Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 257 ciudadanas y ciudadanos diputados. Por lo tanto hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín (a las 11:24 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 20 de noviembre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los diputados Mario Alberto Dávila Delgado, Julio César Flemate Ramírez Y Humberto Armando Prieto Herrera

Relativos a retiro de Iniciativas con proyecto de decreto.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo  aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las políticas de control y combate al contrabando y piratería.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo  aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos el 15, 16 y 17 de septiembre en Zirándaro y Huetamo.

Del gobierno del Estado de Aguascalientes

Con el que remite contestación a punto de acuerdo  aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al fortalecimiento y aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.

Del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y del gobierno del Estado de Jalisco

Con los que remiten contestaciones a punto de acuerdo  aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México.

De la Cámara de Senadores

Por el que comunica su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados del 30 de abril de 2013, por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 246 del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 1995, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 y adiciona un segundo párrafo al artículo 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma el párrafo Cuarto y adiciona los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Agenda política

Comentarios relativos al 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 78, y adiciona un artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona la fecha “13 de agosto: Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de valores.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el artículo Cuarto Transitorio del “Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2011”.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades del Estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo  por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de Banobras, a fin de dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo  por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo  por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la Delegación Álvaro Obregón.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal implementar las acciones correspondientes a atender la problemática de la Agroindustria Azucarera Nacional.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo  por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo  por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo  por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno Federal para que rinda informe y se implementen los programas y acciones preventivas y correctivas o de remediación que se realicen en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas en todo el territorio nacional.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre el proyecto de la construcción de la autopista urbana oriente en el Distrito Federal.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo  por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Comedores Públicos.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, boletine y evidencie a través de las instancias correspondientes, a todas las Gasolineras del País que no hayan cumplido con lo establecido en las normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en qué gasolineras sí se puede comprar litros de a litro, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta a la CNDH, inicie un proceso de Acción de Inconstitucionalidad para derogar las disposiciones de la Ley del Agua del Estado de Puebla, violatorias de los derechos establecidos en los artículos 4o. y 115 Constitucional, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano. (Urgente Resolución)

Iniciativas

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Consuelo Argüelles Loya y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Consuelo Argüelles Loya y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 86 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 78 y 81 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena y suscrita por la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Vivienda y 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. del Código Penal Federal, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 18 y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 166 Bis y 166 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 14, 56, 57 y 72 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Eduardo Roman Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Amnistía, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o., 9o. y 10 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. y adiciona un artículo 10 a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77, 78 y adiciona un artículo 192 Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Antonio Cuéllar Steffan y Fernando Zárate Salgado, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y expide la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, a cargo del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1º y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 88 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Maricruz Cruz Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55, 56 y 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 y adiciona un artículo 35 Bis a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

De Decreto, por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones, a cargo del diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de los diputados José Francisco Coronato Rodríguez y Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 9o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 8o. de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Ma. Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De Decreto, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de los Defensores de Veracruz en 1914, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 10 Bis, 10 Ter y 18 Bis a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 166 de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 70 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que regula los beneficios de quienes hayan ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo federal, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Playas Sustentables, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 34-Bis de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 303-B de la Ley del Seguro Social y 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 192 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 Bis y adiciona un artículo 109 Ter a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. del Decreto por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Gesta Histórica del Puerto de Veracruz, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción IV del artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

104. Que reforma el artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Rosalba De la Cruz Requena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 27 y 29 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Alfonso Inzunza Montoya y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta a la CFE, para que revise las tarifas eléctricas en los diferentes municipios del estado de Quintana Roo, a fin de que se equiparen a las que aplican en las otras entidades federativas de la península de Yucatán, suscrita por los diputados Raymundo King De la Rosa, Lizbeth Loy Gamboa Song y Eduardo Roman Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que esta Soberanía se manifiesta a favor de la realización de una Reunión Interparlamentaria Trilateral, con la participación de los congresos de México, Estados Unidos y Canadá, en el contexto del vigésimo aniversario del TLCAN, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta al Congreso del estado de Tlaxcala, para que derogue las recientes reformas a los artículos 238, 239 y 240 del Código Penal, que criminalizan a las mujeres y restringen su derecho a la salud, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implemente un Programa de detección de diabetes, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta a la SEP, a fin de adecuar los planteles educativos para las personas con discapacidad, suscrito por los diputados José Antonio Hurtado Gallegos y Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta a la Segob, a fin de que disponga las medidas para que el material impreso con contenido sexual o pornográfico sólo pueda exhibirse dentro de bolsas negras y con advertencias de su contenido, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta al Ejecutivo federal e instancias competentes, a establecer los mecanismos necesarios a fin de evitar todo tipo de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y al IMPI, a proteger las artesanías representativas de los Estados, mediante una declaración de Denominación de Origen, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a condecorar con la Orden del Águila Azteca a la señora Hillary Rodham Clinton, en reconocimiento a sus servicios prominentes a favor de la Nación Mexicana, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  con relación a la violación del artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por parte del titular del Ejecutivo federal, respecto a la recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Baja California, al Ayuntamiento de Ensenada y dependencias federales a realizar una revisión a fondo y en su defecto abrogar la modificación hecha al proyecto del Reglamento de Zonificación y uso de suelo en los Valles Vinícolas de la zona norte de Ensenada, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  relativo a los abusos cometidos por policías de tránsito y operadores de grúas en la Ciudad de México, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, con el propósito de erradicar la enfermedad de chagas del país, se realicen campañas de prevención y fumigación del vector transmisor, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta a la Sagarpa y a la SE, a fin de atender la problemática de la comercialización de maíz y otros granos alimenticios y pecuarios, a cargo del diputado Noé Barrueta Barón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta al Ejecutivo estatal, al Congreso y a la CDH del estado de Guanajuato, realicen las acciones necesarias para prevenir, detener y atender la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  relativo a los abusos e irregularidades en la prestación de servicios de los depósitos de vehículos en todo el país, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  a fin de que se pague a los trabajadores jubilados del IMSS, el monto completo de su prima de antigüedad, con base a los fondos de la denominada “Cuenta Secreta”, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  relativo a los feminicidios en el estado de Tabasco, a cargo de la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  a fin de que se adopten las acciones necesarias, para que no se repitan hechos como la muerte del jornalero agrícola José Sánchez Carrasco, que murió sin ser atendido por los médicos del Hospital de Guaymas, Sonora, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta a la CNDH y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, para que se realice una investigación sobre los asesinatos de dirigentes y activistas campesinos en el estado de Guerrero, a fin de castigar a los responsables, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta al titular de la STPS, para que haga del conocimiento público las causas de la tragedia ocurrida en la fábrica de dulces Blueberry, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta a la Juez 18 Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que haga una valoración adecuada de las pruebas en el juicio y, emita una resolución imparcial sobre el caso “Presuntos Culpable”, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo  por el que se exhorta al IFE, para que haga pública la información relativa a la filtración de datos del padrón electoral, a través de una página web, con el objetivo de fincar responsabilidades, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles trece de noviembre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos diputadas y diputados, a las veintiuna horas con dieciocho minutos del miércoles trece de noviembre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europa, y del Grupo de Amistad con Guatemala y Corea del Norte. De enterado. Comuníquense.

b) De la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Partido Acción Nacional:

• Por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Seguro Social, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada el veintinueve de abril del año en curso, sea retirada de la Comisiones de Salud y de Seguridad Social.

• Por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo relativa a la rehabilitación de las instalaciones del Museo Regional de Guerrero, presentada el veinticuatro de septiembre del año en curso, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, con la que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al caso del niño Hendrik Cuacuas. Se remite a la Comisión de Justicia, y del Distrito Federal, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite información complementaria correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil trece, de los Organismos Descentralizados coordinados por la Subsecretaría de Educación Media Superior, conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y tres del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que reforma los artículos cincuenta y nueve, sesenta y dos, sesenta y tres, y sesenta y tres Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el artículo Cuarto Transitorio del “Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil once”. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos séptimo, once, y diecinueve de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Adriana Fuentes Téllez. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; María del Carmen Martínez Santillán, Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Judith Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; Víctor Reymundo Nájera Medina, del Partido de la Revolución Democrática; María Guadalupe Mondragón González, del Partido Acción Nacional; y Arnoldo Ochoa González, del Partido Revolucionario Institucional.

A las veintidós horas con nueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos setenta y cuatro diputadas y diputados.

Se somete a discusión en lo general el proyecto de decreto e intervienen en pro las diputadas: Dulce María Muñoz Martínez, del Partido Revolucionario Institucional; y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos ochenta y un votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos séptimo, once, y diecinueve de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativa con proyecto de decreto al diputado Abel Guerra Garza, a nombre propio y del diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad. En virtud de que se ha cumplido con dicho requisito, en votación económica se autoriza someterlo a discusión y votación de inmediato. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado José Sergio Manzur Quiroga. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza; Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Enrique Aubry de Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de México; Víctor Manuel Manríquez González, del Partido de la Revolución Democrática; Damián Zepeda Vidales, del Partido Acción Nacional; y Raymundo King de la Rosa, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente informa a la Asamblea que se recibió de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, propuesta de modificación a la fracción segunda del artículo diecisiete del proyecto, e instruye a la Secretaría dar lectura, que en votación económica se acepta y se incorpora al dictamen. Se somete a discusión en lo general con la modificación aceptada, e intervienen en contra los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; María Luisa Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Zuleyma Huidobro González, Francisco Alfonso Durazo Montaño, y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y en pro los diputados: Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; José Rubén Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Partido Acción Nacional; José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional; y Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente instruye a la Secretaría dar lectura a una Fe de Erratas presentada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual se acepta en votación económica y se incorpora al dictamen. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los artículos reservados para discusión en lo particular: primero, tercero, cuarto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, once, dieciséis, diecisiete, veintiuno, veintiséis, veintisiete, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, y cuarenta y cuatro; Transitorios: Quinto, Sexto y Séptimo; y los anexos: uno, cinco, diez, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve punto tres, diecinueve punto cuatro, diecinueve punto cinco, veintiocho, veintiocho punto uno, y veintiocho punto tres. En votación nominal por cuatrocientos sesenta y seis votos a favor; dieciocho en contra; y cuatro abstenciones, se aprueban en lo general y en lo particular los artículos y anexos no impugnados, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados del dictamen a los siguientes diputados:

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, quien informa a la Presidencia que retira sus propuestas de modificación a los artículos: primero; séptimo; octavo; noveno; décimo; once; dieciséis; veintiséis; veintinueve; treinta; treinta y uno; treinta y dos; y treinta y tres; por otra parte presenta sus propuestas de modificación a la fracción segunda del artículo octavo; y al párrafo quinto, del artículo noveno, del proyecto de decreto, en votación económica se admiten a discusión, y de la misma manera se aceptan.

• Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de adición de una fracción vigésimo tercera al artículo tercero del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación a la fracción vigésimo segunda del artículo tercero del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuestas de modificación a la fracción primera del artículo tercero; y al anexo uno Tomo Quinto del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar propuesta de adición de una fracción sexta al artículo cuarto del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a la fracción primera del artículo sexto; al párrafo primero del artículo veintisiete; y los anexos cinco y diez del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Partido Acción Nacional, informa a la Presidencia que retira su propuesta de modificación al artículo diecisiete; y presenta propuesta de modificación a la fracción novena del artículo octavo del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación a la fracción tercera del artículo once del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo once Bis al proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

El diputado Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, retira su propuesta de modificación al artículo diecisiete del proyecto de decreto.

• Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a:

—La fracción quinta del artículo diecisiete, en votación económica se admite a discusión, de la misma manera se acepta y se incorpora al proyecto de decreto.

—La fracción octava del artículo diecisiete del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Alberto Coronado Quintanilla, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de una fracción novena al artículo diecisiete del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación al artículo veintiuno, en relación con el anexo uno; y adición de un artículo transitorio al proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, presenta propuestas de modificación a las fracciones segunda y tercera, del artículo veintiséis e informa a la Presidencia que retira su propuesta de modificación a la fracción sexta del mismo artículo del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, informa a la Presidencia que retira sus propuestas de modificación al artículo veintisiete; y adición de un Capítulo Sexto como artículo al proyecto de decreto.

El diputado Víctor Serralde Martínez, del Partido Acción Nacional, informa a la Presidencia que retira sus propuestas de modificación a los artículos treinta, y treinta y uno del proyecto de decreto.

• Sebastián de la Rosa Peláez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a las fracciones novena, y décimo cuarta del artículo treinta y seis; y el ramo ocho del anexo diez del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, informa a la Presidencia que retira su propuesta de modificación al artículo treinta y nueve, y presenta propuesta de modificación a la fracción tercera, inciso F), del artículo treinta y seis del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

• Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación a la fracción quinta del artículo treinta y seis del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de adición de un párrafo cuarto, al apartado B del artículo treinta y siete, en votación económica se admite a discusión, de la misma manera se acepta, y se incorpora al proyecto de decreto.

La diputada Juana Bonilla Jaime, del Partido de la Revolución Democrática, informa a la Presidencia que retira su propuesta de modificación al artículo treinta y ocho del proyecto de decreto.

• René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, para presentar propuestas de modificación al artículo treinta y nueve, fracción cuarta; y la adicción de un artículo Décimo Quinto Transitorio, al proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al segundo párrafo del artículo treinta y uno del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Los diputados: Javier Benjamín Félix Hays, del Partido de la Revolución Democrática; Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; y Margarita Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática, informan a la Presidencia que retiran su propuestas de modificación al artículo cuarenta y cuatro; la adición de un artículo cuarenta y seis; y al Quinto Transitorio, respectivamente, del proyecto de decreto.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, para presentar propuestas de modificación a los artículos Sexto y Séptimo Transitorios; así como propuestas de adición de diversos artículos Transitorios al proyecto de decreto. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a las modificaciones y adiciones propuestas, en sendas votaciones económicas no se admiten a discusión, se desechan.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al anexo uno del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo Séptimo Transitorio, del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo Transitorio al proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de adición de un artículo Transitorio al proyecto de decreto, en votación económica se admite a discusión, de la misma manera se acepta y se incorpora al proyecto de decreto.

• Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los anexos uno y veintiocho del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación al apartado A ramo dos; y apartado B ramo cuatro, del anexo uno del proyecto de decreto. Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática; y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. En votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación al apartado B, del ramo dos, del anexo uno; y al ramo once del anexo dieciocho del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación al apartado B, ramos dos y once, del anexo uno del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación al apartado B, ramos ocho y once del anexo uno del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación al apartado B del anexo uno; y anexo veintiocho punto tres, del proyecto de decreto. No habiendo claridad en el resultado de la votación económica, el Presidente instruye la apertura del sistema electrónico para llevar a cabo votación nominal. Con un registro de doscientos veinte votos a favor; y doscientos cuarenta y uno en contra, no se admite a discusión, se desecha.

• Alfa Eliana González Magallanes, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación al ramo veintidós en relación al ramo once del anexo uno, del proyecto de decreto. No habiendo claridad en el resultado de la votación económica, el Presidente instruye la apertura del sistema electrónico para llevar a cabo votación nominal. Con un registro de doscientos veintidós votos a favor; y doscientos cuarenta y tres en contra, no se admite a discusión, se desecha.

• Gisela Raquel Mota Ocampo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación al anexo diez del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Raúl Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al anexo diez, en relación con el anexo dieciocho, del proyecto de decreto. No habiendo claridad en el resultado de la votación económica, el Presidente instruye se abra el sistema electrónico para llevar a cabo votación nominal. Con un registro de doscientos veintiséis votos a favor; y doscientos treinta y ocho en contra, no se admite a discusión, se desecha.

• Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al anexo catorce, del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación al anexo quince, ramos quince y dieciocho, del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Crystal Tovar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación al anexo dieciséis, ramos once y veinte, del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

• José Luis Oliveros Usabiaga, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación al anexo once, ramos once y veinte, del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación al anexo diecisiete, ramo once, del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al anexo diecinueve punto tres del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Carol Antonio Altamirano, a nombre de la diputada Aleida Alavez Ruiz, ambos del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas Fe de Erratas al anexo diecinueve punto cinco, del proyecto de decreto, en votación económica se admiten a discusión, de la misma manera se acepta, se incorpora al dictamen.

• Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de adición de un artículo Transitorio, del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desecha.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al anexo dieciocho del proyecto de decreto. No habiendo claridad en el resultado de la votación económica, el Presidente instruye la apertura del sistema electrónico para llevar a cabo votación nominal. Con un registro de doscientos dieciocho votos a favor; doscientos treinta y cinco en contra; y tres abstenciones, no se admite a discusión, se desecha.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos cuarenta y un votos a favor; veintiséis en contra; y una abstención, se aprueban en lo particular los artículos: primero, tercero, cuarto, sexto, séptimo, décimo, once, dieciséis, veintiuno, veintiséis, veintisiete, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y seis, treinta y ocho, treinta y nueve, y cuarenta y cuatro; Transitorios Quinto, Sexto y Séptimo; y los anexos uno, cinco, diez, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve punto tres, diecinueve punto cuatro, veintiocho, y veintiocho punto uno, en términos del dictamen; y los artículos: octavo, noveno, diecisiete, y treinta y siete; así como el anexo diecinueve punto cinco; y la adición de un artículo transitorio, aceptados por la Asamblea. Se aprueba en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El Presidente hace la siguiente declaratoria:

“La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo treinta de la Ley General de Desarrollo Social, formula la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritarias para el año dos mil catorce, con base en los criterios generales para la determinación de las zonas de atención prioritarias emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como en el resultado de los estudios de medición de la pobreza y los indicadores asociados”.

1) Zonas de Atención Prioritarias Rurales, Anexo A; mil ochenta municipios que se encuentran en veintiséis entidades federativas y que cumplen con alguna de las siguientes condiciones. Son de muy alta o alta marginación; tienen un muy alto o alto grado de rezago social o al menos el veinticinco por ciento de la población se encuentra en pobreza extrema.

2) Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, Anexo B; quince mil quinientos sesenta y tres AGPS urbanas en tres mil trescientos cincuenta localidades urbanas de dos mil, doce municipios, que incluye a un total de cuatro punto ochenta y ocho millones de hogares y que cumplen las siguientes condiciones. AGPS urbanas con un grado de rezago social alto o medio y que además tienen grado de marginación muy alto o alto. Adicionalmente las AGPS urbanas de los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, con grado de rezago social alto o medio o grado de marginación muy alto o alto.

3) Publíquese la presente declaratoria en el Diario Oficial de la Federación junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil catorce.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día miércoles veinte de noviembre de dos mil trece, a las once horas, y levanta la sesión el día jueves catorce de noviembre de dos mil trece a las seis horas con cuarenta y dos minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobada el acta.

HECHOS VIOLENTOS EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Rocío Reza.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (desde la curul): Gracias, presidente. Es con relación a los acontecimientos en Ciudad Juárez, en donde el pasado sábado ocurrió una tragedia donde violentaron una vivienda y asesinaron a una familia completa, ocho personas, encontrándose niños inocentes a quienes no acribillaron a balazos sino lo hicieron con machetes y cuchilladas.

No sólo pido a este Congreso un minuto de silencio por este aberrante acontecimiento, sino que pido ese minuto de profunda y seria reflexión de todos los legisladores y legisladoras sobre qué estamos haciendo para impulsar políticas públicas encaminadas a la reconstrucción del tejido social.

No es un asunto de vinculación política alguna ni de colores, presidente, es un asunto verdaderamente importante, por lo que pido ese minuto de seria y profunda reflexión de todos los legisladores sobre qué estamos haciendo en ese tema tan preocupante. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su reflexión formará parte del Diario de los Debates y esta Presidencia otorga el minuto de silencio que ha solicitado la diputada Reza.

Ruego a los presentes ponerse de pie.

(Minuto de silencio)

Descansen en paz.

PROGRAMA DIPUTADA AMIGA, DIPUTADO AMIGO

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Raúl Gómez.

El diputado Raúl Gómez Ramírez(desde la curul): Presidente, gracias. De antemano agradecerle a la gente que se sumó en el voto para buscar presupuesto para los ex braceros, pero también decirle que creo que se está en contra de ex braceros y de nuestros migrantes.

Hasta la fecha, como coordinador del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, son 20 las gentes que se han adherido al programa y es lamentable que seamos 500. Tal parece que no les interesan nuestros migrantes. Es cuanto, señor presidente.

ELENA PONIATOWSKA

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Quisiera, si me permiten, compañeras y compañeros diputados, hacer de su conocimiento un pronunciamiento de la Mesa Directiva.

Los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados expresan su más alto reconocimiento a la escritora mexicana Elena Poniatowska, galardonada con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2013, otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura de España, por su brillante trayectoria periodística y literaria y su profundo compromiso con la historia contemporánea.

La Cámara de Diputados se une a la comunidad cultural del país en el reconocimiento a tan destacada escritora mexicana. Felicidades a Elena Poniatowska.

El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.

RETIRO DE INICIATIVAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva este medio para saludarle, asimismo con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a usted de la manera más atenta su amable intervención, a efecto de que se retire de la Comisión de Salud como asunto turnado, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis 31 y 77 Bis 32 de la Ley General de Salud, suscrita por un servidor, la cual presenté el 29 de abril de 2013.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención brindada al presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.— Diputado Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de solicitarle que pueda retirarse el punto de acuerdo donde refiero exhortar para que se adicione un segundo párrafo al artículo 24 de la Ley General de Educación.

Documento enviado el 19 de marzo del presente año.

Le anticipo mi más sincero agradecimiento por sus finas atenciones y le reitero mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.— Diputado Julio César Flemate Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se tiene también por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Por medio de la presente, y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados en vigor, solicito de la manera más atenta que se retire la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 y el párrafo primero del artículo 113 de la Ley General de Salud; la fracción XVI del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil; y el inciso j) del artículo 69 de la Ley General de Educación, que se encuentra turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, presentada por el suscrito.

Agradeciendo de antemano su atención, me despido cordialmente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.— Diputado Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

POLITICAS DE CONTROL Y COMBATE DEL CONTRABANDO Y LA PIRATERIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-6-0875, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/V/2335/13, suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a implementar políticas de control y combate al contrabando y piratería.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 11 de noviembre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/300/1412/13, por el que se comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 2 de octubre del año en curso y que, en el resolutivo conducente señala, en lo que atañe a esta Institución:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Educación Pública, de Economía, y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, se implementen políticas de control y combate al contrabando y piratería con el objetivo de proteger en mercado interno y alentarla inversión de los mexicanos.” ‘(sic)

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, comunico a usted que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial informó a esta de mi cargo que:

“‘Esta Unidad Especializada..., lleva a cabo las acciones siguientes:

1. Recepción de denuncias y querellas.

2. Solicitudes de cateo.

3. Cateos autorizados.

4. Operativos en vía pública.

5. Coordinación con otras Unidades Especializadas y áreas de la Procuraduría para cumplir mejor su función de investigación y prosecución de delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial.”

“‘...Como política de control se han realizado, reuniones periódicas con las comisiones que integran el Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, coordinado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la cual depende esta Unidad Especializada; integrado por miembros de la iniciativa privada, Cámara Industriales y de Comercio, así como del sector público, directamente relacionadas con el control del fenómeno de la piratería, para que las autoridades competentes como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Derechos de Autor y esta Unidad Especializada, continuemos combatiendo la piratería, con el fin de proteger el mercado interno y alentar la inversión formal, con información  y apoyo del sector privado, particularmente afectado por la piratería.”

“Por tal motivo, considerando la importancia de los delitos contra la propiedad intelectual, el mercado informal y la venta de productos piratas o apócrifos en el país, sugiero como Políticas Públicas de Control y Combate a la piratería las siguientes:”

“1. Que las autoridades competentes continuemos en la ardua tarea de investigación de los ilícitos de referencia. Una investigación interinstitucional que brinde cualitativamente y cuantitativamente mejores resultados.

2. Se siga actuando contra las actividades que desempeña la delincuencia organizada, en la violación de los derechos de propiedad intelectual.

3. Nuestra función en esta Unidad Especializada no sólo consistirá en seguir asegurando mercancías, no obstante, que los aseguramientos han sido cuantiosos, sin embargo, se enfocarán cada vez más al desmembramiento de las cadenas delictivas por el crimen organizado.

4. Intensificar las labores de inteligencia, coordinadas con autoridades de la Procuraduría General de la República y otras dependencias.

5. Se intensificará con la iniciativa privada, el apoyo mutuo y el intercambio de información para el combate de la piratería, particularmente a través del citado Comité Interinstitucional, coordinado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la Procuraduría General de la República, que agrupa en sus comisiones, a lo más representativo de las autoridades encargadas de la propiedad industrial y autora; como son las cámara de la industria y de comercio, organizaciones de industrias específicas cono son las de distribución cinematográfica y fonogramas y principales agentes económicos, afectados por la piratería, así como a todas las demás autoridades a nivel nacional, a fin de acrecentar las acciones que combatan ilícito.” (sic)

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración y particular aprecio.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 31 de octubre de 2013.— Maestro Jorge Nader Kuri (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS OCURRIDOS EN ZIRANDARO Y HUETAMO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-2412, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGANC/207/2013, suscrito por la ciudadana María Evangélica Villalpando Rodríguez, abogada general y comisionada para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a destinar recursos provenientes de los programas Hábitat y Vivienda; Empleo Temporal; y de Apoyo a los Sembradíos Siniestrados, respectivamente, para atender las necesidades de la población afectada por el fenómeno hidrometeorológico en los municipios de Zirándaro, en el estado de Guerrero, y Huetamo, en el estado de Michoacán.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 13 de noviembre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.—  Presente.

Me refiero al atento oficio número SEL/UEL/300/1473/13, de fecha 9 de octubre de 2013, por el cual se remitió el punto de acuerdo aprobado el 9 de octubre de1 año en curso por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en e1 cual solicita a la Secretaría de Desarrollo Social entre otras Secretarias, a destinar recursos provenientes de los programas Hábitat y Vivienda; Empleo Temporal, y de Apoyo a los Sembradíos Siniestrados, respectivamente, para atender las necesidades de la población afectada.

Al respecto, me permito anexar al presente copia simple del oficio número SDSH.200/CI/285/2013, de fecha 5 de noviembre de 2013, signado por el maestro Edgar Martínez Salgado, director de Coordinación Interinstitucional de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, perteneciente a esta dependencia, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de noviembre de 2013.— María Evangélica Villalpando Rodríguez (rúbrica), abogada general y comisionada para la transparencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Maestra María Evangélica Villalpando Rodríguez, titular de la Unidad de la Abogada General y Comisionada para la Transparencia.— Presente.

En atención a las instrucciones del licenciado Ernesto Nemer Álvarez, Subsecretario de Desarrollo Social y Humano y en respuesta su atento oficio número DGANC/175/2013, en el cual solicita comentarios al siguiente punto de acuerdo.

...se “exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a destinar recursos provenientes del Programa de Empleo Temporal, para atender la necesidades de la población afectada por los fenómenos hidrometereológicos ocurridos los días 15, 16 y 17 de septiembre del año en curso, en el municipio de Zirándaro, en el estado de Guerrero, y Huetamo, en el estado de Michoacán.”

Al respecto, informo a usted lo siguiente:

• Para prevenir y mitigar los efectos causados por dichos fenómenos hidrometereológicos, se asignaron subsidios a la población afectada mediante el Programa de Empleo Temporal en su modalidad de “Inmediato” (PETI) en los municipios citados, conforme se describe en los cuadros anexos.

• Las cifras que contienen los cuadros anexos, pueden registrar cambios, toda vez que es posible que se requiera reprogramar y canalizar los recursos en función de las necesidades y prioridades que detecte el programa.

Sin más por el momento, le reitero las muestras de mi consideración distinguida

Atentamente

México, DF, a 5 de noviembre de 2013.— Maestro Edgar Martínez Salgado (rúbrica), director de Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

CODIGO ESPERANZA O SU EQUIVALENTE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo.— Estado de Aguascalientes.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención del oficio número DGPL 62-II-4-702, y con relación a la comunicación del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2013, se le informa que el gobierno de Aguascalientes se encuentra adherido a la Red Nacional Alerta Ámber, por lo cual se suma a los esfuerzos encabezados por la federación a fin de localizar a los menores de edad sustraídos, secuestrados o desaparecidos en territorio nacional.

El procedimiento de búsqueda de Alerta Ámber en Aguascalientes se encuentra formalizado en el instructivo publicado el 26 de marzo de 2012 en el Periódico Oficial del Estado. Mediante dicho instrumento, la Procuraduría. General de Justicia establece las acciones que realizarán las autoridades cuando se active la Alerta Ámber, de forma inmediata y eficaz, a fin de localizar a los menores involucrados y salvaguardar sus derechos fundamentales, en atención del interés superior de la niñez.

La Procuraduría de la Defensa del Menor colabora en su marco de competencia con la Procuraduría General de Justicia en la materia, con objeto de ejecutar acciones rápidas y concretas que lleven a la ubicación de los niños por quienes se inicia el procedimiento de búsqueda.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración atenta y distinguida.

Atentamente

Aguascalientes, Aguascalientes, a 31 de octubre de 2013.— Licenciado Antonio Javier Aguilera G. (rúbrica), jefe de Gabinete del Gobierno de Aguascalientes.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

60 AÑOS DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS MUJERES AL VOTO EN MEXICO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo.—Estado Libre y soberano de Hidalgo.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura.— Presente.

Con relación a su oficio número DGPL 62-II-6-0948, hago de su conocimiento que con el propósito de conmemorar el 60 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres al sufragio en México, el Poder Judicial de Hidalgo celebró un panel el 17 de octubre, a las 10:00 horas, en el auditorio Licenciado Jesús Ángeles Contreras.

Se contó con la presencia de las siguientes panelistas:

1. Licenciada Martha Martínez Guarneros

Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Toluca

2. Diputada Mabel Gutiérrez Chávez

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Hidalgo

3. Licenciada María Bertha Mariño García

Maestra académica del área de derecho y jurisprudencia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Licenciada Liliana Castillo Téllez (moderadora)

Periodista

Sin otro particular por el momento, me es grato aprovechar la ocasión para enviarle a usted un cordial y respetuoso saludo.

Atentamente

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 6 de noviembre de 2013.— Magistrado Valentín Echavarría Almanza (rúbrica), presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno del Estado de Jalisco.— Poder Judicial.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Por este conducto hago de su conocimiento que con fecha del día de hoy, se dictó un acuerdo el cual a la letra dice:

Ténganse por recibido el día de hoy, el oficio D.G.P.L62-II-6-0948, derivado del expediente 2508, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, mediante el cual hace del conocimiento la aprobación del acuerdo derivado de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la letra dice:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las personas titulares de los Tribunales Superiores de Justicia de las 31 entidades federativas y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a realizar ceremonias cívicas para conmemorar los 60 sesenta años al derecho al voto de las mujeres en México.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Educación Pública, Emilio Chauyffet Chemor, a instruir la realización de ceremonias cívicas para conmemorar los 60 sesenta años al derecho al voto de las mujeres en México, en todos los planteles educativos del país.

Visto su contenido, hágase del conocimiento del diputado José González Morfín, que por lo que ve a este Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco, del lunes 21 al viernes 25 de octubre del año en curso, se llevó a cabo, en los pasillos del Palacio de Justicia, la exposición “Sí... tenemos el derecho a votar”, con motivo del LX Aniversario del Derecho del voto de las mujeres en México; además se efectuó la Jornada-Taller Nacional, denominada “La Perspectiva de Género en la Justicia” y un diplomado de impartición de justicia con perspectiva de género, impartido por el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Congreso del estado y la Universidad de Guadalajara; lo anterior se comunica para los efectos a que haya lugar; de conformidad con los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Jalisco.

Dos firmas ilegibles. El presidente del Supremo Tribuna de Justicia del Estado, magistrado maestro Luis Carlos Vega Pamanes. El secretario general de Acuerdos, licenciado Juan Carlos Rodríguez Sánchez. Rúbricas...

Lo que trascribo a usted en vía de notificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para su conocimiento y efectos legales correspondiente.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 29 de octubre de 2013.— Licenciado Juan Carlos Rodríguez Sánchez (rúbrica), secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remiten a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recurso Naturales, y Estudios Legislativos, por el que el Senado de la República expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados del 30 de abril de 2013, por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley General para la prevención y gestión Integral de los Residuos.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado José González Morfín: De enterado, intégrese al expediente. Se tiene por concluido el procedimiento legislativo.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos por el que no se aprueba el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 246 del Código Penal Federal.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, por el que no se aprueba el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto transitorio del “decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 1995”.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que no se aprueba el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que no se aprueba el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese también a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ..

..

...

Los particulares podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos, interponer recursos y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Las personas autorizadas en los términos de este párrafo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables para el mandato y las demás conexas, salvo prueba en contrario. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia.

Con independencia de lo anterior, los particulares o sus representantes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior.

Al acordarse lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresarse con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.

Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 12 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta;senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único.Se reforma la fracción X del artículo 15; se adiciona la fracción XII y se recorre la anterior XII a la fracción XIII; se deroga el párrafo tercero, y sus incisos, del artículo 46; se adiciona el Título VII denominado Del Ejercicio de la Facultad de Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos y sus correspondientes artículos 77, 78, 79, 80 y 81; así como el Título VIII, denominado Del Procedimiento para la Comparecencia de los Servidores Públicos que no acepten o se nieguen a Cumplir las Recomendaciones y sus correspondientes artículos 82 y 83, todos ellos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 15.El presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. a IX. ...

X. Solicitar, en los términos previstos por esta ley, a la Cámara de Senadores o en sus recesos, a la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte;

XII. Ordenar el inicio de la investigación, y en su caso determinar, la existencia de violaciones graves a los derechos humanos consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales de los que México sea parte, y

XIII. Las demás que le señalen la presente Ley y otros ordenamientos.

Artículo 46.La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.

En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación.

Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

Título VII

Del Ejercicio de la Facultad de Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos

Capitulo Único

Artículo 77.La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo solicite el Ejecutivo federal por conducto de la Consejería Jurídica de la Presidencia, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

El Consejo Consultivo deberá ser informado de inmediato del inicio de una investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos.

Artículo 78.Serán aplicables al ejercicio de la facultad de investigación a que se refiere este Capítulo, en lo general, las reglas previstas en el Título III de esta Ley, relativas al procedimiento ante la Comisión Nacional, así como, en lo conducente, las contenidas en su reglamento.

Artículo 79.Una vez determinado el inicio de la investigación, deberá ponerse en conocimiento de la autoridad o servidor público presuntamente responsable a través del medio de comunicación más ágil posible.

En la misma comunicación, la Comisión Nacional le solicitará un informe respecto de los actos u omisiones que se le imputen o de aquellos hechos íntimamente relacionados con aquellos que motivaron su ejercicio. Dicho informe lo deberán presentar, por los medios que sean conveniente, en un plazo máximo de siete días naturales contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, considerando que se trata de una facultad extraordinaria. En situaciones urgentes, el Presidente podrá reducir dicho término hasta por el plazo que estime conveniente en razón de la gravedad del asunto.

Artículo 80.Todas las autoridades están obligadas a enviar la información que les sea requerida en el curso de la investigación, aun la reservada o confidencial. Los servidores públicos de la Comisión Nacional están obligados a tratar la información que con tal carácter sea recibida guardando la más estricta confidencialidad.

El presidente de la Comisión Nacional estará facultado para citar a todos los servidores públicos que considere deban comparecer ante la misma, a fin de esclarecer los hechos que originaron el inicio de la investigación, incluyendo a secretarios de Estado, a los gobernadores de las Entidades Federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, quienes estarán obligados a comparecer de manera personal, protestar decir verdad, y responder a todos los cuestionamientos que les sean realizados.

Artículo 81.En las recomendaciones que se emitan con motivo del ejercicio de la facultad de investigación, la Comisión Nacional podrá presentar denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados o ante las legislaturas de los estados, según corresponda. Las Cámaras de Diputados y de Senadores o las legislaturas estatales deberán dar curso de inmediato a la solicitud, y determinar a la brevedad, respecto de la sustanciación del procedimiento.

En caso de que una recomendación emitida en ejercicio de esta facultad no sea aceptada o cumplida, la comparecencia a que se refiere el Título VIII se hará invariablemente ante el pleno de la Cámara de Senadores.

Título VIII

Del Procedimiento para la Comparecencia de los Servidores Públicos que no acepten o se nieguen a Cumplir las Recomendaciones

Capitulo Único

Artículo 82.Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, la autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa.

Cuando la autoridad o el servidor público no hiciera públicas las razones para no aceptar o cumplir una recomendación, o dichas razones no estuvieran suficientemente fundadas y motivadas, el Presidente podrá solicitar a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente, que llame a comparecer ante sí a la autoridad o el servidor público, mismo que quedará obligado a hacerlo personalmente, salvo el caso a que se refiere el artículo 81, a efecto de explicar el motivo de su negativa.

La comparecencia versará única y exclusivamente sobre los motivos de la negativa de aceptar la recomendación o a dar cumplimiento a aquéllas aceptadas y se extenderá el tiempo que sea necesario para agotar el tema.

Una vez concluida la sesión, se turnará al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos copia de los documentos que hayan sido entregados por la autoridad.

Artículo 83.La Comisión Nacional determinará, previa consulta con la Cámara de Senadores o, en sus recesos, con la Comisión Permanente, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o a cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos.

Las autoridades o servidores públicos a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, informarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el párrafo que antecede, si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.

Si persiste la negativa, la Comisión Nacional hará del conocimiento público dicha circunstancia y podrá denunciar ante el Ministerio Público o ante la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables, procediendo conforme a lo dispuesto en el Título IV, Capítulo II de esta ley.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 12 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta;senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a Ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 390 del Código Penal Federal.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 390 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 390 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 390. ...

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex servidor público, o por miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o de algún prestador de servicios de seguridad privada regulado por la ley federal de la materia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad pública, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 12 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta;senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano

Artículo Único.Se adiciona un párrafo segundo al artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 4.El gobierno federal, por conducto del organismo, tendrá a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los servicios diversos contenidos en esta ley.

El organismo utilizará para la continuidad y modernización del Servicio Postal Mexicano tecnologías de la información y comunicación, gestionando nuevos productos y servicios que permitan, de acuerdo con los estándares de eficiencia y calidad del mercado nacional, agilizar la recepción, transportación y entrega de correspondencia, así como de la prestación de los diversos servicios a que se refiere esta ley.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 14 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta;senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

20 DE NOVIEMBRE, ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, el siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Se han registrado para referirse al tema oradores de todos los grupos parlamentarios. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la Revolución Mexicana ha sido fuente de profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que determinaron al México del siglo XX.

La Revolución destruyó las estructuras de dominación política dictatoriales y abolió las distintas formas de opresión y servidumbre que tenían a las grandes masas de población en la miseria, en el analfabetismo y en exclusión.

A partir del 20 de noviembre de 1910, confluyeron distintas revoluciones, distintas formas de ver el mundo, que correspondían a los muchos México que existían entonces y que en muchos sentidos siguen existiendo en nuestros días.

El escenario de la Revolución contempló a los indígenas y campesinos del sur, organizados en torno a Emiliano Zapata. Los zapatistas hicieron explotar la exigencia ancestral por la tierra y la libertad, de las que habían sido despojados sistemáticamente.

Madero encabezó la élite de mexicanos ilustrados, con buena posición económica y social, que estaban dispuestos a defender con las armas los derechos políticos más elementales como las elecciones libres. Los rancheros, jornaleros y asalariados del norte del país, con una gran tradición de lucha y resistencia, fueron encabezados por Francisco Villa y lograron un asombroso nivel de organización y poder militar.

La División del Norte es una de las grandes obras de la organización popular en la historia de nuestro México.

Hoy, a 103 años del inicio de la Revolución Mexicana es necesario entender que en ella se enfrentaron distintas facciones de mexicanos que abanderaron causas diferentes y enfrentadas.

El proyecto constitucionalista, forjador de instituciones y mirada histórica, de Carranza y Obregón se confrontó en una guerra fratricida con el proyecto de justicia social y reivindicación de derechos ancestrales de Villa y Zapata.

Octavio Paz que cumple su primer centenario el próximo 31 de marzo utilizó una figura fascinante para describir esto. Y cito: “la Revolución Mexicana fue, en el fondo, el abrazo violento entre mexicanos que no se conocían. El encuentro a la vez fraternal y sangriento de mexicanos que procedían de distintos tiempos, que en ese encuentro explosivo descubrieron que no estaban solos”. Termina la cita.

La Revolución Mexicana fue generadora de cambios profundos y de instituciones. La Constitución Política de 1917 selló el pacto logrado entre las distintas facciones revolucionarias y proyectó la nación que aun estamos construyendo.

Recientemente celebramos el centenario del Ejército Mexicano, una de las grandes instituciones que surgieron del proceso revolucionario.

Sin embargo, es necesario que a más de 100 años de distancia hagamos una revisión objetiva y crítica de la Revolución.

En el terreno político la necesidad de unificar a las distintas facciones y caudillos dio origen a un sistema centralizado.

La necesidad de cumplir con los mandatos constitucionales de justicia social y de soberanía nacional justificó la construcción de un Estado que solo permitía la participación corporativa de los sectores populares.

Sin embargo, los ideales de libertad y democracia de la Revolución Mexicana, expresados en el tema maderista de Sufragio Efectivo, No Reelección comenzaron a hacerse realidad 90 años después en lo que respecta al sufragio. Los objetivos de justicia social más urgentes se cumplieron al abolir relaciones de servidumbre de campesinos, trabajadores e indígenas; se expandió la educación y creció la economía.

La Revolución contribuyó a forjar una identidad nacional incluyente, que refleja la herencia indígena y europea. Sin embargo, en algún momento de la historia contemporánea la Revolución Mexicana se petrificó y el sistema político y cultural que generó se convirtió en obstáculo para revisar nuestra situación intern6a y el papel que debemos jugar en el concierto del mundo.

Hoy la pobreza azota a la mitad de la población, la economía no crece y los recursos naturales, particularmente el petróleo, que la Revolución recuperó para la nación, nos plantean un reto de voluntad e imaginación para encarar el siglo XXI.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza es indispensable que los ideales de libertad, justicia social, democracia y soberanía que inspiraron a la Revolución Mexicana sean revalorados y planteados a la luz de las nuevas circunstancias que nos ofrece el mundo contemporáneo. Hoy la realidad nacional nos obliga a emprender nuevas revoluciones por la vía pacífica.

Necesitamos una revolución educativa que proponga formar nuevas generaciones de mexicanas y de mexicanos con capacidades para insertarse de manera competitiva en la vida económica, con todos los elementos para ejercer una ciudadanía crítica y participativa, y que fortalezca la visión humanista de la educación.

La revolución educativa tiene que garantizar calidad, equidad y el acceso de todos los niños, todas las niñas y jóvenes a la educación, con un compromiso histórico del Estado, la sociedad, las maestras y los maestros para enfocar la educación como la prioridad nacional que hará posible detonar todos los resortes del desarrollo nacional sustentable, democrático e integral.

También necesitamos emprender una revolución económica y tecnológica que nos permita desarrollar en México una base propia, que integre las tecnologías de la información y la producción más avanzadas, a fin de desarrollar al máximo el potencial económico que tenemos en población y recursos naturales.

Tenemos que generar tecnología propia, optimizar procesos económicos, fortalecer la infraestructura, desarrollar un sistema de formación de científicos y técnicos que nos permitan crecer y competir con el mundo.

La sociedad reclama también una revolución de las conciencias, con la finalidad de que se recupere la dimensión ética en la función gubernamental y en la representación política. Es indispensable que quienes tenemos alguna responsabilidad pública desempeñemos nuestras funciones con honestidad, con el compromiso de asumir permanentemente que el interés general, el bienestar social y la viabilidad del país son los principios irrenunciables que deben orientar nuestras acciones.

Esto no se logrará de un día para otro, porque tienen profundas raíces históricas y estructurales, precisamente por eso necesitamos también una revolución cívica que incluya una legislación y una red institucional adecuadas para lograrlo.

Compañeras y compañeros mexicanos, la Revolución Mexicana es una fuente de experiencias históricas que debemos aprovechar a través de una revisión reflexiva y crítica, una revisión que vaya más allá de los héroes de bronce, que también arroje luz sobre personajes anónimos o colectivos que se sumaron al movimiento para expresar su visión del mundo, como los indígenas, las mujeres, las maestras y maestros y muchos otros mexicanos que no fueron visibles, pero porque no buscaban serlo; personajes que con historias particulares nutrieron la Revolución y hoy pueden seguir inspirando las revoluciones que México necesita para construir un proyecto de nación diferente para el presente siglo. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Compañeras, compañeros legisladores. Hace 113 años inició la Revolución Mexicana y la demanda principal que estaban argumentando y por la que estaban luchando e iniciaba la Revolución de los mexicanos hasta la fecha no se ha cumplido, México no goza de un gobierno democrático.

Conforme a lo establecido en el punto séptimo del Plan de San Luis Potosí, Madero convocó a los mexicanos para que, cito textualmente: “El día 20 de noviembre desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomaran las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. Los pueblos que estén retirados de las vías de comunicación lo harán desde la víspera”.

El propósito central de la revolución iniciada por Madero era arrojar del poder a Porfirio Díaz y convocar a nuevas elecciones para que el pueblo decidiera libremente —subrayo— a la persona que lo gobernara.

El Plan de San Luis tenía como contenido social la restitución de tierras a los campesinos que habían sido desposeídos de ellas durante la dictadura de Díaz. Madero llega al poder en noviembre de 1911 pero la traición de Huerta, fraguada por el embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, hizo que se le asesinara y Huerta accediera al poder.

Desde el norte el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, protesta por el asesinato del presidente y vicepresidente y, a través del Plan de Guadalupe, propone el desconocimiento de Huerta como presidente de la República. Y es, hasta las adiciones al Plan de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1914, cuando se proponen medidas de política social en materia agraria y obrera.

En 1916 se convoca a un Congreso Constituyente cuya tarea era dotar al Estado mexicano de una nueva Constitución. Al interior de este Congreso Constituyente se rescató lo mejor de las luchas libertarias previas a 1910 y contenidas en el programa del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón.

La Constitución de 1917 es la primera en el mundo en establecer los derechos sociales de los campesinos, previstos en el artículo 27, en donde se plantea la restitución de tierras de las que injustamente fueron privados en el régimen porfirista, así como la creación de los ejidos.

En el artículo 123 se recogen las aspiraciones de los obreros que estallaron las huelgas de Cananea y Río Blanco. Se reconoce el derecho de los obreros a contar con un salario mínimo para su manutención, la jornada laboral de ocho horas —subrayo: laboral de ocho horas— y el poder constituir sindicatos como el instrumento de lucha y defensa de los intereses gremiales.

También nuestra Constitución, en el artículo 27, establece la propiedad originaria de la nación sobre todos los recursos —subrayo—, todos los recursos que existen en territorio nacional y constituir como propiedad derivada de la propiedad originaria la propiedad privada, la propiedad social y la propiedad pública.

Por ello, la sabiduría política de los Constituyentes de 1917 los llevó a establecer en el artículo 27, en su párrafo cuarto, el dominio directo de la nación, entre otros recursos naturales, del petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos.

A los legisladores del Partido del Trabajo no nos pasa desapercibido que el tema petrolero constituye una piedra angular del sostenimiento de nuestra soberanía como país.

El Estado debe seguir ejerciendo esa soberanía y el permitir la inversión extranjera nos va a privar de precisamente seguirla ejerciendo, en razón de que cualquier cuestión relacionada con dicha inversión extranjera, estará sometida a tribunales internacionales, a arbitrajes internacionales perdiendo en ese momento el Estado mexicano la inmunidad de que goza.

No podemos olvidar que el derrocamiento de Madero se dio por un impuesto muy mínimo que se impuso a la extracción del petróleo, hoy que existe en el Senado de la República una iniciativa del Ejecutivo federal para permitir la privatización de la renta petrolera, olvidando que las empresas que extraían petróleo nacional hasta marzo de 1938 poco contribuyeron al desarrollo de la patria.

Los legisladores del Partido del Trabajo y millones de mexicanos a lo largo y ancho del país, nos opondremos a que se dé una contrarreforma constitucional en esta materia.

Si Pemex enfrenta graves problemas financieros, es porque fiscalmente se le tiene asfixiada y ninguna empresa privada pagaría los impuestos de lo que Pemex aporta al fisco federal.

De cada peso que se gasta en el Presupuesto de Egresos de la Federación 40 centavos son aportados por Pemex. La paraestatal sobrevive confiscada por un régimen fiscal irracional y obsoleto.

Hoy que conmemoramos un aniversario más de la Revolución Mexicana no debemos olvidar a los millones de mexicanos que ofrendaron su vida porque tuviéramos un país con mayor justicia y democracia.

En el supuesto de que el Senado de la República vote a favor de la reforma petrolera, cuando aquí en esta Cámara de Diputados conozcamos este asunto antes de votar a favor, quienes pretendan hacerlo vean antes los nombres de Hidalgo, Morelos, Guerrero, Juárez, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas entre otros que engalanan estos muros de honor. Y si teniéndolos a la vista votan a favor de esta contrarreforma, entonces México ya no tendrá rumbo ni destino.

Como alguna vez dijera Vicente Guerrero la Patria es primero. Nosotros agregaríamos la patria no se vende, la patria se defiende. No a los intentos de privatización de la renta petrolera mexicana. Viva México.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, estimado presidente; compañeras y compañeros diputados. Con la revolución de 1910 inició el cambio más violento y profundo en las instituciones políticas, económicas y sociales del país del que tengamos memoria.

Inició como una rebelión democrática, con un énfasis nacionalista y reivindicatorio, pero fue el celo democrático de todo un país, encabezado por Madero, lo que encendería la chispa de una revolución que comenzaría por derrotar al gobierno porfirista, aun cuando días antes de su caída desestimaba la inconformidad social que sacudía al país.

En esa revolución germinaría la semilla de un sistema político nacionalista y con un claro sentido sobre la responsabilidad social que debía cumplir el Estado mexicano. Sin embargo, al paso de las décadas ese sistema se correría a la derecha hasta terminar, con cínica resignación, en un gobierno de rufianes neoliberales.

Son los tiempos que ahora vivimos, son los tiempos del nuevo PRI que cobija en su seno a sus partidos retoños, son los tiempos de una izquierda satélite, ambigua y ambivalente y una pléyade de partidos políticos asimilados o que en los hechos, como lo hemos visto en esta Cámara de Diputados, se han puesto precio; son los tiempos de una corrupción que campea a sus anchas en los diversos poderes y niveles de gobierno.

Conmemoramos pues el inicio de la Revolución Mexicana en un momento histórico particularmente crítico para el país, similar en muchos sentidos al de las circunstancias que dieron origen al estallido de 1910.

De manera vergonzosa, 100 años después que iniciara la lucha por el sufragio efectivo no podemos decir que cada voto cuenta; tampoco podemos decir que la autoridad de quienes nos gobiernan se sustenta sin lugar a dudas en la voluntad popular. El caso más reciente, pero lamentablemente no el único, es el del presidente Enrique Peña Nieto.

En ese entonces, como ahora, el gran problema era la marginación social, la concentración de la riqueza y la supremacía de una oligarquía nacional y extranjera que dominaba al país con crueldad, con prepotencia e impunidad.

Entonces, como hoy, la amparaba un grupo de políticos corruptos que había puesto las instituciones de la república a su servicio. La vida del resto de los mexicanos transcurría en el abandono y la exclusión.

Entonces, como ahora, la democracia existía engañosamente en las formas pero no en los hechos. Entonces, como ahora, un pequeño grupo de empresarios y comerciantes monopolistas daban sustento a ese orden injusto.

Cualquier parecido con la actualidad no es entonces mera coincidencia. Con el paso de los años, el orden político, económico y social surgido de la Revolución de 1910 fue cediendo paulatinamente su espacio a las mismas fuerzas que provocaron la gesta de 1910: la antidemocracia, el autoritarismo, el enriquecimiento de unos cuantos, la corrupción, la cesión de la soberanía nacional y la marginación social.

Los beneficiarios de ese sistema se pretenden convencidos de que en México vivimos en democracia, hacen abstracción de que el sistema está asentado en un modelo de castas encabezado por una clase política ajena por completo a los intereses nacionales.

El poder político es nuevamente servidor de una oligarquía rapaz y antipatriota. El interés popular y el interés de la nación cuentan cada vez menos para los que mandan. La democracia es una simulación, las elecciones son una farsa y la corrupción política ha terminado por domesticar casi en su totalidad a las oposiciones, haciendo de ellas cómplices sumisos de reformas que atentan objetivamente contra derechos sociales y nacionales que mucho esfuerzo costó ganar, muchos de ellos, producto de la misma Revolución Mexicana.

Sin embargo, en 1910 México se sobrepuso a la tiranía. El reclamo democrático expresado por Madero y el reclamo social expresado por los magonistas convergieron para crear el impulso social que le dio forma inicial a la Revolución Mexicana.

Hoy como ayer son muchos los que resisten y plantean la posibilidad de un futuro diferente y mejor para la patria. Esa fuerza ciudadana no cuenta en general con representación en los partidos políticos, pero sus movilizaciones y sus luchas anuncian el México que vendrá, un México democrático y justo, y muy por encima de la restauración porfirista que hoy vivimos.

En esa fuerza ciudadana vive el espíritu de quienes dieron forma en la Revolución Mexicana. En ella viven Zapata y Villa, viven los Constituyentes del 17, vive Lázaro Cárdenas y vive Ricardo Flores Magón. Será esa fuerza ciudadana la que parará en seco la pretensión de reformar los artículo 27 y 28 de la Constitución Mexicana para abrir Pemex en canal al capital privado.

Esta realidad nos recuerda que la lucha política no acaba nunca. No pretendo dramatizar, pero es una realidad que el país se resquebraja; sin embargo, la lógica mayoritaria es que vamos a cambiar asimilándonos a los modos e intereses del grupo dominante y olvidándonos de los viejos males del sistema político mexicano.

Lo que realmente requiere nuestro país es un rediseño total de las bases jurídicas del Estado mexicano. Es ahora notoria la insuficiencia del modelo actual para procesar institucionalmente los conflictos. El cambio político que proponemos tendría la importancia y quizá la complejidad del de 1900, de la negociación política de 1929. Ese cambio debe provenir necesariamente de una reforma integral del Estado, impulsada mediante un nuevo pacto político de Estado —insisto de Estado—, y no de partidos que dé estabilidad, eficacia y certeza al rumbo nacional. Muchas gracias a todos por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Gracias a usted, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, presidente. Hablar de la Revolución Mexicana es abordar la ideología social unificada por Emiliano Zapata y los campesinos del centro y sur de la República mexicana; es rememorar la garra de Doroteo Arango y su División del Norte; es brindar ineludiblemente un justo reconocimiento a los combatientes del pueblo, los de la Bola y las llamadas adelitas, entre otros varios hitos de grandeza.

En este sentido, la Revolución es un hecho histórico trascendental para el presente del país. Gracias a la Revolución se pudo establecer la primera Constitución social del mundo, se desarrolló un derecho de los trabajadores y de los labradores de la tierra, así como los tribunales expeditos para solventar aquellos conflictos.

El derecho mexicano con estos actos conformó el antecedente universal para otros documentos igualmente valiosos para el mundo, como por ejemplo la Constitución de la República de Weimar, en 1910 en Alemania.

En el ambiente cultural la Revolución Mexicana también dejó un legado importante, el cual perdura a más de 100 años. Libros como Los de abajo, de Mariano Azuela; Memorias de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán; El resplandor, de Mauricio Magdaleno son ejemplos dignos de esta expresión literaria. En la pintura y en las artes plásticas, donde personalidades como Francisco Goitia con El desesperado; José Clemente Orozco con La trinchera; David Alfaro Siqueiros con La nueva democracia, entre otras dignas personalidades, plasmaron toda su técnica inspirados por los acontecimientos beligerantes de la primera y la segunda década del siglo XX.

Por todas las referencias descritas es indudable la preponderancia del movimiento civil del año 1910, el cual siempre será descrito como la conjunción del pueblo para enfrentar al dictador y a su ejército, la expresión real de la soberanía, nadie más poderoso que el pueblo.

La Revolución no es más una ideología muerta, por el contrario, sigue vigente. Los derechos sociales de aquellos ayeres llegaron a ser norma internacional gracias a la intervención de instituciones extraterritoriales protectoras de los derechos humanos y sociales.

Si de algo sirvió la Revolución Mexicana fue para cimentar una serie de reglas que conceden prerrogativas y derechos a los grupos sociales, el medio fueron las armas, pero el fin fue la conformación de una institucionalidad benéfica para todos los mexicanos de hace 100 años, como para los actuales.

Por esto condenamos la violencia que azota a nuestro país, ésta solamente pretende desestabilizar el desarrollo normal de la sociedad, lo cual no debe ser así, pues el pueblo goza de derechos y los cauces institucionales adecuados para solucionar cualquier conflicto en el mismo.

Por esta misma razón, señalamos con un dedo acusador a todo aquel que con afán de rememorar a la Revolución arenga a un movimiento de este tipo. En este mismo tenor, tampoco aceptamos a los llamados grupos de autodefensa, quienes excusados en su integración ciudadana pretenden hacerse justicia por su propia mano, cuando lo anterior está expresamente prohibido por nuestra Carta Magna, en su artículo 17, la cual constituye una de las bases fundamentales de la organización del Estado. GUSTAVO

De conformidad, José Antonio Caballero, de dicha prohibición se desprende una característica fundamental del Estado, consistente en el monopolio del ejercicio de la fuerza física.

Lo anterior, se justifica sosteniendo que el Estado es el responsable de mantener el orden y la paz en la sociedad y el recurso técnico empleado por la teoría del Estado. Para lograr este fin es el reconocimiento del Estado como único titular legítimo del poder.

En concordancia con lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México alza fuerte la voz para expresar que hoy en día existen las condiciones de institucionalidad suficientes para asegurar un clima de paz, solucionar los conflictos y un respeto irrestricto al estado de derecho.

Por lo anteriormente expresado, compañeras y compañeros diputados presentes, manifestamos con voz sonora la vigencia de la Revolución a más de una centuria de su inicio. Utilicemos esa historia para fincar un mejor futuro, porque quien olvida su historia está condenado a repetirla, como lo afirmara el filósofo estadounidense Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás. Señor presidente, es cuanto. Gracias por su atención, compañeros diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, diputado presidente. Antes de compartirles este posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, quiero hacer extensiva mi alegría porque hoy fue nombrada una niña originaria de Iztapalapa, la delegación que represento, como Premio Nacional de la Juventud.

Eso reivindica que Iztapalapa es una zona en donde se produce mucho talento y donde estamos orgullosos de ser lo que somos, de vivir donde vivimos y de hacer lo que hacemos por mejorar nuestras condiciones de vida. Enhorabuena Citlalli Salas Juárez, por el Premio Nacional de la Juventud 2013.

La Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo XX, que tuvo como banderas principales reivindicaciones sociales que tuvieron orígenes en las graves injusticias sociales, la desigualdad y la pobreza, que sufrían más del 80 por ciento de la población de aquél entonces.

El origen de este movimiento social fue una etapa en la que se privilegiaron los grandes intereses económicos de una clase divina, que contuvo las protestas sociales a partir de la represión y la defensa a ultranza del statu quo, con el estilo personal del mismísimo Porfirio Díaz, que a quienes no se sometían se les aplicaba la máxima presidencial: mátenlos en caliente.

Este estado de cosas no nos parece tan lejano. A más de 100 años de distancia las grandes líneas de injusticia de ayer se ven reproducidas hoy en día, con más del 50 por ciento de la población viviendo en pobreza o en pobreza extrema, una clase media que tiende a desaparecer sirviendo a la oligarquía, oligarquía que se fortalece cada vez más, que obtiene exorbitantes ganancias a costa de las miserias de las grandes mayorías.

En ese sentido, la Revolución no nos ha hecho justicia, estamos muy lejos de alcanzar mejores niveles de vida en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. Por lo que consideramos que estamos muy lejos de una verdadera celebración que nos una a todos de manera fraternal, con un mismo rumbo y un destino compartido.

Llegamos a esta celebración, como lo hicimos hace tres años con el centenario de la Revolución, sin una idea precisa del significado de este hecho histórico de la más alta relevancia. No se trata de desfiles, como el que no se quiso hacer el día de hoy, como los de antaño, sino la oportunidad de darle un nuevo contenido a esta celebración con una perspectiva moderna pero también en ejercicio de una reforma profunda de revisión histórica, y el reconocimiento honesto de sus fallas y sus desviaciones.

Aunque pareciera lo contrario, que nuestro país se dirige con una firmeza hacia el futuro, lo cierto es que no puede darse el lujo de seguir perdiendo el tiempo, dejando en el abandono a generaciones y generaciones de mexicanos que no tienen rumbo ni expectativas para sus vidas.

No se trata sino de emprender una profunda transformación social de nuestra sociedad, que revierta la ecuación de la miseria en la que la escala del crecimiento económico siempre favorece a la oligarquía.

A 103 años del inicio de la Revolución Mexicana, hoy enfrentamos una de las situaciones más difíciles en nuestra historia, la intención de un gobierno y sus aliados de entregar a empresas extranjeras y nacionales nuestro patrimonio energético, con lo que se compromete el futuro independiente de la nación.

Este cínico entreguismo nos demuestra a qué regresó el PRI. A servir a los grandes capitales extranjeros, como lo hizo en su momento Porfirio Díaz, quien olvidó su compromiso para con la patria.

No cometamos estos atropellos, la nación requiere de nuestra participación en una lógica patriótica. Les sugeriría aquí, a todas las bancadas y principalmente a la del PRI, que reivindiquen su origen patriota y popular. Consultemos a la gente sobre las reformas al 27 y 28 constitucional. No se abrogue en una decisión tan trascendente, como lo es la soberanía energética en nuestro país.

