* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 7 de noviembre de 2013, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 7 de noviembre de 2013 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma los artículos 2o. y 28 de la Ley de Migración, en materia de derechos humanos, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del PRI.

Turno:Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 14 Bis de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI.

Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer obligatoria la coordinación metropolitana, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 286 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

5.Que reforma los artículos 2o., 50 y 77 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

6. Que reforma los artículos 3o. y 120 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, a la SHCP y a la Segob a implantar un programa de empleo temporal turístico, agrícola y de pesca por la difícil situación en las entidades declaradas zonas de desastre, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SCT y del SAE que hagan público el avance del plan y proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, en particular respecto a la situación programático-presupuestal del Fideicomiso 5012-6, Ferronalesjub, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Transportes, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, relativo a las víctimas de la guerra sucia., a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia a fin de que el titular del Ejecutivo federal integre el expediente que sustente la candidatura del profesor Adolfo C. Gurrión para ingresar en la Rotonda de las Personas Ilustres, a cargo del diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a hacer del conocimiento público el gasto efectuado para construir los centros de investigaciones federales números 2 y 3, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud, a los gobiernos estatales y al jefe del gobierno del Distrito Federal a cumplir las recomendaciones emitidas en el informe especial de la CNDH sobre los hospitales psiquiátricos dependientes de los gobiernos federal y locales, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del INAH a establecer medidas para restaurar y conservar la zona arqueológica de Ixtépete, en Zapopan, Jalisco, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía, a la Profeco y a la Condusef a fin de que presenten un proyecto alterno o evalúen seriamente la cancelación del Buen Fin, para dejar de engañar a la población, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profeco a verificar en las tiendas de autoservicio el cobro real de los precios marcados en los mostradores, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del INAH a establecer medidas para proteger la zona arqueológica de Acozac, en Ixtapaluca, México, a cargo del diputado César Reynaldo Navarro De Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al director general de Pemex a hacer públicas las causas de la explosión en el pozo petrolero Terra 123, de Nacajuca, Tabasco, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir la cartilla de control de la diabetes para llevar un registro oficial nacional de quienes la padecen, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, relativo a la ampliación de la infraestructura educativa, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.»

LEY DE MIGRACION

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 28 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo primero y se adicionan dos últimos párrafos al artículo 2, y se reforma la fracción IV del artículo 28, ambos de la Ley de Migración, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

I. Problemática

Por su ubicación geográfica y cuestiones económicas, México presenta un complejo problema migratorio; como país de tránsito y como consecuencia de una política económica rural de abandono, el flujo migratorio es un problema que lacera a la sociedad nacional e internacional.

La frontera entre México y los Estados Unidos, con su dinamismo económico, es también reflejo de contrastes sociales y económicos entre los Estados Unidos y Latinoamérica.

El problema migratorio en nuestro país, tiene un origen esencialmente económico, pero desafortunadamente México, lejos de tomar medidas de fondo para atender el problema, ha utilizado las remesas como fuente de ingresos; de acuerdo con información del Banco de México, las remesas permanentes en los últimos seis años, superan los 23 mil millones de dólares en promedio anual.

La falta de una política económica de desarrollo y productividad para el campo mexicano, ha motivado que dicho sector presente condiciones de pobreza y marginación. Esta situación ha llevado a que la mayor parte de la población migrante sea de este sector. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, un promedio de 609 mexicanos dejaron el país por día, durante los últimos 5 años; más del 50 por ciento de la migración de Chiapas, Oaxaca y Guerrero es de jóvenes y adolescentes, lo que refleja las condiciones de marginación y de falta de oportunidades para un sector productivo de la población.

Esta situación ha producido un importante flujo migratorio de mexicanos hacia los Estados Unidos; en este sentido, respecto a la población mexicana, la Oficina de Censo de los Estados Unidos, señala que existe una población de alrededor de 33.7 millones de mexicanos, 11.4 millones que han emigrado de México y los 22.3 millones que nacieron en Estados Unidos. Por su parte, las autoridades de nuestro país señalan que actualmente los mexicanos representan el 65 por ciento de los cerca de 52 millones de hispanos en Estados Unidos, y el 11 por ciento de la población nacional.

Por otro lado, como país de tránsito, México recibe el flujo migratorio, no sólo de Latinoamericanos, sino de distintos países cuyos habitantes buscan mejorar sus condiciones de vida a través del ingreso a los Estados Unidos, utilizando para ello la frontera con México.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como el Instituto Nacional de Migración (INM) ha presentados diversos estudios, en la materia. Estimaciones del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, establecen que cada año unos 120 mil centroamericanos entran a México por su frontera sur; pero sólo unos cuantos deciden regularizarse. En 2012, el INM entregó menos de 10 mil documentos migratorios a centroamericanos.

Las condiciones de ingreso y estancia en nuestro país representa un gran desafío al marco y sistema de protección de los derechos humanos, pues si bien es cierto que el Estado Mexicano ha criticado al vecino país del norte por su política migratoria y trato a connacionales, nuestro país es cuestionado de manera reiterada, por el trato dado a los migrantes centroamericanos.

En 2012, 35 por ciento de las 93 recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos, fueron a las secretarías de Seguridad Pública Federal, de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura, violaciones sexuales contra menores de edad, cateos y retenciones ilegales, detenciones arbitrarias e incomunicación.

II. Objeto de la iniciativa con proyecto de decreto

Si bien es cierto que estamos hablando de un problema de carácter esencialmente económico, también es cierto que se debe perfeccionar el marco jurídico aplicable en la materia para atender la problemática social.

En junio de 2011, se realizaron diversas reformas a nuestra constitución en materia de derechos humanos, uno de los avances significativos en la materia, es el establecimiento del control de convencionalidad; al respecto los párrafos segundo y tercero del artículo 1, señalan:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

No obstante lo anterior, el artículo segundo de la Ley de Migración no establece, como fundamento de la política migratoria, a los tratados internacionales, ni a la propia constitución. El artículo 2 señala en su párrafo primero: “La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.”

Posteriormente señala una serie de principios, de acuerdo a los cuales, debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano; sin embargo dentro de dichos principios no se establece la convencionalidad, ni el interés superior de la mujer y de la niña, niño o adolecente.

En este sentido, la presente iniciativa con proyecto de decreto, propone y tiene por objeto, realizar diversas modificaciones a los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración, a efecto de garantizar los mecanismos de protección en materia de derechos humanos de los migrantes en territorio mexicano.

Para ello, se proponen modificaciones en dos sentidos, primero, para que se considere la aplicación de la Constitución Política y de los convenios y tratados internacionales, como fundamento en la política migratoria del Estado Mexicano; segundo, para establecer diversos principios en materia de derechos humanos,  en los cuales debe sustentarse dicha política migratoria, los cuales son aplicables en también en materia migratoria tales como el de interés superior de las niña y niño, y de interés superior de la mujer, los cuales constituyen grupos vulnerables en el fenómeno migratorio, dicha reforma se realiza en términos de lo establecido en los artículos 29 y 30 de la propia ley que se refieren a la protección de este grupo de la población. De acuerdo a lo anterior, se propone reformar el párrafo primero y adicionar  dos últimos párrafos al artículo 2 de la Ley de Migración.

Por otra parte, se propone reformar la fracción IV del artículo 28 de la ley en comento, en materia de investigación y persecución de delitos. El texto vigente del artículo 28 señala que corresponde a la Procuraduría General de la República, entre otras, celebrar convenios de cooperación y coordinación para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes; al respecto, se considera que no debe referirse sólo a la celebración de convenios de colaboración y coordinación, sino en general, a realizar las acciones necesarias en el ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en su propia ley orgánica.

La reforma propuesta al artículo 28, tiene por objeto establecer de manera clara dentro de la fracción IV, que corresponde a la Procuraduría General de la República, realizar en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos en los que son víctimas u ofendidos los migrantes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adicionan dos últimos al artículo 2, y se reforma la fracción IV del artículo 28, ambos de la Ley de Migración

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero y se adicionan dos últimos párrafos al artículo 2, y se reforma la fracción IV del artículo 28, ambos de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 2.La política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y la presente ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

Párrafos del primero al doceavo...

De Interés superior de la mujer, y de la niña, niño o adolescente, en términos de los artículos 29 y 30 de esta ley.

Convencionalidad, en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Artículo 28.Corresponde a la Procuraduría General de la República:

De la I a la III...

IV. Celebrar convenios de cooperación y coordinación, así como realizar en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias,para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes;

V y VI....

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos

2 Fuente Instituto Nacional de Migración

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2013.— Diputada María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

«Iniciativa que reforma el artículo 14 Bis de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI

Javier Filiberto Guevara González y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputados a la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones X y XI, y adiciona una fracción XII del artículo 14 Bis de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La tecnología ha tenido un importante avance, particularmente en el campo de las comunicaciones, esto debido a la necesidad de mantenernos en comunicación y actualizados, lo que ha reducido las barreras del tiempo y la distancia y permitido el intercambio de información que ayuda a desa-rrollar eficazmente las actividades cotidianas. Lo que permite el diseño de los novedosos aparatos con tecnología de punta es interactuar a través de sistemas desarrollados de comunicación que no sólo se basan en el uso de la red de telefonía celular, sino que por su alto alcance ocupan de forma general el espectro electromagnético de nuestro país.

Por muchos años nos enteramos de la circulación de aparatos de comunicación telefónica por todos los penales del país, fenómeno que no sólo se toleró, sino que podemos estar seguros de que se permitió por parte de las autoridades encargadas de la vigilancia, a cambio de sobornos. A la par de que las autoridades legislativas impulsaban la restricción de estos artefactos en los reclusorios (en un principio teléfonos celulares y radios de comunicación convencional conocidos como walkie talkie), la astucia de los reos hizo posible la introducción de artículos novedosos y de mayor calidad. Todo esto trajo como consecuencia que estos aparatos se convirtieran en un arma moderna para los reos en perjuicio de los ciudadanos.

Consideremos que el uso de estos aparatos dentro de los centros penitenciarios por parte de personas que estando cumpliendo una condena, quienes desean continuar en la comisión de delitos sin importarles más penalidades, es una gran irresponsabilidad de las autoridades que permiten extorsiones y amenazas en contra de las personas en el exterior, quienes, al desconocer la circunstancia en la que se encuentran, caen fácilmente como víctimas de este tipo de delitos, trayéndoles como consecuencia la pérdida total o parcial de su patrimonio o algún otro menoscabo, exponiendo de esta forma su integridad física y hasta su propia vida.

Conviene recordar que con anterioridad se han aprobado reglas tendientes a prevenir éste fenómeno, las cuales, desgraciadamente, no han dado el resultado esperado. Un ejemplo de ello lo son los “Lineamientos de colaboración entre autoridades penitenciarias y los concesionarios de servicios de telecomunicaciones y bases técnicas para la instalación y operación de sistemas de inhibición”, aprobados por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, las cuales fueron publicadas con fecha 3 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, a través de las cuales tuvieron por objeto establecer los acuerdos necesarios para que en el ámbito técnico operativo, la federación y las entidades federativas, en colaboración con los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, cancelaran o anularan de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro de los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, cualquiera que sea su denominación, sin que excedieran en ningún caso veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos penitenciarios, a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos.

La preocupación por este tipo de delitos se ha extendido en todo el país, pero las medidas jurídicas y administrativas que se han tomado por parte de las autoridades gubernamentales y de los centros penitenciarios se pueden calificar de deficientes e ineficaces en su operación, pues en la mayoría de los casos se burlan los sistemas de seguridad y vigilancia. Esto sucede principalmente porque la prohibición para el acceso de teléfonos celulares o aparatos tecnológicos está dirigido a los reos y en menor medida para el personal que labora en los Centros Penitenciarios, sobre todo aquellos que llegan a tener un trato directo con los reos para facilitarles el servicio de llamadas y mensajes al exterior a cambio de una cuota o remuneración.

Con esta iniciativa buscamos promover jurídicamente la prohibición absoluta del uso de aparatos o dispositivos dentro de los reclusorios y penales del país, considerando las medidas necesarias de las características de todo tipo de aparatos tecnológicos que representen un peligro en manos de los reos y así inhibirlos de la comunicación con su exterior. Hablamos entonces de equipos de cómputo generalmente pequeños, tablets, radios, celulares, memorias usb y cualquier dispositivo, quedando así sólo permitido el uso de los radios conocidos como Matra para los custodios y el uso de los teléfonos fijos, exclusivamente para las autoridades administrativas de cada penal.

En este orden, es indispensable modificar la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados, con base en los antecedentes legislativos y la exposición de motivos que le dan sustento para llenar y complementar en lo posible la normatividad que actualmente regula a los centros penitenciarios en su operación y administración, cumpliendo con su finalidad de brindar prioridad a la seguridad de la integridad física y patrimonial de los habitantes.

La iniciativa que se promueve, busca regular los centros de readaptación para implantar como medida principal la reducción del número de aparatos que, por su avance tecnológico en su capacidad y su acondicionamiento, resulten prácticos para la comunicación de reos, representen un grave peligro para la sociedad y vulneren las medidas de seguridad que establecen los penales de seguridad, como lo han venido haciendo hasta nuestros días.

Por lo expuesto, los suscritos, diputados Javier Filiberto Guevara González y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía para estudio y dictamen, el siguiente

Decreto

Único. Se reforman las fracciones X y XI y se adiciona una fracción XII al artículo 14 Bis de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 14 Bis. Las medidas de vigilancia especial podrán consistir en:

...

X. La prohibición de comunicación vía Internet;

XI. La prohibición de cualquier aparato o dispositivo tecnológico que permita la comunicación de los reos, limitando el uso de teléfonos fijos para el personal administrativo, y

XII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.— Diputados: Javier Filiberto Guevara González y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Abel Octavio Salgado Peña, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 6, apartado 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El proceso de metropolización ha sido paulatino durante el trascurso de los años. En 1960 existían 12 zonas metropolitanas; en 1980, 26; en 1990, 37; en 2000, 55; en 2005, 56 y en 2010, 59, en cuyos municipios se concentran 63 millones 836 mil 779 habitantes, es decir, la mitad de la población del país.

Para estar en condiciones de delimitar una zona metropolitana, es un proceso que se realiza mediante el grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con base en criterios preestablecidos para realizar la declaratoria y que en lo sucesivo sea denominada zona metropolitana a una región determinada, en la que el Inegi define a la zona metropolitana, como el “conjunto de dos o más municipios, donde se localiza una ciudad de 50 mil habitantes o más, cuya área urbana, funciones y actividades, rebasan el límite del municipio [...]”.

Por entidades federativas, Aguascalientes tiene 1 zona metropolitana, Baja California 2, Coahuila y Durango comparten 1, Coahuila tiene 3, Colima 2, Chiapas 1, Chihuahua 2, el DF junto con Hidalgo y México comparten 1, Guanajuato 3, Guerrero 1, Hidalgo 3, Jalisco 2 y comparte con Nayarit 1, México 2, Michoacán 2, Michoacán y Guanajuato 2, Morelos 2, Nayarit 1, Nuevo León 1, Oaxaca 2, Puebla y Tlaxcala 1, Puebla 2, Querétaro 1, Quintana Roo 1, San Luis Potosí 2, Sonora 1, Tabasco 1, Tamaulipas 3, y junto con Veracruz 1, Tlaxcala 1, Veracruz 8, Yucatán y Zacatecas con 1, respectivamente.

El común denominador de las zonas metropolitanas es llevar los servicios públicos que la Constitución les obliga, ya sea con las figuras de administración directa, colaboración o cesión, cuyo problemática no concluye con la creación de figuras jurídicas.

Es sabido que a los municipios les está atribuida la prestación de los servicios públicos mediante lo dispuesto en el artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que son la dotación de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, así como las demás que las legislaturas locales tengan a bien determinar.

Una definición de servicio público consiste en toda actividad que el estado lleva a cabo, en forma regular y continua, con el propósito de satisfacer necesidades colectivas.

Pero los problemas generados por la prestación de dichos servicios no concluyen con su conceptualización o categorización; al contrario, es el inicio de una serie de mecanismos que sugieren creatividad en políticas públicas, con los pocos recursos con que normalmente cuentan los municipios.

Por otra parte, es común observar que la prestación de los servicios públicos de un municipio a otro solo se encuentra dividida por una calle, y múltiples ocasiones es común observar el deslinde de los municipios por no prestar el servicio.

A lo anterior debe de sumársele que una misma zona metropolitana que comparte intereses económicos y sociales es lugar de convivencia, además de dos distintos municipios, de dos entidades federativas, situación que complica sobremanera los servicios públicos.

Dicha coordinación deberá, además, ser el espacio para planear armónicamente el desarrollo urbano y evitar un crecimiento anárquico en la metrópoli.

En este espacio de metropolización de la prestación de servicios, es posible encontrar soluciones comunes a problemas de vivienda, transporte, agua, población, seguridad pública, medio ambiente y basura.

Por lo anterior, en esta iniciativa proponemos la obligación en la coordinación metropolitana, bajo la supervisión de las entidades y de manera operativa en los municipios para abocarse a resolver problemas que plantea la ciudadanía.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por la fracción III y el primer párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción VI del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115....

I. a V....;

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, deberán formar una coordinación en la que planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía

El concepto de servicio público y su régimen jurídico en México. Mauricio Yanome Yesaki. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tomado de http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2544/31.pdf y consultado el 18 de junio de 2013.

Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Tomado de internet de http://www.inegi.org.mx/Sistemas/multiarchivos/doc/702825003 884/DZM20101.pdf y consultado el 23 de junio de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.— Diputados: Abel Octavio Salgado Peña, Leobardo Alcalá Padilla (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma el artículo 286 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, diputado a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La prevención del delito y la seguridad de los ciudadanos son temas de la mayor importancia en el país, toda vez que el resguardo de los ciudadanos y la protección de sus bienes jurídicos constituyen la base primordial de un México más sólido, en el que las personas puedan transitar sin miedo por las calles.

Lamentablemente, el crimen organizado y sus diversas expresiones se han asentado en buena parte de la geografía nacional, esto debido a que las medidas aplicadas en materia de prevención y combate a dicho fenómeno fracasaron en su concepción y puesta en marcha, lo que ha significado un menoscabo a diversos derechos humanos reconocidos a favor de los mexicanos, entre ellos, la libertad de tránsito, establecida en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece a la letra lo siguiente:

Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Al resolver la contradicción de tesis 164/2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la prerrogativa contenida en el dispositivo de referencia es una manifestación del derecho general a la libertad, que se traduce en la facultad primaria y elemental que tiene cualquier individuo, para transitar y desplazarse de un lugar a otro, fijar su residencia en cualquier lugar del territorio nacional, permanecer en éste, y entrar y salir de él, salvo las restricciones que, legítimamente pueden imponer las autoridades al ejercicio de ese derecho.

La libertad de tránsito también encuentra sustento en el ámbito del sistema universal de derechos humanos y muestra de ello es lo establecido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece con meridiana claridad que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

Aunado a lo anterior, y en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual dispone en su parte medular que i) toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales; ii) toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio, y iii) el ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.

En este sentido, podemos concluir que si le está prohibido a los Estados establecer restricciones injustificadas a la libre circulación de las personas, mucho menos es dable atribuir a los particulares otorgarles la posibilidad de restringir dicha prerrogativa.

Lo anterior cobra vigencia al revisar el estado que guardan las carreteras, autopistas y caminos del país, por cuanto hace a la seguridad de los viajantes.

De acuerdo con un estudio realizado por una institución crediticia nacional, 22 estados de seis regiones del país han sido afectados por la presencia del crimen organizado, mientras que el 18 de abril de 2012, un diario de circulación nacional publicó que, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada, el robo al transporte de carga en las carreteras del país aumentó 20 por ciento.

Según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2012 se cometieron un total de tres mil quinientos tres robos en las carreteras del país, de las cuales en poco más del 50 por ciento se hizo uso de violencia, siendo los más afectados aquellos tramos carreteros que se dirigen a Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz. Tan sólo las carreteras que conectan a los estados de Guerrero y Veracruz, cruzando por los estados de Morelos, Puebla y México se acumuló en el año de estudio un total de mil cuatrocientos veintidós asaltos con o sin violencia, por lo que éstas son las rutas de mayor incidencia delictiva en México. Así mismo, entre los caminos con mayor delincuencia encontramos las carreteras México-Nuevo Laredo con 721 robos; México-Puebla-Oaxaca con 439 actos de violencia y robo, y Zacatecas-San Luis Potosí con un reporte de 229 robos.

La inseguridad que sufren los mexicanos al cruzar por las carreteras, así como las graves pérdidas humanas y monetarias que ahí se registran son tan sólo algunas de las causas que explican la falta de crecimiento y dinamismo de algunas actividades económicas en nuestro país, razones que se estiman suficientes para tomar medidas más enérgicas, a fin de otorgar a los ciudadanos más seguridad, erradicando aquellos actos ilícitos que no tienen otro propósito que el de afectarlos en sus intereses.

Es por esto que se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 286 del Código Penal Federal, la cual propone aumentar las penas de quince a cuarenta años de prisión para quienes en vías generales de comunicación, tales como caminos, carreteras, puentes o vías férreas, hagan uso de la violencia en contra de los ocupantes de un vehículo de transporte público o privado.

Cabe mencionar que la presente propuesta fue presentada originalmente por el suscrito con fecha 28 de abril de 2011 ante el pleno del Senado de la República, por lo que en este acto se reafirma la pretensión planteada hace más de dos años y se invita a nuestros amigos legisladores a apoyarla con su voto en el momento oportuno.

Proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 286 del Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos:

Artículo 286. ...

La pena será de quince a cuarenta años de prisión para el que en vías generales de comunicación tales como caminos, carreteras, puentes o vías férreas, haga uso de la violencia en contra de los ocupantes de un vehículo de transporte público o privado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Consultado en http://www.sinembargo.mx/10-10-2012/387891, 28 de octubre de 2013, 11:45 horas.

2 Consultado en http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx? ValoresForma=1370487-1066,robo+transporte+carga+carreteras> 28 de octubre de 2013. 14:51 horas.

3 Consultado en http://www.vanguardia.com.mx/carreterasdelhampaviajesdealtoriesgo-1480741.html, 28 de octubre de 2013, 11:57 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.— Diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS

«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 50 y 77 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI

Alejandro Moreno Cárdenas, diputado a la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno iniciativa que reforma el artículo 2, Fracción IX y se adiciona el artículo 50 con una fracción V y un capítulo VI, “De las Retribuciones Económicas”, con un artículo 77, al título tercero, “De Las Recompensas Militares”, todos de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy en día las fuerzas armadas constituyen un pilar fundamental para la consolidación de la democracia en México y de sus instituciones fundamentales, derivado de su actuación leal y patriótica a través de la función encomendada para preservar la seguridad nacional estructurando como objetivo primordial, defender la independencia, integridad y soberanía de la nación por lo que es apremiable decir que las fuerzas armadas representan una organización vital para la seguridad nacional.

Todos y cada uno de sus elementos son mujeres y hombres valientes que realizan diariamente una labor que les exige la viabilidad del Estado,  además de mantener a los mexicanos en paz y con seguridad, así como la ayuda humanitaria que prestan día y noche en poblaciones que han sido afectadas por contingencias naturales, protegiendo los intereses superiores de la Federación y con un gran amor patriótico por México.

La fuerzas armadas siempre han permanecido a la altura de las expectativas y la exigencia que reclama nuestra sociedad, pero en la mayoría de las ocasiones, cuando combaten a la delincuencia organizada, los elementos de menor rango conocidos como “tropa” son los más expuestos y quienes corren el peligro, pero con gran valor y lealtad luchan por nosotros.

Los mexicanos enfrentamos en la actualidad uno de los mayores retos en materia de seguridad interior y seguridad pública, es por eso que la fuerzas armadas ante este combate han mostrado su capacidad y lealtad combatiendo de manera frontal a los que pretendan cercenar a nuestra nación, por lo que es elogiable la lucha que han asumido bajo un estricto régimen de disciplina y espíritu de servicio.

Un dato muy importante es que nuestros soldados, trabajan  las 24 horas del día durante días seguidos y meses continuos en lo que va del año, por lo que su labor es dedicar su vida al País y a su gente percibiendo un ingreso mensual que no es el adecuado ni mucho menos el correcto en tan peligrosa profesión. Es por esto que sin la intervención del ejército no podríamos abatir la lucha inminente contra la delincuencia organizada que cada día es más poderosa.

Los legisladores que integramos la LXII Legislatura, debemos y tenemos el deber de reconocer la labor permanente de miles de soldados en cada uno de sus niveles.

Por lo anterior, es necesario motivarlos con el otorgamiento de estímulos, recompensas, pero sobre todo con retribuciones económicas reconociendo sus esfuerzos en todas sus misiones o actividades premiando su heroísmo, capacidad profesional, servicios a la Patria u otros hechos meritorios.

Debemos reconocer, que derivado de la falta de buenos salarios, en específico a los elementos de tropa que son los que perciben menores prestaciones, la delincuencia organizada los ha captado, lesionando así la seguridad nacional e implica un perjuicio para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que ven afectada su consistencia y solidez, al tener una continua fuga del personal capacitado. Pello resulta una obligación justa que cuenten con un haber adicional, ya que la mayoría de la tropa aspira a incrementar sus ingresos para que les permita a ellos y a su familias, tener una mejor calidad de viday justamente, estos hombres y mujeres, merecen una mayor protección y reconocimiento por parte del Estado.

Los reconocimientos y las congratulaciones son muy importantes, pero eso no significa que puedan elevar su calidad de vida, por lo que es urgente que garanticemos los estímulos y  retribuciones económicas para mejorar las condiciones adversas de los militares en activo.

Ante tal situación, los diputados federales entendemos que por norma constitucional, el Estado asume como responsabilidad, otorgar prestaciones sociales al personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas, pero al contribuir con una reforma a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, estimulamos la calidad de vida en los elementos militares y sus familias, a través de retribuciones económicas.

En este orden de ideas, la reforma a la fracción IX del artículo 2, la adición de una fracción V al artículo 50, la creación de un articulo 77 con un capítulo VI, todos de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, motiva a las Fuerzas Armadas Mexicanas a través de retribuciones económicas, entendiéndose por estas como las compensaciones en dinero otorgadas al personal militar por sus servicios y capacidad profesional.

Este beneficio tiene como finalidad reconocer la entrega en las funciones encomendadas a las Fuerzas Armadas, propiciando así el sentido de permanencia y abatir la deserción del personal de tropa.

Con esta reforma, se fortalecerían al ejército, elevando la calidad de vida de los militares, en virtud de que lo más valioso de las instituciones es sin duda el capital humano.

Por las consideraciones anteriores, someto respetuosamente a ésta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se el artículo 2, fracción IX y se adiciona el artículo 50 con una fracción V y se crea el artículo 77 con un Capítulo VI “De las retribuciones económicas”, todos de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 2. En la presente Ley se entenderá por:

I.a VIII. ...           

IX.Recompensas, las condecoraciones, menciones honoríficas, distinciones, citaciones y retribuciones económicasse otorgan a las personas civiles o militares, unidades o dependencias del Ejército y Fuerza Aérea para premiar su heroísmo, capacidad profesional, servicios a la Patria o demás hechos meritorios;

X.a XII. ...           

Artículo 50. Con el fin de premiar a los militares, a las corporaciones o a las dependencias del Ejército y Fuerza Aérea por su heroísmo, capacidad profesional, servicios a la patria y demás hechos meritorios, se establecen las siguientes recompensas:

I....

II....

III.Distinciones,

IV.Citaciones; y

V. Retribuciones económicas.

Capítulo VI

De las Retribuciones Económicas

Artículo 77. Las retribuciones económicas son las compensaciones en dinero otorgadas al personal militar por sus servicios y capacidad profesional. Serán concedidas por el presidente de la República, a propuesta del secretario de la Defensa Nacional, quien las entregará el 16 de septiembre de cada año al personal militar conforme a su grado y en la siguiente proporción de acuerdo a sus percepciones totales mensuales:

I. Generales en el Ejército y Fuerza Aérea: equivalente a dos veces más de sus percepciones totales mensuales;

II. Jefes en el Ejército y Fuerza Aérea: equivalente a tres veces más de sus percepciones totales mensuales;

III. Oficiales en el Ejército y Fuerza Aérea: equivalente a cuatro veces más de sus percepciones totales mensuales;

IV. Tropa en el Ejército y Fuerza Aérea: equivalente a seis veces más de sus percepciones totales mensuales.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de  su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 7 de noviembre de 2013.— Diputado Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 120 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Abel Octavo Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Abel Octavio Salgado Peña, diputado de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La bioseguridad se está convirtiendo en una de las cuestiones más acuciantes con que se enfrentan los países desarrollados, en desarrollo y en transición.

No obstante, muchos países tienen insuficiente capacidad en materia de bioseguridad, lo que merma sus posibilidades de proteger la salud y el bienestar de su población, animales, plantas y medio ambiente, y garantizar la protección frente a los riesgos conexos para el medio ambiente, representa una amenaza para los intereses económicos y el comercio y pone en peligro la capacidad de cumplir los compromisos jurídicos internacionales.

Los organismos genéticamente modificados (OGM) han estado en la mira de activistas y gobiernos alrededor de todo el mundo. Los gobiernos ven con escepticismo que un área nodal para la supervivencia de un país –como es el agroalimentario– pueda llegar a ser controlada por empresas privadas que tienen el potencial de obtener ingresos millonarios. Por su parte, los activistas consideran que la introducción de OGM en la agricultura –particularmente en aquellos países en vías de desarrollo– podría traer consecuencias fatales al desplazar a los pequeños productores, contaminar cultivos criollos2 y dañar la salud de los consumidores de este tipo de productos. A esto, la industria de los alimentos transgénicos (como se le conoce también a los OGM) y un sector de la comunidad científica también ha respondido diciendo que los OGM representan una oportunidad única para producir más alimento a menor costo con lo que se podría atacar la pobreza alimentaria en ciertas zonas del mundo; también han asegurado que las condiciones en que se cultivan estos productos protegen la biodiversidad además de no representar ningún riesgo para la salud humana y animal.

Como puede observarse, el debate en torno al tema está totalmente polarizado y en ciertos puntos contradictorio. Este análisis busca exponer la información cualitativa y cuantitativa que se ha venido generando sobre el tema, así como mostrar los argumentos de unos y otros de modo que sea posible ponderar el tema en su justa dimensión, más allá de mitos, fobias y filias.

Con lo anterior, pretendemos exponer y justificar los beneficios de la reforma propuesta. Esta consistirá grosso modo en aclarar e introducir nuevos conceptos a la Ley de Organismos Genéticamente Modificados, así como la necesidad de hacer más gravosas las sanciones en aquellos casos en que, personas y empresas, vulneren o pongan en riesgo determinados bienes jurídicos relacionados bioseguridad.

¿Qué son los organismos genéticamente modificados?

Para hablar de organismos genéticamente modificados es importante comenzar por entender el término biotecnología, pues es a través de ésta que se obtienen este tipo de productos. Según el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias, la biotecnología es “una multidisciplina cuyo sustento es el conocimiento generado en diversas disciplinas que permite el estudio integral, la modificación y la utilización de los seres vivos del planeta –micro-organismos, plantas y animales.” (Bolívar, 2011).

Gracias al uso de la biotecnología es que científicos han logrado avances en diversas áreas, como la salud con el desarrollo de medicamentos más complejos y eficaces, y la agricultura con la aparición de semillas con características nuevas. Los organismos genéticamente modificados “Son variedades de especies conocidas a los que se les ha conferido alguna capacidad funcional (detectable, heredable e intencionalmente útil), por tecnologías de ingeniería genética, a partir de la incorporación de factores hereditarios (genes) de especies distantes o cercanas.” (Agrobio, 2012), lo que para el caso específico de la agricultura se traduce en el uso de ingeniería genética para agregarle a los cultivos propiedades nuevas que les permiten resistir plagas o sequías, así como tener mayor tolerancia a herbicidas, entre otras.

1. OGM en el mundo

A pesar de la renuencia de algunos sectores de la sociedad y de algunos gobiernos, los OGM han venido incrementando su penetración en distintos mercados del mundo (véase Figura 1.1). Según cifras del Servicio Internacional para la Adopción de las Aplicaciones de la Agro-biotecnología (ISAAA por sus siglas en inglés), actualmente este tipo de productos son comercializados en 28 países y existen más de 17 millones de productores. (ISAAA, 2012.)

Figura 1.1: Mapa de la comercialización de OGM

Fuente: ISAAA, 2012

En 17 años las hectáreas cultivadas han tenido una tendencia a la alza pasando de 1.7 millones en 1996 a más de 170 millones (véase Gráfica 1.1). También resulta interesante observar que por primera vez en esos 17 años, los países en vías de desarrollo han superado en a los países industrializados en términos de hectáreas cultivadas con OGM.

Gráfica 1.1: Evolución de las hectáreas cultivadas con OGM

Fuente: ISAAA, 2012

En cuanto a la proporción de países que cuentan con cultivos de OGM, podemos observar que el 52 por ciento de las hectáreas se encuentran en países en vías desarrollo, sin embargo, esas hectáreas se encuentran localizadas en 20 países mientras que son solo 8 países industrializados los que concentran el 48 por ciento restante.

Gráfica 1.1: Proporción de países industrializados y en vías de desarrollo que cuentan con cultivos genéticamente modificados

Fuente: ISAAA, 2012

En cuanto a la producción por tipo de producto, la soya es el cultivo que actualmente ocupa más hectáreas, alcanzando 81 millones de hectáreas y siendo junto con el algodón, los únicos productos que ya superan a los cultivos convencionales3. Por su parte, el maíz se siembra en más de 55 millones de hectáreas, sin embargo aún representa solo poco más de una tercera parte del maíz global (véase Gráfica 1.3).

Gráfica 1.3: Distribución de Cultivos GM y su Proporción del Total Mundial

Fuente: Agrobio, 2012

Debate sobre la inocuidad de los OGM

Como se ha mencionado arriba, existen sectores que consideran que el consumo de alimentos transgénicos puede tener efectos adversos en la salud de humanos y animales. Sin embargo, muchos organismos internacionales han expresado que no existe evidencia científica que confirme que los OGM puedan provocar padecimientos y otros efectos en la salud de quienes los consumen. Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un documento titulado 20 Preguntas sobre los Alimentos Genéticamente Modificados en el cual señala lo siguiente:

Los diferentes organismos GM incluyen genes diferentes insertados en formas diferentes. Esto significa que cada alimento GM y su inocuidad deben ser evaluados individualmente, y que no es posible hacer afirmaciones generales sobre la inocuidad de todos los alimentos GM.

