Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 258 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín(a las 11:12 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 26 de noviembre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

De los diputados Javier Filiberto Guevara González y Teresita de Jesús Borges Pasos

Por los que solicitan el retiro de sus iniciativas con proyecto de decreto.

De la Presidencia Municipal de Acuña, Coahuila

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las disposiciones del Municipio de Acuña, Coahuila que atentan contra los derechos humanos, a la libertad y a la diversidad cultural y social de sus habitantes.

De la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los desastres naturales ocasionados por el ciclón “Manuel” y la tormenta tropical “Ingrid”.

De la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la vigilancia de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la implementación de una estrategia de movilidad integral en sus localidades.

Del Gobierno del Estado de México

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la vigilancia de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el Tercer Informe Trimestral 2013, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos.

De la Cámara de Senadores

Con la que devuelve expediente de la Minuta con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con la que devuelve expediente de la Minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud de los senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes: Federal sobre Metrología y Normalización, de Comercio Exterior, Aduanera, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Cambio Climático, General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma las fracciones VII y IX del artículo 28; y se adiciona la fracción IV al artículo 1, las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 3; un artículo 10 Bis; un Capítulo II denominado “De la Política con Perspectiva Gerontológica”, con los artículos 10 Ter y 10 Quater al Título Cuarto; una fracción III al artículo 14; y una fracción IV al artículo 27, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 419 y 423 y se adiciona un artículo 419 Bis al Código Penal Federal, para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Discusión y Votación)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Agenda política

Comentarios relativos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., fracción VI y 3o. segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o., 7o., y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento y protección de los derechos y mejoría de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en materia de divulgación de la Ciencia y la Tecnología.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 341 bis de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 29 bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 43 Ter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona la fecha “13 de agosto: Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades del Estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de Banobras, a fin de dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la Delegación Álvaro Obregón.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal implementar las acciones correspondientes a atender la problemática de la Agroindustria Azucarera Nacional.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno Federal para que rinda informe y se implementen los programas y acciones preventivas y correctivas o de remediación que se realicen en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas en todo el territorio nacional.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre el proyecto de la construcción de la autopista urbana oriente en el Distrito Federal.

De la Comisión de Ganadería, con puntos de acuerdo a fin de que la Sagarpa, establezca las acciones necesarias para implementar un programa especial de modernización de los rastros municipales, así como implementar un programa integral de manejo y tratamiento de desechos y despojos, derivados de la matanza de los animales.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice la liberación de los recursos financieros destinados al Fonden a fin de aliviar las afectaciones a las comunidades de los estados de la República afectados por la tormenta “Manuel” y el Huracán “Ingrid”.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Gobernación, agilice el destino de recursos del Fonden, especialmente para los municipios y comunidades indígenas del Estado de Guerrero afectados por los fenómenos “Ingrid y Manuel”.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para los municipios del estado de Colima; que han sido afectados por la tormenta tropical Manuel.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que emita el decreto por el cual se cree como Área de Valor Ambiental Protegida, al Parque Reforma Social en la Delegación Miguel Hidalgo.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que gestione la realización del Maratón Náutico del Río Balsas.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Comedores Públicos.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conade, para que investigue la presunta comisión de responsabilidades administrativas del titular de la Subdirección General del Deporte y funcionarios involucrados, asimismo, se exhorta a la SHCP, a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados en el PEF 2013, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SE, de la SHCP y de la Sagarpa, para que mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, se grave nuevamente con una tasa de 20% el arancel de importación del Limón Persa (Citrus latifolia), a cargo del diputado Genaro Ruiz Arriaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, sobre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Urgente Resolución)

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62, 63 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 78 y 81 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena y suscrita por la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Vivienda y 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 14, 56, 57 y 72 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Eduardo Román Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Amnistía, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o., 9o. y 10 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. y adiciona un artículo 10 a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77, 78 y adiciona un artículo 192 Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Antonio Cuéllar Steffan y Fernando Zárate Salgado, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 88 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Maricruz Cruz Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 9o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Ma. Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de los Defensores de Veracruz en 1914, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 10 Bis, 10 Ter y 18 Bis a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 166 de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 70 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Playas Sustentables, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 34-Bis de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 303-B de la Ley del Seguro Social y 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Gesta Histórica del Puerto de Veracruz, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Rosalba De la Cruz Requena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 27 y 29 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Alfonso Inzunza Montoya y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 178 y 192 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciado, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 56 y 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 418 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 105, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 430, 431, 432 y 433 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IFE y a su Presidencia, a homologar los criterios para la colocación de propaganda partidista en tiempos de elecciones estatales y federales, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal, instrumente medidas para fortalecer al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SS, de la SEP y de la Sedesol, para que promuevan una estrategia conjunta para el combate de la obesidad y sobrepeso infantil, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que por medio del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cumpla con las propuestas realizadas por la CNDH en materia de seguridad pública, enmarcadas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la Conagua y a la CFE, para que se revisen y en su caso, adecuen los mecanismos de clasificación de tarifas por consumo de energía eléctrica en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, procedan a resolver con absoluta imparcialidad y apego estricto a derecho, el juicio de amparo directo y juicio de amparo adhesivo, interpuestos, respectivamente, por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana y la Sociedad denominada Perez Chow y Asociados, S.C., ambos identificados con el número 435/2013, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a Profepa, para que implementen políticas permanentes de prevención y combate al maltrato, agravios y condiciones adversas en las que viven los animales de circo, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a la SE y a la Profeco, para que vigilen el precio del maíz, la caña y el café, a fin de apoyar a los productores nacionales, suscrito por los diputados Manuel Añorve Baños, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno, así como a los organismos descentralizados, a fin de llevar a cabo la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa y a la SE, para que hagan valer los lineamientos en materia de protección ambiental establecidos en la Ley Minera, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, para que implemente acciones para difundir en los centros de trabajo, los cambios contenidos en la Reforma Fiscal, respecto de los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores, así como a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y sus respectivas delegaciones en todo el país para dar a conocer los mecanismos de defensa del trabajador sobre sus derechos adquiridos, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, para que emprenda las acciones necesarias, a fin de verificar y salvaguardar los derechos de los mineros en todo el país, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Morelos, para que implemente las acciones necesarias a fin de disminuir el elevado índice de secuestros, homicidios y extorsiones en esa entidad, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al aumento exponencial de las antenas para celulares, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Guerrero, a efecto de que firme del Decreto de creación de la Universidad Autónoma Latinoamericana Caribeña de Ciencias y Artes, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en  votación económica si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiuno de noviembre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta diputadas y diputados, a las once horas con diecisiete minutos del jueves veintiuno de noviembre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Del diputado Julio César Lorenzini Rangel, por la que comunica su reincorporación a las actividades legislativas a partir del primero de diciembre del año en curso. De enterado. Comuníquese.

b) De los diputados:

• María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos ciento sesenta y siete, y ciento setenta y nueve, presentada el veintinueve de abril del año en curso, sea retirada de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

• Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo diecinueve de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, presentada el diecisiete de octubre del año en curso, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

c) De Secretaría de Gobernación, con la que remite el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa E005 “Servicios de Orientación Turística y Asistencia Mecánica”, así como los anexos correspondientes y el documento de posicionamiento institucional. Se remite a las Comisiones de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de octubre de dos mil trece, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de dos mil doce. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

e) De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria dos mil doce. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

En el capítulo de Agenda Política hacen comentarios relativos:

• Al Día Internacional de los Derechos del Niño, los diputados: Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática; Carmen Lucia Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional; y Flor Anaya Robles Linares, del Partido Revolucionario Institucional.

Desde su curul la diputada Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia que, de conformidad con sus atribuciones constitucionales, vele por el ejercicio pleno de sus atribuciones como legisladora para poder opinar sobre los problemas de carácter local y nacional que afecten a la población, lo anterior en el marco de la presentación que hizo el día de ayer de un punto de acuerdo relativo al servicio de agua potable en el estado de Puebla y las amenazas que ha recibido.

Presidencia de la diputadaMaricela Velázquez Sánchez

• Al Día de la Armada de México, los diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza; María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México;

A las doce horas con treinta minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos seis diputadas y diputados.

María de Lourdes Amaya Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Serralde Martínez, del Partido Acción Nacional; y Raúl Santos Galván Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.

La Presidenta da la bienvenida a una delegación de parlamentarios de la República de Indonesia, encabezada por el señor Ibnu Multazam, quienes asisten a una reunión de trabajo con el diputado José Antonio Rojo García de Alba.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión del Distrito Federal que reforma el artículo ciento dieciocho del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma los artículos veintisiete, y setenta y ocho, y adiciona un artículo setenta y ocho Bis a la Ley General de Vida Silvestre. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Gabriel Gómez Michel. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano; Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México; José Luis Esquivel Zalpa, del Partido de la Revolución Democrática; Liliana Castillo Terreros, del Partido Acción Nacional; y Ossiel Omar Niaves López, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Sin más oradores registrados y no habiendo artículos reservados, en votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y un votos a favor, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos veintisiete, y setenta y ocho, y adiciona un artículo setenta y ocho Bis a la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, solicita que la Junta de Coordinación Política cite al Secretario de Gobernación para abordar el tema de las autodefensas en Michoacán, así como las acciones a realizar al respecto.

b) De Vivienda, que adiciona un segundo párrafo al artículo setenta y uno de la Ley de Vivienda. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Abel Guerra Garza. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; Rodrigo Chávez Contreras, de Movimiento Ciudadano; David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México; Pedro Porras Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Partido Acción Nacional; y María del Rocio Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro del dictamen el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, y no habiendo artículos reservados, en votación nominal por unanimidad de trescientos cincuenta y siete votos a favor, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo setenta y uno de la Ley de Vivienda. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Desde su curul de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, realiza comentarios sobre el Décimo Sexto Aniversario de la Gaceta Parlamentaria. El Presidente destaca la importancia de que la Cámara de Diputados cuente con dicho instrumento y también que desde hace quince años las votaciones de la Asamblea son públicas.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Heriberto Manuel Galindo Quiñones, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo doscientos cincuenta y nueve Ter al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Luis Esquivel Zalpa, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley Federal de Consulta Popular. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos setenta y tres, y setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Gerardo Villanueva Albarrán, a nombre propio y del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos segundo, y diez de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza, que reforma los artículos primero, y veintiocho de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• María de las Nieves García Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Gloria Bautista Cuevas y suscrita por diversos diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Ricardo Monreal Ávila y. Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cincuenta y ocho-dos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos cuatrocientos veintinueve del Código Penal Federal y ochenta y seis Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo noventa y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarenta cuatro de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sexto del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos dieciocho y sesenta de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos ciento sesenta y seis Bis y ciento sesenta y seis Bis dos de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo setenta y cuatro del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• De diputados de Movimiento Ciudadano, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y expide la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, para dictamen y de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo quinto de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes. Se turna a la Comisión de Gobernación con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo setenta del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, que reforma los artículos: octavo de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y veintiocho de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo primero de la Ley del Servicio Militar. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento noventa y dos de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, que reforma el artículo ciento nueve Bis y adiciona un artículo ciento nueve Ter a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo tercero del Decreto por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de mil novecientos trece. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma la fracción cuarta del artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Irma Elizondo Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que inicie las acciones pertinentes para garantizar el respeto a la integridad y los derechos humanos, políticos, de salud y reproductivos de las mujeres indígenas que viven en las comunidades gobernadas por el sistema de usos y costumbres. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Oscar Bautista Villegas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que revise la cobertura del Seguro Popular, respecto de las enfermedades crónico-degenerativas, garantizando la atención de las mismas. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes veintiséis de noviembre de dos mil trece, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

CAMBIO DE INTEGRANTES Y DE JUNTAS DIRECTIVAS DE COMISIONES ORDINARIAS Y DE GRUPOS DE AMISTAD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Rafael González Reséndiz cause baja como integrante de la Comisión de Marina.

• Que el diputado Rafael González Reséndiz cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 25 de noviembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado José Luis Flores Méndez cause baja como vicepresidente del Grupo de Amistad México-República Árabe Saharaui.

• Que el diputado José Luis Flores Méndez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Alemania.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 25 de noviembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobadas. Comuníquense.

RETIRO DE INICIATIVAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente me permito solicitar a usted gire sus instrucciones al área correspondiente a efecto de que se retire la iniciativa que adiciona un numeral al artículo 3 y reforma el numeral IV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por el suscrito, el pasado 25 de julio, ante el pleno de esta Cámara y que fue turnada a la Comisión de Gobernación para dictamen correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente

Palacio Legislativo, a 21 de noviembre de 2013.— Diputado Javier Filiberto Guevara González (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitar que, con fundamento en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, fracción II, que la siguiente iniciativa sea retirada:

1. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y reforma los artículos 103,112,113, 115 y 116, todos de la ley antes referida, presentada por la diputada Teresita de Jesús Borges Pasos, del grupo Parlamentario del PRD. Publicada en Gaceta Parlamentaría, número 37791, en fecha 28 de mayo de 2013 y turnada a la Comisión de Economía el día 11 de junio del presente.

Agradeciendo la atención a la presente, le envío un cordial saludo.

Palacio Legislativo, a 25 de noviembre de 2013.— Diputada Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

DERECHOS HUMANOS, LIBERTAD Y DIVERSIDAD CULTURAL Y SOCIAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Presidencia municipal de Acuña, Coahuila.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Mesa Directiva.— LXII Legislatura.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 62-II-4-931, por el cual se comunica el acuerdo que en sesión de fecha 2 de octubre del 2013 aprobó la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el cual se exhorta a las autoridades de Ciudad Acuña, Coahuila, a respetar los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, plasmados en la Constitución General de la República y diversas leyes secundarias, así como a erradicar la discriminación tanto en el ámbito público como en el privado de su localidad, por lo que atento a ello respetuosamente a esa honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se le hace del conocimiento lo siguiente:

Que este gobierno municipal que encabezo está comprometido desde el primer día de gestión no sólo al respeto irrestricto de los derechos humanos en nuestra localidad, sino que asume las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. En donde la obligación de respetar/os significa que los gobiernos deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los gobiernos impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los gobiernos deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

En ese sentido, se les hace de su conocimiento que este gobierno municipal no ha llevado a cabo medidas administrativas tendentes a limitar los derechos humanos de ningún individuo o grupo en nuestra localidad, mas no escapa al conocimiento que al parecer derivado de una entrevista a medios de comunicación por parte del director de la Policía Preventiva de este municipio se desprendió una interpretación que apuntaba a que en esta ciudad se limitaba “el uso de minifaldas a mujeres y homosexuales”, y que la misma tenía su fundamento en el artículo 42, inciso A), del Capítulo IV, relativo a la moralidad pública del Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal el cual a la letra dice:

Artículo 42. Son faltas contra la integridad moral de las familias las siguientes:

A) Exhibirse de manera indecente o indecorosa en cualquier sitio público.

En donde como se puede advertir que dentro del dispositivo legal supra citado no se establece prohibición alguna referente al uso de minifalda, ni en este bando en cita ni en ningún otro código o reglamento municipal alguno.

No obstante ello, esta presidencia municipal tomó acciones administrativas precisas tendientes a aclarar de manera categórica y sin dejar lugar a dudas que en Acuña, Coahuila de Zaragoza no se prohíbe el uso de la minifalda, ni se atenta en contra de los derechos humanos contemplados en la Constitución Política de México y la propia del estado de Coahuila, y así se hizo tal cual mediante el comunicado de ésta presidencia municipal de fecha 28 de febrero del 2013 titulado En Acuña, Coahuila de Zaragoza, se respetan los derechos humanos, el cual para soporte de lo anterior se anexa copia del mismo al presente.

Asimismo, y con el objeto de asegurar que no exista más confusión respecto a la interpretación de ese artículo o de algún otro es que se instruyó la modificación del Bando de Policía y Buen Gobierno de este municipio con el fin de armonizar éste con el marco jurídico que regula la salvaguarda de los derechos humanos, estando ya en la etapa de anteproyecto, en la cual se atenderá al respeto absoluto a los derechos humanos y sociales tanto de los ciudadanos de nuestro municipio así como de nuestros visitantes y transeúntes. Para ello se anexa a este oficio el anteproyecto de Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza.

De la misma manera en fecha 1 de marzo del presente año, esta presidencia municipal dio contestación a el comunicado de prensa número 8 de fecha 27 de febrero del año en curso titulado “Prohibir minifaldas atenta contra los derechos de las mujeres” el cual se anexa al presente oficio como una de las medidas más que esta presidencia municipal ha llevado a cabo con el fin de aclarar que en Acuña, Coahuila, se han respetado y se seguirán respetando los derechos humanos y sociales de las personas.

Y por último, se ha instruido a todos los servidores públicos para que en todo momento y en todo lugar asuman la obligación y el deber de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de todas las personas que habitan, visitan o transitan por nuestra localidad. Y como un dato que deja en claro que en nuestro municipio no se prohíbe el uso de las “minifaldas”, es el hecho de que no se ha sancionado y no se sancionará a nadie por ese motivo.

Por todo ello, y atendiendo a punto medular de su exhorto es que se manifiesta que en éste municipio se respetan los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, plasmados en la Constitución Política General de la República y diversas Leyes secundarias, así como promover la erradicación de la discriminación tanto del ámbito público como del privado de la localidad. Pues esta autoridad entiende que la tarea de proteger los derechos humanos representa para el gobierno la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que el Poder Público debe hacer todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Acuña, Coahuila, a 30 de octubre de 2013.— Administración 2010-2013.— Licenciado Alberto Aguirre Villarreal (rúbrica), presidente municipal.»

«Escudo.— Ciudad Acuña, gobierno municipal.

En Acuña se respetan los derechos humanos

Conocedores de que ninguna ley, reglamento o bando está por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Acuña los derechos humanos son respetados y sus habitantes gozan de plena libertad para vivir y convivir sanamente, afirmó el alcalde Alberto Aguirre Villarreal.

Ello tras referir que si bien en el artículo 42, inciso A), del Capítulo IV, relativo a la moralidad pública, establece como faltas a la moral de las personas y de las familias: “exhibirse de manera indecente o indecorosa en cualquier sitio público”.

Sin embargo –dijo– somos respetuosos de las interpretaciones particulares que sobre los conceptos de la moral, la decencia y las buenas costumbres pudiesen otorgarle las personas, porque lo que es universal, ineludible y absoluto es el respeto a los derechos humanos.

“Mi gobierno es respetuoso de todos los ciudadanos, independientemente de las preferencias de cualquier índole”, manifestó.

El presidente municipal dejó en claro de que en su administración no existe ningún antecedente y ninguna queja, de que alguna persona haya sido sancionada por su manera de vestir; “porque aquí respetamos ante todo los derechos humanos”.

“Esta experiencia nos deja como enseñanza el cuidado que debemos aplicar al expresarnos, tomando en cuenta que con nuestro decir podemos caer en transgredir los derechos humanos de nuestros semejantes”, concluyó.

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

CICLON MANUEL Y TORMENTA TROPICAL INGRID

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Gobierno de Coahuila.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por acuerdo del gobernador del estado, licenciado Rubén Moreira Valdez, y en atención de su oficio número DGPL 62-II-8-2362, mediante el cual la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el apartado cuarto, exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos estatales a presentar un diagnóstico preciso y exhaustivo de los daños ocasionados por los fenómenos naturales Manuel e Ingrid en el territorio nacional, lo anterior a fin de que esa soberanía pueda tener elementos para modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2014, me permito informarle de lo siguiente:

Una vez que fueron verificados los daños en materia de educación, se reportan daños en 216 planteles educativos que sufrieron afectaciones principalmente en su impermeabilización, con un monto de 60 millones 99 mil 840 pesos; de igual forma, dado lo extenso de nuestro estado, en poco más de 812 kilómetros, se presentaron daños en los caminos de terracería que comunican a diversas localidades de nuestra entidad, con un monto de 203 millones; en materia de vivienda se colapsó sólo una vivienda. Sin embargo, se presentaron daños de consideración por cuarteaduras y filtraciones por el reblandecimiento de los techos de tierra en poco más de 2 mil viviendas, con un monto estimado en los 12 millones. Asimismo, en materia de infraestructura carretera se destruyó el puente que está sobre la carretera que comunica a Acatita, de Ramos Arizpe, que no omito comentar ya fue reconstruido. Igualmente el vado situado entre las comunidades El Saucillo y Venustiano Carranza, del municipio de Viesca, por la fuerte venida del río Aguanaval.

Los daños sufridos en la infraestructura suman 275 millones 99 mil 840 pesos, cuyo desglose se adjunta anexo.

Es de resaltar que gracias a las acciones de prevención y aviso oportuno a las familias cercanas al río Aguanaval, se logró desalojar oportunamente a los habitantes, con lo cual se evitaron desgracias personales y pérdidas materiales de consideración.

En cumplimiento de su exhorto, quedo de usted.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de noviembre de 2013.— Armando Luna Canales (rúbrica), Secretario de Gobierno.»

«Escudo.— Gobierno de Coahuila.

Anexo

Costo promedio de los trabajos de impermeabilización completa de una escuela con 6 aulas, dirección y servicios sanitarios (como si fuera impermeabilización inicial).

588 metros cuadrados por plantel a razón de 470 pesos por metro, dando un monto de 278 mil 240 por plantel.

Considerando los 216 planteles educativos que sufrieron daños, resultando un monto total de 60 millones 99 mil 840 pesos.

Inversión requerida para impermeabilizar 216 planteles educativos: 60 millones 99 mil 840 pesos.

812 kilómetros dañados de caminos rurales y carreteras alimentadoras de terracería.

Con un costo por kilómetro de camino revestido, incluye revestimiento, afine y compactación de 250 mil pesos por kilómetro.

Inversión requerida para reparar 812 kilómetros de caminos:

203 millones de pesos

Costo promedio de los techos con medida de 4 por 4 metros: 6 mil pesos.

Incluye:

12 vigas de madera de 11/2 x 8 x 16

18 tabletas de madera de 1 x 8 x 16

2 bultos de cemento 50 kg

1 kg de clavos

1 rollo de hule negro

100 block para perfil del techo

Para 2 mil viviendas, cada una por 6 mil pesos, dando un total de 12 millones.

216 planteles educativos (impermiabilización)

$60,099,840.00

812 km de caminos rurales dañados

$203,000,000.00

2,000 viviendas dañadas en los techos

$12,000,000,00

Total:

$275,099,840.00El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

VIGILANCIA DE LAS INVERSIONES ETIQUETADAS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Gobierno de Guanajuato.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva.— Avenida Congreso de la Unión número 66. Colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza. Código postal 15969. México, DF

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional de Guanajuato y en respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-5-999, de fecha 2 de octubre de 2013, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo, que en su artículo primero señala:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a los gobiernos estatales, municipales y a la Auditoría Superior de la Federación para que en conjunto vigilen puntualmente la implantación de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas dictados en el cumplimiento de las disposiciones formuladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada uno de los ejercicios fiscales, con base en lo anterior me permito manifestar lo siguiente:

La Comisión Estatal del Agua informa de los programas sociales que maneja y transparenta el uso de los recursos y su manejo, situación que puede consultarse en la página de gobierno www.guanajuato.gob.mx en donde encontraran la información de manera detallada.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 31 de octubre de 2013.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), Secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

ESTRATEGIA DE MOVILIDAD INTEGRAL EN LOCALIDADES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Gobierno de Guanajuato.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Av. Congreso de la Unión número 66 Edificio A Basamento. Colonia del Parque, México, D.F. 15960.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional de Guanajuato y en respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1013, de fecha 2 de octubre de 2013, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que señala:

“ Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a considerar la creación o, en su caso, revisión de un marco jurídico idóneo que garantice la consecución de políticas que prioricen en el marco de sus respectivas competencias, funciones y facultades, las políticas de la movilidad urbana y humana. Segunda. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los Estados y de los municipios, de acuerdo con su capacidad técnica, humana y financiera, y con base en sus planes integrales de desarrollo, consideren favorecer la creación de órganos administrativos encargados de la aplicación y ejecución de políticas encaminadas a fortalecer la movilidad humana en sus localidades. Asimismo, a priorizar el rubro de infraestructura peatonal, ciclista y de transporte urbano”, con base en lo anterior me permito manifestar lo siguiente:

El 25 de septiembre de 2012, se publicó en el medio de difusión local el Código Territorial para el estado y los municipios de Guanajuato, en donde la principal encomienda fue normar bajo una misma directriz jurídica temas como desarrollo urbano y medio ambiente.

Para llevar a cabo esta tarea se tenía que partir del concepto de ciudades hermanas o amigables, ciudades pensadas en una calidad de vida de las personas y no en las cosas como los inmuebles o los automóviles, de ahí se construyó el Plan Estatal de Desarrollo con visión al 2035 en donde el diagnóstico arrojó que Guanajuato requería de espacios pensados en sus ciudadanos.

Así, en Guanajuato hemos venido trabajando en materias como centros de población, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, aprovechamiento sustentable de los recursos y la administración del territorio, siembre bajo una visión conjunta de territorio-medio ambiente.

El Código marca el imperativo de construir una serie de políticas públicas que descansaran en el instrumento de planeación el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial que actualmente se encuentra en consulta ciudadana y que adjunta una serie de estrategias a favor de la movilidad humana y urbana.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 31 de octubre de 2013.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), Secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para su conocimiento.

VIGILANCIA DE LAS INVERSIONES ETIQUETADAS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 38 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y 6 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica, atendiendo el acuerdo legislativo de 2 de octubre de 2013, dictado en el expediente 1832, que a la letra dice:

“ Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional del Agua, a los gobiernos estatales, municipales y la Auditoría Superior de la Federación, para que en conjunto vigilen puntualmente la implementación de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas dictados en el cumplimiento de las disposiciones formuladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada uno de los ejercicios fiscales.” (sic)

Me permito informar que mediante oficios CJ/1163/2013 y CJ/1164/2013ambos de fecha 14 de octubre de 2013, se instruyó al Secretario del Agua y Obra Pública así como al Secretario de Finanzas para que vigilen puntualmente la implementación de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas dictados en el cumplimiento de las disposiciones formuladas en el presupuesto de egresos de la federación para cada uno de los ejercicios fiscales.

Derivado de lo anterior, el ingeniero Manuel Ortiz García, en su calidad de Secretario del Agua y Obra Pública, mediante diverso 206A00000/256/2013 de 30 de octubre de 2013 tomó conocimiento del citado acuerdo, instruyendo a su vez a las diferentes Direcciones Generales y Coordinaciones de esa Secretaría, así como al organismo descentralizado denominado Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y al organismo desconcentrado Comisión de la Cuenca del Río Lerma, con el propósito de que lleven a cabo lo observado por esa honorable Cámara de Diputados.