De los logros de la revolución social de 1910 queda poco o nada. No solamente no estamos en un sistema de justicia social sino en un sistema donde las conquistas sociales se diluyen, donde la brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande. El legado de los Flores Magón, Villa, Zapata y Madero ha quedado olvidado hasta en el discurso oficial, como lo demuestra el festejo oficial improvisado para una parada militar.

Este desdén del Ejecutivo federal clarifica cada vez más el rumbo que sigue su administración: un gobierno para los ricos y nada para los pobres.

El PRD estará reivindicando su propuesta de no hacer ninguna entrega de nuestra soberanía energética en las reformas del 27 y 28. Hay formas de modernizar Pemex sin privatizar, y eso es lo que proponemos a este Congreso de la Unión. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Rafael González Manríquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Víctor Rafael González Manríquez:Con su venia, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, la historia contemporánea de nuestro país es la historia de la lucha permanente entre la ampliación de las libertades democráticas y, por el otro lado, el del pensamiento autoritario y del ejercicio del poder de manera excluyente, elitista y dictatorial. Esta confrontación se ha resuelta de diversas formas y con diversos caminos en el año de 1910.

Ante la cerrazón del porfirismo diversas expresiones políticas y sociales convergieron para acabar con ese gobierno dictatorial. Este amplio movimiento social fue encabezado por un hombre que siempre creyó en los derechos ciudadanos y en la necesidad de contar con un país en el que se garantizara la libertad, la seguridad social, la estabilidad económica, el desarrollo y el progreso.

Este hombre, caudillo indiscutible del levantamiento social, fue don Francisco I. Madero, defensor siempre del derecho que tenemos los mexicanos y mexicanas a elegir de manera democrática y pacífica a nuestros gobernantes.

Madero reivindicó el sufragio efectivo, y ante los 34 años del gobierno porfirista insistió tesoneramente en la no reelección. Cuando los caminos se cerraron a la sociedad mexicana para hacer valer sus derechos, y sólo entonces, Madero convocó a la lucha armada. Que nadie dude que el apóstol era un hombre de paz y al mismo tiempo un hombre que no dudó un segundo en convocar a la lucha armada cuando consideró que todos los caminos se habían cerrado.

Sufragio Efectivo, No Reelección fue la bandera del maderismo. En Acción Nacional nos consideramos herederos de ese maderismo que durante años insistió ante la dictadura para que se respetara el sufragio, ese maderismo que una y otra vez convocó a la sociedad a no claudicar en la exigencia del respeto al derecho a elegir de manera democrática a sus gobernantes, y que nunca se sintió derrotado ni ante las medidas fraudulentas de la dictadura ni ante la represión.

En este aniversario queremos recordar las palabras de don Manuel Gómez Morín, refiriéndose a la Revolución Mexicana y a nuestro partido, en 1965 señaló con precisión: Muchos de los miembros del PAN nacieron durante o después de la Revolución, muchos tomaron parte en ella. Y señaló sin titubeos— Puedo hablar con cierta autoridad de la Revolución porque aunque nunca tuve un rifle en la mano, ni lo hice en los campos de batalla, creo que contribuí en algunos de los aspectos principales de la Revolución, por ejemplo, en la instauración de un nuevo orden económico en México, me tocó desde muy joven trabajar en esas cosas y es un orgullo para mí haber participado en la primera reforma fiscal, en la introducción de sistemas nuevos como el impuesto sobre la renta, en la formación de un régimen de presupuestos y de Ley de Ingresos moderno y eficaz, en la creación del banco central, en la organización del primer banco de crédito agrícola.

Todos esos pasos importantísimos en la marcha de México para su crecimiento, de los que la Revolución se enorgullece con razón.

También Gómez Morín señaló que revolución e institucional son dos términos que lógicamente se excluyen, y no se equivocó, el tiempo demostró que cuando las ambiciones de caudillos y generales de pensamiento limitado accedieron al gobierno, la Revolución fue bloqueada hasta convertirse en un régimen basado en un presidencialismo autoritario que eliminó durante casi 70 años a los otros poderes de la Revolución, así como al federalismo y a la mayoría de las libertades democráticas.

En ese mismo año de 1965, Gómez Morín declaró en la célebre entrevista con los investigadores Wilkie: nosotros no creemos que se haya cumplido con la Revolución, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social. En lo político lo único subsistente de los ideales revolucionarios es la no reelección; en lo económico no tenemos una economía integrada, hay una inmensa mayoría de la población que está fuera de la economía nacional.

Todo el sector campesino, desde luego, está aislado, no se ha integrado a la vida económica, así contemplaba el fundador de nuestro partido la tragedia nacional en la que desembocó la Revolución iniciada por don Francisco I. Madero. Herederos de los ideales y de la mística maderista en la lucha política, los panistas desde nuestros orígenes insistimos en el camino electoral y en la lucha por el sufragio efectivo.

En la década de los ochenta del siglo pasado, a fuerza de sufragios abrimos la llamada transición a la democracia y con el nuevo siglo, en el año 2000 iniciamos la consolidación de un régimen de amplia democracia, seguridad y desarrollo social y humano y de una economía equilibrada, con finanzas sanas.

Existe una estrecha relación entre los postulados maderistas de 1910 y los logros de este nuevo régimen político iniciado en el año 2000, porque a partir de esta fecha se hicieron realidad aquellos postulados que habían sido abandonados por un régimen priista que atentó contra la nación durante muchas décadas.

Hoy, a 103 años del inicio de la gesta maderista, los demócratas tenemos grandes retos y compromisos con el país. Es urgente e impostergable dotar a México de las bases políticas y económicas para que podamos garantizar un desarrollo democrático, sustentable y de alta calidad a todas las niñas, niños, hombres y mujeres de nuestra nación.

Señoras legisladoras y señores legisladores, hoy ya no es la vía de las armas la que abrirá las puertas de las libertades democráticas y muy por el contrario, es el uso de la política como herramienta para el diálogo, los consensos y los acuerdos.

En ésta gran transformación que estamos dando al país con la serie de reformas estructurales hemos demostrado que sí es posible salir adelante. La reforma laboral, la reforma educativa y el conjunto de leyes que esta Legislatura ha aprobado en los recientes meses son avances indiscutibles.

Hoy nos espera la gran reforma política y la gran reforma energética. En Acción Nacional estamos convencidos que el diálogo franco, honesto, argumentativo, reflexivo y democrático, es el camino para lograr la aprobación de ambas reformas.

Ésta será, sin lugar a dudas, la mejor y mayor conmemoración de la gesta heroica iniciada por la sociedad mexicana hace 103 años. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la voz la diputada Angelina Carreño Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Angelina Carreño Mijares:Buenas tardes. Con el permiso de la Mesa. Conmemorar la Revolución Mexicana significa evocar una época en la que las principales fuerzas políticas de nuestro país reconocemos nuestro pasado.

Hoy, a 103 años del inicio de la revolución que sacudió al país y definió su perfil como nación en el siglo XX, nos proyectamos juntos las mismas fuerzas políticas, juntos hacia el porvenir.

Este aniversario tiene un significado muy especial para quienes militamos en el Partido Revolucionario Institucional, ya que el proyecto de transformación nacional del presidente Enrique Peña Nieto recoge sin duda la vocación social, principalmente el ímpetu transformador, que distinguió la primera revolución social del siglo XX.

Si algo hemos aprendido de nuestro pasado heroico es que el camino del autoritarismo, la negación a la participación democrática, la injusticia económica y las soluciones de fuerza conducen sin duda a la violencia y a la inestabilidad prolongada.

Hemos aprendido dolorosamente que la historia no se repite; que cada época tiene no sólo nuevos protagonistas, sino nuevos problemas, nuevas exigencias para quienes asuman como vocación el cambio progresista y transformador.

Refrendamos que las revoluciones de nuestro tiempo efectivamente —lo decía mi compañero de Acción Nacional, lo ratificaba mi compañera del Partido de la Revolución Democrática— son pacíficas y se conducen mediante las instituciones, por lo que apoyamos una transformación que se sustente en las reformas legislativas que compartimos; las reformas necesarias e impostergables que se han traducido en grandes acuerdos y en amplias coaliciones políticas, así como en una voluntad que ha resultado en beneficios para las familias mexicanas.

Me congratula y nos congratula como grupo parlamentario escuchar las voces de la izquierda que aportan, y que en estos tiempos dicen que acordar no supone claudicar a nuestros principios ni comprometer nuestra autonomía política. Esta actitud nos ha permitido avanzar. Si algo hemos aprendido de nuestro pasado heroico es que efectivamente debemos realizar esas transformaciones juntos.

Si hacemos un examen desapasionado de nuestro legado posrevolucionario podremos asumir como saldo que la mayor parte de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana se distinguieron por la capacidad de crear instituciones, instituciones necesarias en su tiempo, mismas que hoy requieren ser transformadas, revolucionadas en sí y replanteadas en su interior para seguir sirviendo a los tiempos modernos.

A diferencia de 1910 hoy somos una sociedad moderna, democrática, plural, con capacidad de cambio y adaptación a la realidad mundial, con una exigencia colectiva de innovación y reforma. A los políticos nos ha quedado claro que cuando mostramos incapacidad al cambio y a la evolución, es la gente, es la ciudadanía quien nos cambia a nosotros.

Por eso también celebramos las voces de la derecha que hoy llaman al replanteamiento institucional; llaman al esfuerzo y al valor comprometido. Eso también es revolucionario y es un espacio, sin duda, de coincidencia.

Nuestra revolución, la de los mexicanos, no ha sido una ruta de construcción lineal y no ha estado exenta de incertidumbres. Tenemos el gran reto de que juntos logremos mantener el rumbo de la nación y proyectarla hacia nuevos horizontes de transformación, horizontes de grandeza, porque la nación mexicana no merece menos; merece grandeza, grandeza en sus instituciones y grandeza en su identidad nacional.

Y es en torno a este objetivo básico que ha sido posible que las principales fuerzas políticas del país respondieran a la convocatoria del Ejecutivo, pero sobre todo respondieran ante la demanda de acuerdos de nuestra sociedad para integrar el Pacto por México y hoy transformar al país.

Con acuerdos políticos y legislativos, con acuerdos en paz y con una decidida vocación democrática se ha avanzado en las reformas fundamentales para el bienestar presente y futuro de los mexicanos, resultado de la capacidad colectiva de nuestro trabajo, porque soñamos con una nación próspera y segura, pero también nos toca construirla juntos.

Señoras y señores diputados, los actos de incontables revolucionarios valerosos nos dejan una clara lección histórica. Repensemos el México de 1910, de 1913 y los grandes cambios legislativos que aportaron a este país esa legislatura; los cambios de 1917 y los constitucionalistas de esa época.

Repensemos en la historia escrita y sus hechos, porque esta historia reside en nosotros, reside en lo que somos y reside en lo que representamos. Ésta es la capacidad y fuerza de la transformación que liberará a México de las ataduras que impiden su crecimiento y pleno desarrollo para ser la nación justa e incluyente que se plantearon las mentes más lúcidas de hace más de un siglo.

Hoy la confianza que nos ha brindado la ciudadanía debe estar al servicio del interés superior de México.

Sumémonos en una capacidad plural y colectiva de transformación. Lo conseguiremos solamente si somos capaces de fortalecer los acuerdos políticos, de mantenernos unidos en lo fundamental para luchar contra los verdaderos enemigos de este país. Los verdaderos enemigos de la libertad y de la grandeza de México son el hambre, la marginación, la desigualdad y la pobreza. Esos son nuestros verdaderos retos a vencer.

Pensar en la Revolución Mexicana es evocador de una época, de una época que nos inspira; pero también es una invitación, una invitación a la unidad en el logro de objetivos desde todas las visiones y desde la pluralidad de la convicción particular de cada uno.

Los revolucionarios de hoy son las grandes mujeres que cambian a México buscando su inclusión y luchan a diario por la igualdad. Los revolucionarios de hoy son los grandes hombres que se sobreponen a los retos diarios con entusiasmo y que deciden trabajar productivamente para este país. Los revolucionarios de hoy son nuestros niños y niñas que eligen el camino de los libros y escriben las historias de éxito al interior de nuestras familias. Ellos son los dueños de la verdadera grandeza de México.

Cierro mi intervención con la frase de un gran revolucionario que generalmente ha inspirado a las fuerzas de izquierda, pero lo bueno de las ideas y de las ideologías es que son democráticas y nos pertenecen a todos. Este revolucionario nos dijo que un verdadero revolucionario está guiado principalmente por grandes sentimientos de amor, de amor a la justicia y a la verdad.

Es tiempo de que nos convoquemos a unirnos en este gran amor por la mejor de las causas, la causa de nuestra gran nación. Que vivan los hombres y mujeres revolucionarios de México, que viva la revolución que está en todos los ciudadanos de este gran país. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

Quiero dar la más cordial bienvenida y saludar la presencia del presidente municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, Porfirio Loeza, que está aquí invitado por el diputado Víctor Díaz Palacios. Bienvenido a la sesión. También a un grupo de alumnos del posgrado de derecho de la UNAM que hoy nos acompañan. Bienvenidos todos y todas a la sesión.

Continúe la Secretaría con las declaratorias de publicidad.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 78, y adiciona el 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 85 y demás relativos y aplicables  del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 14 de febrero de 2013, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 27 a la Ley General de Vida Silvestre.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa, turnándola a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen.

3. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 20 de marzo de 2013, el senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 78 y adiciona el artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre.

4. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa, turnándola a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para su análisis y dictamen.

5. En virtud de que ambas iniciativas con proyecto de decreto, versan sobre la misma materia al compartir el objetivo de garantizar el trato digno y respetuoso de los ejemplares de la vida silvestre que viven en condiciones de confinamiento, las comisiones unidas estimaron oportuno dictaminar en conjunto a efecto de complementar y armonizar el sentido de las disposiciones a reformar y adicionar.

6. En reunión de las comisiones unidas dictaminadoras, celebrada el 10 de abril de 2013, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

7. En sesión plenaria de la Cámara de Senadores, efectuada el 1 de octubre de 2013, se aprobó el proyecto de decreto que reforma y adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 27, y reforma al artículo 78 y adiciona el artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre; asimismo, se remitió el expediente con la minuta correspondiente  a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto en la fracción A) del artículo 72 constitucional.

8. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 3 de octubre de 2013, la Mesa Directiva dio cuenta al pleno con la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 27, y reforma al artículo 78 y adiciona el artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre.

9. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó trámite a la minuta, turnándola a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo enviado por el Senado de la República, expresa el siguiente:

II. Contenido de la minuta

La primer iniciativa promovida por la senadora Silvia Garza Galván, tiene tres objetivos fundamentales y el primero consiste en salvaguardar la seguridad de la sociedad civil ante eventos que involucren ejemplares o poblaciones de vida silvestre exóticos que por su biología o condiciones de manejo tengan efectos negativos y peligrosos para el hombre; el segundo se refiere a desincentivar la posesión de dichos ejemplares en confinamiento que no sea óptimo para su bienestar, y el tercero se deriva de optimizar la eficiencia de los recursos públicos destinados al cumplimiento de los dos objetivos anteriores.

Estiman que para la consecución de tales objetivos es conveniente condicionar el legal confinamiento de los ejemplares y poblaciones exóticas a condiciones y a un plan de manejo aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para garantizar la seguridad a la sociedad civil, así como observar la dignidad y respeto de los ejemplares y, en caso de derivación a un inadecuado manejo o evento que ponga en riesgo a la población civil, sean reubicados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Propone también que los gastos de traslado y manutención durante la vida del ejemplar sean asumidos por el propietario, poseedor o responsable.

Indica la colegisladora, que a nuestro país llegan especies de animales denominados exóticas que bajo un correcto y profesional sistema de manejo y control, por lo que no representaría ningún riesgo de la especie, de ejemplar o el ser humano; sin embargo, se observa que la problemática radica en la posesión de fauna exótica, que por el desconocimiento de las características biológicas, fisiológicas, anatómicas así como los procesos de desarrollo, presentan modificaciones físicas y de comportamiento ponen en riesgo a los posesionarios, propietarios y a cualquier persona.

Ahora bien, la iniciativa promovida por el senador Jorge Emilio González Martínez, tiene como objetivo fundamental garantizar trato digno y respetuoso a los ejemplares de vida silvestre en confinamiento a través de la creación de una figura de manejo que considere los elementos mínimos necesarios para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que les pudiera ocasionar durante su confinamiento. El objetivo de esta iniciativa empata con el segundo objetivo de la iniciativa de la senadora Silvia Garza Galván, sin embargo, pese a que esta última se encuentra dirigida solamente a ejemplares de especies exóticas, y dada la amplitud de la problemática de maltrato animal, el trato digno y respetuoso es asequible a ejemplares de especies nativas también.

Refiere el senador que a nuestro país se le considera dentro de las 17 naciones con mayor diversidad biológica en el mundo, pues en conjunto los llamados países megadiversos alojan 70 por ciento de las especies descritas del planeta , correspondiendo a México 108 mil 519 especies, 23 mil 424 plantas vasculares; mil 096 aves; 804 reptiles; 535 mamíferos y 361 anfibios.

Indica que esta gran diversidad natural se ha deteriorado debido a que el hombre ha producido impactos negativos en los ecosistemas, los cuales se pueden diferenciar en dos tipos: indirectos (destrucción y modificación del hábitat) y, directos (sobreexplotación de vida silvestre). Como ejemplos de los primeros se pueden citar el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas, ganaderas y urbanas; la sobreexplotación de recursos, y la contaminación del suelo, el aire y el agua. Para los segundos, las practicas cinegéticas irresponsables; y el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres. Como un ejemplo para ambos tipos de impacto, podemos mencionar la introducción de especies exóticas.

Comenta que muchas especies de vida silvestre se ven afectadas en sus poblaciones y/o en su variabilidad genética, o bien, se encuentren bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 PROTECCIÓN AMBIENTAL-ESPECIES NATIVAS DE MÉXICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES-CATEGORÍAS DE RIESGO Y ESPECIFICACIONES PARA SU INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN O CAMBIO-LISTA DE ESPECIES EN RIESGO. A saber: Probablemente extinta en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazada y sujeta a protección especial o en el peor de los escenarios, se extinguen.

Destaca que los zoológicos se han convertido en una herramienta para conservar la diversidad biológica ex situ, preservación, estudio, reproducción e incluso reintroducción-repoblación de especies de vida silvestre, particularmente de aquéllas que se encuentran en alguna categoría de riesgo; así como para promover la educación y sensibilización del público que los visita; de ahí, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dentro de su Programa Nacional de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, integró como estrategia el Subprograma Nacional denominado Inspección a Zoológicos, cuyo objetivo es verificar mediante actos de inspección el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente relativa al registro y operación de los zoológicos reconocidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Asegura que con la aplicación del subprograma se pretende elevar el nivel de cumplimiento de la legislación en la materia, para el bienestar de los ejemplares confinados, brindando de esta forma atención eficaz al total de denuncias ciudadanas relacionadas con el trato digno y respetuoso otorgado a los ejemplares en los zoológicos. En ese orden de ideas, cabe destacar que durante los actos de inspección se verifica la legal procedencia, las medidas adoptadas para garantizar el trato digno y respetuoso de los ejemplares de vida silvestre albergados en ellos. Los resultados que la Profepa ha informado desde el inicio del Subprograma en 2009, son que ha logrado inspeccionar el 81 por ciento de los zoológicos registrados ante la Semarnat, ubicados en 31 entidades federativas, y se han verificado un total de 28 mil 377 ejemplares, 307 productos y 106 subproductos de fauna silvestre. Resalta que el subprograma contempla la atención de 100 por ciento de las denuncias ciudadanas recibidas ante la Profepa relativas al trato digno y respetuoso de los ejemplares en los zoológicos del país.

Indica que, aún cuando los zoológicos del país cuentan con un plan de manejo y cumplen con la responsabilidad que les marca el último párrafo del artículo 131 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, relativo a la actualización anual de datos e información de sus colecciones, y que la Profepa tiene en vigencia el Subprograma Nacional de Inspección a Zoológicos, se han detectado casos en los que no sólo se violenta la ley, sino que también se ha puesto en peligro la integridad física de los ejemplares que tienen bajo su resguardo y en ocasiones con desenlaces fatales, causando baja en sus colecciones; lo anterior por realizar un mal manejo y nulo trato digno y respetuoso, mediante:

1. Inadecuadas instalaciones de confinamiento;

2. Insalubres condiciones de higiene;

3. Carencia de alimentación;

4. Incorrecto traslado de ejemplares;

5. Generación de lesiones, traumatismo y dolor durante el entrenamiento de ejemplares de mamíferos marinos.

Dicha problemática es reiterativa en los denominados espectáculos públicos, entre ellos los circos, por ende, la Profepa incluyó en el mencionado Programa Nacional de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, el subprograma nacional denominado Inspección a Circos, con el objeto de verificar el cumplimiento de la legislación relativa al manejo de ejemplares de fauna silvestre en cautiverio, bajo el esquema de espectáculos itinerantes.

En ese sentido, el programa comenzó su aplicación en agosto de 2010, a fin de establecer una estrategia eficiente de inspección, que permita verificar el cumplimiento de la legislación que los regula, y aumentar los niveles de su cumplimiento, para mejorar la calidad de vida de los ejemplares que son utilizados en los actos circenses, donde son la atracción principal.

Ante tal problemática, es imprescindible reformar la Ley General de Vida Silvestre, para empatar los criterios de conservación de la vida silvestre fuera de su hábitat natural, así como para crear una figura de manejo que considere los elementos mínimos necesarios para adoptar las medidas de trato digno y respetuoso y evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo o dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante su confinamiento, traslado, exhibición, adaptación a un nuevo espacio y/o entrenamiento, entre otros.

En otro tenor, los integrantes de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura del Senado de la Republica, coinciden con los iniciadores en cuanto a los objetivos para condicionar el legal confinamiento de ejemplares y poblaciones exóticas; para garantizar el trato digno y respetuoso a los ejemplares de vida silvestre en confinamiento mediante una figura de manejo que considere los elementos mínimos para ello, y para reconocer la necesidad de maximizar la eficiencia de los recursos públicos por los efectos del aseguramiento de ejemplares de vida silvestre.

Los senadores refieren que la figura de “reparación del daño” por la vía civil no es preventiva, es decir, el evento que da origen a los daños y lesiones a la parte afectada, debe consumarse al momento de incoar la acción civil. Por ende, el espíritu de prevención plasmado en la presente iniciativa y objeto de interés público tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los mexicanos, no se actualiza en la esfera de derecho privado, por lo que consideran que la intervención de la federación es esencial.

Consideran que en la esfera de derecho público, el sentido de prevención ante eventos de la comentada naturaleza es aún incierto. La Ley General de Vida Silvestre no establece una obligación para los responsables de “Predios o instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada” (PIMVS), fuera de su hábitat natural, ni para la autoridad federal competente, la Semarnat, de contar y autorizar planes de manejo donde se puntualicen medidas que garanticen la seguridad de la sociedad civil.

Una vez analizado el proyecto de decreto contenido en la minuta enviada por la Cámara de Senadores, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

Reconocemos la gravedad que representa el problema del manejo incorrecto del confinamiento de ejemplares y poblaciones exóticas y peligrosas de la vida silvestre en forma inadecuada por diversos grupos o personas en nuestro país.

Coincidimos con la colegisladora en que, ante eventos que menoscaban el bienestar humano que tutela el Código Civil Federal, en su artículo 1929 que establece daños causados por animales, incluidas las especies de vida silvestre, que deberán ser pagados por sus dueños, si no probaren alguna de las siguientes causas:

I. Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario;

II. Que el animal fue provocado;

III. Que hubo imprudencia por parte del ofendido;

IV. Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor.

La hipótesis establecida en el artículo 1929 del Código Civil Federal, con todas sus fracciones, se actualiza con el hecho dañino provocado por animal en cautiverio, con independencia de que se trate de un animal domestico o de la fauna silvestre.

Estimamos pertinente el señalamiento por el Senado, de las disposiciones jurídicas que son base de la regulación en materia de vida silvestre fuera de su hábitat, a la disposición fundamental contenida en el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre que señala en sus párrafos segundo y tercero referentes a los planes de manejo para parques zoológicos y espectáculos públicos:

“Los parques zoológicos deberán contemplar en sus planes de manejo, aspectos de educación ambiental, de conservación y reproducción de especies, con especial atención a las que se encuentren en alguna categoría de riesgo y además deberán registrarse y actualizar sus datos ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento”.

“Todos aquellos espectáculos públicos que manejen vida silvestre fuera de su hábitat, deberán contemplar en sus planes de manejo, aspectos de educación ambiental y de conservación, con especial atención a las que se encuentren en alguna categoría de riesgo y además deberán registrarse y actualizar sus datos ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento”.

Es importante destacar lo que la ley a la letra establece, en cuanto para ambas modalidades de confinamiento de vida silvestre, coinciden sólo en dos aspectos, el de educación ambiental y el de conservación con especial atención a las especies que se encuentren en alguna categoría de riesgo, de lo cual se infiere que las disposiciones señaladas del Código Civil, no sólo comprenden los daños ocasionados por animales domésticos, sino que refiere los producidos por animales en general. De tal manera, el responsable del ejemplar dañino, deberá responder por el daño ocasionado, con independencia del origen y la especie del animal que se trate.

Por otro lado, consideramos oportunas las remisiones que se hacen a las disposiciones relativas a las atribuciones referidas en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, y que exime a los predios o instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada (PIMVS), zoológicos, museos o colecciones privadas, de requerir aprobación de sus planes de manejo por parte de la Semarnat; sin embargo en el artículo 40, incisos a) a h) y 78 de la Ley General de Vida Silvestre, se establecen que dichos predios o instalaciones deberán elaborar su plan de manejo, y aun cuando se llegare a establecer con base al numeral anterior, en ninguno de sus incisos requiere con puntualidad medidas que garanticen la “seguridad de la sociedad civil”, así como de la “dignidad y respeto” hacia los propios ejemplares.

Estimamos que la única medida de control que la ley establece para los PIMVS, de acuerdo con el artículo 131 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, es la obligación de registrarse en el padrón de la Semarnat y que el articulo en comento a la letra señala lo siguiente:

“Artículo 131.La secretaría integrará un padrón en el cual registrará las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, de especímenes de especies silvestres, así como los parques zoológicos y espectáculos públicos que manejen vida silvestre fuera de su hábitat, conforme al siguiente procedimiento:”

“Los titulares de las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, los responsables de los zoológicos y propietarios de los espectáculos que, conforme al artículo 78 de la ley, deban registrarse en el padrón, presentarán ante la secretaría una solicitud en escrito libre que contenga los requisitos previstos en las fracciones I, III, IV y V del artículo 12 del presente reglamento, además de lo siguiente:”

I.Cuando se trate de las colecciones a que se refiere este artículo, se indicarán los especímenes que integran el acervo de la colección y la información sobre el destino final de ejemplares colectados muertos en su traslado o en campo. A la solicitud se anexará:

La documentación que ampare la legal procedencia del material biológico que forme parte del acervo;

a)Las constancias foliadas en las que se integren los datos sobre el movimiento del material biológico, y

b)Las copias simples de las fichas de depósito respectivos.

II.Cuando se trate de parques zoológicos o de espectáculos públicos que manejen vida silvestre fuera de su hábitat, sus responsables o propietarios especificarán los datos de ubicación del parque zoológico o de la instalación donde se realice el espectáculo.

A la solicitud se anexará el inventario de ejemplares de especies silvestres que se manejen.

Recibida la solicitud, se entenderá que la colección ha quedado registrada en el Padrón y la secretaría expedirá la constancia respectiva dentro de los quince días hábiles siguientes.

Los titulares de las colecciones registradas deberán actualizar anualmente ante la secretaría, la información a que se refieren las fracciones I y II del presente artículo mediante un escrito libre. Una vez recibido el aviso, se entenderá que la información ha quedado actualizada en el padrón.”

Coincidimos en que de lo anterior se desprende que la periodicidad con que se actualiza el padrón de predios que manejan vida silvestre en confinamiento es de un año y la iniciativa presentada por el senador Jorge Emilio González Martínez propone ampliar dicho periodo a dos años; sin embargo, las constantes incidencias reportadas en eventos que ponen en peligro a la sociedad civil y por los casos de maltrato animal, es oportuno apegarse al periodo de un año estipulado en el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre para que los PIMVS, actualicen la información contenida en su padrón y en sus planes de manejo.

Consideramos pertinente mencionar que el riesgo de especies de vida silvestre fuera de su hábitat y en condiciones de confinamiento, representan senda peligrosidad para el ser humano, derivada de la propia biología de cada especie o de sus condiciones de manejo y que estos ejemplares no se limitan a especies de vida silvestre consideradas como exóticas, pues puede comprender a todas las especies nativas.

Consideramos importante destacar nuestra plena coincidencia  con el concepto de que los PIMV, como zoológicos, circos, espectáculos públicos y colecciones privadas donde se han suscitado eventos de daños y lesiones al ser humano, así como lo observado en situaciones de maltrato y condiciones que menoscaban el bienestar de las especies, no son considerados como una UMA Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, figura que nace en el año 2000 con la publicación de la Ley General de Vida Silvestre, siendo hasta el 30 de noviembre de 2006, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre donde surge la figura de Predios e Instalaciones que Manejan Vida Silvestre. Es entonces cuando se establece que los PIMV no se considerarán como UMAs y, a diferencia de estas, no tiene como objeto la recuperación de especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, como lo establece el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, en sus artículos 26 y 27, que a la letra indica:

“Artículo 26.Los predios o instalaciones que manejen vida silvestre de forma confinada, fuera de su hábitat natural, que no tengan como fin la recuperación de especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, no requerirán aprobación de sus planes de manejo por parte de la secretaría, y no serán consideradas como UMA en los términos establecidos en la ley. Sin embargo, deberán elaborar su plan de manejo atendiendo, en lo que les resulte aplicable, a lo previsto en los artículos 40, incisos a) a h), y 78 de la Ley.”

“Artículo 27.Quedan comprendidos en el supuesto establecido en el artículo anterior, los parques zoológicos y aquellos espectáculos públicos que manejen vida silvestre fuera de su hábitat.”

Consideramos importantes las disposiciones constitucionales, consagradas en el artículo 4 y 27, referidas al derecho de las personas a un medio ambiente sano y a la rectoría del estado sobre sus recursos naturales comprendidos dentro del territorio nacional.

Estimamos que cuando un ejemplar de vida silvestre es sustraído de la propiedad o posesión de un particular, los derechos y obligaciones sobre dicho ejemplar pasan a la federación, por lo que no existe vinculo legal alguno entre el particular y el ejemplar que obligue al primero a sufragar los gastos de traslado y manutención durante la vida del animal, por lo que resulta inviable la propuesta de establecer la obligación de pago planteada en la iniciativa de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

Resultado de lo anterior y con el objeto de mejorar la regulación de la posesión de animales, tanto especies nativas como exóticas de la vida silvestre fuera de su hábitat, que representan peligro o riesgo para la integridad física de las personas, es preciso fomentar al máximo la cultura de prevención en el manejo de animales y evitar su maltrato, garantizando la dignidad y respeto hacia ellos.

Dadas las inexistentes obligaciones de los PIMV, zoológicos, circos, espectáculos públicos y colecciones privadas, de contar con un plan de manejo autorizado por la Semarnat; la resultante problemática de las especies exóticas y especies nativas, relacionadas al riesgo humano y las condiciones de maltrato que prevalecen sobre dichas especies, así como a la extinción de los derechos y obligaciones del propietario, poseedor o responsable de un ejemplar de la vida silvestre, cuando el estado en ejercicio de sus atribuciones, lo asegura.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 78 y se adiciona el artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre

Artículo Único. Se reforman los artículos 27 y 78; y se adiciona un artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 27.El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y trato digno y respetuoso hacia los ejemplares,de acuerdo con un plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la secretaría y el que deberá contener lo dispuesto por el artículo 78 Bis, para evitar los efectos negativos que los ejemplares y poblaciones exóticos pudieran tener para la conservación de los ejemplares y poblaciones nativos de la vida silvestre y su hábitat.

Las personas que posean algún o algunos ejemplares referidos en el párrafo anterior, como mascota o animal de compañía, deberán de contar con autorización expresa de la secretaría.

Aquellos ejemplares de especies que por su naturaleza, ante un inadecuado manejo o evento que ponga en riesgo a la población civil, deberán ser reubicados por la secretaría.

Artículo 78.Las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, de especímenes de especies silvestres, deberán registrarse y actualizar sus datos anualmenteante la autoridad correspondiente en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento, y para el caso de ejemplares vivos, contar con un plan de manejo autorizado por la secretaría.

Los predios e instalaciones que manejen vida silvestre en forma confinada, como zoológicos, espectáculos públicos fijos o itinerantes, circos y colecciones privadas, sólo podrán operar si cuentan con planes de manejo autorizados por la secretaría,y además deberán registrarse y actualizar sus datos anualmenteante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

Artículo 78 Bis. Los planes de manejo a los que se refieren el artículo anterior deberán contener como mínimo los siguientes elementos:

a) Especies, número de ejemplares e información biológica de cada una de ellas;

b) Tipo de confinamiento por especie y número de ejemplares;

c) La descripción física y biológica del área y su infraestructura, y sus medidas de manejo por especie y número de ejemplares;

d) Dieta a proporcionar a cada ejemplar de acuerdo a su especie;

e) Cuidados clínicos y de salud animal;

f) Medio de transporte para movilización;

g) Medidas de mantenimiento, seguridad e higiene;

h) Aspectos de educación ambiental, de conservación y reproducción de las especies, con especial atención en aquéllas que estén en alguna categoría de riesgo;

i) Medidas para garantizar el trato digno y respetuoso durante su confinamiento, manejo, traslado, exhibición, adaptación a un nuevo espacio y entrenamiento responsable, entre otros;

j) Calendario de actividades;

k) Las medidas de seguridad civil y contingencia;

l) Los mecanismos de vigilancia;

m) Los métodos de contención a utilizar en caso de alguna emergencia o contingencia;

n) El tipo de marcaje de los ejemplares por especie, y

o) Aquellas establecidas en el reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables.

Previo a la autorización del plan de manejo, la secretaría, considerando las dimensiones, características, número de especies o ejemplares, estará facultada para constatar físicamente que los predios o instalaciones que manejan vida silvestre en forma confinada, cuenten con el área e infraestructura necesarias para su manejo, así como la capacidad técnica y operativa suficiente para ejecutar los planes de manejo.

La secretaría emitirá los requerimientos mínimos necesarios para el manejo de cada especie para su vida en confinamiento.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal contará con un plazo de dieciocho meses para armonizar el reglamento respectivo.

Tercero.La secretaría emitirá guías técnicas que establezcan los requerimientos mínimos necesarios para el manejo de cada especie en confinamiento de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 78 Bis, en un plazo de dieciocho meses.

Notas:

1. Conabio, Biodiversidad Mexicana. Pais. Conceptos Que es un país megadiverso?  En http://www.biodiversidad.gob.mx/paisquees.html. Consultada 26 febrero 2013

2. Conabio. Especies exóticas. Presentación en: http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/exoticas/doctos/presentacion.html. consulta 27 febrero 2013.

México, DF, a 23 de octubre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica),  Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE VIVIENDA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

En virtud del análisis y estudio de la propuesta mencionada, esta Comisión Legislativa, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I,  158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta Soberanía el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

1. En el capítulo de “Antecedentes”, se da cuenta del trámite del proceso Legislativo, desde la presentación de la iniciativa, el estudio, discusión y dictaminación  en comisiones hasta su aprobación por el Pleno del Senado de la República.

2. En el capítulo correspondiente a “Contenido de la minuta”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

3. En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

1. Antecedentes

Primero.En sesión celebrada en el Senado de la República el 4 de diciembre de 2012, el senador Fernando Herrera Ávila integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Pleno de la Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al Artículo 71 Ter, de la Ley de Vivienda.

Segundo.Esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondientes.

Tercero.Las comisiones unidas determinaron en el proceso de dictaminación, ratificar la adición al artículo 71 de la Ley de Vivienda planteada en la iniciativa debido a que su redacción no cumplía con las características de generalidad, obligatoriedad, permanencia y abstracción, que toda ley general debe guardar como es el caso de la Ley de Vivienda.

Cuarto.Con las modificaciones correspondientes, el 23 de abril de 2013 en sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores fue aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, que contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo artículo 71 de la Ley Vivienda, recorriéndose el subsecuente en su orden, el cual fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Quinto. El 24 de abril de 2013, el citado proyecto de dictamen fue aprobado por Pleno de la Cámara de Senadores, mismo que fue remitido para los efectos del artículo 72 Constitucional a la Cámara de Diputados En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, remitió el expediente con la Minuta correspondiente a esta Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Sexto.En sesión ordinariade esta Cámara de Diputados del 29 de abril de 2013, la Mesa Directiva turnó el expediente con la minuta proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo artículo 71 de la Ley Vivienda a la Comisión de Vivienda, para su estudio y dictamen procedente.

De acuerdo a los antecedentes mencionados, nuestra colegisladora fundó el dictamen contenido en la citada minuta, en los motivos que se describen a continuación:

2. Contenido de la minuta

La minuta tiene como propósito impulsar la explotación en las viviendas y zonas habitacionales las llamadas “energías limpias”, para beneficio no sólo del medio ambiente, sino de las finanzas de las familias mexicanas y fomentar la cultura de su uso.

Este propósito es cada vez más necesario, dado que el desmesurado y dependiente consumo de las combustibles convencionales fósiles como el carbón, el petróleo y el gas han producido graves problemas de contaminación, asociados a los gases de efecto invernadero.

Se menciona que hace apenas tres décadas hablar de viviendas “verdes” o “ecológicas” que utilizaran el agua de lluvia, reciclaran en agua, usaran calentadores solares y sistemas alternativos de energía, parecía algo ilusorio. Solo se podía entender ese uso de tecnologías limpias en las naciones desarrolladas. Sin embargo, el efecto globalizador ha permitido que las naciones en desarrollo no permanezcan al margen de ese proceso.

En tal sentido, México ha realizado importantes progresos técnicos y ha avanzado en la actualización del marco jurídico, al implementar la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que fundamenta la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Agrega la minuta que mediante tal Estrategia el Estado Mexicano impulsa las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias y promueve la eficiencia y sustentabilidad energética, a fin de reducir la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.

En nuestro país existen experiencias en el caso de viviendas sustentables, donde las edificaciones utilizan materiales antirreflejantes que permiten mayor autorregulación del clima interno, incorporan accesorios para el ahorro y utilización del agua, el calentamiento solar del agua, el reciclaje de los residuos y la iluminación eficiente con focos ahorradores y paneles solares.

Por lo anterior, el Senado de la República determinó que estas medidas deben ser consideradas por los organismos rectores de la política de vivienda del Estado Mexicano y por los desarrolladores inmobiliarios, que aunque requieran tal vez de una mayor inversión, otorgan una mayor plusvalía a las propiedades y generan un mayor ahorro para las familias que habitan las viviendas pero, sobre todo, traen consigo un mayor cuidado y mejoramiento del medio ambiente.

Las comisiones dictaminadoras, determinaron modificar la redacción propuesta en la iniciativa, que expresaba: “Asimismo, promoverá el uso de energías renovables a través de la instalación de sistemas de captación solar para el calentamiento de agua y sistemas fotovoltaicos para suministro de electricidad, además de las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda; así como el diseño y envolventes térmicos, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.” ,por el texto siguiente:

Artículo 71. ...

Asimismo, promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.

...

Esta modificación, se elaboró con la finalidad de que la adición se ajuste a las características degeneralidad, abstracción y mayor permanencia posible, que conforme a la doctrina jurídica debe contener toda ley general, como es el caso de la Ley de Vivienda.

Asimismo, se señala que con esta redacción la Ley de Vivienda posibilitará el cabal aprovechamiento todas las ecotecnologías que existen -y que puedan existir en el futuro- en la construcción de las viviendas, ya sea como energía térmica solar, como energía fotovoltaica o como los sistemas pasivos de la arquitectura solar para crear confort térmico.

Concluye la minuta, que en los próximos años se espera la construcción  de un millón de viviendas al año, por lo tanto sí contaran con las aplicaciones de las energías limpias significaría para el país un ahorro importante de energía tradicional y para las familias un ahorro económico.

De acuerdo con lo anterior es que esta honorable Comisión de Vivienda hace las siguientes:

3. Consideraciones

Primera.Derivado del análisis de la minuta, los integrantes de la Comisión de Vivienda, comparten el interés de la colegisladora por impulsar la utilización de las “energías limpias” para beneficio, no sólo del medio ambiente, sino de las finanzas de las familias mexicanas y fomentar la cultura de su uso.

Segunda. Que efectivamente los sistemas y equipos para el aprovechamiento de las energías limpias, hasta hace poco tiempo solo estaban al alcance de los países desarrollados. Sin embargo, el efecto globalizador ha permitido que las naciones en desarrollo no permanezcan al margen del uso, aplicación y hasta fabricación de algunos equipos. Coincidir

Tercera.Que esta Comisión juzga la adición de un segundo párrafo al artículo 71 de  Ley de Vivienda, ya que armoniza y complementa este ordenamiento con lo dispuesto en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la cual regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias.

Cuarta.Que la adición referida contribuirá a incentivar el uso y la aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables, la eficiencia y el ahorro de energía, así como a promover y difundir el uso y la aplicación de tecnologías limpias en el uso doméstico, propósitos de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía”, plasmados en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Quinta.Que toda vez que existen programas federales impulsados por la Comisión Nacional de Vivienda y el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores orientados a promover el uso de energía renovable por medio de distintas soluciones tecnológicas de acuerdo a las condiciones de suelo y de bioclima de cada región, esta comisión dictaminadora estima que la Minuta en comento vendrá a robustecer en los organismos nacionales, estatales y municipales de vivienda el uso de las ecotecnologías en las casas-habitación.

Sexta.Esta comisión dictaminadora coincide en quelas medidas planteadas en la minuta en comento, deben ser incluidas en los programas y estrategias de los organismos rectores de la política de vivienda del Estado mexicano y por los desarrolladores inmobiliarios. Tales medidas si bien, requieran de una mayor inversión, favorecen en cambio, un incremento en la plusvalía de las propiedades y, a la vez, generan un importante ahorro para las familias que habitan las viviendas y traen consigo un mayor cuidado y mejoramiento del medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Vivienda se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda

Único.Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 71. ...

Asimismo, promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 29 de octubre de 2013.

La Comisión de Vivienda, diputados:Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), presidente; Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Tomás López Landeros, Abel Guerra Garza (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica), secretarios; Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), Lázara Nelly González Aguilar, (rúbrica) José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Noé Barrueta Barón (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica) Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero, Norma Ponce Orozco (rúbrica) Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Brasil Alberto Acosta Peña, Josefina Salinas Pérez, Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), María Eugenia de León Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE VERTIMIENTOS EN LAS ZONAS MARINAS MEXICANAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y análisis la minuta de la Cámara de Senadores correspondiente a la iniciativa del Ejecutivo federal que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

Con fundamento en lo dispuesto por los 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Comisión de Marina somete a consideración de esta soberanía el presente Dictamen con base en los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión celebrada el 25 de octubre de 2012, la Cámara de Senadores recibió del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas y turnada a las Comisiones Unidas de Marina, y de Estudios Legislativos, Segunda, para estudio y dictamen.

2. En sesión ordinaria del 29 de abril de 2013 fue aprobado por unanimidad en el pleno en del Senado de la República el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas y remitida a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

3. Con fecha 3 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta en comento, la cual fue turnada a la Comisión de Marina para dictamen, con opinión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

4. La Comisión de Marina realizó diversos trabajos con el propósito de analizar el contenido de la Minuta, integrando la opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y como resultado de los consensos alcanzados, se formula el presente dictamen con modificaciones que recoge el espíritu del debate y las expresiones de los legisladores.

Consideraciones

Primera.De conformidad con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos, según su propia normativa en materia de medio ambiente, pero también tienen la responsabilidad de asegurar que las actividades que realicen dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño al ambiente, y no sean contrarios a las propias disposiciones internacionales en la materia.

Segunda. Hoy por hoy se ha incrementado el aprovechamiento de las aguas marinas para la transportación marítima, la extracción de hidrocarburos y recursos minerales, para el turismo, la producción de energía, la pesca, la acuacultura, entre otras actividades, convirtiendo al mar en una vía para el desarrollo de los países ribereños; sin embargo, su explotación también ha provocado el incremento de su contaminación.

Tercera.No hace muchos años el ser humano comenzó a percatarse que el equilibrio ecológico de los mares se ha alterado por las actividades del hombre, por lo que la comunidad internacional ha promovido diversas iniciativas encaminadas a proteger el medio ambiente marino.

Cuarta.México ha suscrito diversos acuerdos internacionales en materia de protección del medio ambiente marino; destaca la ratificación del Convenio internacional sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias de 1972 y su Protocolo de 1996, con lo que nuestro país demuestra su convicción por preservar las zonas marinas mexicanas y se compromete a desarrollar sus propias políticas y promover reformas a su marco jurídico para impedir la contaminación del mar con sustancias que puedan constituir un peligro para la salud humana, dañar los recursos biológicos y la vida marina.

Quinta. Así, con base en los referidos preceptos internacionales, México cuenta con una legislación que involucra a la Secretaría de Marina en materia de protección y conservación del medio ambiente marino, como lo es:

1. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dispone la intervención de la SEMAR en patrullas de inspección y vigilancia para preservar las áreas naturales protegidas;

2. La Ley Orgánica de la Armada de México, que establece como atribución de la Armada de México, proteger los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales; realizar actividades de investigación científica, biológica y de los recursos marítimos, intervenir en la prevención y control de la contaminación marítima, así como vigilar y proteger el medio marino; y

3.El Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de desechos y otras materias, en el que se designa a la Secretaría de Marina como autoridad competente en la materia.

Sexta.Los conceptos, procedimientos, obligaciones, responsabilidades y medidas preventivas contenidas en la Ley que se dictamina, se fundamentan en el contenido del Protocolo de 1996, que a su vez se deriva del Convenio Internacional sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias de 1972, del cual México es depositario.

Séptima.La Comisión de Marina reconoce la necesidad de una Ley específica que norme el vertimiento en el mar, y advierte que el texto de la Minuta en estudio se ajusta a las normas internacionales sobre prevención de la contaminación marina de las que México forma parte, y con ella se actualiza la legislación nacional en la materia, y, lo más importante, es que se crea una norma que establece el deber del Estado de proteger las zonas marinas mexicanas.

Octava.Además, la ley que se dictamina estipula la autoridad que habrá de aplicarla; puntualiza el procedimiento para que dicha autoridad autorice el vertimiento; precisa las medidas preventivas para evitar la alteración del ambiente marino; establece las facultades de los inspectores para imponer las sanciones correspondientes cuando se incumpla con la normatividad; y, en definitiva, proporciona certeza jurídica al actuar de la Secretaría de Marina.

Novena.Así las cosas, esta comisión dictaminadora coincide en la necesidad de adoptar las medidas normativas que regulan el vertimiento, para asegurar que las actividades que se realicen en la jurisdicción o bajo control nacional, no resulten nocivas para la vida humana, el medio ambiente marino o los organismos que en él se encuentran, o bien minimizar su impacto, previa autorización de la autoridad competente y en los términos que la ley disponga.

Décima. Por eso consideramos conveniente que el vertimiento en las zonas marinas mexicanas debe estar prohibido, salvo en los casos y condiciones establecidas en la Minuta que se dictamina, y que su autorización se realice por la autoridad competente, previo cumplimiento de los requisitos que al efecto contempla la minuta en estudio.

Para contribuir al fortalecimiento de la actividad de protección al medio ambiente marino y, particularmente, a la regulación de los vertimientos en el mar, es innegable que se deben promover reformas que ajusten el marco jurídico a la realidad dominante, por lo que esta Comisión Dictaminadora comparte la inquietud de la Colegisladora; y considera que, a efecto de realizar reformas que resulten congruentes, es necesario realizar modificaciones al proyecto de decreto en estudio que en el siguiente apartado se detallan.

Décimo primera.Consideramos que los criterios que deberán observarse para el vertimiento de desechos, materiales o sustancias, se establecerán de acuerdo a lo indicado en el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de desechos y otras materias de 1972, por ser este el origen de la presente ley, previa la opinión de las diferentes dependencias con atribuciones en materia ambiental e Instituciones de Investigación científica.

Décimo segunda. Analizando, resulta necesario que anualmente se publique en el Diario Oficial de la Federación la actualización correspondiente de los criterios mencionados en la consideración anterior, y que en caso contrario sólo se realice el refrendo.

Décimo tercera. En el dictamen en comento hacemos mención que los límites máximo inferior y superior, de vertimientos desechos, materiales o sustancias, se establecerán de acuerdo a lo indicado en el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de desechos y otras materias de 1972, por ser este el origen de la presente ley y de acuerdo con lo establecido en los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-001/89 emitidos por la Sedue (DOF, 13 de diciembre de 1989), en virtud de ser una disposición nacional avalada por diferentes dependencias con atribuciones en materia ambiental, en la inteligencia de que los ordenamientos nacionales se modifican, en razón de las circunstancias o necesidades existentes.

Décimo cuarta. La Comisión de Marina observa que con la adición efectuada al artículo 57, el daño ambiental al medio marino, queda vinculado a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, independientemente que de configurarse otro tipo de responsabilidad, ya sea civil, penal o administrativa, será atendido por la autoridad correspondiente.

Décimo quinta. Analizado el contenido de la Minuta y hechas las consideraciones a la misma, la Comisión que suscribe, concluye fundada y razonadamente que resulta necesario hacer las siguientes modificaciones a su contenido en los términos que enseguida se expresan:

a)La fracción III del artículo 2, relativo a las definiciones, dice: “Incineración. La destrucción térmica de desechos u otras materias a bordo de un buque, plataforma u otra construcción en el mar para su eliminación deliberada, en las zonas marinas mexicanas, salvo que otra Ley o tratado internacional prohíba dicha eliminación. Esta definición no incluye a los residuos peligrosos, cuya incineración se rige por lo establecido en la legislación aplicable”.

De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución federal y en aras de la precisión, se propone adicionar a la redacción que el Tratado Internacional deberá ser de los que el Estado Mexicano sea parte, con lo que la fracción III del artículo 2 queda así:

III. Incineración. La destrucción térmica de desechos u otras materias a bordo de un buque, plataforma u otra construcción en el mar para su eliminación deliberada, en las zonas marinas mexicanas, salvo que otra ley o tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte prohíba dicha eliminación. Esta definición no incluye a los residuos peligrosos, cuya incineración se rige por lo establecido en la legislación aplicable.

b) El artículo 15 dice: La Secretaría por acuerdo de su titular, cuando lo considere necesario con la participación de otras dependencias de la administración pública federal e instituciones de investigación científica, podrá expedir los criterios que deberán observarse respecto de los desechos, materiales o sustancias que podrán ser objeto de solicitud de vertimiento. Acuerdo que será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En primer término consideramos que el hecho de que se establezca que dicho acuerdo, podráser expedido por la Secretaría, lo deja al arbitrio de la autoridad, como una facultad potestativa. En este sentido, estimamos que por la relevancia de sus contenidos se ha de establecer que debeelaborarse estableciendo un plazo para ello ya que ni en el texto de la ley, ni en los artículos transitorios, se señala una fecha límite para la emisión del citado acuerdo por lo que el artículo 15 queda así:

Artículo 15. La Secretaría por acuerdo de su titular, en base a lo indicado en las directrices relativas al Protocolo sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972, con la participación de otras dependencias de la administración pública federal e instituciones de investigación científica, expedirá los criterios que deberán observarse respecto de los desechos, materiales o sustancias que podrán ser objeto de solicitud de vertimiento. Acuerdo que será publicado anualmente en el Diario Oficial de la Federación.

c)El primer párrafo del artículo 16menciona que la secretaría por acuerdo de su titular, establecerá los límites máximo, inferior y superior, de vertimiento de desechos, materiales o sustancias, previa opinión de otras dependencias de la administración pública federal. Acuerdo que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, considerando lo siguiente:

La ley ya establece en su transitorio primero un término de 180 días, a partir del día siguiente de su publicación, periodo en que esta Dependencia publicará en el Diario Oficial de la Federación, los criterios y posteriormente se publicaran anualmente, por tal motivo el primer párrafo del art. 16 queda de la siguiente manera:

Primer párrafo del artículo 16. La Secretaría por acuerdo de su titular, de acuerdo a lo indicado en las directrices relativas al Protocolo sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972, así como los ordenamientos nacionales en la materia, establecerá los límites máximos, inferior y superior, de vertimiento de desechos, materiales o sustancias, previa opinión de otras dependencias de la administración pública federal. Acuerdo que será publicado anualmente en el Diario Oficial de la Federación, considerando lo siguiente:

d)El último párrafo del artículo 19 dice: “Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que la Secretaría se haya pronunciado, tendrá por efecto que la resolución a la solicitud de vertimiento se considere en sentido negativo”.

Sin embargo, el contenido del párrafo en comento no concuerda con el texto del artículo 19 ya que el referido párrafo anterior no menciona plazos, además de que el tiempo señalado para dar respuesta a una solicitud de vertimiento se encuentra claramente estipulado en el artículo 21 del proyecto en estudio; por tanto se considera conveniente la eliminación del último párrafo del artículo 19.

e)El segundo párrafo del artículo 24 dice:“El interesado se ajustará a las disposiciones que le sean indicadas. En caso de ampliación, la Secretaría analizará la solicitud en función del volumen que motive la ampliación, en cuyo caso le será resuelta en un plazo no mayor de quince días hábiles, debiendo cubrir el interesado el pago de derechos que corresponda de acuerdo con el volumen que pretenda verter y el incremento del depósito a que se refiere la fracción VI del artículo 5 de esta ley”.

Pero antes ,el Senado modificó la fracción III del artículo 5 de la iniciativa del Ejecutivo Federal, dividiendo su texto en las fracciones III y IV, con lo que las fracciones subsecuentes corrieron su numeración, hecho que originó que la fracción VI pase a ser la fracción VII; por tanto, este párrafo debe terminar diciendo: “... a que se refiere la fracción VII del artículo 5 de esta ley”.

f)Las fracciones I y V del artículo 32, relativo a las facultades del personal acreditado de la Secretaría dicen:

I. Inspeccionar cualquier obra, lugar, buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, en que se presuma la existencia de algún desecho u otras materias que vayan a ser vertidos;

V. Abordar en cualquier puerto o terminal, un buque o aeronave nacional o extranjera, que se presuma transporta desechos o materias para ser vertidos o abandonados en zonas marinas mexicanas;

De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Constitución federal, se propone adicionar en la redacción de estas fracciones lo siguiente: En cuanto a la fracción I: “en que presenten elementos o indicios que presuman la existencia de algún desecho”; y la fracción V de la siguiente manera: “ en que se presenten elementos o indicios que presuman transporta desechos o materias”, quedando las fracciones como sigue:

I.Inspeccionar cualquier obra, lugar, buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, en que se presenten elementos o indicios que presuman la existencia de algún desecho u otras materias que vayan a ser vertidos;

V.Abordar en cualquier puerto o terminal, un buque o aeronave nacional o extranjera, en que se presenten elementos o indicios que presuman transporta desechos o materias para ser vertidos o abandonados en zonas marinas mexicanas;

g)El artículo 38 dice:“La Secretaría con base en los resultados de la inspección, requerirá la información que sea necesaria que le permita ubicar tuberías, instalaciones, estructuras o construcciones submarinas que por su naturaleza y que por las condiciones en que se encuentran, pudiesen ocasionar vertimientos; en su caso, dictará las medidas preventivas..., notificándolas al interesado y otorgándole un plazo para su realización”.

Mucho del contenido de este artículo se repite en el artículo 40, cuyo texto es: La Secretaría queda facultada para requerir la información que sea necesaria que le permita ubicar tuberías, instalaciones, estructuras o construcciones submarinas que por su naturaleza y que por las condiciones en que se encuentran, pudiesen ocasionar vertimientos”.

...

Por lo anterior se modifica el contenido de artículo 38, eliminando el texto que se encuentra repetido en el artículo 40, y redactándole un nuevo texto, para quedar: “La Secretaría con base en los resultados de la inspección, podrá dictar medidas preventivas o de seguridad para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo para su realización. Dichas medidas tendrán la duración necesaria para la corrección de las irregularidades encontradas”.

Con las modificaciones del artículo 38, no es necesario modificar el artículo 40, quedando éste intacto.

h) El artículo 41, en su fracción III, dice: “Son infracciones a la presente ley las siguientes:

III. Actualizarse alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 50”.

Pero previamente el Senado adicionó los artículos 29, 30, 43 y 47, desplazando la numeración de los artículos subsecuentes, originando que el artículo 50 de la iniciativa del Ejecutivo federal pase a ser el artículo 54 del proyecto; por tanto, la fracción III del artículo 41 queda así: “Actualizarse alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 54”.

i) El artículo 42 dice:Las sanciones podrán consistir en:

I.Suspensión del permiso de hasta por 60 días;

Se propone señalar expresamente que “ las sanciones consistirán”; de igual forma en la fracción primera se deben establecer mínimos y máximos, es decir la “ Suspensión del permiso de un día hasta por sesenta días”, ya que conforme a la constitución Federal se deben establecer mínimos y máximos para evitar la vulneración de garantías, con lo que el artículo 42 queda así:

Artículo 42.Las sanciones consistirán en:

I.Suspensión del permiso de 1 día hasta por 60 días;

j)Elartículo 57 menciona que las personas que realicen un vertimiento en violación a las disposiciones legales aplicables, asumirán la responsabilidad de reparar la afectación o daño ambiental al medio marino, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante las acciones de remediación que resulten aplicables, restituyendo el ambiente marino,al estado que guardaba antes del vertimiento o cuando esto no fuere posible, mediante el pago de una indemnización que será cuantificada por la Secretaría en función de la afectación o daño causado al medio marino.

Con la adición efectuada al presente artículo, este queda vinculado a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, independientemente que de configurarse otro tipo de responsabilidad, ya sea civil, penal o administrativa, será atendido por la autoridad correspondiente, evitándose con ello un conflicto de normas como lo enuncia en su análisis la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales por lo que queda de la siguiente forma:

Artículo 57. Las personas que realicen un vertimiento en violación a las disposiciones legales aplicables, asumirán la responsabilidad de reparar la afectación o daño ambiental al medio marino, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante las acciones de remediación que resulten aplicables, restituyendo el ambiente marino al estado que guardaba antes del vertimiento o cuando esto no fuere posible, mediante el pago de una indemnización que será cuantificada por la Secretaría en función de la afectación o daño causado al medio marino.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, que suscriben y para los efectos del artículo 72, fracción e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se permiten someter a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas

Artículo Único.Se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas

Capítulo I

Objeto y Ámbito de Aplicación

Artículo 1.La presente ley es de jurisdicción federal, sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marinas mexicanas.

La interpretación de estas disposiciones corresponde, para efectos administrativos, al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Marina.

Artículo 2.Para efectos de la presente ley, se entiende por:

I. Desecho. Material o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos. En esta definición incluye a todas las categorías de residuos regulados en la legislación nacional;

II. Dragado. Retiro, movimiento o excavación de suelos cubiertos o saturados por agua, incluyendo la acción de ahondar y limpiar para mantener o incrementar las profundidades de puertos, vías navegables o terrenos saturados por agua; sanear terrenos pantanosos, abriendo zanjas que permitan el libre flujo de las aguas eliminar los suelos de mala calidad en las zonas donde se proyecta la instalación de estructuras;

III. Incineración. La destrucción térmica de desechos u otras materias a bordo de un buque, plataforma u otra construcción en el mar para su eliminación deliberada, en las zonas marinas mexicanas, salvo que otra ley o tratado internacional de los que el Estado mexicano sea parte prohíba dicha eliminación. Esta definición no incluye a los residuos peligrosos, cuya incineración se rige por lo establecido en la legislación aplicable.

IV. Ley. Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas;

V. Otras materias. Los materiales y sustancias de cualquier clase, forma o naturaleza;

VI. Secretaría. La Secretaría de Marina;

VII. Suspensión. Interrupción de forma temporal de un vertimiento en las zonas marinas mexicanas, por no cumplir con lo establecido en la presente ley, el permiso autorizado para tal acto o cuando se detecte que se está causando una alteración al ambiente;

VIII. Vigilancia. Actividad efectuada por la Secretaría para proteger las zonas marinas mexicanas, detectar la realización de actividades ilícitas o el incumplimiento a esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables en la materia;

IX. Visita de Inspección. Los actos realizados por la Secretaría para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley;

X. Zona de Tiro. Área determinada geográficamente por la Secretaría para realizar el vertimiento; y

XI. Zonas Marinas Mexicanas. Las establecidas en la Ley Federal del Mar.

Artículo 3.Es vertimiento en las zonas marinas mexicanas, cualquiera de los supuestos siguientes:

I. Toda evacuación, eliminación, introducción o liberación en las zonas marinas mexicanas, deliberada o accidental, de desechos u otras materias incluyendo aguas de lastre alóctonas, provenientes de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones;

II. El hundimiento deliberado de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones, así como las que se deriven de éste;

III. El almacenamiento de desechos u otras materias en el lecho del mar o en el subsuelo de éste desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones;

IV. El abandono de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones, u otros objetos, incluyendo las artes de pesca, con el único objeto de deshacerse deliberadamente de ellas;

V. La descarga de cualquier tipo de materia orgánica como atrayente de especies biológicas, cuyo fin no sea su pesca;

VI. La colocación de materiales u objetos de cualquier naturaleza, con el objeto de crear arrecifes artificiales, muelles, espigones, escolleras, o cualquier otra estructura; y

VII. La resuspensión de sedimento, consistente en el regreso del sedimento depositado, a un estado de suspensión en el cuerpo de agua, por cualquier método o procedimiento, que traiga como consecuencia su sedimentación.