Los alimentos GM actualmente disponibles en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgo y no es probable que presenten riesgos para la salud humana.

Además, no se han demostrado efectos sobre la salud humana como resultado del consumo de dichos alimentos por la población general en los países donde fueron aprobados. El uso continuo de evaluaciones de riesgo en base a los principios del Codex y, donde corresponda, incluyendo el monitoreo post comercialización, debe formar la base para evaluar la inocuidad de los alimentos GM. (OMS, 2004)

También la Unión Europea ha hecho hincapié en la falta de evidencia para afirmar que los OGM representan un riesgo para la salud. A través del documento Una década de investigación de la Unión Europea en OGM, se plantea la siguiente conclusión:

La principal conclusión a ser destacada de los esfuerzos de más de 130 proyectos de investigación, cubriendo un periodo de más de 25 años e involucrando más de 500 grupos independientes de investigadores, es que la biotecnología, y en particular los OGM no son per se más riesgosos que las tecnologías convencionales de fitomejoramiento. (European Comission, 2010.)

Sin embargo, así como esas instituciones internacionales han establecido la inocuidad de los OGM, en 2012 se presentó un estudio de la Universidad de Caen en el que se demostró que ratas alimentadas con maíz genéticamente modificado, habían desarrollado tumores (Séralini, 2012). El estudio recibió muchas críticas tanto de la industria de OGM como de algunos sectores científicos quienes señalaron que el estudio era tendencioso pues el tipo de ratas utilizadas eran propensas a desarrollar tumores.

Como puede observarse no existe un consenso claro respecto a la inocuidad de los OGM, por lo tanto es importante seguir las recomendaciones de la OMS y revisar caso por caso, así como continuar las investigaciones en la materia hasta poder alcanzar evidencia contundente hacía un lado u otro.

Dentro del debate de la inocuidad, existe un subtema referente a la necesidad del etiquetado. Sectores de la sociedad han exigido que los OGM cuenten con un etiquetado especial que los identifique de los alimentos convencionales. Entre los esfuerzos en el tema se encuentra el de la campaña “Just label it” (“Solo etiquétenlo”) que busca crear presión entre tomadores de decisión para que se obligue a las empresas productoras de OGM a indicar esa condición claramente.

El argumento de la campaña es que las personas tienen derecho a saber qué es lo que comen y las empresas la obligación de ser transparentes sobre el contenido de sus productos. A esto la industria de OGM argumenta que el etiquetado no tiene razón de ser toda vez que sus productos son igual de inocuos que los convencionales, a los que no se les exige etiquetado alguno.

A pesar de las presiones de la industria, la campaña ha sido considerablemente exitosa y actualmente 64 países exigen el etiquetado (véase Gráfica 1.4), además de estar promoviendo iniciativas a nivel local en 31 estados de los Estados Unidos.

Gráfica 1.4: Países que obligan el etiquetado de OGM

Fuente: Justlabelit.org

Debate sobre el impacto social y económico de los OGM

En términos sociales y económicos también existen posiciones polarizadas entre activistas e industria. Grupos de la Sociedad Civil, científicos y  activistas argumentan que los OGM generarán una dependencia alimenticia de las poblaciones más pobres a manos de las empresas productoras de semillas transgénicas, a su vez los productores contra argumentan diciendo que la adopción de la biotecnología agrícola permitirá generar más alimento a menores costos lo que hará posible combatir el hambre.

Según datos de ISAAA “los cultivos GM contribuyen a la seguridad alimentaria [...] incrementando la producción hasta un valor de $98 mil millones de dólares [...] y aliviando la pobreza al ayudar a más de 15 millones de pequeños agricultores y sus familias totalizando más de 50 millones de personas, que son algunos de las personas más pobres del mundo.” (ISAAA, 2012). Por su parte el Centro Orgánico considera que los costos de las semillas genéticamente modificadas afectan más la economía de los agricultores:

De 1975 a 1997 los agricultores de soya gastaron entre 4 por ciento y 8 por ciento de sus ingresos en la compra de semillas. En 2009, los agricultores que plantaron soya transgénica gastaron el 16 por ciento de su ingreso en la compra de semillas- el doble de la norma histórica [...] Agricultores de maíz gastaron entre 4 por ciento y 11 por ciento de su ingreso por acre en semillas desde 1975 hasta la era de los OGM [...] en 2009, la semilla de maíz transgénico representó entre el 19 por ciento y el 34 por ciento del ingreso. (The Organic Center, 2010.)

El mismo Centro Orgánico agrega los siguientes datos: “en los 25 años de 1975 a 2000, el precio de la semilla de soya en general se incrementó en 63 por ciento. En los siguientes 10 años, el precio se incrementó 230 por ciento.” (The Organic Center, 2010) Como puede verse, existe una diferencia importante entre el precio de las semillas orgánicas, convencionales y transgénicas, representando éstas últimas un cargo considerable para los productores que deciden utilizarla. A este tipo de argumentos, la industria de OGM replica diciendo que el costo más alto de las semillas GM es compensado por los ahorros derivados de las propias características de estas al tener menores pérdidas, al ser cultivos más resistentes a condiciones climáticas y pesticidas, así como un mayor rendimiento de la producción. Según ISAAA estos ahorros alcanzan los siguientes números:

Cerca de 98 mil millones de dólares fueron generados globalmente por cosechas biotecnológicas durante un periodo de 16 años que va de 1996 a 2011, de los cuales el 51 por ciento se debió a la reducción en los costos de producción (menor labranza, pesticidas en aerosol y mano de obra) y 49 por ciento debido a ganancias derivadas de un rendimiento sustancial de 328 millones de toneladas. Las cifras correspondientes para 2011 fueron de un total de 78 por ciento de ganancias derivadas del incremento en el rendimiento (equivalente a 50.2 millones de toneladas), y 22 por ciento debido a la reducción de costos de producción (ISAAA, 2011).

A este conjunto de cifras, hay que sumarle el hecho de que las semillas GM no pueden reutilizarse, por lo que los agricultores que desean seguir con la siembra de ese tipo de productos requieren de continuar incurriendo en los costos que implica el uso de estas.

Debate sobre el impacto ambiental de los OGM

En términos ambientales, existen al menos dos vertientes del debate. Por una parte existe la preocupación de que los OGM puedan generar resistencia a herbicidas e insecticidas. Al día de hoy existen trabajos publicados que:

...indican la existencia de desventajas ambientales por cultivos GM. El desarrollo real y potencial de resistencia en plagas a herbicidas e insecticidas es de importancia significativa. Investigaciones en Norteamérica indican que la resistencia a herbicidas específicos se ha incrementado en algunas especies de hierbas. Esto parece ser el impacto ambiental adverso más significativo derivado de cultivos GM y existe un potencial considerable de que otras hierbas desarrollen resistencia a herbicidas en el futuro. Problemas similares han comenzado a ocurrir en algunas plagas de insectos en cultivos GM. (Manion y Morse, 2013.)

Si bien Manion y Morse apuntan a este tipo de riesgos, también destacan que pueden ser controlados “a través de un manejo cuidadoso”. El mismo trabajo indica algunos de los impactos ambientales positivos que el uso de OGM puede tener:

Los beneficios ambientales son también significativos. Donde se han sembrado cultivos resistentes a insectos ha habido una reducción en el uso de pesticida. Esto genera un alza en los beneficios ambientales, por ejemplo, la preservación de insectos no-objetivo y regularmente benéficos, así como la disminución de riesgos de contaminación del agua. [...] Algunos cultivos GM, particularmente el maíz y la soya, promueven prácticas de reducción en la labranza e incluso la no labranza; esto es ambientalmente positivo en la medida en que reduce la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes. En Argentina y EUA, por ejemplo, Carpenter (2011) encontró que los cultivos de soya han reducido el número de operación de labranza en al menos 25 por ciento y hasta un 58 por ciento. Reducciones en la labranza y el uso de pesticidas tienen beneficios más amplios pues disminuyen la introducción de combustibles fósiles lo que reduce la huella de carbón en la producción de alimentos. (Manion and Mores, 2013)

Una segunda preocupación en términos ambientales es la protección de la biodiversidad, un tema que en países latinoamericanos se traduce en debates apasionados sobre la protección de las variedades de maíz criollo que existen y que se exige conservar. Algunos activistas sugieren que la presencia de maíces transgénicos representa un riesgo de contaminación genética para las variedades criollas que tradicionalmente se cultivan en nuestros países y en otras partes del mundo. La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA por sus siglas en inglés) ha realizado estudios sobre la posible contaminación de cultivos de maíz GM hacia otros cultivos, determinando la existencia de un riesgo de contaminación entre medio y alto, pues es posible que el polen del maíz llegue a viajar hasta 800 metros. Ante esta situación, la EEA realizó algunas recomendaciones para todos los OMG, entre las que destacan:

• Revisar las distancias actuales de aislamiento.

• Uso de cultivos barrera.

• Las granjas vecinas deben informarse entre ellas sobre sus intenciones de cultivo para tomar medidas apropiadas de aislamiento.

• Debe impulsarse el desarrollo de plantíos GM que incorporen métodos biológicos para impedir la propagación de material genético entre cultivos.

Si bien el riesgo de contaminación es latente, seguir las recomendaciones de la EEA puede ser un camino para minimizar los riesgos lo más posible.

2. Los OGM en México

México posee características óptimas para desarrollar una importante industria de transgénicos: grupo considerable de población que viven en pobreza alimentaria, extensión territorial de casi 2 millones de metros cuadrados y zonas agrícolas erosionadas por el uso extensivo de la tierra. Por otra parte, el país cuenta con 64 variedades de maíz (Sánchez et al. 2000) que deben de ser protegidas de la contaminación genética.

Esta realidad pone a México en medio del debate sobre transgénicos, haciendo que activistas nacionales y extranjeros se movilicen para impedir la propagación de esos productos y que la industria de OGM intensifique sus actividades de cabildeo para generar un ambiente político más favorable para sus productos. Si bien el foco del debate se ha puesto en el maíz, actualmente México ya cuenta con cultivos transgénicos de soya y algodón que para 2012 alcanzaron las 160 mil hectáreas.

Marco Legal de los OGM en México

En cuanto a acuerdos internacionales relacionados con OGM, México es parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica que entró en vigor en 1993 y busca alcanzar un compromiso global sobre la importancia de establecer acciones en materia de bioseguridad. Este Convenio representó el primer paso para alcanzar el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología que entró en vigor en septiembre de 2003 y que entre otras cosas obliga a los países firmantes a establecer regulaciones y políticas públicas para evaluar las importaciones y exportaciones de transgénicos que pudieran tener efectos adversos en la conservación y protección de la diversidad biológica o de la salud humana.

Siguiendo las obligaciones impuestas por el Protocolo de Cartagena, en 2005 México publicó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) con lo que comenzó la regulación de este tipo de productos en el país. La Ley tiene como objeto regular las actividades relacionadas con los OGM y entre sus ordenamientos destacan los siguientes aspectos:

• Garantizar un nivel adecuado y eficiente de protección de la salud humana, del medio ambiente y la diversidad biológica y de la sanidad animal, vegetal y acuícola, respecto de los efectos adversos que pudiera causarles la realización de actividades con organismos genéticamente modificados. (Art. 2, fracc. I)

• Definir los objetivos, actividades y responsables a nivel nacional, para el manejo y aprovechamiento adecuados de OGM –bioseguridad. (Artículo 2, fracción II.)

• Establecer mecanismos para la participación pública en aspectos de bioseguridad materia de esta Ley, incluyendo el acceso a la información, la participación de los sectores privado, social y productivo a través del Consejo Consultivo Mixto de la Cibiogem, y la consulta pública sobre solicitudes de liberación de OGM al ambiente. (Artículo 2, fracción XIV.)

• Establecer instrumentos de fomento a la investigación científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnología. (Artículo 2, fracción XV.)

Para 2008 es publicado el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, que establece los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la LBOGM. Dos de los aspectos más importantes contenidos en el Reglamento son los siguientes:

• Contiene el Régimen de Protección Especial del Maíz: Sagarpa y Semarnat expedirán (Artículos 5 a 32).

• Disposiciones jurídicas relativas a bioseguridad necesarias para resolver las solicitudes de permisos de liberación de maíz. (Artículos 65 a 73.)

Finalmente en 2009 se publica el Régimen de Protección Especial de Maíz, el cual establece las disposiciones en materia de bioseguridad para la resolución de solicitudes  de cultivo de maíces GM. Incluye medidas de prevención, monitoreo, inspección, vigilancia y control. Adicionalmente establece lo siguiente:

• No permitir la experimentación ni la liberación al ambiente de maíces GM que contengan características que impidan o limiten su uso o consumo humano o animal, o bien su uso en procesamiento de alimentos para consumo humano. (Artículo 67)

• La Sagarpa y la Semarnat deberán promover la conservación de los maíces mexicanos nativos y de especies relacionadas como los “teocintles”, en sus regiones de origen y de mayor diversidad; a través de los programas de subsidio u otros mecanismos de fomento para la conservación de la biodiversidad, sin que ello implique autorización alguna para el cambio del uso de suelo de forestal a agrícola. (Artículo 70.)

El caso del algodón GM en México

Desde el año 1996 se permitió la introducción de algodón GM en México. Se otorgó un permiso para la siembra de 340 mil ha de las cuales para 2011 se habían sembrado 185 mil ha, de las cuales 58 por ciento se ubican en Chihuahua, 19% en Coahuila, 10 por ciento en Baja California, 5 por ciento en Sonora, 2 por ciento en Durango y 1 por ciento en Tamaulipas. Los beneficios que se mencionan derivados de la introducción de cultivos de algodón GM en México son los siguientes:

• Reducción del nivel de importación de algodón, de 97 por ciento en 2000 a 70 por ciento en 2010.

• Mejora de los ingresos agrícolas usando algodón y soya GM por 121 millones de dólares entre 1996 y 2010.

• Creación de 18 mil empleos.

• Reducción de hasta un 20 por ciento en el uso de agua.

Reducción del uso de insecticidas, de 13 aplicaciones a sólo 3.

• En Chihuahua se han logrado cosechas récord de 8 o 9 pacas por hectárea (una paca equivale a 230 kilogramos de fibra).

Fuente: Agrobio México

El sector agroalimentario dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se hace un diagnóstico de la situación del sector agroalimentario, en el cual se establece lo siguiente:

El campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional. De cara al siglo XXI, el sector agrícola presenta muchas oportunidades para fortalecerse. Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales. (PND 2008-2018.)

Más adelante, se encuentra el Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, que a su vez incluye la Estrategia 4.10.4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en la que se establecen líneas de acción específicas:

• Promover la tecnificación del riego y optimizar el uso del agua.

• Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.

• Establecer instrumentos para rescatar, preservar y potenciar los recursos genéticos.

• Aprovechar el desarrollo de la biotecnología, cuidando el medio ambiente y la salud humana.

Estas líneas de acción pueden encontrar en la ampliación del uso de la biotecnología una vía para su ejecución.

Con este contexto detallado de las grandes oportunidades y los potenciales riesgos que implica la regulación y, principalmente, el desarrollo de biotecnología en la industria y el campo mexicanos, es que proponemos la presente Iniciativa que tiene dos objetivos esenciales: 1. La inclusión de conceptos comúnmente utilizados dentro de la comunidad científica y no científica en materia de organismos genéticamente modificados, y 2. El aumento de sanciones para aquellas personas o empresas que hagan un uso indebido de organismos genéticamente modificados por el potencial riesgo a la salud y al ambiente.

I. Precisión conceptual: divergénicos, transgénicos

La Ley Federal de Sanidad Vegetal, antes de la reforma del año 2007, definía como material transgénico a “genotipos modificados artificialmente que, debido a sus características de multiplicación y permanencia en el ambiente, tienen capacidad para transferir a otro organismo genes recombinantes con potencial de presentar efectos previsibles o inesperados”. De esta forma, los transgénicos eran claramente considerados dentro de los OGM obtenidos mediante biotecnología moderna.

Admitimos que el desprestigio popular que han tenido los transgénicos y que brevemente referimos líneas arriba, indujo la utilización de un término aparentemente más preciso, pero mucho menos conocido en el contexto mediático e, incluso, científico, como el de organismo genéticamente modificado para referirse al género que incluye, entre otros, a los transgénicos.

Por otra parte, el artículo 43 de la Ley de Sanidad Vegetal preveía que la aplicación, uso y manejo de material transgénico en programas experimentales o en el combate de plagas, requerirá? del certificado fitosanitario correspondiente que expida la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) o los organismos de certificación acreditados y estará sujeto a los mecanismos de verificación e inspección previstos en las normas oficiales respectivas.

La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados llevó a suplir dicha normatividad y muchas disposiciones más de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, sin embargo, eliminó el término de material transgénico, con sus naturales implicaciones en cuanto a precisión y puntualidad conceptual, condiciones necesarias que redundan en la correcta aplicación de la ley y, en última instancia, en la seguridad jurídica de los sujetos obligados.

