Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 260 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín (a las 11:17 horas): Gracias. Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 21 de noviembre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Reincorporación de diputado

De los diputados Ma. Sanjuana Cerda Franco y Sonia Rincón Chanona

Relativos a retiro de iniciativas con proyecto de decreto.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el informe final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa E005 “Servicios de Orientación Turística y Asistencia Mecánica”, así como los anexos correspondientes y el documento de posicionamiento institucional.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de octubre de 2013, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de 2012.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Con el que remite el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia, para los efectos de la fracción E) del artículo 72 Constitucional.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Agenda política

Comentarios relativos al Día Internacional de los Derechos del Niño, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Comentarios relativos al Día de la Armada de México, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 78, y adiciona un artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona la fecha “13 de agosto: Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades del Estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de Banobras, a fin de dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la Delegación Álvaro Obregón.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal implementar las acciones correspondientes a atender la problemática de la Agroindustria Azucarera Nacional.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno Federal para que rinda informe y se implementen los programas y acciones preventivas y correctivas o de remediación que se realicen en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas en todo el territorio nacional.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre el proyecto de la construcción de la autopista urbana oriente en el Distrito Federal.

De la Comisión de Ganadería, con puntos de acuerdo a fin de que la Sagarpa, establezca las acciones necesarias para implementar un programa especial de modernización de los rastros municipales, así como implementar un programa integral de manejo y tratamiento de desechos y despojos, derivados de la matanza de los animales.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice la liberación de los recursos financieros destinados al Fonden a fin de aliviar las afectaciones a las comunidades de los estados de la República afectados por la tormenta “Manuel” y el Huracán “Ingrid”.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Gobernación, agilice el destino de recursos del Fonden, especialmente para los municipios y comunidades indígenas del Estado de Guerrero afectados por los fenómenos “Ingrid y Manuel”.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para los municipios del estado de Colima; que han sido afectados por la tormenta tropical Manuel.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que emita el decreto por el cual se cree como Área de Valor Ambiental Protegida, al Parque Reforma Social en la Delegación Miguel Hidalgo.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Comedores Públicos.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Iniciativas

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 86 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 78 y 81 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena y suscrita por la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Vivienda y 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. del Código Penal Federal, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 18 y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 166 Bis y 166 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 14, 56, 57 y 72 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Eduardo Román Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Amnistía, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o., 9o. y 10 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. y adiciona un artículo 10 a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77, 78 y adiciona un artículo 192 Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Antonio Cuéllar Steffan y Fernando Zárate Salgado, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y expide la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, a cargo del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1º y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 88 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Maricruz Cruz Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 y adiciona un artículo 35 Bis a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones, a cargo del diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de los diputados José Francisco Coronato Rodríguez y Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 9o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 8o. de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Ma. Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de los Defensores de Veracruz en 1914, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1º de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 10 Bis, 10 Ter y 18 Bis a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 166 de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 70 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Playas Sustentables, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 34-Bis de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 303-B de la Ley del Seguro Social y 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 192 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 Bis y adiciona un artículo 109 Ter a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. del Decreto por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Gesta Histórica del Puerto de Veracruz, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción IV del artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Rosalba De la Cruz Requena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 27 y 29 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Alfonso Inzunza Montoya y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 178 y 192 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conade, para que investigue la presunta comisión de responsabilidades administrativas del titular de la Subdirección General del Deporte y funcionarios involucrados, asimismo, se exhorta a la SHCP, a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados en el PEF 2013, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, para que inicie las acciones pertinentes para garantizar el respeto a la integridad y los derechos humanos, políticos, de salud y reproductivos de las mujeres indígenas que viven en las comunidades gobernadas por el sistema de usos y costumbres, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que revise la cobertura del Seguro Popular, respecto de las enfermedades crónico-degenerativas, garantizando la atención de las mismas, a cargo del diputado Oscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que está publicada en la Gaceta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veinte de noviembre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y siete diputadas y diputados, a las once horas con veinticuatro minutos del miércoles veinte de noviembre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Raúl Gómez Ramírez, y Rocío Esmeralda Reza Gallegos, ambos del Partido Acción Nacional, quien solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria de la familia asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua. El Presidente hace comentarios, obsequia dicha solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie.

El Presidente hace un pronunciamiento a nombre de los integrantes de la Sexagésima Segunda de la Cámara de Diputados para expresar su reconocimiento a la escritora mexicana Elena Poniatowska, galardonada con el Premio Cervantes de literatura en lengua castellana dos mil trece, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Mario Alberto Dávila Delgado, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos setenta y siete Bis treinta y uno, y setenta y siete Bis treinta y dos, de la Ley General de Salud, presentada el veintinueve de abril del año en curso, sea retirada de la Comisión de Salud.

• Julio César Flemate Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo veinticuatro de la Ley General de Educación, presentada el veintinueve de abril del año en curso, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Humberto Armando Prieto Herrera, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Protección Civil, y de la Ley General de Educación, presentada el veintinueve de abril del año en curso, sea retirada de las Comisiones de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, con las que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Relativo a las políticas de control y combate al contrabando y piratería. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

• Relativo a los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos el quince, dieciséis y diecisiete de septiembre en Zirándaro y Huetamo. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

c) Del Gobierno del estado de Aguascalientes, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al fortalecimiento y aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

d) Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Hidalgo y del Gobierno del estado de Jalisco, con las que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los sesenta años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México. Se remiten a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

e) De la Cámara de Senadores:

• Por la que comunica su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados del treinta de abril de dos mil trece, por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma el artículo sesenta y dos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. De enterado, se integra el expediente y se tiene por concluido el procedimiento Legislativo.

Con la que devuelven expedientes de las Minutas con proyecto decreto:

• Que reforma el artículo doscientos cuarenta y seis del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Que reforma el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de mil novecientos noventa y cinco, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Que reforma el artículo treinta y siete, y adiciona un segundo párrafo al artículo setenta Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Que reforma la fracción cuarta del artículo seis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Con las que se remiten Minutas con proyecto de decreto:

• Que reforma el párrafo cuarto y adiciona los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo quinto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Que reforma el artículo trescientos noventa del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Que adiciona un párrafo segundo al artículo cuatro de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

En el capítulo de Agenda Política hacen comentarios relativos al veinte de noviembre, Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, los diputados: María Sanjuana Franco Cerda, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Rafael González Manríquez, del Partido Acción Nacional; y Angelina Carreño Mijares, del Partido Revolucionario Institucional.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma los artículos veintisiete y veintiocho, y adiciona un artículo setenta y ocho Bis a la Ley General de Vida Silvestre.

b) De Vivienda, que adiciona un segundo párrafo al artículo setenta y uno de la Ley de Vivienda.

c) De Marina, que expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

d) De Salud, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

e) Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables, que reforma la fracción séptima del artículo tres de la Ley General de Desarrollo Social.

f) De Asuntos Indígenas, que reforma la fracción quinta del artículo tres de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

g) De Igualdad de Género, que adiciona una fracción décima segunda al artículo diecisiete de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

h) De Pesca, que adiciona diversas disposiciones al artículo diecisiete de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

i) De Reforma Agraria, que reforma el artículo setenta de la Ley Agraria.

j) Gobernación, que adiciona la fecha “trece de agosto: Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan en mil novecientos catorce” al inciso a) del artículo dieciocho de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de valores. Se integra en el Diario de los Debates la intervención de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática; Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Partido Acción Nacional; Héctor Humberto Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; y Leticia Calderón Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul realiza comentarios la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática.

A las trece horas, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos dos diputadas y diputados.

Sin más oradores inscritos, y no habiendo artículos registrados, en votación nominal por unanimidad de trescientos cincuenta votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de valores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada María Isabel Ortiz Mantilla. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; José Humberto Vega Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática; Gerardo Peña Avilés, del Partido Acción Nacional; y

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

y Minerva Castillo Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, y no habiendo artículos reservados, en votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y siete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) De Gobernación, que reforma los artículos cincuenta y nueve, sesenta y dos, sesenta y tres, y sesenta y tres Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil once. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México; Carla Guadalupe Reyes Montiel, del Partido de la Revolución Democrática; Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional; y Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados y no habiendo artículos reservados, en votación nominal por trescientos quince votos a favor, cuarenta y seis en contra, y tres abstenciones se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa la delegación de diputadas y diputados que asistirán a la Quincuagésima Primera Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos a celebrarse en la Ciudad de México, los días veintiuno y veintidós de noviembre de dos mil trece. Interviene para referirse al tema el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a los diputados:

• Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a boletinar y evidenciar a través de las instancias correspondientes, a todas las gasolineras del país que no hayan cumplido con lo establecido en las normas cero cero cinco, y ciento ochenta y cinco, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en qué gasolineras sí se puede comprar litros de a litro. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo; Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Mario Rafael Méndez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; José Enrique Reina Lizárraga, del Partido Acción Nacional; y Javier López Zavala, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul realiza comentarios el diputado Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inicie un proceso de Acción de Inconstitucionalidad para derogar las disposiciones de la Ley del Agua del Estado de Puebla, violatorias de los derechos establecidos en los artículos cuarto, y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría da lectura a los resolutivos del punto de acuerdo. En votación económica no se considera de urgente resolución y se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y Gobernación, para dictamen, y a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agua Potable y Saneamiento, para opinión.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Consuelo Argüelles Loya, suscrita por diversos diputados integrantes del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a las Comisiones Unidas de Cambio Climático y de Energía, para dictamen, y a las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Consuelo Argüelles Loya, suscrita por diversos diputados integrantes  del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Valentín Maldonado Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cincuenta y cinco, cincuenta y seis, y cincuenta y nueve del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo sesenta y dos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley que regula los beneficios de quienes hayan ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Se turna a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• Raymundo King De la Rosa, Lizbeth Loy Gamboa Song y Eduardo Roman Quian Alcocer, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que revise las tarifas eléctricas en los diferentes municipios del estado de Quintana Roo, a fin de que se equiparen a las que aplican en las otras entidades federativas de la península de Yucatán. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, por el que esta Soberanía se manifiesta a favor de la realización de una Reunión Interparlamentaria Trilateral, con la participación de los congresos de México, Estados Unidos y Canadá, en el contexto del vigésimo aniversario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Congreso del estado de Tlaxcala, para que derogue las recientes reformas a los artículos doscientos treinta y ocho, doscientos treinta y nueve, y doscientos cuarenta del Código Penal, que criminalizan a las mujeres y restringen su derecho a la salud. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implemente un Programa de detección de diabetes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Antonio Hurtado Gallegos y Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a fin de adecuar los planteles educativos para las personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a fin de que disponga las medidas para que el material impreso con contenido sexual o pornográfico sólo pueda exhibirse dentro de bolsas negras y con advertencias de su contenido. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal e instancias competentes, a establecer los mecanismos necesarios a fin de evitar todo tipo de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• María del Roció Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a proteger las artesanías representativas de los Estados, mediante una declaración de Denominación de Origen. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a condecorar con la Orden del Águila Azteca a la señora Hillary Rodham Clinton, en reconocimiento a sus servicios prominentes a favor de la Nación Mexicana. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, con relación a la violación del artículo sesenta y dos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por parte del titular del Ejecutivo Federal, respecto a la recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Baja California, al Ayuntamiento de Ensenada y dependencias federales a realizar una revisión a fondo y en su defecto abrogar la modificación hecha al proyecto del Reglamento de Zonificación y uso de suelo en los Valles Vinícolas de la zona norte de Ensenada. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, relativo a los abusos cometidos por policías de tránsito y operadores de grúas en la Ciudad de México. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, con el propósito de erradicar la enfermedad de chagas del país, se realicen campañas de prevención y fumigación del vector transmisor. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Noé Barrueta Barón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía, a fin de atender la problemática de la comercialización de maíz y otros granos alimenticios y pecuarios. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo estatal, al Congreso y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guanajuato, realicen las acciones necesarias para prevenir, detener y atender la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, relativo a los abusos e irregularidades en la prestación de servicios de los depósitos de vehículos en todo el país. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que se pague a los trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, el monto completo de su prima de antigüedad, con base a los fondos de la denominada “Cuenta Secreta”. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano, relativo a los feminicidios en el estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que se adopten las acciones necesarias, para que no se repitan hechos como la muerte del jornalero agrícola José Sánchez Carrasco, que murió sin ser atendido por los médicos del Hospital de Guaymas, Sonora. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, para que se realice una investigación sobre los asesinatos de dirigentes y activistas campesinos en el estado de Guerrero, a fin de castigar a los responsables. Se turna a la Comisión de de Derechos Humanos, para dictamen.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que haga del conocimiento público las causas de la tragedia ocurrida en la fábrica de dulces Blueberry, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Juez dieciocho Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que haga una valoración adecuada de las pruebas en el juicio y, emita una resolución imparcial sobre el caso “Presuntos Culpable”. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral, para que haga pública la información relativa a la filtración de datos del padrón electoral, a través de una página web, con el objetivo de fincar responsabilidades. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana jueves veintiuno de noviembre de dos mil trece, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cincuenta y tres minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría ahora a ponerla a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo de manera respetuosa y con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Cámara de Diputados, informo a usted que a partir del 1 de diciembre de 2013 me reincorporaré a mis actividades legislativas como diputado federal a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, electo en el distrito 10 de Puebla.

En mérito de lo expuesto, le agradeceré dicte sus apreciables instrucciones para que se realicen los trámites legales y parlamentarios conducentes particularmente, la notificación correspondiente a la diputada Liliana Castillo Terreros, en su carácter de mi suplente en funciones.

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración y le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.— Diputado Julio César Lorenzini Rangel (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De enterado. Comuníquese.

RETIRO DE INICIATIVAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77 párrafo segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones para que sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentada por la suscrita y publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía el 18 de abril pasado, y que fue turnada el 29 de abril de los corrientes a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para el dictamen correspondiente.

Agradeciéndole de antemano su atención a la presente, reciba usted mis saludos más cordiales.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.— Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito amablemente, en mi calidad de proponente, sea retirada definitivamente de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, que presenté el mes pasado.

Agradezco como siempre sus finas atenciones. Le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.— Diputada Sonia Rincón Chanona (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

SERVICIOS DE ORIENTACION TURISTICA Y ASISTENCIA MECANICA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; en el artículo 28, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013; y en las fracciones I, II y IV del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito remitir copia del oficio número SPT/413/2013, signado por el licenciado Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo, así como el anexo en medio magnético, mediante los cuales envía el informe final de la evaluación de consistencia y resultados del programa E005, “Servicios de Orientación Turística y Asistencia Mecánica”, así como los anexos correspondientes y el documento de posicionamiento institucional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 19 de noviembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Turismo.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, jefe de unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento al artículo 28, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I,II y IV del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en los numerales décimo séptimo y vigésimo noveno de los lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la administración pública federal; y en los numerales 11, 16 y 31 del Programa Anual de Evaluación 2013, me permito enviarle el informe final de la evaluación de consistencia y resultados del programa E005, “Servicios de Orientación Turística y Asistencia Mecánica”, así como los anexos correspondientes y el documento de posicionamiento institucional.

Al respecto, y de conformidad con el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; mismo que señala que corresponde a la Secretaría de Gobernación conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión. En este sentido, solicito que por su conducto se haga llegar el Informe en comento a las Cámaras de Senadores y Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2013.— Licenciado Salvador Sánchez Estrada (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a octubre de 2013, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de 2012.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 15 de noviembre de 2013.— Doctor Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISION PENITENCIARIA CORRESPONDIENTE A 2012

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado Federal Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Distinguido diputado federal:

Por medio del presente comunico a usted que el martes 19 de noviembre de 2013 esta Comisión Nacional emitió el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente a 2012.

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 19 de noviembre de 2013.— Doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al Día Internacional de los Derechos del Niño. Para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia, compañeras, compañeros legisladores, la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada, abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1989, mediante la resolución 44/25 y entró en vigor el 2 de diciembre de 1990.

Este instrumento internacional ha sido el más ratificado por toda la comunidad internacional, por tanto, son Estados parte casi la mayoría de los estados de dicha comunidad. Define dicha convención al niño, como todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad.

El eje central de esta convención, de la Convención de los Derechos del Niño es la no discriminación. Por tal motivo, se obliga a los Estados parte a asegurar los derechos regulados en el instrumento a todo niño que se ubique dentro de su jurisdicción, sin realizar distinción alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico, social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

Los derechos a que alude esta Convención de los Derechos del Niño y que deben garantizarse de manera efectiva, sin discriminación alguna, son entre otros los siguientes:

El derecho a la vida, a su registro, nombre, nacionalidad. Conocer a sus padres. Preservar su identidad, incluidos nacionalidad, nombre, relaciones familiares. A no ser separado de sus padres. A la reunificación familiar, relaciones personales y contacto directo con ambos padres.

A ser escuchado en todo proceso judicial que le afecte. A la expresión, incluida la de buscar, recibir, difundir ideas de todo tipo, de pensamiento, consciencia y de religión. El derecho de asociación y de celebrar reuniones pacíficas. A no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. A la protección que su condición de menor exige cuando sean privados temporal o permanentemente de sus padres.

En caso de adopción, a que se cuide siempre el interés superior del niño. A garantizar que se obtenga el estatuto de refugiado cuando se encuentre solo o acompañado de conformidad con la normativa internacional. A la salud, a los niños impedidos física o mentalmente a recibir cuidados especiales. En caso de internamiento del menor a recibir protección, atención y tratamiento que su salud física o mental exigen.

A la seguridad social y al seguro social. A un nivel adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. A la educación. A la protección contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer la educación o sea nocivo a su desarrollo.

A la protección —subrayo— contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. A que se tomen todas las medidas necesarias para impedir —subrayo— secuestro, venta o trata de niños. A que se respeten las normas del derecho internacional humanitario. A las medidas apropiadas de recuperación física, psicológica y reintegración social del niño víctima de conflictos armados, abandono, explotación, abuso, tortura u otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El derecho de acceso a la justicia. En caso de comisión de delitos por un menor a disponer de diversas medidas alternativas —lo subrayo de manera especial— en caso de privación de la libertad, como: la libertad vigilada, colocación en hogares de guarda, programas de enseñanza y formación profesional. El derecho a la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar; los niños que pertenezcan a una minoría étnica, religiosa o lingüística o a una comunidad indígena a gozar de su propia vida cultural; el derecho a no ser torturado, ni a recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser privado de la libertad de manera ilegal o arbitraria y en caso de ser privado de la libertad a ser tratado con humanidad y con el respeto que merece.

De todos estos derechos, desgraciadamente, un sector muy importante del grupo de los niños, que es uno de los grupos más vulnerables en la sociedad, desgraciadamente ni el gobierno federal, ni los estatales o locales, ni la propiedad sociedad son capaces de garantizar hoy en día a todos los niños estos derechos.

Por citar algunos ejemplos, se encuentran en estado de absoluto abandono, todos los niños que se encuentran en la calle, los niños migrantes, muchos de los niños indígenas que son obligados, algunos son explotados sexualmente, otros son explotados laboralmente, otros son secuestrados también por las mismas fuerzas de los sicarios o narcotraficantes, son reclutados por ellos, y en nuestra sociedad y en nuestro estado no ocurre cambio alguno.

Hay impunidad tanto por lo que es penar a los funcionarios responsables o como también pudiera uno imaginarse a los delincuentes del crimen organizado que también secuestran a estos menores; este día es más que oportuno para hacer votos y reflexionar, en que hay una obligación no solamente del Estado sino de toda la sociedad hacia los niños.

Además, de que existe un marco legal, más que rico, este instrumento internacional que se coloca al mismo nivel de nuestras normas constitucionales, en razón del artículo 1o. constitucional debería de garantizarse de manera efectiva hacia todos los niños.

El Partido del Trabajo se encomienda abiertamente para que se hagan efectivos estos derechos y que los estados de la República y el mismo Estado federal hagan efectivo el goce y garantía de los mismos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra, el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Este día 20 de noviembre es nuestro deber, como garantes de los derechos, conmemorar el Día Universal del Niño, fecha que como lo establece la ONU, tiene que dedicarse a la fraternidad y comprensión entre las y los niños del mundo entero. Así es como debemos destinar nuestras actividades para promocionar el bienestar de nuestra niñez mexicana.

Es importante trabajar por una agenda para y por la infancia. Los temas son varios, entre ellos el maltrato en el entorno familiar; la violación de los derechos en el hogar y por parte de las instituciones; la falta de una adecuada educación sexual; el cada vez más fácil acceso a las drogas y al bullying escolar.

No podemos hablar de logros mientras los menores sientan peligro en los lugares donde deberían sentirse bien resguardados. Las necesidades de la infancia se deben mantener como un elemento central en los procesos de planificación urbana y de desarrollo de infraestructura, de prestación de servicios y en los esfuerzos destinados a reducir la pobreza y la desigualdad.

Del mismo modo, no podemos perder de vista la marcada desnutrición a nivel mundial que trae consigo más de un tercio de las defunciones de niñas y niños menores de cinco años de edad. En los países de bajos ingresos la desnutrición infantil suele ser producto de la pobreza; y, en el extremo opuesto, la obesidad afecta cada vez más a la niñez de las zonas urbanas de países de altos y medianos ingresos.

Los niños de las zonas pobres cada vez tienen menos posibilidades de asistir a la escuela. En México falta poner mayor énfasis en asuntos como la desigualdad en la asignación de recursos para desarrollar políticas públicas a favor de la infancia, la no discriminación, el interés superior del niño y el derecho a la vida, la supervivencia y el progreso.

Es necesario generar bases de datos oficiales que nos establezcan la realidad en que viven las niñas y los niños de nuestro país ante la vulnerabilidad que viven día a día. De esta forma podremos generar estrategias de prevención con enfoque hacia los derechos de la niñez.

Actualmente, según el Inegi, existen más de 18 millones de niñas y niños que viven en situación de pobreza, lo que representa el 56.3 por ciento del total de menores que habitan en nuestro país, que es un total de 35.5 millones.

Esta situación marca una acentuada disparidad en la calidad educativa, explotación laboral y sexual, abuso y acoso escolar que impiden que nuestras niñas y niños puedan desarrollarse en un ambiente sano y apto para su posterior desenvolvimiento como padres de familia, ciudadanas, ciudadanos y personas comprometidas con el bienestar de nuestro país.

Por ello, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza insiste en la urgencia de que nuestro trabajo legislativo traiga consigo la modernización prometida y el fortalecimiento efectivo de la infraestructura educativa que se requiere, del mismo modo que las pasadas reformas de la Ley Federal del Trabajo surtan los efectos positivos y pongan fin a una triste realidad de más de 3 millones de niñas y niños que tienen la edad entre 5 y 17 años, que realizan actividades económicas y laborales, de los cuales el 47 por ciento de ellos no reciben ninguna remuneración económica.

Si bien es importante conmemorar este día, también es necesario trabajar todo el año desde nuestra posición como legisladores y legisladoras para construir mejores leyes, que protejan a nuestras niñas y niños, para incrementar la inversión en educación, para evitar el trabajo y las adicciones, para sembrar la cultura democrática y de equidad desde edades tempranas a los mexicanos y mexicanas de nuestro país.

Sirva esta ocasión para que desde esta máxima tribuna hagamos una profunda reflexión crítica y comprometida sobre los temas pendientes que aún tenemos con la niñez mexicana, así como respaldar y fortalecer y articular los esfuerzos de los diferentes actores con el fin de enriquecer el análisis y la experiencia, en aras de avanzar en la construcción de una agenda pública común pero que sea siempre a favor de la niñez mexicana. Muchas gracias, diputado presidente y gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y es un instrumento internacional, el cual establece que todas las niñas y niños tienen derechos y su cumplimiento es obligatorio para todos los países que sean parte del acuerdo, México dentro de ellos.

De acuerdo a la convención, los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes deben ser el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.

De acuerdo a las proyecciones de Inegi, en 2013 existen 40.4 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años en nuestro país, lo cual representa el 34 por ciento de la población total.

De acuerdo con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, 12.6 millones de los 19.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 a 17 años que participan en actividades económicas, prácticamente dos de cada tres, lo hacen en trabajos no permitidos, lo cual implica una situación de explotación económica con altos niveles de riesgo de enfrentar abuso y maltrato.

Datos de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia incorporada al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia señalan que durante 2010 en 26 de las 32 entidades o sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, se atendieron 32,068 reportes de maltrato infantil y en 17,800 casos se comprobó el maltrato.

De acuerdo a la investigación realizada por Animal Político en el artículo Los niños del hampa, se estima que actualmente en México la delincuencia organizada mantiene esclavizados a más de 25 mil menores de edad.

También de acuerdo a investigaciones que se realizaban en el Senado, que incluso provocó un libro de mi compañero diputado y coordinador, el diputado Ricardo Monreal, llamado Los Escuadrones de la Muerte en México, señala cómo el 40 por ciento de la composición de estos ejércitos irregulares, de estos grupos de personas que se dedican únicamente a matar y que ascienden a alrededor de 200 mil personas en el país, se tiene la cifra de que el 40 por ciento de estas personas tienen una edad entre 18 y 29 años, y se llega a la conclusión, de acuerdo a averiguaciones previas consultadas y a fuentes estatales y federales, que podrían ser alrededor de 35 mil niños que se dedican a esta labor y que participan dentro de los escuadrones de la muerte.

En la actualidad son 2.6 millones de niños los que presentan síntomas de desnutrición, la mitad de éstos tienen problemas de peso y talla. Según informes del Instituto Nacional de Nutrición, la desnutrición afecta al 40 por ciento de los niños mexicanos, los mayores índices de desnutrición crónica se registran en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche, Oaxaca y Guerrero, producto de la grave desigualdad que sufre el país.

Datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación afirman que al terminar la educación básica se observan rezagos de aprendizaje de los niños. Por ejemplo, al concluir el nivel escolar, casi el 10 por ciento de éstos no sabe que se lee de izquierda a derecha.

Al terminar la primaria cerca del 12 por ciento no puede resolver operaciones de multiplicación y división con números enteros. El 27 por ciento no reconoce que los alimentos en mal estado, las bebidas alcohólicas y el tabaco son factores que alteran el funcionamiento del cuerpo.

Si es que alguien nos pone atención, y si no, pues me dirijo a la gente que nos mira por el Canal del Congreso, quiero citar la Red por los Derechos de la Infancia en México, que en su documento La infancia cuenta en México, 2012, concluye después de un sólido análisis, entre otras cosas, lo siguiente.

A pesar de que en México en la última década se han venido gestando grandes avances en la garantía de los derechos de la infancia, éstos no han resultado suficientes para cumplir plenamente con los compromisos derivados de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, así como la reforma a los artículos 4 y 73 ofrecen un campo de oportunidad para resignificar a los derechos de las niñas, niños y adolescentes fuera del ámbito de lo privado y lo local y colocarlos dentro de los temas estratégicos del Estado, facultando al Congreso para que emita un ley general que marque un estándar mínimo de garantías y de derechos que pueda ser obligatorio para todo el territorio nacional.

Debemos estar conscientes que la promulgación de una ley de los derechos de la infancia no cambiará de facto el paradigma tutelar aún existente en México, ni tampoco bastará por sí sola para garantizar de manera efectiva los derechos de niñas, niños y adolescentes. La consecución de la ley general representaría un punto de partida para seguir avanzando en la garantía de los derechos de la infancia en México.

En ese punto nos encontramos. Todavía no hemos llegado a ese punto de partida, pero en la Comisión de Derechos de la Niñez estamos llegando a esa gran posibilidad para beneficio de las niñas y niños que no nada más requieren del reconocimiento del Estado o de discursos aquí desde la Cámara, sino sobre todo la restitución de sus derechos en los casos en que éstos hayan sido vulnerados, y las instituciones encargadas para lo mismo.

Yo quiero por último llamar la atención, si es que eso es posible, a esta Cámara de Diputados y en particular hacer una solicitud a la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, que se ha entregado de tiempo completo a las tareas de su tema y a quien le agradezco formar parte de ese equipo de trabajo, órgano de la propia Cámara, a la diputada Verónica Juárez.

Ojalá todas las diputadas y todos los diputados leyeran este libro. Después de leerlo estoy seguro que si algún día les preguntan cuál es uno de los libros que más les ha significado en la vida, seguramente van a decir La infancia cuenta en México, y me parece que la Cámara de Diputados, diputada Verónica Juárez, a través de su Comité Editorial debería hacer un esfuerzo para editar este libro y además de que lo lean los diputados, pueda ser un insumo, un material de trabajo en todos los sectores académicos, sociales, de investigación y políticos donde se trabaje a favor de las y los niños.

Diputado, por su paciencia y consideración, porque yo veo que usted sí me está poniendo atención, muchísimas gracias, y es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado.

Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes y maestros de la carrera de gestión y políticas públicas, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, campus Zona Huasteca, en Ciudad Valles, que están hoy aquí invitados por la diputada Zita Beatriz Pazzi Maza. Bienvenidos a la sesión.

También a los estudiantes de la Universidad Olmeca, de Tabasco, que están aquí invitados por el diputado Juan Francisco Cáceres. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados. También por supuesto a los estudiantes de la Universidad del Valle de Atemajac, del campus de Colima, de la licenciatura en derecho, que están hoy aquí acompañándonos. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta sesión.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los compañeros. A nombre del Partido Verde Ecologista de México nuestro posicionamiento.

Es un honor el que podamos iniciar con este punto tan memorable, como es el reconocimiento del día universal de la infancia. Asimismo, de los derechos de los niños, conmemorar en cuanto fue su convención y que fue aprobada.

La definición de infancia es desde el nacimiento hasta la pubertad, ahí es donde se define la mayoría de las personalidades y de las acciones que podemos realizar a lo largo de nuestra vida. Para nosotros, como Grupo Parlamentario del Partido Verde, no solamente es conmemorar este día, es reflexionar en todo lo que podemos hacer y lo que podemos desarrollar desde nuestra instancia como diputados federales.

La desigualdad, la discriminación y la violencia tienen, desde nuestro punto de vista, en las niñas y en los niños, una solución, una solución que si la atendemos adecuadamente y que si seguimos por el camino en el cual hemos transitado, mejorando sus derechos, ayudando a sus vacunaciones, nacionales e internacionales, un resultado claro es que hoy tenemos casi un porcentaje mínimo, casi llegado a cero de lo que es la poliomielitis, que fue una enfermedad que atacó mucho a la infancia en años anteriores, y que hoy más niñas y niños pueden acudir a recibir una educación adecuada.

Nos parece que tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando hoy en el tejido social de los adultos. Si un niño no recibe la instrucción adecuada, quiere decir que estamos fallando en todo lo que tiene que ver con los planteles y con la visión y política educativa. Si un niño ingresa a la delincuencia organizada, quiere decir que estamos fallando en los programas de prevención social.

Para nosotros es muy importante que la niñez que tenemos hoy en nuestro país sea el reflejo de lo que está sucediendo a lo largo y ancho de nuestros estados. Si atendemos puntualmente, con la legislación adecuada y la protección de los derechos y las oportunidades de los niños, seguramente empezaremos a notar resultados a mediano y largo plazo.

Las cifras en nuestro país no son muy alentadoras en lo que tiene que ver con la infancia involucrada en violencia o en crimen organizado. Hay datos duros que reflejan la realidad que vivió y que vive nuestro país.

Hay dos formas de interpretarlo. La violencia puede estar llegando a los sectores más vulnerables de nuestro país porque, paradójicamente, donde se comete la mayor integración de la infancia en la violencia es en donde se concentran las comunidades, colonias y municipios con mayor marginación social.

Sería una forma de interpretar que la violencia cada vez va avanzando a los grupos vulnerables o que el crimen organizado también está cada vez reclutando más a la infancia de nuestro país.

Para nosotros como Partido Verde estamos convencidos que hay que empezar a romper paradigmas en lo que tiene que ver con el tema de la infancia. La niñez no es destino, la niñez es futuro. La niñez puede ser solvencia social, solvencia moral para toda nuestra sociedad, de nuestros estados.

Estamos ciertos de que hoy festejamos y conmemoramos este día tan importante. Tenemos que trabajar firmemente en que se cumplan todos los objetivos que se han trazado dentro de las comisiones, la reglamentación, la normatividad y que podamos ayudar a nuestra niñez a que puedan desarrollarse y tomar sus decisiones propias a un mediano y largo plazo.

Recordemos una cita del maestro Jesús Reyes Heroles, que hay juventud de cien años y vejez antes de tiempo.

No dejemos que nuestra niñez se vuelva adulta antes de que jueguen entre ellos mismos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su permiso, señor presidente, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La Asamblea General de la ONU, el 20 de noviembre de 1989, adopta en Nueva York la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que se le reconoce como el tratado más confirmado de la historia, convirtiéndose en el instrumento de derechos humanos más ampliamente refrendado por la humanidad.

La Convención representa el consenso de las diferentes culturas y sistemas jurídicos de la humanidad en aspectos tan esenciales como la relación del niño con la familia, los derechos y deberes de los padres y del Estado, y las políticas sociales dirigidas a la infancia. Consta de 54 artículos, los cuales establecen los derechos económicos, sociales y culturales de las niñas y los niños.

Asimismo, reconoce que en todos los países del mundo hay niños y niñas que viven en condiciones excepcionalmente difíciles, y que por tanto, estos menores de edad necesitan de especial atención. En numerosos países, incluso el nuestro, la vida de las niñas y los niños está amenazada por la violencia en todas sus diversas manifestaciones. De los conflictos armados, de la falta de acceso a la educación, de la desnutrición, del trabajo infantil, de las adicciones, de la trata de personas, de la explotación sexual y otras violaciones a sus derechos humanos.

Las niñas y los niños que viven en las zonas rurales tienen menos oportunidades de desarrollo, como una educación de buena calidad o el acceder a servicios de salud, o a otros servicios en términos de igualdad de condiciones con las niñas y los niños de las ciudades.

La Convención afirma que tales disparidades en el marco de las sociedades son también una violación a los derechos humanos de las niñas y los niños. La Convención otorga la misma relevancia a todos y cada uno de los derechos de las niñas y de los niños.

No existe ningún derecho pequeño ni tampoco una jerarquía en los derechos humanos, todos los derechos enunciados en la Convención, tanto los derechos civiles, políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales, son indivisibles, están relacionados entre sí y su objetivo principal es que el Estado proteja y desarrolle la personalidad integral de la niña y del niño. Éste es el verdadero desafio al que hoy nos encontramos.

La Convención busca la construcción de nuevas perspectiva en torno a las niñas, los niños y los adolescentes. Con ella, estas personas pasan a ser objetos de protección a sujetos de derechos.

En este sentido las niñas, los niños y los adolescentes son personas en formación, y por tanto, no son propiedad de sus padres ni de sus madres, ni de las personas que se encuentren a su cargo. Son personas con derechos plenos y responsabilidades adaptados a la etapa de su desarrollo. Al reconocer sus derechos de esta manera la convención orienta firmemente su mandato hacia la personalidad integral de la niña o el niño.

Datos estadísticos nos demuestran que en 2010 había más de 39 millones de niñas y de niños menores de 18 años, lo que representaba el 34.9 por ciento. De estos, de acuerdo al estudio de pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México 2008-2010, realizado por la Unicef y el Coneval, nos dicen que 21.4 millones de niñas, niños y adolescentes viven en pobreza, que 56 por ciento de los menores de cinco años son pobres, que 7 de cada 10 niñas y niños indígenas viven en la miseria, que 3 de cada 4 niñas y niños menores de 17 años presentan alguna carencia de sus derechos sociales.

Lo anterior nos indica que este grupo poblacional es el que más enfrenta y resiente la inequidad, la pobreza, la injusticia social, y también la violencia familiar, el problema del narcotráfico en las comunidades, la prostitución infantil, la pornografía, el tráfico de personas, la migración de las niñas y de los niños no acompañados, la explotación laboral infantil, las niñas y los niños en instituciones de cuidado alternativos y en conflicto con la ley, niños y niñas con discapacidad y con VIH-sida, entre otros.

Hasta el momento las leyes nacionales carecen de disposiciones para que los niños, las niñas y los adolescentes que hayan sido víctimas de maltrato o cualquier otro acto discriminatorio puedan beneficiarse de medidas que permitan su recuperación física y psicológica, y su reintegración social, como lo estipula el artículo 39 de la Convención de los Derechos del Niños.

Por ello es urgente lograr la modificación de esta problemática que afecta profundamente a la niñez mexicana, impulsando entre otras cosas la firma del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicación.

Este protocolo es un gran paso dentro del marco internacional de los derechos humanos de las niñas, de los niños y adolescentes. En primer lugar amplía y fortalece el reconocimiento de ellos y de ellas como sujetos de derechos, ya que permite que ellos mismos y sus representantes acudan directamente ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a presentar sus quejas sobre violaciones de sus derechos, siempre y cuando las instancias legales a nivel nacional se hayan agotado o que los mecanismos regionales o nacionales sean insuficientes.

La Convención, junto con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, representa un cambio sin precedentes para el sistema jurídico mexicano en general y en particular para las Legislaturas de los estados, quienes tienen el deber y la obligación de armonizar sus leyes para hacer efectivo el ejercicio de los derechos y para promover la equidad al ser de carácter vinculante directo, y de interpretación que concede deberes y obligaciones al Estado a los que México se ha comprometido.

Ésta es la punta de lanza para la realización del cambio cultural y social que requiere nuestro país para concretar un verdadero estado de derecho a favor de la niñez. Sirva pues este aniversario, el número 24 de la Convención de los Derechos del Niño, para hacer un llamado a todas las Legislaturas locales, para hacer un llamado a todos los diputados federales, a todos los legisladores, para que podamos armonizar la Convención con nuestras leyes, para garantizar de esta forma los derechos de las niñas, niños y adolescentes a lo largo y ancho de todo el país.

Ojalá que muy pronto podamos ser congruentes y podamos tener lo que ya se mencionaba aquí, una ley general de garantías para niñas, niños y adolescentes, ésa será una respuesta inmediata a todas las omisiones que hemos tenido con esta parte de la población que carece de una serie de cosas y que sus derechos han sido vulnerados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Carmen Lucia Pérez Camarena:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Desde 1989 cada 20 de noviembre celebramos el Día Internacional de los Derechos del Niño, y recordamos que si bien mucho hemos avanzado todavía queda mucho por hacer para el cumplimiento cabal de todos los derechos para todas las niñas y los niños.

Hace 24 años la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño, primer instrumento internacional legalmente vinculante que afirma los derechos humanos para todos los niños, niñas y adolescentes, en todos los países y culturas, en todo momento y sin excepción alguna.

La Convención establece principios fundamentales, que en materia de los derechos de niñez deben guiar el quehacer legislativo, político y de la sociedad en su conjunto. El interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia y el desarrollo, así como la opinión y participación de las personas menores de 18 años de edad en todos aquellos aspectos de la vida que les concierne.

Hoy, en el marco del vigésimo cuarto aniversario de este importante ordenamiento vinculante es una tarea obligada reflexionar sobre lo alcanzado, pero también sobre los muchos retos que restan por conseguir, para que todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean una realidad.

La información oficial nos debe mover a la reflexión, pero también a la acción. No podemos permanecer inmóviles ante la realidad. La situación nutricional de niñas y niños menores de cinco años ha tenido avances considerables en las últimas dos décadas en México; sin embargo aún cuando la desnutrición crónica disminuyó en 2012 a la mitad de la prevalencia de 1988, ésta sigue siendo elevada pues representa casi 1.5 millones de menores de cinco años en dicha condición, aunque los porcentajes de cobertura educativa son altos en México.

De acuerdo a datos del Censo General de Población y Vivienda 2010, más de seis millones de niñas y niños entre 3 y 17 años, están fuera de la escuela. Adicionalmente persisten retos significativos para garantizar una educación de calidad que asegure resultados equitativos de aprendizaje para toda la población en edad escolar, independientemente de su origen étnico o ubicación geográfica.

En lo referente a la mortalidad infantil se ha avanzado de manera constante en su reducción. Entre 1990 y 2012, la tasa de mortalidad infantil disminuyó de 39.2 a 13.2 por cada mil nacidos vivos. Sin embargo, a pesar que el promedio nacional ha disminuido notablemente, la mortalidad infantil continúa siendo elevada en estados del sur del país como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, donde existe una alta proporción de población indígena.

Por otro lado, desde 1990 la razón de mortalidad materna ha disminuido de 89 casos por cada 100 mil nacidos vivos a 53.5 en 2010. En este contexto, es poco probable que el país cumpla con la meta de llegar a una razón de mortalidad materna de 22 muertes por cada 100 mil nacidos vivos para 2015, fijada en los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

Otro tema preocupante hoy en día es la violencia contra las niñas y los niños. Todos estamos de acuerdo en que es una amenaza muy importante para su desarrollo. En México, de acuerdo al Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica, dos terceras partes de niñas, niños y adolescentes de escuelas en el país expresaron haber recibido al menos una agresión física durante los últimos del años. Y de acuerdo a la Encuesta de Maltrato infantil y adolescentes, entre 55 y 62 por ciento de los adolescentes en secundaria señalan haber sufrido alguna forma de maltrato en algún momento de su vida.

Asimismo, a pesar de que hasta el momento no han sido publicadas las cifras oficiales del número de niñas, niños y adolescentes que han fallecido en el contexto del combate contra y entre el crimen organizado, la percepción general es que las niñas, niños y adolescentes han sido impactados por el incremento de la violencia causada por el crimen organizado en el país y por las operaciones para su combate.

Compañeras y compañeros legisladores, ciertamente que a partir de la ratificación de la Convención por el Estado mexicano los progresos han sido notables, sin embargo es claro que aún quedan muchos pendientes por cumplir en la labor de superar las disparidades que persisten en el país.

Un enfoque de desarrollo basado en los derechos de la infancia contribuye a que se produzcan transformaciones sociales, económicas y jurídicas necesarias para hacer del mundo un lugar más justo y habitable.

Días como el 20 de noviembre sirven para recordar que los derechos de la niñez están ratificados pero no garantizados, por ello trabajemos para crear una legislación especial para cada uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Se requiere de un marco legal que considere a los menores de edad como sujetos de derechos y no sólo de protección. Para Acción Nacional los derechos humanos son expresión concreta de la dignidad humana. Sin el respeto cabal a los derechos humanos no hay democracia.

Aprovecho para felicitar a mis compañeras y compañeros de la Comisión de la Niñez por el trabajo que se ha venido realizando y los invito a que pronto podamos seguir impulsando la legislación tan necesaria en materia de garantías y derechos de niñez. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente tiene el uso de la voz la diputada Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Flor Ayala Robles Linares:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, como todos sabemos la fortaleza de las ciudades no radica en sus muros o edificios; la verdadera riqueza de las naciones no estriba en la abundancia de los bienes con que fueron bendecidas, sino en su capacidad de transformación, en la inventiva de su gente, en la vocación para resistir la adversidad y la sabiduría para aprovechar las oportunidades; son la gente y su esencia las que hacen la prosperidad, nunca los bienes materiales.