Artículo 4.Todo vertimiento se realizará en los términos y condiciones que señala la presente ley.

Está prohibida la incineración de desechos u otras materias, en las zonas marinas mexicanas, asimismo, está prohibida la importación y exportación de desechos u otras materias para su vertimiento o incineración, por lo que toda contravención será sancionada en términos de la presente ley.

Capítulo II

De la Autoridad

Artículo 5.La Secretaría es la autoridad en materia de vertimientos y tendrá las siguientes facultades:

I. Otorgar y cancelar los permisos de vertimientos y vigilar su cumplimiento; asimismo, suspender cualquier vertimiento deliberado de desechos u otras materias que contravenga las disposiciones de la presente ley;

II. Realizar visitas de inspección y vigilancia;

III. Realizar investigaciones oceanográficas, actuaciones, emitir dictámenes y resoluciones;

IV. Determinar las responsabilidades e imponer las sanciones establecidas en la presente ley;

V. Fijar las medidas preventivas para evitar el vertimiento de desechos u otras materias que ocasionen daños o alteraciones al ambiente costero o marino;

VI. Integrar la información estadística y llevar el control de los vertimientos realizados en las zonas marinas mexicanas, así como de las infracciones impuestas;

VII. Fijar la cantidad que cubrirá el solicitante, para garantizar la reparación de los daños, perjuicios y multa que se pudieran aplicar, por contravenir las disposiciones de la Ley o del permiso mediante billete de depósito; y en su caso implementar las acciones legales, cuando la garantía no haya sido suficiente para tales efectos;

VIII. Establecer medidas para la prevención, reducción y en su caso, eliminación de los contaminantes contenidos en el material a verter o la contaminación por el vertimiento, así como los criterios para evitar que se transfieran, directa o indirectamente, los daños de una parte del medio ambiente a otra, ni transformen un tipo de contaminante en otro;

IX. Proponer el costo de los servicios que se presten para la contención, prevención y recuperación de vertimientos de hidrocarburos y sus derivados u otras substancias, conforme a las cuotas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

X. Establecer y expedir los criterios respecto de las materias o substancias que podrán ser objeto de solicitudes de vertimientos;

XI. Interpretar y aplicar las disposiciones del Protocolo 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias,1972, adoptado en la ciudad de Londres;

XII. Proponer anualmente, ante la dependencia de la administración pública federal que corresponda, el monto de los derechos que se cobrarán a los titulares de los permisos de vertimiento por el uso de zonas marinas mexicanas;

XIII. Determinar la zona de tiro, o en su caso autorizar la zona propuesta por el interesado;

XIV. Fungir como autoridad responsable ante los organismos internacionales, en materia de prevención de la contaminación de las zonas marinas mexicanas por vertimiento de residuos y otras materias, para lo cual deberá coordinarse, en su caso, con las dependencias del Ejecutivo federal que, en el ámbito nacional, tengan competencia sobre materias vinculadas al cumplimiento de los compromisos internacionales correspondientes;

XV. Participar en los foros nacionales e internacionales en materia de vertimientos, así como informar anualmente o cuando sea requerido por la Organización Marítima Internacional de los vertimientos autorizados por la Secretaría;

XVI. Dar intervención a otra dependencia del Ejecutivo federal u organismo cuando de los hechos se desprenda la posible infracción a otras disposiciones legales; y

XVII. Emitir y actualizar los formatos necesarios de acuerdo al material que se pretenda verter, considerando los avances de la ciencia y la tecnología; debiendo publicarlos en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 6.La Autoridad Marítima en materia de Marina Mercante, en términos de lo dispuesto por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que determine el hundimiento de buques, plataformas u otras construcciones en el mar, deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 7.La Secretaría, en coordinación con las demás Dependencias de la Administración Pública Federal, instituciones de investigación y de educación superior públicas y privadas, promoverá y facilitará la investigación científica y técnica sobre la prevención, reducción y eliminación de la contaminación por vertimiento de desechos y otras materias. La investigación deberá incluir la observación, medición, evaluación y análisis de la contaminación mediante métodos científicos, así como la difusión y cumplimiento de esta ley.

Capítulo III

Evaluación a Considerarse en los Vertimientos

Artículo 8.La Secretaría evaluará el origen, las circunstancias y efectos del vertimiento considerando la justificación que para tal efecto presente el interesado, en los siguientes términos:

I. La necesidad de efectuar el vertimiento, posterior a que el interesado demuestre que no es posible otra alternativa;

II. El tipo, naturaleza y cantidad de los desechos o materias que pretendan verterse y el peligro que puede representar el vertimiento para la salud humana o el medio ambiente, considerando la biota costera y marina, los recursos minerales marinos, la dinámica costera y marina, las playas y los valores económicos, recreativos, escénicos y los usos legítimos del mar, particularmente en relación con lo siguiente:

a) La transferencia, concentración y dispersión de las sustancias que se pretendan verter y sus metabolitos (bioproductos);

b) Los cambios sustanciales en la diversidad, productividad y estabilidad de los ecosistemas marinos;

c) La permanencia y persistencia de las sustancias vertidas;

d) El tipo, calidad, cantidad y concentración de los desechos a verter;

e) Alternativas en tierra y sus impactos ambientales probables, lugares y métodos para llevarlos a cabo, tomando en cuenta el interés público y la posibilidad de un impacto adverso en las zonas marinas mexicanas; y

f) El efecto que cause en los océanos y su influjo en los estudios científicos, pesca y otras exploraciones de los recursos vivos e inertes del mar.

III. El método, frecuencia y la fecha en que deberá realizarse el vertimiento;

IV. La forma de almacenar, contener, cargar, transportar y descargar la sustancia o material a verter;

V. La ubicación para el vertimiento, la distancia más próxima a la costa, profundidad en el área y técnica proporcionadas por el interesado;

VI. Los sitios predeterminados por la Secretaría para que se realice el vertimiento;

VII. La ruta que de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá seguir el buque o aeronave que transporte la sustancia al sitio de vertimiento;

VIII. Las precauciones especiales que deban ser tomadas respecto de la carga, transporte y vertimiento de la sustancia;

IX. Los pormenores del proceso de producción y de las fuentes de desechos en dicho proceso; y

X. La viabilidad de cada una de las siguientes técnicas para reducir o evitar la producción de desechos:

a) Reformulación del producto;

b) Tecnologías de producción limpias;

c) Modificación del proceso;

d) Sustitución de insumos; y

e) Reutilización en ciclo cerrado en el sitio.

Artículo 9.La Secretaría para otorgar o negar un permiso de vertimiento, además de la evaluación señalada en el artículo anterior, observará los aspectos siguientes:

I. La caracterización química, física, biológica, geológica y toxicológica de los desechos u otras materias;

II. Las características oceanográficas del sitio de vertimiento;

III. El lapso mínimo de monitoreo requerido para determinar si existieran cambios, con el fin de evitar riesgo en el equilibrio ecológico o afectaciones nocivas imprevistas;

IV. La información técnica necesaria que garantice la conservación de las condiciones iniciales del lugar de vertimiento;

V. Que el material a verter no influya significativamente en los usos actuales y otros posibles en el mar;

VI. Los antecedentes del solicitante en cuanto a cumplimiento de permisos anteriores, normas oficiales y otras disposiciones aplicables; y

VII. Que el desecho o material respecto del cual se solicita el vertimiento se encuentre regulado en alguna disposición jurídica que prohíba la forma y características del vertimiento que se solicita.

Artículo 10.Efectuada la evaluación, la Secretaría podrá indicar al solicitante, cuando corresponda, que deberá formular e implantar una estrategia para reducir la producción de desechos, auxiliándose con las instancias competentes, en cuyo caso, implementará las inspecciones necesarias a fin de verificar su cumplimiento.

Artículo 11.El interesado, al presentar la solicitud para el vertimiento de desechos u otras materias, incluyendo los materiales de dragado, materiales orgánicos no contaminados de origen natural, desechos de pescado o materiales resultantes de las operaciones de elaboración del pescado, buques, plataformas, geológicos, hierro, acero, hormigón y fangos cloacales; deberá acreditar que agotó cualquiera de las opciones de manejo integral de desechos que comprenden enunciativa y no limitativamente las siguientes:

I. Reutilización;

II. Reciclaje fuera de las aguas marinas mexicanas;

III. Destrucción de los componentes peligrosos;

IV. Tratamiento para reducir o retirar los componentes peligrosos; y

V. Evacuación en tierra, en la atmósfera y en el mar.

Artículo 12.No se otorgará el permiso de vertimiento, cuando la Secretaría advierta que existen posibilidades adecuadas de realizar un manejo integral de los residuos, que no impliquen riesgos para la salud humana o daños al ambiente, mayores a los que implicaría el vertimiento solicitado o costos desmesurados.

Para identificar las posibilidades de manejo integral de residuos, la Secretaría podrá solicitar la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando se trate de residuos peligrosos, o de las autoridades ambientales competentes, cuando se trate de residuos de manejo especial o sólidos urbanos.

Artículo 13.La descripción y caracterización tóxica, física, química y biológica de los desechos, es un requisito para determinar la procedencia de verterlos, así como para considerar lasalternativas.

La Secretaría no autorizará el vertimiento cuando la caracterización de los desechos sea insuficiente y no pueda evaluarse adecuadamente su posible impacto en la salud y en el ambiente costero y marino.

No se autorizarán vertimientos de desechos u otras materias en áreas naturales protegidas marinas y sus zonas de influencia, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en aquellas áreas que establezca la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo 14.La Secretaría, al evaluar la solicitud de vertimiento de desechos u otras materias en el mar, tomará en consideración los siguientes factores:

I. Origen, cantidad total, forma y composición media;

II. Propiedades físicas, químicas, bioquímicas y biológicas;

III. Toxicidad;

IV. Persistencia física, química y biológica; y

V. Acumulación y biotransformación en materiales o sedimentos biológicos.

Artículo 15.La Secretaría, por acuerdo de su titular, en base a lo indicado en las directrices relativas al Protocolo sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972, con la participación de otras Dependencias de la Administración Pública Federal e instituciones de investigación científica, expedirá los criterios que deberán observarse respecto de los desechos, materiales o sustancias que podrán ser objeto de solicitud de vertimiento. Acuerdo que será publicado anualmente en el Diario Oficial de la Federación.

Los criterios se definirán a partir de los componentes de los desechos, materiales y sustancias y la información disponible sobre sus posibles efectos sobre la salud humana y el ambiente marino y costero.

En el Acuerdo, se definirán los desechos, materiales o sustancias que no pueden ser objeto de vertimiento. Para esta definición se considerarán, de manera enunciativa y no limitativa:

I. Las sustancias antropogénicas tóxicas, persistentes y bioacumulables, entre otras: plásticos persistentes y demás materiales sintéticos, cadmio, mercurio, organohalógenos, organometálicos, hidrocarburos y sus derivados, cuando proceda, arsénico, plomo, cobre, zinc, berilio, cromo, níquel, vanadio, y sus compuestos de todos estos; compuestos orgánicos de silicio, cianuros, fluoruros, plaguicidas y pesticidas o sus subproductos distintosde los organohalógenos; y

II. Aquellos compuestos respecto de los cuales se disponga de información que demuestre que causan daños a la salud humana o al ambiente marino y costero.

Lo previsto en el presente artículo no constituye una caracterización de los desechos u otras materias, la cual se realizará conforme a la legislación que resulte aplicable.

Artículo 16.La Secretaría por Acuerdo de su titular, de acuerdo a lo indicado en las directrices relativas al Protocolo sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972, así como los ordenamientos nacionales en la materia,establecerá los límites máximo, inferior y superior, de vertimiento de desechos, materiales o sustancias, previa opinión de otras Dependencias de la Administración Pública Federal. Acuerdo que será publicado anualmente en el Diario Oficial de la Federación, considerando lo siguiente:

I. Los desechos que contengan determinadas sustancias, o sustancias que causen reacciones biológicas que excedan del límite superior pertinente; no se verterán en el mar, a menos que su vertimiento resulte aceptable después de haberlos sometido a técnicas o procedimientos de degradación de los componentes peligrosos;

II. Los desechos u otras materias que contengan determinadas sustancias que causen reacciones biológicas, que no excedan del límite inferior pertinente, se deberán considerar de escasa incidencia ambiental desde el punto de vista de su vertimiento; y

III. Los desechos que contengan determinadas sustancias que causen reacciones biológicas, que no excedan el límite superior pero excedan el inferior; requerirán una evaluación más detallada, con la finalidad de determinar la aceptabilidad del vertimiento.

Artículo 17.Cuando se pretenda verter volúmenes menores a tres metros cúbicos de materiales geológicos inertes no contaminados o inorgánico inertes, el interesado presentará ante la Secretaría su proyecto y ésta efectuará el análisis y de considerarlo procedente, lo exentará por una sola ocasión del trámite de permiso.

En caso de que se llegue a verter material en volumen superior al manifestado en el proyecto, se considerará como no autorizado y se hará acreedor a las sanciones previstas en la presente ley.

Capítulo IV

De los Permisos

Artículo 18.La Secretaría otorgará permiso para vertimiento a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjeras, previo el cumplimiento de los requisitos que se establecen en la presente ley, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, o en su caso, en función de la evaluación de los resultados de los estudios técnicos e información científica aplicable en la materia, que deberá presentar el interesado.

Artículo 19.Para efectuar un vertimiento se requiere de permiso otorgado por la Secretaría en los términos y condiciones que establece la presente ley, debiendo el interesado presentar lo siguiente:

I. Formato de solicitud, debidamente requisitado, firmado por el solicitante y el responsable de la operación del vertimiento;

II. Autorización en materia de impacto ambiental, expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

III. Programa del vertimiento que indique las obras o actividades a realizar;

IV. Resultado de los análisis y de la caracterización toxica, física, química y biológica de estructuras, desechos u otras materias que se pretenden verter, que se realicen conforme a la normatividad aplicable y practicados por laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación;

V. Programas de monitoreos ambientales, estudios batimétricos, hidrodinámicos y de la composición bentónica de la zona de vertimiento, antes, durante y después del mismo;

VI. Propuesta de zona de tiro, debiendo considerar los aspectos oceanográficos, biológicos, la posición geográfica, actividades de esparcimiento, belleza natural, interés cultural o histórico, importancia científica, refugios naturales; zonas de desove, reproducción y repoblación; rutas migratorias; hábitat estacionales y críticos; zonas de pesca; vías de navegación; usos tecnológicos del fondo del mar; zonas de exclusión y otros usos legítimos del mar;

VII. Comprobante de pago de derechos por concepto de trámite, estudio y autorización de vertimiento, conforme se establezca en la Ley Federal de Derechos;

VIII. Triplicado de la documentación y archivo electrónico, y

IX. Según sea el caso, conforme se establezca en el formato correspondiente, la opinión de las siguientes autoridades:

a) La autoridad municipal, respecto a la no existencia de un lugar en tierra para llevar a cabo la disposición de desechos u otras materias, incluyendo el material producto dedragado;

b) La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a la afectación al tráfico marítimo en la zona de vertimiento, las operaciones de éste o el vertimiento; y

c) La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, cuando se presuma que los materiales o sustancias a verter contienen materiales radioactivos.

La Secretaría de Salud, a petición de la Secretaría, cuando el caso lo requiera, emitirá el dictamen correspondiente respecto a la afectación a la salud humana, como consecuencia del vertimiento de desechos o materias, en los términos de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Artículo 20.El interesado presentará ante la Secretaría, la solicitud de vertimiento por escrito cuando menos con sesenta días hábiles previos a la fecha en que pretenda realizarlo, por sí o por medio de representante o apoderado legal, designando a persona con conocimientos científicos, técnicos y académicos relacionados con aspectos del medio marino; personalidad que acreditará conforme a las disposiciones legales aplicables, adjuntando la documentación que establece la presente ley.

La Secretaría revisará que la documentación se encuentre completa y cumpla con los requisitos establecidos en la presente ley. De advertir que está incompleta o que presente omisiones o irregularidades, se la devolverá al interesado, para que las subsane dentro de un plazo de quince días hábiles. Si transcurrido dicho plazo no las hubiese subsanado, la solicitud de vertimiento se tendrá como no presentada. De cumplirse con los requisitos se integrará el expediente.

Artículo 21.La Secretaría resolverá la solicitud de vertimiento en un plazo que no podrá exceder de sesenta días hábiles, dentro del cual quedan comprendidas las prevenciones y su desahogo en los términos de la presente ley.

En caso de que la Secretaría considere procedente la solicitud, previa a la expedición del permiso, le comunicará al interesado la cantidad que deberá cubrir, por concepto de pago de derechos por el uso de la zona marina mexicana.

Artículo 22.El permiso de vertimiento contendrá lo siguiente:

I. Nombre de la persona física o la denominación o razón social de la persona moral, según corresponda;

II. Volumen de los desechos u otras materias a verter expresadas en metros cúbicos;

III. Descripción de la materia o desecho a verter;

IV. Denominación del Proyecto a desarrollarse;

V. Vigencia del permiso;

VI. Situación geográfica y profundidad de la zona de tiro autorizada, así como la distancia a la costa más cercana;

VII. La cantidad que garantice la reparación de los daños, perjuicios y multa que se pudieran aplicar, por contravenir las disposiciones de la ley o del permiso;

VIII. Los términos y condicionantes que establezca la Secretaría para llevar a cabo el vertimiento; y

IX. La obligación del titular del permiso de responder por los daños al medio ambiente que pudiera ocasionar el vertimiento.

Artículo 23.Los permisos son intransferibles; toda contravención será sancionada, conforme a lo señalado en la presente ley, tanto a quien los transfiera, como a quien haga o pretenda hacer uso de ellos.

El interesado deberá tener el permiso original, en el lugar, buque, plataforma o aeronave que utilice para el vertimiento. La omisión a esta obligación será sancionada.

Los interesados contarán con un libro de registro denominado bitácora de vertimiento, que contendrá la información siguiente: fecha, hora, situación geográfica, profundidad, material vertido, volumen, método de vertido, embalaje, dirección y velocidad de la corriente, estado de la mar, dirección y velocidad del viento, temperatura y presión atmosférica, humedad relativa, temperatura del agua, nubosidad y cobertura del cielo; debiendo presentarse cuando sea requerido por la Secretaría.

La Secretaría establecerá la vigencia en el permiso, en función del tipo de vertimiento.

Artículo 24. No se otorgarán prórrogas ni ampliaciones a los permisos, salvo caso de fuerza mayor, situación técnica o financiera que afecte las actividades de vertimiento, debiendo el interesado justificarlas. La Secretaría estará facultada para calificarlas y resolver en cuanto a su procedencia o improcedencia.

El interesado se ajustará a las disposiciones que le sean indicadas. En caso de ampliación la Secretaría analizará la solicitud en función del volumen que motive la ampliación, en cuyo caso le será resuelta en un plazo no mayor de quince días hábiles, debiendo cubrir el interesado el pago de derechos que corresponda de acuerdo con el volumen que pretenda verter y el incremento del depósito a que se refiere la fracción VII del artículo 5 de esta ley.

Artículo 25.El trámite, diligencias, expedición de permisos, resoluciones y demás disposiciones que establece la presente ley, se realizará en días y horas hábiles. Quedan exceptuados de esta disposición los actos de inspección y vigilancia que practique la Secretaría en los términos de la presente ley, mismos que podrán llevarse a cabo en cualquier día y hora, sin que para ello deba mediar habilitación de días y horas.

Artículo 26.La Secretaría por si misma o a solicitud del interesado, podrá modificar los términos y condiciones del permiso de vertimiento, cuando varíen las condiciones bajo las cuales le fue expedido o se presenten hechos o circunstancias posteriores, no imputables al interesado, que impliquen modificación de los términos en que fue otorgado el permiso, conforme al procedimiento establecido en la presente ley.

Capítulo V

De las Obligaciones Adicionales en materia de Vertimientos

Artículo 27.Adicionalmente a los requisitos que establece la presente ley, el interesado deberá cumplir con lo siguiente:

I. Entregará los resultados originales de análisis que se hayan determinado conforme al tipo de material que se pretende verter, debiendo anexar cromatogramas, hojas de campo y cadena de custodia de la muestra y en cuatro puntos alrededor del mismo con un radio mínimo de una milla náutica de distancia, o la que determine la Secretaría en función del área en donde se vaya a efectuar el vertimiento, a fin de dar seguimiento a los posibles efectos del vertimiento en la zona de tiro autorizada, elaborados por un laboratorio acreditado, tres días hábiles después de finalizar el vertimiento;

II. Entregar el muestreo y análisis expedidas por el laboratorio responsable, debiendo asentar en el reporte de laboratorio la fecha, hora y coordenadas geográficas del lugar de colecta, indicando si los resultados no excedieron los límites máximos permitidos por la normatividad ambiental vigente, conforme lo señalado en el Capítulo III de la presente ley;

III. Presentará, cuando se trate de material producto de dragado, previamente a la ejecucióndel proyecto, la evaluación de los lixiviados de los lodos o sedimentos del dragado queserán vertidos al mar, debiendo tomar la muestra antes de iniciar el vertimiento al mar; asimismo elaborará un estudio de la composición bentónica de la zona autorizada;

IV. Entregará, cuando el caso lo requiera, los estudios batimétricos e hidrodinámicos de la zona de tiro, realizados dentro de los tres días hábiles siguientes al término de las operaciones de vertimiento, o dentro del tiempo que establezca la Secretaría;

V. Entregará, según el caso y por el tiempo que señale la Secretaría, un informe relativo a monitoreos ambientales, con el fin de constatar que no exista un posible daño ambiental causado por las maniobras propias de las actividades a desarrollar, así como mantener la zona en las condiciones ambientales que hasta el momento se tienen establecidas, debiendo anexar cromatogramas, hojas de campo y cadena de custodia; y

VI. Suspenderá las actividades de vertimiento ante la presencia de un fenómeno meteorológico que por su magnitud e intensidad pudiera causar daños a los ecosistemas, y procederá de la misma forma cuando el vertimiento por sí mismo provoque las mismas consecuencias.

Capítulo VI

De las Visitas de Inspección y Vigilancia

Artículo 28.Personal acreditado de la Secretaría, llevará a cabo las visitas de inspección y vigilancia para el cumplimiento de la presente ley, así como el Decreto Promulgatorio del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972.

Artículo 29.Los actos de Inspección y vigilancia se llevarán a cabo por personal acreditado de la Secretaría debidamente autorizado.

Para tal efecto se expedirá credencial oficial que acredite su personalidad, así como el oficio de comisión debidamente fundado y motivado.

Artículo 30.En caso de flagrancia o de violaciones a la presente ley, se llevará a cabo la inspección, haciéndole saber al presunto infractor el motivo de la diligencia, quedando facultado el Personal acreditado, para proceder en los términos de lo dispuesto por la presente ley.

Los capitanes, patrones de buques, piloto al mando de aeronaves, plataformas o personas que se equiparen, los encargados de la construcción de obras o de cualquier otra actividad que se realice en las zonas marinas mexicanas, tendrán la obligación de dar las facilidades al personal de la Secretaría, a fin de que se lleve a cabo la inspección, proporcionando la documentación e información que le sea requerida para el cumplimiento de esta ley, así como permitir el acceso a todas las áreas del buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, y exhibir el permiso de vertimiento y demás documentación relacionada con el desarrollo de sus actividades.

Artículo 31.En caso de denuncia por violaciones a la presente ley, el personal acreditado deberá contar con el oficio correspondiente, en el que se precise el objeto de la diligencia, domicilio o lugar a verificar, nombre, denominación o razón social de la persona física o moral, a quien se le atribuya la fuente del vertimiento, o cualquier información que se considere necesaria para la práctica de la diligencia.

Artículo 32.El personal acreditado de la Secretaría tiene facultad para lo siguiente:

I.Inspeccionar cualquier obra, lugar, buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, en que se presenten elementos o indicios que presuman la existencia de algún desecho u otras materias que vayan a ser vertidos;

II. Examinar y en su caso tomar muestras de los desechos u otras materias encontrados;

III. Requerir la documentación de embarque del material encontrado a bordo;

IV. Viajar o permanecer en el buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave que transporte los desechos u otras materias que van a ser vertidas en caso de contar con el permiso, para comprobar que se realice en el lugar autorizado;

V. Abordar en cualquier puerto o terminal, un buque o aeronave nacional o extranjera, en que se presenten elementos o indicios que presuman transporta desechos o materias para ser vertidos o abandonados en zonas marinas mexicanas;

VI. Si como resultado de la inspección y vigilancia se advierten infracciones a la presente ley, el infractor y el buque serán conducidos al puerto más cercano, con el objeto de evitar que se continúe con el vertimiento, imponiéndosele la sanción correspondiente;

VII. Cuando fuera necesario, la Secretaría, solicitará a la Capitanía de Puerto que impida el zarpe del buque, o en su caso, hará lo conducente ante el comandante del aeropuerto cuando se trate de una aeronave;

VIII. Con el objeto de evitar el vertimiento deliberado de los desechos o materias que se encuentren a bordo de un buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, se tomarán las medidas correspondientes; y

IX. Cuando se trate de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en los aeropuertos de la red nacional, el personal de la Secretaría deberá coordinar con el comandante del aeropuerto las facilidades requeridas para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 33.Durante la inspección y vigilancia el personal acreditado deberá observar lo siguiente:

I. Se identificará con la persona con quien se entienda la diligencia, mostrándole el oficio correspondiente y requiriéndole para que en el acto designe dos testigos;

II. En caso de negativa, o de que los testigos designados no acepten fungir como tales, el personal de la Secretaría los designará, haciendo constar dicha circunstancia en el acta, sin que esto afecte la validez de la inspección;

III. Cuando en el lugar a inspeccionar no se encuentre persona con quien se entienda la diligencia, se deberá asentar en el acta dicha circunstancia;

IV. La Secretaría, en el acta deberá determinar las acciones a implementarse derivadas de infracciones a la presente ley;

V. La Secretaría, en el acta deberá determinar las medidas urgentes que deberán aplicarse en caso de que el vertimiento represente un riesgo inminente de daño a la salud humana o a los ecosistemas;

VI. Concluida la inspección, se hará saber a la persona con quien se entendió la diligencia su derecho a manifestar lo que a sus intereses convenga, en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta, y para que ofrezca pruebas dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se practicó la diligencia;

VII. Se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al visitado; y

VIII. Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

Artículo 34.De todo acto de inspección, se deberá elaborar el acta administrativa correspondiente, en la que se hagan constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia. El acta que se levante deberá contener lo siguiente:

I. Lugar, hora y fecha;

II. Nombre de la persona autorizada para llevar a cabo la visita de inspección, así como el nombre de la persona con quien se entendió la diligencia;

III. Descripción del documento con el que se identificó el personal;

IV. Testigos de asistencia designados por el personal con quien se atendió la diligencia; en caso de negativa a designarlos, lo hará el inspector, haciendo constar dicha circunstancia, sin que lo anterior afecte la validez de la visita de inspección. Asimismo el personal que formule las actuaciones designará a sus testigos de asistencia;

V. Nombre de la persona física, la denominación o razón social de la empresa, artefacto naval, buque, estructura, plataforma, almacén o aeronave;

VI. Motivo de la inspección;

VII. En los casos en que así proceda, se asentará el oficio expedido por la Secretaría, que lo autorice para realizar la inspección en las zonas marinas mexicanas en materia de vertimiento;

VIII. Descripción de la documentación relacionada con sus actividades y en su caso con el vertimiento;

IX. Narración de los hechos de manera clara y concisa;

X. Descripción de los desechos, o materias encontrados;

XI. Infracciones que se hayan cometido a la presente ley;

XII. Medidas extraordinarias que se hayan adoptado, a fin de evitar se continúe con el vertimiento;

XIII. Manifestación del personal con quien se atendió la diligencia; y

XIV. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.

Sección IDe las Medidas Preventivas

Artículo 35.Son medidas preventivas las adoptadas por la Secretaría en las zonas marinas mexicanas, tendentes a evitar la contaminación o alteración del ambiente marino o afectación a la salud humana, a consecuencia de vertimiento de desechos y otras materias, incluyendo la suspensión del vertimiento.

Artículo 36. La Secretaría, en los casos de emergencia, ordenará o adoptará las medidas preventivas inmediatas que considere necesarias, a fin de que se ocasione el menor daño posible a los ecosistemas a consecuencia de vertimiento de desechos y otras materias, siendo éste el único caso que no se seguirá el procedimiento administrativo establecido en la presente ley.

Artículo 37.Las medidas preventivas que podrá implementar la Secretaría entre otras, comprenderán la destrucción o hundimiento del buque o aeronave incluyendo sus pertrechos, debiendo formular el acta correspondiente.

Tratándose de la destrucción o hundimiento de aeronaves, la Secretaría se coordinará con la autoridad aeronáutica, a fin de garantizar el manejo adecuado de las partes, componentes y materiales de las aeronaves que sean objeto de destrucción o hundimiento. Así mismo la Secretaría dará aviso al Registro Aeronáutico Mexicano para efectos de lo dispuesto por los artículos 46, fracción III, y 47, fracción III, de la Ley de Aviación Civil.

Artículo 38. La Secretaría con base en los resultados de la inspección, podrá dictar medidas preventivas o de seguridad para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo para su realización. Dichas medidas tendrán la duración necesaria para la corrección de las irregularidades encontradas.

Artículo 39.Cualquier persona que tenga conocimiento de violaciones a esta ley, lo informará de inmediato a la Secretaría, para que ésta dentro del ámbito de sus atribuciones, tome las acciones correspondientes.

Artículo 40.La Secretaría queda facultada para requerir la información que sea necesaria que le permita ubicar tuberías, instalaciones, estructuras o construcciones submarinas que por su naturaleza y que por las condiciones en que se encuentran, pudiesen ocasionar vertimientos.

La información que le sea proporcionada tendrá el carácter que conforme a la normatividad vigente le corresponda.

Sección II

De las Infracciones y Sanciones

Artículo 41.Son infracciones a la presente ley, las siguientes:

I. Omitir informar de vertimientos realizados por causas de fuerza mayor;

II. Incumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 27;

III. Actualizarse alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 54;

IV. Se incumplan las obligaciones previstas en el artículo 23;

V. No cumplir con los Acuerdos que conforme a esta ley, expida la Secretaría;

VI. No cumplir con los términos especificados en el permiso de vertimiento;

VII. Abandonar un buque, aeronave, artefacto naval, estructura o plataforma, sin informar a la Secretaría oportunamente;

VIII. Efectuar vertimientos sin la autorización de la Secretaría;

IX. Efectuar vertimientos posteriores a una suspensión;

X. Efectuar vertimientos posteriores a una cancelación; y

XI. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta ley y su Reglamento.

Artículo 42.Las sanciones consistirán en

I.Suspensión del permiso de 1 día hasta por 60 días;

II. Cancelación del permiso; y

III. Multa, la cual se determinará tomando como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de haberse cometido la infracción, de doscientos cincuenta hasta cincuenta mil días de salario mínimo, según la infracción y el daño causado.

Se sancionarán con suspensión del permiso hasta por 60 días, las infracciones previstas en las fracciones II, V y VI del artículo anterior.

Procede la cancelación del permiso, cuando el permisionario incurra en las infracciones previstas en las fracciones III y IV del artículo anterior.

Se sancionarán con multa, según la infracción y el daño causado, los supuestos previstos en las fracciones I, y de la VII a la XI del artículo anterior.

Las sanciones antes señaladas podrán imponerse, en más de una de sus modalidades.

En el caso de que haya transcurrido el plazo de la suspensión, sin que el infractor haya subsanado las irregularidades que dieron origen a la misma, la Secretaría procederá a la cancelación del permiso respectivo.

Artículo 43.Se considera reincidente, al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces el monto originalmente impuesto, así como la cancelación del permiso.

Artículo 44.Para la imposición de las sanciones por infracciones a la presente ley, la Secretaría deberá tomar en consideración las circunstancias siguientes:

I. Los riesgos o daños producidos o que puedan producirse en la salud humana; la generación de desequilibrio ecológico; la afectación de recursos naturales o de la biodiversidad;

II. La acción u omisión;

III. La reincidencia del infractor;

IV. Las condiciones económicas del infractor;

V. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven el vertimiento;

VI. En caso de que el infractor realice medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que se imponga una sanción, la Secretaría deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción, y

VII. Que se hayan cometido diversas infracciones.

Artículo 45.Las sanciones establecidas en la presente ley, son independientes de la responsabilidad penal o civil en que se incurra conforme a otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 46. Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones; en la resolución se precisarán las sanciones que se aplicarán y el concepto de cada una de ellas.

Artículo 47. Cuando el personal de la Secretaría, derivado de los actos de inspección y vigilancia, se percate de actos u omisiones que pudieran constituir delitos ambientales, formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Federación,sin perjuicio de las atribuciones que a otras dependencias le corresponden.

Se procederá de igual manera, cuando se presente documentación falsa para obtener una autorización de vertimiento.

La Secretaría proporcionará los dictámenes técnicos, cuando el Ministerio Público o las autoridades judiciales, así lo soliciten.

Sección III

Del Procedimiento

Artículo 48.Para imponer una sanción, la Secretaría deberá notificar previamente al presunto infractor del inicio del procedimiento, mediante oficio en el que se especificarán los hechos y las disposiciones legales que se consideran violadas y en su caso, las disposiciones que el permisionario debe cumplir para subsanar los daños ocasionados al ecosistema marino; para que éste, dentro del término de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que sea hecha la notificación manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas.

En caso de que el presunto infractor dentro del plazo concedido no realice manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho y la Secretaría procederá a dictar resolución dentro de los quince días hábiles siguientes, haciéndole saber el derecho que tiene para interponer el recurso de revocación, dentro del término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al que fue hecha la notificación, en el que deberá presentar por escrito sus argumentos y pruebas ante la Secretaría.

En caso de que el infractor interponga el recurso dentro del término señalado, se procederá al análisis y se emitirá resolución dentro de los quince días hábiles siguientes. En caso de no interponer el recurso, se tendrá por precluido su derecho y se procederá a cumplimentar las sanciones que le fueron impuestas.

De ser el caso, la resolución se hará del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Delegación Estatal, para la aplicación de las sanciones económicas, así como para que se haga efectivo el depósito que se haya otorgado para la expedición del permiso.

Artículo 49.El recurso previsto en el artículo anterior procederá en lugar del recurso establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo que emita la Secretaría, no admitirán recurso alguno.

Artículo 50.Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimiento de informes o documentos y las resoluciones que emita la Secretaría, se realizarán en el domicilio señalado por el imputado y con las personas autorizadas para tales efectos. El notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en la cédula de notificación, sin que ello afecte su validez.

De no encontrarse la persona que debe ser notificada, se dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere al notificador a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más cercano, debiéndose asentar tal circunstancia.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla, o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.

De las diligencias que se lleven a cabo, se deberá tomar razón por escrito de cada una de las circunstancias que se presenten.

Artículo 51.Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas.

Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación.

Artículo 52.Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir de la emisión del acto y deberá contener el texto íntegro del mismo.

Sección IV

De la Cancelación

Artículo 53.La Secretaría le notificará al interesado, o a su representante legal, la cancelación del permiso, lo cual no lo exime de las responsabilidades contraídas con terceros o con autoridades Federales, Estatales o Municipales durante la vigencia del mismo. La cancelación del permiso de vertimiento será definitiva para quien no cumpla con esta ley.

Artículo 54.Son causas de cancelación del permiso de vertimiento, las siguientes:

I. Dejar de cumplir cualquiera de las condicionantes establecidas en el permiso respectivo;

II. Que las obras o actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recursos bióticos y/o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos presentes en la zona de tiro autorizada, así como en su área de influencia, en cuyo caso el autorizado deberá instrumentar programas de compensación;

III. Cuando de la evaluación de los estudios requeridos antes, durante y después del vertimiento, se determine que estuviera en riesgo el equilibrio ecológico o se produjeran afectaciones nocivas imprevistas en el ambiente;

IV. Cuando se detecte que la información proporcionada por el solicitante fue falsa o alterada, incluyendo los resultados de laboratorio;

V. No realizar actividad alguna dentro de los tres meses posteriores a su otorgamiento;

VI. Transferir el permiso; y

VII. Incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta ley, así como en materia ambiental.

Sección V

De las Excepciones

Artículo 55.No se hará acreedor a ninguna sanción, quien haya realizado vertimiento por caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando se justifique la acción implementada a satisfacción de la Secretaría.

Lo anterior no lo exime de la obligación de reparar, compensar, remediar o restaurar los daños ocasionados por el vertimiento.

Artículo 56.Quien lleve a cabo un vertimiento por alguna de las causas señaladas en el artículo anterior, deberá rendir un informe detallado a la Secretaría, justificando la realización del mismo. La contravención a lo dispuesto en este artículo, aun tratándose de siniestros, será considerado un vertimiento y se aplicaran las sanciones que establece la presente ley.

Capítulo VII

De la Responsabilidad

Artículo 57.Las personas que realicen un vertimiento en violación a las disposiciones legales aplicables, asumirán la responsabilidad de reparar la afectación o daño ambiental al medio marino, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante las acciones de remediación que resulten aplicables, restituyendo el ambiente marino,al estado que guardaba antes del vertimiento o cuando esto no fuere posible, mediante el pago de una indemnización que será cuantificada por la Secretaría en función de la afectación o daño causado al medio marino.

Artículo 58.Ninguna persona será relevada de su responsabilidad, si la necesidad de efectuar el vertimiento para salvaguardar la vida humana en la mar o la seguridad de cualquier embarcación, artefacto naval, aeronave, plataforma u otro; se debió a negligencia de su parte.

Artículo 59.La Secretaría en coordinación con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, intervendrá para que los responsables del vertimiento cumplan con la remediación que corresponda y ejecuten acciones para prevenir la dispersión del contaminante en el medio marino.

Artículo 60.En caso de incumplimiento de la obligación de remediación, la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá ejecutar las acciones necesarias con el propósito de llevar a cabo la remediación para la recuperación y restablecimiento del ambiente marino al estado que guardaba antes de producirse el vertimiento con cargo a los obligados, quienes deberán pagar la contraprestación respectiva que tendrá el carácter de crédito fiscal y su recuperación será mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente.

Para el procedimiento económico coactivo previsto en este artículo se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

Artículo 61.Sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los responsables del vertimiento por el incumplimiento de las acciones de remediación o del procedimiento económico coactivo previsto en el artículo anterior, la Secretaría ejercerá las acciones que procedan para recuperar los costos de la remedición, así como el pago de daños y perjuicios ocasionados por el vertimiento.

Para las acciones a que se refiere el presente artículo se aplicarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y en lo no previsto en la presente ley respecto de la responsabilidad por daño o afectación al medio marino y los recursos naturales y ecosistemas que en él se desarrollan, se aplicarán supletoriamente el Código Civil Federal; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

Artículo 62.En el caso de los vertimientos realizados en contravención a la Ley en las zonas marinas mexicanas que causen daños al ambiente marino de otros Estados, los gobiernos extranjeros podrán demandar al responsable del vertimiento el pago de la remediación al medio marino, ante los tribunales mexicanos, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer los afectados ante los organismos internacionales para el pago de los daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 63.Cuando un vertimiento sea realizado en las zonas marinas de otros Estados y se produzca un daño al ambiente marino de las zonas marinas mexicanas, la autoridad facultada para representar al Estado Mexicano ante las instancias internacionales para el reclamo de la remediación ambiental y el pago de los daños, es la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Secretaría, en coadyuvancia con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecerá la coordinación respectiva para las acciones que correspondan en el ámbito de sus respectivas competencias.

Transitorios

Primero.La presente ley entrará en vigor ciento ochenta días, a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los permisos otorgados con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley, continuarán en vigor hasta el término de su vigencia.

Tercero. Las solicitudes de permisos de vertimientos, que se encuentren en trámite al entrar en vigor la presente ley, podrán ser reguladas por ésta solo en aquellas fases del trámite que no hayan sido desahogadas.

Cuarto.El impacto presupuestal que implique la puesta en operación de la presente ley, será con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Marina, por lo que no requerirá ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, hasta cubrir los requerimientos de personal, de gasto de operación, infraestructura, mobiliario y equipo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.

La Comisión de Marina, diputados:José Soto Martínez (rúbrica), presidente; Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Germán Pacheco Díaz (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, secretarios; Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Raúl Macías Sandoval, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Víctor Serralde Martínez, Uriel Flores Aguayo, Rafael González Reséndiz, Arturo Escobar y Vega.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 10 de marzo de 2011, los diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Marco Antonio García Ayala, Rodrigo Reina Liceaga, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Silvia Esther Pérez Ceballos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Atención Preventiva Integrada a la Salud.

2. Con la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 9 de febrero de 2012, se sometió ante el pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Salud, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud, aprobándose con votación de 314 a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.

4. Con la misma fecha, la Mesa Directiva, de este órgano legislativo, turnó a la Cámara de de Senadores, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

5. Con fecha 14 de febrero de 2012 se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

6. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, Primera, la minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

7. Con fecha 2 de abril de 2013 fue publicado el dictamen de primera lectura de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, en Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.

8. El 3 de abril de 2013, se presenta dictamen de segunda lectura, con modificaciones a discusión en el pleno de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.

9. En sesión celebrada el 9 de abril de 2013 de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve de conformidad con lo que establece la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual dicto tramite para que se turnara a la Comisión de Salud, para análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la minuta

La minuta pretende considerar como materia de salubridad general la atención preventiva integrada a la salud, consistente en realizar todas las acciones de promoción y protección de la salud de acuerdo con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, la cual comprenderá la atención medica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecera la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La atención medica integrada a la salud es el enfoque biopsicosocial que se le brinda a los pacientes, su familia y la comunidad, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.1

De lo mencionado se desprende que la salud, como producto social, depende de los diversos determinantes y de la respuesta social generada para abordarla, por lo que, sobre la base de este conocimiento, se empezó a enfatizar en que, además de realizar acciones preventivas dirigidas a grupos de riesgo, para proteger y mejorar el estado de salud de la población, se debe apoyar a quienes tengan la capacidad de adoptar estilos de vida saludables y participar activamente en el cuidado de su salud, la de su familia y la de su comunidad, y brindar las condiciones y requisitos para que esto tenga lugar, es decir, promocionar la salud.

Tercera. Debido a la importancia que tiene la prevención en materia de salud esta comisión como la colegisladora coinciden en la necesidad de que se implemente un modelo de atención preventiva integrada a la salud, que permitirá que la población mexicana tanga mayor acceso y mejor calidad de atención a la salud. Considerando necesario que la finalidad de la atención preventiva integrada a la salud se focalice en los riesgos de acuerdo con la edad y el sexo del paciente, para que se le pueda tratar de manera más rápida y efectiva.

Es por ello que ambas Cámaras estiman viable que dicho objetivo se adicione en el artículo 6o., fracción I, de la Ley General de Salud, para que dar como sigue:

Artículo 6o. El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

II. a IX. ...

Cuarta. En relación con la propuesta de adición de una fracción II Bis al artículo 7o., ambas Cámaras la estiman pertinente a efecto de que la Secretaría de Salud, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud promueva e impulse que las instituciones comprendidas en éste, implementen programas cuyo objeto consiste en brindar atención medica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. y II. ...

II Bis. Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

III. a XV. ...

Quinta. Por otra parte la minuta en estudio pretende modificar la fracción III de artículo 27 de la Ley General de Salud, a fin de que se consideren como servicios básicos de salud, la atención preventiva integrada a la salud, la cual se ha estimado viable por ambas Cámaras, ya que se pretende establecer lo que comprende la atención médica integrada, siendo estas las acciones preventivas de promoción y protección específica, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

I. y II. ...

III. La atención medica integral, que comprende la atención medica integrad de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, el sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

IV. a XI. ...

Sexta. No obstante, respecto a la propuesta por la cual se adiciona una fracción IX, al artículo 6° de la Ley General de Salud, la Colegisladora determino modificar la minuta, para eliminar dicha propuesta de adición. Lo anterior toda vez que el objetivo de la misma ya se encuentra establecido en la fracción XIII del Articulo 7 de la Ley General de Salud que señala:

Articulo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a XII. ...

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud;

XIV. y XV. ...

Séptima. Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión consideran que la presente minuta es procedente, toda vez que los argumentos de la propuesta de modificación que propone la colegisladora son viables.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud

Artículo Único. Se reforman los artículos 6o, fracción I; y 27, fracción III; y se adiciona el artículo 7o., con una fracción II Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6o. El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

II. a IX. ...

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. y II. ...

II Bis. Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consta en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

III. a XV. ...

Artículo 27. ...

I. y II. ...

III. La atención medica integral, que comprende la atención medica integrad de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

IV. a XI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud y todas las instituciones relacionadas, contarán con 180 días para realizar los ajustes necesarios a fin de poder otorgar la atención preventiva integrada a la salud.

Nota:

1 Acta médica costarricense volumen 49 número 1 San José enero de 2007. De la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, contribuyendo un nuevo paradigma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2013.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo, María Elia Cabañas Aparicio, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea

La Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan a la honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

I. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en fecha 16 de abril de 2013, la diputada Paloma Villaseñor Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma los artículos 3, fracción VII, y 19 fracción III de la Ley General de Desarrollo Social.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó mediante oficio 62-II-7-619 expediente 1783, el turno de la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social para su dictamen.

III. En fecha 29 de abril, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó mediante oficio 62-III-7-674 expediente 1738, la ampliación del turno para dictamen de la iniciativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables.

IV. Con base en lo anterior, las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXII Legislatura procedieron al análisis de la iniciativa y a la elaboración del presente dictamen en sentido positivo con modificaciones.

V. La Subcomisión de Discapacidad perteneciente a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados de la presente Legislatura, analizó, discutió el contenido y emitió un pre dictamen sobre la iniciativa en comento, mismo que fue turnado a esta Comisión de Desarrollo Social de manera electrónica en fecha 19 de julio de 2013.

Contenido del proyecto de decreto

I. Se propone la modificación a la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, para sustituir el término “capacidades diferentes” por el de “discapacidad”.

II. Se propone la modificación a la fracción III del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para incorporar el término de “discapacidad” y que este grupo de personas se considere prioritario y de interés público dentro del financiamiento y el gasto.

III. La proponente, explica que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los acuerdo internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Desarrollo Social, proporcionan un piso de derechos que ayudan a igualar las oportunidades para las personas con discapacidad.

IV. En la exposición de motivos, se asegura que con base en el censo 2010, 5.1 por ciento de la población del país sufre algún tipo de discapacidad y que esta condición afecta las familias en pobreza por los costos médicos y de manutención, así como la imposibilidad de incorporarse al mercado laboral. Según los datos estadísticos citados en la iniciativa, uno de cada 20 mexicanos se enfrenta a problemas de accesibilidad, marginación, vulnerabilidad e invisibilidad de su condición así como discriminación.

V. Justifica que la modificación al artículo 19 es para proteger los recursos, fondos y programas relativos a la discapacidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de que no sean disminuidos en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados.

Consideraciones

Primera. De conformidad con lo establecido en el párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la región, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” Párrafo reformado DOF 04-13-2006, 10-06-2011.

Actualmente el término de capacidades diferentes no cuenta con fundamento etimológico, médico ni académico, el diccionario de la Real Academia de Lengua Española señala que el término capacidad viene del latín capacitas, atis,mismo que tiene varios significados entre los que destacan:

I. Aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo.

II. Aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación.

Por lo tanto, todas las personas cuentan con cualidades y capacidades únicas y diferentes a otras, por lo que el término aludido califica a cualquier persona, tenga o no una discapacidad.

La Organización Mundial de la Salud ha realizado numerosos estudios para acuñar el término que mejor califique la condición de discapacidad, y superar así, las aseveraciones negativas o peyorativas que se han utilizado para referirse a este grupo de personas.

El término “Capacidades Diferentes” ha causado grandes confusiones en los ámbitos jurídicos y sociales, incluso ha implicado retrocesos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidades, por lo cual la reforma a la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, se considera procedente ya que al sustituir el término “capacidades diferentes” por el de “discapacidades” se armoniza la norma con la Carta Magna.

Segunda. La legisladora propone la modificación de la fracción III al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, al respecto, estas comisiones dictaminadoras consideran la reforma improcedente, en virtud de los razonamientos siguientes:

I. Las personas con discapacidad se encuentra implícitas en la fracción VI, del artículo 5 de la Ley en cita, cuando se define a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de la población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impide alcanzar mejores niveles de vida y, por tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar.

II. La norma vigente reúne el principio jurídico de ser general y abstracta, por lo que pretender incorporar de manera específica a las personas en condiciones de discapacidad rompe con tal principio, lo que es improcedente por técnica legislativa.

III. El artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Social señala que: El presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento de producto interno bruto en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al gobierno federal.

IV. Aunado a lo anterior, el artículo 21 de la Ley General para la inclusión de Personas con Discapacidad, señala que: La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones: Establecer medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad en todas las acciones programadas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza, en observancia de todas aquellas disposiciones que les sean aplicables de la Ley General de Desarrollo Social.

V. La reforma es improcedente, ya que los programas que en lo particular atienden a las personas con discapacidad se encuentran regulados en la ley específica de la materia. En efecto la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en cuyo artículo 33 prevé que: el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con el consejo, participarán en la elaboración y ejecución del programa, debiendo observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad establecidas en la presente ley.

VI. También se señala en el artículo 36 de la ley antes mencionada, que el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con Discapacidad tiene como objeto: la coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados, que permitan la ejecución de las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad.

VII. De conformidad con el artículo 3 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, “El programa y los demás programas de la administración pública federal en materia de discapacidad deberán alinearse al Plan Nacional de Desarrollo y atender a las obligaciones contraídas en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte en dicha materia, a efecto de favorecer a la plena inclusión de las personas con discapacidad, con base en los principios que deben observar las políticas públicas señalados en el artículo 5 de la Ley”.

Tercera. En virtud de que la Ley General de Desarrollo Social cumple con lo que la legisladora señala en las motivaciones de su iniciativa, la modificación al artículo 19 en su fracción III se considera innecesaria.

Por las consideraciones anteriores expuestas, las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables, someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:

I. a VI. ...

VII. Respecto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias;

VIII. a X. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de julio de 2013.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), presidente; Francisca Elena Corrales Corrales, Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Alejandra López Noriega, Raúl Paz Alonzo (rúbrica), Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres, Laura Barrera Fortuol (rúbrica), Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Isaías Cortés Berumen, Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa, Marco Antonio González Valdez (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba, Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica).

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno, Raquel Jiménez Cerrillo, Verónica Beatriz Juárez Piña, Roberto López Rosado, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen, la iniciativa que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada por la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La Comisión de Asuntos Indígenas, con las atribuciones que le confieren los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1 fracción II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción 1, 158 numeral 1, fracción IV, y 167 numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración’ de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes legislativos

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 29 de abril de 2013, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Segundo. Con esa misma fecha y mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-3-783, la secretaría de la Mesa Directiva dictó trámite sobre dicha iniciativa, turnándola a la Comisión de Asuntos Indígenas para dictamen.

Tercero. Con fecha 20 de mayo de 2013 y mediante oficio número CAI/169/2013, se turnó la iniciativa de cuenta a la Subcomisión de Marco Jurídico y Dictamen, para efectos de realizar el predictamen correspondiente.

Cuarto. Con fecha 22 de julio de 2013 y mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-3-876, la Mesa Directiva concedió prórroga por 90 días para emitir dictamen.

Quinto. Con fecha 5 de agosto de 2013 la Subcomisión de Marco Jurídico y dictamen aprobó el predictamen de la Iniciativa.

Sexto. Con fecha 13 de agosto de 2013, la Subcomisión de Marco Jurídico y Dictamen presentó el predictamen a la junta directiva de la Comisión de Asuntos Indígenas, de conformidad con el numeral 7 del artículo 152 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Séptimo. Con la misma fecha, fue presentado el predictamen por la presidenta de la comisión a los integrantes de la misma en la octava reunión plenaria, lo anterior con la finalidad de que fuese analizado, discutido y aprobado en la siguiente reunión ordinaria programada para el día 25 de septiembre de 2013, cumpliendo así en tiempo y forma con lo establecido en el numeral 3 del artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Contenido de la iniciativa

1. La diputada proponente argumenta que la igualdad entre los sexos significa que mujeres y hombres se encuentran en las mismas condiciones para ejercer plenamente sus derechos humanos, favorecer al desarrollo económico, social, cultural, familiar y político.

2. Que el concepto de equidad de género se refiere al principio conforme al cual los hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres y hombres en la toma de decisiones de todos los ámbitos de la vida social.

3. Considerando que en México, la equidad de género está lejos de ser una realidad, no solo las mujeres sufren desigualdad, los hombres, muchas veces también son rezagados y excluidos. en ciertas áreas, como la paternidad, trabajos de servicio y programas de salud.

4. Asimismo, afirma que el término misandria significa desprecio, minusvaloración, rechazo u odio a la figura masculina, sin embargo, no existe en el Diccionario de la Real Academia Española. De hecho, en México existen movimientos de hombres donde se lucha por la igualdad de sexos ante la ley; permiso de paternidad y víctimas de violencia doméstica.

5. Recuerda que en el 2008, se dio la primera licencia por paternidad a un empleado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con 10 días de goce de sueldo. En nuestro país son muy pocas las empresas que otorgan este beneficio a los hombres.

6. De igual forma en programas de salud, los hombres son excluidos, no hay apoyo para su beneficio; se piensa que siempre están sanos, el único programa relevante es el de cáncer de próstata, debido al incremento de muertos por esta enfermedad. Pareciera que los hombres no merecen o no requieren ayuda del gobierno, que es menos relevante que éstos se enfermen a que la mujer se enferme, y que tiene la obligación de resolver todo por sí mismo.

7. Además indica que la mayoría de las veces son las autoridades las principales promotoras’ de la desigualdad de género, donde el hombre está en desventaja, ya que se ofrecen descuentos en impuestos de predial a madres solteras o viudas, y este beneficio no aplica a hombres solteros o viudos; cuando el factor soltería o viudez los coloca en igualdad de circunstancias, y en su caso, la diferencia de la cual debería derivar el recibir o no dichos descuentos debería ser económica o laboral.

8. Hace notar que además existe un peso cultural que en gran número de familias hacen ver al hombre desde la infancia, como autoridad, el jefe de familia, el que da la orden de lo que es bueno y es malo, por ello al ejercer un rol distinto al estereotipado, resulta raro para la sociedad y mal visto; no podemos ver a un hombre débil, vulnerable y los mismos hombres por el machismo se niegan a pedir ayuda, aunque la ocupen, pues implicaría ir en contra de ese rol que se le ha impuesto.

9. De ésta manera ver a un hombre a cargo de bebés o niños pequeños es casi imposible, por eso debemos apoyar a todos los hombres y mujeres del país, darles un trato igual, esto es, igualdad en sus derechos filiales, pues el enfoque debe centrarse en el derecho y obligación que tienen tanto la mujer como el hombre de educar, asistir, proveer, amar, respetar y velar por sus hijos. La igualdad de oportunidades y beneficios filiales para mujeres y hombres debe establecerse en nuestras leyes.

10. Hace hincapié que existe el problema de desigualdad de oportunidades en todo el país, pero las personas que más sufren y menos protegidos están son los indígenas, y es que en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, en 2010, el principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación con un 19.5 por ciento. Resultados de encuestas muestran que el 93.9 por ciento de la población indígena esta privada al menos de .uno de sus derechos; salud, educación, seguridad social, vivienda y alimentación.

11. De la misma forma resalta que casi cuatro de cada 10 personas de un grupo étnico (39.1 por ciento) consideran que no tienen las mismas oportunidades de trabajo. 3 de cada 10 (33 por ciento) consideran que no tienen las mismas oportunidades para recibir apoyos de gobierno, 1 de cada 4 no tiene las mismas oportunidades de salud ni educación (27 por ciento), y el 44 por ciento de los mexicanos consideran que no se respetan los derechos de los indígenas.

12. Según la proponente con datos del Inegi en el país existen 15.7 millones que se consideran indígenas y los cuales viven prácticas de rechazo y discriminación, sobre todo, acaba con sus esperanzas e identidades, se discrimina a hombres pobres, migrantes, trabajadores de hogar, vendedores, adultos mayores, campesinos y personas analfabetas.

13. Por ello de manera específica expone que el tema es que tenemos que ser justos, dar oportunidades y beneficios a hombres y mujeres, debiéndose resaltar la necesidad de exigir dicha igualdad en la población indígena, ya que éstos sufren por el simple hecho de ser de un grupo étnico, en donde históricamente ha sida lo mujer indígena quien ha contado con los apoyos de gobierno y de diversos programas de ayuda dejando a un lado al hombre que al igual, sufre de discriminación y falta de apoyos para poder progresar. Siendo que la brecha de desigualdad entre géneros no puede atenderse con la ayuda de una sola de las partes, pues el trabajo debe ser integral e igualitario a fin de generar conciencias que caminen hacia el punto medio, y en donde tanto mujeres como hombres recuperen su dignidad y se desenvuelvan en términos de igualdad y respeto. No se puede descuidar a un género para atender sólo a otro.

14. Precisa que es fundamental que las autoridades federales y estatales diseñemos planes para construir un México donde ser indígena no sea un obstáculo para acceder a la igualdad, tanto en oportunidades como en el ejercicio positivo de los derechos humanos.

15. Y se plantea que hay que eliminar la desigualdad que existe en nuestro país entre hombres y mujeres, debemos respetar y valorar la cultura de todos los mexicanos, darle el lugar que merecen ambos géneros, a fin de que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, reflejadas, entre otras, en equidad en el diseño de las políticas y programas del país.

16. Por ello; la diputada propone reformar la fracción V del artículo 3. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Artículo 3. (...)

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres y los hombres indígenas; y

(...)

Consideraciones

Esta comisión, después de hacer un análisis exhaustivo de la iniciativa antes mencionada, llega a la convicción de emitir el presente dictamen en sentido positivo, para reformar la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de conformidad con las siguientes consideraciones:

Primera. Efectivamente como lo señala la proponente de la iniciativa en comento, el artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas establece los principios que regirá la Comisión tales como

I. Observar el carácter multiétnico y pluricultural de la nación;

II. Promover la no discriminación o exclusión social y la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural;

III. Impulsar la integralidad y transversalidad de las políticas, programas y acciones de la administración pública federal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;

IV. Fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas sin arriesgar el patrimonio de las generaciones futuras;

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas; y

VI. Consultar a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno.

Segunda. Que en efecto resulta imperativo que la igualdad es un principio básico de los derechos humanos que no se puede soslayar en el marco de un establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y la justicia, y convencidos que la presente iniciativa contribuirá significativa mente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer.

Tercera. De igual manera en concordancia con el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se establece que en las constituciones y en cualquier otra legislación se instituya el principio de la igualdad del hombre y de la mujer asegurando por ley otros medios la realización práctica de ese principio.

Cuarta. Se precisa que por género entendemos el conjunto de características sociales, culturales, políticas, jurídicas y económicas asignadas socialmente en función del sexo de nacimiento y aprendidas durante el proceso de socialización. El género no se refiere sólo a los hombres y a las mujeres, sino también a las relaciones sociales que se establecen entre ellos. De ahí que la perspectiva de género deba tener presente tanto a la mujer como al hombre.

Quinto. Derivado del análisis de la presente iniciativa y con el objetivo de fortalecerla, la Comisión de Asuntos Indígenas propone adicionar el término de igualdad en concomitancia con lo que se establece en el artículo 44 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que a la letra dice: “Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas”.

Sexto. Asimismo, en el primer párrafo del artículo cuarto de nuestra Constitución se establece que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”, así como, en concordancia con el objeto de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que estipula “‘regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Asuntos Indígenas somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se reforma la fracción V, del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a IV. ...

V. Incluir el enfoque de género en las políticas programas y acciones de la administración pública federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres y los hombres indígenas; y

VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2013.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Fernando Zamora Morales, Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica), Ricardo Medina Fierro, Tomás López Landero, Roberto López Rosado (rúbrica), Emilse Miranda Munive, Marco Alonso Vela Reyes, Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Néstor Octavio Gordillo Castillo, Máximo Othón Zayas, Érick Marte Rivera Villanueva, Leonor Romero Sevilla, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Igualdad de Género le fue turnado para su estudio y Dictamen, el expediente No. 2194 que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentada el 12 de junio de 2013.

El 13 de junio de 2013 fue turnada con el No. de expediente 2194, a la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para su análisis y Dictamen.

Contenido de la proposición

Refieren los proponentes que en el país persiste un alto grado de discriminación en contra de las mujeres, aún a pesar de que nuestro país ha suscrito instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, a través de los cuales ha adquirido el compromiso de asumir el principio de igualdad como eje rector de sus planes y acciones, así como, a establecer los mecanismos institucionales necesarios para la atención de los temas de género en el ámbito de sus competencias.

Señalan que esta discriminación cobra fuerza en la proliferación de los estereotipos de género que las sociedades elaboran en torno al sexo biológico y establecen diferencias entre hombres y mujeres referidas a conductas, comportamientos, roles, funciones y expectativas de vida.

Argumentan que la incorporación de las mujeres a la vida pública y al mercado laboral no ha impactado en la cultura social de tal suerte que la discriminación a través del uso generalizado de  estereotipos de género y lenguaje sexista persiste a pesar de los avances en otros ámbitos en torno a la igualdad entre mujeres y hombres.

Enfatizan que dicha situación es contraria a lo establecido en el artículo 1 Constitucional, que prohíbe la discriminación por género, preferencias sexuales entre muchas otras condiciones que representan atentados a la dignidad humana y menoscaban derechos libertades de las personas.

Reiteran que para avanzar hacia la pena igualdad se requieren establecer las condiciones jurídicas para favorecer el tránsito de una cultura androcéntrica a una cultura incluyente e igualitaria que contribuya a eliminar la discriminación. Un factor importante para lograr este cambio es el uso de un lenguaje incluyente que busque busca garantizar que una comunicación respetuosa de las diferencias y sea sensible a las necesidades especificas, a mujeres y hombres, esto es emplear formas o modos de comunicación que permitan establecer sinergias para lograr la paridad.