Una parte sencilla, puntual y medular de la propuesta que ahora hacemos, es incluir algunos conceptos dentro del catálogo de definiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a fin de abonar tanto en su precisión conceptual como especies dentro del género de organismo genéticamente modificado.

De acuerdo con el documento titulado Fundamentos y metodologi?as innovadoras para el mejoramiento gene?tico de mai?z (Tiessen Favier, 2009) editado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), “el término “transgénico” significa la inclusión de un gen extraño a un organismo”. Continúa el documento –En el contexto biotecnológico, un transgénico es cuando se transfiere un pedazo de DNA de una célula a otra. Por ejemplo, introducir el gen de una bacteria a una planta de maíz.

Como podemos apreciar de este primer acercamiento a una definición, el concepto de transgénico cabría dentro del concepto más amplio de organismo genéticamente modificado. Sin embargo, la definición  de transgénico debe incluir el elemento volitivo sobre la intencionalidad del hombre en modificar el organismo, independientemente de las diversas técnicas que emplee.

Por ello, continúa el documento, “cuando los genes se introducen sin la intervención activa del ser humano, por ejemplo cuando las bacterias absorben por sí solas los pedazos de DNA o cuando las agrobacterias del suelo transforman en el campo a las plantas, o cuando los virus infectan a los organismos, entonces no se les llama transgénicas.

En la misma investigación en comento, los autores se preguntan: ¿Qué es un divergénico?

Un organismo divergénico es una especie mejorada que contiene genes diversos. Estos genes deben de ser para características beneficiosas para el ser humano y el medio ambiente. Pueden ser microorganismos, animales o plantas. Los organismos divergénicos pueden ser creados a partir de mutaciones, cruzas y mejoramiento genético clásico, así como también por hibridaciones y otras tecnologías innovadoras para combinar los genes o genomas deseados en un contexto y una configuración beneficiosa. Los organismos divergénicos están definidos por tres características esenciales: 1. nueva diversidad genética, 2. beneficio para el ser humano y 3. sin tener restricciones de patentes.

De acuerdo con las propias calificaciones que hacen los investigadores: “el requisito principal es que el organismo contenga una nueva diversidad genética, ya sea una nueva secuencia de ADN, un nuevo gen, un nuevo alelo, o una innovadora combinación de genes o genomas. Lo importante es el resultado final a nivel del organismo, independientemente de la metodología o la tecnología que se utilizó.” Es decir, la diversidad genética puede ser generada por cruza natural o artificial, por hibridación sexual o somática, por mutación puntal o genómica, o por ingeniería genética o cualquier otra metodología novedosa.

Por otra parte, es importante destacar que el concepto de divergénico debe partir del beneficio, actual o potencial, que el organismo modificado pudiera aportar al ser humano. “Para que se merezcan llamar divergénicos tienen que ser más útiles y eficientes que los organismos silvestres, contribuyendo así a una mejor satisfacción de las necesidades humanas, ya sean de alimentación, estéticas, ecológicas, tecnológicas o médicas.”

Finalmente, la tercera característica referida en el estudio implica que los divergénicos no puedan ser sujeto de privatización o uso exclusivo a través de una patente o figuras análogas. “Por definición, los organismos divergénicos llevan a un aumento de la diversidad y no a su disminución como en el caso de los monocultivos agrícolas o monopolios comerciales. Ningún patente puede restringir la libre reproducción, distribución e inclusión de los organismos divergénicos en subsecuentes programas de mejoramiento genético. Es decir, todos los agricultores de todos los países del mundo pueden usar las semillas divergénicas para replantarlas o cruzarlas libremente.”

El breve estudio comentado, planteado como un libro de divulgación científica, pero además como un libro de texto y soporte para investigadores y estudiantes, ofrece una breve distinción entre los términos de transgénico y divergénico:

...la palabra transgénico... significa la inclusión de un gen extraño a un organismo, el concepto divergénico es más amplio, incluyendo las nuevas combinaciones de viejos genes, mutaciones, hibridaciones y demás modificaciones genéticas y genómicas. En la definición del término transgénico, no importa si el organismo o el gen es beneficioso o no para el ser humano, siendo la metodología que se utilizo para introducir el gen a la célula la que define a los transgénicos. En la definición del término divergénico, no importa las condiciones ni los procesos que llevaron a esa nueva diversidad genética, siendo el resultado final el que determina si un organismo es divergénico o no. Para que se pueda llamar divergénico, se tiene que cumplir los tres requisitos esenciales: 1) nueva diversidad, 2) beneficioso para el ser humano y 3) no ser objeto de patente.

A partir de estas consideraciones, la presente propuesta busca incorporar la definición de transgénicos y divergénicos con la finalidad de que ambas sean incluidas dentro del concepto más amplio de organismo genéticamente modificado, no exista laguna sobre la regulación de un organismo modificado (de forma intencional o no) y no se vean restringidas las oportunidades de las empresas tanto para la restricción en el uso y manipulación de organismos modificados genéticamente correctamente regulados, así como el fomento en la utilización de los divergénicos de uso gratuito y beneficioso.

II. Aumento de sanciones pecuniarias por la indebida utilización y desarrollo de OGM

Por otra parte, la bioseguridad se define, dentro del orden jurídico mexicano, como el conjunto de acciones y medidas de evaluación, monitoreo, control y prevención que se deben asumir en la realización de actividades con organismos genéticamente modificados, con el objeto de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que dichas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y la diversidad biológica, incluyendo los aspectos de inocuidad de dichos organismos que se destinen para uso o consumo humano.

Este concepto debe entenderse, como el resguardo y tutela que el Estado procura, para lograr la protección óptima en cuanto a los riesgos de “manipulación”, transferencia, utilización y alteración de organismos vivos, como son los animales, microorganismos, plantas y otros genéticamente modificados.

Es difícil desmembrar en pureza absoluta la redacción eminentemente jurídica de las disposiciones referidas, por un lado, y los elementos metajurídicos que rodean el tema en cuestión, por el otro. Esto, por su evidente relación con las ciencias naturales y biológicas, las cuales se tienen que comprender puntualmente para la mejor regulación de dicha materia.

La constante y exponencial evolución de la biotecnología pudiera producir efectos perjudiciales para la salud humana, si la manipulación de organismos vivos se hace de una manera desmedida, sin la tutela de las autoridades y expertos. Es necesario, en ese sentido, una intervención de mando, que busque regular y contener dichos brotes adversos.

El propósito principal de la bioseguridad es, entonces, la salvaguarda de todos los ámbitos de la vida humana, pudiendo ir desde la salubridad, sanidad, e higiene, hasta los bienes de consumo diario de las personas. Por tanto, es indispensable el auspicio jurídico y gubernamental en el tema, ya que con el creciente desarrollo tecnológico y científico, en combinación con una actividad empresarial sin regulación, los potenciales efectos antagónicos son igualmente amenazadores para la humanidad.

La dualidad que implica el desarrollo tecnológico y la natural gestión lucrativo-empresarial debe preverse, a efecto de crear un marco jurídico exhaustivo por implicar la afectación posible de un rubro tan delicado como es la salud pública. Toda la regulación sobre el tema deba tener un cimiento de principios bioéticos y requisitos técnicos perfectamente definidos.

En ese entendido, advertimos que es necesario el establecimiento de sanciones más rigurosas, ante la eventual contravención de las normas. Estas sanciones deben ser lo suficientemente fuertes para inhibir el proceder ilegal de individuos y empresas, que pudieran derivar en riesgos biológicos, tanto ambientales como humanos.

En materia de bioseguridad, la salud humana su la prioridad de custodia y el bien jurídico más preciado, sin embargo, el tema tiene alcances e implicaciones en otros campos de la vida nacional, como es la economía y la política. Por ello,  se amerita reformar la legislación en aras de un dinamismo constante del marco jurídico, para su actualización de acuerdo al contexto real y a las condiciones que se tienen actualmente en el campo de los organismos genéticamente modificados.

La extensión de las repercusiones dañinas de una deficiente sanción sobre diversas actividades ilícitas que se pudieran generar por la utilización de organismos genéticamente modificados, trastoca los sectores ecológicos, climáticos y de la biosfera, entrañando un latente peligro ambiental, que pudiera alterar el ecosistema. Es necesario tomar las medidas precautorias, como se propone en esta iniciativa.

Insistimos, es menester llevar a cabo distintas medidas legales que permitan un adecuado tratamiento en materia de tecnología biológica, siempre evitando posibles riesgos en la calidad de vida en general, dando respuestas idóneas, políticas y normativas, para la ordenación de los riesgos relacionados con la agricultura y los sistemas de la producción alimentaria.

Estos riesgos comprenden la  inmersión, inclusión o penetración no vigilada de organismos vivos modificados, organismos modificados genéticamente y los productos derivados de las anteriores; la dispersión o esparcimiento de especies exóticas invasivas, genotipos exóticos, así como plagas de plantas y animales,  y enfermedades que son propensas a transmisión de animales a seres humanos.

La bioseguridad se aprecia de manera general, por consenso de la doctrina jurídica especializada, como una especie de complemento normativo de la moderna biotecnología.

Nos parece conveniente, establecer de manera precisa los riesgos ambientales y a la salud que pueden suscitar de la utilización de los organismos genéticamente modificados, según lo que  asienta la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

- Riesgos potenciales al ambiente asociados con la liberación al campo de los organismos genéticamente modificados (OGM) y con la transferencia de los transgenes. Estos riesgos se pueden explorar a nivel genómico, de individuos y poblaciones y de ecosistemas.

- Dentro de las construcciones transgénicas y los procesos que se llevan a cabo para realizar transferencia vertical hacia variedades criollas o a parientes silvestres cercanos, y por transferencia horizontal a otros organismos como virus y bacterias, se incurren en riesgos de gravedad, como el mencionado para la introducción de los transgenes a variedades criollas, en donde la erosión que potencialmente puede sufrir la biodiversidad del germoplasma del cultivo, lo afecta de manera tajante.  La introducción de los transgénes en las variedades criollas sólo disminuiría la diversidad genética del cultivo si la presión de selección a favor de las plantas transgénicas fuera muy intensa. Una vez que la hibridización ha ocurrido, el impacto en el ambiente va a depender del transgén en cuestión y de su expresión en un nuevo contexto genético.

- Generación de conflictos en materia de híbridos, que pueden convertirse en competidores de sus parientes cultivados y de esta manera ser especies invasoras que no son fácilmente eliminadas debido a su alta resistencia adquirida.

- Resistencia a insectos: En ambientes donde las plagas de insectos limitan el crecimiento, la sobrevivencia, o la reproducción del cultivo, la presencia del gen de resistencia a dicha plaga puede conferir una ventaja selectiva a la población de híbridos sobre aquellos que no portan el transgen o que no lo expresan. Cuando se liberan al ambiente organismos genéticamente modificados con genes de resistencia a plagas es importante llevar a cabo estrategias que disminuyan la probabilidad de generar resistencia en los insectos.

- Otros de los riesgos que se han asociado con los organismos genéticamente modificados es que puedan causarle daño a insectos benéficos o a especies que no se intenta controlar, y con esto disminuir la biodiversidad y alterar en diferente medida las comunidades bióticas y los ciclos biológicos.

Los factores económicos contextuales en que se desarrollan las medidas de seguridad para evitar los riesgos biológicos como la globalización, el incremento del comercio, transporte y el progreso especializado, nos obligan a modernizar y adecuar todas las normas nacionales, especialmente acorde a los principios que los ordenamientos internacionales, tomando en cuenta la pluralidad de naciones, integran dentro del marco normativo para una oportuna protección.

El estudio de los instrumentos internacionales como la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y otras normas internacionales para fijar medidas fitosanitarias, así como la perspectiva integral que han adoptado la mayoría de los países, combinando y adecuando sus normativas en relación con los organismos vivos modificados, organismos genéticamente modificados, plagas de plantas, productos vegetales, especies exóticas invasivas, agricultura, pesca, actividad forestal y alimentación, nos obligan a reasumir un rol de autocrítica e innovación en nuestra legislación interna.

Es necesario evitar que nuestros mecanismos legales transmuten en inoperantes, y esto se traduzca en que los actos irresponsables cometidos en contra del ambiente, es decir, los relacionados con actividades tecnológicas y peligrosas cometidos contra la biodiversidad y bioseguridad, causen o puedan causar daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente en general, y que a su vez, estos daños queden sin sanción alguna.

Una amplia diversidad de expertos jurídicos en materia penal, han concluido en diversos estudios, que el aumento de las penas para la inhibición de las conductas tipificadas como delitos, es una metodología limitada para su reducción. Sin embargo, cabe destacar que este señalamiento se hace a penas privativas de libertad. En este caso, tratándose de derecho administrativo sancionador, propugnamos por incrementar las multas en términos de mayores sanciones económicas.

En efecto, las sanciones económicas tienen una afectación directa en el agente activo del ilícito o, en este caso, en el agente activo de una muy grave falta administrativa, debido a que existiría un detrimento de su patrimonio, repercutiendo en las arcas y finanzas de las personas que cometen los ilícitos.

Por ello, es necesario imponer sanciones económicas superiores a la potencial ganancia pecuniaria que podría generar la comisión del ilícito. En la actualidad las penas [multas] varían, dependiendo de la gravedad de la falta, de quinientos a treinta mil días de salario mínimo diario vigente. Esta cifra, en el caso de aplicarse la sanción más grave, no alcanzaría los 2 millones de pesos.

En términos absolutos y aislado, esta cifra es un monto ya considerable; sin embargo, si contrastamos esa cantidad con las potenciales ganancias económicas de un empresario que pudiera haber manipulado y modificado genéticamente organismos vivos sin el cumplimiento de los requisitos administrativos para hacerlo, sin recibir las autorizaciones y permisos de la autoridad correspondiente, o habiendo, incluso, falseado información sobre sus actividades, resulta una multa insuficiente pues, como hemos venido insistiendo, la transgresión a la normatividad en la materia pudiera implicar un riesgo en la salud de la población.

En otras palabras, se considera que las disposiciones  punitivas vigentes en la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, específicamente los mencionados en el proyecto de decreto, se ven rebasados por el costo de oportunidad que vislumbran los ejecutantes de las conductas delictivas.

Es necesario comprender el vínculo indisoluble, entre las medidas propuestas en esta Iniciativa y, la debida y efectiva aplicación y ejecución de las penas tipificadas. Concibiendo a la impunidad como el enemigo letal de la justicia, se asume como cierto que la aplicación eficiente del derecho y de las sanciones ante la comisión de faltas administrativas y delitos, desmotivará la comisión y la reincidencia en estas conductas.

Ahora bien, el siguiente cuadro muestra solo algunos ejemplos de los bienes sobre los que actualmente se práctica de forma regulada y vigilada la generación de productos biotecnológicos evaluados y aceptados por las autoridades mexicanas, de acuerdo a información proporcionada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Como se puede apreciar, se trata de bienes  principalmente destinados al consumo y a la ingesta humana. En otras palabras, se debe atender escrupulosa y exhaustivamente, los requisitos impuestos por la autoridad para la obtención de permisos para el desarrollo y producción de organismos genéticamente modificados.

Aunque la temática ya ha sido tratada en esta exposición de motivos, reitero que las medidas político criminales, como es el aumento de las penas privativas de libertad, responde a lo que se denomina populismo penal. Sin embargo, si el incremento de las penas pecuniarias (no privativas de libertad), implica un impacto proporcional al lucro obtenido por la comisión de un ilícito, y se garantiza la aplicación de la sanción correspondiente, se estará en camino de inhibir la comisión del ilícito.

Por ello, si una empresa hace un uso indebido de organismos genéticamente modificados, los altera sin autorización, los comercializa habiendo prescrito su oportunidad de hacerlo o no ofrece las garantías de publicidad a la población, deberá recibir una sanción económica lo suficientemente fuerte por afectar no solo a la economía en su conjunto, al medio ambiente y por haber vulnerado derechos de consumidores, sino principalmente porque con su conducta se puso en riesgo la salud de la población.

Por lo anterior, consideramos que ha quedado explicitada la necesidad de aumentar las penas económicas para los infractores especificados, logrando superar la posibilidad de considerar la aplicación de una sanción pecuniaria por parte del Estado como un costo hundido en el proceso de producción.

Estamos conscientes de la necesidad de eficacia del Estado para la erradicación absoluta de la impunidad, y la autentica ejecución de las sanciones impuestas, apoyado inexorablemente, por una sanción monetaria que tenga los niveles requeridos para  instituir una penalidad eficaz.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adicionan las fracciones XXII y XXIII, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 3o.; y se reforma la fracción XXI del artículo 3o., así como las fracciones I y II del artículo 120, todos de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a XX. ...

XXI. Organismo genéticamente modificado: Cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada por la acción del hombre.

XXII. Organismo divergénico: Especie de Organismo Genéticamente Modificado con condiciones necesariamente benéficas para el ser humano o para el medio ambiente, con la características de no ser objeto de apropiación ni permiso, así calificada por la Cibiogem.

XXIII. Organismo transgénico: Especie de Organismo Genéticamente Modificado, manipulado o liberado en contravención a lo establecido en la presente Ley o en los reglamentos y normas oficiales que se deriven de la misma, o bien, sin que medien las autorizaciones y los permisos establecidos en el presente ordenamiento.