Si hemos de admitir que el desarrollo consiste en el mejoramiento permanente de la calidad de vida y el bienestar de la población, uno de los parámetros más importantes para medir lo avanzado en este ámbito deben de ser las condiciones de nuestras niñas y niños, es decir, la cantidad y la calidad de su alimentación, de su educación, de la salud, de su vivienda, pero sobre todo, las posibilidades que tienen de reír y de jugar, de ser y hacernos felices, de darnos la esperanza de un presente y un futuro promisorio.

La situación de nuestra niñez como otros de nuestros problemas, está sobrediagnosticada. De sobra sabemos las carencias que padecen nuestras niñas y niños, los abusos a los que son sometidos, la forma en que se ha venido cancelando su derecho a ser dichosos.

De más está traer a esta tribuna cifras y datos que sólo dan cuenta de una realidad que está presente en los cruceros de las calles, en los vagones del Metro, en los bajopuentes vehiculares, en las escuelas derruidas, en los muros de la frontera y en los centros para menores infractores o niños adictos.

Derechos tienen de sobra nuestras niñas y niños. De hecho se da cuenta en la Constitución, en infinidad de tratados internacionales y leyes y reglamentos, pero de poco sirve contar con un catálogo de prerrogativas tan vasto como el nuestro, de nuestro sistema legal, cuando hemos carecido de la capacidad para hacerlas realidad.

La conmemoración de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, documento que junto con la Declaración de 1959 tuvo como fin el fomentar el esfuerzo de las naciones para lograr que niñas, niños y adolescentes gozaran de una infancia feliz, a través del reconocimiento de sus derechos y libertades e instar a hombres y mujeres, padres de familia, organizaciones, gobiernos locales, autoridades nacionales, al reconocimiento de esos derechos y a garantizar su observancia con la adopción de medidas legislativas y la implementación de políticas públicas, debe ser un motivo más que suficiente para convocar al acuerdo entre toda la sociedad mexicana a fin de establecer objetivos a favor de los niños de este país, tareas de una altura tan alta que sean capaces de unirnos.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRI convoca a todos los partidos políticos, a los tres niveles de gobierno, a la iniciativa privada, a los sindicatos, a los líderes de opinión, a las organizaciones sociales, a fin de coordinar un gran esfuerzo por nuestra niñez.

Una tarea nacional que traiga entre otros resultados, la proscripción del trabajo infantil, la erradicación de la trata de menores, la nula tolerancia en contra de depredadores y corruptores de menores, la desaparición de nuestros niños de la calle, el castigo ejemplar en contra de reclutadores de niños en tareas delincuenciales, el cierre de los centros para menores infractores por no existir ilícitos que perseguir y un índice de analfabetismo del cero por ciento.

Con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año dimos un pequeño paso en ese sentido, al contemplar una partida consistente en más de 650 mil millones de pesos para la atención de niñas, niños y adolescentes en rubros como la educación, la salud.

Recursos dirigidos a las comunidades indígenas, apoyo alimentario, becas para impedir la interrupción de sus estudios, atención materno-infantil, entro otros rubros. Es menester vigilar que esos recursos sean aplicados adecuadamente para garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de la infancia mexicana.

Sigamos en esta ruta, compañeros, queremos creer que gracias a nuestro esfuerzo un día los parques volverán a estar llenos de niñas y niños jugando, las escuelas lucirán atestadas y los reformatorios vacíos.

Que nunca más un infante mexicano se vea precisado a hacer de la calle su hogar porque junto a su familia encontrará la felicidad. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente, es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

AMENAZAS A DIPUTADA

El Presidente diputado José González Morfín: Antes de pasar al siguiente tema de la agenda política, voy a pedir que abran el sonido en la curul de la diputada Roxana Luna Porquillo.

La diputada Roxana Luna Porquillo(desde la curul): Gracias. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Presidente, quiero solicitarle, de conformidad con las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica del Congreso y el artículo 61 constitucional, que establece velar por el ejercicio pleno de mis atribuciones como legisladora para poder opinar sobre los problemas de carácter local y nacional que afecten a la población, además de presentar puntos de acuerdo, para que se tomen las medidas necesarias en cuanto a mi integridad física.

Hago del conocimiento de todos los compañeros diputados de las amenazas que iniciaron el día de ayer por la noche, y de la campaña de linchamiento en los medios de comunicación en el estado de Puebla por cuanto hace a mi trabajo legislativo, ya que el día de ayer presenté el punto de acuerdo en cuanto a la privatización del servicio de agua potable en el estado. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. No tenga ninguna duda de que, en cumplimiento de lo que establece el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución, esta Presidencia realizará lo conducente para velar por el respeto al fuero constitucional de la diputada Luna Porquillo y de todos los integrantes de esta LXII Legislatura.

Presidencia de la diputada Maricela Velázquez Sánchez

DIA DE LA ARMADA DE MEXICO

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez:El siguiente punto del orden del día en la agenda política son los comentarios al Día de la Armada de México. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Bibriesca Sahagún, del Partido Nueva Alianza.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la Armada de México es una de las instituciones que refleja el carácter patriota y el compromiso de las y los mexicanos con el país.

Desde esta tribuna rendimos un merecido reconocimiento a los efectivos que integran la Marina Armada de México, constituida por hombres y mujeres que han contribuido a preservar la seguridad de nuestra patria.

La solidaridad y el servicio de la Armada ha sido constatado por el pueblo mexicano a través de diversas acciones, que van desde la ayuda prestada en los desastres naturales o en patrullajes marítimos, hasta la lucha frontal contra el narcotráfico.

La Armada de México ha mostrado incansablemente su lealtad e institucionalidad con el Estado mexicano. Ha asumido la responsabilidad de velar por la seguridad e integridad del pueblo mexicano. Lo reconocemos, lo valoramos y, desde luego, le agradecemos profundamente su lealtad. Millones de mexicanas y mexicanos confían en esta institución histórica de la nación.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza quiere hacer público el reconocimiento a la Armada de México por su trabajo. Valoramos lo que cada uno de sus integrantes, mujeres y hombres, han sacrificado por mantener la paz social y asegurar la integridad de cada uno de nosotros.

Hoy el país enfrenta desafíos importantes. La violencia generada por los grupos criminales en algunos estados del país ha obligado que la Armada y el Ejército Mexicano asuman funciones de seguridad pública que no les corresponden. Sin embargo, en una muestra más del compromiso de lealtad con la nación han asumido esta responsabilidad.

Para Nueva Alianza este compromiso debe ser recíproco y no puede limitarse a los reconocimientos públicos y protocolarios, debemos corresponder brindándoles mejores condiciones a los integrantes de la Armada y del Ejército Mexicano.

Estimadas compañeras diputadas y compañeros diputados, en mi grupo parlamentario somos conscientes de que la independencia mexicana se consolidó en el mar. Es por eso que una institución tan importante y simbólica, como es la Marina, Armada de México, representa uno de los pilares de la nación.

El izamiento a la bandera mexicana en el fuerte de San Juan Ulúa hace 188 años, el 23 de noviembre de 1825, representa el punto culminante del nacimiento de México como nación y el largo camino de la consolidación de las instituciones que permiten a nuestro país gozar de las libertades que nos dieron el sacrificio de los héroes que nos dieron patria.

Es por eso que con la conmemoración del Día de la Armada Mexicana rendimos homenaje al sacrificio y a la visión que dieron vida a nuestra nación. Le queremos reiterar nuestro agradecimiento a la Marina Armada de México. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez:Gracias, diputado Bribiesca. Tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con el permiso de la Presidencia. Heroísmo, lealtad, valor, patriotismo y responsabilidad son algunos calificativos que definen a la Armada de México. Su importancia está inscrita en las páginas de la historia de nuestro país, desde los hechos de San Juan de Ulúa hasta la protección y ayuda que proporcionan a miles de mexicanos en épocas difíciles.

No se podría entender la historia patria sin el acompañamiento e intervención de nuestra Fuerza Armada. Estuvo presente en la culminación de la Independencia y en las intervenciones francesas y estadounidenses, por citar algunos ejemplos.

Fue el 23 de noviembre de 1825, cuando el capitán de fragata, Pedro Sáinz de Baranda, logró la rendición de las últimas tropas españolas en territorio nacional. Por ello, desde 1991 se estableció esta fecha para honrar a las mujeres y hombres que forman la Armada de México. Por ello un gran reconocimiento por su labor y el agradecimiento de pueblo mexicano por estar en los momentos de mayor necesidad.

En la actualidad ha desempeñado labores de seguridad pública, ayuda a la población, vigilancia, protección de nuestros mares, así como tareas de conservación ecológicas.

La Armada de México también tiene su aportación científica, en materias como la oceanografía, hidrografía y meteorología, entre otras. La Fuerza Armada de México ha estado y debe estar al servicio del pueblo mexicano y no de los intereses de gobiernos en turno.

Los hombres no son nada, los principios lo son todo. Expresaba don Benito Juárez. Y la Armada de México ha demostrado ser una institución de principios y convicciones al servicio de la nación.

Es por ello que desde la más alta tribuna del país se reconoce y admira a todos los que pertenecen a estas fuerzas armadas. Su agradecimiento no solo debe ser cada 23 de noviembre, sino cada día en el que cumplen con su eminente labor.

El Día de la Armada de México es una loable fecha para difundir entre los mexicanos el respeto y la admiración de nuestros héroes contemporáneos, que en mar, aire o tierra están dispuestos a dar vidas para lograr una patria más justa, independiente, segura, libre y soberana. Por eso es tarea de todos los mexicanos la de contribuir a esos objetivos, reconociendo a aquellos que de manera diaria ya lo están haciendo.

Sí, nuestros marinos, un orgullo nacional, ejemplo de dedicación, bondad, esfuerzo y amor a la patria. Sigamos su ejemplo en estos momentos tan difíciles por los que atraviesa el país. Honremos a los hombres y mujeres que han caído en el cumplimiento de su deber. Pero también a los marinos que día a día luchan por legarnos un país mejor.

Es la Armada de México una de las instituciones de mayor respeto y confiabilidad entre los pueblos de México. Sigamos contribuyendo a su consolidación, como una institución de mexicanos al servicio y protección de la nación. Reconozcamos su trabajo y contribución a la formación de nuestra patria, a la noble tarea de servir sin esperar contribución alguna.

También un reconocimiento a las familias de nuestros marinos, quienes los han impulsado a seguir adelante en la honorable tarea que hoy han emprendido. Felicidades a nuestra Armada de México y enhorabuena por todas sus contribuciones. Muchas gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias a usted, diputada Martínez. Le damos el uso de la palabra al diputado José Soto Martínez, del Partido Movimiento Ciudadano.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, diputada. Diputadas y diputados, a partir del México independiente nuestra nación en múltiples ocasiones sufrió una condición de vulnerabilidad, debido a su amplia extensión territorial, que a la fecha rodea nuestro territorio.

En esa época nuestro país no contaba con escuelas propias que apoyaran en la formación de oficiales experimentados, que pudieran vigilar y proteger nuestras aguas territoriales, por lo que una de las soluciones recurrentes era acudir a escuelas extranjeras a que formaran y capacitaran a nuestro personal. Sin embargo, pocos fueron los marinos mexicanos que se formaron en el extranjero, normalmente se contrataba personal extranjero que prestara sus servicios a las instituciones.

No fue hasta a finales del siglo XIX que la Armada registró en su historia la creación de la Escuela Naval. No obstante, ya en el siglo XX, nuestro país ya contaba con comandantes mexicanos de muy amplia experiencia, como el comodoro Manuel Azueta Perillos, el capitán de navío Tomás Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres y el capitán Rafael Izaguirre.

Por lo anterior, algunos generales, como el general Cándido Aguilar Múgica y el general de división Heriberto Jara Corona —entre otros— se reunieron para deliberar e impulsar el contenido del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta conseguir la aprobación del presidente de la República Venustiano Carranza.

Dicho artículo entró en vigor el 1 de junio de 1917 y eliminaba toda posibilidad a los extranjeros, en época de paz, de poder servir en el Ejército o en las fuerzas de la Policía y seguridad pública. De esa manera, la posición de los barcos por parte de los marinos mexicanos no se hizo esperar, de hecho, el buque mercante Tabasco sería el primero en zarpar con tripulación completamente mexicana. Y fue hasta 1940, cuando el departamento de Marina adquirió el rango de Secretaría de Estado.

El mar en la historia de nuestro país ha sido un elemento esencial para su consolidación frente a otras naciones. Por ello, un país con esta importante extensión de mar necesita de una importante institución que salvaguarde la soberanía nacional frente a cualquier amenaza, y que auxilie a la población en la construcción, reparación y protección civil frente a los desastres naturales, actividades que los hombres de la Armada de México han llevado a cabo desde su creación como institución.

El Día de la Armada se instituyó por decreto publicado el 21 de noviembre de 1991, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Se eligió este día por el papel de la Armada en la consolidación de la Independencia y su contribución a la defensa exterior e interior del país. Además de reconocer a los hombres y mujeres que forman parte de la Armada, se pretendía honrar los hechos ocurridos el 23 de noviembre de 1825, cuando el capitán de fragata, Pedro Sáinz de Baranda logró la rendición del último reducto de las tropas españolas en territorio mexicano en la fortaleza de San Juan de Ulúa.

Si bien los orígenes de la Armada de México se remontan a la época colonial, fue en 1821, con la consumación de la Independencia, cuando se estableció el Ministerio de Guerra y Marina. Desde sus inicios, los integrantes de la Armada han afrontado su compromiso histórico de servir a la patria. De manera que al oficializar el Día de la Armada de México se hace un reconocimiento nacional a ese compromiso.

Sin embargo, la carencia de una estrategia sólida de seguridad nacional por parte de nuestro gobierno ha permitido que el Ejército y la Marina sigan llevando a cabo funciones de policía, violando flagrantemente el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, mucho hemos dicho y criticado en distintos foros del país una falta de seriedad por parte del gobierno para definir una estrategia formal en contra de la delincuencia organizada, que saque de una vez por todas al Ejército y la Armada de México.

Sin embargo, en lo personal, opino que debe estar en esas labores, porque no hay una Policía ni una institución que nos garantice la seguridad en nuestro país, una inseguridad tan grande, que ha tenido que salir el pueblo a defenderse con sus propias armas. Por eso, felicito a la Armada de México por esa labor tan grande que ha hecho en nuestro país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez:Gracias a usted, diputado Soto Martínez.

Aprovechamos para darles la bienvenida a los estudiantes de la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Contaduría, invitados por la diputada Berenice Álvarez Tovar.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, señor presidente. Con su permiso, compañeros diputados. Hablar de la Armada de México es referirse a una serie de hechos históricos, por los cuales los marinos se ganaron el respeto y la admiración de los mexicanos.

La Armada es una institución leal a la soberanía, al pueblo y al Estado mexicano. Los hechos demuestran que desde su fundación el comportamiento de este cuerpo es intachable, ha sido cubierto de honor en más de una ocasión. Hoy en día no se entendería la estructura institucional del Estado sin aludir a la Marina, a la Armada de México.

La intervención de esta autoridad naval data desde el siglo XIX, cuando en el año de 1825, el 23 de noviembre en Veracruz, en el fuerte de San Juan de Ulúa, Miguel Barragán y el capitán Pedro Sáinz de Baranda y Borreiro se enfrentaron a José María Coppinger, quien realizaba labores de reconquista por parte del imperio español. Las fuerzas mexicanas terminaron imponiéndose.

De esta manera, se puede decir que en los hechos la materialización absoluta de la Independencia se obtuvo gracias a la labor de marinos y embarcaciones que defendieron a la nación. Por aquella gesta se instauró, en el año de 1991, el Día de la Armada, el cual se celebra cada 23 de noviembre, convirtiéndose así esta fecha como el momento propicio para analizar, no solo el gran pasado naval, sino reflexionar sobre el presente de la institución.

Abordar este tema implica circunscribirse a realidades crudas pero impostergables en su tratamiento. Por ejemplo, la labor llevada a cabo en las tareas de seguridad pública. La participación para procurar a la población ante desastres naturales en faenas propias de protección civil. O recordar la preeminencia de la Armada, como órgano encargado de defender a la soberanía en las costas, en el mar territorial, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo marítimo de México, así como en las aguas interiores, vías fluviales, lacustres navegables.

Enseñemos a nuestros hijos que la Armada es sinónimo de honradez, de defensa de la soberanía de nuestro pueblo, de compromiso y voluntad de ayuda ante su pueblo. Ser marino es un gran honor y por eso deben ser reconocidos y apoyados en todo momento.

La Armada de México defiende nuestro territorio ante cualquier intromisión de sujetos de derecho internacional que no respete los límites marinos de independencia dados por el derecho de gentes y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este mismo contexto, hacemos votos para que la autonomía de la Secretaría de Marina, Armada de México, que tradicionalmente se ha establecido con la Secretaría de la Defensa Nacional siga así. Si bien ambas son dependencias centralizadas de la administración pública federal, cada una de estas posee su propia competencia, reiterando que la Marina se distingue por su inmaculada actuación en casos como incendios, desalojo de zonas inundadas, patrullajes playeros, vigilancia en sitios de desastre, operaciones de búsqueda y rescate de naufragios, localización de embarcaciones extraviadas en alta mar, hasta golpes torales al crimen, como la caída del narcotraficante Beltrán Leyva.

De igual modo, no podemos dejar de mencionar la invaluable labor que esta dependencia del Estado realiza cuidando y procurando el equilibrio ecológico, noble tarea, la cual es llevada a cabo diariamente por los marinos.

En este caso, apenas el anterior domingo 17 de noviembre, como parte de los festejos por un aniversario más de la Secretaría de Marina Armada de México, se liberaron aproximadamente 2 mil 300 tortugas golfinas, como muestra del cuidado y conservación de dicha especie.

Con la labor hecha, las Fuerzas Armadas no solamente contribuyen al medio ambiente, sino demuestran que son pieza especial del Estado y de la administración pública, pues con sus hechos contribuyen al Plan Nacional de Desarrollo Sustentable, emitido por el presidente de México.

Por la preeminencia de la institución, por su honor, sus competencias, que siempre ha desarrollado patrióticamente, el Partido Verde Ecologista de México hace un justo reconocimiento a la Armada de México, así como a todos quienes la integran, tanto a los que conformaron la milicia permanente, como los auxiliares, los activos, los de reserva y los que están en retiro. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez:Gracias a usted, diputado Camarena. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, lejos de lugares comunes y frases rebuscadas, pero sobre todo por encima del oportunismo y de la frivolidad a la que se han reducido últimamente las conmemoraciones de fechas históricas de la nación mexicana, a propósito del Día de la Armada de México, la ocasión debiera servirnos también para reflexionar con ánimo autocrítico sobre el tipo de sociedad que hemos construido durante dos siglos.

El papel que nuestras Fuerzas Armadas han desempeñado en los últimos años ha cobrado relevancia ante la ineficacia de la autoridad civil para garantizar la seguridad de las y los mexicanos, quedando de manifiesto que hemos entrado en una espiral de descomposición social en la que nuestros soldados y marinos, hombres y mujeres, han dado muestra de compromiso frente a este problema estructural que afronta nuestro país.

El Ejército y la Fuerza Aérea, pero desde luego, la Marina Armada de México, que el próximo 23 de noviembre conmemora su día, han sido instituciones y pilares del Estado mexicano, que con gran responsabilidad histórica han contribuido a sentar las bases del desarrollo, la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia.

Por ello, pese a la coyuntura negativa que atraviesa el país, conmemorar a nuestros institutos armados es no perder de vista que como corresponsables en la vida pública del país debemos aportar cada uno, desde nuestras trincheras, al desarrollo de una sociedad más justa, libre y equitativa.

Sin duda, la Armada de México se ha caracterizado en su accionar por conducirse con apego a los valores patrióticos y nacionalistas, manifestando en todo momento una vocación de servicio, ya sea en tareas de seguridad pública, combate al crimen organizado, protección civil, o garantizando en la soberanía nuestras amplias zonas marítimas y nuestros puertos. Al tiempo que su papel como vigilante del medio ambiente y los ecosistemas marinos ha sido también destacado.

Por este papel tan relevante que desempeña la Armada de México en la realidad de nuestro país, pero también por su importancia histórica, el 23 de noviembre ha sido elegido como la fecha en que se conmemora su día.

En la Historia de México se considera la entrada al Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, como el acontecimiento que marca la consumación de la Independencia de la nación mexicana. Sin embargo, este hecho no significó la expulsión total de los españoles del territorio mexicano. Es poco conocido que las tropas españolas acantonadas en el Puerto de Veracruz, negándose a reconocer la Independencia de México, se apoderaron de la fortaleza de San Juan de Ulúa, izando la bandera española.

Diversos acontecimientos agudizaron la relación entre las autoridades mexicanas y las tropas españolas, ocasionando que éstas últimas bombardearan la ciudad de Veracruz en dos ocasiones, por lo que el gobierno nacional decidió exigir la capitulación del castillo.

Ante esta situación y a pesar de grandes sacrificios económicos, ya que nuestra joven nación carecía de muchas cosas —entre ellas de navíos— las autoridades mexicanas adquirieron algunos buques para conformar la primera escuadrilla mexicana, misma que estableció un bloqueo naval a San Juan de Ulúa, evitando el arribo de más ayuda proveniente de España y La Habana, logrando con esto la capitulación de las fuerzas españolas en la fortaleza el 23 de noviembre de 1825. Es por eso que en esta fecha conmemoramos el 188 aniversario de este acontecimiento histórico, por medio del cual se decidió la plena soberanía de México.

La actuación de los marinos mexicanos, comandados por el capitán de fragata Pedro Sáinz de Baranda, fue determinante para terminar con el último reducto español y, con ello, consolidar definitivamente la Independencia nacional.

Así pues, el Día de la Armada no solo es una fecha que reconoce el valor de esta institución al servicio de la patria, sino que el 23 de noviembre nos recuerda una fecha significativa, por ser la ocasión en la que nuestra nación rompe definitivamente con el dominio español, defendiendo su soberanía y emancipación adquirida el 27 de septiembre de 1821.

Desde entonces la Armada de México se ha constituido —no sin sobresaltos— como una institución nacional sólida, que desde su nacimiento ha contribuido a la defensa exterior e interior del país, auxiliando a la población civil en casos de desastre, salvaguardando la vida humana en el mar o coadyuvando en la seguridad interior.

En la presente Legislatura las y los diputados hemos actuado con responsabilidad reconociendo el papel relevante de nuestras Fuerzas Armadas. En este mismo tenor, hemos también procurado adecuar el marco jurídico para poner al día la legislación que regula el accionar de estas instituciones.

Atendiendo al justo reclamo que en diversas ocasiones ha manifestado el alto mando de la Secretaría —por ejemplo— hemos realizado reformas a la Ley Orgánica de la Armada de México, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Puertos, entre algunas más, con las que se ha dado orden y certeza jurídica al axioma de los marinos, hombres y mujeres, en las diversas responsabilidades que se les confiere.

Del mismo modo, como integrante de la Comisión de Marina de esta Cámara de Diputados he podido ser testigo, junto con mis compañeros de las diferentes fracciones legislativas, de la importancia y papel que la Armada de México desempeña en la estabilidad y desarrollo del país.

A través de diversas visitas a instalaciones de la Semar hemos podido constatar la amplia aceptación que tienen nuestros marinos entre la población civil, al tiempo que su desempeño profesional ha contribuido a dar certeza, seguridad, estabilidad y control de las actividades marítimo-portuarias, no solo por lo que refiere al combate al crimen organizado, sino en aseguramiento de mercancías ilegales o a la protección de los ecosistemas. Asimismo deseo hacer un reconocimiento extensivo, por el papel que realizaron en la reciente contingencia causada por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Finalmente, aprovecho la ocasión para enviar una felicitación a nombre de mi Grupo Parlamentario, el PRD y en el mío propio, para los 1,794 elementos, hombres y mujeres, que ayer fueron ascendidos de grado en la Marina Armada de México.

Que esta distinción personal a su trabajo y esfuerzo sea un aliciente para seguir contribuyendo al desarrollo de México, a través del desempeño cabal de sus funciones, siempre con sentido patriótico y nacionalista. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez:Gracias a usted, diputada Amaya Reyes.

Queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones a parlamentarios de la República de Indonesia, que nos visitan, encabezados por el señor Ibnu Multazam, quienes asisten a una reunión de trabajo con el diputado José Antonio Rojo García de Alba.

La Cámara de Diputados, señoras y señores parlamentarios, les da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento de las relaciones de amistad, diálogo y hermandad entre nuestras naciones. Bienvenidos.

Le damos ahora el uso de la palabra al diputado Víctor Serralde Martínez, del Partido Acción Nacional.

El diputado Víctor Serralde Martínez:Con su venia, señora presidenta. Compañeros legisladores, en México es claro que existe una lucha frontal contra el crimen organizado.

A bien gracias existen para nuestra sociedad garantías, como son nuestras Fuerzas Armadas, capaces de confrontar al crimen organizado, de reducirlo y de derrotarlo. Instituciones entre las que se encuentran, con muy particular importancia, claro que sí, el Ejército Mexicano y la Armada de México, a quien conmemoramos el día de hoy en el septuagésimo primer aniversario de su fundación.

Es necesario reconocer que en esa fuerza naval militar ha habido actos heroicos recientes, encaminados a recuperar la tranquilidad y el estado de derecho de los habitantes de las regiones en las que los criminales han pretendido establecer su propia desnaturalizada y desalmada ley de plomo y ley de plata.

Es importante mencionar también que la inmensa responsabilidad de la Armada Nacional es la de proteger y salvaguardar los más de 11 mil kilómetros de islas, cayos y litorales y, en términos generales, el gran patrimonio marítimo, que abarca 2.7 millones de kilómetros cuadrados que nos ha heredado nuestra historia y nuestra geografía y que hoy pretende ser la vía de los estupefacientes que transitan entre diversos países sudamericanos, nuestro país y el mayor comprador mundial de enervantes, los Estados Unidos de América.

Los antecedentes de nuestra Armada se remontan —como todos lo saben— a la época colonial, al cuatro veces heroico Puerto de Veracruz, en donde se empezaron a construir las primeras embarcaciones para proteger a los puertos mexicanos asolados entonces por los filibusteros de la piratería internacional.

Es importante también recordar que fue desde nuestra tierra, desde el puerto de Acapulco, que zarpó fray Andrés de Urdaneta a las Filipinas, para a su regreso, en 1565, descubrir y completar la ruta segura por la que se estableció el importantísimo comercio entre el continentes asiático y nuestro país, comercio que ha durado y se ha incrementado hasta nuestros actuales días.

Mencionar también que en 1821 —luego de consumada la lucha por la Independencia— fue necesario desalojar a las tropas españolas que ocupaban la fortaleza de San Juan de Ulúa, en la que se encontraba un cuerpo expedicionario que pretendía iniciar la reconquista de México y fue precisamente Pedro Sáinz de Baranda —mencionado en otras ocasiones en esta misma tribuna— quien al mando de una flotilla de fragatas, corvetas, bergantines y algunas otras embarcaciones hizo capitular el último reducto español que todavía amenazaba nuestra emancipación como país libre y soberano.

Otro hecho a destacar —entre muchos otros en esta celebración, pero señero y representativo de la valentía y del amor a la patria de nuestros marinos— fue la resistencia con la que los cadetes de la Escuela Naval Militar enfrentaron la intervención norteamericana el 21 de abril de 1914 y en la que el teniente José Azueta Abad y el cadete Virgilio Uribe Robles ofrendaron sus vidas en defensa de la nación. Razón por la cual desde entonces la escuela de los marinos mexicanos en Veracruz se denomina Heroica Escuela Naval Militar.

Sería imposible hacer un recuento de los méritos de los marinos mexicanos en unos pocos minutos y que representan otras tantas razones por las cuales hoy celebramos un aniversario más de la fundación oficial de la Marina Armada de México.

En virtud de lo anterior, los legisladores de Acción Nacional queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a una institución de larga trayectoria histórica ejemplar, cuya existencia y acciones no solo le dan vigencia, sino sobre todo les dan honra a sí misma y a todo el pueblo de México. Muchas gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez:Gracias a usted, diputado Serralde.

Saludamos y les damos la más cordial bienvenida a los alumnos de la Universidad Privada del Estado de Morelos, invitados por esta Presidencia.

Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Raúl Santos Galván Villanueva:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el próximo 23 de noviembre celebraremos el Día de la Armada de México, fecha en que conmemoramos hechos históricos, mediante los cuales se consolidó la Independencia nacional y en la cual el personal naval reitera su compromiso permanente de lealtad a México y a sus instituciones.

Después de tres siglos de dominación española, con los Tratados de Córdoba, firmados el 4 de agosto de 1821, y la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre del mismo año, se logró —después de 11 años de atroz y sangrienta lucha— la Independencia de nuestra nación.

Sin embargo, peligros potenciales seguían amenazando la recién consumada Independencia nacional, ya que aún se encontraban en territorio mexicano tropas realistas que se negaban a reconocer la emancipación.

Los españoles se hicieron fuertes en el castillo de San Juan de Ulúa, con la pretensión de reconquistar México, manteniéndose allí apoyados con pertrechos y refuerzos que recibían desde La Habana, Cuba, al grado de que pronto llegaron a incrementar su fuerza a dos mil soldados ibéricos, con artillería, con la que asediaban al puerto de Veracruz, ejerciendo un dominio real en el área.

En ese emplazamiento era difícil neutralizar a los ibéricos desde tierra. Y desde el mar, sin buques era imposible hacer capitular la fortaleza. Esta circunstancia fue determinante para que el nuevo gobierno mexicano iniciara la formación de una fuerza naval, y así fueron adquiridas las goletas Anáhuac e Iguala y 10 balandras cañoneras.

Estas embarcaciones, sumadas a algunas goletas españolas capturadas por los insurgentes, constituyeron la primera fuerza naval de nuestra patria. La goleta Iguala fue el primer buque que, en abril de 1822, oficialmente izó el pabellón nacional, dando inicio a la actual Armada de México.

En 1823, el ministro de Guerra y Marina, José Joaquín de Herrera, en su informe al Congreso mexicano manifestó lo siguiente: Habiendo cambiado el aspecto de la guerra, a la Marina solo toca consumar esta gran obra y consolidar por siempre la Independencia. Así, el 8 de octubre de ese año se decretó un bloqueo naval a San Juan de Ulúa con una escuadrilla de la Marina mexicana.

La situación del bloqueo de San Juan de Ulúa y la amenaza de los españoles contra Veracruz permanecieron hasta el 5 de octubre de 1825, fecha en que arribó una escuadra de barcos de guerra que llevaban víveres y relevos para la guarnición española en San Juan de Ulúa.

Ante este acontecimiento, zarpó la escuadrilla de la Marina mexicana al mando del capitán de fragata, Pedro Sáinz de Baranda, quien demostrando valor y lealtad a su nueva patria, con arriesgadas maniobras se situó en formación de batalla frente a los buques extranjeros impidiendo el aprovisionamiento marítimo de las fuerzas realistas que permanecían aferradas a nuestro territorio en el último reducto de La Colonia.

Después de días de tensión, con malos tiempos, amagos y amenazas, la escuadra ibérica no logró salvar el obstáculo y su única opción fue emprender la retirada con rumbo a La Habana, Cuba.

Las fuerzas realistas en Ulúa, ya sin apoyo se rindieron y, posteriormente, el 23 de noviembre de 1825, abandonaron la fortaleza y México, a las once horas, como se había estipulado en el pliego de capitulación, con todos los honores del ceremonial militar se arrió la bandera española en San Juan de Ulúa y se izo el pabellón tricolor mexicano, que fue saludado con salvas de artillería, música y el más estruendoso entusiasmo de la población del Puerto de Veracruz, consolidándose así de hecho y para siempre nuestra Independencia nacional, acontecimientos que quedaron marcados para siempre en la memoria, no solo de los veracruzanos y de los mexicanos en general, sino también en la de los peninsulares, quienes perdieron una de sus más preciadas colonias.

Así, desde su creación, velar por los intereses superiores de la nación ha sido y sigue siendo la razón de ser de la Armada de México. Lo que se confirma con grandes hechos heroicos a lo largo de nuestra vida independiente —como el que acabo de referir— acción naval que determina el nacimiento de la actual Armada de México, destaca los valores que forjaron a los marinos de ayer y compromete a los marinos de hoy a mantener la Independencia lograda, con la misma determinación con que hoy en día custodian los mares y costas nacionales.

En 1988 se expidió el decreto presidencial por el que se inscribe con letras de oro en este recinto legislativo el nombre del ilustre marino mexicano, el capitán de fragata Pedro Sáinz de Baranda, y en 1991 se expidió el decreto por el que se declara Día de la Armada de México el 23 de noviembre de cada año.

El 23 de noviembre es una fecha en que debemos recordar esos hechos históricos, pero también debemos reflexionar sobre el potencial marítimo mexicano. En el mar se consolidó nuestra Independencia. Desde el mar hemos recibido costosas agresiones. En el mar poseemos enormes potencialidades y estratégicas vías de comunicación que mediante una moderna infraestructura y conectividad terrestre se constituyen en factor importante para la modernización del Estado mexicano. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez:Gracias, señor diputado.

Aprovechamos para darles la bienvenida y un saludo a los alumnos de la Universidad Mesoamericana, campus Tehuacán, invitados por la diputada María del Carmen García Cadena Romero.

Así como también a los alumnos de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, invitados por el diputado Julio César Moreno Rivera.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen, con proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 78, y adiciona un artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 78, y adiciona el 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 85 y demás relativos y aplicables  del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 14 de febrero de 2013, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 27 a la Ley General de Vida Silvestre.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa, turnándola a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen.

3. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 20 de marzo de 2013, el senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 78 y adiciona el artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre.

4. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa, turnándola a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para su análisis y dictamen.

5. En virtud de que ambas iniciativas con proyecto de decreto, versan sobre la misma materia al compartir el objetivo de garantizar el trato digno y respetuoso de los ejemplares de la vida silvestre que viven en condiciones de confinamiento, las comisiones unidas estimaron oportuno dictaminar en conjunto a efecto de complementar y armonizar el sentido de las disposiciones a reformar y adicionar.

6. En reunión de las comisiones unidas dictaminadoras, celebrada el 10 de abril de 2013, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

7. En sesión plenaria de la Cámara de Senadores, efectuada el 1 de octubre de 2013, se aprobó el proyecto de decreto que reforma y adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 27, y reforma al artículo 78 y adiciona el artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre; asimismo, se remitió el expediente con la minuta correspondiente  a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto en la fracción A) del artículo 72 constitucional.

8. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 3 de octubre de 2013, la Mesa Directiva dio cuenta al pleno con la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 27, y reforma al artículo 78 y adiciona el artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre.

9. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó trámite a la minuta, turnándola a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo enviado por el Senado de la República, expresa el siguiente:

II. Contenido de la minuta

La primer iniciativa promovida por la senadora Silvia Garza Galván, tiene tres objetivos fundamentales y el primero consiste en salvaguardar la seguridad de la sociedad civil ante eventos que involucren ejemplares o poblaciones de vida silvestre exóticos que por su biología o condiciones de manejo tengan efectos negativos y peligrosos para el hombre; el segundo se refiere a desincentivar la posesión de dichos ejemplares en confinamiento que no sea óptimo para su bienestar, y el tercero se deriva de optimizar la eficiencia de los recursos públicos destinados al cumplimiento de los dos objetivos anteriores.

Estiman que para la consecución de tales objetivos es conveniente condicionar el legal confinamiento de los ejemplares y poblaciones exóticas a condiciones y a un plan de manejo aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para garantizar la seguridad a la sociedad civil, así como observar la dignidad y respeto de los ejemplares y, en caso de derivación a un inadecuado manejo o evento que ponga en riesgo a la población civil, sean reubicados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Propone también que los gastos de traslado y manutención durante la vida del ejemplar sean asumidos por el propietario, poseedor o responsable.

Indica la colegisladora, que a nuestro país llegan especies de animales denominados exóticas que bajo un correcto y profesional sistema de manejo y control, por lo que no representaría ningún riesgo de la especie, de ejemplar o el ser humano; sin embargo, se observa que la problemática radica en la posesión de fauna exótica, que por el desconocimiento de las características biológicas, fisiológicas, anatómicas así como los procesos de desarrollo, presentan modificaciones físicas y de comportamiento ponen en riesgo a los posesionarios, propietarios y a cualquier persona.

Ahora bien, la iniciativa promovida por el senador Jorge Emilio González Martínez, tiene como objetivo fundamental garantizar trato digno y respetuoso a los ejemplares de vida silvestre en confinamiento a través de la creación de una figura de manejo que considere los elementos mínimos necesarios para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que les pudiera ocasionar durante su confinamiento. El objetivo de esta iniciativa empata con el segundo objetivo de la iniciativa de la senadora Silvia Garza Galván, sin embargo, pese a que esta última se encuentra dirigida solamente a ejemplares de especies exóticas, y dada la amplitud de la problemática de maltrato animal, el trato digno y respetuoso es asequible a ejemplares de especies nativas también.

Refiere el senador que a nuestro país se le considera dentro de las 17 naciones con mayor diversidad biológica en el mundo, pues en conjunto los llamados países megadiversos alojan 70 por ciento de las especies descritas del planeta , correspondiendo a México 108 mil 519 especies, 23 mil 424 plantas vasculares; mil 096 aves; 804 reptiles; 535 mamíferos y 361 anfibios.

Indica que esta gran diversidad natural se ha deteriorado debido a que el hombre ha producido impactos negativos en los ecosistemas, los cuales se pueden diferenciar en dos tipos: indirectos (destrucción y modificación del hábitat) y, directos (sobreexplotación de vida silvestre). Como ejemplos de los primeros se pueden citar el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas, ganaderas y urbanas; la sobreexplotación de recursos, y la contaminación del suelo, el aire y el agua. Para los segundos, las practicas cinegéticas irresponsables; y el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres. Como un ejemplo para ambos tipos de impacto, podemos mencionar la introducción de especies exóticas.

Comenta que muchas especies de vida silvestre se ven afectadas en sus poblaciones y/o en su variabilidad genética, o bien, se encuentren bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 PROTECCIÓN AMBIENTAL-ESPECIES NATIVAS DE MÉXICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES-CATEGORÍAS DE RIESGO Y ESPECIFICACIONES PARA SU INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN O CAMBIO-LISTA DE ESPECIES EN RIESGO. A saber: Probablemente extinta en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazada y sujeta a protección especial o en el peor de los escenarios, se extinguen.

Destaca que los zoológicos se han convertido en una herramienta para conservar la diversidad biológica ex situ, preservación, estudio, reproducción e incluso reintroducción-repoblación de especies de vida silvestre, particularmente de aquéllas que se encuentran en alguna categoría de riesgo; así como para promover la educación y sensibilización del público que los visita; de ahí, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dentro de su Programa Nacional de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, integró como estrategia el Subprograma Nacional denominado Inspección a Zoológicos, cuyo objetivo es verificar mediante actos de inspección el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente relativa al registro y operación de los zoológicos reconocidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Asegura que con la aplicación del subprograma se pretende elevar el nivel de cumplimiento de la legislación en la materia, para el bienestar de los ejemplares confinados, brindando de esta forma atención eficaz al total de denuncias ciudadanas relacionadas con el trato digno y respetuoso otorgado a los ejemplares en los zoológicos. En ese orden de ideas, cabe destacar que durante los actos de inspección se verifica la legal procedencia, las medidas adoptadas para garantizar el trato digno y respetuoso de los ejemplares de vida silvestre albergados en ellos. Los resultados que la Profepa ha informado desde el inicio del Subprograma en 2009, son que ha logrado inspeccionar el 81 por ciento de los zoológicos registrados ante la Semarnat, ubicados en 31 entidades federativas, y se han verificado un total de 28 mil 377 ejemplares, 307 productos y 106 subproductos de fauna silvestre. Resalta que el subprograma contempla la atención de 100 por ciento de las denuncias ciudadanas recibidas ante la Profepa relativas al trato digno y respetuoso de los ejemplares en los zoológicos del país.

Indica que, aún cuando los zoológicos del país cuentan con un plan de manejo y cumplen con la responsabilidad que les marca el último párrafo del artículo 131 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, relativo a la actualización anual de datos e información de sus colecciones, y que la Profepa tiene en vigencia el Subprograma Nacional de Inspección a Zoológicos, se han detectado casos en los que no sólo se violenta la ley, sino que también se ha puesto en peligro la integridad física de los ejemplares que tienen bajo su resguardo y en ocasiones con desenlaces fatales, causando baja en sus colecciones; lo anterior por realizar un mal manejo y nulo trato digno y respetuoso, mediante:

1. Inadecuadas instalaciones de confinamiento;

2. Insalubres condiciones de higiene;

3. Carencia de alimentación;

4. Incorrecto traslado de ejemplares;

5. Generación de lesiones, traumatismo y dolor durante el entrenamiento de ejemplares de mamíferos marinos.

Dicha problemática es reiterativa en los denominados espectáculos públicos, entre ellos los circos, por ende, la Profepa incluyó en el mencionado Programa Nacional de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, el subprograma nacional denominado Inspección a Circos, con el objeto de verificar el cumplimiento de la legislación relativa al manejo de ejemplares de fauna silvestre en cautiverio, bajo el esquema de espectáculos itinerantes.

En ese sentido, el programa comenzó su aplicación en agosto de 2010, a fin de establecer una estrategia eficiente de inspección, que permita verificar el cumplimiento de la legislación que los regula, y aumentar los niveles de su cumplimiento, para mejorar la calidad de vida de los ejemplares que son utilizados en los actos circenses, donde son la atracción principal.

Ante tal problemática, es imprescindible reformar la Ley General de Vida Silvestre, para empatar los criterios de conservación de la vida silvestre fuera de su hábitat natural, así como para crear una figura de manejo que considere los elementos mínimos necesarios para adoptar las medidas de trato digno y respetuoso y evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo o dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante su confinamiento, traslado, exhibición, adaptación a un nuevo espacio y/o entrenamiento, entre otros.

En otro tenor, los integrantes de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura del Senado de la Republica, coinciden con los iniciadores en cuanto a los objetivos para condicionar el legal confinamiento de ejemplares y poblaciones exóticas; para garantizar el trato digno y respetuoso a los ejemplares de vida silvestre en confinamiento mediante una figura de manejo que considere los elementos mínimos para ello, y para reconocer la necesidad de maximizar la eficiencia de los recursos públicos por los efectos del aseguramiento de ejemplares de vida silvestre.

Los senadores refieren que la figura de “reparación del daño” por la vía civil no es preventiva, es decir, el evento que da origen a los daños y lesiones a la parte afectada, debe consumarse al momento de incoar la acción civil. Por ende, el espíritu de prevención plasmado en la presente iniciativa y objeto de interés público tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los mexicanos, no se actualiza en la esfera de derecho privado, por lo que consideran que la intervención de la federación es esencial.

Consideran que en la esfera de derecho público, el sentido de prevención ante eventos de la comentada naturaleza es aún incierto. La Ley General de Vida Silvestre no establece una obligación para los responsables de “Predios o instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada” (PIMVS), fuera de su hábitat natural, ni para la autoridad federal competente, la Semarnat, de contar y autorizar planes de manejo donde se puntualicen medidas que garanticen la seguridad de la sociedad civil.

