva municipal en el municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El deporte se puede experimentar al menos de dos maneras por un lado como parte de una actividad física practicándolo con mayor o menor regularidad y por otro lado, como espectáculo asistiendo a eventos deportivos como espectador.

Las cifras más recientes de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, 2009, permiten apreciar algunos aspectos sobre cómo se relacionan los mexicanos como el deporte. En primer lugar, es una minoría la que realiza algún deporte o actividad física: 1 de cada 4 personas. De ellos, el promedio de tiempo que dedican a dicho deporte o actividad es de 4 horas y 36 minutos a la semana lo que representa 40 minutos al día, en promedio.

El deporte se fomenta especialmente entre los jóvenes, incluso desde la infancia, por sus efectos beneficios en la salud, pero también por lo que aporta al aprendizaje y cumplimiento de reglas y a la convivencia. En México, según la Encuesta Nacional de Juventud, casi el 40 por ciento de los jóvenes de entre 12 a 29 años de edad realizan alguna actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física que entre las mujeres: mientras que la mitad (50.1 por ciento) de los hombres de estas edades afirma que si realiza alguna actividad física, solo una de cada tres mujeres (29.8 por ciento) manifiesta lo mismo.

La mayoría de los jóvenes, uno de cada tres (36.6 por ciento) realiza actividad física tres veces por semana, en tanto que una proporción similar de ellos (32.7 por ciento), la lleva a cabo una vez a la semana y uno de cada cuatro (23.6 por ciento) la practica todos los días. Las diferencias entre sexos muestra que si bien es mayor la proporción de hombres (24.8 por ciento) que de de mujeres (21.6 por ciento) que realiza alguna actividad física todos los días, es significativamente inferior la proporción de hombres (31.7 por ciento) que de mujeres (44.5 por ciento) que la llevan a cabo tres veces por semana.

Por tal motivo, es necesario rehabilitar espacios públicos que permitan desarrollar actividades deportivas, es el caso de la rehabilitación de la unidad deportiva, Tenamaxtlan Jalisco. Esta acción brindará a los habitantes del municipio un sitio donde puedan practicar diversos deportes y realizar actividades de esparcimiento.

Es una prioridad, contar con nuevas y mejores instalaciones para atender la demanda de deportes que nos solicitan, con la finalidad de dar la mejor atención a niños y jóvenes de colonias vulnerables de este municipio; también para detectar a deportistas e integrarlos a los equipos representativos del municipio.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar: con instalaciones de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional. Por tal motivo, se debe contar las instalaciones durante todo el año para el trabajo deportivo.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos a la partida para el municipio de Tenamaxtlan, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Se requiere fomentar la práctica de deporte, con la finalidad de crear espacios de esparcimiento que le permitan desarrollar adecuadamente acciones en beneficio de sus ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la unidad deportiva de Tenamaxtlan, Jalisco, con una inversión total de 4 millones 214 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA DESARROLLAR DIVERSOS PROYECTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COCULA, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del municipio de Cocula, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del municipio de Cocula, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, las vías de comunicación son de gran importancia, ya que, son fundamentalmente mediante las mismas que se puede lograr el desarrollo económico del país. Por lo que es posible transitar todo tipo de mercancías, así como, el traslado de personas que necesitan llegar a sus destinos y al mismo tiempo entre comunidades aledañas.

El municipio de Cocula, cuenta con redes de caminos de terracería que se comunican entre sí, actualmente, cuentan con un deterioro superficial y debido al aumento vehicular que se empieza a transitar en esa zona, situación que ha empezado a ocasionar accidentes viales debido a que existe superficie de pavimentación. Por tal motivo, la repavimentación de los accesos principales del cual se mejorará la infraestructura vial de la comunidad, así como la disminución de la carga vehicular y peatonal, facilitando la accesibilidad a viviendas y en donde se ha evaluado la plusvalía de las casas que colinden con el acceso principal.

La sustitución de superficie de rodamiento ayudará a los ciudadanos a no gastar más en sus vehículos, ya que, una vez rehabilitado la pavimentación, será menor el impacto de desgaste que tendrá el carro o la bicicleta cuando se transita por dicha zona. Es por ello, que la repavimentación y sus obras complementarias beneficiarán al Estado de Jalisco pero sobre todo reforzara la identidad del lugar.

Por tal razón, es muy importante apoyar la conformación de proyecto de enfoque como lo son: Repavimentación de la calle de ingreso principal a la localidad de Agua Caliente; Repavimentación de calle ingreso principal a la localidad de Cofradía de la Luz; Repavimentación de ingreso principal a la localidad de la Sauceda; y Repavimentación de calle de ingreso principal a la localidad de San Nicolás.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Cocula, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de repavimentación de calle de ingreso principal a la localidad de Agua Caliente con una inversión total de 3 millones 500 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de repavimentación de calle de ingreso principal a la localidad de Cofradía de la Luz con una inversión total de 4 millones de pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de pavimentación de calle de ingreso principal a la localidad de Sauceda con una inversión total de 4 millones de pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de repavimentación de calle de ingreso principal a la localidad de San Nicolás con una inversión total de 4 millones de pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 28 días del mes de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA REHABILITAR LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la unidad deportiva municipal en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la unidad deportiva municipal en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El deporte se puede experimentar al menos de dos maneras, por un lado como parte de una actividad física, practicándolo con mayor o menor regularidad, y por otro lado, asistiendo a eventos deportivos como espectador.

Las cifras más recientes de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2009, permiten apreciar algunos aspectos sobre cómo se relacionan los mexicanos como el deporte. En primer lugar, es una minoría la que realiza algún deporte o actividad física: 1 de cada 4 personas. De ellos, el promedio de tiempo que dedican a dicho deporte o actividad es de 4 horas y 36 minutos a la semana lo que representa 40 minutos al día, en promedio.

El deporte se fomenta especialmente entre los jóvenes, incluso desde la infancia, por sus efectos beneficios en la salud, pero también por lo que aporta al aprendizaje y cumplimiento de reglas y a la convivencia. En México, según la Encuesta Nacional de Juventud, casi 40 por ciento de los jóvenes de entre 12 a 29 años de edad realizan alguna actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física que entre las mujeres: mientras que la mitad (50.1 por ciento) de los hombres de estas edades afirma que si realiza alguna actividad física, sólo una de cada tres mujeres (29.8 por ciento) manifiesta lo mismo.

La mayoría de los jóvenes, uno de cada tres (36.6 por ciento) realiza actividad física tres veces por semana, en tanto que una proporción similar de ellos (32.7 por ciento), la lleva a cabo una vez a la semana y uno de cada cuatro (23.6 por ciento) la practica todos los días. Las diferencias entre sexos muestra que si bien es mayor la proporción de hombres (24.8 por ciento) que de de mujeres (21.6 por ciento) que realiza alguna actividad física todos los días, es significativamente inferior la proporción de hombres (31.7 por ciento) que de mujeres (44.5 por ciento) que la llevan a cabo tres veces por semana.

Por tal motivo es necesario crear espacios públicos que permitan desarrollar actividades deportivas, es el caso de la construcción de la unidad deportiva Valle de Guadalupe, Jalisco. Esta acción brindará a los habitantes del municipio un sitio donde puedan practicar diversos deportes y realizar actividades de esparcimiento.

Es una prioridad contar con nuevas y mejores instalaciones para atender la demanda de deportes que nos solicitan, con la finalidad de dar la mejor atención a niños y jóvenes de colonias vulnerables de este municipio; también para detectar a deportistas e integrarlos a los equipos representativos del municipio.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar con instalaciones de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional. Por tal motivo, se debe contar las instalaciones para el trabajo deportivo.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos a la partida para el municipio de Valle de Guadalupe, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Se requiere fomentar la práctica deportiva con la finalidad de crear espacios de esparcimiento que le permitan desarrollar adecuadamente acciones en beneficio de sus ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de la unidad deportiva en la localidad Justino Orona de Valle de Guadalupe, Jalisco, con una inversión total de 3 millones 185 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA CONSTRUIR EL LIENZO CHARRO CENOBIO BARBA, EN VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción del lienzo charro Cenobio Barba en Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción del lienzo charro Cenobio Barba en Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El charro ha sido útil para el proceso de producción de la imagen del estado mexicano, tanto para el consumo internacional como para el consumo interno, creando una representación para el turismo. Además, la fiesta charra o charreada, es actualmente el escaparate público en el que se pone en escena todo un discurso conformado por signos visuales (los trajes, las habilidades deportivas, la competencia, las artesanías, la pintura, etc.) auditivos (la música, el argot charro, los dichos y los refranes) lingüísticos (los relatos escritos y orales, la historia charra, los discursos, etc.). La charrería es un deporte nacional, por decreto presidencial. Este deporte consiste en la realización, frente a un público, de distintas suertes en un espacio físico diseñado especialmente para ello, con cierto orden y reglas de competencia bien especificadas.

En nuestros días el futuro de la charrería parece estar marcado por los mismos signos que lo han hecho tambalearse las fronteras simbólicas de todo grupo cultural bajo el embate de las nuevas expresiones y de los nuevos contextos económicos de nuestros tiempos. El charro vuelve a encontrarse, casi un siglo después, en una situación de fuerte competencia frente a otras figuras que quizá pueden representar de mejor manera el mundo actual, cada vez más globalizado y al mismo tiempo más diversificado. Sin embargo, las tradiciones y los estereotipos no mueren súbitamente, sino que más bien van transformándose poco a poco hasta convertirse en aquello que pueda simbolizar los nuevos significados y, en el proceso, van dando lugar a figuras hibridas y/o bastante alejadas de la imagen original. De esta manera se requiere crear espacios que permitan la difusión de este deporte nacional.

Para el municipio de Valle de Guadalupe, es una prioridad la creación del lienzo charro Cenobio Barba, con la finalidad de difundir la cultura de la charrería, y también generar una fuente de ingreso para cada una de las localidades donde pretenden implementarlos.

Por lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del lienzo charro Cenobio Barba, con una inversión total de 16 millones 482 mil pesos en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA REHABILITAR LA CASA CURAL DE SAN MARCOS, SEGUNDA ETAPA, EN VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la casa cural en San Marcos, segunda etapa, de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la casa cural en San Marcos, segunda etapa, de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La riqueza cultural del país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI. El principal de ellos es transformar México. El desarrollo de la infraestructura cultural se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios; la afirmación de nuestra magnífica diversidad.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. Un país como el nuestro, históricamente se ha caracterizado por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el federalismo y el impulso del desarrollo cultural municipal como ejes se necesita apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El acervo monumental acumulado a partir de la llegada de los españoles es vasto y variado. Durante los 300 años del periodo colonial, en la Nueva España, que fuera la principal de las colonias españolas del continente americano, se construyó un sinnúmero de inmuebles conforme la presencia española se extendía en el territorio. De ese periodo datan las primeras iglesias, seguidas de conventos. Las capillas abiertas y la arquitectura civil en sus dimensiones y refinamiento reflejaban una economía creciente basada en el auge de la minería y las grandes haciendas.

Al estilo renacentista le siguieron el barroco, que si bien en un principio imito los modelos peninsulares, poco a poco adquirió un sello propio con mayor riqueza ornamental. Hacia finales del siglo XIX se privilegiaban otros modelos europeos, entre ellos el art noveau.

La construcción de la historia nacional se basó, además del pasado indígena, en el estudio de objetos y monumentos de la historia colonial y en su preservación y exaltación como testimonios de esa historia. Sin embargo, a diferencia de los objetos prehispánicos, la valoración del pasado colonial tenía una carga particular por tratarse de símbolos del régimen derrocado.

A mediados del siglo XIX, las leyes de nacionalización de los bienes eclesiásticos afectaron este patrimonio de múltiples maneras. La ley prevé que las pinturas y otros objetos de las comunidades religiosas pasen a los museos, en tanto que diversas medidas derivadas del remate de los bienes inmuebles de las comunidades afectaron su unidad, lo que junto con la destrucción de edificios para la apertura de calles modificó de manera sensible el paisaje urbano de las ciudades coloniales.

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los monumentos históricos son los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley. Se trata de inmuebles construidos en el siglo XVI, destinados a templos y sus anexos (arzobispados, obispados, casas rurales, seminarios, conventos, etcétera), así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares. La ley incluye también los muebles, documentos, expedientes, archivos, manuscritos, libros, folletos, impresos y colecciones científicas y técnicas que se encuentren o hayan encontrado en dichos inmuebles.

Es el caso de la rehabilitación de la antigua casa cural, a fin de convertirlo en un espacio adecuado y con las condiciones necesarias para el desarrollo cultural. En un país como el nuestro, el desarrollo y fomento de la cultura permitirá a los ciudadanos la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etcétera, que se realizan en la comunidad, con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos es la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos por 2 millones 500 mil pesos para el proyecto Rehabilitación de la Antigua Casa Cural, Valle de Guadalupe, Jalisco, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA IMPLANTAR DIVERSOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN YAHUALICA DE GALLO, JALISCO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la implementación de diversos proyectos en materia de infraestructura cultural en Yahualica de Gallo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para destinar los recursos suficientes para la implementación de diversos proyectos en materia de infraestructura cultural en Yahualica de Gallo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios; la afirmación de nuestra magnifica diversidad.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, históricamente se ha caracterizado por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El acervo monumental acumulado a partir de la llegada de los españoles es vasto y variado. Durante los 300 años del periodo colonial, en la Nueva España, que fuera la principal de las colonias españolas del continente americano, se construyo un sinnúmero de inmuebles conforme la presencia española se extendía en el territorio. De este periodo datan las primeras iglesias, seguidas de conventos, las capillas abiertas y la arquitectura civil en sus dimensiones y refinamiento reflejaban una economía creciente basada en el auge de la minería y las grandes haciendas.

Al estilo renacentista le siguieron el barroco, que si bien en un principio imito los modelos peninsulares, poco a poco adquirió un sello propio con mayor riqueza ornamental. Hacia fines del siglo XIX se privilegian otros modelos europeos, entre ellos el art noveau.

La construcción de la historia nacional se basó, además del pasado indígena, en el estudio de objetos y monumentos de la historia colonial y en su preservación y exaltación como testimonios de esa historia. Sin embargo, a diferencia de los objetos prehispánicos, la valoración del pasado colonial tenía una carga particular por tratarse de símbolos del régimen derrocado.

A mediados del siglo XIX las leyes de nacionalización de los bienes eclesiásticos afectaron este patrimonio de múltiples maneras. La ley prevé que las pinturas y otros objetos de las comunidades religiosas pasen a los museos, en tanto que diversas medidas derivadas del remate de los bienes inmuebles de las comunidades afectaron su unidad, lo que junto con la destrucción de edificios para la apertura de calles modifico de manera sensible el paisaje urbano de las ciudades coloniales.

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los monumentos históricos son aquellos bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley. Se trata de inmuebles construidos en los siglos XVI, destinados a templos y sus anexos (arzobispados, obispados, casas rurales, seminarios, conventos, etcétera); así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares. La ley también incluye los muebles, documentos, expedientes, archivos, manuscritos, libros, folletos, impresos y colecciones científicas y técnicas que se encuentren o hayan encontrado en dichos inmuebles.

Es el caso de la restauración del la parroquia San Miguel, de Yahualica, que requiere del apoyo suficiente para devolverle su belleza y esplendor. El altar mayor de la parroquia de San Miguel es espectacular, da la impresión de ser un retablo, como los barrocos, de tres calles, labrado todo en cantera, manteniendo la uniformidad en color de todo el conjunto. Al centro destaca la escultura del santo patrono, San Miguel, custodiado seis arcángeles, en la parte alta, coronando la hornacina de San Miguel aparece la Inmaculada Concepción y al centro, en la parte más importante del altar mayor, enmarcado con un toldo de terciopelo rojo está una réplica del Señor del Encino.

Esta parroquia, ha sufrido estragos, presentando hundimiento y deterioro, por tal motivo solicito su apoyo para dotar de los recursos suficientes que le permitan al municipio rehabilitar este monumento histórico.

También es indispensable apoyar la construcción de dos casas de cultura en Huisquilco y Malisco. Cabe señalar que una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los ciudadanos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras; será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes. Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos es la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos por 4 millones 700 mil pesos para el proyecto denominado “restauración de la Parroquia de San Miguel de Yahualica de Gallo, Jalisco,” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos por un millón 500 mil pesos para la “construcción de la Casa de Cultura de Huisquilco, Yahualica de Gallo, Jalisco,” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos por un millón 500 mil pesos para la “construcción de la Casa de Cultura de Manalisco, Yahualica de Gallo, Jalisco” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 28 días del mes de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

DIRECCION GENERAL PARA LA IGUALDAD LABORAL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a etiquetar un nuevo presupuesto para la Dirección General para la Igualdad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, Diva Hadamira Gastélum Bajo, senadora de la república a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a etiquetar un nuevo presupuesto para la Dirección General para la Igualdad Laboral de la Subsecretaria de Inclusión Laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Dirección General para la Igualdad Laboral, funge como área sustantiva de la subsecretaría de inclusión laboral dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tiene como principales atribuciones diseñar, elaborar, coordinar, evaluar y promover planes y programas relativos a la inclusión e igualdad laboral de manera interinstitucional con el sector público de los tres niveles de gobierno y el sector privado.

Asimismo lleva a cabo acciones orientadas a fomentar la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no discriminación en materia laboral, y en general la inclusión de los grupos vulnerables de la sociedad en materia del trabajo.

Por lo que el principal objetivo de esta unidad administrativa es concertar acciones y mecanismos de vinculación y coordinación para la atención de hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, actualmente esta dirección tiene una limitante importante y es el presupuesto etiquetado que tiene, mismo que haciende a una cantidad de 18, 776,420.00 pesos, asignados en el eje trasversal Anexo 12, “Fomento a la equidad de género y la no discriminación al mercado laboral”, dicho presupuesto, por ley, no puede ser utilizado para la atención a los grupos vulnerables que no estén contemplados dentro del citado del eje menciona.

El análisis realizado por la Dirección General para la Igualdad Laboral contempla un presupuesto de por lo menos 25, 000,000.00, de pesos.

Por lo que el objetivo de la presente proposición es exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para etiquetar en el mismo programa presupuestal con la variante de que se sigan manteniendo los 18,776,420.00 de pesos en el eje trasversal Anexo 12, “Fomento a la equidad de género y la no discriminación al mercado laboral”, y el resto para completar los 25 millones necesarios para cumplir las metas de la Dirección General de Inclusión Laboral, por decreto, pueda estar libre de utilizarse para los otros grupos vulnerables y con ello evitemos la limitante que por Ley coloca al presupuesto que se asigna a este eje.

Con este nuevo presupuesto, esta unidad administrativa podrá emprender acciones estratégicas que propicien la igualdad de oportunidades e inclusión laboral de personas de otros grupos de población en vulnerabilidad, tales como:

• Las personas que viven con VIH/Sida

• Personas privadas de su libertad.

• Al grupo de los jóvenes de nuestro país.

• Los indígenas.

Para poder brindar otros esquemas de apoyo igualitario a la mujer y llevar a cabo la operatividad del programa de trabajo de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y la Protección del Trabajador Adolescente en Edad Permitida, en todo el territorio nacional.

Con estos recursos se incrementarían las metas programadas, lo cual se reflejaría en el aumento de beneficiarios por todos aquellos programas institucionales atendidos por esta área, lo que permitirá posicionar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como la entidad gubernamental que más atiende a los grupos vulnerables de población de la población mexicana.

Se estarían realizando las acciones correspondientes para lograr la participación de 600 centros de trabajo para obtener el distintivo empresa incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”. Así mismo crecería la investigación, integración, diseño y difusión de 16,500 cartas de derechos humanos laborales y de las labores peligrosas para los menores trabajadores en edad permitida.

Además de llevarse a cabo acciones para lograr la participación de 600 empresas para obtener el Distintivo Familiarmente Responsable, se realizarían las acciones correspondientes para la difusión de los derechos humanos, laborales y agrarios de las trabajadoras y trabajadores rurales, se llevarían a cabo las acciones para supervisar la realización de evaluaciones con fines de certificación de competencias laborales de 15,000 jornaleros agrícolas, se realizarían las acciones para lograr la participación de 150 empresas para obtener el distintivo Empresa Libre de Trabajo Infantil y se llevarían a cabo las acciones y mecanismos de vinculación.

Aunado a ello se realizaría la coordinación para la atención de 15,000 mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad, la coordinación de foros estatales para la creación de la Red de Apoyo a las Mujeres Trabajadoras, el seguimiento y evaluación sobre las áreas de oportunidad detectadas en el análisis de información de las empresas que obtengan los distintivos mencionados.

Se podrían realizar talleres de sensibilización en materia de trabajo infantil y difusión de las labores peligrosas e insalubres prohibidas para menores trabajadores, dirigidas a inspectores del trabajo en materia federal y en coadyuvancia a los inspectores locales, las acciones de supervisión de la difusión de los derechos humanos, laborales y agrarios de las y los trabajadores; así como la generación de los informes sobre avances y resultados para entregarse a los diferentes Organismos Internacionales y Dependencias del Gobierno Federal relacionadas con las actividades de esta unidad administrativa.

Se contaría con recursos para la capacitación a servidores públicos en la elaboración de los diagnósticos necesarios y se brindarían las herramientas para desarrollar nuevas políticas públicas a fin de beneficiar a los grupos de población referidos, alineados a estándares internacionales y sobretodo en cumplimiento a lo establecido en la normatividad referida.

Se llevarían a cabo 2 encuentros Nacionales de Jóvenes Indígenas y 2 de Gestores Comunitarios, con un impacto de 500 personas por cada evento.

En esta propuesta se llevaría a cabo el proyecto lúdico dirigido a niñas, niños, adolescentes y padres de familia, con la finalidad de orientar positivamente al público de museos interactivos y posicionar el concepto de trabajo infantil, difundir los resultados del Módulo de Trabajo Infantil y crear consciencia a través de los sentidos.

Se daría cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo como autoridad competente para atender la problemática del trabajo infantil, ya que se daría cobertura nacional con talleres de sensibilización, información y capacitación sobre el tema a más de 10,000 personas.

Se crearía el Consejo General de la Red Nacional de Vinculación Laboral y el Banco de Buenas Prácticas laborales, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley General Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde se establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá elaborar e instrumentar el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad, así mismo se realizaría una promoción de los alcances y beneficios que se obtendrían con el distintivo Empresa Incluyente.

Se daría la cobertura nacional sobre los Foros de promoción de derechos humanos laborales, de los foros sobre la perspectiva laboral de las personas de la diversidad sexual, sobre todo en las entidades federativas con normatividad discriminatoria.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendría un espacio para difundir la oferta institucional en el marco de eventos de recursos humanos tales como la Expo Managment o Expoamedir edición 2014.

Finalmente se tendría la automatización del proceso de registro, verificación y dictaminación de los centros de trabajo distinguidos con algún programa de esta área.

Además de contar con el material de difusión impreso idóneo para cubrir el territorio nacional sobre toda la oferta institucional brindada por esta unidad administrativa.

Por lo que sabida del compromiso que como legisladores asumimos y tenemos con la población de este país y por los argumentos vertidos con anterioridad someto ante el pleno de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a etiquetar un nuevo presupuesto para la Dirección General para la Igualdad Laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, independientemente de los 18 millones 776 mil 420 pesos etiquetados dentro del eje transversal Anexo 12, “Fomento a la equidad de género y la no discriminación al mercado laboral”, para completar los 25 millones necesarios para cumplir las metas establecidas por la dirección para el año 2014 y con ello impedir la limitante que existe para brindar atención a los grupos vulnerables que no están contemplados dentro del citado eje.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los 29 días del mes de octubre de 2013.— Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE DAÑOS POR INCENDIOS EN LAS SIERRAS DE COAHUILA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar recursos presupuestales destinados a la prevención y mitigación de daños por incendios en las sierras de Coahuila.

L-a Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 se consideren recursos presupuestales destinados a la prevención y mitigación de daños por incendios en las sierras de Coahuila.

Antecedentes

Los desastres naturales constituyen una fuente significativa de riesgo fiscal en países altamente expuestos a catástrofes naturales, presentando así pasivos contingentes de considerable magnitud para los gobiernos de dichos países. La ausencia de mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias y de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres puede crear dificultades y demoras en la respuesta, lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas. En estado de emergencia por desastres naturales, los gobiernos pueden verse obligados a utilizar fondos que habían sido previamente destinados a proyectos fundamentales de desarrollo económico, y esto, en el largo plazo, puede impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países.

Los gobiernos son cada vez más conscientes que el riesgo fiscal derivado de desastres naturales no puede seguir siendo ignorado. El importante crecimiento económico en algunos países en desarrollo hace que éstos se enfrenten con pérdidas económicas cada vez más importantes. Al mismo tiempo, aunque la exposición de la población y de los activos físicos a los desastres sigue en crecimiento, poca atención se dirige a la construcción de una sociedad resiliente ante fenómenos naturales adversos. Incrementos en la frecuencia y magnitud de fenómenos climatológicos extremos que se prevén debido al cambio climático puede potencialmente agravar la tendencia creciente en las pérdidas económicas causadas por desastres. En este contexto, es de suma importancia que se le dé un mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de desastres que incluya medidas de protección financiera y aseguramiento ante desastres para poder hacer frente a estas tendencias disruptivas.

Los incendios forestales están cambiando. Cada vez más convivimos con incendios de alta intensidad que sobrepasan los esfuerzos de los equipos de extinción. El fuego acaba cediendo cuando las condiciones meteorológicas dan una tregua.

El cambio climático, es el gran reto ambiental al que ya nos estamos enfrentando desde hace años y los incendios forestales no quedan relegados de este problema: subidas de las temperaturas, olas de calor, aumento de la desertización, etcétera, hacen que los cerros estén llenos de vegetación seca que se convierte en combustible que alimenta el fuego. El cambio climático no es una causa de incendio, sin embargo sí que explica los cambios que se están produciendo en los “nuevos” incendios, empeorando las condiciones de inicio y de propagación. Ya no son nuevas las noticias de incendios descontrolados que llegan a suponer una amenaza a la población, como por ejemplo en Australia, California, Grecia, Portugal, España y México con el desalojo de miles de personas.

El tema de la sequía en México, es importante y de dimensiones mayúsculas, sobre todo si se conceptualiza como una problemática consecuente del cambio climático o calentamiento global, cuya solución en este momento no tenemos ni conocemos, ya que no se ha podido establecer un programa o acción que revierta los daños a los elementos naturales, que regresen las hoy ausentes temporadas de lluvia en el norte de nuestro país y sur de Estados Unidos.

Las consecuencias visibles e inmediatas de la sequía son, la muerte del ganado, pérdida de las cosechas, incendios, sobrexplotación de las reservas subterráneas de agua, y falta de abasto del vital líquido a las poblaciones; sin embargo, quizá la consecuencia más grave es la pérdida irreversible de los ecosistemas; con estas pérdidas se agravan las consecuencias de cambio climático.

Según datos de la Comisión Nacional Forestal, en México, tan sólo en Chihuahua, Sonora, Jalisco y Coahuila se concentra el 53 por ciento de las afectaciones en materia de sequía e incendios.

La presencia del fuego en los bosques es una dinámica natural que propicia regeneración  y equilibrio en las especies que de forma original coexisten; asimismo, los efectos positivos de un incendio es la presencia de material orgánico que funge como abono para los suelos y especies en pie.

Sin embargo, la visión del fuego se ha transformado, porque la mano del hombre interviene y provoca incendios en el 70  por ciento de los casos,  en el resto, la naturaleza nos está cobrando la factura, tal es el caso de los incendios ocurridos en el mes de abril de 2011 en los municipios de Arteaga, Ocampo, Múzquiz y Acuña, de mi estado natal: Coahuila, los cuales durante un mes de actividad, devastaron más de 400 mil hectáreas.

De forma personal, acudí a apoyar en la causa; sobre todo para la protección a la fauna silvestre (venados, osos negros, guajolotes silvestres, palomas, jabalíes, codornices, conejos, liebres, zorros, mapaches, gatos montés y pumas) que por falta de alimento y agua se estaban muriendo, y fue lamentable ver los tornados de fuego de hasta 65 kilómetros por hora, que consumían más y más las sierras de Coahuila.

Como Bióloga de profesión, les digo, que la naturaleza se encarga de restaurar las zonas incendiadas, pero bajo un sistema equilibrado y de un fuego benéfico, mas no ante una catástrofe de dimensiones como las que he descrito por la ocurrencia de un fuego dañino. Regenerar más de 437, 265  hectáreas de suelos naturales, no pueden exigirse a la naturaleza, debemos trabajar para ayudarle.

Así mismo, para poder controlar y abatir el fuego en las sierras de Coahuila, se gastaron más de 378 millones de pesos (240 de Fondo de Desastres Naturales, Fonden; 21 millones de Conafor; 66.7 millones las Secretaria de Seguridad Publica y Marina; y 50 millones del gobierno de Coahuila); su restauración, sin duda será más costosa, pero no se debe escatimar en ello, ya que la lección, me parece, fue bien aprendida, debemos actuar como restauradores y principalmente previsores para no encaminar únicamente las acciones de combate cuando el incendio esté en su punto máximo; debemos actuar preventivamente a estos fenómenos, haciendo brechas cortafuego, creando más brigadas de combate de incendios forestales, capacitación de combatientes y aplicar acciones de contratación de aeronaves o helicópteros que nos permitan trasladar a los brigadistas en acciones de reacción rápida, evitando pérdidas mayúsculas de nuestros recursos naturales, ya que la topografía tan accidentada del estado y las enormes distancias entre un punto y otro dificulta el acceso ciertas zonas.

La Comisión Nacional Forestal mantiene un programa preventivo y correctivo durante todo el año, por lo que su apoyo será de gran ayuda, pero adicionalmente a ello, es de vital importancia que se destine una cantidad de recurso económico suficiente para que exclusivamente se atienda la restauración de las más de 437 mil 265 hectáreas perdidas que, por fortuna, con las lluvias que se presentaron durante el presente año, ésta tarea, será más fácil, ya que aún cuando son aguas que de pronto se vierten de forma precipitada y saturan los suelos, también es cierto que los preparan para que los renuevos se presenten con menores adversidades y las labores de restauración sean más acertadas.

Los principales municipios que se vieron afectados fueron 26 de los 38 con los que se encuentran en Coahuila.

Para restaurar una hectárea depende de varios factores como seria la distancia, especies a restaurar, si ha y que elaborar trabajos de restauración, reforestación, material de la región acomodado, cercado, etcétera, variando su costo promedio entre 3 mil  y 8 mil pesos.

La determinación de los costos de las obras y prácticas de restauración de suelos, reforestación y su mantenimiento es, junto con el diseño técnico de las obras de restauración de suelos y reforestación, una de las partes fundamentales en los proyectos de restauración.

Metodología para la determinación de costos

Al desarrollarse las actividades para lograr la restauración de un terreno forestal incendiado, mediante acciones de restauración de suelos y reforestación se requiere la planeación y desarrollo de diferentes actividades y para ello se deben tener sistemas de administración que permitan conocer los costos de la realización de las diferentes actividades que se requieren para la restauración de un terreno y con ello determinar los costos para determinar la conveniencia económica y ecológica de llevar a cabo la restauración de un terreno.

Obras y prácticas de restauración de suelos, reforestación y mantenimiento, se puede agrupar en tres tipos:

– Cargos por consumos

– Cargos por mano de obra

–  Cargos por maquinaria equipo y herramienta

Los costos promedios por hectáreas oscilan entre 3 mil y 8 mil pesos.

Se verá incrementado estos en la zona que más sufrió perdida  de vegetación debido a incendios en el 2011, la cual corresponde a área compacta mas devastada que es la serranía del burro al norte del estado de Coahuila siendo su población más cercana la ciudad de Múzquiz, Coahuila.

Aproximadamente a 5 horas promedio de los predios afectados, aunado a la poca población civil que habita esos lugares.

El ecosistema ha sufrido un grave deterioro a causa de los incendios forestales, debido a lo anterior se torna urgente la restauración de las áreas afectadas, para detener la perdida de el suelo el cual quedo expuesto al no contar con vegetación se acelera la erosión por el viento y cuando exista la precipitación por acarreo de partículas por el agua, además de permitir con estas acciones que se tenga nuevamente la infiltración de humedad  esto traerá como beneficio el que se tenga material vegetativo el cual sirve de alimento, refugio, hábitat de la fauna silvestre que caracteriza la región norte del estado.

Por lo anteriormente expuesto, se presentan los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta, de manera respetuosa, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el año ejercicio fiscal 2014, se consideren mayores recursos presupuestales que serán destinados a La Comisión Nacional Forestal exclusivamente para la prevención y la mitigación de daños que pudieran ocasionarse por incendios en las sierras de Coahuila, o en cualquier otro estado de la república.

Segundo.Se exhorta a La Comisión Nacional Forestal, para que en ámbito de sus funciones y atribuciones que le infiere la ley, para que se cree un programa que resulte efectivo para la prevención de los incendios forestales, o en su caso las medidas de control del fuego así como acciones de restauración de suelos  a través de la reforestación

Tercero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año Ejercicio Fiscal de 2014, se le otorguen mayores recursos al Fondo Nacional de Desastres Naturales, para que se  garantice una gestión oportuna y transparente del Fondo, que haga posible que las instancias responsables procedan a la atención de las emergencias y a las obras y acciones que sean necesarias para mitigar los desastres producidos por fenómenos naturales, conforme a las normas y principios generales de la Protección Civil, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Protección Civil.

Dado en el salón de sesiones, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

AUMENTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA COAHUILA, EN EL RAMO DE SALUD

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar un aumento en la partida presupuestaria para el estado de Coahuila, en el ramo salud.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora de la República por el estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, en el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que de acuerdo a sus facultades y atribuciones, se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, y se aumente la partida presupuestaria para el estado de Coahuila en el ramo de salud.

Consideraciones

El derecho universal a recibir servicios de salud de calidad debe ser prioridad de todo gobierno, esta premisa sólo se hará realidad con una rigurosa planeación y con la implementación de políticas públicas en materia de seguridad social que resulten efectivas y que beneficien a la población.

Para establecer circunstancias de modo, lugar y para constituir en perspectiva la problemática que se expone en el presente punto de acuerdo, es de señalar que en el estado de Coahuila, según el Censo de Población y Vivienda 2010, cuenta con 3 millones 055 mil 395 habitantes, divididos en 38 municipios, el estado tiene bajo su responsabilidad trece hospitales generales, uno de ellos es el de Ciudad Acuña.

Ciudad Acuña, es uno de los municipios más poblados del estado, pues cuenta según el citado censo con 136 mil 755 habitantes. En materia de infraestructura hospitalaria Ciudad Acuña dispone de diversos hospitales públicos dentro de los cuales se citan: un hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un hospital general a cargo del gobierno estatal, la clínica 81 del IMSS y una clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Como antecedente se da cuenta de que en el año 2003 el entonces presidente Vicente Fox, presentó el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), documento en el cual se plasmaba un diagnóstico estructural de las necesidades más urgentes en materia de infraestructura hospitalaria, en dicho documento se establece como prioridad la remodelación del hospital general de Ciudad Acuña.

En consecuencia de lo anterior, durante la administración del entonces gobernador constitucional del estado de Coahuila, el profesor Humberto Moreira, se retoma la sugerencia hecha en el Plan Maestro de Infraestructura antes citado y anuncia los trabajos de remodelación, ampliación y equipamiento del hospital general de Acuña; cabe señalar que por más de 25 años no se habían invertido los recursos suficientes para mantener la infraestructura básica de dicha unidad médica en buenas condiciones.

Es así que se invierten  recursos por más de 25 millones de pesos, de acuerdo a lo que señalan notas periodísticas; con estos recursos, según dice la autoridad, se amplío la capacidad de hospitalización de 16 a 32 camas censables, se renovó y amplió el área de urgencias, mismas que se equiparon con sala de choque; se añadieron 6 camas de observación y monitoreo, asimismo se amplió el laboratorio de análisis clínicos, y se modernizó el área de imagenología; la obra, fue entregada en un evento público en el año 2010.

Es menester señalar de manera contundente, que no basta sólo invertir recursos públicos en la remodelación del hospital, que por cierto eran más que urgentes, sino que se tienen que invertir bien; es lamentable que sólo se hizo alusión a lo que según se realizó al hospital general de Acuña con el único fin de hacer propaganda de los gobiernos en turno, la realidad, es que exista tanto trecho según versa el refrán.

En este punto de acuerdo, recojo esto que aqueja a la ciudadanía en mis recorridos, tanto en la campaña electoral y ahora como senadora, los habitantes de Ciudad Acuña manifiestan con urgencia una queja reiterada respecto al funcionamiento y la atención del personal del hospital general de la ciudad, ya que es una desgracia que se presuman los supuestos millones de pesos invertidos en la obra y se genere una especulación en la población y la atención que recibe la ciudadanía.

Sólo basta darse una vuelta al nosocomio, las largas filas en urgencias y la falta de personal médico es evidente; el hospital no ofrece todos los servicios que la comunidad requiere, es decir, no cuenta con una unidad especializada en oftalmología, endocrinología, otorrinolaringología y cardiología; esto obliga a los acuñenses a trasladarse a hospitales de localidades más alejadas como Saltillo o Monterrey, que están a un poco más de seiscientos kilómetros de distancia para recibir atención médica.

Es importante señalar, que dicho hospital no cuenta con turno nocturno en la unidad de traumatología, por lo cual, quien sufre de algún accidente no podrá ser recibido en ese horario con atención médica digna de calidad y con la calidez que la población merece; a esto, cabe hacer mención que las pocas ambulancias con las que cuenta esta unidad no están equipadas para solventar una emergencia médica.

Otro aspecto que no se debe dejar de mencionar en este punto de acuerdo, es el referente a la adquisición del equipo de rayos X, resulta que este aparato tan caro y tan presumido por el gobernador, al hacer entrega de la remodelación del hospital, no cuenta con el contrato del proveedor que surte los consumibles y al no tener los acetatos para imprimir las radiografías, hacen del aparato en la práctica inservible. Esta es sólo una muestra de la negligencia y falta de pericia  con las que se realizan las labores de licitación en mi estado.

Por las razones antes expuestas, hago un respetuoso exhorto al gobernador del estado de Coahuila, a fin de que instruya al titular de la Secretaría de Salud del estado, para que implemente un programa urgente, en el que se incluya la mejora de la atención que brinda el hospital general de Ciudad Acuña; dicho programa, a mi criterio, debe incluir mecanismos para mejorar la gestión, el abastecimiento de medicamentos a la población y el eficaz manejo de recursos humanos y materiales.

Asimismo, solicito a mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto de la LXII legislatura, para que al momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, asignen al estado de Coahuila una partida presupuestal mayor, para que éste proporcione al hospital general de Ciudad Acuña recursos suficientes para la mejora y la ampliación de los servicios que brinda a la población, pero también se refuercen los servicios de salud en todos los rincones de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de ésta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que a través de su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incremente al estado de Coahuila para el año 2014, la partida presupuestaria que le corresponde, a fin de que este pueda dar mayores recursos al ramo de salud, y se vea beneficiado el hospital general de Ciudad Acuña.

Segundo. Se hace un exhorto al titular del gobierno del estado de Coahuila, con el propósito de que le sean destinados más recursos económicos, al hospital general de Ciudad Acuña, con el único fin de que éste preste un mejor servicio y cuente con las herramientas necesarias para atender a la población que más lo necesita y robustezca el servicio de salud de todo el estado.

Tercero. Se hace un exhorto al titular del hospital general de Ciudad Acuña, para que ponga especial atención al servicio que brindan los trabajadores a los pacientes, ya que ellos requieren de una mejor calidad atención y servicio por parte de los que laboran en el hospital.

Senado de la República, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PROYECTO RED ELECTRICA INTELIGENTE DE ENERGIAS RENOVABLES Y TECNOLOGIAS LIMPIAS, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN, CAMPECHE

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir, en las ampliaciones para el ramo de ciencia y tecnología, el proyecto red eléctrica inteligente de energías renovables y tecnologías limpias de la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, Óscar Román Rosas González, senador de la República a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años el sector energético ha virado hacia la producción y utilización cada vez más acelerada de energías limpias y renovables. Esté giro obedece, por un lado, al agotamiento de las energías fósiles, petroléelo y gas, principalmente, lo cual representa altos costos y baja disponibilidad en el largo plazo.