Señalan que el androcentrismo lingüístico se manifiesta fundamentalmente en el plano léxico, a través del uso del masculino como genérico, es decir, tomando como sujeto principal al hombre, contribuye a la invisibilización de las mujeres y, por tanto, al sexismo lingüístico, toda vez que pareciera que el hombre es el actor de todos los hechos o circunstancias que se pretenden comunicar, que es el único referente y esto genera sobrevaloración para la identidad masculina.

Por lo anterior plantean la posibilidad de incorporar en la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, dentro del articulado que define los lineamientos de la Política nacional en materia de igualdad de género, la obligación para el Ejecutivo Federal de:

“Promover que las prácticas y la comunicación social de las dependencias públicas, así como en los medios de electrónicos e impresos, se eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente”.

Todo ello con el objeto de implantar las acciones que vayan encaminadas a eliminar el uso del masculino como referente, como falso universal y a introducir el papel de la mujer en el discurso, para que refleje la realidad.

Consideraciones

Esta Comisión de Igualdad de Género coincide con los proponentes en su reflexión sobre los efectos adversos del uso indiscriminado del lenguaje sexista y estereotipos de género y su impacto determinante en la construcción social de la desigualdad y la prevalencia de una cultura androcéntrica y machista.

Esta dictaminadora considera que el uso de lenguaje sexista es una de las manifestación de la discriminación en contra de las mujeres, cuyo efecto preponderante es la exclusión y el trato diferenciado en el acceso y el ejercicio pleno de los derechos humanos de tal manera que su prevalencia agudiza los desequilibrios sociales e impide el avance de la democracia y el desarrollo social.

Cabe recordar que como principio jurídico, el derecho a la no discriminación fue reconocido por las Naciones Unidas como una condición indispensable para la protección de los derechos humanos en 1948 y posteriormente en 1979 se adoptó y en 1981 entro en vigor la Convención en Contra de todas las formas de discriminación contra de la mujer, firmada y ratificada por  el Estado Mexicano, en ese contexto el Comité de seguimiento a la convención ha recordado a los Estados parte la obligación de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Esta dictaminadora coincide con los proponentes en que el sexismo lingüístico refuerza y reproduce la desigualdad y la violencia de género, por ello en este contexto resulta  obligado invocar los compromisos que el Estado mexicano ha adquirido con el Sistema de Naciones Unidas de adoptar medidas para erradicar los usos excluyentes del lenguaje sexista y los estereotipos de género, promoviendo el uso del lenguaje respetuoso, sensible a las diferencias y haciendo  visible lo femenino desde una perspectiva de igualdad y derechos humanos.

Es también oportuno recordar, que en nuestro país existe una normatividad básica sobre el uso no sexista del lenguaje y del análisis de la iniciativa a la luz de dicho marco jurídico se advierte que es coherente y que la propuesta abona al objetivo de la norma de prevenir, atender y sancionar la discriminación en contra de las mujeres derivada del lenguaje sexista y del uso maniqueo de los estereotipos.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1 y 4.

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículos 4 y 9, México, 2004.

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ONU, 1979.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, artículos 41 y 42, México 2006.

En este orden de ideas, cabe mencionar que en su vigésima quinta reunión la Conferencia General de la UNESCO en su resolución 109 se invita a su Director General a:

a)...

b) Seguir elaborando directrices sobre el empleo de un vocabulario que se refiera explícitamente a la mujer, y promover su utilización en los Estados Miembros;

c) Velar por el respeto de esas directrices en todas las comunicaciones, publicaciones y documentos de la Organización;

Por lo expuesto anteriormente esta Comisión, estima que, salvo algunas pequeñas modificaciones de forma en la redacción la iniciativa que adiciona una fracción VII al artículo 17 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres es acorde con el espíritu de la Ley y responde a la necesidad de incorporar todas las medidas necesarias para erradicar el uso de lenguaje sexista y los estereotipos de género en la cultura institucional y en la comunicaciones oficiales, para dar cumplimiento a los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres y a nuestra propia Constitución Política.

Consideramos la medida allana el camino hacia una transformación de la cultura institucional con posibilidades de trascender al ámbito social y así avanzar hacia la igualdad sustantiva, objetivo principal de la Ley materia de este dictamen.

Tal como lo expresa los legisladores proponentes, la finalidad de esta nueva disposición será conseguir la utilización de un lenguaje incluyente y eficaz que visibilice a las mujeres y las inserte en todas las esferas del desarrollo.

Sin embargo, esta Comisión expone el siguiente considerando:el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en la sesión del 8 de octubre del presente año, la Minuta con Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres que, entre otras modificaciones, adicionó las fracciones VII, VIII, IX X y XI al artículo 17 de dicha Ley.

Por ello, esta dictaminadora considera que la presente iniciativa en dictamen debe atender a la adición de la fracción XII al artículo 17, y no la fracción VII, que corresponde a la numeración anterior a la aprobación de la Minuta mencionada.

Asimismo, de manera respetuosa y sin perjuicio de modificar el sentido de la propuesta, esta Comisión advierte la necesidad de incorporar cambios en la redacción de la fracción en comento para darle mayor precisión y certidumbre a las y los destinatarios de la Ley.

La nueva redacción se propone en los siguientes términos:

XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la Administración Pública, así como en los medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, se elimine el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente.

Redacción del proyecto de decreto

VII. Promover que las prácticas y la comunicación social de las dependencias públicas, así como en los medios de electrónicos e impresos, se eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente.

Redacción propuesta por la comisión dictaminadora

XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la Administración Pública, así como en los medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, se elimine el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

...

I.a IX. ...

X.En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;

XI.Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud, y

XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la Administración Pública, así como en los medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

2 Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf

3 Ver: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf

4 Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf

5 Ver: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000846/084696S.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Allieth Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura fue turnada para su análisis y dictamen la iniciativa que adiciona al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, las fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XIV,  recorriendo en el mismo orden las actuales IX y X,  presentada por el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Pesca con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI,  45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80 numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a su consideración el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. Con fecha 10 de julio de 2013, el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca.

3. Con fecha 24 de septiembre de 2013 esta Comisión solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas el Estudios de Impacto Presupuestal que provocaría la aprobación de la presente iniciativa.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa objeto de este dictamen propone adicionar  los principios que se deben observar para la formulación y conducción de la política nacional de pesca y acuacultura sustentables, en la aplicación de los programas y los instrumentos que se deriven de la ley con el objetivo de  posicionar los productos pesqueros y acuícolas nacionales en los mercados de alto valor, impulsando el establecimiento de una cultura de inocuidad en el manejo, distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas. Considera que los sectores pesquero y acuícola deben desarrollarse desde una perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores económicos, sociales y ambientales. Lo anterior mediante políticas públicas con enfoque interdisciplinario para el fortalecimiento y desarrollo de una cultura empresarial pesquera y acuícola, con un impulso regional equilibrado y equitativo. Busca propiciar el financiamiento para el desarrollo y la innovación tecnológica y científica, modernizar la flota pesquera, unidades de cultivo, técnicas ecoeficientes, plantas procesadoras, métodos y artes de captura.

Responde a la problemática que se suscita entre la pesca y la acuicultura, al competir en los mismos mercados con productos similares. La necesidad de integrar la planificación y la ordenación de ambos sectores es esencial para su desarrollo y sostenibilidad en el futuro .

Considera  urgente la aplicación de un enfoque ecosistémico en la pesca y la acuicultura que contribuyan a superar la fragmentación sectorial e intergubernamental de las iniciativas de ordenación de los recursos y a elaborar mecanismos institucionales y acuerdos del sector privado en aras de una coordinación efectiva entre los distintos sectores y subsectores activos en los ecosistemas en que la acuicultura y la pesca operan, así como entre los diferentes niveles de gobierno.

Las tendencias actuales apuntan a que a largo plazo, todos los suministros comerciales de pescado y de peces destinados a usos distintos de la alimentación, provendrán de una de estas tres fuentes: i) granjas piscícolas o acuicultura; ii) pesquerías mejoradas por la acuicultura; iii) pesquerías que adoptan sistemas eficaces de ordenación. Las dos primeras representan un desafío para la acuicultura y requieren que se preste especial atención a las sinergias y complementariedades entre la pesca y la acuicultura, incluidos los aspectos institucionales, sociales, económicos, ambientales y biotecnológicos.

El reconocimiento de estos vínculos ofrece oportunidades para el desarrollo sectorial, la mejora de la seguridad alimentaria y de los medios de vida rurales, así como la reducción de la pobreza. Han de establecerse asociaciones entre estos dos subsectores ya que están estrechamente relacionados, ambos dependen de ambientes acuáticos sanos y se ven afectados por otras actividades de desarrollo.

Expone que en los próximos decenios, la pesquería basada en el cultivo probablemente desempeñe una función mucho más decisiva en el mantenimiento y el aumento de los rendimientos de la pesca de captura con miras a proporcionar un bien público final que incluya los objetivos de conservación. Por eso considera esencial analizar la situación actual de la pesquería basada en el cultivo y el fomento de la repoblación con objeto de evaluar íntegramente los efectos de estas actividades y determinar las limitaciones y el modo de incrementar los beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante la aplicación de un enfoque eco sistémico para la producción pesquera total. También considera necesario mejorar la comprensión de las repercusiones ambientales posibles y reales de la reproducción.

Por lo anterior considera pertinente adicionar algunos principios al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de que oriente y regule nuevas conductas, tomando en consideración el contexto actual, bajo los nuevos criterios adoptados por la comunidad internacional y las necesidades medioambientales derivadas del cambio climático con el objeto de incrementar la productividad de los sectores pesquero y acuícola e impulsar su competitividad en beneficio del desarrollo sostenible regional y nacional, toda vez que de ahí depende el futuro de las siguientes generaciones. Consiguiendo con esto fortalecer la planta productiva nacional con una gestión equitativa, sustentable y eficaz de los recursos pesqueros y acuícolas, lo que es una condición indispensable para reducir la pobreza.

Con base en los elementos de información disponibles, así como la propuesta citada, la Comisión de Pesca se abocó al estudio para cumplir con el mandato del pleno de esta Cámara de Diputados con base en los siguientes

Considerandos

Después de hacer un análisis exhaustivo de la Iniciativa en estudio, se considera jurídicamente viable el Proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII, XII y XIV al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el Diputado Alejandro Moreno Cárdenas, Del Grupo Parlamentario del PRI, ya que no contraviene ninguna disposición jurídica vigente.

Las reformas propuestas al artículo 17 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, mediante la adición de las fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XIV, pretenden adecuar y perfeccionar la norma jurídica vigente, con el propósito de que oriente y regule al sector pesquero y acuícola, tomando en consideración el contexto actual, el cual exige responder  a las demandas y necesidades del mundo globalizado, al tiempo de que se debe fortalecer la equitativa, sustentable y eficaz de los recursos pesqueros y acuícolas, como condición indispensable para reducir la pobreza.

La Adición de las fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 17 contribuye a formular y conducir la política nacional en la materia, bajo los nuevos criterios adoptados por la comunidad internacional y las necesidades medioambientales derivadas del cambio climático con el objeto de incrementar la productividad de los sectores pesquero y acuícola e impulsar su competitividad en beneficio del desarrollo sostenible regional y nacional.

Las reformas propuestas enriquecen el marco jurídico mexicano al considerar aspectos contemplados en la legislación internacional en materia de desarrollo e impulso a la pesca y a la acuacultura, generando especial atención a las sinergias y complementariedadesentre ambas actividades, incluidos los aspectos institucionales, sociales, económicos, ambientales y biotecnológicos.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Único. Se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XIV, pasando las actuales IX y X a ser XV y XVI al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

I. a VIII. ...

IX. Posicionar los productos pesqueros y acuícolas nacionales en los mercados de alto valor, garantizando la eficiencia y sanidad a lo largo de la cadena productiva, dándoles valor agregado;

X. Impulsar el establecimiento de una cultura de inocuidad en el manejo, distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas;

XI. Los sectores pesquero y acuícola se desarrollarán desde una perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores económicos, sociales y ambientales, a través de un enfoque estratégico y ecoeficiente;

XII. Transversalidad para la instrumentación de políticas públicas con enfoque interdisciplinario para el fortalecimiento y desarrollo de una cultura empresarial pesquera y acuícola, orientada a toda la cadena productiva, que aumente la productividad y mejorare la competitividad;

XIII. Impulso regional equilibrado y equitativo, que priorice el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas;

XIV. Financiamiento para el desarrollo e innovación tecnológica y científica, modernización de la flota pesquera, unidades de cultivo, técnicas ecoeficientes, plantas procesadoras, métodos y artes de captura;

XV. La transparencia en los procedimientos administrativos relativos al otorgamiento de concesiones y permisos para realizar actividades pesqueras y acuícolas, así como en las medidas para el control del esfuerzo pesquero, para que sean eficaces e incorporen mecanismos de control accesibles a los productores, y

XVI. La participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al desarrollo de la actividad pesquera y acuícola, estarán sujetas a lo establecido en las Leyes de Ingresos, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda.

México, Distrito Federal, a 29 de octubre de 2013.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Gilberto Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica), secretarios; María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Martín Alonso Heredia (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY AGRARIA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1. Con fecha 21 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, mediante oficio número D.G.P.L 62-II-3-628 turnó para dictamen a esta Comisión de Reforma Agraria, el expediente número 1615, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Blas Ramón Rubio Lara, del Grupo Parlamentario del PRI.

2. La Comisión de Reforma Agraria, integra a través de su Secretaría Técnica, las opiniones de sus Diputados integrantes y entra al estudio de la Iniciativa con fundamento en el cual, formula proyecto de dictamen para la consideración del pleno de las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión, para su estudio y aprobación en su caso.

3. Con fecha 15 de Octubre del 2013, se reúne en pleno la Comisión de Reforma Agraria para conocer el proyecto de dictamen, estudiarlo, analizarlo y en su caso aprobarlo, misma que al examinar el proyecto de dictamen, además de los antecedentes que aquí se reseñan, se estudiaron de la iniciativa las siguientes motivaciones:

I. Planteamiento del problema a ser resuelto por la iniciativa: La parcela escolar es una institución histórica del Derecho Agrario, que ha sido regulada por diversos ordenamientos jurídicos desde el código Agrario de 1940 y que actualmente la encontramos regulada por el artículo 70 de la Ley Agraria del año de 1992.

La iniciativa turnada a esta comisión propone conservar como un derecho, opcional, para el ejido crear o no la parcela escolar, tal y como se encuentra plasmada en el artículo 70 vigente de la Ley Agraria.

De igual modo se propone conservar en la Ley las actividades a las cuales debe dedicarse la parcela escolar que, de manera general, consisten en la enseñanza, la investigación y la difusión de las prácticas agrícolas.

Respecto a la aplicación o destino que se debe de dar al producto de la parcela escolar la iniciativa propone algunas modificaciones entre las cuales destaca la necesidad de incorporar en el artículo 70 que el 80% de los productos o utilidades de la parcela escolar se destinará al beneficio de la escuela; a mejorar sus instalaciones, a su conservación y mantenimiento, así como a la adquisición de mobiliario y equipo escolar, en beneficio de los alumnos; el restante 20%, se podrá entregar al director y a los maestros de la escuela, como apoyo a la relevante tarea que desempeñan.

En síntesis, por su profundo raigambre histórico, debe preservarse en la Ley Agraria el derecho u opción del ejido, a destinar las tierras a la creación de la parcela escolar y conservar igualmente la prevención de que ésta se dedicará a la investigación, enseñanza y divulgación de las prácticas agrícolas, tal y como lo prevé la Ley vigente. La administración de la parcela escolar debe corresponder al comisariado ejidal y facultarlo para que contrate los créditos respectivos y otorgue en garantía el usufructo de la parcela ejidal, sin necesidad de autorización previa de la asamblea, a la que deberá informar de ello.

No obstante que, conforme a la presente Iniciativa, de preferencia, la parcela escolar deberá ser explotada directamente por el ejido, a través del comisariado, creemos conveniente dejar abierta la posibilidad de que, si la asamblea general del ejido considera más viable explotarla aportando el usufructo a cualquier tipo de sociedad o bajo cualquier contrato traslativo de uso, tales como el arrendamiento, usufructo oneroso, asociación en participación, mediería o cualquier mecanismo asociativo, pueda hacerlo, a condición de que quien la explote deberá permitir la práctica y enseñanza agrícola a los alumnos de la escuela de que se trate y de que la duración de tales contratos no será mayor a 3 años que es el período de duración de la administración del comisariado ejidal.

Por otra parte, la iniciativa propone, que no podrá adoptarse el dominio pleno de la parcela escolar, salvo en el supuesto previsto por el artículo 29 de la ley y por regla general, prohibir enajenar los derechos parcelarios de dicha parcela. Sin embargo, también propone, como excepción, que podrá permutarse cuando la asamblea lo estime conveniente para el ejido, no obstante lo cual el núcleo agrario conserva la propiedad tanto de la parcela escolar que da en permuta, como la parcela que reciba a cambio quedando ésta destinada a la parcela ejidal escolar. Esta última propuesta, que presupone que previamente la diversa asamblea a que se refiere el artículo 23, fracción X deberá autorizar el cambio de destino respectivo de dicha parcela, parte de la realidad agraria recurrente de que algunos ejidos en ocasiones requieren efectuar este tipo de permutas y el marco jurídico actual no lo resuelve.

IX. Finalmente, no sólo para los contratos y actos que respecto de la parcela escolar celebre el comisariado ejidal, sino en general para todo tipo de operaciones, la Iniciativa propone establecer con precisión que para acreditar la existencia del ejido y la personalidad del comisariado, bastarán los documentos agrarios del núcleo ejidal y el acta de asamblea de elección del comisariado. Las facultades para celebrar los contratos por el comisariado, se regirán por lo dispuesto en esta Ley y por el acuerdo de asamblea cuando la Ley exija ese requisito.

Por lo anterior y conforme a las consideraciones expuestas, me permito someter a consideración de esta honorable legislatura la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 70 de la Ley Agraria.

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo y se adicionan cuatro párrafos al artículo 70 de la Ley Agraria, para quedar redactado como sigue:

Artículo 70. ...

La propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar, corresponden al ejido y será administrada por el presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, actuando conjuntamente, quienes podrán contratar los créditos respectivos y otorgar en garantía el usufructo parcelario, sin requerir acuerdo previo de la asamblea a la cual informarán anualmente.

El ochenta por ciento de los productos, utilidades líquidas e ingresos que genere la parcela, se destinarán a través del comisariado, a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de que se trate, así como a la adquisición de mobiliario y equipo escolar para los alumnos, y el veinte por ciento restante, si lo hubiere, lo distribuirá entre los maestros del plantel.

No podrá adoptarse el dominio pleno de la parcela escolar, salvo en el supuesto previsto por el artículo 29 de la ley y por regla general, prohibir enajenar los derechos parcelarios de dicha parcela. Por regla general, tampoco podrán enajenarse los derechos parcelarios de la misma, sin embargo, previo cambio de destino, podrán permutarse, por acuerdo de asamblea. El contrato de permuta se celebrará con el ejidatario, posesionario o avecindado del ejido que determine la asamblea, se otorgará por escrito, sin intervención de testigos, ni notificar, ni renunciar el derecho del tanto que señala el artículo 80 de esta Ley y será ratificado ante notario. El Registro Agrario Nacional cancelará los certificados parcelarios de los permutantes y les expedirá los nuevos certificados parcelarios. El certificado que se expida a favor del ejido deberá especificar que la tierra estará destinada a la parcela escolar.

Preferentemente, la parcela escolar será explotada directamente por el ejido, no obstante ello, por acuerdo de la asamblea, podrá aportarse el usufructo a todo tipo de sociedades, darse en arrendamiento, usufructo oneroso, aparcería, asociación en participación o cualquier contrato traslativo de uso. Dichos contratos tendrán una duración máxima de tres años, excepto la aportación a sociedades y para su validez y subsistencia establecerán que quien la reciba deberá permitir que los alumnos efectúen sus prácticas agrícolas.

Las asambleas para autorizar permutar la parcela, y los contratos a que se refiere el párrafo anterior, se celebrarán con formalidades simples.

En todos los contratos, actos y trámites previstos por esta u otras leyes, en los que sea parte el ejido, incluyendo los señalados en este artículo, se tendrá por acreditada la existencia y personalidad de núcleo de población, mediante la documentación agraria del ejido y la representación del comisariado con el acta de asamblea en la que fue electo, inscrita en Registro Agrario Nacional. Cuando se requiera facultad especial de la asamblea, deberá exhibirse el acta respectiva.

Lo no previsto en este artículo, se regirá por el reglamento interno del ejido o por los acuerdos de la asamblea respectivos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2013.

Diputados: Heriberto M. Galindo Quiñones, Blas Ramón Rubio Lara, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Sergio Torres Félix, Jesús Antonio Valdez Palazuelos, Román Alfredo Padilla Fierro (rúbricas).

Considerandos

Primero.En la actualidad la Ley Agraria remite al reglamento interno de cada ejido la administración y regulación de la parcela escolar. Sin embargo, la mayoría de los ejidos no cuentan con este reglamento interno, por lo que se hace necesario que su regulación quede plasmada en la Ley Agraria.

Segundo.Las parcelas escolares deben ser una de las principales herramientas de ayuda para las instituciones educativas de los ejidos, la escuela es un extraordinario centro de transformación e innovación humana, se requiere recuperar la parcela escolar para iniciar la preparación de los alumnos de las zonas rurales y periurbanas para que reciban una educación apropiada que los capacite para desarrollar e innovar la producción agrícola.

De igual manera, cooperar con las comunidades y núcleos ejidales en la práctica de métodos de cultivo y organización de pequeñas industrias agropecuarias, impulsar los nexos de cooperación y de trabajo entre los maestros rurales y sus alumnos, a través de la escuela, con la comunidad a la que pertenecen.

Tercero.Es necesario obtener mediante los cultivos emprendidos y las pequeñas industrias que se establezcan, rendimientos económicos que constituyan una fuente de Ingresos suplementaria para beneficio de las labores educativas y mejoramiento del profesorado. La escuela tiene como función apoyar el desarrollo de capacidades para atender los problemas y necesidades más importantes de la población.

Cuarto.Es de vital importancia promover y fortalecer el desarrollo sustentable del campo mexicano para que en el futuro los ciudadanos tengan elementos para identificar, aprovechar y manejar racionalmente los recursos naturales disponibles en su entorno, además identificar sus talentos y habilidades, aprender una lengua extranjera, aprender computación, reconocer y adoptar valores cívicos, así como elementos para alcanzar la independencia financiera antes de los 20 años.

Quinto.En la iniciativa inicial con proyecto de decreto en el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 70 de la ley agraria el proponente señala en el párrafo tercero de sus consideraciones que no podrá adoptarse el dominio pleno de la parcela escolar, salvo en el supuesto previsto por el artículo 29 de la ley agraria, por lo que esta Comisión hace la modificación de dicho planteamiento para quedar como sigue: En caso de adoptarse el dominio pleno sobre la parcela escolar, tendrá preferencia en el derecho del tanto la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal, esto es resultado de que existe un contrasentido en la ley al prohibir la adopción del dominio pleno de la parcela escolar, cuando por otra parte se autoriza la permuta, la posibilidad de rentarla o aportarla a una sociedad.

Sexto.Por aprobación de mayoría se realizaron las modificaciones del primer párrafo en donde se señala que la propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar corresponden al ejido y será administrada por los integrantes del comisariado ejidal y comunal y el consejo de vigilancia. Así mismo en el segundo párrafo se modifica que el cien por ciento los productos, utilidades líquidas e ingresos que genere la parcela, se destinarán a través del comisariado, a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de que se trate, así como a la adquisición de mobiliario y equipo escolar para los alumnos.

Finalmente se elimina el último párrafo en donde se establece que lo no previsto en este artículo, se regirá por el reglamento interno del ejido o por los acuerdos de la asamblea respectiva.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de la Reforma Agraria, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 70 de la Ley Agraria

Artículo Único.Se reformael artículo 70 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 70.En cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido. El reglamento interno del ejido normará el uso de la parcela escolar.

La propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar, corresponden al ejido y será administrada por los integrantes del Comisariado Ejidal y Comunal y por el Consejo de Vigilancia, actuando conjuntamente, quienes podrán contratar los créditos respectivos y otorgar en garantía el usufructo parcelario, sin requerir acuerdo previo de la asamblea a la cual informarán anualmente.

El cien por ciento de los productos, utilidades líquidas e ingresos que genere la parcela, se destinarán a través del comisariado, a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de que se trate, así como a la adquisición de mobiliario y equipo escolar para los alumnos.

En caso de adoptarse el dominio pleno sobre la parcela escolar, tendrá preferencia en el derecho del tanto la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Por regla general, tampoco podrán enajenarse los derechos parcelarios de la misma, sin embargo, previo cambio de destino, podrán permutarse, por acuerdo de asamblea. El contrato de permuta se celebrará con el ejidatario, posesionario o avecindado del ejido que determine la asamblea, se otorgará por escrito, sin intervención de testigos, ni notificar, ni renunciar el derecho del tanto que señala el artículo 80 de esta Ley y será ratificado ante notario. El Registro Agrario Nacional cancelará los certificados parcelarios de los permutantes y les expedirá los nuevos certificados parcelarios. El certificado que se expida a favor del ejido deberá especificar que la tierra estará destinada a la parcela escolar.

Preferentemente, la parcela escolar será explotada directamente por el ejido, no obstante ello, por acuerdo de la asamblea, podrá aportarse el usufructo a todo tipo de sociedades, darse en arrendamiento, usufructo oneroso, aparcería, asociación en participación o cualquier contrato traslativo de uso. Dichos contratos tendrán una duración máxima de tres años, excepto la aportación a sociedades y para su validez y subsistencia establecerán que quien la reciba deberá permitir que los alumnos efectúen sus prácticas agrícolas.

Las asambleas para autorizar permutar la parcela, y los contratos a que se refiere el párrafo anterior, se celebrarán con formalidades simples.

En todos los contratos, actos y trámites previstos por esta u otras leyes, en los que sea parte el ejido, incluyendo los señalados en este artículo, se tendrá por acreditada la existencia y personalidad de núcleo de población, mediante la documentación agraria del ejido y la representación del comisariado con el acta de asamblea en la que fue electo, inscrita en Registro Agrario Nacional. Cuando se requiera facultad especial de la asamblea, deberá exhibirse el acta respectiva.

Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre del año 2013.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Gisela Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Omar Antonio Borboa Becerra, José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica en contra), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital, secretarios; Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova, José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona la fecha 13 de agosto, aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan en 1914” a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 71 y 73, fracción XXIX-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

1. Con ocho de octubre de dos mil trece, el diputado Juan Carlos Uribe Padilla, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan en 1914” a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

2. Con esa misma fecha, ocho de octubre de dos mil trece, la Presidencia de la mesa directiva, dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para estudio y dictamen.

3. En sesión del doce de octubre de dos mil trece, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

El iniciador da cuenta en su iniciativa sobre los antecedentes de los Tratados de Teoloyucan. Una vez que la Revolución maderista triunfó en 1911 su gobierno se caracterizó como de transición democrática; sin embargo, esto ocasionó descontento entre la clase alta de la sociedad, por lo que en 1913, Victoriano Huerta se lanza contra el gobierno del presidente Madero, lo asesina, hecho que se conoce como laDecena Trágica, y reinstaura el sistema que operaba durante el Porfiriato.

Como relata el diputado proponente en su exposición de motivos, la reacción del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y algunos jefes revolucionarios como Francisco Villa fue el de un movimiento en defensa del orden constitucional. El 19 de febrero de 1913, la XXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Coahuila y Zaragoza decretó desconocer al gobierno del  general Victoriano Huerta e instruyó al gobernador Venustiano Carranza para deponer al gobierno de la usurpación por las armas y restablecer el orden constitucional. Un hito lo marca la firma del Plan de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913, por el que se nombró a Venustiano Carranza como el primer jefe del Ejército Constitucionalista.

El avance de las fuerzas contrarias al gobierno del usurpador, después ganar importantes batallas, permitió que se acercaran a la Ciudad de México propiciando la renuncia del general Victoriano Huerta. El iniciador señala que, con el interés de no extender los daños a la sociedad, revolucionarios y representantes del gobierno huertista se reunieron en la población de Teoloyucan, Estado de México, para decidir la rendición de la capital del país y definir las condiciones en que se daría la disolución y evacuación del Ejército federal.

Considera el iniciador que, con los Tratados de Teoloyucan, se concluyó la segunda etapa de la revolución mexicana al haberse pactado la disolución del ejército federal manifestándose la victoria del Ejército Constitucionalista encabezado por el Primer Jefe, Venustiano Carranza.

El iniciador sostiene sus argumentos a través de la manifestación a favor de diversos especialistas e historiadores quienes afirman la importancia de la firma de los Tratados de Teoloyucan por lo que estiman viable adicionar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Por lo anterior expuesto, el proponente presenta la iniciativa con proyecto de decreto a fin de adicionar la fecha “13 de agosto, Aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan en 1914” a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

A) En lo general

I. La identidad nacional ha sido el resultado del tránsito de México por la historia común, legando al país un conjunto de valores referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía; de la libertad y justicia; de la democracia y del amor a la patria. Esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios cuyo respeto y veneración refrenda la unidad y afianza la identidad del pueblo de México en afirmación de su conciencia histórica, misma que festeja y conmemora los acontecimientos realizados por los hombres y mujeres que dieron su talento y vida con el fin de formar nuestra identidad como mexicanos.

II. Para conseguir lo anterior, se decretaron legislaciones importantes en torno a los símbolo patrios, como fue la Ley sobre las características y el uso del Escudo, Bandera y el Himno Nacionales, publicada el 17 de agosto de 1968 en el Diario Oficial de la Federación, y la actual Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada el 8 de febrero de 1984 en el Diario Oficial de la Federación; dichos ordenamientos establecieron los criterios a seguir en el culto a los símbolos representativos de nuestra Nación y en la conmemoración y honor debidos a los héroes y a los diferentes acontecimientos suscitados en la historia nacional.

III. En este sentido, el legislador, durante la discusión que originó la promulgación de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales en vigor, reflexionó sobre este honor que le es debido a los héroes, afirmando: “Amamos a nuestros símbolos patrios y a nuestros héroes, pero no en la frialdad de los mármoles y los bronces, o en los panteones oficiales que petrifican la historia y hacen rutinas sin sentido, incomprensibles, las gestas del pueblo trabajador. Esos símbolos y esos héroes viven cálidamente en la memoria popular —nuestra verdadera historia— como el mito que está siempre a punto de realizarse, como una promesa a punto de cumplirse, como una esperanza irrenunciable, como una promesa que es, al mismo tiempo, voluntad inquebrantable de seguir viviendo y hacer de este mundo, el mundo que aspiramos” (Diario de los Debates, LII Legislatura, año II, tomo II, número 45, página 71, diciembre 29, 1983).

IV. A mayor abundamiento, el debate hizo énfasis sobre el testimonio y ejemplo de los héroes que forjaron la nación independiente y soberana que ahora somos, manifestando de esta forma que “en cada uno de nuestros héroes hay siempre un paso a seguir. Por eso nos empeñamos en rescatar y mantener su recuerdo; por eso les rendimos culto; por eso se mantienen vivos en el verdadero sagrario de la patria, que es la memoria popular. Somos como nación lo que nuestros hechos heroicos fueron. Nuestra historia se nos presenta como una larga cadena de grandes hechos y de grandes hombres, en la que unos son siempre el ejemplo a seguir para otros.

B) En lo particular. Los Tratados de Teoloyucan del 13 de agosto de 1914

1. Los días de la Decena Trágica, en febrero de 1913, llevaron al asesinato de Francisco I Madero y José María Pino Suárez. Este hecho hizo que ocupara la presidencia el general Victoriano Huerta. El 22 de febrero publicó un manifiesto a la Nación por el que asume la Presidencia de la Republica.

2. Diversas facciones revolucionarias y gobernadores de los Estados manifestaron su repudio a estos hechos. Efectivamente, en el norte del país el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, desconoció al gobierno de la usurpación y el 19 de febrero de 1913 el Congreso del Estado le autorizó para formar al Ejército Constitucionalista y combatir al gobierno de Huerta.

3. Si bien las bases del Ejército de Venustiano Carranza constaron de las fuerzas del gobierno de Coahuila, su avance logró la adhesión de simpatizantes a la causa contra Victoriano Huerta, incluidos oficiales del ejército federal lo que permitió ganar simpatizantes para el movimiento lo que eventualmente iría ganando plazas del país para la causa constitucionalista.

4. El 26 de marzo de 1913 constituye un hito en la historia al ser firmado el Plan de Guadalupe por el que se desconoce a Huerta y así propagar en todo el país el movimiento revolucionario. El Plan argumentó que, una vez ocupada la Ciudad de México, Venustiano Carranza ocuparía interinamente la presidencia y se le dio al título de Primer Jefe.

5. De esta forma diversos revolucionarios se adhieren el movimiento como Francisco Coss, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Manuel M. Diéguez, Salvador Alvarado, Juan Carbajal y Benjamín Hill. A finales de junio de 1913, la revolución constitucionalista se había extendido a los estados  de Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. De capital importancia fueron los decretos de Carranza por el que se realiza la conformación del Ejército Constitucionalista en siete cuerpos distribuidos por todo el país, destacando los Cuerpos de Sonora y el de Chihuahua.

6. En septiembre de 1913, Carranza decidió la integración del primer gabinete constitucionalista. La unión de diversos jefes contra Huerta propinó derrotas al Ejército federal destacando las campañas del general Francisco Villa y la División del Norte al tomar Ciudad Juárez, Ojinaga, Chihuahua, Parral y la célebre toma de Zacatecas.

7. Hacia julio de 1914, el Constitucionalismo parecía próximo a la victoria contra el usurpador. Mientras, el avance de las fuerzas de Villa, Álvaro Obregón, Pablo González, Jesús Carranza, Cándido Aguilar y Pánfilo Natera iban asegurando la captura de plazas hacia el centro del país precipitando la renuncia de Victoriano Huerta el 15 de julio de 1914, nombrándose como presidente interino al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco S. Carvajal.

8. El avance de las fuerzas constitucionalistas continúo hacia la Ciudad de México asentando su cuartel en el poblado de Teoloyucan, al norte de la capital del país. Hacia el 10 de agosto, el presidente interino lanzó un manifiesto por el que decide pactar con el movimiento carrancista y dejar el cargo de presidente.

9. El general Álvaro Obregón, apostado en Teoloyucan, comenzó los acercamientos con el gobierno para ocupar la plaza de la Ciudad de México. Se comisionó al ingeniero Alfredo Robles Domínguez a trabar las negociaciones correspondientes. El 11 de agosto de 1914, una comisión encabezada por el ingeniero guanajuatense se reunió con las fuerzas en Teoloyucan a fin de pactar las condiciones de rendición y de la evacuación de los vestigios del Ejército federal. Venustiano Carranza, de esta forma, entregó al general Álvaro Obregón, los poderes necesarios para negociar la capitulación de la Ciudad de México por parte del gobernador, el general Eduardo Iturbide.

10. El 13 de agosto de 1914, los generales Álvaro Obregón, Jefe del Cuerpo del Ejército del Noroeste y Eduardo Iturbide, gobernador del Distrito Federal, firmaron los célebres Tratados de Teoloyucan, pactándose la rendición de la capital, la evacuación del Ejército y su disolución. El 15 de agosto, el Cuerpo del Ejército del Noroeste entró en la Ciudad permitiendo el ingreso triunfal de Venustiano Carranza, el 20 de agosto, instalando su gobierno para ocupar el cargo bajo el título de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Unión.

11. Esta comisión, teniendo en cuenta la opinión de diversos historiadores y especialistas, considera oportuna la adición de la fecha del 13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan como uno de los capítulos que ponen fin a las hostilidades que se originaron con el rompimiento del orden en 1913, iniciando el rumbo, en una nueva etapa de la Revolución, para dar cauce al orden de la Constitución que aún nos rige y que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Asimismo, la adición del inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales será ocasión propicia para celebrar el centenario de la firma de los Tratados de Teoloyucan en agosto de 2014.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Decreto que adiciona la fecha “13 de agosto: aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Único.Se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 18....

a)...

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....

...

...

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13 de agosto:

Aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914.

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b)...

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, Fernando Donato de las Fuentes (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de Fomento de Valores.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de valores

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82 numeral 1, 85, 157, 176 y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 9 de octubre de 2012 por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Leticia Calderón Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, LXII Legislatura, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

2. En la misma sesión ordinaria del 9 de octubre de 2012, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, LXII Legislatura, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

3. Una vez instalada la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el 31 de octubre de 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó las Iniciativas señaladas en los puntos anteriores a la comisión señalada, para su estudio y la elaboración de los dictámenes correspondientes.

4. El 15 de noviembre de 2012 la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7 y 49 de la Ley General de Educación.

5. El 20 de diciembre de 2012 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó y obtuvo de la Mesa Directiva extensión de prórroga para atender los asuntos turnados, por lo cual se encuentran en plazo vigente para su dictamen.

II. Descripción de las iniciativas

A. Iniciativa de la diputada Leticia Calderón Ramírez

La diputada Calderón expresa su preocupación porque, pese a los esfuerzos en materia curricular que las autoridades educativas han realizado en los últimos 20 años, la formación en valores cívicos y éticos entre niños y jóvenes mexicanos tiene serias deficiencias. Señala que, de acuerdo con un estudio realizado entre 37 países de Latinoamérica en 2009 “sólo 10 por ciento de los estudiantes mexicanos de segundo de secundaria demostró que comprende los conceptos cívicos y de ciudadanía, mientras que 27 por ciento desconoce y no identifica la diferencia entre justicia e injusticia.” En su opinión, la confusión y distorsión en valores ocasionan actitudes y actuaciones destructivas que generan el deterioro social.

Ante esta situación, la diputada Calderón propone retomar el programa “Valores para Vivir”, de la UNESCO, desarrollado desde 1996 en 62 países, incluido México. En este programa se enfocan 12 valores universales considerados clave. El proyecto de decreto incluye estos valores en el artículo 7o. de la Ley General de Educación:

Artículo 7o. ...

I. a XVI. ...

XVII. Fomentar en la educación básica la práctica del amor, honestidad, responsabilidad, amistad, solidaridad, tolerancia, igualdad, pluralidad, democracia, equidad, valores sociales fundamentales como principio de la convivencia armónica entre las personas.

B. Iniciativa del diputado José Francisco Coronato Rodríguez

El diputado Coronato expone la necesidad de que la educación cumpla con los preceptos constitucionales y realmente contribuya a la formación integral y armónica de los educandos, ofreciendo una base crítica y ética que respete, proteja y garantice los derechos humanos. En su opinión, se ha priorizado la enseñanza de materias técnicas y se ha abandonado el conocimiento humanista, “donde la reflexión sobre el mundo y sobre la humanidad así como sus interrelaciones, constituyen las bases para generar hombres y mujeres sensibles y conscientes de la realidad donde se desenvuelven.”

El promovente enfatiza que la obligación del Estado de garantizar una educación pública de carácter integral que procure el amor a la patria y el desarrollo pleno y armónico del individuo no está consignada sólo en nuestra Carta Magna, sino en instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual es considerada por la comunidad internacional como norma de estricto e irremisible cumplimiento. Dicha declaración dispone en el párrafo 2 de su artículo 26 lo siguiente:

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales...

El iniciante señala que la poca enseñanza de los derechos humanos, y en general de las humanidades, en las escuelas mexicanas, es un lastre para generar un desarrollo político, económico, social y cultural en nuestro país de nuestros educandos que promueva una sana relación con la naturaleza, basado en la igualdad y la justicia.

El proyecto de decreto que acompaña la iniciativa es el siguiente:

Artículo 1o. Esta ley regula la educación que imparten el estado -federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la república y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.

...

Artículo 2o. ...

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social fundamentada en las bases de los derechos humanos.

Artículo 7o.

III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país mediante estrategias educativas que generen vínculos significativos entre los educandos y su cultura nacional ;

VIII. Impulsar la creación y sensibilidad artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la nación;

Artículo 8o.El criterio que orientará a la educación que el estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico y el respeto a los derechos humanos; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. y II. ...

III. Con una visión basada en los derechos humanos contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media superior y superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, el pensamiento crítico humanista, al tiempo que alentará el fortalecimiento ,la apreciación y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 10.

(...)

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación integral de manera que permita al educando incorporarse a la sociedad como una persona plena tanto en lo intelectual como en lo humano y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar.

Artículo 11. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponden a las autoridades educativas de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia ley establece.

Capítulo II

Del federalismo educativo

(...)

Sección 4. De la evaluación del sistema educativo nacional

Artículo 29. Corresponde a la Secretaría la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias.

Dicha evaluación, y la de las autoridades educativas locales, serán sistemáticas y permanentes, consultando las sugerencias que organizaciones civiles autónomas pudieran realizar. Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.

Capítulo III

De la equidad en la educación

Artículo 34. ...

La Secretaría evaluará los resultados en la calidad educativa de los programas compensatorios antes mencionados. La evaluación se hará conjuntamente con observadores y consejeros de la CNDH quienes harán propuestas para mejorar la equidad y cuidar el cumplimiento de lo marcado en la Declaración Universal de Derechos humanos de la ONU.

Capítulo IV

Del proceso educativo

Sección 1. De los tipos y modalidades de educación

Artículo 40. La educación inicial tiene como propósito potenciar el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos.

Artículo 42. En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a los derechos humanos, con ello procurando el cuidado de su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

Artículo 46. La educación en materia de cultura y arte procurará fomentar el aprecio, valoración e identificación con la cultura universal, nacional y regional, con el objetivo de desarrollar integralmente al estudiante, y brindar bases para que pueda potenciar su capacidad artística como una profesión.

La Secretaría, en coordinación con secretarías federales y regionales competentes, establecerán formas de reconocimiento y certificación de habilidades artísticas en los estudiantes.

La Secretaría en conjunto con autoridades competentes, generarán las formas en que se llevará educación cultural y artística de calidad a los estudiantes, como parte del desarrollo integral de los educandos.

Artículo 47. La educación a que se refiere la presente sección tendrá las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta.

Capítulo VII

De la participación social en la educación

(...)

Sección 2. De los consejos de participación social

(...)

Artículo 69. ...

La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, ex alumnos, representantes de la CNDH, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

Artículo 70. En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea o vincule la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación.

C. Iniciativa de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano

La diputada Abreu inicia su exposición señalando la necesidad de crear un ambiente propicio para desarrollar la formación y las habilidades de la niñez y la juventud, de manera que se conviertan en mejores ciudadanos. En este sentido considera fundamental la enseñanza del civismo, el cual define como “las pautas de comportamiento social que nos permiten vivir en la colectividad” (del latín civis ciudadano y civitatis ciudad) y que puede entenderse como “la capacidad de saber vivir en sociedad respetando y teniendo consideración al resto de individuos que componen la misma, siguiendo normas de conducta y de educación, que varían según la cultura del colectivo en cuestión.”

En opinión de la promovente, pese a la inclusión del civismo en los planes y programas de estudio de la educación básica, actualmente poco se sabe sobre el aprendizaje real de los alumnos respecto a esta materia. Y aunque en el origen de las conductas antisociales se encuentran factores como la marginación, la pobreza y el desempleo, también debe reconocerse –afirma– la existencia de muchas deficiencias en la formación cívica, en la educación para la convivencia pacífica y en la cultura de una vida libre de violencia.

De esta manera, la diputada Abreu propone reorientar la educación para formar ciudadanos de calidad con planes y programas académicos de alto contenido cívico y ético, para fomentar la convivencia social pacífica y armónica, solidaria y socialmente útil. El proyecto de decreto es el siguiente:

Artículo 7o. ...

I. a V.

VI. Promover la educación cívica,el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VII a XVI.

Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios y valores del civismo que garanticen la convivencia pacífica, armónica, solidaria y socialmente útil, en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

...

III. Consideraciones generales

Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos comprendemos las preocupaciones expuestas por los promoventes de las iniciativas descritas en el punto anterior y damos cuenta de las inquietudes y propuestas planteadas.

Desafortunadamente, como se manifiesta en la exposición de motivos, en los últimos años diversas naciones se han visto inmersas en una ola de violencia verdaderamente alarmante, México incluido. Y no sólo eso, sino que la violencia, además de incrementarse cuantitativamente y en su grado de peligrosidad, es cada vez más precoz. Especialistas afirman que las edades de iniciación en el crimen tienen una tendencia a reducirse, de manera que cada vez tenemos delincuentes más jóvenes.

Reconocemos que en México la  violencia se multiplica y que sus dinámicas y consecuencias se expanden, sin embargo, cabe señalar que las causas que provocan la “cultura de la violencia” son más diversas y complejas de lo que hasta hace algunos años se pensaba.

Las condiciones de hacinamiento, de desnutrición, de desempleo y de deterioro de la familia que imponen la desigualdad y la pobreza, propician en gran medida el desarrollo de conductas agresivas, y el mantenimiento de las condiciones de asimetría, que son también una respuesta al ejercicio de la violencia.

El Índice Global de la Paz 2009, que mide la percepción de la violencia en las naciones, arrojó resultados que demuestran que la  violencia es, en parte, efecto del acelerado aumento de precios en los alimentos y combustibles a inicios de 2008 y del dramático declive económico global en el último cuarto periodo del año 2009. El estudio señala también que el rápido aumento del desempleo, la congelación de pagos, la caída en el valor de los bienes inmuebles, ahorros y pensiones han causado un resentimiento popular en varios países, con repercusiones políticas que han sido registradas por el GPI 2009 como indicadores que miden la seguridad en la sociedad.

Si bien estos datos son recientes, la preocupación del sector educativo sobre la violencia no es un tema nuevo; a partir del pensamiento de Torres Bodet, en México han existido experiencias que responden a educación de principios democráticos, así como de justicia y paz.

A principios de los años sesenta el plan de estudios de primaria consignaba entre las finalidades de la historia “afirmar en los alumnos los ideales democráticos de México” en el civismo “crear en el educando convicciones y actitudes definidas acerca de los ideales democráticos de nuestro país y de la humanidad”; y en la secundaria “continuar el desenvolvimiento armónico del individuo, basándose en la comprensión de las diversas actitudes del hombre compatibles con la dignidad humana y encaminadas a prepararlo para la vida dentro de la libertad, la democracia, la justicia y la paz”.

A partir de entonces se han desarrollado otras experiencias en educación formal en diferentes partes del país y en todos los niveles educativos. Por su parte la Secretaría de Educación Pública y las Comisiones de Derechos Humanos (la nacional y las locales) desarrollan también procesos de educación en derechos humanos en diferentes ámbitos del sistema educativo de la mayor parte del país.

Respecto del concepto de valores humanos universales, el profesor Shalom Schwartz de la Universidad Hebrea de Jerusalén, creador de la Teoría de los Valores Humanos Básicos, sostiene que existen diversos valores básicos que las personas de todas la culturas reconocen, ya sea de forma explícita o bien que son inferidos indirectamente a través de sus juicios y sostiene que ésta teoría es aplicable tanto a las poblaciones con educación occidentalizada como en aquellas con poca o ninguna educación. Entre los valores humanos básicos que Schwartz identifica a través de diversos estudios, se encuentran la búsqueda de seguridad y orden social, la cortesía, el respeto, la lealtad, la responsabilidad, la justicia social, la paz, la libertad, la tolerancia, la independencia, entre otros.

Los valores universales que dieron origen a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos son ahora reconocidos y aceptados en los sistemas legales alrededor del mundo, mucho más de lo que lo fueron hace algunas décadas. Por su parte, Kofi Annan sostiene que es tiempo para reafirmar valores universales como la paz, la libertad, el progreso social, la igualdad de derechos y la dignidad humana. Annan añade que para entender los valores universales de la persona humana es necesario comprender lo que estos no son y aclara que su validez no depende de que sean universalmente obedecidos o aplicados, ya que los códigos de ética son siempre la expresión de una aspiración o un ideal, un estándar por medio del cual los errores morales pueden ser juzgados, y no una receta que asegure que nunca ocurrirán. Asimismo, los valores universales requieren del reconocimiento de las características humanas que tenemos en común y del respeto por la dignidad humana y consideración para con las personas de otras comunidades.

Por último, los integrantes de la dictaminadora deseamos enfatizar que el artículo séptimo de la Ley General de Educación establece los fines que la educación habrá de observar, entre los que se encuentran, de acuerdo al texto vigente:

• Contribuir al desarrollo integral del individuo,

• Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía,

• Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia,

• Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones y propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos;

• Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.

Actualmente, estos y otros fines contenidos en la propia ley y en la Constitución dan la pauta para incluir en  los planesy programas de estudio ciertos valores y principios como la equidad, la tolerancia, la justicia, la democracia, el reconocimiento a las diferencias y el respeto a los demás.

IV. Consideraciones particulares

Propuesta de reforma al artículo 2o.

Se propone incluir en el segundo párrafo la precisión de que la educación se fundamenta en las bases de los derechos humanos. La propuesta se considera pertinente, salvo una modificación en la redacción para hacer más armónico el texto, de la siguiente manera:

Artículo 2o.Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Asentada en las bases de los derechos humanos, la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Propuestas de reforma al artículo 7o.

Las tres Iniciativas proponen reformas al artículo 7o.. La primera propuesta consiste en incluir una nueva fracción en la que se enlisten los valores considerados en el programa Valores para Vivir, de la UNESCO, y algunos otros más. La propuesta se considera improcedente debido a que todos los conceptos propuestos ya están considerados directa o indirectamente en el texto vigente, tal como se especifica a continuación:

1. Amor. No está considerado dentro de los “valores universales” que detalla el Programa Valores para Vivir, citado en la Iniciativa como una de las fuentes de la misma, y en la argumentación no se explica por qué se incluye.

2. Honestidad

– Sinónimos: honrado, decente, recatado, pudoroso...

– 7o., fracción XIV: fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas... fracción VI: promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta...

3. Responsabilidad 

– 7o., fracción X: ... ejercicio responsable de la sexualidad... paternidad responsable... XIV: fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas...

– Artículo 2o.: en el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social...

4. Amistad 

– No está considerado dentro de los “valores universales” que detalla el Programa Valores para Vivir, citado en la Iniciativa como una de las fuentes de la misma, y en la argumentación no se explica por qué se incluye.

5. Solidaridad

– Artículo 2o.: la educación... es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social

– Artículo 7o., fracción X: desarrollar actitudes solidarias en los individuos... fracción XII: fomentar actitudes solidarias y positivas hacia... el bienestar general

6. Tolerancia

– Artículo 7o. fracción X: desarrollar actitudes solidarias en los individuos... sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana...

– Artículo 8o.: el criterio que orientará a la educación... luchará contra... la formación de estereotipos, la discriminación...

7. Igualdad

– Artículo 7o. fracción VI: promover el valor de la igualdad de los individuos...

8. Pluralidad 

– Multitud, número grande de algunas cosas, o el mayor número de ellas. Cualidad de ser más de uno... Está contenido en el concepto de democracia.

9. Democracia 

– Artículo 7o., fracción V: infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como forma de gobierno y convivencia...

– Artículo 8o.: el criterio que orientará a la educación... fracción I. será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constate mejoramiento económico, social y cultural del pueblo

10. Equidad

– sin. Templanza, justicia natural...

– Artículo 7o., fracción VI: promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta...

– Artículo 8o., fracción II: Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura

11. Convivencia armónica entre las personas

– Artículo 8o., fracción III: Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos

Es importante recordar que existen dos maneras de definir un conjunto dado:

a) Por extensión o enumeración: se define nombrando a cada elemento del conjunto.

b) Por comprensión: se define mediante un enunciado o atributo que representa al conjunto (se busca una frase que represente a la totalidad de elementos sin nombrar a ninguno en particular). Otras legislaciones (Colombia, Argentina, Perú), definen por extensión las condiciones que establecen una diferencia entre los individuos, y que en algún momento han sido motivo de exclusión. Este es un criterio que no se utiliza en la Ley General de Educación, sino que más bien se define por comprensión. Además de que tendríamos una Ley muy extensa, enumerar elementos implica el riesgo de dejar fuera algunos que pueden no existir en este momento, pero podrían aparecer en función de los cambios sociales y culturales.

En este orden se ideas, los integrantes de la Comisión consideramos no procedente la inclusión del listado de conceptos que propone la diputada Calderón. Por el contrario, se considera pertinente incluir en el artículo 7o. el concepto de valores humanos universales propuesto, debido a que reconocemos que actualmente la mayoría de los países luchan por reforzar los valores humanos, entendiéndose entre estos a los denominados valores fundamentales o valores básicos (libertad, tolerancia, no violencia, discusión razonable, justicia, etcétera). La reforma se introduciría en la fracción VI del artículo 7o., por corresponder con la materia, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Artículo 7o. ...

I. a V. ...

VI.Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos, el respeto a los mismos y la práctica de los valores humanos universales.

VII.a XVI....

Las otras dos propuestas de reforma al artículo 7o. se consideran no procedentes puesto que están contenidas en otras fracciones o artículos de la Ley General de Educación.

Propuestas de reforma al artículo 8o.

Tanto la reforma al primer párrafo como la de la fracción III de este artículo se consideran procedentes, toda vez que especifican el concepto de derechos humanos como uno de los criterios que orientará la educación en México. Los integrantes de esta comisión consideramos que estas reformas se encuentran en armonía con lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de junio de 2011, cuando se introdujo la noción de derechos humanos además del de las garantías individuales que existía hasta entonces.

Propuesta de reforma al artículo 9o.

La propuesta de reforma a este artículo se considera procedente, toda vez que amplía las obligaciones del Estado respecto al apoyo no sólo a la investigación científica, sino también al pensamiento crítico humanista. A juicio de los integrantes de la Comisión, de esta manera quedan comprendidas las ciencias sociales y las humanidades, áreas del conocimiento fundamentales para el desarrollo de la sociedad y generalmente consideradas de menor jerarquía que las llamadas ciencias duras.

Propuesta de reforma al artículo 10

Se propone agregar la obligación de las instituciones del sistema educativo nacional para impartir educación integral. La propuesta se considera improcedente debido a que tal precisión ya se establece en los artículos 2o., 7o. y 8o. para toda la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

Propuesta de reforma al artículo 29

Se propone que la evaluación realizada por la Secretaría se realice consultando las sugerencias que organizaciones civiles autónomas pudieran realizar. Se considera no procedente debido a la vaguedad de la propuesta –no se especifica sobre qué aspectos pudieran formularse tales sugerencias, y no se precisa qué tipo de organizaciones podrían ser consideradas.

Propuesta de reforma al artículo 34

Se propone que la evaluación de los programas compensatorios que realice la Secretaría se haga de manera conjunta con “observadores y consejeros” de la CNDH, con el propósito de mejorar la equidad. Se considera improcedente debido a que la CNDH no tiene facultad ni estructura para evaluar programas; esta función es realizada por el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que se encarga principalmente de:

1. Normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y

2. Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

Propuesta de reforma al artículo 40

Se propone sustituir el término “favorecer” por el de “potenciar” en el propósito de la educación inicial, lo cual se considera procedente porque el nuevo término lleva implícito el reconocimiento de las capacidades que los niños ya tienen, mismas que deberán incrementarse mediante la educación.

Propuesta de reforma al artículo 42

Se propone precisar que la impartición de educación para menores de edad se realizará con base en el respeto a los derechos humanos, lo cual se considera improcedente debido a que en el mismo párrafo se señala que en tal educación “se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad”.

Propuesta de reforma al artículo 46

Se propone crear un nuevo artículo en el que se especifiquen los propósitos de la educación en materia de cultura y arte. Al respecto, es importante señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3o. constitucional y en la misma Ley General de Educación, en el caso de la educación básica y normal el diseño curricular es competencia de las autoridades educativas de nivel federal, y no del Poder Legislativo. En consecuencia, la propuesta se considera no procedente.

Propuesta de reforma al artículo 49

En este artículo se definen los principios en que se basará el proceso educativo: “en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones”. La propuesta consiste en agregar a tales principios los del civismo, lo cual se considera redundante.

Propuesta de reforma al artículo 69

La propuesta consiste en incluir como parte de los consejos escolares de participación social a representantes de la CNDH. La propuesta se considera innecesaria, puesto que ya en el mismo artículo se señala que podrán participar “los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela”, e inviable, debido a que no existirían suficientes representantes de la CNDH para participar en cada consejo escolar.

Propuesta de reforma al artículo 70

El artículo establece que los consejos municipales de participación social consideren la participación de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación; la propuesta consiste en agregar a las OSC cuyo objeto vincule a la educación. Al respecto, es importante precisar que la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil establece con claridad los objetos de fomento y no prevé la figura que se propone, además de que el mismo artículo señala que podrán participar “los demás interesados en el mejoramiento de la educación”. La propuesta se considera no procedente.

Es de considerarse que el presente dictamen fue aprobado por el pleno de esta Comisión dictaminadora en la cuarta reunión ordinaria, celebrada el 17 de abril de 2013, sin  embargo debido a las recientes reformas realizadas  a la ley General de Educación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del  11 de  septiembre de 2103, esta Comisión considero pertinente retirar el mismo  con el propósito de adecuarlo a dichas reformas en  lo que se refiere a los artículos 8o y 9o  de la misma Ley, lo cual no modifica de manera alguna su sentido en los términos del presente proyecto de decreto.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción A de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que se remita a la Cámara de Senadores el presente proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación, para efecto de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizadas las iniciativas materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de valores

Artículo Único.Se reforman los artículos 2o, segundo párrafo; 7o, fracción VI; 8o, primer párrafo; 9o y 40 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o....

Asentada en las bases de los derechos humanos,la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

...

Artículo 7o. ...

I. a V. ...

VI.Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos , el respeto a los mismos y la práctica de los valores humanos universales;

VII. a XVI. ...

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico y el respeto a los derechos humanos; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. a IV. ...

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y el pensamiento crítico humanista, al tiempo que alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 40. La educación inicial tiene como propósito potenciar el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Rodríguez Manzanera, Luis (2009). Criminología. México. Porrúa. Pág. 507

2 Torres, Carmen (2005). Revista Iberoamericana de Educación. Madrid, España. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pág. 55-92

3 Meneses Morales, Ernesto (1988). Tendencias educativas oficiales en México, 1934-1964. México. Centro de Estudios Educativos-Universidad Iberoamericana. pp. 409-411.

4 Cfr. Schwartz, Shalom (2006). Les valeurs de base de la personne: Théorie, mesures et applications. Revista Francesa de Sociología, número  42, Francia, Centro Nacional de Investigación Científica, páginas 249-288.

5 Cfr. Annan, Kofi (2003). Do we still have universal values?. Canadá, Canadian International Youth Letter, Public Awareness Education Programs.

6 Ídem.

7 Cfr. De la Isla Veraza, Carlos (1993). La legitimidad de algunos valores universales hoy, estudios de filosofía, historia y letras, número 32. México, Instituto Tecnológico Autónomo de México.

8 Extraído el 9 de abril de 2013 desde http://www.coneval.gob.mx/ quienessomos/Paginas/Quienes-Somos.aspx

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López, secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Días Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: En razón de la que la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, que fundamentaría el dictamen, se encuentra en comisión, insertaremos su posicionamiento en el Diario de los Debates.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Posicionamiento sobre el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de Fomento de Valores.

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano: Honorable asamblea, me corresponde fundamentar el  presente dictamen que pongo a su consideración, el cual propone reformas a diversas disposiciones de los artículos 2o., segundo párrafo; 7o., fracción VI; 8o., primer párrafo; 9 y 40 de la Ley General de Educación.

Señoras y señores legisladores, la formación integral de nuestros niños y niñas, así como de nuestros jóvenes, es un tema que como sociedad no podemos pasar por alto. Prueba de ello, es el presente dictamen que ha logrado el involucramiento de los diferentes grupos parlamentarios aquí representados, que en todo momento han mostrado su compromiso con la niñez y la juventud de nuestro país, conscientes de que son ellos, el futuro de nuestra patria.

La tarea de educar a las futuras generaciones, debe contar con cimientos sólidos, que permitan la formación de ciudadanos comprometidos con el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de la ley y los principios democráticos. En ese sentido, es obligación del Estado mexicano, brindar desde temprana edad a las niñas y niños un proceso formativo que contemple los valores universalmente reconocidos y que se encuentran garantizados por nuestra Carta Magna.

Reconocer al proceso educativo, como el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura es comprometerse con el desarrollo de las y los mexicanos, así como con la transformación de nuestra sociedad. la reforma educativa aprobada en este mismo recinto en meses anteriores, fue el primer paso para contar con mejores condiciones para la educación, así como con un sistema educativo que responda a las necesidades de la sociedad mexicana del Siglo XXI.

Las sociedades democráticas, tienen en los derechos humanos uno de sus pilares fundamentales, son garante de la convivencia armónica y pacífica entre sus habitantes y reflejo de su nivel de desarrollo. Introducir el concepto de derechos humanos como uno de los criterios que habrán de orientar el proceso educativo en nuestro país, permitirá contar con planes y programas académicos que formen a los educandos bajo los principios de valores básicos como la libertad, tolerancia, no violencia, justicia, etcétera.

En momentos como el que atraviesa nuestro país en materia de seguridad, es de vital importancia preguntarse sobre si es precisamente la pérdida de estos valores básicos para la convivencia lo que ha llevado al desgaste del tejido social. Apostar por un perfil educativo que desde la formación inicial aporte a generar un sentido más humanitario, generador de conciencia y responsabilidad social, permitirá que las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos vivan en un entorno más amigable, en el que las condiciones de convivencia posibiliten el óptimo desarrollo de todas las facultades del ser humano.