Asimismo, con oficio 203A-0904/2013 de 6 de noviembre de 2013, el maestro Erasto Martínez Rojas, Secretario de Finanzas, informó que los recursos que autoriza la federación a través el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de que se trate, se administran y autorizan en apego a lo señalado en las disposiciones normativas, ya sean reglas de operación o convenios, y se envían al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos.

Mismos que adjunto en copia simple.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 14 de noviembre de 2013.— Doctora en Derecho Luz María Zarza Delgado (rúbrica), Consejera Jurídica del Ejecutivo Estatal.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

60 AÑOS DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS MUJERES AL VOTO EN MEXICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en el artículo 38 Ter, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de México y 6 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica, atento su oficio D.G.P.L62-II-6-0943 de 22 de octubre de 2013, por el que exhorta a las entidades federativas la realización de actividades para conmemorar el 60 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México, me permito señalar que se llevó a cabo lo siguiente:

• En el marco de esta conmemoración, el doctor Eruviel Ávila Villegas, gobernador constitucional del estado de México, presentó la iniciativa para reformar la fracción I del artículo 21, el párrafo segundo del artículo 22, las fracciones III y IV del artículo 24 y los párrafos segundo, cuarto y quinto del artículo 145 del Código Electoral del estado de México, a fin de establecer que los partidos políticos promuevan la igualdad de oportunidades y la paridad de género en la vida democrática del Estado, mediante la postulación de candidatos y candidatas en una regla de 50 por ciento de cada género, tanto para integrar la legislatura como los ayuntamientos.

•De igual forma la LVIII Legislatura del estado de México, celebró una sesión solemne el 17 de octubre de 2013, para rendir homenaje a las diputadas que, en ejercicio de su mandato, han formado parte del Poder Legislativo, así como para develar una placa con su nombre, estando presentes ex diputadas, presidentas municipales e integrantes de diferentes cabildos municipales.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 14 de noviembre de 2013.— Doctora en Derecho Luz María Zarza Delgado (rúbrica), Consejera Jurídica del Ejecutivo Estatal.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

INFORME TRIMESTRAL RESPECTO A LA OPERACION Y GESTION DE PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número 100. DGVE. 188/ 13, la maestra Sharon M. T. Cuenca Ayala, directora general de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, remite el tercer informe trimestral de 2013 respecto a la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y un disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 21 de noviembre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por este medio me permito enviarle el informe trimestral respecto a la operación y gestión de Petróleos Mexicanos, remitido a esta dependencia por el director general de la entidad paraestatal el pasado 19 de noviembre, correspondiente al tercer trimestre de 2013.

Lo anterior, con objeto de que por su conducto se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2013.— Maestra Sharon M. T. Cuenca Ayala (rúbrica), directora general de Vinculación y Enlace.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que no se aprueba el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que no se aprueba el proyecto de decreto por el que adiciona una fracción XXII al artículo 378 del Código Penal Federal.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION - LEY DE COMERCIO EXTERIOR - LEY ADUANERA - LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO - LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS - LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron solicitud de excitativa a comisiones en relación con el proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos en materia de competitividad, ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles verdes, del 17 de octubre de 2013.

La Presidencia, con fundamento en el artículo 214 del Reglamento del Senado, acordó formular excitativa a la Cámara de Diputados, a fin de que presente el dictamen que corresponda.

México, DF, a 20 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.— Presente.

Los que suscriben, Luis Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil Zuarth, senadores de la república en la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 214 del Reglamento del Senado de la República, solicitan respetuosamente a esta Presidencia que tenga a bien remitir al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados excitativaa las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía de ese órgano legislativo a fin de que se presente ante el pleno de dicha Cámara el dictamen correspondiente a la iniciativa que contiene proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos en materia de competitividad, ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles verdes, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. Con fecha 17 de octubre de 2013 presentamos ante el pleno de esta Cámara, los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Daniel Ávila Ruiz y el que suscribe, Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa que contiene proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos en materia de competitividad, ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles verdes.

2. Con la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, la Mesa Directiva del Senado de la República remitió la iniciativa en comento a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 18 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía de ese órgano legislativo la iniciativa referida para estudio y dictamen correspondiente.

4. La iniciativa en comento propone incluir a nivel de ley medidas que permitan una competencia equitativa entre los productos nacionales y los importados. Se propone el establecimiento de una arancel verde a las importaciones que no cumplan con las mismos estándares ambientales para la comercialización de productos manufacturados en el país, lo que representa una opción recaudatoria de ingresos para el gobierno que puedan estar direccionados a resolver los grandes rezagos de sustentabilidad en las poblaciones más vulnerables o marginadas del país; que permita destinar recursos a los gobiernos locales para realizar acciones de remediación de selvas y bosques, apoyo a la silvicultura; en general al fortalecimiento de las instituciones responsables de garantizar el derecho a un ambiente sano.

Consideraciones

Único. Se remita a la Presidencia de la Cámara de Diputados esta excitativa, a fin de que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economíade dicha Cámara presenten ante el pleno de ésta el dictamen de la “iniciativa que contiene proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos en materia de competitividad, ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles verdes”, presentada por los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Daniel Ávila Ruiz y el que suscribe, Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 17 de octubre de 2013 y tengamos la posibilidad de recibir con la mayor brevedad en la Cámara de origen la minuta relativa, para darle el trámite correspondiente.

México, DF, a 19 de noviembre de 2013.— Senadores: Luis Fernando Salazar Fernández, Roberto Gil Zuarth (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VII y IX del articulo 28; y se adicionan la fracción IV al artículo 1; las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 3; un articulo 10 Bis; un Capítulo II denominado “De la Política con Perspectiva Gerontológica”, con los artículos 10 Ter y 10 Quáter al Título Cuarto; una fracción III al artículo 14, y una fracción IV al artículo 27, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica). vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman las fracciones VII y IX del articulo 28; y se adicionan la fracción IV al artículo 1; las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 3; un articulo 10 Bis; un Capítulo II denominado “De la Política con Perspectiva Gerontológica”, con los artículos 10 Ter y 10 Quáter al Título Cuarto; una fracción III al artículo 14, y una fracción IV al artículo 27, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se reforman las fracciones VII y IX del artículo 28; y se adicionan la fracción IV al artículo 1; las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 3; un artículo 10 Bis; un Capítulo II denominado “De la Política con Perspectiva Gerontológica”, con los artículos 10 Ter y 10 Quáter al Título Cuarto; una fracción III al artículo 14, y una fracción IV al artículo 27, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 1o. ...

I. ...

II. Los principios, objetivos, programas, responsabi1idades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional;

III. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Y

IV. La política gerontológica dirigida a los adultos mayores, la cual, a través del empoderamiento y la jerarquización del saber gerontológico, garantizará sus derechos.

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a IX. ...

X. Calidad del servicio. Conjunto de características que confieren al servicio la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales y potenciales;

XI. Instituto. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores;

XII. Edad Prospectiva. La esperanza de vida de la población, a partir de 105 60 años, con base en las cifras demográficas oficiales;

XIII. Perspectiva Gerontológica. El enfoque dirigido a transformar la imagen de las personas adultas mayores, atendiendo a su capacidad productiva en su familia y comunidad; y

XIV. Política gerontológica. Aquella dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, garantizando sus derechos y al mismo tiempo utilizando sus conocimientos y experiencias en igualdad de oportunidades para ejercer su participación en el proceso político, social y otros aspectos de la vida comunitaria.

Artículo 10 Bis. La política pública nacional de las personas adultas mayores evaluará la conveniencia de atender, en cada uno de sus objetivos, a la edad prospectiva y la implementación de una política gerontológica.

Capítulo II

De la Política Pública para las Personas Adultas Mayores

Artículo 10 Ter. La formulación de las políticas públicas para las personas adultas mayores no dependerá exclusivamente de su edad cronológica, por lo que el Estado podrá tomar en cuenta la perspectiva gerontológica.

Asimismo, procurará que el diseño e implementación de los programas consideren la edad prospectiva promedio en el ámbito territorial de su aplicación.

La determinación de la mencionada edad prospectiva se hará con base en la información a que se refiere la fracción III del Artículo 6o. de la Ley.

Artículo 10 Quáter. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios realizarán las acciones necesarias para garantizar la observancia de la perspectiva gerontológica en la ejecución de políticas públicas a favor de las personas adultas mayores.

Artículo 14. ...

I. Determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta Ley;

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores, y

III. Promover el diseño y ejecución de una política gerontológica.

Artículo 27. ...

I. ...

II. Federalismo, por lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la aplicación de las disposiciones jurídicas que regulen la materia en las entidades federativas y los municipios;

III. Coadyuvar en el fortalecimiento de vínculos con los poderes Legislativo y Judicial en los ámbitos federal y estatal, con el fin de cumplir con los objetivos de esta Ley, y

IV. Perspectiva gerontológica.

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I. a VI. ...

VII. Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas adultas mayores, con una perspectiva gerontológica;

VIII. ...

IX. Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez, revalorizar los aportes de las personas adultas mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, integrando en ellas la perspectiva gerontológica, así como promover la protección de los derechos de las personas adultas mayores y el reconocimiento a su experiencia y capacidades;

X. a XXX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 21 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

LEY AGRARIA - LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS - LEY DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO - LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES - LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL - LEY DE VIVIENDA - LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES - LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES - LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO - LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE - LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - LEY GENERAL DE POBLACION - LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA RURAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley Orgánica de la Financiera Rural

Artículo Primero. Se reforman los artículos 47 segundo párrafo, 94 primer párrafo, 132, 134, 143, 148, 160 párrafos primero y cuarto, y 161 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 47. ...

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, previa audiencia, ordenará al ejidatario de que se trate, la enajenación de los excedentes dentro de un plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si el ejidatario no hubiere enajenado en el plazo indicado, la Secretaría fraccionará, en su caso, los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor entre los miembros del núcleo de población, respetando en todo caso los derechos de preferencia señalados en el artículo 80 de esta ley.

Artículo 94. La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la fracción V del Artículo anterior, para la fijación del monto se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población.

...

...

Artículo 132. Cuando una sociedad rebase los límites a la extensión de tierra permitidos por esta ley, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, previa audiencia, ordenará a la sociedad que en el plazo de un año fraccione, en su caso, y enajene los excedentes o regularice su situación. Si transcurrido el plazo la sociedad no lo hubiere hecho, la dependencia seleccionará discrecionalmente las tierras que deban ser enajenadas y notificará a la autoridad estatal correspondiente para que aplique el procedimiento a que se refiere el artículo 124.

Artículo 134. La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 143. Los Subprocuradores y el Secretario General de la Procuraduría, también serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 148. Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de esta ley funcionará el Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendrá además una sección especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades.

Artículo 160. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano llevará a cabo las operaciones de deslinde que fueren necesarias, directamente o por conducto de la persona que designe. El deslindador formulará aviso de deslinde en el que señalará el lugar donde tenga instaladas sus oficinas, en las que deberá poner los planos relativos a los terrenos que se van a deslindar a disposición de cualquier interesado para su consulta. Dicho aviso será publicado por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial de la entidad. federativa en que se encuentre el terreno que se va a deslindar y en uno de los diarios de mayor circulación de la propia entidad federativa, fijándolo además en los parajes cercanos al mismo terreno. En este último caso, al aviso se agregará un croquis en el que se indiquen los límites y colindancias del terreno. Los propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que se consideren afectados por el deslinde, tendrán un plazo de treinta días hábiles para exponer lo que a su derecho convenga.

..

...

En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el interesado podrá someter el asunto al conocimiento de los tribunales agrarios, en un plazo de quince días hábiles siguientes al en que haya surtido efectos la notificación personal al interesado, o de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación en caso de que se desconozca su domicilio.

Artículo 161. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estará facultada para enajenar a titulo oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares, dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano igualmente estará facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 81 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Asociaciones Público Privadas para quedar como sigue:

Artículo 81. ...

I. ...

En el supuesto de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, el expediente de expropiación será tramitado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 15, inciso o) de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo para quedar como sigue:

Artículo 15. ...

a) a ñ) ...

o) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

p) a s) ...

...

...

...

...

Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 21 primer párrafo y 48 fracción I, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 21. La Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de la siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate.

...

...

...

Artículo 48....

I. Los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

II. a IX. ...

Artículo Quinto. Se reforman los artículos 53, 69, 78 y 91-B, primer párrafo, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para quedar como sigue:

Artículo 53. El premio se conferirá anualmente y se tramitará ante la Secretaría de Gobernación, por conducto del correspondiente Consejo de Premiación, que será integrado por el Titular de la citada Secretaría como Presidente y por sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 69. El premio se tramitará en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto del correspondiente Consejo de Premiación, que será integrado por el titular de la citada Secretaría como Presidente y por sendos representantes de las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Centro Nacional de la Productividad y representantes de centrales obreras y campesinas nacionales a las que se invite.

Artículo 78. Este premio se tramitará en la Secretaría de Salud, cuyo titular presidirá el correspondiente Consejo de Premiación. Éste se integrará, además con representantes de las Secretarías de Educación Pública, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Defensa Nacional, de Marina, y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Artículo 91-B. Este premio se tramitará en la Comisión Nacional Forestal, por conducto del Consejo de Premiación, que presidirá el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que lo integrará junto con representantes de las Secretarías de la Defensa Nacional; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Turismo, de la Comisión Nacional Forestal, de la Comisión Nacional del Agua, así como un representante por cada una de las Cámaras del H. Congreso de la Unión.

...

Artículo Sexto. Se reforman los artículos 7, primer párrafo, 20 tercer párrafo, 34 primer párrafo y 39 fracción IV de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social para quedar como sigue:

Artículo 7o. Para el funcionamiento de la sociedad se requerirá autorización previa del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuando se trate de las industrias rurales y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los demás casos.

...

Artículo 20. ...

...

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su caso, podrá convocar a asamblea general cuando lo considere necesario para regular el funcionamiento de la sociedad o cuando no hubiesen expedido la convocatoria el comité ejecutivo o el financiero y de vigilancia, en los casos previstos en el párrafo anterior.

Artículo 34. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tendrán, además de las facultades que deriven de otros artículos de la presente ley, las siguientes:

I. a IV. ...

Artículo 39. ...

I. a III. ...

IV. Formular el balance final de liquidación, que deberá someterse a la aprobación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en sus respectivos casos.

V. a VI. ...

Artículo Séptimo. Se reforman los artículos 22 fracción VII y 33 fracción XI de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

I. a VI. ...

VII. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y

VIII. ...

Artículo 33. ...

I. a X. ...

XI. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

...

...

...

Artículo Octavo. Se reforma el artículo 12 fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

I. ...

II. ...

a) ...

- Gobernación;

- Relaciones Exteriores;

- Hacienda y Crédito Público;

- Desarrollo Social;

- Medio Ambiente y Recursos Naturales;

- Economía;

- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

- Educación Pública;

- Función Pública;

- Salud;

- Trabajo y Previsión Social;

- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

- procuraduría General de la República;

- Instituto Nacional Indigenista, y el

- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

b) ...

...

III. ...

...

...

...

...

Artículo Noveno. Se reforma el artículo 6 fracción II, inciso l) de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. ...

II...

a) al k) ...

l) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

m) ...

III. a IV. ...

...

Artículo Décimo. Se reforma la denominación del Capítulo XI del Título Primero de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Capítulo XI

De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Artículo Décimo Primero. Se reforman los artículos 2o. fracción XVII, 7o. primer párrafo y fracción III, 23 primer párrafo y 52 segundo párrafo de la Ley General de Asentamientos Humanos para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. a XVI. ...

XVII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

XVII. a XXI. ...

Artículo 7o. Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las siguientes atribuciones:

I. a II Bis. ...

III. Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular en coordinación con los gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

IV. a XVI. ...

Artículo 23. La comisión de conurbación prevista en el convenio a que se refiere el artículo anterior, tendrá carácter permanente y en ella participarán la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos. Dicha comisión será presidida por un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y funcionará como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado.

...

Artículo 52. ...

Asimismo, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se coordinarán a efecto de que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan en su caso, con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo Décimo Segundo. Se reforma el artículo 2 fracción II de la Ley General de Bienes Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. ...

II. Dependencias administradoras de inmuebles: la Secretaría y las Secretarías de Gobernación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mismas que, en relación a los inmuebles federales de su competencia, ejercerán las facultades que esta Ley y las demás leyes les confieran. Las dependencias que tengan destinados a su servicio inmuebles federales no se considerarán como dependencias administradoras de inmuebles;

III. a IX. ...

Artículo Décimo Tercero. Se reforman los artículos 17 primer párrafo y 45 segundo párrafo de la Ley General de Cambio Climático para quedar como sigue:

Artículo 17. La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del organismo, estará presidida por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e integrada por los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Gobernación;- de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito Público; de Energía; de Salud; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

...

...

...

Artículo 45. ...

Se integrará por los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo Décimo Cuarto. Se reforma el artículo 20 primer párrafo de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 20. La Comisión tendrá como órgano de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua. La Junta será presidida por el titular de la Secretaría.

...

Artículo Décimo Quinto.- Se reforman los artículos 49 fracción 1 y 51 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 49. La Comisión Nacional será presidida por el titular de la Secretaría y además estará integrada por:

I. Los titulares de las Secretarías de Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Además de los titulares de los organismos sectorizados de la Secretaría podrán ser invitados a participar en reuniones específicas los titulares de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

II. a IV. ...

Artículo 51. La Comisión Intersecretarial será el instrumento de coordinación de las acciones del Ejecutivo Federal para garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Social. Estará integrada por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, quien lo presidirá; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; la Función Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Turismo. Podrán ser invitados a participar, con derecho a voz, los titulares de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El Subsecretario que designe el Titular de la Secretaría será el Secretario Técnico. La Comisión Intersecretarial sesionará cuando menos una vez por bimestre.

Artículo Décimo Sexto. Se reforma el artículo 6, primer párrafo, de la Ley General de Población para quedar como sigue:

Artículo 6o. El Consejo Nacional de Población se integra por un representante de la Secretaría de Gobernación, que será el titular del ramo y que fungirá como Presidente del mismo, y un representante de cada una de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y de los Institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Nacional de las Mujeres y Nacional de Estadística y Geografía; así como de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que serán sus respectivos titulares o los Subsecretarios, Secretarios Generales o Subdirector General, según sea el caso, que ellos designen. Por cada representante propietario se designará un suplente que deberá tener el mismo nivel administrativo que aquél, o el inmediato inferior, y cuyas funciones muestren correspondencia e interacción con las políticas públicas en materia de población y desarrollo.

...

...

...

Artículo Décimo Séptimo. Se reforma el artículo 64 tercer párrafo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 64. ...

...

La Secretaría, así como las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, prestará oportunamente a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando éstos no cuenten con suficientes recursos económicos para procurársela.

Artículo Décimo Octavo. Se reforma el artículo 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Financiera Rural para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

I. a II.

III. El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

IV. a XIV.

...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Titular del Ejecutivo Federal deberá expedir la reforma a los reglamentos interiores de las Secretarías de Estado correspondientes, en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán su despacho por los organismos responsables de los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 21 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para opinión.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo Único.Se reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 23....

...

I. a V....

...

...

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un integrante designado por la Cámara de Diputados y uno por la Cámara de Senadores, que pertenezcan a Comisiones relacionadas a la materia del derecho humano de no discriminación, así como un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Instituto, Nacional de las Mujeres, Instituto Mexicano de la Juventud, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 20 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único.Se reforma el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 12.Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre la federación, por conducto de la secretaría, con los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, deberán sujetarse a las siguientes bases:

I.a X. ...

Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo y publicar un resumen de los resultados de dicha evaluación en su página electrónica.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 20 de noviembre de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de decreto

Por el que se reforman los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Único.Se reforman los artículos 35, fracción VI y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 35. ...

I. a V. ...

VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente ley, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica. Para ello podrán celebrar convenios de concertación en comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales, y

VII. ...

Artículo 38.Las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaborarán y difundirán, anualmente, informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en el presente capítulo.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 20 de noviembre de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 419 y 423 y se adiciona un artículo 419 Bis al Código Penal Federal.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman los artículos 419 y 423 y se adiciona un artículo 419 Bis al Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforman los artículos 419 y 423 y se adiciona un artículo 419 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 419. A quien ilícitamente transporte, comercie, adquiera, acopie, almacene, posea, custodie, reciba por cualquier motivo, oculte o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de cuatrocientos a tres mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.

La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en mil días multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida o de especies sujetas a protección por otras leyes o normas o cuando el delito sea cometido por servidor público, aprovechando ese carácter para ello.

Artículo 419 Bis. Se impondrá pena de dos a siete años de prisión y de cuatrocientos a dos mil días multa con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos, al que por sí o por interpósita persona, con ánimo de lucro simule la legal procedencia de madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales, obtenidos ilícitamente, con remisiones o reembarques forestales, pedimentos aduanales, comprobantes fiscales con código de identificación o con cualquier otro documento oficial.

La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en mil días multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida o de especies sujetas a protección por otras leyes o normas o cuando el delito sea cometido por servidor público, aprovechando ese carácter para ello.

Artículo 423. No se aplicará pena alguna respecto a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 418, así como para la transportación, adquisición, posesión, custodia o recepción de leña o madera muerta a que se refiere el artículo 419, cuando el sujeto activo sea campesino o indígena y realice la actividad con fines de uso o consumo doméstico dentro de su comunidad, siempre que no se realice con especies sujetas a protección por las leyes o normas mexicanas.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 20 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensan los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia. Está devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones.

En razón de que no se encuentra el diputado Julio César Moreno, le voy a dar el uso de la voz para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza al diputado Luis Antonio González Roldán. Posteriormente escucharemos la fundamentación del diputado Julio César Moreno. Adelante, diputado.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, en estricto apego al procedimiento legislativo establecido en el inciso E del artículo 72 constitucional hoy discutimos de nueva cuenta las modificaciones realizadas por la colegisladora a la reforma constitucional en materia de transparencia, reforma que ha sido analizada y debatida en un amplio diálogo democrático y plural en ambos órganos legislativos, en el que todas las voces han sido escuchadas en un marco de respeto y tolerancia.

No podía ser de otra forma, ya que las modificaciones que se someten ante esta soberanía son de la mayor trascendencia para garantizar un derecho humano fundamental de las mexicanas y los mexicanos.

Es de considerar que este derecho a la información es una piedra angular que define a un Estado democrático. La transparencia sobre los asuntos públicos posibilita que la toma de decisiones esté orientada de manera fundamental al interés general, ya que la menor opacidad en las instituciones públicas y gubernamentales permite que la rendición de cuentas sea un mecanismo efectivo de control ciudadano.

Desde un momento inicial Nueva Alianza entendió la importancia y alcance de la reforma que concede al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos el carácter de autonomía de cualquier otra instancia gubernamental, condición esencial para realizar con suficiencia su valor, garante de la transparencia amplia, aspecto que solo nuestra Constitución Política puede otorgar.

Por ello igualmente nuestro instituto político concedió —en su momento— la aprobación a la reforma, que en cumplimiento a los preceptos constitucionales pasó a la colegisladora para dar cauce pleno al proceso legislativo, obteniendo un producto que sin duda fortalecerá a aspectos tan importantes como la rendición de cuentas, la confianza, la participación ciudadana y con ello la confirmación de la legitimidad del quehacer público.

Hoy reiteramos nuestro beneplácito por la reforma constitucional. Valoramos positivamente la conversión de la institución como organismo constitucional autónomo, con la plena certeza de que un organismo independiente asegurará el libre acceso al ciudadano a la información pública y protegerá de manera efectiva los datos personales de las mexicanas y los mexicanos.

De igual forma, consideramos que la extensión de los sujetos obligados a proporcionar información en los casos en que se trate de recursos públicos es una medida que contribuye a reforzar la transparencia y rendición de cuentas de sus actos, sin importar jerarquía ni material ni territorial.

La minuta que nos envía la colegisladora refuerza lo que ya se había logrado en esta Cámara de Diputados: establecer el periodo de siete años para el encargo de los comisionados, facultar a los órganos constitucionales autónomos para interponer controversias constitucionales e incorporar en los artículos transitorios el procedimiento para la ratificación y designación de los nuevos comisionados. Son aspectos positivos que igualmente incorpora el Senado de la República.

Sin duda, los ajustes a la reforma propuestos por la Cámara de Senadores a los artículos 6, 73, 105, 111, 116 y 122 de nuestro ordenamiento constitucional supremo, así como los relevantes transitorios, complementan e integran de manera sólida y eficiente el nuevo carácter del instituto, garante de la información pública y de la protección de datos en el ámbito federal y la extensión de los principios rectores de dichos preceptos a los ámbitos de las entidades federativas.

Advertimos —en la última instancia— que la disposición en comento ubica efectivamente al ciudadano como benefactor de un derecho humano. Un derecho con una connotación activa que permitirá a todo ciudadano dar cauce cierto a su intención de conocer y valorar los programas, acciones y resultados de las instancias de gobierno.

Señoras y señores legisladores, la reforma que se somete a esta soberanía adquiere la virtud de vincular a gobernado y gobierno como partícipes de una dinámica de ejecución y supervisión fundamental para la confianza y el desarrollo de nuestra nación.

El paso que estamos a punto de dar en materia de transparencia es trascendental y urgente para nuestra nación, es trascendental y urgente para el empoderamiento del ciudadano, pues en un ejercicio de análisis y acuerdos se pueden establecer consensos que no dejan de tener diferencias de pensamiento y de principios pero que representan un pleno avance, enorme, en el que todos los entes de gobierno y de interés público quedan sujetos a la rendición de cuentas, a producir la información de sus actividades, a producir todas aquellas resoluciones y darlas a conocer. Y a ofrecer, con plena pulcritud y transparencia, la información pública del interés general.

Convencidos de que esta reforma contribuye a consolidar la democracia de nuestro país, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará hoy, como lo hizo hace algunos días o meses, quizás, a favor de la minuta del Senado de la República, para que de manera inmediata se pronuncie el Constituyente Permanente sobre la materia. Hagámonos cargo de la situación, es una norma que es exigencia ciudadana. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Vamos ahora sí a escuchar la fundamentación del dictamen por parte del diputado Julio César Moreno Rivera.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, distinguido presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, someto a discusión y, en su caso, aprobación de esta honorable asamblea las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

Con la discusión de dicha minuta estamos por concluir —como lo establece el artículo 72 constitucional— el proceso legislativo de la reforma constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas, que el 23 de agosto del presente año remitimos a nuestra colegisladora para su aprobación.