Otro de los factores que han empujado a las naciones a diversificar sus fuentes de energía, son los altos costos ambientales, la degradación de sus ecosistemas y las consecuencias globales en materia de cambio climático.

Países como, China, Estados Unidos, Alemania y España tienen una capacidad considerable generando 90, 86, 71, 31 Gigawatts, respectivamente, mediante la utilización de fuentes renovables. México a través de las energías, solar, eólica, biomasa, geotérmica y otras produce sólo 2.5 Gigawatts. Estas cifras nos pueden dar una dimensión de la distancia que tenemos con otros países.

A pesar de contar con una posición privilegiada geográficamente no hemos aprovechando todo nuestro potencial. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, la radiación solar promedio es de 5 Kwh/m2, la cual de ser aprovechada correctamente puede satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país.

En cuanto a los recursos eólicos, la Asociación Mexicana de Energía Eólica estima que el potencial de generación en México es de 10 mil Megawatts, es decir el 20% de la electricidad que se demanda en el país.

Como se puede observar, tenemos recursos energéticos subutilizados que nos generan déficit en nuestra matriz energética y dependencia casi absoluta de los recursos fósiles. Es decir, estamos dejando escapar recursos que se pueden convertir en ahorros, generación de economía y empleos.

Para desarrollar el conocimiento y la técnica para el correcto uso y la maximización de nuestras energías renovables, es necesario impulsar proyectos viables en materia de ciencia y tecnología que nos conduzcan en ésta misma dirección.

Al igual que los centros de investigación nacional, los centros de investigación e innovación estatales, como es el caso de la Universidad Autónoma de Campeche, tiene importantes propuestas para desarrollar tecnología que nos ayuden a mejorar el aprovechamiento de renovables.

En esta ocasión pongo a su consideración el proyecto de Red Eléctrica Inteligente basada en Laboratorio de Energías Renovables y Tecnologías Limpias de la Universidad Autónoma del Carmen, cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas experimentales híbridos que incluyen generación de energía solar fotovoltaica y eólica.

Cada sistema constará de una turbina eólica, un conjunto de paneles solares y un proceso para la generación y almacenamiento de hidrógeno. La energía generada será incorporada al sistema de distribución eléctrica del respectivo edificio o bien al sistema del proveedor de electricidad autorizado con el correspondiente beneficio económico en la facturación del servicio.

Para lograr la utilización óptima de la energía se diseñará e implementará la gestión automática de las diferentes fuentes y de los dispositivos de consumo, lo que constituirá una red inteligente de energía. Todo esto en un edificio verde de la Facultad de Ingeniería que se construirá con elementos y materiales que protejan el medio ambiente y ahorren energía.

La integración de las diferentes fuentes de energía, serán instaladas en un edifico real, un edificio verde de la Facultad de Ingeniería de dicha universidad, donde se evaluara su eficiencia y su viabilidad de implementación a gran escala. El presupuesto requerido para el proyecto es de 15.2 millones de pesos.

Finalmente, es de destacar que en el proyecto participa un grupo plural especializado compuesto por técnicos especialistas en el ramo energético provenientes de la Universidad del Carmen, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Yucatán y la Universidad de Texas, Campus San Antonio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, incluir dentro de las Ampliaciones para el Ramo de Ciencia y Tecnología el Proyecto Red Eléctrica Inteligente de Energías Renovables y Tecnologías Limpias de la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche

Segundo. Se exhorta a la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, destine recursos presupuestarios por 15 millones 230 mil pesos para el Proyecto Red Eléctrica Inteligente de Energías Renovables y Tecnologías Limpias de la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche.

Notas:

1 www.sener.gob.mx

2 Estrada-Gasca, CA; Arancibia Bulnes, CA; Dorantes Rodríguez, Islas Samperio, Muhlia Velásquez. Visión a largo plazo sobre la utilización de las energías renovables en México.Energía Solar, 2005.

3 Asociación Mexicana de Energía Eólica.

Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador Óscar Román Rosas González (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite  a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar recursos para infraestructura deportiva municipal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

La población mexicana actual alcanza los 112 millones 336 mil 538 personas, de acuerdo con el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante 2010, con una proyección al 2030, de 120 millones de habitantes, según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Históricamente nuestra nación se ha caracterizado por contar con una población con predominio de niños y jóvenes, tan sólo entre 1950 y 2000 la población entre cero y 14 años representó más de 45 por ciento del total de la población, donde a partir de los años 70 se redujo el crecimiento demográfico por un lado, y la población en edad de retiro (mayores a 65 años) por el otro. Y aunque al 2008 representó 27.3 por ciento de la población total, en números ascendió a los 29.1 millones de jóvenes (de entre 15 y 29 años de edad), por lo que sigue siendo el sector de población que predomina, alcanzando los 36 millones 210 mil 692 jóvenes a 2010 (de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población y la encuesta realizada por el Inegi durante ese año); con una proyección hacia 2020 de alcanzar la mayor cantidad de jóvenes en toda la nación. Es decir, en siete años se reportará la menor cantidad de tasa de dependencia económica de la historia moderna de México, ya que habrá menos población menor a los 14 años y mayor a los 65.

Este fenómeno que se viene presentando en nuestro país le da el privilegio de contar con un bono demográfico que, de aprovecharlo adecuadamente, estará en condiciones de producir durante los próximos años mucho más valor de lo que consumimos actualmente.

Lamentablemente las fortalezas que generan estos dividendos demográficos han sido poco aprovechados, lo que se refleja en el lento desarrollo económico nacional, por el contrario, nuestro país se ha visto afectado durante las últimas décadas por una crisis social severa con implicaciones económicas, culturales, de salud, de seguridad pública, y de rezago educativo, principalmente, la cual se ha venido agudizando con los desastres naturales que han afectaron distintas regiones de la república mexicana durante los últimos años, hasta alcanzar niveles históricos que laceran gravemente a nuestra gente.

La educación, uno de los pilares de desarrollo de cualquier sociedad, concebida constitucionalmente como la enseñanza que “tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”, la que además está consagrada como una garantía, particularmente para nuestros niños y jóvenes, presenta un rezago alarmante. Tan solo en 2008 ascendió a 1 millón 800 mil jóvenes y adultos, y de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública 46 por ciento de la población, de entre 15 y 39 años presenta algún rezago educativo que, en números, suman más de 17 millones de personas que no han concluido adecuadamente alguno de sus estudios, y que lamentablemente podría aumentar al final de presente sexenio de no atenderse inmediatamente. Esta situación causa graves daños al cumplimiento del derecho constitucional de referencia -“el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano”-, y es una de las causa de la afectación a la salud física que se padece en el país actualmente.

Por otro lado, de los 52 millones 156 mil personas que conformaron la población económicamente activa (PEA) del país, al segundo trimestre de 2013, lo que representa 59.3 por ciento del total de la población nacional, se reporta un índice de desempleo que asciende a los 2 millones 607 mil individuos que no cuentan con una fuente de ingresos, lo que representa 9.1 por ciento de la PEA, de acuerdo con cifras del Inegi.

Más aun, según reportes de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, alrededor de 42 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 29 años de edad no tienen empleo. Toda esta realidad, con un futuro previsible más difícil debido a la crisis económica que se agudizó en 2009, hace imperativo llevar a cabo acciones emergentes para hacerle frente y evitar que las familias mexicanas queden expuestas a problemas de pobreza extrema, de seguridad, de ocio y de salud, principalmente.

Precisamente, nuestra sociedad padece un problema de salud pública grave, al extremo de que México está dentro de los diez países con mayor índice de población obesa; ocupa el segundo lugar en el mundo, por debajo de Estados Unidos, con 44 millones de personas con sobrepeso u obesidad; y por encima de países como Inglaterra, Australia, Alemania, Chile Francia, Canadá y España, de acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes AC. La principal causa de muerte es la diabetes, y en el país hay cerca de 10 millones de diabéticos, es decir, cerca de 10.7 por ciento de la población entre los 20 y los 69 años presentan alguno de los tipos de diabetes (de acuerdo con American Diabetes Asociation); problemáticas de salud pública que requieren ser atendidas lo más pronto posible a fin de garantizar la calidad de vida de todos los integrantes. Es decir, nuestro país tiene un diagnóstico grave en materia de salud pública que requiere ser atendido lo más pronto posible, de lo contrario estaremos enfrentando las consecuencias en el tipo de calidad de vida de su población.

Ante este contexto que vivimos, resulta impostergable hacerle frente.

Asignar recursos a proyectos de infraestructura, particularmente a infraestructura deportiva municipal constituye un mecanismo eficaz para revertir dicho panorama; con la obras de infraestructura deportiva se fomenta la práctica deportiva y de la cultura física, además impacta significativamente en la población reduciendo los gastos y la inversión en otros rubros, como el de prevención de enfermedades -como las señaladas en párrafos anteriores-, y de conductas delictivas fomentadas por el ocio, además de reducir muchos de los accidentes e incidentes vinculados con el consumo de alcohol y drogas, por la falta de una cultura física y deporte.

Estos efectos ya han sido comprobados; desde que se creó el Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal el impacto social ha sido bastante bueno, principalmente en materia de masificación de la cultura física y deporte, en la generación de empleos y consecuentemente con los efectos positivos en la salud y en la erradicación de las conductas delictivas en las regiones beneficiadas.

En 2007, año en el que se crea este fondo para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2008, tuvo una asignación de 316, 500, 000 (trescientos dieciséis millones quinientos mil pesos) distribuidos entre 104 municipios de 27 estados de la República. Durante los años siguientes el fondo tuvo un incremento representativo en cada ejercicio presupuestal, tanto en los recursos como en el número de municipios favorecidos y la población beneficiada. Para el PEF de 2009 se asignaron 640,500,000 (seiscientos cuarenta millones quinientos mil pesos) entre 264 municipios de 30 entidades y 1 delegación del DF; para el PEF 2010 se asignaron 705 millones de pesos para más de 217 municipios y 3 delegaciones del D.F., en el PEF 2011 los recursos fueron por 1,131,947,488 (un mil ciento treinta y uno millones novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos) beneficiando a 326 municipios  y 11 delegaciones del D.F.; para el PEF 2012 se obtuvo un presupuesto histórico para este fondo 2,496,958,439 (dos mil cuatrocientos noventa y seis millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos) distribuidos entre 535 municipios de los 31 estados y 11 delegaciones del D.F. Finalmente, en el PEF 2013, se aprobaron recursos por 3,038,014,857 (tres mil treinta y ocho millones catorce mil ochocientos cincuenta y siete pesos) distribuidos entre 515 municipios de 28 estados y 15 delegaciones del D.F.

Sin duda alguna se ha avanzado de manera importante en la materia, por ello, lejos de creer que se ha alcanzado el objetivo, se debe continuar impulsando esta bolsa del presupuesto hasta lograr que en todos los municipios de la República mexicana se cuente con infraestructura adecuada para el impulso de la cultura física, deportiva y la práctica del deporte. De esta se estará garantizando, además, el derecho constitucional de todos los mexicanos de acceso a la cultura física y a la práctica del deporte.

Por lo anteriormente expuesto, a unos días de iniciarse el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se asignen recursos cuando menos por tres mil cien millones de pesos para un fondo de infraestructura deportiva municipal, como una acción inmediata para hacerle frente a las crisis económica, de salud pública, y de educación, por las que atraviesa nuestro país.

Senado de la República, a 28 de octubre de 2013.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

RECURSOS PARA EL FONDO DE PROTECCION, RESTAURACION, CONSERVACION Y VIGILANCIA DEL BOSQUE LA PRIMAVERA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar la asignación de recursos para el Fondo de Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del Bosque La Primavera.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, se contemple la asignación de recursos para el Fondo de Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del Bosque La Primavera; lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La importancia de los bosques es invaluable, ya que proporcionan múltiples beneficios para el medio ambiente, la humanidad y los animales. Desde el punto de vista de la ecología ayuda a mantener el equilibrio en el medio ambiente mediante el control de contaminación y la protección del suelo de la erosión por el viento o el agua.

Colaboran a las lluvias mediante el proceso de transpiración; son la mayor fuente de oxígeno que es esencial para la vida en el mundo y pueden luchar contra el efecto invernadero. Definitivamente son de los principales pulmones del planeta.

Para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, el principal pulmón de esta índole, por todos conocido y ya traído a colación en más de una ocasión a esta honorable tribuna, lo es el “Bosque La Primavera”, localizado al poniente de dicha urbe y declarado como Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre, en una superficie de 30,500 hectáreas, en los Municipios de Tala, El arenal, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Cabe decir, que el “Bosque la Primavera” cuenta además con la designación internacional como reserva de la biosfera de vital importancia para la regulación ambiental en la zona metropolitana de Guadalajara.

Dicho bosque, actualmente en administración del gobierno de Jalisco, con base en el acuerdo de coordinación con el gobierno federal; a cargo de su Comité Técnico para la administración del área. Dicho comité cuenta con una Dirección Ejecutiva y un fideicomiso para la administración, restauración, conservación y vigilancia del Bosque de la Primavera.

Este fondo económico, por regla general, se ha tornado insuficiente para solventar las necesidades básicas mínimas de conservación, restauración y vigilancia del Bosque La Primavera, no obstante que tanto el Gobierno del Estado, la federación y el municipio de Zapopan le aportan recursos económicos. Se informa que para el año 2012, el único municipio que aportó recursos fue precisamente Zapopan, ya que el resto, seguramente por insuficiencias presupuestales, hace algunos años que dejaron de aportarle.

Para este año 2013, los ingresos previstos para el referido fondo del Bosque de “la Primavera” ascendieron a poco más de 28 millones de pesos, de entre el subsidio y estatal y las aportaciones federales a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), según el portal de transparencia de la Dirección Ejecutiva del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera. Cabe decir, que a esta cantidad debió haberse abonado las aportaciones que en todo caso hubiese realizado el municipio de Zapopan.

No obstante, es necesario no dejar de aportar para la conservación del Bosque La Primavera, que hay que decirlo, ha padecido de los peores embates de incendios forestales, sin contar de sus ataques por invasión y especulaciones inmobiliarias.

Tan solo basta recordar que el año pasado sufrió uno de los más graves incendios, el cual consumió más de 8 mil hectáreas. Se dice que las afectaciones sufridas en los últimos 8 años han generado un daño que puede tardar más de 20 años en recuperarse. Así lo afirmaron hace un año, investigadores del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.

Hace exactamente un año, el suscrito tuve a bien el presentar ante esta honorable soberanía, una proposición con punto de acuerdo que propuso exhortar a nuestra colegisladora, para que en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2013, se contemplara la asignación de recursos por cuando menos 12 millones de pesos, para ser aportados al Fondo de Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del Bosque la Primavera.

Si bien parece que esa cantidad no fue posible, lo cierto es que sí existió el apoyo económico federal. No obstante, es imprescindible seguir aportando los recursos necesarios para fortalecer los esquemas de conservación y vigilancia del “Bosque La Primavera”, para lo que apelaría una vez más a la buena voluntad de los ciudadanos Diputados, para que en el siguiente ejercicio fiscal, no se deje de contemplar la asignación de recursos económicos que puedan contribuir a otorgarle la protección debida.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora, a efecto de que en el proceso de análisis, integración y aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, se contemple la asignación de recursos para el Fondo de Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del Bosque La Primavera.

En ese tenor, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se contemple la asignación de recursos para el Fondo de Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del Bosque la Primavera, ubicado al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, bajo administración del gobierno del estado de Jalisco.

Dado en el salón de sesiones a 29 de octubre de 2013.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Quiero destacar su presencia y dar la más cordial bienvenida a este salón de sesiones, y a la Cámara de Diputados, a un grupo de alumnos de la preparatoria del Instituto Oxford, de Celaya, Guanajuato, que están el día de hoy aquí, invitados por el diputado José Luis Oliveros. Bienvenidos a la sesión.

VOLUMEN II

APLICACION DE LOS RECURSOS EXCEDENTES QUE SE RECAUDEN DE LA INMINENTE REFORMA HACENDARIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que destine la aplicación de los recursos excedentes que se recauden de la inminente reforma hacendaria a programas sociales y productivos en su parte sustantiva.

Vamos a ver los resolutivos e inmediatamente después lo pondremos a discusión.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que destine la aplicación de los ingresos excedentes que se recauden de la inminente Reforma Hacendaria a programas sociales y productivos en su parte sustantiva, y no los asigne al gasto corriente y lleve a cabo con estricta observancia de los principios de transparencia y rendición de cuentas, la distribución y verificación de la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscribe el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que destine la aplicación de los ingreso excedentes que se recauden con la inminente Reforma Hacendaria a programas sociales y productivos en su en su parte sustantiva, y no los asigne al  gasto corriente.

Segundo.Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lleve a cabo con estricta observancia de los principios de transparencia y rendición de cuentas, la distribución y verificación de la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica, p.a), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;  diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica, p.a), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión. En términos del Reglamento, se han inscrito para hablar en contra el diputado Ricardo Monreal y en pro el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, les pido su atención, porque es un tema para mí muy importante, al que no pude sustraerme en su debate y discusión.

Lo que se está solicitando al pleno para su aprobación es un exhorto. Fíjense ustedes, un exhorto al secretario de Hacienda para que destine la aplicación de los ingresos excedentes que se recauden a programas sociales.

Desde la presentación de la miscelánea fiscal, en Movimiento Ciudadano denunciamos que la reforma tenía únicamente razones recaudatorias, descuidando el aspecto más importante de las finanzas en este país: el ejercicio eficiente de los recursos públicos. Así el gobierno pidió que se aprobaran más ingresos. Pero lo anterior no vino acompañado de lineamientos paralelos que permitieran un gasto equitativo, social y transparente.

Lo anterior se evidencia en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. El Ejecutivo ha solicitado 4 billones 479 mil 954 millones de pesos, de los cuales, 3 billones 486 mil, 78 por ciento corresponde a gasto programable. Y se ha presupuestado un gasto corriente que asciende a 2 billones 679 mil pesos, lo que representa un incremento del 10 por ciento en términos reales, en contraste con el año que está corriendo. En cambio, solo plantea 807 mil millones de pesos al gasto de inversión.

Ahora bien, esta inminente reforma —que fue aprobada por la mayoría— ocasionará en el poder adquisitivo de los ciudadanos con menores recursos un daño irreparable. Hoy la Junta de Coordinación Política —sin nuestra firma— plantea que estos recursos que sean resultados de excedentes de la recaudación se destinen a inversión y no a gasto corriente. Pudiera ser correcto el planteamiento.

Pero, miren más de fondo, es mi discusión, lo que estamos planteando, señores legisladores, la Cámara de Diputados, que tiene facultad exclusiva en el Presupuesto de Egresos en su aprobación, estamos planteado un tímido exhorto a la Secretaría de Hacienda, cuando debimos establecer una regla jurídica clara en la Ley de Ingresos, estableciendo la obligación de Hacienda para destinar los recursos excedentes a este tipo de gastos sociales e inversiones.

Es decir, renunciamos a nuestra facultad de establecer en una ley la obligación de Hacienda y ahora —a través de un exhorto— tímidamente le pedimos a Hacienda que los recursos extraordinarios puedan ser destinados al gasto social o inversiones.

¿Saben qué es lo que pasa en la realidad? Que el exhorto no es vinculante. Es decir, el secretario de Hacienda ni siquiera leerá el exhorto. En cambio, en la Ley de Ingresos hubiese sido conveniente establecerlo de manera categórica y no un simple exhorto.

Ahora bien, les planteo lo siguiente, ciudadanos legisladores y ciudadanas legisladoras, estamos en tiempo para que esta disposición pueda plasmarse en el Presupuesto de Egresos.

No nos quedemos con el simple exhorto, legislemos. Como es una facultad exclusiva, en el Presupuesto nosotros podemos establecer en un transitorio o en el cuerpo del dictamen del Presupuesto de Egresos esta norma, que obligue a la Secretaría de Hacienda que todos los recursos excedentes que se recauden se destinen a gasto social y a gasto de inversión, y no a gasto corriente.

Es decir, lo que les planteo es que en lugar de un simple exhorto, que son –como lo he dicho muchas veces– llamadas a misa, en lugar de un simple exhorto lo traslademos al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es más, estaría dispuesto a firmar y aprobar este punto de acuerdo, si va a acompañado con esta posibilidad y con este acuerdo del pleno de que la misma disposición que se plantea ahora mediante exhorto vaya al dictamen del Presupuesto de Egresos para que sea obligatorio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no quede en un mínimo, tenue y quizá débil argumento de exhorto, al que nadie le hará caso.

Hagamos valer nuestras razones, el propósito es bueno. Hagamos pues en la ley, establezcamos el carácter obligatorio para que todo mundo lo respete. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el acuerdo es de aprobarse.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con las declaratorias de publicidad.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA - LEY DE LA POLICIA FEDERAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 17 de la Ley de la Policía Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura  de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 fracción XXXV y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 10 de septiembre de 2013, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicha iniciativa para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa en estudio reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal para que las pruebas de control de confianza se realicen con estricto apego al respeto de los derechos humanos.

Por lo anterior, propone reformar los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal.

a) Artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Texto vigente

Capítulo III

Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo 22.Corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal, realizan sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Para tal efecto, tendrá las facultades siguientes:

(...)

IV. Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operan los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

Capítulo IV

De la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

Artículo 25. Son funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

(...)

VIII. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

Iniciativa

Capítulo III

Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo 22.Corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal, realizan sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Normas técnicas que deben garantizar la cientificidad y objetividad de los procesos de evaluación y control de confianza. Para tal efecto tendrá las facultades siguientes:

(...)

IV. Evaluar y certificar la correcta aplicación de los proceso que operan los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública, en los cuales se observará un estricto apego al respeto de los derechos humanos y la dignidad del evaluado;

Capítulo IV

De la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

Artículo 25. Son funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

(...)

VIII. Fijar criterios uniformes con fundamentos científicos y objetivos para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

b) Artículo 17 de la Ley de la Policía Federal

Texto vigente

Capítulo IV

Del Servicio Profesional de Carrera Policial

Artículo 17.Para ingresar o permanecer  en la Policía Federal se requiere:

A. Para el ingreso:

I. Ser ciudadano mexicano (por nacimiento) en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, (sin tener otra nacionalidad);

Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 24-06-2011 (en porciones normativas que señalan “por nacimiento” y “sin tener otra nacionalidad”)

II. Ser noticia buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

III. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;

Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza  media superior o equivalente, y

En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica.

IV. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;

V. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;

VI. Aprobar los proceso de evaluación de control de confianza;

VII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

VIII. No padecer alcoholismo;

B. Para la Permanencia:

I. Ser notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;

II. Mantener actualizado su Certificado Único Policial;

III. No superar la edad máxima de retiro que establezca el reglamento de la Ley, salvo lo previsto en el artículo 21;

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;

Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente, y

c) En caso de integrantes de a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica.

V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;

VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza:

VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño;

VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;

IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

X. No padecer alcoholismo;

XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

XII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;

XIII. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días;

XIV. Abstenerse de incurrir en cualquier acto u omisión que afecte la prestación del servicio;

XV. No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza, y

XVI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Iniciativa

Capítulo IV

Del Servicio Profesional de Carrera Policial

Artículo 17.Para ingresar o permanecer  en la Policía Federal se requiere:

A. Para el ingreso:

I. Ser ciudadano mexicano (por nacimiento) en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, (sin tener otra nacionalidad);

Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 24-06-2011 (en porciones normativas que señalan “por nacimiento” y “sin tener otra nacionalidad”)

II. Ser noticia buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

III. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

a)  En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;

b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza  media superior o equivalente, y

c)  En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica.

IV. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;

V. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;

VI. Aprobar los proceso de evaluación de control de confianza; prescindiendo de pruebas que carezcan de rigor científico y con total apego al respeto de los derechos humanos y a la dignidad humana.

VII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

VIII. No padecer alcoholismo;

B. Para la Permanencia:

I. Ser notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;

II. Mantener actualizado su Certificado Único Policial;

III. No superar la edad máxima de retiro que establezca el reglamento de la Ley, salvo lo previsto en el artículo 21;

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

a) En el caso de integrantes de las áreas de  investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;

b) Tratándose de integrantes de las áreas de  prevención, enseñanza media superior o equivalente, y

c) En caso de integrantes de a las áreas de   reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica.

V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;

VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza: prescindiendo de pruebas que carezcan de rigor científico y con total apego al respeto de los derechos humanos y a la dignidad del evaluado.

VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño;

VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;

IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

X. No padecer alcoholismo;

XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

XII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;

XIII. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días;

XIV. Abstenerse de incurrir en cualquier acto u omisión que afecte la prestación del servicio;

XV. No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza, y

XVI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

III. Consideraciones

Primera.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, también prevé que la actuación de las autoridades de seguridad se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Derivado de lo anterior, la responsabilidad de los cuerpos de seguridad pública es de gran relevancia para el cumplimiento de la generación y salvaguarda del orden público. La conformación de dichos cuerpos de seguridad requiere de un alto grado de profesionalización y confianza en el desempeño de sus funciones.

Segunda.La Ley de la Policía Federal en su artículo 15 establece que la actuación de los miembros de la policía se sujetará invariablemente a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Esta ley señala que la Policía federal debe salvaguardar la vida, integridad, seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública; aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos; prevenir la comisión de los delitos e investigar la comisión de delitos.

El ordenamiento citado precisa la relevancia de la actuación de la Policía federal y por lo tanto, la importancia de que sus integrantes sean evaluados, capacitados y certificados conforme a los criterios establecidos por las normas y estándares nacionales e internacionales que garanticen el desempeño de su función.

Tercera.Los procesos de control de confianza se han convertido en una de las principales tareas de los diferentes órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) al representar una importante etapa para la profesionalización de las tareas de seguridad pública. Sin embargo, los procesos de certificación han sido lentos y requieren de procedimientos que evalúen la idoneidad de los perfiles en el marco de la honradez y la honorabilidad.

La necesidad de encontrar criterios que ayuden a confirmar la confiabilidad del personal de los elementos de las corporaciones policiacas, ha generado el uso de pruebas cuestionadas por su objetividad y tratamiento científico.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado con los siguientes criterios:

• Las evaluaciones de control de confianza son instrumentos para acreditar que quienes se someten a ellas poseen ciertas cualidades para acceder o mantenerse en el ejercicio de alguna actividad dentro del servicio público, esto es, son medios y no fines en sí mismos.

• Las evaluaciones de control de confianza califican las condiciones para el acceso y ejercicio de determinados cargos y que puedan medirse con tales exámenes, lo cual estará sujeto al respeto de los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.

El promovente señala la importancia de que las pruebas de control de confianza estén apegadas al respeto de los derechos humanos y sean pruebas que cumplan con el rigor científico; aunque esta última consideración no es precisa, esta comisión coincide en la importancia de garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos.

Cuarta. Una de las pruebas más cuestionadas en los procesos de evaluación de confianza es la evaluación poligráfica, ello debido a la controversia respecto a la exactitud de sus resultados. No obstante, la prueba del polígrafo es utilizada por los servicios de inteligencia y órganos de seguridad nacional de más de 90 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Rusia, Bélgica, Canadá, Reino Unido, Japón, Israel y está perfectamente implantado a nivel gubernamental y privado, aplicándose cada vez más también en el ámbito laboral.

Estas evaluaciones son diseñadas conforme a un protocolo definido por la Asociación Poligráfica de EU (APA) y se realizan en condiciones físicas adecuadas (iluminación, temperatura, etcétera.) para que el evaluado no se sienta presionado, con preguntas que pueden ser más o menos específicas, según el aspecto de conducta a evaluar.

Las autoridades federales mexicanas, han implementado la aplicación de dicha prueba, sin embargo aunque las academias de Estados Unidos de América subrayan: “la mayoría de los procedimientos de evaluación con polígrafo permiten variaciones incontroladas en la aplicación de las pruebas (por ejemplo, la selección de ciertas preguntas o la creación de estados emocionales) que limitan el nivel de exactitud que puede alcanzarse, los expertos mexicanos responden que se han incorporado mejoras a la prueba que redundan en una mayor exactitud, tales como sensores digitalizados y de movimiento. Además, insisten, los resultados obtenidos a través del polígrafo no deben considerarse por sí solos como única evidencia.

Por lo tanto, reiterando que el procedimiento de evaluación y control de confianza es parte de un sistema integral de profesionalización, la operación y desarrollo de las acciones de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública será competencia de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones, estos procedimientos deben estar apegadas al respeto de los derechos humanos de los evaluados.

Quinta.El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo tercero establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad....”

Del párrafo anterior se desprende la obligación de todas las autoridades de actuar en el marco del respeto de los derechos humanos, por lo tanto la realización de cualquier tipo de pruebas o exámenes realizados por autoridad competente deberán apegarse al respeto de los derechos humanos.

Sexto.La iniciativa que nos ocupa prevé que deben prescindirse de pruebas que carezcan de rigor científico, lo anterior no es preciso y puede generar una vaguedad innecesaria para el propósito que nos ocupa, por lo que esta comisión considera se omita su incorporación al proyecto de dictamen.

Séptimo.La Comisión así mismo incorpora al decreto la reserva introducida por el Diputado José Alberto Rodríguez Calderón, en torno a la necesidad de un análisis no aislado, sino integral y correlacionado, de las fases del proceso de evaluación en control de confianza, ya que se coincide con su razonamiento de un principio de certeza a los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, en cuanto a que su resultado es integral, único y final, y se deriva de una valoración exhaustiva, a la par que origina fortalecimiento, con elementos confiables; así como permite identificar a los servidores públicos que destaquen en su labor en estas corporaciones por su honestidad, disciplina, discreción, vocación de servicio, competencia y preparación profesional.

Por anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Seguridad Pública sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal

Artículo Primero. Se reforman los artículos 22, primer párrafo y fracción IV, y 25, fracción VIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 22.Corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, estados y Distrito Federal, realizan sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, entendiendo que dichas normas técnicas y estándares mínimos deben garantizar la objetividad de los procesos de evaluación y control de confianza. Para tal efecto tendrá las facultades siguientes:

I. a III. ...

IV. Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operan los centros de evaluación y control de confianza de las instituciones de seguridad pública, en los cuales se observará un estricto apego al respeto de los derechos humanos y la dignidad del evaluado; y corroborar que los informes parciales del proceso de evaluación para ingreso, permanencia o promoción, integren un reporte único de evaluación en donde se analicen y relacionen de manera ordenada los reportes de todas las fases de evaluación a efecto de emitir un resultado integral, único y final; en caso de no dar cumplimiento en los términos antes señalados, se procederá conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

V. a X. ...

Artículo 25. ...

I. a VII. ...

VIII. Fijar criterios uniformes y objetivos para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables;

IX. a XXIV. ...

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 17, fracción VI de la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue:

Artículo 17. ....

A. ...

I.a V. ...

VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; los que deben realizarse por parte de la instancia evaluadora con total apego al respeto de los derechos humanos;

VII.a XII. ...

B. ...

I.a V. ...

VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza: los que deben realizarse por parte de la instancia evaluadora con total apego al respeto de los derechos humanos.

VII.  a   XVI. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2013.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Felipe Arturo Camarena García, secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, Víctor Serralde Martínez (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y adiciona la fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de adecuación de formatos y documentos para evitar la discriminación

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 95, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Senadores el 6 de noviembre de 2007, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del senador Alfonso Elías Serrano del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional.

2. El 26 de noviembre de 2009 el dictamen con modificaciones fue aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores por 77 votos, en esa misma fecha se turnó la minuta de referencia a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los efectos del artículo 72 constitucional.

3. Con fecha de 1 de diciembre de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva acordó dar turno a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

4. Con fecha 23 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, aprobó el acuerdo relativo a los asuntos que no llegaron a resolver las comisiones de la LXI Legislatura, por el cual se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Educación, en materia de adecuación de formatos y documentos para evitar discriminación.

5. El 5 de marzo de 2013 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 95, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados solicitó y se autorizó el 12 de marzo por la Mesa Directiva extensión de prórroga para atender el asunto turnado, por lo cual se encuentra en plazo vigente para su dictamen.

II. Descripción de la minuta

El dictamen aprobado por el Senado de la República retoma el espíritu de la iniciativa que le dio lugar, al sostener que la propuesta de reforma tiene como objetivo fundamental “no establecer diferencias entre todas aquellas personas que cuenten con dos apellidos o con un solo apellido”, lo anterior en razón de que consideran de suma importancia que la sociedad mexicana deje atrás viejos estereotipos o situaciones que en la actualidad resultan obsoletas.

Para lo cual sugieren que deberá establecerse en la normatividad que es materia del presente análisis, la obligación de las autoridades a adecuar los formatos o documentos necesarios para realizar cualquier trámite con el fin de evitar la existencia de distinciones entre las personas que tienen ambos apellidos de las que tienen un solo apellido.

Finalmente concluyen que es preciso superar el tradicional reconocimiento de las filiaciones paterna y materna, considerando que ambas son realmente iguales y que, en formatos o formularios de cualquier tipo, debe disponerse el nombre con apego a lo que establece el Código Civil Federal en relación a las actas de nacimiento.

Finalmente, con base a estos argumentos, la minuta remitida por la Cámara de Senadores contiene el siguiente

Artículo Primero. Se reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por:

A. a la D...

A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento, además de procurar que los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite, utilicen el término apellido o apellidos.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XV al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. .Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. Apoyarán y desarrollarán programas destinados a que los padres y/o tutores apoyen en circunstancias de igualdad los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a la necesidad de que aquellos tomen conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir las mismas oportunidades educativas que los varones, y

XV. Promoverán que los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite, establezcan el término apellido o apellidos.

III. Consideraciones

Esta comisiones codictaminadoras consideran acertada y oportuna la propuesta de reforma contenida en la minuta remitida por el Senado de la República, asimismo, los Integrantes coincidimos en las consideraciones expuestas por la colegisladora que si bien son breves, son también consistentes.

Consideramos, los integrantes de ambas comisiones, que el tema que se trata está estrechamente relacionado con el Título IV, Capítulo II, del Código Civil Federal que establece las características y especificidades de las actas de nacimiento. Particularmente, el artículo 58 de dicho ordenamiento, establece que:

Artículo 58.El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.

De esta manera el ordenamiento citado, que rige en todo el país, no señala la necesidad de que en las declaraciones de nacimiento se haga constar el nombre del niño que se presenta con el apellido de su padre y de su madre.

Por el contrario, al señalar el legislador “(los) apellidos que le correspondan” se refiere a que a lo largo del Título IV se detallan los casos de registro de niños que llevarán ambos apellidos del progenitor que los reconozca, así como de niños expósitos o abandonados.

Asimismo, no existe en el marco normativo del país disposición que mandate que el nombre del hijo será integrado con el apellido paterno y materno, ni el orden en el cual deben inscribirse, sino que se trata de una costumbre propia de la mayoría de los países de Latinoamérica.

Respecto del argumento de superar, a favor de las niñas, niños y adolescentes el tradicional reconocimiento de las filiaciones paterna y maternaen los formatos o formularios, cabe señalar que el mismo Código Civil Federal establece las omisiones de determinados datos en las actas de nacimiento con la finalidad de no hacer notorias circunstancias que puedan derivarse en señalamientos o discriminación.

Como ya mencionamos, los casos en que los niños no son registrados con el apellido del padre seguido del de la madre ocurren, de acuerdo con los supuestos legales, cuando se trata de niños expósitos o de padres desconocidos, en cuyo caso el juez del registro civil le dará un nombre y apellidos; o bien cuando se trate de un niño nacido fuera del matrimonio que sea presentado por sólo uno de los progenitores.

El último supuesto es desde luego el más frecuente y comúnmente, es la madre quien hace sola el reconocimiento, ya que de acuerdo con el artículo 60 del citado Código “la madre no tiene derecho a dejar de reconocer a su hijo. Tiene la obligación de que su nombre figure en el acta...”

Respecto de este reconocimiento, cabe señalar que con base en datos oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre del censo realizado en el año 2000, existían en México 4 millones 166 mil 294 hijos de madres solteras. Si bien los datos serán actualizados en el censo a realizar este año, estos demuestran que la modificación propuesta beneficiará a un importante número de niños que se encuentran en el supuesto que analizamos.

Es importante aclarar que en el proyecto de decreto que se presenta se realiza un ajuste en el orden de las fracciones del artículo 33 de la Ley General de Educación, toda vez que la numeración fue modificada en reformas recientes. Lo anterior no altera el espíritu de la reforma propuesta.

De esta manera, y en base a las consideraciones expuestas, los diputados integrantes de estas comisiones unidas consideramos que las leyes federales que se pretenden reformar requieren de particularidades como las que se proponen a fin de que sean compatibles con la situación actual de la sociedad en México.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Educación Pública y Servicios Educativos proponen a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación sea devuelto a la Cámara de Senadores.

Por lo anterior, y una vez analizada la minuta materia de este dictamen, las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Educación Pública y Servicios Educativos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y adiciona la fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de adecuación de formatos y documentos para evitar discriminación

Artículo Primero.Se reforma el último párrafo del artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 22.... A. a D. ...

A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento, además de procurar que los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite, utilicen el término apellido o apellidos.

Artículo Segundo.Se adiciona una fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

I. a XIII. ...

XIII Bis. Promoverán que los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite, establezcan el término apellido o apellidos.

XIV. a XVII. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 El artículo 492 del Código Civil Federal los define como menores de los que no se puede determinar su origen, puestos en situación de desamparo por quienes estén obligados a su custodia, protección y cuidado.

2 Inegi, 2000. Censo General de Población y Vivienda.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo, Verónica Beatriz Juárez Piña, Roberto López Rosado, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de valores

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82 numeral 1, 85, 157, 176 y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 9 de octubre de 2012 por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Leticia Calderón Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, LXII Legislatura, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

2. En la misma sesión ordinaria del 9 de octubre de 2012, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, LXII Legislatura, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

3. Una vez instalada la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el 31 de octubre de 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó las Iniciativas señaladas en los puntos anteriores a la comisión señalada, para su estudio y la elaboración de los dictámenes correspondientes.

4. El 15 de noviembre de 2012 la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7 y 49 de la Ley General de Educación.

5. El 20 de diciembre de 2012 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó y obtuvo de la Mesa Directiva extensión de prórroga para atender los asuntos turnados, por lo cual se encuentran en plazo vigente para su dictamen.

II. Descripción de las iniciativas

A. Iniciativa de la diputada Leticia Calderón Ramírez

La diputada Calderón expresa su preocupación porque, pese a los esfuerzos en materia curricular que las autoridades educativas han realizado en los últimos 20 años, la formación en valores cívicos y éticos entre niños y jóvenes mexicanos tiene serias deficiencias. Señala que, de acuerdo con un estudio realizado entre 37 países de Latinoamérica en 2009 “sólo 10 por ciento de los estudiantes mexicanos de segundo de secundaria demostró que comprende los conceptos cívicos y de ciudadanía, mientras que 27 por ciento desconoce y no identifica la diferencia entre justicia e injusticia.” En su opinión, la confusión y distorsión en valores ocasionan actitudes y actuaciones destructivas que generan el deterioro social.

Ante esta situación, la diputada Calderón propone retomar el programa “Valores para Vivir”, de la UNESCO, desarrollado desde 1996 en 62 países, incluido México. En este programa se enfocan 12 valores universales considerados clave. El proyecto de decreto incluye estos valores en el artículo 7o. de la Ley General de Educación:

Artículo 7o. ...

I. a XVI. ...

XVII. Fomentar en la educación básica la práctica del amor, honestidad, responsabilidad, amistad, solidaridad, tolerancia, igualdad, pluralidad, democracia, equidad, valores sociales fundamentales como principio de la convivencia armónica entre las personas.

B. Iniciativa del diputado José Francisco Coronato Rodríguez

El diputado Coronato expone la necesidad de que la educación cumpla con los preceptos constitucionales y realmente contribuya a la formación integral y armónica de los educandos, ofreciendo una base crítica y ética que respete, proteja y garantice los derechos humanos. En su opinión, se ha priorizado la enseñanza de materias técnicas y se ha abandonado el conocimiento humanista, “donde la reflexión sobre el mundo y sobre la humanidad así como sus interrelaciones, constituyen las bases para generar hombres y mujeres sensibles y conscientes de la realidad donde se desenvuelven.”