Una vez analizado el proyecto de decreto contenido en la minuta enviada por la Cámara de Senadores, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

Reconocemos la gravedad que representa el problema del manejo incorrecto del confinamiento de ejemplares y poblaciones exóticas y peligrosas de la vida silvestre en forma inadecuada por diversos grupos o personas en nuestro país.

Coincidimos con la colegisladora en que, ante eventos que menoscaban el bienestar humano que tutela el Código Civil Federal, en su artículo 1929 que establece daños causados por animales, incluidas las especies de vida silvestre, que deberán ser pagados por sus dueños, si no probaren alguna de las siguientes causas:

I. Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario;

II. Que el animal fue provocado;

III. Que hubo imprudencia por parte del ofendido;

IV. Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor.

La hipótesis establecida en el artículo 1929 del Código Civil Federal, con todas sus fracciones, se actualiza con el hecho dañino provocado por animal en cautiverio, con independencia de que se trate de un animal domestico o de la fauna silvestre.

Estimamos pertinente el señalamiento por el Senado, de las disposiciones jurídicas que son base de la regulación en materia de vida silvestre fuera de su hábitat, a la disposición fundamental contenida en el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre que señala en sus párrafos segundo y tercero referentes a los planes de manejo para parques zoológicos y espectáculos públicos:

“Los parques zoológicos deberán contemplar en sus planes de manejo, aspectos de educación ambiental, de conservación y reproducción de especies, con especial atención a las que se encuentren en alguna categoría de riesgo y además deberán registrarse y actualizar sus datos ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento”.

“Todos aquellos espectáculos públicos que manejen vida silvestre fuera de su hábitat, deberán contemplar en sus planes de manejo, aspectos de educación ambiental y de conservación, con especial atención a las que se encuentren en alguna categoría de riesgo y además deberán registrarse y actualizar sus datos ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento”.

Es importante destacar lo que la ley a la letra establece, en cuanto para ambas modalidades de confinamiento de vida silvestre, coinciden sólo en dos aspectos, el de educación ambiental y el de conservación con especial atención a las especies que se encuentren en alguna categoría de riesgo, de lo cual se infiere que las disposiciones señaladas del Código Civil, no sólo comprenden los daños ocasionados por animales domésticos, sino que refiere los producidos por animales en general. De tal manera, el responsable del ejemplar dañino, deberá responder por el daño ocasionado, con independencia del origen y la especie del animal que se trate.

Por otro lado, consideramos oportunas las remisiones que se hacen a las disposiciones relativas a las atribuciones referidas en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, y que exime a los predios o instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada (PIMVS), zoológicos, museos o colecciones privadas, de requerir aprobación de sus planes de manejo por parte de la Semarnat; sin embargo en el artículo 40, incisos a) a h) y 78 de la Ley General de Vida Silvestre, se establecen que dichos predios o instalaciones deberán elaborar su plan de manejo, y aun cuando se llegare a establecer con base al numeral anterior, en ninguno de sus incisos requiere con puntualidad medidas que garanticen la “seguridad de la sociedad civil”, así como de la “dignidad y respeto” hacia los propios ejemplares.

Estimamos que la única medida de control que la ley establece para los PIMVS, de acuerdo con el artículo 131 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, es la obligación de registrarse en el padrón de la Semarnat y que el articulo en comento a la letra señala lo siguiente:

“Artículo 131.La secretaría integrará un padrón en el cual registrará las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, de especímenes de especies silvestres, así como los parques zoológicos y espectáculos públicos que manejen vida silvestre fuera de su hábitat, conforme al siguiente procedimiento:”

“Los titulares de las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, los responsables de los zoológicos y propietarios de los espectáculos que, conforme al artículo 78 de la ley, deban registrarse en el padrón, presentarán ante la secretaría una solicitud en escrito libre que contenga los requisitos previstos en las fracciones I, III, IV y V del artículo 12 del presente reglamento, además de lo siguiente:”

I.Cuando se trate de las colecciones a que se refiere este artículo, se indicarán los especímenes que integran el acervo de la colección y la información sobre el destino final de ejemplares colectados muertos en su traslado o en campo. A la solicitud se anexará:

La documentación que ampare la legal procedencia del material biológico que forme parte del acervo;

a)Las constancias foliadas en las que se integren los datos sobre el movimiento del material biológico, y

b)Las copias simples de las fichas de depósito respectivos.

II.Cuando se trate de parques zoológicos o de espectáculos públicos que manejen vida silvestre fuera de su hábitat, sus responsables o propietarios especificarán los datos de ubicación del parque zoológico o de la instalación donde se realice el espectáculo.

A la solicitud se anexará el inventario de ejemplares de especies silvestres que se manejen.

Recibida la solicitud, se entenderá que la colección ha quedado registrada en el Padrón y la secretaría expedirá la constancia respectiva dentro de los quince días hábiles siguientes.

Los titulares de las colecciones registradas deberán actualizar anualmente ante la secretaría, la información a que se refieren las fracciones I y II del presente artículo mediante un escrito libre. Una vez recibido el aviso, se entenderá que la información ha quedado actualizada en el padrón.”

Coincidimos en que de lo anterior se desprende que la periodicidad con que se actualiza el padrón de predios que manejan vida silvestre en confinamiento es de un año y la iniciativa presentada por el senador Jorge Emilio González Martínez propone ampliar dicho periodo a dos años; sin embargo, las constantes incidencias reportadas en eventos que ponen en peligro a la sociedad civil y por los casos de maltrato animal, es oportuno apegarse al periodo de un año estipulado en el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre para que los PIMVS, actualicen la información contenida en su padrón y en sus planes de manejo.

Consideramos pertinente mencionar que el riesgo de especies de vida silvestre fuera de su hábitat y en condiciones de confinamiento, representan senda peligrosidad para el ser humano, derivada de la propia biología de cada especie o de sus condiciones de manejo y que estos ejemplares no se limitan a especies de vida silvestre consideradas como exóticas, pues puede comprender a todas las especies nativas.

Consideramos importante destacar nuestra plena coincidencia  con el concepto de que los PIMV, como zoológicos, circos, espectáculos públicos y colecciones privadas donde se han suscitado eventos de daños y lesiones al ser humano, así como lo observado en situaciones de maltrato y condiciones que menoscaban el bienestar de las especies, no son considerados como una UMA Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, figura que nace en el año 2000 con la publicación de la Ley General de Vida Silvestre, siendo hasta el 30 de noviembre de 2006, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre donde surge la figura de Predios e Instalaciones que Manejan Vida Silvestre. Es entonces cuando se establece que los PIMV no se considerarán como UMAs y, a diferencia de estas, no tiene como objeto la recuperación de especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, como lo establece el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, en sus artículos 26 y 27, que a la letra indica:

“Artículo 26.Los predios o instalaciones que manejen vida silvestre de forma confinada, fuera de su hábitat natural, que no tengan como fin la recuperación de especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, no requerirán aprobación de sus planes de manejo por parte de la secretaría, y no serán consideradas como UMA en los términos establecidos en la ley. Sin embargo, deberán elaborar su plan de manejo atendiendo, en lo que les resulte aplicable, a lo previsto en los artículos 40, incisos a) a h), y 78 de la Ley.”

“Artículo 27.Quedan comprendidos en el supuesto establecido en el artículo anterior, los parques zoológicos y aquellos espectáculos públicos que manejen vida silvestre fuera de su hábitat.”

Consideramos importantes las disposiciones constitucionales, consagradas en el artículo 4 y 27, referidas al derecho de las personas a un medio ambiente sano y a la rectoría del estado sobre sus recursos naturales comprendidos dentro del territorio nacional.

Estimamos que cuando un ejemplar de vida silvestre es sustraído de la propiedad o posesión de un particular, los derechos y obligaciones sobre dicho ejemplar pasan a la federación, por lo que no existe vinculo legal alguno entre el particular y el ejemplar que obligue al primero a sufragar los gastos de traslado y manutención durante la vida del animal, por lo que resulta inviable la propuesta de establecer la obligación de pago planteada en la iniciativa de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

Resultado de lo anterior y con el objeto de mejorar la regulación de la posesión de animales, tanto especies nativas como exóticas de la vida silvestre fuera de su hábitat, que representan peligro o riesgo para la integridad física de las personas, es preciso fomentar al máximo la cultura de prevención en el manejo de animales y evitar su maltrato, garantizando la dignidad y respeto hacia ellos.

Dadas las inexistentes obligaciones de los PIMV, zoológicos, circos, espectáculos públicos y colecciones privadas, de contar con un plan de manejo autorizado por la Semarnat; la resultante problemática de las especies exóticas y especies nativas, relacionadas al riesgo humano y las condiciones de maltrato que prevalecen sobre dichas especies, así como a la extinción de los derechos y obligaciones del propietario, poseedor o responsable de un ejemplar de la vida silvestre, cuando el estado en ejercicio de sus atribuciones, lo asegura.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 78 y se adiciona el artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre

Artículo Único. Se reforman los artículos 27 y 78; y se adiciona un artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 27.El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y trato digno y respetuoso hacia los ejemplares,de acuerdo con un plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la secretaría y el que deberá contener lo dispuesto por el artículo 78 Bis, para evitar los efectos negativos que los ejemplares y poblaciones exóticos pudieran tener para la conservación de los ejemplares y poblaciones nativos de la vida silvestre y su hábitat.

Las personas que posean algún o algunos ejemplares referidos en el párrafo anterior, como mascota o animal de compañía, deberán de contar con autorización expresa de la secretaría.

Aquellos ejemplares de especies que por su naturaleza, ante un inadecuado manejo o evento que ponga en riesgo a la población civil, deberán ser reubicados por la secretaría.

Artículo 78.Las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, de especímenes de especies silvestres, deberán registrarse y actualizar sus datos anualmenteante la autoridad correspondiente en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento, y para el caso de ejemplares vivos, contar con un plan de manejo autorizado por la secretaría.

Los predios e instalaciones que manejen vida silvestre en forma confinada, como zoológicos, espectáculos públicos fijos o itinerantes, circos y colecciones privadas, sólo podrán operar si cuentan con planes de manejo autorizados por la secretaría,y además deberán registrarse y actualizar sus datos anualmenteante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

Artículo 78 Bis. Los planes de manejo a los que se refieren el artículo anterior deberán contener como mínimo los siguientes elementos:

a) Especies, número de ejemplares e información biológica de cada una de ellas;

b) Tipo de confinamiento por especie y número de ejemplares;

c) La descripción física y biológica del área y su infraestructura, y sus medidas de manejo por especie y número de ejemplares;

d) Dieta a proporcionar a cada ejemplar de acuerdo a su especie;

e) Cuidados clínicos y de salud animal;

f) Medio de transporte para movilización;

g) Medidas de mantenimiento, seguridad e higiene;

h) Aspectos de educación ambiental, de conservación y reproducción de las especies, con especial atención en aquéllas que estén en alguna categoría de riesgo;

i) Medidas para garantizar el trato digno y respetuoso durante su confinamiento, manejo, traslado, exhibición, adaptación a un nuevo espacio y entrenamiento responsable, entre otros;

j) Calendario de actividades;

k) Las medidas de seguridad civil y contingencia;

l) Los mecanismos de vigilancia;

m) Los métodos de contención a utilizar en caso de alguna emergencia o contingencia;

n) El tipo de marcaje de los ejemplares por especie, y

o) Aquellas establecidas en el reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables.

Previo a la autorización del plan de manejo, la secretaría, considerando las dimensiones, características, número de especies o ejemplares, estará facultada para constatar físicamente que los predios o instalaciones que manejan vida silvestre en forma confinada, cuenten con el área e infraestructura necesarias para su manejo, así como la capacidad técnica y operativa suficiente para ejecutar los planes de manejo.

La secretaría emitirá los requerimientos mínimos necesarios para el manejo de cada especie para su vida en confinamiento.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal contará con un plazo de dieciocho meses para armonizar el reglamento respectivo.

Tercero.La secretaría emitirá guías técnicas que establezcan los requerimientos mínimos necesarios para el manejo de cada especie en confinamiento de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 78 Bis, en un plazo de dieciocho meses.

Notas:

1. Conabio, Biodiversidad Mexicana. Pais. Conceptos Que es un país megadiverso?  En http://www.biodiversidad.gob.mx/paisquees.html. Consultada 26 febrero 2013

2. Conabio. Especies exóticas. Presentación en: http://www.conabio. gob.mx/conocimiento/exoticas/doctos/presentacion.html. consulta 27 febrero 2013.

México, DF, a 23 de octubre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica),  Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).»

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez:Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Gabriel Gómez Michel, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Gabriel Gómez Michel:Con su permiso, señorita presidenta. Compañeras y compañeros diputados, con la representación de los compañeros legisladores que integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales hago uso de esta alta tribuna para manifestar a ustedes el resultado del estudio de dictamen que resuelve de manera conjunta las dos iniciativas presentadas en el Senado, que versan sobre la misma materia, al compartir la finalidad de garantizar el trato digno y respetuoso que la ley reconoce para los ejemplares de la vida silvestre.

Nuestra posición como comisión dictaminadora respecto del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 27, adicionando los párrafos segundo y tercero del mismo artículo, reforma el artículo 78 y adiciona el artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre, es de congruencia coincidente con la visión de los legisladores autores de las iniciativas objeto del análisis y dictamen que presentamos.

El objetivo de este proyecto es establecer mecanismos para que quienes poseen ejemplares de vida silvestre de especies exóticas o nativas en confinamiento se sujeten a planes de manejo que permitan el tratamiento digno y respetuoso hacia esos animales.

Destacamos la importancia de la regulación en materia de vida silvestre fuera de su hábitat, reconociendo el contenido de la disposición en la materia contenidas en la Ley General de Vida Silvestre, referente a los planes de manejo para parques zoológicos y espectáculos públicos, que textualmente establece, cito: Los parques zoológicos deberán contemplar en sus planes de manejo aspectos de educación ambiental, de conservación y reproducción de especies, con especial atención a las que se encuentran en alguna categoría de riesgo. Y además deberán registrarse y actualizar sus datos ante la autoridad correspondiente en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

Todos aquellos espectáculos públicos que manejen vida silvestre fuera de su hábitat deberán de contemplar en sus planes de manejo aspectos de educación ambiental y de preservación, con especial atención a los que se encuentran en alguna categoría de riesgo. Y además deberán registrarse y actualizar sus datos ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para el efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

Ambas modalidades de confinamiento de vida silvestre coinciden en el aspecto de educación ambiental y en el de conservación de especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo, en donde se infiere que la disposición del Código Civil en la materia no solo comprende los daños ocasionados por animales domésticos, sino también implica a los producidos por los animales en general.

Se trata de evitar eventuales riesgos a quienes poseen este tipo de especies peligrosas, así como a la sociedad civil, que pudiese, en su caso, tener contacto y en consecuencia correr el riesgo con el manejo de algún ejemplar de estas especies.

Al elaborar el proyecto de decreto que hoy ponemos a su consideración, estimamos necesario advertir que en nuestro país llegan especies de animales denominados exóticos, los cuales bajo un correcto y profesional sistema de manejo y control no representan riesgos de la especie de algún ejemplar o del ser humano que los maneja. Sin embargo, el problema radica en la posición de forma exótica, que por falta de conocimiento de sus características biológicas, fisiológicas y anatómicas, así como de sus procesos de desarrollo, presentan modificaciones físicas y de comportamiento, que posibilita la existencia de riesgos para los posicionarios, propietarios y, en general, para cualquier persona.

Con el establecimiento de los mecanismos adecuados para evitar el maltrato de las especies exóticas o nativas tratamos de regular la existencia de la obligación de los poseedores o propietarios de los predios o instalaciones que manejan los ejemplares de vida silvestre de manera confinada, siempre con el propósito de asegurar a los animales el trato previsto en nuestra legislación, así como los instrumentos internacionales en la materia, en los cuales el Estado mexicano es parte. Es cuanto, señorita presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado Gómez Michel. En consecuencia, está a discusión en lo general. Para fijar postura tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios, del Partido Nueva Alianza.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeros diputados y diputadas, es importante señalar que con la aprobación de la presente propuesta garantizaremos brindar un trato digno y respetuoso a los ejemplares de la vida silvestre, principalmente de la población exótica y peligrosa de la vida silvestre que se encuentran confinados fuera de su hábitat, de forma inadecuada, por diversos grupos o personas en nuestro país.

Recordemos que nuestro país es considerado como una de las 17 naciones con mayor diversidad biológica en el mundo, denominándola como un país megadiverso, donde se aloja el 70 por ciento de las especies descritas del planeta, correspondiendo a México 108,519 especies, 23,400 plantas vasculares, 1,096 aves, 804 reptiles, 535 mamíferos y 361 anfibios.

Esta diversidad natural se ha deteriorado en gran medida por el hombre, el cual ha producido graves impactos negativos en los ecosistemas a través de la destrucción y modificación del hábitat, provocando el cambio del uso del suelo para realizar actividades agrícolas, ganaderas y urbanas, de la contaminación del suelo, del aire y del agua y de la sobreexplotación de la vida silvestre, al incitar las prácticas cinegéticas irresponsables del tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, teniendo como resultado inmediato que muchas especies de vida silvestre se vean afectadas en su población o en su alteración genética, o se encuentren bajo alguna categoría del riesgo del medio silvestre en peligro de extinción, amenazados o sujetos a protección especial, y, en el peor de los escenarios, se extingan.

Debemos evitar que por un inadecuado manejo se ponga en riesgo a la población civil, originado por el desconocimiento de las características biológicas, fisiológicas, anatómicas de la fauna exótica.

Reiteramos la necesidad de atender a la fauna silvestre, que por su propia naturaleza y biología o condiciones de manejo representan algún peligro al ser humano y condicionar a ésta a un legal confinamiento de ejemplares y poblaciones exóticas, la cual debe recibir en todo momento un trato digno y respetuoso, por lo que es imperante que dicho manejo considere los elementos mínimos para ello, así como la necesidad de maximizar la eficiencia de los recursos públicos para los efectos del aseguramiento de ejemplares de vida silvestre.

Reconocemos la gravedad que representan los diversos problemas, que derivan además del manejo y de la incomprensión de las disposiciones legales, de la falta de información, como pasa en la actualización del padrón de previos que manejan la vida silvestre.

El seguimiento de los casos del maltrato animal y de los planes de manejo, los cuales se contrarrestan, porque deberán actualizarse de acuerdo a un año.

Finalmente, debemos señalar que con la aprobación de la propuesta, también se propiciará la recuperación de especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, como lo establece el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza pugnamos por el cuidado, preservación, respeto y trato digno que merece la fauna silvestre y las poblaciones exóticas, y solo con la oportunidad de modificar y enriquecer la ley podremos atender las demandas sociales y proteger nuestro medio ambiente y la vida silvestre del territorio nacional. Es por eso que daremos nuestro voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez:Gracias, diputada Olvera. Le damos el uso de la palabra a la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Adelante, diputado Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Presidenta, disculpe que interrumpa así el trámite de la discusión sobre este dictamen —que es importante— y por supuesto que aprovecho para decir que votaré a favor.

Simplemente, porque considero muy importante que quede asentado en el Diario de Debates una gentil exhortación a la Junta de Coordinación Política para que cite al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, a que discutamos el asunto de Michoacán, con el problema de las autodefensas, con los diálogos que se están dando y todas estas versiones. Es un asunto muy complejo y creo que nosotros no podemos ser omisos con nuestra responsabilidad.

Por supuesto, para llevarlo a cabo de la mejor manera, de una manera republicana. Pero es urgente que el Congreso de la Unión y, en este caso, la Cámara de Diputados pueda conocer directamente del secretario de Gobernación lo que está sucediendo, qué acciones se tienen que hacer y que de esa manera contribuyamos a solucionar un problema muy complejo, muy difícil en el estado de Michoacán. Creo que nadie debe oponerse a que la Cámara de Diputados tome el toro por los cuernos en este caso.

Entonces, hacerle una muy gentil, muy cordial, exhortación a la Junta de Coordinación Política para que se invite al licenciado Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, a que comparezca sobre este particular. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Sí, diputado. Su participación queda registrada en el Diario de los Debates. Continuamos con el orden del día. Adelante, diputada Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, día a día nos encontramos con una severa problemática que hace referencia al maltrato de los animales en cautiverio, una enorme gama de acciones inhumanas y deplorables, que agudizan cada vez más las condiciones de supervivencia de los animales, sin importar su especie u origen.

En esta ocasión estamos discutiendo la minuta por la que se propone reformar los artículos 27 y 78, y adicionar un artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre, para dar garantías de mejor trato a los animales en cautiverio.

Con estas modificaciones legales estamos convencidos de que en los hechos las lastimosas condiciones de vida que se les da a los animales en confinamiento podrán ser sujetas a una exhaustiva revisión, para determinar si existe la posibilidad de garantizar el manejo de estas especies de animales, en lugares ya característicos para el lucro y exhibición.

Dicha reforma tiene el firme propósito de llevar a cabo acciones necesarias para que haya un trato humanitario a las especies animales en cautiverio, sobre todo aquellas referidas en circos, ferias, colecciones privadas y zoológicos, por ejemplo.

Con la reforma propuesta, el gobierno federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sería el encargado de expedir las normas oficiales mexicanas respectivas para que se garantice el trato humanitario para dichas especies. Dicha norma deberá establecer condiciones adecuadas para el cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, así como vigilancia y sanción, ante un inadecuado manejo o evento que ponga en riesgo la seguridad de la población civil, debiendo ser reubicados por la Secretaría.

Otro aspecto relevante que se aborda en la minuta que analizamos es el relativo a la crueldad contra los animales, práctica que se ha vuelto más frecuente en los años recientes. Ejercer la violencia es un acto que se aleja de la moral, más cuando se realiza contra especies indefensas.

Se resalta en los considerandos que aunque existen leyes locales que regulan el trato hacia los animales, éstas no han logrado plenamente su objetivo, que debe ser generar una cultura de respeto y trato humanitario hacia los animales.

Por ello, distinto de otras ocasiones, se propone incluir definiciones precisas en la ley sobre los términos relacionados a especies silvestres vivos, en el sentido de contar con un plan de manejo autorizado por la Secretaría.

Los diputados del Partido del Trabajo estamos seguros de la bondad de la reforma que se pone a consideración de esta soberanía. Es adecuado avanzar en el trato respetuoso hacia los animales.

Por las consideraciones aquí señaladas, votaremos a favor de la minuta en comento. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputada Ortiz. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Partido Movimiento Ciudadano.

La diputada Merilyn Gómez Pozos:Gracias, presidenta. En febrero de este año, una persona del público logró grabar con su celular cómo un domador de tigres murió tras ser atacado por un felino en plena función de un circo en Sonora.

El 21 de agosto pasado, el italiano Antonio Salermo llegó a la Riviera Maya para vacacionar con su familia. Sin embargo, al momento de registrarse en un hotel, su hijo Francesco, de cuatro años, se acercó a una jaula donde se exhibía un tigre de bengala blanco y el pequeño fue atacado por el felino que le destrozó el dedo de la mano izquierda.

Estos dos ejemplos —ocurridos en territorio mexicano en este año— son apenas una muestra de lo peligroso que puede resultar la convivencia de animales exóticos con seres humanos. Los ejemplares silvestres, a diferencia de los domésticos, necesitan sobrevivir en su ambiente natural. Las casas, circos e incluso algunos zoológicos, de ninguna manera son un medio adecuado para esta tipo de especies.

Son diversas las razones por las que se vuelve pertinente una mayor regulación por parte de las autoridades competentes en la materia, razones que van desde la seguridad de las personas, hasta la dignidad del trato a los animales. Y es que en muchas ocasiones quienes adquieren especímenes silvestres no toman en cuenta la capacidad de ataque de los mismos, quienes poseen una fuerza superior al de las mascotas tradicionales, a lo que se suma la agresividad que pueden presentar, derivado del estrés que provoca el encierro.

Por si no es suficiente, el desconocimiento de las enfermedades que afectan a los animales silvestres y que podrían ser amenaza para la salud humana, a raíz de su contacto, debe ser otra razón para establecer un control más estricto en el manejo de estos animales.

Otro elemento de preocupación lo constituye el estado de las poblaciones. Agrupaciones de biólogos han expresado su preocupación, debido a que la extracción de fauna de la naturaleza ha generado el declive y hasta la extinción de su medio natural en algunas especies. Además, la posición de animales exóticos genera una de las características más indeseables del ser humano: la crueldad.

Al adquirir una mascota silvestre se le aísla de su medio natural y de los otros medios de su especie, se le condena a vivir en soledad encerrada e injiriendo comida inapropiada, además de fomentar muchas veces el comercio ilícito.

El gobierno mexicano cuenta con distintos organismos para regular el manejo de animales exóticos, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su órgano administrativo desconcentrado y autónomo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encargadas de hacer valer la ley para regular la vida silvestre.

Sin embargo, a pesar de existir este entramado regulatorio en nuestro país, se registran a diario casos protagonizados por animales en donde se pone en peligro la seguridad de la sociedad civil, además los ejemplares son tratados de forma poca digna y sin respeto.

Todos los días se trafica con ejemplares históricos para ser vendidos como mascotas o animales de compañía de forma ilegal. A diario zoológicos públicos y privados, circos, colecciones científicas y otros poseedores de animales incurren en este tipo de faltas. De ahí la necesidad de establecer controles más estrictos en esta materia.

Los diputados de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen, porque es un paso firme en la lucha por el respeto de los derechos de los animales y la sana convivencia con los seres humanos. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez:Gracias, diputada Merilyn. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández:Compañeros, buenas tardes. Cuando revisamos el material que iba haber hoy y que se trataba de la reforma al artículo 27 de esta ley, no pude evitar pensar en la calle Pío XII, en la colonia San Jerónimo, en León, Guanajuato.

Hace menos de tres semanas me tocó —al ir caminando por esa calle— ver a un león. Un león de no más de un año y medio. Ese león está en el jardín de una casa. Si tú pasas caminando por esa calle —lo repito— Pío XII, colonia San Jerónimo, en León, Guanajuato, se puede ver un león, un cachorro de león a cuestión de seis metros.

Dije: ¿Qué hace un león en la colonia San Jerónimo en León, Guanajuato, en una casa particular, a menos de seis metros de la banqueta de la calle? Por eso fue que decidí tomar el posicionamiento de esta ley.

Un país se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Todos hemos escuchado que México es uno de los tres países con mayor biodiversidad del mundo. Se utiliza el término megadiverso, pues conviven con nosotros al menos 1,070 especies de aves, 528 de mamíferos, 804 de reptiles y 361 anfibios. De estas solamente la mitad existen aquí en México.

Como contexto, el ser humano es un dispersor de todo tipo de especies. Algunas desde la más remota antigüedad nos han acompañado en nuestros viajes y exploraciones, porque nos resultaban útiles. El mejor ejemplo, los perros, las vacas, los caballos.

Sin embargo, es triste reconocer que la principal causa por la que los humanos trasladamos especies de un sitio a otro es por razones de conveniencia económica, siempre visto desde la perspectiva del corto plazo y nunca hemos pensado en la manera en que estas especies se adaptarán o no a su nuevo hábitat urbano.

Es frecuente ver en los mercados, carreteras, o incluso en las mismas calles de nuestras ciudades la venta ilegal de especies en peligro de extinción, aunque se encuentran prohibidas por la Norma Oficial Mexicana 059 de Semarnat. Por ejemplo, pericos, loros, lechuzas, tortugas y plantas, que muy probablemente no provienen de criaderos o invernaderos, sino que fueron extraídos de su hábitat natural de distintas regiones del país e incluso de otras partes del mundo.

En un extremo, tenemos la nostalgia por el oficio de pajarero. Decimos ¿de dónde traen esos pájaros? Pero en el otro extremo, tenemos, sabemos y conocemos a muchas personas que tienen zoológicos privados en sus casas. Todos conocemos a alguien que tiene algún animal exótico. Alguien obviamente con una alta capacidad de ingresos, que tiene en su casa un tigre, un león o un mono.

Quisiera que me dijera alguien, de verdad, que levanten la mano quienes conozcan a alguien —de primera mano— que tiene un amigo rico o rica y que tiene un monito o incluso un león en sus casas. En León es el caso que sí lo hay y les apuesto que muchos de nosotros conocemos a alguien o sabemos de alguien que tiene a un animal exótico viviendo en su casa o en su jardín.

Muchos animales de circos o zoológicos, considerados como especies exóticas para nuestro país provienen de África o Asia, obviamente resultado del tráfico de animales. Muchos de estos animales sobreviven en condiciones deplorables, encontrando el alivio a su sufrimiento con la muerte, aunque afortunadamente la tendencia actual de los zoológicos es hacia la sustentabilidad. Es decir, que los animales andan sueltos y nosotros somos los que caminamos o vamos dentro de un vehículo observando a los animales. Esperemos que ésa sea la tendencia en todo el país. Sin embargo, no es el caso en todo el país ni de todos los animales.

De acuerdo a la Profepa, en el marco del Subprograma Nacional de Inspección a Circos, tan solo en el 2012 se realizaron 29 acciones de inspección y vigilancia en 16 estados del país. Y ¿saben qué? Como resultado de las visitas de inspección se aseguraron precautoriamente 177 ejemplares de fauna silvestre, principalmente de las especies del mono araña, tortugas, tigres, camellos, mono capuchino, papión y llamas.

La pregunta es, ¿dónde están esos animales ahora? ¿Fueron donados a zoológicos de ciudades más pequeñas, o continuaron en el circuito del tráfico ilegal de animales exóticos?

Por tal motivo, el Partido Verde votará e impulsará todas las iniciativas que tengan por objetivo garantizar el trato digno y respetuoso a los animales en confinamiento, a través de la creación de una figura de manejo, que considera los elementos necesarios para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que les pudiera ocasionar estar encerrados en pequeñas jaulas fuera de su hábitat natural.

Lo pongo sobre la mesa, de verdad, el caso del león, en la colonia San Jerónimo hay un león al pie de la banqueta. Calle Pío XII, colonia San Jerónimo, en León, Guanajuato.

Abundan compañeros de la industria zapatera que tienen en sus casas tigres pequeños, que tienen también pumas. Entiendo que me dijeron que no, pero continúo con la pregunta, ¿conocen a alguien indirectamente que tenga un animal exótico en su casa?

Todos sabemos el caso de un político muy querido y muy famoso en el norte de México, que tiene un zoológico perfectamente controlado y con todos los permisos y autorizaciones. Pero es un hecho, no podemos negar esa realidad, de verdad.

Por eso la reforma al artículo 27 establece que las personas que posean estos animales exóticos como mascotas deberán tener la autorización de Semarnat.

Y, por otro lado, la adición al artículo 78, que vela por los intereses de estos animales también exóticos. Pero que en esta ocasión estén en exhibición pública, como circos, zoológicos o colecciones privadas. Y estos solamente podrán operar si cuentan con los planes autorizados por Semarnat.

Con esto termino, señora presidenta y pongo sobre la mesa, estoy segura de que todos conocemos a alguien directa o indirectamente que tiene un animal exótico y, repito, obviamente es gente con altos ingresos. Un animal exótico que es producto del tráfico ilegal de animales exóticos. Gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputada Rosa Elba.

Saludamos también a los alumnos estudiantes de derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Puebla, invitados por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga.

Le damos ahora el uso de la palabra al diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Luis Esquivel Zalpa:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, México, con cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio y 11 mil de litorales, aunado a su abrupta orografía y diversidad climática —entre otros factores— ha sido generosamente favorecido por la naturaleza, pues ha permitido el desarrollo de múltiples ecosistemas que albergan una excepcional riqueza de flora y fauna silvestres. Siendo el tercer país megadiverso en el mundo, ocupa el primer lugar en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas.

Es prioritario proteger y conservar los ecosistemas y hábitat representativos del país para procurar la sustentabilidad de los recursos naturales. Nuestro país no había tenido hasta 1996 un programa definido que promoviera, orientara y revisara en el largo plazo la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

La conservación de la biodiversidad y los valores que esta encierra es claramente un tema que debe ser atendido como de interés público. La protección de la vida silvestre es relativamente nueva, por lo que estamos en la etapa de generar y mejorar las leyes, optimizándolas para su mejor aplicación, por lo que debemos darnos prisa con los pendientes en lo que se refiere a la protección de la diversidad de especies que entran y circulan en nuestro país, tanto en circos, zoológicos, colecciones privadas, como en tráfico, en donde se ponen en riesgo las especies y los habitantes, ya que el manejo no es el óptimo y suele ser completamente inadecuado.

Sin duda esta reforma propuesta es un gran avance para la protección de la vida silvestre, al exigir permiso para tener en propiedad algún animal exótico, condicionando la operación de los espectáculos y colecciones y exigiendo al poseedor un plan de manejo autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente y que la misma Secretaría tenga la actualización de los datos anualmente. Lo que facilitará la optimización del manejo adecuado de las especies.

Es necesario —como lo propone el dictamen— tener un mejor control y manejo de todas las especies silvestres exóticas que circulan por el territorio para evitar o disminuir cualquier daño que se les pudiera ocasionar durante su confinamiento o traslado. Y dada la amplitud de la problemática de maltrato animal, el trato digno y respetuoso es una exigencia.

Es por esta razón que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señora presidenta. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado Esquivel.

Saludamos también y les damos la bienvenida a los estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla, invitados por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas. Sean ustedes bienvenidos.

Le damos el uso de la palabra a la diputada Liliana Castillo Terreros, del Partido Acción Nacional.

La diputada Liliana Castillo Terreros:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy nos ocupa está vinculado con la convivencia del ser humano y los animales.

¿Cuántos de nosotros tenemos mascotas o disfrutamos al observar o descubrir un animal exótico, que por su belleza o rareza nos remite a la riqueza de especies y variedades animales que posee nuestro planeta? Sin embargo, es una realidad que en espectáculos itinerantes, circos o cualquier actividad que utiliza animales las condiciones de cuidado y manejo de estos son deplorables. A lo anterior le sumamos que existen casos donde la seguridad para la población civil no es la óptima, por lo que los riesgos de peligro son importantes durante el traslado, exposición o confinamiento de estos animales.

Esto ha sido denunciado y existen instancias, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que posee programas para supervisar y controlar el manejo de especies en zoológicos y circos. A pesar de esto, no hay total control de esta situación, lo que provoca riesgos para las especies y para la población.

Todo esto debe cambiar, compañeras y compañeros legisladores, somos responsables, como especie con conciencia y con valores universales de nuestro entorno y del bienestar propio, así como del bienestar de las especies que conviven con nosotros.

Como bien lo apunta el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, dadas las inexistentes obligaciones de los predios o instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada, a saber: zoológicos, circos, espectáculos públicos y colecciones privadas, de contar con un plan de manejo autorizado por la Semarnat y la problemática de las especies exóticas y especies nativas relacionadas al riesgo humano, aunadas a las condiciones de maltrato que prevalecen sobre dichas especies, se requiere la obligación de todo aquel que realiza estas actividades de estar registrado y contar con un plan de manejo. Esto, compañeros, es un control necesario para asegurarnos de que los animales no sean dañados y que estos a su vez no afecten al ser humano.

Por otro lado, no olvidemos que para prevenir estas situaciones debemos seguir apoyando e impulsando la prevención a través de la educación ambiental, la sensibilización hacia el trato digno a los animales y la responsabilidad.

Si logramos esto, haremos efectivo el castigo a quien maltrata y todos disfrutaremos y agradeceremos preservar a los animales de todas las latitudes: Y esperamos que gradualmente se termine con la costumbre de exhibir a los animales como espectáculo circense, y que los animales que estén en un zoológico puedan estar en condiciones óptimas y dignas.

En Acción Nacional estamos convencidos de que la mayor falta de un partido político, de un representante popular y del propio gobierno es no velar por el bien común y por cuidar nuestro entorno. Por esta razón, mi partido votará a favor de esta iniciativa, ya que al dirigirme a ustedes avala una realidad: de manera permanente hemos impulsado iniciativas que buscan un mejor equilibrio entre el hombre y su hábitat, fomentando el respeto y la dignidad.

Quiero terminar con lo siguiente. Si como legisladores permanecemos insensibles a temas como el que hoy nos ocupa, estoy segura que no podremos dar respuesta a las exigencias que hoy mismo y en futuro próximo demandará a nuestro país, porque avanzar no significa poseer o enriquecerse a costa del medio ambiente y de su explotación irracional, sino crecer en conciencia ecológica y con respeto por la vida animal silvestre. Es cuanto, señor presidente.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez:Gracias, diputada Castillo.

Saludamos a los periodistas de la ciudad de Veracruz, que son invitados del diputado Juan del Bosque Márquez. Así como a los alumnos de la preparatoria oficial número 40 del municipio de Naucalpan, estado de México, invitados por la diputada Cristina Ruiz Sandoval.

Tiene el uso de la palabra el diputado Ossiel Omar Niaves López, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Ossiel Omar Niaves López:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el cuidado, el manejo, la exhibición de cualquier especie de animales representa una gran responsabilidad y más aún si hablamos de especies de la vida silvestre, ya que un gran porcentaje de las mismas se encuentran en peligro.

En la actualidad existe un gran número de especies consideradas exóticas, las cuales son objeto de exhibición por parte de zoológicos, espectáculos públicos fijos o itinerantes, así como de coleccionistas privados. Sin embargo, dichos lugares no siempre cuentan con las medidas que permiten llevar a cabo un manejo adecuado de dichas especies o preservar la seguridad de los animales o las personas.

Permítanme señalar —a manera de ejemplo— los hechos que se suscitaron a finales del pasado mes de agosto, en un hotel de Cancún, Quintana Roo, en el cual un menor de edad de nacionalidad italiana fue atacado por un tigre que se encontraba siendo exhibido en ese lugar. Este hecho no solo deja al descubierto la presencia de actos de imprudencia por parte de los dueños de este tipo de animales, sino que pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo este tipo de reformas, como la que hoy tenemos a discusión.

Consideramos acertada la reforma que ahora discutimos, ya que establece la fórmula y planes de manejo, los cuales deberán contener aquellos elementos mínimos que fomenten un trato digno y respetuoso hacia los animales, al evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo de dolor que se pudiera ocasionar con los ejemplares de la fauna silvestre durante su confinamiento, traslado, exhibición y adaptación de los nuevos espacios y entrenamientos.

Los planes de manejo deberán contener elementos, tales como el tipo de confinamiento, la descripción física-biológica del área y su infraestructura, la dieta a proporcionar a cada ejemplar, los cuidados clínicos del animal, el medio de transporte para movilización y las medidas de mantenimiento, seguridad e higiene.

Dos elementos básicos que darán fuerza a la presente reforma son la autorización expresa con que deberán contar las personas que poseen ejemplares exóticos, como mascotas o animales de compañía, así como la posibilidad de reubicación de especies, ante un inadecuado manejo o evento que ponga en riesgo a la población civil.

Finalmente, compartimos la idea de que los predios e instalaciones que manejan la vida silvestre en forma confinada, como zoológicos, espectáculos públicos fijos o itinerantes, circos o coleccionistas privados, solo podrán operar si cuentan con un plan de manejo autorizado y además deberán registrarse y actualizar sus datos ante la autoridad correspondiente en el padrón que para tal efecto se lleve.

Compañeras y compañeros legisladores, el cuidado de las especies nativas y exóticas de la vida silvestre que se encuentran fuera de hábitat debe ser por parte de un proceso civilizatorio.

El Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, recordando lo dicho por el conservacionista norteamericano Roger Caras: Los animales tienen derechos que aunque diferentes a los nuestros son igual de inalienables. Tienen derecho a que no les inflijamos dolor, temor o privación física. Tienen derecho a que no se les trate brutalmente en ningún aspecto, a fin de utilizarlos para alimentos, entretenimiento o cualquier otro propósito. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado Niaves.

Agotada la lista de oradores y en virtud de que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

De viva voz.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): A favor.

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik(desde la curul): A favor.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación. Señor presidente, se emitieron 371 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 78 y adiciona un artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY DE VIVIENDA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

En virtud del análisis y estudio de la propuesta mencionada, esta Comisión Legislativa, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I,  158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta Soberanía el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

1. En el capítulo de “Antecedentes”, se da cuenta del trámite del proceso Legislativo, desde la presentación de la iniciativa, el estudio, discusión y dictaminación  en comisiones hasta su aprobación por el Pleno del Senado de la República.

2. En el capítulo correspondiente a “Contenido de la minuta”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

3. En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

1. Antecedentes

Primero.En sesión celebrada en el Senado de la República el 4 de diciembre de 2012, el senador Fernando Herrera Ávila integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Pleno de la Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al Artículo 71 Ter, de la Ley de Vivienda.

Segundo.Esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondientes.

Tercero.Las comisiones unidas determinaron en el proceso de dictaminación, ratificar la adición al artículo 71 de la Ley de Vivienda planteada en la iniciativa debido a que su redacción no cumplía con las características de generalidad, obligatoriedad, permanencia y abstracción, que toda ley general debe guardar como es el caso de la Ley de Vivienda.

Cuarto.Con las modificaciones correspondientes, el 23 de abril de 2013 en sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores fue aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, que contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo artículo 71 de la Ley Vivienda, recorriéndose el subsecuente en su orden, el cual fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Quinto. El 24 de abril de 2013, el citado proyecto de dictamen fue aprobado por Pleno de la Cámara de Senadores, mismo que fue remitido para los efectos del artículo 72 Constitucional a la Cámara de Diputados En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, remitió el expediente con la Minuta correspondiente a esta Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Sexto.En sesión ordinariade esta Cámara de Diputados del 29 de abril de 2013, la Mesa Directiva turnó el expediente con la minuta proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo artículo 71 de la Ley Vivienda a la Comisión de Vivienda, para su estudio y dictamen procedente.

De acuerdo a los antecedentes mencionados, nuestra colegisladora fundó el dictamen contenido en la citada minuta, en los motivos que se describen a continuación:

2. Contenido de la minuta

La minuta tiene como propósito impulsar la explotación en las viviendas y zonas habitacionales las llamadas “energías limpias”, para beneficio no sólo del medio ambiente, sino de las finanzas de las familias mexicanas y fomentar la cultura de su uso.

Este propósito es cada vez más necesario, dado que el desmesurado y dependiente consumo de las combustibles convencionales fósiles como el carbón, el petróleo y el gas han producido graves problemas de contaminación, asociados a los gases de efecto invernadero.

Se menciona que hace apenas tres décadas hablar de viviendas “verdes” o “ecológicas” que utilizaran el agua de lluvia, reciclaran en agua, usaran calentadores solares y sistemas alternativos de energía, parecía algo ilusorio. Solo se podía entender ese uso de tecnologías limpias en las naciones desarrolladas. Sin embargo, el efecto globalizador ha permitido que las naciones en desarrollo no permanezcan al margen de ese proceso.

En tal sentido, México ha realizado importantes progresos técnicos y ha avanzado en la actualización del marco jurídico, al implementar la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que fundamenta la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Agrega la minuta que mediante tal Estrategia el Estado Mexicano impulsa las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias y promueve la eficiencia y sustentabilidad energética, a fin de reducir la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.