Tenemos presente que es un tema controversial. Sin embargo, nuestra pretensión esencial es la de legislar en función de una transformación trascendente de las instituciones del Estado, atendiendo al compromiso que como legisladores tenemos con cada mexicana y con cada mexicano de dotarlo de elementos, de instituciones que estén a la altura de sus demandas respecto a la transparencia y rendición de cuentas.

Debemos recordar que este proyecto llegó en su carácter de minuta a este órgano legislativo el pasado diciembre de 2012, y que fue turnada para la elaboración del dictamen respectivo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Con la primera reunión, celebrada el 12 de marzo del presente año, se inició el trabajo legislativo en el seno de las comisiones, el cual cabe mencionar que se realizó desde la perspectiva de cada uno de los grupos parlamentarios, con el principal fundamento de enriquecer el proyecto en materia de transparencia y rendición de cuentas. Y con ello generar una verdadera democracia participativa, que es lo que todos queremos y que estamos construyendo para nuestro México.

Es imprescindible mencionar que en cada una de las reuniones celebradas destacaron las participaciones de todas las diputadas y de todos los diputados que integran cada una de las comisiones dictaminadoras, mismas que se realizó con un esmero determinante de hacer una reforma constitucional apegada a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.

En ese tenor, el pasado 22 de abril, después de consensar nuestros puntos de vista, se lograron acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios para realizar los cambios necesarios al proyecto. Es por ello que en dicha reunión plenaria aprobamos el dictamen.

Recordemos, señoras legisladoras y señores legisladores, que la importancia del tema nos llevó el 23 de agosto de este año a celebrar una sesión extraordinaria, con el único fin de aprobar la reforma constitucional en materia de transparencia. En esta sesión —que fue particularmente especial por haberla realizado fuera de este recinto— se destacó la magnífica participación de ustedes legisladores y en este rubro coincidimos que nuestra obligación fundamental es la de construir un Estado democrático, transparente, con pleno y cabal ejercicio en la rendición de cuentas. Ambas acciones y prácticas constituyen una responsabilidad de todos los entes del Estado, en sus diversos órdenes de gobierno.

Compañeras y compañeros legisladores, estamos de acuerdo que una transparencia clara y precisa fortalece al ejercicio de Estado y coincidimos que la transparencia es un poderoso instrumento democrático del que nadie puede sustraerse y se materializa cuando plasmamos los recursos idóneos que posibiliten el acceso a todos los ciudadanos a la información y a la rendición de cuentas.

Bajo los anteriores argumentos, aprobamos y remitimos a nuestra colegisladora el proyecto de decreto en el que la Cámara de Senadores trabajó bajo las mismas ideas que nosotros, teniendo a bien realizar algunas modificaciones que desde su óptica robustecen esta reforma constitucional.

Del trabajo legislativo realizado en la Cámara de Senadores, se reformó el artículo 6o., para establecer precisiones respecto de la federación y de la imparcialidad del organismo. Asimismo el encargo de los comisionados será de siete años, para el caso de los artículos 116. En el inciso ñ), de la Base Primera, del párrafo quinto del artículo 122, se insertaron algunas precisiones a los textos de estos artículos.

Asimismo se modificó el inciso l) a la fracción I del artículo 105, facultando al organismo en materia de transparencia a interponer controversias constitucionales en su materia.

El argumento que sustentaron nuestros compañeros colegisladores consistió en dotarlo de plena legitimación activa para que a través de este órgano autónomo se pueda llevar un pleno control constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y a la rendición de cuentas.

Por último, en las disposiciones transitorias la colegisladora consideró pertinente modificar el artículo Tercero, precisando los mecanismos para la designación del nuevo organismo autónomo garante en materia de transparencia y acceso a la información.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, los exhorto a comprometerse con esta trascendente reforma constitucional y que a través de su voto a favor, los aquí presentes logremos proveer de las herramientas jurídicas constitucionales para que el Estado tenga un funcionamiento eficiente y eficaz de sus instituciones, que generen estándares de vigilancia respecto a la transparencia y rendición de cuentas de los poderes públicos y de su pleno ejercicio en la gestión pública.

Pero además, se fortalezca y genere una verdadera cultura de valores, de transparencia, como un elemento primordial para la democracia de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Ahora para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz el diputado José Alberto Benavides Castañeda.

Quiero saludar y agradecer la presencia en este salón de sesiones de un grupo de alumnos de la Escuela Secundaria Elena Garro. También de la Telesecundaria La Esperanza, del municipio de Ecatepec, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Lucila Garfias. Bienvenidos y bienvenidas todos a la sesión.

Adelante, diputado.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda:Gracias, presidente. La transparencia en la información y la rendición de cuentas, entendidas como elementos que si bien no la determinan, permiten la construcción de la calidad gubernamental desde una base sólida.

La transparencia debe orientarse hacia la efectividad social. Ésta siempre debe de contar con más y mejor información para la toma de decisiones de los ciudadanos usuarios de los servicios públicos, quienes deben elegir y actuar en consecuencia. Pero también para los funcionarios a cargo de la política, quienes deberán considerar esta información para corregir, redefinir o mejorar la política y las acciones que se deriven en todas las áreas de gobierno, siempre de acuerdo a los intereses de la sociedad.

La minuta que hoy se recibe no da como resultado el gran avance que necesitaba el país en materia de transparencia. En algunos aspectos se incurre en un retroceso, caracterizado por un centralismo, que otorga un poder exclusivo de manera innecesaria, que poco abona hacia un sistema claro y objetivo de rendición de cuentas.

Con las modificaciones hechas a la Constitución, el IFAI tendría competencia sobre los órganos de transparencia de los estados y del Distrito Federal. Con el mecanismo de designación de los comisionados sigue la esencia del reparto de poder a través de las cuotas a favor de los partidos mayoritarios, lo que implica una simulación de autonomía. Los órganos autónomos estructurados de esta manera carecen de legitimidad democrática.

Decepciona ver cómo no se establecieron en este proyecto verdaderos vínculos con la sociedad, lo cual era de suma importancia hacerlo, ya que vinculando la participación social ciudadana con la transparencia y la rendición de cuentas desde la base del sistema existiría la posibilidad de construir y consolidar una inserción activa de la sociedad. Lo que implicaría una mayor presión hacia un gobierno transparente.

El exigir por una clara rendición de cuentas es un derecho y como tal los ciudadanos pueden ejercerlo, conocerlo, difundirlo y apropiarse de él como un bien público.

La modificación hecha al artículo 105, fracción I, de la Constitución para que las decisiones del órgano encargado de velar por la transparencia puedan ser motivo de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anula la posibilidad para que el Estado actúe realmente con transparencia. Esto por una mera cuestión de administración operativa, en la cual el tiempo de vida de las solicitudes será un factor trascendental.

Lo anterior, sumado a la facultad para impugnar las decisiones del IFAI por parte del consejero jurídico de la Presidencia, representante de los intereses públicos y privados de la Presidencia de la República, representa una simulación y enorme traba para la demanda de la transparencia.

La transparencia no es un asunto cualquiera, con el que simplemente se tenga que cumplir legislando sobre la materia. La transparencia es un medio a través del cual nos podemos acercar hacia una armonía social, en el que informar deje de ser un simple buen gesto de los gobernantes. Muchas gracias, diputado presidente.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado José Alberto Benavides Castañeda. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, la transparencia y la rendición de cuentas de los órganos públicos son asignaturas pendientes en el país.

Las normas jurídicas que se creen que vayan encaminadas a la transparencia y la rendición de cuentas nos parecen loables. Sin embargo, en el presente caso, en la discusión de esta minuta que proviene del Senado de la República, nos parece que el contenido es insuficiente, incompleto, incluso tibio, timorato, y lo más grave es que adolece de vicios, tiene vicios en el procedimiento legislativo.

Creemos que frente a la enorme corrupción que prevalece en el país, frente a la decadencia política que se profundiza, frente al dispendio, al abuso en el uso de recursos públicos, frente a la República de la hipocresía, el país esperaba una legislación más avanzada, más firme, más congruente con los postulados que aquí he escuchado en discursos, sobre todo cuando se conmemoran eventos históricos.

¿Por qué afirmo que es incompleta, tibia, timorata, insuficiente y con vicios en el procedimiento? Porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —como todos lo sabemos— se erige como la norma fundamental de validez del sistema jurídico nacional. Los preceptos constitucionales no son obviamente de observancia voluntaria o de buena fe para los órganos del Estado. Atentos al principio de legalidad, los órganos del Estado están obligados a cumplir con la ley, son la ley fuente de validez de sus actos.

Por eso me refiero al contenido que dispone el artículo 72 constitucional, en su inciso E. Este inciso E señala: Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados.

De acuerdo a nuestra Carta Magna, una vez que un proyecto haya sido modificado por la Cámara revisora, regresará a discusión a la de origen, quien de manera imperiosa deberá de concentrar su discusión únicamente sobre lo desechado o sobre las adiciones, sin poder alterar de manera alguna los artículos aprobados.

En este caso particular, la revisora pretende incluir nuevas modificaciones a la discusión, lo que vulnera el artículo 72 en su inciso E, pues aunque procesalmente no es oportuna la inclusión, en esta Cámara de Diputados estamos aceptando la discusión y estamos aceptando la modificación del proyecto original en franca violación a la Constitución.

Prueba de ello es que la modificación planteada al artículo 105, fracción I, que fue discutida en el Senado, incluye dentro de las modificaciones al artículo 105 la posibilidad para que el IFAI pudiera promover controversias constitucionales en la materia que le corresponde. Es decir, altera el contenido de lo discutido y viola el Senado la Constitución al alterar el procedimiento al que estamos obligados a observar.

En esta Cámara, que tuvo el carácter de revisora, se suprimió dicha facultad —recuérdenlo— por considerar que la misma ya se encuentra contenida en forma implícita en el inciso i) de la fracción I del citado artículo 105.

En este sentido, correspondía a la colegisladora que se pronunciara respecto a tal modificación, sin que la misma tuviera la facultad para incluir de nueva cuenta algún cambio a lo planteado. Sin embargo, la Cámara de Senadores de nueva cuenta efectuó modificaciones a dicho artículo, lo que vulnera —repito— el mandato constitucional al que está sometido este órgano legislativo.

Igualmente es de llamar la atención que en el trámite de este asunto no es la primera violación al procedimiento que se presenta, pues el mismo fue tramitado sin que materialmente existiera una iniciativa promovida por alguno de los facultados en el artículo 71 de la Constitución.

Lo anterior se afirma debido a que, con la aprobación de reformas a telecomunicaciones, se quedó sin materia la iniciativa promovida en relación al tema que hoy se discute, pues las modificaciones que se introdujeron al artículo 6o. constitucional dejaban carente de fundamento al planteamiento primigenio.

No obstante, la Cámara de Senadores, en una clara inobservancia a la Constitución omitió este hecho y subsanó tal vicio modificando el carácter de la iniciativa primigenia, sin que existieran elementos para ello y mucho menos las facultades para operar en esta forma.

Tales vicios al procedimiento constituyen un riesgo para la validez de la reforma, pues si bien se trata de una reforma constitucional de la cual el contenido no se encuentra sujeto a controles jurisdiccionales, el procedimiento en que la misma es aprobada debe y tiene que ser revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un simple amparo –creo yo— de cualquier ciudadano respecto a la vigencia de la norma sería suficiente para invalidar toda la reforma, pues no existen elementos que sustenten el apego a la Constitución en el proceso de discusión y aprobación de la misma. Tal cosa reviste una gravedad inusitada que nosotros estamos preocupados.

Pareciera que la forma tan desaseada en que se aprobará esta reforma tiene el objetivo de dejarla vulnerable. Dejar vulnerable el contenido de la misma, pues si bien la transparencia gubernamental es un objetivo deseable, el proceso en que se introduce a nuestra Constitución la priva de la certeza de un proceso adecuado y válido.

Este asunto sentará un precedente de violación a la Constitución que atenta contra la fuente misma de validez del sistema jurídico nacional. Hoy las violaciones al proceso corresponden para incluir en la Carta Máxima un propósito noble, pero en el futuro no sabemos qué intereses operen en este sentido.

Lo más grave de todo esto es la ausencia de la discusión en este recinto. Aceptamos casi sonrientes las violaciones a nuestra Constitución. Dejamos que la discusión y aprobación de iniciativas se hagan en lo oscurito del llamado Pacto por México.

Por más que pretendan darle a nuestra Constitución un valor disminuido, constituirla como una Constitución de letra muerta, un documento de mera retórica, no podemos dejar de lado que se trata del fundamento de validez de todo el sistema y el instrumento programático de la nación. Su disminución tendrá como consecuencia el debilitamiento del Estado.

Estoy preocupado, ciudadano presidente, por este procedimiento inadecuado, un procedimiento que carece de validez, que tiene vicios de origen y que lamentablemente será susceptible de ser impugnado, la ley misma.

Y los actos de autoridad que emita este órgano pueden estar afectados de validez en sus propios actos o conductas. Por eso es que mi preocupación es mayor. Me hubiera gustado que discutiéramos con mayor profundidad, porque les queremos decir que estamos de acuerdo con el propósito de la transparencia y la rendición de cuentas.

Como dijera el preopinante, el diputado Benavides, no es la panacea. Las propias controversias pueden ser usadas de manera artificial o mañosa en contra del IFAI o en contra de la transparencia, y las modificaciones que aquí se hacen alteran el proceso legislativo.

Estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Estamos en contra de procedimientos viciados de origen que, lamentablemente, generan confusión en el ciudadano que observa todos los días la ley y observa la aplicación de la misma por los órganos del Estado. Por su atención, muchas gracias, presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Laura Ximena Martel Cantú, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Verde.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Partido Verde Ecologista de México se encuentra a favor de la minuta enviada por el Senado y que hoy se somete a su consideración; porque la transparencia y la rendición de cuentas son una exigencia de todos los mexicanos y porque el combate a la corrupción es una condición sine qua non para el desarrollo de nuestro país.

En las sociedades contemporáneas el vínculo entre gobernabilidad y democracia radica en el principio de la soberanía popular y en sus manifestaciones concretas, como son los actos y acciones de gobierno.

El acceso a la información pública y la transparencia es un tema medular de los derechos humanos, el cual —de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre— es la garantía fundamental que toda persona posee a atraerse información, a informar y a ser informada, así como a la protección de sus datos personales.

El derecho a la información y la transparencia son bases muy importantes del sistema democrático. Lo defiende de inclinaciones autocráticas, al tiempo que protege las libertades y los derechos ciudadanos.

Como sabemos, la democracia norma los derechos y obligaciones de los actores sociales, políticos y económicos. Nadie tiene derechos sin obligaciones. Nadie tiene libertades ilimitadas, porque implicaría vulnerar, restringir o suprimir las libertades de los demás.

Ahora bien, el derecho a la información en sí mismo no garantiza un rendimiento de cuentas objetivo, veraz y oportuno, sino que debe complementarse con un organismo autónomo, con capacidad técnica para evaluar los procesos y resultados.

Son muchas las ventajas de legislar con responsabilidad sobre la materia que hoy nos ocupa, ya que se fomenta el principio de seguridad jurídica y de legitimidad democrática del Estado de derecho. Permite ejercer un escrutinio activo de los gobernados acerca del desempeño de los servidores públicos y de las empresas privadas que operan bajo concesión pública o realizan actividades con cargo a los presupuestos públicos.

Facilita que los ciudadanos dispongan de la información necesaria para tomar decisiones en relación a su esfera privada o respecto de los asuntos que gestionan en la pública, así como para reducir la discrecionalidad, la impunidad y la complicidad en el ejercicio de la función pública.

De manera destacada, recordemos que esta reforma constitucional incluye, entre otros sujetos obligados, a partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como a cualquier persona física, moral o sindicato que reciban o ejerzan recursos públicos.

La rendición de cuentas y el acceso a la información son dos componentes esenciales de cualquier gobierno democrático. Constituyen mecanismos de gobernabilidad, haciendo posibles condiciones de participación y proximidad ciudadana en los procesos gubernamentales, abriendo nuevos canales de comunicación entre el Estado y los diversos actores sociales.

Por ello, la importancia de contar con un organismo garante fortalecido, dotado de autonomía constitucional y, sobre todo, que goce de la confianza y el aval de la sociedad.

Un organismo fuerte constitucional y moderno implica una transformación cultural profunda en la concepción y práctica del servicio público, ya que significa someter la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos al escrutinio crítico de la sociedad.

El concepto de transparencia se refiere a la apertura y flujo de información de las organizaciones políticas y burocráticas al dominio público, volviéndola accesible a todos los posibles actores interesados, permitiendo su revisión y análisis y la detección de posibles anomalías.

La falta de transparencia es un foco potencial de abuso de poder y corrupción. De ahí la necesidad de un organismo garante que esté a la altura de las exigencias y expectativas ciudadanas.

La transparencia implica que la información esté disponible, sin trabas o requisitos, que sea comprensiva al incluir todos los elementos relevantes, que sea confiable y de calidad, y que permita tanto una contribución al diseño de políticas públicas, como a dar certidumbre y confianza a los sectores productivos y a sus inversionistas.

El gobierno democrático debe ser transparente para mostrar su funcionamiento y estar sujeto al escrutinio público, y debe rendir cuentas para explicar y justificar sus acciones, de tal suerte que los gobernados ejerzan su potestad sobre los actos de gobierno.

Para nadie es un secreto que el fenómeno de la corrupción está estrechamente ligado a la falta de transparencia y a la ausencia de responsabilidad por parte de la autoridad. En este sentido es que se fortalecen los principios rectores del organismo garante, se establecen las bases generales de su funcionamiento, se amplía el catálogo de sujetos obligados, se obliga a las instituciones públicas a generar información de calidad y se subsanan las lagunas evitando interpretaciones a modo.

Las leyes y la Constitución no son inamovibles, sino dinámicas y perfectibles. En este sentido, considero que es éste un paso más que da continuidad a la evolución democrática de México.

Pensamos que aún el órgano de control para el organismo garante es inacabado, pues no podemos negar la importancia de una contraloría interna que cuente con el aval de una de las Cámaras del Congreso, evitando así el monopolio del poder, por lo que anuncio que en su momento presentaré una iniciativa al respecto.

El flujo eficaz y legitimado de las decisiones políticas en las sociedades democráticas modernas requiere del equilibrio y del fortalecimiento de las instituciones líderes en los tres poderes de gobierno.

Señores legisladores, nosotros estamos convencidos de que la adecuación de la Norma Constitucional será una de las transformaciones legislativas más trascendentes en los años recientes. Representa un avance para transparentar la gestión pública, dar acceso a los ciudadanos a información pertinente y tenderá a fortalecer la confianza en las instituciones con base en el conocimiento de su funcionamiento y sus resultados. Y tendrá también el efecto de elevar el nivel de exigencia a los servidores públicos.

Por un México con transparencia y rendición de cuentas es que votaremos a favor de las modificaciones que hoy se presentan. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente. Hay legislaciones que marcan, así como la legislatura de 1994 a 1997 puede ser marcada por haber dado autonomía al Instituto Federal Electoral, y todo lo que eso representó para la democracia del país, ahora el IFAI autónomo, la fortaleza que le estamos dando con esta reforma también marcará a esta Legislatura.

Por tanto, será un elemento que nos podrá tener orgullosos toda la vida. Porque más allá de que uno puede calificar o descalificar con palabras prácticamente cualquier cosa, los hechos darán la razón.

Apenas empiece a funcionar este nuevo IFAI autónomo veremos los resultados. Porque hay un elemento clave en este punto, que es la inatacabilidad de las resoluciones. El hecho de la inatacabilidad va a hacer que se cumpla lo que podemos llamar la auditoría ciudadana, que es la transparencia.

Ahora no van a buscar o no van a poder buscar muchas dependencias cómo le dan la vuelta, cómo reculan, cómo evitan dar a conocer las cosas que tienen que ser del dominio público. Ahora, simplemente tendrán que acatar lo que diga este IFAI fuerte, fortalecido, que además, efectivamente, ahora también va a poder defender sus atribuciones mediante la controversia constitucional.

Nosotros hemos diagnosticado bien que un problema de México ha sido el presidencialismo autoritario. Hemos sabido leer bien la historia y decir: el presidencialismo autoritario ha traído arbitrariedad, corrupción, impunidad.

Un elemento clave para el equilibrio y los contrapesos es la creación de estos órganos autónomos. Son órganos autónomos que equilibran el poder y la fuerza del presidencialismo. Por supuesto, también es correcto buscar que los órganos autónomos tengan equilibrios y contrapesos. En una democracia nadie puede ser absoluto, nadie puede ser todopoderoso.

Lo habíamos comentado muy bien cuando lo discutimos al principio de este periodo, las modificaciones al IFAI, con aquella excepción del consejero jurídico de la Presidencia, que en dado caso podría meter un recurso de revisión. Aun en esa extraordinaria, digo extraordinaria porque a algunos les preocupa que esto suceda, he dicho: pago por ver que eso suceda.

Porque en un sistema en donde un órgano autónomo, con el poder que le hemos dado al IFAI, y el Poder Ejecutivo tengan una confrontación, una controversia, un diferendo y sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que dirima ese diferendo, esa diferencia entre el órgano autónomo y el Poder Ejecutivo, es un país en el que quiero vivir.

Es un correcto esquema constitucional para una República democrática, que la Suprema Corte pueda hacer en ese dado caso que insisto, va a ser excepcional —quiero ver que suceda alguna vez— en ese caso va a ser —insisto— un país en donde nos podamos sentir orgullosos por ver esa discusión pública en el máximo tribunal de la nación, entre el Poder Ejecutivo y un órgano autónomo fortalecido como el que estamos haciendo. Ése es un diseño constitucional de un país democrático, por eso digo que tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos.

Por supuesto, éste no es el fin del camino. Ninguna legislación es el fin del camino. Ya lo estamos viendo, en 1996, cuando salió el IFE autónomo y se fortaleció el IFE tampoco fue el fin del camino. Estamos próximos a ver cómo fortalecemos la autonomía de ese órgano tan importante electoral. Y así, como no fue el fin del camino el IFE autónomo, seguramente no será el fin del camino esta legislación, pero que nadie minimice el tamaño del paso que hemos dado.

Quienes nos lo va a agradecer son los ciudadanos que van a tener respuestas prontas y expeditas a sus dudas. Y van a ser los ciudadanos que también van a ver, como en caja de cristal, lo que sucede en los organismos públicos, a todo aquel organismo que reciba recurso público.

Por supuesto, hablaba de que faltan algunas cosas, una de ellas, importante, es que llevemos la transparencia hasta el último rincón del Poder Legislativo. Que pongamos el ejemplo. Faltó poner como sujetos obligados a los grupos parlamentarios, es el paso que falta, hacia allá tenemos que insistir. Pero este paso que se dio ahora es muy valioso y haríamos mal en escamotear el mérito.

Por eso, quiero reconocer aquí el logro —lo llamaría histórico— de la sociedad civil que ha pugnado por la transparencia. Hace poco hemos dado una discusión muy polémica, muy intensa sobre la reforma hacendaria. Lo que tiene que venir junto con esta reforma hacendaria es que haya mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, mayor eficacia en el gasto, y combate a la corrupción.

En ese sentido el IFAI autónomo sirve, y sirve muy bien para ese propósito. Aunque no solo tenemos que conformarnos con eso, está todavía atorada la Comisión Anticorrupción en el Senado, tenemos que buscar y conminar a nuestros compañeros senadores para que destraben la Comisión Anticorrupción, que tiene que ser necesariamente también, por lo menos en el área penal, tener autonomía para que no vaya haber complicidad en ese órgano tan fundamental.

Fueron, por cierto, compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto que aún estamos esperando. Hoy con este punto en la transparencia avanzamos en ese sentido, pero falta —insisto— el combate a la corrupción. Y en el combate a la corrupción no puede haber impunidad para nadie, por eso es importante que quien vaya a hacer las funciones de fiscal en ese órgano no vaya a ser dependiente del Poder Ejecutivo, igual que como estamos buscando que esta transparencia, con este órgano autónomo, no vaya a tener las presiones del Poder Ejecutivo, también tenemos que hacer que la parte penal del órgano anticorrupción sea independiente de esas presiones.

Creo que es correcto que nos congratulemos con este avance. La sociedad civil fue partícipe y protagonista de esto. Por eso quiero darles el mérito también a las organizaciones civiles de transparencia, que pusieron el dedo en la llaga y no han dejado de insistir en la necesidad de la transparencia.

Y tenemos, por cierto, que llegar hasta sus últimas consecuencias en la transparencia. También, insisto, que el Poder Legislativo tiene que poner ejemplo en eso y en este punto todavía nos falta un trecho que avanzar y ojalá tengamos nosotros el arrojo para dar ese paso próximamente.

Pero me congratulo de esta ley, que seguramente, o más bien no tengo la menor duda que será histórica, por el avance en la democracia del país en la participación ciudadana para esto.

Lo importante es que ahora vamos a tener un órgano constitucional autónomo en materia de transparencia, con decisiones inatacables y, por lo tanto, que ayudará a que la sociedad pueda estar enterada de lo que sucede en las instituciones públicas. La vida pública es eso, pública y, por lo tanto, tiene que estar al alcance de todos los ciudadanos.

Quiero decir que no me preocupa, insisto, esa pequeña excepción del consejero jurídico de la Presidencia. Porque en el momento que haya ese recurso de revisión lo que harán es darle notoriedad a aquello que se quiere ocultar y sería contraproducente.

Además la transparencia no solo es que el ciudadano pueda conocer, la transparencia también es la discusión pública, el debate público. Y la transparencia también es generar cultura de transparencia, cultura de la vida pública, cultura del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y de que los ciudadanos sean partícipes de lo que sucede en la vida pública y, por supuesto, que el debate público en el máximo nivel, como lo es en la Suprema Corte genera cultura, como generó cultura democrática el debate en la Suprema Corte sobre la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal o sobre los matrimonios igualitarios en el Distrito Federal.

Eso creó cultura, también una cultura democrática que tenemos que agradecer por lo que se avanzó en ese debate tan importante. Me congratulo y felicito a todos nosotros por ser partícipes de esta reforma histórica en materia de transparencia. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Fernando Belaunzarán Méndez.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a alumnos de la Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano, de Cuautitlán, estado de México, invitados por el diputado Francisco Javier Fernández Clamont. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Asimismo a líderes de Santa Inés, estado de México, invitados por el diputado Francisco Javier Fernández Clamont. Bienvenidas y bienvenidos.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Marcos Aguilar Vega:Muchas gracias, señor presidente. Es sabido por todos los mexicanos que la aspiración que tenemos como Estado democrático implica la incorporación de tres elementos en los Estados modernos: la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública.