El promovente enfatiza que la obligación del Estado de garantizar una educación pública de carácter integral que procure el amor a la patria y el desarrollo pleno y armónico del individuo no está consignada sólo en nuestra Carta Magna, sino en instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual es considerada por la comunidad internacional como norma de estricto e irremisible cumplimiento. Dicha declaración dispone en el párrafo 2 de su artículo 26 lo siguiente:

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales...

El iniciante señala que la poca enseñanza de los derechos humanos, y en general de las humanidades, en las escuelas mexicanas, es un lastre para generar un desarrollo político, económico, social y cultural en nuestro país de nuestros educandos que promueva una sana relación con la naturaleza, basado en la igualdad y la justicia.

El proyecto de decreto que acompaña la iniciativa es el siguiente:

Artículo 1o. Esta ley regula la educación que imparten el estado -federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la república y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.

...

Artículo 2o. ...

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social fundamentada en las bases de los derechos humanos.

Artículo 7o.

III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país mediante estrategias educativas que generen vínculos significativos entre los educandos y su cultura nacional ;

VIII. Impulsar la creación y sensibilidad artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la nación;

Artículo 8o.El criterio que orientará a la educación que el estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico y el respeto a los derechos humanos; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. y II. ...

III. Con una visión basada en los derechos humanos contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media superior y superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, el pensamiento crítico humanista, al tiempo que alentará el fortalecimiento ,la apreciación y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 10.

(...)

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación integral de manera que permita al educando incorporarse a la sociedad como una persona plena tanto en lo intelectual como en lo humano y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar.

Artículo 11. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponden a las autoridades educativas de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia ley establece.

Capítulo II

Del federalismo educativo

(...)

Sección 4. De la evaluación del sistema educativo nacional

Artículo 29. Corresponde a la Secretaría la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias.

Dicha evaluación, y la de las autoridades educativas locales, serán sistemáticas y permanentes, consultando las sugerencias que organizaciones civiles autónomas pudieran realizar. Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.

Capítulo III

De la equidad en la educación

Artículo 34. ...

La Secretaría evaluará los resultados en la calidad educativa de los programas compensatorios antes mencionados. La evaluación se hará conjuntamente con observadores y consejeros de la CNDH quienes harán propuestas para mejorar la equidad y cuidar el cumplimiento de lo marcado en la Declaración Universal de Derechos humanos de la ONU.

Capítulo IV

Del proceso educativo

Sección 1. De los tipos y modalidades de educación

Artículo 40. La educación inicial tiene como propósito potenciar el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos.

Artículo 42. En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a los derechos humanos, con ello procurando el cuidado de su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

Artículo 46. La educación en materia de cultura y arte procurará fomentar el aprecio, valoración e identificación con la cultura universal, nacional y regional, con el objetivo de desarrollar integralmente al estudiante, y brindar bases para que pueda potenciar su capacidad artística como una profesión.

La Secretaría, en coordinación con secretarías federales y regionales competentes, establecerán formas de reconocimiento y certificación de habilidades artísticas en los estudiantes.

La Secretaría en conjunto con autoridades competentes, generarán las formas en que se llevará educación cultural y artística de calidad a los estudiantes, como parte del desarrollo integral de los educandos.

Artículo 47. La educación a que se refiere la presente sección tendrá las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta.

Capítulo VII

De la participación social en la educación

(...)

Sección 2. De los consejos de participación social

(...)

Artículo 69. ...

La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, ex alumnos, representantes de la CNDH, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

Artículo 70. En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea o vincule la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación.

C. Iniciativa de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano

La diputada Abreu inicia su exposición señalando la necesidad de crear un ambiente propicio para desarrollar la formación y las habilidades de la niñez y la juventud, de manera que se conviertan en mejores ciudadanos. En este sentido considera fundamental la enseñanza del civismo, el cual define como “las pautas de comportamiento social que nos permiten vivir en la colectividad” (del latín civis ciudadano y civitatis ciudad) y que puede entenderse como “la capacidad de saber vivir en sociedad respetando y teniendo consideración al resto de individuos que componen la misma, siguiendo normas de conducta y de educación, que varían según la cultura del colectivo en cuestión.”

En opinión de la promovente, pese a la inclusión del civismo en los planes y programas de estudio de la educación básica, actualmente poco se sabe sobre el aprendizaje real de los alumnos respecto a esta materia. Y aunque en el origen de las conductas antisociales se encuentran factores como la marginación, la pobreza y el desempleo, también debe reconocerse –afirma– la existencia de muchas deficiencias en la formación cívica, en la educación para la convivencia pacífica y en la cultura de una vida libre de violencia.

De esta manera, la diputada Abreu propone reorientar la educación para formar ciudadanos de calidad con planes y programas académicos de alto contenido cívico y ético, para fomentar la convivencia social pacífica y armónica, solidaria y socialmente útil. El proyecto de decreto es el siguiente:

Artículo 7o. ...

I. a V.

VI. Promover la educación cívica,el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VII a XVI.

Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios y valores del civismo que garanticen la convivencia pacífica, armónica, solidaria y socialmente útil, en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

...

III. Consideraciones generales

Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos comprendemos las preocupaciones expuestas por los promoventes de las iniciativas descritas en el punto anterior y damos cuenta de las inquietudes y propuestas planteadas.

Desafortunadamente, como se manifiesta en la exposición de motivos, en los últimos años diversas naciones se han visto inmersas en una ola de violencia verdaderamente alarmante, México incluido. Y no sólo eso, sino que la violencia, además de incrementarse cuantitativamente y en su grado de peligrosidad, es cada vez más precoz. Especialistas afirman que las edades de iniciación en el crimen tienen una tendencia a reducirse, de manera que cada vez tenemos delincuentes más jóvenes.

Reconocemos que en México la  violencia se multiplica y que sus dinámicas y consecuencias se expanden, sin embargo, cabe señalar que las causas que provocan la “cultura de la violencia” son más diversas y complejas de lo que hasta hace algunos años se pensaba.

Las condiciones de hacinamiento, de desnutrición, de desempleo y de deterioro de la familia que imponen la desigualdad y la pobreza, propician en gran medida el desarrollo de conductas agresivas, y el mantenimiento de las condiciones de asimetría, que son también una respuesta al ejercicio de la violencia.

El Índice Global de la Paz 2009, que mide la percepción de la violencia en las naciones, arrojó resultados que demuestran que la  violencia es, en parte, efecto del acelerado aumento de precios en los alimentos y combustibles a inicios de 2008 y del dramático declive económico global en el último cuarto periodo del año 2009. El estudio señala también que el rápido aumento del desempleo, la congelación de pagos, la caída en el valor de los bienes inmuebles, ahorros y pensiones han causado un resentimiento popular en varios países, con repercusiones políticas que han sido registradas por el GPI 2009 como indicadores que miden la seguridad en la sociedad.

Si bien estos datos son recientes, la preocupación del sector educativo sobre la violencia no es un tema nuevo; a partir del pensamiento de Torres Bodet, en México han existido experiencias que responden a educación de principios democráticos, así como de justicia y paz.

A principios de los años sesenta el plan de estudios de primaria consignaba entre las finalidades de la historia “afirmar en los alumnos los ideales democráticos de México” en el civismo “crear en el educando convicciones y actitudes definidas acerca de los ideales democráticos de nuestro país y de la humanidad”; y en la secundaria “continuar el desenvolvimiento armónico del individuo, basándose en la comprensión de las diversas actitudes del hombre compatibles con la dignidad humana y encaminadas a prepararlo para la vida dentro de la libertad, la democracia, la justicia y la paz”.

A partir de entonces se han desarrollado otras experiencias en educación formal en diferentes partes del país y en todos los niveles educativos. Por su parte la Secretaría de Educación Pública y las Comisiones de Derechos Humanos (la nacional y las locales) desarrollan también procesos de educación en derechos humanos en diferentes ámbitos del sistema educativo de la mayor parte del país.

Respecto del concepto de valores humanos universales, el profesor Shalom Schwartz de la Universidad Hebrea de Jerusalén, creador de la Teoría de los Valores Humanos Básicos, sostiene que existen diversos valores básicos que las personas de todas la culturas reconocen, ya sea de forma explícita o bien que son inferidos indirectamente a través de sus juicios y sostiene que ésta teoría es aplicable tanto a las poblaciones con educación occidentalizada como en aquellas con poca o ninguna educación. Entre los valores humanos básicos que Schwartz identifica a través de diversos estudios, se encuentran la búsqueda de seguridad y orden social, la cortesía, el respeto, la lealtad, la responsabilidad, la justicia social, la paz, la libertad, la tolerancia, la independencia, entre otros.

Los valores universales que dieron origen a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos son ahora reconocidos y aceptados en los sistemas legales alrededor del mundo, mucho más de lo que lo fueron hace algunas décadas. Por su parte, Kofi Annan sostiene que es tiempo para reafirmar valores universales como la paz, la libertad, el progreso social, la igualdad de derechos y la dignidad humana. Annan añade que para entender los valores universales de la persona humana es necesario comprender lo que estos no son y aclara que su validez no depende de que sean universalmente obedecidos o aplicados, ya que los códigos de ética son siempre la expresión de una aspiración o un ideal, un estándar por medio del cual los errores morales pueden ser juzgados, y no una receta que asegure que nunca ocurrirán. Asimismo, los valores universales requieren del reconocimiento de las características humanas que tenemos en común y del respeto por la dignidad humana y consideración para con las personas de otras comunidades.

Por último, los integrantes de la dictaminadora deseamos enfatizar que el artículo séptimo de la Ley General de Educación establece los fines que la educación habrá de observar, entre los que se encuentran, de acuerdo al texto vigente:

• Contribuir al desarrollo integral del individuo,

• Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía,

• Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia,

• Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones y propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos;

• Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.

Actualmente, estos y otros fines contenidos en la propia ley y en la Constitución dan la pauta para incluir en  los planesy programas de estudio ciertos valores y principios como la equidad, la tolerancia, la justicia, la democracia, el reconocimiento a las diferencias y el respeto a los demás.

IV. Consideraciones particulares

Propuesta de reforma al artículo 2o.

Se propone incluir en el segundo párrafo la precisión de que la educación se fundamenta en las bases de los derechos humanos. La propuesta se considera pertinente, salvo una modificación en la redacción para hacer más armónico el texto, de la siguiente manera:

Artículo 2o.Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Asentada en las bases de los derechos humanos, la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Propuestas de reforma al artículo 7o.

Las tres Iniciativas proponen reformas al artículo 7o.. La primera propuesta consiste en incluir una nueva fracción en la que se enlisten los valores considerados en el programa Valores para Vivir, de la UNESCO, y algunos otros más. La propuesta se considera improcedente debido a que todos los conceptos propuestos ya están considerados directa o indirectamente en el texto vigente, tal como se especifica a continuación:

1. Amor. No está considerado dentro de los “valores universales” que detalla el Programa Valores para Vivir, citado en la Iniciativa como una de las fuentes de la misma, y en la argumentación no se explica por qué se incluye.

2. Honestidad

– Sinónimos: honrado, decente, recatado, pudoroso...

– 7o., fracción XIV: fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas... fracción VI: promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta...

3. Responsabilidad 

– 7o., fracción X: ... ejercicio responsable de la sexualidad... paternidad responsable... XIV: fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas...

– Artículo 2o.: en el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social...

4. Amistad 

– No está considerado dentro de los “valores universales” que detalla el Programa Valores para Vivir, citado en la Iniciativa como una de las fuentes de la misma, y en la argumentación no se explica por qué se incluye.

5. Solidaridad

– Artículo 2o.: la educación... es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social

– Artículo 7o., fracción X: desarrollar actitudes solidarias en los individuos... fracción XII: fomentar actitudes solidarias y positivas hacia... el bienestar general

6. Tolerancia

– Artículo 7o. fracción X: desarrollar actitudes solidarias en los individuos... sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana...

– Artículo 8o.: el criterio que orientará a la educación... luchará contra... la formación de estereotipos, la discriminación...

7. Igualdad

– Artículo 7o. fracción VI: promover el valor de la igualdad de los individuos...

8. Pluralidad 

– Multitud, número grande de algunas cosas, o el mayor número de ellas. Cualidad de ser más de uno... Está contenido en el concepto de democracia.

9. Democracia 

– Artículo 7o., fracción V: infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como forma de gobierno y convivencia...

– Artículo 8o.: el criterio que orientará a la educación... fracción I. será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constate mejoramiento económico, social y cultural del pueblo

10. Equidad

– sin. Templanza, justicia natural...

– Artículo 7o., fracción VI: promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta...

– Artículo 8o., fracción II: Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura

11. Convivencia armónica entre las personas

– Artículo 8o., fracción III: Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos

Es importante recordar que existen dos maneras de definir un conjunto dado:

a) Por extensión o enumeración: se define nombrando a cada elemento del conjunto.

b) Por comprensión: se define mediante un enunciado o atributo que representa al conjunto (se busca una frase que represente a la totalidad de elementos sin nombrar a ninguno en particular). Otras legislaciones (Colombia, Argentina, Perú), definen por extensión las condiciones que establecen una diferencia entre los individuos, y que en algún momento han sido motivo de exclusión. Este es un criterio que no se utiliza en la Ley General de Educación, sino que más bien se define por comprensión. Además de que tendríamos una Ley muy extensa, enumerar elementos implica el riesgo de dejar fuera algunos que pueden no existir en este momento, pero podrían aparecer en función de los cambios sociales y culturales.

En este orden se ideas, los integrantes de la Comisión consideramos no procedente la inclusión del listado de conceptos que propone la diputada Calderón. Por el contrario, se considera pertinente incluir en el artículo 7o. el concepto de valores humanos universales propuesto, debido a que reconocemos que actualmente la mayoría de los países luchan por reforzar los valores humanos, entendiéndose entre estos a los denominados valores fundamentales o valores básicos (libertad, tolerancia, no violencia, discusión razonable, justicia, etcétera). La reforma se introduciría en la fracción VI del artículo 7o., por corresponder con la materia, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Artículo 7o. ...

I. a V. ...

VI.Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos, el respeto a los mismos y la práctica de los valores humanos universales.

VII.a XVI....

Las otras dos propuestas de reforma al artículo 7o. se consideran no procedentes puesto que están contenidas en otras fracciones o artículos de la Ley General de Educación.

Propuestas de reforma al artículo 8o.

Tanto la reforma al primer párrafo como la de la fracción III de este artículo se consideran procedentes, toda vez que especifican el concepto de derechos humanos como uno de los criterios que orientará la educación en México. Los integrantes de esta comisión consideramos que estas reformas se encuentran en armonía con lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de junio de 2011, cuando se introdujo la noción de derechos humanos además del de las garantías individuales que existía hasta entonces.

Propuesta de reforma al artículo 9o.

La propuesta de reforma a este artículo se considera procedente, toda vez que amplía las obligaciones del Estado respecto al apoyo no sólo a la investigación científica, sino también al pensamiento crítico humanista. A juicio de los integrantes de la Comisión, de esta manera quedan comprendidas las ciencias sociales y las humanidades, áreas del conocimiento fundamentales para el desarrollo de la sociedad y generalmente consideradas de menor jerarquía que las llamadas ciencias duras.

Propuesta de reforma al artículo 10

Se propone agregar la obligación de las instituciones del sistema educativo nacional para impartir educación integral. La propuesta se considera improcedente debido a que tal precisión ya se establece en los artículos 2o., 7o. y 8o. para toda la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

Propuesta de reforma al artículo 29

Se propone que la evaluación realizada por la Secretaría se realice consultando las sugerencias que organizaciones civiles autónomas pudieran realizar. Se considera no procedente debido a la vaguedad de la propuesta –no se especifica sobre qué aspectos pudieran formularse tales sugerencias, y no se precisa qué tipo de organizaciones podrían ser consideradas.

Propuesta de reforma al artículo 34

Se propone que la evaluación de los programas compensatorios que realice la Secretaría se haga de manera conjunta con “observadores y consejeros” de la CNDH, con el propósito de mejorar la equidad. Se considera improcedente debido a que la CNDH no tiene facultad ni estructura para evaluar programas; esta función es realizada por el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que se encarga principalmente de:

1. Normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y

2. Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

Propuesta de reforma al artículo 40

Se propone sustituir el término “favorecer” por el de “potenciar” en el propósito de la educación inicial, lo cual se considera procedente porque el nuevo término lleva implícito el reconocimiento de las capacidades que los niños ya tienen, mismas que deberán incrementarse mediante la educación.

Propuesta de reforma al artículo 42

Se propone precisar que la impartición de educación para menores de edad se realizará con base en el respeto a los derechos humanos, lo cual se considera improcedente debido a que en el mismo párrafo se señala que en tal educación “se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad”.

Propuesta de reforma al artículo 46

Se propone crear un nuevo artículo en el que se especifiquen los propósitos de la educación en materia de cultura y arte. Al respecto, es importante señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3o. constitucional y en la misma Ley General de Educación, en el caso de la educación básica y normal el diseño curricular es competencia de las autoridades educativas de nivel federal, y no del Poder Legislativo. En consecuencia, la propuesta se considera no procedente.

Propuesta de reforma al artículo 49

En este artículo se definen los principios en que se basará el proceso educativo: “en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones”. La propuesta consiste en agregar a tales principios los del civismo, lo cual se considera redundante.

Propuesta de reforma al artículo 69

La propuesta consiste en incluir como parte de los consejos escolares de participación social a representantes de la CNDH. La propuesta se considera innecesaria, puesto que ya en el mismo artículo se señala que podrán participar “los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela”, e inviable, debido a que no existirían suficientes representantes de la CNDH para participar en cada consejo escolar.

Propuesta de reforma al artículo 70

El artículo establece que los consejos municipales de participación social consideren la participación de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación; la propuesta consiste en agregar a las OSC cuyo objeto vincule a la educación. Al respecto, es importante precisar que la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil establece con claridad los objetos de fomento y no prevé la figura que se propone, además de que el mismo artículo señala que podrán participar “los demás interesados en el mejoramiento de la educación”. La propuesta se considera no procedente.

Es de considerarse que el presente dictamen fue aprobado por el pleno de esta Comisión dictaminadora en la cuarta reunión ordinaria, celebrada el 17 de abril de 2013, sin  embargo debido a las recientes reformas realizadas  a la ley General de Educación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del  11 de  septiembre de 2103, esta Comisión considero pertinente retirar el mismo  con el propósito de adecuarlo a dichas reformas en  lo que se refiere a los artículos 8o y 9o  de la misma Ley, lo cual no modifica de manera alguna su sentido en los términos del presente proyecto de decreto.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción A de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que se remita a la Cámara de Senadores el presente proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación, para efecto de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizadas las iniciativas materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de valores

Artículo Único.Se reforman los artículos 2o, segundo párrafo; 7o, fracción VI; 8o, primer párrafo; 9o y 40 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o....

Asentada en las bases de los derechos humanos,la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

...

Artículo 7o. ...

I. a V. ...

VI.Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos , el respeto a los mismos y la práctica de los valores humanos universales;

VII. a XVI. ...

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico y el respeto a los derechos humanos; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. a IV. ...

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y el pensamiento crítico humanista, al tiempo que alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 40. La educación inicial tiene como propósito potenciar el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Rodríguez Manzanera, Luis (2009). Criminología. México. Porrúa. Pág. 507

2 Torres, Carmen (2005). Revista Iberoamericana de Educación. Madrid, España. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pág. 55-92

3 Meneses Morales, Ernesto (1988). Tendencias educativas oficiales en México, 1934-1964. México. Centro de Estudios Educativos-Universidad Iberoamericana. pp. 409-411.

4 Cfr. Schwartz, Shalom (2006). Les valeurs de base de la personne: Théorie, mesures et applications. Revista Francesa de Sociología, número  42, Francia, Centro Nacional de Investigación Científica, páginas 249-288.

5 Cfr. Annan, Kofi (2003). Do we still have universal values?. Canadá, Canadian International Youth Letter, Public Awareness Education Programs.

6 Ídem.

7 Cfr. De la Isla Veraza, Carlos (1993). La legitimidad de algunos valores universales hoy, estudios de filosofía, historia y letras, número 32. México, Instituto Tecnológico Autónomo de México.

8 Extraído el 9 de abril de 2013 desde http://www.coneval.gob.mx/ quienessomos/Paginas/Quienes-Somos.aspx

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López, secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Días Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

Primero. En sesión celebrada de la honorable Cámara de Diputados, el 29 de abril de 2013, la ciudadana diputada Yesenia Nolasco Ramírez, y respaldada por los ciudadanos diputados María Isabel Ortiz Mantilla, Erika Yolanda Funes Velázquez, Minerva Castillo Rodríguez, Lourdes Adriana López Moreno, y Fernando Bribiesca Sahagún, presentaron iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la citada iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la honorable Cámara de Diputados, para su dictamen.

Tercero. Con fecha 17 de julio de 2013 la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitó prórroga para la elaboración del dictamen con número de expediente 2046 a la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados mediante oficio COMARNAT/LXII/632/13.

Cuarto. En fecha 22 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados concedió mediante oficio número MD/LXII/632/13, el otorgamiento de la prórroga solicitada para la elaboración del dictamen con número de expediente 2046.

II. Contenido de la iniciativa

Las diputadas y los diputados promoventes consideraron que las plagas y las enfermedades fitosanitarias tienen efectos ambientales que aceleran el proceso de desertificación por la pérdida de cobertura arbórea y el consecuente impacto en el crecimiento y la supervivencia de los árboles, el rendimiento y la calidad de la madera y de los productos no madereros, el hábitat de la fauna silvestre y los valores recreativos, estéticos y culturales. Igualmente, las especies de plantas invasoras afectan la composición de los ecosistemas al competir con las especies arbóreas nativas y dificultando su regeneración, lo que plantea nuevos desafíos especialmente para la conservación in situ de la diversidad biológica forestal.

En ese orden de ideas, las diputadas y los Diputados iniciadores señalan que el cambio climático y la falta de ordenación además del manejo adecuado de los bosques y de las plantaciones contribuyen a la propagación de plagas y enfermedades forestales.

Señalan los ciudadanos diputados en la iniciativa que de acuerdo con el monitoreo periódico 1990-2011 que realiza la Semarnat, en las zonas forestales del país, el promedio de la superficie afectada anualmente por plagas y enfermedades forestales fue de 38, 640 hectáreas, por lo que estimaron pertinente cambios a la legislación para el beneficio de la superficie afectada, señalada en ese periodo.

De los datos sobre plagas (que señalan los legisladores en la iniciativa) la mayor incidencia correspondió a los muérdagos (36%), seguidos por los descortezadores (33%), defoliadores (20%) y barrenadores (8%). Asimismo manifiestan que los estados con mayor superficie promedio afectada por enfermedades forestales en ese periodo fueron Oaxaca (3,955 hectáreas), Chihuahua (3,119 hectáreas), Aguascalientes (2,685 hectáreas) y Jalisco (2,645 hectáreas), es decir que va desde estados del norte hasta el sur.

Reafirman las diputadas y los diputados iniciadores con base en datos proporcionados por la Semarnat, que en nuestro país, la superficie afectada por plagas y por enfermedades forestales -en el periodo 1990-2010- se detectaron en los estados de Chihuahua y de Oaxaca; que va en el rango de 3,001 a 3,995 hectáreas por año, seguido inmediatamente después por el estado de Jalisco, de 2401 a 3000 hectáreas por año, y en cuarto y quinto lugares, Durango y Nuevo León respectivamente con aproximadamente 1801 a 2400 hectáreas por año.

En ese sentido señalan las y los legisladores proponentes en cuanto al tratamiento de control de plagas y enfermedades forestales en el periodo 2001-2012 se trataron en promedio anualmente 40 mil 522 hectáreas, y en el periodo 1990-2000 tan sólo 7 mil 263 hectáreas, es decir en los últimos años se incrementó casi 6 veces el tratamiento fitosanitario con respecto a las dos décadas pasadas, según datos de la Conafor y que en nuestro país, se tienen registradas más de 200 especies de insectos y patógenos que provocan daños en los ecosistemas forestales, con efectos económicos en relación a la pérdida directa de diversos productos forestales, en aproximadamente 10 millones de hectáreas forestales.

Los iniciadores apuntan que para emprender acciones de diagnóstico, control de plagas y especialmente sobre trabajos de saneamiento, así como de enfermedades fitosanitarias, la Conafor ha coordinado acciones interinstitucionales con apoyo de organizaciones como Comités Estatales de Sanidad Forestal; Semarnat; Gobierno de los Estados, entre otros.

Cabe señalar que los diputados promoventes manifiestan que este tema ha recibido atención de la Cámara de Diputados, cuando el pasado 20 de noviembre de 2012, se  aprobó como de urgente y obvia resolución una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor a iniciar acciones y a destinar recursos suficientes para controlar y combatir la plaga de insectos descortezadores en las zonas boscosas de Durango.

En ese orden de ideas los iniciadores realizaron una analogía jurídica con la regulación de los incendios forestales, los cuales se regulan en el mismo capítulo de Conservación Forestal y cuya coordinación institucional se encuentra con un mayor avance, control y evaluación de daños.

Dentro de los datos que proporcionan los diputados de la iniciativa, señalan la quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sobre incendios y plagas, que al analizar la información proporcionada advierten diferencia en el avance para enfrentar ambas problemáticas.

Asimismo mencionan al Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales señala que entre 2008 y julio de 2012, se presentaron en total 44 mil 532 incendios, afectando una superficie de 1.93 mil hectáreas 2010 (6 mil 125) y 2011 con el mayor número (12 mil 113) y que la superficie afectada, en 2010 se encuentra 114 mil 723.4 hectáreas y 956 mil 404 hectáreas en 2011.  Por lo que hace a sanidad forestal sólo se señala que durante el periodo 2009-2012, se estableció como meta diagnosticar 600 mil ha anuales y tratar a 40 mil hectáreas anuales y que en total se diagnosticaron 2.42 mil hectáreas y se aplicó tratamiento en 169 mil 432 hectáreas.

A continuación se presenta el cuadro comparativo entre la ley actual y la propuesta de la iniciativa:

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora considera con base, que nuestro país ocupa el décimo segundo lugar mundial en superficie forestal con 141.8 millones de hectáreas en diversos ecosistemas, y de ellas 56.8 millones son de superficie arbolada, pero 13 millones de hectáreas se encuentran con índices de perturbación y fragmentación (Semarnat, 2011). En esas condiciones de deterioro forestal viven 12 millones de personas, principalmente grupos étnicos (Alatorre, 2000) que tienen una amplia riqueza cultural, sin embargo, como sucede con otros recursos del país, se da una gran incoherencia porque hay una enorme riqueza natural y una amplia pobreza social y que nuestro país cuenta con las condiciones naturales excelentes para la producción forestal en bosques y selvas que pueden producir hasta 20m3 de madera al año, productividad que compite con plantaciones  cultivadas con grandes inversiones; eso sin contar con la gran diversidad de usos y productos adicionales que en muchos casos son fuente de prosperidad y arraigo de la población que los habita y debe ponerse atención al tema forestal como lo indican los diputados proponentes.

De conformidad con el objetivo establecido en el artículo segundo, fracciones I, II, III y IV de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) donde señala que:

“Artículo 2. Son objetivos generales de esta Ley:

I. Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales, así como de las cuencas y ecosistemas hidrológico-forestales, sin perjuicio de lo previsto en otros ordenamientos;

II. Impulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, para que contribuyan con bienes y servicios que aseguren el mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos, especialmente el de los propietarios y pobladores forestales;

III. Desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y aumentar la biodiversidad que brindan los recursos forestales;

IV. Promover la organización, capacidad operativa, integralidad y profesionalización de las instituciones públicas de la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, para el desarrollo forestal sustentable.”

Lo anterior con el objetivo de regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias en materia forestal, con el fin de propiciar la sanidad forestal. Asimismo los suscritos integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos que lamentablemente, se carece de una valoración del impacto ecológico y económico que causa esta creciente problemática en materia forestal. No obstante, se presume que puede ser considerable porque afecta la base de sustentación del aprovechamiento forestal y reduce los servicios ambientales que prestan los ecosistemas, haciendo más vulnerable a la población de sufrir los impactos del Cambio Climático.

La Comisión Dictaminadora persigue el fin de la fracción XV del artículo 3 de la LGDFS que establece dentro de sus objetivos específicos el de regular la prevención, combate y control de incendios forestales, así como de las plagas y enfermedades forestales.

En este orden de ideas las y los Diputados de la Comisión de Medio Ambiente y de Recursos Naturales consideramos que las acciones de sanidad forestal consisten en lineamientos, medidas y restricciones para la detección, control y combate de plagas y enfermedades forestales, por lo que consideramos procedente la base e implicación de la iniciativa sobre sanidad forestal.

Respecto de la propuesta a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambienteque propone adicionar “y la Ley General de Cambio Climático” en el tema forestal, se propone su eliminación dado que  el tema forestal ésta referido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y esta “doble concurrencia” se refiere a la aplicación temporal espacial de lo forestal a dos leyes razón por la cual proponemos su eliminación.

En lo que respecta a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,que propone respecto al artículo siete:

Artículo 7. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a XXXV. ...

XXXVI. Saneamiento forestal: Las acciones técnicas encaminadas a diagnosticar, prevenir, detectar, combatir, controlar plagas y enfermedades forestales y evaluar;

XXXVII. sanidad forestal: lineamientos, medidas y restricciones para el diagnóstico, prevención, detección, control, combate de plagas y enfermedades forestales y evaluación;

XXXVIII a LII. ...

Consideramos adecuado el incluir en primer lugar la evaluación, el diagnóstico, la prevención y la detección para realizar las acciones de saneamiento forestal cumpliendo ante todo el principio de conservación, consistente en el mantenimiento de las condiciones que propicien la persistencia y evolución de un ecosistema forestal natural o inducido, sin degradación del mismo.

Para las diputadas y los diputados la sanidad y vitalidad de los ecosistemas forestales son criterios obligatorios de la política forestal en su carácter ambiental y silvícola. De acuerdo con la fracción I del artículo 12 y el artículo 33 de la LGDFS, la política nacional en materia de desarrollo forestal sustentable es una atribución que le corresponde a la Federación, pero además destaca la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno y la corresponsabilidad de los propietarios, para enfrentar dicha problemática.

La redacción de este séptimo artículo quedaría como sigue:

Artículo 7. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a XXXV. ...

XXXVI. Saneamiento forestal: Las acciones técnicas encaminadas a evaluar, detectar, prevenir,combatir, controlar plagas y enfermedades forestales;

XXXVII. sanidad forestal: lineamientos, medidas y restricciones para detección, evaluación, diagnóstico, prevención, control, combate de plagas y enfermedades forestales ;

XXXVIII a LII. ...

Es muy importante destacar que esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce el efecto pernicioso que el calentamiento global está teniendo sobre la sanidad de ecosistemas forestales, que se incrementa por el cambio climático, y en consecuencia resulta aplicable una evaluaciónpara diagnosticar, y prevenirla vulnerabilidad de los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del clima.

Respecto del cambio a la fracción XXXVII del artículo 12de la  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable está regulado en la Norma Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2008, para la certificación del manejo sustentable de los bosques.

Las leyes, ni ningún otro ordenamiento jurídico, son un fin en sí mismos, por ello se previó en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que la Conafor pudiera formular, coordinar y evaluar los programas y acciones de saneamiento forestal, así como diagnosticar, prevenir, combatir y controlar las plagas y enfermedades forestales; y una vez analizada la situación de los municipios en nuestro país, podemos comentar que su realidad es variada y que en su mayoría no cuentan con capacidad instalada, para detectar,diagnosticar, prevenir, controlar y combatir plagas y enfermedades forestales, por lo que reconsideramos que debe permanecer en la esfera federal esta atribución tal como está plasmado en el vigente artículo 22.

De igual forma, consideramos que la presente iniciativa en su propuesta de adicionar la fracción II del artículo 24 para “ formular, coordinar y evaluar los programas y acciones para prevención, detección y combate de incendios forestales en la entidad, así como los de diagnóstico y control de plagas y enfermedades”, vendría a fortalecer las capacidades necesarias para atender las plagas y enfermedades fitosanitarias, para el manejo, protección, conservación y restauración de los ecosistemas, recursos forestales y suelos para articular la reducción del riesgo de origen hidrometeorológico y la adaptación al cambio climático por lo que vemos favorable su inclusión.

Para los efectos de la propuesta de adición del artículo 121 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable, resulta un elemento fundamental el establecer mecanismos de políticas diferenciadasy estas deberían ser reguladas a través de políticas públicas entre márgenes que no propicien favoritismos ni exclusiones.

Esta comisión dictaminadora está de acuerdo con los planteamientos de los diputados proponentes respecto del artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que presentaron esta iniciativa hemos observado que el tema de saneamiento a causa de plagas y enfermedades forestales debe quedar bien establecido en la Ley en comento.

Por todo lo anterior, las Diputadas y los Diputados que suscribimos el presente dictamen concluimos que las propuestas de reformas y adiciones contenidas en la iniciativa con los cambios realizados son de aprobarse.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único. Se reforman los artículos 7, fracciones XXXVI y XXXVII; 24, fracción II, y 131, párrafo quinto, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XXXV. ...

XXXVI. Saneamiento forestal: Las acciones técnicas encaminadas a evaluar, detectar, prevenir,combatir, controlar plagas y enfermedades forestales;

XXXVII. Sanidad forestal: Lineamientos, medidas y restricciones para detección, evaluación, diagnóstico, prevención, control, combate de plagas y enfermedades forestales ;

XXXVIII. a LII. ...

Artículo 24. ...

I. ...

II. Formular, coordinar y evaluar los programas y acciones para prevención, detección y combate de incendios forestales en la entidad, así como los de diagnóstico, control de plagas y enfermedades;

III. a XI. ...

Artículo 131. ...

...

...

...

Para los efectos del presente capítulo, se consideran prioritarias las zonas incendiadas, especialmente las que hayan sufrido incendios reiterados y las áreas que hayan sido motivo de un saneamiento a causa de plagas y enfermedades forestales. En los programas de reforestación que promueva y apoye la comisión se dará énfasis a la demanda y necesidades de campesinos y sociedad; a precisar en cada tipo de reforestación de acuerdo con sus objetivos, especies a plantar y a reproducir en los viveros, metas a lograr especialmente en términos de calidad de la planta y mayor supervivencia en el terreno; así como a establecer un sistema de incentivos para la reforestación y su mantenimiento durante los primeros años sobre bases de evaluación de resultados.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Comisión, conforme a lo establecido en el artículo 119, actualizará su Sistema Permanente de Diagnóstico, Evaluación y Alerta Temprana de la condición sanitaria de los terrenos forestales, en un plazo máximo de doce meses contados a partir del día de inicio de vigencia del presente Decreto y tomará en cuenta los atlas de riesgo que consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático.

Tercero.La Comisión en su Inventario Nacional Forestal y de Suelos, deberá tomar en cuenta el presente decreto, por lo que respecta a la fracción VIII del artículo 45, referente a las áreas forestales con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.

Cuarto.Dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo Federal deberá publicar las modificaciones respectivas al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Quinto.La Secretaría deberá actualizar las normas oficiales mexicanas correspondientes, conforme al presente decreto.

Nota:

1 Según lo señala el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC www.ccmss.org.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY DE PUERTOS - LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Puertos, y de Navegación y Comercio Marítimos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y análisis, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Comisión de Marina somete a consideración de esta soberanía el presente dictamen con base en los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 18 de septiembre de 2013, el diputado Raúl Santos Galván Villanueva, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

2. En sesión ordinaria del 18 de septiembre de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, dispuso que la iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Marina, y de Transportes, para dictamen.

3. En sesión ordinaria del 23 de septiembre de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, modificó el trámite de turno y dispuso que la iniciativa se turnará a la Comisión de Marina para dictamen.

4.Los miembros de la Comisión de Marina realizaron diversos trabajos con el propósito de analizar el contenido de la iniciativa que ha quedado precisada, integrando sus observaciones y comentarios en su dictamen.

Contenido de la iniciativa

En la iniciativa en estudio, el diputado Galván Villanueva manifiesto que la economía y el comercio se desarrollan en un entorno globalizado, que se vincula a los acontecimientos que propician o afectan el crecimiento económico mundial. En este entorno, la competitividad comercial es un componente importante que se debe fortalecer, ante lo cual cobran especial relevancia los servicios internacionales de transporte marítimo que forman parte de la logística internacional, y que representan hasta 80 por ciento del comercio mundial; es decir, los servicios de transporte marítimo constituyen la columna vertebral del comercio globalizado.

Asimismo, el diputado iniciante expresó que por la importancia de los servicios de transporte marítimo para el comercio y la economía mundiales, México siempre ha actuado acorde con las exigencias de las normas internacionales que establecen objetivos y principios para salvaguardar las redes del transporte y del comercio, que incluyen las vías de navegación, puertos, terminales y otras instalaciones marítimo portuarias.

Menciona el autor de la iniciativa que México cuenta con una amplia zona económica exclusiva, pero por su ubicación geográfica, las zonas marinas mexicanas se encuentran expuestas a los fenómenos naturales y antropogénicos, lo que repercute en las actividades comerciales, pesqueras, turísticas y ecológicas que allí se realizan; del mismo modo, la explotación de hidrocarburos y sus derivados, que es la principal fuente de riqueza y motor del desarrollo económico de la nación, conlleva riesgos para la seguridad, tanto de los bienes como de vidas humanas.

Agrega el diputado Galván que derivado de lo anterior, la Organización Marítima Internacional (OMI), en 1974 aprobó el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, conocido como el SOLAS (por sus siglas en inglés), del cual México forma parte. Este convenio tiene por objeto que los países firmantes otorguen seguridad y ayuda a las embarcaciones durante su navegación, proporcionándoles auxilio mediante acciones de búsqueda, rescate y salvamento en el caso de incidentes o accidentes que las pongan en peligro.

En la iniciativa en análisis se expresa que el 1 de febrero de 1992 entró en vigor la enmienda al SOLAS, que hizo obligatoria la implementación del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM), con el objeto de que las autoridades de búsqueda y rescate en tierra y los buques cercanos a una embarcación en emergencia, sean rápidamente alertados del incidente, de tal forma que, sin dilación, puedan brindar su auxilio en una operación coordinada de búsqueda y rescate.

Asimismo, el diputado Galván Villanueva señala que conforme al citado convenio y a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el salvamento se establece como una atribución específica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras que lo relativo a la búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en la mar, actualmente es compartida entre dicha secretaría y la de Marina, a través de la Armada de México.

Históricamente la Secretaría de Marina ha realizado las actividades de búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en la mar, con los recursos que se le asignan para el cumplimiento de las funciones militares conferidas a la Armada de México; sin embargo, la eficacia en la atención a emergencias hasta antes de 2007 no era la deseada, por lo que a partir de entonces la Secretaría de Marina impulsó y fortaleció la organización, optimización y especialización de las operaciones del Sistema de Búsqueda y Rescate con personal y equipo especializado y con la creación de 17 estaciones de búsqueda y rescate, y de la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo, con lo que en 2012 alcanzó una eficacia superior a 95 por ciento en estas operaciones.

Igualmente, informa que la Organización Marítima Internacional (OMI), con fecha 12 de diciembre de 2002 enmendó el SOLAS, para incluir el nuevo capítulo “XI-2”, denominado “Medidas Especiales para incrementar la Protección Marítima”, que dio origen y sustento al “Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias” (Código PBIP), que fue aprobado en la misma fecha, conforme a la resolución 2 de la propia conferencia. Esta normatividad incorpora el diseño de una organización encargada de la seguridad en cada puerto, así como la instalación de dispositivos para prevenir y, en su caso, reprimir actos ilícitos en contra de buques e instalaciones portuarias.

Comenta el autor del proyecto de decreto que la OMI, en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en diciembre de 2003, durante la reunión tripartita de expertos sobre vigilancia, seguridad y salud en los puertos, adoptaron el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre protección en los puertos, que amplía la aplicación de las medidas más allá de las instalaciones portuarias, para aplicarlas al puerto en su conjunto.