XXIV. OGM u OGMS: ...

Artículo 120. Las infracciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven, señaladas en el artículo anterior, serán sancionadas administrativamente por las Secretarías competentes, con una o más de las siguientes sanciones:

I. Multa de mil a treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a  quien cometa las infracciones previstas en las fracciones IV, VIII, XIV, XVI, XVII, y XXI del artículo 119 de esta ley;

II. Multa de treinta mil uno a sesenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a quien cometa las infracciones previstas en las fracciones I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 119 de este ordenamiento.

En el caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa que corresponda. Para los efectos de esta fracción, se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que  impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que la Secretaría competente determine mediante una resolución definitiva la comisión de la primera  infracción, y siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procedimientos administrativos de sanción, en proceso hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto, se regirán por lo dispuesto por la normatividad anterior.

Notas:

1 Los Instrumentos de la FAO sobre la Bioseguridad. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma, 2007.

2 Los cultivos criollos son aquellos obtenidos a través de la agricultura tradicional, en la que el productor reserva cierta cantidad de las semillas de sus mejores cosechas para la siembra del siguiente ciclo. De esta manera se han venido creando naturalmente diversas variedades del mismo cultivo.

3 La soya convencional se siembra en 19 hectáreas, mientras que el algodón transgénico se siembra en 24.3 ha y el convencional únicamente en 6 hectáreas.

4 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, publicada el 18 de marzo de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.

5 Ortiz, S. y E. Ezcurra, Gaceta Ecológica, número 60, Instituto Nacional de Ecología, México, 2001.

Consultas

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Cinvestav, doctor Axel Tiessen Favier, docotor Fernando Gómez Merino, doctora Libia Iris Trejo Téllez, Biol. Alejandro López Fabre, Mtro. Daniel Padilla, Mtra. Erandi Vargas, Fundamentos y Metodologi?as Innovadoras para el Mejoramiento Gene?tico de Mai?z, Cinvestav, Irapuato México, 2009.

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http://www.surrey.ac.uk/ces/files/pdf/04-13%20Morse_Mannion_ GM%20Crops.pdf

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http://www.uam.mx/librosbiotec/uso_responsable_ogm/uso_responsab le_ogm/files/assets/downloads/files/uso_responsable_OGM.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputado Abel Octavio Salgado Peña.»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL TURISTICO, AGRICOLA Y DE PESCA POR LA DIFICIL SITUACION EN LAS ENTIDADES DECLARADAS ZONAS DE DESASTRE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, a la SHCP y a la Segob a implantar un programa de empleo temporal turístico, agrícola y de pesca por la difícil situación en las entidades declaradas zonas de desastre, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI

Rodimiro Barrera Estrada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o., 2o., 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 76 fracción IV, 79 numeral 1, fracción II, numeral 2 fracción II, III, IV, V y VI, 80, 81, 84, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Gobernación, para que implementen un programa de empleo temporal en materia turística, agrícola y de pesca ante la difícil situación en todos los municipios de las entidades que fueron declaradas zonas de desastres, para que implemente un programa de restauración de los ecosistemas afectados, por los recientes fenómenos meteorológicos acontecidos en nuestro país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los pasados 15, 16 y 17 de septiembre de 2013, varios estados de la República mexicana, entre ellos los estados de Guerrero y Michoacán, experimentaron un fenómeno meteorológico inusual provocado por la depresión tropical Manuel y el huracán Ingrid, formados en los océanos Pacífico y Atlántico, respectivamente, y que provocaron lluvias severas con una precipitación de más de 100 milímetros de agua, acumulados en menos 24 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional, siendo que en el estado de Guerrero la estación más importante de lluvia alcanzó, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los 729.5 milímetros, situación histórica pues en menos de 24 horas los estados de Guerrero y Michoacán fueron golpeados severamente por la naturaleza, lo que trajo como consecuencia inundaciones severas, deslaves de carreteras y desbordamientos de ríos y presas, que han puesto a la población en una situación muy vulnerable y de grave peligro, pues no sólo han perdido en su totalidad sus bienes sino que también se ha puesto en riesgo su integridad física, y hasta su vida, fenómenos meteorológicos, uno proveniente del océano Pacífico y el otro del océano Atlántico; los cuales afectaron a más de dos terceras partes del territorio nacional, un equivalente total de veintiséis entidades federativas.

De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, señala que este fenómeno es ocasionado, directa o indirectamente, por la actividad humana, lo que provoca que se altere la composición de la atmósfera mundial y que se modifique la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.

De igual forma el estudio Agua y Clima: elementos para la adaptación al cambio climático, realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que en México cerca de 22 millones de personas están expuestas en mayor medida a los fenómenos meteorológicos, tales como ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y descargas eléctricas, heladas, sequías, ondas cálidas y gélidas, así como tornados; un alto porcentaje de esta población en riesgo vive en condiciones de pobreza. Cerca de 8 millones de personas están expuestas a los efectos adversos de huracanes, aproximadamente 6 millones a lluvias intensas y más de 8 millones pueden sufrir directamente daños por sequías. Cerca de 80 por ciento de esta población vive bajo condiciones de alta y muy alta marginación.

En este sentido, con base en los recientes fenómenos meteorológico, más de diecinueve estados y tres cientos ochenta y seis municipios fueron declarados zonas de desastre, entre los cuales destacan los estados de Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Colima, Puebla Veracruz, Chiapas, Zacatecas, entre otros.

Hasta el momento las estadísticas son apabullantes, ya que la suma de víctimas asciende a 145 fallecidos, 248 mil 477 personas afectadas y 59 mil personas desalojadas, y actualmente se atiende a 52 mil 433 personas en 392 albergues en 19 estados. Además se reporta que han sido afectados 552 municipios de 26 estados del país y que se ha emitido declaratoria de desastre para 312 municipios.

De las 312 declaratorias de emergencia para municipios correspondientes a 26 entidades federativas, y de acuerdo con los datos proporcionados por el Comité Nacional de Emergencia, se han reportado afectaciones de diversas magnitudes en 552 de sus municipios, encontrándose en los 26 estados los daños de mayor gravedad, afectando cientos de viviendas, caminos (carretas, autopistas, calles, puentes), e infraestructura general. De lo cual se tiene más de 53 mil viviendas afectadas, 33 carreteras averiadas; se han atendido a 31 mil 613 personas que resultaron afectadas por la tormenta tropical Manuel; que se han rescatado a 14 mil 217 personas que se encontraban en zonas de riesgo o incomunicadas, a consecuencia de las afectaciones generadas por la tormenta tropical, entre otros muchos datos que se pueden dar al respecto.

En síntesis, podemos afirmar extraoficialmente que el número de afectados cada día es mayor, y ya rebasa 1 millón de personas; y que las viviendas afectadas son por lo menos 50 mil.

Esto da como resultado la urgencia de que el gobierno promueva ahora el restablecimiento de la infraestructura en los diferentes rubros, la reactivación inmediata de la economía, de la cual el sector turístico es sin duda un detonante económico en esta zona del país, en virtud de que la mayoría de los destinos turísticos y su respectivo comercio fueron colapsados, por lo que es necesario incentivar esta actividad, en razón de que la mayoría de los habitantes de esta zona se han quedado sin nada, lo cual no les permite por el momento acceder a un el empleo que les permita solventar sus necesidades.

Hasta el momento no se han podido cuantificar con exactitud los daños y perjuicios que se ocasionaron contra la población, particularmente de origen indígena y negra, lo cierto es también que las pérdidas y afectaciones que se reportan son deslaves de cerros y montañas, ríos y barrancas desbordadas; caída de puentes; casas derribadas; hundimientos de suelo; encharcamientos de agua; caminos rurales y pavimentados destrozados; personas desaparecidas; heridos y enfermos desatendidos; pérdidas y afectación de cosechas, sembradíos; personas heridas, y desafortunadamente muchas pérdidas humanas.

Ahora bien, atendiendo la naturaleza jurídica de nuestro federalismo, en cuanto al trabajo coordinado que debe de existir entre los distintos órdenes de gobierno, y de las cuales existen diversas facultades como:

Facultades coincidentes: Aquellas que tanto la federación como las entidades federativas realizan, juntas o por separado, por disposición constitucional.

Facultades coexistentes: Cuando una parte de la misma facultad corresponde a la federación y la otra a las entidades federativas.

Facultades de auxilio: Las que se presentan cuando una autoridad ayuda o auxilia a la otra por disposición constitucional.

Y atendiendo a las atribuciones contempladas en los artículos 27, fracciones I y XII, 31 fracciones XIV y XVI, 32 fracciones I, incisos a), b) y c), V y X, 42, fracciones I, XIII, XVIII y XIX, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal los cuales establecen que:

“Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Coordinar, por acuerdo del presidente de la República, a los secretarios de estado y demás funcionarios de la administración pública federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Ejecutivo federal... (Sic)

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes;... (Sic)

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XIV. Proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional;

XVI. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la administración pública federal;

Artículo 32.A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de las políticas siguientes:

a) Combate efectivo a la pobreza;

b) Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas; y

c) Atención a los derechos de la niñez; de la juventud; de los adultos mayores, y de las personas con discapacidad;

V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los sectores social y privado, que se deriven de las acciones e inversiones convenidas en los términos de este artículo;

VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado;

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional;

XIII. Formular y difundir la información oficial en materia de turismo; coordinar la publicidad que en esta materia efectúen las entidades del gobierno federal, las autoridades estatales y municipales y promover la que efectúan los sectores social y privado;

XVIII. Promover y apoyar la coordinación de los prestadores de servicios turísticos;

XIX. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la participación de los sectores social y privado;

*Las negritas son del proponente.

Y de acuerdo con los datos proporcionados por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados informó que del billón 735 mil 708 millones del PEF destinado para el primer semestre, el gobierno federal no ha ejercido 100 mil 309.6 millones. Mientras, para los ramos administrativos se consideraron 350 mil 113.3 millones, de los que se han gastado sólo 312 mil 99.7 millones.

Es que vengo a proponer de manera urgente que la Secretaría de Gobernación, que con base en lo dispuesto por el artículo 5, fracción VII, de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y, coordine y garantice el cumplimiento de un programa de empleo temporal en materia turística, agrícola y de pesca en todos los municipios de las entidades que fueron declaradas zonas de desastre, entre los cuales se encuentran los municipios de Aquila, Arteaga, Coahuayana, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, Tepalcatepec, Turicato, Tumbiscatío, todos pertenecientes al estado de Michoacán de Ocampo, para se asignen recursos para la implementación de un programa de empleo temporal, que tenga como objetivo la reconstrucción o restitución de los bienes que fueron afectados por los recientes fenómenos meteorológicos , a través de normas de diseño o construcción que reduzca su vulnerabilidad ante futuras amenazas; así como asegurar la oportuna asignación y aplicación de los recursos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores.

Por otro lado, es de urgente intervención que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que proyecte, calcule y autorice el o los programas de empleo temporal en materia turística, agrícola y de pesca, específicamente en todos los municipios de las entidades que fueron declarados zonas de desastre, para beneficio de las personas que fueron afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, y que tienen como actividad primordial de subsistencia el turismo.

De la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, para que dé atención a todas las personas que fueron afectadas por los fenómenos meteorológicos antes mencionados y que tienen como actividad primordial el turismo, la actividad agrícola y de pesca.

De igual forma para que coordine, concrete y ejecute conjuntamente con la Secretaría de Gobernación y demás autoridades estatales y municipales, los programas o el programa temporal en las materias antes expuestas que previamente haya sido aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ayudar a las personas afectadas por los recientes fenómenos meteorológicos.

De la Secretaría de Turismo, para que formule, difunda y promueva el o los programas de empleo temporal que autorice la Secretaría Hacienda y Crédito Público en todos los municipios de las entidades del país que fueron declarados zonas de desastre.

En virtud de lo anterior, presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, que coordine y garantice el cumplimiento de un programa de empleo temporal en materia turística, agrícola y de pesca, en todos los municipios de las entidades que fueron declaradas zonas de desastre.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que proyecte, calcule y autorice el o los programas de empleo temporal en materia turística, agrícola y de pesca, en todos los municipios de las entidades que fueron declarados zonas de desastre, para beneficio de las personas que fueron afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Tercero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal para que dé atención a todas las personas que fueran afectadas por los fenómenos meteorológicos antes mencionados, y que tienen como actividad primordial el turismo, la agricultura y la pesca.

Cuarto.El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Turismo para que formule, difunda y promueva, el o los programas de empleo temporal que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en todos los municipios de las entidades que fueron declarados zonas de desastre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputado Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

PLAN Y PROCESO DE LIQUIDACION DE FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SCT y del SAE que hagan público el avance del plan y proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, en particular respecto a la situación programático-presupuestal del Fideicomiso 5012-6, Ferronalesjub, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, hagan público el avance del plan y proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, en particular respecto a la situación programática-presupuestal del fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub; al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. El 12 de mayo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en la que se estableció que los particulares podían, mediante concesión, operar y explotar vías generales de comunicación ferroviaria y prestar el servicio público de transporte ferroviario, y Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) continuaría administrando y operando los ferrocarriles mexicanos, hasta en tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgara concesiones y permisos a terceras personas respecto de las vías férreas, el servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares.

Segundo. El 19 de diciembre de 1997 se constituyó el fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub en Nacional Financiera, SNC, con una aportación inicial de 13’529,750.0 miles de pesos, con el objeto de constituir un mecanismo mediante el cual se realizara la administración de los recursos para el pago de pensiones jubilatorias de los trabajadores de Ferronales.

Tercero. En abril de 1999 la actual Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (entonces Comisión Intersecretarial de Desincorporación), aprobó el esquema para la reestructuración del sistema ferroviario, relativo a la estrategia para el proceso de apertura a la inversión privada en vías cortas y a la segmentación regional del sistema.

Cuarto. En agosto de 1999, Ferronales había cumplido el propósito para el que fue creado, por lo que dejó de administrar y operar las vías generales de comunicación ferroviaria y de prestar el servicio público de transporte férreo.

Quinto. El 4 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se extinguió el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abrogaba su ley orgánica.

Sexto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en su carácter de dependencia coordinadora del sector, estableció las bases para la liquidación de Ferronales, designando el 29 de agosto de 2001 al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras) como órgano liquidador.

Séptimo. El 17 de agosto de 2010 la SCT notifico a Banobras que a partir del 31 de agosto de ese año quedaría sin efector el oficio que lo designaba como liquidador, y celebró convenio de transferencia con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), quien actualmente funge como liquidador de Ferronales.

Octavo. El 22 de septiembre de 2011, el SAE remitió para autorización de la SCT y, en su caso, envío a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGFD), el proyecto de nota que contiene el Plan de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML); por su parte, esa secretaría, en su calidad de coordinadora sectorial, envió a la CIGFD para ser sometida en sesión, la nota con el plan de liquidación, que contiene el diagnóstico, las acciones y las necesidades de recursos para reorientar y concluir el proceso de liquidación de FNML, así como una propuesta de bases para llevar a cabo la liquidación.

Consideraciones

A) La Auditoría Superior de la Federación ha realizado auditorías especiales al SAE respecto de las cuentas públicas 2010 y 2011, de las que han derivado dictámenes con opinión negativa y abstención de opinión respectivamente.

Conforme al informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011, el SAE:

• No contó con un plan de liquidación para Ferronales, en el que se identificaran los objetivos y las acciones, así como el tiempo de ejecución del proceso de liquidación.

• No sometió a autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cancelación, el monto de los créditos incobrables o incosteables pendientes de liquidar.

• Como miembro del Comité Técnico del Fideicomiso Ferronalesjub, no convocó a sesionar de manera ordinaria trimestralmente, como lo estipula el contrato del fideicomiso.

• No se aseguró de la confiabilidad de las valuaciones actuariales que se realizaron para el fideicomiso Ferronalesjub, a fin de determinar la suficiencia financiera que garantice el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de Ferronales.

B) El fideicomiso Ferronalesjub no ha tenido la capacidad de cubrir los gastos correspondientes a los trabajadores jubilados; de conformidad con el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012: Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML), segunda y tercera etapas, para el ejercicio 2012 la SCT asignó al SAE recursos presupuestales por 305.6 millones de pesos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se etiquetaron 2 mil 777.3 millones de pesos para el pago de pensiones de los jubilados de Ferronales.

No obstante, los apoyos que se han otorgado al Fideicomisojub han resultado insuficientes para la cobertura de los pasivos por jubilaciones aunados a los derivados por juicios laborales y gastos de operación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en su carácter titular de la dependencia coordinadora del sector, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, el plan y las acciones llevadas a cabo posteriormente a la publicación de las “bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México”, en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2012, para la liquidación de Ferronales y del fideicomiso Ferronalesjub, así como el listado de los jubilados y pensionados que a la fecha han sido liquidados y los que aún no se ha podido liquidar.

Segundo.Se exhorta al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que en su carácter de órgano liquidador, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, el plan y las acciones llevadas a cabo posteriormente a la publicación de las “bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México”, en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2012, para la liquidación de Ferronales y del fideicomiso Ferronalesjub, el listado de los jubilados y pensionados que a la fecha han sido liquidados y los que aun no se ha podido liquidar, así como el listado del inventario valuado y las fechas de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso Ferronalesjub, del cual es miembro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

VICTIMAS DE LA GUERRA SUCIA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las víctimas de la guerra sucia, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Rodrigo Chávez Contreras, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A la Cámara de Diputados asistieron un grupo de víctimas y familiares de las personas desaparecidas de la guerra sucia, quienes conforman el comité general representativo de víctimas de dicha guerra.