Generalmente en voz de los políticos cada uno de estos conceptos es tergiversado y confundido. La realidad es que cada uno de ellos implica alcances muy importantes, que —en opinión personal— hoy representan el único y mayor reto que tiene nuestro país para transitar a un verdadero Estado democrático.

Cuando hablamos de transparencia debemos referirnos particularmente a aquella política pública que permita a cualquier ciudadano someter al escrutinio público las acciones de un gobierno.

Cuando nos referimos a la rendición de cuentas, nos referimos particularmente al mecanismo a través del cual los gobernantes informan de los resultados de su gestión gubernamental o legislativa.

Cuando nos referimos al derecho de acceso a la información pública, nos estamos refiriendo particularmente a una prerrogativa que tiene cada ciudadano para acceder a la información que está en poder de un órgano público y del cual es depositario, pero cuyo único propietario es ese ciudadano mexicano.

La reforma constitucional que finalmente hoy concluye en el Congreso de la Unión modifica ocho artículos del texto constitucional. Representa sin duda alguna un avance muy importante para nuestro país en uno de esos tres elementos para acceder a ser un Estado democrático.

Con esta reforma México vivirá —no tengo duda— una profunda transformación en el tema. Con esta reforma vienen instituciones más fuertes, procedimientos más claros para los ciudadanos y, por supuesto, más sujetos obligados a otorgar la información de la cual son depositarios.

Esta reforma debiera ser entendida para cada uno de nosotros como una reforma de carácter estructural, con el mismo nivel de importancia que una reforma educativa, que una reforma en materia de telecomunicaciones, que una reforma en materia energética. Porque si en México accedemos a un desarrollo democrático no tengo duda que podamos acceder a un desarrollo en lo económico.

Aún faltan reformas de carácter legal que derivarán de esta reforma constitucional y que deberán fortalecer la estructura jurídica en nuestro país. En un país donde la corrupción está enquistada. Y para alcanzar el anhelo de ser un Estado democrático, hoy este Congreso aporta a todos los mexicanos un nuevo marco jurídico.

Han participado ya las dos Cámaras, tanto la alta como la baja; la de origen y la revisora, aportando cada día más elementos para construir una verdadera reforma en materia de acceso a la información pública. Tengo el anhelo de que esta reforma motive a los ciudadanos comunes y corrientes a que participen en la construcción de la democracia mexicana.

Estoy convencido que a pesar de estos avances aún falta mucho por hacer, porque debemos empatar la agenda, tanto en materia de transparencia como en materia de rendición de cuentas. En ambos rubros este país aún tiene un enorme rezago en el ámbito internacional. Falta que entendamos que estos temas, no solamente con una reforma de carácter constitucional, transformarán a México.

La reforma en materia de acceso a la información, la reforma en materia de transparencia y la reforma en materia de rendición de cuentas implican un nuevo esquema cultural de cada mexicano. Esos tres conceptos para que se conviertan en una realidad, no necesariamente requieren únicamente de una reforma a la Constitución

Estos conceptos deben ser inherentes a las personas, deben de ser inherentes a los ciudadanos. No es transparente aquel que está en una institución, que ha titulado la ley que le ordena cumplir facultades y atribuciones, como una ley de transparencia. El que es transparente lo va a ser dentro y fuera del gobierno, en la acción ciudadana, en la acción común.

Estoy convencido de que en México se requiere valor para ser transparente, valor para rendir cuentas y valor para acceder a la información pública. Que sean los mexicanos los beneficiarios de esta transformación a la Constitución y que sea por ellos por quienes demos este gran paso en materia constitucional. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Marcos Aguilar Vega. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de la Presidencia. Es muy grato para una servidora poder esta tarde ser la portavoz del posicionamiento de esta trascendental reforma a nuestra Constitución a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional.

Cuando Enrique Peña Nieto inició su campaña a la Presidencia de la República en el 2012, hizo públicamente cinco compromisos. Uno de ellos era dotar a la institución encargada de garantizar la transparencia en el país de autonomía, para que con ello le permitiera mayor eficacia y eficiencia en el quehacer a dicha institución, y que pudiera avalar verdaderamente que la información pública esté al alcance de toda la ciudadanía.

El Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de la minuta que fue enviada a esta soberanía por parte de la Cámara de Senadores, porque estamos plenamente convencidos de que es urgente y necesario garantizar de manera sustantiva el derecho constitucional a la información en todos los ámbitos de nuestra vida pública.

Los antecedentes en materia de transparencia son vastos y ya han sido enumerados por mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra en esta tribuna, en esta Cámara, la Cámara de Diputados, cuando trabajamos esta reforma todos los partidos políticos nos regimos por un principio máximo: todos queremos más transparencia, todos queremos mayor rendición de cuentas.

Es imprescindible en nuestra vida democrática la transparencia y es imprescindible darle respuesta con ella a una permanente exigencia ciudadana. Estamos convencidos de que hoy la coincidencia entre partidos debe refrendarse para avanzar en el objetivo de airear la vida pública y mejorar la relación entre gobierno y sociedad, con mucho mejores instrumentos legales para el fortalecimiento de nuestra cultura democrática, una cultura y una práctica de acceso a la información pública, donde las excepciones sean cada día menos y donde cada día sean más los ciudadanos que tengan interés en conocer y en interesarse en saber sobre las cuestiones públicas que todos los días se tratan.

La rendición de cuentas y la transparencia van de la mano en una gestión de gobierno moderno y democrático, como el que estamos empeñados en construir de la mano de Enrique Peña Nieto. Con la aprobación hoy de las reformas en materia de transparencia coadyuvamos al presidente Peña a cumplir un compromiso que debe de ser indeclinable en toda la administración pública para que pueda ser eficaz.

Es momento entonces —como dice Fernando Belaunzarán— de saborear un triunfo, por pequeño que sea. Es momento de reconocer a todos aquellos compañeros diputados y senadores que invirtieron horas y esfuerzo para hoy culminar finalmente esta reforma. Es entonces cuando reconozco a Marcos Aguilar Vega, cuando reconozco a Enrique Flores, a Betsi Yáñez de Acción Nacional, al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno, al diputado Fernando Zárate, al propio diputado Fernando Belaunzarán, quienes son del Partido de la Revolución Democrática.

A mis compañeras diputadas Ximena Martel y Ruth Zavaleta, del Partido Verde. Al diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Nueva Alianza.

La paciencia y tenacidad de mis compañeras de partido, diputada Alejandra del Moral, diputada Flor Ayala. Pero, sobre todo, reconocer a la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta Cámara de Diputados, la diputada Areli Madrid Tovilla, quien ante cualquier adversidad estuvo siempre al pie del cañón, anteponiendo su deber con México, anteponiendo su responsabilidad ante su propia salud y anteponiendo la vocación de servir ante todas las cosas.

Celebremos los avances, compañeros diputados. Más sujetos obligados, sindicatos incluidos, partidos políticos. Pongamos el ejemplo. Todo aquel ente que ejerza recursos públicos es sujeto obligado de transparencia.

Pero también sirva este momento para reconocer los grandes retos, como la comisión nacional anticorrupción, como las leyes reglamentarias que nos falta aprobar, como las sanciones que debemos de imponer y, ¿por qué no? Hasta el tema de género en la conformación del nuevo órgano garante.

Ha sido verdaderamente intenso y dilatado el proceso de discusión que hoy concretamos con esta minuta. Pero de lo que no debemos tener ninguna duda es que se encamina a un objetivo ampliamente compartido en beneficio de la sociedad y de sus instituciones democráticas.

Con la transformación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en un órgano constitucional autónomo se da un paso histórico en el proceso que inició en el 2002, cuando surgió el IFAI, abocado únicamente en ese momento a la información en poder de la administración pública federal.

Se refuerza así el carácter de los órganos de transparencia, incorporándolos de manera expresa en el texto constitucional. Se estrecha la coordinación con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de información estadística y geográfica.

La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados hemos previsto que no existan vacíos legales a la interpretación. De ahí que en el texto que hoy estamos por aprobar se hayan incorporado tres hipótesis en los artículos transitorios. La primera consiste en la posibilidad de que los cinco comisionados que actualmente integran el IFAI continúen en sus cargos hasta la culminación del mandato que se les confirió de origen, con base en el nuevo procedimiento ya aludido. De solicitarle al Senado su inclusión y que obtengan las aprobaciones de las dos terceras partes de los presentes de la Cámara de Senadores.

La segunda hipótesis, con la posibilidad de que solamente alguno o algunos de los actuales comisionados que forman parte del organismo puedan ser parte del nuevo organismo. Misma que puede presentarse en el supuesto de que uno de los cinco comisionados no solicite su continuidad o no sean ratificados por el Senado.

Y una tercera hipótesis, consistente en que se tenga que hacer la designación de la totalidad de los integrantes del nuevo organismo garante, ya sea porque ninguno haya solicitado que se les valide ante el Senado o porque simple y sencillamente ninguno de ellos sea aprobado para continuar en el cargo.

En los tres casos se busca asegurar las designaciones con el principio de la renovación escalonada de los integrantes del nuevo organismo garante. Con lo anterior, queda colmado al extremo el alcance e interpretación respecto a la vinculación entre los artículos Tercero y Cuarto transitorio de la reforma que establecen los supuestos para la debida integración y designación de los titulares del organismo autónomo de la materia.

Compañeras y compañeros diputados, éste es un logro compartido. Finalmente un logro compartido, en el que logramos poner los acuerdos más allá de los desacuerdos, en el que bajo un mismo techo estamos proveyendo la unanimidad en torno de la transparencia como una pauta de gobierno.

El principio es que todos estamos de acuerdo en que debemos de concretar avances para que los gobiernos rindan cuentas y que se obligue a implementar prácticas mucho más eficientes que respondan con efectividad a las demandas sociales, no solamente de los ciudadanos, sino de cualquier persona.

En el detalle ciertamente tuvimos desacuerdos, pero afortunadamente hemos logrado transitarlos. Y hoy arribamos nuevamente unidos en un consenso, convencidos de que no hay otra forma de hacer vigente y efectiva nuestra vocación democrática más que con apertura, en un diálogo transparente y abierto como nos los demanda la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lizbeth Loy Gamboa Song.

Están a discusión en lo general y en lo particular los artículos 6o., fracción VIII, párrafos primero, octavo y décimo; 73, fracción XXIX T; 105, fracción I, inciso l); 116, fracción VIII; 122, Base Primera, fracción V, inciso ñ), y el Tercero transitorio, modificados por la Cámara de Senadores.

Tiene el uso de la palabra, para hablar a favor, el diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Ya está aquí el diputado. Hablará a favor, el diputado Reyes Gámiz.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz:Muchas gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen, derivado del hecho de que estamos absolutamente convencidos de que uno de los valores más importantes de la vida democrática es la transparencia.

Para nosotros, que hemos estado en esta Legislatura comprometidos en impulsar reformas que verdaderamente beneficien a la democracia desde los cimientos, sin simulaciones, el que hoy se dote de mayor fortaleza al IFAI es un logro fundamental para construir instituciones más sólidas. Éste es un camino en el que hoy estamos avanzando con valentía y firmeza, con exigencias claras hacia nuestras instituciones.

Desde esta tribuna, como legislador de izquierda, como perredista, reafirmo nuestro compromiso para hacer de esta brecha un camino, que se entienda, no es suficiente con transparentar y dotar de mayor fortaleza a esta institución. Urge —y esta es una tarea pendiente que ya no podemos soslayar— impulsar la construcción del instituto anticorrupción. Que se transparente el ejercicio público y que también se sancione a quien incurra en falta al ejercerlo.

Al avanzar en esta reforma, compañeras y compañeros, se fortalece a la transparencia y demuestra que en este Congreso hay vocación democrática y ésa es la tarea y el compromiso de las diputadas y los diputados del PRD.

Finalmente, diría: hagamos de este asunto, de esta reforma, no solamente un ejercicio de parabienes. Hay dos tareas concretas que en el marco de esta aprobación sugiero que esta Cámara debería atender.

Primera. Que el comité de transparencia, que no existe en la Cámara de Diputados y que es el que se encarga de atender, entre otras cosas, la evaluación y el uso de los recursos públicos que se nos dotan, se instale a la brevedad posible.

Segunda. Que los recursos que los diputados federales han aplicado en proyectos específicos para estados y municipios se transparenten para evitar esas interpretaciones que hoy, en el marco de notas periodísticas de los famosos moches, han estado lastimando mucho la función de todas y todos los legisladores. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz. Para hablar en contra tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañero presidente, compañeras y compañeros diputados, ésta es una reforma que a diferencia de otras que se han procesado fast track, es una reforma que ha tenido que recorrer un largo y sinuoso camino.

Primero, estuvo congelada largo tiempo, después tuvo que esperar que quedara firme la reforma de telecomunicaciones que había llegado posteriormente a la reforma de transparencia. Y finalmente, en aquella sesión en el Centro Banamex, se aprobó en un periodo extraordinario.

Nosotros, en Movimiento Ciudadano, estamos a favor de la transparencia. Pero a favor de una transparencia real, no una transparencia simulada, una transparencia retórica o una transparencia que recoge el discurso de lo políticamente correcto, pero que al mismo tiempo establece candados que vienen en detrimento de este postulado. Queremos transparencia total y no solamente la apariencia de transparencia.

Y nos parece sano lo que decía el diputado Reyes Gámiz, que se transparente todo lo legislativo, cómo se vota, cómo se toman decisiones, cómo se canalizan recursos, cómo se ejercen recursos de esta Cámara y de los grupos parlamentarios. Me parece que el buen juez por su casa empieza y ése debiese ser un ejemplo, no solamente al país, sino a los otros poderes que se mantienen en total opacidad.

Por ejemplo, Petróleos Mexicanos, aquí estuvo el director general el pasado miércoles y se le preguntó que si no había conflicto de intereses en que él fuera miembro del Consejo de Administración de la empresa OHL y luego esta empresa adquiriera contratos jugosos en el sector energético, y con un desparpajo y un cinismo el director simplemente dice: es que ganaron las licitaciones. Pero, ¿cómo fueron los concursos? ¿Por qué no se excusaron? Todo eso es parte de la transparencia y eso, desgraciadamente, no se está combatiendo en el país.

Y por un lado, en el artículo 6o. constitucional, se establece que las resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables. Pero, por otro lado, se pone el candado de la seguridad nacional. Y para mí sí es un tema preocupante, no es un tema menor, que el consejero jurídico del gobierno, un empleado del presidente de la República pueda ser el censor para estar litigando qué es o no asunto de seguridad nacional. Me parece un asunto grave.

Por ahí hay quien dice que esto será tema de una ley secundaria, pero es como los contratos de utilidad compartida en la reforma energética. Nada se dice en la propuesta de reforma constitucional sobre candados a los contratos de utilidad compartida, si serán solamente para aguas profundas, qué porcentaje de utilidad y quién va a operar. Todo esto es para una ley secundaria.

De igual manera, aquí en el tema de seguridad nacional se está yendo a la legislación secundaria y en un Estado que tiende al autoritarismo, el tema y la bandera de la seguridad nacional se puede usar como coartada, como pretexto o como muralla para la transparencia. Por eso nosotros en aquella sesión lo expresamos y por eso expresamos nuestro voto en contra.

Ahora, efectivamente hay algunas cosas buenas, lo de las controversias constitucionales. Pero si bien, en un Estado constitucional de derecho ésta es una vía que fortalece el constitucionalismo, nos parece que también, como aquí ya se advertía, pueden utilizarse estas controversias constitucionales alegando conflicto de competencias para dilatar la transparencia.

Y veríamos entonces al Banco de México simulando una controversia para no dar información al IFAI o algunos otros organismos autónomos. Por eso nosotros advertimos de este riesgo que está implícito en la reforma que hace el Senado.

No podemos soslayar —y con ello concluyo— el tema de la violación de procedimientos. Ya lo dijo el diputado Ricardo Monreal, hay una violación al artículo 72. El Senado no se pronunció sobre lo que aprobamos, le metió mano nuevamente a la reforma constitucional. Si bien se puede decir que fue para algo bueno, me preocuparía que dejáramos un grave precedente para que en otras reformas el Senado vuelva a hacer lo mismo.

Y hablando del Senado, no ha resuelto el tema de la minuta de deuda de los estados y municipios, sigue durmiendo el sueño de los justos y la Cámara ha sido omisa. Tampoco ha resuelto —el Senado— el tema de la Comisión Anticorrupción, y Comisión Anticorrupción y transparencia van de la mano, si no está chueco el modelo, está incompleto, está trunco. Y en eso el Senado, que ha sido tan solícito para algunos temas, está incurriendo en una grave omisión legislativa.

En el tema de las cuotas de la rotación y la manera de nombrar a los miembros del IFAI nos preocupa que se siga privilegiando el reparto de cuotas partidistas. Este modelo ni le ayuda al país y ni siquiera le ayuda a los partidos proponentes, porque el que pierde es México, porque la transparencia queda subordinado a los jefes partidistas, que de esa manera inhiben que esta práctica sea real.

Por eso nuestra posición en congruencia con el voto que dimos cuando vino la reforma y en virtud que no se corrigió el tema de seguridad nacional. Ésa es mi posición como diputado.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Tiene el uso de la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hace algunas semanas, cuando estábamos en el periodo extraordinario, subí a tribuna para manifestar mi posición personal y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de que iríamos a favor de la minuta que nos había enviado el Senado y del dictamen que en consecuencia se había realizado en esta Cámara de Diputados.

En lo personal, siempre voy a estar a favor de todo lo que abone a consolidar la transparencia y la claridad en el manejo de los recursos públicos en este país. Por diminuto que sea el paso, siempre es loable que haya transparencia y que haya un claro demérito de la opacidad.

Lo que hoy estamos aquí debatiendo tuvo su origen en la Cámara de Senadores, posteriormente nos erigimos en Cámara revisora, regresó al Senado, que le hizo modificaciones, y hoy lo tenemos casi a punto de aprobar para que surta efectos en beneficio de la sociedad mexicana.

El dictamen, su origen, en aquella ocasión lo dijimos, nos parecía loable que elevara a rango de autonomía constitucional a los órganos encargados de procurar la transparencia, tanto a nivel federal como local. Consideramos loable que se estableciera también la obligatoriedad de revisar la transparencia en partidos políticos, en sindicatos, en personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos.

Hoy lo que se plantea en esta minuta que nos ha enviado el Senado son cuando menos tres puntos, en los cuales quiero hacer énfasis. El primero tiene que ver con que se establece claramente la vigencia del tiempo en que estarán en funciones los nuevos comisionados de estos órganos de transparencia, que el tiempo será de siete años, conforme a lo que establece la reforma que se hace en el artículo 6o. constitucional, fracción VIII, párrafo décimo.

Se señala también, se especifica, la personalidad jurídica de este órgano constitucional para poder plantear controversias constitucionales, derivado de la reforma que se plantea al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y finalmente, en el transitorio Tercero se detalla con extrema especificidad la forma en que serán sustituidos los comisionados de este órgano garante de la transparencia en el país.

Por eso estoy en esta tribuna para pedirles su voto a favor de este dictamen, porque me parecen loables los avances que se tienen en materia de transparencia. Pero también me parece loable que ambas Cámaras del Congreso de la Unión podamos arribar a un consenso y construir un proyecto de reforma constitucional que vaya en beneficio de transparentar la vida pública en nuestro país.

En lo personal reconozco el esfuerzo que se ha hecho en la Cámara de Senadores y creo que es justo valorar a su vez que la Cámara de Senadores haya aceptado las reformas y las adecuaciones que esta Cámara de Diputados, en su legítimo derecho de Cámara revisora tuvo a bien hacer para consolidar y perfeccionar el dictamen que se nos envió.

Espero que el voto mayoritario de esta Cámara de Diputados sea a favor de este dictamen y que sea un voto a favor de la transparencia, un voto a favor de la claridad, un voto a favor del derecho de las mexicanas y de los mexicanos para conocer el origen y el destino de los recursos públicos. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a las ciudadanas y a los ciudadanos del municipio de Tequisquiapan, del estado de Querétaro, que nos acompañan en esta sesión. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:En esta Cámara se percibe un ambiente de cordialidad, armonía, diría hasta de alegría. Pero fíjense que no es por la navidad, no. No solo es por el atraco que preparan en torno a la reforma energética, a la cual ya le apuestan hasta los iluminatis del PRD, sino además porque somos parte de la cúpula burocrática de este país, que percibe aguinaldos cerca o superiores a los 200 mil pesos. Esto en un país de 12 millones de extremadamente pobres, más de la mitad del país sumergido en la pobreza. Transparencia que es necesaria en el manejo de las grandes modificaciones y gratificaciones que reciben los mandos medios y superiores, no solo los federales, sino los estatales y municipales.

La actuación de los titulares de las dependencias de los tres niveles de gobierno atentan ahora contra los principios que proponen sean rectores del órgano responsable de la transparencia de la información gubernamental. Claro, medalla de oro a la Presidencia de la República, Presidencia de mentiras.

Miren, la fortaleza de un sistema político democrático se mide por la funcionalidad y observación de los principios de imparcialidad, legalidad, certeza, objetividad y transparencia. Y en el dictamen que hoy presentan se sostiene un diseño institucional en la integración del organismo garante de la transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, que no es viable para garantizar la autonomía e independencia en su desempeño.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Huerta, ¿me permite? Sonido en la curul del diputado Roberto López. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Si me acepta una pregunta el orador.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, con mucho gusto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sí la acepta el orador. Adelante, diputado.

El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Nada más quisiera preguntarle, diputado amigo, si a usted le consta que a todos los diputados nos dieron un aguinaldo de 200 mil pesos, porque a un servidor no fue así y creo que a una buena parte o casi a todos los diputados del PRD tampoco.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No, no se hagan bolas. Les van a dar y les van a dar mochada, como ya les dieron ahora con las etiquetaciones y más cosas. Eso, tranquilos y a las pruebas nos remitimos, para eso va a estar el IFAI y luego para aclarar este tipo de cosas.

Pero miren, ustedes mismos son testigos y actores de la inoperancia del procedimiento. Este organismo se integrará por siete comisionados para su nombramiento en la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios. Con el voto en las dos terceras partes de los grupos presentes nombrarán al comisionado que debe cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido por la ley. El procedimiento para esta designación no es desconocido para esta Cámara. No funciona, no es garante de la autonomía e independencia de los designados.

Claro ejemplo lo tenemos con los consejeros electorales del IFE, que aún no se han designado por falta de supuestos consensos en la Junta de Coordinación Política, subordinando independencia y autonomía del órgano constitucional a los intereses partidistas, por encima de la legalidad y la observación de los principios constitucionales que nos obligan.

Por eso vemos al pobre Silvano todos los días hecho bolas y queriendo explicar lo inexplicable. El que manda en la Jucopo es el PRI, y ahí tienen el control, por eso no dejan que avance eso.

Lo que sí está claro es que el fracaso del procedimiento afecta autonomía e independencia del órgano tomado desde su origen. ¿Cuándo se ha consultado a la sociedad de quiénes deben integrar los órganos autónomos? ¿Qué transparencia e interés general salvaguardan los grupos parlamentarios en la integración de sus propuestas? Falacias, como la propuesta de Peña Nieto de crear la Comisión Nacional Anticorrupción, o el desmantelamiento de la Secretaría de la Función Pública. Si la corrupción está a la alta.

Ya en redes sociales hay un nuevo vídeo que se llama Las ratas invaden a México. Véanlo, ya es una emergencia nacional. A la mejor hasta hay una madriguera aquí en la Venustiano Carranza. Revisen en redes esto.

Nosotros sabemos que la designación atenderá cuotas partidistas de los grupos parlamentarios mayoritarios en el Senado de la República, con lo cual restan autonomía e independencia y vician de origen el desempeño profesional de quienes sean propuestos por los propios grupos parlamentarios.

No solo esto. Para una mayor degradación de la autonomía e independencia, el nombramiento que supere las cuotas partidistas podrá ser objetado por la Presidencia de la República. Estos filtros subordinan a ciudadanos que pretenden desempeñarse como comisionados a factores reales de presión, que medran su independencia y corrompen de origen la imparcialidad y legalidad de su desempeño.

Aún más. Por si fallara el control político, establecen la revisión de las resoluciones del órgano responsable a través de la controversia constitucional, que proponen en la adición de un inciso, el l), en la fracción I del artículo 105 constitucional en el dictamen. Con ello eliminarán la determinación de que las resoluciones del IFAI son definitivas e inatacables medrando la garantía de acceso a la información gubernamental.

Estamos frente a una reforma que vulnera la autonomía del IFAI, puesto que la continuación de los actuales comisionados como miembros del nuevo organismo se sujeta a la aprobación de las dos terceras partes de los senadores, previa petición que hagan los mismos comisionados de su ratificación. Esto es, su ratificación queda sujeta al acuerdo político de los grupos parlamentarios.

Por lo tanto, ustedes están usando los cambios constitucionales para eliminar la autonomía e independencia de los miembros del IFAI. ¿Dónde quedó el PAN? En la bolsa del PRI. Pobre México, con estas Cámaras de Senadores y Diputados, salvo obviamente honrosas excepciones, como pretende ser el de la voz y una veintena de diputados, aunque griten.

Les hago un reto. Salgan a la calle y pregúntele al pueblo de México qué piensa de los diputados y, ¿saben qué piensa? Le da más asco la Cámara de Diputados, que las ratas que están inundando este país. Les digo una cosa más. Salgan a preguntarle al pueblo de México qué piensa de Peña Nieto.

Culmino, presidente. Eso es lo que les preocupa. Que Peña Nieto no está abajo 5 ni 10 puntos porcentuales en su imagen, está como 30 puntos abajo. Salgan a ver al pueblo y pregúntenle qué piensa de Peña Nieto, pregúntenle qué piensa de ustedes. Esa es la transparencia que el país requiere. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Tiene el uso de la palabra la diputada Areli Madrid Tovilla, para hablar a favor.

La diputada Areli Madrid Tovilla:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, las reformas constitucionales en materia de transparencia que ahora se presentan sientan las bases para la creación de un sistema más eficaz de acceso a la información pública, de la transparencia y rendición de cuentas en nuestro país.

Voluntad política de un gobierno se necesita para un gran empuje en reformas urgentes y necesarias para la sociedad. Interés de los legisladores. Lo cual acá, quiero felicitar y manifestar.