El diputado Galván Villanueva advierte que las enmiendas al SOLAS se entienden aceptadas a partir del 1 de enero de 2004, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero y entraron en vigor el 1 de julio del mismo año.

Menciona el autor de la iniciativa que para dar cumplimiento a las medidas especiales destinadas a incrementar la Protección Marítima y Portuaria y el Código PBIP, el 3 de septiembre de 2007; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acordó con la Secretaría de Marina fortalecer la protección y la seguridad en los recintos portuarios y en las vías generales de comunicación por agua, mediante un acuerdo de colaboración para garantizar la Protección Marítima y Portuaria, según lo dispuesto en el párrafo 1.2.2, parte A, del Código PBIP, a través de las formas y con base en los procedimientos que al efecto acordaron ambas autoridades en esa fecha.

En su exposición de motivos el autor de la iniciativa informa que, derivado de los resultados obtenidos en el acuerdo citado en el párrafo anterior, así como la implementación de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y por las amenazas emergentes que impactaban en el comercio marítimo mundial, entre ellas la piratería (particularmente en las aguas de Somalia) y el incremento de los ataques a embarcaciones pesqueras en México, fue necesario ampliar los alcances y objetivos del acuerdo de colaboración entre ambas secretarías, mediante un instrumento que considerara nuevas acciones y establecer una coordinación interinstitucional más amplia, dando como resultado la creación del Centro Unificado para la Atención de Incidentes Marítimos y Portuarios, que en esta iniciativa se modifica su denominación a Centro Unificado para la Protección Marítima (conocido como Cumar), en los que concurren las capitanías de puerto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y los mandos de la Armada de México, por la Secretaría de Marina.

El iniciante informa que con el propósito de incrementar las operaciones de vigilancia, supervisión e inspección, el 3 de diciembre de 2007 entraron en operación los primeros cuatro Cumar en los puertos de Altamira, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo; y en agosto de 2008 se establecieron otros diez en los puertos de Tampico, Tuxpan, Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen, Progreso, Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Acapulco y Salina Cruz.

De igual forma, el legislador manifiesta que desde su instalación, el Cumar ha contribuido significativamente en la protección de los puertos, las vías generales de comunicación por agua y del personal que en ellos labora, así como de los buques y las tripulaciones de éstos, que arriban o zarpan de los puertos en que los Cumar se encuentran establecidos. Hasta antes de 2007 no se habían conseguido aseguramientos significativos en los puertos, sin embargo, a partir de la creación de estos centros, entre 2007 y 2012, se logró el aseguramiento de 16 millones 409 mil 800 pastillas de pseudoefedrina, más de 2 millones de kilogramos de precursores químicos, 30 mil 430 kilogramos de cocaína, 25 millones 170 mil 080 dólares americanos, así como armas diversas.

Sobre este particular, el diputado Galván Villanueva participa que el Comité Ejecutivo contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, al tener conocimiento de la efectiva coordinación entre las diversas autoridades que convergen en los puertos y de los resultados antes citados, consideró el establecimiento del Cumar como una muy buena práctica por parte del gobierno de México y un ejemplo a seguir por la comunidad mundial en el establecimiento de disposiciones internacionales en materia de protección marítima y portuaria.

El legislador iniciante señala que para dar congruencia al orden jurídico que regula las actividades de las Secretarías de Marina, y de Comunicaciones y Transportes, en materias de búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en la mar y de la protección marítima y portuaria, en la presente iniciativa se propone precisar las atribuciones que corresponda ejercer a estas dependencias, permitiéndoles sustentar sus funciones de autoridad en el contenido de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Puertos y Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

El diputado Galván Villanueva destaca la importancia de que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 precisa “Fortalecer el marco legal en materia de protección marítima y portuaria”; dado que esta materia no está incluida en la legislación vigente, resulta necesario asignarla como una atribución de la Secretaría de Marina, que de facto la ejerce a través de la Armada de México.

Adicionalmente, el iniciante advierte que es importante precisar que el entorno oceánico y costero del Estado mexicano posee una riqueza biológica que contribuye a la megadiversidad y actividad económica de las zona costera y marinas del país, por ello la preocupación por el deterioro del medio ambiente marino en general, y específicamente por evitar que se presenten vertimientos en estas aguas y costas, a fin de garantizar la conservación de un medio ambiente marino para aquellos que se benefician de los recursos del mar, propiciando el desarrollo armónico de la población; en este contexto, México es firmante del Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, y del Protocolo de 1996.

Menciona el autor de la iniciativa, que con el fin de cumplir el mencionado convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar, en acuerdo presidencial del 30 de enero de 1978, el Ejecutivo federal designó a la Secretaría de Marina como la autoridad competente en materia de vertimientos, y el 23 de enero de 1979 expidió el Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, en base al cual la citada secretaría otorga, cancela y suspende permisos de vertimientos, y aplica las sanciones y multas a los infractores.

En razón de lo anterior, el legislador llama la atención sobre la conveniencia de que la atribución en materia de vertimientos para la Secretaría de Marina, considerada importante y trascendental para la conservación y vigilancia de nuestros recursos marítimos, quede debidamente especificada dentro del marco de atribuciones que el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal precisa para esta dependencia, excluyendo lo relativo al vertimiento de aguas residuales al mar, que es competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con lo que se delimitan responsabilidades en el ejercicio de autoridad de ambas secretarías.

Finalmente, el diputado Galván Villanueva advierte que se parte de la visión de que las funciones de las Secretarías de Marina, y de Comunicaciones y Transportes, deben ser complementarias, toda vez que el ámbito de competencia entre ambas son precisamente los puertos y las zonas marinas mexicanas, sin que cada una pierda su misión constitucional y legal. El propósito es que las actividades que realizan en estas materias estén claramente definidas, sin posibilidad de yuxtaposición o, inclusive, de conflictos competenciales, que confundan a los gobernados, a quienes se dirige la norma regulatoria y que puedan tener consecuencias legales en los actos de autoridad que cada una de ellas ejecuta o emite.

El legislador indica que los ordenamientos legales que se proponen reformar son los que permiten a las dependencias del Ejecutivo federal aludidas actuar en materias de búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en la mar, y de la protección marítima y portuaria, al otorgarles las atribuciones correspondientes.

Al respecto, el diputado Galván Villanueva agrega que:

1. Con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: En el artículo 30 se especifica que la Secretaría de Marina será la autoridad en las zonas marinas mexicanas en materia de búsqueda, rescate y vertimientos de desechos al mar distintos al de aguas residuales; así como en protección marítima y portuaria en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El artículo 36 se armoniza con el artículo 30 de la misma ley, relativo a los asuntos que corresponde despachar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se especifica que ésta se coordinará con la de Marina en esta materia de protección marítima y portuaria, con lo que este artículo queda armonizado con el artículo 30 arriba citado.

2. Con las reformas y adiciones en la Ley de Puertos: En el artículo 1 se amplía el objeto de esta ley al incluir la protección marítima y portuaria; y en las fracciones X y XI del artículo 2 se establece su definición y la del Cumar.

En el artículo 19 Bis se especifica la responsabilidad del Cumar, su organización y funcionamiento como grupo de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina y la de Comunicaciones y Transportes, y en el 19 Ter se pormenorizan sus funciones y la forma en que actuará dicho grupo.

En la fracción IV del artículo 26 se precisa que los concesionarios deberán prever un área para el servicio al público, del Cumar y otras autoridades, y en la fracción XII del artículo 40 se establece la obligación que tienen los concesionarios de proporcionar la información que requiera el Cumar para cumplir con los objetivos de la protección marítima y portuaria.

3. Con las reformas y adiciones en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos: En el artículo 1 se precisa que la protección es parte del objeto de la ley, y en las fracciones I Bis, VII Bis y VII Ter del artículo 2 se definen el acrónimo Semar, la Protección Marítima y Portuaria y el Cumar respectivamente para que esta ley quede armonizada con la Ley de Puertos.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, se elabora el dictamen correspondiente con base en las siguientes

Consideraciones

Primera.La comisión que dictamina reconoce quehoy día la economía se desarrolla en un entorno global, donde el transporte marítimo se constituye en la columna vertebral del comercio mundial, surgiendo la necesidad de salvaguardar las vías de navegación, puertos, terminales y otras instalaciones marítimo portuarias.

Segunda.Esta comisión dictaminadora advierte que es  un hecho que el uso y explotación de océanos y costas ha provocado que su equilibrio ecológico se esté alterando; de igual forma, es común que las zonas marinas se encuentren expuestas a fenómenos hidrometeorológicos que se constituyen en riesgos para la seguridad de los bienes y las personas que allí laboran; como es una realidad que los actos terroristas en contra de buques e instalaciones marítimas es una amenaza vigente; por estas razones la comunidad mundial emitió normas internacionales para prevenir la contaminación y salvaguardar la vida en la mar, así como fortalecer la protección marítima y portuaria.

Tercera.En tal contexto, México signó el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar y el Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y sus diversas enmiendas, como las “Medidas Especiales para incrementar la Protección Marítima”, que dieron origen al “Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias” (Código PBIP).

Cuarta.Esta comisión está en el entendido de que al ser México parte de estos instrumentos internacionales, las disposiciones allí contenidas le resultan obligatorias, y que en tal sentido, el 2007 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Marina (Semar) acordaron fortalecer la seguridad en los recintos portuarios y en las vías generales de comunicación por agua, mediante la creación de los Centros Unificados para la Protección Marítima (Cumar). Mismos que se encuentran establecidos y funcionando eficazmente desde hace seis años en los 14 principales puertos mexicanos; en este tiempo no se han registrado incidentes en los puertos, creando un ambiente favorable para las actividades marítimas y portuarias; este hecho ha convertido a los Cumar en un recurso fundamental para la seguridad y protección de los puertos mexicanos, las vías generales de comunicación por agua, los buques que arriban o zarpan y del personal que en estos espacios labora.

Igualmente se reconoce que además de la seguridad lograda, con el establecimiento de los Cumar también se incrementaron los resultados en la lucha contra el tráfico ilícito, redundando la medida en un ejemplo mexicano a seguir por la comunidad mundial.

Quinta.La comisión dictaminadora concuerda con el diputado promovente en que dada la importancia que representa la protección marítima en el mundo globalizado actual, es necesario que las administraciones portuarias integrales (API) se encuentren legalmente obligadas a proporcionar la información que le sea requerida por la Semar y la SCT para que estas autoridades cuenten con los elementos de juicio que permitan al estado cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección marítima y portuaria.

De igual forma es muy importante que dentro del recinto portuario la Semar cuente con espacios para crear infraestructura que le permita llevar a cabo sus atribuciones e interactuar con las API, aduanas y capitanías de puerto, para proporcionar en forma inmediata los apoyos técnicos y operativos que requiera el Cumar para el cumplimiento de sus funciones.

Sexta.La comisión que dictamina está consciente de que la búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en la mar históricamente la ha realizado la Semar a través de la Armada de México; y coincide con el diputado iniciante en que la protección marítima y portuaria es necesario reglamentarla como una atribución de la Semar, que de facto la ejerce a través de la Armada de México, la cual ha asumido el compromiso únicamente con base en el acuerdo de colaboración entre dicha secretaría y la SCT, sin que tales responsabilidades, ni las figuras de la protección marítima y portuaria ni la de los Cumar se encuentren incorporadas en el marco jurídico nacional.

Séptima.Para regular las actividades de la Semar y de la SCT en materias de búsqueda, rescate y protección marítima y portuaria, en la iniciativa se proponen reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Puertos y a la Ley de Navegación y Comercios Marítimos, para precisar las atribuciones que a cada una de las dos secretarías le corresponde ejercer, sin riesgo de incertidumbre en sus competencias ni imprecisiones que confundan a los gobernados.

Octava.Los conceptos, procedimientos, medidas preventivas, y responsabilidades contenidas en las reformas y adiciones que se proponen, se fundamentan en el contenido del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, aprobado por la Organización Marítima Internacional (OMI).

Novena.La Comisión de Marina estima conveniente la aprobación en sus términos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, toda vez quesu aprobación permitirá que las tres leyes queden armonizadas entre sí, y con lo dispuesto en la normatividad internacional en materia de búsqueda, rescate, salvamento, seguridad y protección marítima; además, las reformas y adiciones que se proponen dan sustento jurídico a la actuación de la Armada de México y de otras autoridades que tienen injerencia en la materia, situación que permitirá al Estado mexicano garantizar el orden interno y cumplir con sus compromisos internacionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Marina, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Artículo Primero.Se reforman las fracciones V y VII Bis del artículo 30, y la fracción XVII del artículo 36, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

I.a IV. ...

V. Ejercer la autoridad en las zonas marinas mexicanas en materia de:

a) Cumplimento del orden jurídico nacional;

b) Búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en la mar;

c) Vertimiento de desechos y otras materias al mar distintas al de aguas residuales, y

d) Protección marítima y portuaria en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los términos que fijan los tratados internacionales y las leyes de la materia;

VI.a VII. ...

VII Bis. Establecer y dirigir el Servicio de Búsqueda y Rescate para la salvaguarda de la vida humana en la mar;

VIII.a XXVI. ...

Artículo 36. ...

I. a XVI. ...

XVII. Inspeccionar los servicios de la marina mercante, así como coordinarse con la Secretaría de Marina en la aplicación de las medidas en materia de protección marítima y portuaria;

XVIII a  XXVII...

Artículo Segundo. Se reforman el párrafo primero del artículo 1o.; la fracción IV del artículo 26 y se adicionan las fracciones X y XI al artículo 2o.; los artículos 19 Bis y 19 Ter, y la fracción XII al artículo 40 de la Ley de Puertos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación, protección y formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios.

...

Artículo 2o. ...

I.a IX. ...

X. Cumar: El Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria.

XI. Protección Marítima y Portuaria: Las medidas, mecanismos, acciones o instrumentos que permitan un nivel de riesgo aceptable en los puertos y en la administración, operación y servicios portuarios, así como en las actividades marítimas, en los términos que establezcan los tratados o convenios internacionales en los que México sea parte en materia de protección marítima y portuaria.

Artículo 19 Bis. El Cumar es un grupo de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina y la Secretaría, para la aplicación de las medidas de protección marítima y portuaria y la atención eficaz de incidentes marítimos y portuarios, que determine la Secretaría de Marina.

La organización y funcionamiento del Cumar se regulará en el reglamento que al efecto se expida.

Artículo 19 Ter. El Cumar tendrá las funciones siguientes:

I. Coadyuvar en el cumplimiento de los tratados o convenios internacionales en los que México sea parte en materia de protección marítima y portuaria;

II. Aplicar las disposiciones y medidas de reacción que se dispongan dentro del marco del capítulo XI-2 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 y el Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias para que se cumplan los niveles de protección marítima y portuaria conforme a lo siguiente:

a) Nivel de protección 1: Establecer en todo momento medidas mínimas de protección marítima y portuaria;

b) Nivel de protección 2: Establecer medidas adicionales de protección marítima y portuaria a las establecidas en el inciso anterior por aumentar el riesgo de que ocurra un suceso que afecte la protección marítima y portuaria, durante un determinado periodo, y

c) Nivel de protección 3: Establecer medidas específicas adicionales de protección marítima y portuaria a las establecidas en los incisos anteriores por un tiempo limitado, cuando sea probable o inminente un suceso que afecte la protección marítima y portuaria, aún en el caso de que no pudiera localizarse el objetivo específico que dicho suceso afecte;

III. Fungir como instancia coordinadora de las acciones que realicen las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de protección marítima y portuaria, y

IV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas.

Artículo 26.  ...

I.a III. ...

IV. Las características de prestación de los servicios portuarios y la determinación de las áreas reservadas para el servicio al público y para las funciones del capitán de puerto, de aduanas, del Cumar, y otras autoridades;

V.a  XII. ...

...

Artículo 40. ...

I.a IX. ...

X. Percibir, en los términos que fijen los reglamentos correspondientes y el título de concesión, ingresos por el uso de la infraestructura portuaria, por la celebración de contratos, por los servicios que presten directamente, así como por las demás actividades comerciales que realicen;

XI. Proporcionar la información estadística portuaria, y

XII. Proporcionar al Cumar la información que les sea requerida relacionada con la protección marítima y portuaria, así como tomar en cuenta sus recomendaciones para mantener los niveles establecidos en el artículo 19 Ter de la presente ley.

Artículo Tercero.Se reforman el párrafo primero del artículo 1; 163, 164 y la fracción III del artículo 167; y se adicionan las fracciones I Bis, VII Bis y VII Ter al artículo 2; el artículo 8 Bis; la fracción VIII Bis al artículo 9; el tercer párrafo al artículo 46 y el artículo 49 Bis, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos para quedar como sigue:

Artículo 1. Esta ley es de orden público y tiene por objeto regular las vías generales de comunicación por agua, la navegación, su protección y los servicios que en ellas se prestan, la marina mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo.

...

Artículo 2. ...

I. ...

I Bis. Semar: La Secretaría de Marina;

II.a VII. ...

VII Bis. Protección marítima y portuaria: Las medidas, mecanismos, acciones o instrumentos que permitan un nivel de riesgo aceptable en los puertos y en la administración, operación y servicios portuarios, así como en las actividades marítimas, en los términos que establezcan los tratados o convenios internacionales en los que México sea parte en materia de protección marítima y portuaria;

VII Ter. Cumar: El Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria establecido en la Ley de Puertos;

VIII.a XIII. ...

Artículo 8 Bis. Son atribuciones de la Semar, sin perjuicio de las que correspondan a otras dependencias de la administración pública federal:

I. Establecer, en coordinación con la secretaría, la protección marítima y portuaria que aplicará el Cumar conforme a lo dispuesto en la Ley de Puertos;

II. Dirigir, organizar y llevar a cabo la búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en las zonas marinas mexicanas, y

III. Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas.

Artículo 9. ...

I.a VIII. ...

VIII Bis. Ordenar las medidas que le sean requeridas por el Cumar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Puertos;

IX.a XIV. ...

...

...

Artículo 46. ...

...

En caso de encontrarse algún incumplimiento a las normas aplicables en materia de protección marítima y portuaria, la autoridad marítima dará vista al Cumar para que intervenga en los términos que establezca la Ley de Puertos.

Artículo 49 Bis. La capitanía de puerto a requerimiento del Cumar podrá negar o dejar sin efectos el despacho de salida de cualquier embarcación como medida precautoria cuando se haya decretado un nivel 3 de protección marítima y portuaria en términos de la Ley de Puertos.

Artículo 163. La organización y dirección del Servicio de Búsqueda y Rescate para la salvaguarda de la vida humana en las zonas marinas mexicanas corresponderá a Semar, conforme a lo dispuesto por el artículo 8 Bis de esta ley. La Semar determinará las estaciones de búsqueda y rescate que deban establecerse en los litorales, de conformidad con lo dispuesto por el reglamento respectivo.

Artículo 164. El salvamento de embarcaciones en los términos que señala el artículo 161 de esta ley, dentro de la jurisdicción de la capitanía de puerto será coordinado por su titular, quien estará facultado para utilizar los elementos disponibles en el puerto a costa del propietario o naviera de la embarcación de que se trate, por el tiempo necesario que dure la operación.

Artículo 167. ...

I.a II. ...

III. El plazo para cumplir con la orden será de tres meses contados a partir de la fecha de la notificación. De no cumplirse con tal requerimiento, la autoridad marítima estará facultada para removerlo o hundirlo, a costa del propietario o naviero, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas conducentes. En caso de hundimiento, se deberá contar con la autorización de la Semar, como autoridad en materia de vertimientos, y

IV. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá promover la expedición de las disposiciones reglamentarias necesarias, dentro de un término de ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Las acciones que deban realizar las dependencias y entidades de la administración pública federal para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.

La Comisión de Marina, diputados:José Soto Martínez (rúbrica), presidente; Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Germán Pacheco Díaz (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), secretarios; Roy Argel Gómez Olguín, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Raúl Macías Sandoval, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Víctor Serralde Martínez, Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Rafael González Reséndiz, Arturo Escobar y Vega.»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Marina. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza se ponga a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Marina se ponga a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Se autoriza. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Tiene la palabra para fundamentar el dictamen el diputado Raúl Santos Galván Villanueva.

El diputado Raúl Santos Galván Villanueva: Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Raúl Santos Galván Villanueva:Acudo a esta tribuna para fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

La comisión dictaminadora está consciente de que —hoy por hoy— la economía se desarrolla en un entorno global donde el transporte marítimo se constituye en la columna vertebral del comercio mundial.

En este aspecto, México cuenta con una privilegiada ubicación geográfica, con más de 11 mil kilómetros de litoral y 107 puertos y terminales marítimas que le permiten un fácil acceso a rutas comerciales de navieras que lo enlazan con los mercados más importantes del norte, centro y Sudamérica, así como con los comercios asiáticos y europeos, circunstancia que da a los puertos mexicanos una proyección internacional.

Pero también existen aspectos adversos, como la contaminación y los fenómenos meteorológicos, que afectan bienes y personas en mares y costas, o los actos terroristas, que ante la falta de seguridad y protección se constituyen en potenciales amenazas para la seguridad de buques e instalaciones portuarias.

Así las cosas, surge la necesidad de proteger las vías de navegación por agua, las instalaciones marítimo-portuarias, los buques y al personal que en estos espacios labora, por lo que la comunidad mundial emitió normas internacionales para prevenir la contaminación, para la salvaguarda de la vida humana en la mar y para fortalecer la protección marítimo-portuaria.

En este contexto, México ha ratificado importantes instrumentos internacionales, destacando el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar y el Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar y sus diversas enmiendas, como las medidas especiales para incrementar la protección marítima, que dieron origen al Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias, también conocido como Código PBIP.

Al ser México parte de citados instrumentos internacionales, las disposiciones ahí contenidas le resultan obligatorias, y en tal razón en el 2007 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina acordaron fortalecer la seguridad en los recintos portuarios y en las vías generales de comunicación por agua, mediante la creación de los Centros Unificados para la Protección Marítima, también conocidos como Cumar, en los que concurren las capitanías de puerto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los mandos navales por parte de la Secretaría de Marina.

Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-218 es fortalecer el marco legal en materia de protección marítima. Pero dicha protección no se encuentra considerada en la legislación vigente, por lo tanto, el propósito del presente dictamen que hoy se somete a la consideración de esta honorable asamblea es incluir la citada responsabilidad en el orden jurídico que regula a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Con la aprobación del dictamen que nos ocupa, las actividades en materia de protección marítima y portuaria de ambas secretarías quedarán sustentadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley de Puertos y en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, donde claramente se precisarán las atribuciones que a cada una le corresponde, sin posibilidades de conflictos jurisdiccionales o de que se interfieran entre sí.

La comisión que dictamina percibe que la reforma y adiciones a dichas leyes tienen la finalidad de precisar las atribuciones que corresponde ejercer a estas dependencias del Ejecutivo federal, coordinando sus acciones y estableciendo que la autoridad en materia de búsqueda y rescate, protección marítima y portuaria en las zonas marinas mexicanas es la Secretaría de Marina.

La necesidad de proporcionar seguridad a las vías de navegación, puertos, terminales y otras instalaciones marítimas portuarias es un asunto de la mayor relevancia.

Efectivamente, al emitir el presente dictamen se estima conveniente la aprobación en sus términos, toda vez que permitirá que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la de Puertos y la de Navegación y Comercio queden armonizadas entre sí y con lo dispuesto en la normatividad internacional en materia de búsqueda y rescate, salvamento, seguridad y protección marítima.

Compañeras y compañeros legisladores, el desarrollo de nuestra nación enfrenta retos que requieren de urgente atención, por lo que se vuelve un imperativo que los puertos mexicanos, además de centros de transferencia de mercancías integrados en cadenas de transportes sean también eficaces y seguros.

Señoras y señores diputados, en mérito de las razones expuestas es que someto a la consideración de esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto que atiende el importante tema de la búsqueda, rescate, salvamento, seguridad y protección en los mares y costas mexicanas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que presenta la Comisión de Marina aborda un aspecto fundamental para la seguridad nacional de nuestro país: la protección marítima y portuaria.

Además de la importancia del transporte marítimo en el comercio mundial, los compromisos del Estado mexicano con los tratados internacionales en la búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana son aspectos que deben de estar incorporados a nuestro marco jurídico vigente.

Coincidimos con el dictamen propuesto por la comisión de establecer claramente y sin ambigüedad las facultades y responsabilidades de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la tarea de proteger nuestros mares y puertos.

La seguridad portuaria es un asunto de la mayor trascendencia, en el contexto actual de intensificación del crimen organizado por el control del mercado ilícito de sustancias prohibidas.

La coordinación interinstitucional e intergubernamental resulta fundamental para contrarrestar la entrada de sustancias ilícitas que fomenten el mercado de las drogas en México. Más aún, cuando 17 entidades federativas cuentan con amplias extensiones de litorales.

Consideramos positivos que los Centros Unificados para la Protección Marítima y Portuaria queden definidos y establecidos en la Ley de Puertos. El Cumar, definido como grupo interinstitucional entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la aplicación de las medidas de protección marítima y portuaria y la atención eficaz de incidentes marítimos y portuarios, así como una instancia coordinadora de las acciones que realicen las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de protección marítima y portuaria.

De igual forma, con este dictamen consideramos necesario reconocer el valor, patriotismo y compromiso de la Secretaría de Marina, por llevar a cabo acciones necesarias para proteger los mares y los puertos de nuestro país.

Compañeras y compañeros diputados, México requiere hoy el compromiso de todas las fuerzas políticas para lograr mayores acciones de coordinación que conlleven a proteger nuestro territorio nacional y la vida de las personas.

Ratificar la responsabilidad del Estado mexicano en la búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en los mares es un compromiso ineludible con el derecho internacional. Proteger los mares y puertos mexicanos significa un paso decidido para fortalecer nuestra seguridad nacional.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar posición acerca del dictamen que nos presenta la Comisión de Marina, por el que reforman diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Puertos, y de Navegación y Comercio Marítimos.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincidimos con las valoraciones que la Comisión de Marina establece en el dictamen. Compartimos la necesidad de adecuar nuestro marco jurídico interno a los acuerdos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, como es el caso del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y las medidas especiales para incrementar la protección marítima.

En el caso particular de las reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se reforma la fracción V del artículo 30, a efecto de establecer con precisión las atribuciones de la Secretaría de Marina respecto de las zonas marítimas mexicanas en el cumplimiento del orden jurídico nacional y, en particular, para la búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en el mar.

Sin lugar a dudas, el mar proporciona importantes recursos para la subsistencia del ser humano, pero también el mar enfrenta innumerables riesgos por parte de los pescadores. Muchos de ellos registran debidamente su salida de puerto, pero hay otros pescadores que salen sin proporcionar ninguna información y en los que la seguridad de sus buques es nula, con lo que se pone en riesgo su seguridad y en ocasiones su vida.

Es la Secretaría de Marina la que coordina y realiza las actividades de búsqueda y rescate de estas personas y la que logra —en la mayoría de los casos— restituirlas sanas y salvas a sus hogares.

En el artículo 30 de la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la fracción XVII, se establece la atribución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en lo relativo a la inspección de los servicios de la marina mercante y la coordinación con la Secretaría de Marina en la aplicación de medidas en materia de protección marítima y portuaria.

Esa disposición es de gran relevancia, dado el intenso tráfico comercial que se realiza en los puertos mexicanos y coadyuvará en la detección y combate de operaciones ilícitas, que desafortunadamente en nuestros puestos se realizan.

Asimismo compartimos las modificaciones que se proponen a la Ley de Puertos, en el artículo 2o., para incluir las definiciones de Cumar y de protección marítima y portuaria y en el artículo 19 Bis, donde se establece la coordinación de las secretarías de Marina y de Comunicaciones y Transportes en la aplicación de medidas de protección a la infraestructura portuaria y la atención eficaz de incidentes marítimos y portuarios.

Por último, coincidimos en las reformas propuestas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo en donde, en aras de la protección de nuestros puertos, en el artículo 49 Bis, se faculta a las capitanías de puerto, a requerimiento de Cumar, para negar o dejar sin efectos el despacho de las salidas de cualquier embarcación, como medida precautoria ante la existencia de riesgos que puedan afectar la seguridad del tráfico marítimo.

Compañeras y compañeros legisladores, por las razones antes expuestas el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, ciudadano presidente. Diputadas y diputados, vengo a hacer nuestro posicionamiento como presidente de la Comisión de Marina, no sin antes darles las gracias a mi compañera diputada y a los diputados integrantes porque siempre hemos sacado los dictámenes por unanimidad. Espero que también este pleno lo haga, puesto que hemos salido a todos los lugares a ver qué es lo que se necesita en los puertos, los astilleros y esto es parte de lo que recogimos todos los integrantes.

México está en un lugar privilegiado, tiene 11 mil 122 kilómetros de litorales, con cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. Lo que ha permitido a nuestro país contar con una riqueza abundante en materia marítima, ya sea para extracción de crudo, como para propiciar alrededor de un millón 397 mil 620 toneladas de pescado.

Asimismo el país cuenta con 19 puertos de altura y 21 puertos de cabotaje, destacando la importancia de los ubicados en Cayo Arcas, en Campeche, siendo el más relevante del país, pues a través de éste sale del país el 80 por ciento del crudo que se exporta. Y despachan 67 millones de toneladas de mercancías del puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz. De Manzanillo, en Colima. El de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Y el de Veracruz, por donde ingresan el 75 por ciento de los vehículos importados. No obstante, a la fecha no existe en México un sistema determinado que permita garantizar la seguridad en la zona de litorales nacionales.

Lo anterior, es sumamente grave, en consideración a las amenazas existentes en tales ubicaciones, como lo son las inclemencias del tiempo, el contrabando y el tráfico de drogas. Prueba de ello es que se ha permitido que el puerto de Lázaro Cárdenas hoy se constituya como la principal entrada de precursores para la elaboración de drogas y que para su recuperación se tenga que implementar un fuerte dispositivo de seguridad, pues no existen las medidas preventivas para que ello ocurra.

Por lo anterior, mediante la iniciativa que hoy se discute se pretende delinear de forma clara un sistema para la seguridad en esa zona. Primeramente, estableciendo el mando exclusivo de la Marina en lo concerniente a la búsqueda y rescate en el vertimiento de desechos del mar y la protección marítima y portuaria.

Para el desempeño de sus funciones en las materias señaladas se dispone la creación del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (Cumar), que siempre que hemos salido nos lo han pedido las zonas militares, los puertos, los astilleros y todas las personas que laboran ahí, que es precisamente el que se ha encargado de decomisar muchas toneladas de estupefacientes, de contrabandos y que no estaban reguladas. Hoy estamos dando ya el marco jurídico que tanto nos habían pedido.

Por lo anterior, nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Nabor Ochoa López:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del Partido Verde viene a manifestar su apoyo a esta iniciativa. Y además felicitar al diputado promovente, el almirante y diputado compañero nuestro, Raúl Santos Galván.

Felicitarlo, porque esta iniciativa que reforma y adiciona distintas disposiciones jurídicas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la de Puertos, la de Navegación y Comercio Marítimos, no solo es un acto de precisión, como bien se señala en el dictamen, de coherencia jurídica, de sistematización, es un acto de justicia también.

Es un acto de justicia, porque dentro de las cosas que la Armada de México, lo que conocemos como la Marina realiza y de manera muy atinada, es precisamente aspectos tan relevantes para el ser humano, como el rescate, la búsqueda de personas, que por azares del destino, por accidentes se encuentran en peligro, se encuentra en peligro su vida. Y faltaba incluirlo como una de las grandes responsabilidades, porque más que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque no cuenta con los recursos, es la Secretaría de Marina, la Armada de México, la que lleva a cabo acciones importantes para la salvaguarda de la vida humana, como es la búsqueda y el rescate de las personas.

Por eso decía que además de un acto de precisión, es un acto de justicia. De justicia para esa gran institución que, no nos cansamos de repetirlo, a diario todos nosotros y muchos mexicanos —estoy seguro— de que esta gran institución, así como el Ejército también, siempre está presente apoyando al pueblo de México en las desgracias provocadas por fenómenos naturales. Pero también en las desgracias provocadas por la violencia criminal.

Hoy está la Marina, el Ejército, en Michoacán, pero ayer estuvo en Tamaulipas. Ayer también estuvo en Guerrero, ayudando a muchos guerrerenses. Antes —recuerdo, en 2011— en Manzanillo, cuando el huracán Jova nos pegó muy duro por allá y ahí estaba la Armada de México, la Marina, ahí estaba el Ejército.

Pero retomando esta iniciativa, decirles que nos congratulamos, porque son varios aspectos. Uno, es el de precisar esta responsabilidad que lleva a cabo la Armada de México, que es el rescate y la búsqueda para la salvaguarda de la vida humana. Pero también vienen dos temas importantes que vale la pena destacar. Una función que ya viene derivado de un acuerdo presidencial, pero que faltaba contemplarlo en la ley, que es el de constituirse en la autoridad para el vertimiento de desechos, fuera de aquellos relacionados con aguas residuales, que le compete a la Semarnat.

Aquí es importante destacarlo, porque en muchas ocasiones esta acción descontrolada de verter al mar desechos materiales provoca daños ecológicos, a veces irreversibles e irremediables, por eso es importante que se precise esta facultad que ya la tenía la Armada de México.

Por cierto, la Armada de México tiene que autorizar un formato hache, para el vertimiento de cualquier material en el mar o en cuerpos de aguas, sobre todo, en el mar. Pero les decía, es un aspecto que tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente.

Otro aspecto importante, que ya participa, como aquí se ha dicho por parte de los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, es el de la protección marítima y portuaria. Es decir, esta acción que realiza de manera coordinada la Armada de México con las capitanías de puerto que dependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que tiene que ver con una serie de acciones coordinadas para mantener y proteger las instalaciones portuarias y marítimas.

Por cierto, derivado de todo esto que confluye en un Centro Unificado para la Protección Marítima Portuaria (Cumar), derivado de todo esto ha habido una serie de acciones de decomisos de drogas, de dinero incluso, también importantes en el país.

Como bien lo señala el diputado y almirante Santos, de 2007 a 2012 ha habido acciones muy importantes en materia de combate al narcotráfico y a las actividades ilícitas. De ahí que nos congratulemos, que apoyemos esta propuesta del diputado Raúl Santos Galván, y que manifestemos el pleno respaldo a esta iniciativa que reforma y adiciona distintos artículos de algunas de las disposiciones jurídicas en vigor. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD.

Aprovecho para saludar a un grupo de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, que están hoy aquí invitados por la diputada Karina Labastida. Bienvenidos a la Cámara de Diputados, es un gusto tenerlos aquí en la sesión.

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes:Con el permiso de la Presidencia. El papel que la Armada de México ha desempeñado en los últimos años en tareas de seguridad, no solo ha evidenciado su carácter leal e institucional al servicio de la patria, sino que ha dado prueba de eficacia y compromiso en la batalla contra el crimen organizado, ante la incapacidad de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.

El dictamen con proyecto de decreto que ahora se discute, en parte atiende una de las demandas justas que en diversos momentos nuestras Fuerzas Armadas han expresado. Poner al día el marco legal e institucional de nuestros organismos armados, para que desempeñen de forma clara y eficiente las funciones que el mando civil les ha asignado en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado.

Si bien la reforma se inserta en la lógica de la seguridad hemisférica, no cabe duda que la protección a nuestros puertos marítimos e instalaciones sea un asunto de seguridad del Estado, que no puede ser ignorado por las y los legisladores. Por el contrario, debe hacerse la parte que nos corresponde, haciendo las modificaciones necesarias al marco jurídico nacional para que la vigilancia y protección marítima, en sus diferentes acepciones, tenga la certeza legal en todas y cada una de sus acciones.

El tema central que toca este dictamen es la incorporación y adecuación de las diversas normatividades federales, para cobijar dentro del marco legal a los Centros Unificados para la Atención de Incidentes Marítimos y Portuarios, conocidos como Cumar, que operan desde 2007 por medio de un acuerdo entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina Armada de México, el cual tiene como objetivo tomar medidas en contra de amenazas como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico en puertos e instalaciones estratégicas del país.

Dicho de otra manera, lo que se pretende es plasmar en la ley lo que ya opera en los hechos. En razón de que el Cumar se ha convertido en una instancia fundamental para la vigilancia y protección marítima.

En estos centros concurren las capitanías de puerto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los mandos de la Armada de México, estableciéndose las acciones de coordinación entre ambas, con el objetivo de hacer más eficiente la operación, vigilancia, supervisión e inspección de los puertos mexicanos. De ahí la necesidad de adecuar en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y definir las responsabilidades y funciones de cada una de las secretarías en materia de los Cumar.

Como se menciona en el dictamen, actualmente operan 14 Cumar en todo el país, que se ubican en los puertos de Altamira, Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Tampico, Tuxpan, Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen, Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Acapulco, Salina Cruz y Progreso.

Gracias a su operación, entre 2007 y 2012 se ha dado el aseguramiento de millones de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como armas, divisas y gran cantidad de mercancía ilícita.

No está de más mencionar que esta iniciativa ha recibido el aval técnico-jurídico, tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como de la Secretaría de Marina Armada de México.

Igualmente quiero resaltar el trabajo de coordinación que ambas instancias tuvieron con la propia Comisión de Marina, por lo que se trata de un proyecto incluyente que ha generado consensos entre las diversas fuerzas políticas al interior de dicho cuerpo legislativo.

Asimismo cabe destacar que quienes integramos la Comisión de Marina hemos tenido la oportunidad de asistir a diferentes instalaciones portuarias en visitas de trabajo, pudiendo testificar la eficiencia que los Cumar han tenido en el manejo de la seguridad y el control de las actividades marítimo portuarias, al tiempo que hemos corroborado el alto grado de aceptación que la Armada de México tiene entre la población civil.

Por todas estas razones, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, cumpliendo siempre con responsabilidad nuestra parte, a favor de recuperar y garantizar la seguridad del Estado y sus habitantes. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Germán Pacheco Díaz, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Germán Pacheco Díaz:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Germán Pacheco Díaz:En la Comisión de Marina, reconocemos que actualmente la economía se de-sarrolla en un entorno globalizado donde el transporte marítimo se constituye como la columna vertebral del comercio mundial. Más del 80 por ciento de las mercancías que entran a México y salen de nuestro país es por medio marítimo, por puertos y terminales.

Con la finalidad de regular las actividades de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materias de búsqueda, rescate y protección marítima y portuaria se proponen reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Puertos y a la Ley de Navegación y Comercios Marítimos, en las que quedarán perfectamente definidas las atribuciones que a cada una de las secretarías les corresponde ejercer.

En el Partido Acción Nacional hemos impulsado las reformas históricas que requiere el país. Por ejemplo, en el 2004, cuando surgió la problemática de la seguridad en los puertos, se declararon como seguridad nacional y fue cuando surgió el Código PBIP, que es Protección de Puertos e Instalaciones Portuarias.

En el 2007, durante la administración de Felipe Calderón, la Secretaría de Marina impulsó y fortaleció la organización, optimización y especialización de las operaciones del Sistema de Búsqueda y Rescate, con personal y equipo especializado.

Asimismo, el 3 de diciembre de 2007 entraron en vigor las operaciones de los primeros cuatro Centros Unificados para la Protección Marítima (Cumar), que fue en el puerto de Altamira, en el puerto de Veracruz, en el puerto de Manzanillo, y en el puerto de Lázaro Cárdenas. Posteriormente siguieron los puertos de Tampico, Tuxpan, Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen, Progreso, Ensenada, Guaymas, Mazatlán y Salina Cruz.

A partir de la instalación de estos centros se ha contribuido significativamente en la protección de los puertos, de las vías generales de comunicación por agua y tierra, y del personal que en ellos labora, así como de los buques y los tripulantes de las mismas.

Sin embargo, a partir de la creación de estos centros, entre 2007 y 2012, se ha logrado el aseguramiento de más de 16 millones 409 mil 800 pastillas de seudoefedrina, más de 2 millones de kilogramos de precursores químicos, más de 30 mil 430 kilogramos de cocaína, más de 25 millones de dólares, así como armas diversas.

Consideramos que todas las actividades relacionadas con la Marina son un área de oportunidad que no han sabido aprovecharse correctamente, por lo que seguiremos impulsando las reformas que permitan potenciar esta actividad, tanto en seguridad como en comercio marítimo.