Durante las décadas pasadas, el estado de Guerrero fue la cuna de violentos movimientos sociales, todos estos causados por las inmensas diferencias sociales, la desigualdad y la marginación.

El estado se caracterizó por crear las condiciones para el surgimiento de grupos guerrilleros armados, en lugar de responder a las necesidades de la gente.

Grupos que fueron objeto de una de las más cruentas represiones que se han ejercido en el país y quitándoles lo más indispensable: Su dignidad.

El periodo conocido como la Guerra Sucia inicia en 1968 y concluye en 1980, año en el cual la mayor parte de los movimientos quedaron latentes, gracias a la eficiente represión oficial de la cual fueron objeto.

Si con la misma eficiencia el gobierno cumpliera su función, como desapareció a cuanta persona osó desafiarle, jamás se hubiera llegado a la muerte de tantos inocentes y al sufrimiento de los que menos tienen.

Durante la llamada Guerra Sucia, cientos de simpatizantes de izquierda detenidos por el ejército y la policía desaparecieron, según organismos civiles.

El presidente Vicente Fox, quien inició su mandato en diciembre de 2000, se comprometió a investigar y castigar a los responsables de los crímenes de la guerra sucia. Exguerrilleros, familiares de desaparecidos y expresos políticos, han denunciado que hasta la fecha no se le ha dado seguimiento y solución a estos crímenes de lesa humanidad.

Las víctimas de tales atrocidades solicitan les sean reparados los daños de manera digna de acuerdo con las resoluciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que retorne y realice las sesiones correspondientes del comité interdisciplinario para la reparación del daño de las victimas acreditadas y no acreditadas de la guerra sucia.

Segundo. Se solicita la conformación de una comisión especial de seguimiento para el caso de la guerra sucia.

Tercero. Se exhorta a Secretaría de Gobernación, mediante la Secretaría de Salud, a que se brinde la atención de calidad física y mental a las víctimas y familiares de la guerra sucia de manera urgente.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar las gestiones necesarias para proporcionar vivienda y educación digna a las víctimas afectadas por la guerra sucia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

CANDIDATURA DEL PROFESOR ADOLFO C. GURRION PARA INGRESAR EN LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia a fin de que el titular del Ejecutivo federal integre el expediente que sustente la candidatura del profesor Adolfo C. Gurrión para ingresar en la Rotonda de las Personas Ilustres, a cargo del diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde que México se constituyó como nación independiente, ha reconocido la labor de sus próceres y ha mantenido viva su memoria. El 19 de julio de 1823, el Congreso Nacional emitió un decreto que ordenaba reconocer a los precursores de la Independencia de México como beneméritos de la patria en grado heroico y reunir sus restos para rendirles un homenaje público.

Los restos de los héroes se exhumaron y trasladaron a la Ciudad de México en septiembre de ese mismo año, a fin de ser depositados en la Catedral de México. Cien años más tarde, en 1925, por disposición del presidente Plutarco Elías Calles, fueron trasladados a la columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Reposan ahí los restos de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, José María Morelos, Mariano Jiménez, Mariano Matamoros, Hermenegildo Galeana, Pedro Moreno, Víctor Rosales, Francisco Xavier Mina, Nicolás Bravo, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, entre otros.

El 25 de marzo de 1947, cuando se cumplieron 100 años del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec, se descubrieron sus restos mortuorios. Para honrar la memoria de los jóvenes próceres que combatieron a los invasores estadounidenses, el presidente Miguel Alemán prometió construir el Monumento a los Defensores de la Patria, que se inauguró el 27 de septiembre de 1952.

Otro sepulcro importante se ubica en el panteón de San Fernando de la Ciudad de México, en el que fue inhumado el cadáver del presidente Benito Juárez en 1872, año de su deceso.

El Monumento a la Revolución alberga a otro conjunto importante de próceres, aquéllos surgidos del movimiento revolucionario de 1910: Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles.

Además de los mausoleos ya mencionados, desde 1872 existe un lugar especial para dar sepultura a los próceres de la República: la Rotonda de los Hombres Ilustres. El presidente Sebastián Lerdo de Tejada, por decreto presidencial, instruyó para que el recién creado panteón de Dolores albergara un espacio para la construcción de dicha Rotonda, colocando monumentos diseñados especialmente para cada uno de los mexicanos que ahí yacen, cuyos epitafios perpetúan su sentido nacionalista hasta nuestros días, y aluden a su participación política, militar, su lealtad a las instituciones, o su aportación hecha en las ciencias y en las artes.

Entre los personajes ilustres que ocupan las tumbas de la Rotonda se encuentran expresidentes como Valentín Gómez Farías, Juan Álvarez y Manuel González; artistas y científicos como David Alfaro Siqueiros, Nabor Carrillo, Carlos Chávez, Mariano Azuela y Francisco González Bocanegra; filósofos e historiadores como Eligio Ancona, Antonio Caso y Francisco Javier Clavijero; políticos notables como Ponciano Arriaga, Manuel Gómez Morín, Jesús Reyes Heroles, Heberto Castillo y Vicente Lombardo Toledano, por nombrar algunos.

Para la inhumación de un cuerpo en la Rotonda de las Personas Ilustres es necesario cumplimentar diversas disposiciones contenidas en el decreto por el que se establecen las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres, del panteón civil de Dolores.

Dicho decreto tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para que el titular del Poder Ejecutivo federal, emita la declaratoria de hombre o mujer ilustre para su inhumación en la Rotonda de las Personas Ilustres, del panteón civil de Dolores, así como los homenajes póstumos que al efecto se determinen.

Esta proposición tiene por objeto que la Cámara de Diputados, en su carácter de depositaría de la representación popular, solicite al titular del Poder Ejecutivo integre el expediente que sustente la candidatura de Adolfo C. Gurrión,conforme al artículo VII del decreto por el que se establecen las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres, del panteón civil de Dolores, para su ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres, en razón de que se trata de un mexicano que ejerció la función de diputado federal; es decir es un correligionario nuestro que realizó aportes a la vida pública nacional.

Sus hechos biográficos más relevantes son:

• Nació el 20 de octubre de 1879 en la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, justo cuando comenzaba el gobierno que dirigiría los destinos de México por tres décadas. Tal vez porque no conoció a otro presidente que no fuera Porfirio Díaz, luchó desde su juventud por la democratización de la vida política nacional.

• Fue corresponsal en Oaxaca del periódico Regeneración, que dirigían los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, el cual se publicaba en San Luis Missouri.

• A principios de 1906, cuando contaba con 26 años de edad, publicó su propio periódico que tituló La Democracia. En su región natal fue perseguido por los jefes políticos de Juchitán y de Tehuantepec.

• Fue encarcelado por el contenido de sus textos. Sometido a prisión inhumana, sobrevivió ocho meses en una mazmorra conocida como Martinica en la capital del Estado.

• Ejerció como profesor en varios puntos del país, desde su tierra natal hasta el norte del territorio nacional.

• En 1910, Adolfo C. Gurrión se encontraba en Baja California, en calidad de secretario de la Inspección General de Educación, con residencia en La Paz.

• Ese mismo año se incorporó a la administración pública mexicana.

• El 2 de noviembre de 1911 inició en Juchitán una rebelión encabezada por el licenciado José F. Gómez, más conocido como CheGómez, quien sería asesinado un mes después. Dicho movimiento exigían la supresión de la tutela de los gobiernos centrales sobre el Istmo, mediante su elevación a estado o territorio federal. El único personaje que pudo llegar a los rebeldes, intercediendo por éstos, fue el profesor Gurrión, quien en ese entonces contaba con 31 años, pero que ya gozaba de la estima y el respeto de los paisanos.

• En 1912 contendió por la diputación federal de su distrito natal. El voto de sus paisanos lo convirtió en diputado de la XXVI Legislatura de la Unión, entrando en funciones en septiembre de 1912, justo cuando cumplió 32 años de edad.

• Se opuso de manera tajante a la reelección del general Martín González y del licenciado Emilio Pimentel como gobernadores de Oaxaca.

• De manera especial se opuso al régimen de Victoriano Huerta, defendiendo con su lucha la integridad de la democracia y la libertad de su pueblo. Este hecho, junto a la búsqueda del ideal de la justicia para su población, le costaría la vida poco tiempo después.

• En enero de 1913 Gurrión estuvo en el Istmo procurando conciliar a verdesy rojos, bandos antagónicos en que se había dividido la familia juchiteca, así como casi todas las poblaciones istmeñas.

• Luego del asesinato de Francisco Ignacio Madero y José María Pino Suárez, en febrero de 1913, en los hechos conocidos como “la Decena Trágica”, Gurrión siguió concurriendo a la Cámara de Diputados, manteniendo una postura independiente frente al Gobierno de Victoriano Huerta, hasta que se hizo imposible su permanencia.

• En agosto del mismo año se marchó de la capital en busca de los revolucionarios que en el norte combatían al lado de Venustiano Carranza.

 • El 17 de agosto, el joven diputado Adolfo C. Gurrión fue ejecutado en el pueblo de Chihuitán por una partida de soldados a las órdenes de Capitán Arturo Canseco. La ejecución tuvo lugar ante la tajante oposición de Gurrión contra el régimen huertista, pero la versión oficial fue que se le detuvo por dirigir el “motín de Tehuantepec”, cuando su verdadero interés era defender a los ciudadanos tehuantepecanos que estaban refugiados en Juchitán.

Las instituciones especializadas que podrán ser consultadas por el Consejo Consultivo que designe el Ejecutivo, serán los siguientes: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, presidido por la doctora Patricia Galeana Herrera; Comité Autonomista Zapoteca “Che Gorio Melendre” (Comité Melendre), presidido por el licenciado Gubidxa Guerrero Luis; y la Casa de la Cultura de Juchitán, Lidxi Guendabiaani, presidido por el contador público Vidal Ramírez Pineda.

Hace 100 años mataron a Francisco Ignacio Madero. Poco después ejecutaron cobardemente a un Diputado zapoteca que antepuso los ideales libertarios y autonomistas, a las comodidades de la vida política. A Madero y a los hombres idealistas asesinados en 1913, nuestro reconocimiento. Al profesor Adolfo C. Gurrión nuestro respeto y admiración.

Los méritos del profesor Adolfo C. Gurrión como docente, periodista y diputado, buscando el restablecimiento de los ideales democráticos y la procuración del orden público, además de su incansable lucha para proteger a los suyos a pesar de las contrariedades frente al gobierno de Victoriano Huerta, y su consecuente ejecución en la defensa de sus ideales son, sin lugar a dudas, motivos suficientes para considerarlo como parte de los hombres ilustres que entregaron su vida en la construcción de nuestra patria.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, se pronuncia porque el titular del Poder Ejecutivo federal integre el expediente que sustente la candidatura del profesor Adolfo C. Gurrión, para su ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres.

Notas:

1 Reseña histórica de la Segob, sobre la Rotonda de las Personas Ilustres.

2 “Adolfo C. Gurrión”, datos biográficos. Artículo publicado en Enfoque Diario por Gubidxa Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.— Diputado Samuel Gurrión Matías (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

CENTROS DE INVESTIGACIONES FEDERALES NUMEROS 2 Y 3

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a hacer del conocimiento público el gasto efectuado para construir los centros de investigaciones federales números 2 y 3, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, José Luis Muñoz Soria, diputado de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII, 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, haga del conocimiento público cuál fue el gasto para la construcción de los centros de investigaciones federales 2 y 3, así como la procedencia de los recursos económicos utilizados, en términos de los siguientes.

Antecedentes y consideraciones

1. El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115; y la fracción VIII del apartado B del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública y justicia penal, la cual se consideró trascendental.

A partir de esta reforma, el sistema de justicia penal en México migro del anterior modelo de tipo mixto predominantemente inquisitivo al modelo garantista de corte acusatorio y oral, rigiéndose por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

2.El 30 de abril de 2013, se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados la reforma a los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008; el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta al Senado de la Republica para los efectos constitucionales.

3. La palabra arraigo en sentido amplio, la cual proviene del latín “ad”y “radicare” que significa echar raíces; se define como una “medida precautoria dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. Tiene por objeto o finalidad impedir que el arraigado abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y responder de la sentencia que se dicte”.

El arraigo en estricto sentido se define como: medida cautelar que durante la averiguación previa se impone con vigilancia de la autoridad al indiciado, para los efectos de que este cumpla con los requerimientos del ministerio público en razón de la investigación de un hecho delictivo.

4. El arraigo es una medida cautelar de la cual el Ministerio Publico ha abusado, se priva de la libertad y prácticamente se encarcela a personas que no han sido declaradas culpables de ningún delito, evidenciando la nula capacidad de investigación que realiza el Ministerio Público al otorgarle plazos adicionales, lo cual genera detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, y amenazas, con la finalidad de obtener una confesión relacionada con presuntas actividades delictivas.

El arraigo va en contra de la presunción de inocencia, mejor conocido como “principio pro persona”, lo cual conlleva un retroceso al viejo sistema, toda vez que el principio de inocencia configura la libertad del sujeto.

En tal sentido, priva la libertad de las personas de forma ilegal, sin tener un control adecuado de la legalidad de la detención, lo cual viola flagrantemente el derecho a la libertad personal consagrada en la constitución y los instrumentos  internacionales de derechos humanos.

5. Los sexenios anteriores hicieron claro abuso del arraigo, olvidaron hacer investigaciones exhaustivas que llevaran a la resolución puntual  de la búsqueda de verdaderos culpables.

6. Todo ello aún y cuando conforme a las cifras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se destaca que entre enero de 2008 y mayo de 2010 solamente el 20.24% de los procesos iniciados con arraigo terminaron en sentencia condenatoria, lo cual nos demuestra la baja eficiencia de dicha medida.

Asimismo, el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, en un encuentro con legisladores afirmó que “el arraigo es una figura de la que se abusó. Estos nos habla de que 3 mil 800 personas estuvieron detenidas 40 u 80 días sin ningún progreso en su situación. Pero eso no es lo más grave: del arraigo surgió un efecto perverso por que la PGR se confió y hubo casos en los que nadie hizo nada”;  también, en un comunicado de prensa aseveró que “en los últimos 4 años del gobierno de Felipe Calderón se arraigo cerca de 4000 personas, de los cuales solo 200 fueron consignadas”.

Continuando con las cifras que en días anteriores se han dado a conocer, se observa con gran preocupación, ya que el costo por día de mantener a una persona sujeta a investigación en esta modalidad, asciende aproximadamente a 170 pesos diarios, cantidad que obviamente resulta un gasto  inútil después del bajo número de consignaciones.

7. En la tendencia de creer que la figura del arraigo era lo correcto, en el 2009 la Procuraduría General de la Republica solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presupuesto para la compra del inmueble que ocupaba en ese entonces el “Hotel Gran Sol”, con la finalidad de construir un Centro de Investigaciones Federales (CIF número 2); finalmente se construyó entre los años 2010 y 2012 el Centros de Investigaciones Federales (CIF número 2).

Asimismo, se construyó entre los años 2011 y 2012 el Centro de Investigaciones Federales (CIF número 3), ubicado entre los limites de Cuernavaca y Jiutepec.

Entre los dos centro de investigaciones federales pueden albergarse alrededor de  600 y 960 personas respectivamente, y que supuestamente cuentan con tecnología de punta, de los cuales se calcula que el monto erogado fue de 700 millones de pesos y parte de esos recursos presuntamente fueron aportados mediante la controvertida Iniciativa Mérida. Hay que recordar que la Iniciativa Mérida ha sido considerada como un medio de transgresión de nuestra soberanía.

La Iniciativa Mérida fue considerada por el gobierno calderonista como una cooperación bilateral contra el crimen organizado trasnacional; al respecto debemos recordar que el Senado estadounidense pretendió imponer una serie de condiciones las cuales eran violatorias de nuestra soberanía.

Los principales objetivos de la Iniciativa Mérida estriban en lo siguiente:

• Mejorar en los programas de las agencias de seguridad.

• Proporcionar equipamiento y activos para apoyar a las agencias de seguridad homologas, tecnología computarizada para fortalecer la coordinación de las fuerzas de seguridad e información entre México y EE.UU.

• Tecnología para aumentar la capacidad de México para recolectar inteligencia para propósitos de orden público.

• Producir un hemisferio más seguro y protegido, donde las organizaciones criminales ya no amenazarán a los gobiernos ni a la seguridad regional.

• Impedir la entrada y la propagación de drogas ilícitas y amenazas transnacionales en toda la región y hacia estados Unidos.

De lo anterior, no se desprende que la controvertida Iniciativa Mérida, previera la disposición de recursos económicos para la construcción de dos Centros de Investigaciones Federales para realizar detenciones arbitrarias (arraigar) sin tener elementos que justifiques dicha detención, y posteriormente darse a la tarea de investigar.

8. Ahora que dichos Centros de Investigaciones Federales están concluidos, no han sido ocupados, de los aspectos planteados resultan varias interrogantes y las  más importantes son: ¿Cuál fue el costo real de estos centros? ¿Cuál es la procedencia del presupuesto otorgado para la construcción de estos centros?