En nuestro país existen experiencias en el caso de viviendas sustentables, donde las edificaciones utilizan materiales antirreflejantes que permiten mayor autorregulación del clima interno, incorporan accesorios para el ahorro y utilización del agua, el calentamiento solar del agua, el reciclaje de los residuos y la iluminación eficiente con focos ahorradores y paneles solares.

Por lo anterior, el Senado de la República determinó que estas medidas deben ser consideradas por los organismos rectores de la política de vivienda del Estado Mexicano y por los desarrolladores inmobiliarios, que aunque requieran tal vez de una mayor inversión, otorgan una mayor plusvalía a las propiedades y generan un mayor ahorro para las familias que habitan las viviendas pero, sobre todo, traen consigo un mayor cuidado y mejoramiento del medio ambiente.

Las comisiones dictaminadoras, determinaron modificar la redacción propuesta en la iniciativa, que expresaba: “Asimismo, promoverá el uso de energías renovables a través de la instalación de sistemas de captación solar para el calentamiento de agua y sistemas fotovoltaicos para suministro de electricidad, además de las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda; así como el diseño y envolventes térmicos, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.” ,por el texto siguiente:

Artículo 71. ...

Asimismo, promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.

...

Esta modificación, se elaboró con la finalidad de que la adición se ajuste a las características degeneralidad, abstracción y mayor permanencia posible, que conforme a la doctrina jurídica debe contener toda ley general, como es el caso de la Ley de Vivienda.

Asimismo, se señala que con esta redacción la Ley de Vivienda posibilitará el cabal aprovechamiento todas las ecotecnologías que existen -y que puedan existir en el futuro- en la construcción de las viviendas, ya sea como energía térmica solar, como energía fotovoltaica o como los sistemas pasivos de la arquitectura solar para crear confort térmico.

Concluye la minuta, que en los próximos años se espera la construcción  de un millón de viviendas al año, por lo tanto sí contaran con las aplicaciones de las energías limpias significaría para el país un ahorro importante de energía tradicional y para las familias un ahorro económico.

De acuerdo con lo anterior es que esta honorable Comisión de Vivienda hace las siguientes:

3. Consideraciones

Primera.Derivado del análisis de la minuta, los integrantes de la Comisión de Vivienda, comparten el interés de la colegisladora por impulsar la utilización de las “energías limpias” para beneficio, no sólo del medio ambiente, sino de las finanzas de las familias mexicanas y fomentar la cultura de su uso.

Segunda. Que efectivamente los sistemas y equipos para el aprovechamiento de las energías limpias, hasta hace poco tiempo solo estaban al alcance de los países desarrollados. Sin embargo, el efecto globalizador ha permitido que las naciones en desarrollo no permanezcan al margen del uso, aplicación y hasta fabricación de algunos equipos. Coincidir

Tercera.Que esta Comisión juzga la adición de un segundo párrafo al artículo 71 de  Ley de Vivienda, ya que armoniza y complementa este ordenamiento con lo dispuesto en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la cual regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias.

Cuarta.Que la adición referida contribuirá a incentivar el uso y la aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables, la eficiencia y el ahorro de energía, así como a promover y difundir el uso y la aplicación de tecnologías limpias en el uso doméstico, propósitos de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía”, plasmados en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Quinta.Que toda vez que existen programas federales impulsados por la Comisión Nacional de Vivienda y el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores orientados a promover el uso de energía renovable por medio de distintas soluciones tecnológicas de acuerdo a las condiciones de suelo y de bioclima de cada región, esta comisión dictaminadora estima que la Minuta en comento vendrá a robustecer en los organismos nacionales, estatales y municipales de vivienda el uso de las ecotecnologías en las casas-habitación.

Sexta.Esta comisión dictaminadora coincide en quelas medidas planteadas en la minuta en comento, deben ser incluidas en los programas y estrategias de los organismos rectores de la política de vivienda del Estado mexicano y por los desarrolladores inmobiliarios. Tales medidas si bien, requieran de una mayor inversión, favorecen en cambio, un incremento en la plusvalía de las propiedades y, a la vez, generan un importante ahorro para las familias que habitan las viviendas y traen consigo un mayor cuidado y mejoramiento del medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Vivienda se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda

Único.Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 71. ...

Asimismo, promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 29 de octubre de 2013.

La Comisión de Vivienda, diputados:Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), presidente; Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Tomás López Landeros, Abel Guerra Garza (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica), secretarios; Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), Lázara Nelly González Aguilar, (rúbrica) José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Noé Barrueta Barón (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica) Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero, Norma Ponce Orozco (rúbrica) Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Brasil Alberto Acosta Peña, Josefina Salinas Pérez, Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), María Eugenia de León Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión, se concede el uso de la tribuna al diputado Abel Guerra Garza.

Saludamos con mucho gusto a la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, de San Luis Potosí, que nos acompañan hoy aquí, invitados por el diputado Xavier Azuara. Bienvenidos a la sesión.

El diputado Abel Guerra Garza:Con su permiso, diputado presidente. Me corresponde fundamentar el dictamen favorable de la Comisión de Vivienda a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

Esta minuta tiene su origen en la iniciativa presentada por el senador Fernando Herrera Ávila, del Partido Acción Nacional, el 4 de diciembre de 2012. El propósito de la iniciativa es impulsar las llamadas energías limpias para viviendas y zonas habitacionales, en beneficio al medio ambiente y a la economía familiar.

Resulta necesario impulsar las energías limpias, ya que el consumo desproporcionado de los combustibles fósiles ha agravado los problemas de contaminación asociados a los gases con efecto de invernadero.

Hace algunos años hablar de vivienda autosustentable, de las que utilizan agua de lluvia reciclada, calentadores solares y sistemas alternativos de energía era inimaginable, pero el avance de la ciencia ha generado nuevas tecnologías que nos obligan a actualizar el marco jurídico para impulsarlas, en virtud del evidente beneficio que este tipo de energías limpias genera.

Tenemos importantes procesos técnicos en la materia. Estamos implementando la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que nace gracias a la creación de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, que nace en este Congreso de la Unión.

Y aunque en México ya hay viviendas llamadas sustentables, son muy incipientes, como aquellas que utilizan materiales antirreflejantes que permiten mayor regulación del clima interno, las que utilizan accesorios para el ahorro en la utilización y calentamiento de agua. El reciclado en la basura, los focos ahorradores y paneles solares en algunos casos. Pero falta utilizar tecnologías ya probadas.

Por eso los integrantes de la Comisión de Vivienda consideramos positiva la aprobación de la minuta en comento, ya que es necesario armonizar la Ley de Vivienda con lo dispuesto en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la cual regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías llamadas limpias.

Consideramos que la aprobación de este dictamen contribuirá a incentivar el uso y la aplicación de estas tecnologías para aprovecharlas, para inducir la eficiencia y el ahorro de energía, así como para promover y difundir el uso y aplicación de tecnologías limpias para el uso doméstico.

Por último, consideramos que la adición de este párrafo en el artículo 71 de la Ley de Vivienda vendrá a robustecer los programas que impulsan las instituciones de viviendas para el uso de las ecotecnologías, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país. Agradecemos de antemano su voto a favor del dictamen. Gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la tribuna el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo.

Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de invitados de Ixmiquilpan y El Cardonal, Hidalgo, que están aquí invitados —valga la redundancia— por la diputada Dulce María Muñiz Martínez. Bienvenidos y bienvenidas.

También a los alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Políticas, que están aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión. Adelante, diputado.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, solucionar los retos de nuestro medio ambiente requiere de una visión transversal y diferente. Una visión que tome en cuenta la amplitud de los elementos que se involucran en el desarrollo humano. Y para lograrlo, es necesario que generemos un modelo para el crecimiento y desarrollo sustentable, que tome en cuenta no únicamente la perspectiva económica, sino también la perspectiva social, la perspectiva cultural y la compleja diversidad de nuestros ecosistemas.

Lo que a todas luces es cierto es que existen elementos nodales que tenemos que cambiar en nuestro modelo actual para el desarrollo, pues éste ha tenido como consecuencia el aceleramiento del calentamiento del planeta, con todas sus terribles consecuencias.

Las políticas para el desarrollo sostenible buscan armonizar el proceso económico con la conservación de la naturaleza. Buscan lograr el balance entre la satisfacción de nuestras necesidades actuales y las necesidades de las generaciones futuras.

En Nueva Alianza hemos manifestado repetidamente nuestra preocupación por generar políticas a favor del medio ambiente para lograr ciudades sustentables, con la democratización del espacio público y con servicios de calidad.

La construcción de vivienda tampoco puede ser ajena al tema de la sustentabilidad. La sustentabilidad tiene mucho qué ver con la forma en la que establecemos construcciones y elegimos lugares para vivir, pues es a partir de nuestro lugar de residencia que determinamos los patrones de consumo, de movilidad y de generación de riqueza.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, que viene de la Comisión de Vivienda y que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

Estamos convencidos de que es primordial que los desarrolladores de vivienda adopten sistemas que propicien la condiciones para una arquitectura verde que optimice el uso de aguas recicladas o de lluvia, al igual que métodos alternativos para la obtención de energía que permita el calentamiento del agua y que tomen en cuenta aspectos como la orientación, la ventilación, el sombreado adecuado y el aislamiento térmico y acústico.

Todo esto con el único fin de contribuir al establecimiento de lineamientos ambientales para el diseño y la construcción de viviendas que permitan aprovechar los recursos naturales y minimizar también el impacto ambiental de las construcciones, de acuerdo a las condiciones climáticas de cada lugar.

En Nueva Alianza promovemos mecanismos de gobernabilidad ambiental y energética, que favorecen la conservación del medio ambiente y reducen la dependencia de México en los hidrocarburos como fuente primaria de energía. Por estas razones, consideramos importante actualizar el marco jurídico —como establece el dictamen— para que se posibilite el aprovechamiento de todas las ecotecnologías en la construcción de vivienda.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las tecnologías limpias utilizadas en los hogares nos pueden llevar a dar un paso decisivo en la construcción de un mejor modelo de crecimiento y desarrollo. Los invito a que sigamos trabajando para que el Estado mexicano impulse las políticas que se encaminan a conseguir tal objetivo. Los resultados se verán en poco y nuestro país te lo agradecerá. Por su atención y su paciencia, muchas gracias, diputadas y diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ahora, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con permiso de la Presidencia. La vivienda en México y en el mundo a través de los años ha tenido cambios importantes, principalmente en la manera de construirse o en la utilización de materiales que facilitan su producción en serie.

En los países desarrollados estos cambios obedecen a hacer conjuntos habitacionales más amigables con el medio ambiente, a través de la utilización de tecnologías ecológicas que hagan de las mismas sustentables y se integren de una manera menos agresiva al entorno natural donde se ubican.

En México no sucede así, pues estos cambios obedecen solo a intereses económicos de las grandes empresas constructoras, que ven en la vivienda popular una oportunidad de obtener mayores ganancias al usar materiales más económicos, pero para nada ecológicos.

México no se ha quedado del todo al margen de las ecotecnologías, pues se han hecho esfuerzos importantes para promoverlas, como la capitación de agua de lluvia o la utilización de calentadores solares, y apoyar a las constructoras o a los propietarios de las viviendas con subsidios para colocarlos en las mismas.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos seguros que un subsidio económico no es suficiente, falta educación y cultura ecológica, pues estamos acostumbrados a solo ver el beneficio económico, es decir, en cuanto a gas, energía eléctrica vamos a ahorrar, y lo que económicamente representa. Al no tener los ahorros esperados a corto plazo, y aunado a una mayor inversión inicial, es por lo que las ecotecnias son poco atractivas, tanto para el constructor como para el propietario de la vivienda.

Creemos que esta minuta que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda, es un paso importante para armonizarla con la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, pero deberá ir acompañada de una importante concientización de lo que realmente es una vivienda ecológicamente sustentable y de los beneficios que a mediano y a largo plazo trae a la economía. Pero lo más importante, al medio ambiente.

En el Partido del Trabajo creemos que debemos dar el siguiente paso en términos de vivienda y tener una legislación más estricta en términos ecológicos, que no solo promueva sino exija la utilización de al menos una ecotecnología por vivienda y así poder transformar verdaderamente el futuro ecológico del país.

Es importante seguir impulsando la transición energética a energías limpias y crear programas sociales que acerquen también a las personas más vulnerables, no solo un programa donde se mejore su vivienda al construirles un piso o un techo firme, sino que también se les dé la oportunidad de acceder a calentadores solares, a la aceptación de energía solar o al uso de energía eólica.

Estamos seguros que aunque los tres órdenes de gobierno de alguna manera han creado programas especiales para promover el uso de estas tecnologías, no se ha hecho lo suficiente para garantizar el aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales y contener el impacto ecológico que nuestro crecimiento urbano provoca.

Por los motivos antes expuestos, votaremos a favor del presente dictamen, esperando que no solo robustezca el marco jurídico en esta materia, sino que dé inicio a una legislación ecológicamente responsable. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras:Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Compañeros diputados y compañeras diputadas, en la actualidad la industria solar ha crecido en un promedio de 47 por ciento anual a nivel mundial. Para el 2035 se pronostica que la capacidad instalada para la generación de electricidad con fuentes renovables será de 3 mil 437 gigawatts, lo que representa el 40 por ciento del total del sistema eléctrico mundial.

La energía hidráulica y eólica serán las principales fuentes de generación de energía. Brasil, China, Rusia son algunos de los países que generan más electricidad a partir de energías renovables. Tan solo en el caso brasileño, el 75 por ciento de su electricidad proviene de estas fuentes. Se prevé que en el mundo la participación pase del 20 por ciento al 31 por ciento en el 2035.

México, hasta el 2012, de acuerdo con estimaciones de ProMéxico y con datos de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, solo contaba con una capacidad efectiva instalada para la generación de energía eléctrica de 63 mil 195 megawats, de los cuales 14 mil 500 megawats provenían de fuentes renovables de energía. Lo que representa el 23 por ciento del total de la capacidad instalada.

Por otro lado, el desproporcionado uso del carbón y el petróleo han producido graves problemas de contaminación asociados a los gases de efecto invernadero. La contaminación que a través de los últimos 100 años ha generado la humanidad ha tenido como efecto principal el calentamiento global, con consecuencias catastróficas.

Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el año 2000 México ocupó el lugar número 14 de emisiones de gases de efecto invernadero, con 512 millones de toneladas de bióxido de carbono anuales. Sin embargo, la globalización ha permitido que las naciones en desarrollo no permanezcan al margen de este proceso.

En ese contexto, México ha suscrito diversos compromisos en el plano internacional. El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono en 1985, el Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono en 1988, La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992 y el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.

Sin embargo, la economía mundial sigue dominada por la industria del petróleo y el automóvil que, en el caso de México, se agrava por los intereses geopolíticos de las potencias que luchan por la posesión y control de nuestros yacimientos de hidrocarburos.

Por el servilismo del viejo régimen, en complicidad con la derecha, están por entregar a los intereses extranjeros nuestros recursos energéticos, sin reparar no solo en la crisis económica, política y social que esto tendrá para el país, sino además lo que representan esas empresas en la degradación del medio ambiente.

En ese sentido, la implementación de fuentes renovables de energía no puede considerarse de ningún modo como una tarea postergable. El análisis de las experiencias internacionales más recientes muestra que es un tema prioritario en nuestra agenda energética.

Las nuevas fuentes de energía se identifican plenamente con los objetivos del desarrollo sustentable. El tema de las energías renovables para la vivienda en México debe ser un factor de suma importancia para esta soberanía. Debemos asegurarnos que en el futuro toda construcción de vivienda nueva contemple la implementación de energías limpias, ya sea como energía térmica solar, energía fotovoltaica o cualquier otra fuente de energía renovable, que ayude a promover la eficiencia y la sustentabilidad, así como la reducción de la dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.

Con la adición del párrafo propuesto en el presente dictamen al artículo 71 de la Ley de Vivienda, no solo estaremos contribuyendo a generar energías limpias para evitar contaminar más al planeta, sino que también representa un ahorro importante de energía tradicional para el país y un ahorro económico para las familias que habiten las viviendas.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen, a fin de que toda vivienda nueva cuente con ecotecnologías adecuadas a las regiones bioclimáticas del país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Honorable asamblea. Con su venia, señor presidente. Primero que nada, quiero felicitar al presidente de la comisión, don Carlos Aceves del Olmo, y a todos los que la integramos, porque se han venido desahogando varios de los dictámenes que teníamos rezagados y nos hemos estado poniendo las pilas para desahogar el tema.

El acceso a una vivienda digna es una condición necesaria para el desarrollo pleno del individuo. El artículo 4o. de nuestra Constitución Política mandata que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, lo cual ha obligado a los gobiernos en turno a poner en marcha una ambiciosa política de construcción de vivienda para satisfacer las necesidades de millones de personas en México, donde se calcula que 3 de cada 10 familias se encuentran en situación de rezago habitacional, pues carecen de una vivienda, o la que habitan no está en condiciones de considerarse como un hogar digno.

El tema de la vivienda es un ejemplo claro de cómo la demanda de un determinado bien puede provocar una crisis ecológica, si es que para satisfacerla no se siguen criterios encaminados a proteger nuestro entorno.

Cuando no se contempla en las viviendas ningún criterio básico de sustentabilidad, éstas se encuentran muy lejos de contribuir a mitigar la devastación ambiental generada por la explosiva expansión de los centros urbanos.

Diversos organismos internacionales han venido advirtiendo de la necesidad impostergable de adoptar en todos los ámbitos políticas encaminadas a detener el avance de la degradación ambiental y el calentamiento global que tantos estragos están causando a la población mundial.

No se puede soslayar el hecho de que de acuerdo al Consejo Mundial de Edificios Verdes, las construcciones de todo el mundo contribuyen con el 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero y hasta con el 50 por ciento de los desechos sólidos, lo cual podría reducirse significativamente si a la política de vivienda se le incorporan criterios de sustentabilidad.

Resulta imperativo entonces conjugar las políticas habitacionales necesarias para satisfacer las necesidad de vivienda de la población en México, con estrategias cuya prioridad principal sea el cuidado de los recursos que conforman lo que conocemos como medio ambiente.

En este sentido el concepto de construcción sustentable, el cual consiste en la renovación, operación, mantenimiento o creación de modelos de construcciones más saludables y eficientes en el uso de recursos, constituye una excelente alternativa.

Si bien el costo inicial de una vivienda sustentable es ligeramente más elevado que el de una casa convencional, lo cierto es que el diseño, la operación y las mejoras de una construcción verde generan ahorros que normalmente compensan esos costos extras, pues reducen el uso de otros recursos y aumentan la productividad. Las prácticas verdes ayudan a los hogares a alcanzar y mantener una eficiencia operativa, que ayuda a crear un futuro sustentable para la comunidad, la economía y el medio ambiente.

Como secretario de esta Comisión de Vivienda y representando al Partido Verde en dicha comisión, consideramos prioritario impulsar reformas que propicien un uso cada vez mayor de todo tipo de tecnologías, de manera tal que deje de ser una tendencia adoptada solo por aquellos que poseen un alto grado de conciencia ecológica y responsabilidad social y esto se convierta en una política de Estado.

Por lo anterior, nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de la adición de este segundo párrafo propuesto al artículo 71 de la Ley de Vivienda, para que a través de él se ordene al gobierno federal, autoridades estatales y municipales promover el uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero saludar a un grupo de alumnos que se encuentran en prácticas profesionales aquí en la Cámara de Diputados y que hoy nos acompañan en la sesión, al igual que a un grupo de jóvenes de Coparmex, procedentes del estado de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

Tiene la palabra el diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Pedro Porras Pérez:Con su permiso, presidente. Diputadas y diputados, la utilización de las llamadas energías limpias en las viviendas y zonas habitacionales tiene como objetivo beneficiar no solo al medio ambiente sino también a la economía de las familias mexicanas, fomentando la cultura en su uso.

Este propósito es cada vez más necesario, dado que el desmesurado y dependiente consumo de los combustibles convencionales fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas ha producido graves problemas de contaminación.

México ha realizado importantes progresos técnicos y ha avanzado en la actualización del marco jurídico, al implementar la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que fundamente la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Mediante esta estrategia se impulsarán las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energías renovables y las tecnologías limpias que promuevan la eficacia y sustentabilidad energética, a fin de reducir la dependencia de los hidrocarburos, como fuente primaria de energía.

Con la adición de un párrafo al artículo 71 a la Ley de la Vivienda se posibilita el aprovechamiento de todas las ecotecnologías que existen y que puedan existir en el futuro en la construcción de viviendas, ya sea como energía térmica solar, fotovoltaica o como los sistemas pasivos de la arquitectura solar para crear confort térmico. Las ecotecnias son dispositivos ahorradores de agua, luz y gas, siendo estos servicios básicos para la vivienda.

En documentos de estudio del Congreso de la Unión, se ha coincidido que en los próximos 10 años los cambios en la estructura de la pirámide de edades de la población indican que serán cada día más los jóvenes en edad de formar nuevas familias que como consecuencia necesitarán vivienda.

Este eminente crecimiento esperado de la demanda de vivienda requerirá de un enorme esfuerzo para satisfacer dicha necesidad, particularmente de la población de menos ingresos. Una de las tareas prioritarias del país en los próximos años será redefinir el papel de los organismos nacionales de vivienda para que se pueda hacer frente al déficit habitacional.

De manera complementaria será necesario desarrollar un sistema de subsidio para que la población de bajos ingresos pueda tener las condiciones para adquirir una vivienda a precios accesibles. Este esquema de subsidios debe considerar la capacidad económica y esfuerzo de ahorro previo, de tal manera que combine con el espíritu de equidad el ingreso y el ahorro, con la magnitud del subsidio.

Ahora le corresponde a las dependencias y entidades responsables de los créditos de vivienda el realizar todas aquellas acciones necesarias para informar a la población del beneficio de estas ecotecnologías, para que a pesar de que se genere un monto adicional en el otorgamiento de los créditos respectivos a largo plazo, se obtendrá un mayor beneficio por la utilización de estos dispositivos.

En este sentido, se tienen que buscar todas aquellas alternativas que disminuyan el costo de la instalación de los dispositivos. Las y los trabajadores de aquellas regiones bioclimáticas no aceptarán la instalación de los mismos si se les incrementa de manera considerable su crédito, por lo que no solo será responsabilidad de los beneficiarios su instalación, sino de las dependencias y entidades responsables. Pues el éxito de estas medidas contribuirán a la disminución del gasto familiar y la contaminación.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen y de todas aquellas medidas que beneficien a los sectores más vulnerables. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la emisión de gases tóxicos a la atmósfera es una de las principales causas del cambio climático, fenómeno que se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad actualmente.

En este contexto, el cuidado del cambio climático a través del medio ambiente debe ser una prioridad. Como país, como sociedad, tenemos la obligación de tomar las medidas pertinentes, a fin de generar ahorros de energía, tanto en la industria, pero particularmente en las viviendas, ya que estas últimas representan más del 80 por ciento del total de usuarios de energía, principalmente de energía eléctrica y de gas. El uso racional de la energía representa la mejor opción para reducir en el corto plazo las emisiones de gases que causan el calentamiento global.

Es urgente la necesidad de adoptar en las viviendas sistemas que optimicen el uso de aguas recicladas o de lluvia, al igual que métodos alternativos para la obtención de energía y el calentamiento del agua, como los basados en celdas fotovoltaicas. Y también considerar aspectos, como la orientación, ventilación, aislamiento térmico y acústico, así como el sombreado adecuado.

El uso de las tecnologías ahorradoras de energía comenzó en México años atrás, en las administraciones pasadas, se inició en 2007 el programa Hipoteca Verde, a través del cual el Infonavit permite que los derechohabientes puedan acceder a un crédito mayor para adquirir una vivienda con características ecológicas.

Los criterios ecológicos para estas viviendas incluyen mecanismos como calentadores solares y ahorradores de agua. Asimismo con el programa Esta es tu Casa, operado por la Conavi, se ha promovido también un manejo eficiente de las energías en los desarrollos habitacionales para mitigar los efectos del cambio climático.

No obstante la existencia de estos programas, urge fortalecer el marco jurídico de la vivienda, a fin de generar instrumentos de valor para favorecer la construcción de nuevos desarrollos habitacionales con criterios de sustentabilidad e iniciar un proceso de corrección paulatina de los patrones cualitativos del crecimiento del parque de vivienda en nuestro país.

Las ventajas de las viviendas que incorporan criterios de sustentabilidad ambiental son muchas, la reconversión del parque habitacional con características verdes contribuye al cuidado del medio ambiente y significa una mejora en el gasto familiar, porque al adquirir este tipo de casas obtienes ahorros derivados de un menor consumo, por supuesto de luz, agua y gas. Asimismo pese a lo que se cree, las ecotecnologías tienen un costo ligeramente mayor a la vivienda tradicional.

No todo es alta tecnología, celdas fotovoltaicas y doble vidrio. La arquitectura bioclimática, que implica simplemente que la orientación de la vivienda sea la adecuada o que se designe correctamente dónde se colocan las ventanas, puede evitar la colocación del aire acondicionado, lográndose un importante ahorro de energía.

Es indispensable que las viviendas que se construyan en el país privilegien el uso de ecotecnologías para el ahorro de energía y agua como calentadores solares, aislantes términos en los techos y en los muros, lámparas compactas fluorescentes, llaves ahorradoras y regaderas con obturador, dependiendo de la región bioclimática en la que se ubique la vivienda.

Por lo anterior, en Acción Nacional consideramos pertinente la adición del artículo 71 de la Ley de Vivienda, a fin de promover el uso de ecotecnias en las viviendas, y exhortamos respetuosamente a las compañeras y compañeros diputados a votar a favor de este dictamen.

Así, resulta necesario redoblar esfuerzos para promover que los nuevos desarrollos habitacionales incorporen ecotecnologías, a fin de lograr el uso eficiente de la energía, colocando a México a la vanguardia en materia de desarrollo sustentable.

Compañeros legisladores, propuestas como la que hoy se somete a discusión promueven el cuidado del medio ambiente y también protege la economía de las familias mexicanas. Se fortalece, por supuesto, la política de desarrollo habitacional, que debe ser una prioridad nacional para apostar por el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente.

Compañeros diputados, sometemos a su consideración y pedimos el voto a favor del presente dictamen, no solo por el bien de esta nación, sino por el de las futuras generaciones. Muchísimas gracias, por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI.

Aprovecho para dar la bienvenida a un grupo de alumnos de la licenciatura en derecho, de la Universidad del Estado de Morelos, que están hoy aquí invitados por la diputada Maricela Velázquez Sánchez. Bienvenidos a la sesión.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura:Es un honor para una servidora fijar la postura de mi grupo parlamentario del dictamen de la Comisión de Vivienda, que preside nuestro líder, el diputado Carlos Aceves y del Olmo. Con su venia, diputado presidente.

Los graves problemas de contaminación, así como las consecuencias del calentamiento global hacen necesario e imprescindible el uso de las llamadas energías renovables o naturales. Es decir, aquellas que no causan ningún daño al medio ambiente, sino que por el contrario ayudan a que el ecosistema se recupere de los daños que le han sido ocasionados.

Las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales, virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque los medios naturales son capaces de regenerarse.

Entre las energías renovables encontramos la eólica, hidroeléctrica, geotérmica, mareomotriz, solar, undimotriz, biomasa y los biocombustibles. Son este tipo de energías renovables las que dan la posibilidad, no tan solo de detener las graves consecuencias del uso desmesurado de los combustibles fósiles, sino también de revertir las consecuencias del calentamiento global.

Es menester recordar que hace algunos años tan solo algunas pocas instituciones particulares se preocupaban por el uso de estas energías, las cuales no estaban tan desarrolladas o reguladas, por lo que el Estado, frente a la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático y de racionalizar el uso de los energéticos, se ha dado a la tarea de regular el uso de esta clase y dar la pauta para su crecimiento en diversos entornos, como son las fábricas, los edificios de trabajo y la vivienda, entre otros.

Debemos de tomar en cuenta que los combustibles fósiles son finitos, por lo que se deben tomar medidas al respecto, o de lo contrario la humanidad se dirigirá hacia un callejón sin salida para su preservación y el mantenimiento de su forma de vida.

Preocupados y ocupados por la escasez de energéticos y la demanda voraz que requiere el sostenimiento de nuestra civilización, es que los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del dictamen sujeto a discusión, toda vez que consideramos plausible la promoción del uso de energías renovables a la construcción de viviendas, mediante el uso de las nuevas ecotecnologías, tomando en consideración las características de cada una de las regiones bioclimáticas del país, utilizando para ello equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.

Lo anterior será doblemente valioso, toda vez que esto permitirá la armonización de un par de derechos humanos consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Nos referimos a los derechos a la vivienda y a un medio ambiente sano.

De igual forma, la aprobación de esta enmienda significará un avance en la solución de la problemática de la vivienda, toda vez que las edificaciones que se erijan conforme a la norma que estamos por aprobar contarán con un valor agregado valiosísimo, que es el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.

Resulta aplicable, en este caso, lo dicho por Leslie Scarman, presidente del Consejo del Reino Unido para el Año internacional del Refugio para las Personas sin Hogar, quien afirmó que el alojamiento es una necesidad humana prioritaria como el alimento y el agua, y una condición esencial de la vida civilizada. Cuando se comprendan estas verdades se reconocerá el problema de estar sin hogar, como lo que verdaderamente es: una afrenta contra la dignidad humana y la denegación de un derecho humano básico. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero saludar y agradecer la presencia aquí, en el recinto, del doctor Rodolfo Neri Vela, que fue el primer astronauta mexicano, el segundo latinoamericano apenas en volar al espacio exterior. Está hoy aquí invitado por el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas. Bienvenido a la sesión, doctor Rodolfo Neri Vela.

Tiene la palabra, para hablar a favor del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Con su permiso, compañero presidente. Este dictamen y el anterior, que modifica la Ley General de Vida Silvestre, son dictámenes que tienen propósitos nobles de fortalecer la ecología, hacer habitable y sustentable la vivienda, de fortalecer nuestra interacción con el medio ambiente.

Y ya el diputado Rodrigo Chávez fijó la posición de nuestro grupo parlamentario, para utilizar las energías limpias y renovables en las viviendas futuras que se construyan, tanto públicas como privadas en el país.

Me parece que es un tema que genera consenso, que genera apoyo, porque sin lugar a dudas hacer estas viviendas sustentables aprovechando las energías limpias, es un tema que suscita consensos. Pero me parece también que este consenso ecológico no puede ser solamente en estos temas, no puede ser un ecologismo tibio, un ecologismo de propaganda o simplemente un ecologismo de mercado, sino que tiene que ir a los verdaderos temas que mueven el cambio climático y el medio ambiente en el país.

Por eso nosotros queremos que cuando venga la reforma energética, con esa misma enjundia, con ese mismo consenso sobre estos temas, pues estemos en contra de la utilización de la llamada técnica de fractura hidráulica o fracking para extraer el gas de pizarra o lutita, que viene a ser un atentado ecológico gravísimo para el país y para el planeta, y en el cual no caben posiciones tibias ni medias.

Según esta técnica, es necesario fracturar la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión, para permitir el flujo y salida de gas. Se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo, por lo cual, si se perforaran 20 mil pozos —como pretenden los corifeos y apologistas de la reforma energética— hablaríamos de la necesidad de agua equivalente a la que se requiere para el consumo doméstico de entre 5 y 16 millones de personas en un año.

Esta técnica genera además efectos nocivos, porque las sustancias que se utilizan pueden causar cáncer, mutaciones, afectar el sistema endócrino, dañar el sistema nervioso y provocar alergias. Esta técnica de explotación del gas de lutita contribuye a la aceleración del cambio climático debido a las emisiones de gas metano que se producen por ineficiencias en la extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución. El metano es un gas que presenta un efecto invernadero 21 veces más potente que el dióxido de carbono.

Por esa razón, así como apoyamos estos dos dictámenes, queremos ver cuál es la posición de los demás grupos cuando venga el tema del fracking, que es parte de la reforma energética. Queremos ver si ese mismo consenso se sostiene o si simplemente son ecologismos de ocasión, cuando no se tocan los grandes intereses económicos que están detrás de la privatización del petróleo y los hidrocarburos en nuestro país. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

De viva voz, diputados, el sentido de su voto.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): A favor.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga(desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez(desde la curul): A favor.

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 357 votos a favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

GACETA PARLAMENTARIA

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Alliet Bautista, por favor. Dígame, diputada.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (desde la curul): Señor presidente, solo para comentar que el pasado lunes 18 de noviembre la Gaceta Parlamentaria, nuestro órgano de difusión, cumplió 16 años de vida.

La Gaceta número cero dio cuenta del orden del día de esa sesión, sendas convocatorias de la Comisión del Distrito Federal y de la Comisión de Relaciones Exteriores, así como de la publicación de una iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y del ingreso de la minuta con proyecto de decreto que concedía permiso, en ese entonces, al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 22 al 26 de noviembre del 97, con el propósito de participar en Vancouver, Canadá, en la V Cumbre de Líderes Económicos del APEC.

Nuestra Gaceta hoy es indispensable para nuestra labor legislativa y es uno de los vínculos para que la sociedad conozca de los trabajos de esta Cámara. Considero necesario que reconozcamos la labor de las y los legisladores que en el 97 dieron vida a este órgano de difusión legislativa, y a 16 años de vida de nuestro órgano de difusión es menester fortalecerle y darle lo que requiera para modernizarle y hacer de ella una ventana para que la gente mire nuestra labor parlamentaria. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Qué bueno que lo menciona, porque me parece que es importante que desde hace 16 años tengamos nuestra Gaceta Parlamentaria y también —curiosamente— hace 15 años las votaciones son públicas. Cualquiera que entra desde hace 15 años a la página de la Cámara puede consultar las votaciones de la Cámara de Diputados. Gracias por su intervención, formará parte del Diario de los Debates.

DEPOSITO LEGAL DIGITALIZADO DE PUBLICACIONES

El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Heriberto Galindo Quiñones, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los electores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones.

El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones:Con su permiso, señor presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna para compartir con ustedes una iniciativa que reforma el decreto del depósito legal que dispone la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales de entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y al Sistema de Bibliotecas del Honorable Congreso de la Unión.

Proponemos esta reforma, porque la regulación vigente es hija de un momento histórico en el que las tecnologías digitales estaban apenas naciendo y el legislador de 1991, año en que se aprobó la norma vigente, no podía imaginar siquiera el impacto transformador que la revolución de las computadoras y los nuevos instrumentos digitales habrían de tener sobre el modelo de la biblioteca tradicional, de la composición de sus acervos y de los procesos de trabajo que hoy sabemos acarrean las tecnologías de la información.

Pasados 23 años de la promulgación del decreto vigente, que estableció la obligación del depósito legal de las ediciones en versión impresa, ha llegado la hora en que se establezca la obligación de los editores y los productores de toda clase de publicaciones en formatos electrónicos a actualizarse en las obligaciones del depósito legal, entregando también ejemplares de sus productos en versión digital para que sean conservados y puedan consultarse en la Biblioteca Nacional y en el Sistema de Bibliotecas del Honorable Congreso de la Unión.

Esta reforma no puede postergarse, porque estamos ya en rezago ante los adelantos y ante el mundo. Esta soberanía debe hacerse cargo cuanto antes del imperativo de poner al día las normas legales y las condiciones materiales para garantizar que el patrimonio editorial y documental de México se conserve como memoria histórica y estén accesibles a los ciudadanos que así lo requieran, pues son un componente sustantivo del patrimonio cultural de la nación.

La reforma que hoy presento a su consideración incluye, por primera ocasión, como depósito legal obligatorio a los libros y documentos en su versión digital. La modificación al decreto permitirá a las bibliotecas depositarias, una vez que sean equipadas para que puedan operar con las nuevas tecnologías, estar a la altura que ya es norma en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Sudáfrica, situándonos en las nuevas tendencias internacionales, al hacer nuestro algunos de los avances que ya están en boga en Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Irán, Italia, Japón y Suecia.

La reforma que proponemos también establece una responsabilidad definida para concentrar las tareas de conservación en la Biblioteca Nacional y asigna las tareas de difusión como responsabilidad especializada del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

De aprobarlo esta soberanía, el nuevo decreto establecerá que las bibliotecas de los Congresos de las entidades federativas también reciban ejemplares de las publicaciones que sean editadas, producidas o transmitidas en su territorio. De manera que las bibliotecas congresionales puedan configurar una memoria bibliográfica y documental que reúna los materiales generados en su estado y en su región.

Debo llamar la atención de las compañeras y los compañeros legisladores sobre el hecho de que se incluye como obligatorio el depósito de un ejemplar de las publicaciones que se hagan por medio del sistema de transmisión de información a distancia, cuando el origen de la transmisión sea el territorio nacional. Esto quiere decir que quienes comercien con materiales bibliográficos o documentales o los diseminen haciendo descargas por pago o gratuitas desde el territorio mexicano, deben depositar en las instituciones bibliotecarias copia de lo que venden o distribuyen. Hoy no tienen obligación alguna.

Es importante aclarar que el nuevo alcance del depósito incluye las bases de datos que se hagan públicas, de manera que los materiales en ellos contenidos puedan ser utilizados en una instalación bibliotecaria oficial por académicos, periodistas, estudiantes, legisladores o por cualquier ciudadano que lo solicite.

Compañeras y compañeros diputados, nos ha correspondido como LXII Legislatura ser reformadores de importantes regulaciones de la vida nacional. En esa oleada de reformas de calado histórico se incluye también el superar el rezago tecnológico que condena a nuestras bibliotecas a seguir existiendo solamente como acervos de material impreso en papel.

El futuro de los libros y las revistas digitales ya llegó, ya es presente y no debemos ignorarlo, sino encauzarlo. La digitalización va a permitir —debemos velar porque así sea— que en el rincón más apartado de nuestro territorio nacional las bibliotecas escolares y populares cuenten con todas las obras de la historia, la literatura, la ciencia, la plástica, que nos han dado identidad.

Hoy es tecnológicamente posible hacer llegar a cada biblioteca todas las obras que no pagan derechos de autor, todos los textos educativos necesarios, todas las obras de referencia que se requieren, para que nuestros maestros y nuestros niños y jóvenes puedan compartir una buena biblioteca digital básica.

De esta dimensión es la reforma que propongo al pleno, con la esperanza de que una vez emitido el dictamen por la comisión correspondiente sea aprobado por unanimidad. La reforma al depósito legal que hoy les sometemos se inscribe en esta era histórica de transformaciones que vive México.

Éste es un cambio que reclama bienes culturales adecuados, oportunos y suficientes en cada aula y en cada biblioteca. Es un cambio que se apoyará en la información y la digitalización para hacer de la cultura un bien compartido.

La Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Honorable Congreso de la Unión, que me honro en presidir, avala esta propuesta que consideramos de la mayor importancia.

Agradezco a mis compañeros miembros de la comisión, integrantes de las bancadas del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, y a mis compañeras y compañeros diputados de Sinaloa, por acompañarme en esta propuesta que esperamos merezca su respaldo.

Invito a las compañeras y compañeros legisladores de todos los grupos parlamentarios a hacer de esta iniciativa un punto de consenso. Les hago una atenta convocatoria a incluir su firma en la iniciativa y a convertirla en una construcción unánime. Esperamos una pronta respuesta de parte de la comisión correspondiente. Gracias por su atención.

«Iniciativa de decreto, por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones, a cargo del diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones, del Grupo Parlamentario del PRI

En la Ciudad de México, el 31 de octubre de 2013, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, presidente de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, acompañado por los diputados sinaloenses integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, que dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones, además del depósito legal de sus obras impresas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Acudo a esta tribuna para solicitar su atención y apoyo para que aprobemos esta iniciativa que tiene como objetivo adecuar el Sistema de Biblioteca del Congreso de la Unión a los adelantos tecnológicos en el marco de la digitalización y para propiciar la interconexión en esta materia de nuestras bibliotecas con sus similares de México y del mundo; además de recibir en formato electrónico por parte de los editores todo tipo de publicaciones para crear así el depósito legal digital además del impreso.

Además de lo anterior, la presente iniciativa se justifica por los siguientes argumentos:

Está documentado el rezago en la configuración de las bibliotecas respecto a las tecnologías digitales.

Las modificaciones del decreto vigente son las siguientes:

Se adiciona a las bibliotecas de los congresos de las entidades federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como bibliotecas depositarias de las publicaciones producidas en su territorio.

Se adicionan como obligación de los depositantes las publicaciones en formatos electrónicos como son libros y revistas en ediciones digitales.

Se definen con mayor precisión los tipos y clases de publicaciones sujetas a depósito legal.

Se incluye como obligatorio el depósito de un ejemplar de las publicaciones digitales que se hagan por medio de sistemas de transmisión de información a distancia cuando el origen de la transmisión sea el territorio nacional.

Se obliga a los depositantes a entregar información de sus ediciones de forma periódica y con requisitos que permiten su catalogación, verificación y seguimiento estadístico.

Se establece que corresponderá a la Biblioteca Nacional elaborar y publicar la Bibliografía Nacional, conservar los acervos impresos y digitales y elaborar las estadísticas de las ediciones nacionales.

Se define como responsabilidad de la Biblioteca del Congreso de la Unión el articular y organizar las políticas de consulta pública y uso de los acervos, disponiendo de ellos para alimentar a los sistemas de bibliotecas especializadas.

Para la verificación del cumplimiento de la obligación del depósito legal convencional y digitalizado, se establece la obligación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, órgano encargado de la base de datos del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, de enviar mensualmente a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, una relación de las editoriales registradas en esa dependencia así como de las asignaciones de precio único a los libros.

Se duplica el monto de las multas por no cumplir el depósito legal; y

Se deroga el decreto de fecha 8 de julio de 1991, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio del mismo año.

Proyecto de Decreto

La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Se establece la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales de entregar ejemplares de las ediciones impresas y en formatos digitales de su catálogo de publicaciones, a la Biblioteca Nacional, al Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión y a las Bibliotecas de los Congresos de las entidades federativas en las que tengan sus sedes las casas editoras.

Artículo Primero.Toda publicación que constituya una expresión literaria, educativa, científica, artística, informativa o técnica, cuyo fin sea la venta, el alquiler, o la simple distribución sin costo, contenida en soportes impresos o digitales, resultantes de cualquier procedimiento técnico de producción, o que esté disponible al público mediante sistemas de transmisión de información digital o cualquier otro medio, y sea producida en el país, se considera parte integrante del patrimonio cultural de la nación. Su integración, custodia, preservación, registro y disposición para su consulta, en los términos del presente decreto, son de orden público e interés general.

Artículo Segundo.Para los efectos del artículo anterior todos los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales, están obligados a contribuir a la integración del patrimonio editorial de la nación.

Esta obligación se cumple con la entrega de ejemplares en versión digital e impresa de cada publicación de las ediciones y producciones de sus obras, a la Biblioteca Nacional, al Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, y a la Biblioteca del Congreso de la entidad federativa en la que tenga su sede legal la casa editora, en los términos señalados en el artículo tercero del presente decreto.