Por lo antes señalado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional —por mi conducto— damos una felicitación a las Fuerzas Armadas, en lo particular a la Secretaría de Marina, por esa labor que ha surgido y esa protección que han brindado a los puertos de México.

Me da gusto normarlo ya en el ramo jurídico —como lo dijo la compañera anteriormente— que surgió esto y había un convenio. Pero hoy en día lo que necesitamos es una certeza jurídica. Lo vimos en el Presupuesto anterior para este rubro, en lugar de aumentar el presupuesto —al contrario— bajó.

Hoy lo que queremos es que este presupuesto no nada más sea en el ramo jurídico, queremos presupuestos para instalaciones portuarias, queremos presupuestos para los Cumar.

Hoy en día —para su conocimiento, señores diputados— contamos creo que nada más con uno en el puerto de Altamira, que tiene todas las especificaciones, que tiene un departamento de búsqueda y rescate, tiene un departamento de acción inmediata para aquellos terminaleros que están siendo acosados por el crimen organizado.

Nada más un comentario. En el puerto de Altamira, el incremento del cobro de piso por el crimen organizado ha aumentado un 37 por ciento. Pero en Tamaulipas se dice que no pasa nada. Un 37 por ciento el cobro de piso en el puerto de Altamira.

Por eso, por lo antes señalado, apoyamos la reforma en comento, tiene la firme convicción de que este proyecto representará un beneficio, tanto a corto como mediano plazo para la ciudad mexicana.

Nuevamente, por mi conducto, compañero diputado almirante Galván, hágale un extenso reconocimiento a mi almirante, secretario, tanto al almirante Solano, jefe de Estado Mayor, al almirante Castañón Zamacona y al almirante Lendeche, que de veras se han preocupado, por la primera zona naval, por el estado de Tamaulipas. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente, tiene el uso de la voz el diputado Arnoldo Ochoa González, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Arnoldo Ochoa González:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados. En el entorno económico en el que actualmente se desarrollan las naciones, los puertos mexicanos se constituyen como un elemento fundamental de la política comercial y desempeñan una función preponderante en el desarrollo de la economía, no solo a nivel local o regional, sino también en América del Norte y la cuenca del Pacífico.

México tiene una ubicación geográfica estratégica, al tener colindancia con Estados Unidos de América. Sus más de 11 mil kilómetros de litoral y sus 107 puertos lo posicionan como un punto estratégico a nivel mundial para las actividades portuarias.

En la actualidad, los puertos mexicanos se consideran mucho más seguros y eficientes. No obstante lo anterior, debemos reconocer que su nivel de operación aún sigue estando en desventaja con los puertos asiáticos, europeos y de Estados Unidos de América. México debe de mejorar su infraestructura portuaria y su operación para figurar en los centros logísticos internacionales de manera preponderante.

Lo anterior se debe principalmente a condiciones climáticas que afectan los litorales mexicanos, la falta de tecnología e infraestructura adecuadas y las deficiencias de seguridad en las zonas portuarias.

La Secretaría de Marina, en aras de dar cumplimiento con los diversos instrumentos internacionales que nuestro país ha ratificado en materia de seguridad de protección marítima y portuaria ha tomado el liderazgo en torno a la realización de actividades de protección y salvaguarda de las actividades en los puertos mexicanos, con los recursos humanos y materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus funciones de orden militar conferidas a la Armada de México.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el desarrollo costero, marítimo y portuario de nuestra nación es una problemática que requiere de urgente atención. Es necesario que los puertos mexicanos sean centros logísticos integrados en una cadena de transporte continua, eficaz y segura.

Por ello, el dictamen que hoy se somete a la consideración de esta honorable asamblea reviste una importancia fundamental en torno al cumplimiento —y lo subrayo— de los compromisos internacionales de los que México es parte integrante. Asimismo se contempla la protección de las instalaciones portuarias como objeto de la Ley de Puertos, se define el concepto de protección marítima y portuaria, y se establecen atribuciones, organización y funcionamiento de los Centros Unificados para la Protección Marítima y Portuaria, conocidos como Cumar, en una coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina.

Todo esto encuentra eco en las reformas y adiciones que se proponen a través de este dictamen para la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a fin de armonizar las facultades, para lo que se establecen atribuciones para la Secretaría de Marina en materia de protección marítima y portuaria, búsqueda y rescate, y se constituyen funciones y obligaciones en caso de desastres o vertimientos. Y una coordinación entre la Secretaría de Marina y los Centros Unificados para la Protección Marítima y Portuaria, en materia de protección marítima, portuaria y búsqueda de rescate.

En este proyecto coincidimos todos los partidos. Sabemos que hemos avanzado. Requerimos cumplir con nuestros compromisos internacionales. Pero también necesitamos ser claros, en el sentido de que tenemos una propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer el mundo marítimo y portuario, no solo cumplir con nuestros compromisos internacionales, sino buscar, a través del desarrollo portuario, mejores beneficios, mejor crecimiento económico, mejor seguridad y generación de empleos. Muchas gracias, compañeros.

Por último, felicito a nuestro compañero Santos Galván, por haber promovido esta iniciativa en la que concordamos todas las fracciones. Y respetuosamente desde aquí reconocemos las funciones que en materia de seguridad la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes brindan a nuestras instalaciones marítimas y portuarias. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Les damos la más cordial bienvenida y saludamos la presencia aquí de un grupo de alumnos de la Preparatoria Oficial 24, del municipio de Naucalpan, estado de México, invitados por la diputada Cristina Ruiz Sandoval. Bienvenidas y bienvenidos.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 400 a votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 y adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. y adiciona un párrafo al 8o. de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o, fracción VI, y adiciona un sexto párrafo al artículo 8o de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 71 y 73, fracción XXIX-O, y a la luz de lo dispuesto por los artículos 6o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral 1 , fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. El veintinueve de abril de dos mil trece, la diputada Arely Madrid Tovilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o, fracción VI, y adiciona un sexto párrafo al artículo 80 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, misma que fue suscrita por el diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En esa misma fecha, veintinueve de abril de dos mil trece, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y análisis correspondiente.

3. Con fecha doce de septiembre de dos mil trece, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

Señala la iniciadora que la vertiginosa evolución tecnológica ha desarrollado diversas formas de identificar a una persona por sus características biométricas y que generan una gran cantidad de datos personales.

Esa evolución tecnológica ha desarrollado las técnicas de recopilación de información biométrica para la obtención de los datos personales a través a través del reconocimiento de las características fisiológicas de la persona, es decir, el reconocimiento facial, su huella dactilar, el análisis de la imagen del dedo, el reconocimiento del iris, el análisis de la retina, la geometría de la mano, el reconocimiento de la forma y tamaño del oído, el reconocimiento vocal, el análisis de los poros de la piel. Una segunda forma se fija en las formas de comportamiento como la comprobación de la firma manuscrita, el análisis del tecleado, del andar, etcétera.

La iniciadora argumenta que los datos biométricos no han sido incluidos en el marco jurídico vigente. Diversas empresas solicitan al usuario datos como los dactilares que les permiten tener una amplia base de datos biométricos cuyo tratamiento debe ser regulado. Además -continúa- las personas difunden un volumen cada vez mayor de información personal a escala mundial. La tecnología ha transformado tanto a la economía como a la vida social y requiere que se facilite aun más la libre circulación de datos y su transferencia entre instituciones, tanto nacionales como internacionales, por lo que se debe garantizar al mismo tiempo un elevado nivel de protección de datos personales.

La exposición de motivos argumenta, a través de un estudio comparado, que países con amplia tradición en la protección de los datos personales están tomando en cuenta los grandes avances científicos y tecnológicos por lo que proponen incorporar a su marco jurídico la ampliación para el tratamiento de este tipo de datos. Claro ejemplo de ello se encuentra en la Unión Europea en el documento denominado Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en el que en los incisos 10 y 11 del artículo 4 del primer capítulo relativo a las “Definiciones”, establece una clara diferenciación entre información genética y datos biométricos, que a la letra dice:

10) Datos gen éticos, todos los datos, con independencia de su tipo, relativo a las características de una persona que sean hereditarias o adquiridas durante el desarrollo prenatal temprano.

11) Datos biométricos, cualesquiera datos relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan su identificación única, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos.

Por su parte en la 34 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad llevada a cabo el 23 y 24 de octubre de 2012 en Punta del Este, Uruguay, denominada Privacidad y Tecnología en Equilibrio, los expertos del mundo se pronunciaron por reforzar la seguridad de los datos biométricos en sus legislaciones; ya que existe una creciente recolección y conformación de base de datos con base en la biometría del individuo.

Dado que en México se están conformando bases de datos donde se almacena y tratan datos sensibles a través de la información biométrica, la iniciadora considera oportuno actualizar el actual marco normativo para garantizar la protección de los datos personales del individuo en todas sus manifestaciones, incluyendo los de los menores de edad quienes también sus datos sensibles son tratados. De esta forma, la iniciadora concluye que la iniciativa tiene como objeto fortalecer el marco jurídico de la protección de los datos personales en posesión de los particulares en dos aspectos fundamentales: los datos biométricos de las personas y la protección de los menores de edad en sus datos personales, por lo que propone la reforma del artículo 3o, fracción VI, y la adición de un sexto párrafo al artículo 8o de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes:

Consideraciones

1. Si bien la legislación sobre la protección de datos personales, en México, tiene un reconocimiento reciente, los orígenes del derecho a la protección de los datos personales, en cuanto a derecho autónomo respecto de la privacidad y la intimidad, se encuentran en Europa. En 1967 se constituyó en el seno del Consejo de Europa una Comisión Consultiva para estudiar las tecnologías de información y su potencial agresividad hacia los derechos, de las personas, especialmente en relación con su derecho a la intimidad. De esta comisión surgió la Resolución número 509 de la Asamblea del Consejo de Europa sobre los “derechos humanos y nuevos logros científicos y técnicos”.

2. Posteriormente, otros estados nacionales legislaron en materia de protección de datos; en 1977, la República Federal Alemana aprobó la Ley de Protección de Datos de la República Federal Alemana; en 1978, Francia publicó la Ley de Informática, Ficheros y Libertades. Otros países que legislaron en la materia fueron: Dinamarca, la Ley sobre ficheros públicos y privados (1978); Austria, la Ley de Protección de Datos (1978) y Luxemburgo por Ley sobre la utilización de datos en tratamientos informáticos (1979).

3. Hacia la década de los años ochenta el Consejo de Europa respaldó la protección de la intimidad frente a las nuevas tecnologías. Fue determinante el Convenio 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, en vigor el 1 de octubre de 1985, para garantizar a los ciudadanos el respeto de sus derechos y libertades, el derecho a la vida privada frente a los tratamientos de datos personales conciliando el respeto a ese derecho y la libre circulación de la información entre los estados.

4. En nuestro país, el 20 de julio de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a los principios a la transparencia de la información pública gubernamental y las bases de la legislación relativa sobre esta materia. En estos principios, la mencionada disposición constitucional refiere a la protección en los términos establecidos por la Constitución y las leyes secundarias, de la vida privada y los datos personales.

5. Efectivamente, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, publicado el jueves 1 de marzo de 2007 en la Gaceta Parlamentaria, señaló que la reforma del artículo 6o constitucional “Establece una segunda limitación al derecho de acceso a la información, misma que se refiere a la protección de la vida privada y de los datos personales. Esta información no puede estar sujeta al principio de publicidad, pues pondría en grave riesgo otro derecho fundamental, que es el de la intimidad y la vida privada.

Es fundamental esclarecer que aunque íntimamente vinculados, no debe confundirse la vida privada con los datos personales...

La fracción segunda establece también una reserva de ley en el sentido que corresponderá a ésta, determinar los términos de la protección y las excepciones a este derecho”;de esta forma tiene protección constitucional de los datos personales y los derechos con los que cuentan los titulares de los mismos a través del acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO).

6. Así el artículo 6, fracción II, reconoce el derecho a la protección de datos personales señalando que:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. a VII. ...

7. Posteriormente, la reforma a los artículos 16 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009 y 30 de abril de 2009, respectivamente, fortalecieron el régimen de protección de datos personales en posesión de los particulares. La modificación constitucional adicionó al artículo 16 un párrafo segundo para reconocer el derecho a la protección de los Datos Personales, para quedar en los siguientes términos:

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.

8. Con la reforma al artículo 16 constitucional se reconoce y da contenido al derecho a la protección de datos personales. En ese sentido, se plasman los derechos con los que cuentan los titulares de los datos personales como lo son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición (denominados por su acrónimo como derechos ARCO).

9. La adición al artículo 73 de una fracción XXIX-O estableció la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de datos personales en posesión de los particulares, haciendo posible que los ordenamientos sobre la materia tengan un ámbito de aplicación nacional unificando la tutela de los datos personales en todo el país en cuanto a sus principios y procedimientos de protección en todas las entidades federativas; por otro lado, el desarrollo de las nuevas tecnologías y el comercio internacional deben ser regidos por legislaciones donde se traten los datos personales y, en segundo término, la materia de comercio es de ámbito federal conforme a las disposiciones así establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10. La protección de los datos personales está regulada por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada el 5 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación; dicho ordenamiento tiene por objeto la protección de los datos personales para regular su tratamiento legítimo, controlado e informado a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

11. En este ordenamiento se señalan cuáles son los datos personales indicando que son los que afectan la esfera más íntima de las personas cuyo uso indebido pueda perjudicar o traer graves riesgos a sus titulares:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a V. ...

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

VII. a XIX. ...

12. Si bien nuestro país ha dado pasos fundamentales en el acceso a la información pública gubernamental y la protección de datos en posesión de particulares, así como su debido tratamiento, es importante destacar que en esta materia el avance de las tecnologías hace posible el almacenamiento y tratamiento de datos sensibles que pueden revelar la personalidad y aspectos íntimos de sus titulares, entre los que se encuentran los recabados por los sistemas biométricos que permiten la identificación automática de la identidad de las personas.

13. Efectivamente, las técnicas biométricas usadas en las nuevas tecnologías permiten recabar aspectos físicos y fisiológicos de una persona que pueden ser transformados en datos sensibles personales imprimiéndole efectos para ser operativos en cualquier legislación al vincular datos con personas específicas lo que requiere de un tratamiento y protección debidos.

14. La biometría se refiere a sistemas que utilizan características físicas, fisiológicas o elementos de conducta mensurables con el fin de determinar o verificar la identidad supuesta de una persona para ser conservados en soportes y almacenajes que permitan el registro correspondiente.

15. Los datos biométricos implican la información de cualquier persona que lo hace identificables y único del resto de la población relacionándose con aspectos más íntimos de su titular. Algunos ejemplos de datos biométricos son los siguientes:

1. Las huellas dactilares;

2. Análisis de iris y de retina;

3. Geometría de la mano;

4. Venas del dorso de la mano;

5. Patrones de voz;

6. Análisis del ADN;

7. Forma o cadencia al caminar;

8. Análisis de los gestos del rostro;

9. Forma e impresión de la firma o de la escritura.

16. A juicio de los integrantes de esta comisión, la reforma propuesta al artículo 3o, fracción VI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares representa una ampliación sobre el tratamiento y tutela de los datos de identificación de la persona mismo que, en un primer aspecto, implica la defensa de los derechos humanos, la dignidad de la persona, el respeto al derecho a la vida privada, al cuerpo humano y a aspectos más particulares e íntimos como la pertenencia a una raza de la especie humana y que pueden ser almacenados en sistemas gubernamentales y privados.

17. De igual forma, si bien los datos biométricos implican altas probabilidades de identidad correcta de las personas titulares, su debido tratamiento implica evitar cualquier clase de uso indebido y de falsificaciones e impedir el robo de identidad. El almacenamiento y uso de los datos biométricos deben, por lo tanto, evitar toda captura excesiva para cumplir con las finalidades de identidad conforme a los propósitos para los cuales fueron recabados.

18. En este sentido, la Comisión de Gobernación considera viable la reforma al artículo 30, fracción VI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares para incluir en la definición de datos sensibles a los obtenidos por las técnicas biométricas, susceptibles de tratamiento.

19. No obstante, esta comisión realiza modificaciones a la reforma propuesta al artículo 3o, fracción VI, de la Ley Federal de Protección de Datos. Si bien esta modificación quiere consignar el catálogo de datos biométricos, la comisión considera suficiente señalar como datos sensibles sólo los “datos biométricos” entendiéndose todos los que ahí describe la iniciadora, a saber: reconocimiento facial, huellas dactilares, análisis de las imágenes de los dedos, reconocimiento de iris, el análisis de la retina, geometría de la mano, reconocimiento de la forma del oído u oreja, reconocimientos vocales, análisis de los poros de la piel y todas las demás que permitan los avances tecnológicos. Así no se estará limitando esta reforma para ser abierta a la posibilidad de otras técnicas biométricas no mencionadas en el proyecto de decreto.

20. De esta forma, la modificación al proyecto de reforma del artículo 3o, fracción VI, de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares se propone para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a V. ...

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, identificación biométrica, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

VII. a XIX. ...

21. Por lo que hace a la reforma del artículo 8o con el fin de incorporar un párrafo relativo al consentimiento para el tratamiento de datos personales de menores, esta comisión advierte que, desde la pasada administración, se inició la captura y almacenamiento de los datos personales y sensibles de menores de edad a través de la llamada Cédula de Identidad para Menores. Efectivamente, el 19 de enero de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 47, 52, 54, 59, 62 y 63 del Reglamento de la Ley General de Población con el fin ampliar los datos del Registro Nacional de Ciudadanos y el Registro de Menores de Edad.

22. A mayor abundamiento, el artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Población señala cuáles son los datos de los menores mexicanos en el Registro de Menores de Edad, estableciendo los siguientes:

Artículo 52. El Registro de Menores de Edad se conforma con los datos de los mexicanos y mexicanas menores de dieciocho años que se recaben a través de los registros civiles, los cuales deberán ser, cuando menos, los siguientes:

a) Nombre completo;

b) Sexo del o la menor;

c) Lugar y fecha de nacimiento;

d) Lugar y fecha en donde se llevó a cabo el registro;

e) Nombres, apellidos y nacionalidad del padre y la madre del menor;

f) Datos de localización del acta de nacimiento en el Registro Civil, y

g) Clave Única de Registro de Población.

Además, dicho registro contendrá la fotografía, las huellas dactilares y la imagen del iris, que para tal efecto recabe el Registro Nacional de Población.

23. Los artículos 53 y 54 del mismo reglamento establecen la expedición y conformación de la Cédula de Identidad Personal. Dicha cédula de identidad sólo podrá ser otorgada siempre y cuando los padres o los tutores de los menores soliciten dicho documento. Así, el artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Población establece:

Artículo 55. La Cédula de Identidad Personal podrá ser solicitada por los padres o tutores del menor. Cuando éste haya cumplido los catorce años podrá solicitarla personalmente.

24. De acuerdo con lo anterior, esta comisión estima viable la reforma al artículo 8o de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en razón de que las disposiciones secundarias, en el caso de la Cédula de Identidad Personal, requieren del consentimiento de los padres y tutores para la realización de un acto jurídico con efectos plenos en el que intervienen menores conforme a lo establecido en el artículo 23 del Código Civil Federal que advierte que la minoría de edad incapacita jurídicamente por lo que sólo los padres o tutores pueden intervenir legalmente en los actos y que, en el tema que nos compete, conciernen sobre la protección y tratamiento de los datos personales de los menores de edad según lo dispuesto, de igual forma, en el artículo 89 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto que reforma el artículo 3 y adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Artículo Único. Se reforma el artículo 3, fracción VI y se adiciona un párrafo sexto al artículo 8 de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a V....

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, identificación biométrica, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

VII. a XIX. ...

Artículo 8. ...

...

...

...

Si el titular de los datos es un menor de edad, el consentimiento nunca se presumirá tácito. Siempre deberá constar la autorización del padre, madre o tutor cuya validez será verificada por el responsable del tratamiento los datos conforme a las reglas de representación dispuestas en el Código Civil Federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de septiembre de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado Luis Antonio González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, en la actualidad, las comunicaciones, el manejo y el intercambio de datos personales se han convertido en una práctica habitual lo mismo para el sector público que para las empresas, las cuales lo utilizan para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

El uso extensivo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones ha permitido que en muchas ocasiones los datos personales sean utilizados para fines distintos para los que originalmente fueron recabados y que sean transmitidos a instancias diversas a las que el titular de los datos confió la información. Ello indubitablemente viola la esfera de privacidad de las personas.

La evolución tecnológica ha desarrollado diversas formas de identificar a una persona por sus características biométricas y genera una gran cantidad de datos personales. Esta información —la información biométrica— corresponde a los datos relacionados con las características fisiológicas de los individuos, como reconocimiento facial, su huella dactilar, el análisis de la imagen del dedo, el reconocimiento del iris, el análisis de la retina, entre otros. Estos datos en momento alguno han sido incluidos en nuestro marco jurídico vigente. Es por eso que se debe salvaguardar mediante las leyes que no lleguen los datos a otros destinos, como ha sucedido en el pasado, o que puedan ser utilizados para la comisión de ilícitos o fines distintos.

En México desde distintos ámbitos se están conformando bases de datos donde se almacenan y tratan datos sensibles a través de la información biométrica. En virtud de ello, coincidimos en que resulta indispensable actualizar el actual marco normativo para garantizar la protección de los datos personales del individuo en todas sus manifestaciones, incluyendo los de los menores de edad que también sus datos sensibles han sido ya tratados.

Debemos recordar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental que los datos personales sean protegidos.

Un pilar básico y fundamental de un efectivo sistema de protección de datos personales es la garantía de la seguridad de la información, entendida como la implementación de medidas legales, administrativas, físicas y técnicas eficaces para garantizar y velar por la integralidad, confidencialidad y disponibilidad de nuestros datos personales. Ello contribuye a minimizar los riesgos y acciones en contra de nuestra propia información personal.

En Nueva Alianza existe un firme compromiso en favor de la protección de datos personales y el derecho a la privacidad. Ante los riesgos inherentes del desarrollo de la tecnología, es necesario garantizar estos derechos con la instrumentación de las leyes necesarias para protegerlos.

En el Partido Nueva Alianza compartimos la finalidad que se pretende lograr con esta propuesta, consistente en fortalecer el marco jurídico de la protección de los datos personales en posesión de los particulares en dos aspectos eminentemente fundamentales: los datos biométricos de las personas y la protección de los menores de edad en sus datos personales.

Esta reforma representa una ampliación sobre el tratamiento y la tutela de los datos de identificación de la persona, lo que conlleva a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la dignidad de la persona y al respeto irrestricto al derecho a la vida privada.

Así es como en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sabemos de la importancia de la seguridad de la población y de sus datos, para salvaguardarse por quienes lo detenten.

Estimadas y estimados señores legisladores, al emitir nuestro voto a favor de la reforma al artículo 3, fracción VI y la adición de un párrafo sexto al artículo 8 de la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares sabemos que atendemos el sentir de los mexicanos en la protección de su información personal, de aquella que en un futuro pudiera producirse. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, antes de empezar, desde esta más alta tribuna mandamos nuestra solidaridad a todos los agricultores que se están manifestando por nuestro campo mexicano, que se encuentra devastado y —con gobernantes que padecen de miopía— sin ninguna atención.

La protección de datos personales es un derecho que permite controlar la información que compartimos con muchos ciudadanos, así como que dicha información sea usada de manera adecuada para evitar daños a la privacidad de los ciudadanos.

El artículo 16 de nuestra Constitución Política reconoce el derecho fundamental a que los datos personales sean protegidos, por ello todas las personas físicas y morales que cuenten con bases de datos, como escuelas, hospitales, médicos, aseguradoras, empresas, están obligadas a seguir ciertas reglas que garanticen su uso adecuado. Dichos alineamientos están enmarcados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

En la era de las comunicaciones, el manejo e intercambio de datos se ha convertido en una práctica habitual, lo mismo para el sector público que para las empresas privadas, las cuales utilizan nuestra información para el desarrollo de sus actividades cotidianas. Empresas como Facebook y Yahoo se alimentan con los datos que día a día aportan sus usuarios y a la fecha no pueden garantizar la privacidad de estos. Como podemos ver, la misma tecnología que nos permite conectarnos es la que también genera nuevos riegos para la seguridad de la información personal.

La evolución tecnológica y científica ha generado avances que facilitan la vida de las personas y empresas logrando mejoras a la comunicación y la simplificación de trámites y servicios, consiguiendo así que las autoridades adquieran nuevos retos en materia jurídica. Dichos avances ayudaron a la creación de los sistemas biométricos, sector que jurídicamente debemos tomar en cuenta para su pronta atención, ya que éste juega un rol fundamental en los procesos de reconocimiento de personas.

Con esto se ha aumentado la recolección e intercambio de datos, ya que los gobiernos se apoyan en la biometría para identificar a las personas, autenticar su identidad en sistemas informáticos, reforzar la seguridad pública en aeropuertos y ciudades, restringir el acceso a sitios seguros tanto físicos como virtuales. Sin embargo, este rubro al no estar debidamente regulado la información que genera puede llegar a manos de particulares que pueden dar un uso indebido de ésta.

Con esto se ha vulnerado también a uno de los sectores más importantes de la población, como son los menores de edad, ya que por su inocencia no conocen los riesgos que trae consigo la revelación de su información, creando un ambiente total de inseguridad. Por tanto estos deben ser protegidos.

Hoy en día, los desafíos en nuestro país para una mejor protección de datos deben enfocarse en la prevención y en la concientización. Si queremos que cada persona se haga responsable de la información que en forma voluntaria difunde, que aprenda a clasificar y a cuidar sus propios datos, necesitamos mecanismos eficientes que coadyuven en la defensa de los ciudadanos sobre cualquier instrusión y difusión de datos privados.

Son estas razones por las cuales en Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo en que se incluyan en la definición de datos personales sensibles la identificación biométrica, además de prever que en un tratamiento de datos personales si el titular es un menor de edad, el consentimiento siempre deberá estar avalado por la autorización del padre o tutor y su validez deberá ser verificada por el responsable de tratamiento de dichos datos. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Mónica García de la Fuente:Gracias. Con su permiso, presidente. El proyecto de dictamen que el día de hoy les presenta la Comisión de Gobernación, con la propuesta de modificación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, es especialmente relevante por las razones que a continuación les expondré.

Como bien saben, nuestra Carta Magna prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos. En consonancia, este Congreso expidió la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares con la finalidad de garantizar el referido derecho.

La legislación vigente, expedida en 2010, nos coloca como un país de avanzada en la materia y si deseamos mantener dicho estado es necesario adecuar nuestra ley de conformidad con nuestra realidad cambiante.

Debemos reconocer que la tecnología avanza a pasos agigantados. Lo que ayer parecía inconcebible es hoy una realidad. Entre los avances se encuentra la posibilidad de recabar, con tecnología accesible a los particulares, los aspectos físicos y fisiológicos de cualquier persona.

Ante esta situación, la diputada Areli Madrid Tovilla acertadamente propone incluir a los datos biométricos como datos personales sensibles. Incluir en dicha categoría a los datos biométricos permitirá evitar cualquier clase de uso indebido y de falsificaciones e impedir el robo de identidad. Aplaudo esta propuesta por todos los beneficios que acarreará a los particulares y por su espíritu garantista.

En segundo término, la iniciativa propone que si el titular de los datos es menor de edad, el consentimiento nunca se presumirá tácito. Esta modificación equipara el tratamiento que los particulares deben dar a los datos personales de los menores con el régimen que deben cumplir los sujetos obligados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Ley General de Población.

Es un acierto indiscutible, en virtud de que esta modificación protege la identidad de los más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes mexicanos. En este sentido, el dictamen que se presenta es el complemento ideal a la iniciativa que presentamos el diputado Tomás Torres y su servidora el pasado 9 de octubre, que tiene como finalidad última establecer que el Registro Nacional de Menores y la expedición de la cédula de identidad personal sean servicios de interés público que preste el Estado.

Además, se define a la cédula de identidad para menores como una identificación gratuita —que contiene los diversos datos personales de los menores— y protege, tanto la identidad jurídica como el nombre, la CURP, el nombre de los padres, así como la física, el rostro, el iris y las huellas dactilares del menor.

En consecuencia, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos en la obligación que tenemos, como órgano legislativo, de propiciar normas de este tipo. Es por esto que reiteramos nuestro compromiso con la protección de los derechos de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes:Con el permiso de la Presidencia. Las leyes responden o deben responder a los cambios vertiginosos que las sociedades enfrentan, de manera que sean útiles y capaces de adaptarse a las necesidades que los diversos contextos implican.

El avance tecnológico y de la información que experimentamos en los últimos años es donde se han materializado muchas de las cosas que anteriormente eran dignas de la ciencia ficción. Nos obliga a reflexionar y poner al día nuestros marcos normativos para regular de manera adecuada toda esta escala de transformaciones globales.

En recientes días hemos visto cómo el papel de la tecnología y la información en la era global —la cual tantos beneficios ha traído consigo— también puede ser utilizada de manera perjudicial para influir o controlar la agenda, ya sea de individuos investidos con poder político, instituciones, inclusive Estados mismos.

El tema de la confianza y el de la ética en las relaciones internacionales ha colocado sobre la mesa el debate del asunto de la regulación de las tecnologías y la protección de datos. Aunque el tema global citado desde luego escala otro tipo de discusión, en la que por cierto, el Estado mexicano debiera hacer un llamamiento más enérgico para condenar el espionaje del que ha sido objeto.

En este contexto interior debemos tomar como un mal ejemplo estos casos internacionales, para que en virtud de garantizar el derecho a la privacidad de las personas actuemos en consecuencia y actualicemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para que cumpla su función de salvaguardar de manera efectiva los datos sensibles de las y los mexicanos.

Por ello, el presente dictamen tiene como objetivo garantizar el respeto a la privacidad, dignidad e información de las personas a partir de los cuatro derechos fundamentales que toda persona tiene sobre su información: acceso, rectificación, corrección y oposición.

Al respecto, el tema biométrico es una manera de identificación y clasificación de las personas, cada vez más recurrente y utilizado en diversos ámbitos, en el que los rasgos físicos, biológicos o de comportamiento son el medio de identidad de los individuos.

Estos datos generados por la biometría deben ser considerados como sensibles, dado que se relacionan con el nivel más íntimo de su titular, pues no solo revelan una identificación superficial, sino que nos muestran características de origen étnico-racial, e incluso su estado de salud.

Por tanto, la biometría como avance tecnológico garantiza la integridad y la autenticidad de los datos recabados de manera que estos son operacionalmente eficaces. De ahí que sea indispensable tomar medidas protectoras adicionales a fin de salvaguardar la privacidad e integridad de las personas.

No debemos olvidar que pese a que virtualmente las formas de identificación biométrica son imposibles de olvidar o robar y difíciles de adivinar, los sistemas biométricos sí son vulnerables a los ataques, sobre todo en lo concerniente a la base de datos y su mal uso.

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática somos conscientes de la necesidad de adecuar el marco regulatorio para que brinde la certeza y protección completa que conlleva a establecer a los datos biométricos como una categoría específica dentro del marco de protección a la información personal.

En ese sentido, la regulación legal de los datos biométricos ayuda a prevenir ambigüedades que puedan generar controversias y además establece las reglas necesarias para el correcto resguardo de la información sensible de las personas. Por estas razones es que en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnas y alumnos de la Escuela Primaria Círculo Mexicano de Integración Educativa, que están hoy aquí muy contentos, invitados por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena. Bienvenidos a la sesión.

Tiene la palabra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado José Arturo Salinas Garza.

El diputado José Arturo Salinas Garza:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, durante los últimos años este Poder Legislativo ha dado grandes avances en la protección y defensa de los derechos humanos y de los derechos que también consagra nuestra Constitución en materia de datos personales.

Actualmente los avances tecnológicos han desarrollado técnicas de recopilación de información biométrica para la obtención de datos personales, lo que nos obliga en este Congreso a avanzar en la actualización de nuestro ordenamiento jurídico en materia de protección de datos personales y que haga efectiva la obligación de las autoridades de garantizar su ejercicio correcto, sobre todo basado y vigilando que no cualquier persona pueda llegar a tener la disposición de información de estos datos. Es justamente la consecución de este fin lo que se discute el día de hoy en este dictamen.

Como sabemos, el uso y control de los datos concernientes a cada persona es un derecho fundamental protegido por nuestra Carta Magna y por tanto garantizado mediante mecanismos de protección idóneos, como lo hace en este caso la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Si bien esta ley establece lo que se entiende por datos personales, existen algunos datos que pueden determinar la identidad de una persona y que por ello deben ser considerados como tales, ya que por su propia definición y naturaleza corresponden a identificar a su titular.

Tal es el caso de los datos biométricos, los cuales son considerados como aquellos rasgos físicos o biológicos de un individuo, que identifican a una persona como única del resto de la población, entre los que se pueden mencionar las huellas dactilares, los datos del iris, retina del ojo, rasgos faciales, entre otros.

Sin embargo, estos datos, al no encontrarse considerados como datos personales podría argumentarse que estos no deben ser protegidos. Por ello y para evitar que aquellas personas físicas o morales que tuvieran en su posesión algunos de estos datos les den un mal uso es que este dictamen considera oportuno agregar estos datos en la reforma que hoy se discute.

Se considera correcta la adición de los datos biométricos dentro del listado de datos personales sensibles que prevé la Ley Federal de Protección de Datos Personales, además de especificar las obligaciones que tienen los tutores de los menores en edad de la materia.

En este segundo tema es muy importante y oportuna la inclusión en el dictamen de la reforma al artículo 8 de la misma ley, con la finalidad de proteger de igual forma los datos personales de los menores, ya que hace indispensable la autorización del padre, madre o tutor para la utilización de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Código Civil Federal y no se presuma tácito. Esto para dar certeza y seguridad a la información que se ha recabado en los últimos años para la implementación de la cédula de identidad personal.

Compañeros diputados, en Acción Nacional estamos ciertos que las leyes deben de evolucionar conforme la actualidad lo demanda y más aún cuando se trate de derechos fundamentales del ser humano, lo cual es una de las principales acciones que debe llevar a cabo cualquier Estado, ya que ello genera seguridad jurídica y por tanto bien común en la sociedad.

Por ello, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor de la aprobación del presente dictamen y reafirmamos nuestro compromiso por fomentar la protección de la privacidad de los datos personales de las y los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez:Con su venia, señor presidente. Hago uso de la palabra para pedir el voto a favor del dictamen que hoy se discute, toda vez que para los diputados del Grupo Parlamentario del PRI la protección de los menores de edad, de sus datos personales, son elementos indispensables para asegurar su autonomía y su decisión, en cuanto a los alcances de su vida privada.

El resguardo de los datos personales y el derecho a la vida privada son valores respetados en todas las sociedades democráticas y por ello es obligación de todo gobierno garantizar su resguardo y protección, mediante los instrumentos adecuados para que la información de identidad de la población se mantenga dentro de la esfera de la vida privada.

Actualmente los avances tecnológicos permiten contar con mayores niveles de seguridad y acceso a instalaciones y sistemas, así como la implementación de base de datos para hacer más fácil y rápida la identificación de las personas.

La base de construcción de los sistemas biométricos consiste en la utilización de propiedades únicas de las personas, como son las huellas dactilares y el ADN. Por ello, existen una serie de riesgos en torno a su utilización que es importante conocer para proveer de las correspondientes medidas de protección a la población. Es decir, una legislación que permita hacer frente a esta nueva problemática que es de mayor importancia en la salvaguarda de la privacidad de la población.

Con la aprobación del presente dictamen —mismo que deriva de una iniciativa de nuestra compañera diputada Areli Madrid Tovilla— estaremos implementando medidas para la protección de niños, niñas y adolescentes en torno al uso de sus datos personales y especialmente en su componente biométrico.

Las presentes reformas incluyen la identificación biométrica como parte de los datos personales sensibles, con lo que será objeto de protección por parte de la legislación federal y que nuestro país se encuentre a la vanguardia en torno a la regulación de su uso.

Además de lo anterior, se establece que el consentimiento para la utilización de datos personales en el caso de los menores de edad nunca será tácito, debiendo constar en todo momento la autorización del padre, madre o tutor, cuya validez será verificada por el responsable del tratamiento de los datos, conforme a las reglas de representación dispuestas en el Código Civil Federal.

Compañeras y compañeros legisladores, la utilización de la biometría es un motivo de profundas restricciones y es necesaria su regulación desde el punto de vista de la protección de derechos y libertades fundamentales de las personas, por lo que es fundamental considerar los fines para su utilización y en especial en el caso de las niñas, niños y adolescentes, así como evaluar las ventajas e inconvenientes que su uso traen, ya que en todo momento se encuentra en riesgo la vida privada de las personas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores y al no haber artículos reservados, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación).

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 373 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 3 y adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

COMENTARIOS SOBRE LA SITUACION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre la situación de seguridad pública en el estado de Michoacán. Se han registrado para hablar sobre este tema la diputada María Sanjuana Cerda Franco, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, la diputada Verónica García Reyes, la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar y el diputado Eligio Cuitláhuac González Farías.

En consecuencia, tiene el uso de la voz la diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. En medio de un clima de incertidumbre y zozobra hoy México trata de conciliar el sueño. Municipios como Matamoros en Tamaulipas, Lázaro Cárdenas o Apatzingán en Michoacán mantienen a la población en sus casas, refugiados de esa ola de violencia, que aterra también otras ciudades en nuestro país.

Es cierto, se trata de una guerra heredada que de origen se asumió vacía en el ámbito estratégico e inerte en el sentido de una planeación. En este contexto, acudo ante esta máxima tribuna para expresar algunas de las preocupaciones que invaden desde hace algunos años a millones de ciudadanos a lo largo del territorio nacional.

¿Hasta cuándo vamos a resolver el problema de la inseguridad y del crimen organizado? ¿Hasta cuándo asumiremos que este problema requiere de acciones y programas con una estrategia integral que comprometa coordinadamente a los Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno? ¿Hasta cuándo las y los mexicanos que estudiamos, que trabajamos o que simplemente transitamos con libertad podremos volver a las calles y caminar con la tranquilidad de que hay un estado de derecho que impera ante cualquier acto que transgreda el mandato de la ley? ¿Hasta cuándo vamos a percibir en la realidad lo que en distintas leyes reformamos en materia de seguridad y legalidad?

Compañeras y compañeros diputados, los principios de libertad y seguridad se encuentran establecidos en nuestra Carta Magna y las leyes que de ella emanan, de manera que debemos asumir que se trata de garantías fundamentales que están intrínsecamente ligadas a los principios de legalidad y del estado de derecho, pilares fundamentales de una democracia.

Sin embargo, nuestra realidad en los últimos años dista notablemente de la legislación. Hoy es evidente que para los miles de familias de Michoacán o Tamaulipas la ley simplemente no existe y por eso la necesidad de que el gobierno federal, a través del Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Federal recobre las responsabilidades de seguridad en estas entidades.

El problema no es menor, en eso tenemos coincidencia. Es evidente que la percepción de inseguridad permea en una parte importante de la sociedad mexicana y esto termina por impactar en el desarrollo económico y social de nuestro país.

La frialdad de las cifras muestra la realidad lacerante de nuestro sistema de seguridad pública y de procuración de justicia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2013, elaborada por el Inegi, la tasa de delitos durante 2012 fue de 35,139 por cada 100 mil habitantes de 18 y más años, mientras que en 2011 la tasa fue de 29,372 delitos por cada 100 mil. Esto es un incremento de 5 por ciento en solo un año.

Hoy las y los mexicanos nos sentimos inseguros. Así lo muestra el índice sobre la percepción de inseguridad, que aumentó del 66.6 por ciento en 2012, a 72.3 por ciento en este año. Aunado a lo anterior, lo más preocupante es la cifra negra de la denuncia; es decir, los delitos donde no se inició alguna averiguación previa. En el 2012 ésta ascendió a 92 por ciento; es decir, cerca de 25.5 millones de delitos no fueron denunciados.

Los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son atribuibles a la autoridad, ya sea porque consideran que la denuncia es una pérdida de tiempo o lo más grave, no confían en el Ministerio Público.

Inseguridad, impunidad y desconfianza hacia las autoridades responsables de procurar justicia son elementos cuya combinación nociva explican en mucho lo que está pasando en gran parte de nuestro país.