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la Republica, haga del conocimiento público a través de su sitio oficial de internet, cual fue el gasto erogado entre 2009 y 2012 para la construcción de los centros de investigaciones federales (CIF 2 y 3), así como la procedencia de los recursos económicos utilizados.

Segundo.Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la Republica, haga del conocimiento público a través de su sitio oficial de internet, cuáles fueron los criterios para utilizar recursos económicos, producto de la iniciativa Mérida y en que apartado de la misma se encuentra previsto la utilización de su presupuesto para la construcción de los centros de investigaciones federales (CIF 2 y 3).

Tercero. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la Republica, haga del conocimiento público a través de su sitio oficial de Internet, el procedimiento de licitación para la contratación de la o las empresas que realizaron la construcción, instalación y equipamiento de los centros de investigaciones federales (CIF 2 y 3).

Notas:

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diccionario jurídico mexicano, 10a. edición, Porrúa, México, 1997.

2 Díaz León Marco Antonio, Diccionario de derecho procesal penal y términos usuales en el derecho penal, 3a. edición, Porrúa, México, 1997.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.— Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

HOSPITALES PSIQUIATRICOS DEPENDIENTES DE LOS GOBIERNOS FEDERAL Y LOCALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud, a los gobiernos estatales y al jefe del gobierno del Distrito Federal a cumplir las recomendaciones emitidas en el informe especial de la CNDH sobre los hospitales psiquiátricos dependientes de los gobiernos federal y locales, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En días recientes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe especial sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal y estados de la República Mexicana, en el cual “hace patente su preocupación por quienes presentan algún tipo de padecimiento mental y se encuentran internadas en diversas unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica en el país.”

En el mencionado informe, la CNDH hace una recopilación de la normatividad vigente en lo relativo a la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica (Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994) y presenta una serie de casos con base en las “visitas de supervisión a 41 hospitales que brindan atención intrahospitalaria, ubicados en el Distrito Federal y los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas”, realizadas entre 2011 y 2012.

Cabe señalar que la CNDH precisa que de los 41 hospitales psiquiátricos, tres son administrados por la Secretaría de Salud federal (Ss) y uno coordinado por tal dependencia; tres están bajo la responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), uno de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las 34 unidades restantes dependen de las Secretarías de Salud estatales. “El Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala, no cuentan con hospitales psiquiátricos que brinden atención intrahospitalaria”.

Respecto al número de personas que se encuentran en los 41 hospitales, “la capacidad instalada asciende a 4 mil 9 camas censables. Del total, 777 se encuentran en hospitales que dependen del gobierno federal, cuya población al momento de las visitas asciende a 669 pacientes internados, de los cuales 371 son hombres y 252 mujeres, así como 46 menores, 22 de ellos mujeres y 24 hombres; mientras que en los establecimientos bajo la competencia de los gobiernos estatales existen 3 mil 232 camas, con una población de 2 mil 474 pacientes, entre los cuales se encuentran mil 278 hombres y mil 187 mujeres, así como 9 menores, 4 de ellos hombres y 5 mujeres.”

Es así que la CNDH, realizó una verificación con base en la Guía de supervisión a hospitales psiquiátricos, la cual permite contar con información detallada sobre las condiciones de hospitalización, la normatividad que los rige así como los elementos necesarios que permitan garantizar los derechos humanos de las personas al interior de los hospitales.

Después de haber visitado los 41 hospitales psiquiátricos, la CNDH “advierte la existencia de hechos que contravienen diversas normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos en agravio de las personas con padecimientos mentales internos en los hospitales psiquiátricos del país” 5, en relación con la legalidad y situación jurídica, protección de la salud, integridad personal y  trato digno; los cuales brindan un piso mínimo para que las personas puedan recibir una atención acorde a lo establecido en el marco normativo a nivel nacional, respetando lo estipulado en los diversos tratados internacionales en la materia.

En dicho tenor, la CNDH consideró una serie de propuestas dirigidas a la secretaria de Salud federal, a los gobernadores de los estados y al jefe del gobierno del Distrito Federal, las cuales están encaminadas en:

Primera. Promover las acciones pertinentes para que en el Distrito Federal, así como en los estados de Morelos, Nayarit, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala, operen unidades hospitalarias médicos-psiquiátricas, así como centros de atención especializada para personas con discapacidad psicosocial.

Segunda. Tomar las medidas correspondientes para evitar cualquier clase de abuso en agravio de las personas internas en los hospitales psiquiátricos, asimismo, sensibilizar al personal sobre los límites en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, y la responsabilidad legal que resulta al cometer, instigar o consentir cualquier tipo de abuso.

Tercera. Implementar políticas públicas de apoyo a los hospitales, para promover el desarrollo de programas en la comunidad, que faciliten a las personas con padecimientos crónicos que se encuentran en condiciones de abandono, su reincorporación a la vida en sociedad, productiva, laboral y social, mediante su atención en centros comunitarios de salud mental, casas de medio camino y los demás servicios extra hospitalarios existentes.

Cuarta. Es conveniente que periódicamente se evalúen las necesidades de cada hospital para que, en su caso, se gestione la asignación de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de los pacientes hospitalizados, relacionadas con la estancia, alimentación, vestido y calzado.

Quinta. Garantizar el acceso de los usuarios a los medios de comunicación disponibles, como el servicio telefónico, publicaciones escritas, la radio y la televisión, salvo cuando esto sea contrario a los objetivos del tratamiento médico y de rehabilitación psicosocial.

Sexta. Notificar debidamente y con la formalidad que esto requiere a los Ministerios Públicos que corresponda en los casos que se autorice el ingreso involuntario, como lo ordena el artículo 4.4.2. de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994.

Séptima. Adoptar las medidas correspondientes para que los expedientes clínicos de los pacientes hospitalizados estén debidamente integrados, particularmente con las constancias relativas al consentimiento informado en los casos de ingreso involuntario, el tipo de ingreso, la indicación del psiquiatra o las valoraciones del internista y el anestesiólogo en el caso de terapia electroconvulsiva.

Octava. Para garantizar el derecho de los pacientes a decidir libremente si se somete a un tratamiento médico, es necesario que exista previamente un consentimiento informado, el cual debe ser obtenido sin amenazas ni persuasión indebida, después de proporcionar al paciente, o a quien sea responsable de él, la información adecuada y comprensible, en una forma y en un lenguaje que pueda comprender, acerca del diagnóstico y su evaluación, el propósito, el método, la duración probable y los beneficios que se espera obtener del tratamiento propuesto; las demás modalidades posibles de tratamiento, así como los dolores o incomodidades posibles, los riesgos y secuelas del mismo; es importante que exista constancia escrita y que tal información se proporcione cuantas veces sea necesario.

Novena. Dotar a los hospitales psiquiátricos de personal médico y de seguridad, medicamentos, instalaciones y equipo necesarios para la realización de actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, que incluyen la terapia familiar y campañas de prevención de enfermedades dirigidas a los usuarios hospitalizados.

Décima. El personal médico, paramédico, de trabajo social y en general aquel personal que esté en contacto directo con los pacientes y que labora en los hospitales psiquiátricos, debe recibir periódicamente cursos de capacitación sobre derechos humanos, así como de prevención de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Décima Primera. A efecto de evitar abusos en los hospitales psiquiátricos, deben existir criterios específicos para ubicar en diferentes áreas o secciones a los pacientes de acuerdo a sus características.

Décima Segunda. Realizar acciones para que en los hospitales psiquiátricos que así lo requieran, se lleven a cabo las modificaciones y adaptaciones necesarias para facilitar el acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad física, y se les proporcionen sillas de ruedas, bastones o cualquier otra clase de apoyo.

Décima Tercera. Garantizar el servicio de atención psiquiátrica a los pacientes con padecimientos o discapacidad mental que viven con VIH/sida.

Décima Cuarta. Elaborar y expedir las disposiciones administrativas pertinentes para regular las actividades de los hospitales psiquiátricos relacionadas con los usuarios hospitalizados desde el ingreso, así como durante su estancia y egreso, lo que también contribuirá a la prevención de actos que puedan constituir tortura o maltrato.

Décimo Quinta. Se remitan a este organismo nacional las constancias que sean solicitadas, así como aquéllas que acrediten el cumplimiento de las propuestas vertidas en el presente informe especial. Considerando que los derechos humanos son inherentes a las personas, con absoluta independencia de la situación legal y estado de salud en el que se encuentren y por ende su pleno ejercicio debe estar garantizado por el Estado mexicano y sus instituciones, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la secretaria de Salud federal, a los gobernadores de los estados y al jefe del gobierno del Distrito Federal a cumplir las recomendaciones emitidas en el Informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal y estados de la República Mexicana.

Notas:

1 Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y Estados de la República Mexicana. http://www.cndh.org.mx/sites/all/ fuentes/documentos/informes/especiales/informeEspecial_HospitalesPsiq.pdf

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

RESTAURAR Y CONSERVAR LA ZONA ARQUEOLOGICA DE IXTEPETE, EN ZAPOPAN, JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del INAH a establecer medidas para restaurar y conservar la zona arqueológica de Ixtépete, en Zapopan, Jalisco, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Salvador Arellano Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Resulta trascendental fomentar en la ciudadanía una cultura de respeto y protección a nuestros monumentos y zonas arqueológicas con el propósito de que los anteriores continúen siendo una fuente importante de cultura, aprendizaje, turismo y conservación de los espacios, que histórica y jurídicamente son de todos los mexicanos.

Actualmente México cuenta con alrededor de 187 zonas arqueológicas las cuales son estudiadas y protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como parte de sus atribuciones, lo cual se establece en el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, el cual afirma en su primer párrafo que “es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos”. Es por lo anterior que resulta fundamental el dar seguimiento a todas aquellas zonas que por diversas circunstancias se encuentran en algún grado de deterioro o maltrato, esto por diversas cuestiones naturales o humanas.

Es importante destacar que cualquier zona arqueológica, artística e histórica así como zonas de monumentos son de gran importancia para el país, por lo que resulta trascendental que todos los niveles de gobierno del estado participen en la conservación y protección de dichas zonas, lo anterior basados en el artículo 7 primer párrafo de la ley anteriormente mencionada, el cual afirma que “las autoridades de los estados, territorios y municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia”. Por otra parte, dichos trabajos de restauración y conservación podrán lograrse de forma conjunta, ya que como se ratifica en el mismo artículo 7 párrafo tercero de la multicitada ley, el cual establece que “el Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá recibir aportaciones de las autoridades mencionadas (estados, territorios y municipios), así como de particulares, para los fines que señale este artículo”.

Es así que nos encontramos con la zona arqueológica de Ixtépete, situada en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, la cual es considerada una de las más importantes del occidente del país, misma que fuera descubierta en 1938. Dicha zona surge como un proyecto de parque ecológico urbano, y entre sus características encontramos que cuenta con al menos 7 edificios, supuestos entre cada uno con lapsos de 52 años, siendo que los indígenas tenían establecido para medir su tiempo; así también tienen características de los grupos aztecas emigrados de Aztlán guardando semejanza con la pirámide del Sol de Teotihuacán.

Desgraciadamente, y a pesar de tener una gran importancia en nuestra historia y en la cultura de nuestro país, se encuentra exponencialmente deteriorada y descuidada.

Es así que por el grado de importancia que tiene la zona arqueológica de Ixtépete en el sector histórico y cultural, y tras lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a la titular del Instituto Nacional de Antropología e Histórica, para que dentro del ámbito de sus competencias realice  medidas de restauración y conservación de la zona arqueológica de Ixtépete, situada en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco.

Nota:

1. http://vive.guadalajara.gob.mx/que-visitar/el-ixtepete-o-iztepete 4 de Octubre de 2013 14:24 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputado Salvador Arellano Guzmán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

PROYECTO ALTERNO O EVALUEN SERIAMENTE LA CANCELACION DEL BUEN FIN, PARA DEJAR DE ENGAÑAR A LA POBLACION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía, a la Profeco y a la Condusef a fin de que presenten un proyecto alterno o evalúen seriamente la cancelación del Buen Fin, para dejar de engañar a la población, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Israel Moreno Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

En Estados Unidos de América se conoce como Viernes Negro al día que inaugura la temporada de compras navideñas con significativas y reales rebajas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes, el Viernes Negro no es oficialmente un día festivo, pero muchos empleadores ven este día como un día feriado así como el Día de Acción de Gracias, dándoles el día libre a sus empleados, para incrementar el número total de potenciales compradores.

El Buen Fin es el fin de semana en México que tiene como objetivo el incentivar la economía fomentando el consumo mediante la aplicación de promociones y descuentos en los precios de diversos productos. Eso, es lo que le han hecho creer a la población en general, desde que en noviembre del 2011 se llevó a cabo por primera vez.

Está inspirado en el Viernes Negro de Estados Unidos, y surgió como iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, en asociación con el gobierno federal y organizaciones del sector privado. El evento es organizado por la Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de Internet, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos e Iniciativa México, en coordinación con el gobierno federal.

En su primera edición, participaron 220 000 empresas a nivel nacional, las cuales decían aplicar rebajas en los precios de numerosos artículos de entre un 10 y 80 por ciento. En total, se vendieron 106 mil millones de pesos en ese periodo. De acuerdo a la ANTAD, los productos más vendidos ese año fueron de las líneas de electrónica, de vídeos, de telefonía móvil y de muebles; la preferencia de la clientela se hizo más notable hacia las tiendas departamentales, que superaron en ventas a las tiendas especializadas durante la realización de El Buen Fin.Para la edición de 2012, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) anunció su incorporación al programa, lo cual significó la participación de entre 6 mil y 7 mil empresas adicionales. Como estrategia para incrementar el consumo, esta organización decidió pagar una parte del aguinaldo a sus miembros. Además, los gobiernos estatales participantes confirmaron que las empresas pagarían prestaciones por adelantado a sus trabajadores, entre las cuales se incluyen el aguinaldo, las primas vacacionales y las gratificaciones de fin de año, para promover el consumo.

De acuerdo al gobierno federal, este año El Buen Fin será el próximo 15, 16, 17 y 18 de noviembre. Se espera que en esta edición se supere entre un 10 y 12 por ciento las ventas de la edición 2012.

254 cámaras y 660 mil empresas esperan esta edición de El Buen Fin. Gobiernos estatales, municipales y empresas en general realizarán nuevamente el adelanto de una parte de los aguinaldos para el día 15 de noviembre, a fin de que las personas puedan consumir los productos “en oferta”.

Sin embargo, hasta ahora la población que tiene acceso a estar más informado está consciente de que no hay ninguna rebaja, ni descuentos; y que lo único que ocurre es que existe un mayor incremento del uso de las tarjetas de crédito.  En el 2012 las compras con tarjetas aumentaron 50 por ciento durante los cuatro días en que se llevó a cabo, en comparación con 2011, informó la Asociación de Bancos de México (ABM). Las compras con tarjetas de débito en el mismo lapso pasaron de 7 mil 53 millones a 10 mil 118 millones de pesos, lo que significó un aumento de 43 por ciento. Y en el caso de las tarjetas de crédito, la facturación avanzó de 10 mil 615 millones a 16 mil 469 millones de pesos, lo que implicó un incremento de 55 por ciento. De acuerdo con un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, 75 por ciento de las supuestas ofertas no corresponden a descuentos en el precio, sino a facilidades de pago a meses sin intereses, y que el 15 por ciento restante de las ofertas son descuentos de entre 5 y 12 por ciento sobre el valor de los productos. En realidad lo que hacen las empresas es inflar el costo de los productos por lo menos con algunas semanas de antelación, para que los consumidores lo paguen a meses sin intereses durante un año o año y medio y/o lo paguen a ese costo inflado, con ofertas completamente disfrazadas.

Lamentablemente en este caso la Procuraduría Federal del Consumidor no ayuda de mucho. Ya que únicamente se encarga de recibir quejas de los consumidores y no realiza verificaciones con las cuales pueda determinar el antes y después de los precios.

Por todas estas razones es urgente que se revise la dinámica de El Buen Fin, ya que supuestamente tiene la finalidad de incentivar el comercio del país, al proporcionar “beneficios” a los consumidores. Sin embargo éste programa lo que en realidad representa es una campaña masiva publicitaria para incrementar las ganancias de las grandes empresas a costa del endeudamiento de los trabajadores. Y en ningún caso reactiva la economía, ya que no está generando empleos y únicamente representa ganancias para las empresas participantes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Economía, a la Profeco y a la Condusef a fin de que con brevedad presenten un proyecto alterno o evalúen seriamente la cancelación del Buen Fin para dejar de engañar a la población en general.

Notas:

1 http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9760-boletin1 07-13

2 http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/11/21/compras-con-tarjeta-crecen-por- buen-fin

3 http://www.jornada.unam.mx/2012/11/09/economia/025n1eco

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputado Israel Moreno Rivera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

VERIFICAR EN LAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO EL COBRO REAL DE LOS PRECIOS MARCADOS EN LOS MOSTRADORES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profeco a verificar en las tiendas de autoservicio el cobro real de los precios marcados en los mostradores, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponenteRicardo Mejía Berdejay el suscritoRicardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las tiendas de autoservicio tal y como las conocemos hoy, hace algunos años no existían, se tenía que recorrer diversos establecimientos para poder obtener lo que hoy en día se puede obtener en una sola tienda de autoservicio, productos tales como carnes, verduras, productos de limpieza, etcétera.