Señores, esta iniciativa va a favorecer a la sociedad, está demostrado: ningún gobierno se puede llamar democrático sin un sistema adecuado de rendición de cuentas, para lo cual se vuelve indispensable un efectivo ejercicio del derecho a la información pública. Estudios publicados por el CIDE, que no podemos pasar por alto, muestran las principales deficiencias en nuestro sistema de acceso a la información, entre las que destacan la calidad de la misma y el poco ejercicio de ese derecho. Esto desde luego derivado de la falta de cultura en materia de transparencia.

Por otra parte, México tiene que estar a la altura de los retos mundiales. La Organización Internacional de Transparencia, en un total de 174 países que fueron evaluados en el 2012, México ocupó el 105 en la escala internacional.

Por el contrario, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, son las naciones con mejores resultados en transparencia; ubicando también a Canadá como el país del continente americano con mayor puntuación en transparencia, seguido de Uruguay y Chile.

Que estos países se encuentren posicionados en los primeros lugares no es producto de la causalidad, sino de la existencia de un sistema jurídico que fortalece a los organismos encargados de la protección de este derecho y hace más efectivo el mecanismo de este acceso y defensa del mismo, además del fomento a una cultura de transparencia.

Por eso nuevamente señalo, qué bueno que existan legisladores que entiendan que nuestro trabajo aquí en la Cámara es apoyar a la sociedad, que nuestro trabajo en esta Cámara es buscar instrumentos jurídicos que nos ayuden, en este caso de transparencia, a que los órganos garantes estén mayormente protegidos. Eso es lo que tenemos que hacer.

Reformas constitucionales en materia de transparencia son fundamentales en la vida democrática de nuestro país, ya que establecen las bases para hacer más eficiente y garantizar el acceso a la información en México, incluyendo demandas de la sociedad y aportaciones de los estudios en la materia.

Uno de los logros más relevantes de la presente reforma es la autonomía constitucional. Los abogados saben, todos saben que se otorga esta autonomía constitucional a la institución defensora del acceso a la información en México, ya que actualmente su naturaleza es la de un órgano garante. Esto requiere de bases, de esas bases que le permitan ejercer la libertad de sus funciones, sin importar qué tipo de autoridad se trate.

México tiene importantes antecedentes, lo tenemos que tomar en cuenta, organismos que trabajan con autonomía constitucional. Véase por ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, el Tribunal Agrario, lo cual dota a éstos de una completa libertad para actuar bajo un único mandato, señores, el de la ley.

La actuación de estos organismos constitucionales no está sujeta a ninguno de los tres Poderes de la Unión, no guarda relación de vínculo —lo dice con claridad— o dependencia con ninguno de ellos, por lo que a partir de ahora el órgano encargado de sustanciar los mecanismos y procedimientos de acceso a la información pública gozará de plena autonomía constitucional.

Y qué decir del mayor número de sujetos obligados. A partir de la presente reforma se tendrán obligaciones de rendir cuentas a través de un sistema de acceso a la información pública, entes como los sindicatos, fideicomisos, fondos públicos, partidos políticos, quienes hasta el día de hoy transparentan en el IFE y, en general, todos aquellos que manejan recursos públicos.

Es una reforma positiva, es una reforma de avanzada. Hacen falta muchas cosas, desde luego, pero hay que recordar, compañeros legisladores, que toda ley es perfectible y todo paso que se da para ayudar a la sociedad es muy bueno.

Aquí estamos garantizando que la información sea mayor y mejor, que la información esté actualizada. Aquí estamos dejando con claridad que el organismo garante en materia de transparencia tendrá la facultad de atracción y revisión de las resoluciones de los organismos estatales de transparencia. Así como la de interponer acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales solo en el caso de que se ponga en peligro la seguridad, se toman algunas acciones.

La obligación de transparentar a los tres niveles es novedosa y excelente. Excelente la federal, la estatal y la municipal, porque si revisamos lo que actualmente existe, hoy sabemos perfectamente que todo se dedica más al nivel federal. Necesitamos ampliar, necesitamos señalar que los actos de autoridad y toda la información que se posea tienen que ser pública, obligándolos con ello a cumplir constitucionalmente la normatividad.

Con relación —y permítanme terminar con ello— a la designación de los siete comisionados que integran el órgano garante del IFAI, estos nombramientos de quienes desempeñan tan honroso cargo deben ser bajo los más estrictos aspectos y criterios de idoneidad.

Permítame que insista, un aspecto que no se puede eludir es el referente a la ética de los servidores públicos, los cuales deben de cumplir con la normatividad que regula su actuar. Están obligados a cumplir con la responsabilidad y honestidad. Sí, señores, si hay transparencia se mejora la gobernabilidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted diputada Areli Madrid Tovilla. Finalmente tiene el uso de la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchas gracias, presidente. Durante varias décadas la gestión pública fue un asunto privado y cupular, impenetrable para el ojo ciudadano. La brecha que separaba lo que podía conocer los gobernados y lo que realmente sucedía en los órganos de gobierno era abismal. Las autoridades ejercían un control directo sobre la información que generaban y decidían, con absoluta discrecionalidad, si ésta era publicada, mutilada, censurada u ocultada, sin más criterios que la de la conveniencia, la simulación y oportunismo del poder público.

Por fortuna hemos avanzado de aquel sistema de complicidad, de patrimonialismo y de opacidad. Quedó claro que la democracia añorada —esa con la que algunos todavía soñamos— era incompatible con las viejas prácticas del régimen. Hoy ya nadie cuestiona que la transparencia y el derecho a la información sean elementos intrínsecos de una democracia moderna y que todo gobierno que oculte o restrinja información pública y no garantice su acceso pleno es un gobierno autoritario, opaco y carente de legitimidad.

La expedición en 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la reforma al artículo 6o. constitucional en 2007, dieron vida a nuestro actual sistema de transparencia y rendición de cuentas, y los criterios que han generado el IFAI y la propia Suprema Corte de Justicia en la materia revisten el derecho a la información pública de un sólido contenido garantista. Gracias a ello, los principios de máxima publicidad y transparencia poseen un fundamento jurídico, político y socialmente incontrovertible.

Es cierto que nuestro sistema resulta insuficiente, que se ha visto rebasado y que difícilmente dará para más como se encuentra ahora. Hoy son evidentes sus alcances, sus limitaciones y sus defectos. De ahí la necesidad de una reforma de gran calado, que revitalice este derecho fundamental y fortalezca el andamiaje institucional que garantiza su cumplimiento efectivo.

Sin embargo, también es cierto que durante la etapa final del proceso legislativo operó una opacidad lamentable. Recordemos aquella noche en la que sesionamos en un centro bancario asediados, por la tozudez de ignorar al magisterio, y recibimos las modificaciones al dictamen sobre transparencia en hojas recicladas a escasos minutos de su discusión, si es que hubo tal cosa.

¿O acaso ya olvidaron que la gran mayoría de nosotros conocimos por primera vez el resultado de las oscuras negociaciones a las que llegaron una decena de potentados, cuando se procedía votarlas al vapor? ¿Para qué sirve una Cámara de Diputados de 500 personas, cuando 490 se abstienen de deliberar?

Fue por ello que nos opusimos desde un inicio a este jaloneo intolerable. Nos opusimos a que la Presidencia pudiera revertir las resoluciones del organismo garante en materia de transparencia, puesto que no le vemos ningún sentido a darle tanta autonomía a órganos de transparencia y que al mismo tiempo le arrebatemos toda su autoridad y su poder frente a la Consejería Jurídica de la Presidencia, a través de la cual todos los órganos de la administración pública federal podrán impugnar las resoluciones del IFAI, bajo la supuesta bandera de la seguridad nacional. Es decir, todo y nada, vulnerando el principio de inatacabilidad por el que tanto hemos luchado.

Primeramente, porque el concepto de seguridad nacional es peligrosamente ambiguo y, sin duda, dará lugar a abusos por parte de una figura que históricamente se ha dedicado a vetar todo aquello que afecte los intereses del señor presidente de la República.

Segundo, porque la Suprema Corte ya determinó que los sujetos obligados por la Ley de Transparencia no pueden interponer recursos ante las decisiones del IFAI, solo los particulares gozan de este derecho.

Por eso la reforma tiene vicios alarmantes de inconstitucionalidad, ya que la Consejería Jurídica no es una instancia especializada en materia de acceso a la información pública. Al permitir esta caprichosa excepción los ciudadanos verán afectado su derecho de acceder de manera rápida y expedita a la información que requieren.

También nos opusimos al deficiente procedimiento de elección de sus comisionados y a que la política contaminara su investidura. Nos opusimos al veto presidencial en su designación, es por ello que votamos en contra del dictamen y apelamos a la sensatez del Senado para que subsanara el desastre ocasionado.

Lamentablemente no hay cambios sustanciales en todo lo señalado. Pero esta discusión y votación ya se tuvieron en su momento. Ahora nos toca determinar con respecto a los cambios realizados por el Senado, entre los cuales destacamos de forma positiva lo siguiente.

Primero. Que los sujetos obligados a transparentar sus gastos son todos aquellos, sin excepción, que reciban o administren dinero del erario público. Entre los que se encuentran los municipios de los estados, los jueces, magistrados, partidos políticos y sindicatos. También el Poder Legislativo y, por ende, los grupos parlamentarios, que dependen presupuestalmente de él.

Y segundo. La inclusión expresa de los alcances para la presentación de controversias constitucionales por violaciones a los principios de actuación del organismo garante en materia de transparencia y, desde luego, la inclusión del inciso l), que permite que todos los órganos autónomos, entre ellos y frente a la federación y el Congreso, puedan denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invasión de sus competencias.

Coincidimos en que este proyecto, aunque perfectible, resulta de enorme relevancia y trascendencia y que viene a mejorar el dictamen antes aprobado en esta Cámara de Diputados. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Luisa María Alcalde Luján.

Agotada la lista de oradores, de conformidad con el artículo 231, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos que fueron modificados por la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación de los artículos 6o., fracción VIII, párrafos primero, octavo y décimo; 73, fracción XXIX; 105, fracción I, inciso l); 116, fracción VIII; 122, Base Primera, fracción V, inciso ñ), y el Tercero transitorio.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida a las y los estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, de las carreras de relaciones internacionales, derecho y ciencias políticas, invitados por la diputada Marisa Ortiz Mantilla. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Asimismo esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad para el Desarrollo de Puebla, campus Tlalnepantla, Puebla, invitados por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña.

Igualmente damos la bienvenida a profesores y alumnos de la Universidad de Matehuala, estado de San Luis Potosí, invitados por el diputado José Everardo Nava Gómez.

También damos la más cordial bienvenida a ciudadanos del estado de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Damián Zepeda Vidales (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 424 votos a favor, 4 abstenciones, 16 en contra, por tanto, contamos con mayoría calificada.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos 6o., fracción VIII, párrafos primero, octavo y décimo; 73, fracción XXIX-T; 105, fracción I, inciso l); 116, fracción VIII; 122, Base Primera, fracción V, inciso ñ), y el Tercero transitorio, modificados por la Cámara de Senadores.

Aprobado en lo general y en particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. Pasa a las Legislaturas de los estados para los efectos constitucionales.

SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL

El diputado Luis Olvera Correa(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Luis Olvera. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Luis Olvera Correa (desde la curul): Sí, presidente, para un agradecimiento. Diputadas y diputados, deseo —si mis compañeras y compañeros de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social me lo permiten— a nombre de ellos y del mío propio agradecer al Comité de Administración la provisión de agua, de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, en las instalaciones de esta Cámara de Diputados. En la comisión celebramos este acontecimiento, que desearíamos se mantuviera lo que resta de la Legislatura.

La reciente reforma hacendaria dejó para la empresa cooperativa la carga de 500 millones de pesos por concepto de impuesto especial sobre producción y servicios, cifra que ni en sus mejores años les ha dejado la venta de sus productos. Con esta medida aliviaríamos en algo las finanzas de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual.

Desde la Comisión de Fomento Cooperativo —y agradecería lo hiciéramos como Cámara del Poder Legislativo— hagamos un llamado a nuestra colegisladora y los otros dos Poderes de la Unión, para que implementen medidas que permitan a las sociedades cooperativas desarrollarse y conservar los empleos que en estos momentos generan. Reiteramos nuestro beneplácito con la adquisición a Pascual del agua en la Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Queda registrada su intervención.

DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tiene el uso de la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Gracias, presidente. Con su venia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la ONU refiere que la violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global, que hasta un 70 por ciento de las mujeres sufren algún tipo de violencia en su vida.

En México el 47 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha sufrido por lo menos algún incidente de violencia emocional, económica, física o sexual, a lo largo de la relación con su actual o última pareja. Esto de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares.

Estas vergonzosas cifras solo nos llevan a reiterar que la violencia contra las mujeres y las niñas no debe ni puede ser tolerada en ninguna de sus formas ni manifestaciones. La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que prevalece y la persistencia de desigualdad por razones de género en todos los ámbitos de la vida, situación que se refiere en que nuestros ingresos sean menores a los que reciben los hombres.

Hoy día las mujeres reciben un salario 30 por ciento menor que los hombres por realizar el mismo trabajo. Además, por sus condiciones de madres, muchas mujeres no pueden ser consideradas para censos laborales.

Entre los tipos de violencia que más prevalece se encuentran las que se generan en la pareja y en el ámbito familiar. Lo más lamentable es que existe la creencia que son conductas normales y hasta reconocidas por la sociedad, que refuerzan un sistema androcéntrico de dominación que nos limita a cumplir roles de subordinación.

Desigualdad y violencia son términos que no pueden entenderse sin la presencia de los estereotipos de género, por lo que debemos continuar promoviendo la eliminación de los estereotipos en todos los espacios, incluyendo el ámbito educativo, familiar y en los medios de comunicación.

A 14 años de que las Naciones Unidas declararan el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer continúa la lucha para garantizar una vida libre de violencia. Hoy niñas y mujeres alzamos la voz para rechazar y denunciar la realidad que nos afecta como mujeres, como país y como humanidad.

Este día emblemático nos recuerda que en 1960, las hermanas Mirabal fueron torturadas y asesinadas en la República Dominicana por su activismo político en contra de un gobierno dictador. Año con año las cifras son alarmantes y nos confirman que mujeres y niñas son violentadas en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad.

Para mí grupo parlamentario, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer constituye no solo una conmemoración, sino un punto de partida para reflexionar sobre los avances alcanzados y los retos a enfrentar para erradicar la violencia que se ejerce contra quienes representamos a cerca de 58 millones en México.

Diariamente estas prácticas se manifiestan en lesiones físicas, abusos, acoso, hostigamiento sexual, trata de personas, prostitución, feminicidio y toda forma de limitación y exclusión en contra de las mujeres por razón de género.

Compañeras y compañeros legisladores, este día no debe ser solo un pretexto para la retórica de buenas intenciones. En Nueva Alianza estamos convencidos que aún en las modificaciones legislativas se requieren indudablemente ajustes a la educación y a la cultura para favorecer el cambio de mentalidades y la eliminación de los estereotipos de género, que obstruyen la transición a la igualdad sustantiva, por lo que impulsamos y revisamos los programas de prevención orientados a la educación.

También es necesario trabajar en la capacitación en materia de derechos humanos del personal que trabaja en la procuración de justicia. La impunidad que persiste en las instituciones manda a los agresores un mensaje de incompetencia y transmite a las víctimas una enorme desconfianza en las autoridades, a pesar de lo que hemos avanzado en visualizar los diferentes tipos y modalidades donde ocurren las violencias.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos necesario reforzar las acciones diarias para hacer efectivo el derecho a la mujer a vivir libre de violencia y discriminación. Reconocemos que con la finalidad de hacer funcional y eficiente la alerta de género en nuestro país, el día de ayer el Ejecutivo federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación reformas al Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por supuesto la revisaremos e integraremos en la ley en la medida que realmente sea aplicable, y un instrumento eficaz que permita a las mujeres proteger y garantizar sus derechos humanos.

Desde esta tribuna hagamos un llamado para que desde los diferentes ámbitos de competencia, Poderes de la Unión, sociedad en general, iniciativa privada y medios de comunicación veamos este día como una gran oportunidad para encaminar y ratificar nuestro compromiso diario. Y desde nuestras expectativas, funciones y atribuciones prevengamos y erradiquemos cualquier tipo y modalidad de violencia contra las niñas y mujeres de nuestro México. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Dora María Talamante Lemas. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en noviembre de 1999 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaro el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Esta fecha se eligió para conmemorar a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo.

Lamentablemente el panorama internacional en esta materia no ha cambiado mucho. Según Naciones Unidas, hasta el 70 por ciento de las mujeres alrededor del mundo sufren violencia en su vida.

La violencia contra las mujeres es de muchas formas, física, sexual, sicológica y económica. Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta su edad mayor y son consecuencia de la discriminación, de negación de acceso a la justicia y la persistencia de desigualdades por razón de género.

Naciones Unidas reconoce que este tipo de violencia afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, el derecho a la paz y a la seguridad.

Lo anterior sucede a pesar de que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, entre otros, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por cierto por México en 1981, igual que los demás instrumentos mencionados.

En el ámbito doméstico, nuestra Carta Magna y diversos ordenamientos como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconocen la necesidad de combatir este grave problema social. No obstante, la realidad está muy alejada de dicha normatividad.

Según el estudio Violencia feminicida en México, características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010, en el periodo 2001-2010, el estado de México ocupó el primer lugar en feminicidios. Sucedieron 2,860 asesinatos violentos contra mujeres. El mismo estudio menciona que en 2010 se registraron en México 2,335 defunciones femeninas, con presunción de homicidios. Es decir, 6.4 mujeres cada día.

Por otra parte, según la Encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares 2011-Inegi, en México 46 de cada 100 mujeres mayores de 15 años sufre algún tipo de violencia. La encuesta reveló que 11.5 por ciento de los mexicanos, hombres y mujeres, justifica los golpes que se pueden propinar a una mujer.

Peor aún. El Inegi destacó que 13 de cada 100 mujeres en México han sido golpeadas, amarradas, pateadas, han sido objeto de ahorcamiento u asfixia, o agredidas con armas por sus parejas. Además, a 7 de cada 100 les han exigido, forzado u obligado a tener relaciones sexuales.

Estas cifras son alarmantes, pues reflejan profundos problemas que venimos arrastrando como sociedad y lo más triste es que son muchos los que perciben esta realidad como aceptable. La pregunta que persiste es, ¿por qué no logra erradicarse la violencia contra las mujeres?

Existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a la fecha no se ha cumplido, que es el caso Campo Algodonero, el feminicidio de dos menores de edad y de una joven mayor de 18 años para extraerles órganos, para venta de órganos. Y en realidad viene involucrada toda la problemática de Chihuahua, Juárez, de las desaparecidas, que a la fecha no se le ha dado cumplimiento a esta sentencia, desgraciadamente, por algo que se llama impunidad y esa es la respuesta por la cual no se logra erradicar la problemática de violencia contra las mujeres.

Mientras las autoridades federales, locales, municipales y los órganos jurisdiccionales, principalmente, no terminen con la impunidad que impera en este aspecto, seguirá siendo una quimera para la mayoría de las mujeres, y especialmente para las que se encuentran en estado de pobreza, los derechos que deben de garantizarse de conformidad con nuestra Carta Magna y con los instrumentos internacionales a una vida precisamente en la que no exista violencia de ningún género.

Los diputados y diputadas del Partido del Trabajo hacemos votos porque se dé un alto a esta violencia. No más feminicidios, no más golpes, no más azotes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Loretta Ortiz Ahlf. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. El 2013, un año más en el que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un día en el que se nos da una vez más la oportunidad para reflexionar y recapacitar sobre nuestra responsabilidad que como sociedad, legisladoras y legisladores debemos asumir, ya que la violencia de género ha sido y sigue siendo en muchas partes del mundo un delito oculto, invisible.

Tristeza, impotencia y coraje son las sensaciones que se respiran debido a la exacerbada dimensión que ha tomado esa problemática sin que se asome ninguna señal de justicia.

Este día también es una ocasión para exigir a las autoridades para que cumplan con sus funciones y que garanticen de forma efectiva la seguridad y protección de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: las mujeres y niñas.

Parece utópico que algún día pueda alcanzarse la eliminación de la discriminación, de los abusos y de la violencia que se ejerce de forma cotidiana en contra de las mujeres y niñas, tanto en ámbitos privados como públicos, para dar paso a una cultura de igualdad, de respeto y de justicia.

La violencia abierta o sutil o la amenaza de recurrir a ella se utiliza como una forma de control sobre la vida de las mujeres y ese miedo se transmite de generación en generación. La violencia contra las mujeres es la expresión más grave de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder y de dominio que siguen ejerciendo los hombres y mujeres sobre las mujeres.

Se manifiesta en todas las esferas de la vida social de los distintos ámbitos públicos y privados y se trata del ejercicio abusivo de la fuerza física, síquica o sexual, por el que una persona inflige intencionalmente un daño a otra para que acate su voluntad. Es decir, para someterla.

Pero reflexionemos un poco acerca de las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres y niñas en todo el mundo, tal vez algunas les parezcan conocidas. La forma más común de violencia contra la mujer es la violencia familiar. Las investigaciones demuestran sistemáticamente que una mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su compañero sentimental actual o anterior que por otra persona.

Los hombres pueden patear, morder, abofetear, dar un puñetazo o tratar de estrangular a sus esposas o compañeras. Les pueden infligir quemaduras o tirar ácido en la cara, pegar o violar y usar armas letales para apuñalarlas o dispararles.

Algunas mujeres pueden creer que merecen los golpes por alguna acción equivocada de su parte. Otras mujeres se abstienen de hablar sobre el maltrato, porque temen que su compañero las lastime aún más, por revelar secretos familiares o posiblemente por avergonzarse de su situación. Podemos sumar la violencia sexual, la física. Pero la violencia sicológica o mental es la que incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso o reclusión y privación de la libertad.

Se ha informado que las mujeres opinan que el peor aspecto de los malos tratos no es la violencia misma, sino la tortura mental y vivir con miedo y aterrorizada, y de la violencia económica, esa que limita los recursos físicos, financieros y personales.

Hablemos de la trata de mujeres, ya que cada año miles de mujeres en todo el mundo son engañadas, secuestradas o vendidas en condiciones similares a la esclavitud, y son obligadas a trabajar como prostitutas, trabajadoras domésticas, trabajadoras en fábricas en condiciones de explotación, o como esposas.

Las trabajadoras domésticas son vulnerables a las agresiones violentas, tales como el maltrato físico y la violación de parte de sus patrones.

O hablemos de la mujer que es objeto de burla, marginación y abuso cuando los medios de comunicación la utilizan como objeto sexual para promociones de productos, o programas de televisión diseñados para incitar el deseo sexual.

La discriminación se utiliza para someter a las mujeres, subordinarlas o segregarlas, ignorando sus habilidades, talentos y capacidades individuales, y anulando o desconociendo sus derechos como el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, el derecho a ocupar las mismas posiciones laborales o políticas que los hombres, a percibir el mismo ingreso que un hombre por el mismo trabajo que realicen, a educarse, a acceder a la justicia y a tener las mismas oportunidades.

Con frecuencia las mujeres que ingresan a las prisiones ya han sido víctimas de violencia. La violencia contra la mujer recluida en instituciones y prisiones puede ser generalizada. La naturaleza del maltrato puede abarcar desde el acoso físico o verbal hasta la tortura sexual y física.

Diversos informes sobre las mujeres reclusas han revelado que los guardias las desnudan, colocan grillos en sus tobillos e inspección de sus cavidades corporales. Las mujeres de muchos países informan haber sido violadas mientras se encontraban en centros de detención.

Podemos hablar del acoso sexual, de la violencia contra la salud reproductiva o de la mutilación genital femenina o de la violencia laboral o en la educación, del matrimonio precoz forzado o la violencia institucional. Esa que es definida por los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, que discriminan o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Por ejemplo, cualquier trato o comentario que se reciba en una institución pública y que atente contra la dignidad humana de la víctima. Si bien que le gustó. Aguántese. La matriz solo sirve para dos cosas, para dar hijos o problemas. O bien, cuando al levantar una denuncia el servidor público duda de la palabra de la víctima y la responsabiliza de la violencia que ha vivido, y tampoco respeta su privacidad y confidencialidad. No se queje, es su marido. Regrese a su casa, no lo haga enojar. Usted lo provocó.

Ser mujer no puede continuar siendo una experiencia asociada a la desigualdad, a la discriminación y a la violencia en ningún lugar del mundo. La responsabilidad de que nazcan y crezcan niñas en un ambiente seguro, de que tengan acceso a una buena educación y de que tengan la posibilidad de ser algún día mujeres independientes emocional y económicamente, es una tarea fundamentalmente de todos.

La necesidad del aumento de la sensibilidad de hombres y mujeres ante la injusticia social es el primer paso de un largo camino aún por recorrer, en donde la meta debe ser crear condiciones que favorezcan y aseguren el desarrollo pleno de las potencialidades y capacidades de las mujeres en cualquier lugar del mundo.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hacemos un llamado a todas esas mujeres que padecen este problema, a que dejen atrás sus miedos, valórense, sean fuertes a las adversidades. No acepten de ninguna manera humillaciones y abusos, ustedes merecen ser respetadas y amadas. Por favor, recobren su libertad y su dignidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Zuleyma Huidobro González. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, qué bueno que el tema sobre género, y precisamente este tema de violencia contra las mujeres, se ha podido tocar en dos ocasiones en un lapso de menos de 10 días. Y es que quiero mencionar algunos datos que a propósito ha realizado o ha emitido la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

De acuerdo a un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, 70 por ciento de las mujeres a nivel mundial han experimentado algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Mujeres y niñas representan 80 por ciento de las víctimas anuales de la trata internacional de personas, 70 por ciento de ellas con fines de explotación sexual.

Un estudio realizado en Europa reveló que el 60 por ciento de las mujeres víctimas de la trata de seres humanos había experimentado violencia física o sexual antes de ser objeto de este delito, señalando la violencia basada en el género como un factor determinante de la trata de mujeres.

En los países de la Unión Europea, 45 por ciento de las mujeres sufren insinuaciones sexuales no deseadas, contacto físico u otras formas de acoso sexual en el trabajo. Pero vean este dato: en Estados Unidos de América, 83 por ciento de las niñas de 2 a 16 años han experimentado alguna forma de acoso sexual en las escuelas públicas.

Sudáfrica tiene el mayor índice del mundo de violaciones denunciadas a la policía. En 2012 se documentaron 64 mil. Es decir, 175 violaciones por día. En este mismo país, 28 por ciento de los hombres consultados afirmaron que habían violado a una mujer o a una niña en algún momento de su vida.