En los últimos años, el Congreso de la Unión ha expedido una serie de reformas legales que van desde cambios a la Constitución, como la modificación y creación de leyes que otorgan más atribuciones a la autoridad, incrementando la capacidad de acción del Estado a fin de combatir con más y mejores mecanismos a los grupos delincuenciales que operan en territorio nacional.

Lo anterior, sin menoscabo de los esfuerzos presupuestales que anualmente se realizan para dotar al rubro de seguridad pública de los recursos suficientes que permitan a las autoridades de los tres niveles de gobierno hacer frente a este problema que acecha a la población.

Compañeras y compañeros legisladores, la federación, los estados y los municipios cuentan hoy con las herramientas jurídicas institucionales para llevar a cabo acciones coordinadas de duro enfoque proactivo y no reactivo que se traduzcan en seguridad y tranquilidad para las familias mexicanas.

En Nueva Alianza estamos conscientes que para resolver el flagelo de la inseguridad la ciudadanía no puede esperar un día más. Insisto, el marco jurídico está dado, ahora se requiere un replanteamiento de la estrategia que nos permita evaluar permanentemente, desde su etapa de construcción hasta su ejecución, si vamos en la dirección correcta. Que nos permita regresar a la ciudadanía la seguridad que tanto añora.

Solo así, con mecanismos de transparencia, evaluación y rendición de cuentas podremos estar seguros de que estamos en el camino correcto. Hacer un mejor país, en el que el día de mañana nuestros hijos puedan caminar con la tranquilidad que algún día tuvimos.

Desde el Congreso daremos seguimiento a las acciones implementadas por los distintos órdenes de gobierno para acabar con la impunidad que aqueja a nuestro sistema de justicia, vigilaremos que los recursos destinados a la seguridad pública sean aplicados con eficacia, eficiencia y transparencia para dotar a los cuerpos de seguridad de la capacidad para afrontar el desafío del crimen organizado.

Exhortamos a todos los actores involucrados a trabajar arduamente para recobrar la confianza de la ciudadanía, porque la falta de denuncia de los delitos solo facilita el trabajo de los delincuentes.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que para combatir a la delincuencia de manera eficaz requerimos de una política integral de seguridad pública, y de confianza hacia todos los órdenes y autoridades de gobierno. Muchas gracias por su atención. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Alberto Anaya Gutiérrez:El Partido del Trabajo quiere expresar su punto de vista en relación con los hechos tan lamentables y la inseguridad que priva, no nada más en el estado de Michoacán, sino en todo el país.

Indudablemente que estamos de acuerdo en que se realicen acciones en las que no solamente se vean involucrados el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, los cuerpos policiacos, el Ejército y la Marina o el gobierno estatal y municipal. También creemos que debe de coordinarse con la sociedad en su conjunto, pero queremos hacer la reflexión de porqué esta situación.

Desde nuestro punto de vista, se vive desde el 2000 una estrategia deliberada para introducir al país en forma masiva armas de todo calibre, no nada más fusiles de asalto, sino morteros, lanzagranadas, ametralladoras Barret, calibre 50, antiaéreas. Eso a ciencia y paciencia y con la complicidad del gobierno mexicano que no ha puesto un límite a este tipo de acciones.

De entonces a la fecha hemos visto, no nada más en Michoacán, sino en muchas regiones del país, que el crimen organizado ha infiltrado a todos los niveles de gobierno, tanto a nivel federal, estatal y municipal.

Empezaron dándoles recursos a manera de soborno para contar con su complicidad. Pero hoy la situación es que en muchos lugares prácticamente las autoridades se han convertido en empleados del crimen organizado. Es decir, numerosos municipios del país están ya gobernados directamente por el crimen organizado.

Los policías se encuentran en sus narco-nóminas y no están para proteger a la población, sino para protegerlos a ellos, o en coadyuvar en sus acciones de delitos. En esa perspectiva, estamos viviendo una situación de un Estado fallido, un Estado que no es capaz de defenderse a sí mismo, como hoy ocurre en el estado de Michoacán u ocurre también en el estado de Tamaulipas, particularmente en Matamoros.

Un Estado que no es capaz de garantizar la integridad, la seguridad, no es capaz de garantizar las propiedades, las posesiones, o bien, la seguridad de las familias y la integridad de las personas. Un Estado que no tiene capacidad para imponer el estado de derecho.

Estamos nosotros también preocupados porque en muchas regiones del país se ha formado de manera paralela un verdadero narco-estado. Es decir, narco-gobiernos que son los que imponen leyes, que son los que cobran derecho de piso, los que realizan secuestros, que son también los que en forma sistemática están haciendo desapariciones y lo que es más grave, acciones de reclutamiento a manera de leva, como ocurría en la Revolución Mexicana, cuando los distintos grupos delincuenciales se debilitan.

Están recurriendo a acciones de reclutamiento forzoso con muchos de los jóvenes que en la mayoría de las ocasiones, ante la falta de una política económica y una política social que les garantice empleo, que les garantice educación, que les garantice posibilidades y oportunidades de vida para poder desarrollarse, están también encauzándose por la salida falsa de incorporarse al crimen organizado.

En el caso concreto de Michoacán, sí urge que se implemente una coordinación en todos los órdenes de gobierno, tanto a nivel federal, estatal y municipal. Urge también que de alguna otra manera la sociedad en su conjunto también colabore para que ese tipo de situaciones puedan controlarse.

Urge desde luego que cambiemos el modelo económico que permita crecimiento, que permita también oportunidades de educación a los jóvenes, que permita y posibilite desarrollo en el campo, que permita impulso a la pequeña y mediana empresa y, en general, detone también desarrollo y empleo para los jóvenes.

Ver la situación de la solución del crimen organizado solamente con acciones del Ejército y de fuerza es equivocado, deben de ser políticas sociales, deben de ser programas de empleo, deben ser programas de becas para los jóvenes, debe ser el impulso al desarrollo regional y sectorial, debe de ser un cambio radical al modelo económico que desde 1982 a la fecha se ha convertido en una verdadera fábrica de pobres.

En tanto no se vea este problema de manera integral, en tanto no se tenga claridad que es el cambio de modelo económico lo que nos ha llevado a esta situación de violencia, las cosas no van a terminar. No es con acciones policiacas únicamente, es con programas sociales como este problema va a poderse resolver de manera integral. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Compañeras y compañeros legisladores, ayer en la Junta de Coordinación Política se planteó este tema para ser parte de la agenda política del día de hoy, y se discutió que no solo es Michoacán, es todo el país o la mayor parte de los territorios de la República.

Nuestro país es un Estado enfermo y sus patologías son de diferente naturaleza. Las hay económicas, políticas y sociales y vivimos graves problemas de gobernabilidad, cohesión social y armonía comunitaria. A esto le sumamos la inocultable recesión económica y la falta de empleos para millones de jóvenes del país.

Sin embargo, la más grave enfermedad de la República es que se encuentra corroída por el cáncer del crimen organizado. Cáncer que está enquistado en las estructuras de poder del país y este cáncer sin duda amenaza con colapsar a nuestro Estado.

La inseguridad es el principal desafío para el Estado democrático del país. Y hay que decirlo con todas sus letras, la estrategia de combate al crimen organizado que inició Felipe Calderón Hinojosa y que lleva a cabo el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto ha sido un reverendo fracaso.

Como una gran ironía del destino, donde inició en diciembre de 2006 un nuevo modelo de política de combate a la inseguridad es donde se vive el entorno más sanguinario. En este país crecen día con día las extorsiones, los secuestros y vastos territorios siguen siendo presa de la delincuencia organizada.

Michoacán —para infortunio de ese gran y hermoso estado del país— es la expresión más dramática de la putrefacción que se vive y es —sin duda y por grave que se diga— el origen de un narco-estado, de un Estado fallido.

La debilidad estructural del gobierno ha permitido el infiltramiento de las corporaciones policiacas por parte de la delincuencia organizada, lo que ha traído como consecuencia el control territorial de regiones enteras por parte de diferentes grupos delictivos del país.

Este deterioro y esta inseguridad, compañeras y compañeros diputados, no es producto de generación espontánea ni es una calamidad bíblica, tiene su origen en gran medida en la manera como se constituye el poder político en el país.

La mercantilización de la política, la inoperancia de los órganos electorales, el derroche de recursos que se ocupan para que algunos lleguen al poder ha generado que algunos busquen el financiamiento, el dinero de los grupos de la delincuencia organizada.

Las consecuencias de ello están a la vista. Cuando se pacta con el crimen se reciben recursos ilegales y se compran cargos públicos en colusión con la delincuencia o los poderes fácticos. La autoridad se encuentra maniatada ante esos suprapoderes.

Del cobro de facturas pasan a las amenazas y de las amenazas a los actos criminales y hoy lo que estamos viviendo es que pasan ya a los actos terroristas. Al abrirle y facilitarle el paso a los grupos delincuenciales acaban por hacer presa de su poder corruptor y criminal a comunidades, pueblos y ciudades enteras.

En Michoacán se ha creado un Estado dentro del estado. Un Estado criminal paralelo, donde la delincuencia cobra impuestos ilegales a través de las extorsiones del llamado cobro de piso.

Por eso insistimos, origen es destino y la ilegitimidad del acceso al poder mancha la conducción del gobierno. No basta la fuerza del Estado, no bastan los despliegues policiacos, no basta que se inunden las carreteras y calles de policías y del Ejército para afianzar la gobernabilidad de un Estado.

Es imprescindible la autoridad moral del gobernante. Sea federal, estatal o municipal. Los gobernantes que surgen de procesos manchados no tienen la autoridad para imponer el orden. Quien negocia con grupos criminales para abastecerse de recursos económicos o amedrentar a sus adversarios termina por someterse a ellos.

¿Cuántos gobernadores, cuántos alcaldes y cuántos legisladores han incurrido en el financiamiento ilícito de narcotraficantes o miembros de la delincuencia organizada? ¿Cuántos han negociado plazas, posiciones en mandos policiacos para financiar sus campañas y proyectos políticos?

Los más cínicos —incluso— en su apetito insaciable de poder, no vacilan en negociar posiciones y plazas con grupos de la delincuencia que se encuentran enfrentados. Y ahí está el saldo a la vista. Ahí está la nociva intervención del crimen organizado en los aparatos de seguridad pública.

La sombra de Michoacán permea en todo el territorio nacional. Es hoy la realidad política de este México convulsionado y lastimado, de este México polarizado. Lo mismo en Michoacán que en Matamoros, Tamaulipas, donde la alcaldesa llama a los ciudadanos a no salir de sus casas, o en la Laguna, en Torreón, donde cierran los comercios ante la incapacidad de las policías.

Por eso podemos afirmar con toda responsabilidad que el modelo policiaco represivo ha fracasado. Y que este gobierno no cumple con su función básica y esencial: garantizar la paz y la seguridad de la población. Tampoco ayuda a recuperar la concordia social y la seguridad la República de agravios en que han sometido al país con reformas lesivas.

Hoy, prácticamente no hay un sector que no haya sido golpeado, lo mismo trabajadores, maestros, campesinos, clases medias, habitantes fronterizos, empresarios, ninguno ha dejado de ser golpeado por reformas lesivas y ahora por el linchamiento mediático desde los aparatos de poder.

Si no se construye desde abajo un nuevo modelo de coexistencia política y social la República terminará por derrumbarse. Sin un cambio verdadero y un nuevo rumbo para la nación este país no podrá salir adelante. Por eso —y concluyo con ello— es fundamental que comparezca el gabinete de seguridad nacional.

Hoy, hace unos momentos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmaba que se va a pacificar Michoacán y Tamaulipas. Lo que queremos son hechos y no palabras. Y lo que queremos es rendición de cuentas para recuperar la seguridad de Michoacán y la seguridad de todo México. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como bien se ha dicho aquí por algunos compañeros, el tema de seguridad no es exclusivo de un estado, tampoco y mucho menos exclusivo de una persona, como se ha querido señalar.

La verdad es que los michoacanos, quienes sí vivimos allá, quiénes sí sabemos cómo se viven las cosas en el estado sabemos que hay una situación mucho muy compleja, mucho muy difícil. Pero por muy lejos, jamás hablar de un estado fallido o de un estado de ingobernabilidad.

Me parece completamente irresponsable que diputados —que seguramente hace mucho que ni siquiera van a Michoacán— hoy vengan a decirnos que ellos son la panacea y hablan de autoridad moral.

Como el diputado que me antecedió, que viene a decir que se necesita autoridad moral para gobernar. Según él, su amigo, el presidente municipal de Acapulco, Guerrero, Walton la tiene. Y recordarle que el municipio de Acapulco es de los que más tiene hoy asesinatos, esto está documentado. Entonces, ¿por qué su amigo no lo ha podido resolver, si estamos hablando que esto se resuelve con autoridad moral?

También no es permisible que senadores, también de otros partidos políticos, como lo han hecho por sacar raja política, por estar pensando en el 2015, vengan a hablar con la mano en la cintura y con una sonrisa de lado a lado de que se aplique la desaparición de poderes en Michoacán.

Así no le ayudan a nuestro estado, por mucho así no le ayudan a nuestro estado. Y si lo hacen por compañerismo de amigos senadores y amigos diputados de esta entidad y que están pensando ya en el 2015, flaco favor nos hacen.

Por eso nosotros, hoy en la fracción del Partido Verde Ecologista, por supuesto que nos sumamos a las acciones que se puedan emprender a favor de este estado, que sabemos que son muchas las necesidades, que sabemos que son muchas las acciones que se requieren. Pero porque fue un estado en el que por egos personales de Felipe Calderón, por egos personales de Leonel Godoy, gobernador en ese entonces, que no se hablaban, que no se podían coordinar, que se volteaban y se enseñaban la lengua, eso es lo que permitió que la delincuencia creciera de manera exponencial en este estado y eso es lo que permitió que no se avanzara en el tema de seguridad.

Y quieren culpar ahora a un gobierno que lleva apenas un año y medio, y que todo es por culpa de este gobierno priista, eso no se vale, es completamente irresponsable señalarlo en esa medida.

Nosotros creemos que para poder resolver el problema en Michoacán —y no solamente en Michoacán, porque también es irresponsable solamente focalizar a un estado, es un tema, un problema nacional— creemos que la manera en que le vamos a poder ayudar, es tarea de todos los que estamos aquí, de las 500 diputadas y diputados que formamos parte de esta Legislatura y que vamos a poderle ayudar a Michoacán el 15 de noviembre, el día que vamos a votar el Presupuesto. Ese día le podemos ayudar a Michoacán y no con declaraciones ocurrentes, no con declaraciones absurdas que solamente pretenden sacar raja política.

Los michoacanos estamos cansados de actores políticos que no son de allá, que con la mano en la cintura hacen declaraciones irresponsables y que solamente vienen a polarizar más el tema y que en nada le abonan a la entidad.

Hoy por fin hay una coordinación entre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el gobernador Fausto Vallejo Figueroa y esas acciones se empiezan a reflejar en estas zonas que han estado marginadas por mucho tiempo. Por eso el crimen organizado empieza a dar sus patadas, porque ahora así empieza a haber este trabajo de coordinación, este trabajo de inteligencia, que tanto se requiere en esta entidad.

Pero también, ¿cómo vamos a poder resolver el problema que tenemos? Ayudándole con programas sociales. Éste es un tema de descomposición social, que no se generó en un año, que no se generó en un año y medio, que se generó —repito— por 10 años de malos gobiernos en Michoacán del PRD y por 12 años de malos gobiernos a nivel federal. Eso es lo que tiene a Michoacán en esta severa problemática y ahora con mucha irresponsabilidad quieren señalar a un gobierno de un año y medio. No se vale.

Entonces, necesitamos bajar muchos programas al campo, necesitamos bajar muchos programas para empleo —porque eso es lo que permite que los muchachos volteen a ver al crimen organizado ante la falta de oportunidades—. Por eso, repito, si realmente quieren ayudar a Michoacán, no es con declaraciones ocurrentes, no es con absurdos en medios de comunicación, es el 15 de noviembre al votar ese Presupuesto.

Y si estamos hablando de gobernantes con alta moral, Fausto Vallejo Figueroa es uno de ellos. Ha sido cuatro veces presidente municipal de Morelia y siempre ha dejado excelentes resultados y cuentas con cero observaciones, que no cualquiera lo hace. Eso es lo que necesitamos, gobernantes serios, como Fausto Vallejo Figueroa. Pero necesitamos una clase política responsable, necesitamos una clase política que se comprometa de a de veras y que no solamente ande haciendo declaraciones absurdas, repito.

Por eso nosotros exhortamos a que se siga dando esa coordinación entre gobierno federal y que se siga dando esa coordinación entre gobierno del estado para ver acciones contundentes, como la que estamos viendo hoy en el municipio de Lázaro Cárdenas, que era uno de los que estaban más copados por el crimen organizado y que, sin duda alguna, a la brevedad posible veremos resultados tangibles y que después se podrán replicar seguramente en las demás regiones que hemos venido viendo problemáticas. Por eso los invitamos —repito— a que este 15 de noviembre nos sumemos en favor de Michoacán. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Verónica García Reyes.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Para alusiones personales, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No procede, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Bueno desde aquí...

El Presidente diputado José González Morfín: No hay un tema a discusión. El Reglamento dice que es un tema deliberativo y son las posturas de los grupos parlamentarios.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Aquí, permítame. Termino ahora, presidente, voy a hacer uso de la palabra desde aquí. Nunca hablé de Fausto Vallejo, pero hay quien le puso el saco. Sí, el gobierno de Fausto Vallejo ha sido nefasto.

Somos representantes de la nación, aquí somos diputados de todo el país y he conocido Michoacán. He estado varias veces y he acompañado a mi compañero y amigo Silvano Aureoles, que seguramente hubiera hecho un mejor gobierno que este personaje que ha sido nefasto y siniestro para Michoacán.

El Presidente diputado José González Morfín: Discúlpeme, diputado, pero ése no es el tema que se está discutiendo.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Y usted, diputado, en lugar de ser lambiscón debería votar en contra de tanto impuesto para la gente de Michoacán. Ya basta de diputados lambiscones y levantadedos como usted.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Verónica García Reyes:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputados, quiero comentarle al diputado Ernesto Núñez, con todo respeto, que el que da explicaciones no da resultados. Resultados necesitamos en Michoacán, no queremos explicaciones ni excusas, hoy queremos resultados.

Hoy Michoacán me duele. Hoy nos duele a muchos hombres y mujeres quienes vemos la violencia en el estado, la cual ha venido creciendo de manera preocupante y notoria. Hoy no pretendemos examinar el pasado para hacer señalamientos ni acusaciones o fincar responsabilidades estériles. Solo espero ser la voz de muchos hombres y mujeres que esperan resultados solo para vivir en paz.

Las confrontaciones entre la delincuencia organizada, las fuerzas federales y estatales y las propias organizaciones de los habitantes han sido cada vez más frecuentes, dejando a la mayoría de la población en la indefensión absoluta.

En medio de esta violencia, las finanzas del estado sufren de una insolvencia grave, que deriva en la falta de servicios públicos fundamentales, el incremento de la deuda pública, y como consecuencia la desactivación económica que ha dejado a muchas empresas en quiebra o al borde de ésta.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Colegio de Economistas del estado de Michoacán señalan que los empleos directos en el sector turismo han ido a la baja. La derrama económica disminuyó de 11 mil 500 millones de pesos en el 2006 a 9 mil 900 millones en el 2012. El producto interno bruto de la actividad turística estatal bajó de 8.9 por ciento a 8.6 por ciento.

Por si lo anterior fuera poco, han salido del estado empresas que contribuían de manera importante al desarrollo económico. Estas cifras son contundentes. Michoacán vive no solo una crisis política y de seguridad, sino también una grave crisis económica.

En consecuencia, es indispensable que el Estado mexicano en su conjunto tome medidas financieras y presupuestales que garanticen al empresariado de Michoacán la reactivación de la actividad económica en el estado.

En los últimos días se ha agudizado con fuerza la problemática de inseguridad en la entidad, hasta llegar a la realización de actos de sabotaje a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en diferentes puntos de la entidad.

En otros momentos hemos vivido episodios de violencia y hemos denunciado la gravedad de la situación de la cual somos víctimas los habitantes a lo largo y ancho del estado, en el que se sufren las amenazas, el secuestro, la extorsión, el cobro ilícito de derechos de piso y venta de protección so pena de represalias que conllevan a la posibilidad de perder la vida.

No obstante, el día de hoy amanecimos con la noticia de que tropas del Ejército Mexicano y la Marina Armada han tomado el control civil y administrativo, literalmente, del puerto de Lázaro Cárdenas, cuarto en importancia a nivel nacional, destituyendo a más de 250 policías municipales.

Adicionalmente, cifras no oficiales sitúan en alrededor de 920 las víctimas mortales de estos enfrentamientos únicamente en lo que va del año. Esto no es solo una situación grave, es un peligro, es un grave riesgo para la seguridad y el orden público y es deber del Estado mexicano resguardar el único bien jurídico fundamental de la población cuya pérdida no se puede resarcir: la vida de todas y todos los habitantes de Michoacán.

Compañeros legisladores, sumemos esfuerzos, no solamente haciendo un llamado enérgico a las autoridades municipales, estatales y federales para garantizar el orden público, sino para que en el uso de nuestras facultades generemos mejores situaciones presupuestales para el estado de Michoacán.

Resulta por ello importante no solo que se refuerce la presencia de los agrupamientos de seguridad y los mecanismos de coordinación entre las fuerzas militares y policiales de los tres ámbitos de gobierno para que los ciudadanos no se vean obligados a tomar las armas en propia defensa, por lo que debemos de establecer que las políticas que deben implementar contengan una orientación integral que atienda no solo las contingencias inmediatas del acontecer cotidiano de la vida en la entidad, sino también las causas fundamentales que generan esta situación y en consecuencia atender los problemas estructurales que afectan a toda la población.

Es por ello que el día de hoy levantamos la voz para que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno atiendan de manera urgente la situación de emergencia en el estado de Michoacán de Ocampo, para que juntos generemos las condiciones necesarias y todos los Poderes del Estado mexicano, en los diferentes ámbitos de gobierno, proporcionemos los recursos que permitan la solución a esta grave situación.

Como hemos señalado en ocasiones anteriores, es deber del Estado mexicano desde su fundación, pero primordialmente a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de fecha 10 de junio del 2011, establecer las condiciones indispensables para que todas y todos los habitantes del territorio mexicano, así como por quienes transitan por él gocen a plenitud de sus derechos.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos parece de elemental responsabilidad hacer los llamados necesarios en la búsqueda de una solución integral al problema que nos lleve de verdad a la recomposición del tejido social. No es con actos de represión estatal, sino con la acción necesaria e insustituible de las funciones del Estado y que tiene que ser correspondiente con la promoción y protección de los derechos humanos.

El construir y poner en ejecución una serie de estrategias y acciones puntuales que deben estar pensadas para superar, en primer término, la situación de emergencia que vive el estado, no para duplicar los contenidos, tampoco para sustituir las responsabilidades que a cada quien nos corresponde, pues debemos iniciar por ser plenamente conscientes de la trascendencia de las decisiones que en estos momentos tomemos.

Es necesario el acuerdo para superar la emergencia, con el mejor método, que nos permita la movilización a todas y todos los actores políticos para que desde nuestras trincheras podamos generar las mejores condiciones para el pleno establecimiento de la normalidad democrática en el estado, a partir de puentes de diálogo, entendimiento y respeto, para poner lo mejor de nuestro trabajo, con empeño y dedicación en el camino de las soluciones posibles.

Por ello retomo las palabras del coordinador de mi bancada: la política hoy más que nunca en Michoacán debe de retomar su esencia y vocación natural, como el arte de la solución de los problemas.

Sin duda que los problemas que ahora enfrentamos las y los michoacanos son de una gran magnitud, que nos rebasan a todos si actuamos de manera aislada. Es necesaria la articulación para presentar un frente común de la mano con la sociedad, con las organizaciones y sectores económicos, académicos y políticos para no convertirnos en espectadores y críticos de esta realidad ya que no se puede ocultar.

Compañeras y compañeros, es tiempo de dejar atrás los intereses y las acciones particulares y actuar de una manera integral en el desarrollo del estado de Michoacán de Ocampo, convirtiéndonos en los constructores de los cimientos sobre los que podemos edificar un estado diferente. Es cuanto, señor diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Martha Berenice Álvarez Tovar:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, soy de Michoacán, vivo en Michoacán y me quedaré en Michoacán.

Desde hace 10 días hemos sido testigos de cómo en el estado de Michoacán han atacado tres instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, dejando sin electricidad a unas 420 mil personas. Han muerto por lo menos 33 ciudadanos en los enfrentamientos entre agentes de seguridad y miembros de las llamadas autodefensas y han arremetido con bombas molotov gasolineras en varias ciudades, entre las que se encuentra Morelia, capital del estado de Michoacán y sede de los poderes.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos preocupa que se minimicen estos hechos puesto que son eventos que laceran y vulneran a la ciudadanía. La violencia se ha recrudecido en todo el país y Michoacán es hoy en día la cima más visible del problema.

No es posible afrontar este tipo de eventos sin una estrategia sólida y eficaz, porque en México el tema de seguridad no se puede improvisar. A la gendarmería —que fue propuesta de campaña de la actual administración— se le asignó partida presupuestal y entre declaraciones contradictorias del presidente y del secretario de Gobernación seguimos esperando su implementación.

La violencia y la falta de gobernabilidad se han incrementado y arraigado. Desde hace cinco meses el Ejército, la Marina y la Policía Federal tienen elementos asignados a Michoacán y aunque han llevado a cabo operativos con el fin de recuperar el orden público y la paz en la entidad, esto evidentemente no se ha conseguido y el desorden, la proliferación de delitos y las manifestaciones ciudadanas ahí están.

El estado de Michoacán ha perdido el control de zonas completas de su territorio, especialmente en la región llamada Tierra Caliente, donde los ciudadanos se sienten impotentes a causa de la falta de protección por parte de las autoridades federales.

Compañeras y compañeros diputados, la crisis en Michoacán es un asunto de seguridad nacional. El gobierno federal debe invertir de manera inteligente y contundente contra los grupos criminales que llevan años operando en la entidad y que amenazan con diseminarse al resto del país.

Hacemos un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que se implemente una estrategia basada en la inteligencia y focalizada en los municipios con foco rojo en el tema de seguridad. El Estado debe tener el monopolio de la fuerza legítima para que pueda llamarse Estado en su función de garantizar el orden y la paz pública así como el estado de derecho.

Desde esta Cámara, las diputadas y diputados del PAN llamamos a un gran acuerdo nacional para resolver la situación que viven los michoacanos. Los tres Poderes de la Unión, junto con el gobierno estatal debemos unirnos para analizar con seriedad y fuera de protagonismos y cálculos electorales las causas de esta problemática para arrancarla de una vez y de raíz, de manera que no vuelva a arremeterse. Con inteligencia y contundencia se puede operar, con apego al estado de derecho y sin faltar a los derechos humanos. Pero no podemos seguir permitiendo que el Ejecutivo federal y estatal sigan volteando la mirada ante los hechos.

Hoy es tiempo de desafiar a la desesperación con la esperanza. Los michoacanos tenemos mucho por qué luchar, aunque llevamos días siendo testigos de eventos que lastiman, que dañan y debilitan nuestro estado, pero nos alienta a continuar hacia adelante.

Michoacán ha destacado por su gente trabajadora, que lucha y que se esfuerza día con día, gente que históricamente ha demostrado su grandeza. Debemos impulsar a Michoacán, consideramos su posición geográfica estratégica en el mapa nacional para no solo sembrar sino transformar y comercializar. Aprovechemos el puerto de Lázaro Cárdenas, pero también el Bajío en La Piedad y Puruándiro, que pueden ser aliados y proveedores de Guanajuato.

Es momento de tomar en cuenta estas grandes oportunidades para apoyar en el Presupuesto de Egresos del 2014 recursos para infraestructura hídrica, carretera, para apoyar más a las universidades y a la educación media superior y becar a miles de jóvenes que necesitan una oportunidad, que necesitan un apoyo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Eligio Cuitláhuac González Farias, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Eligio Cuitláhuac González Farias:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, ojalá que los conflictos de Michoacán se resolvieran con discursos. Seguramente ya lo hubiéramos resuelto hace mucho tiempo, porque además a algunos les quedan muy bonitos los discursos.

El Grupo Parlamentario del PRI respalda al gobierno del estado de Michoacán, que encabeza de manera legal y sobre todo legítima Fausto Vallejo Figueroa. Y también quiere dejar muy claro que las acciones que han ocurrido en Michoacán los últimos días son el resultado de la intervención decidida, frontal, seria, con determinación del gobierno federal en el tema de seguridad en la entidad.

Por eso también reconocemos lo que ha hecho el gobierno federal y no hay que hacernos bolas, lo que ha habido de reacción de los grupos delictivos obedece a que la estrategia federal en contra del crimen organizado está dando resultados. Así de sencillo, así de claro.

Y hoy está Michoacán en la ruta correcta. Evidentemente tenemos rezagos, evidentemente tenemos problemas, problemas que hemos reconocido, que ha reconocido el gobierno de la entidad que ha solicitado el apoyo federal. Pero está en la ruta correcta y la ruta correcta se llama coordinación institucional.

Hoy tenemos a un gobierno federal perfectamente coordinando acciones, no solamente en materia de seguridad, sino también en materia de desarrollo social, de infraestructura y hoy Michoacán necesita y requiere el apoyo de todos nosotros.

Qué bueno que hoy se toca este tema aquí en la Cámara de Diputados. Qué bueno que hay un interés de todos los grupos parlamentarios por Michoacán. Espero que este interés por Michoacán se refleje también en el Presupuesto, que es una tarea que nos toca aquí, porque nuestro asunto no se resuelve con discursos, se resuelve con recursos y ocupamos de todos nosotros para que le vaya bien a Michoacán.

Estamos en la ruta correcta, la coordinación ha funcionado. Seguramente veremos en los próximos días más manifestaciones de violencia en esta zona que está perfectamente focalizada, que comprende 13 municipios de la entidad, la famosa llamada Tierra Caliente, pero es el resultado de esta acción del gobierno federal.

Nuestro reconocimiento al presidente de la República por el interés mostrado, no solo en materia de seguridad, sino en todos los otros órdenes, porque Michoacán ocupa ahora de todos nosotros para generar mayores condiciones de desarrollo.

Esperamos que en el Presupuesto. Como bien decía mi compañera y amiga, la diputada Berenice, Michoacán ocupa infraestructura y ocupa proyectos de desarrollo social, ocupa proyectos culturales, de educación que permitan a los habitantes de Michoacán, de esta zona geográfica de la entidad, poder superar los rezagos que tiene desde hace muchos años, sin echarle la culpa a nadie. Aquí podemos repartirnos culpas, el asunto es que no avanzamos. Hoy ocupamos echarnos menos la culpa y ponernos a trabajar todos en la trinchera que nos toca.

Por eso celebramos en el Grupo Parlamentario del PRI este interés que hay en el pleno porque se toque el tema de Michoacán. Nosotros haremos lo que nos toca, trataremos de destinar mayores recursos para que Michoacán cuente con obras de gran calado en materia de infraestructura y que ayude a la estrategia de seguridad del gobierno federal. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

MEDIDAS PARA EXTENDER EL AMBITO DE APLICACION DEL PROGRAMA SOLO SONORA A LOS LIMITES DE LA ENTIDAD

El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Faustino Félix Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno del estado de Sonora y al Ejecutivo federal a extender el ámbito de aplicación del programa Solo Sonora a los límites de la entidad.

El diputado Faustino Félix Chávez:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados, el turismo extranjero por carretera representa una importante actividad generadora de divisas y empleos en Sonora.

Más del 70 por ciento de los extranjeros que visitan esta entidad federativa ingresan en sus propios vehículos a través de los cinco puntos fronterizos con Arizona. Por tal motivo, en 1996, a iniciativa de los prestadores de servicios turísticos de Sonora y con el respaldo del gobierno del estado, se convino con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el programa Solo Sonora, mejor conocido como Only Sonora, mismo que otorga facilidades a los turistas extranjeros para ingresar en sus vehículos al territorio sonorense.

El esquema del programa Only Sonora se concibió como un dispositivo de fomento al turismo, al permitir la introducción de autos, motocicletas, vehículos recreativos, mediante un sencillo trámite especial, sin la necesidad de realizar el engorroso trámite de importación temporal.

Las condiciones geográficas y de infraestructura carretera de Sonora permiten establecer un control para facilitar este programa. Así el Only Sonora funcionó dentro de los límites del estado, logrando un impacto positivo en la afluencia del turismo carretero en todo el territorio sonorense, para lo cual se estableció un módulo en el poblado de Estación Don, en el límite con el estado de Sinaloa, para realizar el trámite de importación temporal cuando el turista decidiera salir del límite marcado por el programa e ingresar al interior del país.

El convenio entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado que dio origen a este programa fue ratificado el año 2000. Sin embargo, a partir del año 2005 el programa se modificó limitando las facilidades para la introducción de los vehículos de turistas extranjeros a solo dos terceras partes del territorio del estado de Sonora, quedando por fuera regiones con gran potencial turístico, como lo es el pueblo mágico de Álamos, Ciudad Obregón y los valles y playas de la región del Yaqui, del Mayo, incluyendo aquí los ocho pueblos de las comunidades de la tribu Yaqui. A partir de entonces ha quedado documentado el impacto negativo que esta medida ha tenido, disminuyendo la afluencia y estancia de los turistas extranjeros en la entidad.

Bajo estas consideraciones y con la certeza de que la ampliación de este programa a todo el territorio sonorense generaría un estímulo importante para incrementar la afluencia turística en la entidad y la consecuente generación de empleo y derrama económica en la región, proponemos ante este pleno de esta honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del gobierno del estado de Sonora, adopten las medidas necesarias para extender en el ámbito la aplicación del programa Solo Sonora, Only Sonora, a los límites del estado, como estaba originalmente concebido.

Diputados, les pido que aprobemos este punto de acuerdo por urgente u obvia resolución, para que ambos gobiernos, el federal y estatal, puedan tomar las medidas y considerar que esta acción pueda iniciar durante el ejercicio del 2014. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sonora y al Ejecutivo federal a efecto de que por la SHCP analicen y, en su caso, adopten medidas para extender el ámbito de aplicación del programa Sólo Sonora a los límites de la entidad, a cargo del diputado Faustino Félix Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Faustino Félix Chávez, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 6, numeral 1, y el 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las principales opciones de desarrollo para ciertas de regiones de Sonora, lo es, sin duda, la actividad turística, principalmente el turismo que ingresa por las vías carreteras por ser un estado fronterizo, y en estos últimos años ha sido verdaderamente poca la afluencia de turismo; por este motivo es de gran trascendencia realizar las gestiones necesarias para que, el Programa Sólo Sonora, conocido también como Only Sonora, se mantenga en operación y se extienda a los límites del estado como funcionó originalmente, cuando se estableció en la Estación Don el modulo de trámites de permisos para vehículos de turistas extranjeros para ingresar más allá de los límites del programa a territorio nacional, y con esto contribuir al aumento de la afluencia de turistas en la entidad.

El esquema del Programa Sólo Sonora se concibió como un dispositivo de fomento al turismo a través de la permisión para la introducción de vehículos sin permiso, tramite o pago alguno.

Originalmente el programa benefició a todo el territorio del estado, pero actualmente se limita a dos terceras partes (ver mapa), quedando fuera regiones con gran potencial turístico como Álamos, Ciudad Obregón, y el Valle del Yaqui, pues, en el caso de que el destino final sea un lugar fuera del área de libre circulación, es necesario tramitar la importación de temporal del vehículo hasta por 180 días en un periodo de 12 meses.

Antecedentes

El turismo extranjero por carretera representa una importante actividad generadora de divisas en Sonora. Más del 70 por ciento de los extranjeros que visitan ésta entidad federativa lo hacen a través de los cruces fronterizos con Arizona, ingresando sus propios vehículos automotrices, factor importante para la generación de empleos y derrama económica en divisas extranjeras en el territorio sonorense.

Es de utilidad tener en consideración que en el nivel local, se han promovido acciones en el sentido de la propuesta que aquí se expone.

El jueves 10 de diciembre de 2009, el Congreso de Sonora aprobó solicitar la adopción de las medidas pertinentes para que los turistas provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica que se internen la Entidad por vía terrestre, en vehículos de su propiedad, puedan hacerlo sin necesidad de realizar trámites de importación temporal de vehículos.

En la consideración Cuarta del dictamen de la Comisión de Fomento Económico y Turismo del Congreso de Sonora, se refirió a que:

El 27 de noviembre de 1996, en uso de las facultades que en materia de Comercio Exterior la conceden al Ejecutivo Federal los artículos 89, fracciones X y XIII y 131 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 39 del Código Fiscal de la Federación; y, 143 de la Ley Aduanera vigente, asimismo, de acuerdo con las facultades que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora le concede al Ejecutivo del Estado, el Gobierno Federal y del Estado de Sonora suscribieron un convenio de colaboración administrativa a través del cual se confirió al Gobierno del Estado de Sonora, a través de la entonces Secretaría de Finanzas, facultades de verificación fiscal vehicular y para la implementación de un programa denominado Sólo Sonora, también conocido como Only Sonora, que sería aplicado a través de la Secretaría de Turismo del estado mediante el cual las personas que ingresaran a territorio sonorense por cualquiera de los puertos fronterizos colindantes con Estados Unidos de América podían introducir vehículos de propulsión mecánica sin necesidad de realizar trámites de importación temporal de vehículos, como una medida para incentivar el turismo carretero en nuestra entidad.

El 21 de junio del 2000 se publicó en el Boletín Oficial del gobierno del estado, el acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de Sonora, para la continuidad del Programa Sólo Sonora.

Con fecha 25 de noviembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un convenio suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de Sonora, para la internación e importación temporal de vehículos a esta entidad federativa. En este instrumento se acuerda otorgar facilidades a los turistas extranjeros y a los mexicanos residentes en el extranjero, para internarse al noroeste de Sonora, sin tener que tramitar un permiso de importación temporal de vehículos, siempre que se hubieran internado por cualquiera de los 5 puertos fronterizos a saber: San Luis Río Colorado, Sonoyta, Nogales, Naco y Agua Prieta, o por el Puerto de Guaymas.

En este ordenamiento legal, se establece la obligación por parte del estado, para instalar un módulo del Programa Sólo Sonora en el municipio de Empalme, si el turista deseaba continuar mas allá de los límites del programa para atender a los usuarios que deseen viajar más allá de este punto, para lo cual en esa localidad deben realizar los trámites de importación temporal. Este módulo empezó a funcionar en diciembre de 2005 y se  mantiene en operación a la fecha por la prórroga realizada entre ambos niveles de gobierno que fuera publicada en el Boletín Oficial del estado, el 17 de enero de 2007.

Bajo estas consideraciones y asumiendo que la ampliación del programa a todo el territorio sonorense generaría estímulo importante para incrementar la afluencia turística en la entidad, lo cual a su vez resultaría en una derrama económica que ayude a dinamizar la actividad de la región, propongo ante esta el Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Con pleno reconocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, se exhorta respetuosamente al gobierno de Sonora y al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se analicen y, en su caso, se adopten las medidas necesarias para extender el ámbito de aplicación del Programa Sólo Sonora a los límites de la entidad.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2013.— Diputado Faustino Félix Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se considera de urgente resolución. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, qué gusto venir a hablarles de un estado grande, de un estado joven, de un estado con mucho potencial y desarrollo. Y cómo no he de sentirlo, si es mi estado, por lo que desde aquí envío un fraterno saludo a todas y a todos mis paisanos.

Sonora es el segundo estado más grande a nivel nacional. Nuestros 179 mil 355 kilómetros cuadrados representan el 9.1 por ciento de la superficie del país. Además contamos con mil 209 kilómetros de litorales, casi el 11 por ciento del total nacional.

Pero al visitar Sonora se puede disfrutar de mucho más que playa. Cuenta con lugares históricos, desierto, sierra y ríos. Todos estos lugares con sonorenses cálidos y amables que siempre los recibirán con los brazos abiertos y una sonrisa en el rostro. Pero a pesar de los más de 6 mil millones de pesos de derrama económica que se registraron en Sonora el año pasado, no todo el estado es aprovechado por quienes nos visitan.