En ese contexto, la participación de las instituciones educativas es pieza clave para el fomento de la investigación científica con sentido crítico y humanista, que además de las ciencias duras involucre activamente a las ciencias sociales y a las humanidades, como ramas del conocimiento encargadas de potenciar las capacidades del valioso capital humano con el que cuenta nuestro país.

Las modificaciones propuestas a la ley General de Educación, retoman íntegramente el espíritu de la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada en junio de 2011, que se adicionó a la protección de las garantías individuales contempladas hasta ese momento, así pues, el artículo 1°, párrafo tercero de nuestra Constitución señala lo siguiente:

Cito, “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

En ese sentido, es claro que el mandato constitucional nos invita a reiterar el compromiso de esta soberanía para con la educación en nuestro país, y de manera particular con la formación bajo los principios de los derechos humanos fundamentales.

Así pues, y en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente redacción de los artículos 2°, segundo párrafo; 7°, fracción VI; 8°, primer párrafo; 9 y 40 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 2o.. ...

Asentada en las bases de los derechos humanos, la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

...

Artículo 7o.. ...

I. a V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar fa cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos, el respeto a los mismos y la práctica de los valores humanos universales;

VII. a XVI. ...

Artículo 8o.. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico y el respeto a los derechos humanos; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. a IV. ...

Artículo 9o.. Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y el pensamiento crítico humanista, al tiempo que alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 40. La educación inicial tiene como propósito potenciar el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Compañeros diputados, una vez argumentado el sentido de mi intervención, los llamo a votar a favor del presente dictamen. Porque consideramos que su aprobación permitirá contar con el fundamento legal que sustente un sistema educativo comprometido con la formación integral de nuestros niños y jóvenes, ya que responderá al compromiso que como sociedad democrática tenemos con los derechos humanos.

Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: El dictamen está a discusión y para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz la diputada Dora María Talamante Lemas.

Entonces vamos a iniciar la fijación de posturas con el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.

En todo el mundo se vive una ola de violencia verdaderamente alarmante. Derivado de esto, por lo menos en México, cada vez tenemos más delincuentes jóvenes y las consecuencias agravan la situación en la que vivimos.

Entre las causas que han llevado a la pérdida de valores están la desintegración y conflictos familiares, la situación económica, la falta de empleo y oportunidades, la deserción escolar, las adicciones, entre otras, lo que ha dejado como consecuencia surgimiento de bandas, prostitución, robos y desorientación en las y los adolescentes.

Debemos implementar en las escuelas públicas los valores universales, lo cuales requieren del reconocimiento de las características humanas que tenemos en común, del respeto a la dignidad humana y consideración para las personas con ideologías y culturas diferentes.

Entre los valores humanos básicos se encuentran la búsqueda de seguridad y de orden social, la cortesía, el respeto, la lealtad, la responsabilidad, la justicia social, la paz, la tolerancia, la independencia, entre otros.

El desarrollo armónico integral de los seres humanos en nuestro país ha quedado en segundo plano. Se ha descuidado generar ciudadanas y ciudadanos íntegros a partir de las bases de un pensamiento humanista y crítico que permita el desarrollo tanto personal como colectivo.

Solamente se ha priorizado la enseñanza de materias técnicas y se está dejando de lado la integridad de los estudiantes. Se ha abandonado el conocimiento humanista sin tomar en cuenta la realidad en que vivimos.

Los responsables de la educación y los gobernantes no han tenido la misma intención de establecer un proyecto nacional integral con bases humanistas, lo que provoca obstáculos para generar un buen desarrollo político, económico, social y cultural.

Las actitudes y valores no sólo se forjan en el hogar, también la escuela es parte fundamental de la realidad en la que todos y cada uno de los estudiantes mexicanos merecen y necesitan ser enseñados, comprendidos e integrados individualmente.

Los valores humanos han sido siempre tema importante y fundamental, sobre todo de las personas exitosas y responsables. Por ello, necesitamos medidas para seguir instruyendo y rescatar los valores de las y los mexicanos, así nuestro país tendrá un desarrollo sin corrupción y con transparencia en todos los sentidos.

Por lo anterior, es fundamental el que la educación que imparta el Estado contribuya a la formación integral y armónica de las y los educandos, ofreciendo una base crítica y ética que respete, proteja y garantice los derechos humanos.

Reconocemos que esta iniciativa, generada por un servidor, fue de igual manera coincidente con la compañera diputada Leticia Calderón Ramírez. Derivado de lo anterior expresamos nuestra preocupación en el tema a efecto de que a toda currícula de los planes de estudio se incorporen los valores intrínsecos a nuestra propia esencia, por lo que la fracción de Movimiento Ciudadano votará a favor de este proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia del fomento y la inclusión de los valores fundamentales intrínsecos a nuestra propia esencia. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Coronato. Tiene ahora la palabra la diputada Judit Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López:Con su venia, presidente.

Señoras y señores legisladores, frente a los enormes desafíos del porvenir que enfrenta México, la educación constituye el proceso y la herramienta indispensable para que nuestra sociedad pueda progresar hacia mejores condiciones de justicia, libertad y desarrollo, pero sin la adecuada y sólida formación en valores no se puede avanzar hacia ningún lado.

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el éxito de la reforma educativa nacional aprobada por esta Cámara mucho depende de la capacidad del Estado de inducir la formación de una educación en valores de niños y jóvenes y de la sociedad en general. La propuesta de los pilares de la educación para el siglo XX, de la UNESCO, destaca la importancia de la formación en valores como un mecanismo para enfrentar los desafíos de la sociedad global, la crisis del vínculo social, la incertidumbre de las sociedades modernas y los riesgos de la intolerancia y la exclusión social.

Hoy, en este entorno de grandes transformaciones que experimenta nuestro país, el Estado mexicano necesita recuperar su elevada misión ética de alentar la formación individual y colectiva de valores y de superar las perniciosas prácticas de impunidad y corrupción e injusticia.

Si no cambiamos en términos del ejercicio ético en valores, la reforma educativa nacional enfrentará grandes riesgos. Tampoco prosperará el cambio con justicia que queremos para el Estado y la sociedad mexicana.

Los datos empíricos en materia de valores son contundentes. En un estudio realizado a final de la primera década de este siglo por agencias internacionales en países latinoamericanos, para el caso específico de México solamente el 10 por ciento de los estudiantes de segundo grado de secundaria demostró capacidad de comprensión de los conceptos cívicos y de ciudadanía; el 27 por ciento de las personas adultas desconoció la diferencia entre justicia e injusticia y un porcentaje mayoritario de ciudadanos no dudaría en elegir un régimen autoritario en lugar de un democrático, si el primero garantiza estabilidad y bienestar económico.

Hay varias razones fundamentales del por qué es importante impulsar una educación basada en valores. Ayuda a forjar sujetos sociales con capacidad de autonomía de decisión; contribuyen a crear espacios críticos de libertad; genera procesos colectivos de conciencia; inducen la integración de perfiles sociales de identidad ética en una nación y motivan el establecimiento de esquemas y mecanismos de solidaridad, cooperación y compromiso en una sociedad.

Es importante diseñar programas pedagógicos y planes curriculares en los sistemas escolarizados que fortalezcan la educación y formación en valores de los niños, los jóvenes y de la sociedad mexicana en su conjunto. Hay que decir que estos valores no son considerados ni contemplados a plenitud en los principios y ejes jurídicos normativos de la educación mexicana.

El artículo 7o de la Ley General de Educación establece que la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización de reconocimiento de validez oficial tendrá, además de los propósitos definidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Carta Magna, entre otros, los siguientes: contribuir al desarrollo integral y armónico del individuo, fortalecer la conciencia de identidad nacional, infundir el conocimiento y la práctica de democracia, promover el valor de la justicia, desarrollar las actitudes solidarias, difundir y defender los derechos humanos y fomentar el sentido de la cooperación.

El Partido Verde Ecologista de México, ratifica su compromiso de impulsar una educación de calidad, fundada en los valores sociales, por eso manifiesta su apoyo a la iniciativa de reforma del artículo 7o. de la Ley General de Educación, que permite integrar e incluir los valores contemplados en el programa Valores para Vivir, propuestos por la UNESCO.

Si queremos contar con una reforma educativa nacional exitosa necesitamos poner énfasis en el tema de la formación de valores. La educación de calidad depende de ello, pero también la transformación democrática de la nación y las instituciones públicas de México.

Los avances por los que la vida de la república transcurre están determinados por la jerarquía de nuestros valores éticos, y hoy es tiempo de ponerle límite a la impunidad, a la corrupción y la deshonestidad que tanto obstaculizan el progreso del país. Para esto, junto a eso, habrá que diseñar planes y programas con contenidos temáticos que estimulen la educación en valores. Es cuanto, presidente, y a consideración de los señores legisladores.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, como mexicanos sabemos que la educación constituye uno de los pilares del Estado democrático, así ha quedado de manifiesto en la reciente reforma educativa, a la que se le ha impreso una exigencia para lograr el desarrollo nacional, en el sentido de que ésta sea de calidad.

Asimismo, se ha fortalecido y elevado a rango constitucional el derecho a la educación de la infancia, a fin de que se organicen de manera plena sus derechos, entre los que se encuentra la satisfacción de sus necesidades de sano esparcimiento para su desarrollo integral.

En Nueva Alianza compartimos firmemente estos postulados, porque sabemos que una sociedad educada, conocedora de sus derechos y de sus obligaciones, como ciudadanos, es la mejor garantía de vivir en democracia.

Creemos que la educación es uno de los derechos inherentes al ser humano, como tal debe ser respetado y garantizado, pues su práctica cotidiana da como resultado el aprendizaje de otros deberes propios de una sociedad democrática.

En el contexto actual, altamente globalizado y competitivo, coadyuvamos para que ésta y las próximas generaciones de ciudadanos mexicanos obtengan el óptimo desarrollo de sus competencias para aprender a ser mejores y a convivir entre sí.

Sin embargo, por más de 25 años al referirnos a los contenidos educativos nos olvidamos de la enseñanza y aprendizaje de los valores como aspecto fundamental de la educación, restándoles el reconocimiento que merecen y el importante papel que juegan en la composición del tejido de cualquier sociedad que como la nuestra se pretende moderna.

Retomar como parte del proceso formativo y educativo a los valores, tal como se propone en esta reforma a la Ley General de Educación, es actuar con pertinencia ante la realidad que como legisladores tenemos la obligación de transformar.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos de que los valores humanos universales dan testimonio de la voluntad para transformar la realidad, de cambiar el orden de las cosas con el fin de orientar el desarrollo para convivir en sociedad.

Por ello, la importancia de recuperar en el ámbito escolar el significado y el sentido de vivir en libertad, en igualdad, de ser tolerantes, de tener respeto, de ser solidarios y de actuar con honradez y justicia, entre otros valores.

Otro de los importantes contenidos de esta reforma consiste en la vigilancia del pensamiento crítico humanístico, en el sentido de que la sola enseñanza de los valores humanos universales se convertirá en una acción trivial si estos no se practican en el seno de la comunidad escolar.

Cada uno de estos valores debe ser práctica viva en las relaciones cotidianas entre docentes, alumnos, padres de familia, autoridades educativas y todo aquel que participe en el sistema educativo nacional.

Al incluir en la tarea educativa del Estado la formación de valores humanos, fundamental en las bases de los derechos humanos, y que éstos sean ejercidos de manera cotidiana dentro de la comunidad escolar estaremos coadyuvando con oportunidad a la construcción de nuevos ciclos de una sociedad mexicana más democrática y mejor educada.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza da su voto a favor de esta reforma a la Ley General de Educación. Por lo que sabemos que la inclusión de valores humanos universales al proceso educativo contribuirá a promover en las niñas, niños y jóvenes de México, de hoy y del futuro, la formación de una cultura humanística, científica y tecnológica abierta al cambio y comprometida con sus semejantes. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar y dar la más cordial bienvenida a esta sesión, a un grupo de alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que están hoy aquí invitados por la diputada Leticia Calderón. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión.

Tiene la palabra, la diputada Roxana Luna Porquilllo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Roxana Luna Porquillo:Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados y diputadas, el día de hoy vengo a posicionar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la importancia que reviste la convivencia social y el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. El fomento y el ejercicio cotidiano de los valores que actualmente rigen a esta sociedad.

Este dictamen tiende a aumentar las coincidencias a favor de las aspiraciones comunes de todos los partidos políticos y más allá de los mismos. Muestra de ello es la pluralidad de este dictamen, pues en su origen, en las iniciativas de todos los grupos políticos de los grupos parlamentarios.

La iniciativa tiene como piedra angular los valores universales, los cuales se expresan como un concepto de amor, honestidad, responsabilidad, amistad, solidaridad, tolerancia, igualdad, pluralidad, democracia, equidad y convivencia armónica entre las personas, grupos y sectores sociales, políticos y económicos, ambiente necesario para aprovechar de manera óptima las potencialidades humanas y lograr el desarrollo y progreso que la amplia mayoría de los mexicanos y mexicanas aspiramos.

El ejercicio de tales valores universales requiere un trabajo permanente desde la familia, la escuela y en todos los espacios de la sociedad. Tenemos que ser capaces de identificar y resolver sus conflictos de manera individual, y tenemos que hacerlos nuestros en una práctica común hasta convertirlos en una práctica habitual.

Es por ello que de aquí y desde nuestro punto de vista se debe seguir incentivando desde nuestra formación como individuos y en las colectividades. Es por ello que este dictamen toca diversas modificaciones a la Ley General de la Educación.

En este sentido tenemos que aceptar que como sociedad enfrentamos el problema de un bajo nivel de práctica de estos valores, situación que pone en riesgo la construcción de una sociedad justa con libertad y democracia. Muestra de ello son los conflictos sociales, los bajos niveles de participación ciudadana en materia de democracia, la intolerancia a las ideas y la práctica de inequidad y falta de armonía, ambiente que en nuestra sociedad están presentes y que el Estado tiene el deber de intervenir para superar estos problemas de carácter social y cultural.

Consideramos que, como grupo parlamentario, el aprendizaje de estos valores es un proceso lento, gradual y permanente que debe ser abordado desde la infancia en los centros escolares, en los hogares y en la sociedad. Por eso este proceso requiere de nuestra aspiración para seguirlo construyendo en el ámbito de la libertad, de la justicia y de la democracia. Por ello, el PRD votará a favor de este dictamen en concordancia en el espíritu democrático. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, Poncho.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: La sociedad que queremos privilegia la vigencia de los derechos humanos, da prioridad a que todos tengan lo necesario para vivir y también para desarrollarse. Aspiramos a que México tenga un Estado eficaz, que respete libertades y ponga límites a excesos y desigualdades, capaz de articular políticas sociales integrales para asegurar el bienestar de su población.

Ante todo necesitamos garantizar a los mexicanos el acceso a una educación universal, inclusiva e intercultural en todos los tipos, niveles y modalidades, con el firme objetivo de fortalecer la formación en los valores cívicos y éticos entre niños y jóvenes mexicanos como un medio para evitar la expansión de la violencia que ahora se multiplica en nuestro país.

Acción Nacional desde su fundación ha tenido una vocación establecida en los fines de la educación, misma que contribuye en el desarrollo integral del individuo, que promueva el valor de la justicia y que también desarrolle una cultura por la vía de la paz y de la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, propiciando el conocimiento y respeto de todos los derechos humanos.

Actualmente las propuestas que hemos venido desarrollando en Acción Nacional se han concentrado en los principios de equidad, tolerancia, justicia, democracia, reconocimiento a las diferencias y el respeto a los demás; esto y otros fines buscamos estén contenidos en la ley, sirviendo como guía de inclusión en los planes y programas de estudio.

Teniendo en cuenta que el objetivo de la educación es generar el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales es que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional coincide en el sentido del dictamen, ya que se pretende satisfacer la necesidad de crear un ambiente propicio para desarrollar la formación y las habilidades de la niñez y de la juventud de manera que se conviertan en mejores ciudadanos.

Por eso, porque nosotros sí creemos en la educación como un factor medular en el desarrollo de una sociedad más justa, con principios democráticos y también de paz, porque además creemos y coincidimos en que es preciso que la atención al desarrollo de la educación se centre en los propósitos educativos comunes, que contribuya al desarrollo de la sociedad que queremos.

Sabemos que implica un cambio sustantivo de la noción de aprendizaje, que no deberá reducirse a que los alumnos manejen un cúmulo de conocimientos puntuales de manera superficial y memorística, sino que deberán incluir también aspectos cognitivos, prácticos y actitudinales para desarrollar competencias complejas y en ese sentido en el Partido Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen.

Por eso el país que queremos construir debe ser una República de experiencias que respondan a una educación formadora de mejores ciudadanos y una nación más humana y más generosa. Es todo, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Compañeras y compañeros legisladores. La Comisión de Educación y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados presentó ante el pleno de esta soberanía un dictamen relativo a tres iniciativas elaboradas por compañeros diputados de diversas expresiones parlamentarias, que modifican los artículos 7 y 49 de la Ley General de Educación.

En el seno de la comisión la secretaría técnica de la misma llevó a cabo un análisis de las propuestas concluyendo que las normas a modificar deben ser la adición de un párrafo cuarto al artículo 2o; fracción VI del artículo 7o. y al artículo 8o., 9o. y 40 del ordenamiento en comento, tal y como aparecen en el dictamen referido, en materia de formación de valores.

El tema abordado por los promoventes son cosas importantes, porque atienden a una problemática que en estos tiempos presentan conflictos complejos de carácter social que a partir de la educación de nuestros niños, jóvenes y adultos pueden ser paliados.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo saluda la profesión contenida en el dictamen en comento, por los contenidos que presenta de acuerdo a lo que líneas adelante manifiesta. En efecto, personalidades como el ex secretario de Educación Pública de México, doctor Jaime Torres Bodet; el profesor Shalom Schwartz de la Universidad Hebrea de Jerusalén y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, han emitido sus opiniones al respecto.

Así, el maestro Torres Bodet externó que en México han existido experiencias que responden a la educación con principios básicos democráticos, así como de justicia y de paz. El profesor Schwartz, creador de la Teoría de los Valores Humanos Básicos, por su parte identifica a través de diversos estudios que en ellos se encuentran la búsqueda de seguridad y orden social, la cortesía, la lealtad, la responsabilidad, la justicia social, la paz, la libertad a la tolerancia y la independencia, entre otros.

Kofi Annan sostiene que es tiempo de reafirmar valores universales como la paz, la libertad, el progreso social, la igualdad de derechos y la dignidad humana.

Es pertinente mencionar que todo lo anterior responde a que la formación en valores cívicos y éticos entre los niños y jóvenes mexicanos tiene serias deficiencias, al grado de que en un estudio realizado en 2009 en una muestra que incluyó a 37 países de Latinoamérica se arribó a resultados como los siguientes:

Sólo 10 por ciento de los estudiantes mexicanos de segundo año de secundaria demostró que comprende los conceptos cívicos y de ciudadanía, mientras que el 27 por ciento desconoce y no identifica la diferencia entre la justicia y la injusticia. Ello deviene confusión y distorsión en valores que ocasionan actitudes destructivas que generan deterioro social.

En otro estudio practicado por la Unesco y denominado Valores para vivir, desarrollado en 1996 en 62 países incluido México, se enfocan 12 valores universales considerados claves.

En suma, las iniciativas y el dictamen mismo que trata de la formación de valores humanos de nuestra niñez y juventud que nadie podría regatear en una sociedad como la nuestra, ávida de respeto a los derechos humanos de los demás, en consideración a lo expuesto la Comisión de Educación y Servicios Educativos ha propuesto un dictamen que aglutina los conceptos vertidos con anterioridad.

En mérito de lo asentado el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen en comento. Es cuanto señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente tiene el uso de la tribuna la diputada Leticia Calderón Ramírez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Leticia Calderón Ramírez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Es para mí un gran honor el poder dirigirme a ustedes y a la nación entera a fin de expresar el gran sentimiento que me embarga por ser la portadora, a nombre de mi grupo parlamentario, del posicionamiento a favor del dictamen que adiciona en el artículo 7o. de la Ley General de Educación, donde se establecen los fines que la educación habrá de observar, entre los que se encuentran el de contribuir al desarrollo integral del individuo, fortaleciendo dicho artículo en su fracción VI y expresando con claridad la disposición de la práctica de los valores universales; por lo que agradezco muy sinceramente al señor diputado Jorge de la Vega Membrillo, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Legislatura y especialmente a todos y cada uno de los integrantes que hicieron posible su aceptación, demostrando con ello que aunque diferimos en las opiniones, nos ponemos de acuerdo en lo fundamental: el progreso de México.

En algunos discursos reiteradamente se habla de los valores universales. Tratando de explicar con teorías éticas la esencia de los mismos. En otros casos, se pretende enseñar de manera pasiva conceptos que en muchas ocasiones quedan simplemente en la retórica, olvidando que lo importante de los valores en la convivencia social armónica y pacífica es su práctica en la vida cotidiana, pues eso solamente se aprende con el ejemplo, de aquellos a quienes tenemos como modelo, no para seguir sus pasos y cometer errores similares, sino para valorar día a día su repercusión en los actos de los demás y en nuestros propios hechos.

Sólo en la práctica se enseñan y se aprenden los valores. Una situación de esta naturaleza propicia el desarrollo humano, no desde la perspectiva de tener para valer, sino de ser para trascender y lograr una convivencia sana, más aún en estos momentos tan difíciles y complejos por los que se encuentra transitando el tejido social de nuestra patria.

Estoy plenamente convencida de que es necesario hacer un alto en el camino para revisar con profunda autocrítica lo que en conjunto hemos dejado de hacer, y analizar con puntualidad hacia dónde queremos llevar a nuestros niños y jóvenes.

Es momento de establecer las bases de la educación y que los valores no queden en el simple discurso, sino que sean la esencia de la política educativa definida en los planes y programas de estudio y que conjuntamente como sociedad, con el apoyo, por supuesto, de los maestros, de los padres de familia, las asociaciones religiosas, los partidos políticos, los organismos no gubernamentales y la sociedad civil organizada formemos un gran frente que propicie la transformación de las conciencias de estas generaciones, que por supuesto nos sustituirán en el futuro para hacer un México más sólido y formar mejores ciudadanos.

Agradezco el apoyo de la fracción parlamentaria a la que orgullosamente pertenezco, la del Partido Revolucionario Institucional, e invito muy respetuosamente a todos los partidos aquí representados a que expresen su voto a favor, porque estoy segura de que con la unidad en torno a México también estamos sembrando valores. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, compañeros, por la atención. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores y al no haber artículos reservados, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Juárez Piña, por favor.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Gracias, Presidente, por concederme el uso de la palabra. Solamente quería reconocer y felicitar a la Comisión de Educación por este dictamen que estamos votando ahora, y qué mejor día que hoy que celebramos el Día de la Convención de los Derechos de la Niñez.

Me parece muy oportuno este dictamen en el que se sentarán las bases para que los valores humanos formen parte de la educación básica. Me parece también que eso contribuye a la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que viene plasmada en este instrumento jurídico, que es el más importante: la Convención de los Derechos del Niño. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención ya quedó asentada en el Diario de los Debates.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor

La diputada María Eugenia de León Pérez (desde la curul): A favor

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Señor presidente, se emitieron 350 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de valores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

VOLUMEN II

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

Primero. En sesión celebrada de la honorable Cámara de Diputados, el 29 de abril de 2013, la ciudadana diputada Yesenia Nolasco Ramírez, y respaldada por los ciudadanos diputados María Isabel Ortiz Mantilla, Erika Yolanda Funes Velázquez, Minerva Castillo Rodríguez, Lourdes Adriana López Moreno, y Fernando Bribiesca Sahagún, presentaron iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la citada iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la honorable Cámara de Diputados, para su dictamen.

Tercero. Con fecha 17 de julio de 2013 la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitó prórroga para la elaboración del dictamen con número de expediente 2046 a la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados mediante oficio COMARNAT/LXII/632/13.

Cuarto. En fecha 22 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados concedió mediante oficio número MD/LXII/632/13, el otorgamiento de la prórroga solicitada para la elaboración del dictamen con número de expediente 2046.

II. Contenido de la iniciativa

Las diputadas y los diputados promoventes consideraron que las plagas y las enfermedades fitosanitarias tienen efectos ambientales que aceleran el proceso de desertificación por la pérdida de cobertura arbórea y el consecuente impacto en el crecimiento y la supervivencia de los árboles, el rendimiento y la calidad de la madera y de los productos no madereros, el hábitat de la fauna silvestre y los valores recreativos, estéticos y culturales. Igualmente, las especies de plantas invasoras afectan la composición de los ecosistemas al competir con las especies arbóreas nativas y dificultando su regeneración, lo que plantea nuevos desafíos especialmente para la conservación in situ de la diversidad biológica forestal.

En ese orden de ideas, las diputadas y los Diputados iniciadores señalan que el cambio climático y la falta de ordenación además del manejo adecuado de los bosques y de las plantaciones contribuyen a la propagación de plagas y enfermedades forestales.

Señalan los ciudadanos diputados en la iniciativa que de acuerdo con el monitoreo periódico 1990-2011 que realiza la Semarnat, en las zonas forestales del país, el promedio de la superficie afectada anualmente por plagas y enfermedades forestales fue de 38, 640 hectáreas, por lo que estimaron pertinente cambios a la legislación para el beneficio de la superficie afectada, señalada en ese periodo.

De los datos sobre plagas (que señalan los legisladores en la iniciativa) la mayor incidencia correspondió a los muérdagos (36%), seguidos por los descortezadores (33%), defoliadores (20%) y barrenadores (8%). Asimismo manifiestan que los estados con mayor superficie promedio afectada por enfermedades forestales en ese periodo fueron Oaxaca (3,955 hectáreas), Chihuahua (3,119 hectáreas), Aguascalientes (2,685 hectáreas) y Jalisco (2,645 hectáreas), es decir que va desde estados del norte hasta el sur.

Reafirman las diputadas y los diputados iniciadores con base en datos proporcionados por la Semarnat, que en nuestro país, la superficie afectada por plagas y por enfermedades forestales -en el periodo 1990-2010- se detectaron en los estados de Chihuahua y de Oaxaca; que va en el rango de 3,001 a 3,995 hectáreas por año, seguido inmediatamente después por el estado de Jalisco, de 2401 a 3000 hectáreas por año, y en cuarto y quinto lugares, Durango y Nuevo León respectivamente con aproximadamente 1801 a 2400 hectáreas por año.

En ese sentido señalan las y los legisladores proponentes en cuanto al tratamiento de control de plagas y enfermedades forestales en el periodo 2001-2012 se trataron en promedio anualmente 40 mil 522 hectáreas, y en el periodo 1990-2000 tan sólo 7 mil 263 hectáreas, es decir en los últimos años se incrementó casi 6 veces el tratamiento fitosanitario con respecto a las dos décadas pasadas, según datos de la Conafor y que en nuestro país, se tienen registradas más de 200 especies de insectos y patógenos que provocan daños en los ecosistemas forestales, con efectos económicos en relación a la pérdida directa de diversos productos forestales, en aproximadamente 10 millones de hectáreas forestales.

Los iniciadores apuntan que para emprender acciones de diagnóstico, control de plagas y especialmente sobre trabajos de saneamiento, así como de enfermedades fitosanitarias, la Conafor ha coordinado acciones interinstitucionales con apoyo de organizaciones como Comités Estatales de Sanidad Forestal; Semarnat; Gobierno de los Estados, entre otros.

Cabe señalar que los diputados promoventes manifiestan que este tema ha recibido atención de la Cámara de Diputados, cuando el pasado 20 de noviembre de 2012, se  aprobó como de urgente y obvia resolución una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor a iniciar acciones y a destinar recursos suficientes para controlar y combatir la plaga de insectos descortezadores en las zonas boscosas de Durango.

En ese orden de ideas los iniciadores realizaron una analogía jurídica con la regulación de los incendios forestales, los cuales se regulan en el mismo capítulo de Conservación Forestal y cuya coordinación institucional se encuentra con un mayor avance, control y evaluación de daños.

Dentro de los datos que proporcionan los diputados de la iniciativa, señalan la quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sobre incendios y plagas, que al analizar la información proporcionada advierten diferencia en el avance para enfrentar ambas problemáticas.

Asimismo mencionan al Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales señala que entre 2008 y julio de 2012, se presentaron en total 44 mil 532 incendios, afectando una superficie de 1.93 mil hectáreas 2010 (6 mil 125) y 2011 con el mayor número (12 mil 113) y que la superficie afectada, en 2010 se encuentra 114 mil 723.4 hectáreas y 956 mil 404 hectáreas en 2011.  Por lo que hace a sanidad forestal sólo se señala que durante el periodo 2009-2012, se estableció como meta diagnosticar 600 mil ha anuales y tratar a 40 mil hectáreas anuales y que en total se diagnosticaron 2.42 mil hectáreas y se aplicó tratamiento en 169 mil 432 hectáreas.

A continuación se presenta el cuadro comparativo entre la ley actual y la propuesta de la iniciativa:

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora considera con base, que nuestro país ocupa el décimo segundo lugar mundial en superficie forestal con 141.8 millones de hectáreas en diversos ecosistemas, y de ellas 56.8 millones son de superficie arbolada, pero 13 millones de hectáreas se encuentran con índices de perturbación y fragmentación (Semarnat, 2011). En esas condiciones de deterioro forestal viven 12 millones de personas, principalmente grupos étnicos (Alatorre, 2000) que tienen una amplia riqueza cultural, sin embargo, como sucede con otros recursos del país, se da una gran incoherencia porque hay una enorme riqueza natural y una amplia pobreza social y que nuestro país cuenta con las condiciones naturales excelentes para la producción forestal en bosques y selvas que pueden producir hasta 20m3 de madera al año, productividad que compite con plantaciones  cultivadas con grandes inversiones; eso sin contar con la gran diversidad de usos y productos adicionales que en muchos casos son fuente de prosperidad y arraigo de la población que los habita y debe ponerse atención al tema forestal como lo indican los diputados proponentes.

De conformidad con el objetivo establecido en el artículo segundo, fracciones I, II, III y IV de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) donde señala que:

“Artículo 2. Son objetivos generales de esta Ley:

I. Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales, así como de las cuencas y ecosistemas hidrológico-forestales, sin perjuicio de lo previsto en otros ordenamientos;

II. Impulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, para que contribuyan con bienes y servicios que aseguren el mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos, especialmente el de los propietarios y pobladores forestales;

III. Desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y aumentar la biodiversidad que brindan los recursos forestales;

IV. Promover la organización, capacidad operativa, integralidad y profesionalización de las instituciones públicas de la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, para el desarrollo forestal sustentable.”

Lo anterior con el objetivo de regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias en materia forestal, con el fin de propiciar la sanidad forestal. Asimismo los suscritos integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos que lamentablemente, se carece de una valoración del impacto ecológico y económico que causa esta creciente problemática en materia forestal. No obstante, se presume que puede ser considerable porque afecta la base de sustentación del aprovechamiento forestal y reduce los servicios ambientales que prestan los ecosistemas, haciendo más vulnerable a la población de sufrir los impactos del Cambio Climático.

La Comisión Dictaminadora persigue el fin de la fracción XV del artículo 3 de la LGDFS que establece dentro de sus objetivos específicos el de regular la prevención, combate y control de incendios forestales, así como de las plagas y enfermedades forestales.

En este orden de ideas las y los Diputados de la Comisión de Medio Ambiente y de Recursos Naturales consideramos que las acciones de sanidad forestal consisten en lineamientos, medidas y restricciones para la detección, control y combate de plagas y enfermedades forestales, por lo que consideramos procedente la base e implicación de la iniciativa sobre sanidad forestal.

Respecto de la propuesta a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambienteque propone adicionar “y la Ley General de Cambio Climático” en el tema forestal, se propone su eliminación dado que  el tema forestal ésta referido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y esta “doble concurrencia” se refiere a la aplicación temporal espacial de lo forestal a dos leyes razón por la cual proponemos su eliminación.

En lo que respecta a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,que propone respecto al artículo siete:

Artículo 7. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a XXXV. ...

XXXVI. Saneamiento forestal: Las acciones técnicas encaminadas a diagnosticar, prevenir, detectar, combatir, controlar plagas y enfermedades forestales y evaluar;

XXXVII. sanidad forestal: lineamientos, medidas y restricciones para el diagnóstico, prevención, detección, control, combate de plagas y enfermedades forestales y evaluación;

XXXVIII a LII. ...

Consideramos adecuado el incluir en primer lugar la evaluación, el diagnóstico, la prevención y la detección para realizar las acciones de saneamiento forestal cumpliendo ante todo el principio de conservación, consistente en el mantenimiento de las condiciones que propicien la persistencia y evolución de un ecosistema forestal natural o inducido, sin degradación del mismo.

Para las diputadas y los diputados la sanidad y vitalidad de los ecosistemas forestales son criterios obligatorios de la política forestal en su carácter ambiental y silvícola. De acuerdo con la fracción I del artículo 12 y el artículo 33 de la LGDFS, la política nacional en materia de desarrollo forestal sustentable es una atribución que le corresponde a la Federación, pero además destaca la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno y la corresponsabilidad de los propietarios, para enfrentar dicha problemática.

La redacción de este séptimo artículo quedaría como sigue:

Artículo 7. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a XXXV. ...

XXXVI. Saneamiento forestal: Las acciones técnicas encaminadas a evaluar, detectar, prevenir,combatir, controlar plagas y enfermedades forestales;

XXXVII. sanidad forestal: lineamientos, medidas y restricciones para detección, evaluación, diagnóstico, prevención, control, combate de plagas y enfermedades forestales ;

XXXVIII a LII. ...

Es muy importante destacar que esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce el efecto pernicioso que el calentamiento global está teniendo sobre la sanidad de ecosistemas forestales, que se incrementa por el cambio climático, y en consecuencia resulta aplicable una evaluaciónpara diagnosticar, y prevenirla vulnerabilidad de los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del clima.

Respecto del cambio a la fracción XXXVII del artículo 12de la  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable está regulado en la Norma Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2008, para la certificación del manejo sustentable de los bosques.

Las leyes, ni ningún otro ordenamiento jurídico, son un fin en sí mismos, por ello se previó en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que la Conafor pudiera formular, coordinar y evaluar los programas y acciones de saneamiento forestal, así como diagnosticar, prevenir, combatir y controlar las plagas y enfermedades forestales; y una vez analizada la situación de los municipios en nuestro país, podemos comentar que su realidad es variada y que en su mayoría no cuentan con capacidad instalada, para detectar,diagnosticar, prevenir, controlar y combatir plagas y enfermedades forestales, por lo que reconsideramos que debe permanecer en la esfera federal esta atribución tal como está plasmado en el vigente artículo 22.

De igual forma, consideramos que la presente iniciativa en su propuesta de adicionar la fracción II del artículo 24 para “ formular, coordinar y evaluar los programas y acciones para prevención, detección y combate de incendios forestales en la entidad, así como los de diagnóstico y control de plagas y enfermedades”, vendría a fortalecer las capacidades necesarias para atender las plagas y enfermedades fitosanitarias, para el manejo, protección, conservación y restauración de los ecosistemas, recursos forestales y suelos para articular la reducción del riesgo de origen hidrometeorológico y la adaptación al cambio climático por lo que vemos favorable su inclusión.

Para los efectos de la propuesta de adición del artículo 121 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable, resulta un elemento fundamental el establecer mecanismos de políticas diferenciadasy estas deberían ser reguladas a través de políticas públicas entre márgenes que no propicien favoritismos ni exclusiones.

Esta comisión dictaminadora está de acuerdo con los planteamientos de los diputados proponentes respecto del artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que presentaron esta iniciativa hemos observado que el tema de saneamiento a causa de plagas y enfermedades forestales debe quedar bien establecido en la Ley en comento.

Por todo lo anterior, las Diputadas y los Diputados que suscribimos el presente dictamen concluimos que las propuestas de reformas y adiciones contenidas en la iniciativa con los cambios realizados son de aprobarse.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único. Se reforman los artículos 7, fracciones XXXVI y XXXVII; 24, fracción II, y 131, párrafo quinto, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XXXV. ...

XXXVI. Saneamiento forestal: Las acciones técnicas encaminadas a evaluar, detectar, prevenir,combatir, controlar plagas y enfermedades forestales;

XXXVII. Sanidad forestal: Lineamientos, medidas y restricciones para detección, evaluación, diagnóstico, prevención, control, combate de plagas y enfermedades forestales ;

XXXVIII. a LII. ...

Artículo 24. ...

I. ...

II. Formular, coordinar y evaluar los programas y acciones para prevención, detección y combate de incendios forestales en la entidad, así como los de diagnóstico, control de plagas y enfermedades;

III. a XI. ...

Artículo 131. ..

..

..

...

Para los efectos del presente capítulo, se consideran prioritarias las zonas incendiadas, especialmente las que hayan sufrido incendios reiterados y las áreas que hayan sido motivo de un saneamiento a causa de plagas y enfermedades forestales. En los programas de reforestación que promueva y apoye la comisión se dará énfasis a la demanda y necesidades de campesinos y sociedad; a precisar en cada tipo de reforestación de acuerdo con sus objetivos, especies a plantar y a reproducir en los viveros, metas a lograr especialmente en términos de calidad de la planta y mayor supervivencia en el terreno; así como a establecer un sistema de incentivos para la reforestación y su mantenimiento durante los primeros años sobre bases de evaluación de resultados.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Comisión, conforme a lo establecido en el artículo 119, actualizará su Sistema Permanente de Diagnóstico, Evaluación y Alerta Temprana de la condición sanitaria de los terrenos forestales, en un plazo máximo de doce meses contados a partir del día de inicio de vigencia del presente Decreto y tomará en cuenta los atlas de riesgo que consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático.

Tercero.La Comisión en su Inventario Nacional Forestal y de Suelos, deberá tomar en cuenta el presente decreto, por lo que respecta a la fracción VIII del artículo 45, referente a las áreas forestales con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.

Cuarto.Dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo Federal deberá publicar las modificaciones respectivas al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Quinto.La Secretaría deberá actualizar las normas oficiales mexicanas correspondientes, conforme al presente decreto.

Nota:

1 Según lo señala el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC www.ccmss.org.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz la diputada María Isabel Ortiz Mantilla.

La diputada María Isabel Ortiz Mantilla:Con su permiso, señor Presidente. Estimadas diputadas y diputados: a nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta honorable Cámara les presento el dictamen por el que se somete a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXXVI y XXXVII del artículo 7o, la fracción II del artículo 24 y el párrafo quinto del artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El dictamen que expongo a su consideración tiene por objetivo atender la problemática de incendios y plagas forestales. El año pasado en la comisión debatíamos con una diputada de Chihuahua el grave problema que tenía su estado, y quisiera exponerles la problemática que varios de nuestros estados han sufrido en los últimos años.

A través de las reformas que estamos planteando, y que esta comisión aprobó, queremos apuntar en primer lugar a atender estos temas de incendios y plagas de manera preventiva, se tienen que prever las condiciones que afectan a nuestros bosques; pero también se tiene que atender y determinar la concurrencia de instancias y niveles de gobierno para atender de manera integral. Es decir, que tenemos que hacer que las diferentes dependencias trabajen de manera coordinada.

Algo que nos parece fundamental es también atender los efectos provocados por estos incendios y plagas forestales. Por lo tanto, esta propuesta incluye también prioridades para la deforestación, es decir, dónde sembrar las especies de árboles correctamente para garantizar su supervivencia y su máximo aprovechamiento, así como la reforestación de las áreas que han sido motivo de un saneamiento a causa de plagas y/o enfermedades forestales.

Para todos es sabido que los árboles a través de la fotosíntesis que realizan las hojas, atrapan el CO2 de la atmósfera para convertirlo en oxígeno puro, algo que para nosotros como seres humanos es vital. Lo que hacen los árboles y los bosques es ser nuestros pulmones, ser los pulmones para la especie humana y para las diferentes especies.

Se estima que una hectárea de árboles sanos y vigorosos produce suficiente oxígeno para 40 habitantes de la ciudad. ¿Cuántas hectáreas requerimos todos los diputados que estamos aquí presentes para poder vivir cada año? ¿Cuántos árboles requerimos?

Un bosque de una hectárea consume en un año todo el CO2 que genera la carburación de un solo coche en ese mismo período. En este proceso las hojas no solamente absorben el CO2 sino también el ozono, el monóxido de carbono, el dióxido de sulfuro y nos ayudan a liberar el vital oxígeno.

Los bosques son uno de los ecosistemas más importantes en la tierra, ya que a nivel biológico juegan un papel relevante en la adaptación que hoy tenemos que tener por las consecuencias del cambio climático. Hace algunos meses estuvimos hablando y debatiendo de cómo podíamos prever las afectaciones del cambio climático, ésta, compañeros, es una acción clara para prever las afectaciones del cambio climático, es atender a nuestros bosques.

Los bosques también nos proveen de importantes servicios ambientales, son hábitat y refugio para la biodiversidad, brindan alimentos y materias primas, además de funcionar como barreras contra desastres naturales.

Nuestro país tiene un papel fundamental por la cantidad de bosques que tenemos. Ocupamos el décimo segundo lugar mundial en superficie forestal con 141.8 millones de hectáreas en diversos ecosistemas, y de ellas, 56.8 millones son de superficie arbolada, pero 13 millones de hectáreas se encuentran con índices de perturbación y fragmentación.

En esas condiciones de deterioro forestal viven 12 millones de personas, principalmente grupos étnicos que tienen una amplia riqueza cultural; sin embargo, como sucede con otros recursos del país, se da una gran incoherencia porque hay una enorme riqueza natural y una amplia pobreza social.

Nuestro país cuenta con las condiciones naturales para la producción forestal en bosques y selvas que puedan producir hasta 20 metros cúbicos de madera al año, productividad que compite con plantaciones cultivadas con grandes inversiones. Tenemos que valorar este recurso natural, darle la importancia y buscar atenderlo.

La presión existente sobre los bosques de México se refleja en las tasas de deforestación y degradación que, aunque menores a las décadas pasadas, continúan siendo verdaderamente importantes. En el contexto internacional existen ya estrategias mundiales, la conocida Red Plus. Red Plus es una estrategia internacional para reducir las emisiones por deforestación y degradación.

Esta iniciativa lo que busca es colaborar para que las emisiones que se generan por los cambios de uso de suelo, por las afectaciones que se tienen a los bosques, vayan disminuyendo. Es por ello que tenemos que hacer conciencia, el 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en este mundo son producidas por la deforestación y la degradación de nuestros bosques.

Esta iniciativa es muy importante porque este país tiene el 14 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero a partir de esta deforestación y degradación. Por eso nos parece que es muy importante que así mismo y en conjunto con el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, que señala que entre 2008 y julio de 2012 se presentaron un total de 44 mil 532 incendios, afectando una superficie de 1.93 mil hectáreas.

Además de tener en cuenta estos datos de incendios, es necesario que tomemos en cuenta los temas de la sanidad forestal, porque en el mismo periodo, entre 2009 y 2012, se estableció como meta diagnosticar 600 mil hectáreas afectadas por algún problema de sanidad forestal y solamente se logró aplicar un tratamiento a 169 mil 432 hectáreas.

Por mencionar algunos de los estados que tienen mayores afectaciones en estos temas mencionaríamos a Oaxaca, Chihuahua, Aguascalientes y Jalisco. Tengo aquí los datos de las plagas más importantes y cómo todo esto ha ido afectando a nuestro país, pero no quisiera alargarme.

Sí quisiera señalar que esta iniciativa fue presentada por diputados de cinco grupos parlamentarios, porque al final los temas ambientales no distinguen colores, no distinguen partidos. Las afectaciones tampoco distinguen religión, sexo o partido político. Es muy importante que todos colaboremos y pongamos de nuestra parte para que entonces podamos apostar en reducir las emisiones que por deforestación y degradación se están produciendo en este país. Muchas gracias y esperemos contar con su voto. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Está a discusión en lo general y en lo particular. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la diputada Cristina Olvera Barrios.

Aprovecho para saludar y dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos y maestros de la Universidad Autónoma de Veracruz, UAV, con sede en Xalapa, Veracruz, que están hoy aquí acompañándonos en la sesión. Bienvenidos y bienvenidas.

La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, nuestro país ocupa el décimo segundo lugar mundial en superficie forestal con 141.8 millones de hectáreas en diversos ecosistemas, y de ellas 56.8 millones son de superficie arbolada, pero 13 millones de hectáreas se encuentran con índice de perturbación y fragmentación debido a la explotación y diversidad de usos y productos adicionales, que en muchos casos son fuente de prosperidad y arraigo de la población que los habita.

Por lo que con la presente propuesta se pretende regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo y manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir eficientemente las competencias en materia forestal y proporcionar la sanidad forestal, que lamentablemente carece de una valoración de impacto ecológico y económico, situación que apremia ya que afecta la base de sustentación del aprovechamiento forestal y reduce los servicios ambientales que presentan los ecosistemas, provocando una importante vulnerabilidad a la población, y con ello padecimiento de las consecuencias del cambio climático.

Es importante señalar la relevancia del tema para emprender acciones de sanidad forestal, que serán determinadas en esta ocasión, a través de lineamientos, medidas y restricciones para la detención, control y combate de enfermedades forestales, permitiendo iniciar con una serie de pasos que permitan definir y atender el saneamiento forestal e incentivar la conservación y evaluación de un ecosistema forestal natural o inducido, sin degradación del mismo, atribución que por su prioridad prevalece para la Conafor.

Hoy la sanidad de los ecosistemas forestales deberá responder a criterios obligatorios, establecidos en la política forestal en su carácter ambiental, imperando el cuidado de bosques a través de técnicas sostenibles, donde es la responsabilidad de la concurrencia entre los órganos de gobierno y la corresponsabilidad de los propietarios para enfrentar esta problemática.

Otro tema que fortalece es formular, coordinar y evaluar los programas de acción para la prevención, detección y combate de incendios forestales en la entidad, así como de diagnosticar y controlar las plagas para atender las enfermedades fitosanitarias; para el manejo, protección, conservación y reestructuración de los ecosistemas, recursos forestales y suelos; para articular la reducción del riesgo de origen hidrológico y la adaptación al cambio climático.

Y finalmente, resulta un elemento fundamental que se incluya establecer mecanismos de políticas diferenciadas que estarán reguladas a través de políticas públicas entre márgenes que no propicien favoritismos ni exclusiones, y se prioriza el tema de saneamiento a causa de plagas y enfermedades forestales en la ley en comento.

En Nueva Alianza sabemos que con la eventual aprobación de esta reforma confirmamos que sólo mediante el análisis efectivo y apegado a la realidad podremos atender las demandas sociales que reclaman los mexicanos y pugnaremos por el derecho de un medio ambiente sano.

Es por eso que daremos nuestro favor al presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la protesta sobre las consecuencias que la deforestación trae ha sido determinante para todas las personas quienes habitamos este gran país.

De manera particular, debemos señalar que nuestro grupo parlamentario reiteradamente ha hecho eco de los efectos ocasionados por esta deforestación que prácticamente existe en todos los estados de nuestra República Mexicana.

Se ha dado cuenta de condiciones como las siguientes. En el mundo las zonas forestales aportan unos 4 mil billones de dólares a la economía mundial. Además, la gente utiliza 3 mil 500 millones de metros cúbicos de madera al año, en promedio, de los cuales cerca de la mitad se consume en los países en vías de desarrollo para artículos básicos como combustible y albergue.

Aunado a ello, dentro de los beneficios que los bosques generan se tiene un ingreso financiero por extracción y aprovechamiento, además de una amplia gama de servicios biológicos, sociales y medioambientales entre los que se encuentra la conservación de la biodiversidad, almacenamiento de carbono para la mitigación del cambio climático, conservación de suelos y aguas, provisión de empleos y recreación. Mejora de sistemas agrícolas de producción, elevación de las condiciones de vida en áreas urbanas y semiurbanas y la protección de legados naturales e históricos.

Dentro de todas estas funciones, las que conciernen a la generación de carbono han adquirido en los últimos tiempos una importancia sin precedentes, ya que la concentración de gases invernadero en la atmósfera de la tierra se ha incrementado en grandes cantidades y los niveles de bióxido de carbono han aumentado siete veces con relación a los que prevalecían en los anteriores años.

Compañeras y compañeros, en ese orden de ideas el presente dictamen nos presenta la grave problemática que se tiene con el cambio climático, producto del descuido de nuestros bosques, su deforestación, además de la falta de ordenación y manejo adecuado de las plantaciones mismas que contribuyen a la propagación de plagas y enfermedades de los pocos espacios forestales que existen.

Al mismo tiempo se considera incluir en la ley de la materia tareas específicas que la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios deberán compartir en cuanto a la vigilancia y aplicación de los medios, que procura la prevención, el diagnóstico y la evaluación de aquellos instrumentos encaminados al combate de la deforestación, control de plagas y erradicación de enfermedades en los bosques.

De manera determinante estamos convencidos de que el objetivo es regular y fomentar la conservación de protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo y manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales de nuestro país, así como sus recursos y el trabajo que se realice en materia forestal, finalmente está quedando plasmado en el cuerpo de la ley, evitando así que siga incrementándose el grave deterioro a nuestro ecosistema.

De antemano debemos recordar que México es la tercera nación más grande de Latinoamérica, únicamente después de Brasil y Argentina, teniendo la superficie total del país de 196 millones 718 mil 300 hectáreas y que por su ubicación geográfica posee los tres grandes ecosistemas forestales, bosques, selvas y zonas áridas, lo que le permite contar con una de las floras más ricas y variadas del mundo, mismas que pueden ser afectadas por algunas plagas, enfermedades o sencillamente pueden ser víctimas de la deforestación.

Para lograr dimensionar el problema al que nos enfrentamos debemos decir que los bosques y las áreas forestales de la República Mexicana son más vulnerables aunque ocupen poco más del 72 por ciento de la existencia superficial del país, donde se insertan las llamadas áreas perturbadas, es decir, terrenos de aptitud preferentemente forestal, en los que la vegetación ha sido distribuida por desmontes, incendios o pastoreos excesivos y que, en algunos casos, por las condiciones del manejo de terreno se encuentran en vías de recuperación, conformando comunidades vegetales secundarias.

Dentro de este tipo de terrenos se sabe que un 59 por ciento de los bosques son propiedad de un aproximado de 8 mil 500 ejidos, junto con otras organizaciones comunitarias, habitadas por casi 14 millones de personas, con presencia de 43 etnias que se caracterizan por sus altos índices de marginación y pobreza.

Por ello definitivamente consideramos en el Partido del Trabajo que la presente iniciativa cubre expectativas que en el futuro pueden evitar los graves problemas de la deforestación, del descontrol de enfermedades y plagas. Por lo anterior expuesto votaremos a favor de la presente iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes. El calentamiento global ha dejado de ser una amenaza a futuro para convertirse en un problema del presente. Los impactos ambientales derivados de los patrones de producción y consumo, así como las presiones demográficas provocarán eminentemente transformaciones masivas en el entorno que enfrentarán las futuras generaciones.

Dentro de las principales consecuencias que han ocasionado el cambio climático y la falta del manejo adecuado de los bosques mexicanos se encuentra la propagación de plagas y enfermedades forestales. Lo anterior merece una atención inmediata, ya que en nuestro país se tiene registro de más de 200 especies de insectos y patógenos que provocan daños en los ecosistemas, lo cual representa una pérdida económica de productos forestales en 10 millones de hectáreas aproximadamente.

Asimismo México se posiciona en el décimo segundo lugar de países con mayor superficie forestal en el mundo con 141.8 millones de hectáreas, de las cuales 13 millones presentan índices de riesgos de plagas y afectaciones. De acuerdo con información de la Comisión Nacional Forestal, la superficie afectada anualmente por plagas y enfermedades forestales de 1990 a 2011 ha ascendido a 38 mil 640 hectáreas, siendo los estados más perjudicados, como ya lo había mencionado la diputada que vino a exponer la iniciativa, han sido Oaxaca, Chihuahua, Aguascalientes y año con año se están perdiendo más y más hectáreas de bosque.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano creemos que si bien es cierto ésta es una medida que va a contribuir para empezar a tener el control de plagas en nuestros bosques, y sobre todo va a contribuir para que perdamos menos hectáreas de bosque, hace falta, en éstas se propone que sea a través de la federación, pero sí tendríamos que revisar a profundidad en nuestra comisión que también se involucren los grupos que están habitando estas zonas boscosas, que por lo general son grupos indígenas y también, por supuesto, el órgano más cercano a los grupos son los municipios y los estados.

Creemos necesario involucrar también a estos dos, a la sociedad civil, a la que está protegiendo y la que está también muy presente, la organización civil que está pendiente de los temas ambientales.

Nosotros, por supuesto en el grupo parlamentario vamos a respaldar esta propuesta, la creemos necesaria, no nos parece suficiente y celebro que sea este 20 de noviembre que esté pasando en el orden del día, porque hace dos años precisamente se había aprobado en esta misma Cámara un punto de acuerdo para que la Semarnat pudiera poner atención, junto con la Conafor para controlar y combatir plagas e insectos en los bosques de Durango.

Hace dos años se inició la atención y creo que con esto toda la Cámara vamos a poner más atención en todo lo que venga para que podamos ayudar con el medio ambiente. En nuestro grupo parlamentario celebramos que sea así. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Con su permiso, presidente. A nombre del Partido Verde Ecologista de México apoyamos este dictamen y felicitamos a la propia comisión y a los promoventes.

Es un tema muy importante; una situación, como lo han explicado mis antecesores, que se está viviendo a nivel nacional. El tema de los incendios forestales y las plagas no es un tema menor. Según los datos de la Conafor, hasta el año 2005 se tenían deforestadas por parte de los incendios cerca de 220 mil hectáreas. El último año se registraron un poco más de 400 mil. El 95 por ciento de estos incendios han sido provocados intencionalmente.

Esto nos hace un llamado a la situación que está viviendo nuestro país en la degradación y deforestación de los terrenos forestales en estados como del Sureste, del Bajío, del propio Distrito Federal y el estado de México que han sufrido estas consecuencias por parte de los incendios.

También es cierto que debido al tema del cambio climático las temperaturas han alcanzado grados que nunca hubiéramos imaginado en nuestro país que pudieran llegar. Esto también provoca, sumado a la falta de prevención, de diagnóstico y de evaluación, que es precisa y concretamente lo que se está reformando en los artículos de la ley forestal general, el hecho de que la propia comisión y la secretaría puedan tener esas herramientas para poder evaluar y diagnosticar en tiempo y forma la problemática que se está viendo con el tema de los incendios.

También el tema de las plagas es un factor que ha venido creciendo en nuestro país, pero la paradoja también es de que muchos de los ejidatarios y propietarios de grandes bosques han sido los principales promotores de que ésta propia plaga se siga acrecentando en sus tierras. Con esto se puede transitar en los terrenos forestales a poder otorgar los cambios de uso de suelo en nuestro país que muchos de los productores hoy, por la falta de apoyo de recursos, de información, de capacitación, no se está teniendo un manejo adecuado de los bosques y selvas de nuestro país.

Esta reforma sin duda va a ampliar lo que tiene que ver con el concepto de sanidad forestal, es decir podremos detectar a tiempo, podemos evaluar y podemos prevenir y actuar antes de que sigamos deforestando nuestro medio ambiente. Hay que buscar transitar hacia un desarrollo sustentable en donde pueda ser vivible, viable y, lo más importante, equitativo.

No podemos perder de vista que en nuestro país, en donde se concentra la mayor cantidad de recursos naturales no importando el estado que mencionemos, también se concentra la mayor marginación social. Es ahí donde tenemos que trabajar en acortar esa brecha y que podamos apostar a la conservación biológica. Es decir, el buen aprovechamiento de los recursos naturales y un buen manejo adecuado para que podamos sacar adelante esta problemática.

Este dictamen sin duda viene a poner las bases de lo que serán las herramientas de trabajo y será nuestra responsabilidad como legisladores dar seguimiento puntual a la reglamentación, a los recursos económicos, pero lo más importante: a la información que se les pueda dar a los productores, a los presidentes municipales, a los gobernadores y que puedan acceder a estos mecanismos para prevenir el no seguir deforestando los terrenos que tienen en sus entidades.

Es por ello que en el Partido Verde apostamos a transitar en esta vía, apostamos al buen manejo de los recursos naturales en coordinación con la ciudadanía, autoridades municipales, estatales y federal. Es cuando, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros de esta LXII Legislatura. Hoy me presento para posicionar al PRD a favor de este dictamen, por la importancia que tienen los planes de manejo en nuestros terrenos forestales.

México cuenta con una gran capacidad forestal, con una gran diversidad que albergan estos bosques, pero lamentablemente por malas políticas hemos desperdiciado nuestra gran oportunidad. La creencia de que México es ganadero o es agrícola, es totalmente errónea; su origen es forestal. De ahí la importancia del por qué debemos aprovechar esta parte.

Hace algunos 10 años, lo que era el Ejército Mexicano, se dedicaba a plantar y era muy buen productor pero era muy mal plantador; por eso es importante darle el seguimiento. Cuando participé en las evaluaciones, supimos en verdad qué es lo que estaba pasando en nuestras comunidades, con nuestras dependencias en esta área tan importante.

Se ha descuidado, no solamente son los incendios, también la tala inmoderada, la tala clandestina. ¿Qué es lo que está perjudicando? Perdemos, hay cifras variadas, pero en un promedio estamos perdiendo 150 mil hectáreas cada año y eso no es posible, porque los bosques son los recargadores de los mantos freáticos, son los captadores de carbono.

El agua, todos sabemos que es estratégica en las próximas décadas. Si no cuidamos nuestros bosques, obviamente ya no va a haber recarga freática; si no cuidamos también nuestros bosques que son captadores de carbono y generadores de oxígeno, también son participantes nuestros bosques en el equilibrio ecológico, tanto que se ha hablado en las últimas fechas del desequilibrio ecológico, del cambio climático, y de esto también es parte fundamental el que los bosques se estén perdiendo cada año.

Este proceso de cambio que se está dando a nivel mundial como a nivel de nuestro país, pone en jaque no solamente el desarrollo económico, sino el desarrollo de bienestar de la gran mayoría de la población.

Es por ello que estamos invitando a que voten a favor de esta iniciativa porque marca partes importantes para lograr la coordinación entre las mismas dependencias. Es fundamental que Conafor, Semarnat, la misma Sagarpa, Ganadería, Ecología participen en un proyecto nacional para lograr un verdadero desarrollo y que haya producción.

Tenemos que combatir la pobreza en esas áreas. ¿Por qué queman el bosque las comunidades? Porque tienen hambre, porque no hay programas para ayudar a estas áreas. Con los programas de empleo temporal podrán abatir por ejemplo el muérdago, el gusano descortezador, el gusano barrenador que se pueden controlar con prácticas mecánicas, con cortes a tiempo. Así apoyamos a nuestras comunidades y controlamos las enfermedades.

Quiero felicitar verdaderamente a los promoventes y a la comisión por esta iniciativa, por lo que en el Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Gerardo Peña Avilés:Buenas tardes, Presidente, buenas tardes compañeros y compañeras diputadas. Los bosques son los ecosistemas más diversos en la tierra a nivel biológico. Ellos son el hogar de más de la mitad de las especies terrestres de animales, plantas e insectos. Los bosques también proveen refugio, empleo y seguridad para las personas que dependen de ellos.

Pero a pesar de todos estos beneficios invaluables, ecológicos, económicos, sociales, sanitarios, estamos destruyendo los bosques que necesitamos para nuestra supervivencia.

La deforestación global continúa a un ritmo alarmante. Según los datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año son destruidas 13 millones de hectáreas de bosques, lo que equivale a la superficie de Portugal.

Otro dato interesante, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la superficie neta de bosque del mundo sigue bajando a un ritmo de 5.2 por ciento anual. Estos datos son emitidos por un estudio del 2000 al 2010.

Mucha gente cree que los bosques nunca se van a acabar. Pero las áreas deforestadas han crecido de forma alarmante y en proporción las consecuencias, aparte de los daños que se provocan con las actividades después de la deforestación.

En todo México, en todos los ecosistemas, en las selvas, los bosques tenemos grandes problemas y daños muy fuertes que vienen afectando fuertemente a todos los sectores productivos de nuestro país.

Y en vez de reforestar los ecosistemas, estamos creando programas para atenuar las quiebras de los sectores productivos, destinando recursos a actividades que no son nada productivas.

Si queremos recuperar los sectores productivos tenemos que restablecer nuestros ecosistemas. La mayor parte de incendios está comprobado que son por acción humana, y poco a poco se han establecido en territorio nacional algunas medidas para evitarlos y castigar a los causantes. Sin embargo, en el caso de las plagas de insectos y vegetales, por considerarse una causa natural, no se ha dado atención a lo que se requiere.

Como señala la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a partir de los datos de Semarnat, el promedio de la superficie afectada anualmente en nuestro país por plagas y enfermedades forestales, fue de 38 mil 640 hectáreas para el periodo 1990-2011.

Ante este panorama, compañeros, tenemos la obligación como representantes de la ciudadanía, de legislar y establecer criterios claros y eficientes para proteger las zonas forestales estableciendo las bases para una mejor acción gubernamental.

Esta iniciativa tiene, por lo tanto, como objetivo atender la problemática ya mencionada, a través de las reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y que apuntan principalmente a integrar el enfoque preventivo a partir de los diagnósticos y las evaluaciones.

Igualmente se determina la concurrencia de instancias y niveles de gobierno para atender de manera integral las causas y efectos de los incendios y plagas forestales. Igualmente, incluye como prioridades para reforestación y forestación las áreas que hayan sido motivo de saneamiento a causa de plagas y enfermedades forestales.

Como legisladores de Acción Nacional apoyamos esta iniciativa para que cada vez más asumamos nuestra responsabilidad para atender y evitar los efectos del cambio climático.