Artículo Tercero.Los editores y productores del país entregarán a cada una de las Bibliotecas mencionadas los materiales siguientes:

a) Dos ejemplares de libros, folletos, revistas, periódicos, mapas, partituras musicales, carteles y de otros materiales impresos o digitales de contenido cultural, científico o técnico.

b) Un ejemplar de las obras de creación artística, educativa, o con valor cultural editadas en discos compactos, DVD y, de otros formatos digitales o mecanismos de almacenaje electrónico que contengan información de las características señaladas en el inciso anterior.

c) Un ejemplar a las bibliotecas depositarias de todas las publicaciones electrónicas, digitales o bases de datos que se hagan públicos por medio de sistemas de transmisión de información a distancia, cuando el origen de la transmisión sea el territorio nacional. Las Bibliotecas depositarias podrán solicitar el depósito de publicaciones con valor crítico para el patrimonio cultural y editorial de la nación.

No son objeto de depósito legal las reimpresiones de una obra ya depositada previamente que no ha sufrido modificaciones.

El Sistemas de Bibliotecas del Congreso de la Unión especificará a través del Diario Oficial de la Federación en diciembre de cada año a los depositantes los materiales objeto de depósito legal que no serán susceptibles de recibirse.

Artículo Cuarto. Los materiales citados se entregarán a las Bibliotecas mencionadas acompañándose de una relación en formato digital que contenga todos los datos que se requieran para su catalogación, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su edición o producción, con excepción de las publicaciones periódicas que deberán ser entregadas, tan pronto sean puestas en circulación.

Artículo Quinto.La Biblioteca Nacional y el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión deberán

a) Recibir los materiales a que hace referencia el artículo tercero del presente decreto.

b) Expedir constancias que acrediten la recepción del material de que se trate y conservar asiento de aquélla.

c) Corresponderá a la Biblioteca Nacional elaborar y publicar la Bibliografía Nacional, conservar los acervos impresos y digitales y elaborar las estadísticas de las ediciones nacionales.

d) Corresponderá al Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, articular y organizar las normas y procedimientos para la consulta de los acervos integrados por depósito legal, contando con la facultad de entregar los ejemplares y materiales pertinentes a los sistemas de bibliotecas especializadas que se constituirán en responsables del correspondiente segmento del depósito legal.

e) Establecer las medidas que sean necesarias para la debida organización de los materiales, la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta pública.

f) Publicar anualmente la información estadística de los materiales recibidos.

g) Corresponde a la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, elaborar los lineamientos para la debida distribución de las obras en depósito legal para su integración en las colecciones de las bibliotecas de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados o en general de la biblioteca del Congreso de la Unión.

Artículo Sexto.La Biblioteca Nacional y al Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, podrán celebrar con instituciones afines los convenios que coadyuven a realizar los objetivos, material del presente decreto.

Artículo Séptimo.Respecto de las publicaciones periódicas y de las de distribución gratuita, las bibliotecas podrán convenir con los editores y productores los procedimientos técnicos y administrativos para hacer efectivo el cumplimiento del presente decreto.

Artículo Octavo.La constancia que expidan las bibliotecas deberá contener los datos básicos que permitan la identificación del editor o productor y de los materiales recibidos.

Las bibliotecas depositarias rendirán informe público trimestral de las obras recibidas.

Artículo Noveno.La Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública, y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes mediante el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, enviarán mensualmente una relación de las obras registradas en esas dependencias, a la Biblioteca Nacional y el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, para la verificación del cumplimiento de la obligación consignada en el artículo segundo de ese decreto.

La Biblioteca del Congreso de la Unión informará a las bibliotecas de los Congresos locales.

Artículo Décimo.Los editores y productores del país que no cumplan con la obligación consignada en el artículo tercero de este decreto, se harán acreedores a una multa equivalente a diez veces el precio de venta al público de los materiales no entregados.

Para las obras de distribución gratuita la multa será por una cantidad no menor de diez ni mayor de veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

La aplicación de la sanción no excusa al infractor de cumplir con la entrega de los materiales.

Artículo Décimo Primero.En los casos en que los editores y productores no entreguen los materiales, en los términos del artículo cuarto del presente decreto, la biblioteca afectada lo comunicará a la autoridad superior de la cual dependa, para el efecto de que la misma solicite a los responsables el cumplimiento de su obligación, dentro del plazo de los treinta días naturales siguientes a la recepción de la petición.

En caso de que en dicho término no se cumpla con la referida obligación, las propias autoridades lo comunicarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que esta dependencia haga efectivas las sanciones que correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo Décimo Segundo.El monto de las multas hechas efectivas conforme al presente decreto, será transferido con sus accesorios legales, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, directamente a la biblioteca afectada por la omisión, con el fin de que ésta los destine a la adquisición de materiales bibliográficos y documentales que enriquezcan su acervo.

Transitorios

Artículo Primero.Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se deroga el decreto de fecha 8 de Julio de 1991, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio del mismo año y todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Artículo Tercero.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión velarán porque se asignen los recursos presupuestales que este decreto requiere para su cabal cumplimiento

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Fernando Rodríguez Doval, Marcelo Garza Ruvalcaba, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Mirna Velázquez López, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Blas Ramón Rubio Lara, Román Alfredo Padilla Fierro, Leobardo Alcalá Padilla, María del Rocío Corona Nakamura, Salvador Arellano Guzmán, María Guadalupe Sánchez Santiago, Landy Margarita Berzunza Novelo, Adriana Hernández Iñiguez, Kamel Athie Flores, Sonia Catalina Mercado Gallegos, José Luis Márquez Martínez, María Esther Garza Moreno, María Concepción Navarrete Vital, Rodimiro Barrera Estrada, Luis Olvera Correa, María Fernanda Schroeder Verdugo, Fernando Bribiesca Sahagún, Cristina Olvera Barrios, José Angelino Caamal Mena, Socorro de la Luz Quintana León, Gabriel Gómez Michel, Leonor Romero Sevilla (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea:Muchas gracias, presidente. Honorable asamblea, hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa que adiciona un capítulo IX al Título Octavo del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha permitido a la sociedad global un acercamiento sin precedentes en la historia, a través de la difusión de toda serie de conocimientos, datos y registros generales de memoria colectiva, aunque también muchos de índole personal que pueden ser empleados en detrimento de sus usuarios.

El acceso generalizado a las nuevas tecnologías de la información como el Internet y los teléfonos móviles, la falta de tipificación de conductas delictivas que se perpetran a través de aquellas y la falta de información que tienen las niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos que representan ciertas conductas para su integridad física han contribuido a que la pornografía infantil vaya en aumento.

De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) cada mes 100 menores en México son víctimas de las redes de la pornografía infantil que operan por Internet.

Sin duda el acoso sexual infantil a través de la Web es un escenario que se ha propagado rápidamente. Las redes sociales, foros, mensajería instantánea y otros programas de Internet son el instrumento por medio del cual el delincuente o acosador establece vínculos con la víctima menor de edad y mediante el cortejo o el engaño logra que se desnude frente a la cámara de su computadora, y mediante la imagen captada puede involucrar al niño o adolescente en una diversidad de circunstancias que afectan su integridad.

Teniendo presente que en nuestro marco jurídico no hay una norma especial que sancione esta forma de abuso sexual virtual, la presente iniciativa de ley tiene por objeto tipificar una serie de conductas que haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información atenten contra la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes.

Es de señalar que esta iniciativa se considera muy necesaria, pues estas conductas relativas al grooming o cortejo que es un proceso mediante el cual una persona adulta gana la confianza del menor a través del Internet con el fin de obtener concesiones de índole sexual, las que puede ir obteniendo desde la obtención de imágenes que comprometen al menor de edad hasta el encuentro personal, no pueden tipificarse como trata de personas.

Por lo anterior, proponemos identificar el que una persona mayor de edad, haciendo uso de cualquier tecnología de la información, busque y contacte a un menor de edad para concertar un encuentro con él a fin de cometer alguna conducta de carácter sexual.

Se propone tipificar el que a través del Internet, el teléfono, cualquier otra tecnología de la información y la comunicación se capte o utilice a menores de edad o incapaces en espectáculos exhibicionistas con fines lascivos o sexuales, sancionando así la inducción a la producción de autopornografía.

Con estas propuestas estaremos tipificando diferentes delitos electrónicos que atentan contra nuestras niñas, niños y adolescentes, quienes en México representan el 37 por cierto de un universo de 39.9 millones de internautas.

Así, proponemos una adición al artículo 209 Ter, al título Decimoquinto del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Decimoquinto. Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual

Capítulo I. Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación.

Artículo 259 Ter. A quien mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación proponga a un menor de 18 años de edad o una persona que no tiene la capacidad para entenderlo o resistirlo, un encuentro y realice los actos materiales necesarios para obtenerlo, con el propósito de cometer contra el menor cualquiera de los delitos tipificados en el presente Título, se le impondrá la pena de siete a doce años de prisión y de quinientos a 20 mil días de salario mínimo en multa.

Es cuanto, diputado presidente. Agradezco la atención y ojalá que la vean con buenos ojos, compañeros y compañeras diputadas. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, fracción h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, que adiciona un Capítulo IX al Título Octavo del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ha permitido a la sociedad global un acercamiento sin precedentes en la historia, a través de la difusión de toda serie de conocimientos, datos y registros generales de memoria colectiva; aunque también de muchos de índole personal que pueden ser empleados en detrimento de sus usuarios.

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es un delito que va en aumento, la Organizaciones Unidas (ONU) estima que unos 750,000 pedófilos en el mundo están conectados permanentemente a la red. De igual forma, señala que existen al menos 4 millones de sitios web con contenidos pornográficos que exponen a niñas, niños y adolescentes.

El acceso generalizado a las nuevas tecnologías de la información, como el internet y los teléfonos móviles, la falta de tipificación de conductas delictivas que se perpetran a través de aquellas y la falta de información que tienen las niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos que representan ciertas conductas para su integridad física, han contribuido a que la pornografía infantil vaya en aumento. De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, cada mes 100 menores en México son víctimas de las redes de la Pornografía Infantil que opera por Internet.

La ONU estima que la reproducción y distribución de imágenes pornográficas criminales abusando de niñas, niños y adolescentes, podrían representar un negocio de hasta 20.000 millones de dólares por año y que uno de los mayores puntos débiles en la lucha contra la pornografía por internet u otras plataformas de comunicación, es que todavía la conducta no está tipificada, lo que también ha venido a favorecer el que el primer encuentro entre pedófilos y pederastas con sus víctimas se dé ese medio.

Sin duda, el acoso sexual infantil a través de la Web es un escenario que se ha propagado rápidamente. Las redes sociales, foros, mensajería instantánea y otros programas de Internet, son el instrumento por medio del cual el delincuente o acosador establece vínculos con la víctima menor de edad y mediante el cortejo o el engaño, logra que se desnude frente la cámara de su computadora y mediante la imagen captada puede involucrar al niño o adolescente en una diversidad de circunstancias, que afectan su integridad.

Teniendo presente que en nuestro sistema jurídico no hay una norma especial que sancione esta forma de abuso sexual virtual, la presente iniciativa de Ley tiene por objeto tipificar una serie de conductas que haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información, atentan contra la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes.

Es de señalar que a falta de reformas que sancionen estas actuaciones delictivas, de acuerdo a los datos aportados por la Policía Federal, se ha identificado 548 presuntos pederastas. Sin embargo, no ha habido ninguna acción contra ellos o intervención de sitios de internet. Además de que las Autoridades correspondiente a la Policía Federal de la División Científica, refieren que sus actuaciones sólo son de carácter preventivo y no tiene facultades para actuar jurídicamente contra los pederastas.

Por ello, esta iniciativa se considera muy necesaria, pues estas conductas relativas al “grooming o cortejo” que es un proceso mediante el cual una persona adulta gana la confianza del menor a través del Internet con el fin de obtener concesiones de índole sexual, las que pueden ir desde la obtención de imágenes que comprometen al menor de edad hasta el encuentro personal, no pueden tipificarse como trata de personas.

Por lo anterior, se propone identificar el que una persona mayor de edad, haciendo uso de cualquier tecnología de la información, busque y contacte a un menor de edad para concertar un encuentro con él a fin de cometer alguna conducta de carácter sexual.

Asimismo, se propone tipificar el que a través del Internet, el teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación se capte o utilice a menores de edad a incapaces, en espectáculos exhibicionistas con fines lascivos o sexuales, sancionando así la inducción a la producción de autopornografía.

Con estas propuestas estaremos tipificando distintos delitos electrónicos que atentan contra nuestras niñas, niños y adolescentes, quienes en México representan el 37 por ciento de un universo de 39,9 millones de internautas. De esta forma también protegemos el Interés Superior de la Niñez.

Proyecto de decreto que adiciona el artículo 259 Ter al Código Penal Federal

Artículo Único.Se adiciona un artículo 209 Ter, al Título Decimoquinto del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Decimoquinto Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual Capítulo 1 Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación

Artículo 259 Ter.A quien mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, proponga a un menor de dieciocho años de edad o una persona que no tiene la capacidad para entenderlo o resistirlo, un encuentro y realice los actos materiales necesarios para obtenerlo, con el propósito de cometer contra el menor cualquiera de los delitos tipificados en el presente Titulo, se le impondrá la pena de siete a doce años de prisión y de quinientos a 20 mil días de multa.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, primer día del mes de octubre de 2013.— Diputadas: Martha Leticia Sosa Govea , Raquel Jiménez Cerrillo, José Alfredo Botello Montes, Leslie Pantoja Hernández, Josefina Salinas Pérez, Leonor Romero Sevilla, María Fernanda Schroeder Verdugo, (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Raquel Jiménez. Dígame, diputada.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias, diputado presidente. En primer lugar para hacer una felicitación a la diputada Sosa Govea por esta excelente iniciativa y solicitarle la anuencia para poder suscribirla, toda vez que incorpora al Código Penal delitos que hoy no son considerados, por tratarse justamente de nuevas formas de delinquir en el siglo XXI a través de todos estos medios electrónicos y del Internet, y con los cibernautas acosando a nuestros pequeños niños. Es una gran iniciativa y muchísimas gracias por presentarla, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. La diputada Sosa no tiene inconveniente en que la suscriba. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Flor de María Pedraza Aguilera, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, que reforma y adiciona las Leyes General de Salud, del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de dar paso a la universalidad en la atención de las urgencias obstétricas y la garantía de portabilidad respecto a mujeres en condiciones de pobreza o provenientes de zonas de alta marginación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La mortalidad materna –según la definición de la Organización Mundial de la Salud– es la muerte de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio (los 42 días después del parto), y constituye una de las expresiones más dramáticas de injusticia social, y de la iniquidad y desigualdad de género.

Es un problema en salud pública vinculado a los derechos de la mujer: reproductivos, sexuales, económicos, sociales, políticos, y a una vida libre de violencia. Todos plasmados en diferentes instrumentos internacionales.

En México, en 1990 murieron 2 mil 190 mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, representando una razón de 89 muertes maternas por 100 mil nacimientos, en 2007 las mujeres fallecidas por la misma causa fueron mil 97 cifra que representa una razón de 55.6 por ciento, para el año 2008 aumentó a mil 115 el número de mujeres muertas con una razón de 57.2 por ciento (Inegi).

En septiembre de 2002, los miembros de la ONU adoptaron la Declaración del Milenio; el gobierno de México y otros 188 Estados miembros suscribieron los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales el número 5 establece la meta de mejorar la salud materna y reducir la mortalidad en 75 por ciento para 2015 respecto a los niveles de 1990.

La meta por cumplir para nuestro país en 2015 en el marco de los Objetivos de Desarrollo y Metas del Milenio, es de una razón de 22.3 por ciento, de acuerdo a lo cual se estima que se deberían presentar 417 defunciones maternas cada año.

Ante lo anterior, el artículo 4o. de la Constitución mexicana establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Dichos servicios son los que componen el Sistema Nacional de Salud mismos que pueden ser de carácter público, social o privado.

Derivado de esto, la Ley General de Salud establece que la atención materno-infantil es materia de salubridad general y debe ser incluida en los servicios básicos de salud. Asimismo, contiene el capítulo V, “Atención materno-infantil”, cuyo artículo 61 establece que dicha materia es de carácter prioritario.

El gobierno mexicano, durante la administración federal pasada, desplegó varias acciones para atender el grave problema de mortalidad materna. En el Plan Nacional de Salud 2007-2012 se ubicó a la mortalidad materna como un problema de salud prioritario, y se estableció como la Meta 2.1: Disminuir a la mitad la razón de mortalidad materna en los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano. Para dar cumplimiento al plan, se determinaron nueve estrategias agrupadas en tres áreas; en el área de Rectoría efectiva en el sector, se incorporó la línea estratégica 2.12 Fortalecer las políticas de salud materna y perinatal, y con el fin de cumplir el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se fijó, ente otras, la meta de reducir a 2012 en 24 por ciento la razón de mortalidad materna, esto significa registrar a ese año una razón de 44.5.

En mayo de 2008 se implantó Embarazo Saludable, una estrategia que extiende la afiliación del Seguro Popular a las mujeres embarazadas y a sus familias. Es pertinente anotar que esta estrategia no implica la gratuidad en la atención a todas las embarazadas, pues de todas formas se mantiene la normativa de realizar un estudio socioeconómico para determinar si pertenece o no al régimen no contributivo.

Un año después, en mayo de 2009 se anunció la Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México, cuyo objetivo fue brindar atención universal en complicaciones del embarazo y promover una cultura de prevención de riesgos y de autocuidado de la salud entre las embarazadas. Esto a través de la atención de las emergencias obstétricas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) o en la Secretaría de Salud, sea la mujer derechohabiente o no, de alguna de las instituciones de seguridad social nombradas.

A la par de las estrategias mencionadas, se contó con la estrategia de política social 100X100, que para el caso de la mortalidad materna, se traduce en líneas de acción específicas dirigidas a los 125 municipios con el menor índice de desarrollo humano (IDH) del país. Asimismo, el programa de operación Arranque Parejo en la Vida incluyó otra “Estrategia integral para acelerar la reducción de la mortalidad materna en México” la cual incluye indicadores de impacto como, por ejemplo, disminuir la razón de mortalidad materna en 50 por ciento en los 100 municipios de menor IDH, e indicadores de proceso, como por ejemplo: Porcentaje de embarazadas de municipios con < IDH atendidas desde el primer trimestre gestacional.

En la estrategia programática del ramo 12, “Salud”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se menciona que en la administración federal actual, “para cumplir con el compromiso establecido de reducir la mortalidad materna, se consolidarán las políticas públicas puestas en marcha y que específicamente inciden sobre la mortalidad materna, como son, el embarazo saludable y la atención universal de la emergencia obstétrica. Asimismo, se reforzarán las campañas educativas para mejorar el acceso oportuno a un control adecuado del embarazo y a la atención de la emergencia obstétrica, para lo cual se requiere mejorar la calidad de la atención especializada, capacitando a 22.9 por ciento de los médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud en las 32 entidades federativas y reducir la letalidad hospitalaria por hemorragia obstétrica y trastornos hipertensivos del embarazo. Con la implantación de estas acciones se prevé una razón de mortalidad materna de 44.5 por 100 mil”.

Sin embargo, el real cumplimiento y éxito de estas estrategias territoriales, dependen esencialmente de la voluntad política de los tomadores de decisión en los ámbitos federal y estatal; y por consiguiente, de que elaboren y gestionen elementos estructurales para su soporte como podría ser una asignación específica, transparente, pública y sujeta a rendición de cuentas de presupuesto público. Estos y otros factores de carácter social, como la falta de confianza y de acceso a los servicios de salud, han generado la ausencia de control y disminución de este problema de salud pública.

Así lo indican datos como los presentados por el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) al dar seguimiento al Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, que comenzó en agosto de 2011, operado por la Secretaría de Salud (Ssa), IMSS e ISSSTE, para el cual informó que de agosto de 2011 a diciembre de 2012, menos de mil 600 mujeres fueron atendidas por alguna urgencia obstétrica a través del acuerdo interinstitucional.

El observatorio referido indicó que la incipiente implantación se debe a que no hay difusión del acuerdo, y por lo tanto las usuarias no pueden exigirlo, y a que el mismo personal sanitario lo desconoce.

En México, la muerte durante el embarazo, parto o puerperio se concentra en mujeres pobres, indígenas, afrodescendientes, urbano-marginales, sin seguridad social, habitantes de zonas de alta o muy alta marginalidad. Del mismo modo, en 16 años no han variado las causas por las que las mujeres mueren durante el embarazo; los trastornos hipertensivos, el aborto, las causas obstétricas indirectas y las hemorragias.

Así, mientras en 1990 los trastornos hipertensivos fueron la causa de 24.4 por ciento de las defunciones, para 2006 se incrementó a 29.6. En el caso del aborto, tercera causa de muerte materna en México, se incrementó 2 puntos porcentuales en el mismo periodo. En 1990 constituyó 6.6 por ciento de las muertes maternas; y en 2006, 18.6. Las hemorragias obstétricas tampoco han podido descender significativa en este tiempo, ya que sólo disminuyeron un punto porcentual (de 23.1 a 22.1 por ciento).

De 2010 a 2011, a escala nacional la razón de mortalidad materna disminuyó de 51.5 a 50.7 decesos de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos. Sin embargo, en ese periodo la mortalidad materna en las hablantes de alguna lengua indígena creció de 14 a 16 por ciento.

Los datos son todavía más alarmantes cuando se mira la situación estatal, ya que en entidades con alta población indígena, como Guerrero, la razón de mortalidad materna es de más del doble de la nacional: 113 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos.

Actualmente, en México se presentan 2.1 millones de embarazos cada año, alrededor de 300 mil tienen complicaciones obstétricas. El efecto que estas complicaciones obstétricas siguen teniendo en el país es enorme ya que 30 mil mujeres quedan con secuelas obstétricas que las convierten en discapacitadas, falleciendo anualmente, mil 100 mujeres lo que provoca una secuela social de 3 mil huérfanos cada año. Vale recordar que 80 por ciento de estas defunciones maternas son prevenibles.

De acuerdo con datos del Observatorio de Mortalidad Materna, de las 971 muertes maternas ocurridas en 2011, 48 por ciento estaban afiliadas al Seguro Popular; 21 por ciento al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, y 20 por ciento no tenía ningún tipo de seguro médico.

Lo alarmante que resultan las cifras relacionadas con muerte materno infantil obligan a tomar medidas que tiendan a cohesionar al sistema nacional de salud para formar un frente común de resolución del problema, por lo que se tendrán que involucrar los establecimientos de salud de carácter público, social y privado, actuando de manera solidaria con las mujeres mexicanas, proporcionándoles servicios de salud materno infantil de carácter universal en el que se considere la portabilidad de su carácter de usuarias, iniciando con aquellas que se encuentran en condiciones de alta marginación.

Con base en lo anterior, es que la presente iniciativa tiene como objetivo constituirse en un paso firme para garantizar el acceso universal, efectivo, oportuno, de calidad y gratuito a los servicios que proporcionan los establecimientos de atención médica de todo el sistema nacional de salud.

El efecto pretendido con esta iniciativa es que al momento de presentarse una complicación durante el embarazo, parto o posparto, las mujeres tengan la posibilidad de arribar oportunamente a los servicios de salud, eliminando barreras de acceso y la incertidumbre sobre los mecanismos para demandar oportunamente la atención en los establecimientos pertinentes.

Dada su relevancia, el presente proyecto retoma el decreto de la iniciativa presentada por la diputada panista Laura Elena Estrada Rodríguez, en la LXI Legislatura, que fue desechada con base en el numeral uno del artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados y mediante acuerdo de la Mesa Directiva, por lo que la iniciativa que hoy retomamos nunca concluyó su proceso de dictamen.

Por ello, y con el reconocimiento de que es obligación del Estado crear condiciones jurídicas y materiales que garanticen la vigencia de derechos y obligaciones de sus ciudadanos, el Grupo Parlamentario del PAN propone esta iniciativa con proyecto de decreto que pretende modificar la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, a fin de dar paso a la universalidad en la atención de las emergencias obstétricas y la garantía de portabilidad del carácter de usuarias para las mujeres en condiciones de alta marginalidad.

Sumemos esfuerzos para lograr erradicar el grave problema de mortalidad materna que enfrentamos como país.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona el artículo 64 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 64 Bis. Los servicios de salud a que hace referencia el artículo 34 de la presente ley, prestarán atención expedita a las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de emergencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. Cuando se trate de mujeres en condiciones de pobreza o provenientes de zonas de alta marginación, conforme a los criterios que al efecto establezca la Secretaría de Salud, dicha atención deberá ser gratuita.

Segundo. Se adiciona la fracción V al artículo 89 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 89. ...

I. a IV. ...

V. Para el Instituto, será obligatoria la atención de las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de emergencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. Cuando se trate de mujeres en condiciones de pobreza o provenientes de zonas de alta marginación, conforme a los criterios que al efecto establezca el Consejo Técnico, dicha atención deberá ser gratuita.

...

Tercero. Se adiciona el artículo 31 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 31 Bis. Para el Instituto, será obligatoria la atención de las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de emergencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. Cuando se trate de mujeres en condiciones de pobreza o provenientes de zonas de alta marginación, conforme a los criterios que al efecto establezca la Junta Directiva, dicha atención deberá ser gratuita.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Corresponderá a las autoridades encargadas de las presentes disposiciones emitir y efectuar las adecuaciones normativas y reglamentos correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente decreto. Para ello contarán con un plazo no mayor de 120 días.

Notas:

1 Entre ellos destacan la declaración de Alma Ata (1978), las Convenciones sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), y de Belem do Pará (1994); la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo (1994); la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer (1995); y más recientemente, pero con muchas restricciones, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000).

2 Para mayor información véase el anexo 1, “Razón de mortalidad materna y defunciones maternas por año de registro y entidad de residencia habitual”, 2002-2008.

3 Artículos 3, fracción IV, y 27, fracción IV, de la Ley General de Salud.

4 Fuente http://www.presidencia.gob.mx/prensa/notas/?contenido=45291

5 Recientemente, la Secretaría de Salud publicó las causas de mortalidad materna de 2007: total de fallecimientos: mil 97, que se desagregan en las causas siguientes: aborto 81, enfermedad hipertensiva del embarazo 278, hemorragia del embarazo, parto y puerperio 267, otras complicaciones principalmente del embarazo y parto 143, sepsis y otras infecciones puerperales 28, complicaciones venosas en el embarazo, parto y puerperio 9, otras complicaciones principalmente puerperales 49, muerte obstétrica de causa no especificada 0, y causas obstétricas indirectas 242. Fuente: Secretaría de Salud, Dirección General de Información, Sistema Nacional de Información en Salud. Disponible en http://www.sinais.salud.gob.mx/muertesmaternas/index.html

6 Datos tomados de la agencia de noticias de Comunicación e Información de la Mujer, AC. Véase http://www.cimacnoticias.com.mx/node/62138 (nota consultada el 26 de febrero de 2013).

7 Sic.

8 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. “Focalización en seis acciones para disminuir la mortalidad materna” (presentación), segunda Reunión técnica de promoción de la salud materna, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, 12 y 13 de febrero de 2009.

9 Numeralia 2011, Mortalidad Materna en México. Observatorio de Mortalidad Materna en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2013.— Diputadas: Flor de María Pedraza Aguilera, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular.

El diputado José Luis Esquivel Zalpa:Con su venia, diputado presidente. Ciudadanas y ciudadanos diputados, en mi carácter de diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 1o. y 3o. del párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del honorable Congreso de la Unión, me permito someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Consulta Popular, Reglamentaria de las Fracciones VII y VIII del Artículo 35 Constitucional, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Antecedentes. Considerando que el día 9 de agosto de 2012 se aprobaron modificaciones constitucionales ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión del artículo 35, fracción VII y VIII, relativos al derecho de los ciudadanos a iniciar leyes y votar en las consultas populares.

Estas modificaciones fueron aprobadas por la Cámara de Senadores y posteriormente aprobadas en sus términos por Legislaturas de los estados de la República mexicana —es decir, por el Constituyente Permanente— con las figuras jurídicas que se desprenden de la reforma constitucional para regular la participación de los ciudadanos en las consultas populares.

Que son, a saber: el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular y que tienen como finalidad que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, promuevan las condiciones para el pleno y libre desarrollo de las capacidades humanas esenciales de todos los miembros de la sociedad.

Que el ideal democrático prevé una ciudadanía atenta, informada y organizada en el desarrollo de los asuntos públicos, capaz de elegir libremente entre las distintas alternativas de participación y superación social.

Que una población sin conciencia cívica sólida está condenada a la anarquía y a la violencia, donde solo los intereses de algunos grupos tienen preponderancia sobre los intereses colectivos.

Que los conceptos que norman la presente ley son democracia, responsabilidad, tolerancia, participación, capacidad de elegir, libertad, consenso, pluralidad, respeto, diálogo, igualdad, justicia y legalidad. Todos ellos encaminados a la reflexión y a la toma de conciencia.

Que es indispensable que la cultura democrática permee todos los ámbitos de nuestra vida en la sociedad y cree el marco conceptual y conductual que nos lleve a una realización plena como individuos y sociedad.

Que para dar vida a las reformas constitucionales y que el Estado mexicano esté en condiciones de garantizar el ejercicio del derecho ciudadano de iniciar leyes y participar en las consultas populares que se realicen, es necesario reglamentar las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, mediante la creación de una ley expresa.

Que la presente Ley Federal de Consulta Popular contiene un apartado sobre aspectos generales y su marco conceptual, otro sobre las especificaciones de cada una de las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, los requisitos para su convocatoria y la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; los medios de impugnación con que se cuente.

Para efectos de la presente ley, la consulta popular es el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos a intervenir y participar colectivamente en las decisiones públicas, en la formulación de iniciativas de ley, conforme a lo establecido en las fracciones VII y VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Considerando en todo momento que la participación ciudadana tiene como finalidad contribuir a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización de los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y educación para el desarrollo de una cultura democrática de la participación ciudadana.

Para efectos de esta ley se entiende por plebiscito al instrumento de participación directa mediante el cual se somete a consideración de los ciudadanos, para su aprobación o rechazo y de manera previa a su ejecución, los actos o decisiones del Ejecutivo federal y que sean trascendentes para la vida pública del país.

El plebiscito consiste en una consulta directa al cuerpo electoral, pero no sobre una decisión legislativa, sino de algún asunto de excepcional importancia para la comunidad, que puede comprometer su futuro.

Por otra parte, el referéndum es el instrumento de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes competencia del Congreso de la Unión y del Constituyente Permanente, que ya han sido aprobadas.

El referéndum es una manifestación de democracia constitucional, mediante la ampliación del sufragio y el libre acceso a los cargos públicos, la totalidad del pueblo organizado en cuerpo electoral participa en el proceso del poder, lo que hace indirectamente al elegir a sus representantes y directamente por medio del referéndum y el plebiscito.

Por iniciativa popular se entiende el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes federales conforme a lo dispuesto por el artículo 35, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que esta iniciativa considera los requisitos que deberán cumplir el presidente de la República, cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, y los ciudadanos para solicitar se dé inicio a alguno de los instrumentos de consulta popular: plebiscito, referéndum o iniciativa popular.

Que esta ley, acorde a lo dispuesto al artículo 35, fracción VIII, apartado 3o. de la Carta Magna establece con claridad las materias que no podrán ser objeto de consulta popular: 1) La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; 2) Los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; 3) La materia electoral; 4) Los ingresos y gastos del Estado; 5) La seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la  Fuerza Armada permanente.

Asimismo la ley establece que en todo momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia a consulta.

Igualmente se establece que las controversias que se generen en cualquiera de las etapas del plebiscito podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de la Constitución.

Que la experiencia internacional ha mostrado las bondades de estas figuras. Que estas figuras son ampliamente utilizadas como una forma pacífica de dirimir las controversias y el debate nacional sobre cuestiones de interés público en todo el mundo.

Que con esta ley, México, se incorpora a la larga lista de países a nivel internacional que han hecho de estas prácticas una costumbre democrática, bien vista y totalmente aceptada, encaminándose con ello a la construcción de un Estado democrático de derecho.

Esos mecanismos de democracia directa permiten que los ciudadanos, no solo sean actores de la designación de sus representantes, tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, sino también participen en las decisiones importantes que atañen a la correcta conducción del país.

Si bien es cierto que la implementación de estas figuras democráticas han sido viejas demandas de la izquierda democrática, también lo son de las organizaciones sociales y de miles de millones de ciudadanos que mediante estos mecanismos aspiran a que este país sea mejor y responda de manera puntual a las aspiraciones de los ciudadanos.

Pedirle, presidente, que esta iniciativa sea publicada íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del PRD

José Luis Esquivel Zalpa, en mi carácter de diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 1o. y 3o. párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto  que crea la Ley Federal de Consulta Popular (Reglamentaria de las fracciones VII y VIII del Artículo 35 Constitucional) al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

Considerando que el 9 de agosto de 2012 se aprobaron modificaciones constitucionales ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al artículo 35 fracciones VII y VIII, relativas al derecho de los ciudadanos a iniciar leyes y votar en las consultas populares.

Que estas modificaciones  fueron a su vez aprobadas por la Cámara de Senadores y posteriormente  que fueron ratificadas y aprobadas en sus términos por legislaturas de los estados de la República mexicana, es decir por el constituyente permanente.

Que las figuras jurídicas que se desprenden de la reforma constitucional para regular la participación de los ciudadanos en las consultas populares son a saber: el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, y que tienen como finalidad que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo promuevan las condiciones para el pleno y libre desarrollo de las capacidades humanas esenciales de todos los miembros de la sociedad.

Que el ideal democrático prevé una ciudadanía atenta, informada y organizada en el desarrollo de los asuntos públicos, capaz de elegir libremente entre las distintas alternativas de participación y superación social.

Que una población sin conciencia cívica solida está condenada a la anarquía y a la violencia, donde sólo los intereses de algunos grupos tienen preponderancia sobre el interés colectivo.

Que los conceptos que norman la presente ley son: democracia, responsabilidad, tolerancia, participación, capacidad de elegir, libertad, consenso, pluralidad, respeto, diálogo, igualdad, justicia y legalidad, todos ellos encaminados a la reflexión y a la toma de conciencia.

Que es indispensable que la cultura democrática permee todos los ámbitos de nuestra vida en sociedad y cree el marco conceptual y conductual que nos lleve a una realización plena como individuos y sociedad.

Que para dar vida a las reformas constitucionales y que el Estado mexicano esté en condiciones de garantizar el ejercicio del derecho ciudadano de iniciar leyes y participar en las consultas populares que se realicen, es necesario reglamentar las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, mediante la creación de una ley expresa, así como modificar y añadir ciertos  aspectos del articulado del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Que la presente Ley Federal de Consulta Popular contiene en un apartado sobre aspectos generales y su marco conceptual; otro sobre las especificidades de cada una de las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, los requisitos para su convocatoria y la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; los medios de impugnación con que se cuente.

Finalmente y aun cuando no son ordenamiento propios a esta ley, la iniciativa presenta modificaciones y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para hacerla acorde con al marco constitucional y legal.

Para efectos de la presente ley, la consulta popular es el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos a intervenir y participar colectivamente en las decisiones públicas, en la formulación de iniciativas de ley, conforme a lo establecido en las fracciones VII y VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Considerando en todo momento que la participación ciudadana tiene como finalidad contribuir a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización de los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura democrática de la participación ciudadana.

Para efectos de esta Ley se entiende por plebiscito al instrumento de participación directa mediante el cual se somete a consideración de los ciudadanos, para su aprobación o rechazo y de manera previa a su ejecución, los actos o decisiones del Ejecutivo federal y que sean trascendentes para la vida pública del país.

El plebiscito consiste en una consulta directa al cuerpo electoral, pero no sobre una decisión legislativa, sino sobre algún asunto de excepcional importancia para la comunidad, que puede comprometer su futuro.

La diferencia esencial con el referéndum consiste en que el plebiscito no afecta a actos de naturaleza normativa, se refiere a cuestiones de hecho, actos políticos y medidas de gobierno. Especialmente afecta cuestiones de carácter territorial y a materias relativas a la forma de gobierno y su ejercicio.

Como ejemplo de lo anterior podemos señalar que, en épocas recientes, el ingreso a la Unión Europea y la ratificación del Tratado de Maastrich, fueron sujetos a consultas plebiscitarias, así como en Canadá, en donde la provincia francófona de Quebec ha realizado varios plebiscitos, en el intento de constituirse en un nuevo estado, o el plebiscito realizado el 5 de octubre de 1988 en Chile, que terminó con la dictadura de Augusto Pinochet.

Por otra parte, el referéndum, es el instrumento de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes competencia del Congreso de la Unión y del constituyente permanente, que ya han sido aprobadas.

El referéndum es una manifestación de la democracia constitucional,  mediante la ampliación del sufragio y el libre acceso a los cargos públicos, la totalidad del pueblo organizado en cuerpo electoral participa en el proceso del poder, lo que hace indirectamente al elegir a sus representantes y directamente por medio del referéndum y el plebiscito.

En términos jurídicos, la naturaleza de esta forma de participación popular se considera como un acto de ratificación o rechazo. Un acto decisorio autónomo, que al sumarse al de los representantes populares, da origen a la disposición legal, y sólo adquiere validez cuando ha sido sometida a la votación popular y aprobada por ella. Los legisladores formulan la ley, pero ad referéndum, es decir, a reserva de lo que el cuerpo electoral resuelva, constituyéndose el voto popular en condición suspensiva a que se somete la legitimidad, validez y  eficacia de la ley.

Por iniciativa popular se entiende el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes federales  conforme a lo dispuesto por el artículo 35 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que esta iniciativa considera los requisitos que deberán cumplir el presidente de la República, cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, y los ciudadanos para solicitar se dé inicio a alguno de los instrumentos de consulta popular: plebiscito, referéndum o iniciativa popular.

Estos requisitos y sus consecuencias prácticas son particularmente importantes ya que implican una distinción de la representación política de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, considerando que la representación política es el acto jurídico mediante el cual la nación a través de la elección, designa a cierto número de ciudadanos para que, ante la imposibilidad de hacerlo por sí misma, participan en la creación de la voluntad estatal.

Para el caso tenemos que el artículo 51 de la Constitución señala: “La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, electos en su totalidad cada tres años”.

Así pues tenemos que en México hemos adoptado la teoría clásica de la representación, de acuerdo a la cual el representante no está limitado por ninguna clase de mandato, así pues los diputados son representantes de la nación y no exclusivamente del distrito electoral al que pertenecen. Esto es lo que da origen a la conceptualización de que la Cámara de Diputados es la depositaria de la representación popular, del pueblo, de la nación.

El otro aspecto que igualmente debemos considerar es el que se refiere a la naturaleza jurídica de la representación política de la Cámara de Senadores ¿son representantes de las entidades federativas o son también, al igual que los diputados representantes de la nación?

El artículo 56 de la constitución dice “La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales, en cada estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría... los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional... la Cámara de Senadores será renovada en su totalidad cada seis años”.

En este supuesto normativo, el constituyente permanente fue omiso al referirse al origen de la representación del Senado. Sin embargo y a falta de señalamiento específico, como en el caso de la Cámara de Diputados, en los hechos se considera que el Senado es el cuerpo que representa estabilidad y los derechos federales, son los representantes miembros del pacto federal, de ahí su igualdad en número por cada entidad federativa, independientemente de la población o extensión territorial, y juegan un papel de equilibrio en el proceso legislativo.

Que esta ley, de acorde a lo dispuesto al artículo 35, fracción VIII, apartado 3o. de la Carta Magna establece con claridad las materias que no podrán ser objeto de consulta popular: 1) La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; 2) Los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; 3) La materia electoral; 4) Los ingresos y gastos del estado; 5) La seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Asimismo la ley establece que en todo momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia a consulta.

Igualmente se establece que las controversias que se generen en cualquiera de las etapas del plebiscito podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución.

Que las modificaciones constitucionales referidas son una avance en la vida democrática del país considerando que los ciudadanos ahora estarán en condiciones de pronunciarse sobre acciones del Ejecutivo federal en aspectos trascendentales para la vida del país, que serán capaces de ratificar o rechazar leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, y que tendrán la facultad de iniciar leyes federales, todo esto con efectos jurídicos vinculantes en caso de cumplir con los requisitos constitucionales y legales.

Que la experiencia internacional ha mostrado las bondades de estas figuras al proporcionar independencia, como fue el caso de las naciones bálticas; Lituana; Letonia y Estonia, en los años noventa, o el sudeste asiático como Timor Oriental en años recientes. O permitió liberar a pueblos hermanos  de la dictadura militar como en el caso de Chile.

Que estas figuras son ampliamente utilizadas como una forma pacífica de dirimir las controversias y el debate nacional sobre cuestiones de interés público en todo el mundo. Desde Quebec, en Canadá, hasta la Patagonia, en Chile, de Checoslovaquia, hasta los países bálticos.

Que con la incorporación de las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular a nuestro marco normativo, México, se incorpora la larga lista de países a nivel internacional que han hecho de estas prácticas una costumbre democrática, bien vista y totalmente aceptada, encaminándose con ello a la construcción de un estado democrático de derecho.

El referéndum en México no ha sido incluido en nuestra constitución sino hasta épocas muy recientes. No fue sino hasta que en el marco de la “reforma política” promovida por el expresidente José López Portillo, que el 6 de diciembre de 1977 fue adicionado en una base segunda en la fracción VI del artículo 76 de la Constitución, en donde se establecía que “El Congreso tiene facultad para... legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, sometiéndose a las bases siguientes:.. “Los ordenamientos legales y los reglamentos que en la ley de la materia se determinen, serán sometidos al referéndum y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al procedimiento que la misma señale”, con lo que se otorgaba a los ciudadanos del Distrito Federal estos mecanismo de gobierno semidirecto. Sin embargo, la reglamentación parcial que se realizó en los artículo del 52 al 59 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, en esa época, sólo se indicaba que la iniciativa de referéndum correspondía al presidente de la República o a las Cámaras del Congreso de la Unión, dejando fuera el derecho de iniciar el procedimiento de referéndum a los ciudadanos  así como la iniciativa popular y que se excluían las leyes fiscales y hacendarias, cercenando así el alcance y espíritu de estas formas de participación popular. Esta regulación parcial e incompleta, trajo como consecuencia que el referéndum resultara en los hechos en un mecanismo inoperante.

Por las razones arriba expuestas, se presenta iniciativa con proyecto de

Decreto que crea la Ley Federal de Consulta Popular

Ley Federal de Consulta Popular

(Reglamentaria de las Fracciones VII y VIII del Artículo 35 Constitucional).

Título Primero Disposiciones Generales Capítulo Único Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y participación ciudadana.

El presente ordenamiento tiene por objeto instituir y regular los instrumentos de consulta popular.

Artículo 2. Para efectos de la presente ley, la consulta popular es el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos a intervenir y participar colectivamente, en las decisiones públicas de trascendencia nacional, en la ratificación o rechazo de leyes federales aprobadas por el Congreso de la Unión y en la formulación de iniciativas de ley, conforme a lo establecido en las fracciones VII y VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización de los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura democrática de la participación ciudadana.