Cada año son asesinadas 66 mil mujeres y niñas a nivel mundial. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, 70 por ciento de las mujeres asesinadas en el mundo lo son a manos de sus parejas o ex parejas.

En América Latina y el Caribe, de cada 100 mujeres, 69 han sufrido violencia física por parte de sus parejas. En la región de América Latina y el Caribe, 47 por ciento de las mujeres han sido víctimas al menos de un ataque sexual durante el transcurso de su vida.

He dado estas cifras intencionalmente seleccionadas para demostrar que no existe una región del mundo que se salve de este problema. Zacatecas y Yucatán —porque aquí en esta tribuna regularmente pasamos a hablar de lo negativo, pero quiero resaltar lo positivo de nuestro país— son los estados con la menor incidencia de violencia hacia las mujeres. En 2011 registraron menos de un homicidio por cada 100 mil mujeres.

En febrero de 2007 se promulgó en México la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual se reformó precisamente aquí, por esta Legislatura, en enero de 2013. Aún con estas herramientas, solo 25 por ciento de las mujeres casadas o unidas que son violentadas presentan una denuncia.

Compañeras y compañeros, cada vez que pasamos a esta tribuna a resaltar este tipo de problemas, tenemos la sensación de que a pocos les interesa escuchar o analizar estas problemáticas. Sin embargo, vuelvo a insistir, porque a veces cuando bajo de esta tribuna incluso algunas compañeras me mencionan que no me debería meter en estos temas.

Pero es responsabilidad de nosotras y de nosotros como representantes populares dar la voz en esta alta tribuna a aquellas mujeres que por vergüenza, por pobreza o por desconocimiento no van a alzar la voz ante las herramientas que tienen. No alzan la voz ante un Ministerio Público por el temor que les da ser señaladas. No alzan la voz ante la sociedad, precisamente porque no quieren afectar su imagen o a su familia.

Esas son cosas que nosotros tenemos que trabajar desde alta tribuna cambiando las normas. Pero también tenemos que generar una nueva cultura de la igualdad, como en todo tiempo lo hemos manejado en este lugar.

También, compañeras y compañeros, tenemos que tomar en cuenta que no podemos ser indiferentes y que aquellos y aquellas que hoy detentamos el poder somos los que tenemos que encabezar la lucha por aquellas que hoy no tienen voz, porque están muertas. Pero también por aquellas que pudieran estarlo, porque nosotras nos quedemos calladas. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Ruth Zavaleta Salgado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, en un día como hoy, hace más de 50 años, tres mujeres, Minerva, Patria y Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas, desaparecidas, golpeadas, violadas, asfixiadas, por atreverse a pensar diferente, por participar en la vida pública, por ser mujeres y por ser altamente inteligentes.

Por eso hoy, en memoria de las hermanas Mirabal, a 31 años del primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, levantamos la voz una vez más y así lo haremos año con año, para denunciar la violencia contra las mujeres y las niñas, en todos sus ciclos de vida y en todos los ámbitos de realización.

Por eso hablamos de las violencias, porque una violencia viene acompañada de otra. Es muy difícil que una violencia económica no venga acompañada de una violencia sicológica. Pero además, puede que en tu casa no seas víctima de violencia, pero en la escuela, en el trabajo, en el partido, en la institución o en la calle sí lo seamos.

Por eso, compañeras y compañeros, las cifras hablan por sí solas. Las cifras hablan de la confianza que las mujeres comienzan a tener en las instituciones, pero también hablan de la vida cotidiana de las mujeres y de las niñas.

Compañeras y compañeros, la trata de personas, la violencia en la familia, violadas por sus hermanos, por sus abuelos, por sus tíos; la violencia en el transporte público, el hostigamiento laboral, son un tipo de violencia y causan daño, porque la violencia es lo que se hace y lo que se deja de hacer, por eso el gobierno puede cometer violencia, como lo dice Belém do Pará: por no actuar en consecuencia, por no prevenir, por no sancionar y por no atender la violencia contra las mujeres.

Recordemos que la violencia es un abuso de poder. Recordemos que es una violación a los derechos humanos y la mayor muestra de discriminación contra las mujeres. Compañeras y compañeros, no es fácil hablar de esta violencia, hace muchos años se burlaban de nosotras y nos decían que era un asunto privado, que era un asunto que no competía al Estado. Es competencia del Estado respetar, garantizar y proteger todos los derechos de las mujeres.

Por eso, de acuerdo a las reformas constitucionales y al 1o. constitucional, los derechos de las mujeres que se hayan contenidos en los tratados internacionales ahora son ley. Y por eso las autoridades se encuentran obligadas a capacitar, se encuentran obligadas a escuchar, a respetar y a proteger.

Por eso, hoy conmemoramos el 25 de noviembre y recordamos a todas esas niñas adolescentes, adultas mayores, indígenas, discapacitadas, lesbianas, heterosexuales, mujeres despedidas, mujeres contratadas, mujeres jóvenes que han vivido violencia.

Si les pidiera a ustedes que levantara la voz quien ha conocido algún caso de violencia, les puedo asegurar que levantaríamos la mano las 500 diputadas y diputados. Porque ella fue víctima de maltrato, porque él le truena los dedos cuando habla con ella, porque él le limita el dinero, porque no le permite ir a ver a su madre, porque no le permite vestirse de determinada manera, porque en su escuela el maestro le pidió un favor sexual. Y sabrá Dios cuántos testimonios tenemos.

Hoy quiero hacer hincapié en unas cifras nada más. Quiero decir que las mujeres no denuncian por miedo. Las mujeres no denuncian porque tienen mucho miedo a la venganza. Tampoco denuncian por un estigma, porque saben que cuesta mucho trabajo denunciar y enfrentarse a la violencia. Las mujeres soportan la violencia por dependencia económica, por miedo y por dependencia emocional.

El miedo paraliza a las mujeres, disminuye su autoestima y las incapacita para tomar decisiones. No encuentran la salida. Las mujeres necesitan ayuda, pero una ayuda no misógina, una ayuda de red, una ayuda que les ponga todo a su alcance, justicia para las mujeres. Por eso compañeras, cuando creemos las mujeres que la violencia va a disminuir es cuando más aumenta.

Hay que hablar de los ciclos de violencia. De la fase de tensión, de la fase de acumulación de tensión, de la fase de explosión y de la fase de luna de miel. El problema es que las mujeres acuden a las autoridades en el momento en que el agresor no está mal. En que el agresor le dijo que la quería, que la adoraba, que no quería hacerlo, queriendo romperle o casi sacarle un ojo. Ése es el problema, que las mujeres acuden en el momento en que él está mucho más calmado.

Por eso, compañeras, necesitamos conocer estas tres fases, estas tres etapas que van in crescendo. No entiendo por qué las mujeres víctimas de violencia creen que el hombre va a cambiar. Porque le preguntas a testimonios de historias y te dicen, creía que él iba a cambiar y no lo hacen.

Por eso es tan importante para nosotras, diputadas y diputados, que legislemos. Estamos revisando la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en dos figuras, en la alerta de género y en las órdenes de protección.

En este país no les interesa a los gobernantes prevenir los feminicidios. Se han aliado en su aquelarre misógino y machista todos los gobernadores para no permitir que se declare una alerta de género, como si los gobernadores hubieran asesinado a las mujeres. Ellos no han sido quienes han provocado esos asesinatos, por eso vamos a avanzar en la alerta de género, para que haya un grupo de expertas que determinen qué debe hacerse.

Por último, señor presidente, quiero decirles que hagamos a un lado todos los mitos. No es cierto que a las mujeres les guste ser golpeadas, no es cierto que a las mujeres les guste el maltrato, las mujeres tienen miedo, y el miedo no anda en burro. Saben de la venganza, saben que ha habido dictámenes y sentencias a favor del agresor. Saben que si van y denuncian pueden regresar a sus casas y las van a matar. Por eso necesitamos legislar para sacar la cultura del miedo y avanzar en la cultura de la denuncia.

Y nos unimos a la campaña del señor Ban Ki-moon y al color anaranjado, el color de la esperanza, el color de una vida libre de violencia. Y nos unimos también, por supuesto, a todo lo que las mujeres necesitan.

Larga vida a las mariposas, a ese capullito que luego se transforma en mariposa, porque eso es lo que somos las mujeres, queremos larga vida y queremos a los hombres a nuestro lado, pero no a hombres golpeadores. Ni una muerta más, ni un golpe más, ni un paso atrás en lo ya logrado. Muchas gracias, diputadas y diputados.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Malú Mícher Camarena. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Carmen Lucia Pérez Camarena:Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la violencia contra las mujeres y las niñas afecta directamente a las personas, al tiempo que daña nuestra humanidad común. Éste fue el mensaje que el día de ayer nos dio el secretario general de Naciones Unidas, quien en esta conmemoración procura concientizar a la población mundial de la imperiosa necesidad de la eliminación de cualquier tipo de violencia física, sicológica, emocional, sexual, por crímenes de guerra, en el exilio y en el refugio, cometidas contra las mujeres.

En nuestro país, de acuerdo a estadísticas proporcionadas por el Inegi, 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o cualquier otra persona u otras personas. Esta problemática sin duda es un asunto complejo, que es necesario e impostergable atender.

Desde las administraciones panistas, el gobierno mexicano mostró voluntad política para erradicar este grave problema social. Así se sentaron las bases para implementar las recomendaciones de diversos órganos internacionales de derechos humanos y para cumplir las obligaciones que el derecho internacional impone respecto a hacer real y efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Ante ello, las autoridades mexicanas se han mostrado activas en distintos niveles de gobierno para aumentar la sensibilización de la opinión pública en relación a la violencia hacia las mujeres. También han producido avances en la aprobación de legislación y creación de varias instituciones oficiales para abordar las necesidades de las víctimas de violencia en el ámbito familiar.

Un avance fundamental en el ámbito legislativo fue la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que retoma el concepto jurídico internacional de violencia contra las mujeres, e incluye modalidades de violencia, como la violencia sexual, institucional, en la comunidad, la violencia familiar y la violencia feminicida.

Sin embargo, a poco más de seis años, después de su entrada en vigor se observa con preocupación la falta de coordinación eficaz entre los diferentes órganos que la componen. Por ejemplo, el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ésta última, por cierto, acéfala de titular desde hace seis meses.

Es urgente, ante la situación de violencia que se vive en nuestro país hacia las mujeres, actualizar el marco normativo vigente y exigir su aplicabilidad irrestricta en las 32 entidades del país.

Compañeras y compañeros, la violencia hacia las mujeres en México es un flagelo social vergonzoso. Pero toda la sociedad, mujeres y hombres, debemos hacerle frente sin miedo, sin reservas a todo el conglomerado de factores que pueden generarla.

En el Grupo Parlamentario del PAN sabemos bien que al hablar de la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres la justicia es un aspecto central de los esfuerzos destinados a ayudar a las mujeres a convertirse en socias igualitarias en la toma de decisiones y corresponsables en el desarrollo de la nación. Sin justicia, las mujeres carecen de representación y poder, y no ocupan el lugar que les corresponde por derecho.

Por ello, en nuestro grupo parlamentario actuamos en consecuencia con la idea de que con un ordenamiento jurídico y sistemas judiciales adecuados, las mujeres pueden prosperar, contribuir al progreso de la sociedad en su conjunto y ayudar a mejorar estos mismos sistemas para las generaciones que disfrutarán de ellos en el futuro, nuestras hijas e hijos por igual.

Es urgente que el Presupuesto que etiquetamos desde esta Cámara para atender esta situación también sea eficiente, transparente y aplicado a cabalidad, ya que en 2013, por ejemplo, de 18 programas incluidos en el anexo 12, destinados a prevenir, a atender o sancionar la violencia hacia las mujeres, hoy se mostraron subejercicio al presentar el tercer informe trimestral.

Compañeras y compañeros legisladores, es evidente que la eliminación de la violencia hacia las mujeres sigue siendo un desafío en nuestro tiempo. Por ello, hoy nuestro grupo parlamentario exige al Ejecutivo federal que se nombre ya a la titular de la Conavim, se active el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos contra Violencia hacia las Mujeres, con la participación de las 32 entidades federativas.

Por nuestra parte, hoy refrendamos el compromiso de colaborar comprometidamente con nuestras compañeras en la Comisión de Igualdad de Género, a fin de impulsar los cambios necesarios en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En Acción Nacional creemos primordialmente en el respeto a la eminente dignidad de la persona humana. Por tal motivo, condenamos cualquier tipo de violencia que se ejerza hacia las mujeres en nuestro país y no nos cansaremos de levantar la voz por ello. Gracias, señor presidente, es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Carmen Lucía Pérez Camarena.

El diputado David Pérez Tejada Padilla(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado David Pérez Tejada. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado David Pérez Tejada Padilla (desde la curul): Señor presidente, muchas gracias por otorgarme el uso de la voz. Aquí quiero hacer pública una denuncia de un crimen que no se encuentra totalmente esclarecido en el estado de Baja California, del cual provengo, es un caso de violencia sexual, física y emocional hacia una niña de 10 años de edad, que murió el pasado 17 de noviembre, en el municipio de Ensenada, Baja California. Hasta ahorita se encuentra prófuga la pareja sentimental de la madre, que se encontraba divorciada.

El proceso del legislativo siempre es frustrante y un poco lento. Desde aquí hago un llamado a las autoridades judiciales, tanto de mi estado como de la PGR, para que coadyuven en esclarecer el crimen de esta pequeña niña.

Con los posicionamientos que han dado mis compañeras que me han antecedido en el uso de la voz, creo que es pertinente y solidario que guardemos un minuto de silencio por todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia y han fallecido. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Con todo gusto, terminando la lista de oradores lo propondremos a la asamblea.

Sonido en la curul de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes(desde la curul): Sí, diputado, gracias. Es a propósito de lo comentado por mis compañeras por la conmemoración del día internacional.

Efectivamente, ayer mientras el Movimiento Amplio de Mujeres se organizaba para visibilizar y denunciar las diferentes formas de violencia que existen hacia nosotras, con diferentes acciones en todo el país, los cuerpos de dos mujeres fueron hallados colgados en un puente peatonal de la cabecera municipal de Fresnillo, Zacatecas.

Como legisladores y como legisladoras de este país no podemos pasar este hecho por alto. Exijamos a las autoridades el pronto esclarecimiento de éste y todos los asesinatos. Organicemos la indignación en esta Cámara de Diputados —el dolor— y levantemos la voz por nosotras y por las que por desgracia y, por falta de gobierno, ya no están con nosotros. No seamos cómplices del feminicidio. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Voy a dar el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y después atenderemos la solicitud del diputado David Pérez Tejada.

La diputada María Guadalupe Sánchez Santiago:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en el año de 1999, el 25 de noviembre fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que fue elegida en memoria del asesinato que aquí ya se mencionó, ocurrido en 1960, en la República Dominicana, de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, por su activismo político en contra del gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

El principal objetivo de este día es sensibilizar a la población de uno de los problemas a los que se enfrentan miles de mujeres y niñas, el cual sigue siendo estructural, vigente y alarmante.

De acuerdo a los datos de la ONU, que ustedes ya han escuchado, al menos dos millones de mujeres y niñas son traficadas cada año para someterlas a la prostitución, esclavitud o servidumbre. Se calcula que más de 130 millones de mujeres y niñas, que viven hoy, han sido sometidas a la ablación genital, sobre todo en África y en algunos países de Oriente medio.

En el caso de América Latina, la ONU resaltó que la violencia de género contribuye a la inseguridad general de la región, además de que es una amenaza al desarrollo humano, a la salud pública y a los derechos humanos.

En México, de acuerdo al Inegi, 73 de cada 100 mujeres mayores de 15 años ha padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra persona. Aproximadamente un 48 por ciento de las mujeres de más de 15 años han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación, tanto de unión libre, matrimonio o noviazgo. Y 1.2 millones de mujeres han enfrentado violencia física muy grave o extrema que ha puesto en peligro su vida.

Es menester no perder de vista que la violencia hacia las mujeres tiene diferentes manifestaciones y ocurre en todos los ámbitos de la vida, independientemente de la edad, escolaridad o condición socioeconómica de víctimas y victimarios.

La violencia contra las mujeres impide el avance en muchas áreas, incluida la erradicación de la pobreza, la lucha contra la inseguridad, el establecimiento de la democracia y, desde luego, las posibilidades de desarrollo nacional.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, la violencia y desigualdad que sufren las mujeres en México es y ha sido una prioridad. Estamos ciertas de la necesidad de emprender acciones decididas y concretas en pro de la igualdad, de la equidad, de la justicia y de la instauración de una cultura incluyente y no discriminatoria.

Por ello hemos decidido acompañar las iniciativas, las políticas públicas, estrategias y programas del Ejecutivo federal en la materia, además de impulsar desde esta Cámara las medidas legislativas necesarias a favor de todas las mujeres mexicanas.

La violencia hacia las mujeres compromete a la sociedad en su conjunto. Es decir, es un asunto que compete a los dos sexos, a las instituciones públicas y a las organizaciones civiles.

Hoy es necesario asumir que se requiere impulsar el cambio de paradigmas en lo más profundo del tejido social. Entender que visibilizar la problemática, posibilitar el acceso a nuevas y mejores oportunidades, así como el empoderamiento democrático de las mujeres es una necesidad y una demanda impostergable.

La cultura de la denuncia no comienza invitando a las mujeres para que acudan a las autoridades, pues la denuncia no es un acto de ánimo o de simple voluntad personal. La cultura de la denuncia comienza desde y en los Poderes del Estado ante hechos evidentes.

Una manera de denunciar es no ocultar, es no dejar pasar como algo natural hechos aberrantes, como el de Irma López Aurelio.

Impulsar una nueva cultura es dejar en claro que la violencia de género constituye un delito que recae no solamente en la víctima, sino lastima a la sociedad. Todo el peso de la ley debe recaer en los victimarios. Pero, al mismo tiempo, el Estado debe contribuir a la adquisición de nuevos modelos de relación entre mujeres y hombres en todas y cada una de las esferas de la vida cotidiana.

Este día es una oportunidad para reconocer la magnitud de la problemática, pero el resto de los días debemos continuar sin tregua la lucha para erradicar la violencia y discriminación hacia las mujeres en los hogares, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en los medios de comunicación, en las instituciones públicas, en el campo, en las leyes, en la impartición de justicia, en los partidos políticos y en las organizaciones sociales.

Emprender acciones contra la violencia de las mujeres y las niñas significa, desde nuestro ámbito de competencia y desde nuestra vida cotidiana, un compromiso irrenunciable a favor no solo de las mujeres, sino a favor de la humanidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. María Guadalupe Sánchez Santiago.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de presidentes municipales del estado de Puebla, invitados por el diputado Rafael Micalco Méndez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Esta Presidencia obsequia el minuto de silencio en memoria de todas las mujeres y niñas que han perdido la vida producto de la violencia, solicitado por el diputado David Pérez Tejada. Solicito a las diputadas y a los diputados, y a las personas que nos acompañan en galerías ponerse de pie.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de publicidad de dictámenes. Proceda la Secretaría.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., fracción VI, y 3o., segundo párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71 fracción II, 72 Apartado E y 73 fracción XXI, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 39 numerales 1, 2 fracción XXXII, y 3 y artículo 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157 fracción I, 158, 167, 176 fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, en sentido positivo, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. El 20 de noviembre de 2012, el senador Arturo Zamora Jiménez, en nombre propio y de los senadores Miguel Ángel Chico Herrera, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Arely Gómez González, Miguel Romo Medina y María Lucero Saldaña Pérez, todos ellos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo, del artículo 3, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

2. Los iniciantes adujeron como argumentación para sustentar su propuesta, lo siguiente:

“En la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre del 2010, el legislador adicionó al catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, algunas conductas definidas como delito en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; sin embargo la competencia del Ministerio Público de la Federación para conocer e investigar este tipo de delitos, tal y como se refiere en ambas leyes, es jurídicamente dudosa y fácilmente controvertible, ya que dicha competencia no se encuentra específicamente prevista en el artículo 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; es por ello que, aunque la trata de personas se incluye en la ley como conductas susceptibles de ser cometidas por la delincuencia organizada, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a través de la Coordinación General para la Investigación y Persecución de los delitos en materia de Trata de Personas, no cuenta con claras atribuciones legales que le permitan investigar con toda libertad y sin restricciones este tipo de delitos, para luego y proceder contra los autores ante los tribunales de la Federación sin riesgo de que sus actuaciones sean reputadas como nulas”.

Y la iniciativa concluye proponiendo el siguiente proyecto de decreto:

Artículo 3º...

Los delitos señalados en las fracciones V, VIy VII de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

3. En la misma fecha se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, Contra la Trata de Personas y la de Estudios Legislativos, las que emitieron su dictamen el 7 de febrero de 2013, en los siguientes términos:

En el Apartado III. Análisis del Contenido y Valoración Jurídica de la Propuesta, en su inciso d), el dictamen expresa:

“Por las razones antes descritas, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman que la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen es legalmente viable y necesaria, pues con ello se resolverá la laguna que se ha descrito y que provoca una remisión cíclica y redundante de competencia entre la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que genera un vacío en las facultades de las autoridades federales de procuración y administración de justicia. No obstante, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que aún resultan necesarios diversos esfuerzos institucionales, así como reformas integrales para efectivamente eliminar el fenómeno de trata de personas, como lo es la publicación del Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”.

“Finalmente y, dado que estas Comisiones Unidas Dictaminadoras no pasan por alto que la referencia contenida en la fracción VI, del artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es incorrecta, también consideran necesario plantear la modificación al proyecto de Decreto contenido en la iniciativa que se dictamina, para corregir la deficiencia lingüística del aludido texto, la cual está íntimamente ligada a la materia del presente Dictamen. Por ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas proponemos adicionar la iniciativa original para quedar como sigue”:

Artículo 2...

I a V...

VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.

VII...

Artículo 3º...

Los delitos señalados en las fracciones V, VI y VII de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

Actualizando así el nombre de la Ley de Trata a que se refiere el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y modificando el párrafo segundo del artículo 3, para incluir la fracción VI del artículo 2.

4. El jueves veintiuno de febrero de dos mil trece, se discutió y aprobó con el voto de noventa y siete senadoras y senadores, que representó la unanimidad de los presentes, pues no hubo votos en contra ni abstenciones. Así, la Mesa Directiva de la Colegisladora remitió la Minuta con Proyecto de Decreto a esta Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. El veintiséis de febrero de dos mil trece, la Minuta con Proyecto de Decreto fue presentada en la Cámara de Diputados y turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia, habiéndose publicado en la misma fecha, en la Gaceta parlamentaria.

Contenido:

La Minuta con Proyecto de Decreto propone solucionar la problemática que existe sobre la competencia del Ministerio Público de la Federación para conocer e investigar algunas conductas tipificadas como delito en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 14 de junio de 2012, cuando estas conductas típicas también están consideradas en el catálogo establecido en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La reforma a la fracción VI del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se pretende porque la denominación que utiliza de la Ley relativa a la trata de personas es inexacto ya que en el texto vigente se intitula dicha ley como Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de ese delito.

Sin embargo la denominación correcta de la Ley que se invoca en la fracción VI del artículo 2 ya invocado es Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de ese delito.

Lo anterior resolvería la confusión sobre la competencia del Ministerio Público de la Federación para conocer e investigar algunas conductas tipificadas como delito para sancionar como miembros de la delincuencia organizada los delitos en materia de trata de personas.

Además reforma el segundo párrafo del artículo 3, para incluir la fracción VI, a efecto de otorgar a la Federación la competencia para conocer de los delitos en materia de trata de personas cuando el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción.

Propuesta de adiciones a la minuta.

Esta comisión dictaminadora considera adecuadas y procedentes las reformas aprobadas por la Cámara del Senado, las cuales consistieron en actualizar la denominación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de ese Delito, modificación que se propuso en el artículo 2 fracción VI; y la reforma del artículo 3, que consistió en adicionar la fracción VI al segundo párrafo de dicho artículo 3, para determinar expresamente el fuero y competencia a favor de la Representación social federal y la aplicabilidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sólo para el caso de que el Ministerio Público de la Federación ejercite la facultad de atracción, ambos preceptos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Sin embargo de lo anterior, esta Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, advierte que el vigente artículo 2 fracción VI, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, adolece de una grave inconsistencia técnico jurídica, consistente en que actualmente el contenido de dicha fracción VI, se encuentra redactada con un texto que vulnera el Principio de Exacta Aplicación de la Ley Penal, el cual se encuentra previsto y tutelado como un derecho humano, en el Artículo 14 Párrafo Tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en la parte inicial del Apartado E, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que: “ Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados”, por lo que se propone a esta Honorable Asamblea, reformar el artículo 2 fracción VI, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que se plantea en la minuta, a efecto de que se precisen y enuncien los artículos específicos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de ese Delito, eliminando la expresión: “previstos y sancionados en el Título Segundo”, que por su falta de claridad, imprecisión e inexactitud, vulnera el Principio de Exacta Aplicación de la Ley, en materia Penal.

En la Ley vigente, la fracción VI del artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, dispone lo siguiente:

VI.Delitos en materia de trata de personas , previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.

En ese sentido, la referida fracción VI, omite expresar cuales artículos del Ordenamiento Legal son sujetos del tipo penal; además de ser omisa en precisar cuál de los dos Títulos Segundos del Ordenamiento Legal resulta aplicable; y finalmente se observa que el nombre de la Ley resulta obsoleto y en consecuencia no aplicable, pues la Ley vigente respecto a la trata de personas, se denomina Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de ese Delito, situación esta última que ya resuelve la Minuta del Senado, que se dictamina.