Pero, sobre todo, cuidar los recursos naturales, específicamente de nuestros bosques, ya que nos fueron prestados para entregarlos a generaciones futuras. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Gerardo Peña Avilés. Finalmente tiene el uso de la palabra la diputada Minerva Castillo Rodríguez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Minerva Castillo Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, todos sabemos que las plagas son una de las principales formas de afectación a los recursos forestales del país y que éstas generan la pérdida de grandes extensiones de bosques y selvas, lo que afecta no sólo los ecosistemas sino también la economía del país.

Los recursos forestales y madereros del país se han visto gravemente perjudicados, alcanzando niveles preocupantes, pues de acuerdo a los datos reportados por la Comisión Nacional Forestal, tan solo el año pasado se vieron afectadas 550 mil hectáreas de bosque a causa de diversas plagas.

Permítanme recordar, a manera de ejemplo lo ocurrido en mi estado, Chihuahua, la cual se vio envuelta en una plaga de escarabajos de tan solo 4.77 milímetros de tamaño; sin embargo, esto no significó que fuera inofensiva ya que la presencia de esta plaga provocó que se vieran afectadas varias especies de pino que se encuentran en 10 municipios, con una superficie afectada de 90 mil 608 hectáreas y un volumen de madera de 123 mil 367 metros cúbicos de dicha zona forestal. Esto originó que se hubieran talado e incinerado más de 500 mil árboles, implicando una pérdida material de alrededor de 100 millones de pesos por el valor de la madera.

Las cifras antes mencionadas señalan únicamente lo relativo a las plagas, y recordemos que este dictamen que tenemos también contempla la discusión en el tema relativo a las enfermedades que de igual forma afectan los recursos forestales del país. Por este motivo los diputados del PRI consideramos acertadas las reformas previstas en el presente dictamen, al considerar en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable como prioritarias las áreas que hayan sido motivo de un saneamiento a causa de plagas y enfermedades forestales, y además se impulse para que se lleven a cabo los fines de conservación y restauración de los ecosistemas afectados.

Asimismo, al establecer que los tres órdenes de gobierno asuman de forma coordinada las funciones de formular, coordinar y evaluar los programas y acciones para la prevención, detección y combate de incendios forestales, así como el diagnóstico y control de plagas y enfermedades, se permitirá disminuir el impacto ecológico generado por dichos hechos.

El daño generado a causa de las plagas y las enfermedades forestales no sólo implica la destrucción de grandes extensiones de zona boscosa, sino también representa grandes pérdidas económicas así como la reducción significativa de los pulmones del país. Es por eso que estamos a tiempo de brindarle la atención adecuada a este fenómeno de la naturaleza, protegiendo nuestro medio ambiente.

Compañeras y compañeros legisladores, el contar con estrictas medidas legales en materia de medio ambiente permitirá contribuir a la protección y conservación de la riqueza forestal del país. Franklin D. Roosevelt decía: La nación que destruye sus suelos se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de la tierra, purifican el aire y dan fuerza pura a nuestra gente. Es por esto que el Grupo Parlamentario del PRI se pronunciará a favor del presente dictamen. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Minerva Castillo Rodríguez.

Agotada la lista de oradores y no habiendo reservas, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De viva voz.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 377 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de ciudadanos líderes del estado de Querétaro, que nos acompañan. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el artículo cuarto transitorio del decreto por el que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2011.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el cuarto transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2011

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. El dieciocho de octubre de dos mil trece, el diputado William Renán Sosa Altamira, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, misma que fue suscrita por el diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En esa misma fecha, dieciocho de octubre de dos mil trece, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que determinó turnarla a la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

3. Con fecha doce de noviembre de dos mil trece los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

Señala el iniciador que en la década de los años veinte el deporte en México tomó gran relevancia, creándose el Organismo de Promoción Deportiva en la capital de la República, donde la sociedad civil tomó la iniciativa de convertir el desfile del día 20 de noviembre en un evento cívico-deportivo y en torno a esta celebración dar un reconocimiento a los atletas mexicanos a través del Premio Nacional de Deportes y el Premio Nacional de Mérito Deportivo.

Actualmente, derivado del decreto de adiciones y reformas a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2011, el artículo 63 Bis de la ley referida estipula que los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo sean entregados el primer domingo del mes de diciembre de cada año.

El iniciador propone la reforma al artículo 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a fin de recuperar el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, como la fecha para la entrega de los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo. En consecuencia, se propone también la modificación al artículo 62, primer párrafo, de la citada ley, que plantea el periodo desde la propuesta hasta el dictamen del Consejo de Premiación del 1o. de octubre al 28 de noviembre, por el periodo para la recepción de candidaturas a realizarse del 15 de septiembre al 20 de octubre, siendo la fecha límite de entrega del dictamen por parte del jurado el día 10 de noviembre.

Por otra parte, en el actual artículo 59 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, se establece que el Consejo de Premiación para el Premio Nacional de Mérito Deportivo estará integrado por “ el secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y por los titulares de las Comisiones de Juventud y Deporte de las Cámaras de Diputados y de Senadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de la Confederación Deportiva Mexicana, AC, del Comité Olímpico Mexicano, AC, y del Comité Paralímpico Mexicano, AC”.

A ese respecto, el pasado 7 de junio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Educación Física y Deporte, la cual estableció que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) es el organismo público descentralizado de la administración pública federal que conducirá la política nacional en la materia, contando con las atribuciones necesarias para el logro de sus objetivos. Por tal motivo, la asociación civil Confederación Deportiva Mexicana dejó de formar parte del Sistema Nacional del Deporte y, en consecuencia, de participar tanto en el Consejo de Premiación, como en el jurado a que se refieren los artículos 59, párrafo primero, y en el artículo 63, respectivamente, de la multicitada ley, por lo que se propone la modificación a los mismos.

Asimismo, la propuesta de reforma contenida en la iniciativa al artículo 59, prevé la actualización de la nomenclatura en algunos de los órganos legislativos de la Cámara de Diputados, realizada en virtud del decreto de reformas a Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2012, en el que se separó la Comisión de Juventud y Deporte en dos comisiones ordinarias, consecuentemente se prevé establecer como integrante del Consejo de Premiación únicamente a la Comisión de Deporte.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes:

III. Consideraciones

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla, entre sus cinco metas nacionales, un México con Educación de Calidad, meta que no puede entenderse sin considerar en ella al deporte, actividad que además de ser esencial para contar con una sociedad saludable, se presenta como un vehículo de cohesión social.

El impulso al deporte constituye un fin en sí mismo, con implicaciones positivas en todos los aspectos de la sociedad, razón por la cual se encuentra previsto como un objetivo fundamental dentro del Plan de referencia. En este contexto, se afirma que los miembros de una sociedad con cultura deportiva desarrollan capacidades de liderazgo, competencia y habilidades sociales que mejoran el bienestar y el nivel de plenitud del individuo.

Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece, como objetivo, la promoción del deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. El desarrollo del talento deportivo necesariamente va de la mano con el reconocimiento público que haga el Estado a través de los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo, estatuidos en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

En este contexto, a juicio de los integrantes de esta Comisión, resulta importante fortalecer esta política de Estado, con el reconocimiento que se haga a las personas sobresalientes en la materia. Dichos galardones constituyen una motivación para que la población se supere constantemente ya que, por una parte, se conceden a quienes por su actuación y desempeño hayan resaltado o sobresalido dentro del ámbito deportivo y, por otra, a aquellas personas cuya actuación y trayectoria sea destacada en el deporte mexicano, o bien, por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.

Los integrantes de esta Comisión, coinciden con la necesidad de actualizar en la integración del Consejo de Premiación, la separación que existe entre la Comisión de Juventud y la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, en términos del artículo 39, numeral 2, fracciones XIV y XXXIII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como con la eliminación del titular de la Confederación Deportiva Mexicana A.C. como integrante del Consejo de Premiación toda vez que en la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el DOF el 7 de junio del año en curso, tal asociación civil dejó de formar parte del Sistema Nacional del Deporte.

No obstante, esta Comisión realiza modificaciones a la reforma propuesta al artículo 59 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para conservar la facultad del Consejo de Premiación de resolver cualquier controversia que pudiera surgir, especialmente dado que, en caso de que ello aconteciera, las disposiciones comunes de la Ley de la materia no prevén cuál sería la autoridad facultada para su solución.

De esta forma, la modificación al proyecto de reforma del artículo 59, segundo párrafo se propone para quedar como sigue:

Artículo 59. (...)

Este se integrará por el Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y por los titulares de las Comisiones de Deporte de la Cámara de Diputados y de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del Comité Olímpico Mexicano, A.C., y del Comité Paralímpico Mexicano, A.C.

Cualquier controversia será resuelta por el Consejo.

Por lo que hace a la reforma del artículo 62, esta Comisión coincide con el ajuste de temporalidad en el que deberán proponerse al Consejo de Premiación las candidaturas correspondientes y con la fecha límite en la que el Jurado deberá entregar al mismo el dictamen respectivo.

De igual forma, se estima viable eliminar el último párrafo del artículo 62 pues el aviso a los ganadores bien podría ser una circunstancia que se prevea en la Convocatoria correspondiente, con independencia de que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Presidencial que contiene el listado de los galardonados.

Esta comisión, en relación con el artículo 63, considera que no se justifica la eliminación del párrafo que establece la imparcialidad, legalidad y equidad con que deben conducirse los miembros del jurado, ni tampoco la eliminación del último párrafo, que cancela la posibilidad de que el jurado proponga la entrega de premios adicionales en una misma modalidad y categoría, ya que ello sería contrario al objeto de la ley que, en principio, se encuentra enfocado a reconocer públicamente conductas o trayectorias singularmente ejemplares, que en este caso se circunscribe a las destacadas actividades de los deportistas.

En este contexto, se propone la modificación al proyecto de reforma del artículo 63, para quedar como sigue:

Artículo 63. Habrá un solo jurado para los dos premios, que se integrará por: un representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, uno del Comité Olímpico Mexicano, A.C., y uno del Comité Paralímpico Mexicano, A.C., quienes serán designados por los titulares de dichos organismos, respectivamente. Asimismo, por un ex galardonado del Premio Nacional de Deportes, un ex galardonado del Premio Nacional de Mérito Deportivo, un medallista olímpico, un medallista paralímpico, un representante de la prensa escrita, un representante de la televisión y un representante de la radio.

(...)

(...)

Ahora bien, a juicio de los integrantes de esta Comisión, no resulta viable la reforma propuesta al artículo 63 bis que retoma el 20 de noviembre como fecha para la entrega de los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo que, en términos de la ley de la materia, son otorgados a quienes por su actuación y desempeño hayan resaltado o sobresalido dentro del ámbito deportivo y, por otra, a aquellas personas cuya actuación y trayectoria sea destacada en el deporte mexicano, o bien, por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.

Lo anterior, dado que se advierte la necesidad de desasociar la celebración del aniversario de la Revolución Mexicana, pues su desvinculación abonará a que se destaque la trascendencia de la actividad deportiva y su reconocimiento ya que no debe soslayarse que la cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos.

Es importante destacar que por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2011, se modificó la fecha de entrega del 20 de noviembre al primer domingo de diciembre precisamente porque permitiría “dar mayor relevancia a dicha celebración”.

Esta comisión se pronuncia a favor del desarrollo y el impulso al deporte, así como a la promoción de actividades que apoyen a la salud, al ser factores de integración familiar y social. Asimismo, reconoce la importancia que representa el deporte en la formación de valores, como la confianza, la seguridad personal, la conciencia de las posibilidades propias, el respeto de las capacidades de los demás y la solidaridad humana.

El deporte contribuye a desarrollar habilidades como la fijación de objetivos y metas, la disciplina y la constancia, y desempeña un papel fundamental en la vida del ser humano al estimular, crear y desarrollar motivos de superación personal y promover el crecimiento sano del organismo.

A consideración de esta Comisión, los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo constituyen el medio para apoyar y promover la formación de los valores y actitudes mencionados, por lo que su entrega a quienes han destacado dentro del ámbito deportivo, como reflejo de su conducta y dedicación a una disciplina o especialidad, debe conmemorarse en una fecha dedicada especialmente a tan importante actividad que no coincida con celebraciones diversas.

En ese sentido, se propone la modificación al proyecto de reforma del artículo 63 Bis, para quedar como sigue:

Artículo 63 Bis. Los premios se entregarán en el mes de diciembre de cada año.

Para ser consistentes con el presente dictamen, esta Comisión determina adicionar una disposición transitoria que prevea la entrega de los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo el día del mes de diciembre que disponga el titular del Ejecutivo Federal, especialmente si se toma en consideración que en las disposiciones comunes de la ley de la materia se prevé que los premios son otorgados por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, o por conducto del representante que el mismo designe, teniendo la facultad para fijar la fecha y características de las ceremonias de entrega y los lugares de éstas.

Derivado de lo anterior, con objeto de dar claridad al presente dictamen, se incluye el siguiente cuadro comparativo del texto vigente, la iniciativa propuesta y las modificaciones antes referidas.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el artículo cuarto transitorio del “decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2011

Artículo Primero. Se reforman los artículos 59, segundo párrafo; 62; 63, primer párrafo; 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 59. ...

Este se integrará por el Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y por los titulares de las Comisiones de Deporte de la Cámara de Diputados y de Juventud y Deporte de la Cámarade Senadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del Comité Olímpico Mexicano, A.C., y del Comité Paralímpico Mexicano, A.C.

...

Artículo 62. Estos premios se concederán exclusivamente a candidatos propuestos por asociaciones deportivas nacionales y asociaciones deportivas registradas y reconocidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte o por los responsables de la información deportiva difundida por prensa escrita, radio o televisión, quienes lo podrán proponer a través de las asociaciones deportivas nacionales o asociaciones deportivas registradas.

Las candidaturas se propondrán al Consejo de Premiación dentro del periodo comprendido del 15 de septiembre al 20 de octubre de cada año. El Consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los diez días naturales siguientes y a continuación los pondrá a consideración del Jurado, el cual entregará su dictamen debidamente fundado, motivado y por escrito al Consejo, a más tardar el 10 de noviembre.

Artículo 63. Habrá un solo jurado para los dos premios, que se integrará por: un representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, uno del Comité Olímpico Mexicano, A.C., y uno del Comité Paralímpico Mexicano, A.C., quienes serán designados por los titulares de dichos organismos, respectivamente. Asimismo, por un ex galardonado del Premio Nacional de Deportes, un ex galardonado del Premio Nacional de Mérito Deportivo, un medallista olímpico, un medallista paralímpico, un representante de la prensa escrita, un representante de la televisión y un representante de la radio.

...

Artículo 63 Bis. Los premios se entregarán en el mes de diciembre de cada año.

Artículo Segundo. Se deroga el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2011, para quedar como sigue:

Transitorios

Primeroa Tercero. ...

Cuarto. Se deroga.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo correspondientes al año 2013, se entregarán el día del mes de diciembre que determine el Ejecutivo federal.

Notas:

1 El 8 de octubre de 2012 se publicó en el DOF el Decreto aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por el que se escindió la entonces Comisión de Juventud y Deporte para quedar en una Comisión Ordinaria de Deporte (fracción XIV) y una Comisión Ordinaria de Juventud (fracción XXXIII).

2 Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles del 6 de octubre de 2011

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 12 de noviembre de 2013.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, Fernando Donato de las Fuentes (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas:Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, el dictamen que se pone a su consideración está encaminado a fortalecer la política del Estado mexicano en materia de promoción y reconocimiento al mérito deportivo.

El presente dictamen surge a partir de la iniciativa presentada por los diputados compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, William Renan Sosa Altamira, misma que fue suscrita y apoyada por nuestro compañero diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como objetivo la promoción del deporte de manera incluyente para fomentar la cultura de la salud. El desarrollo del talento deportivo necesariamente va de la mano con el reconocimiento público que haga el Estado a través de los premios nacionales de deportes y de mérito deportivo. En la ley claramente está de premios, estímulos y recompensas civiles.

En este contexto resulta importante fortalecer esta política de Estado, con el reconocimiento que se haga a las personas sobresalientes en la materia deportiva en nuestro país, dichos galardones constituyen una motivación para que la población se supere constantemente, ya que por una parte se conceden a quienes por su actuación y desempeño hayan resaltado o sobresalido dentro del ámbito deportivo, y por otra, a aquellas personas cuya actuación y trayectoria sea destacada en el deporte mexicano, o bien, por el fomento, protección o el impulso a la práctica deportiva.

Los integrantes de la Comisión de Gobernación coinciden con la necesidad de actualizar esta integración del Consejo de Premiación, establecido en el artículo 59 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles en armonía con la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del año en curso. De igual forma, se conserva la facultad del Consejo de Premiación de resolver cualquier controversia que pudiera surgir.

Por lo que hace a la reforma del artículo 62, esta comisión coincide en que con el ajuste de temporalidad en el que deberán proponerse al Consejo de Premiación las candidaturas correspondientes y con la fecha límite en que el jurado deberá entregar el mismo dictamen respectivo.

A consideración de esta comisión, los premios nacionales de Deporte y de Mérito Deportivo constituyen el medio para apoyar y promover la formación de los valores y aptitudes mencionados. Por lo que se entregan a quienes han destacado dentro del ámbito deportivo como reflejo de su conducta y dedicación a una disciplina o especialidad. Debe conmemorarse en una fecha dedicada especialmente a tan importante actividad, que no coincida con otras celebraciones.

En ese sentido, se propone la modificación al proyecto que reforma el artículo 63 Bis, a fin de que los premios se entreguen en el mes de diciembre de cada año.

Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Gobernación reafirman con este dictamen su compromiso con el desarrollo y el impulso al deporte, así como a la promoción de actividades que apoyen la salud al ser factores de integración familiar y social.

Asimismo, reconoce la importancia que representa el deporte en la formación de valores como la confianza, la seguridad personal, la conciencia de las posibilidades propias y el respeto de las capacidades de los demás y de la solidaridad humana.

Compañeras y compañeros legisladores, los integrantes de la Comisión de Gobernación solicitan su apoyo para aprobar este dictamen, dado que fortalece y reconoce a los mejores deportistas y promotores del deporte en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado Alejandro Moreno Cárdenas.

Está a discusión en lo general y tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En Nueva Alianza estamos a favor de las observaciones y consideraciones vertidas y consensuadas en la comisión dictaminadora, ya que se busca dotar de un mayor alcance el reconocimiento que la sociedad mexicana da a las y los deportistas que han puesto en alto el nombre de nuestro país en diversas justas deportivas alrededor del mundo.

Bajo la premisa de impulsar el reconocimiento que el Estado mexicano da a sus deportistas más destacados, los integrantes de la Comisión de Gobernación buscaron mejorar y eficientar el mecanismo por el que se integra el jurado que valora y resuelve quiénes deben ser los galardonados cada año, actualizando el marco jurídico.

Por lo anterior coincidimos en la apreciación expuesta en el dictamen en comento, de no vincular la entrega de estos premios nacionales con la fecha de inicio de la Revolución de 1910, ya que de suyo el compromiso que tiene el Estado mexicano para con sus deportistas debe tener una celebración particular, en la que el centro de atención y el reconocimiento se circunscriba en las acciones y logros de aquellos que son modelo positivo para la juventud de nuestro país.

Asimismo, creemos que en afán de que el titular del Ejecutivo presida la ceremonia de premiación es correcto que no se fije una fecha cierta como se plasma en la legislación vigente, ya que la compleja agenda del presidente de la República puede limitar su asistencia a este evento, razón por la cual a propuesta decantada en el dictamen expuesto simplemente circunscribe la obligación de la entrega de dichos premios a celebrarse el mes de diciembre de cada año, lo que abonaría a dotar de mayor relevancia la premiación a los mejores exponentes del deporte nacional.

La importancia de mantener y acrecentar la relevancia de los premios nacionales de Deportes y Mérito Deportivo radica en que se fomente la práctica de éstos dentro de la población, ya que es necesario el que nuestros niños y jóvenes cuenten con modelos de perseverancia, entrega, disciplina y éxito, los cuales son necesarios para fortalecer al México ganador que todos queremos.

Por estas razones apoyamos y compartimos las modificaciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles en cuanto a la integración del Consejo de Premiación, así como de la fecha en la que se deben entregar anualmente los premios dedicados a hacer patente el reconocimiento del Estado para con aquellos que, tanto en nuestro país como en el extranjero, nos llenan de orgullo y portan nuestro lábaro patrio con alta dignidad y compromiso, brindando un sinnúmero de alegrías a millones de mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Fernando Bribiesca Sahagún. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, compañero presidente. La importancia del deporte es incuestionable en cualquier sociedad, no solamente por fortalecer la vitalidad, el espíritu, la competencia en el ser humano, tanto en lo individual como en lo grupal, como bien lo hemos comentado con nuestro compañero diputado Gerardo Villanueva, integrante de la Comisión de Deporte.

Si bien éste es un dictamen de la Comisión de Gobernación, y del cual estamos a favor, no podemos soslayar la importancia del tema y las repercusiones que tiene en lo que se ha planteado también por parte de mi compañero Gerardo Villanueva en el tema del deporte en lo general.

Esta actividad se tiene que fortalecer desde los diferentes ámbitos del gobierno como una política pública de la mayor prioridad, y no solamente como un medio para que ciertos servidores públicos tengan claridad o empaten con el pueblo, sino como una medida para combatir otras afecciones que hoy constituyen una epidemia, como es el tema de la obesidad.

Por esa razón estamos a favor de este dictamen, pero nos parece que no es solamente un asunto de calendarios, no es solamente un asunto de modificar las fechas para la entrega de premios, sino que se tiene que ir más a fondo en este tema del deporte. Y nos parece grave, además, que hoy 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, el desfile militar haya dejado su tradición deportiva para convertirse solamente en un desfile que atiende un aspecto militar, no un aspecto de fiesta cívica del pueblo.

Nos parece que pareciera que quiere mostrar el músculo represivo el gobierno y aprovecha esta festividad nacional que siempre había estado acompañada del ambiente deportivo. Por esa razón nosotros no podemos como grupo parlamentario dejar de señalarlo porque es una tradición que no se puede perder. Se había primero dicho que se iba suspender el desfile del 20 de noviembre y repentinamente se vuelve a regresar, ocasionando incluso trastornos en muchos ciudadanos que tomaron vuelos y que repentinamente fueron informados que sufrirían retrasos, porque finalmente el gobierno reculó y decidió sí, hacer el desfile, pero solamente un desfile miliar de acceso restringido a la participación del pueblo, como ha sido la costumbre en esta fecha.

Por esa razón lo señalamos, por esa razón lo denunciamos desde esta tribuna y hacemos un llamado al gobierno para que no se apropie de las festividades del pueblo, que no son festividades de un grupo en el poder, sino que son festividades de la nación. Eso lo queremos decir, porque al tocar el tema del deporte no podemos soslayar también además de los premios, las festividades que ha sido costumbre que acompañen esta actividad tan importante para el ser humano. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Ricardo Mejía Berdeja. Tiene el uso de la palabra, la diputada Gabriela Medrano Galindo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Gerardo Villanueva. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Solamente para suscribir lo dicho por mi compañero diputado Ricardo Mejía Berdeja. Sin embargo, y a pesar de que evidentemente vamos a favor del dictamen que se está presentando por parte de los grupos parlamentarios, sí quiero resaltar solamente una cosa; la modificación a esta ley evidentemente es indispensable, pero qué mal que se quitó la fecha de premiación el 20 de noviembre, que en verdad era un elemento que debió haberse sostenido por la importancia histórica de esta fecha. No creo que sea inconveniente mantenerla, no desluce el mérito de nuestros deportistas y sí ningunea un hecho histórico que al parecer se quiere olvidar. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Adelante, diputada Gabriela Medrano Galindo.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Con su venia, señor presidente. Si por cultura se entiende a todo tipo de inteligencia aplicada a la naturaleza, entonces el deporte es una manifestación clara de cultura, pues resulta evidente que ésta es inteligencia que sublima la fuerza, hábito que disciplina los impulsos y competencia que canaliza adecuadamente los ánimos fomentando el trabajo en equipo y enriqueciendo así la individualidad al integrarla al esfuerzo colectivo.

El deporte es síntesis de naturaleza y condición humana. El popular aforismo griego que afirma que una mente sana habita en un cuerpo sano, reconoce que gracias al deporte el hombre no sólo desarrolla su cuerpo sino que se proyecta también como persona integralmente considerada.

Ésta hermosa actividad es un ejercicio creativo que educa, que enaltece nuestro espíritu y que nos enseña a competir tanto como a convivir. Asimismo, el deporte nos libera de la inacción que tantas consecuencias negativas ha traído a un país como el nuestro que presenta uno de los índices más altos en todo el mundo en cuanto se refiere a la prevalencia entre su población de la obesidad y del sobrepeso.

Además, se ha comprobado que la práctica de algún deporte resulta una valiosa herramienta para alejar a los jóvenes, quienes en el México de hoy enfrentan lamentablemente las más adversas circunstancias para salir adelante de la nefasta influencia de la delincuencia y de las adicciones.

En virtud de los notables beneficios que las actividades deportivas acarrean, resulta muy importante para un Estado establecer como uno de sus objetivos la implementación de políticas públicas encaminadas a la promoción del deporte entre su población.

La reciente aprobación de la Ley General de Cultura Física y Deporte supuso un gran avance en este sentido, pues ésta le confiere al Estado mexicano la responsabilidad de promover, fomentar y estimular la actividad deportiva, además de acercar a la población en general a la cultura física y la práctica del deporte como instrumento para elevar su calidad de vida.

La nueva ley pone especial atención en la identificación y formación de talentos deportivos y en el mejoramiento del desempeño de nuestros atletas, directivos, entrenadores, jueces y árbitros.

Asimismo, cabe recordar que con el propósito de cumplir de mejor manera los fines del Estado en materia deportiva, la ley le otorga a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la responsabilidad exclusiva de conducir y articular la política nacional en este rubro. En consecuencia se elimina la duplicidad de funciones y se evita la triangulación de recursos y apoyos a federaciones y asociaciones deportivas nacionales.

Por ello, según lo establece la nueva ley, la Conade se encargará ahora de manejar los recursos y apoyos destinados a los deportistas, los cuales eran antes entregados a través de la Confederación Deportiva Mexicana, organismo que no fue incluido en el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

En virtud de los cambios propuestos por la nueva legislación ya en vigor, se hacía necesario realizar cambios a otros ordenamientos con la finalidad de dar orden, coherencia y sistematicidad a nuestro orden jurídico, lo cual contribuye notablemente a dar certeza jurídica a los gobernados, evitando que el cuerpo normativo, frecuentemente prolijo, se convierta en un caos de contenidos dispersos de difícil consulta y de compleja aplicación.

El principal objetivo de la iniciativa cuyo dictamen estamos ahora discutiendo, es precisamente abonar a la coherencia y sistematicidad de nuestro cuerpo normativo, pues a través de las modificaciones propuestas se adecuará el texto de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles a lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte, garantizando con ello que la finalidad de reconocer públicamente a las personas sobresalientes en materia deportiva, a través de los premios nacionales de Deporte y del Mérito Deportivo, se siga llevando a cabo sin ningún inconveniente.

Por lo anterior, el voto del Grupo Parlamentario del Partido Verde será a favor de la aprobación de este dictamen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Gabriela Medrano Galindo. Tiene el uso de la palabra la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel:Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros, el impulso al deporte es de gran importancia porque permite la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias nocivas que ponen en riesgo la salud, como es la obesidad o el sobrepeso.

El practicar una actividad física le da al ser humano una participación plena en la vida social, de tal forma que pueda aprender y desarrollarse en el ámbito recreativo del deporte.

El deporte es educación porque facilita la acción y la coexistencia de las personas; las enseña a convivir, las sociabiliza, es, en suma, síntesis de naturaleza y condición humana.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-1018, contempla dentro de sus metas nacionales un México de educación de calidad, meta que no podrá cumplirse si no consideramos al deporte como algo elemental en el desarrollo de las personas, porque sus implicaciones positivas en todos los aspectos de la sociedad, es una de las razones que se encuentran previstas como objetivo fundamental y que constituye una actividad que debe ser esencial en una sociedad saludable.

Sin embargo el crecimiento del deporte en nuestro país es una asignatura pendiente, que suele esconderse gracias a épicas conquistas de figuras singulares del deporte que a través de sus triunfos evidencian aún más las debilidades de este sector.

Por ello, apoyar el talento deportivo de los jóvenes es de suma importancia tanto en la vida cotidiana como en las actividades académicas, ya que potencializa su actitud frente a su proyecto de vida.

El desarrollo del talento deportivo necesariamente va de la mano con el reconocimiento público. Es por consiguiente que a través de este dictamen permitirá que el Estado otorgue estímulos por medio de los premios nacionales de Deporte y el Mérito Deportivo, reconociendo a las personas más sobresalientes en esta materia.

Este estímulo motiva a las personas a superarse constantemente y a desarrollar una calidad de vida mejor. El fortalecer las políticas públicas encaminadas a establecer una fecha especial para el reconocimiento al mérito deportivo, permitirá destacar la trascendencia de la actividad deportiva y su reconocimiento, ya que es un derecho fundamental para todos.

Por lo anterior, mi Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen que permite contribuir a premiar a los destacados deportistas, permitiendo establecer una fecha especial pues el esfuerzo y dedicación deben reconocerse y más a nuestros deportistas mexicanos.

Igual que en los deportes, el trabajo de equipo está detrás del éxito y debemos seguir actuando juntos como legisladores para avanzar a un mundo más equitativo, seguro y sostenible mediante el deporte. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño:Con la anuencia de la Presidencia. Diputadas y diputados, en Acción Nacional sabemos que para impulsar el desarrollo físico e intelectual de las personas y para prevenir múltiples enfermedades y adicciones es necesario estimular a quienes emprenden acciones tendientes hacia el fomento del deporte y desde luego hacia la generación de espacios para actividades deportivas.

Asimismo, impulsamos, promovemos y apoyamos la implementación y la aplicación de políticas públicas que permitan a la juventud desenvolverse en un entorno de convivencia social armónica con acceso al deporte y la cultura como parte de su formación.

Por ello reconocemos en el Premio Nacional del Deporte y en el Premio Nacional de Mérito Deportivo valiosos motivadores tanto para la superación personal como para la acción solidaria, por lo que las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Legislatura votaremos a favor del dictamen que se somete a la apreciable consideración de este pleno.

Coincidimos plenamente con la afirmación contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el sentido de que el deporte, además de ser un vehículo de cohesión social, es una actividad esencial para contar con una sociedad saludable, y toda vez que la exposición de motivos de la iniciativa de ley dictaminada y las consideraciones del propio dictamen están alineadas en tal sentido, invitamos a todos los integrantes de los distintos grupos parlamentarios a que votemos a favor de este dictamen.

Cabe señalar que la reforma propuesta, además de los alcances que se detallan en la misma, está orientada hacia el ordenamiento de las estructuras deportivas nacionales y hacia la detección temprana de talentos deportivos.

En efecto, la actualización de la integración del Consejo de Premiación de los mencionados reconocimientos en materia deportiva conlleva como finalidad ordenar las estructuras deportivas nacionales al considerar la actual estructura del Sistema Nacional del Deporte.

Por otra parte, coincidimos con el dictamen a discusión toda vez que el reconocimiento público a quienes han destacado dentro del ámbito deportivo también ayuda a potencializar la identificación a temprana edad de jóvenes de alto potencial deportivo, a quienes desde luego habrán que encauzar hacia programas de alto rendimiento, incluyendo aquellos que viven en zonas marginadas.

Por lo expuesto, compañeras y compañeros diputados, los exhorto, los invito a que votemos a favor de este dictamen por el bien de la juventud del deporte y del futuro de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Marcelo Torres Cofiño. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Felipe Muñoz, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Presidencia saluda a los presidentes municipales del estado de Hidalgo: Jaime Allende González, Jaime Reyes Galindo, Miguel Ángel López Hernández y Fernando Miranda Torres, todos presidentes municipales en el estado de Hidalgo, invitados por el diputado José Antonio Rojo García de Alba. Sean todos ustedes bienvenido a esta Cámara de Diputados. Adelante, señor diputado.

El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas:Muchas gracias, señor presidente. A nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, vengo a manifestar nuestro voto positivo por las siguientes razones:

La iniciativa presentada con la finalidad de reformar la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, por lo que se refiere a los premios nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo, tiene un alto sentido práctico y cívico.

Práctico, porque las modificaciones aprobadas en este dictamen emitido por la Comisión de Gobernación coinciden con lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte recientemente aprobada este mismo año, y en donde uno de sus objetivos es el de coordinar los trabajos de los miembros del Sistema Nacional del Deporte (Sinade), que en sí son parte de los que proponen a los candidatos al premio y dictaminan también a los mejores de ellos.

Cívico, porque ubica en el nivel adecuado el reconocimiento público que otorga el Estado a quienes por su actuación y desempeño resaltaron o sobresalieron en el año que se califica dentro del ámbito deportivo. Somos un pueblo que reconoce y admira lo más destacado de nuestra gente, y en este caso de los deportistas que han puesto el nombre de México muy alto.

Con su esfuerzo nuestros atletas son ejemplo y constante invitación para trascender más allá de lo individual mostrando su tenacidad y perseverancia.

Por otra parte, y como se reconoce por los integrantes de la comisión dictaminadora, el impulso al deporte constituye un fin en sí mismo con implicaciones positivas en todos los aspectos de la sociedad, por lo que coincidimos plenamente en la necesidad de instaurar un día específico al año para reconocerlos, modificándose la fecha establecida para la entrega de los premios del 20 de noviembre en que se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana, al de un día que permita dar mayor relevancia a nuestra celebración deportiva que será definida por el propio presidente de la República en el mes de diciembre.

No obstante que en un inicio se propuso recuperar el día en que durante décadas representó para la sociedad mexicana una fecha significativa, como lo es el desfile del 20 de noviembre, dado que resulta indiscutible señalar que asociamos el desfile oficial con el desfile deportivo, el cual tuvo su origen en la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, constituyendo para nosotros un símbolo preponderante de nuestra identidad. Estamos a favor de que, como lo aprobó el pleno de la Comisión de Gobernación, se establezca por primera vez una fecha, para que de manera especial se brinde este justo homenaje a los atletas más destacados de nuestro país.

Estamos orgullosos de lo que nuestros antepasados lograron en la Revolución Mexicana, pero también estamos orgullosos de lo que nuestros deportistas logren, sin embargo son dos cosas diferentes; el deporte nacional merece tener también en forma separada su día específico de reconocimiento. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Felipe de Jesús Muñoz. Para hablar en contra, tiene ahora el uso de la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a razonar mi voto en contra, tal vez sea el único voto en contra en este dictamen, pero me parece lamentable que vayamos a sumarnos a esta sistemática idea de ir borrando de la conciencia de los mexicanos la Revolución Mexicana y su trascendencia.

En otras legislaturas ya se votó para que la fecha del 20 de noviembre quedara inscrita, quedara inmiscuida en estos fines de semana largos que lo único que generan es confusión en las nuevas generaciones de mexicanos. Si de por sí tenemos una educación cívica deficiente, ahora coadyuvamos a que los niños no sepan si la Revolución Mexicana se conmemora el 18, el 19, el 20 o el día que caiga lunes en ese fin de semana largo.

Después hay que borrar los desfiles deportivos, olvidando que no eran mera ocurrencia, sino que tenían un significado, era de notar que la Revolución se había hecho para generar bienestar, prosperidad en la sociedad mexicana, y que el deporte era un ejemplo y un vehículo de esta prosperidad y de esta armonía entre mexicanos producto de la Revolución, y hoy nosotros habremos de clavar el último clavo del ataúd de la Revolución, desvinculando el 20 de noviembre de la entrega de los estímulos, de los premios en materia deportiva.

Dice el dictamen de la Comisión que lo anterior, dado que se advierte la necesidad de desasociar la celebración de aniversario de la Revolución Mexicana, pues su desvinculación abonará a que se destaque la trascendencia de la actividad deportiva.

Evidentemente se va a destacar la trascendencia de la actividad deportiva, pero falta decir que es en demérito de la trascendencia de la gesta de la Revolución Mexicana que costó más de un millón de víctimas, que trató de cambiar los cimientos de la sociedad que prevalecía en el México de inicios del siglo XX, y que trató de construir una nueva sociedad. Y por eso es que se trataba, no de demeritar al deporte sino al contrario, de enaltecerlo vinculándolo con esta gesta heroica que es un parteaguas en la historia de México.

Por eso, yo no voy a votar a favor de seguir contribuyendo a que se borre de la conciencia de las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos la trascendencia y la importancia de la Revolución Mexicana de 1910. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: De viva voz.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (desde la curul): A favor.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 315 votos a favor, 3 abstenciones, 46 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2011. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa la delegación de diputadas y diputados que asistirán a la LI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse en la Ciudad de México los días 21 y 22 del presente mes y año.

REUNION INTERPARLAMENTARIA MEXICO-ESTADOS UNIDOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el cual se designa la delegación de diputadas y diputados que asistirá a la LI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse en la Ciudad de México, los días 21 y 22 de noviembre de 2013.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso c), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 272, numeral IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados se somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.Se designa la delegación de diputadas y diputados que participará en la LI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse en la Ciudad de México, los días 21 y 22 de noviembre de 2013.

Diputado Javier Treviño Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI.

Diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Diputada Amira Gricelda Gómez Tueme, del Grupo Parlamentario del PRI.

Diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN.

Diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez,  del Grupo Parlamentario del PAN.

Diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD.

Diputado Agustín Barrios Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Segundo. Se autoriza la participación de la diputada Adriana González Carrillo como presidenta del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, y al diputado Eloy Cantú Segovia como presidente de la delegación.

Tercero.Comuníquese a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal Ávila. Dígame, diputado, con qué objeto.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, como ahora la asamblea está muy relajada, le había solicitado el uso de la palabra antes de la votación. Usted no se percató. Le pediría, simplemente, que me dé oportunidad de hablar sobre ese tema, aun cuando haya pasado el trámite, por los cinco minutos.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Haga usted uso de la palabra, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, está la asamblea hoy semivacía, pero había solicitado el uso de la palabra para razonar mi voto. Y le expreso, presidente, mi reconocimiento por su actitud, la conducción de la Mesa Directiva ha sido correcta.

Yo quería y quiero expresarles que no desaprovechemos la oportunidad de esta Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos. Quizá la más importante de nuestra relación bilateral, me atrevería a decir, por nuestra relación comercial, nuestra vinculación y nuestra vecindad, además de los millones de mexicanos que radican en los Estados Unidos de manera documentada o indocumentada, me atrevería a asegurar que es la interparlamentaria más importante que se celebra año con año.

Y que me gustaría proponer que los integrantes de esta interparlamentaria llevaran la voz digna de los representantes para fijar en la agenda temas como el del espionaje, que en la interparlamentaria la delegación mexicana pueda por la vía parlamentaria hacer un reclamo por la grosera injerencia de los sistemas de espionaje contra nuestro país, porque no sólo espían a los políticos o a los funcionarios, se ha demostrado que se espía a los ciudadanos en general.

Y me parece que la respuesta de la Cancillería mexicana ha sido timorata, gris, mediocre, muy distinta a la asumida en el caso de Venezuela frente a la caída o derribamiento del avión, del cual se desconocen muchas cosas todavía.

Pero la actitud de la Cancillería frente al gobierno de Venezuela ha sido extremadamente dura, citando al embajador, convocando a la Cancillería venezolana. En cambio, frente al gobierno de Estados Unidos y a la Cancillería norteamericana no han sido capaces, ni tocarlos con el pétalo de una nota diplomática.

Por eso me parece importante que no aprobemos simple y sencillamente que se reúnan los legisladores de Estados Unidos con los legisladores mexicanos sin que se tenga un mandato de la Asamblea Legislativa, el mandato desde mi punto de vista sería un reclamo por la vía parlamentaria al gobierno de los Estados Unidos.

Pero también tocar el tema del narcotráfico, también tocar el tema de la migración, tocar el tema de la amnistía, tocar el tema de la relación de vecindad y la relación comercial. No es cualquier asamblea, no es cualquier interparlamentaria. Y ahora seremos anfitriones, México será anfitrión este año, y por eso me parecía pertinente que fijáramos una posición legislativa de conjunto.

Otro de los temas graves es que en la propia embajada se encontró un sistema sofisticado de espionaje en nuestro país, y no hay quién reclame por ese sistema de espionaje. Es muy grave, es una agresión a la soberanía nacional y es una actitud incorrecta, ahora que se ha anunciado el fin de la Doctrina Monroe en Estados Unidos, que me parece correcta la posición de quien emitiera por parte del gobierno el fin de la Doctrina Monroe, que ha causado tanto daño en la relación con otros países del mundo.

Por eso, presidente, era la necesidad de establecer con toda claridad la posición política en esta materia de relaciones exteriores de nuestra bancada de Movimiento Ciudadano. Por la atención de todos, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Ricardo Monreal Ávila.

BOLETINAR Y EVIDENCIAR POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A LAS GASOLINERAS QUE NO HAYAN CUMPLIDO LAS NORMAS 005 Y 185

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, boletine y evidencie a todas las gasolineras del país que no hayan cumplido con lo establecido en las normas oficiales 005 y 185.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla:Con su permiso, señor presidente. Hoy para quien tiene el uso de la voz es verdaderamente honroso el poder estar en estas fechas en esta tribuna y poderme expresar en un punto de acuerdo que ojalá la mayoría pueda coincidir con lo propuesto. Pero sobre todo sentirnos orgullosos, todas y todos, por lo que hoy hemos venido haciendo a lo largo de un poco más de un año en esta LXII Legislatura.

Esto sin duda será y deberá de ser el Congreso de la reforma, el Congreso de las leyes y el Congreso de un arduo trabajo con un alto sentido de responsabilidad y a esta responsabilidad me remito, dado que el punto de acuerdo que hoy presento es para exhortar a la Secretaría de Economía a boletinar y a evidenciar por las instancias correspondientes a las gasolineras que no hayan cumplido con las normas 005 y 185 para que los consumidores tengan oportunidad de saber y de que sepamos en cuáles sí poder comprar litros completos.

Hoy hace un año aproximadamente, nosotros en esta misma Cámara votamos y entraron en vigor las normas que antes mencioné, sin que en la actualidad los consumidores tengamos la posibilidad de saber cuáles gasolineras venden litros de a litro. México, como ya lo conocemos, es un país rico en hidrocarburos, en minería, así como en una población tan diversa pero capaz de coincidir en pro del avance de la nación, pero con una gran incapacidad de poder solventar las necesidades energéticas por la falta de inversión en alta tecnología y particularmente en infraestructura.

Reconocemos que entre las cosas que más han hecho mella en la economía de la población, han sido sin duda los incrementos en los combustibles fósiles, los cuales de manera aleatoria afectan la transportación de los suministros, así como de la transportación de pasajeros, pero esto quizá no sea lo más grave, sino el hecho de que los mismos expendedores de gasolina, ya que aunados con la Procuraduría Federal del Consumidor han intensificado las revisiones sin tener a la fecha los resultados que muchos de nosotros pudiéramos esperar.

Existen, compañeras, compañeros, amigas, amigos, 46 mil lugares o bombas dispensadores de gasolina; existen más de 10 mil gasolineras a lo largo y ancho de la República y hasta ahorita han sido inmovilizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor cerca de 1,388.

Ya lo decía Kennedy, que también por estas fechas es su aniversario luctuoso: Se podrá engañar a todos durante poco tiempo, se podrá engañar a algunos en ocasiones todo el tiempo, pero nunca a todos durante todo el tiempo.

Hoy, la supervisión de estos instrumentos se encuentra a cargo de la Dirección General de Normas. Esta dirección propiamente se apoya en la Procuraduría Federal del Consumidor a fin de que se dé cumplimiento a la norma oficial mexicana en lo que corresponde a la medición y al despacho de gasolinas, mismas que no se han dado con la oportunidad.

Es por eso que hoy venimos ante esta tribuna y ante ustedes para que por tal razón se pueda instar para que las empresas que ya en este momento proveen de software y de hardware, apliquen un mayor control en la certificación de calidad, con el fin de eliminar la posibilidad de modificar o ajustar por agentes externos los parámetros especificados en la fabricación y con ello poder cumplir lo establecido con las normas 005 y 185 que hoy estamos poniendo a su consideración.

Ya lo decía el escritor polaco Stanis³aw Jerzy Lec: Somos todos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla. Es por eso, señor presidente, Mesa Directiva, compañeras y compañeros, que el punto de acuerdo que hoy sometemos a su consideración de urgente u obvia resolución, es un punto único.

Se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Economía boletine y haga evidente, a través de las instancias correspondientes a nivel nacional, a todas aquellas gasolineras del país que no hayan cumplido con lo establecido en las normas ya mencionadas, para que los consumidores tengamos la oportunidad de saber en qué gasolineras sí se puede comprar litros de a litro.

Por su atención, y como siempre, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a boletinar y evidenciar por las instancias correspondientes a las gasolineras que no hayan cumplido las normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en cuáles comprar litros completos, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito Leobardo Alcalá Padilla, diputado a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría de Economía, boletine y evidencie a través de las instancias correspondientes, a nivel nacional, a todas aquellas gasolineras del país que no hayan cumplido con lo establecido en las Normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en qué gasolineras sí se puede comprar litros de a litro, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país rico en hidrocarburos y minería así como en su población tan diversa pero capaz de coincidir en pro del avance de la nación, pero sin la capacidad de poder solventar sus necesidades energéticas por la falta de inversión en alta tecnología e infraestructura subsanarán la problemática que actualmente tiene la población; las reformas que se proponen ayudarán a terminar con esta falta de atención a este tema.

Entre las cosas que más han hecho mella en la economía de la población han sido los incrementos en los combustibles fósiles, lo cual de manera aleatoria, afecta a la transportación de los suministros, así como de la transportación de pasajeros, pero esto no es lo más grave, sino el hecho de que los mismos expendedores de gasolina, ya que aun cuando la Procuraduría Federal del Consumidor ha intensificado las revisiones a dichas estaciones de servicio, no se ha podido erradicar las malas prácticas.

A la fecha se han encontrado diversos eventos en los cuales se les ha encontrado deficiencias en despachar litros completos, aun cuando se establece por parte de la Secretaría de Economía ha impuesto la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005, la cual especifica las características a cubrir en lo que se refiere a los instrumentos de medición denominados Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación.

La supervisión de estos instrumentos se encuentra a cargo de la Dirección General de Normas, quien establece las facultades en establecidas en los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción IV, 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 19 fracciones I y XV del reglamento interior de esta secretaría.

Esta dirección propiamente se apoya en la Procuraduría Federal del Consumidor a fin de que se dé cumplimiento a norma oficial mexicana en lo que corresponde a la medición y despacho de gasolina así como de otros combustibles líquidos, que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, como lo establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. (Primera Sección) Diario Oficial. Martes 27 de septiembre de 2005.

Las revisiones se establecen de manera periódica y extraordinaria, de igual forma en este último tiempo se ha iniciado un ejercicio de revisiones más constantes y de manera aleatoria, en este sentido la estación de servicio que será objeto de revisión no se da a conocer a nadie de los inspectores que realizarán dicha visita hasta unos momentos antes de salir de la dependencia.

Con este ejercicio, la dependencia considera hacer más transparente y eficiente sus trabajos; sin embargo no ha sido posible erradicar la sustracción de combustibles a la hora de despachar dicho servicio; por tal razón, se insta para que las empresas proveedoras de los hardware y software apliquen un mayor control en los certificados de calidad con el fin eliminar la posibilidad de modificar o ajustar por agentes externos los parámetros especificados en la fabricación y con ello cumplir lo establecido en las Normas Oficiales 005 y 185 para garantizar la venta de litros de a litro.

Ciertamente el medio que puede dar origen a la solución del problema por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, es la denuncia; en tal sentido también es la falta de ésta, la limitante. Por lo cual será necesario implementar una campaña publicitaria a fin de hacer conciencia en la población en general.

Por lo anterior expuesto someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía boletine y evidencie, a través de las instancias correspondientes, a nivel nacional, a todas aquellas gasolineras del país que no hayan cumplido con lo establecido en las Normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en qué gasolineras sí se puede comprar litros de a litro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputado Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Leobardo Alcalá Padilla. Para efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se considera de urgente resolución. En consecuencia tiene el uso de la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Honorable asamblea. Nueva Alianza considera que los consumidores tenemos una serie de derechos fundamentales, entre los que figura en primer lugar que en la compra de productos o servicios se nos entregue la cantidad exacta por la que se hizo el pago.

Es indispensable que las autoridades correspondientes mantengan una vigilancia permanente con el objeto de que los productos que se venden a partir de pesos y medidas se despachen con cabal exactitud para evitar abusos contra los consumidores.

Es por ello que apoyamos el presente punto de acuerdo, porque busca que en el consumo de gasolina el consumidor reciba exactamente la cantidad de combustible que compra, que en las gasolineras realmente se vendan litros de a litro.

No es aceptable que esta práctica se realice a la vista de todo mundo y las autoridades no hagan nada para evitarlo.

Todos hemos visto, en las ciudades del país, que hay gasolineras donde siempre hay una larga fila de automovilistas esperando turno, dispuestos a esperar el tiempo necesario porque en ese lugar sí se venden litros de a litro, mientras otras gasolineras lucen con poca afluencia porque es voz popular que ahí ordeñan la gasolina.

Sin embargo el consumidor tiene que resignarse a recibir un producto mermado por las malas prácticas en esas gasolineras.

Recientemente aprobamos una reforma hacendaria que solicita de los contribuyentes un esfuerzo adicional para contribuir a la hacienda pública con el pago puntual de impuestos y derechos.

Sin embargo es indispensable que el Estado corresponda a ese esfuerzo con medidas de transparencia, eficiencia y vigilancia para las prácticas como las de las gasolineras que venden litros falsos de gasolina, y que sean éstas severamente castigadas a fin de proteger la integridad del consumidor.

Sabemos que es responsabilidad del gobierno federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los instrumentos de medición que se comercialicen y utilicen en el territorio nacional sean seguros y exactos.

Esta tarea, competencia de la Secretaría de Economía, la realiza por conducto de la Procuraduría Federal del Consumidor, y para tal caso, la verificación de gasolineras e instrumentos de comercialización de combustible al público en general, es la Profeco quien tiene un programa permanente con presencia en toda la República Mexicana denominado “litros de a litro”.

La propia Profeco informa que tan sólo en el año pasado verificó el 83 por ciento de las gasolineras del país.

El programa también promueve el buen comportamiento de los proveedores de combustible para que realicen una revisión periódica y actualización de los instrumentos de medición que utilizan para operaciones comerciales y cumplan con la normatividad vigente aplicable. Principalmente la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005, sobre sistemas de despacho de combustible.

Como producto de este programa y a fin de dar a conocer los resultados de las verificaciones realizadas a nivel nacional, Profeco mantenía una herramienta para consulta ciudadana denominada Semáforo en gasolineras, en su página de Internet.

Sin embargo, desde el pasado mes de septiembre del año en curso, este canal informativo que permitía checar cuáles de las gasolineras cometían irregularidades contra las normas de protección de los consumidores nacionales, quedó desactivado.

Por esa razón estamos a favor del presente punto de acuerdo, porque es una exigencia social hacer pública la lista de sanción de gasolineras que violan el precio, la calidad, o la cantidad del combustible despachado. De esa manera creemos que se contribuye a mitigar el perjuicio social que estas prácticas ocasionan. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado José Alberto Benavides Castañeda, para fijar postura por su grupo parlamentario.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda:Gracias, presidenta. La práctica de aumentar mensualmente el precio de la gasolina, es una herencia que el Partido Acción Nacional le dejó al PRI.

Desde el 8 de septiembre de 2009 el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, anunció los llamados deslices mensuales del precio de la gasolina a realizarse el segundo sábado de cada mes, por ocho centavos, con el pretexto de que había que llevar el precio de la gasolina al precio del mercado internacional.

Dichas alzas en los precios de combustibles han afectado a diversos sectores de la economía nacional. El gobierno federal, dando como excusa que tiene que importar gasolina cara, traslada la diferencia a los consumidores finales. El transporte público, la generación de alimentos, la utilización del diesel en la producción agrícola indican que estas medidas nos afectan a todos los mexicanos y sobre todo a los que menos recursos tienen.

A la afectación proveniente de las medidas gubernamentales debemos aunar el hecho de que una de cada tres gasolineras en México venden litros incompletos, algunos llegando a dar casi la mitad de lo ofrecido. Lo anterior a pesar del monitoreo que realiza la Profeco para identificar y sancionar a las gasolineras que han alterado sus bombas y medidores para despachar una cantidad menor de combustible de la que cobran.

El propio director general de Verificación de Combustibles de esa procuraduría ha señalado que cada vez que un consumidor pide llenar el tanque el robo podría llegar a ser de hasta 20 pesos, si se toma en cuenta que la capacidad promedio del depósito es de 40 litros.

De acuerdo con Pemex, existen más de 10 mil estaciones de servicio en toda la República Mexicana. De ellas hay 2,909 gasolineras que venden litros incompletos de combustible a sus clientes, según datos de la Profeco. Las del norte del país son las que más alteraciones presentan en sus sistemas medidores. Ejemplo claro de esto es la empresa Gasmart, en el estado de Baja California, específicamente en la ciudad de Tijuana.

La falta de mantenimiento de las bombas despachadoras, así como de un efectivo proceso de verificación por parte de la Profeco, siguen siendo las principales causas del robo de combustible en las franquicias de gasolina del país.

En ese sentido, es de suma importancia lograr un mayor control en los certificados de calidad con el fin de eliminar la posibilidad de modificar o ajustar por agentes externos estos dispositivos, a fin de cumplir con los parámetros especificados en las normas oficiales 005 y 185 para garantizar la venta de litros de a litro, tal y como lo señala el presente punto de acuerdo.

Consideramos que mediante el presente punto de acuerdo, en el cual se propone que la Secretaría de Economía boletine y evidencie a todas aquellas gasolineras del país que incurran en prácticas irregulares a la hora de despachar combustible a sus clientes, para que con ello se fomente una competencia justa entre los expendios de gasolina, se incentive el cese de estas prácticas para paliar el efecto de los llamados gasolinazos y se proteja el bolsillo de los mexicanos.

En ese sentido, el Partido del Trabajo está a favor de la realización de campañas de información y difusión a nivel nacional que protejan al consumidor mexicano, especialmente a aquéllos que menos tienen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputada presidenta. Yo saludo en verdad este tipo de planteamientos, y conozco al doctor Leobardo Alcalá y sé que lo hace con esta intención, en el que, pues la verdad es que es escandalizante que a estas alturas se trate un tema de esta naturaleza en el que las gasolineras no están vendiendo como debe ser, pues litros de a litro.

Digo, yo creo que hasta en Centroamérica este tipo de discusiones se han superado, pero este país al parecer está podrido en la corrupción por donde se le busque. Pero el asunto es más grave todavía, porque nada más en el sexenio pasado la gente, además de sufrir esta ordeña de mililitros en cada litro de combustible que compran a las gasolineras, pues ha padecido de 90 aumentos, lo cual ha incrementado los costos de las gasolinas en un 61 por ciento.

La Profeco realiza un monitoreo constante para identificar y sancionar a las gasolineras que han alterado sus bombas y medidores para despachar una cantidad menor de combustible de la que cobran, y se detectó que una de cada tres ordeñan los litros, y eso equivale a más de 600 millones de pesos que el consumidor deja de recibir como combustible, y además de que se tiene que aplicar la norma oficial mexicana a más de 40 mil establecimientos, la verdad es que esto es escandalizante, esto lo debimos haber aprobado el 1o de septiembre, pero del año pasado.

No puede ser que a estas alturas, y por poco y no pasa, porque con el recinto semivacío, capaz que lo dejan otra semana y que se sigan ahí los temas que en verdad afectan a la gente.

Pero miren, amigas y amigos diputados, el robo de verdad, el robo del siglo, es el que se va a consumar si se reforman los artículos 27 y 28 constitucionales. Ya se está previendo un incremento en el costo de la extracción del petróleo mexicano en alrededor de 500 mil, 600 mil millones de pesos.

El robo, lo que se llama robo, es que esta Cámara de Diputados haya aprobado más impuestos para la clase media y para los empresarios a nivel promedio y para arriba. El robo es haber homologado el IVA en las fronteras, robo es haberle autorizado a Enrique Peña Nieto una deuda de 780 mil millones de pesos, robo es haber aprobado más gasolinazos durante todo el año 2014.

Esos robos, a esos robos del siglo que se pretende, ahora que se está hablando de la Revolución Mexicana, después de que se derrotó al régimen porfirista que llevaba más de 30 años —ahora los neoliberales llevan más de 30 años—, después de que se derrotó a la reacción con Victoriano Huerta al frente, cuando querían institucionalizar los logros del Constituyente de 17 y dar por concluido el tema revolucionario llegó Lázaro Cárdenas, repartió tierra, reconoció sindicatos, organizó al pueblo, reconoció como nadie al ejército y le quitó a las empresas extranjeras el petróleo, y ahora si se reforman los artículos 27 y 28 constitucionales van a pasar muchos años de la historia de este país para que esto se revierta.

Por eso también hago una advertencia acerca de este gran robo y hago un llamado a todas las diputadas y a todos los diputados a que caminemos juntos, a las izquierdas, a los socialdemócratas, a los nacionalistas, a los que todavía se suben a esta tribuna a hablar a favor de la Revolución Mexicana. Es el momento de sumar todos los esfuerzos de los representantes del pueblo verdadero para evitar el robo del siglo que significaría la reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, en materia energética. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Me parece que ya habrá tiempo para poder deliberar lo que se acaba de mencionar. Y a mi antecesor, con todo respeto tendremos ya en tiempo y forma la oportunidad de poder también nosotros manifestar cuál es el tema en lo que tiene que ver con la reforma energética.

Me voy a apegar al exhorto, al punto de acuerdo que hoy presenta nuestro compañero diputado al cual reconozco su iniciativa. Un punto de acuerdo que tiene que ver con lo más sensible tal vez, o de las cuestiones más sensibles que podemos tener los mexicanos y que es el gasto que se genera de los hidrocarburos por los usuarios que consumimos todos los días este producto, este producto que en la mañana tuvimos la comparecencia del director general de Pemex y hablábamos, entre otras cosas, que hay coincidencias en las diferentes fuerzas políticas. Es una realidad.

Hay coincidencias en que tenemos realmente que hacer sentir que el petróleo y el gas son de todos los mexicanos. Es de todos los mexicanos, y lo tenemos que ver manifestado y lo tenemos que ver realmente aprovechado en mejores servicios, en mejor calidad de vida, en infraestructura, en salud, en comunicaciones y transporte, en todo lo que tiene que ver con educación, y me parece que es un punto de partida importante.

Lo que sucede con el tema de las gasolineras en el país, es un tema que es preocupante y nosotros como Grupo Parlamentario del Partido Verde tal vez no alcanzamos a entender qué es lo que sucede.

Las gasolineras que están más alejadas, en los municipios, son las que tienen la mayor cantidad de irregularidades en el tema de litro por litro. No nada más se le está engañando a una familia, sino que se está lucrando con la propia economía de los mexicanos.

Nosotros presentamos hace tiempo también un tema relacionado, y un exhorto a Pemex, en lo que tiene que ver con todos los servicios que proporcionan a las gasolineras. No sabemos por qué los manuales de operación, que están obligados los franquiciatarios a cumplirlos cabalmente, como es la dotación de infraestructura, los productos de limpieza, los baños públicos, que no tienen por qué cobrar dentro de las propias gasolineras, no se ha resuelto este problema.

Éste es un tema muy importante, sobre todo en los municipios y estados de mayor marginación, en donde una familia de cuatro o cinco personas tiene que pagar un sobreprecio, no solamente por cargar un litro en el que no están seguros o ciertos de que están comprando o que se les está dando lo que están pagando, sino que aparte tiene que pagar un servicio adicional que no está cumpliendo ni con las multas ni con el manual de operación de los franquiciatarios.

En este exhorto respetuoso, en el cual nosotros nos sumamos a favor, en el que se pueda dar a conocer cuáles son todas aquellas gasolineras o bombas, como lo mencionó el promovente, el doctor Leobardo, casi cerca de mil 500 bombas que han sido ya clausuradas, pero que no han sido notificadas en las entidades, en los municipios, y que merecemos y que exigimos que se tenga el mayor respeto posible para todos los consumidores.

Si queremos pensar en grandes reformas, como la que seguramente estaremos discutiendo, deliberando, tenemos que empezar también por pequeñas cosas, pequeños detalles en los cuales los mexicanos realmente nos sintamos que somos dueños del petróleo y del gas, pero que lo veamos reflejado en los servicios, que lo veamos reflejado en la honestidad de las personas que se les otorga, que operan, que distribuyen y que realmente los únicos afectados son el usuario final y las familias mexicanas.

Es por ello que en el Partido Verde estamos a favor de este exhorto respetuoso, de este punto de acuerdo a la Secretaría de Economía, y también aprovechamos la oportunidad para exigir una respuesta a lo que el punto de acuerdo que nosotros también presentamos pueda ir de la mano. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Mario Rafael Méndez Martínez:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, uno de los problemas más sensibles a los que se enfrentan los consumidores nacionales en el momento actual, es el que se refiere al despacho incompleto de los litros de gasolina por un segmento importante de las gasolineras del país.

De acuerdo con Pemex existen más de 10 mil estaciones de servicio en toda la República Mexicana, pero hay estimaciones por parte de diversas organizaciones civiles en las que se estima alarmantemente que una de cada tres estaciones en el país venden litros incompletos.

Es amplísima la cantidad de noticias que versan sobre este problema. Lo mismo lo podemos ver en el sur, norte y centro del país, es generalizado. Por ejemplo, la organización al consumidor publicó una lista que integra a 2,909 gasolineras de toda la República Mexicana que despachan litros incompletos de combustibles, de los cuales 183 se encuentran en el Distrito Federal, en colonias como la Anzures, Condesa-Hipódromo, Condesa-Cuauhtémoc, Del Valle, Lindavista, Lomas de Chapultepec, Nápoles, Narvarte, Roma, San Ángel, Santa Fe, entre otras. En el estado de México hay 291 gasolineras,  en Nuevo León 150 y en Jalisco 86, entre otras.