Artículo 3. Son principios de la participación ciudadana, los siguientes:

I. Democracia.

II. Corresponsabilidad

III. Pluralidad.

IV. Solidaridad

V. Responsabilidad Social.

VI. Respeto.

VII. Tolerancia.

VIII. Autonomía.

IX. Capacitación para la ciudadanía plena.

X. Cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

XI. Derechos Humanos.

Artículo 4. Son instrumentos de la participación ciudadana:

1. El plebiscito;

2. El referéndum;

3. La iniciativa popular.

Artículo 5. Para efectos de esta ley se entenderá por:

I. Administración Pública: a la Administración Pública Federal;

II. Cámara de Diputados: a la Cámara de Diputados del Congreso dela Unión;

III. Cámara de Senadores: a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;

IV. Código: al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

V. Constitución: a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Dependencias: a las dependencias  de la Administración Pública Federal, centralizada, descentralizada o paraestatal;

VII. Instituto Electoral: al Instituto Electoral;

VIII. Ley: a la Ley Federal de Consulta Popular;

IX. Ley de Responsabilidades: a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos;

X. Ley de Transparencia: a la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales.

XI. Presidente de la República: al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

XII. República Mexicana: a los Estados Unidos Mexicanos;

XIII. Suprema Corte; a la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

XIV. Tribunal Electoral: al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Título Segundo De los habitantes y ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos Capítulo I De los habitantes y ciudadanos

Artículo 6. Son habitantes de la República Mexicana las personas que residan en su territorio.

Artículo 7. Son ciudadanos mexicanos las mujeres y varones que teniendo la calidad de mexicanos reúnan los requisitos constitucionales.

Capítulo II De los derechos y obligaciones de los habitantes

Artículo 8. Además de los derechos que establecen otras leyes, los habitantes de la República Mexicana tienen derecho a:

I. Ser informados respecto de las materias relativas a la República Mexicana, sobre leyes, decretos y toda acción de gobierno de interés público;

II. Recibir la prestación de servicios públicos que brinde la federación;

III. Presentar quejas y denuncias por la incorrecta prestación de servicios públicos o por irregularidad en la actuación de los servidores públicos en términos de ésta y otras leyes aplicables;

IV. Emitir opinión y formular propuestas para la solución de los problemas  de interés público o general y para el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, mediante los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta ley, y

V. Ser informados y tener acceso a toda la información relacionada con la realización de obras y servicios de la administración pública, las cuales serán publicadas en los sitios de Internet de cada dependencia, y proporcionados a través de los mecanismos de información pública establecidos en la Ley de Transparencia.

Artículo 9. Los habitantes de la República Mexicana tienen las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con las disposiciones de la presente Ley;

II. Ejercer los derechos que les otorga la presente Ley; y

III. Las demás que en materia de participación ciudadana les impongan esta y otras leyes.

Capítulo III De los derechos y las obligaciones de los ciudadanos

Artículo 10. Los ciudadanos de la República Mexicana tienen los siguientes derechos:

I. Los que establece el artículo 35 de la Constitución;

II. Promover la participación ciudadana a través de los instrumentos de participación ciudadana y mecanismos que establece el título cuarto de esta ley;

III. Aprobar o rechazar mediante Plebiscito los actos o decisiones del Ejecutivo federal y que sean trascendentes para la vida pública del país.

IV. Aprobar o rechazar mediante referéndum la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes competencia del Congreso de la Unión y del constituyente permanente.

V. Presentar al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, iniciativas populares sobre proyectos de creación, modificación, derogación o abrogación de leyes respecto de las materias competencia del Congreso de la Unión y del constituyente permanente;

VI. Ser informado de las funciones y acciones de la administración pública;

VII. Ejercer y hacer uso, en los términos establecidos en esta ley; de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana, y

VIII. Los demás que establezcan esta y otras leyes.

Artículo 11. Los ciudadanos de la República Mexicana tienen las siguientes obligaciones:

I. Las que establece el artículo 36 de la Constitución;

II. Las demás que establezcan esta y otras leyes.

Título Tercero De las autoridades

Artículo 12. Son autoridades en materia de consulta popular:

I. El presidente de la República;

II. La Cámara de Diputado;

III. La Cámara de Senadores;

IV. El Instituto Electoral;

V. La Suprema Corte, y

VI. El Tribunal Electoral.

Artículo 13. Las autoridades de la administración pública, en su ámbito de competencia, están obligadas a garantizar el respeto de los derechos previstos en esta ley para los habitantes y ciudadanos de la República Mexicana.

Las autoridades están obligadas a promover entre los servidores públicos cursos de formación y sensibilización para dar a conocer los instrumentos de participación ciudadana; la cooperación y acercamiento con la ciudadanía y la cultura de participación ciudadana en general, como un espacio cívico de convivencia social y de una mejor gobernanza.

Las autoridades promoverán entre los habitantes y ciudadanos de la República Mexicana, a través de campañas informativas y formativas, programas de formación para la ciudadanía, mejoramiento de la calidad de vida, representación y promoción de los intereses generales, sectoriales y comunitarios, promoción y desarrollo de los principios de la participación ciudadana, fomento a las organizaciones ciudadanas e instrumentos de participación ciudadana.

Artículo 14. El Instituto Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los plebiscitos, referénda e iniciativas populares que se organicen, tal y como lo dispone el artículo 35 fracción VIII apartado 4o. de la Constitución.

Título Cuarto De los instrumentos de participación ciudadana Capítulo I Del plebiscito

Artículo 15. El plebiscito es el instrumento de participación directa mediante el cual se somete a consideración de los ciudadanos, para su aprobación o rechazo y de manera previa a su ejecución, los actos o decisiones del Ejecutivo federal y que sean trascendentes para la vida pública del país.

Artículo 16. El plebiscito será convocado por el Congreso de la Unión a petición de:

a)El presidente de la República;

b)El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c)Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine esta ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

Artículo 17. En caso de que la petición de realizar un plebiscito provenga del presidente de la República se atendrá a las reglas siguientes:

I. La petición deberá enviarse a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores en una lapso que no exceda los 7 días naturales contados a partir del día siguiente de la fecha en que se instale el Consejo General del Instituto Electoral para dar inició al proceso electoral federal correspondiente.

II. La Cámara de Senadores, una vez recibida la solicitud, le dará trámite de inmediato y contará con un plazo que no excederá de los 30 días naturales contados a partir de su recepción para emitir un dictamen que acepte o rechace dicha solicitud. Adicionalmente notificará a la Cámara de Diputados que ha recibido solicitud formal para dar inicio al procedimiento de convocatoria a plebiscito.

Una vez emitido el dictamen mencionado, se enviará la solicitud de inmediato a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con copia del dictamen y las versiones estenográficas de la discusión en comisiones y el pleno, grabaciones de audio y video, documentos, ponencias, consultas y todos los elementos que fueron utilizados en el procesos legislativo para emitir la resolución.

III. Una vez recibida la solicitud, esta será enviada de inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre la constitucionalidad materia de la consulta, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión. La Suprema Corte de Justicia dela Nación deberá comunicar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión su resolución a más tardar 20 días posteriores a la  recepción de la solicitud.

IV. La Cámara de Diputados, una vez recibida la resolución correspondiente de la Cámara de Senadores le dará trámite de inmediato, debiendo emitir un dictamen que acepte o rechace la solicitud de plebiscito en un plazo que no exceda de los 30 días naturales a la emisión del dictamen.

V. La petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

VI. Sólo hasta que haya concluido el procedimiento aludido en la fracción V de este artículo, de manera inmediata las Cámaras de manera conjunta y en trabajos en conferencia procederán a elaborar la convocatoria respectiva.

Ambas Cámaras del Congreso de la Unión comunicarán por separado, a través de sus mesas directivas, al Instituto Electoral y en un plazo que no exceda de tres días, que el procedimiento ha sido concluido de manera aprobatoria a efecto que la autoridad electoral proceda a elaborar las preguntas del caso.

El instituto, deberá notificar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, los resultados en la elaboración de las preguntas, con al menos 10 días de anticipación de la fecha que se tenga como plazo para la publicación de la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, a efecto de que sean incluidas en dicho documento.

Artículo 18. Para el caso de que la solicitud para realizar un plebiscito provenga del equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión se estará a las siguientes reglas:

I. La solicitud para iniciar el mecanismo plebiscitario deberá ser entregada ante la Mesa Directiva del Cámara de que se trate, en fecha que no exceda los 7 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha en que se instale el Consejo General del Instituto Electoral para dar inicio al proceso electoral federal correspondiente.

II. A la solicitud deberá agregarse un listado con nombre y firma autógrafa de los solicitantes, con la única finalidad de facilitar el cotejo correspondiente de las firmas y acreditar el requisito de procedencia.

III. La Cámara que reciba la petición le dará trámite de inmediato y notificará a la Cámara revisora que ha recibido formal solicitud para dar inicio procedimiento de convocatoria a plebiscito.

IV. Una vez recibida la solicitud, ésta será enviada de inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre la constitucionalidad materia de la consulta, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá comunicar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión su resolución a más tardar a más tardar 20 días naturales posteriores a  recepción de la solicitud.

V. La Cámara de origen de la solicitud, contará con un plazo que no excederá de los 30 días naturales contados a partir de su recepción para emitir un dictamen  que acepte o rechace la petición.

Una vez emitido  el dictamen mencionado, se enviará de inmediato la solicitud a la Cámara revisora del Congreso de la Unión, con copia del dictamen y las versiones estenográficas de la discusión en comisiones y el pleno, grabaciones de audio y video, documentos, ponencias, consultas y todos los elementos que fueron utilizados en el procesos legislativo para emitir la resolución.

VI. La Cámara revisora una vez recibido el dictamen de su colegisladora, deberá emitir un dictamen que acepte o rechace la solicitud de plebiscito en un plazo que no exceda de los 30 días naturales contados a partir de emitido el dictamen correspondiente.

VII. La petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

VIII. Sólo hasta que haya concluido el procedimiento aludido en la fracción VII de este artículo, de manera inmediata las Cámaras de forma conjunta y en trabajos en conferencia procederán a elaborar la convocatoria respectiva.

Ambas Cámaras del Congreso de la Unión comunicarán por separado, a través de sus mesas directivas, al Instituto Electoral y en un plazo que no exceda de tres días a partir de la aprobación de la Cámara revisora, que el procedimiento ha sido concluido de manera aprobatoria a efecto que la autoridad electoral proceda a elaborar las preguntas del caso.

IX. El instituto deberá notificar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión los resultados en la elaboración de las preguntas, con al menos 10 días de anticipación de la fecha que se tenga como plazo para la publicación de la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, a efecto de que sean incluidas en dicho documento.

Artículo 19. En caso de que la petición de realizar un plebiscito provenga de los ciudadanos, se tendrá que cumplir con las siguientes reglas:

I) La solicitud deberá presentarse ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión más tardar el 1o. de diciembre del año inmediato anterior a la fecha de realización de la jornada electoral federal.

II) Los interesados deberán anexar a su solicitud un listado con nombres, firmas y clave de su credencial de elector de los solicitantes, cuyo cotejo realizará el Instituto Electoral, el cual establecerá los sistemas de registro de iniciativas, formularios y dispositivos de verificación que proceda. El Instituto Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el artículo 35 fracción VIII apartado 1o. inciso c) de la Constitución. Las dudas e irregularidades en la documentación presentada, deberán ser subsanadas en los tres días posteriores a su notificación.

III) Los ciudadanos deberán nombrar un comité promotor, integrado por 32 ciudadanos.

IV) Una vez presentada la solicitud ante la Cámara de Senadores, ésta enviará un tanto igual de la documentación recibida a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; los originales relativos a los requisitos del artículo 35 fracción VIII apartado 1o. inciso c) inciso de la Constitución serán remitidos inmediatamente al Instituto Electoral, para que realice la verificación correspondiente.

V) Una vez recibida la solicitud, ésta será enviada de inmediato a la Suprema Corte para que resuelva sobre la constitucionalidad materia de la consulta, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión. La Suprema Corte deberá comunicar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión su resolución a más tardar a más tardar 20 días naturales posteriores a  recepción de la solicitud.

VI) Una vez sean verificados los requisitos del apartado 1 inciso c) de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución, el Instituto Electoral enviará a ambas Cámaras del Congreso de la Unión la certificación correspondiente a más tardar el 1 de febrero del año en que tenga verificativo la jornada electoral federal. Esta certificación se notificará igualmente al comité promotor y será recurrible en los términos que establezca esta ley.

Una vez que obre en poder de ambas Cámaras del Congreso de la Unión la certificación aprobatoria del Instituto Electoral y la resolución de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad materia de la consulta, el Congreso de la Unión, sin más tramite, hará la convocatoria respectiva a fin de que Instituto Electoral le dé curso de inmediato.

Artículo 20. Toda solicitud de plebiscito deberá contener, por lo menos:

I. El acto de gobierno que se pretende someter a plebiscito, así como el órgano u órganos de la administración que lo aplicarían en caso de ser aprobado;

II. La exposición de motivos y razones por las cuales el acto se considera de importancia para la República Mexicana y debe someterse a plebiscito;

III. Cuando sea presentada por cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, el listado con nombre y firma autógrafa que acredite treinta y tres por ciento de los legisladores solicitantes;

IV. Cuando sea presentada por los ciudadanos, el listado que acredite que fue presentado por un número de ciudadanos equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores con nombre, firma autógrafa y clave de la credencial para votar con fotografía. Los nombres de los integrantes del comité promotor; así como un domicilio para oír y recibir notificaciones.

Artículo 21. En los procesos de plebiscito podrán participar todos los ciudadanos mexicanos que tengan 18 años de edad cumplidos al día de la elección y cuenten con credencial para votar con fotografía. Para el caso de ciudadanos residentes en el extranjero se seguirán las reglas descritas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para el voto de los mexicanos en el extranjero.

Artículo 22. No podrán someterse a plebiscito, los actos de autoridad del Ejecutivo federal relativos a:

I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución;

II. Los principios consagrados por el artículo 40 de la Carta Magna;

III. La materia electoral;

IV. Los ingresos y gastos del estado;

V. La seguridad nacional;

VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Artículo 23. El Congreso de la Unión iniciará el procedimiento de plebiscito mediante convocatoria que deberá expedir cuando menos 120 días antes de la de la elección.

La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal, según lo dispuesto por el artículo 35 fracción VIII apartado 5 de la Constitución.

La convocatoria se hará del conocimiento del Instituto Electoral, con la finalidad de que éste inicie la organización del proceso plebiscitario. Se publicará el Diario Oficial de la Federación y en al menos dos de los principales diarios de circulación nacional y contendrá:

I. La descripción del acto de autoridad sometido a plebiscito, así como su exposición de motivos;

II. La explicación clara y precisa del mecanismo de aplicación del acto de gobierno, así como los efectos de aprobación o rechazo;

III. La fecha en que habrá de realizarse la votación, y

IV La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su aprobación o rechazo.

Artículo 24. El Instituto Electoral elaborará las preguntas del caso y podrá auxiliarse de los órganos de la Administración Pública Federal, instituciones de educación superior o de organismos sociales y civiles relacionados con la materia de que trate el plebiscito para la elaboración de las preguntas.

En el caso de que el plebiscito haya surgido de la iniciativa ciudadana, el Instituto Electoral y el Congreso de la Unión respetarán la redacción del texto del acto de gobierno a consultar y su exposición de motivos.

En todo caso, cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o el Instituto Electoral podrán proponer modificaciones técnicas al texto de la propuesta, sin modificar la sustancia de la misma, informando de ello al comité promotor para su aprobación y conformidad.

Artículo 25. El Instituto Electoral tendrá bajo su encargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados del Plebiscito; garantizará la equitativa difusión de las opciones que se presenten a la ciudadanía.

Los resultados y la declaración de los efectos del plebiscito se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, y en al menos dos diarios de circulación nacional.

Artículo 26. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.

Artículo 27. Las controversias que se generen en cualquiera de las etapas del Plebiscito podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución.

Capítulo II Del referéndum

Artículo 28. El referéndum es el instrumento de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes competencia del Congreso de la Unión y del constituyente permanente, o de decretos del Ejecutivo federal que ya han sido aprobados y ejecutados.

Artículo 29. El referéndum será convocado por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine esta ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

Artículo 30. En caso de que la petición de realizar un plebiscito provenga del presidente de la República se atendrá a las reglas siguientes:

I. La petición deberá enviarse a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en una lapso que no exceda los 7 días naturales contados a partir del día siguiente de la fecha en que se instale el Consejo General del Instituto Electoral para dar inicio al proceso electoral federal correspondiente.

II. La Cámara de Diputados una vez recibida la solicitud le dará trámite de inmediato y contará con un plazo que no excederá de los 30 días naturales contados a partir de su recepción para emitir un dictamen  que acepte o rechace dicha solicitud. Adicionalmente, notificará a la Cámara de Senadores que ha recibido solicitud formal para dar inicio al procedimiento de convocatoria a referéndum.

Una vez emitido el dictamen mencionado, se enviará la solicitud de inmediato a la Cámara de Senadores, con copia del dictamen y las versiones estenográficas de la discusión en comisiones y el pleno, grabaciones de audio y video, documentos, ponencias, consultas y todos los elementos que fueron utilizados en el procesos legislativo para emitir la resolución.

III. Una vez recibida la solicitud, ésta será enviada de inmediato a la Suprema Corte para que resuelva sobre la constitucionalidad materia de la consulta, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión. La Suprema Corte deberá comunicar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión su resolución a más tardar 20 días posteriores a la  recepción de la solicitud.

IV. La Cámara de Senadores una vez recibida la resolución correspondiente de la Cámara de Diputados le dará trámite de inmediato, debiendo emitir un dictamen que acepte o rechace la solicitud de referéndum en un plazo que no exceda de los 30 días naturales a la emisión del dictamen.

V. La petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

VI. Sólo hasta que haya concluido el procedimiento aludido en la fracción V de este artículo, de manera inmediata las Cámaras de manera conjunta y en trabajos en conferencia procederán a elaborar la convocatoria respectiva.

Ambas Cámaras del Congreso de la Unión comunicarán por separado, a través de sus mesas directivas, al Instituto Electoral y en un plazo que no exceda de tres días que el procedimiento ha concluido de manera aprobatoria a efecto que la autoridad electoral proceda a elaborar las preguntas del caso.

El instituto deberá notificar, a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, los resultados en la elaboración de las preguntas, con al menos 10 días de anticipación de la fecha que se tenga como plazo para la publicación de la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, a efecto de que sean incluidas en dicho documento.

Artículo 31. Para el caso de que la solicitud para realizar referéndum provenga del equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión se estará a las siguientes reglas:

I. La solicitud para iniciar el mecanismo de referéndum deberá ser entregada ante la Mesa Directiva de la Cámara de que se trate, en fecha que no exceda los 7 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha en que se instale el Consejo General del Instituto Electoral para dar inicio al proceso electoral federal correspondiente.

II. A la solicitud deberá agregarse un listado con nombre y firma autógrafa de los solicitantes, con la única finalidad de facilitar el cotejo correspondiente de las firmas y acreditar el requisito de procedencia.

III. La Cámara que reciba la petición le dará trámite de inmediato y notificará a la Cámara revisora que ha recibido solicitud formal para dar inicio al procedimiento de convocatoria a referéndum.

IV. Una vez recibida la solicitud, ésta será enviada de inmediato a la Suprema Corte para que resuelva sobre la constitucionalidad materia de la consulta, previa a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión. La Suprema Corte deberá comunicar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión su resolución a más tardar 20 días naturales posteriores a la recepción de la solicitud.

V. La Cámara de origen de la solicitud contará con un plazo que no excederá de los 30 días naturales contados a partir de su recepción para emitir un dictamen  que acepte o rechace la petición.

Una vez emitido el dictamen mencionado, se enviará de inmediato, la solicitud a la Cámara revisora del Congreso de la Unión, con copia del dictamen y las versiones estenográficas de la discusión en comisiones y el pleno, grabaciones de audio y video, documentos, ponencias, consultas y todos los elementos que fueron utilizados en el proceso legislativo para emitir la resolución.

VI. La Cámara revisora, una vez recibido el dictamen de su colegisladora, así como la resolución correspondiente, le dará trámite de inmediato, deberá emitir un dictamen que acepte o rechace la solicitud de referéndum en un plazo que no exceda de los 30 días naturales contados a partir del día siguiente de emitido el dictamen correspondiente.

VII. La petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

VIII. Sólo hasta que haya concluido el procedimiento aludido en la fracción VII de este artículo de manera inmediata las Cámaras de manera conjunta y en trabajos en conferencia procederán a elaborar la convocatoria respectiva.

Ambas Cámaras del Congreso de la Unión comunicarán por separado, a través de sus mesas directivas, al Instituto Electoral y en un plazo que no exceda de tres días, que el procedimiento ha concluido de manera aprobatoria a efecto que la autoridad electoral proceda a elaborar las preguntas del caso.

IX. El Instituto, deberá notificar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión los resultados en la elaboración de las preguntas, con al menos 10 días de anticipación de la fecha que se tenga como plazo para la publicación de la convocatoria que realice el Congreso dela Unión, a efecto de que sean incluidas en dicho documento.

Artículo 32. En caso de que la petición de realizar un referéndum provenga de los ciudadanos, se tendrá que cumplir con las siguientes reglas:

I. La solicitud deberá presentarse ante la Cámara de Diputados a más tardar el 1 de diciembre del año inmediato anterior a la fecha de realización de la jornada electoral federal.

II. Los interesados deberán anexar a su solicitud un listado con nombres, firmas y clave de su credencial de elector de los solicitantes, cuyo cotejo realizará el Instituto Electoral, el cuál establecerá los sistemas de registro de iniciativas, formularios y dispositivos de verificación que proceda. El Instituto Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el artículo 35, fracción VIII, apartado 1, inciso c) de la Constitución. Las dudas e irregularidades en la documentación presentada, deberán ser subsanadas en los tres días posteriores a su notificación por el Instituto Electoral.

III. Los ciudadanos deberán nombrar un comité promotor, integrado por 32 ciudadanos.

IV. Una vez presentada la solicitud  ante la Cámara de Diputados, ésta enviará un tanto igual de la documentación recibida a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; los originales relativos a los requisitos del artículo 35 fracción VIII, apartado 1, inciso c, de la Constitución serán remitidos inmediatamente al Instituto Electoral, para que realice la verificación correspondiente.

V. Una vez recibida la solicitud, ésta será enviada de inmediato a la Suprema Corte para que resuelva sobre la constitucionalidad materia de la consulta, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión. La Suprema Corte deberá comunicar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión su resolución a más tardar 20 días naturales posteriores a recepción de la solicitud.

VI. Una vez sean verificados los requisitos del apartado 1, inciso c) de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución, el Instituto Electoral enviará a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la certificación correspondiente a más tardar el 1 de febrero del año en que tenga verificativo la jornada electoral federal. Esta certificación se notificará igualmente al comité promotor y será recurrible en los términos que establezca esta ley.

Una vez que obre en poder de ambas Cámaras del Congreso de la Unión la certificación aprobatoria del Instituto Electoral y la resolución de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad materia de la consulta, el Congreso de la Unión, sin más trámite, hará la convocatoria respectiva a fin de que el Instituto Electoral le dé curso de inmediato.

Artículo 33. Toda solicitud de Referéndum deberá contener, por lo menos:

I. La indicación precisa de la ley o decreto o, en su caso, del o los artículos que se pretende someter a referéndum;

II. La exposición de motivos y razones por las cuales el ordenamiento o parte de su articulado deben someterse a la consideración de la ciudadanía;

III. Cuando sea presentada por cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, el listado con nombre y firma autógrafa que acredite el treinta y tres por ciento de los legisladores solicitantes;

IV. Cuando sea presentada por los ciudadanos, el listado que acredite que fue presentado por un número de ciudadanos equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores con nombre, firma autógrafa y clave de la credencial para votar con fotografía. Los nombres de los integrantes del comité promotor; así como un domicilio para oír y recibir notificaciones.

Artículo 34. En los procesos de referéndum podrán participar todos los ciudadanos mexicanos que tengan 18 años de edad cumplidos al día de la elección y cuenten con credencial para votar con fotografía. Para el caso de ciudadanos residentes en el extranjero se seguirán las reglas descritas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para el voto de los mexicanos en el extranjero.

Artículo 35. No podrán someterse a referéndum, la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes competencia del Congreso de la Unión y del Constituyente Permanente, relativos a:

I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución;

II. Los principios consagrados por el artículo 40 de la Carta Constitución;

III. La materia electoral;

IV. Los ingresos y gastos del estado;

V. La seguridad nacional;

VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Artículo 36. El Congreso de la Unión iniciará el procedimiento de referéndum mediante convocatoria que deberá expedir cuando menos 120 días antes de la fecha de su realización.

La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal, según lo dispuesto por el artículo 35, fracción VIII, apartado 5, de la Constitución.

La convocatoria se  hará del conocimiento del Instituto Electoral, con la finalidad de que éste inicie la organización del proceso de referéndum. Se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en al menos dos de los principales diarios de circulación nacional y en la totalidad de los portales electrónicos de los Poderes de la Unión así como de los órganos autónomos; y contendrá:

I. La indicación precisa de la ley o decreto o, en su caso, del o los artículos que se pretende someter el referéndum, así como su exposición de motivos;

II. La explicación clara y precisa de los efectos de aprobación o rechazo de la ley o decreto o, en su caso, del o los artículos que se pretende someter a referéndum;

III. La fecha en que habrá de realizarse la votación, y

IV. La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su aprobación o rechazo.

Artículo 37.El Instituto Electoral elaborará las preguntas del caso y podrá auxiliarse de los órganos de la administración pública federal, instituciones de educación superior o de organismos sociales y civiles relacionados con la materia de que trate el referéndum para la elaboración de las preguntas.

En el caso de que el referéndum haya surgido de la iniciativa ciudadana, el Instituto Electoral y el Congreso de la Unión respetarán la redacción del texto de la ley o decreto o, en su caso, del o los artículos que se pretende someter a referéndum y su exposición de motivos.

En todo caso, cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o el Instituto Electoral podrán proponer modificaciones técnicas al texto de la propuesta, sin modificar la sustancia de la misma, informando de ello al comité promotor para su aprobación y conformidad.

Artículo 38. El Instituto Electoral tendrá bajo su encargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados del referéndum; garantizará la equitativa difusión de las opciones que se presenten a la ciudadanía. Asimismo declarará los efectos del referéndum, de conformidad a lo señalado en la Constitución, la ley y la convocatoria.

Los resultados y la declaración de los efectos del plebiscito se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, y en la totalidad de los portales electrónicos de los Poderes de la Unión así como de los órganos autónomos.

Artículo 39. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.

Artículo 40. Las controversias que se generen en cualquiera de las etapas del referéndum podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como en la fracción III del artículo 99 de esta Constitución.

Capítulo III Iniciativa popular

Artículo 41. La iniciativa popular es un instrumento de participación directa mediante el cual los ciudadanos de la República Mexicana presentan ante el Congreso de la Unión proyectos de creación, modificación, reforma, derogación, o abrogación de leyes y decretos propios del ámbito de su competencia.

Artículo 42. La iniciativa popular podrá ser será propuesta en cualquier momento, por ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, y se atendrá a las reglas siguientes:

I. El escrito de presentación de la iniciativa popular será entregado ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuando ésta se encuentren en sesiones, o ante la Comisión Permanente, en su caso, para que se le dé el turno que corresponda;

II. Los interesados deberán anexar a su solicitud un listado con nombres, firmas autógrafas y clave de la credencial de elector de los solicitantes. Los originales relativos a los requisitos del artículo 35, fracción VIII, apartado 1, inciso c) de la Constitución serán remitidos inmediatamente al Instituto Electoral, para que realice la verificación correspondiente. El Instituto Electoral, establecerá los sistemas de registro de iniciativas, formularios y dispositivos de verificación que procedan. Las dudas e irregularidades en la documentación presentada, deberán ser subsanadas en los tres días posteriores a su notificación al comité promotor por el Instituto Electoral;

III. Los ciudadanos deberán nombrar un comité promotor, integrado por 32 ciudadanos, así como señalar domicilio para oír y recibir notificaciones;

IV. Presentación de una exposición de motivos que señale las razones y fundamentos de la iniciativa;

V. La presentación de un articulado que cumpla con los principios básicos de técnica jurídica y legislativa.

Artículo 43. Una vez sean verificados los requisitos del apartado 1, inciso c) de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución, el Instituto Electoral enviará la certificación correspondiente a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar en un plazo que no exceda los 60 días naturales a partir de la recepción de la documentación correspondiente. Esta certificación se notificará igualmente al comité promotor y será recurrible en los términos en que establezca esta ley.

Artículo 44. Una vez presentada la iniciativa popular ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o, en sus recesos, ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, de manera inmediata las mesas directivas respectivas harán del conocimiento del pleno de la Cámara, o en su defecto al pleno de la Comisión Permanente, de la recepción de la iniciativa popular y se turnará a la comisión o comisiones competentes en la materia de la propuesta.

Artículo 45. Una vez admitida la iniciativa popular se someterá al proceso legislativo que señala la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, debiendo ser analizada, dictaminada y votada, en el mismo periodo de sesiones en el que fue presentada, o el próximo inmediato en caso de que se hubiese presentado durante el receso de Cámara.

Artículo 46. Cuando la iniciativa popular se refiera a materias que no son competencia de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva de la Cámara o la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, en caso de receso de la Cámara, lo notificara al comité promotor a fin de que pueda dirigir su petición a quien corresponda, o bien la modifique para que pueda ser admitida.

Artículo 47. No podrán ser sometidas al procedimiento de iniciativa popular, la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes competencia del Congreso de la Unión y del Constituyente Permanente, relativos a:

I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución;

II. Los principios consagrados por el artículo 40 de la Carta Magna;

III. La materia electoral;

IV. Los ingresos y gastos del estado;

V. La seguridad nacional

VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Título Quinto De las sanciones

Artículo 48. En los procesos de plebiscito y referéndum que se organicen a nivel federal en la República Mexicana, ningún servidor público podrá intervenir en función de su encargo, sólo podrán hacerlo a título de ciudadano, apoyando con su firma la solicitud realizada por los ciudadanos o a través de su voto.

En el desempeño de sus funciones deberán conducirse bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, objetividad y equidad.

En caso contrario, a dicho servidor público deberá iniciársele procedimiento sancionador por infringir el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, ya sea de oficio o a petición de parte ante la Secretaría de la Función Pública federal tratándose de servidores públicos del ámbito federal.

Tratándose de funcionarios locales, se le iniciará igual procedimiento ante las contralorías de los estados.

Esto sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran ocasionar sus actos.

Transitorios

Primero.La presente Ley Federal de Consulta Popular entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Electoral contará con un plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente ley para establecer un sistema de registro de iniciativas, formularios y dispositivos de verificación que procedan, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en las fracciones VII y VIII apartado 1 inciso c) de la Constitución y las disposiciones aplicables de esta ley.

Tercero.Para cubrir el requisito establecido en el artículo 36, fracción VIII, apartado 1, inciso c) de la Constitución, se usará la lista nominal de electores utilizada en la elección federal inmediata anterior.

Cuarto. Remítase al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales y legales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2013.— Diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la democracia debe entenderse como un sistema de vida en donde el hecho de elegir a la representación popular solo es una expresión política que permite la renovación de la confianza ciudadana en las instituciones del poder público.

La democracia requiere de la participación responsable de la ciudadanía para —en una comunicación permanente— proponer las acciones de gobierno que han de satisfacer las aspiraciones y requerimientos de la población.

Democracia es vida de la sociedad y participación ciudadana en la gobernanza que hace posible el diseño de políticas públicas, que al ser de Estado, nos permiten dar continuidad a las acciones que orientadas a la satisfacción de las demandas populares potencian el esfuerzo transformador de los mexicanos.

Cierto es que hay quien define a la política pública como lo que hace o deja de hacer el Estado. Sin embargo, debe haber siempre un concepto estructurado en acciones, que proponga el mejoramiento de las condiciones de vida y la construcción de oportunidades entre todos para forjar un nuevo horizonte en donde las oportunidades se realizan con plenitud de las mayorías.

Democracia es orden en el hacer, a través de la eficiencia y la eficacia, para optimizar los recursos públicos al implementar acciones que promuevan el desarrollo social en base al interés de los ciudadanos, en el aprovechamiento del potencial de las regiones con el propósito de forjar un desarrollo sostenible y sustentable.

Nuestra Constitución determina en el artículo 26 que: el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Asimismo ordena que: la planeación será democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.

Expresa la preocupación porque se elabore un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán, obligatoriamente, los programas de la administración pública federal.

Y determina además que: en el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

Sin embargo, esta intervención se refiere a que el Congreso de la Unión, o en sus recesos la Comisión Permanente, aprobará la designación que haga el presidente de los integrantes del organismo, mismo que tendrá una junta de gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como presidente de ésta y del propio organismo.

El Congreso de la Unión es el poder soberano por excelencia, democrático en su forma de participación y en el sistema en que procesa, elabora y aprueba sus dictámenes, en el Congreso se expresan todas las voces de la representación popular que participan a través de nuestros sistemas de partidos, como resultado de la combinación entre la representación por mayoría relativa y la representación proporcional.

Sin embargo, es necesario que entre las facultades de este poder esté el conocer, discutir, modificar y aprobar el plan de gobierno, para así hacer que las políticas públicas de Estado se mantengan en el sentido en que se propusieron originalmente, y a través de evaluaciones hacer las adecuaciones graduales para hacer más eficiente la programación y ejecución de la acción pública.

Si aprobamos como se va a ejercer el Presupuesto de Egresos y si lo fiscalizamos para saber cómo se ejerció, también debemos aprobar en qué se va a ejercer y evaluar si se están logrando los objetivos propuestos.

Esta reforma constitucional —si cuenta con su aprobación, compañeros diputados— le otorgará al Congreso de la Unión una gran responsabilidad, pero también una certidumbre en el rumbo del quehacer gubernamental.

México no se puede estar inventando cada seis años. Tenemos una historia, un presente como oportunidad para construir un futuro. Definamos las políticas de Estado, démosle continuidad, fortalezcamos las instituciones para una mejor armonía de los mexicanos.

Estoy seguro que este planteamiento contará con la aceptación de la mayoría de los legisladores, que sustenta un principio de orden para que la eficacia y la eficiencia promuevan una mayor participación social en la definición del futuro de todos.

Por las razones aquí expresadas, me permito presentar el proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 79 de nuestra Carta Magna, a fin de fortalecer las facultades del Congreso de la Unión en la toma de decisiones más trascendentales del país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 73 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

Ernesto Núñez Aguilar, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral II del artículo 73 y se reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La democracia debe entenderse como un sistema de vida en donde el hecho de elegir a la representación popular, sólo es una expresión política que permite la renovación de la confianza ciudadana en las instituciones del poder público, la democracia requiere de la participación responsable de la ciudadanía para en una comunicación permanente, proponer las acciones de gobierno que han de satisfacer las aspiraciones y requerimientos de la población.

Democracia es vida de la sociedad, y participación ciudadana en la gobernanza que hace posible el diseño de políticas públicas que al ser de estado nos permiten dar continuidad a las acciones que, orientadas a la satisfacción de las demandas populares, potencian el esfuerzo transformador de los mexicanos.

Cierto es que hay quien define a la política pública como lo que hace o deja de hacer el estado, sin embargo, la idea es que debe haber siempre un concepto que, estructurado en acciones, se proponga el mejoramiento de las condiciones de vida y la construcción de oportunidades para, entre todos, forjar un nuevo horizonte en donde las oportunidades de realización den plenitud a la mayoría.

Democracia es orden en el hacer para, a través de la eficiencia y la eficacia, optimizar los recursos públicos al implementar acciones que promuevan el desarrollo social con base en el interés de los ciudadanos, en el aprovechamiento del potencial de las regiones con el propósito de forjar un desarrollo sostenible y sustentable.

La democracia es una política de estado que sintetiza el espíritu de un pueblo que ha optado por este sistema de gobierno y de sociedad para, en la igualdad, en la fraternidad, alcanzar la justicia, realizando así las aspiraciones de progreso de todos los habitantes.

La Constitución determina en el artículo 26 que: “el estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.

Ordena que: “la planeación será democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”.

Expresa la preocupación porque se elabore un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán, obligatoriamente, los programas de la administración pública federal.

Y determina además que: “En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley”.

La intervención sin embargo se refiere a que el Congreso de la Unión, o en sus recesos, la Comisión Permanente, aprobará la designación que haga el presidente de los integrantes del organismo, mismo que tendrá una junta de gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como presidente de ésta y del propio organismo.

El Congreso de la Unión es el poder soberano por excelencia, democrático en su forma de participación y en el sistema en que procesa, elabora y aprueba sus dictámenes, en el Congreso se expresan todas las voces de la representación popular que participan a través de nuestro sistema de partidos, como resultados de la combinación entre la representación por mayoría relativa y la representación proporcional, ante este poder el representante del Poder Ejecutivo, comparece a rendir la protesta de ley para poder asumir su cargo, igual ocurre con los representantes e integrantes de los organismos autónomos, los embajadores y cónsules por sólo mencionar algunos de los actos de este poder.

Sin embargo, es necesario que entre las facultades de este poder esté conocer, discutir, modificar y aprobar el plan de gobierno, para así hacer que las políticas de estado se mantengan en el sentido en que se propusieron originalmente, y a través de evaluaciones hacer las adecuaciones graduales para hacer más eficiente la programación y ejecución de la acción pública.

Si aprobamos cómo se va a ejercer el Presupuesto de Egresos y si lo fiscalizamos para saber cómo se ejerció, también debemos aprobar en qué se va a ejercer y evaluar si se alcanzan los objetivos propuestos.

Esta reforma constitucional, si cuenta con su aprobación, compañeros diputados, le otorga al Congreso de la Unión una gran responsabilidad, pero también una certidumbre en el rumbo del quehacer gubernamental. México no se puede estar inventando cada 6 años, tenemos historia, un presente como oportunidad para construir un futuro, definamos las políticas de estado, démosles continuidad, fortalezcamos las instituciones para una mejor armonía de los mexicanos.

Estoy seguro de que este planteamiento contará con la aceptación de la mayoría de los legisladores, que sustenta un principio de orden para que la eficiencia y la eficacia promueva una mayor participación social en la definición del futuro de todos, por lo que, con fundamento en el artículo 71, fracción II y para seguir lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía para su estudio, análisis y modificaciones el siguiente

Proyecto para reformar los artículos 73 y 79 a través de la siguiente iniciativa de reforma constitucional:

Artículo Único. Se adiciona el texto en el numeral II del artículo 73 y se reforma al segundo párrafo del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. ...

II. Conocer, discutir, modificar y aprobar el Plan de Desarrollo Nacional, ordenando a la Auditoría Superior de la Federación que en el análisis de la Cuenta Pública se consideren criterios para evaluar el logro de los objetivos de las políticas públicas.

III. a la XXX. ...

Artículo 79. La entidad de fiscalización...

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Considerará, en la revisión, si el ejercicio presupuestal logró los objetivos planteados en el programa de gobierno.

Esta entidad de fiscalización superior de la federación tendrá a su cargo:

I. a la IV. ...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputados: Ernesto Núñez Aguilar, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. También está suscrita por el diputado José Francisco Coronato. Adelante, diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Esta iniciativa surge después del debate que se dio en este recinto sobre la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, en el que derivado de una opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez se advertían omisiones, desde el punto de vista de esta comisión graves, con respecto al cumplimiento cabal de las garantías del debido proceso en este tema.

En ese momento, el diputado Francisco Coronato, buen amigo y excelente compañero aquí en esta Legislatura, comenta y advierte una ausencia en la Ley General de Cultura Física y Deporte, que tiene que ver con un mandato constitucional del artículo 18 de nuestra Carta Magna, en el que se indica que las instancias de gobierno encargadas de la promoción del deporte también tienen que ser responsables para que se promueva el deporte como un factor de reinserción y de readaptación social.

Y de esto trata, es agregar una fracción IV al artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y en el artículo 10, donde se establecen las obligaciones y las tareas que son de primordial o de gran importancia del Sistema Nacional del Deporte, que es la encargada de la planificación estratégica de la cultura física y el deporte en todo el país, pues agrega un segundo párrafo donde se establece esta obligación. Además es un honor presentarla junto con mi compañero diputado.

El sistema penitenciario mexicano ha demostrado su total ineficacia e incapacidad para readaptar, pues mientras más endurecen las penas, mayor es el índice de reclusos reincidentes y menor la satisfacción en readaptación y reinserción de los miles de internos recluidos en los centros penitenciarios. Así, las cárceles se convierten en auténticas universidades del crimen.

Apenas ayer se publicó en un periódico de circulación nacional que el 60 por ciento de los centros penitenciarios están controlados por los grupos delictivos, de acuerdo a información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El sistema penitenciario en nuestro país está en crisis y requiere de una reconstrucción inmediata. De acuerdo con datos de la organización México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, las cárceles mexicanas en la actualidad no reinsertan ni rehabilitan, más bien arruinan vidas.

Las 420 cárceles que existen en nuestro país están sobrepobladas en promedio en un 124 por ciento de su capacidad, es decir, conviven 242 mil prisioneros, más bien internos, en espacios diseñados para 195 mil.

Los estados con las cárceles más sobrepobladas son Nayarit, Distrito Federal y Jalisco, incluso tres prisiones de alta capacidad en la Ciudad de México superan su ocupación en más del 200 por ciento, me refiero al Reclusorio Preventivo Sur, al Reclusorio Preventivo Oriente y al Reclusorio Preventivo Norte.

Hay un caso que es verdaderamente terrible, la cárcel distrital de Tepeaca, Puebla, tiene una sobrepoblación del 400 por ciento, ya que en ella conviven 266 internos, en un espacio diseñado para 46. Este hacinamiento es contrario a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la Organización de las Naciones Unidas.

Lo que parece explicar la política penitenciaria en México es la justicia redistributiva y desproporcionada, la aprobación de sentencias cada vez más extensas, sin dejar espacio a la posibilidad de la reinserción, por lo que a escala nacional la reincidencia es de un 15.5 por ciento y hay estados en donde es de más de 20 por ciento.

Ya decía hace rato, el artículo 18 de la Constitución es quien mandata la posibilidad de que esta reforma sea aprobada en la comisión correspondiente. No quiero aquí ya dar más datos, creo que todos los conocemos, sobre todo sabemos de la bondad del deporte en la vida cotidiana de las personas y de las comunidades.