Prácticamente el 90 por ciento de nuestros turistas ingresan al estado vía terrestre, particularmente proveniente del vecino estado de Arizona, en los Estados Unidos de América.

Reconociendo que la promoción del turismo es de carácter estratégico, así como el uso de las carreteras el medio principal de ingreso, en 1996 se instauró el programa Only Sonora o Solo Sonora, el cual permite a los turistas extranjeros, a los mexicanos residentes en el extranjero ingresar sus vehículos sin cubrir alguna cuota de importación temporal de sus unidades.

El área geográfica que en su momento fue definida se amplió hasta establecer una zona libre de circulación de vehículos extranjeros la cual comprende tan solo 17 municipios de la entidad.

En 1995, un año antes de iniciar el programa ingresaron a Sonora, por los cruces fronterizos que colindan con el estado de Sonora, casi 30 millones de vehículos personales y de pasajeros.

En contraste, el año pasado ingresaron poco más de 21 millones 600 mil unidades. Eso quiere decir que en estos 17 años que ha estado vigente el programa hemos dejado de recibir más de 8 millones de unidades que traen turistas norteamericanos a Sonora. Además de que no se aprovechan en todo su potencial los más de 7 mil 302 kilómetros de carreteras federales y estatales de mi estado, y que conectan hacia otros puntos de la República mexicana.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, programas estatales de reconocido éxito como éste, el cual el vecino estado de Chihuahua ya ha iniciado sus gestiones para replicarlo en la totalidad de su territorio, no deben ser limitados.

Mantenerlo en sus actuales condiciones geográficas provocará que regiones y municipios de gran potencial turístico como Álamos, Ciudad Obregón, el valle del Yaqui, Ures, Aconchi, Arizpe, Banámichi, Huepac, Bacoachi y Baviácora entre sus atractivos de comida, artesanías, ecoturismo y monumentos, queden fuera de los beneficios directos que ha traído la industria turística en estos 17 años o dejar de aprovechar los casi 20 mil cuartos que se ofrecen en el estado desde una estrella hasta gran turismo.

Se perdería el potencial de la pesca deportiva en las presas Álvaro Obregón y Adolfo Ruiz Cortines, y ya ni digamos los beneficios que podrán acarrear a los más de 23 mil sonorenses y sus familias, que trabajan en restaurantes y servicios de alojamiento.

Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza —y de manera personal— con muchísimo gusto apoyamos el punto de acuerdo, pues creemos firmemente que al ampliar este programa pasando de los 17 municipios a los 72 que comprende todo mi estado se aprovechará una de las principales opciones de desarrollo, que sin duda es la actividad turística, pues los ingresos que se derivan impactarán positivamente a todos los sonorenses. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Dora María Talamante Lemas. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, presidente. Es un gusto subir a posicionar en este punto de acuerdo, como vecino del estado de Sonora, porque sin duda es un programa fundamental para el impulso del turismo.

Los que tenemos la oportunidad de conocer el estado de Sonora sabemos de su gran potencial turístico y de la necesidad que tiene de implementar incentivos que mejoren la calidad de la percepción que se llevan los turistas de ese estado.

Hoy sabemos que este programa comprende solo un tercio del estado y que, si bien facilita el tránsito, aún así compartimos la opinión del diputado Faustino Félix en el sentido de que debe ampliarse. Sin duda sería de gran beneficio para los sonorenses y resultaría un gran impulso a su actividad económica.

Además sabemos que el gran atractivo que tienen las ciudades de Álamos, de Ciudad Obregón y el valle del Yaqui es tal, que merece que ese programa se extienda a esas ciudades y que de esa forma los turistas tengan la oportunidad de conocerlo sin un trámite burocrático que entorpece el visitar esas ciudades, además de un gasto innecesario en términos de hacer una importación temporal de un vehículo solo por una visita que va a ser un beneficio para ese estado porque va a provocar una derrama económica importante.

Nosotros —en particular— vamos a votar a favor de este acuerdo y lo vemos necesario para todas las ciudades fronterizas del país. Agradecemos de nuevo al diputado Faustino Félix Chávez que haya promovido este punto de acuerdo, porque sin duda va a ser una gran idea para los demás estados del norte del país el que lo promovamos y que impulsemos una política que beneficie el turismo en los estados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Rubén Acosta Montoya. Tiene el uso de la palabra, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, presidente. El turismo en Sonora es una de las principales vertientes de desarrollo para algunas regiones de nuestro estado, asimismo constituye una importante fuente generadora de divisas.

El turismo extranjero en el estado de Sonora por carreteras representa más del 70 por ciento, mismo que se introduce en la mayoría de los casos a la entidad a través de los cruces fronterizos con Arizona.

El programa Only Sonora, conocido también como Solo Sonora, es un programa único en el país, que permite introducir los vehículos del visitante extranjero por cualquiera de los cinco puntos fronterizos del estado, ya sea San Luis Río Colorado, Sonoyta, Nogales, Naco, Agua Prieta y el puerto de Guaymas, al territorio sonorense, hoy hasta los límites con Empalme, sin tener que cubrir ningún permiso, ni trámite, ni pago alguno por el vehículo que se interna.

Estamos convencidos los diputados y las diputadas del Partido de la Revolución Democrática que extender los límites de este programa hasta los límites del estado de Sonora constituye, por supuesto, un importante avance, sobre todo porque se dejan fuera regiones con importante potencial turístico, como son las ciudades de Álamos, de Ciudad Obregón, el valle del Yaqui, por supuesto también los municipios de la sierra y del río Sonora.

Actualmente, al no formar parte de los límites estas regiones es necesario tramitar la importación de vehículos de manera temporal. En diciembre de 2009, el Congreso del estado de Sonora aprobó solicitar la adopción de las medidas pertinentes para que los turistas provenientes de los Estados Unidos de América que se internen a la entidad vía terrestre puedan hacerlo sin necesidad de realizar trámites de importación temporal de vehículos.

Hay que recordar que ya en algún momento fue de manera total territorio de libre circulación el territorio del estado de Sonora y, por ello, consideramos muy pertinente que pueda volver a serlo. Es muy importante la derrama económica que se genera en todos los municipios, y que finalmente en esta situación económica que padece todo el país, a Sonora le urge implementar medidas que puedan amainar toda esa problemática económica.

A eso, por supuesto, hay que agregar también —no hay que olvidar— el tema de la homologación del IVA en la frontera, que también tendrá un impacto muy negativo en toda nuestra región norte y particularmente en el estado de Sonora, que hoy justamente comentamos.

En noviembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un convenio suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado de Sonora para la facilitación de la internación e importación temporal de vehículos a esta entidad federativa a los turistas extranjeros y a los mexicanos residentes en el extranjero, para internarse al noroeste de Sonora sin tener que tramitar un permiso de importación temporal de vehículos, siempre y cuando se hubiera internado por cualquiera de estos cinco puntos fronterizos que ya mencionamos.

En aquel ordenamiento legal se estableció la obligación por parte del estado de Sonora para instalar un módulo del programa Solo Sonora en el municipio de Empalme, para atender a los turistas que deseen viajar más allá de este punto, para lo cual en esta localidad deben realizar los trámites de importación temporal.

Cabe señalar que este módulo empezó a funcionar en diciembre de 2005 y se mantiene en operación hasta la fecha, por la prórroga realizada entre ambos niveles de gobierno, que fuera publicada en el Boletín Oficial del estado el 17 de enero de 2007.

Esperamos que este exhorto encuentre eco en los gobiernos, tanto estatal como federal y el programa se amplíe hasta los límites del estado de Sonora.

Por todo lo anteriormente expuesto, los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro. Tiene el uso de la palabra el diputado Máximo Othón Zayas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Máximo Othón Zayas:Con su permiso, señor presidente. Señores y señoras legisladores, en relación a este asunto me gustaría precisar que ya es añeja esta situación, ya que desde 1996 el gobierno federal y el gobierno constitucional de Sonora suscribieron un convenio de colaboración administrativa, a través del cual se confirió al gobierno del estado de Sonora —y a través de la entonces Secretaría de Finanzas— facultades de la verificación fiscal vehicular y para la implementación de un programa denominado Only Sonora.

Dicho programa se aplicaría a través de la Secretaría de Turismo del estado, mediante el cual las personas que ingresan a territorio sonorense y por cualquiera de los puertos fronterizos colindantes con los Estados Unidos de América podrían introducir vehículos de propulsión mecánica, sin necesidad de realizar trámites de importación temporal de vehículos, como una medida para incentivar el turismo en la entidad, a fin de seguir impulsando el turismo.

En el 2000 se le dio continuidad al programa Only Sonora a través de su publicación en el Boletín Oficial del gobierno del estado, reafirmando el compromiso entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado de Sonora.

De igual forma, en el mes de noviembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el gobierno del estado de Sonora y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebraron un convenio para el otorgamiento de facilidades para la internación de vehículos a extranjeros y mexicanos residentes en el extranjero que ingresen al estado por cualquiera de los cinco puertos fronterizos de Sonora como San Luis Río Colorado, Sonoyta, Nogales, Naco, Agua Prieta y el puerto de Guaymas, Sonora.

La propuesta en los términos presentados la vemos bien, ya que consideramos prioritario analizar con toda responsabilidad la conveniencia de extender el ámbito de aplicación del programa Only Sonora a límites de la entidad. Esto con el fin de evitar efectos negativos a esta entidad fronteriza, ya que nuestra prioridad es proteger la actividad económica y turística de la entidad y del propio país. No debemos perder de vista que la internación de vehículos extranjeros al país se encuentra regulada por el gobierno federal y en consecuencia debemos cuidar que Sonora no sea una entidad receptora de vehículos ilegales, receptora de chatarra que dañe el medio ambiente.

En Acción Nacional siempre impulsaremos el turismo y más en un estado como Sonora que representa un importante destino turístico reconocido a nivel internacional, mismo que por su historia y belleza atrae la presencia de turistas locales, nacionales e internacionales que a la postre representan una importante fuente de ingresos para sus habitantes.

Por lo anterior, señalo, votaremos a favor del punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Máximo Othón Zayas. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez:Con la venia de la Presidencia. La importancia del turismo es ampliamente reconocida por ser una actividad que contribuye de manera muy significativa a la creación de empleos y por ser una de las principales fuentes de divisas para los países receptores. Este sector económico es uno de los más dinámicos, al mantener numerosos vínculos con otros segmentos de la economía.

Uno de los aspectos destacados del turismo internacional es el desplazamiento transfronterizo de consumidores, situación que repercute en beneficio de productores y prestadores de servicios turísticos locales, quienes aún viviendo en zonas alejadas o siendo posiblemente trabajadores no calificados encuentran en esta actividad la posibilidad de exportadores vendiendo sus artesanías, participando en eventos culturales o trabajando en hospedajes turísticos.

En México la presente administración ha venido definiendo que el turismo es una actividad prioritaria y estratégica para el desarrollo nacional. En el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce que la materia turística ofrece áreas de oportunidad muy importantes pues la situación no es tan próspera como debiera ser.

En los últimos 30 años, en lo que respecta a los turistas internacionales se ha mantenido una tasa media de crecimiento anual del 2 por ciento, que resulta baja, lo cual ha significado que de 2000 a 2011 pasáramos del lugar 7 al lugar número 10 en la recepción de turistas internacionales y del lugar 12 al 23 en el ingreso de divisas, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial del Turismo.

El crecimiento del sector turístico a nivel mundial, así como la enorme riqueza humana, natural, cultural e histórica de nuestro país son factores que debemos aprovechar integralmente, impulsando estrategias de promoción que atraigan a un mayor número de visitantes internacionales.

En ese sentido, consideramos que son relevantes las acciones encaminadas a abonar en el cumplimiento del objetivo de abrir a México al mundo y que el mundo venga a México. Por lo tanto, apoyamos la propuesta de que las autoridades analicen y, en su caso, adopten las medidas necesarias para extender los límites del estado, como funcionó oficinalmente el programa Solo Sonora, conocido también como Only Sonora.

Con esta acción el beneficio para la introducción de vehículos sin permiso, trámite o pago alguno se extendería a regiones de vital potencial turístico como Álamos, Ciudad Obregón y el valle del Yaqui.

Como sabemos, hay segmentos turísticos que necesitan un impulso especial, como son el turismo cultural, ecoturístico y de aventura, así como el de salud, deportivo, de lujo, de negocios y de reuniones.

En Sonora, el desierto, la montaña y el mar se unen para crear un espacio único, donde puedan visitarse ciudades llenas de historia. Sus ambientes culturales, religiosos, musicales, deportivos y gastronómicos crean una atmósfera turística de gran atractivo.

Por lo tanto, es preciso apoyar estas acciones para apuntalar la posibilidad de que esta entidad se fortalezca como enclave hospitalario y generoso de puertas abiertas para quien lo quiera visitar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

PROGRAMA URGENTE PARA LAS FRONTERAS SUR Y NORTE DEL PAIS, A FIN DE MITIGAR EL EFECTO ECONOMICO Y SOCIAL QUE GENERARA LA HOMOLOGACION DE LA TASA DEL IVA A 16 POR CIENTO EN ESAS REGIONES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Eugenia de León Pérez para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar un programa emergente para las fronteras sur y norte de nuestro país, a fin de mitigar el impacto económico y social que generará la homologación de la tasa del IVA al 16 por ciento en aquellas regiones, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María Eugenia de León Pérez:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Adelante, diputada.

La diputada María Eugenia de León Pérez: Compañeras y compañeros diputados, desde que se presentó la miscelánea fiscal a esta soberanía, en Acción Nacional hemos sido reiterativos en denunciar a la sociedad que la simulación de la reforma que presentó el Ejecutivo federal es a todas luces una reforma con tintes recaudatorios y sin beneficios sociales, una reforma que planteó el Poder Ejecutivo y que de forma mercenaria fue avalada por las fracciones del PRI y la mayoría del PRD.

Resulta inverosímil, oprobioso y hasta cruel que el gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, haya hecho esta homologación del IVA para la zona fronteriza en plena y franca recesión económica que azota al mundo entero.

Los efectos devastadores de esta decisión serán a muy corto plazo para nuestros connacionales que residen en las franjas fronterizas de nuestro país. Serán muchos los daños que esta miscelánea causará a la población mexicana y a su sector empresarial. Es una miscelánea fiscal que congela cualquier posibilidad de avance económico de nuestro país, porque pretende sacar recursos de quienes hoy ya pagan altos impuestos, lesionando severamente el patrimonio construido con grandes esfuerzos por la mayor parte de los mexicanos. Por ello continuaremos expresando nuestro profundo rechazo a la propuesta y a toda la reforma planteada.

Uno de los efectos más devastadores de la reforma aprobada se observará en la zona fronteriza de nuestro país, al aumentar el IVA del 11 al 16 por ciento, representando un duro golpe a la economía de la región y sobre todo el nivel de vida y el bienestar de sus habitantes.

La propuesta representa un freno al proceso de desarrollo y al esquema de competitividad en el que se encuentran los estados de la región fronteriza, dentro de los cuales se encuentran aquellos que colindan con los Estados Unidos de América, pero también Baja California Sur, Quintana Roo y Chiapas.

Además, la reforma va en contrasentido de lo que en su momento señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al referir al trato diferencial que debe de darse a la región fronteriza del país. El gobierno federal y los grupos parlamentarios del PRI y del PRD al parecer desconocen el impacto negativo que la reforma generará en el mediano plazo.

Dadas las condiciones en las que se encontrará el consumidor fronterizo, la única consecuencia que podemos señalar es una inmediata disminución de la actividad económica regional, menos competencia y en consecuencia, los niveles de recaudación de los gobiernos locales y el federal tenderán a ser menos de lo que se proyecta para el próximo ejercicio fiscal.

Por lo antes mencionado, nuestro grupo parlamentario hace un llamado al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, implemente de manera inmediata un programa emergente para la frontera sur y norte de nuestro país, en apoyo a los consumidores, a las Pymes y a los sectores maquilador, manufacturero, de exportación y turístico, que permita resarcir los efectos devastadores que generará la homologación de la tasa del IVA al 16 por ciento en las regiones fronterizas del país.

Recordemos que la zona fronteriza no vive las mismas condiciones que el resto del país. Hacer caso omiso de esta realidad lo único que generará es un incremento considerable de la pobreza, hará de la zona fronteriza una región más cara y menos competitiva.

Los efectos de esta medida se verán agravados aún más en la zona fronteriza, si consideramos el cúmulo de efectos negativos que generará la reforma fiscal en su conjunto, como por ejemplo la eliminación del régimen simplificado, el incremento de las tarifas del IEPS a diversos productos. Las menores posibilidades de deducción de las personas físicas en gastos como los hospitalarios y transporte escolar. La eliminación de la deducibilidad de las cuotas de seguridad social a cargo del trabajador, por citar algunos.

Acción Nacional considera que este atentado a la economía de las zonas fronterizas del país tendrá impactos más graves a los ocasionados por los eventos climatológicos que han azotado a gran parte del territorio nacional. Es por ello que resulta inexplicable la falta de sentido común, de sensibilidad y de solidaridad con la población que vive en esta región, aparte de la inseguridad que tenemos.

Nuestro partido reafirma el compromiso asumido con la sociedad mexicana, pero sobre todo con la población que habita en la franja fronteriza de nuestro país. Por ello solicitamos al Ejecutivo federal la creación de un programa emergente que permita resarcir las pérdidas que generará la aplicación del nuevo impuesto. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la SHCP y la Secretaría de Economía un programa urgente para las fronteras sur y norte del país, a fin de mitigar el efecto económico y social que generará la homologación de la tasa del IVA a 16 por ciento en esas regiones, a cargo de la diputada María Eugenia de León Pérez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y de conformidad con lo establecido en los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Compañeras y compañeros diputados, desde que se presentó la miscelánea fiscal a esta soberanía,  en Acción Nacional hemos sido reiterativos en denunciar a la sociedad que la simulación de reforma que presentó el Ejecutivo federal es a todas luces una reforma con tintes recaudatorios y sin beneficios sociales; una reforma que planteó el Poder Ejecutivo y que de forma mercenaria fue avalada por las fracciones del PRI y la mayoría del PRD.

Resulta inverosímil, oprobioso y hasta cruel que el gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto haya hecho esta homologación del IVA para la zona fronteriza en  plena y franca recesión económica que azota al mundo entero, los efectos devastadores de este decisión serán en el muy corto plazo para nuestros connacionales que residen en las franjas fronterizas de nuestro país.

Serán muchos los daños que esta miscelánea causará a la población mexicana y a su sector empresarial. Es una miscelánea fiscal que congela cualquier posibilidad de avance económico de nuestro país porque pretende sacar recursos de quienes hoy ya pagan altos impuestos, lesionando severamente el patrimonio construido con grandes esfuerzos por la mayor parte de los mexicanos. Por ello, continuaremos expresando nuestro profundo rechazo a la propuesta y toda la reforma planteada.

Uno de los efectos más devastadores de la reforma aprobada, se observará en la zona fronteriza de nuestro país al aumentar la tasa del IVA del 11 al 16 por ciento, representando un duro golpe a la economía de la región y sobre todos al nivel de vida y de bienestar de sus habitantes.

La propuesta representa un freno al proceso de desarrollo y al esquema de competitividad en el que se encuentran los estados de la región fronteriza, dentro de los cuales se encuentran aquellos que colindan con los Estados Unidos de América, pero también Baja California Sur, Quintana Roo y Chiapas.

Además, la reforma va en contra sentido de lo que en su momento señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación al referir “al trato diferencial que debe de darse a la región fronteriza” del país. El gobierno federal y los Grupos Parlamentarios del PRI y el PRD, al parecer desconocen el impacto negativo que la reforma generará en el mediano plazo.

De acuerdo a los estudios presentados por el Colegio de la Frontera Norte, muchos serán los efectos de esta reforma. Por un lado, generará un efecto inflacionario al elevarse los precios en las franjas fronterizas en la misma proporción que el incremento de la tasa general del IVA, un 5 por ciento. Es decir, el incremento porcentual será trasladado a los consumidores en cada uno de los productos.

La homologación del IVA provocará pérdidas hasta de un 25 por ciento en tiendas de abarrotes en las colonias o el 15 por ciento en supermercados, se provocará un desplazamiento en el consumo de bienes y servicios de procedencia interna a externa, disminuirá la producción de las empresas locales que generan esos bienes y servicios, esa menor producción significará mayor desempleo en los estados fronterizos.

Los ciudadanos de la frontera norte buscarían precios más accesibles en Estados Unidos, lo que implicará una fuga de consumidores y divisas hacia nuestro vecino del norte, impactando aún más el desarrollo económico de esta región.

Será notorio el efecto recesivo en la región. Con el incremento del IVA se afectará el consumo en las diferentes entidades fronterizas al reducir la capacidad de compra de los ciudadanos, lo que implicará sin lugar a dudas, una sustitución  del consumo de bienes y servicios por los ofrecidos principalmente en el país vecino de los Estados Unidos.

Dada las condiciones en las que se encontrará el consumidor fronterizo, la única consecuencia que podemos señalar es una inmediata disminución de la actividad económica regional, menos competencia y en consecuencia, los niveles de recaudación de los gobiernos locales y el federal tenderán a ser menos de lo que se proyecta para el próximo ejercicio fiscal.

El mismo estudio señala una reducción del gasto local en alimentos, pues estima baje en un 20 por ciento; en vestido y calzado, en 15 por ciento; en arreglo personal, en 18 por ciento, y en artículos para el hogar y cuidados médicos, en 10 por ciento, solo por mencionar algunos rubros. Se calcula que la homologación del IVA provocará una contracción en las ventas del orden del 4.6 a 6.2 por ciento, que llevaría a una reducción del PIB en los Estados fronterizos de 2.2 a 2.6 por ciento.

Por lo antes mencionado, nuestro grupo parlamentario hace un llamado al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, implementen de manera inmediata un programa emergente para las fronteras sur y norte de nuestro país, en apoyo a los consumidores, a las Mipyme, a los sectores maquilador, manufacturero, de exportación y turístico, que permita resarcir los efectos devastadores que generará la homologación de la tasa del IVA al 16 por ciento en las regiones fronterizas del país.

Recordemos que la zona fronteriza, no vive en las mismas condiciones que el resto de nuestro país. Hacer caso omiso a esta realidad, lo único que generará es un incremento considerable de la pobreza, hará de la zona fronteriza una región más cara y menos competitiva.

Los efectos de esta medida, se verán agravados aún más en la zona fronteriza si consideramos el cúmulo de efectos negativos que generará en si la reforma fiscal en su conjunto, como por ejemplo, la eliminación del régimen simplificado, el incremento en tarifas del IEPS a diversos productos, las menores posibilidades de deducciones de las personas físicas en gastos como los hospitalarios y transporte escolar y la eliminación de la deducibilidad de las cuotas de seguridad social a cargo del trabajador por citar algunas.

Acción Nacional considera que este atentado a la economía de las zonas fronterizas del país, tendrá impactos más graves a los ocasionados por los eventos climatológicos que han azotado a gran parte del territorio nacional. Es por ello, que resulta inexplicable la falta de sentido común, de sensibilidad y solidaridad con la población que vive en esta región.

Nuestro partido, reafirma el compromiso asumido con la sociedad mexicana, pero sobre todo con la población que habita la franja fronteriza de nuestro país y por ello solicitamos al Ejecutivo federal la creación de un programa emergente que permita resarcir las pérdidas que generará la aplicación del nuevo impuesto.

En virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se hace un atento exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, implementen de manera inmediata un programa emergente para las fronteras sur y norte de nuestro país, para mitigar el impacto económico y social a los consumidores, a las Mipyme, a los sectores maquilador, manufacturero, de exportación y turístico, que permita resarcir los efectos devastadores que generará la homologación de la tasa del IVA al 16 por ciento en las regiones fronterizas del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.— (Rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada María Eugenia de León Pérez. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Para los efectos del artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que celebre la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

No se encuentra en el salón. Pasamos al siguiente asunto.

CAMBIO DE INTEGRANTES DE COMISIONES ORDINARIA Y ESPECIAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que el diputado Óscar Bautista Villegas cause alta como integrante en la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 5 de noviembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que el diputado Eduardo Román Quian Alcocer cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 5 de noviembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De enterado. Comuníquese.

SOLICITUD AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX A DAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE HA DECIDIDO CANCELAR EN EL PLAN DE NEGOCIOS 2014-2018 DE LA PARAESTATAL LA CONSTRUCCION DE UNA REFINERIA EN TULA, HIDALGO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados solicita al director general de Petróleos Mexicanos que haga del conocimiento público las razones por las cuales se ha decidido cancelar en el plan de negocios 2014-2018 de la paraestatal la construcción de una refinería en Tula, Hidalgo

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscribe el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita al maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, que haga del conocimiento público las razones por las cuales se ha decidido cancelar en el Plan de Negocios 2014-2018 de la paraestatal la construcción de una refinería en Tula, Hidalgo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, compañero presidente. En el 70 aniversario de la Expropiación Petrolera, el ex presidente Felipe Calderón dio a conocer que se haría una nueva refinería para el país. Como todos recordaremos, esta refinería, que se llamó Bicentenario, después de un amplio debate entre diferentes gobernadores se tomó la decisión de que se construyera en Tula, Hidalgo.

Sin embargo, en días pasados se difundió la noticia que en el plan de negocios de Petróleos Mexicanos para el 2013-2017 se estaba excluyendo este tema. Y ello no podemos desvincularlo de unas declaraciones del director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, donde cuestionaba el tema de la refinación y argumentaba que refinar petróleo crudo no es negocio.

Y ahora el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, también en un evento pone en entredicho y prácticamente anuncia la cancelación de esta refinería en el estado de Hidalgo, en Tula.

Por esa razón, nos parece que a esta Cámara le urge tener claridad sobre lo que está pasando, porque nos parece que hay una deliberada estrategia de ir desmantelando las actividades de Petróleos Mexicanos frente a la inminencia de la intentona por ir a una reforma energética privatizadora.

Nosotros queremos saber a ciencia cierta cuál es la decisión del gobierno federal. Si va o no va la refinería en Tula, Hidalgo, sobre la cual además se han invertido cuantiosos recursos, más de 4 mil 400 millones de pesos para el rubro de investigación y estudios de pre inversión.

Nos parece una grave irresponsabilidad que el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, esté dando por cancelado un proyecto, el cual se anunció con bombo y platillo y además tenía por objeto terminar con el desabasto de gasolina.

Cada mes la gente sufre gasolinazos y el gobierno cierra refinerías. Vaya paradoja. Por esa razón apoyamos este punto de acuerdo y nos parece que en éste, como en otros temas, urge más información sobre lo que se está haciendo en el sector energético del país.

Porque da información sobre negocios al amparo del poder, sobre ex funcionarios, como en la licitación del gasoducto Los Ramones, y es tiempo que no se tiene claridad. Por esa razón apoyamos esta propuesta.

Reconocemos el esfuerzo de la Junta de Coordinación Política, así como la hemos cuestionado otras veces, que en este tema no haya ataduras. También esto fue una propuesta —que viene hoy en la Gaceta— del diputado Monreal, de su servidor, y también el diputado Trinidad Morales lo planteó el día de ayer. Es justo reconocer y por eso nuestro voto será a favor de este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado don Ricardo Mejía Berdeja. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se aprueba.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que celebre la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muy buenas tardes. Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la búsqueda de la justicia colectiva es el ideal más alto al cual se puede acoger el servidor público.

Encontrar mejoras paulatinas en las instituciones de la nación para cambiar la vida de todos los ciudadanos es el paso que puede llevarnos a construir un México mejor, en donde cualquier persona tenga la libertad y los medios para alcanzar su felicidad.

El reconocimiento amplio de los derechos universales del hombre se enmarca dentro de esta búsqueda, como un logro de la sociedad actual que ve con cada vez más extrañeza el sufrimiento de un grupo numeroso de gente.

En México tenemos deshonrosos casos en los que los derechos de alguna colectividad han sido violados. Por tanto, es menester actualizar nuestra legislación para dotarles de elementos para su defensa.

Nueva Alianza es el partido liberal de las causas sociales, el partido de los jóvenes, de los indígenas, de las mujeres y de los maestros. Estamos plenamente convencidos de convertirnos en la institución política del siglo XXI, que responderá eficazmente a las necesidades y exigencias de todos los grupos de la sociedad.

Es por eso que ponemos a su consideración el presente punto de acuerdo, en el que proponemos que el Estado mexicano firme el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A partir de éste se hacen operables y amplios los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Estado mexicano ratificó el pacto el 23 de marzo de 1981, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Mientras que los recursos nacionales siempre deben constituir la primera instancia para la presentación de quejas, resulta necesario que también existan mecanismos regionales e internacionales ante los cuales las víctimas puedan denunciar violaciones de sus derechos humanos. Esto es justicia igualitaria para todos.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce derechos en estos ámbitos y compromete a las partes a trabajar para la consecución de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Esto incluye los derechos laborales y los derechos a la salud, a la educación, el derecho a la alimentación, a los beneficios del progreso científico y el derecho a tener un nivel de vida digno.

En esta sociedad del conocimiento, en donde competimos como nación a nivel global, es de vital importancia el dotar a nuestros ciudadanos con las garantías para desarrollarse plenamente. De tal suerte, el protocolo facultativo de este pacto internacional sería un paso muy significativo hacia la implementación y pleno ejercicio de éste. Con ello el gobierno mexicano demostraría su compromiso hacia los derechos humanos, pasando de las palabras a la acción, en la batalla por la justicia colectiva, que tanto hemos buscando.

La entrada en vigor del protocolo, el 5 de mayo de este año, después de que Uruguay lo ratificó, resulta de la mayor trascendencia, pues reconoce la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para examinar las denuncias de personas o grupos que afirmen que sus derechos en virtud del pacto han sido violados.

Los denunciantes deben antes haber agotado todos los medios domésticos, y no son permitidas las quejas anónimas o las que se refieran a hechos ocurridos antes de que el país en cuestión ratificara el protocolo. Esto garantizará y generará los incentivos para que nuestro país actualice sus procesos de justicia antes de la entrada en vigor de este protocolo.

Este protocolo genera motivos trascendentes para que los Estados fortalezcan los mecanismos para la protección de estos derechos humanos, ofreciendo una reparación a nivel nacional. En este sentido, el objeto es complementar y no sustituir los sistemas nacionales, que deben seguir siendo las vías más inmediatas para lograr justicia en cada asunto social.

El protocolo abre la posibilidad para individuos y grupos históricamente marginados a que denuncien las violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, y a demandar reparaciones ante un mecanismo jurídico internacional. También abre la puerta para dar respuestas oportunas del comité dependiente del protocolo a violaciones graves y sistemáticas de estos derechos a través del procedimiento de investigación.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, esto es una búsqueda activa de la justicia colectiva. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza los invita a votar a favor del presente punto de acuerdo y que juntos vayamos construyendo esperanzas para fortalecer un sistema en el que puedan creer los individuos, los ciudadanos de todos los estratos, de todos los trasfondos y de todos los colores. Nuestras familias, nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestras generaciones nos lo agradecerán. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 elevó al máximo rango normativo los derechos humanos estipulados tanto en nuestra carta magna, como en los tratados internacionales de la materia, dotándoles del más alto reconocimiento y protección jurídica en nuestro país. Sin embargo, como todos sabemos, los derechos humanos no se ejercen per se, más bien requieren de una serie de medidas deliberadas y legales, así como la implementación de políticas públicas eficaces que garanticen su efectivo goce.

Un aspecto primordial en materia de derechos humanos es la certeza jurídica contenida en un recurso efectivo en casos de violaciones de los mismos. Todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos mandatan que los Estados Parte establezcan procedimientos jurídicos y/o de otra naturaleza, por los cuales todas las personas titulares de derechos puedan reclamarlos y pedir la reparación de esas violaciones a las autoridades responsables.

Ante la ausencia, inefectividad o inaccesibilidad de tales mecanismos, los derechos fundamentales pierden su esencia, debido a que sus titulares no pueden hacerlos exigibles, convirtiéndose en meras promesas políticas.

Es por ello que en todo Estado democrático, resulta indispensable que existan mecanismos de justiciabilidad tanto a nivel nacional como internacional. Mientras que los recursos nacionales siempre deben constituir la primera instancia para la presentación de quejas, resulta necesario que también existan mecanismos regionales e internacionales, ante los cuales las víctimas puedan denunciar violaciones de sus derechos humanos y demandar reparaciones del Estado responsable.

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen en este sentido, una doble responsabilidad para el Estado adherente: dirigidas tanto a las personas titulares de derechos, como a la comunidad internacional. Si el Estado falla en su responsabilidad hacia los primeros, es decir, si no cumple con las obligaciones que emanan del tratado en cuestión y no proporciona mecanismos por los cuales los titulares de derechos pueden exigir su cumplimiento, estos puedan tener el acceso a la justicia mediante los mecanismos internacionales y regionales con los que se cuentan.

El sistema internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas establece diversos mecanismos de rendición de cuentas, entre ellos encontramos los siguientes: la revisión de informes periódicos y redacción de observaciones finales; la examinación de quejas individuales e inter-estatales; la realización de investigaciones sobre violaciones graves o sistemáticas; entre otros. Todos los tratados internacionales de derechos humanos disponen de un cuerpo de expertos encargados de promover su implementación y monitorear el cumplimiento de los Estados Partes con las obligaciones emanantes del tratado.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es el principal instrumento internacional para la protección de los derechos humanos relativos a la materia de su competencia. Comprende un número amplio de derechos fundamentales imprescindibles para una vida libre y digna, tales como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a los beneficios del progreso científico y a la cultura, entre otros.

Los Estados que han ratificado el Pacto, se comprometen a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en dicho instrumento internacional y de evitar cualquier discriminación en el acceso a dichos derechos. Además, se obligan a adoptar medidas legislativas para realizar de manera progresiva y al máximo de los recursos disponibles, el pleno ejercicio de estos derechos fundamentales. En eso, tienen que dar prioridad a la aplicación del contenido básico de los derechos económicos, sociales y culturales.

En 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidos adoptó el Protocolo Facultativo del PIDESC. Dicho Protocolo establece la facultad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), conformado por un cuerpo de expertos encargado del monitoreo y avances relativos al PIDESC.

Entre sus funciones principales se encuentra el otorgamiento a las personas o grupos de personas bajo la jurisdicción de un Estado Parte, el derecho de presentar demandas acerca de presuntas violaciones de cualquier derecho económico, social y cultural y de iniciar investigaciones sobre violaciones graves a estos, situando por tanto a todos los derechos humanos en condiciones de igualdad.

También permite al Comité examinar demandas interestatales cuando un Estado Parte considere que otro Estado Parte no está cumpliendo con sus obligaciones derivadas del Pacto. En este caso, si el Estado Parte ha reconocido esta competencia del comité, el Estado debe exponer los hechos mediante una demanda escrita dirigida al otro Estado, y también al Comité.

El reconocimiento de esta competencia es también un requisito para el proceso de investigación, a través del cual el Comité puede examinar información fidedigna que indique violaciones graves o sistemáticas de un Estado Parte de alguno de los derechos económicos, sociales y culturales incluidos en el Protocolo Facultativo.

También refuerza su justiciabilidad, ya que la existencia de un proceso de demanda internacional no solo influye en la jurisprudencia a nivel nacional, sino que supone un incentivo para que los Estados fortalezcan la protección de estos derechos humanos ofreciendo una reparación a nivel nacional. En este sentido, el Protocolo tiene por objeto complementar y no sustituir los sistemas nacionales, que deben seguir siendo las vías más inmediatas para intentar que se haga justicia.

Su entrada en vigor el 5 de Mayo de este año y 3 meses después de que Uruguay lo ratificó, resulta de la mayor trascendencia, debido a que cierra la brecha histórica entre el PIDESC y su pacto hermano, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, poniendo fin a la separación entre estos derechos y atendiendo al principio de universalidad.

El segundo ya dispone de un protocolo facultativo comparable desde su creación, es decir, desde hace casi medio siglo (1966). Por mucho tiempo se ha determinado que los derechos económicos, sociales y culturales han carecido de una verdadera exigibilidad por parte del ciudadano, lo que representa una posición muy conveniente para gobernantes reluctantes de cumplir con sus obligaciones bajo este instrumento internacional.

Sin embargo, un creciente andamiaje de jurisprudencias nacionales y regionales en materia de la protección de estos derechos fundamentales, así como de las interpretaciones del Comité que conoce de los mismos, han disentido de tal mito, comprobándose que los derechos económicos, sociales y culturales sí pueden ser exigibles.

El Estado mexicano ratificó el PIDESC el 23 de  Marzo 1981 junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, nuestro país ha reafirmado su compromiso hacia el goce efectivo de estos derechos. Sin embargo, existe una brecha enorme entre las disposiciones jurídicas internacionales y constitucionales que revisten al Estado Mexicano y el goce y ejercicio efectivos de los derechos fundamentales.

De acuerdo con el último informe de Coneval de Julio de 2013 sobre la situación de pobreza en México, 53.3 millones de personas viven en pobreza, mientras que otros 33.5 millones viven en situación de vulnerabilidad por padecer una o más carencias sociales. El estudio revela que una parte significativa de la población carece de las necesidades más básicas como son: el acceso a la alimentación (23.3 por ciento), a servicios de salud (21.5 por ciento) y a servicios básicos en la vivienda (21.2 por ciento). A esto se suma el hecho de que la gran mayoría de las y los mexicanos no cuenta con seguridad social (61.6 por ciento).

Esta situación es aún más alarmante considerando que México no es un país pobre, es decir, con carencia de recursos para tener un crecimiento económico que ha reflejado los últimos años, sino todo lo contrario. Más bien la pobreza en nuestro país es el resultado de discriminaciones, y exclusiones estructurales en el ámbito socio-cultural, económico y político, que hacen de esta Nación uno de los países más desiguales del mundo.

Los grupos en situación de vulnerabilidad más afectados por la discriminación, como las mujeres, los jóvenes o los pueblos indígenas, padecen niveles de pobreza mayores que el promedio de otros grupos en esta condición. Por ejemplo, la población menor de 18 años han sido los más afectados debido a los altos niveles de marginación. Los resultados concluyeron que los niños y jóvenes en esa condición fueron de 21. 2 millones, de los cuales 4.7 millones se encuentran en pobreza extrema. Asimismo, la población indígena que vive en pobreza extrema, representa más de cuatro veces en número de personas, a diferencia del resto de la población (30.6 por ciento vs 7.6 por ciento).

Estas cifras demuestran que México está lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales y constitucionales en el ámbito de los DESC. También indica la ausencia de mecanismos efectivos a nivel nacional para la reclamación de estos derechos.

La ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC sería un paso muy significativo hacia la implementación y pleno ejercicio de los DESC y una muestra, por parte del gobierno mexicano de ratificar su compromiso hacia los derechos humanos, especialmente hacia los derechos económicos, sociales y culturales, concretándose con acciones eficaces y no quedando solo en retórica.

Aspectos importantes que caracterizan a este Protocolo Facultativo estriban en que constituye un instrumento clave para fortalecer la defensa de la tierra, el territorio, el agua, el medio ambiente, la salud y otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los ciudadanos.

El Protocolo abre la posibilidad para individuos y grupos históricamente marginalizados quienes no han podido acceder a la justicia a nivel nacional para denunciar las violaciones de sus DESC y demandar reparaciones ante un mecanismo jurídico internacional. También abre las puertas para dar respuestas oportunas del CDESC a violaciones graves y/o sistemáticas de estos derechos a través del procedimiento de investigación.

Al mismo tiempo, con la incorporación a nuestro sistema jurídico de este Protocolo Facultativo, se sumará un cuerpo de jurisprudencia internacional en el ámbito de DESC que sin duda contribuirá en la interpretación y determinación del contenido de los mismos y de sus obligaciones correspondientes.

Esto a su vez, servirá de sustento para el diseño de leyes, políticas públicas y programas para la protección y promoción de los DESC. Al mismo tiempo representa un incentivo para establecer y mejorar los recursos nacionales para resolver y dar la debida reparación a violaciones de estos derechos fundamentales a nivel nacional. Esto como requisito para presentar una queja ante el CDESC o cualquier otro mecanismo internacional de derechos humanos, una vez que se han agotado todos los recursos jurídicos nacionales (siempre y cuando estos no sean efectivos en la impartición de justicia).