Si bien, la Procuraduría Federal del Consumidor monitorea y verifica en forma periódica los establecimientos que expenden combustibles al público en general, como estaciones de servicio o gasolineras y plantas almacenadoras, distribuidoras de gas LP mediante un programa permanente, con presencia en toda la República Mexicana. A los instrumentos de medición que utilizan para operaciones comerciales y cumplan con la normatividad vigente y aplicable, principalmente la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal sobre Metrología, Normalización, Norma Oficial Mexicana 2005, instrumentos de medición, sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles. Líquidos, especificaciones, métodos de prueba y de verificación.

La alteración de bombas y medidores para despachar una cantidad menor de combustible a la que cobran las gasolineras persiste en las gasolineras, que se han resguardado en ocasiones. Incluso, amparándose ante los actos de la autoridad de Profeco, lo cual sigue perjudicando a millones de consumidores a lo largo y ancho de todo el país.

Por ello es importante la organización de la sociedad civil para exhibir a las gasolineras que incumplen con la normatividad, o sea, las transas.

Los diputados y diputadas de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática apoyamos el punto de acuerdo referido, para exigir a la autoridad responsable que publicite la lista de aquellas gasolineras infractoras. Que somos sensibles y conscientes de que este problema reduce ostensiblemente el ya de por sí mermado ingreso de los millones de consumidores del país que utilizamos la gasolina, e impacta en la competitividad de todas las actividades económicas que se desarrollan en el país. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado José Enrique Reina Lizárraga:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el punto de acuerdo en comento tiene el propósito de exhortar a la Secretaría de Economía para que boletine y evidencie, a través de las instancias correspondientes, a nivel nacional a todas aquellas gasolineras del país que no hayan cumplido con lo establecido en la norma 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en qué gasolineras sí se puede comprar litros de a litro.

En este sentido quisiera hacer algunas reflexiones al respecto, ya que las nuevas normas oficiales mexicanas, respecto a la 005 y la 185, buscan eliminar el fraude de litros incompletos a través de facultar a la Profeco para que puedan llevar a cabo la revisión del correcto funcionamiento de las gasolineras mediante las bitácoras electrónicas de los dispensarios y de las operaciones del software, para proteger directamente a más de 32 millones de consumidores de gasolina y diesel.

Al respecto debemos precisar que de acuerdo a la misma Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor se estiman ganancias por al menos 400 millones de pesos anuales por despachos incompletos. Es decir, esta cifra representa un robo literal a los consumidores.

No obstante la cifra anterior, del 2008 al 2010 la Profeco inmovilizó el 26.02 por ciento de los dispensarios de las estaciones verificadas, documentándose una afectación al consumidor por combustible pagado y no entregado de 622 millones de pesos anuales, lo cual es totalmente inaceptable y por lo cual la Secretaría de Economía y la Profeco deben garantizar la plena protección de los derechos de los consumidores, deben vigilar que no exista esta clase de abusos y corruptelas por parte de las gasolineras.

Es por ello que es de la mayor prioridad aprobar el punto de acuerdo para que se boletine y se evidencie, a través de las instancias correspondientes a nivel nacional, a quien no haya cumplido con lo establecido en las normas 005 y 185 para que los consumidores tengan oportunidad de saber en qué gasolineras sí se pueden comprar litros de a litro.

De instrumentarse esta medida se estará informando directamente al consumidor de cuáles son las gasolineras que incumplen con esta norma oficial, y así los consumidores podrán elegir si se abastecen de combustible en dichas gasolineras.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es importante considerar lo antes expuesto, ya que ante todo debemos proteger los derechos de los consumidores y enviar una señal clara a los mismos de que estamos trabajando a favor de la transparencia y el combate a la corrupción.

Por tal motivo los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votaremos a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último tiene la palabra el diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Javier López Zavala:Con la venia de la presidenta. Celebro mucho este punto de acuerdo que el día de hoy presenta mi compañero de partido, el doctor Leobardo Alcalá. Considerando que a pesar de que el 26 de octubre del año pasado entraron en vigor las dos nuevas normas oficiales 005 y 185, de las cuales se hace referencia en el punto de acuerdo que hoy tenemos a nuestra consideración, no se ha podido terminar con el robo del combustible en los más de 46 mil dispensarios o bombas de gasolina distribuidas en 10 mil gasolineras a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.

Cabe señalar que tales normas oficiales mexicanas establecen por una parte las especificaciones, métodos de prueba y de verificación que de manera preventiva se aplican a los distintos sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos que se comercializan y utilizan en transacciones comerciales, y por la otra las especificaciones, métodos de prueba y de verificación y el procedimiento de evaluación de la conformidad aplicable a la seguridad, protección e idoneidad de los programas informativos de los sistemas para medición y despacho de gasolina que cuentan con la aprobación del modelo prototipo que utilizan y se comercializan.

De acuerdo a las estadísticas presentadas en el primer Informe de Gobierno del presidente de la República, la Profeco llevó a cabo durante el primer semestre del año 1,636 visitas a estaciones de servicios, así como la verificación de 22 mil instrumentos de medición y la inmovilización de 1,388 instrumentos para el despacho de este tipo de actividades que afectan la economía de las familias, de muchas familias a diario en nuestro país. Esta encuesta la dan a conocer a través del Inegi en gastos en los hogares de las familias mexicanas.

Con base en lo anterior, consideramos acertada la propuesta formulada, ya que al boletinar y evidenciar a las gasolineras que incumplan con lo establecido por las normas mexicanas, no solamente se brindará un medio por el cual los consumidores podrán conocer de forma precisa cuáles son las gasolineras que sí surten los litros completos.

Por eso hacemos un llamado a esta asamblea para que se apruebe este punto de acuerdo para evitar las prácticas desleales, como lo es el robo de combustible, fomentando precisamente que las gasolineras despachen litros de a litro. Celebro pues este punto de acuerdo de mi compañero Leobardo Alcalá y que es de interés de mi partido, el Revolucionario Institucional, y es de interés de México y de los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

El diputado Antonio García Conejo(desde la curul): Presidente.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido en la curul del diputado Antonio García, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Antonio García Conejo (desde la curul): Con el objeto que me asiste el derecho de estar en este recinto, presidenta. Manifestar que mi voto va a ir a favor.

Yo lamento mucho que hasta ahora se esté llevando a cabo este punto de acuerdo; es más felicito al proponente. El año pasado, bueno en febrero de este año, recuerdo que votamos aquí un punto donde se estaba votando a favor de dar una prórroga a esos establecimientos para que cumplieran con la norma antes ya mencionada por los ponentes.

Mi participación fue que cómo era posible que se siguiera permitiendo que día con día sigan robando y sigan robándole al pueblo estas personas que tienen establecimiento de gasolineras y que no cumplen con esta norma; sin embargo por mayoría se les dio una prórroga.

Hoy veo en el punto de acuerdo que solamente se pretende exhibir y boletinar a aquéllos que no cumplan. Qué lamentable. No es posible que sea nuestra participación con esa tolerancia en contra de quienes roban al pueblo. Quienes roban al pueblo deberían estar en la cárcel.

No es posible que en la mayor parte de las gasolineras de este país no se vendan los litros como debe de ser. Eso se llama robo y eso está penado. No solamente basta con exhibir y boletinar a estos establecimientos.

Yo diría, presidenta, que fuéramos más allá en lo sucesivo y obviamente clausurar definitivamente estos establecimientos y los propietarios que estén en la cárcel porque esto se llama robo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Queda registrada su intervención. Agotada la lista de oradores, pregunte la Secretaría en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.

LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto es el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Roxana Luna Porquillo a nombre propio y de los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar un proceso de acción de inconstitucionalidad para derogar las disposiciones de la Ley del Agua del estado de Puebla.

La diputada Roxana Luna Porquillo:Presidenta, quiero pedirle a la secretaria que pueda dar lectura al resolutivo del punto de acuerdo, para que posteriormente pueda hacer mi exposición de motivos.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar un proceso de acción de inconstitucionalidad para derogar las disposiciones de Ley del Agua para el Estado de Puebla por cuanto violan el derecho de los artículos 4o. y 115 constitucionales.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto del ámbito de sus competencias, exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Puebla, licenciado Rafael Moreno Valle, y a los diputados locales a presentar ante la legislatura de dicha entidad iniciativa con proyecto de decreto para derogar las fracciones IV y IX del artículo 31 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, y someterse a lo que establecen los artículos 4o. y 115 constitucionales y los tratados internacionales respecto al derecho al agua.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto del ámbito de sus competencias, exhorta a los integrantes de la Legislatura de Puebla para que, en ejercicio de sus derechos, promuevan acción de inconstitucionalidad contra las fracciones IV y IX del artículo 31 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla. Es cuanto.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Gracias, secretaria. Quiero decirles, compañeros y compañeras, que este punto de acuerdo busca que no haya atropello a los ciudadanos del estado de Puebla, ya que quedarían en estado de indefensión legalmente.

Quiero decirles también que ante visiones de realidades distintas y ante la diversidad de opiniones llamo a actuar con la tolerancia, con la civilidad y con la legalidad e invito a mis compañeros diputados locales y presidentes municipales a reflexionar respecto a este tema tan importante que hoy se va a discutir en esta tribuna.

En la exposición de motivos de esta nueva Ley del Agua, se hace alusión al derecho humano que tienen los ciudadanos para acceder al agua como consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, como lo establece el artículo 4o.

Reconoce la propiedad originaria de la nación de las aguas territoriales; menciona la Ley de Aguas Nacionales, en particular en el artículo 7o., que considera que la gestión integrada de los recursos hídricos es una prioridad y un asunto de seguridad nacional.

De igual forma hace referencia al hecho de que el servicio del agua potable como corresponsable de esta facultad, al señalar: es responsabilidad de los gobiernos de los estados y de los municipios, la regulación de los procesos para la prestación de los servicios públicos de agua potable para consumo humano, drenaje, alcantarillado, saneamiento, reúso y suministro de agua, en vehículos y cisternas.

En este sentido esta postura es una franca invasión de competencias del estado a las del municipio que en la Constitución federal están claramente definidas, tal como lo establece el artículo 115 constitucional, correspondiéndole de manera exclusiva al municipio la prestación de servicios públicos como es el caso de agua potable y alcantarillado.

En la exposición de motivos en comento señala: “corresponde a las legislaturas locales la emisión de normas jurídicas que regulen la participación social y privada para cumplir el mejoramiento de la cobertura y la calidad de los servicios y cumplir de esta forma las premisas constitucionales de alcanzar la conservación y la sustentabilidad de los elementos naturales, la distribución equitativa de la riqueza pública, el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”.

“Esto es, de acuerdo con el gobernador, los diputados que integran las legislaturas deben contribuir y con su voto aprobar nuevas leyes, reformar y adicionar las existentes en aras de proceder a privatizar los servicios públicos, como en la actualidad se pretende con esta reforma y adiciones a la Ley del Agua para el Estado de Puebla, y así en otro momento podrán ser otros servicios como la seguridad pública, panteones, mercados, basuras o como hoy es el servicio de alumbrado público. Esto dependerá seguramente de la plusvalía que representen estos servicios públicos.”

A menos de un año de aprobada la ley del agua, el titular del Ejecutivo envió al Congreso del estado una iniciativa solicitando se aprueben diversas disposiciones de esta norma, con las cuales se establece claramente y de manera indubitable la pretensión de privatizar este servicio, como también el alcantarillado, y para lo cual solicitó a los legisladores aprobar la fracción IV del artículo 31 y adicionar la fracción IX del mismo artículo.

Este decreto no tiene precedentes en Puebla, ni en ningún otro estado de la federación, representa un ensayo que de ser instrumentado como se propone, sería un ejemplo negativo a seguir para otros gobiernos de corte conservador por no decir de derecha.

Así, la fracción IV del artículo 31 en la actualidad consigna lo siguiente:

IV. Celebrar o suscribir los instrumentos jurídicos, incluyendo sin limitar, concesiones o cualesquier otros convenios o contratos, los cuales establecerán entre otros, los derechos y obligaciones de las partes, las sanciones por incumplimiento, la posibilidad de afectar, ceder o gravar irrevocablemente, con el previo consentimiento del concedente, los derechos derivados del título de concesión o instrumento correspondiente, la obligación de indemnización a cargo de la autoridad competente por la caducidad, rescate, revocación o terminación anticipada de la concesión o del instrumento respectivo, los supuestos de reversión de pleno derecho de los activos de la concesión, incluyendo sus mejoras y accesorios, así como el mecanismo para la determinación de la indemnización correspondiente, con independencia de aquellas otras condiciones previstas en las disposiciones legales aplicables.

La reforma es verdaderamente ambiciosa; ya que pretende convocar a empresas privadas de carácter nacional e internacional, para que los organismos operadores de los municipios den en concesión la prestación de este servicio público; obviamente con la anuencia de los cabildos municipales, esto es con el apoyo directo de los presidentes municipales, síndicos y regidores.

En todo caso, para que pueda generarse el consenso de la población, debe ponerse en consideración a la ciudadanía, a los poblanos, a través de consultas públicas para que de manera consensuada y previo a una amplia discusión y difusión de los puntos de vista a favor y en contra, se pudiera tomar una medida tan trascendental como la que se propuso y cuestiona.

En caso contrario, desde este momento debemos de señalar al titular del Ejecutivo, al secretario de Gobierno y al secretario de Desarrollo Rural, quienes fueron los que la suscribieron, y a los integrantes de las Legislatura en el estado de Puebla como los directamente responsables de la inestabilidad social y política, que se genere en el seno de la sociedad poblana por la aprobación de estas reformas y adiciones a la Ley del Agua para el estado de Puebla. Es cuanto, señora presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la CNDH a iniciar un proceso de controversia constitucional a fin de derogar las disposiciones de la Ley del Agua para el Estado de Puebla que violan los derechos establecidos en los artículos 4o. y 115 constitucionales, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del PRD, y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano

La suscrita, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracciones I, II y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo que exhortan al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, representado por el gobernador, licenciado Rafael Moreno Valle Rosas, para que en su carácter de titular del Poder Ejecutivo solicite al Congreso del estado la derogación que modifica la fracción IV del artículo 31 y adiciona la fracción IX a este artículo de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, con el cual se establece la base legal para privatizar el agua potable en el estado.

Planteamiento del problema

En la exposición de motivos de esta nueva ley del agua, se hace alusión al derecho humano que tienen los ciudadanos para acceder al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible (artículo 4); reconoce la propiedad originaria de la nación de las aguas territoriales, menciona la Ley de Aguas Nacionales, en particular el artículo 7, que considera que la gestión integrada de los recursos hídricos es una prioridad y asunto de seguridad nacional; de igual forma hace referencia al hecho de que el servicio de agua potable como corresponsable en esta facultad, al señalar: “Es responsabilidad de los gobiernos de los estados (sic), y de los municipios la regulación de los procesos para la prestación de los servicios públicos de agua potable para consumo humano, drenaje, alcantarillado, saneamiento, reúso y suministro de agua en vehículos cisterna...”

En sentido estricto, esta postura es una franca invasión de competencias del estado a las del municipio, que en la Constitución federal están claramente definidas, tal y como ya lo establece el artículo 115 constitucional, correspondiéndole de manera exclusiva al municipio la prestación de servicios públicos, como es el caso del agua potable y alcantarillado.

La exposición de motivos en comento señala:

En particular, corresponde a las legislaturas locales la emisión de normas jurídicas que regulen la participación social y privada para el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios, y cumplir de esta forma las premisas constitucionales de alcanzar la conservación y sustentabilidad de los elementos naturales; la distribución equitativa de la riqueza pública; el desarrollo equilibrado del país, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

Esto es, de acuerdo con el gobernador de Puebla, los diputados que integran las legislaturas deben contribuir y con su voto aprobar nuevas leyes, reformar o adicionar las existentes en aras de proceder a privatizar los servicios públicos; como en la actualidad se pretende con la reforma y adiciones a la Ley del Agua para el Estado de Puebla, y así en otro momento podrán ser otros servicios como la seguridad pública, panteones, mercados o basura. Esto dependerá seguramente de la plusvalía que representen estos servicios públicos.

A menos de un año de aprobada la ley del agua, el titular del Poder Ejecutivo estatal envió al Congreso del estado una iniciativa solicitando apruebe diversas disposiciones de esta norma, con las cuales se establece claramente y de manera indubitable la pretensión del gobernador Moreno Valle, de privatizar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y para ello solicitó a los legisladores aprobar reformas de la fracción IV del artículo 31, adicionar una fracción IX al mismo artículo.

Este decreto no tiene precedente en Puebla, ni en ningún otro estado de la federación, representa un ensayo que de ser instrumentado y aplicado como se propone, sería un ejemplo negativo a seguir por otros gobiernos de corte conservador por no decir de derecha.

La propuesta de decreto en cuestión fue recibida por los diputados poblanos de la LVIII Legislatura el 3 de septiembre del presente año. El 5 del mismo mes fue presentada ante el pleno de esa soberanía popular, que ordenó enviarlo para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa de Medio Ambiente, con el folio número 13/ I/ 0003, y su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla fue el 13 de septiembre de 2013. De ahí precisamente la importancia de señalar públicamente la pretensión del citado titular del Poder Ejecutivo, al implantar estas reformas y adiciones de la Ley del Agua para el Estado de Puebla.

Así, la fracción IV del artículo 31 en la actualidad consigna lo siguiente:

IV. Celebrar o suscribir los instrumentos jurídicos, incluyendo sin limitar, concesiones o cualesquier otros convenios o contratos, los cuales establecerán entre otros, los derechos y obligaciones de las partes, las sanciones por incumplimiento, la posibilidad de afectar, ceder o gravar irrevocablemente, con el previo consentimiento del concedente, los derechos derivados del título de concesión o instrumento correspondiente, la obligación de indemnización a cargo de la autoridad competente por la caducidad, rescate, revocación o terminación anticipada de la concesión o del instrumento respectivo, los supuestos de reversión de pleno derecho de los activos de la concesión, incluyendo sus mejoras y accesorios, así como el mecanismo para la determinación de la indemnización correspondiente, con independencia de aquellas otras condiciones previstas en las disposiciones legales aplicables.

La reforma es verdaderamente ambiciosa; ya que pretende convocar a empresas privadas de carácter nacional e internacional, para que los organismos operadores de los municipios den en concesión la prestación de este servicio público; obviamente con la anuencia de los cabildos municipales, esto es con el apoyo directo de los presidentes municipales, síndicos y regidores.

Pero eso no es todo a este proceso de privatización también es probable que se sumen otros servicios conexos al de agua potable, como drenaje, alcantarillado, saneamiento, reúso de aguas y suministro del vital liquido en pipas; además de que estas empresas privadas establecerán las tarifas con la autorización del Congreso del estado y los ayuntamientos

Privatizar el servicio del agua potable se traducirá para las familias de las zonas urbanas y del campo, en mayores egresos sobre un recurso que hoy lo tienen de manera asequible. Se traducirá en cortes del servicio o demandas por pagos atrasados por parte de las empresas concesionarias, deudas que deberá avalar incluso con sus bienes materiales: casas, terrenos, autos, maquinaria, etcétera.

Es prudente manifestar que, por nuestra parte, somos partidarios de racionalizar el uso adecuado del agua potable, compartimos la idea de que los ciudadanos debemos pagar las cantidades justas por la prestación del servicio, debemos establecer políticas públicas para lograr la sustentabilidad, que es un recurso considerado de seguridad nacional para el país, y precisamente por ello no puede ser una decisión unilateral como la propuesta del gobernador, la que prevalezca para acordar sin mayor discusión la privatización de este servicio público.

Además, en dicha iniciativa, en el apartado de considerandos, sus presentadores hacen una vaga justificación de carácter administrativo “con objeto de otorgar certidumbre a las acciones que se realizan con los sectores social y privado, aclarando los alcances de los instrumentos que se celebren, así como precisar la facultad para determinar y actualizar la estructura tarifaria de los servicios públicos”, y lo que es peor, con la categoría de “derecho fundamental” justifican una medida violatoria de derechos humanos, entre las cuales destacan: la legalización de la concesión del servicio a empresas privadas (privatización).

Al respecto, es importante resaltar que el 28 de julio de 2010, a través de la resolución número 64/ 292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la observación general número 15, sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. La observación numero 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

En todo caso debe ponerse a consideración a toda la ciudadanía, a través de consultas públicas, para que de manera consensuada y previó a una amplia discusión y difusión de los puntos de vista a favor y en contra, se pudiera tomar una medida tan trascendental como la que se propuso y cuestiona.

En caso contrario, desde este momento señalamos al titular del Poder Ejecutivo, representado por el gobernador, licenciado Rafael Moreno Valle Rosas; al secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; al secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Julio César Lorenzini Rangel; y a los integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso de Puebla como los directamente responsables de la inestabilidad social y política, que genere en el seno de la sociedad poblana la aprobación de estas reformas y adiciones a la Ley del Agua para el Estado de Puebla.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 2, fracciones I, II y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar un proceso de acción de inconstitucionalidad para derogar las disposiciones de Ley del Agua para el Estado de Puebla por cuanto violan el derecho de los artículos 4o. y 115 constitucionales.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto del ámbito de sus competencias, exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Puebla, licenciado Rafael Moreno Valle, y a los diputados locales a presentar ante la legislatura de dicha entidad iniciativa con proyecto de decreto para derogar las fracciones IV y IX del artículo 31 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, y someterse a lo que establecen los artículos 4o. y 115 constitucionales y los tratados internacionales respecto al derecho al agua.

Tercero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto del ámbito de sus competencias, exhorta a los integrantes de la Legislatura de Puebla para que, en ejercicio de sus derechos, promuevan acción de inconstitucionalidad contra las fracciones IV y IX del artículo 31 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla.

Notas:

1 Gobierno de Puebla, Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública. Ley del Agua para el Estado de Puebla, página 8.

2 Ibídem, página 8.

3 Ibídem, página 33.

4 Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Agua para el Estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.— Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente y obvia resolución.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: No se considera de urgente y obvia resolución. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

Sonido a la curul del diputado Luis Antonio González.

El diputado Luis Antonio González Roldán(desde la curul): Para solicitar la ampliación de turno, por materia, a la Comisión de Gobernación. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se obsequia el trámite y se turna a ambas comisiones, a la de Derechos Humanos y a la de Gobernación, para dictamen.Con qué objeto, diputada Saldaña.

La diputada Graciela Saldaña Fraire(desde la curul): Solicito también a la Presidencia pudieraturnarse a la Comisión de Medio Ambiente, dado que es un tema que es importante; estamos hablando de un recurso natural. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por ser un punto de acuerdo, vamos a obsequiar para opinión el trámite a la Comisión de Medio Ambiente.El siguiente punto del orden del día son iniciativas de diputadas y diputados.

El diputado Kamel Athie Flores(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Perdón, diputado... El diputado Kamel Athie, sonido a su curul, por favor.

El diputado Kamel Athie Flores (desde la curul): Presidenta, es también para solicitar si ese asunto puede ser turnado a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: También sería para opinión, diputado, ya que es un punto de acuerdo. Se obsequia el trámite a la Comisión de Agua Potable, para opinión del punto de acuerdo que acabamos de discutir.

La diputada Roxana Luna Porquillo(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputada Roxana Luna?

La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Sí, sólo para que quede claro que es sólo para opinión, quienes están pidiendo sea turnada a las comisiones, finalmente quien tendrá que dictaminar es la Comisión de Derechos Humanos.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Así fue obsequiado el trámite para dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y de Gobernación, y opinión de la de Medio Ambiente y Agua Potable.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO - LEY GENERAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA - LEY GENERAL PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA - LEY GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes General de Cambio Climático; para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Consuelo Argüelles Loya y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que les otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La contaminación atmosférica constituye un riesgo medioambiental para la salud y se estima que causa alrededor de dos millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. Cuanto menor sea la contaminación atmosférica de una ciudad, mejor será la salud respiratoria y cardiovascular de su población.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que la contaminación del aire de interiores causa aproximadamente 2 millones de muertes prematuras, la mayoría en los países en desarrollo. Casi la mitad de esas muertes se deben a neumonías en menores de 5 años.

La contaminación atmosférica urbana causa en todo el mundo 1,3 millones de muertes al año, que afectan de forma desproporcionada a quienes viven en países de ingresos medios. Así, la exposición a los contaminantes requiere medidas de las autoridades públicas a nivel nacional, regional e internacional.

La OMS emite las Guías de Calidad del Aire, las cuales constituyen el análisis más consensuado y actualizado sobre los efectos de la contaminación en la salud, y recogen los parámetros de calidad del aire que se recomiendan para reducir de modo significativo los riesgos sanitarios. Dichas Guías señalan que una reducción de la contaminación por partículas (PM10) de 70 a 20 microgramos por metro cúbico permite reducir en aproximadamente un 15% las muertes relacionadas con la calidad del aire.

Estas guías, publicadas por primera vez en 1987, se basan en la evaluación por expertos de las pruebas científicas del momento. Dada la abundancia de nuevos estudios sobre los efectos de la contaminación del aire en la salud que se han incorporado a la bibliografía científica desde la conclusión de la segunda edición de la publicación Air Quality Guidelines for Europe(Guías de calidad del aire para Europa), en particular las nuevas investigaciones de los países de ingresos bajos y medianos, donde la contaminación del aire alcanza su nivel máximo, la OMS ha comenzado a estudiar las pruebas científicas acumuladas y examinar sus repercusiones para sus guías de calidad del aire.

De acuerdo a las Guías publicadas en el año 2005, la OMS logró importantes hallazgos:

• Se detectó que existen graves riesgos para la salud derivados de la exposición a las PM (partículas) y al O3 (ozono) en numerosas ciudades de los países desarrollados y en desarrollo. Es posible establecer una relación cuantitativa entre los niveles de contaminación y resultados concretos relativos a la salud como el aumento de la mortalidad o la morbilidad. Este dato resulta útil para comprender las mejoras que cabría esperar en materia de salud si se reduce la contaminación del aire.

• Los contaminantes atmosféricos, incluso en concentraciones relativamente bajas, se han relacionado con una serie de efectos adversos para la salud.

• La mala calidad del aire en espacios interiores puede suponer un riesgo para la salud de más de la mitad de la población mundial. En los hogares donde se emplea la combustión de biomasa y carbón para cocinar y calentarse, los niveles de PM pueden ser entre 10 y 50 veces superiores a los recomendados en las directrices.

• Puede lograrse una considerable reducción de la exposición a la contaminación atmosférica si se reducen las concentraciones de varios de los contaminantes atmosféricos más comunes que se emiten durante la combustión de fósiles. Tales medidas reducirán también los gases de efecto invernadero y contribuirán a mitigar el calentamiento global.

• Además de los valores recomendados, las directrices proponen, en cuanto a la contaminación atmosférica al aire libre, unas metas provisionales para cada contaminante con el fin de fomentar la reducción gradual de las concentraciones. Si se alcanzaran estas metas, cabría esperar una considerable reducción del riesgo de efectos agudos y crónicos sobre la salud. En todo caso, el objetivo último debe consistir en avanzar hacia los valores fijados en las Directrices.

Por otro lado, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), conducir un automóvil es la actividad individual más contaminante que la mayoría de la gente realiza. Los vehículos a motor liberan millones de toneladas de contaminantes a la atmósfera cada año. En muchas zonas urbanas, los automóviles son los principales responsables de la presencia de ozono a nivel del suelo. Éste es uno de los componentes principales del smog y constituye el problema más grave en términos de polución del aire. Además, los automóviles emiten diversos contaminantes clasificados como tóxicos, los cuales son causantes de nada menos que 1.500 casos de cáncer en los Estados Unidos al año. Las emanaciones de los automóviles también son causantes de problemas medioambientales, tales como la lluvia ácida y el calentamiento global del planeta.

En el caso de México, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ha señalado que conducir un vehículo de pasajeros privado es quizás la actividad diaria más contaminante que el ciudadano común realiza y, a diferencia de las chimeneas industriales, es prácticamente imposible medir las emisiones de cada uno de los automóviles que circulan en una zona determinada; por lo tanto, se necesitan utilizar herramientas distintas y especializadas para estimar las emisiones de las fuentes móviles en conjunto.

Los automóviles automotores propulsados por motores de combustión interna producen, en general, tres tipos de emisiones de gases contaminantes: emisiones evaporativas; emisiones por el tubo de escape y emisiones de partículas por el desgaste tanto de los frenos como de las llantas.

Así, la gasolina y el diesel son mezclas principalmente de hidrocarburos compuestos que contienen átomos de hidrógeno y carbono, en consecuencia, los motores de los automóviles emiten varios tipos de contaminantes, siendo éstos altamente perjudiciales para la calidad del aire y por ende para la salud de las personas.

Calidad del aire

El aire limpio está compuesto principalmente por nitrógeno y oxígeno, en pequeñas proporciones se puede encontrar vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases nobles. La contaminación del aire es la introducción de sustancias a la atmósfera que causan un desequilibrio en su composición original. El aire contaminado contiene gases, polvos, olores y humos en grandes cantidades que dañan la salud de las personas, animales y plantas. Además deteriora la infraestructura urbana y algunos materiales de uso cotidiano.

La contaminación del aire no es exclusiva de las grandes ciudades, sin embargo, la presencia de contaminantes tóxicos representa uno de los principales problemas ambientales, sobre todo en sitios con las características económicas, sociales y fisiográficas de la Ciudad de México.

En caso de que los niveles de contaminación en el aire, se encuentren elevados, se pone en marcha la contingencia ambiental. Ésta se aplica con el propósito de reducir los niveles de contaminación en el aire.

Las contingencias ambientales son un conjunto de medidas que se aplican cuando se presenta un episodio de contaminación severa, durante el cual, las concentraciones de ozono o de partículas suspendidas alcanzan niveles que ponen en riesgo la salud de la población en general y producen efectos adversos en los grupos sensibles como niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

La exposición a contaminantes esta? asociada con enfermedades y problemas específicos:

PMEnfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer de pulmón   PM  0Asma, enfermedades respiratorias, daño a pulmones   NOBronquitis, daño a pulmones   SOEnfermedades respiratorias, daño a pulmones, irritación en ojos   

En adición a lo anterior, cabe señalar que de 2005 a 2010 se han registrado 38 mil muertes por cáncer de pulmón, enfermedades cardiopulmonares e infecciones respiratorias asociadas a la exposición a la contaminación atmosférica.

Según datos del Inegi, los costos ambientales asociados a contaminación del aire ascendían a 4.4% del PIB en 2009.

En suma, para Acción Nacional la calidad del aire debe ser entendida como un medio para alcanzar un bienestar físico de la sociedad mexicana. En los últimos años hemos sido testigos de la gran repercusión que el cambio climático ha tenido en la forma de vida de la población mundial. Nos enfrentamos a cambios ambientales nunca antes vistos, provocados por las acciones irresponsables de la industrialización a gran escala, la emisión de contaminantes y el uso indiscriminado de energías no renovables, todo ello teniendo como consecuencia el deterioro de nuestro medio ambiente.

Por lo anterior, México requiere urgentemente de medidas legales integrales que permitan reducir las emisiones de carbono, mejorar la calidad del aire y evitar en lo inmediato contingencias ambientales que paralicen las actividades físicas de las personas, las industrias y de transporte.

Marco jurídico actual

a) Estrategia nacional de cambio climático

El día 3 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), la cual constituye el instrumento de planeación que define la visión de largo plazo y que además rige y orienta la política nacional con una ruta a seguir que establece prioridades nacionales de atención y define criterios para identificar las prioridades regionales.

Se prevé una ruta a 10, 20 y 40 años, la ENCC define los pilares de la política nacional de cambio climático que sustentan los ejes estratégicos en materia de adaptación y mitigación que nos conducen hacia un desarrollo bajo en emisiones.

Debido a su carácter orientador para la primera mitad de este siglo, esta Estrategia no define acciones concretas ni responsables particulares. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece ya las bases de las acciones a seguir en el corto plazo y serán complementadas con el Programa Especial y los Programas Estatales de Cambio Climático.

En materia de emisiones, señala la Estrategia Nacional de energía que durante el año 2010, en México se emitieron a la atmósfera gases de efecto invernadero (GEI) equivalentes a 748 millones de toneladas de CO2 (MtCO2e), esto representa un aumento del 33% con respecto a las emisiones de 1990. En el periodo de 2001 a 2010, las emisiones de GEI presentan una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 2.6% mientras que el PIB presentó una TMCA de 1.9%.

Las emisiones que mayor crecimiento han tenido son las provenientes de emisiones fugitivas, residuos y transporte, con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) entre 1990 y 2010 de 5.3%, 5.1% y 4.1%. Esto se debe principalmente al aumento del PIB per cápita, a la urbanización que se ha presentado en México en este periodo y al rápido crecimiento de la flota vehicular (con una TMCA 6.3% entre 2004 y 2009).

De acuerdo a la Estrategia Nacional de Energía, México tiene un gran potencial de generación de energía a través de fuentes renovables, y si bien se han abierto posibilidades de aprovechamiento para la participación del sector privado, los mecanismos no han sido suficientes. Las siguientes líneas de acción buscan enfocar esfuerzos en superar las barreras principales que han impedido la completa inmersión de las energías renovables en el sistema energético nacional.

Por ello, la Estrategia Nacional de Energía propone las siguientes líneas de acción:

i. Incrementar la eficiencia energética del autotransporte público y privado de pasajeros y carga mediante el establecimiento de Normas Oficiales y esquemas de mejora logística y tecnológica, incluyendo el cambio modal para la reducción del consumo de combustibles y emisiones.

ii. Reducir las emisiones mediante la modernización de la flota vehicular, y del retiro y la disposición final de las unidades poco eficientes.

iii. Promover la evolución hacia sistemas de transporte público, seguro, limpio, bajo en emisiones, accesible y cómodo al fortalecer la interconectividad regional y nacional con la generación de redes multimodales eficientes con el apoyo del gobierno federal, como parte de una política integral de desarrollo urbano y movilidad que reduzca los tiempos y distancias de viaje.

iv. Impulsar sistemas de transportes públicos bajos en emisiones y eficientes, y adecuar el marco regulatorio y tarifas para fomentar la reinversión y mejora continua.

a) Plan Nacional de Desarrollo

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el Eje 4 denominado “México Próspero”, se plantea como una de las líneas de acción el objetivo 4.4 “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”, en el que se propone la estrategia 4.4.1 “Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad”, la cual propone lo siguiente:

a) Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales.

b) Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono.

c) Establecer una política fiscal que fomente la rentabilidad y competitividad ambiental de nuestros productos y servicios.

d) Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen los recursos para la protección ambiental y de recursos naturales.

• Asimismo, en la estrategia 4.4.3. “Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, líneas de acción sustentable, resiliente y de bajo carbono”, se propone:

a) Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, industriales y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte.

b) Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzadas, de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero.

c) Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y la eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles.

En resumen, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la Estrategia Nacional de Energía reconocen la necesidad de transitar hacia esquemas que permitan la reducción de emisiones, a través del uso eficiente y sustentable de medios de transporte no contaminantes.

Cabe recordar que otras naciones ya han tomado medidas serias para atender los efectos provocados por el cambio climático, por ejemplo, en los Estados Unidos el Presidente Barack Obama ha impulsado un plan integral para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, crear industrias “limpias” y reducir la dependencia del país en el petróleo importado.

La propuesta del Gobierno de los Estados Unidos, está destinada a incentivar las tecnologías de transporte sostenibles, un programa que tendrá unos 2.000 millones de dólares en fondos destinados a financiar iniciativas relacionadas con las nuevas formas de movilidad sostenible, entre ellas los coches híbridos y eléctricos.

Por otro lado, a través de un memorando emitido este año, el Presidente Obama instruyó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y al Departamento de Transporte para aumentar el ahorro de combustible y reducir los gases contaminantes en los automóviles nuevos y en los camiones ligeros que se fabricarán entre 2012 y 2016.

Esos esfuerzos ahorrarán al país 1.800 millones de barriles de petróleo y reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero en casi mil millones de toneladas, equivalente a sacar 50 millones de automóviles de las carreteras entre 2012 y 2016.

Cabe señalar que el Gobierno del Presidente Obama ha establecido las directrices para contar con un millón de autos eléctricos para el 2015. Para conseguir lo anterior  ha destinado 2.400 millones de dólares a la investigación de las baterías, pieza fundamental para aumentar la autonomía de estos automóviles, este fuerte impulso a favor de los coches eléctricos beneficiaría también a la economía de ese país, pues se crearían miles de puestos de trabajo en nuevas fábricas.

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en nuestro país no hemos podido asumir con responsabilidad cambios de fondo que nos permitan contrarrestar el gran deterioro ambiental que hemos causado a nuestros ecosistemas. De manera reciente aprobamos en el Congreso de la Unión la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, bajo la premisa de que:  “el que contamina, paga”, sin embargo, aunque reconocemos la importancia de esta ley, creemos que debemos avanzar en mecanismos legales que regulen conductas ex ante,pues los fenómenos climatológicos que hemos vivido recientemente nos obligan a tomar medidas urgentes en diversas materias que nos ayuden a detener, en la medida de lo posible, los efectos provocados por el cambio climático.

Basta recordar que en los días pasados, diversos estados de nuestro país sufrieron inundaciones catastróficas derivadas de los huracanes Ingrid y Manuel, que nos obligan a replantear las medidas de seguridad, de protección civil y, sobre todo, de prevención. Así, con la aprobación de la iniciativa de mérito, podremos dar pasos importantes en el mejoramiento de nuestro medio ambiente, pues la contaminación atmosférica es, sin duda alguna, el cambio más radical y adverso que hemos causado a nuestro planeta.

Hoy en día se forma aproximadamente el doble de huracanes en el Atlántico que hace un siglo; este aumento ha generado un intenso debate sobre si la causa es una alteración natural o el calentamiento global originado por el hombre. Científicos del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, en Boulder, Colorado (Estados Unidos), realizaron un estudio, cuyos resultados especificaron que no pueden demostrar que el incremento de huracanes se deba a una alteración natural, por lo que lo atribuyeron a la elevación de las temperaturas de la superficie marina causada por los gases de efecto invernadero.

Es por ello, que resulta preocupante que en nuestro país no tomemos medidas radicales para combatir los gases de efecto invernadero. Debemos asumir con responsabilidad el futuro las próximas generaciones, es por esta razón que Acción Nacional propone un paquete de reformas que tiene por objeto que el Estado optimice los esquemas de transporte público y privado, a través del uso obligatorio de automóviles eficientes, sustentables y no contaminantes, lo que nos ayudará a disminuir significativamente los gases de efecto invernadero. Así, las reformas están encaminadas a lo siguiente:

Reformas propuestas por Acción Nacional

Para Acción Nacional, el uso de automóviles híbridos y eléctricos abonará indiscutiblemente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que permitirá, de manera gradual, sustituir el parque vehicular obsoleto y altamente contaminante por vehículos eficientes y tecnológicamente sustentables. En este sentido las reformas que se ponen a consideración de esta asamblea tienen como finalidad incentivar acciones de mitigación al cambio climático en la que, tanto particulares como autoridades de los 3 órdenes de gobierno sean partícipes en la evaluación, el uso, fomento y fabricación de automóviles no contaminantes, especialmente híbridos y eléctricos, para lo cual proponemos las siguientes reformas:

A) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Con motivo de las diversas medidas que tienen que llevarse a cabo para frenar los daños derivados del cambio climático ya reconocido por nuestra legislación, que se ponen con mayor evidencia con las diversas contingencias ambientales no sólo en el Valle de México, es momento para establecer la obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y los municipios, incorporen en sus acciones y políticas de mitigación la adquisición de automóviles híbridos o eléctricos para transporte público como particular.

Lo anterior, a fin de que los Comités de adquisiciones de las dependencias y entidades, en sus políticas, bases y lineamientos, tomen en consideración el uso de automóviles no contaminantes, preferentemente los híbridos o eléctricos, siendo obligatorio su uso, al menos, en aquellas zonas del país con altos índices de contaminación.

Así, cabe recordar que el Congreso de la Unión ya ha aprobado reformas en materia de adquisiciones, tendientes a que éstas sean sustentables, tal es el caso de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009, en la que se señaló que las compras de papel para uso de oficina debía “contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro”.

En este sentido, la reforma propuesta por Acción Nacional propone que la adquisición o arrendamiento de automóviles para transporte público o particular cumpla con estándares mínimos de eficiencia energética, cero emisiones y que cuenten con elementos técnicos mínimos que permitan transitar del uso de transporte de combustión interna al uso de automóviles híbridos o eléctricos.

B) Reformas a la Ley General de Cambio Climático

Se proponen reformas al Titulo Sexto de la Ley General de Cambio Climático, en materia de evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, a fin de que los resultados de las evaluaciones sean vinculantes para los 3 órdenes de gobierno y no simples sugerencias y recomendaciones como actualmente sucede.

Asimismo, se plantean reformas en materia de acciones de mitigación al cambio climático, a fin de incorporar como parte de la evaluación el uso, fomento y fabricación de automóviles no contaminantes, particularmente los híbridos y los eléctricos.

Así, con esta reforma se obliga a los 3 órdenes de gobierno a ejecutar acciones para la adaptación y mitigación en la elaboración de las políticas, la Estrategia Nacional y el Programa de cambio climático.

Finalmente, se propone que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y los municipios, incorporen en sus acciones y políticas de mitigación la contratación de automóviles eléctricos e híbridos.

C) Reformas a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

En el marco del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, se propone que la aplicación de tecnologías y el uso de equipos, aparatos y automóviles eficientes energéticamente, no sea una disposición declarativa (como actualmente está señalado en esta ley) sino vinculatoria para las autoridades.

Se modifica la disposición normativa que actualmente prevé que el Programa debe procurar que la población cuente con información veraz y efectiva en relación con el consumo energético de, entre otros, los equipos, aparatos y automóviles que requieren del suministro de energía para su funcionamiento, a fin de que el programa sea vinculante para las autoridades y los obligue a informar periódicamente a la población sobre los beneficios ambientales y energéticos sobre el uso de automóviles eléctricos e híbridos.

Además de faculta a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía a formular y emitir las metodologías y procedimientos para cuantificar el uso de automóviles que consumen diesel y gasolina, así como aquellos que son energéticamente más eficientes.|

D) Reformas a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Actualmente la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, prevé que ésta deberá proponer las medidas necesarias para que la población tenga acceso a información confiable, oportuna y de fácil consulta en relación con el consumo energético de los equipos, aparatos y automóviles que requieren del suministro de energía para su funcionamiento.

Sin embargo, dicha disposición normativa no se traduce en una mayor demanda para el uso de automóviles eléctricos, toda vez que dicha Estrategia debería estar enfocada a promover incentivos fiscales a empresas o gobiernos de las entidades federativas que adquieran automóviles eléctricos e híbridos.

Por lo anterior, se estima necesario proponer un nuevo enfoque no declarativo sino imperativo que permita establecer que la Estrategia obligue al Ejecutivo federal a destinar recursos en el Presupuesto respectivo, para el fomento y estímulos para el consumo de automóviles eléctricos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley General de Cambio Climático, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Artículo Primero:Se reforma la fracción III del artículo 22 y el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo 22. ...

I. a II. ...

III.Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas.

Los comités establecerán en dichas políticas, bases y lineamientos, los aspectos de sustentabilidad ambiental, la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales.

Dichas políticas, bases y lineamientos deberán dar prioridad al uso de tecnologías que garanticen el aprovechamiento de energías renovables.

IV.a VII....

...

...

...

Artículo 26. ...

I....

II....

III....

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, reducción de emisiones contaminantes, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

..

...

En las adquisiciones o arrendamientos de automóviles, se deberá requerir que éstos sean bajos en emisiones contaminantes, para lo cual se podrán adquirir automóviles híbridos o eléctricos que garanticen las mejores condiciones de eficiencia energética, sustentabilidad ambiental y uso de energías renovables.

...

...

...

...

...

...

...

Artículo Segundo.  Se reforma la fracción V del artículo 28; la fracción XIX del artículo 29, la fracción XII al artículo 33; el artículo 98. Se adicionan las fracciones XXIV y XXV al artículo 30; una fracción II Bis y un segundo párrafo a la fracción III del artículo 33; el inciso h) a la fracción II del artículo 34; un segundo párrafo al artículo 99; y una fracción XV, recorriéndose la actual para ser fracción XVI al artículo 102, de la Ley General de Cambio Climático.

Artículo 28. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Energías renovables, industria y servicios;

VI. a IX. ...

Artículo 29. ...

I a XVIII. ...

XIX. El uso y fomento de automóviles no contaminantes, tales como los híbridos o eléctricos, así como el establecimiento de estaciones de recarga.

Artículo 30. ...

I. a XXIII. ...

XXIV. Implementar programas de sustitución de automóviles de combustión interna por automóviles no contaminantes, así como la creación de estaciones de recarga, y

XXV. Fomentar, en la legislación correspondiente, estímulos fiscales para la adquisición de automóviles que permitan la disminución de gases de efecto invernadero.

Artículo 33. ...

I. a II. ...

II Bis. Sustituir de manera gradual y progresiva el uso de vehículos de combustión interna por automóviles no contaminantes tales como los híbridos o eléctricos, para lo cual se deberá informar sobre los beneficios del uso de autos eléctricos e híbridos.

III. ...

De conformidad con el párrafo anterior se deberá promover el uso de estaciones de recarga para automóviles eléctricos, aprovechando fuentes renovables de energía;

IV. a XI. ...

XII. Promover el incremento del transporte público, masivo y con altos estándares de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado , para lo cual, se deberán elaborar programas de sustitución de automóviles de combustión interna por automóviles eléctricos o híbridos;

XIII. a XVI. ...

Artículo 34. ...

I. ...

II. ...

a) a g) ...

h) Implementar la sustitución gradual y progresiva de su parque vehicular, a fin de adquirir automóviles eléctricos o híbridos que garanticen la reducción de emisiones y la eficiencia en el transporte.

III. a VI. ...

Artículo 98. La política nacional de Cambio Climático estará sujeta a evaluación periódica y sistemática a través de la Coordinación de Evaluación, para proponer, en su caso, su modificación, adición, o reorientación total o parcialmente.

Con base en los resultados de las evaluaciones, la Coordinación de Evaluación emitirá un dictamen con los resultados al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las Entidades Federativas y a los Municipios y deberá hacerlas del conocimiento público.

Artículo 99. ...

El Sistema Nacional de Cambio Climático deberá tomar en consideración el dictamen a que se hace referencia en el artículo anterior, a fin de elaborar propuestas concretas para la adaptación y mitigación al cambio climático.

Artículo 102. En materia de mitigación al cambio climático la evaluación se realizará respecto de los objetivos siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. Desarrollar incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y consolidación de industrias y empresas socialmente responsables con el medio ambiente ;

XV. La implementación de programas y estímulos que permitan la sustitución gradual y progresiva de automóviles de combustión interna por automóviles eléctricos o híbridos.

XVI. Los demás que determine la Comisión.

Artículo Tercero. Se reforma la fracción VI y se adiciona una fracción IX al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Artículo 24....

...

I. a V. ...

VI. Establecer un programa de estímulos que permitan a la población la adquisición o sustitución de automóviles contaminantes por automóviles eléctricos o híbridos;

VII. y VIII. ...

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal adquieran o, en su caso, sustituyan de manera gradual y progresiva su parque vehicular, por vehículos eléctricos e híbridos.

Artículo Cuarto.Se reforman las fracciones VIII y IX al artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Artículo 7. ...

I. a VII. ...

VIII. Informar de manera veraz y efectiva en relación con el consumo energético de, entre otros, los equipos, aparatos y vehículos que requieren del suministro de energía para su funcionamiento;

IX. Establecer una estrategia para la modernización del transporte particular ycolectivo basado en sistemas de transportes eléctricos o híbridos, con metas indicativas para cada año, de tal manera que se logre revertir en el largo plazo la tendencia al uso de transporte individual consumidor de hidrocarburos, y

X....

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas deberán llevar a cabo una amplia campaña de información sobre los beneficios fiscales contenidos en el presente decreto.

Nota:

1 Stevens et al (2008), The effects of 3 environmental risks on mortality disparities across Mexican communities.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2013.— Diputada Consuelo Argüelles Loya (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Cambio Climático y de Energía, para dictamen, y a las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS - LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Consuelo Argüelles Loya y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que les otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 34, así como un tercer párrafo a la fracción II del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se adiciona un cuarto párrafo a la fracción II del artículo 8 de la Ley Federal sobre Automóviles Nuevos; y se adiciona una fracción X a la Ley del Impuesto al Valor Agregado al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El día de hoy, Acción Nacional presenta ante el Congreso de la Unión un paquete de reformas que tienen por objeto incidir de manera favorable en la reducción de la contaminación atmosférica que afecta gravemente la salud de las personas y deteriora el medio ambiente todos los días.

De acuerdo con expertos en materia ambiental, el uso intensivo de combustibles fósiles -como los que utilizan los vehículos automotores- y la quema y pérdida de bosques son dos de las principales fuentes que contribuyen de manera significativa al Cambio Climático. De hecho, el empleo de combustibles fósiles en los vehículos automotores es la fuente antropogénica individual más importante en la generación de gases efecto invernadero. A su vez, la eficiencia energética, que equivale a la cantidad de combustible quemado por un vehículo está relacionada directamente con la cantidad de gases efecto invernadero que emite un vehículo.

En este sentido, una de las preocupaciones más importantes que deben ser atendidas de manera urgente tiene que ver no sólo con generar conciencia e informar de los efectos del cambio climático, se deben implementar de inmediato acciones, mecanismos y estímulos que nos permitan cambiar la forma en que actualmente generamos contaminación a través del uso de vehículos de combustión interna.

Es por ello que, en adición a las reformas que se presentan el día de hoy en materia ambiental, particularmente para fomentar el uso de vehículos eléctricos e híbridos y reducir con ello significativamente los gases de efecto invernadero, proponemos que dichas medidas tengan un estímulo fiscal que permita concretar los objetivos planteados por la iniciativa señalada, pues de otra manera, no podría concretarse una reforma integral.

Cabe recordar que el texto vigente de la Ley General de Cambio Climático, ya prevé que los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional sobre el cambio climático son considerados instrumentos económicos de carácter fiscal, en tal sentido, la iniciativa de mérito propone materializar éstos en estímulos muy concretos. Así, las disposiciones normativas vigentes en dicha ley, en sus artículos 92 y 93 señalan lo siguiente:

Artículo 92. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos relacionados con la mitigación y adaptación del cambio climático, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en la materia.

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional sobre el cambio climático. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la mitigación y adaptación del cambio climático; al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica o para el desarrollo y tecnología de bajas emisiones en carbono.

Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones, o bien, que incentiven la realización de acciones de reducción de emisiones proporcionando alternativas que mejoren la relación costo – eficiencia de las mismas.

Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no gravables y quedarán sujetos al interés público.

Artículo 93. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar las emisiones; así como promover prácticas de eficiencia energética.

II. La investigación e incorporación de sistemas de eficiencia energética; y desarrollo de energías renovables y tecnologías de bajas emisiones en carbono;

III. En general, aquellas actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones.

De lo anterior, se advierte claramente que ya hay obligaciones legales de establecer estímulos fiscales que promuevan los sistemas de eficiencia energética, de desarrollo de energías renovables y, en general, de tecnologías que sirvan para reducir o controlar las emisiones.

En este sentido, se requiere cambiar de manera radical los sistemas de movilidad en todo el país, particularmente en los grandes centros de población urbana, en donde es urgente contar con políticas públicas que nos permitan avanzar de manera firme, decidida y progresiva en sistemas de transporte eficientes, sustentables y no contaminantes.

Por tal motivo, estamos convencidos que debemos tomar definiciones políticas de manera urgente. Requerimos legislar de manera responsable, con una visión de largo plazo, sin regateos y con acciones decididas que generen el primero de muchos pasos que habrán de darse para cambiar definitivamente la forma de transportarnos todos los días.

México requiere generar las condiciones de infraestructura urbana y de movilidad sustentable que nos haga competitivos y eficientes pero principalmente responsables del cuidado ambiental.

En este sentido, en otros países ya se ha avanzado de manera decidida en el fomento de nuevos esquemas de movilidad no contaminante, aprovechando la infraestructura con la que se cuenta, generando estímulos para renovar el parque vehicular, atrayendo inversión privada y generando empleos.

Para llevar a cabo la reducción de emisiones de carbono y mejorar la calidad del aire, diversos países han tomado medidas verdaderamente importantes para impulsar ciudades ambientalmente sustentables. Entre dichas medidas destaca el impulso de energías limpias, particularmente el uso de vehículos eléctricos o híbridos. A continuación se mencionan algunos de los ejemplos más representativos:

A. España

Entre las reformas que, en el marco de la Estrategia de Economía Sostenible impulsada por el Gobierno español, se dirigen a potenciar la sostenibilidad ambiental, se encuentra la puesta en marcha y desarrollo de una actuación de carácter integral orientada a favorecer el desarrollo y uso de los vehículos eléctricos. Dicha iniciativa se basa en el convencimiento de que esta tecnología de transporte representa, en el actual contexto económico, un reto y una oportunidad para varios sectores estratégicos como son el energético, el automotriz y el de tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto desde un punto de vista industrial y tecnológico, como energético y medioambiental.

La reforma propuesta cristalizó en la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico presentada por el Gobierno en abril de 2010. Esta estrategia, cuyo horizonte temporal es el año 2014, plantea actuaciones en cuatro líneas: fomento de la demanda, industrialización, fomento de la infraestructura de recarga y gestión de la demanda, y programas transversales.

Entre las medidas de fomento contenidas en el primer Plan de Acción, ocupa un lugar destacado una línea de ayudas directas a la adquisición de vehículos eléctricos cuya regulación se recoge en el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo. Este programa contaba en 2012 con una dotación presupuestaria de 10 millones de euros.

Las ayudas a que se refiere este real decreto, en su primera etapa, se concedieron a las adquisiciones de vehículos eléctricos nuevos, operaciones de financiación por leasing financiero y arrendamiento por renting o leasing operativo de estos vehículos, que se produzcan a partir de su entrada en vigor y cuyas solicitudes se registren en el sistema telemático de gestión de la subvención antes del 1 de diciembre de 2011, o hasta el agotamiento de los fondos si esta circunstancia se produjera con anterioridad.

Los apoyos consisten en lo siguiente:

a) 2,000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no superior a los 40 km y no inferior a 15 km.

b) 4,000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 40 km e inferior o igual a 90 km, y

c) 6,000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 90 km.

Asimismo, el proyecto Electrobús financia la adquisición de autobuses híbridos eléctricos. Existe un modelo híbrido enchufable fabricado en España denominado Castrosua Tempus, financiado por dicho Proyecto.

B. Estados Unidos

El presidente Barack Obama ha impulsado un plan integral para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, crear industrias “limpias” y reducir la dependencia del país en el petróleo importado.

Según declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Tom Donilon, las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el consumo energético de Estados Unidos se han reducido a los niveles de 1994, “gracias en gran parte al éxito que hemos tenido en los últimos cuatro años en la duplicación de la electricidad a partir de fuentes renovables, el paso del carbón al gas natural para generar energía y el mejoramiento de la eficiencia energética”, señaló.

El gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo diversos préstamos e incentivos fiscales a las empresas automotrices establecidas en ese país. Dichos incentivos están orientados a hacer frente al cambio climático y promover un mayor uso de alternativas a los combustibles fósiles. Muchos de los proyectos de energía y transporte más grandes y más innovadores del país cuentan con el apoyo de los programas de crédito del Departamento de Energía, estas inversiones han tenido una incidencia enorme, en particular en la industria automotriz. Por ejemplo, en junio de 2009, el departamento ofreció más de 8.000 millones de dólares en créditos condicionales a tres empresas automotrices para reequipar, renovar y reabrir plantas que producirán los automóviles del futuro.

La propuesta del Gobierno de los Estados Unidos, está destinada a incentivar las tecnologías de transporte sostenibles, un programa que tendrá unos 2.000 millones de dólares en fondos destinados a financiar iniciativas relacionadas con las nuevas formas de movilidad sostenible, entre ellas los coches híbridos y eléctricos.

Por otro lado, a través de un memorando emitido este año, el Presidente Obama instruyó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y al Departamento de Transporte para aumentar el ahorro de combustible y reducir los gases contaminantes en los automóviles nuevos y en los camiones ligeros que se fabricarán entre 2012 y 2016.

Esos esfuerzos ahorrarán al país 1.800 millones de barriles de petróleo y reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero en casi mil millones de toneladas, equivalente a sacar 50 millones de vehículos de las carreteras entre 2012 y 2016.

Cabe señalar que el Gobierno del Presidente Obama ha establecido las directrices para contar con un millón de autos eléctricos para el 2015. Para conseguir lo anterior  ha destinado 2.400 millones de dólares a la investigación de las baterías, pieza fundamental para aumentar la autonomía de estos vehículos, este fuerte impulso a favor de los coches eléctricos beneficiaría también a la economía de ese país, pues se crearían miles de puestos de trabajo en nuevas fábricas.

C. China

Se tiene previsto que el gobierno chino sea el que más fuertemente empuje el uso de los coches eléctricos, llegando al punto que los compradores opten por versiones eléctricas antes de por versiones con motor de combustión.

Esto se enmarca en un ambicioso plan del gobierno chino para poner en la carretera al menos 2 millones de coches eléctricos para el 2020, 7 años en los que será definitivo los alcances de los incentivos implementados así como normativa más restrictiva para la adquisición de modelos de gasolina.

Lo anterior, con motive de los altos índices de contaminación que sitúan a algunas de sus ciudades como las más contaminadas del planeta.

La Ciudad de México incluso con niveles muy similares de contaminación a algunas ciudades Chinas de manera muy reciente.

D. Francia

Francia ha anunciado un plan de promoción de los vehículos eléctricos, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes pero también de reestructurar “un sector en crisis”. El plan contempla ayudas de hasta 5.000 euros a la compra de estos modelos.

El Ministerio de Ecología, Energía, Desarrollo Sostenible y del Mar del Gobierno de Francia enmarca este plan en la necesidad de desarrollo del sector del transporte y la movilidad, a partir de tres factores: la crisis energética, la crisis medioambiental y la crisis del modelo económico del sector. Según este organismo, “el desarrollo de los vehículos eléctricos e híbridos recargables constituye una doble oportunidad: contribuirá tanto a la lucha contra el cambio climático como a la reestructuración de un sector que hoy se encuentra en crisis”. En este sentido, prevé “numerosos lanzamientos” de vehículos eléctricos en los tres próximos años y que en 2025 supongan el 27% del mercado.

Para estimular el mercado de vehículos eléctricos, el Gobierno de Francia ha presentado un plan de 14 puntos, que incluye una ayuda de 5.000 euros por la compra de vehículos con unas emisiones de CO2 inferiores a 60 g/km, y de 2.000 euros por la compra de vehículos con unas emisiones inferiores a 135 g/km (híbridos, GLP o gas ciudad). Entre otros puntos, el plan también prevé destinar 900 millones de euros para la instalación de puntos de recarga, el desarrollo de industrias destinadas a la fabricación de baterías eléctricas o la obligatoriedad de que todos los edificios con aparcamiento construidos a partir de 2012 cuenten con puntos de recarga.

En suma, las autoridades tienen un papel fundamental para lograr un efecto positivo en el medio ambiente a través de la venta de vehículos eléctricos e híbridos. Se trata de atacar de manera frontal el grave deterioro climático del mundo.

Al mismo tiempo, propuestas como las que se han llevado a cabo en los países referidos han permitido detonar un nuevo mercado, allegándose de importantes inversiones que han reactivado dichas economías.

La siguiente tabla muestra la cantidad de ventas y penetración de vehículos eléctricos en el  mercado de automóviles europeos:

Como puede apreciarse, el caso de mayor éxito en Europa es Noruega, en donde los vehículos eléctricos tienen una participación en el mercado de poco más del 3 por ciento, lo que les garantiza la reducción gradual de gases de efecto invernadero, al tiempo que aprovecha sus recursos naturales, particularmente los no renovables, sin olvidar que actualmente ese país es el segundo proveedor más importante de petróleo en toda Europa.

En México se han llevado a cabo diversas reformas legales tendientes a la eliminación de impuestos que permitan el uso y consumo de automóviles con cero emisiones de carbono. Por ejemplo, los automóviles híbridos y los eléctricos no están sujetos al control vehicular de emisión de contaminantes, es decir, al pago de la verificación vehicular.

Se han implementado otras medidas como la eliminación del pago de la tenencia vehicular o del impuesto sobre adquisición de vehículos nuevos, que aplican a todos los autos por igual. Sin embargo, dichas medidas no han sido suficientes para potenciar el uso de automóviles eléctricos, principalmente, por la falta de infraestructura y el desconocimiento en el costo de un vehículo eléctrico.

Aunado a lo anterior, el Congreso de la Unión ha aprobado también en la Ley de Ingresos de la Federación la exención del pago del impuesto sobre automóviles nuevos, no obstante ello, es necesario que en la ley respectiva se señale con toda claridad los beneficios fiscales que se obtendrían por la adquisición de vehículos nuevos.

Así, conforme a la recién aprobada Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 se prevé en el apartado B del artículo 16 lo siguiente:

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2014, se estará a lo siguiente:

A...

B.En materia de exenciones:

I.Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a cargo de las personas físicas o morales que enajenen al público en general o que importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno.

...

De acuerdo a las experiencias internacionales, la eliminación de cargas impositivas a los particulares en el consumo de vehículos eléctricos es positiva pero insuficiente para incentivar su uso.

Por ello, la propuesta de Acción Nacional está encaminada a conseguir los siguientes objetivos fundamentales:

1. La deducción por el total del costo del vehículo;

2. La deducción inmediata;

3. La exención en el pago de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y

4. Incluir en la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos la exención de dicho impuesto tratándose de vehículos eléctricos e híbridos.