Luego entonces, creo que este mandato de la Constitución es sabio y ojalá sea abordado con la seriedad con la que se deben de abordar estos temas en la Comisión del Deporte, a la que por cierto pertenezco y creo que podrá ser analizada con generosidad por parte de todas y todos sus integrantes. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de los diputados José Francisco Coronato Rodríguez y Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Francisco Coronato Rodríguez y Gerardo Villanueva Albarrán, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 2, y se recorren las demás, y un párrafo al artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El actual sistema penitenciario mexicano ha demostrado su total ineficacia e incapacidad para readaptar, pues mientras más se endurecen las penas, mayor es el índice de reclusos reincidentes y menor la satisfacción en readaptación y reinserción de los miles de internos recluidos en los centros penitenciarios. Así, las cárceles se convierten en autenticas universidades del crimen.

Actualmente, la precariedad e ineficacia de los programas de readaptación social se han ido profundizando con el aumento desmedido de los reclusos; la corrupción parece haber aumentado; los recursos por recluso disminuyeron; el control interno de las cárceles está cada vez más en manos de pandillas y liderazgos de algunos reclusos; los programas de educación son poco efectivos, y la disociación es cada vez mayor.

El sistema penitenciario en el país está en crisis y requiere de una reconstrucción inmediata. De acuerdo con datos de la organización México Evalúa, Centro de Análisis y Políticas Públicas, las cárceles mexicanas en la actualidad no reinsertan ni rehabilitan, más bien arruinan vidas. Las 420 cárceles del país están sobrepobladas en promedio en 124 por ciento por ciento de su capacidad, es decir, conviven 242 mil prisioneros en espacios diseñados para 195 mil.

Los estados con las cárceles más sobrepobladas son Nayarit, que trabaja a una capacidad actual de 188 por ciento; el Distrito Federal, a 184 por ciento; y Jalisco, a 176 por ciento.

Incluso, tres prisiones de alta capacidad en la Ciudad de México superan su ocupación en más de 200 por ciento: los reclusorios preventivos sur (274.17 por ciento), oriente (225.87) y norte (217.65).

En la cárcel distrital de Tepeaca, Puebla, la sobrepoblación llega a 400 por ciento: en ella conviven 266 internos en un espacio diseñado para 46. Este tipo de hacinamiento, es contrario a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de la Organización de las Naciones Unidas.

Lo que parece explicar la política penitenciaria en México es “la justicia retributiva y desproporcionada”, la aprobación de sentencias cada vez más extensas sin dejar espacio a la posibilidad de la reinserción; por lo que a escala nacional la reincidencia es de 15.5 por ciento y hay estados en donde es de más de 20 por ciento, “lo que indica que los centros penitenciarios no están siendo eficaces ni eficientes en su labor de reinserción social.

El segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

Sin embargo, ninguno de los principios torales de la reinserción social se cumple, por lo que los internos lejos están de contar con estos servicios, y en consecuencia hacer una realidad la rehabilitación social.

El sistema penitenciario se encuentra en una profunda crisis originada por la saturación de sus penales y reclusorios, lo que incapacita al sistema para lograr la reinserción social de los inculpados.

Hay incumplimiento de estándares básicos en todos los niveles del sistema de procuración, administración de justicia y de reinserción social. En cada una de las instancias, desde la aprehensión del detenido hasta su confinamiento en la prisión, existe una alarmante falta de apego a estándares mínimos del debido proceso, que minan la credibilidad del sistema de justicia penal en su conjunto.

Un aspecto de suma importancia en la readaptación social de los sentenciados radica en que en los que los centros penitenciarios no establecen políticas ni programas que contribuyan a la recuperación y tratamiento de las personas en estado de reclusión, siendo una falacia los principios torales, que consigna el artículo 18 de la Carta Magna, señalados con antelación.

Es inocultable que lo establecido en la Constitución Política de recurrir al deporte como un medio para coadyuvar a los reclusos a la reinserción social, no se está cumpliendo quedando al arbitrio de los centros penitenciarios, sin contar con un programa predeterminado, implantado y evaluado.

La cultura humana tiene múltiples y diversos aspectos. Uno de ellos es la práctica deportiva. Esta deviene particularmente de cada sociedad y en sus practicantes dentro de la misma sociedad.

El deporte como parte de la cultura humana, puede ser visto como un reflejo del funcionamiento social y el reflejo de las vivencias y convivencias de las personas que participan en él.

En España, en la prisión de hombres de Barcelona, popularmente conocida como “Modelo”, se utiliza la práctica del deporte como una forma de canalizar la agresividad de los internos y los efectos nocivos durante su internamiento.

El personal de vigilancia suele dar más importancia al cumplimiento en los horarios de las prácticas deportivas que a otro tipo de actividades como las formativas escolares o los talleres. De hecho los funcionarios de vigilancia suelen aconsejar a los reclusos primarios, la práctica deportiva antes que a otro tipo de actividades o gestión de su tiempo.

El deporte en las prisiones en su dimensión estructural como fenómeno social total cumple disposiciones y expectativas esperadas en todo el ámbito deportivo. Sin embargo, la visión del deporte como tratamiento en la rehabilitación de los reclusos, corresponde más a la organización directiva de las instituciones penitenciarias y no a los trabajadores del área de rehabilitación.

De esa manera, el deporte es interpretado como un opuesto a la ociosidad. Es salud en un sentido global. A la misma salud contribuye, junto con la práctica deportiva, una alimentación sana, buenos hábitos, pero sobretodo, a no consumir drogas.

La ociosidad en la prisión, es una fuente de problemas y se asocia directamente con el consumo de drogas y la violencia.

Por lo anterior, el deporte en la prisión es necesario tanto para los internados como para el personal de vigilancia, ya que su ausencia significaría más conflictos o la ausencia de una vía fácil para canalizar ansiedades, agresividades y en definitiva una serie de energías generadas por la misma situación de reclusión.

Sin embargo, su utilidad como elemento de tratamiento es iniciativa, fin y objetivo institucional, y no es compartido por parte de los institucionalizados que no ven en él esta función.

Asimismo, es significativo resaltar que nuestra propuesta va encaminada a incluir dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte un apartado que obligue a los centros penitenciarios y reclusorios a incluir el deporte, como un método para lograr la rehabilitación y reinserción a la sociedad de los reclusos en México, armonizando esta ley general con lo ordenado en la Carta Magna.

La práctica de juegos en equipo genera una relación entre sus participantes que de otra forma no se produciría. La prisión, específicamente el funcionamiento de los presos en las galeras está sujeto a unas normas no escritas y no explicitadas tendientes, no siempre, a agrupar a los reclusos según nacionalidades, religiones u otros diacríticos. Pero en los equipos deportivos la mezcla aleatoria, posibilita unas relaciones que de otro modo nunca se producirían.

El deporte en la prisión produce relaciones que van más allá de lo meramente multicultural; más bien, son transculturales compartiendo durante la práctica los mismos objetivos, estrategias y el mismo gusto por la práctica deportiva, algo no muy habitual en otras actividades de la prisión.

Derivado de lo anterior se somete a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan una fracción VI, y se recorren las demás, al artículo 2, y un párrafo segundo al artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Único. Se adicionan una fracción VI, y se recorren las demás, al artículo 2 y un párrafo segundo al artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue

Artículo 2. Esta ley y su reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en materia de cultura física y deporte, conforme al principio de concurrencia previsto en los artículos 18 y 73, fracción XXIX-J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales:

I. a V. ...

VI. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la rehabilitación y reinserción de los reclusos en toda la República Mexicana, conforme al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano;

VII. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como complemento de la actuación pública;

VIII. Promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riegos de afectación en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del doping;

IX. Fomentar, ordenar y regular a las asociaciones y sociedades deportivas, recreativo-deportivas, del deporte en la rehabilitación y de cultura físico-deportiva;

X. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de las asociaciones deportivas nacionales;

XI. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección y conservación adecuada del ambiente;

XII. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implanten; y

XIII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.

Artículo 10. Para la eficaz y eficiente promoción, fomento y estímulo de la cultura física y de la práctica del deporte en todas sus manifestaciones existirá un sistema nacional de cultura física y deporte que tendrá como objeto asesorar en la elaboración del programa nacional de cultura física y deporte, coordinar, dar seguimiento permanente y evaluar los programas, acciones y procedimientos que formen parte de la ejecución de las políticas públicas para promover, fomentar y estimular la cultura física y la práctica del deporte, tomando en consideración el desarrollo de la estructura e infraestructura deportiva y de los recursos humanos y financieros vinculados a la cultura física y al deporte en el país.

En cumplimiento del artículo 18 constitucional, el sistema nacional de cultura física y deporte coordinará y evaluará permanentemente los procedimientos y programas para promover y fomentar la cultura física y el deporte como un medio importante en la rehabilitación y reinserción de los reclusos en el sistema penitenciario mexicano.

...

Legislación vigente

Artículo 2. Esta ley y su reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales:

I. a V. ...

VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como complemento de la actuación pública;

VII. Promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riegos de afectación en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del doping;

VIII. Fomentar, ordenar y regular las asociaciones y sociedades deportivas, recreativo-deportivas, del deporte en la rehabilitación y de cultura físico-deportiva;

IX. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de las asociaciones deportivas nacionales;

X. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección y conservación adecuada del ambiente;

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implanten; y

XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.

Artículo 10. Para la eficaz y eficiente promoción, fomento y estímulo de la cultura física y de la práctica del deporte en todas sus manifestaciones existirá un sistema nacional de cultura física y deporte que tendrá como objeto asesorar en la elaboración del programa nacional de cultura física y deporte, coordinar, dar seguimiento permanente y evaluar los programas, acciones y procedimientos que formen parte de la ejecución de las políticas públicas para promover, fomentar y estimular la cultura física y la práctica del deporte, tomando en consideración el desarrollo de la estructura e infraestructura deportiva y de los recursos humanos y financieros vinculados a la cultura física y al deporte en el país.

...

Propuesta de reforma

Artículo 2. Esta ley y su reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en los artículos 18 y 73, fracción XXIX-J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales:

I. a V. ...

VI. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la rehabilitación y reinserción de los reclusos en el sistema penitenciario mexicano, conforme al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VII. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como complemento de la actuación pública;

VIII. Promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riegos de afectación en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del doping;

IX. Fomentar, ordenar y regular a las asociaciones y sociedades deportivas, recreativo-deportivas, del deporte en la rehabilitación y de cultura físico-deportiva;

X. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de las asociaciones deportivas nacionales;

XI. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección y conservación adecuada del ambiente;

XII. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y

XIII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.

Artículo 10. Para la eficaz y eficiente promoción, fomento y estímulo de la cultura física y de la práctica del deporte en todas sus manifestaciones existirá un sistema nacional de cultura física y deporte que tendrá como objeto asesorar en la elaboración del programa nacional de cultura física y deporte, coordinar, dar seguimiento permanente y evaluar los programas, acciones y procedimientos que formen parte de la ejecución de las políticas públicas para promover, fomentar y estimular la cultura física y la práctica del deporte, tomando en consideración el desarrollo de la estructura e infraestructura deportiva y de los recursos humanos y financieros vinculados a la cultura física y al deporte en el país.

En cumplimiento del artículo 18 constitucional, el sistema nacional de cultura física y deporte coordinará y evaluará permanentemente los procedimientos y programas para promover y fomentar la cultura física y el deporte como un medio importante en la rehabilitación y reinserción de los reclusos en el sistema penitenciario mexicano.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputados: José Francisco Coronato Rodríguez, Gerardo Villanueva Albarrán, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Deporte, para dictamen.

Le damos la más cordial bienvenida y saludamos la presencia aquí de un grupo de estudiantes de la Universidad Justo Sierra, invitados por el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

LEY DE EDUCACION MILITAR DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, las mujeres seguimos enfrentando violencia y discriminación en los diferentes ámbitos por razones de género.

En éstas últimas décadas se han realizado cambios importantes para mejorar la situación de las mujeres mexicanas. No obstante, falta mucho por hacer para lograr una verdadera igualdad sustantiva que se refleje de manera tangible en la vida de millones de mujeres que enfrentan la discriminación y violencia.

El sector educativo no ha sido la excepción, mostrando características que nos colocan en desventaja. Un claro ejemplo es la educación militar, diseñada exclusivamente para hombres.

Históricamente la participación de las mujeres mexicanas en las Fuerzas Armadas se había reducido al área de enfermería. Fue hasta el año 2007 que pudimos ingresar a las carreras y especialidades que anteriormente eran exclusivas para el personal masculino, como piloto aviador o ingeniería militar. Y hace apenas un par de años, en 2011, legalmente se estableció que las mujeres podían acceder a todos los niveles de mando.

Si bien la Ley Orgánica y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establecen que son militares las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen al Ejército y Fuerza Aérea, en la norma que regula la educación militar no se establece para su aplicación la igualdad de condiciones entre género y por lo anterior, limitan normativamente las posibilidades de las mujeres a ingresar y permanecer en las áreas del sistema educativo militar.

La educación militar es un proceso de transformación física, mental y cultural de hombres y mujeres para lograr que voluntariamente, convencidos y comprometidos entreguen al país y a sus instituciones su lealtad, capacidades e inteligencia en el cumplimiento de los deberes que impone el servicio de las armas y constituye uno de los elementos fundamentales de nuestro Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La presente propuesta subraya la necesidad de que, al igual que en todos el sistema educativo nacional, la educación miliar incorpore la perspectiva de género, tanto en el acceso como en todo su proceso. Esto, como una parte estructural para la búsqueda de más y mejores espacios para las mujeres, quienes debido a los estereotipos han limitado su adelanto en todos los ámbitos.

México vive una transformación en materia educativa, lo que sin duda es un factor para transitar hacia un país con capital humano que tenga mayores opciones de crecimiento y desarrollo.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza seguiremos contribuyendo a la armonización de nuestro marco jurídico con los instrumentos internacionales y con nuestra propia Constitución, donde claramente se establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

Dentro de los avances que se ubican para la promoción y la participación efectiva de las mujeres en la milicia, la Secretaría de la Defensa Nacional integra desde el año 2011 el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como una instancia especializada de apoyo para la planeación, detección, evaluación e implementación de acciones dirigidas a prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación por motivos de género y asegurar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres.

La reforma que presento hoy ante ustedes completa la parte educativa y es base fundamental para el acceso a todos los demás beneficios que se han logrado en los últimos años a favor de la igualdad de oportunidades.

Por lo anterior y consciente de la importancia de seguir enunciando y visualizando la igualdad en todas las leyes secundarias que emanan de nuestra Constitución, someto a su consideración la presente reforma a la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en los siguientes términos.

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular la educación que imparta la Secretaría de la Defensa Nacional, y será aplicable en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, orientada al conocimiento y aplicación de la ciencia y el arte militar, así como otras afines a las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Artículo 28. El proceso de admisión a las instituciones de educación militar se señalará en el reglamento respectivo de esta ley, en este proceso se promoverá siempre, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Con la aprobación de esta reforma se integraría de manera explicita la igualdad de oportunidades en la educación militar, orientada al desarrollo de conocimientos humanísticos, militares, científicos y técnico del nivel superior en beneficio de las Fuerzas Armadas y de nuestra nación.

Nuestro compromiso con las mujeres mexicanas es facilitar su desarrollo pleno en igualdad de condiciones para que se dediquen a lo que decidan con libertad y por convicción.

Les pido, compañeras diputadas y diputados, que pudiesen apoyar esta propuesta. Por su atención y apoyo, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 1o. y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza  en  la LXII legislatura, con fundamento en lo dispuesto  en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 1 del artículo 6,  y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la  fracción primera del artículo 1 y la fracción primera del artículo  28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

En  pleno siglo XXI las mujeres siguen enfrentado violencia y discriminación por razones  de género, sin importar su condición social y económica, las cifras y la realidad muestra, que a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan por parte del gobierno y de la sociedad civil, nos falta mucho por caminar para lograr una verdadera igualdad sustantiva, que se refleje de manera tangible en la realidad y en los hechos diarios en las mujeres y hombres de nuestro país.

El informe Panorama de la educación 2013, de la OCDE, revela que 24.7 por ciento de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no tienen trabajo ni asisten a la escuela, un nivel que se ha mantenido por casi una década.

De estos datos los números más críticos los tienen las mujeres, ya que el 37.8 por ciento de las jóvenes mexicanas están sin oportunidades de educación o laborales, porcentaje tres veces mayor al 11 por ciento de los hombres en esta situación.

Estas estadísticas muestran la ineficacia de las políticas públicas para lograr una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Ineficacia que se traduce en desigualdad de oportunidades para que todas y todos logremos un desarrollo personal y profesional. Muestra también las dificultades del acceso a la educación en general, y donde las mujeres son más afectadas por su grado de vulneración.

El sector educativo no ha sido la excepción, mostrando características que  colocan a las mujeres en desventaja. Un ejemplo de ello es la educación militar, diseñada exclusivamente para hombres, pues desde  1823 que se funda el Colegio Militar,  las mujeres sólo se podían desempeñar  en áreas de enfermería y administración. No fue sino hasta el año 2007, cuando las mujeres pueden ingresar a carreras y especialidades que anteriormente eran exclusivas para el personal masculino, como piloto aviador o ingeniería militar.

Los  estereotipos y sexismos históricamente establecidos en los roles que desempeñan las mujeres y los hombres son el elemento principal que  ha obstaculizado el  adelanto y empoderamiento de las mujeres  en todos los ámbitos de la vida. Ante ello, es menester que mediante nuestro marco jurídico y su armonización con  nuestra Constitución e instrumentos internacionales, fomentemos  que en espacios como el Sistema Educativo Militar, se posibilite  a las mujeres  desarrollar totalmente sus capacidades y aptitudes.

Argumentación

La educación militar es un proceso de transformación física, mental y cultural, de hombres y mujeres para lograr que voluntariamente convencidos y comprometidos entreguen al país y a sus instituciones su lealtad, capacidades e inteligencia en el cumplimiento de los deberes que impone el servicio de las armas, y constituye uno de los elementos fundamentales de nuestro Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De acuerdo con la Sedena, la base para el correcto encauzamiento de la educación militar son las premisas y normas contenidas en el Plan Nacional de Educación, las cuales brindan un firme sustento para la evolución y desarrollo de la educación militar.

Este sistema es dirigido y accionado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, lo forman colegios, escuelas y centros de estudios orientados a cubrir las necesidades que tiene el Ejército para desarrollar conocimientos humanísticos, militares, científicos y técnicos de nivel superior.

El instrumento que  orienta este sistema es la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2005. Conveniente mencionar que esta norma no establece para su aplicación,  la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, lo que limita de alguna manera, las posibilidades de las mujeres a ingresar y permanecer en las áreas del Sistema Educativo  Militar.

Por ello,  la presente  propuesta, subraya la necesidad de que al igual que en todo el sistema educativo nacional, la educación militar incorpore la perspectiva de género, tanto en el acceso como todo su proceso, esto como parte estructural para la búsqueda de más y mejores espacios para las mujeres,  quienes debido a los estereotipos han limitado su adelanto en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

De acuerdo con el Estudio realizado por el Observatorio para la Igualdad  Entre Hombres y Mujeres “Diagnóstico Situacional de la Encuesta Institucional 2012” en la Secretaría de la Defensa Nacional, se   muestra que:

• 29 por ciento De los encuestados desconoce las leyes en materia de igualdad, tanto nacionales como internacionales.

• 29 por ciento Manifiesta que las leyes reglamentos y disposiciones administrativas internas en Sedena no toman en cuenta las necesidades específicas de las mujeres.

• 40 por ciento Manifestó no conocer las acciones que sus mandos realizan en materia de igualdad.

• 42.2 por ciento de las mujeres tienen la percepción de que no cuenta con las mismas oportunidades de acceso que los hombres.

México vive una transformación en materia educativa, lo que sin duda es un factor para transitar hacia un país con capital humano que tenga mayores opciones de crecimiento y adelanto. Por lo que es necesario seguir contribuyendo en la armonización de nuestro marco jurídico con lo que establecen instrumentos internacionales y con nuestra propia constitución, donde claramente se mandata la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), abierta a la firma y ratificación en diciembre de 1979, dicta en su primer artículo, que la  expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Con base en esta determinación, los Estados parte se comprometen adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, que prohíban toda forma de discriminación contra la mujer.

En consecuencia, esta propuesta se integra  a los mandatos fundamentales y enuncia en la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de manera explícita, la igualdad de oportunidades en la educación orientada al conocimiento y aplicación de la ciencia y el arte militar.

Dentro de los avances que se ubican, para la promoción de la participación efectiva de las mujeres en la milicia, la Secretaría de la Defensa Nacional integra desde el año 2011,  el   Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como una instancia especializada de apoyo para la planeación, detección, evaluación e implementación de acciones dirigidas a prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación por motivos de género y asegurar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres.

De igual manera, esta Secretaría cuenta con un Programa para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, algunas de las acciones programadas para el año 2014 es una Investigación y capacitación para detectar situaciones que vulneren la igualdad entre mujeres y hombres en el Sistema Educativo Militar (SEM), acción que permitirá seguir avanzando en el diagnóstico para conocer las brechas de desigualdad en este sistema educativo.

En cuanto a los ascensos y recompensas se han integrado en los últimos años, reformas trascendentes  para que se reconozca que son militares  las mujeres  que legalmente pertenecen al Ejército y Fuerza Aérea, con un grado de la escala jerárquica, lo que permite que  las mujeres obtengan  en las mismas condiciones  los ascensos y reconocimientos a todos los niveles de mando, incluyendo a los órganos del alto mando, previa a esta reforma las mujeres quedaba excluidas de ellos. La reforma que presento hoy ante ustedes complementa la parte educativa y base fundamental para el acceso  a todos los demás beneficios.

Sigamos avanzando en la adecuación de nuestro marco jurídico, que facilite a todas las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, dedicarse a lo que decidan por plena convicción.  Pues a pesar de los avances, que incluyen mayor posibilidad de ser  reclutadas en los diversos planteles militares, así como  para ascender y ser reconocidas en igualdad de condiciones, siguen existiendo vacíos  que retrasan los avances logrados.

Por lo anterior, y consciente de la importancia de seguir enunciando y visibilizando la igualdad en todas las leyes secundarias que emana de nuestra Constitución, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Que reforma la fracción primera del artículo 1o.  y la fracción primera del artículo  28 de la  Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular la educación que imparte la Secretaría de la Defensa Nacional, y será aplicable en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,  orientada al conocimiento y aplicación de la ciencia y el arte militar, así como otras afines a las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

...

Artículo 28. El proceso de admisión a las instituciones de educación militar  se señalará en el reglamento respectivo de esta ley, en este  proceso se promoverá siempre, la  igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.— Diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, María Fernanda Schroeder Verdugo, José Angelino Caamal Mena, Fernando Bribiesca Sahagún, Cristina Olvera Barrios, María Guadalupe Sánchez Santiago, Socorro de la Luz Quintana León (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Saludo a un grupo de invitados especiales que vienen del estado de Hidalgo. Nos acompañan aquí porque están invitados por el diputado José Antonio Rojo García de Alba. Bienvenidos todos a la sesión.

La diputada María de las Nieves García Fernández:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, es un honor para mí presentar a esta soberanía a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del mío propio, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción humana asistida.

La Organización Mundial de la Salud señala a la infertilidad como una enfermedad creciente y sostiene que en más del 90 por ciento de los casos que se presentan existe solución con la aplicación de la tecnología reproductiva actual.

Sin embargo, la dinámica social que enfrentan hombres y mujeres dentro del marco laboral ha generado la presencia de eventos degenerativos y nuevas enfermedades relacionadas con la salud reproductiva por un lado, y el rezago en la búsqueda del embarazo por el otro.

La infertilidad es un problema de salud pública que afecta a 80 millones de individuos en el mundo. En México cifras presentadas por el Consejo Nacional de Población indican que el 17 por ciento de los y las mexicanas en edad reproductiva cursa con algún trastorno relacionado con la infertilidad, lo que evidencia la creciente necesidad de servicios de salud para atender esta problemática.

En las últimas décadas se ha evidenciado una disminución progresiva en la capacidad reproductiva tanto de hombres como de mujeres. Los estilos de vida, los agentes mutágnos e teratógenos en la alimentación, el estrés cotidiano, el consumo de tabaco, las infecciones de transmisión sexual y la exposición a procedimientos quirúrgicos en órganos reproductivos son algunos de los factores que han contribuido a esta problemática.

En nuestro país, ante el incremento del número de mujeres y hombres que se ven afectados por la infertilidad, se ha convertido en una imperiosa necesidad que el Estado mexicano dé certeza para que los individuos que acuden a las técnicas de reproducción asistida cuenten con seguridad jurídica, obligando a los hospitales, clínicas y establecimientos de salud en los que se llevan a cabo estas prácticas a que cumplan con las especificaciones y requerimientos necesarios que permitan garantizar que los servicios que se presten sean de calidad y se obtengan los mejores resultados posibles.

El acceso a las diferentes técnicas de reproducción asistida implica el ejercicio de una serie de derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales que México ha ratificado y que, de acuerdo con el artículo 1o. constitucional, son parte integrante de la Constitución, entre ellos el derecho a fundar una familia, a la igualdad y no discriminación, a la autonomía reproductiva, a la salud y a beneficiarse del progreso científico.

La reproducción humana asistida ya ha sido materia de legislación en otros países, entre los cuales destacan Inglaterra, Francia, Estados Unidos de América y España. Esas leyes coinciden en el objetivo de garantizar el derecho de las personas de procrear y regular prácticas, tal y como sucederá seguramente en México.

Por lo expuesto, resulta imperativo legislar en materia de reproducción humana asistida atendiendo a los avances de la ciencia y con pleno respeto a los derechos humanos. La omisión de regulación específica impide el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad reproductiva y a la protección de la salud que tienen todos los hombres y las mujeres de nuestro país, así como el derecho a la no discriminación, reconocidos todos en los diferentes tratados internacionales suscritos también por nuestro país.

En ese sentido y ante la ausencia de regulación específica en la materia, la presente iniciativa busca legislar sobre los aspectos fundamentales de la reproducción humana y brindar seguridad jurídica tanto a quienes necesiten auxiliarse de la misma para procrear, como a quienes los asisten para lograr el objetivo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción humana asistida.

Es muy importante esta iniciativa que se inscribe en el artículo 3o. de la Ley General de Salud, que regula la parte de los establecimientos y también le da la situación de potestad a la Secretaría de Salud para que emita, en un término no mayor de 260 días, la norma oficial correspondiente.

Señor presidente, por economía de tiempo, ruego a usted que la presente iniciativa sea presentada íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María de las Nieves García Fernández, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de laLey General de Salud en materia de reproducción humana medicamente asistida,de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El acceso a las diferentes técnicas de reproducción asistida implica el ejercicio de una serie de derechos, reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales que México ha ratificado y que de acuerdo con el artículo 1o. constitucional son parte integrante de la Constitución, entre ellos el derecho a fundar una familia, a la igualdad y no discriminación, a la autonomía reproductiva, a la salud y a beneficiarse del progreso científico.

La propia Constitución consagra en su artículo 4o. el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Ese derecho a la libre decisión reproductiva se traduce en el hecho de que las decisiones que las personas adopten no pueden ni deben ser condicionadas, bajo ninguna circunstancia, por acciones del gobierno; por el contrario, las políticas de salud reproductiva deben ser absolutamente respetuosas de la libertad y la dignidad de las personas, y tendientes a facilitar la toma de decisiones informadas en esa materia.

La libre decisión reproductiva no implica exclusivamente la garantía de acceso a esquemas anticonceptivos, tema en el cual nuestro país ha avanzado sustancialmente, sino que también comprende la obligación del Estado de promover lo conducente para que todas las personas tengan acceso a los mecanismos necesarios para ejercer su derecho a la procreación, lo que incluye a la reproducción asistida.

En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo y otras (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica, recientemente determinó que el Estado debe garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida sin discriminación respetando los derechos humanos de las personas a la integridad personal,  la libertad personal, la vida privada y familiar, en relación con la autonomía personal, la salud sexual y reproductiva y el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico.

En este sentido, la Corte estableció que el derecho a la vida privada incluye la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico, siendo la posibilidad de procrear parte del derecho a fundar una familia. Además, señaló que el derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva, y el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho.*

* Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012.

La infertilidad es la incapacidad para lograr un embarazo, después de un año de búsqueda intencionada sin el uso de algún método anticonceptivo. La Organización Mundial de la Salud señala a la infertilidad como una enfermedad creciente y sostiene que en más del 90 por ciento de los casos que se presentan existe solución con la aplicación de la tecnología reproductiva actual. Sin embargo, la dinámica social que enfrentan hombres y mujeres dentro del marco laboral, ha generado la presencia de eventos degenerativos y nuevas enfermedades relacionadas con la salud reproductiva, por un lado, y el rezago en la búsqueda de embarazo. Lo anterior, ha condicionado un incremento en la demanda de servicios de salud relacionados con la infertilidad, y la generación de nueva tecnología para satisfacer esta necesidad.

La infertilidad es un problema de Salud Pública que afecta a 80 millones de individuos en el mundo. En México, cifras presentadas por el Consejo Nacional de Población indican que el 17 por ciento de los y las mexicanas en edad reproductiva cursa con algún trastorno relacionado con la infertilidad, lo que evidencia la creciente necesidad de servicios de salud para atender esa problemática.

En las últimas décadas se ha evidenciado una disminución progresiva en la capacidad reproductiva tanto de hombres como de mujeres. Los estilos de vida, los agentes mutágenos y teratógenos en la alimentación, el estrés cotidiano, el consumo de tabaco, las infecciones de transmisión sexual y la exposición a procedimientos quirúrgicos en órganos reproductivos son algunos de los factores que han contribuido a esta problemática.

Avances recientes en la fisiología humana han demostrado un papel fundamental del factor masculino en la problemática reproductiva, evidenciando que el 50 por ciento o más de las causas de infertilidad son debidas a éste en forma aislada o en asociación con algún trastorno reproductivo en la mujer.

Desafortunadamente, para finales del siglo XX el conocimiento en materia reproductiva no sólo era poco entendido, sino que se le rodeaba de creencias y mitos que, más que dar una solución objetiva a los problemas de infertilidad, ponían en riesgo la salud integral de hombres y mujeres. Esto contribuyó a generar una situación de desesperanza para los individuos y una estigmatización social por la incapacidad para lograr un embarazo. El costo moral, psicológico, físico y económico de la infertilidad se convirtió en la tónica acompasada de un total desconocimiento en la materia y del uso de herramientas diagnósticas y tecnológicas en extremo limitadas para su tiempo.

Los progresos de la biología y la medicina en torno a la reproducción humana asistida hacen necesario regular esa materia, a fin de asegurar en todo momento el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos.

La reproducción humana asistida ya ha sido materia de legislación en otros países, entre los cuales destacan Inglaterra, Francia, Estados Unidos y España. Esas leyes coinciden en el objetivo de garantizar el derecho de las personas de procrear y regular prácticas que, tal y como sucede hoy en México, antes se llevaban a cabo sin el suficiente control y vigilancia.

En nuestro país, ante el incremento del número de mujeres y hombres que se ven afectados por la infertilidad, se ha convertido en una imperiosa necesidad que el Estado Mexicano de certeza para que los individuos que acuden a las técnicas de reproducción asistida cuenten con seguridad jurídica, obligando a los hospitales, clínicas y establecimientos de salud en los que se llevan a cabo estas prácticas a que cumplan con las especificaciones y requerimientos necesarios que permitan garantizar que los servicios que se presten sean de calidad y se obtengan los mejores resultados posibles.

Es también imperativo legislar en materia de reproducción asistida atendiendo a los avances de la ciencia y pleno respeto a los derechos humanos, ya que la omisión de regulación específica impide el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad reproductiva y a la protección de la salud que tienen todos los hombres y las mujeres de nuestro país, así como el derecho a la no discriminación, reconocidos todos en los diferentes tratados internacionales en la materia suscritos por nuestro país.

En ese sentido, y ante la ausencia de regulación específica en la materia, la presente iniciativa busca legislar sobre los aspectos fundamentales de la reproducción humana asistida y brindar seguridad jurídica tanto a quienes necesitan auxiliarse de la misma para procrear, como a quienes los asisten para lograr ese objetivo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción humana asistida

Artículo Único.Se reforma la fracción I del literal B del artículo 13; se adicionan, una fracción V Bis al artículo 3o., una V Bis al artículo 198, una fracción I Bis al artículo 313 y un capítulo VI Bis al título tercero, todos ellos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 3o.En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a V. ...

V Bis. La reproducción humana asistida;

VI. a XXVIII. ...

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A...

I. a X. ...

B...

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V , V Bis, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C ...

Título Tercero Prestación de los servicios de salud Capítulo VI Bis Servicios de reproducción humana asistida

Artículo 71 Bis.  La reproducción humana asistida tiene por objetivo garantizar el derecho de las personas de procrear con técnicas y procedimientos médicos científicos para lograr un embarazo.

Los servicios de reproducción humana asistida deberán ser prestados por profesionales de la salud que cuenten con el entrenamiento especializado que establezcan las disposiciones legales, reglamentarias y normativas correspondientes, en los establecimientos médicos autorizados por la Secretaría de Salud para tal efecto.

Artículo 71 Bis 1. Los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida deberán contar con licencia sanitaria en términos de los artículos 198 de esta ley, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo y en la norma oficial mexicana que al efecto se expida.

Artículo 71 Bis 2. La Secretaría de Salud emitirá la norma oficial mexicana a la que deberá sujetarse la prestación de los servicios de reproducción humana asistida.

Artículo 198.Únicamente requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

V Bis. Practicar técnicas de reproducción humana asistida, y

VI. ...

...

...

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud:

I....

I Bis. El control sanitario de los bancos dedicados a la obtención, conservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados, así como de los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción humana asistida, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y

II. ...

Transitorios

Primero:El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo:La Secretaría de Salud emitirá la norma oficial mexicana a la que se alude en el presente Decreto en un plazo que no excederá los 260 días, contados a partir de su entrada en vigor.

Dado en la Cámara de Diputados, a 21 de noviembre de 2013.— Diputados: María de las Nieves García Fernández, Socorro de la Luz Quintana León, Faustino Félix Chávez, María Guadalupe Sánchez Santiago, Gabriel Gómez Michel, Amira Griselda Gómez Tueme, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Elsa Patricia Araujo de la Torre, Patricia Guadalupe Peña Recio, Isela González Domínguez, Marco Antonio González Valdez, Noé Hernández González, Jorge del Ángel Acosta, Adriana Fuentes Téllez, María del Carmen García de la Cadena Romero, José Luis Flores Méndez, José Alberto Rodríguez Calderón, Javier Filiberto Guevara González, Cesario Padilla Navarro, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Irma Elizondo Ramírez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, José Luis Márquez Martínez, Esther Angélica Martínez Cárdenas, José Everardo Nava Gómez, Gaudencio Hernández Burgos, Diana Karina Velázquez Ramírez, Minerva Castillo Rodríguez, María del Carmen Ordaz Martínez, Dora María Guadalupe Talamantes Lemas (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Así se hará. Se inserta la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche:Compañeras y compañeros legisladores, la política social en México se ha transformado en los últimos 13 años. Hoy los programas sociales cuentan con una evaluación realizada por instituciones independientes del gobierno. Tenemos una medición de la pobreza realizada por un organismo distinto de quien ejecuta los programas.

Hoy contamos con una Ley General de Desarrollo Social que fue aprobada por este Congreso por unanimidad y que es la base para una política social de Estado. Sin duda se ha avanzado en la consolidación de esta política social de Estado.

Sin embargo, a pesar de los avances, sabemos que estos aún son insuficientes. Tenemos que avanzar en diferentes frentes, pero hay uno que es particularmente importante y en el cual tenemos mucho que hacer y así lo hemos asumido en el Partido Acción Nacional. Éste es el de la transparencia y rendición de cuentas.

Es en esta materia en donde tenemos la obligación de fortalecer el marco normativo e institucional, particularmente en el ámbito local, con el afán de erradicar la opacidad en la gestión de los programas sociales, pues no hay nada más despreciable que lucrar con las necesidades de los más pobres.

Diversas organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo demuestran que no existen controles suficientes, ni información que permita un adecuado ejercicio y control de gasto en el ámbito local.

La multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios de los programas de la administración pública federal, entidades federativas y municipios, así como la dispersión en la información dificultan la posibilidad de detectar errores, duplicidad o abusos en la canalización de los recursos.

La iniciativa que hoy presentamos precisamente busca impulsar una sola política social coordinada entre los tres niveles de gobierno que permita promover la integración de un padrón único de beneficiarios, publicar la lista de todos los programas sociales, así como conformar un catálogo único de programas federales, estatales y municipales.

Hay que decirlo, la iniciativa fue presentada antes y dictaminada en contra en la Comisión de Desarrollo Social en esta Legislatura, con el voto del Partido Revolucionario Institucional rechazándola. Pero hoy la propia secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, reconoce la necesidad de contar con este padrón. Por eso les damos la oportunidad, a quienes hoy gobiernan, ahora sí de introducir el padrón a la Ley de Desarrollo Social para transparentar el gasto social.

Integrar un padrón único de beneficiarios contribuye a la transparencia del gasto social y constituye un instrumento para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos. Es decir, que estos lleguen a quien verdaderamente los necesita.

Esto es particularmente relevante ahora que aprobamos el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 y así, año con año, por lo que sería deseable que todos pudiéramos conocer mediante un solo padrón y con plena transparencia quiénes serán los beneficiarios  de dichos recursos públicos.

En particular se pretende integrar la información sobre los programas sociales y sus padrones de beneficiarios en un sistema de información único, de cobertura nacional y de carácter público. De este modo estaremos dando un paso más hacia una política social verdaderamente democrática, que sea transparente y rinda cuentas de su actuación y resultados. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Beatriz Zavala Peniche, integrante de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de mecanismos de control y vigilancia para la política social.

Exposición de Motivos

Vivir en una democracia regida por los principios del estado de derecho implica que cada ciudadano tenga la completa libertad de elegir a sus representantes de acuerdo a sus propias convicciones, ideales y decisiones. De la misma forma, implica que cada miembro de la sociedad pueda acceder a los apoyos del gobierno en igualdad de condiciones y de acuerdo a sus necesidades, sin condicionamientos políticos, electorales, comerciales o de cualquier índole.

Sin embargo, estos principios fundamentales han sido violentados a través de los años. La herencia que tenemos de los gobiernos posrevolucionarios hasta hoy ha sido la compra y coacción de votos que otorguen respaldo en las urnas y legitimidad de gestión, a cambio de beneficios disfrazados de apoyos sociales.

Si bien durante los últimos años se consolidaron avances en los cuales se han incorporado al servicio público elementos importantes para su democratización como la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la fiscalización del gasto público, etcétera. Además de un progreso notable en la institucionalización de la política social del Estado mexicano, a partir de la expedición de la Ley General de Desarrollo Social y, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que han logrado hacer que los programas sociales, subsidios y transferencias se manejen con criterios técnicos y no electorales como en el pasado.

En este sentido, uno de los grandes avances institucionales de la política social fue la creación, en 2006, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), lo que nos ha permitido medir la pobreza, focalizar los esfuerzos y recursos en la población más necesitada; así como evaluar con objetividad la política pública y los resultados de los programas sociales. Y por otra parte, la expedición de las reglas de operación para los programas sociales, que por mandato de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria norman su funcionamiento, ha permitido que se determinen con mayor precisión las poblaciones que requieren atención.

Hemos avanzado en la construcción de una política social de Estado en el ámbito federal, que rinde cuentas, con programas sociales que cuentan con reglas de operación basadas en criterios técnicos y padrones de beneficiaros que son públicos, con mecanismos de contraloría social y, que además, son evaluados por un órgano ajeno a la entidad o dependencia pública que los opera. Con ello, contribuimos a que el gasto social se dirigiera oportunamente a las poblaciones más necesitadas.

Sin embargo, es cierto que aún quedan retos y desviaciones en la entrega de los apoyos sociales que no han sido resueltos. Existen distorsiones y manejo inapropiado de recursos públicos que deberían ser utilizados con fines de desarrollo social que se desvían a campañas electorales para promover el voto a favor de los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular. Por ejemplo, en la pasada elección del Estado de Veracruz hemos visto como funcionarios del gobierno y de la Sedesol condicionan la entrega de programas sociales. Y ello es sólo una minúscula parte de los condicionamientos y manejos clintelares que se registran en los programas sociales.

En la pasada elección presidencial se puso de manifiesto que los comicios electorales están lejos de ser limpios, equitativos y transparentes, así lo documenta Alianza Cívica, una organización civil que desde su fundación, en 1994, se dedica a hacer observación electoral, al mencionar en su informe sobre la elección federal de 2012, que 28.4 por ciento de los ciudadanos que encuestaron estuvieron expuestos al menos a una práctica de compra y coacción del voto en la jornada del 1 de julio de 2012.

El informe menciona que particularmente “aún persisten varias acciones y prácticas mediante las cuales diversas fuerzas políticas buscan inducir o condicionar el voto de los ciudadanos, llegando a utilizar formas ilegítimas o ilegales de operación, en particular, mediante el condicionamiento de programas, obras o beneficios sociales”. Por otra parte, el estudio señala que 21 por ciento de las casillas reportó que los ciudadanos no pudieron votar en secreto, por lo que persiste el riesgo de que millones de mexicanos no puedan ejercer sus derechos ciudadanos por temor a perder los apoyos sociales que les son otorgados.

Al respecto, los reclamos de la sociedad no se han hecho esperar, a lo largo del país se han documentado casos de compra y coacción del voto en cada elección, sea federal, estatal o municipal. Prueba de ello es que la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade) ha recibido denuncias en innumerables procesos electorales por solicitar votos a cambio de paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa. Según reconoce el propio organismo, de entre las denuncias e investigaciones, se encuentran casos en los que se condicionó la prestación de algún servicio público y el cumplimiento de programas sociales a cambio del voto en favor de un partido político o candidato.

Lo anterior se agrava en las regiones más pobres del país, es decir, en lugares que dependen de los programas sociales del gobierno para subsistir. La situación de pobreza y exclusión en que viven millones de familias mexicanas se traslada al ejercicio de sus derechos civiles y políticos, la situación socioeconómica se convierte en un freno que impide el fortalecimiento de la democracia ya que incentiva la práctica del uso de los recursos públicos para captar votantes, distorsionado el objeto de los programas de desarrollo social, a la vez que dificulta la eficiencia del programa y su impacto en superación del rezago social.

Un informe del Programa de Naciones Unidas pare el Desarrollo Humano, Diagnóstico sobre la vulnerabilidad político-electoral de los programas sociales federales, señala que “los desvíos de recursos con fines distintos a los sociales no sólo desvirtúan los esfuerzos emprendidos, sino que amenazan con agravar aún más la desigualdad en el acceso a los derechos económicos y sociales de las personas y, por ende, fragilizar las conquistas alcanzadas en los derechos políticos y civiles en años recientes”.

Por otra parte, el condicionamiento de los programas sociales genera un efecto desfavorable en los procesos electorales, ya que contribuyen a distorsionar el ambiente político y generan inequidad en las contiendas, así como desconfianza en las instituciones y jornadas electorales viciadas que dañan la legitimidad de nuestra democracia.