En este sentido, resultará a su vez benéfico para el Estado Mexicano, toda vez que con la celebración de este Protocolo Facultativo, mejorará significativamente la impartición de justicia y permitirá hacer más eficaces sus propios mecanismos de justicia, evitando así el escrutinio internacional.

En suma, la ratificación por parte del Estado Mexicano al Protocolo Facultativo del PIDESC traerá consigo muchos beneficios para el país y nos permite dar un paso adelante en la realización plena de los derechos contenidos en este instrumento internacional de justiciabilidad.

En vista de los altos niveles de pobreza, exclusión y marginalización en el país, resulta urgente dar voz a las personas quienes día a día padecen violaciones de sus derechos más básicos en el ámbito económico, social y cultural, haciendo accesible a la ciudadanía este mecanismo internacional, por lo que exhorto respetuosamente al Ejecutivo federal a su adhesión y  pronta firma.

Sin duda, la reforma constitucional en materia de derechos humanos ha tenido un impacto sustancial en la formación de una nueva visión en su reconocimiento, contribuyendo al fortalecimiento de un Estado moderno, protector de los derechos humanos y sus garantías que cuenten un acceso a la justicia eficaz, que renueve las estructuras y criterios atendiendo al principio pro-persona y así, garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, incluso ante instancias internacionales.

Nueva Alianza como un partido joven y con propuestas innovadoras, está planamente convencido de ser la institución política del siglo XXI que responderá eficazmente con las necesidades y exigencias de todas las personas. El compromiso social que nos caracteriza, nos exige estar al servicio de la ciudadanía, porque creemos firmemente en la igualdad entre los seres humanos.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos ciertos que nuestra postura liberal se encuentra presente y va creciendo día a día dentro de la sociedad y en sintonía con el irrestricto respeto por los derechos humanos, visión que el Estado Mexicano hizo suya desde su reconocimiento en nuestra carta magna en junio de 2011.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal a celebrar la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.— Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, señor diputado don René Fujiwara Montelongo. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se considera de urgente resolución. Está a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, un paso trascendental en el derecho internacional de los derechos humanos fue precisamente dotar de subjetividad jurídico-internacional a las personas, al individuo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento de suma importancia en el ámbito internacional y en la materia de derechos humanos, contiene precisamente cuáles son los derechos humanos que se deben de respetar a toda persona, sin discriminación alguna, porque carecía en el momento en que fue signada la declaración de obligatoriedad, surgieron dos grandes instrumentos internacionales, precisamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Éste último es un instrumento que contiene, entre otros, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a una niñez, en fin, un sinnúmero de derechos fundamentales y que al lado de los derechos civiles y políticos vienen a constituir la columna vertebral del derecho internacional de los derechos humanos.

Precisamente para que gocen de garantía y efectiva protección las personas de estos derechos se requieren de mecanismos de exigibilidad a los Estados, y para que puedan exigir estos derechos se requieren establecer mecanismos de queja, de reclamación, lo que se ha denominado órganos cuasi jurisdiccionales o jurisdiccionales de protección de los derechos humanos y que los individuos o los propios Estados puedan acudir a presentar estos reclamos. Eso es precisamente el mecanismo que se está contemplando en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Por estas consideraciones es de suma importancia que lo ratifique nuestro país, en miras a la entrada en vigor de este instrumento internacional. Va a dotar de una mayor efectividad y va a lograr la implementación efectiva del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

También hay otras consideraciones de congruencia por parte del Estado mexicano para ratificar este instrumento, estaríamos actuando acordes con el artículo 89, fracción X, por cuanto uno de los principios de la política exterior de México es precisamente el del respeto y garantía de los derechos humanos.

Por todas las consideraciones antes mencionadas, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo votará a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada doña Loretta Ortiz Ahlf. Tiene el uso de la palabra, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy por hoy, para nadie es noticia que en nuestro país se está padeciendo un grave deterioro de las condiciones generales de vida en un cada vez mayor número de mexicanas y mexicanos, a consecuencia —en gran medida— por la implementación de políticas de mercado que han dado prioridad al aumento de indicadores macroeconómicos, aún por encima del bienestar de la población.

Los derechos económicos, sociales y culturales son un conjunto de prerrogativas de las denominadas de tercera generación, las cuales están vinculadas a la satisfacción de las necesidades más básicas de las personas en los rubros de trabajo, alimentación, salud, vivienda, seguridad social, educación, cultura, agua y medio ambiente.

La protección de estos derechos cobra importancia, dado que constituye la base para la preexistencia de las personas. Son también las herramientas que les permite alcanzar un mejor nivel de vida, en el que puedan satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar al máximo sus capacidades.

La reducción de las desigualdades y asimetrías que existen entre los miembros de una sociedad es una de las principales aspiraciones de este conjunto de derechos. Así, dicha salvaguarda requiere que el Estado interfiera, pero que además actúe para procurar la plena efectividad de dichos derechos y así cumplir con su obligación de garante.

Actualmente los derechos económicos, sociales y culturales están reconocidos como derechos humanos en diferentes instrumentos internacionales y aprobados por México.

No obstante lo anterior, el Estado mexicano ha actuado negligentemente al desconocer casi por completo las obligaciones y responsabilidades que se desprenden de la firma de los documentos anteriormente mencionados, pues hoy —de conformidad con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico— la economía mexicana se encuentra clasificada entre las peores del mundo, con un desarrollo productivo relativamente bajo, con tasas de desigualdad y pobreza de las más altas de los Estados miembros de la organización.

Por lo que la ratificación por parte del Estado mexicano al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es sin duda necesario, con motivo de las deficiencias que vive nuestro país en materia de este reconocimiento y respeto a los derechos fundamentales.

La sociedad precisa contar con un mecanismo de esta naturaleza, en apoyo a la defensa y promoción de los derechos humanos, tal como lo precisa el punto de acuerdo objeto a discusión.

Por ello quiero señalar que Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo. Felicito a nuestro compañero, el diputado René Ricardo Fujiwara, por esta iniciativa. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Francisco Coronato Rodríguez. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández:Con mucho gusto saludamos —aunque sean pocos— a los compañeros que están aquí presentes. Con gusto apoyamos la iniciativa de Nueva Alianza para que nuestro país ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Pero permítanme compartir el razonamiento que nos lleva a esta decisión. Justicia que no es aquí y ahora, no es justicia. Enfrentamos un sistema de justicia que en el mejor de los casos nos da miedo, desde ver encaminarse hacia nuestro coche a un policía de tránsito, hasta esperar por lustros una resolución en tribunales. Desde ser indiferentes a las muchas personas en las cárceles esperando sentencia, hasta escuchar sobre las fugas multitudinarias en cárceles de alta seguridad.

Por otra parte, en medio de una escala de accesibilidad al sistema judicial estamos nosotros, la clase media, quienes aunque no confiamos en el sistema podemos pagar para que nos defiendan. Pero en la base de la pirámide están los grupos vulnerables, que no pueden ir más allá en la defensa de sus derechos.

El 23 por ciento de la población vive sin acceso a la alimentación, 22 por ciento sin acceso a la salud, 22 por ciento sin los servicios básicos a la vivienda y un 62 por ciento de la población no tiene seguridad social. Los más afectados en estos derechos, por supuesto, suelen ser mujeres sin educación formal, indígenas, discapacitados y aquellos en pobreza extrema.

México es uno de los países más desiguales del mundo. Nuestro coeficiente de Gini es una vergüenza —como dijo el compañero— considerando que somos parte de la OCDE. Somos los ricos de entre los pobres o somos los pobres de entre los ricos.

Sabemos que tenemos derechos, pero no sabemos cómo ejercerlos. En México frecuentemente estos derechos no se pueden reclamar o garantizar. Ante la inefectividad o inaccesibilidad de los mecanismos de justicia los derechos fundamentales pierden su esencia, pero nuestro temor a la impartición de la justicia en México es un hecho.

Las primeras instancias de justicia son y serán nacionales. Nadie va a invadir nuestra soberanía o nuestra autonomía. Pero sabemos que el derecho internacional de los derechos humanos obliga a México a adoptar medidas y leyes internas que emanen de los tratados internacionales. Es decir, existen mecanismos internacionales para la presentación de quejas e incluso para arrancar un proceso de reparación de daños.

El Sistema Universal de Derechos Humanos fue creado en 1966 y México se adhirió al sistema hasta 1981. Curiosamente 15 años de diferencia, que si recuerdan, son una época negra de la historia de la justicia en México.

El Protocolo Facultativo de este sistema se aprobó en 2008 y México aún no lo ratifica, como ha tenido a bien informarnos el diputado Fujiwara. De eso se trata la iniciativa.

Ahora, ¿en qué consiste el protocolo? En que México valide tres procedimientos de protección de los derechos humanos: la comunicación entre Estados, comunicaciones individuales o grupales y en un procedimiento de investigación.

El protocolo, por más aburrido que suene el título, trabaja a través de un comité de expertos internacionales que examinan las quejas que tengamos y puede iniciar investigaciones sobre las violaciones graves a los derechos consagrados en el pacto, que son los derechos universales.

Ojo. No se trata de una instancia internacional que nos vaya a castigar sobre el derecho incumplido a la alimentación, sino de que esos ciudadanos afectados tengan derecho a presentar su queja ante instancias internacionales para proteger su dignidad.

Debemos familiarizarnos, amigos, compañeros, con términos tan difíciles de pronunciar, pero tan importantes, como justiciabilidad o exigibilidad de nuestros derechos. En nuestra joven democracia los Estados, incluyendo México, estos mecanismos internacionales se convierten en un incentivo de reconocimiento o reprobación de la opinión pública internacional para cumplir con la obligación de dar acceso a la justicia y de dotar de mecanismos para ese exceso.

En México, esta exigibilidad y justiciabilidad están directamente relacionadas con el acceso a la información del sistema judicial. Hay avances. La digitalización de los procesos es un hecho, en los últimos 10 años se ha dotado a lo largo del país de miles de computadoras para los juzgados. Se han iniciado los juicios orales.

Como conclusión, hacemos votos para que el Ejecutivo ratifique cuanto antes el PIDESC, que es el protocolo del que hemos estado hablando, para fortalecer el sistema de protección, otorgando la posibilidad de exigirlos ante instancias internacionales. Muchas gracias, señor presidente.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a miembros de comités seccionales y delegados municipales del municipio de Cuautepec, Hidalgo, invitados por el señor diputado don Francisco González Vargas. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Rosa Elba Pérez Hernández. Tiene el uso de la palabra la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel:Con su permiso, diputado presidente. La reforma constitucional al artículo 1o., trascendental para nuestro país en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, constituye uno de los avances para el pueblo mexicano, dado que coloca a la persona y sus derechos en el núcleo de la actividad del Estado.

Por ello la importancia de que en todo Estado democrático sea indispensable que existan mecanismos nacionales e internacionales ante los cuales las víctimas puedan denunciar violaciones a sus derechos humanos. Pero lo más importante es la reparación del daño por parte del Estado.

Actualmente los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen una doble responsabilidad para el Estado miembro dirigida a personas titulares de derechos, como la comunidad internacional.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el principal instrumento internacional para la protección de los derechos humanos, tales como el derecho a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la cultura, entre otros.

Todos los Estados que han ratificado el pacto se comprometen a respetar, garantizar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento internacional y de evitar cualquier discriminación.

En el 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo del Pacto, que le da facultad al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conformado por un cuerpo de expertos encargados de monitorear los avances del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde examina las demandas interestatales cuando un Estado parte considere que otro Estado parte no cumple con sus obligaciones derivadas del pacto.

Es así como el Estado mexicano ratificó dicho pacto el 23 de marzo de 1981, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la reforma en derechos humanos de 2011. Con ello, nuestro país ha reafirmado su compromiso hacia el goce efectivo de estos derechos.

Sin embargo, la brecha es muy amplia ante las disposiciones jurídicas internacionales y constitucionales que revisten al Estado mexicano. En la actualidad es de vital importancia para México ratificar el presente protocolo, debido a la relevancia que están tomando hoy en día sus políticas públicas, que necesitan ser vinculadas con prestar mayor atención y dar mayor cobertura a los rubros de salud, educación, trabajo y vivienda, sin olvidar la protección social, ya que actualmente los grupos que sufren mayor discriminación son los jóvenes, mujeres y pueblos indígenas, que padecen los más altos índices de pobreza que reflejan la ausencia de mecanismos efectivos a nivel nacional para la exigencia de estos derechos.

Cabe mencionar que este tema de inicio lo propuso mi grupo parlamentario, así como el PAN y lo bloquearon y votaron en contra los de Nueva Alianza. Sin embargo, hoy celebro que se retome y sobre todo que se apruebe para el bienestar de nuestro país.

Por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen, pues la ratificación de este instrumento internacional es un paso muy significativo a la implementación de mecanismos internacionales que permitan fortalecer la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, permitiendo el acceso a la justicia y atendiendo las violaciones graves a través de los procesos de investigación correspondientes. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel. Tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el día de hoy nos ocupa un tema que pone de manifiesto la oportunidad que tiene el Estado mexicano de llevar a cabo un importante esfuerzo en beneficio de toda la sociedad, atendiendo a los compromisos internacionales y salvaguardando los derechos humanos en apego a los principios constitucionales.

El respeto y garantía de los derechos humanos constituye la piedra angular sobre la que descansa la razón de ser del estado de derecho. Lo anterior se logra mediante las disposiciones contenidas a través de nuestras normas jurídicas que deben de ser acatadas por toda la comunidad internacional.

El artículo 89, fracción X, de nuestra Carta Magna establece, entre otros, el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos como uno de los principios de acción de política exterior. Por lo tanto, resulta un deber constitucional garantizar el establecimiento de aquellos instrumentos internacionales que permitan alcanzar dicho fin.

De igual manera, en nuestra Constitución Política se encuentran contemplados el derecho a la alimentación, a la salud y a la vivienda, en el artículo 4o. Al trabajo, en el artículo 123. A la educación, en el artículo 3o. Mismos que se encuentran contemplados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Sin embargo, como bien lo expresan los datos presentados en el punto de acuerdo, se presenta una ausencia para la reclamación de los mismos, por lo que vemos que existe la urgente necesidad para la firma y posterior ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se establecen los mecanismos de denuncia e investigación para el cumplimiento del pacto.

En dicho protocolo las partes firmantes se comprometen, en el artículo 1o., a reconocer la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para examinar las denuncias de personas o grupos que afirman que sus derechos, en virtud del pacto, han sido violados, respetando en todo momento la soberanía de los Estados parte, al establecer en el artículo 3o. que los denunciantes deben antes haber agotado todos los medios, y no se permitan las quejas anónimas o las que se refieran a hechos ocurridos antes de que el país en cuestión ratificara el protocolo, salvo que estos hechos hayan continuado después de esa fecha, así como la facultad del comité de permitir información y hacer recomendaciones a los países firmantes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6o., 8o. y 9o., y los firmantes pueden también optar por permitir al comité escuchar quejas de otros Estados parte del instrumento contemplado en el artículo 10.

Lo anterior toma una importante consideración, si tomamos en cuenta la posición de México en el LXVIII periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde nuestro país afirmó que asegura trabajo en el fortalecimiento del Consejo de los Derechos Humanos, por lo que presentó una candidatura para ser miembro de este órgano durante el periodo 2014-2016, con la finalidad de propiciar un tratamiento objetivo y eficaz de la situación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

Por lo tanto, para llevar a cabo su labor con eficiencia dentro del consejo, se requiere de la congruencia necesaria para cumplir y garantizar los derechos contemplados en el PIDEC, por medio de la ratificación de este protocolo facultativo.

Bajo esta tesitura a favor de la defensa de los derechos humanos, merece la pena recordar lo sucedido en el marco de la XVII sesión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, y en el que el pasado miércoles 23 de octubre se colocó al Estado mexicano en la palabra para ser evaluado por segunda ocasión en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos, en donde 89 países se inscribieron en la ronda para presentar su posicionamiento y expresar públicamente sus recomendaciones al Estado mexicano.

El informe previo entregado a México por las organizaciones de la sociedad civil destacaba carencias en seguridad y acceso a la justicia, agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, el arraigo, la tortura, las desapariciones forzadas, así como la exclusión y la violencia hacia grupos vulnerables, como los indígenas, migrantes y mujeres.

Señoras y señores legisladores, la entrada en vigencia del protocolo facultativo representa un logro de la sociedad civil, que llevó a cabo una serie de movilizaciones y campañas alrededor del mundo, convocando a los Estados a la ratificación del instrumento.

El día de hoy nos unimos al llamado al Ejecutivo federal y posteriormente al Senado de la República, para que congruentes con sus obligaciones de Estado en materia de derechos humanos hagan accesible a la población este mecanismo internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, procediendo a su pronta firma y ratificación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada María Teresa Jiménez Esquivel. Finalmente, tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda:Buenas tardes. Con permiso de la Presidencia. Con permiso de las diputadas y diputados presentes en esta sesión. Debemos recordar que las reformas en materia de derechos humanos, que se llevaron a cabo en el año 2011, se convierten —sin lugar a dudas— en un parteaguas positivo en materia de derechos humanos para nuestro país.

Estas reformas para la protección de los derechos humanos protegen los derechos fundamentales de los seres humanos y obligan también a las instituciones gubernamentales a velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Suprema y de la legislación en materia de protección, y de efectivo cumplimiento y ejercicio de estos derechos inherentes a las personas.

Recordemos que nuestro país es miembro y ha suscrito 177 tratados internacionales desde el año de 1949. Estos tratados internacionales dan la pauta para garantizar jurídicamente los derechos humanos, los derechos fundamentales, que por el simple hecho de la existencia de las personas, protegen y tutelan el ejercicio y el derecho a una vida digna, a una vida que lleve de forma adecuada a los mínimos fundamentales para respetar la dignidad humana.

Como es bien sabido, este multicitado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual fue ratificado por nuestro país, como ya se mencionó, en el año de 1981, salvaguarda diversos derechos —insisto— fundamentales para asegurar una vida digna para las personas, como es el derecho al libre trabajo, al trabajo equitativo y satisfactorio, a la libertad sindical y de huelga, a la seguridad social, a la protección a la familia. A los menores, a tener un nivel adecuado de vida, a la difusión, desarrollo de la ciencia y la cultura, entre otros.

Estos derechos son altamente trascendentes para la vida armónica de un país y son los que se garantizan de forma extrajudicial por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no tiene otra finalidad más que proteger a las personas y grupos de personas que consideren violentados sus derechos enunciados en este pacto internacional, a través de un comunicado presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual tiene a su vez la potestad —por el pacto internacional ya anteriormente enunciado— y tiene la obligación de dar el trámite correspondiente y, en su caso, establecer la violación o la no violación de los derechos por parte del Estado integrante de dicho pacto.

Es por eso que el punto de acuerdo presentado por el diputado René Fujiwara es de gran relevancia para nuestro país, ya que tiene como único objetivo —más allá de la simple formalidad de suscribir un protocolo— ampliar, verdaderamente, la protección de los derechos por parte de todas las instituciones gubernamentales.

Tomemos en cuenta que los derechos humanos son amplios. Que estos derechos no se limitan a las decisiones de gobierno sino —que conforme a lo que hemos citado previamente— a la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos derechos dan mayor certidumbre y protección jurídica a los seres humanos.

No solamente votaremos de forma afirmativa por este punto de acuerdo presentado por el diputado Fujiwara, sino que ante nuestros compañeros diputados me congratulo por el presente punto de acuerdo, ya que es a través de éste que se dará la pauta para la aplicación de los derechos humanos y la protección de los mismos de una forma efectiva, así como el reflejo de la preocupación que existe en esta Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, respecto a la verdadera protección y garantía de los derechos fundamentales desde el marco internacional. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Pedro Ignacio Domínguez Zepeda. Para efectos...

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Lizbeth Rosas.

Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Sí, diputado presidente, para que quede asentado en el Diario de los Debates. Sobre este punto, comentar que al Grupo Parlamentario del PRD le da mucho gusto que hayan cambiado la posición Nueva Alianza y el PRI, que ahora se congratulan por la aprobación del mismo punto, cuando éste fue propuesto por senadores del PRD durante el periodo de la Permanente. Desafortunadamente lo bloquearon, al final se votó en contra.

Agradecer que en ese sentido el Grupo Parlamentario del PAN sí estuviera siempre a favor del mismo, no así los que ahora quieren enarbolar una bandera que, la verdad, debería haber sido aprobada desde hace cuatro meses. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates.

Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución. Si es de aprobarse el acuerdo.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se formula posicionamiento y un respetuoso exhorto a los titulares del Ejecutivo federal y estatal, respecto a la situación de violencia en el estado de Michoacán.

EXHORTO A LOS TITULARES DE LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATAL RESPECTO A LA SITUACION DE VIOLENCIA EN MICHOACAN

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se formula posicionamiento y un respetuoso exhorto a los titulares de los Ejecutivos federal y estatal respecto a la situación de violencia en Michoacán

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. La seguridad es una función básica del Estado, vital para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, la aplicación de la fuerza legítima para la protección y el funcionamiento legal de una democracia; y son ineludibles la promoción y protección de los derechos humanos.

Segundo. La Cámara de Diputados formula respetuosamente un llamado a los titulares del Ejecutivo federal y de Michoacán relativo a la reorientación de la estrategia de seguridad y desarrollo implantado en ese estado y nos sumamos a los esfuerzos y las acciones que en uso de nuestras facultades nos permitan acompañar para la construcción de un Estado con garantías plenas para sus ciudadanos.

Tercero. Que desde nuestra responsabilidad sumamos esfuerzos y pedimos a todos los sectores de la sociedad que unifiquemos las acciones que nos permitan el fortalecimiento, y desarrollo social y económico de la entidad, con la generación de empleo, y el compromiso con la educación y la cultura, pues si bien es cierto que son diferentes, deben caminar en paralelo para que puedan ser sustentables o sostenibles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Luis Alberto Villarreal García, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Iniciativa que reforma los artículos 6o., 159 y 160 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 159 y 160 de la Ley de la Propiedad Industrial al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

La Academia Mexicana de la Lengua basándose en el Diccionario de la lengua española, define artesanía como arte u obra de los artesanos - a quienes la misma institución puntualiza como una persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico; y modernamente, para referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal.

En efecto, la artesanía es arte y obra un uno mismo; y por ende un artesano es un artista que a través de sus manos es capaz de impregnar lo que usamos para acompañarnos en lo cotidiano, la grandeza que prevalece en lo que es considerado como único.

La ausencia de lo automatizado y del rasgo que ofrece la ayuda de las maquinas en su elaboración y confección, es la esencia de una artesanía, lo que la convierte en ello y lo que la provee de una autenticidad y particularidad infinitamente valiosa: a pesar de provenir de las mismas manos y materia prima, la misma mente y el mismo sentimiento de amor hacia lo que se hace por vocación y no por obligación; no existen, no hay, ni habrá dos artesanías exactamente idénticas.

Muy por encima de la hoy en día producción industrial o la llamada “producción en serie” que sólo es capaz de crear imitaciones para comercializarlas a bajo costo, la elaboración de las artesanías ha sido parte de la historia de las sociedades en todo el mundo y en todos los tiempos por más remotos que se asuman, incluso en nuestros días.

Las técnicas manuales en el ser humano florecieron por la necesidad de proveerse de utilidades para la convivencia diaria; pero prevalecieron con el tiempo hasta nuestros días por la misma razón en que lo hizo una pintura, una escultura o una obra musical; gracias al sello personal que su creador imprimió en ellas dotándola de una belleza única y particular previéndola al mismo tiempo de historia y tradición.

Por ello, los artesanos y sus artesanías, han estado siempre presentes en nuestra historia y además en nuestro desarrollo en todos los ámbitos; y gracias a una subsistencia cada vez más difícil, duramente castigada y complicada, han llegado a convertirse en una parte fundamental y representativa de nuestra cultura tradicional; no únicamente para nuestra nación o alguna otra, sino para la humanidad entera.

Esto se debe, a que así como son de diversos sus materiales con los que se producen y los estilos que representan; lo son también sus orígenes y sus usos.

Hace miles de años el hombre descubrió que con los elementos que la naturaleza le proveía, podía trabajar para convertirlos en algo distinto pero sobre todo útil; y sin saberlo, también en algo fascinante, una artesanía; se tienen registros muy antiguos que datan de la existencia de tan elevada labor, logrando identificar a lo largo de este tiempo tres factores que cimentaron su importancia y trascendencia en las culturas que anteceden a nuestras sociedades.

Esos tres factores, motivos o fines para los cuales se realizaban las artesanías desde sus orígenes son los siguientes:

1. Por motivos estéticos-decorativos.

2. Por motivos rituales-religiosos-ceremoniales.

3. Por motivos funcionales.

Como se puede apreciar, estos motivos son a pesar del paso del tiempo y el rigor que ello exige, vigentes; tan es así que la importancia de las artesanías para una sociedad se debe a la presencia de éstas en su quehacer diario por un lado y en la expresión de sus creencias por el otro. Y lo que le da ese calificativo de arte, es que a pesar de ser creada para cualquiera de los tres motivos, guardan en su diseño, ese grado significativo de creatividad y originalidad heredado.

Con el paso de los años, de los gustos y el surgimiento de nuevas necesidades, la creación de artesanías fue posicionándose como una fuente de ingresos familiares sólida, a la vez que se fueron heredando las técnicas y las habilidades de padres a hijos, de generaciones a generaciones completas de toda una misma región; hasta el momento de volverlas distintivas de la misma y propias de la zona y sus habitantes.

Quizás ha sido por ese motivo, que en la actualidad se relaciona a la artesanía con lo rural, a la par o de la mano de las actividades del campo; y comercializándose también de manera paralela a los productos que en las regiones ajenas a lo citadino se ofrecen; ese proceso ofrece una dialéctica, una ventaja y desventaja; la ventaja de hacerla todavía más exclusiva por encontrarse en una única región y por lo mismo todavía más especial; y la desventaja de que pierda la oportunidad de proyección por hacer más fácil su arrinconamiento o clandestinidad.

En nuestro país, la presencia de los artesanos y las artesanías no ha sido excepción desde los orígenes de nuestra sociedad; así como tampoco es lo mencionado en el párrafo anterior. Por el contrario y a pesar de múltiples factores, somos una nación exponencialmente rica en lo que a éste tipo de arte se refiere, pero por igual, tampoco hemos sido capaces de promoverla y protegerla de adversidades.

De manera lamentable, ésta noble expresión de arte y cultura en todo el país ha ido siendo desplazada de su calificativo que la posiciona como obra de arte, relegada de su función de proveedora de ingresos dignos a los artesanos y sus familias y arrinconada casi hasta su completa extinción por la existencia de imitaciones o falsificaciones producidas por la industria propia o generalmente extranjera, que bajo un esquema de competencia desleal a base de un precio inferior, tan inferior como lo es su calidad y representatividad; le ha robado espacio en el gusto y la apreciación de la gente.

Cada día en nuestro país, se producen menos artesanías porque ya no se venden; no se pueden ofrecer y comercializar a un precio justo que incluya la justa retribución por el factor humano que se encuentra en su elaboración – el ingenio, la creatividad y la entrega de una parte de sí mismo de quien la creó- por el contrario, encontramos falsas artesanías que son producidas incluso a miles de kilómetros de distancia de sus verdaderos lugares de origen, en donde nacieron, se formaron y conformaron como arte.

A pesar de ser cada vez más escasa la artesanía nacional y el número de nuestros artesanos -parece que la ley de la oferta y la demanda hace una trágica excepción aquí- ésta no se revaloriza o no le permitimos revalorizarse, faltándole el respeto a nuestros propios orígenes, a la dignidad de los artesanos y sus familias y a las generaciones que les anteceden y quienes orgullosos les enseñaron no nada más la técnica y el conocimiento del manejo de los insumos, sino también la vocación y el orgullo que provoca el sentir que se está dejando una parte de uno mismo durante las largas horas que dura la pesada jornada de trabajo.

La artística labor de los artesanos mexicanos, es menospreciada; ni siquiera es vista como en trabajo; por el contrario, se le considera una forma de entretenerse para hacer “algo” que les permita “creer o simular” que se ganan la vida. Incluso, somos una sociedad que hemos llegado al descaro de preguntamos ¿cómo es posible que intenten vendernos eso? ¿Cómo pretenden vernos la cara con esos precios?

No podemos seguir pensando así, ni permitir además que personas extranjeras también lo hagan así; ni mucho menos consentir que de esa situación otros obtengan un provecho económico a costa del bienestar de esas familias mexicanas que tienen ese derecho histórico y les corresponde además, ese beneficio.

La artesanía en nuestro país como en cualquier otra nación es motivo de orgullo; pero en nuestro México, además es parte de nuestra historia, nuestros orígenes y nuestras raíces; no podemos ignorar que ese ingenio, esas manos hábiles, ese conocimiento heredado, esa vocación y amor a lo verdaderamente nuestro que se encuentra en los artesanos, también sirvieron de sustento para nuestras mejores ventajas como sociedad y nuestra valiosa identidad como nación.

A nuestros artesanos y las artesanías debemos protegerlas, revalorizarlas, devolverles su importancia, representatividad y el lugar que les corresponde por derecho; esta soberanía que por igual comparte un origen histórico en la conformación de nuestro país moderno, no debe de ser ajena a ese esfuerzo, ni ignorar esa deuda pendiente e histórica.

2. Argumentos de sustento

Las artesanías en México se han enfrentado a diversos problemas que las han marginado en sus alcances y mermado en su proyección; desde los económicos que se traducen en la pérdida de su papel como generadora de ingresos en un monto suficiente para representar un negocio prospero a los artesanos, hasta los que resultan de un proceso de industrialización en la fabricación de las artesanías por parte de capitales nacionales o extranjeros que las han abaratado, desprestigiado y delegado al olvido; sustituyendo el proceso artesanal por la llamada producción en serie.

Los problemas a los que se enfrentan los artesanos mexicanos con sus artesanías, sin duda alguna son una de las manifestaciones más arraigadas en el tejido social de la crisis permanente que prevalece en la cultura y el arte en nuestro territorio, como también en nuestra conciencia colectiva y la solidaridad que debe prevalecer entre compatriotas; atentando incluso contra la historia de nuestro país.

Permitimos que la cultura y el arte se alejaran de su origen, su papel y sus raíces, volviéndola selectiva; para en cambio asumirla como exclusividad de un sector de la población con una posición económica cómoda, y por consiguiente de zonas o espacios excepcionales o distinguidos; olvidando consciente o inconscientemente que en nuestra historia la cultura y el arte se gestó en las manos de los artesanos que desde épocas prehispánicas e incluso primitivas las usaban para expresarse, relacionarse o como un objeto destinado a cumplir una función cotidiana; pero enriquecido por la creatividad y el ingenio en su elaboración. Sin duda, arte.

Todo esto a pesar de ser un país de vocación exquisitamente artesanal, donde los artesanos mexicanos más que mostrar habilidad y destreza en la creación de sus complejas y variadas artesanías, muestran el singular don que provee una especial magia que evoca en sus mentes y sus manos hacia sus armónicos diseños y sus coloridos estilos.

Tan sólo basta mencionar que el Estado de Jalisco es el estado que contribuye con poco más del 10% de las exportaciones artesanales en México, siendo por ello el líder nacional en ese rubro y a nivel Latinoamericano el poseedor de más artesanías únicas; donde destacan su cerámica y vidrio soplado de Tlaquepaque, Tonalá y Tuxpan, los hilados de Chapala, los Deshilados de Tuxpan, la madera de Teocaltiche, la marquetería y taraceado de Jalostitlán y la metalistería de Ocotlán, Sayula y Tlaquepaque; entre otros.

Pero también en cada región tenemos en más o menos cantidad muestras excepcionales de artesanos y sus artesanías que son dignos exponentes internacionales de la riqueza cultural del mexicano.

Por ejemplo, los llamados “Tenangos” que son bordados de los Otomíes de la región de Tenango de Doria en el Estado de Hidalgo, exquisitos bordados a mano que incluso una prestigiada marca francesa les utilizó en los diseños de sus mascadas comercializadas a nivel internacional.

Así como también:

• Los papalotes de papel, los alebrijes y el barro negro de Oaxaca.

• Los rebozos tejidos de San Luis Potosí, Michoacán, Tlaxcala o Guanajuato.

• Las máscaras de chaquira y las tablas de estambre huicholes que se encuentran en Nayarit y Zacatecas.

• Los Arboles de la Vida creados en el estado de México,

• Los sarapes de telar de cintura de algodón o yute de Coahuila, y

• La platería que se encuentra en Guerrero y Michoacán, entre muchos otros dignos ejemplos que no acabaríamos de enumerar.

Como se puede apreciar, hay una gran riqueza en materia de artesanías con la que también cuenta nuestro país, pero vemos con tristeza que nuestros artesanos desafortunadamente no cuentan con todo nuestro apoyo y el debido respaldo a su actividad con la cual intentan modestamente subsistir.

No basta con promover su difusión en pequeños bazares, plazas o tianguis “culturales” o representativos de cada región. No es suficiente lo anterior ni mucho menos útil para tal fin. Necesitamos en primer lugar, dignificarlas no sólo dentro de nuestro territorio nacional sino también hacia todo el mundo, es preciso protegerlas, preservar su calidad y características exclusivas que corresponden a sus diseños, estilos, materiales y región; pero también a su historia propia y de las manos que las realizan.

Debemos resguardarlas de la competencia desleal que le representan imitaciones o falsificaciones baratas y vulgares, tanto de propios como también de extranjeros que ante el desentendimiento social y el desinterés gubernamental, la dejan en desventaja, desamparo y carentes de apoyos para hacerles frente.

Los mecanismos para tal fin existen y están disponibles desde hace mucho tiempo, otras naciones lo utilizan e incluso la nuestra de manera incipiente lo hace; quizás el problema por el que no se ha utilizado o aprovechado en beneficio de nuestros artesanos, es porque implica un gran esfuerzo gubernamental y de las autoridades en todos los niveles de gobierno, motivado por el amor a nuestro país y sus tradiciones; este instrumento ahí está y se llama declaración de Denominación de Origen.

Esta protección legal se encuentra definida en nuestro marco jurídico y específicamente en nuestra Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 156 y 157 que dice:

“Artículo 156. Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.

Artículo 157. La protección que esta Ley concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto. El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal”.

En nuestro país, se refiere desde el año 1958, cuando se suscribió el Arreglo de Lisboa y se refería a la “protección de las denominaciones de origen y su registro internacional”. Conforme a este acuerdo internacional, los países firmantes (al inicio seis, pero hoy en la actualidad abarca a la mayoría) se comprometían firmemente a garantizar protección a los productos de otros países en su territorio que contaran con la referida denominación, para ello impidiendo que se produjeran o en su defecto se comercializaran como originales, productos “idénticos” o “parecidos”.

Como se mencionó anteriormente; si bien al inicio solo lo firmaron 6 países, en la actualidad el número de firmantes se elevó significativamente, gracias a la efectividad de este instrumento legal, no solo a nivel internacional sino también por los beneficios que le representaba para la nación, el producto y los productores que la ostentaban.

Sin embargo, y a pesar de contar con un sinnúmero de productos como las artesanías que en su gran mayoría y desde cada caso en particular, cumplen satisfactoriamente con todos los requisitos para obtener la certificación de la Denominación de Origen, desafortunadamente hasta el día de hoy sólo 11 productos nacionales la ostentan:

1. El tequila (Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato)

2. El mezcal (Guerrero, Oaxaca, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí)

3. El bacanora (Sonora)

4. El charanda (Michoacán)

5. El sotol (Chihuahua, Coahuila y Durango)

6. Las artesanías en Talavera (Puebla y Tlaxcala)

7. Las artesanías en madera de Olinalá (Guerrero)

8. La joyería artesanal de Ámbar de Chiapas (Chiapas)

9. El café de Veracruz (Veracruz)

10. El mango ataulfo del Soconusco de Chiapas (Chiapas)

11. El café de Chiapas (Chiapas)

La oportunidad de proveer de protección legal a nuestros artesanos y todas nuestras artesanías, existe. La hemos utilizado pero no aprovechado y esa es función de las autoridades tanto locales como federales. A nivel federal se cuenta con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que es la autoridad responsable de proteger la propiedad industrial dentro y hacia afuera de nuestro territorio; pero lamentablemente, no existe un mecanismo que le exija por obligatoriedad continuar por oficio con los trámites para obtener el beneficio de la denominación de origen para el caso específico de las artesanías, creando con ello un desdén hacia ese importante recurso legal que beneficiaria económicamente no solo a los productores, sino también a la región en comento, su zona conurbada y al país entero.

Desafortunadamente y a la par de lo anterior, existe un abismo enorme y profundo entre el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial y las autoridades locales (Gobiernos Estatales y Municipales) quienes además de las personas morales y las asociaciones de productores, están facultados para tramitar y solicitar el amparo de la denominación de origen para las artesanías de su región, lo que en principio crea el desconocimiento de los artesanos que por generaciones han realizado sus espléndidas artesanías, de ese valioso recursos que sin duda alguna les beneficiaria.

Finalmente, podemos afirmar que las artesanías en México no sólo son arte popular o cultural, son mejor dicho historia viva de nuestros orígenes.

Los artesanos mexicanos y por ende las artesanías, han ido rompiendo la barrera del tiempo para subsistir a base del compromiso que provee la herencia cultural familiar, aferrándose a incipientes esfuerzos sociales y de gobierno por reconocerla, pero siempre carentes de lo necesario para verdaderamente apoyarla.

Poco a poco pero de manera profunda, la artesanía ha sido desvalorizada obligándola a dejar de ser lo que es y representar lo que simboliza; al grado de tener que dejar de usar ese nombre –artesanía- que aunque limitado, dignamente la expone; para verse obligada a ser vista de reojo y vulgarmente regateada desde el rincón en que atrapada, se le llama despectivamente “recuerdito”.

La artesanía en nuestro país se ha desfigurado en su fondo para refugiarse únicamente en su forma, quedando ésta limitada únicamente a ser “una mermada forma de intento de subsistencia” para nuestros artesanos mexicanos.

El fondo se ha perdido, pues éste radica principalmente es ser una representatividad de nuestra cultura que emerge del ingenio, la habilidad y la creatividad de las mentes y las manos artesanas mexicanas y además orgullosamente indígenas; que es heredada de generación en generación.

Asumamos el compromiso moral que nos corresponde y saldemos la deuda histórica que tenemos pendiente con nuestra cultura y los artesanos mexicanos, esta soberanía no puede pensar que sí, pero decir que no.

Rescatemos la artesanía de la desvalorización en la que se encuentra sumida y la indiferencia general de nosotros mismos, los mexicanos; y reposicionémosla en ese peldaño que la coloca como parte de nuestra orgullosa representatividad cultural que por derecho histórico le corresponde, incluso frente a los extranjeros.

3. Fundamento legal

La presente iniciativa con proyecto de decreto se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

4. Denominación del proyecto de decreto

La iniciativa plantea la adición de una fracción XXIII al artículo 6, una reforma a la fracción VI del artículo 159 y una reforma al tercer párrafo del artículo 160 de la Ley de la Propiedad Industrial.

5. Texto normativo propuesto

Por todo ello, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XXIII al artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Artículo 6o. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

I. ... a XXII. ...

XXIII. Proteger las artesanías nacionales, preservando sus características únicas y los factores humanos en su realización; para evitar imitaciones, falsificaciones, adulteraciones y la competencia desleal hacia los artesanos.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción VI del artículo 159 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Artículo 159. La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen se hará por escrito, a la que se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará lo siguiente:

I. ... a V. ...

VI. Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto, factores humanos en su realización y territorio, y

VII. ...

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 160 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Artículo 160. Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará abandonada, pero el Instituto podrá continuar de oficio su tramitación en los términos del presente capítulo si lo considera pertinente, con excepción de que la solicitud de la protección de la denominación de origen se refiera a una artesanía, será obligatoria la continuación de oficio del trámite.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.— Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Economía, para su dictamen.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 15:46 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 7 de noviembre de 2013, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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