Como se ha señalado en la presente iniciativa, el combate al cambio climático y la contaminación ambiental son condiciones indispensables no sólo para generar una condición de  vida adecuada para la sociedad, sino para generar condiciones de desarrollo urbano sustentable, limpio y ordenado.

En este sentido, proponemos como parte de las medidas para reducir los gases de efecto invernadero, generar estímulos fiscales que verdaderamente incidan en un cambio de fondo en los actuales sistemas de movilidad, sobre todo en las grandes urbes.

Así, actualmente la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé la deducibilidad del 25 por ciento en la compra de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques, sin embargo, este esquema de deducibilidad no hace distinción entre vehículos de combustión interna y vehículos eléctricos o híbridos.

Es por ello, que la iniciativa de mérito propone que, tratándose de vehículos no contaminantes: eléctricos e híbridos, se aplique la deducción total e inmediata del activo fijo. Esto traería como consecuencia efectos positivos en muchos sentidos, por mencionar algunos, se fomentaría la compra de vehículos no contaminantes, se permitiría la renovación gradual pero progresiva del parque vehicular, particularmente de los vehículos más viejos, se generaría un nuevo esquema de movilidad, basado en la sustentabilidad, bajo en emisiones y con bajos costos de mantenimiento.

La implementación de un estímulo fiscal como el que se propone estaría ligado directamente a las reformas que planteamos en materia de adquisiciones gubernamentales, en las que proponemos la renovación de todo el parque vehicular de automóviles para uso oficial, lo que además de resultar en un claro beneficio al medio ambiente, acorde a estas modificaciones generaría también un ahorro para el erario público tanto federal como de las entidades federativas.

En este orden de ideas, las reformas planteadas por nuestro grupo parlamentario no pretenden generar casos de excepción en la ley, se trata por el contrario, de generar incentivos fiscales que nos permitan acceder a todos los ciudadanos a vehículos más eficientes, que además de generar un ahorro considerable en mantenimiento, permitirá disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.

Cabe señalar, como ha quedado claro, que actualmente la Ley de Ingresos de la Federación ya prevé la exención del impuesto sobre automóviles nuevos para aquellos vehículos eléctricos e híbridos, por lo que no se afectaría la base de dicho impuesto, pero sí permitiría homologar las disposiciones fiscales tanto de la Ley de Ingresos como de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

Asimismo, se estima que un beneficio fiscal importante para los consumidores de automóviles no contaminantes tendría como fundamento exentar del pago del Impuesto al Valor Agregado la compra de vehículos eléctricos o híbridos, lo que, aunado a las reformas propuestas, se daría un impulso importantísimo al uso de transportes con bajas emisiones.

Otro de los beneficios directos que traería consigo la aprobación de la reforma que proponemos incide directamente en los planes de inversión de las industrias armadoras en México. Al respecto, cabe señalar que nuestro país se ha ido posicionando como un destino muy atractivo para las inversiones, particularmente en lo relativo a la industria automotriz.

Grandes plantas armadoras han llegado a México, la razón es muy simple: en los últimos años Federación, estados y municipios han generado condiciones que permiten a inversionistas extranjeros mirar a nuestro país como un destino que les permite mecanismos legales flexibles para la inversión. Así, por ejemplo, estados como Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, San Luis Potosí o Puebla cuentan con plantas armadoras que han detonado el desarrollo económico de dichas entidades.

Según datos de la Secretaría de Economía 84 de las 100 empresas más importantes de autopartes a nivel mundial se encuentran en México. Existen 19 armadoras de vehículos localizadas en 16 estados de la republica, y cerca de 3,000 proveedores ubicados en 24 estados.

En el sector automotriz, México cuenta con un mercado interno en crecimiento el cual se incrementará en un 8% de 2013 a 2016.Asimismo, México tiene acceso a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y 63% del PIB mundial, por medio de tratados de libre comercio con más de 40 países.

De acuerdo al “Atlas de la Complejidad Económica” México se encuentra en la posición 20 a nivel mundial, dentro de una muestra de 128 países. Cabe señalar que México es el país de Latinoamérica y el Caribe mejor posicionado en el Índice.

México es un país seguro para la inversión extranjera. El país cuenta con 28 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y acuerdos para evitar la doble tributación con más de 40 países.

Así, se estima que el generar beneficios fiscales en la adquisición de vehículos se permitirá a las empresas ya establecidas en México ampliar su mercado con vehículos no contaminantes, pero al mismo tiempo, se permitirá que nuevas empresas lleguen a México, con tecnología que permita impulsar a nuestro país como pionero en el uso de vehículos eléctricos e híbridos en América latina.

Cabe señalar que en el año 2012 nuestro país se encontraba en el segundo productor de vehículos en América Latina.La producción nacional de vehículos fue de 2.55 millones de unidades, lo cual representó un crecimiento del 13% con respecto al año anterior.La industria automotriz representa aproximadamente el 4% del PIB y el 20% de la producción manufacturera nacional.

De lo anterior, se estima que México producirá más de 3 millones de vehículos al final de 2015, el doble de las unidades producidas en 2009 (1.5 millones de vehículos)

En suma, las propuestas de Acción Nacional están encaminadas a incentivar la producción de vehículos en nuestro país, atraer mayor inversión y reducir significativamente las  emisiones de dióxido de carbono liberadas a la atmosfera. Por tal motivo, al establecerse estímulos fiscales como los que proponemos, se fomentará la adquisición de vehículos nuevos, no contaminantes, eficientes y sustentables, permitiendo así una reducción en la importación de vehículos usados, los llamados “vehículos chatarra”, que generan altas emisiones de carbono y que no favorece en los esquemas de reducción de contaminantes.

Por esta razón esta iniciativa contribuirá, sin duda alguna, a generar un doble beneficio para el Estado mexicano: reducir los gases de efecto invernadero y ampliar el mercado de la industria automotriz, a favor de los consumidores.

Cabe destacar que las reformas que se proponen son congruentes con diversos criterios emitidos por nuestro máximo tribunal, en el sentido de que las contribuciones tienen un fin fiscal y uno extra fiscal. En la iniciativa de mérito, el permitir la exención en el pago de los impuestos sobre vehículos nuevos, así como del impuesto al valor agregado tiene como fin extra fiscal hacer más asequible para los ciudadanos la adquisición de automóviles no contaminantes lo que redundará en la posibilidad de contar con un medio ambiente sano y con un transporte eficiente y sustentable.

Así la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho la siguiente distinción respecto a los fines de la recaudación:

Fines fiscales y extra fiscales

En la teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha existido una constante en cuanto a la noción de que las contribuciones siempre tienen un fin fiscal -la recaudación- y que adicionalmente pueden tener otros de índole extrafiscal -que deben cumplir con los principios constitucionales aplicables, debiendo fundamentarse, entre otras, en las prescripciones del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-. Sin embargo, esta Primera Sala estima necesario efectuar una precisión conceptual, a efecto de acotar los ámbitos en que puede contemplarse la vinculación de ambos tipos de fines, para lo cual es necesario distinguir los medios utilizados por el Estado para allegarse de recursos, sin que estas herramientas se confundan con el producto de dicha actividad recaudatoria y financiera, esto es, los recursos en sí. Lo anterior en atención a que mientras los medios tributarios utilizados por el Estado para obtener recursos -las contribuciones- deben tener un fin necesariamente fiscal -al cual, conforme a criterios jurisprudenciales, pueden adicionarse otros fines de índole extrafiscal-, los montos que generen las contribuciones y todos los demás ingresos del Estado apuntarán siempre hacia objetivos extrafiscales. Así, puede afirmarse que en materia de propósitos constitucionales, el ámbito fiscal corresponde exclusivamente a algunos de los medios utilizados por el Estado para allegarse de recursos -a los tributarios, en los cuales también pueden concurrir finalidades extrafiscales-, mientras que los ingresos que emanen de éstos -y de los demás que ingresan al erario, aun los financieros o no tributarios-, se encuentran indisolublemente destinados a fines delimitados en la política económica estatal, cuya naturaleza será siempre extrafiscal. Ello, tomando en cuenta que la recaudación en sí no constituye un fin, sino que es un medio para obtener ingresos encaminados a satisfacer las necesidades sociales, dentro del trazo establecido en el texto constitucional, tal como se desprende del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que conmina a contribuir a los gastos públicos, y no a la acumulación de recursos fiscales.

En el marco de la aprobación del paquete fiscal 2014, esta iniciativa viene a complementar un paquete de reformas que Acción Nacional ha propuesto para el fomento de vehículos sustentables, eficientes y a bajo costo.

La aprobación de esta iniciativa marcaría el inicio de una serie de medidas que el Estado mexicano, particularmente el Poder Legislativo, llevaría a cabo para cumplir los compromisos que hemos asumido para detener los efectos negativos del cambio climático.

Estamos ciertos que las reformas que hoy se ponen a consideración de esta asamblea no resolverán el deterioro ambiental, pero estamos seguros que sí daremos un paso firme y decidido en facilitar a la sociedad mexicana el acceso a nuevos sistemas de transporte: limpios, eficientes, no contaminantes, no ruidosos pero sobre todo, sustentables.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asambleas la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma la fracción VI del artículo 40, así como un tercer párrafo a la fracción II del artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 34. ...

I. a V. ...

VI. Tratándose de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques.

a) 25%  para los que utilicen métodos de combustión interna

b) 100% para los eléctricos o híbridos

VII. a XIII. ...

...

...

Artículo 36. ....

I. ...

II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de $130,000.00, salvo en el caso de los eléctricos o híbridos, que serán deducibles por el monto total del precio del automóvil.

...

III. a VII. ...

Artículo Segundo. Se adiciona un cuarto párrafo a la fracción II del artículo 8 de la Ley Federal sobre Automóviles Nuevos, pata quedar como sigue:

Artículo 8. ...

I. ...

II. ...

...

...

En la enajenación de automóviles eléctricos, es decir, aquellos cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables.

En la enajenación de automóviles híbridos, es decir, aquéllos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno.

III. ...

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción X a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

I. a IX. ...

X. Automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno.

Artículo Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2014.

Nota:

1 Semanario Judicial de la Federación. [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Septiembre de 2011; Pág. 506

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2013.— Diputada Consuelo Argüelles Loya (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma los artículos 55, 56 y 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El desarrollo democrático en México está en crisis debido a una serie de factores de diversa índoles, entre los que destacan la desigualdad social, la inseguridad, la falta de oportunidades y de empleos, las nuevas formas de defraudación electoral como son el abusivo uso e incluso el desvío de recursos públicos a favor de clientelas electorales, la falta de ofertas políticas atractivas para la ciudadanía y la frivolización de los mensajes políticos a partir del modelo comunicacional delineado en nuestro marco jurídico electoral.

La presente iniciativa pretende proponer reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de cambiar el modelo de comunicación política durante las campañas electorales para eliminar los spots, en donde se privilegian imágenes de candidatos o de elementos impactantes e introducir mensajes políticos de fondo en donde se privilegie la propuesta política de los partidos y candidatos y candidatas.

Argumentación

La evolución de la normatividad electoral en nuestro país ha sido sumamente compleja y sin lugar a dudas ha impulsado la construcción de reglas para la contienda electoral cada vez más justas, aunque siempre que hay avances en la ley, vemos como surgen, de inmediato, retrocesos en la práctica, derivados de la no aplicación de la norma, o de la aplicación amañada de la misma.

No hace muchos años, la comunicación política estaba secuestrada por el oficialismo. Nada existía fuera de los cartabones del partido oficial y todo el sistema de gobierno que lo rodeaba, el cual abarcaba toda la prensa escrita, salvo muy honrosas excepciones, y toda la prensa televisiva.

Recordemos cómo durante las campañas políticas del siglo pasado, hasta mediados de la última década de los 90s, había una gran cobertura para los candidatos oficiales y una pírrica y hasta ridícula cobertura para los candidatos opositores. Para los candidatos oficiales había todos los espacios, y para los opositores no había imágenes ni audios juntos; es decir, a veces había audios si imagen y a veces había imágenes congeladas sin audio.

Sin embargo, la presión ciudadana y la oposición política tuvieron la capacidad de forzar al régimen a construir marcos jurídicos sucesivos, en la materia electoral, desde 1989 a la fecha, en donde la pluralidad política empezó a encontrar asideros en el sistema político y el oficialismo de antaño fue quedando atrás, pero no muerto, fue quedando atrás en estado de latencia.

Los medios de comunicación se fueron abriendo, poco a poco, primero vendiendo sus espacios a bajo precio al partido oficial y a precio de oro a las oposiciones y después, con la aparición de los tiempos oficiales del Estado como el gran instrumento para que todos los partidos políticos tuvieran espacios gratuitos de difusión, se fue pluralizando el ambiente, y el espectro radioeléctrico, durante las campañas, precampañas e incluso en los lapsos sin competencia electoral.

Sin embargo, lo que hasta ahora hemos conseguido como modelo comunicacional para la transmisión de los mensajes políticos, léase, mensajes de precampaña y campaña en radio y televisión no han contribuido en lo fundamental a profundizar una cultura política y democrática en la ciudadanía, ya que los mensajes, acotados en formatos muy breves, de unos cuantos minutos, mejor conocidos como los “spots” han frivolizado la comunicación política al privilegiar imágenes, frases y tonadas musicales pegajosas, que no dicen nada, o casi nada, respecto a la propuesta u oferta política de los partidos políticos o sus candidatos y candidatas. Al contrario, frivolizan la contienda electoral a la hora de privilegiar una imagen o una frase suelta de las y los candidatos.

El propósito de esta iniciativa es reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de modificar el modelo comunicacional para las campañas y precampañas electorales para que los mensajes sean breves pero que logren contener las propuestas fundamentales de las y los candidatos a cualquiera de los puestos de elección popular. De esta manera, la ciudadanía tendrá más elementos para distinguir las propuestas y ofertas políticas de los partidos políticos y candidatos y candidatas, y por consiguiente, contar con elementos suficientes para emitir un voto más razonado e informado. Este tipo de mensajes pondría el acento en las propuestas y no en imágenes ni tonadas musicales, lo cual alentaría el debate político, el contraste entre las ideas y el involucramiento de la ciudadanía con las campañas electorales, y con el tiempo, este modelo comunicacional abonaría en una mayor cultura política de la sociedad en general.

El efecto de esta reforma será que el número y frecuencia de mensajes de precampaña y campaña política de los partidos y candidatos disminuyan, pero con ello aumente su calidad, su contenido y su profundidad. Seguramente los partidos con más fuerza electoral tendrán mensajes a diario, y los más pequeños no alcancen pautas diarias de difusión, pero sin duda, sus mensajes también serán de mayor calidad y profundidad. La sociedad, sin duda, agradecerá la medida, y pondrá más atención a este tipo de esquema de comunicación ya que bajará la saturación de mensajes de este tipo durante las campañas. Está demostrado que la saturación y frivolización que tenemos hoy con los spots hacen que el ciudadano se cierre a escuchar este tipo de propaganda, lo cual genera un efecto negativo para todos, sobre todo para los partidos políticos y sus candidatos y candidatas. La apuesta es abandonar el “spot” y adoptar mensajes con una producción de calidad y propuestas de calidad que ayuden al desarrollo de la cultura democrática de nuestra sociedad.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, bajo el siguiente fundamento legal la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Fundamento legal

El suscrito, diputado Valentín Maldonado Salgado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción primera, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del modelo de comunicación y propaganda en radio y televisión

Artículo Único.Se reforman el numeral 3 del artículo 55, el numeral 1 del artículo 59 y los numerales 4 y 5 del artículo 56, y se adiciona un numeral 6 al mismo artículo 56, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:  

Capítulo primero

Del acceso a la radio y televisión

Artículo 55

1 a 2.  ...

3. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 de este artículo será distribuido en  tres y hasta cinco minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. En los horarios comprendidos entre las seis y las doce horas y entre las dieciocho y las veinticuatro horas se utilizarán de tres a cincominutos por cada hora; en el horario comprendido después de las doce y hasta antes de las dieciocho horas se utilizarán tresminutos por cada hora.

Artículo 56.

1. a 3. ...

4. Para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los partidos políticos, launidad de medida es de un minuto, sin fracciones; el reglamento determinará lo conducente.

5. El tiempo que corresponda a cada partido será utilizado exclusivamente para la difusión de mensajes cuya duración será la establecida en el presente capítulo, los cuáles expresarán preferentemente las propuestas programáticas de los partidos y candidatos. Las pautas serán elaboradas considerando los mensajes totales y su distribución entre los partidos políticos.

6. Para garantizar que todos los partidos tengan posibilidad de difundir sus mensajes en radio y televisión, observando los criterios de distribución igualitarios entre el número de partidos y proporcionales, de acuerdo al porcentaje de votación obtenida en la última elección, con una duración mínima de tres minutos por mensaje, la autoridad hará la distribución tomando como base el tiempo global disponible desde el inicio de precampañas hasta la culminación de las campañas, entre todos los partidos con registro.

Artículo 59....

1. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior será distribuido entre los partidos políticos, según sea el caso, conforme a lo establecido en los párrafos 1, 2 , 4 y 6 del artículo 56 de este Código.

2 a 3. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.— Diputado Valentín Maldonado Salgado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma el artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La presente, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción II, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

Problemática

Cotidianamente se producen cientos de accidentes laborales en los lugares de trabajo de todo el mundo, teniendo algunos como desenlace la perdida de la vida para algunos.

Un análisis simple de los riesgos de trabajo se deducen a que si en el lugar de trabajo, el área no contiene los mínimos conceptos de seguridad muy probablemente existirá un accidente, pero existe otra conceptualización que debe considerarse como riesgo, como aquellos males que por una constante produzcan daños a la salud, ejemplo, estar expuesto por periodos largos a ruidos, el uso prolongado de la computadora, el inhalar sustancias químicas por periodos amplios, etcétera; lo que nos indica que existen riesgos de trabajo obvios y algunos que no son evidentes o palpables de manera inmediata.

Si bien es cierto que los riesgos laborales están permanentemente sujetos también a la conducta humana es preciso señalar que deben de implementarse medidas de control mínimas, como promover en cada trabajador el conocimiento y capacitación de cómo actuar si ocurriese un accidente para que éste pueda manejarlo y garantizar en la medida de lo posible seguridad laboral.

Lo anterior es totalmente opuesto al amplio cumulo de exigencias a las cuales las nuevas normas laborales les imponen a los trabajadores, propiciando deterioro en la calidad del trabajo y de la salud en perjuicio de empresa y trabajador.

Por ello se buscó con la promulgación el 19 de Enero de 1943 de la Ley de Seguridad Social no solo se instituyera el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sino que se otorgaran beneficios laborales en caso de accidente de trabajo, enfermedad profesional, maternidad, invalidez, cesantía y muerte

Así mismo para el año de 1959 se hacen reformas al artículo 123 de la Carta Magna por parte del Ejecutivo federal encabezado por el entonces presidente Adolfo López Mateos, añadiéndole un apartado B para garantizar derechos laborales a los trabajadores al servicio del Estado, mismos que no estaban contemplados en las leyes de ese momento, la protección ante accidentes y enfermedades profesionales, jubilación, invalidez y muerte, fueron garantizados con la reforma señalada, así mismo fue el preámbulo para la promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que dio también origen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Consideraciones

Es necesario modificar la legislación en materia laboral para reducir las estadísticas y en su caso ofrecer alternativas posteriores a los accidentes de trabajo.

Pues según la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) del 2002 al 2011 los accidentes se incrementaron de 302 mil a 422 mil, así como las defunciones de    1 053 a 1 221 en el mismo periodo y como se muestra en el cuadro siguiente:

En el informe sobre accidentes y enfermedades de trabajo  2002-2011 de la misma dependencia se puede observar que el número de accidentes por cada 100 trabajadores se incrementó de 2.50 a 2.82, pero la cantidad de incapacidades médicas descendió, una formula un tanto confusa:

En su momento el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Puebla, Erich Junghanns Diestel, comento que “por las incapacidad tras sufrir algún tipo de accidentes en tan solo nueve meses se registro una pérdida de un total de 255 mil 251 días de trabajo”.

Esto podría explicar de cierta manera el resultado del incremento de accidentes versus la disminución de incapacidades, la obviedad nos hace pensar que para evitar esa pérdida que en su momento anunció el señor Junghanns, las instituciones de salud emiten cada vez menos licencias medicas, aun por encima del bienestar del trabajador.

Según el boletín electrónico No. 26 del mes de Abril de 2009 de la STPS, en el año 2008, se registraron 411,179 accidentes de trabajo, cifra 13.8 por ciento superior a la del año inmediato anterior, en tanto que el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social decreció en 1.1 por ciento respecto a 2007.

Asimismo es necesario citar lo establecido en las fracciones XIV y XV del artículo 123 de nuestra carta magna que a la letra señalan:

XIV.Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.

XV.El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;

El análisis de los accidentes de trabajo basados en los resultados estadísticos, son fructíferos, si de ellos se aplican las medidas precautorias que permitan la aplicación de planes de prevención, y normas de seguridad adecuadas.

De lo anterior y por considerar que los accidentes al igual que los incidentes generan alteraciones en gastos contabilizables a la propiedad o empresa, como producción, sobretiempos, costos médicos de seguro al trabajador y capacitación en la contratación de nuevos empleados, pero sobre todo genera cambios bruscos en la vida familiar, siendo ésta la más vulnerada, pues el nivel de ingreso disminuye, el golpe moral del trabajador también genera desequilibrios emocionales en él mismo y en su familia, por ello se considera viable la propuesta de incorporar al marco legal la inclusión del personal afectado por algún accidente de trabajo, de ser posible y bajo parámetros médicos bien definidos y con capacitación, lo que permita a los trabajadores hacerse a la vida laboral en la medida de sus capacidades y seguir desarrollándose dentro del campo de trabajo, en circunstancias precisas que no ponga en riesgo su integridad, salud ni la de sus compañeros, esto se podría impulsar mediante la reforma que se presenta a continuación.

Con ello cumpliríamos lo establecido en el aartículo 4 del convenio 121 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que señala que “la legislación nacional sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales debe proteger a todos los asalariados, incluidos los aprendices, de los sectores público y privado, comprendidos aquellos de las cooperativas, y, en caso de fallecimiento del sostén de familia, a categorías prescritas de beneficiarios”.

Es necesario mencionar que el día 31 de marzo de 2007 se publicó la “nueva” Ley del ISSSTE, estableciendo modificaciones de fondo en su artículo 56 que dicta lo siguiente.

Artículo 56.Para los efectos de esta ley, serán reputados como riesgos del trabajo los accidentes y enfermedades a que están expuestos los Trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo.

Se considerarán accidentes del trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste, así como aquéllos que ocurran al trabajador al trasladarse directamente de su domicilio o de la estancia de bienestar infantil de sus hijos, al lugar en que desempeñe su trabajo o viceversa.

Asimismo, se consideran riesgos del trabajo las enfermedades señaladas por las leyes del trabajo.

Es prudente hacer hincapié que las reformas suscitadas en el año 2007 a la Ley del ISSSTE particularmente en sus artículos 61 y 62 definen las prestaciones a las que se hace acreedor un trabajador en caso de sufrir algún accidente, así como mecanismos de aplicación, previendo la reubicación, de ser factible, del trabajador pero se olvida la obligatoriedad de capacitación para que el empleado cumpla con las nuevas encomiendas, por ello es que la presente iniciativa prevé la modificación del artículo 62 de la Ley del ISSSTE, para hacer más adecuado el proceso y reincorporación a la vida productiva de las personas posterior a un percance.

Fundamento legal

La iniciativa en comento se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara la presente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del segundo párrafo del artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Único.Se reforma la fracción II del segundo párrafo del artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 62. En caso de riesgo del trabajo, el trabajador tendrá derecho a las siguientes prestaciones en dinero:

I. Al ser declarada una incapacidad temporal, se otorgará licencia con goce del cien por ciento del sueldo...

II. Al ser declarada una incapacidad parcial, se concederá al incapacitado una pensión...

Cuando el trabajador pueda dedicarse a otras funciones por que sólo haya disminuido parcialmente su capacidad para el desempeño de su trabajo, las dependencias y entidades podrán prever su cambio de actividad temporal, en tanto dure su rehabilitación, para tal efecto se deberán considerar los métodos, técnicas e implementación de capacitación para que le favorezca a sus nuevas funciones de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, posteriores al percance. Si la pérdida funcional o física, de un órgano o miembro es definitiva, su actividad podrá ser otra de acuerdo con su capacidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.excelsior.com.mx/2012

2 http://trabajoseguro.stps.gob.mx/trabajoseguro/boletines%20anteriores/2009/bol0 26

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.— Diputadas: Yesenia Nolasco Ramírez, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbricas).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY QUE REGULA LOS BENEFICIOS DE QUIENES HAYAN OCUPADO LA TITULARIDAD DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que expide la Ley que regula los Beneficios de Quienes hayan ocupado la Titularidad del Poder Ejecutivo Federal, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD

I. Planteamiento del Problema

Los privilegios de los cuales gozan los ex presidentes de la República Mexicana con cargo en el erario público día con día resultan ser una carga pesada para el Estado, además de un reclamo constante de los ciudadanos, en este sentido no sólo contrastan con el entorno nacional de acentuados rezagos económicos y sociales sino que también representan una especie de premio vitalicio para servidores del Estado que más allá de su desempeño del quehacer han llegado de gozar de prestigio y grandes sueldos, así también, dichas pensiones vitalicias carecen de sustento jurídico y, por si fuera poco, su aplicación se sustenta en acuerdos y arreglos pocos transparentes.

II. Argumentos de la iniciativa

A partir del acuerdo presidencial 7637, expedido el 25 de noviembre de 1976, y reformado por el acuerdo presidencial 2763 Bis el 31 de marzo de 1987 se ha reglamentado de manera irregular las pensiones y beneficios de los ex presidentes de la República. Ambos instrumentos carecen de las formalidades que el orden jurídico requiere para que sean válidos. No obstante, se consignan aquí como referencias de la inquietud que se ha tenido por asegurar un retiro digno a quienes hayan ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo federal. Estoy convencido en el fondo del planteamiento, pero difiero en la forma en que se ha desarrollado.

En principio se debe resolver una interrogante de fondo: ¿Por qué una pensión para quien haya ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo federal? La respuesta no es fácil; antes bien, resulta complicada porque no hay una respuesta unívoca que haya adquirido consenso doctrinal. Es verdad que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la igualdad ante la ley de las personas, pero lo es también que la Carta Magna debe analizarse en forma sistemática y armónica a efecto de responder a las necesidades de la sociedad.

Una interpretación literal del artículo primero constitucional dejaría fuera de lógica la existencia de beneficios ex presidenciales. De esta suerte, la justificación de estas prestaciones extraordinarias no reside en garantizar la vida digna del primer mandatario o mandataria, que en todo caso todos y cada uno de los gobernados merece. El argumento que explica los citados beneficios ex presidenciales consiste en la garantía de que la persona que ocupe el cargo de presidente o presidenta de la República pueda dedicarse por entero a la grave responsabilidad de ejecutar las disposiciones de la Constitución y la ley, sin que tenga que preocuparse por el futuro económico de él o de ella y su familia.

El bien jurídico protegido reside en el interés público que guarda el que quien ejerza la presidencia de la República se dedique en exclusiva a cumplir hasta el límite de sus capacidades con el mandato del artículo 89 constitucional y las demás disposiciones aplicables. Ese interés público adquiere significado práctico al generar también incentivos para evitar actos de corrupción en el ejercicio del servicio público. Más todavía porque hasta ahora el titular del Ejecutivo federal tiene por mandato constitucional un fuero que lo deja fuera de toda responsabilidad política o administrativa durante su encargo. De ahí el fundamento racional de los beneficios ex presidenciales. Por otro lado, es de llamar la atención que los montos de la pensión y los apoyos otorgados hasta ahora a los ex presidentes de la República han sido asignados sin ningún estudio, motivación o argumentación alguna.

Es responsabilidad del legislador dotarse de los elementos de análisis y de reflexión que permitan formular iniciativas de ley que permitan resolver o regular de la mejor forma razonable el bien jurídico protegido.

De esta forma, el dilema que se debe resolver en las pensiones y beneficios ex presidenciales es cómo armonizar la legítima preocupación por otorgar pensiones y apoyos ex presidenciales que les permita subsistir con dignidad y las necesarias exigencias de austeridad y racionalidad del gasto público que hoy han adquirido carta de naturalización en distintos instrumentos normativos, principalmente, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en distintos decretos precisamente para adoptar medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal, para racionalizar las erogaciones de servicios personales, administrativas y de apoyo. En este tenor la obligación de ponderación de valores normativos obliga a un análisis reposado, que he dividido en cinco rubros para una sustentación metodológica de esta exposición de motivos con el proyecto de decreto de la iniciativa:

Primero. Hasta el día de hoy sin ninguna base normativa válida se ha otorgado a los ex presidentes de la República una pensión equivalente al ingreso del máximo tabulador de un Secretario de Estado. No se cuenta, hasta donde he analizado, con elementos orientativos que justifiquen esta decisión. Más todavía, la experiencia comparada ofrece un panorama atendible para adoptar una solución al caso mexicano. Ernesto Villanueva e Hilda Nucci dan cuenta de lo que en este rubro sucede en el país y en un conjunto de países de los cinco continentes. En principio es de llamar la atención que ningún país de América Latina tiene una pensión similar al caso de México. En efecto, los ex presidentes de Chile tienen asignada una pensión de 145 mil pesos y en Colombia de 147 mil pesos, tan sólo por citar los más altos de la región. Incluso países del primer mundo tienen pensiones menores a las que se otorgan en México. En Italia, la pensión asciende a 117 mil pesos y en Francia a 87 mil pesos mexicanos. Si las cifras por sí mismas no constituyeran un indicador suficiente, el análisis a la luz de criterios de equidad arroja datos que abonan en contra de la solución hasta ahora adoptada por México.

Cabe recordar aquí que nuestro diseño constitucional tuvo en 1917 un gran reconocimiento internacional al adoptar derechos sociales, entre ellos el derecho social al trabajo previsto en el artículo 123 constitucional. El país con la pensión para un ex presidente o similar más alta del mundo es Singapur, la cual asciende a 1 millón 322 mil pesos mensuales. Esa altísima cifra, sin embargo, representa 31 salarios mínimos mensuales de ese país. En Estados Unidos, los ex presidentes tienen una pensión equivalente a la mexicana, esa cantidad, empero, es equivalente a 14 salarios mínimo mensuales aproximadamente. En España, el ex jefe de gobierno tiene una pensión equivalente a 204 mil pesos mexicano que representa 15.68 salarios mínimos mensuales de ese país. En México, por el contrario, el monto equivalente al salario de un secretario de Estado es de más de 200 salarios mínimos mensuales en la zona económica más alta del país.

De este modo, se puede concluir que la pensión que de facto se otorga a los ex presidentes en México es ajena, por un lado a los estándares internacionales y, por otro, no honra los principios de equidad, austeridad y racionalidad del gasto público que constituyen la columna transversal del diseño normativo del país. El monto de las pensiones debe, por ende, ser ajustado buscando armonizar, en la medida de lo que es posible, estos valores que se han señalado, la dignidad de la calidad de vida de quienes han ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y la austeridad y racionalidad. Desde tiempo atrás, Benito Juárez señaló que:

Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado.

Al margen de una ley y, peor todavía, de la ley se han otorgado pensiones a los ex presidentes de la República, lo que por sí mismo es inaceptable en un Estado de derecho mínimo. El monto de la pensión de un ex presidente o ex presidenta de la República debe calcularse tomando en cuenta tres factores: a) El tamaño de la economía de México en el mundo; b) Los principios de equidad basados en el número de salarios mínimos mensuales en la experiencia comparada; y c) La tendencia que Iberoamérica en particular ha seguido sobre el tema.

El Fondo Monetario Internacional en su informe Perspectivas Económicas Mundiales 2012, sitúa a México en el sitio 14 y a Estados Unidos en el número 1. La diferencia entre México y Estados Unidos de acuerdo al FMI es de 14 veces. ¿Cómo justificar una pensión idéntica entre los ex primeros mandatarios o mandatarias de Estados Unidos y México si México tiene una economía 14 veces menor? La media de las pensiones que perciben los ex presidentes o presidentas de las 15 economías más grandes del mundo rondan los 140 mil pesos mensuales mexicanos. Esa cifra desciende a los 85 mil pesos mensuales si se consideran sólo los países de Iberoamérica.

En ningún caso, empero, la equivalencia entre número de salarios mínimos mensuales y la pensión del ex presidente o equivalente es razonablemente similar al caso de México donde la diferencia entre quienes ganan un salario mínimo mensual y la pensión ex presidencial es la más alta del mundo. La pensión más alta después de México en Iberoamérica por número de salarios mínimos mensuales es Colombia con 38. De esta suerte si se toma ese criterio ligeramente al alza para ubicarlo en el equivalente a una plaza presupuestal dentro de la administración pública federal la pensión ex presidencial podría ubicarse en el equivalente a la plaza más alta del tabulador de director de área.

Segundo. Los acuerdos referidos no distinguen si la pensión ex presidencial debe otorgarse a quienes hayan cubierto íntegramente el periodo presidencial ni tampoco establece si debe haber suspensión o no de la pensión en el caso de que el titular reciba otros ingresos ajenos a la pensión. Por estas razones las pensiones se han otorgado sin considerar alguno de los aspectos arriba expuestos. Como es sabido, los titulares del Poder Ejecutivo federal que no hayan obtenido el cargo por la vía electoral pueden tener el carácter de interino, sustituto o provisional. La fórmula que resulta indicada para efectos de pensión debe residir no sólo en el tiempo de su encargo, sino en el origen de su nombramiento.

El presidente de la República electo en las urnas tiene la máxima representación porque fue elegido por los ciudadanos que votaron por un programa electoral y político determinado. En distintos países del mundo, como Australia, se ha analizado y discutido este rubro. La solución a este caso debe ser dual: por un lado debe otorgarse la parte proporcional de la pensión según el tiempo en el que efectivamente haya estado en funciones, por otro, el monto de la pensión debe ser el equivalente al 80 por ciento del que tendría quien haya sido titular del Poder Ejecutivo Federal electo en las urnas. Este porcentaje resulta de la fórmula seguida en la experiencia comparada y de la observada en el caso mexicano para los cónyuges supérstites. Por cuanto concierne a la suspensión permanente o temporal de la pensión debe atenderse en su máxima expresión los principios de austeridad y racionalidad del gasto público. La pensión es un medio para que el ex presidente o presidenta pueda vivir con dignidad, pero no una carga sin necesidad para el erario cuando el titular de dicho ingreso tenga la posibilidad de poder por sí mismo obtener otras fuentes de ingreso, lo que sería deseable para aligerar gastos por este rubro.

Tercero. La seguridad de quienes han ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo federal es hoy tema de la agenda de la discusión pública. En este aspecto tampoco se observan en los acuerdos y disposiciones que se han expedido la lógica que explique el número de elementos que debe tener un pensionado de esta naturaleza. Se ha confundido seguridad con opacidad por una parte y, por otra, se ha privilegiado el interés personal sobre el interés de la República. En efecto, no existe en el mundo ningún país que otorgue una escolta para seguridad tan amplia como la que se le brinda a un ex presidente o ex presidenta mexicanos. En lo que sí hay un punto de claridad es sobre quién debe custodiar la integridad del ex primer mandatario o mandataria.

De manera clara, el artículo 104 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dispone que es el cuerpo de Guardias Presidenciales el encargado de la seguridad del presidente de la República. Bajo la lógica de protección efectiva al titular de la pensión y a su familia debe atenderse a lo establecido en distintas obras especializadas sobre esta materia. De acuerdo a la Policía Nacional de Colombia la formación de diamante es la mejor manera de proteger a una persona. Para lograr esta formación se requieren cinco elementos o seis en el diamante más seguro. De esta suerte, la protección del ex mandatario o mandataria mexicanos no debe rebasar 15 elementos considerando a los miembros de su familia nuclear monoparental, como sucede en Estados Unidos.

Un número mayor de elementos supondría que prevaleciera el interés personal de protección a miembros ajenos a la familia nuclear del mandatario, entendible por la naturaleza humana. Ello es inaceptable para que sea una carga para la sociedad mexicana. De igual modo, resulta atendible como lo asegura la obra Advances Course, Presidential Security Program. Embajada de los Estados Unidos de América. Programa Asistencia Antiterrorista que el transcurso del tiempo reduce el nivel de riesgo que un servidor público enfrenta. Así, resulta oportuno observar el modelo estadounidense de seguridad ex presidencial que reduce gradualmente la seguridad hasta un mínimo requerido por un periodo no mayor a 15 años.

Cuarto. Los servicios médicos de los ex presidentes o ex presidentas de la República deben ser objeto de regulación. Es dable que los titulares de la pensión ex presidencial y su familia nuclear monoparental cuenten con los servicios médicos que ofrece el Estado. No es justificable, empero, que se mantenga el pago de seguros de gastos médicos mayores privados con cargo al erario. En consecuencia deben estar fuera de la cobertura prevista en las partidas 1407 del seguro de separación individualizada, así como la 1406 de gastos médicos mayores.

5. El tema de los denominados “conflictos de interés” no debe permanecer ajeno en una ley sobre la materia. Es claro que quienes han ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo federal poseen información que en manos equivocadas podría eventualmente vulnerar el interés nacional. Por el motivo anterior se propone incluir procedimientos que generen incentivos para evitar que esta posibilidad pueda transformarse en una conducta concreta. Esa además ha sido la tendencia nacional como lo pone de relieve la suscripción de México a la Convención Interamericana contra la Corrupción el 6 de febrero de 1997 con arreglo a lo previsto por el artículo 133 constitucional. La Convención tiene una naturaleza protectiva del interés público de largo aliento porque no distingue qué tipos de servidores públicos pueden quedar fuera por razones de fuero o inmunidad.

La Convención dispone en su artículo II numeral 1 la voluntad de los estados parte para “1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción”. Cabe recordar que el artículo primero párrafo segundo constitucional establece que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Por lo expuesto y fundado someto a esta soberanía, para su análisis, discusión y aprobación la siguiente iniciativa.

III. Fundamento legal

La presente iniciativa tiene fundamento en lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, Ley que regula los beneficios de quienes hayan ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.

IV. Denominación

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula los beneficios de quienes hayan ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo federal.

V. Ordenamiento a modificarse

VI. Texto normativo propuesto

Artículo 1. Esta Ley es de observancia general y de interés público, y tiene por objeto regular los beneficios de quienes hayan ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo federal.

Artículo 2. Las personas que hayan ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo Federal percibirán una pensión especial equivalente al monto de la plaza presupuestal más alta de director de área de la administración pública federal de manera vitalicia. Este ingreso será suspendido al momento de que el titular de la pensión señalada obtenga ingresos, sueldos o compensaciones de cualquier tipo adicionales a la pensión referida.

Tratándose de personas que hayan ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo federal por una vía distinta a la elección popular, recibirán una pensión con un monto proporcional al tiempo efectivamente ejercido en el cargo y hasta por un porcentaje equivalente al 80 por ciento del fondo asignado conforme al párrafo primero de este artículo.

Si los titulares de la pensión son sentenciados por resoluciones judiciales que causen estado por cualquier delito, la pensión y los demás beneficios serán suspendidos de manera definitiva e irrevocable.

Artículo 3. Quienes hayan ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo federal contarán con la protección de no más de 15 miembros del cuerpo de guardias presidenciales que serán coordinados por un oficial con rango de coronel Diplomado del Estado Mayor dentro del territorio nacional. Este beneficio será reducido a los elementos necesarios de la formación de diamante básico hasta concluir en un periodo de 10 años a partir del inicio de esta prestación.

Articulo 4. El personal administrativo, con que contarán los ex presidentes, se compondrá de un director, un subdirector, un coordinador administrativo, dos jefes de departamento, un investigadores y un asesor en materia jurídica, un programador, dos secretarias, una persona de apoyo administrativo, dos auxiliares administrativos, un archivista, dos choferes, una persona de mantenimiento eléctrico-telefónico.

Artículo 5. El cónyuge gozará de los seguros de vida y de la seguridad social. Los hijos estarán cubiertos hasta cumplir la mayoría de edad.

Artículo 6. Los cónyuges supérstites de los titulares de la pensión recibirán en caso de fallecimiento de estos últimos un beneficio equivalente al 50 por ciento del monto que le haya correspondido al titular en forma vitalicia, salvo que contraigan nuevas nupcias. A falta del cónyuge supérstite el beneficio será otorgado en partes iguales a los hijos e hijas, en su caso, del titular de la pensión hasta que cumplan la mayoría de edad.

El personal de apoyo administrativo así como el cuerpo de seguridad serán retirados cuando el ex presidente fallezca.

Artículo 7. Quedará prohibido para los titulares de la pensión la prestación de actividades profesionales, con independencia de que se hagan o no de forma remunerada, dentro de empresas privadas nacionales o extranjeras de cualquier tipo, incluyendo gobiernos y organismos que tengan atribuciones vinculantes para el país, dentro de los diez años siguientes al periodo que haya concluido el encargo de titular del Poder Ejecutivo federal.

Artículo 8. Los recursos económicos de los cuales disponga, así como, las actividades del cuerpo administrativo de los ex presidentes deberán sujetarse al marco de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así también, dicha información será publicada en el portal de Internet de la Presidencia de la Republica, se realizara dos veces por año siendo cada 30 de mayo y 30 de noviembre, para su plena transparencia y rendición de cuentas.

VII. Artículos Transitorios

Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se abrogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

Artículo Tercero. Se deberán efectuar las adecuaciones reglamentarias y normativas pertinentes, a fin de garantizar el cumplimiento del presente decreto.

VIII. Lugar

Palacio Legislativo de San Lázaro.

IX. Fecha

Noviembre de 2013.

X. Nombre y rúbrica del iniciado

Notas:

1 http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/adquisiciones/ auste041206.pdf

2 Beneficios ex presidenciales. Bogotá. Temis. 2012

3 Discurso pronunciado por Benito Juárez el 2 de julio de 1852, siendo gobernador de Oaxaca, en la X Legislatura al abrir su primer periodo de sesiones ordinarias.

4 Manual de protección a personas por parte de la policía nacional. Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, DC, Colombia, 2010.

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de noviembre de 2013.— Diputado Carlos Augusto Morales López (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

LEY DE MIGRACION

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La presente iniciativa propone una serie de reformas y adiciones de la Ley de Migración, con objeto de actualizar su contenido al marco constitucional promulgado en junio de 2011, en favor del respeto de los derechos humanos universales, y contiene otras modificaciones y adiciones que tienden a prevenir situaciones y conductas que reiteradamente han sido denunciadas y que alientan la violación de los derechos humanos de los migrantes, población que resulta altamente vulnerable, tanto para el accionar del crimen organizado, de las cuerpos policiacos, sean estos a nivel federal, estatal o municipal, así como del personal del Instituto Nacional de Migración.

Exposición de Motivos

La migración es el fenómeno social caracterizado por el movimiento de población que consiste en dejar temporal o definitivamente el lugar de residencia para establecerse o trabajar en otro país o región, especialmente por causas económicas, políticas o sociales. La migración también ocurre por violencia o por catástrofes naturales al interior de un país o una región de un país, por lo que los individuos se ven en la necesidad de salir de él, lo que forma grupos de refugiados, desplazados políticos, etcétera.

De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, en 2010 había 213.9 millones de migrantes internacionales en el mundo. De ellos, 51 por ciento son hombres y el restante 49 mujeres, por lo que expertos en la materia señalan que el fenómeno se ha feminizado al marcar paridad en las cifras; y cerca de 80 por ciento de los migrantes provenían de países en vías de desarrollo.

En México, las recurrentes crisis económicas, privatizaciones y la distribución inicua de la riqueza han llevado a México a intensificar las contradicciones económicas que impactan directamente en los procesos migratorios. La nación se define como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, cuyo objetivo esencial es encontrar mejores condiciones de vida y, sobre todo, oportunidades de empleo.

De los grupos de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos, 73 por ciento está compuesto por personas de entre 20 y 39 años. De los migrantes connacionales que residen en Estados Unidos, 30 por ciento vive en situación de pobreza.

Aunado a lo anterior, las leyes y políticas del vecino país del norte que criminalizan a los migrantes hacen más difícil y precaria su situación.

De acuerdo con el índice de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010, calculado por el Consejo Nacional de Población, a partir de la información censal, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Nayarit son los estados considerados de alta intensidad migratoria o expulsores de migrantes históricamente.

Por otro lado, la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación señala que anualmente ingresan en el país 150 mil centroamericanos, aunque organismos de la sociedad civil estiman que alrededor de 400 mil migrantes provenientes de esa región ingresan en nuestro territorio.

La Organización Internacional para las Migraciones estima que por lo menos 150 mil personas ingresan cada año de forma indocumentada en México a través de la frontera sur, mientras que El Colegio de la Frontera Norte estima que cruzan la frontera hacia Estados Unidos alrededor de 350 mil mexicanos, esto en 2011.

En contraparte, y por lo que se refiere a ingresos por remesas, datos del Banco Mundial indican que en la última década las remesas a nivel mundial se triplicaron al pasar de 131.4 mil millones de dólares a 453 mil millones de dólares de 2000 a 2010, siendo los Estados Unidos el país donde se originaron más de la cuarta parte de ellas. En este contexto, México ocupó el tercer lugar en ingresos por remesas las cuales alcanzaron los 22 mil millones de dólares, lo cual representa el segundo lugar de ingresos.

Una asignatura pendiente y foco rojo en el tema migratorio es el desempeño del Instituto Nacional de Migración (INM), ya que se han documentado diversas denuncias por actos de corrupción y delitos, entre los que destacan: secuestros, extorsiones, trata de personas, violaciones, homicidios, robo de órganos, etcétera.

Un estudio publicado por el periódico El Economista en enero de 2013 da cuenta de que en el periodo que comprende de 2006 a 2012, alrededor de 883 funcionarios del INM fueron sancionados por estar involucrados en actos ilícitos. En 2011 fueron sancionados por tal motivo más de 230 funcionarios del INM. En un estudio más pormenorizado se puede observar que en 6 años se han detectado 883 funcionarios sancionados por abuso de autoridad y estar involucrados en actividades ilícitas quienes han sido inhabilitados, suspendidos, destituidos, sancionados económicamente o amonestados públicamente. El director jurídico del Instituto Nacional de Migración, Antonio Musi Leyva, reconoció que personal de la institución se ha involucrado con redes del tráfico de personas y colaboran con el crimen organizado, por lo que ha despedido a cerca de 500 servidores públicos qué no pasaron los controles de confianza. Esta situación prácticamente ha transformado al Instituto Nacional de Migración en un verdadero negocio que se mantiene en la impunidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado en ese sentido que 67.4 por ciento de los ilícitos cometidos contra migrantes sucedió en el sureste del país, en Veracruz, Tabasco y Chiapas, mientras que 29.2 por ciento ocurrió en el norte y 2.2 en el centro, cifra alarmante que pone en evidencia la vejación de dichos derechos humanos fundamentales de los migrantes.

Para México, la seguridad y protección de los migrantes son un problema real no resuelto por las autoridades, a pesar de los diferentes esfuerzos realizados por distintos sectores y organizaciones, ya que en muchos casos son las mismas autoridades de todos los niveles quienes nos revelan la gran cantidad de abusos en contra de los migrantes, lo que provoca una verdadera crisis humanitaria que convierte a los migrantes, según especialistas, en el tema, en los nuevos esclavos de este siglo.

Los migrantes son víctimas de una multiplicidad o concurso de delitos por parte no solo del crimen organizado, sino también de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, de policías de cualquier orden de gobierno e inclusive de miembros de las Fuerzas Armadas, lo que genera un proceso de degradación y falta de legitimidad en las Instituciones, las cuales faltan a su deber de cumplir el objeto para el que fueron creadas. Esta corrupción ha sido histórica y práctica común que impide llegar a los migrantes a su destino, de por sí adverso.

Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados pretende crear una ley que busque sancionar, de manera ejemplar, a todos los servidores públicos que atenten contra los derechos humanos fundamentales de los migrantes.

Los daños no sólo son en contra de la integridad del migrante en lo individual, sino que también compromete la estabilidad de las familias de este sector y el tejido social de dicho núcleo.

La actual Ley de Migración, si bien reconoce y sanciona el tráfico de migrantes, no ha sido lo suficiente efectiva, en virtud que el número de denuncias ha sido inferior a los hechos reales que han sido expresadas por diferentes sectores. También existen serias dificultades para hacer la integración de las averiguaciones previas y los criterios jurisdiccionales diversos provocan un sistema judicial poco efectivo y confiable que facilita la salida de prisión de las personas involucradas en actos ilícitos contra migrantes.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados LXII Legislatura estamos convencidos de que la población migratoria, nacional y extranjera, constituye un sector altamente vulnerable y consecuentemente cualquier delito cometido en su contra que vulnere o ponga en riesgo sus derechos humanos, debe constituir un delito grave, por lo que no procederá la libertad bajo caución, como sanción especial y ejemplar establecida en la Ley de Migración.

Contenido de la iniciativa

Uno de los objetivos de la presente iniciativa es adecuar la Ley de Migración al marco jurídico constitucional actual ya que la primera fue expedida el 25 de mayo de 2011 y la reforma constitucional que ponderó el respeto irrestricto a los derechos humanos que considera la Carta Magna y los tratados y convenios de que México sea parte, se promulgó el 10 de junio de 2011.

Por ello se modifica el tercer párrafo del artículo 2, se adiciona un cuarto párrafo al artículo 2 de la Ley de Migración y se adiciona el artículo 21 Bis.

Uno de los problemas sistémicos y que mayores violaciones de los derechos humanos de los migrantes generan, aun antes de la expedición de la Ley de Migración, son las arbitrarias detenciones de que son objeto los migrantes por parte de agentes de las policías o cuerpos de seguridad públicas de todos los niveles de gobierno, federal, estatales y municipales, e incluso, en algunos casos, por parte de elementos de las Fuerzas Armadas.A través de estas detenciones los servidores públicos antes señalados han perpetrado graves delitos federales como la intimidación, el cohecho, las amenazas, robo, extorsión, secuestro o violaciones en contra de numerosos migrantes, ya sean mexicanos o extranjeros. Dadas las amenazas contra muchos migrantes, no se denuncian estos graves hechos y quedan en la impunidad.

Por ello se ha incluido en el artículo 17 de la Ley de Migración una adición que establece la prohibición expresa de que ningún elemento de las Fuerzas Armadas, de las corporaciones policiacas o de seguridad pública federales, estatales o municipales podrá detener a las personas para comprobar su situación migratoria o por tener una situación migratoria irregular en el país.

Paralelamente, la adición reserva expresamente tal facultad única y exclusivamente a las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración.

En el artículo 19 Bis de la iniciativa se establece que la protección y defensa de los derechos e intereses de los migrantes, nacionales y extranjeros estarán a cargo de la Procuraduría Federal de la Defensa de los Migrantes, y que ésta se crea como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión. Se agrega que la prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones, alcances y organización se contendrán en una la ley orgánica que al efecto expida el Congreso de la Unión.

El objetivo básico de este nuevo organismo consiste en proteger los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros.

Para alcanzar el citado objetivo, la procuraduría se encargará de prestar, gratuitamente, los servicios de asesoría y representación legal para que los migrantes, nacionales y extranjeros, tengan acceso a la justicia en materia migratoria ante

• El Instituto Nacional de Migración;

• El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y

• Los tribunales federales.

También tendrá facultades para realizar visitas de inspección a las estaciones migratorias con objeto de verificar que se respeten los derechos humanos de los ahí estén alojados temporalmente y que se cumplan las disposiciones que establece la Ley de Migración.

En el artículo 19 Ter se establecen los requisitos para ser procurador o procuradora federal de la defensa de los migrantes y su forma de elección.

De igual forma, se ha detectado otro problema sistémico: en múltiples ocasiones los agentes migratorios del Instituto Nacional de Migración asignados en los aeropuertos, sobre todo en el Benito Juárez, de la Ciudad de México, suelen solicitar indebidamente visa de internación a los pasajeros de vuelos internacionales en tránsito a un tercer país y teniendo la conexión aérea dentro de las 24 horas siguientes a su llegada, como una fórmula para extorsionarlos y solicitar dádivas económicas, so pena de ser devueltos a sus países de origen. Se sabe de muchos casos en que, aun con visas, las amenazas fueron cumplidas y los agentes de migración los devolvieron a sus países de origen, con los graves daños económicos que ello conlleva para los migrantes.

Por tal razón se adicionael inciso g) a la fracción III del artículo 37 de la Ley de Migración, a efecto de señalar expresamente que no se requiere visa cuando se trate de pasajeros de vuelos internacionales en tránsito a un tercer país y teniendo la conexión aérea dentro de las 24 horas siguientes a su llegada.

Otro grave problema que se ha detectado son las bandas que cobran grandes cantidades de dinero para trasladar a migrantes desde sus países de origen hacia Estados Unidos de América, mejor conocidos como “polleros”. Dado que la inmensa mayoría de esas personas no llenan los requisitos para obtener visas legales en los consulados mexicanos, sobre todo de Centroamérica, para internarse en nuestro país, tales bandas cobran miles de dólares a las personas para trasladarlas a México y, posteriormente, a Estados Unidos de América. En no pocas ocasiones, tales bandas de “polleros” engañan a las personas que utilizan esos servicios o son totalmente abandonadas a su suerte. Existen dramáticos casos en que, incluso, han muerto en los mismos vehículos en que eran transportadas.

Paralelamente, la falta de visas legales de los migrantes, especialmente centroamericanos, ha propiciado que diversas autoridades mexicanas, como policías municipales, estatales o federales, incluyendo a funcionarios del mismo Instituto Nacional de Migración, extorsiones a esos migrantes indocumentados.

Por ello se propone adicionar el inciso I Bis al artículo 40 de la Ley de Migración, para crear una visa de tránsito, por 90 días, que beneficie a los migrantes centroamericanos, ya que éstos constituyen un elevado número de indocumentados que anualmente ingresan en nuestro país.

Con ello se pretende legalizar el ingreso en México de los migrantes de esa zona geográfica, combatir tales bandas de polleros y los actos de extorsión por parte de las autoridades mexicanas.

Con las adiciones de un último párrafo al artículo 42 y un último párrafo al artículo 86 de la Ley de Migración se pretende señalar expresamente la obligación de las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración de cumplir lo que establece el primer párrafo del artículo 16 constitucional para que sus resoluciones sean por escrito y estén debidamente fundadas y motivadas.

Finalmente, la adición del primer párrafo del artículo 161 Bis tiene por objeto lo siguiente:

• Establecer que las violaciones del artículo 17 y las conductas descritas en el artículo 148 de la Ley de Migración se consideran delitos graves en virtud de que son cometidos en contra de la población migrante que debe considerarse un sector en situación de extrema vulnerabilidad y, por tanto, no procederá la libertad bajo caución;

• Establecer que las violaciones del artículo 17 y las conductas descritas en el artículo 148 de la Ley de Migración se equipararán con el delito de abuso de autoridad descrito en el artículo 215 del Código Penal Federal;

• Establecer que en virtud de lo dispuesto en el artículo 213 Bis del Código Penal Federal, las penalidades se aumentarán en una mitad cuando el abuso de autoridad lo cometan autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración.

La adición del segundo párrafo del mismo artículo 161 Bis tiene por objeto

• Establecer que los delitos de intimidación, cohecho, amenazas, robo, extorsión, secuestro, robo de órganos, trata de personas o violación que cometan las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración también se aplicará el artículo 213 Bis del Código Penal Federal y, por tanto, las penalidades también se aumentarán en una mitad.

• Establecer que los delitos de intimidación, cohecho, amenazas, robo, extorsión, secuestro o violación que cometan las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración se considerarán delitos graves, en virtud que son cometidos en contra de la población migrante en situación de vulnerabilidad y, por tanto, no procederá la libertad bajo caución.

Fundamento legal

Por todo lo expuesto, la que suscribe, Lorenia Iveth Valles Sampedro, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 17, 37, 42, 86 y 148 y se adicionan los artículos 19 Bis, 19 Ter, 21 Bis, 40 I Bis y 161 Bis de la Ley de Migración

Único. Se modifica el tercer párrafo del artículo 2, se adiciona un cuarto párrafo al artículo 2, se adiciona una adición un primer párrafo al artículo 17, se adiciona un artículo 19 Bis y un artículo 19 Ter, se adiciona el artículo 21 Bis, se adiciona un inciso g) a la fracción III del artículo 37, se adiciona una fracción I Bis al artículo 40, se adiciona un último párrafo al artículo 42, se adiciona un último párrafo al artículo 86, se modifica el artículo 148 y se adiciona el artículo 161 Bis, todos de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 2. (...)

(...)

Respeto irrestricto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados y convenios internacionales de que el Estado mexicano sea parte,de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

De conformidad con el quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución, queda estrictamente prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

(...)

Artículo 17. Ningún elemento de las Fuerzas Armadas, de las corporaciones policiacas o de seguridad pública federales, estatales o municipales podrá detener a las personas para comprobara su situación migratoria o por tener una situación migratoria irregular en el país. Tal facultad corresponde única y exclusivamente a las autoridades migratorias del instituto. Cualquier violación de esta prohibición será severamente sancionada por las autoridades administrativas y judiciales federales, conforme al capítulo III y título octavo de esta ley.

(...)

Artículo 19 Bis. La protección y defensa de los derechos de los migrantes, nacionales y extranjeros, estarán a cargo de la Procuraduría Federal de la Defensa de los Migrantes, correspondiéndole la asesoría, representación y defensa de los migrantes que soliciten su intervención en todo tipo de asuntos que afecten sus derechos humanos o que conozcan, tramiten o resuelvan las autoridades del Instituto Nacional de Migración.

La Procuraduría Federal de la Defensa de los Migrantes se establece como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con autonomía técnica, funcional y de gestión. La prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones, alcances y organización se contienen en la ley orgánica respectiva.

Todas las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración, administrativas y judiciales, deberán prestar apoyo y colaborar con la Procuraduría Federal de la Defensa de los Migrantes en el desempeño de sus funciones.

Artículo 19 Ter. Para ser procurador o procuradora de la Defensa de los Migrantes se requiere

I. Ser ciudadano mexicano;

II. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso;

III. Tener cuando menos, treinta y cinco años de edad el día de su designación;

IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes;

V. No haber sido procurador general de la República, comisionado del Instituto Nacional de Migración, o haber pertenecido al Ejército, la Armada o corporación de seguridad pública federal, estatal o municipal durante los últimos 10 años previos al de su nombramiento;

VI. No haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito intencional que le imponga más de un año de prisión o por de delito patrimonial cometido intencionalmente, cualquiera que haya sido la pena, ni encontrarse inhabilitado para ejercer un cargo o comisión en el servicio público; y

VII. Ser de reconocida competencia profesional y honorabilidad.

La designación del procurador o procuradora federal de la Defensa de los Migrantes, será realizada por la Cámara de Diputados o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre una terna que someta a su consideración el presidente de la República.

Artículo 21 Bis. Todas las autoridades migratorias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, deberán prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos que se cometan en contra de los migrantes, sean estos nacionales o extranjeros.

Artículo 37. Para internarse en el país, los extranjeros deberán

(...)

III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

a) a f)

g) Los migrantes extranjeros que estén en tránsito aéreo hacia un tercer país y cuya conexión no exceda de un término de 24 horas.

En todos los casos en que un migrante extranjero arribe al país por vía aérea, para ingresar legalmente en el territorio nacional o en tránsito a un tercer país, y las autoridades migratorias del instituto resuelven que sea devuelto a su país de origen, dicha determinación deberá hacerse por escrito, debidamente fundada y motivada, y obligatoriamente se entregará una copia de la misma al migrante.

La violación de esta disposición será severamente sancionada conforme al artículo 161 Bis de esta ley.

Artículo 40. (...)

(...)

I Bis. Tratándose de nacionales provenientes de países de Centroamérica, se otorgarán visas de tránsito para permanecer en el territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor de noventa días, contados a partir de la fecha de entrada. Los centroamericanos que no cumplan el plazo anterior y sean deportados no serán elegibles para el otorgamiento de una nueva visa de tránsito.

Artículo 42. (...)

I. a V. ...

(...)

Tratándose de las negativas de la internación regular en territorio nacional de extranjeros, las autoridades migratorias deberán emitir su resolución por escrito, debidamente fundada y motivada.

Artículo 86. (...)

(...)

Los rechazos de internación de extranjeros deberán constar por escrito y estar debidamente fundada y motivada la resolución.

Artículo 148. El servidor público que, sin mediar causa justificada o de fuerza mayor, niegue a los migrantes la prestación de los servicios o el ejercicio de los derechos previstos en esta ley, así como los que soliciten requisitos adicionales a los previstos en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se harán acreedores a la destitución del cargo, con independencia de otras responsabilidades de carácter administrativo o penal en que incurran.

(...)

Artículo 161 Bis. La violación del artículo 17 y las conductas descritas en el artículo 148 de esta ley se considerarán delitos graves en virtud de que son cometidos en contra de la población migrante en situación de vulnerabilidad, se equipararán al delito de abuso de autoridad descrito en el artículo 215 del Código Penal Federal y se aumentarán sus penalidades conforme a lo dispuesto en el artículo 213 Bis del mismo código.

El mismo aumento de penalidades que establece el artículo 213 Bis del Código Penal Federal se aplicará a las autoridades del Instituto Nacional de Migración cuando cometan los delitos de intimidación, cohecho, amenazas, robo, extorsión, secuestro, robo de órganos, trata de personas o violación y, por cometerse en contra de la población migrante en situación de vulnerabilidad, también serán considerados delitos graves.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.— Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

* PROPOSICIONES

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz(a las 15:53 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 21 de noviembre de 2013, a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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