En los últimos doce años, los gobiernos del PAN han tratado de revertir el desvío de recursos y las prácticas clientelares en el diseño y operación de la política social con resultados significativos, pero no completos, lo que conlleva a que aún no se suprima la idea de que los votantes pueden ser comprados o coaccionados al definir su preferencia en la elección.

Sin embargo, hay instrumentos de reciente incorporación al servicio público que pueden consolidar la democratización de la política social se si les da seguimiento y se fortalecen. En ese sentido, se ha instrumentado el programa de “blindaje electoral”, el cual se deriva de un acuerdo intersecretarial y de recomendaciones emitidas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano.

El 13 de mayo de 2003 se suscribieron las bases de colaboración interinstitucional, en las que participaron las siguientes dependencias: Segob, SHCP, Sedesol, Semarnat, SE, Sagarpa, SEP, Ssa, STPS, PGR con la participación de la Fepade. El objeto de dichas bases fue establecer los mecanismos mediante los cuales las dependencias de la administración pública centralizada y la PGR por conducto de la Fepade, en el ámbito de sus respectivas competencias o de manera conjunta, promovieran las acciones consistentes en trabajos de divulgación, difusión y capacitación en materia de transparencia en la gestión pública para la prevención de delitos electorales federales dirigidos a los servidores públicos, a los beneficiarios de los programas y a la ciudadanía en general, a efecto de evitar que dichos programas se utilizaran indebidamente con fines político-electorales para favorecer a un determinado candidato o partido político.

En 2005, la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción fortaleció las acciones del blindaje electoral en materia de difusión, control y transparencia, para lo cual se crearon El ABC de los servidores públicos en relación a las elecciones y, posteriormente, la Guía de responsabilidades administrativas y elecciones para el periodo electoral de 2009. Con ello se dio un paso fundamental en la lucha contra la corrupción, el oportunismo político y la democratización del gobierno, al establecer por primera vez, un sistema de prevención y control que asegure la operación de programas sociales bajo criterios transparentes y con el único objeto de fomentar el desarrollo social.

De manera reciente, en 2013, derivado de un acuerdo en el Pacto por México, a iniciativa de los partidos políticos de oposición se firmó una adenda con el objetivo expreso de “terminar con el uso electoral de programas sociales en todos los ámbitos y órdenes de gobierno”. Sin embargo, estas acciones, al derivar de un acuerdo político y de un recurso administrativo, carecen de obligatoriedad al no estar contenidas en ley, lo que origina que su instauración responda a la buena voluntad del Ejecutivo.

Por tanto, su aplicación no está garantizada y los elementos mínimos que debiera contener se encuentran a discreción de la propia autoridad. Por lo que aún después de firmada la adenda, en estados como Veracruz o Quintana Roo las prácticas tendientes a la entrega de recursos públicos en promoción de candidatos continúan vulnerado el ambiente electoral, al no existir mecanismos jurídicos que den soporte a la protección de los recursos destinados al desarrollo social.

A escala local, los gobiernos estatales y municipales carecen de instrumentos similares que garanticen que el uso de los recursos públicos y los programas de gobierno se orienten al desarrollo social. La opacidad predomina y los incentivos para gestionar clientelarmente la política social orillan a partidos, gobernadores y alcaldes a echar mano de recursos monetarios y en especie de programas sociales e instituciones públicas para financiar sus campañas.

Si bien la mayoría de las legislaciones locales prevén sanciones para quien condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato; o destine de manera ilegal recursos humanos, financieros, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos al apoyo de un partido político o de un candidato, en la práctica, los gobiernos estatales y municipales carecen de instrumentos para aplicar responsabilidades.

Normalmente los mecanismos de control y blindaje utilizados para garantizar un proceso electoral pacífico, equitativo y transparente se derivan de pactos o acuerdos de carácter político que no son permanentes. Lo cual, impacta en sentido negativo en su correcta aplicación y brindan escasos resultados, ya que no existen ni organismos profesionalizados capaces de dar cumplimiento a sus responsabilidades, ni el seguimiento oportuno que permita hacer evaluaciones o reformulaciones a la estrategia. Cada ciclo electoral debemos confiar en la buena voluntad de funcionarios, legisladores o partidos para evitar que los recursos públicos y programas sociales sean utilizados con fines políticos o electorales.

Por otra parte, las acciones en la materia que tradicionalmente se han implementado por conducto de la Fepade a escalas federal, estatal y municipal son de carácter netamente electoral, es decir, refieren a responsabilidades y en su caso sanciones que la ley electoral prevé para quien incurra en su incumplimiento. En otras palabras, no consideran acciones propias de la política social y los ejecutores de la misma, tales como suspender o reprogramar la entrega de apoyos, suspender las altas y bajas de beneficiarios de programas sociales, o hacer públicos los padrones de beneficiarios.

A partir del acuerdo alcanzado por el Pacto por México, la Secretaría de Desarrollo Social ha comenzado a instituir mecanismos que permitan el control y vigilancia de los programas sociales independientemente de las medidas establecidas en las leyes electorales, sin embargo, resultan limitadas. En primer lugar porque se limitan a blindar los programas del gobierno federal, dejando fuera a los programas de estados y municipios, los cuales, generalmente carecen de evaluaciones y de indicadores de desempeño adecuados, resultando en el instrumento ideal de operaciones clientelares.

Por otro lado, no existe un marco jurídico adecuado que establezca las obligaciones de los ejecutores de la política social para actuar de manera imparcial durante el desarrollo de los procesos electorales, por lo que las acciones que se instrumenten para evitar el uso político electoral de los programas sociales son discrecionales y no son sujetas de rendición de cuentas, ni de evaluaciones.

Nuestro grupo parlamentario comprende que no es momento para dar pasos hacia atrás, no dejaremos el uso de los recursos públicos sin vigilancia, ni a la discrecionalidad de sus operadores. Por ello, la propuesta que propongo a consideración propone elevar a rango de ley la obligación que tienen las autoridades encargadas del desarrollo social para incorporar mecanismos de coordinación, control y vigilancia en sus programas y acciones sociales principalmente durante tiempos de campaña electoral.

El objeto de la presente iniciativa es llevar a la Ley General de Desarrollo Social el establecimiento de mecanismos para garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social y determinar los mecanismos de control y vigilancia sobre los programas sociales a cargo de gobierno federal, las entidades federativas y los municipios.

Sin prejuicio de lo establecido en otras disposiciones jurídicas como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes electorales, tanto federales como locales, así como en los códigos penales; se propone un esquema de coordinación en los tres órdenes de gobierno para el establecimiento de acciones que deberán seguir las autoridades para garantizar que los recursos sociales sean otorgados sin distorsiones, ni condicionamientos.

Se propone que la política nacional de desarrollo social se fundamente un principio de imparcialidad, para dejar en claro que los recursos destinados al desarrollo social son públicos, ajenos a cualquier partido político o servidor público; por lo que en su ejercicio no se favorecerá o perjudicará deliberadamente ningún interés de tipo político, electoral, económico o cualquier otro distinto al desarrollo social.

Entre otras medidas, la propuesta propone adelantar o reprogramar la entrega de apoyos destinados al desarrollo social cuando menos 45 días antes de las elecciones; suspender la difusión de propaganda gubernamental, en todos los medios de comunicación incluyendo los impresos y digitales, sobre las acciones o programas sociales a partir del inicio de las campañas electorales; suspender de manera temporal los movimientos de altas y bajas de beneficiarios en los padrones de los programas sociales 45 días previos a la jornada electoral; suspender las asambleas o reuniones públicas de operadores de programas con los beneficiarios cuando menos 45 días antes del día de las elecciones, etcétera. Con la finalidad de garantizar el desarrollo equitativo e imparcial de las elecciones y evitar que los recursos sociales sirvan como moneda de cambio para ganar elecciones.

Se propone también que la Ley General de Desarrollo Social incorpore en su artículo 23 una disposición para que la entrega de apoyos que otorgan los programas sociales preferentemente sea otorgada directa y personalmente a los beneficiarios y se procurará que se realice por medios electrónicos del sistema bancario mediante abono en cuenta de los beneficiarios. Con lo anterior, se fortalece la transparencia de los recursos destinados al desarrollo social e instrumentaremos una medida precautoria para evitar que los operadores de los programas hagan malos manejos de los recursos.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 67 señala: “Los entes públicos implantarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios”. Por lo que se armonizará la Ley de Desarrollo Social con lo que ya se establece como obligación en el ejercicio del gasto público.

Desde 2009, el Bansefi lleva a cabo un proceso de transición hacia el pago electrónico de apoyos gubernamentales. A los beneficiarios de los programas sociales que no tengan cuentas o no exista infraestructura, el Bansefi les abre una cuenta e instala terminales financieras en redes comerciales ubicadas en donde vivan los beneficiarios. Este proceso ha sido exitoso principalmente en el Programa Oportunidades, tanto así que en 2012 la Organización de las Naciones Unidas otorgó a México el segundo lugar en el Premio de Mejoramiento de los Servicios Públicos a la bancarización, que permite a beneficiarios de Oportunidades tener acceso a la bancarización, a través de tiendas Diconsa y del Bansefi.

En suma, el hecho de que los beneficiarios reciban sus apoyos a través de una tarjeta bancaria o una cuenta de ahorro, evita la manipulación, la distorsión de los apoyos sociales, desincentiva la corrupción y promueve la imparcialidad en la ejecución del gasto social.

La iniciativa que se pone a consideración de esta soberanía, no invade de ninguna manera las actividades de los órganos electorales, judiciales o de fiscalización, por el contrario, estable medidas que permiten condiciones más adecuadas para el proceso electoral y la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a la superación del rezago social, la vulnerabilidad y la pobreza.

Ante la responsabilidad que tenemos como legisladores para fortalecer nuestra democracia y vigilar la aplicación de los recursos públicos, y ante el reclamo de la sociedad a la que representamos, debemos tomar cartas en el asunto. El gasto social debe destinarse al mejoramiento de las condiciones de vida de la población más desfavorecida, sin condicionamientos, ni distorsiones de ningún tipo. Por ello, someto a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social

Único. Se adiciona una última fracción a los artículos 1, 3, 5, 23 y 71; así como una penúltima, con lo que se recorre el numeral de la actual última, a los artículos 43, 44, 45 y 50; se adiciona el capítulo IX, “De los mecanismos del control y vigilancia para la política social”, al título cuarto, con los artículos 71 Bis y 71 Ter; y se reforman las fracciones IV y V del artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto

I. a VII. ...

VIII. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social ;

IX. Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia popular, en materia de desarrollo social ; y

X. Establecer instrumentos para garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social y determinar los mecanismos de control y vigilancia sobre los programas sociales a cargo de Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios.

Artículo 3. La política de desarrollo social se sujetará a los siguientes principios:

I. a VIII. ...

IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz ;

X. Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social ; y

XI. Imparcialidad: Los recursos destinados al desarrollo social son públicos,ajenos a cualquier partido político o servidor público; por lo que en su ejercicio no se favorecerá o perjudicará deliberadamente ningún interés de tipo político, electoral, económico o cualquier otro distinto del desarrollo social.

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a VIII. ...

IX.Organizaciones: Agrupaciones civiles y sociales, legalmente constituidas, en las que participan personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo social ;

X.Padrón: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas federales de desarrollo social cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente ; y

XI. Mecanismos de control y vigilancia en los programas sociales: Acciones que desarrollan el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia durante las campañas electorales correspondientes, para garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social, con la finalidad de prevenir y sancionar conductas irregulares de servidores públicos que directa o indirectamente los aplicación o ejercen.

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

I. a III. ...

IV. Recibir orientación legal parapresentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta ley;

V.Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación , sin intermediarios, coacción, persuasión, amenaza o cualquier tipo de condicionamiento;salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada;

VI. a IX. ...

Artículo 23. La distribución del gasto social con el que se financiará el desarrollo social, se sujetará a los siguientes criterios:

I. y II. ...

III.Se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales ;

IV.En el caso de los presupuestos federales descentralizados, las entidades federativas y municipios acordarán con la administración pública federal el destino y los criterios del gasto, a través de los convenios de coordinación ; y

V. La entrega de apoyos que otorgan los programas sociales será de manera directa y cuando las condiciones lo permitan, se emplearán preferentemente mecanismos que promuevan el uso del Sistema Bancario Nacional mediante abono en cuenta de los beneficiarios.

Artículo 38. El Sistema Nacional es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los gobiernos; federal, los de las entidades federativas y los municipales, así como los sectores social y privado, que tiene por objeto

I. a IV. ...

V.Coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y prioridades de la política nacional de desarrollo social ;

VI.Impulsar la desconcentración y descentralización de los recursos y acciones para el desarrollo social, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del pacto federal ; y

VII. Impulsar las acciones que desarrolle el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su respectiva competencia, para garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social.

Artículo 43. Corresponden al gobierno federal, por conducto de la secretaría, las siguientes atribuciones:

I. a IX. ...

X. Promover, con la intervención de los gobiernos de los estados respectivos, la participación de los municipios en el diseño y ejecución de los programas de desarrollo social ;

XI. Establecer los mecanismos pertinentes para garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social; y

XII.Las demás que le señale esta ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.

Artículo 44. Corresponden a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su competencia las siguientes atribuciones:

I. a VI. ...

VII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social ;

VIII. Establecer los mecanismos pertinentes para garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social; y

IX.Las demás que le señalan la ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 45. Corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

I. a VII. ...

VIII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social ;

IX Establecer los mecanismos pertinentes para garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social; y

X.Las demás que le señalan la ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 50. La Comisión Nacional estará facultada para atender la solicitud de colaboración de los sectores social y privado cuando se traten asuntos de su interés o competencia, y sus funciones son las siguientes:

I. a XI. ...

XII.Sugerir las actividades que estime necesarias y convenientes para el funcionamiento adecuado del sistema nacional ;

XIII. Proponer acciones para garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social, y en su caso, apoyar y colaborar con las mismas que realicen el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios; y

XIV.Las demás que le señale esta ley.

Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social

I. a III. ...

IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas;

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales ; y

VI. Participar en las acciones para garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social.

Capítulo IXDe los Mecanismos de Control y Vigilancia para la Política Social

Artículo 71 Bis. Las autoridades del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios que ejerzan recursos públicos destinados al desarrollo social, instrumentarán mecanismos de control y vigilancia en todas las acciones y programas sociales a su cargo, para garantizar su imparcialidad y evitar que sean utilizados con fines político electorales, de propaganda, lucro o cualquier fin distinto del desarrollo social.

Dichas acciones serán obligatorias y permanentes durante las campañas electorales que se celebren en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 71 Ter. Los mecanismos de control y vigilancia en las acciones y programas sociales que se apliquen durante las campañas electorales, con independencia de lo establecido en otros ordenamientos, deberán sujetarse a los siguientes lineamentos:

I. Adelantar o reprogramar la entrega de apoyos destinados al desarrollo social; los apoyos que otorgue el gobierno federal se entregarán cuando menos 45 días antes de la elección que se trate, a excepción de aquellos que por su naturaleza e importancia social deban continuar suministrándose. Los estados y municipios observarán lo dispuesto en la presente fracción de conformidad con la duración de las campañas electorales que se celebren en el ámbito de su jurisdicción, para tales efectos deberán adelantar o reprogramar la entrega de los apoyos sociales cuando menos 25 días previos a la jornada electoral respectiva;

II. Se suspenderá la difusión de propaganda gubernamental, en todos los medios de comunicación incluyendo los impresos y digitales, sobre las acciones o programas sociales a partir del inicio de las campañas electorales, excepto cuando la ley electoral vigente establezca que dicha suspensión incluye también el periodo de pre campañas. Las únicas excepciones serán las relativas a la protección civil en casos de emergencia, servicios educativos y de salud;

III. Se suspenderán de manera temporal los movimientos de altas y bajas de beneficiarios en los padrones de los programas sociales del Gobierno Federal, cuando menos 45 días previos a la jornada electoral respectiva. Los estados y municipios observarán lo dispuesto en la presente fracción de conformidad con la duración de las campañas electorales que se celebren en el ámbito de su jurisdicción, para tales efectos la suspensión de altas y bajas de beneficiarios no podrá ser menor a 25 días previos a la jornada electoral respectiva;

IV. Se suspenderán las asambleas o reuniones públicas de operadores de programas con los beneficiarios cuando menos 45 días antes del día de las elecciones;

V. Los medios de transporte de las instituciones encargadas del desarrollo social se mantendrán en resguardo 48 horas previas a la jornada electoral;

VI. Se capacitará en materia de responsabilidades administrativas, delitos electorales y ética en el servicio público a los servidores públicos encargados de la operación o administración de programas sociales;

VII. Se garantizarán los mecanismos mediante los cuales la sociedad civil podrá vigilar el funcionamiento y operación de los programas sociales, en coordinación con las autoridades correspondientes y sujetándose a lo dispuesto en la presente ley;

VIII. Los servidores públicos que ejerzan recursos destinados al desarrollo social, se abstendrán de recoger, retener o traficar con información personal de los beneficiarios; y

IX. Las demás que se consideren necesarias para garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Alianza Cívica. Construyendo ciudadanía activa,boletín de prensa, México, DF, 3 de julio de 2012. http://www.alianzacivica.org.mx/archivos/pub/4434Informe%203%20de%20julio%20201 2.pdf

2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. Diagnóstico sobre la vulnerabilidad político-electoral de los programas sociales federales: proyecto de protección de los programas sociales federales en el contexto de las elecciones de julio de 2006, informe elaborado por el Comité Ejecutivo por la Transparencia de los Programas Sociales Federales, página 6.

3 Acuerdo por el que se establecen las bases de colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de las acciones de prevención, atención, seguimiento y sanción de responsabilidades administrativas y de delitos electorales federales cometidos por servidores públicos federales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.— Diputados: María Beatriz Zavala Peniche, Leslie Pantoja Hernández, Xavier Azuara Zúñiga, María del Carmen Ordaz Martínez, Leonor Romero Sevilla, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, José Alfredo Botello Montes, Diana Karina Velázquez Ramírez, Jorge Rosiñol Abreu, Minerva Castillo Rodríguez (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

Dígame. Sonido en la curul de la diputada Leonor Romero.

La diputada Leonor Romero Sevilla(desde la curul): Presidente, solamente para pedirle a la diputada Beatriz Zavala, si fuera tan amable de adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Estoy seguro que no tiene inconveniente y puede pasar a suscribirla a la Secretaría de la Mesa.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Gloria Bautista Cuevas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el 100 por ciento de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, que me honro en presidir, diputados y diputadas federales de diversos grupos parlamentarios —por mi conducto— estamos presentando y sometiendo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una nueva Comisión ordinaria en la Cámara de Diputados: la Comisión de Asuntos Alimentarios, a partir de la actual comisión especial que lleva este nombre.

No se trata de una ocurrencia, capricho o afán de obtener mayores facultades y recursos por parte de nuestra actual comisión especial, de la suscrita o de grupo parlamentario alguno, se trata de que el Poder Legislativo federal, específicamente la Cámara de Diputados, como parte del Estado mexicano cumpla con su obligación constitucional e internacional de garantizar el derecho a la alimentación, realizando progresivamente las acciones que, en el ámbito de su competencia, contribuyan al cumplimiento de tan alta como urgente responsabilidad.

En la atmósfera legislativa federal actual se ha estado hablando y avanzando en un paquete de reformas trascendentes que se les ha dado en llamar estructurales, como la educativa, la financiera, la hacendaria y la energética. Pero casi no se habla de otra gran reforma estructural que se requiere y que es de manera urgente y trascendente la orientada a atender el problema estructural de nuestro país, consistente en que —según las categorías y cifras más recientes del Coneval— tenemos en condiciones de pobreza a 53.3 millones de personas, lo que equivale al 45.5 de la población, pero algo peor, que de estos 27.4 millones, el 23.3 por ciento del total de nuestra población se encuentren en condiciones de carencia alimentaria.

Es decir, que no tienen los recursos o condiciones para satisfacer la más elemental de las necesidades básicas del ser humano y no existe para ellos uno de los más sagrados de los derechos humanos: el derecho a la alimentación, adecuada, sana, suficiente y de calidad.

La otra manifestación vergonzosa del problema alimentario en México tiene que ver con la salud. La falta de acceso a una alimentación adecuada nos ha ocasionado que actualmente México ocupe el primer lugar mundial en obesidad, situación que a su vez incide en enfermedades responsables de un alto porcentaje de las muertes actuales.

Ante esta situación y la gravedad que entraña es urgente que el Estado mexicano en su conjunto, y específicamente el Poder Legislativo, emprendan medidas efectivas que realmente incidan en las causas para resolver las consecuencias del problema del hambre, la desnutrición y la pobreza alimentaria que nos aqueja.

No es una acción facultativa. Es una obligación ineludible e impostergable. Así lo establece imperativamente nuestra norma suprema, la Constitución federal, cuando en sus artículos 4o. y 27, fracción XX, respectivamente, define esta obligación del Estado en los siguientes términos: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará, y el desarrollo rural, integral y sustentable también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Además de este mandato, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que desde 1981 es obligatorio para México, se establece que los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso, alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia.

Al respecto, es de llamar la atención que en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra, Suiza, hace unos días, el organismo dio a conocer 176 recomendaciones al Estado mexicano, dentro de las que destaca la de adoptar un marco legal para hacer realidad el derecho a la alimentación. Recomendación sobre la cual México deberá informar en breve término.

Por estas razones queda muy claro que en materia alimentaria una de las tareas actuales más importantes y urgentes del Congreso de la Unión es expedir la legislación reglamentaria del derecho a la alimentación y la adecuación del marco jurídico vinculado a éste.

Para ello, es evidente que se requiere de la existencia de una Comisión ordinaria de Asuntos Alimentarios en la Cámara de Diputados, como la que existe ya en la Cámara de Senadores, que se ocupe de atender las tareas legislativas que se requieren para la materialización de este derecho humano de primer orden. De cuyo ejercicio depende en gran medida el disfrute de la mayoría de los demás derechos humanos establecidos en nuestra Ley Suprema.

Termino, señor presidente. En la actual Comisión Especial de Asuntos Alimentarios hemos estado trabajando en promover e impulsar la elaboración de la Ley Reglamentaria del Derecho a la Alimentación, a través del grupo de trabajo bicamaral y plural, denominado Propuestas Legislativas del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, que coordinamos como comisión. Y hemos elaborado ya un proyecto de iniciativa de Ley General del Derecho a la Alimentación, el cual estamos sometiendo al análisis, opinión y consenso de especialistas y de todos los participantes en el proceso, con el objeto de perfeccionarlo, consensuarlo y presentarlo ante esta soberanía.

Asimismo, además de la enorme tarea legislativa en que estamos inmersos, nos estamos ocupando y nos seguiremos ocupando del seguimiento y atención a las acciones gubernamentales derivadas de las políticas públicas en materia alimentaria.

De lo anteriormente expuesto se desprende con toda claridad que para poder impulsar con mayor eficacia y contundencia el proceso legislativo, que tanto urge a la población más desamparada de nuestro país y que ha de concluir con la aprobación en esta Legislatura de la Ley Reglamentaria del Derecho Humano a la Alimentación y la adecuación del marco jurídico vinculado a éste, es necesario ampliar y fortalecer a la actual Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, otorgarle facultades de dictamen y elevarla a la categoría de comisión ordinaria.

La iniciativa que sometemos a consideración de ustedes es sencilla, pero trascendente. Adicionar una fracción, la III, al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso, para incluir a la Comisión de Asuntos Alimentarios como comisión ordinaria. De esta manera, el Poder Legislativo estará cumpliendo con su obligación y contribuyendo al cumplimiento de la obligación del Estado mexicano en una de sus asignaturas más urgentes y aún pendientes: el combate a la pobreza alimentaria y la vigencia y materialización del derecho a la alimentación para todos los mexicanos.

Para la aprobación de esta reforma, que redundará en favorecer las condiciones para avanzar en tan nobles propósitos, pido la solidaridad y apoyo de ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara. Solicito que desde ahora quienes estén en disposición de hacerlo suscriban la presente iniciativa. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 40 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; en nuestra calidad de diputadas y diputados federales, integrantes de la Comisión Especial de asuntos alimentarios y otras diputadas y diputados de diversos Grupos Parlamentarios; presentamos a esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión de Asuntos Alimentarios como comisión ordinaria.

II. Planteamiento del problema

Según los datos más recientes de medición de la pobreza en México (2012) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en nuestro país tenemos actualmente en situación de pobreza a 53.3 millones de personas, es decir, el 45.5% de la población; de los cuales, 27.4 millones se encuentran en condiciones de “carencia alimentaria” o “pobreza alimentaria”, lo que equivalente al 23.3% de la población total de nuestro país.

Es ésta, una de las manifestaciones más vergonzosas de la problemática estructural que tenemos como país y que no solo no se ha resuelto sino que se ha venido agudizando en las últimas décadas.

La dimensión del problema y de las enormes dificultades para atenderlo se expresan, entre otros factores, en la baja productividad en el sector agropecuario del país; en los constantes aumentos de precios en los productos básicos como el huevo, la carne, la tortilla y el pan; y en la alarmante dependencia alimentaria que se refleja en el constante incremento de las importaciones de alimentos. (Por ejemplo, las importaciones de soya ascienden al 95% de lo que consumimos, las de arroz al 80%, las de trigo al 56%, las de carne de res y puerco al 40%, las de maíz al 33% y las de frijol al 20%). En conjunto, según datos oficiales, importamos el 42% de lo que consumimos.

Otra manifestación del problema tiene que ver con la salud. La falta de acceso a una alimentación adecuada y sana nos ha llevado a que actualmente México ocupe el nada honroso primer lugar mundial en obesidad, y a que nuestras generaciones futuras enfrenten un 40% de desnutrición y un 30% de obesidad. Esta situación, a su vez, tiene una alta incidencia en padecimientos como diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles, que en conjunto ocasionan 8 de cada 10 muertes en el país.

Ante esta situación y la gravedad que entraña, es urgente que el Estado Mexicano en su conjunto y específicamente el Poder Legislativo, emprenda medidas efectivas que realmente incidan en las causas para resolver las consecuencias del problema del hambre y la pobreza alimentaria en que se encuentra casi la cuarta parte de nuestra población.

Hay que considerar que, después de un arduo y complejo proceso legislativo que se desarrolló a través de 5 legislaturas del Congreso de la Unión, en la LXI Legislatura fue aprobada, en el mes de abril del 2011, la Reforma a los artículos 4° y 27 fracción XX de la Constitución, en la que se garantiza y reconoce el derecho a la Alimentación, en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará” (artículo 4o.) y “...El desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca” (fracción XX del artículo 27).

No sólo eso. En la legislación Internacional obligatoria para México, principalmente en el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, que desde 1981 entro en vigor, se establece que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y una mejora continua de las condiciones de existencia” (artículo 11).

Actualmente, tanto por la gravedad de la situación de nuestro país, como por los mandatos ya establecidos en las normas de máxima jerarquía dentro de nuestro sistema jurídico, queda muy claro que, en materia alimentaria, una de las tareas más importantes y urgentes del Congreso de la Unión es expedir la legislación reglamentaria del Derecho a la Alimentación; para esto, es evidente que se requiere de la existencia de una Comisión Ordinaria de Asuntos Alimentarios en la Cámara de Diputados (de la misma naturaleza que la instituida en la Cámara de Senadores), que se ocupe de atender las tareas legislativas que se requieren para la materialización de este derecho humano de primer orden, de cuyo ejercicio depende en gran medida el disfrute de la mayoría de los demás Derechos Humanos establecidos en nuestra Ley Suprema; como son la Ley General del Derecho a la Alimentación y la adecuación del marco jurídico vinculado a este derecho.

Tanto es así que, en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra, Suiza hace unos días, en el contexto del “Examen Periódico Universal”, el organismo dio a conocer 176 recomendaciones al Estado Mexicano, dentro de las que destaca la de, “...Adoptar un marco legal para hacer realidad el derecho a la alimentación”, recomendación sobre la cual México deberá informar en la próxima sesión del Consejo, a realizarse en el mes de marzo de 2014.

III. Argumentación

En el año 2009 se constituyó el “Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe” en Panamá, con el propósito de contribuir, en el ámbito legislativo, a la erradicación del hambre en la región. Tanto en esta reunión de constitución, como en las que se realizaron posteriormente en Brasil en el 2010 y en Colombia en el 2011, participaron legisladoras y legisladores mexicanos, de la LXI legislatura, donde asumieron el compromiso de promover la conformación del Capítulo México del “Frente Parlamentario contra el Hambre”.

Al efecto, el “Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México”, se constituyó en el mes de diciembre del año 2011, como instancia plural, bicameral, para impulsar las acciones legislativas y administrativas necesarias para avanzar en la atención del problema del hambre y en la reglamentación del Derecho constitucional a la Alimentación. Se constituyó con la participación de 22 legisladores y legisladoras de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión, 16 miembros de las instituciones académicas, 44 representantes de organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanos en general; muchos de los cuales ya habían venido luchando por el reconocimiento constitucional del Derecho a la Alimentación. Tanto para su constitución, como para su funcionamiento, el Frente cuenta con el apoyo técnico del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.

Al inicio de la presente legislatura, en octubre de 2012, la diputada Gloria Bautista Cuevas presentó una Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de crear una Comisión Ordinaria de Alimentación. Al respecto, en el acuerdo parlamentario que crea las comisiones ordinarias fue incorporada esta reforma y votada así por el pleno, pero en una “fe de erratas” enviada a la Cámara de Senadores, esta Comisión fue modificada y en la integración de las comisiones ordinarias ya no apareció. En la Garceta Parlamentaria del 24 de diciembre de 2012 se publicó el acuerdo parlamentario mediante el cual se crean las comisiones especiales de la Cámara de Diputados, entre otras, la Comisión Especial de asuntos alimentarios.

En sesión del pleno de la Cámara de Diputados del 14 de marzo se aprobó la integración, entre otras, de la Comisión Especial de asuntos alimentarios, acuerdo que se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 15 de marzo; quedando integrada en la siguiente forma: Diputados: Gloria Bautista Cuevas (PRD), presidenta; María Esther Garza Moreno (PRI), Julisa Mejía Guardado (PRD), secretarias; Miriam Cárdenas Cantú (PRI), Salvador Barajas del Toro (PRI), Cecilia González Gómez (PRI), Blanca María Villaseñor Gudiño (PRI), Luis Miguel Ramírez Romero (PAN), Antonio García Conejo (PRD), Martha Edith Vital Vera (PVEM) (posteriormente causaron baja las diputadas Cecilia González Gómez, Blanca María Villaseñor Gudiño y Martha Edith Vital Vera).

Con base y fundamento en esto, previa convocatoria y requisitos legales del proceso de instalación, el 20 de marzo de 2013, a las 18:00 horas, se realizó la “reunión de instalación de la Comisión Especial de asuntos alimentarios”, levantándose la correspondiente “acta de instalación”, misma que con fecha 21 de marzo fue enviada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para constancia, publicación en la Gaceta Parlamentaria y los efectos legales y administrativos correspondientes.

Posteriormente, en la primera reunión ordinaria de la Comisión Especial de asuntos alimentarios, se aprobó el objeto de ésta, en los siguientes términos: “Objeto de la comisión:

1. Promover e impulsar, en el ámbito legislativo, la elaboración de la “Ley Reglamentaria del Derecho a la Alimentación”, establecido tanto en la Legislación Internacional como en los artículos 4o. y 27, fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proveer en la esfera legislativa, el marco jurídico necesario materializar el “Derecho a la Alimentación”.

2. Generar, Impulsar y apoyar los procesos de consulta para la discusión y el dictamen de la legislación reglamentaria del “Derecho a la Alimentación”.

3. Proponer y desarrollar acciones para legislar, modificar, reformar o adecuar la legislación federal y general vinculada al Derecho a la Alimentación”, a las normas supremas de las cuales deriva, y a la Legislación de la materia.

4. Constituirse en la instancia de Coordinación con el “Frente Parlamentario contra el Hambre, capitulo México”, así como con el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina.

3. Coadyuvar en el análisis, estudio, elaboración de propuestas y difusión del tema alimentario y de las medidas para su atención.

4. Elaborar un diagnóstico y mapa de la situación de pobreza alimentaria nacional, como base para las actividades de la Comisión y apoyo para otras comisiones cuyas materias se relacionen con el tema.

5. Revisar y proponer adecuaciones de las Políticas Públicas Alimentarias.

6. Realizar la evaluación de desempeño y evaluar los efectos del programa 11 del “Programa Especial Concurrente” del Sector Rural denominado “Derecho a la Alimentación”.

7. Promover y coadyuvar en la evaluación de los efectos que ha tenido la política pública aplicada en los programas que atienden la pobreza alimentaria.

8. Elaborar propuestas de programa alimentario y políticas públicas en materia alimentaria para su presentación y posible incorporación en la Planeación Nacional de Desarrollo.

9. Elaborar y presentar ante las comisiones ordinarias del sector rural de la Cámara de Diputados una propuesta de opinión y adecuación sobre las reglas de operación de los programas incorporados en el Programa 11 del PEC “Derecho a la Alimentación”, a efecto de que estas comisiones actúen conforme lo establece el artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 y el artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los años subsecuentes.

10. Coordinarse con la academia, los centros de investigación, las universidades, los expertos y otras instancias de la sociedad civil que colaboren con iniciativas para concretar el Derecho a la alimentación.

11. Mantener una estrecha comunicación y coordinación con las dependencias o entidades que ejecutan los programas de atención a la pobreza alimentaria y el hambre.

12. Realizar foros y diversos eventos de análisis y discusión sobre el tema alimentario.

13. En coordinación con las dependencias o entidades de salud, proponer alternativas de política pública para la atención a los problemas derivados de la alimentación deficiente como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, etcétera.

14. Apoyar a la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y la Programación de los Trabajos Legislativos, con la emisión de opiniones y atención a los temas relacionados con la alimentación, cuando éstas lo requieran”.

En el mes de marzo de 2013, se retomaron los trabajos realizados en esta materia en la legislatura anterior, se relanzó la convocatoria y se realizó la reunión de constitución del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, a la que acudimos y nos integramos legisladoras y legisladores de la presente Legislatura y donde nos comprometimos a:

Primero.Concentrar nuestros esfuerzos, como legisladores, en lograr, en esta Legislatura, la necesaria Ley General del Derecho a la Alimentación, reglamentaria de las normas constitucionales que establecen el derecho a la alimentación, la que ha de establecer, con claridad y precisión, los alcances de este derecho, los sujetos del derecho, los Órganos del Estado obligados, la coordinación de los tres órdenes de gobierno y los procedimientos, los recursos, los medios de exigibilidad, el financiamiento, las sanciones y la orientación de las Políticas Públicas que deben incluirse en la planeación nacional y sectorial para hacerlo efectivo, concreto y exigible por vías administrativas y en su caso jurisdiccionales.

Enseguida;mediante iniciativas de reformas y adiciones, promover la adecuación y concordancia de las normas constitucionales y las de la ley reglamentaria, con toda la legislación secundaria, federal y general que directa o transversalmente se relacionan con el derecho a la alimentación.

Para lograr avanzar en esta magna tarea, de combate al hambre y materialización del derecho a la Alimentación, se consideró necesario trazar un plan de trabajo que entre otras cosas, implica sumar esfuerzos, desplegar un amplio, incluyente y plural proceso de trabajo legislativo orientado al logro de consensos entre las diversas fuerzas y expresiones políticas de las cámaras del Congreso de la Unión, la academia, las instituciones de investigación, los estudiosos y especialistas en la materia, las Organizaciones Sociales, civiles, empresariales y de ciudadanos.

Este trabajo, desde el mes de abril, lo hemos venido realizando intensamente, en el grupo de Trabajo denominado “Propuestas Legislativas” del Frente parlamentario contra el Hambre, que me honro en coordinar, en mi carácter de Presidenta de la Comisión Especial de asuntos alimentarios; y a la fecha, ya tenemos (como documento de trabajo sujeto a discusión) el primer proyecto de Iniciativa de Ley General del Derecho a la Alimentación.

Asimismo, además de la enorme tarea legislativa que tenemos por delante, nos estamos ocupando ya, y nos ocuparemos de dar seguimiento y atención (en el ámbito de las facultades de la Cámara de Diputados), a las acciones gubernamentales vinculadas a la Política Alimentaria Nacional, Programa Nacional Alimentario previstos en el proyecto de ley y a las actividades que de esto se deriven.

De todo lo anteriormente expuesto, se desprende, con toda claridad, que es imperativo que, para poder impulsar con mayor eficacia y contundencia el proceso legislativo que tanto urge a la población más desamparada de nuestro país y que ha de concluir con la aprobación en esta legislatura, de la ley reglamentaria del derecho humano a la alimentación; es necesario ampliar y fortalecer a la actual Comisión Especial de asuntos alimentarios, otorgarle facultades de dictamen y elevarla a la categoría de comisión ordinaria.

IV. Fundamento legal

Fundan la presente iniciativa, en cuanto al procedimiento, los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 39, 40 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6 numeral 1, fracción I; 77 numeral 1 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En cuanto al fondo, es decir, el derecho sustantivo a tutelar, los artículos 4o. y 27 fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se garantiza y reconoce el Derecho a la Alimentación, en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará” (artículo 4o.) y “...El desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca” (fracción XX del artículo 27), y el artículo 11 del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, aprobado por las Naciones Unidas y obligatorio para México al reunir los requisitos establecidos en nuestra Constitución, en el que se establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y una mejora continua de las condiciones de existencia”.

Asimismo, son de aplicarse en esta materia, los siguientes instrumentos internacionales suscritos por nuestro País:

La Observación General # 12 del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999), órgano integrado por expertos independientes que vigila la aplicación por parte de los Estados Miembros del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece: “La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; La accesibilidad de los alimentos en forma que sean sostenibles y no dificulten el goce de otros derechos humanos...”

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas , en su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, segunda parte de su artículo 25.

La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 1974, a la que posteriormente se adhirió nuestro país.

La Resolución de la Cumbre Mundial de la sobre Alimentación, celebrada en Roma en 1996, en la que se establece que debe darse al Derecho a la Alimentación un contenido más concreto y operativo.

La Resolución de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación del año 2002, para crear un Grupo de Trabajo Intergubernamental bajo los auspicios de la FAO, con el fin de preparar una serie de directrices encaminadas a la implementación del Derecho a la Alimentación.

Las Recomendaciones adoptadas por los Estados miembros del Consejo General del la FAO para respaldar “la realización progresiva del Derecho a la Alimentación adecuada en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional”.

Por lo antes expuesto, y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio de esa iniciativa, la suscrita, somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Asuntos Alimentarios, como comisión ordinaria en la Cámara de Diputados.

Único. Se adiciona una fracción, la III, al artículo 39 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que incluya a la “Comisión de Asuntos Alimentarios”, como Comisión Ordinaria, recorriéndose la enumeración de las fracciones subsecuentes, quedando en los siguientes términos:

Artículo 39.

1...

2...

I.

II.

III. Asuntos Alimentarios;

IV. Asuntos Frontera Norte;

V. Asuntos Frontera Sur-Sureste;

VI. Asuntos Indígenas;

VII. Asuntos Migratorios;

VIII. Atención a Grupos vulnerables;

IX. Cambio Climático;

X. Ciencia y Tecnología;

XI. Competitividad;

XII. Comunicaciones;

XIII. Cultura y Cinematografía;

XIV. Defensa Nacional;

XV. Deporte;

XVI. Derechos de la Niñez;

XVII. Derechos Humanos;

XVIII. Desarrollo Metropolitano;

XIX. Desarrollo Municipal;

XX. Desarrollo Rural;

XXI. Desarrollo Social;

XXII. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;

XXIII. Economía;

XXIV. Educación Pública y Servicios Educativos;

XXV. Energía;

XXVI. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XXVII. Fortalecimiento al Federalismo;

XXVIII. Ganadería;

XXIX. Gobernación;

XXX. Hacienda y Crédito Público;

XXXI. Igualdad de Género.

XXXII. Infraestructura;

XXXIII. Justicia;

XXXIV. Juventud;

XXXV. Marina;

XXXVI. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXXVII. Pesca;

XXXVIII. población;

XXXIX. Presupuesto y Cuenta pública;

XL. Protección Civil;

XLI. Puntos Constitucionales;

XLII. Radio y Televisión;

XLIII. Recursos Hidráulicos;

XLIV. Reforma Agraria;

XLV. Relaciones Exteriores;

XLVI. Salud;

XLVII. Seguridad pública;

XLVIII. Seguridad Social;

XLIX. Trabajo y Previsión Social;

L. Transparencia y Anticorrupción;

LI. Transportes;

LII. Turismo, y

LIII. Vivienda.

Artículos Transitorios

Primero: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: La Constitución de la Comisión Ordinaria de Asuntos alimentarios se realizará a partir de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados constituida durante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, actualmente en funciones; ampliándose el número de sus integrantes y a la cual se le asignarán las funciones y atribuciones de dictamen y las demás que le corresponden a las comisiones ordinarias en los términos de esta ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.— Diputados: Gloria Bautista Cuevas, Aleida Alavez Ruiz, Julisa Mejía Guardado, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Antonio García Conejo, Armando Contreras Ceballos, Gisela Raquel Mota Ocampo, Lizbeth Rosas Montero, Carlos de Jesús Alejandro, Víctor Najera Medina, Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, Yesenia Nolasco Ramírez, Delfina Guzmán Díaz, Eva Diego Cruz, Socorro Ceseñas Chapa, Ricardo Mejía Berdeja, Crystal Tovar Aragón, Mario Rafael Méndez Martínez, Purificación Carpinteyro Calderón, Gerardo Villanueva Albarrán, Pedro Porras Pérez, Hugo Sandoval Martínez, Teresita de Jesús Borges Pasos, Roberto López Rosado, Verónica Juárez Piña, Claudia Elizabeth Bojórquez, Javier Roberto López Suárez, Guadalupe Flores Salazar, Miguel Alonso Raya, María de las Nieves García Fernández, Hugo Jarquín, Juan Ignacio Samperio Montaño, Nelly del Carmen Vargas Pérez, José Francisco Coronato Rodríguez, Aída Fabiola Valencia, Juan Luis Martínez Martínez, Víctor Manuel Jorrín Lozano, José Antonio Hurtado Gallegos, María Esther Garza Moreno, Luis Miguel Ramírez Romero, Salvador Barajas del Toro, Miriam Cárdenas Cantú, Esther Angélica Martínez Cárdenas, José Everardo Nava Gómez, Alliet Mariana Bautista Bravo, Loretta Ortiz Ahlf, Diana Karina Velázquez Ramírez, María del Carmen Ordaz Martínez, Minerva Castillo Rodríguez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputada Bojórquez.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier(desde la curul): Gracias, presidente. Es para que podamos suscribirnos a la iniciativa de la diputada Gloria Bautista, la que ha presentado el día de hoy, de que su comisión sea ordinaria.

El Presidente diputado José González Morfín: La diputada no tiene inconveniente. Le pediría que pasara aquí a la Secretaría a suscribirla.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose en turno en la Gaceta Parlamentaria.

* Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Anexo de esta sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 15:44 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 26 de noviembre de 2013, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

————— O —————