Las tiendas departamentales han pasado sin duda alguna por una enorme transformación tanto en nuestro país como en gran parte mundo.

Todos los consumidores hemos gozado de una variedad y surtido extenso de bienes, servicios y en consecuencia de marcas para escoger determinado producto, siendo por un lado una situación benéfica, por ampliar las posibilidades de elección permitiendo adquirir el que más se convenga a nuestras necesidades.

Sin embargo estas tiendas departamentales han aprovechado en múltiples ocasiones de la necesidad de la gente, porque determinado producto aparece con un precio de exhibición y una vez que el consumidor llega a la caja, le cobran un precio diferente al marcado originalmente, por supuesto un precio mayor al exhibido originalmente.

Sin duda esto es algo grave, porque a ciencia cierta no se sabe cuánto y a cuántos productos se les altera el precio final, a simple vista no existe una afectación tan grave para los consumidores, sin embargo, al observar que son reiteradas y constantes las omisiones por parte de las tiendas departamentales en rectificar los precios al momento de cobrarlos, las ganancias para dichas tiendas son enormes aunque estos sean solamente de centavos a centavos.

El Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano hace un enérgico llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor para que revise y exhorte a las tiendas de autoservicio para que los precios de los productos en las tiendas de autoservicio sean exactos; que las mismas acaten y respeten el capítulo III en su artículo 32, y que no exista engaño por parte de dichas tiendas y estos sean certeros y exactos; con mayor razón cuando está por comenzar una temporada de mayores compras como lo es la época decembrina, sin embargo con el encarecimiento de diversos productos tales como la gasolina, el aumento de la luz, el gas LP, etcétera, y los precios disfrazados de las tiendas de autoservicio, a los mexicanos les alcanza cada vez menos para cubrir sus necesidades básicas.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que aplique las sanciones correspondientes a aquellas tiendas departamentales que no estén cumpliendo con el precio inicial exhibido y el final al momento del pago de determinado producto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputado: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

MEDIDAS PARA PROTEGER LA ZONA ARQUEOLOGICA DE ACOZAC, EN IXTAPALUCA, MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del INAH a establecer medidas para proteger la zona arqueológica de Acozac, en Ixtapaluca, México, a cargo del diputado César Reynaldo Navarro de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, César Reynaldo Navarro de Alba, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 6 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por medio del cual se declara como zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Acozac o Ixtapaluca Viejo, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Ixtapaluca, estado de México.

De acuerdo a estudios realizados a las cerámicas encontradas en el lugar se establece que la zona arqueológica de Acozac estuvo poblada en tres periodos diversos, siendo estos; Azteca I, comprendido entre los años 900 a 1200 D.C., bajo el dominio de la cultura Chichimeca; Azteca II, entre los años 1200 a 1430, bajo el dominio del imperio de Texcoco, el cual coincide con el reinado de Techotlallatzin; y Azteca III, entre los años 1430 a 1521, siendo las estructuras de este periodo las que se encuentran visibles en la actualidad.

Esta zona arqueológica adquiere su actual nombre debido a que hasta el año de 1973 el lugar era conocido como Ixtapaluca Viejo, siendo esta fecha en que los terrenos del Rancho Acozac se lotifican, permitiendo así la construcción de un fraccionamiento y un campo de golf, quedando de esta forma la zona arqueológica con una extensión territorial de 28 hectáreas, motivo por el cual se decide conservar el nombre de Acozac.

Dentro los monumentos arqueológicos que podemos observar en Acozac encontramos altares, plataformas y terrazas. Allí se conservan restos de estuco con decoraciones en color rojo, asimismo se encuentran monumentos principales como El Palacio de Planta Trapezoidal; el Basamento de Planta Circular, dedicado al culto de Quetzalcóatl en su advocación de Ehécatl (Dios del viento) y un Juego de Pelota con cancha abierta.

A pesar de que en la actualidad este pequeño grupo de estructuras son las únicas que se pueden visitar, se han detectado en la zona más de 100 estructuras adicionales, las cueles se consideran que pudieron ser zonas destinadas al culto o a la habitación.

El paso del tiempo combinado, con el olvido y el descuido al que se ha condenado a la zona arqueológica, han generado que con cada día transcurrido se presente un mayor deterioro de la zona.

El vandalismo es otro elemento que ha influido en el deterioro en que se encuentra dicha zona, esto debido a la escasa vigilancia existente, observándose la presencia de grafitis en los monumentos arqueológicos, lo que genera un daño grave a los mismos.

Asimismo, la falta de cercas que delimiten el acceso a ciertas áreas de la zona ha generado que las personas paseen sin ninguna clase de precaución por lo monumentos, generando que estos se vayan deteriorando, sin que algún tipo de autoridad lo impida.

Con base a lo anterior, proponemos se exhorte al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que establezca mecanismos para la protección, conservación, estudio y recuperación de los monumentos arqueológicos que se encuentran en la zona arqueológica de Acozac.

La protección y conservación de las  zonas arqueológicas representan el resguardo a la identidad y cultura de un país, ya que éstas son testimonio de los acontecimientos del pasado, de las culturas y de las tradiciones que representan a un país, además de que esta clase de vestigios arqueológicos son obras de arte que han sobrevivido al paso del tiempo.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que establezca mecanismos para la protección, conservación, estudio y recuperación de los monumentos arqueológicos que se encuentran en la zona arqueológica de Acozac.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 7 de noviembre de 2013.— Diputado César Reynaldo Navarro de Alba.»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

CAUSAS DE LA EXPLOSION EN EL POZO PETROLERO TERRA 123, DE NACAJUCA, TABASCO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al director general de Pemex a hacer públicas las causas de la explosión en el pozo petrolero Terra 123, de Nacajuca, Tabasco, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79 numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Consideraciones

1. En Tabasco, los tabasqueños sufrimos una vez más de los accidentes e incidentes petroleros. La explosión en el pozo Terra 123, situado en el municipio de Nacajuca arde desde el 29 de octubre.

2. La contaminación y daños a la salud son latentes para la comunidad de la Chontalpa, nuevamente los tabasqueños reclaman a Petróleos Mexicanos (Pemex) la falta de condiciones preventivas y de seguridad elemental para evitar este tipo de accidentes.

3. Sin embargo, el responsable en esta ocasión no es directamente sólo Pemex, sino principalmente Halliburton, la empresa trasnacional que desde hace años ha entrado por la puerta de atrás a nuestro país, donde ha generado una industria paralela a la empresa nacional.

4. A Halliburton se le ha entregado más de un centenar de contratos en Pemex Exploración y Perforación, en las zonas del litoral de Tabasco, en la sonda de Campeche y en el aceite terciario de Chicontepec, y de esto no se ha reflejado un gran logro o aumento en la producción petrolera, al contrario. Hoy esta trasnacional es la encargada de perforar y explotar, pero tal como lo ha hecho en otros países tanto africanos como de medio oriente sólo explota y recoge cuantiosas ganancias y no suma al entorno en bienestar social.

5. En otras ocasiones Pemex ha salido a cumplir con los sectores sociales, a dar la cara, a resarcir el daño hasta donde sea posible. A lo largo de los años nos hemos acostumbrado a convivir con la paraestatal que genera riqueza para todo México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea, como asunto de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al gobierno federal para que informe, a través del director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, las causas de la explosión del pozo petrolero Terra 123, situado en el municipio de Nacajuca, Tabasco; y que arde desde el martes 29 de octubre a la fecha.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputada Claudia Elizabeth Bojorquez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

EMITIR LA CARTILLA DE CONTROL DE LA DIABETES PARA LLEVAR UN REGISTRO OFICIAL NACIONAL DE QUIENES LA PADECEN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir la cartilla de control de la diabetes para llevar un registro oficial nacional de quienes la padecen, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no la utiliza de forma eficaz para regular los niveles de glucosa en la sangre.

Actualmente existen dos formas básicas de esta enfermedad, la de tipo 1, asociada a las personas que producen muy poca o nada de insulina y la de tipo 2, la cual es mucho más frecuente que la anterior, ya que representa el 90% de los casos a nivel mundial y se caracteriza porque los enfermos no pueden utilizar la insulina de forma efectiva.

Un tercer tipo de diabetes es la mellitus gestional (DMG), que se desarrolla en algunos casos de embarazo y que generalmente desaparece después de esta etapa.

De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al año fallecen 3.4 millones de personas en el mundo por complicaciones de la diabetes, de las cuales el 80% de estas muertes ocurren en países de ingresos económicos bajos y medios.

Es decir que una de cada 20 muertes se atribuye a la diabetes; 8, 700 diarias y 600 cada minuto.

La propia OMS ha catalogado a la Diabetes como una pandemia, ya que actualmente en el mundo, 346 millones de personas la padecen; de continuar con esta tendencia, se prevé que la diabetes se convierta para el 2030, en la séptima causa de muerte a nivel mundial.

Nuestro país no es la excepción, ya que de acuerdo a datos de la Federación Internacional de Diabetes (FID), en México la prevalencia del padecimiento es del 15.5%, muestra de ello es que existen alrededor de 10 millones 603 mil enfermos diagnosticados entre los 20 y 79 años de edad, y cerca de 3 millones 452 mil personas que no han sido diagnosticadas; al año se registran 70 mil decesos a causa de la diabetes.

A escala mundial ocupamos el séptimo sitio en diabetes mellitus tipo 2 y quienes la padecen destinan alrededor de dos y hasta cinco veces su ingreso neto a la atención de esta enfermedad, lo que sin lugar a dudas representa un serio golpe a la economía popular de los enfermos.

Según el Consejo Mexicano de Medicina Interna, la obesidad es un factor que favorece el desarrollo de la diabetes en nuestro país, y en gran medida se debe a la predisposición genética, lo cual no resulta para menos, si consideramos que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), nos ubica como el país más obeso con el 32.8% de la población adulta, por encima de países como Estados Unidos.

Entre otros factores que contribuyen a la proliferación de la diabetes en nuestro país, se encuentra el sedentarismo y los malos hábitos de alimentación; no por nada somos considerados los principales consumidores de refresco y comida chatarra.

Desafortunadamente los avances por parte del Gobierno Federal por atender este problema de salud pública han sido nulos, muestra de ello es que en pleno siglo XXI, no se cuente con una unidad de investigación, enseñanza y atención médica de excelencia que atienda de manera integral la diabetes en nuestro país.

Con las proyecciones de crecimiento de la enfermedad, nos encontraríamos con instituciones rebasadas, como el IMSS, ISSSTE y SSA, en el caso de que el paciente cuente con seguridad social y de no ser así, tendrán que recurrir a instituciones particulares para ser tratados, lo cual representaría acrecentar la brecha de desigualdad.

Según datos de la Federación Mexicana de Diabetes, 30 de cada 100 pacientes abandonaron su tratamiento por cuestiones monetarias o falta de disciplina. De cada 100 pesos que se gastan en la atención de diabetes en México, 52 provienen del bolsillo del paciente, 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 11 de la Secretaría de Salud y 7 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública de México, en el 2010 la diabetes le costó al país 778 millones 427,475 dólares, donde el 92% de ese dinero se destina a tratar a pacientes no controlados y sólo el 8% para pacientes controlados, siendo nuestro país donde es más cara la enfermedad, pues al año, un paciente cuesta al sistema de salud 708 dólares en promedio.

Lo que significa que el gasto de la enfermedad en México es más alto que en muchas de las naciones de América, pues de cada 100 dólares que se invierten en salud, 15 se destinan al tratamiento de esta enfermedad, mientras que naciones como Estados Unidos sólo destina 14.

En 2012, el costo de la diabetes superó los 105 mil millones de pesos (siete mil 784 millones de dólares) entre costos directos e indirectos, es decir, desde el tratamiento hasta el precio de las complicaciones relacionadas con la enfermedad, así como la mortalidad temprana.

A los diputados de Movimiento Ciudadano nos preocupa que el problema de la diabetes no se atienda de manera integral, ya que ni el propio Seguro Popular, contempla en su catálogo Universal de Servicios de Salud la atención de este padecimiento.

Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud doctora. Mercedes Juan López, para que emita la cartilla de control de la diabetes, con el propósito de llevar a cabo un registro oficial de personas que padezcan dicha enfermedad a nivel nacional, así como los avances de los pacientes de acuerdo al esquema de salud bajo el cual  se encuentren.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de noviembre de 2013.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la ampliación de la infraestructura educativa, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Mucho antes de que se consumara la compra de la silla presidencial, el entonces candidato de la Coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, daba muestras de su incapacidad de mediación y de respuesta ante un sector de la población como lo son los jóvenes.

Una simple visita de campaña a la Universidad Iberoamericana sirvió de preámbulo para detonar el descontento y la indignación del electorado joven.

Desde la represión brutal por parte de los gobiernos priistas de Gustavo Días Ordaz en 1968, y de Luis Echeverría Álvarez en 1971, nuestro país no había presenciado tal ebullición juvenil en las calles ante tal descontento social.

El reclamo de los jóvenes es totalmente justificado, derivado de que Felipe Calderón nos heredó calles cubiertas de sangre, una ola de violencia incontenible, falta de oportunidades, espacios insuficientes en las escuelas, desempleo, un tejido social deteriorado y polarizado con su absurda guerra en contra del narcotráfico.

Para ganar puntos el candidato de la otrora Coalición Compromiso por México, y para desligarse de la fuerte presión que ejercían los jóvenes, prometió aumentar en 45 por ciento la cobertura de educación superior, con la intención de ofrecer 1.5 millones de nuevos lugares, así como la creación de universidades para la educación a distancia.

A tan sólo meses de amarrar la Presidencia de la República, en lo que respecta en materia educativa, sólo ha dado muestras de poderío ante la cúpula sindical desobediente, y de la privatización de la enseñanza a través de la reforma educativa gestada desde el novelesco Pacto Por México, mientras que casi 130 mil jóvenes son rechazados por parte de diversas instituciones educativas entre las que destacan el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El gobierno federal no ha sido capaz de ofrecer las mínimas condiciones de infraestructura educativa, ejemplo de ello es que no ha podido generar los medios para que se desarrollen nuestros jóvenes.

De los 97 mil 645 alumnos que solicitaron su ingreso al IPN, sólo se aceptaron 22 mil, cerca de 23 por ciento de los aspirantes, y en el caso de la máxima casa de estudios se aceptaron a 7 mil 923 estudiantes de 61 mil 800 aspirantes, es decir tan sólo 12 por ciento.

En términos generales, cerca de 30 mil estudiantes tuvieron la fortuna de ser aceptados; sin embargo dicha cifra no resulta tan alentadora en un país, donde casi 25 por ciento de personas de entre 15 y 29 años, ni estudian ni trabajan, y ocupa el tercer lugar entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tan sólo por debajo de naciones como Turquía e Israel.

De acuerdo al informe Panorama educativo 2012de la OCDE, arrojó que México ocupa el último lugar en la expectativa de graduación en el bachillerato, con 47 por ciento, y penúltimo sitio en la tasa de graduación en nivel superior, con 20 por ciento.

Si comparamos a México con otros países bien evaluados en materia de educación, podemos encontrar que en aquellos se gasta un aproximado de 14 mil dólares por alumno, mientras que en México no se gastan ni 3 mil dólares por estudiante.

Parte de este problema se debe a que en México se destinan 9 de cada 10 pesos de los recursos públicos del presupuesto para el pago de nóminas del sindicato.

Para que el gobierno federal pueda fortalecer la educación superior, tiene que convertirla en un eje de desarrollo nacional en el que se tome en cuenta la ampliación de la cobertura, fomentar la equidad mediante un programa nacional de becas amplio y suficiente, no sólo para que ingresen sino para que puedan concluir exitosamente sus estudios profesionales.

Así como abatir la deserción, mejorar la calidad de la educación, revisar la pertinencia de los programas educativos, impulsar la educación tecnológica y vincularla más al entorno regional que nos permitan modernizar la oferta educativa.

La nueva política de educación media y superior que plantean los diputados de Movimiento Ciudadano, no sólo se centra en apoyar y mejorar a las actuales universidades e instituciones públicas existentes para que funcionen al máximo de su capacidad, sino también en la apertura de nuevas universidades y la difusión de tecnologías para la educación en línea, elementos fundamentales para la ampliación de la matrícula.

El abandono de la educación no sólo es un tema de las cúpulas sindicales, también se debe al desinterés y poca voluntad política de gobernantes que protagonizan un episodio más de esta novela de pobreza y miseria en la que los ciudadanos son los protagonistas.

Es tiempo de que el gobierno de Peña Nieto salde las deudas pendientes que se tienen con los jóvenes, démosles oportunidades de que se transformen en empleos y no razones para que se enrolen en las filas del crimen organizado como lo han hecho las administraciones del PRI-AN.

Los jóvenes son el futuro de nuestra nación, aún estamos a tiempo de transformar conciencias y hacer de este país un lugar donde prevalezcan los principios y valores patrios.

Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que lleve a cabo la construcción de nuevas instituciones educativas, para solventar la creciente demanda de la matrícula escolar a nivel medio superior y superior, con el fin de frenar la creciente crisis sistémica por la que atraviesa nuestro país.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que establezca un programa emergente de atención a los estudiantes que se quedaron sin un sitio en las universidades públicas del país, para que continúen capacitándose y formándose en el ámbito educativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja.»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.