Consideraciones acerca de la reforma propuesta por esta Comisión de Justicia, para eliminar la falta de claridad, imprecisión e inexactitud, del texto de la fracción VI del artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

En los términos en que se encuentra redactado actualmente el artículo 2°, fracción VI de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se crea incertidumbre jurídica en afectación del derecho humano de exacta aplicación de la ley penal, previsto expresamente en el párrafo tercero, del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

“ Artículo 14.A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

De lo anterior se desprende, que la exacta aplicación de la ley penal es un Derecho Humano que tiene por objeto salvaguardar la seguridad jurídica de las personas y que, en nuestro orden jurídico nacional, tiene el alcance y contenido siguientes:

1. Este derecho humano debe ser respetado tanto por el juez (órgano jurisdiccional) que esté conociendo del asunto, así como por el legislador (órgano legislativo) que expida la ley penal de que se trate, toda vez que “el significado y alcance de dicha garantía constitucional -de la exacta aplicación de la ley penal-, no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa”;

2. El derecho humano incluye –dentro de su contenido material de protección- que la descripción del tipo penal de los delitos y las penas que les corresponden deban de estar previstos en una ley en sentido formal y material. Lo anterior toda vez que “el derecho fundamental a la exacta aplicación de la ley penal tiene su origen en los principios nullum crimen sine lege (no existe un delito sin una ley que lo establezca) y nulla poena sine lege (no existe una pena sin una ley que la establezca), al tenor de los cuales sólo pueden castigarse penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas, a quienes no puede considerárseles responsables penalmente sin que se haya probado que infringieron una ley penal vigente, en la que se encuentre debidamente descrito el hecho delictivo y se prevea la sanción aplicable”;

3. Respecto del legislador, el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, le obliga a que la norma legal penal debe estar redactada de forma clara, precisa y exacta. De esta manera, el legislador en las leyes penales que expida debe consignar o usar expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o inclusive demérito en la defensa del procesado, violentando, en su caso, el debido proceso y los derechos que en su beneficio establece el artículo 20 Apartado B, de la Constitución General de la República, con lo que el espíritu garantista de nuestro nuevo orden jurídico se vería cuestionado.

4. El objetivo último que buscan las exigencias apuntadas y contenidas en el Derecho Fundamental de exacta aplicación de la ley penal es: a) evitar confusiones en la aplicación de la ley que se traducen en demerito en las defensas del procesado; b) evitar incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma penal, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito; c) evitar resoluciones arbitrarias, subjetivas e injustas en los juicios penales. En este sentido, y por razones de justicia resulta que “ la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República”

Lo anterior, sin perjuicio de considerar los fines teleológicos a que se refiere el Apartado A del referido Artículo 20 de la Carta Magna, que establece:

El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

En consecuencia, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resultaría violatoria del derecho humano previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el artículo 2°, fracción VI de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada –reformado mediante decreto publicado el 14 de julio del año 2012 en el Diario Oficial de la Federación-, establece lo siguiente:

Artículo 2o.Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

I.Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter yterrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero;falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos;operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

II.Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III.Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración;

IV.Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud;

V.Corrupción de personas menoresde dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal;

VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionadosen el Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.

VII.Las conductas previstasen los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La fracción VI, del artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada antes transcrito, vulnera el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal por las razones siguientes:

De la lectura del artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se desprende que salvo la fracción VI, todas las demás fracciones de dicho artículo, hacen alusión precisa y concreta del o los delitos que pueden cometerse mediante el delito específico y autónomo de delincuencia organizada. Así, se señala de manera expresa el o los artículos en que está previsto y el ordenamiento de que se trata. Por ejemplo, la fracción III establece “Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración”.

En el caso concreto de la fracción VI, del artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no ocurre lo mismo que en las demás fracciones.

Por otra parte, dicha fracción VI señala que los delitos sean “en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.” Esta redacción es confusa, imprecisa e inexacta, ya que del análisis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, nos percatamos que dicho ordenamiento se divide en libros y cada libro se divide en títulos y cada título se divide capítulos.

Es el caso que dicho ordenamiento tiene 2 (dos) títulos segundos, uno correspondiente al Libro Primero que se refiere a “De lo Sustantivo” y, el otro, contenido en el Libro Segundo que se refiere a “De la Política de Estado”. Además, cada uno de los títulos segundos se divide, a su vez, en diversos capítulos. Así, el Título Segundo del Libro Primero tiene IV Capítulos (aunque en realidad tiene 5, ya que el Capítulo II se repite en dos ocasiones) y el Título Segundo del Libro Segundo tiene cuatro Capítulos.

Es importante señalar en este sentido, que la redacción anterior [Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007], de la mencionada fracción VI del artículo 2, de la citada Ley, establecía:

“VI. Trata de Personas, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.”

Como puede verse, dicha redacción sí cumplía con los requisitos exigidos por el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de lo anterior, la fracción VI del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no atiende el Principio de Exacta Aplicación de la Ley Penal en virtud de que refiere una ley inexistente, pues la denominación o nomenclatura que establece es incorrecta por obsoleta, deficiencia corregida ya por la Minuta que se dictamina.

Lo anterior pone en evidencia que el artículo 2°, fracción VI de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, reformado por el Artículo Segundo del Decreto publicado el 14 de junio de 2012, es confuso, impreciso e inexacto y, por lo tanto afecta el derecho humano de exacta aplicación de la ley penal, contenido en tercer párrafo del artículo 14, de la Constitución Federal de la República.

Conclusiones

Por las razones expuestas, esta Comisión de Justicia encuentra legalmente viable, necesaria y adecuada la reforma que se propone en la Minuta y la reforma que se advirtió al analizar dicha minuta y que consideramos necesaria para corregir la técnica legislativa con que está redactada la fracción VI, del Artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el sentido de especificar con claridad y precisión los artículos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que prevén conductas típicas que deben ser sancionadas en los términos de dicha Ley.

Esto es, establecer en el texto de la fracción VI, del Artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la misma técnica de la fracción VII del referido artículo, con la referencia precisa y exacta de los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 35, que se encuentran comprendidos en el Título Segundo, del Libro Primero, de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y suprimiendo la previsión del texto vigente en relación a la exclusión de los artículos 32, 33 y 34, toda vez que por consecuencia lógica y jurídica estos quedan excluidos al citarse los delitos en los términos antes expuestos.

Ahora bien, a manera de ilustración, se refieren las conductas típicas de los delitos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que a continuación de señalan:

1. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, previsto en el artículo 10;

2. a quien tenga o mantenga a otra persona en una situación de esclavitud, previsto en el artículo 11;

3. a quien tenga o mantenga a una persona en condición de siervo, previsto en el artículo 12;

4. al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante, previsto en el artículo 13;

5. al que someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos, o produzca o se beneficie de la producción de material pornográfico, o engañe o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos, previsto en el artículo 14;

6. al que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, previsto en el artículo 15;

7. al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video grabarlas, audio grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie económicamente de la explotación de la persona; a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta, por cualquier medio, el material a que se refieren las conductas anteriores, previstos en el artículo 16;

8. al que almacene, adquiera o arriende para sí o para un tercero, el material a que se refiere el artículo anterior, sin fines de comercialización o distribución, previsto en el artículo 17;

9. al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, y se beneficie económicamente de ello, previsto en el artículo 18;

10. el que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y la induzca a realizarlos, bajo engaño, previsto en el artículo 19;

11. el que, obteniendo beneficio económico para sí o para un tercero, contrate aun sea lícitamente, a otra para la prestación de servicios sexuales en las circunstancias de las fracciones II al VI del artículo 19, previsto en el artículo 20;

12. a quien explote laboralmente a una o más personas, previsto en el artículo 21;

13. a quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados, previsto en el artículo 22;

14. a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad, previsto en el artículo 24;

15. a quien utilice a personas menores de dieciocho años en cualquiera de las actividades delictivas señaladas en el artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, previsto en el artículo 25;

16. al padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante adopción, a una persona menor de dieciocho años con el fin de abusar o explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de explotación a que se refiere el artículo 10 de la presente Ley, previsto en el artículo 26;

17. al que entregue en su carácter de padre o tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta o reciba a título oneroso, en su carácter de adoptante de forma ilegal, ilícita o irregular, a una persona menor de dieciocho años, previsto en el artículo 27;

18. al que obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella; obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares; ceda o trasmita a una persona a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de otra manera, previstos en el artículo 28;

19. al que realice explotación sexual aprovechándose de la relación matrimonial o concubinato, previsto en el artículo 29;

20. a quien realice la extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o a través de una transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los cuales se ha obtenido el debido consentimiento, en los términos de lo establecido por la Ley General de Salud, previsto en el artículo 30;

21. a quien aplique sobre una persona o un grupo de personas procedimientos, técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las disposiciones legales en la materia, previsto en el artículo 31;

22. al que, a sabiendas de su situación de trata, adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de una persona para cualquiera de los fines previstos en los delitos materia de la presente Ley, previsto en el artículo 35;

23. al que divulgue, sin motivo fundado, información reservada o confidencial relacionada con los delitos, procesos y personas objeto de esta Ley o relacionada con el Programa de Protección de Víctimas, Ofendidos y Testigos, previsto en el artículo 36.

Quedando exceptuados los previstos en los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.

Es por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por 70, 71 fracción II, 72 fracción E y 73 fracción XXI, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 39 numerales 1., 2. fracción XXXII, y 3., de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, artículos 80 numeral 1., 81 numeral 1., 82 numeral 1., 84, 85, 157 numeral 1., fracción I, 158 numeral 1., fracción IV y 167 numeral 4., del Reglamento de la Cámara de Diputados, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Decreto por el que se reforman los artículos 2o., fracción VI, y 3o., segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o., fracción VI, y 3o., segundo párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo2o....

I. a V...

VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35 y 36, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

VII...

Artículo 3o. ...

Los delitos señalados en las fracciones V, VI y VII de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Exacta aplicación de la ley penal. La garantía, contenida en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución federal, también obliga al legislador.[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Marzo de 2006; Pág. 84

2 Exacta aplicación de la ley penal. Este derecho fundamental, contenido en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvaguarda la seguridad jurídica de las personas.[TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 191

3 Exacta aplicación de la ley en materia penal, garantía de. Su contenido y alcance abarca también a la ley misma.[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo I, Mayo de 1995; Pág. 82Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de noviembre de dos mil trece.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura, Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, secretarios; José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Eloy Cantú Segovia, Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, Tomás Torres Mercado, Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino, Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Claudia Delgadillo González (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o., 7o. y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. El 9 de abril de 2013, ante el pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 7o. y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. La iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados, con el número 3744-V, del martes 9 de abril de 2013.

3. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Atención A Grupos Vulnerables, la Iniciativa antes mencionada, con fecha 29 de abril de 2013.

4. El 15 de mayo de 2013, se recibió en esta comisión la iniciativa con proyecto de decreto, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.

5. Con sustento en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgó una prórroga para su estudio y dictamen, con fecha 28 de junio de 2013.

II. Contenido de la iniciativa

Señala la diputada Martha Leticia Sosa Govea que desde hace más de dos décadas el gobierno mexicano ha implementado acciones tendentes a fortalecer las instituciones y programas que buscan mitigar la problemática que enfrentan los adultos mayores.

Asimismo señala que mediante decreto presidencial del 22 de agosto de 1979, se creó el Instituto Nacional de la Senectud “INSEN” y que por Decreto del 17 de enero del 2002, este organismo se sectorizó en la actual Secretaría de Desarrollo Social modificando su denominación para quedar como Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, Inaplen.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea precisa que el 25 de junio de 2002, se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, por la que se creó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Inapam, como órgano rector de las políticas públicas de atención hacia las personas de 60 años y más.

Señala además, que los adultos mayores reciben atención del Inapam a través de 31 delegaciones estatales, mil 342 subdelegaciones municipales, 4 mil 720 clubes de tercera edad a nivel nacional, y 4 centros culturales y que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia “DIF”, coadyuva a la atención de los adultos Mayores, con una red de 191 casas hogar, 221 estancias de día, 18 centros culturales, 11 albergues, 7 campamentos recreativos y 4 mil 559 grupos de atención especial.

La iniciante apunta que de acuerdo con el último censo de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 había en el territorio nacional 10.5 millones de adultos mayores, lo que significa que 10 de cada 100 habitantes tienen 60 años o más y que el Consejo Nacional de Población, estima que para el 2030 habrá 22.2 millones de adultos mayores y para el 2050, el 30 por ciento de la población tendrá más de 60 años, lo que significa que el 72 por ciento de ese incremento ocurrirá a partir de 2020.

La proponente señala que el Inapam estima que hay tres millones de población adulta mayor que están en la vida económicamente activa, de los cuales dos millones de adultos mayores trabajan en empleos informales y sólo un millón cuenta seguridad social, lo que permite inferir que alrededor de 7 millones de adultos mayores dependen de su familia o están en abandono; y que si para el 2050 habrá alrededor de 51 millones de mexicanos en edad adulta, es probable que no cuenten con pensión, lo que a su vez permite suponer que nuestro país deberá enfrentarse a un reto en materia de transformación de sus políticas en esta materia.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea precisa que el objeto de la iniciativa es reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en el capítulo de Disposiciones Generales, para que no sólo se reconozca a los establecimientos que tienen como objeto el cuidado, protección y esparcimiento del adulto mayor, habida cuenta que ya se encuentran reconocidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, por lo que considera congruente homologar la terminología.

Abunda la iniciante mencionando que la NOM-031-SSA3-2012, incluye la prestación de servicios de asistencia social para adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, y que en la parte de “definiciones y abreviaturas” especifica las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores y que ha conceptualizado al “establecimiento de asistencia social permanente”, como “aquel lugar que independientemente de su denominación o régimen jurídico, otorga atención integral permanente para personas adultas y adultas mayores, que cuenten con características especiales de atención, donde se proporcionan servicios de prevención de riesgos, atención y rehabilitación, que incluyen alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, social y psicológica, actividades culturales, recreativas y ocupacionales”.

Continúa señalando que la norma citada, reconoce al establecimiento de asistencia social temporal como “aquel lugar que independientemente de su denominación o régimen jurídico, proporciona servicios y apoyos asistenciales durante periodos menores a 24 horas continuas a personas adultas y adultas mayores que incluyen: alternativas para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre y en su caso alimentación de acuerdo con el modelo de atención”.

Expone la iniciante que el hecho de conceptualizar los lugares o instancias mencionados en su iniciativa, es un primer paso para reconocerlos y asegurar su operatividad clasificada.

Por otra parte, propone que el Estado promueva la publicación y difusión de la ley, para que se respete a las personas adultas mayores y que invariablemente se otorgue el reconocimiento a su dignidad y que se comprenda y asimile una cultura de respeto a sus derechos humanos.

Asimismo, la iniciante propone reformar la fracción II del artículo 14; y adicionar la fracción III al artículo 14, para que se considere la creación de más establecimientos que consignen servicios básicos para beneficio del adulto mayor, tomando en consideración el aumento poblacional que se estima y espera.

Finalmente, propone adicionar las fracciones XII, XIII, XIV, XV y XVI al artículo 3o.; reformar el artículo 7 y la fracción II del artículo 14; así como, adicionar la fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

X. a XI. ...

XII. Albergue para adultos mayores: establecimiento donde se proporcionan temporalmente servicios de alojamiento a adultos mayores, en tanto son reubicados a otras instituciones o a su familia;

XIII. Asilo para adultos mayores: institución pública o privada que provee alojamiento definitivo, alimentación y ayuda con las actividades cotidianas y recreativas;

XIV. Casa hogar para adultos mayores: establecimiento de asistencia social donde se proporciona a adultos mayores atención integral mediante servicios de alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, trabajo social, actividades culturales, recreativas, ocupacionales y psicológicas;

XV. Centro de día: establecimiento público, social o privado que proporciona alternativas a los adultos mayores para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre mediante actividades culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, donde se promueve tanto la dignificación de esta etapa de la vida, como la promoción y autocuidado de la salud; y

XVI. Estancia: se utiliza como sinónimo de casa hogar o asilo en los casos de alojamiento definitivo o de centro de día en el caso de alojamiento temporal.

...

Artículo 7o. El Estado promoverá la publicación y difusión de esta Ley para que la sociedad y las familias respeten a las personas adultas mayores e invariablemente otorguen el reconocimiento a su dignidad, comprendan y asimilen una cultura de respeto a sus derechos humanos.

...

Artículo 14. Las autoridades competentes de la federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. Determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta ley;

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de todas las instituciones y centros de atención a las personas adultas mayores, previstas en la fracción III de este artículo; y

III. Promover la creación de instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro público o privado que brinden servicios y atención a las personas adultas mayores.”

IV. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora, después de hacer un análisis exhaustivo de la iniciativa en estudio, llega a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo.

En el proceso de dictamen de la presente iniciativa se tomaron en cuenta las opiniones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y en especial, la del Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, cuya valoración del impacto presupuestario dice que no genera obligaciones adicionales al Estado mexicano; es decir, que la iniciativa no implica impacto presupuestario.

Ahora bien, con el propósito de dar congruencia, precisión y claridad a los textos del proyecto de decreto; así como, por motivos de técnica legislativa, esta comisión ha decidido introducir algunas modificaciones a la iniciativa que se dictamina, por las consideraciones siguientes:

Luego de la deliberación respecto de los conceptos albergue, asilo, casa hogar, centro de día y estancia, propuestos por la iniciante, se consideró en primer término, que debe incorporarse la residencia de día, que ya se encuentra contemplada por la ley de la materia.

Enseguida, se consideró conveniente precisar que estos establecimientos prestan servicios en forma temporal o permanente, siendo ésta la primera clasificación a la que responden.

Por otra parte, se consideró igualmente importante precisar que asilo y casa hogar, se utilizan indistintamente para identificar a los establecimientos públicos, privados o del sector social, donde se proporcionan en forma permanente, servicios de asistencia social integral para los adultos mayores.

De la misma manera, se llegó a la convicción de que centro de día y residencia de día, se utilizan indistintamente para identificar a los establecimientos públicos, privados o del sector social, donde se proporcionan temporalmente alternativas a los adultos mayores por lapsos menores a 24 horas, para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre y el desarrollo de actividades culturales, deportivas, recreativas o de estímulo, con el propósito de impulsar la autoestima, el cuidado de la salud y su derecho a una vida digna; y, por lo que hace al término Estancia, si bien es de entenderse que se utiliza como sinónimo, es el caso de que en la actualidad no son utilizadas para denominar o sustituir a los centros o residencias de día.

Por lo expuesto, los integrantes de esta Comisión, resolvieron introducir modificaciones a las adiciones propuestas por la iniciante al artículo 3o. de la ley, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a XI. ...

XII. Albergue: establecimiento público, privado o social, donde se proporcionan temporalmente servicios de asistencia social para los adultos mayores, en tanto son reubicados o entregados a sus familiares;

XIII.- Residencia o centro de día: establecimiento público, privado o social, donde se proporcionan temporalmente alternativas a los adultos mayores por lapsos menores a 24 horas, para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre y el desarrollo de actividades culturales, deportivas, recreativas o de estímulo, con el propósito de impulsar la autoestima, el cuidado de la salud y su derecho a una vida digna; y

XIV. Asilo o casa hogar: establecimiento público, privado o social, donde se proporcionan en forma permanente, servicios de asistencia social integral para los adultos mayores.

Por lo que se refiere a la reforma propuesta al artículo 7o., sin variar el sentido y propósitos de la misma, se consideró conveniente modificar su redacción para quedar como sigue:

Artículo 7o. El Estado promoverá la publicación y difusión de esta ley para que la familia y la población en lo general, la conozca y se respeten los derechos de las personas adultas mayores; se promueva una cultura de respeto, e invariablemente se otorgue reconocimiento a su dignidad.

En cuanto a la adición de una fracción al artículo 14 de la ley, planteada por la proponente,  sin variar el sentido y propósitos, se determinó modificar su redacción para armonizarla con lo precisado respecto de los artículos 3º y 7º antes descritos, incluida la sustitución del término instituciones por establecimientos y lo relativo a su clasificación derivada de la prestación de sus servicios, bien en forma temporal o permanente, con lo que se consideró que se logra mayor precisión y claridad.

Por lo señalado, se consideró importante modificar el artículo 14 de la ley, para quedar como sigue:

Artículo 14. Las autoridades competentes de la federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. y II. ...

III. Promover la creación de establecimientos públicos, privados o sociales, donde se proporcionen servicios de asistencia social en forma temporal o permanente para los adultos mayores.

Por lo expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que suscriben, someten a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o.; 7o.; y 14 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se reforma el artículo 7o. y se adicionan las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 3o., y una fracción III al artículo 14 de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a IX. ...

X. Calidad del servicio. Conjunto de características que confieren al servicio la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales y potenciales;

XI. Instituto. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores;

XII. Albergue. Establecimiento público, privado o social, donde se proporcionan temporalmente servicios de asistencia social para los adultos mayores, en tanto son reubicados o entregados a sus familiares;

XIII. Residencia o centro de día. Establecimiento público, privado o social, donde se proporcionan temporalmente alternativas a los adultos mayores por lapsos menores a 24 horas, para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre y el desarrollo de actividades culturales, deportivas, recreativas o de estímulo, con el propósito de impulsar la autoestima, el cuidado de la salud y su derecho a una vida digna, y

XIV. Asilo o casa hogar. Establecimiento público, privado o social, donde se proporcionan en forma permanente, servicios de asistencia social integral para los adultos mayores.

Artículo 7o. El Estado promoverá la publicación y difusión de esta Ley para que la familia y la población en lo general, la conozca y se respeten los derechos de las personas adultas mayores; se promueva una cultura de respeto e invariablemente se otorgue reconocimiento a su dignidad.

Artículo 14. ...

I. Determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta Ley;

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores, y

III. Promover la creación de establecimientos públicos, privados o sociales, donde se proporcionen servicios de asistencia social en forma temporal o permanente para los adultos mayores.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN II

LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento y protección de los derechos y mejoría de la calidad de vida de las personas con discapacidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1 fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el presente dictamen positivo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en fecha 29 de abril de 2013, el dipu tado Genaro Carreño Muro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que reforma los Artículos 44 y 45 de la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa con número de expediente 1979, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictamen.

III. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en fecha 29 de abril de 2013, la dipu tada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

IV. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa con número de expediente 2001, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictamen.

V. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en fecha 29 de abril de 2013, los dipu tados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentaron iniciativa que reforma los Artículos 16 y 18 de la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

VI. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa con número de expediente 2024, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictamen.

VII. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en fecha 31 de julio de 2013, las diputadas María de la Paloma Villaseñor Vargas y María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

VIII. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa con número de expediente 2297, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la honorable Cámara de Diputados, para su dictamen.

IX. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en fecha 7 de agosto de 2013, la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que adiciona las fracciones IX del artículo 2 y XVII del artículo 42, de de la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

X. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa con número de expediente 2328, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la honorable Cámara de Diputados, para su dictamen.

XI. Con fundamento en el artículo 152 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, turnó las iniciativas en cita a la Subcomisión de Atención a Personas con Discapacidad para su pre dictamen.

XII. Con fundamento en los artículos 81, numeral 2, 152 y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Subcomisión de Atención a Personas con Discapacidad, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, decidió estudiar y resolver todos los asuntos en cita en un sólo dictamen. La Comisión, en virtud que se cubre con el requisito de tratar el mismo tema, procede en consecuencia.

Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXII Legislatura, procedió al análisis de las iniciativas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, elaboró el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones.

Contenido de las iniciativas

1. La iniciativa que reforma los artículos 44 fracciones I y II y último párrafo y 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), a cargo del dipu tado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propone “armonizar la reforma de la Administración Pública Federal del mes de diciembre pasado, con la LGIPD, referente a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis)”.

El Diputado Proponente explica que “el miércoles 2 de enero del presente año se pública en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el cual se modifican diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, y que “el pasado 29 de marzo de 2013, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud, y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social.”

La iniciativa propone “la armonización de la LGIPD para que la integración y presidencia de la junta de gobierno del Conadis, contemple a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y sea presidida por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social”, nueva cabeza para el sector del Consejo.

Texto vigente

Título Tercero “Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

Capítulo III “Órganos de  Administración”

Artículo 44.

La Junta de Gobierno del Consejo...

Los representantes del Poder Ejecutivo federal serán...

I. Secretaría de Salud;

II. Secretaría de Desarrollo Social;

III. a IX. ...

Los integrantes designados ...

El Director General del Consejo...

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 45.La Junta de Gobierno será presidida por el Titular de la Secretaría de Salud. Los integrantes propietarios contarán con suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de Subsecretario o Director General o su equivalente. Los integrantes propietarios o suplentes, en el ejercicio de sus funciones contarán con derecho a voz y voto.

Propuesta

Título Tercero “Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

Capítulo III “Órganos de Administración”

Artículo 44.

La junta de gobierno del consejo...

Los representantes del Poder Ejecutivo federal serán...

I. Secretaría de Desarrollo Social;

II. Secretaría de Salud;

III. a IX. ...

Los integrantes designados ...

El Director General del Consejo...

Asimismo, serán invitados permanentes a la junta de gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 45. La junta de gobierno será presidida por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Los integrantes propietarios contarán con suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de subsecretario o director general o su equivalente. Los integrantes propietarios o suplentes, en el ejercicio de sus funciones contarán con derecho a voz y voto.

2. La iniciativa que reforma y/o adiciona los artículos 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 30 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), a cargo de la dipu tada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone “armonizar de forma puntual la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, buscando hacerla eficaz en la legislación ordinaria, además de corregir algunos aspectos vigentes en la misma”.

La diputada Proponente detalla el proceso histórico y paradigmas de atención y protección de los derechos de las Personas con Discapacidad y explica la motivación de su propuesta de la siguiente forma:

a. Artículo 2. La diputada Proponente considera pertinente incluir las definiciones de “perspectiva de género” y “servicios de asistencia”. La definición de perspectiva de género se retoma de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en virtud de que es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad”.

b. Artículo 4. La Proponente expone que existe riesgo por la redacción de su último párrafo y sugiere que modificar el término a “pondrá especial atención” podría entenderse mejor y mantener el sentido de prioridad sin una escala de orden que contraviene los estándares de igualdad establecidos en la Convención.

c. Artículo 6. Explica que se requiere la modificación en virtud que existe ambigüedad en “la referencia a los “derechos civiles y políticos” –pues- deja fuera los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por tal motivo consideramos necesario englobar en el término “goce de sus derechos humanos, civiles, políticos y constitucionales” todos los derechos que amparan y asisten a las personas con discapacidad, así como señalar explícitamente el reconocimiento a la capacidad de ejercicio y goce de los mismos.

d. Artículo 7. Señala que el concepto “garantizando el acceso a los servicios de salud” obedece a la necesidad de armonizar la Ley con los niveles de obligación que marca la Convención a los Estados Parte, en especial en su artículo 25 que menciona la obligación de “asegurar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud”, además de hacer más explícito el cómo.

e. Artículo 10. La propuesta estima que “es necesario superar la visión médica de la clasificación de la discapacidad como único parámetro a considerar, y asumir que, tal como menciona la CIF, no se clasifican las personas sino la discapacidad. En este sentido la adición propuesta apunta a que en el mismo certificado se deje expresada la ecuación completa: la discapacidad debe valorarse como la funcionalidad de la persona con relación al contexto o entorno y considerando los apoyos que pueda requerir para lograr su plena participación y máximo desempeño”.

f. Artículos 12 y 15. La diputada expone que el sustento para desaparecer el concepto de Educación Especial que imparte el Estado, es la armonización “con los estándares de la Convención, -pues- específicamente en el tema de educación, la Convención hace referencia a educación inclusiva y no segregada, y no menciona la modalidad de “educación especial”. Con este fundamento propone modificar lo relativo a la educación en ambos artículos.

g. Artículo 17. La Proponente asegura que una “modificación en este artículo se fundamenta en la necesidad de aclarar y puntualizar el objeto y el sujeto de la Ley, y en garantizar la efectiva progresividad del derecho que asegura” la vivienda y la accesibilidad para las personas con discapacidad. Menciona que “el espacio urbano debe ser diseñado y construido para el conjunto de la población, por lo que debe ser accesible y con criterios de diseño universal que permitan su uso por todas las personas.”

h. Artículo 19. La diputada expresa que existe “la necesidad de clarificar la redacción y alcance de las acciones propuestas en la fracción IV, a la luz de los principios de la presente ley y armonizados con los mencionados en la Convención, la cual estipula -un listado de- principios generales a proteger”.

i. Artículo 22. Se argumenta que “la modificación de este artículo apunta a transversalizar la temática de discapacidad en las acciones y estrategias de recopilación de información y datos a través de fuentes propias del Inegi, y de otras fuentes, como, por ejemplo, registros educativos o de las áreas de salud y de desarrollo social.”

j. Artículos 24 y 25. En materia de recreación, cultura y turismo, la proponente expresa que existe “la necesidad de armonizar la legislación vigente con los estándares de la Convención y sus niveles de obligación de los Estados Parte”, para hacer obligatoria y asegurar el “acceso a la comunicación, la información y los bienes culturales y simbólicos” de las Personas con Discapacidad, “teniendo en cuenta acciones que aseguren la equiparación de oportunidades en dicho acceso.

k. Artículo 30. Se justifica diciendo que “la modificación se basa en la necesidad de incorporar los contenidos, principios y estándares de la Convención en los programas de sensibilización y capacitación propuestos en el Artículo”.

l. Artículo 42. La proponente explica que independientemente de “los cambios que pueda sufrir este artículo por la reubicación del Conadis a Sedesol, esta modificación se fundamenta en la necesidad de que quede expresamente señalada la transversalidad de los criterios de accesibilidad y diseño universal. –Igualmente, señala que el rol de Conadis como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; incorporar la perspectiva de género, y llevar a cabo un Registro Nacional de Personas con Discapacidad, diferente al Sistema de Información de Discapacidad, que considere todos los datos: personales, tipo de discapacidad, necesidad y acceso a los apoyos requeridos y otros datos de interés para el cabal conocimiento de esta población y sus necesidades específicas, básicas para el diseño, implementación de las políticas y la evaluación de su impacto y efectividad.”

3. La iniciativa que reforma los artículos 16 y 18  de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), a cargo de los dipu tados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, exponen que “las personas con discapacidad en México, continúan sin oportunidades reales de acceder a posibilidades mínimas de lograr una independencia por el problema de lograr tener un desplazamiento fácil, cómodo y seguro dentro de las propias viviendas, escuelas, colonias, comunidades, trabajos, edificios públicos y privados centros comerciales, centros de entretenimiento, transporte público, etcétera” y propone que se agreguen y expliciten las instituciones privadas en la obligación de asegurar la accesibilidad a la vivienda de las personas con discapacidad.

Texto vigente

Título Segundo “Derechos de las Personas con Discapacidad”

Capítulo IV “Accesibilidad y  Vivienda”

Artículo 16.Las personas con discapacidad tienen derecho...

Las dependencias...

Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos.

Para tales efectos...

Artículo 18.Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad. Las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.

Propuesta

Título Segundo “Derechos de las Personas con Discapacidad”

Capítulo IV “Accesibilidad y Vivienda”

Artículo 16.Las personas con discapacidad tienen derecho...

Las dependencias...

Los edificios públicos y privadosdeberán sujetarse a la legislación, regulaciones y normas oficiales mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos.

Para tales efectos...

Artículo 18.Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad. Las instituciones públicas y privadasde vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.

4. La iniciativa que reforma y/o adiciona los artículos , 3, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 19, 28, 42, 44, 53 y 55 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), a cargo de las dipu tadas María de la Paloma Villaseñor Vargas y María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone adecuaciones y actualizaciones a la Ley con la intención de ajustar el marco jurídico a la realidad y a las modificaciones en la Administración Pública Federal que reorienta la visión de la discapacidad como una responsabilidad para el desarrollo social y ubica al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad dentro de la estructura y sistema de la Secretaría de Desarrollo Social. Es un cambio en el paradigma de atención a la discapacidad.

Las diputadas Proponentes detallan las motivaciones para cada modificación de su propuesta de la siguiente forma:

a. Artículos 1 y 3. Las modificaciones “tienen como objeto hacer explícita la obligatoriedad de la ley en todo el territorio nacional y hacer imperativo que las medidas administrativas, legislativas y judiciales, para lograr los objetivos de la Ley”

b. Artículos 6 y 16. El objeto de estas propuestas es explicitar y adecuar el marco normativo para que “las entidades federativas y los municipios son corresponsables de la implementación de las políticas públicas”, y de este modo empatar esta ley con la “Ley General de Desarrollo Social” que en sus “artículos cuarto y noveno, establecen la obligatoria concurrencia de los tres niveles de gobierno en la planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas”.

c. Artículos 10, 12, 18 19 y 28. Se propone que se modifiquen estos artículos para que se “reconozcan más ampliamente los derechos de salud, educación, vivienda, transporte y justicia, respectivamente”.  Señala que, “en el caso de Salud, se propone adecuar la norma para que la Clasificación Nacional de las Discapacidades sea actualizada periódicamente, pues la Clasificación Internacional del Funcionamiento de las Discapacidad y de la Salud” se actualiza con regularidad y se requiere empatar esta regularidad.

d. Artículos 12. Las modificaciones pretenden dotar de mayores facultades al Conadis; la obligatoriedad de que en los libros gratuitos se “incluya la imagen y contenido que normalice a la discapacidad como una condición de vida”.

e. Artículo 18. “La modificación tiene por objeto hacer explícita la importancia y obligatoriedad de respetar el derecho a la accesibilidad en la vivienda y su entorno, a través de la observancia de lo relativo a la accesibilidad para personas con discapacidad y el diseño universal, en las leyes y en reglamentos de urbanismo y construcción”.

f. Artículo 19. La Proponente explica que “en materia de derecho al trasporte... -es necesario proteger a las Personas con Discapacidad, para erradicar la discriminación a las personas que, por su condición de discapacidad, requieren o dependan de la asistencia de un animal para su traslado”.

g. Artículo 28. Las diputadas reconocen que “las personas con discapacidad que, por la razón, circunstancia o en la calidad que sea, tienen derecho de utilizar los servicios de justicia y cuenten con la asistencia que requieran, de forma gratuita y acorde con su condición”.

h. Artículos 42, 44, 53 y 55. Las proponentes explican que estos artículos, son “parte del Título del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad” y que, por la “experiencia del funcionamiento de esta institución y de la nueva realidad del Consejo después de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se requieren adecuaciones para el buen funcionamiento del Consejo”.

5. La iniciativa que adiciona las fracciones IX del artículo 2 y XVII del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), a cargo de la dipu tada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, considera que es necesario dotar de una “identificación  a las Personas con Discapacidad en el país, que contaría con sus datos que incluyen nombre, edades y necesidades específicas, ventajas económicas al obtener descuentos en pagos por servicios a los órdenes de gobierno como pago de luz, predial, agua, así como descuentos que pudieran obtenerse en convenio con las empresas privadas, como medicamentos, alimentos y bebidas” y propone adiciones al artículo segundo, para definir la “Credencial Nacional para las Personas con Discapacidad” y atribuir la facultad de expedirla al Conadis, “en coordinación con la dependencia o entidad correspondiente”.

Consideraciones

Artículo 1

No se considera oportuna la modificación. La norma por esencia es “de cumplimiento obligatorio” y si una Ley es de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, ya obligatorio en todo el territorio nacional.

Artículo 2

No se consideran oportunas las modificaciones.

“Credencial Nacional para las Personas con Discapacidad”.  En el texto vigente este concepto no se encuentra.  El proponente lo incluye en su propuesta de adición de la fracción XVII del artículo 42, está también se considera improcedente y en consecuencia no es necesario adicionar al glosario de la ley la definición.

“Perspectiva de Género”. En el texto vigente este concepto se utiliza únicamente una vez en la fracción XI del mismo artículo segundo, en la definición de Educación Especial. En la iniciativa de la proponente, incluye este concepto en la propuesta de adición de la fracción XVIII del artículo 42, como una atribución del Conadis. Esta misma definición, como explica la proponente, ya existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No se considera que el concepto sea confuso o requiera se reitere el significado. La Ley General Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres también ocupa el concepto de “perspectiva de género” más de diez veces en su articulado y no lo define en su glosario.

“Servicios de Asistencia”. En el texto vigente no se encuentra empleado de la forma que se define.  El concepto que aparece en artículos 8 y 21, “servicios de asistencia social”, refiere más a una labor de un trabajador social. Utilizar esta acepción en el glosario podría prestarse a confusión.

La modificación a los artículos 12 y 15 de la Ley, que adecuan la visión de educación inclusiva, hace necesario modificar las definiciones de “educación especial y educación inclusiva”.  Es por esta razón que se propone derogar la fracción XI y modificar la fracción XII para hacerlo congruente con la visión de inclusión al Sistema Educativo Nacional y no únicamente a los planteles escolarizados o regulares. Esta modificación resulta de fondo pues el énfasis debe darse a la inclusión al sistema educativo, considerando las necesidades del educando y las posibilidades que brinden los planteles educativos.

Artículo 3

Se considera procedente, con modificación. El sentido original de la propuesta, es señalar que todos los niveles y todos los poderes de la federación son responsables de dar cumplimiento y vigencia a la Ley, tal y como lo establece el artículo 133 Constitucional, lo que armoniza a la Ley con el artículo 4 de la Convención, que habla de la obligación de los Estados Parte de llevar a cabo las medidas legislativas, administrativas y judiciales que se requieran para dar cumplimiento a la Convención, que obligue y limite al ámbito de competencia de cada autoridad.

Artículo 4

Se consideran procedentes las propuestas, con modificación que las integra. En los párrafos tercero y cuarto se suprimen las palabras “positiva”, que es redundante pues toda acción afirmativa, es una discriminación positiva. En la redacción original se percibe el deseo del legislador de ser cuidadoso para decir discriminaciones positivas y sustituye discriminación positiva por acción afirmativa positiva, por lo que se suprime el término para eliminar la redundancia.

Se considera procedente la modificación al último párrafo, pues corrige la redacción discriminatoria, ya que elimina de la redacción “como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural”, pues sugiere que existe mayor vulnerabilidad en la mujer por ser mujer, o en las zonas rural por no ser urbano, etcétera.

Artículo 6

La modificación a la fracción III se considera procedente, con modificación, pues la propuesta original implica un impacto considerable a las finanzas públicas y no existen estudios o estimaciones que señalen el monto de este impacto.  No obstante se comparte el espíritu de la iniciativa de proteger el presupuesto destinado a los programas sociales para Personas con Discapacidad, por ello que se modifica la redacción, a fin de precisar la responsabilidad del Ejecutivo federal de incluir en el PEF los recursos para las políticas públicas derivadas del “Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

La modificación a la fracción IV se considera procedente. La propuesta de armonizar la responsabilidad de todos los niveles de gobierno, es congruente con esta misma fracción y con el resto de esta Ley, pues explicita que las políticas públicas deben ser implementadas por los gobiernos de los Estados y Municipios, además de por el Ejecutivo federal.

La modificación a la fracción IX se considera procedente. La incorporación del concepto Derechos Humanos, es congruente con la reforma Constitucional del 10 de junio de 2011 que modifica la nomenclatura del Capito I del Título Primero de los Derechos Humanos y sus Garantías y reformó algunos artículos que lo integran.

La modificación a la fracción X se considera procedente. Los derechos que se explicitan, están contenidos en los artículos 10 al 17 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y son obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano. Incluirlos en esta fracción faculta y obliga al Poder Ejecutivo para garantizarlos y se armoniza la Convención.

Artículo 7

La modificación al párrafo primero se considera procedente, con modificación. Las adecuación explícita que la promoción del derecho a la salud únicamente es alcanzable garantizando el acceso a los servicios de salud, tal como está establecido en el artículo 25 de la Convención. Igualmente se considera apropiado incluir el concepto “equidad” como un criterio o valor de la ley.

La modificación a la fracción I, que propone incluir programas de salud mental, es improcedente, pues particulariza la norma. En el texto vigente, ocupar la categoría de “discapacidad” para evitar excluir alguna de ellas. Además, el artículo 10 de la Ley contempla que debe existir una Clasificación Nacional de Discapacidades, basado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que enlista las discapacidades, por lo que no se requieren estas particularizaciones. No obstante, es conveniente incluir el imperativo de programas “específicos” de programas de salud públicas para las Personas con Discapacidad.

La adición de la fracción II se considera improcedente. La garantía de acceso a los derechos de salud, debe ser un imperativo general establecido en el cuerpo del primer párrafo de este artículo séptimo, que garantiza el acceso a los programas generales de salud, contemplando a las personas con discapacidad como usuarias.

La modificación a la fracción X se considera improcedente, en la actual Ley, se garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, los programas de orientación, educación y rehabilitación sexual y reproductiva, deberán tomar en cuenta a las personas con discapacidad y sus necesidades de apoyo o asistencia. Es por esta razón que se mandata la creación de programas específicos para las personas con discapacidad.

Artículo 10

La reforma al párrafo primero se considera procedente, con modificación. La Clasificación Nacional de Discapacidades es un instrumento que duplica lo contenido en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, por lo tanto, lo que requiere el sector Salud, es la capacitación para el uso y aplicación de la Clasificación Internacional. De este modo se evitarán discriminaciones.

La modificación al párrafo segundo se considera procedente, con modificación. En términos jurídicos, sustituir “calificación” por “clasificación” sería confuso, pues los médicos califican la condición de las personas, no clasifican a las personas o su discapacidad.  El sentido del texto vigente es que el certificado tiene validez, pues el médico califica y certifica la condición de las personas. No obstante, se considera oportuno ampliar los alcances del certificado, añadiendo la obligación de señalar si existen apoyos requeridos o asociados a la discapacidad que están certificando..

Artículo 11

La modificación a la fracción II se considera procedente, con modificación. Las personas con discapacidad deben ser consideradas en temas laborales por sus competencias laborales y tomando en cuenta sus necesidades. Además, se sustituye el concepto de “derechos sindicales” por el de “derechos laborales”, que este es más amplio e incluye los derechos sindicales.

La derogación de la fracción VII. se considera improcedente. Las discriminaciones positivas o acciones afirmativas, son privilegios especiales que dotan de derechos que equiparan el piso de oportunidades de un grupo vulnerado. Eliminar este derecho sería un retroceso, contravendría a la Ley Federal del Trabajo y sería contrario a la Convención.

Artículo 12

La modificación a la fracción I se considera procedente. La Convención para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, garantiza un sistema educativo inclusivo y la educación. La inclusión de las personas con discapacidad al Sistema Educativo se puede lograr incluyendo a los niños con discapacidad a escuelas regulares o a escuelas de educación especializada que integran al Sistema Educativo en planteles escolarizados que cuentan con las ayudas necesarias para brindarles educación y habilitación.

Esta modificación obliga a definir la Inclusión Educativa como la Inclusión al Sistema Educativo Nacional y no sólo a los planteles regulares. Esta nueva definición permitirá observar el proceso de inclusión educativa desde la perspectiva de las necesidades del educando.  El sistema educativo en la actualidad ya cuenta con opciones acordes con las necesidades de los niños con discapacidad o con aptitudes sobresalientes, que se integran al sistema educativo por planteles con Unidades de Servicios de Apoyo para la Educación Regular y Centros de Atención Múltiple.

La modificación a la fracción II se considera procedente, con modificación. Es facultad de la SEP asegurar el acceso de todos los mexicanos a la educación y con esta modificación se le faculta para desarrollar programas institucionales de inclusión de las personas con discapacidad al sistema educativo en todos sus niveles.

La modificación a la fracción VI se considera procedente, con modificación. Se considera oportuno generalizar el texto actual que es particular y discriminatorio, pues únicamente prever equipo de cómputo para las personas ciegas. La propuesta hace general e incluyente el derecho a estos apoyos. No obstante, es improcedente incluir la leyenda “de todos los niveles” ya que es redundante, pues si es estudiante, es porque está integrado a algún nivel educativo.

La modificación a la fracción XIII se considera procedente. La SEP es responsable de celebrar convenios entre instituciones receptoras de estudiantes en Servicio Social, con la institución Educativa; con esta modificación deberá avocarse a promover el servicio social a favor de Personas con Discapacidad y así cumplir con el espíritu original del artículo.

La adición de la fracción XIV se considera procedente. La SEP es responsable de elaborar los libros de texto gratuitos y es fundamental hacer normal la discapacidad, a través de incluirla en todos los ámbitos de la vida cotidiana, especialmente en la Educación.

Artículo 15

La modificación al párrafo primero se considera procedente, con modificación. Al igual que con la fracción I del artículo 12, se considera procedente modificar la nomenclatura de Educación Especial por Educación Inclusiva. También, se reconoce la necesidad de incluir la formación académica y la capacitación laboral como objetivos de los programas y servicios educativos para personas con discapacidad. En la actualidad, la Coordinación Nacional del Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, ya brinda capacitación laboral a través de los Centros de Atención Múltiple.

Igualmente, se considera procedente explicitar que el objetivo de la Educación Inclusiva es el integrar a los niños con discapacidad a entornos escolares regulares, debidamente adaptados y con personal capacitado. Es por ello se adiciona este importante objetivo como un segundo párrafo.

Artículo 16

Se consideran procedentes las propuestas, con modificación que las integra. Se considera procedente la adecuación al párrafo segundo, que al igual que en artículos anteriores adecua la ley al incluir los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) en la responsabilidad de dar cumplimiento a la Ley y, en este caso particular garantizar el acceso de las Persona con Discapacidad a los beneficios de la Política Nacional de Vivienda.

Igualmente, se considera procedente ampliar en el párrafo tercero la responsabilidad para que los edificios privados se sujeten a las normas oficiales vigentes para asegurarla accesibilidad de las Personas con Discapacidad.

Artículo 17

La modificación al párrafo primero se considera procedente, con modificación. Llevar la garantía de accesibilidad más allá del espacio público, e incluir la infraestructura básica, el equipamiento urbano el entorno de la vivienda y los servicios urbanos e instalaciones de acceso público, es ampliar el piso de derechos de las Personas con Discapacidad.

La modificación a la fracción I se considera procedente. La redacción que se aprueba es más apegada a los estándares de la Convención y no contraviene el espíritu original del legislador.

La modificación a la fracción II es improcedente. La accesibilidad refiere específicamente a la posibilidad de hacer uso, incluir “permitir el uso” es redundante y excesivo.

La modificación a la fracción III se considera procedente, con modificación. Ampliar la necesidad de adecuaciones a toda la infraestructura básica, al espacio público, al equipamiento del entorno urbano, a los servicios urbanos y al entorno a las viviendas e instalaciones a las que existe acceso el público, es una precisión que adecua la Ley a los principios de garantía en el acceso a la vivienda.  Además, es complementario a las modificaciones planteadas en la fracciones I de este mismo artículo.

Artículo 18

Se consideran procedentes las propuestas, con modificación que las integra. En congruencia con los artículos anteriores, es procedente explicitar la obligación de observar la normatividad de accesibilidad y diseño universal en la los proyectos arquitectónicos, de construcción y/o modificación de viviendas, de edificios públicos y privados y en su entorno.  Igualmente es procedente ampliar la obligación a los privados que diseñan o construyan viviendas.

Artículo 19

Se consideran procedentes las propuestas, con modificación que las integra. La fracción II explicita el derecho que tienen las Personas con Discapacidad de hacer uso del transporte público con sus animales guía o de compañía.

Igualmente, se considera procedente la modificación a la fracción IV, que establece la obligación de incorporar en la programación de radio y televisión contenidos que sensibilicen, concienticen y fomenten contenidos y la participación de las personas con discapacidad, bajo las premisas de dignidad y de respeto.

La modificación a la fracción V se considera improcedente. La SCT no puede “establecer” convenios. La SCT podría establecer reglamentación o promover convenios, pero no establecer convenios.

Artículo 22

La modificación se considera improcedente. La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, en su artículo 59, faculta de forma exclusiva al INEGI para realizar censos nacionales; Integrar el sistema de cuentas nacionales, y; la elaboración de los índices nacionales de precios del consumidor y del productor.  Es por esta razón que el artículo 22 de la LGIPD únicamente habla de censos.

Además, las facultad de generar datos en temas de salud y discapacidad, competen a la Secretaría de Salud, según lo establece la Ley General de Salud en su artículo 104.

Artículo 24

La modificación al párrafo primero se considera procedente. La Ley General de Cultura Física y Deporte, en la fracción XI del artículo 2, establece que se debe garantizar el acceso al deporte, sin distinción de ningún tipo, incluida la discapacidad. La Conade, por lo establecido en el artículo 30 de su ley, está obligada a garantizar el derecho al deporte.

La adición de una nueva fracción II se considera precedente, con modificación. La adición Garantizar la no discriminación de los deportistas de alto rendimiento con discapacidad y el acceso y uso de las instalaciones, servicios y beneficios que la Conade otorga a los deportistas de alto rendimiento.

Artículo 25

La modificación al artículo se considera improcedente. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), no tiene atribuciones para autorizar o prohibir la distribución o exhibición pública de películas. Esta atribución se encuentra en el ámbito de competencia de la Secretaría de Gobernación y existe una ley específica de cinematografía.

Artículo 28

La modificación al artículo se considera procedente. El acceso a la justicia es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tratados internacionales y es un Derecho Humano fundamental.  El Estado está obligado a garantizar que toda persona que haga uso de los servicios de justicia, sin importar si es víctima o posible responsable, deben de contar con el apoyo necesario para que no se vulneren sus derechos. Es imperativo para garantizar la asistencia y el acceso efectivo a la justicia.

Artículo 30

La modificación a este artículo se considera procedente, con modificación. El acceso a la justicia, como lo expone la proponente, debe sujetarse a las garantías que ofrecen los acuerdos internacionales, pero no puede limitarse a estos. La constitución cuenta con un capítulo dentro del título primero con este mismo fin, denominado “De los Derechos Humanos y sus Garantías” y estos junto con los derechos particulares de las Personas con Discapacidad establecidos en tratados internacionales y leyes secundarias, deben ser observados en todo momento en la administración e impartición de justicia.

Artículo 42

La modificación propuesta a la fracción XIII se considera procedente, empero es más apropiado adicionar la obligación de que Conadis elabore el Reglamento Federal para la Accesibilidad y Diseño Universal, en una nueva fracción. Esta obligación se adiciona en la fracción XIX .

La adición de la fracción XVII se considera procedente. Incluir la facultad de que el Conadis funciones como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la administración pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado con el fin de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, es adecuar la Ley para que reconozca una función que ya desempeña en la actualidad.

La adición de la fracción XVIII se considera procedente, con modificación. Mandatar al Consejo incorporar la perspectiva de discapacidad y género, de manera transversal, en las políticas y acciones de gobierno, es parte del espíritu original de los legisladores. Con esto se adecua la Ley a las exigencias de la sociedad al Consejo.

Las propuestas de adición de las fracciones XIX y XXI, relativas a la creación de un registro de personas con discapacidad y la emisión de una credencial para personas con discapacidad, respectivamente, se consideran improcedentes. Incluir en las obligaciones del Conadis un registro nacional de personas con discapacidad y la emisión de una credencial, implican impacto presupuestal y carga laboral que superan por mucho las posibilidades actuales del Consejo. Las iniciativas no incluyen estimaciones del costo o impacto presupuestal que estas adiciones causarían.

La propuesta de adición de la fracción XX, relativa a la facultad de recibir y dar trámite a quejas de Personas con Discapacidad, se considera improcedente. Incluir en las obligaciones del Conadis el dar trámite y seguimiento de las quejas o denuncias que las personas con discapacidad, sus familias o tutores interpongan contra supuestas violaciones a sus derechos humanos, implica impacto presupuestal y carga laboral que superan por mucho las posibilidades actuales del Consejo. Además invadiría facultades que actualmente tienen la CNDH y del Conapred.

Artículo 44

La modificación a las fracciones I y II se considera procedente. Invertir el orden de las Secretarías de Salud y Desarrollo Social es congruente y armoniza la Ley con las modificaciones a la Administración Pública Federal, que ahora responsabilizan a la Secretaría de Desarrollo Social como cabeza de sector y, por lo tanto, ahora encabezar la Junta de Gobierno del Consejo.

La modificación al párrafo tercero se considera procedente. Es oportuno y necesario hacer la aclaración de que los integrantes designados a la asamblea, deberán ser miembros de organizaciones de o para personas con discapacidad.  Este es el espíritu original de la norma y en la práctica estos espacios han sido ocupados por funcionarios públicos ajenos a las organizaciones de las personas con discapacidad. La precisión devuelve el sentido original de la ley.

La modificación al párrafo quinto se considera procedente. Es importante incluir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que reestructura a la antigua Secretaría de la Reforma Agraria, con nuevas responsabilidades en programas sociales, para transversalizar la perspectiva de discapacidad.

Artículo 45

La modificación al artículo se considera procedente. Esta modificación es congruente con modificación del artículo anterior y con la modificación que se llevó a cabo a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Con el cambio de paradigma de la atención de la discapacidad de una visión netamente médica a una visión de atención integral para el desarrollo, la Junta de Gobierno del Consejo debe ser ahora presidida por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Artículo 53

La modificación a la fracción I se considera procedente. Es congruente con la modificación planteada en el párrafo V del artículo 44, pues es necesario establecer que los representantes de las organizaciones deberán ser miembros de organizaciones de Personas con Discapacidad y prohibir que estos sean funcionarios públicos en activo.

La modificación al párrafo segundo se considera procedente. Ampliar la elección de los integrantes de la mesa de la asamblea al secretario y al escrutador, es ampliar los cauces democráticos y hará una mesa más plural. Además atiende a la demanda de organizaciones de Personas con Discapacidad que solicitaban esta modificación.

La adición del párrafo tercero se considera procedente, con modificación. La adición que faculte a los Gobiernos Estatales y al Consejo para celebrar convenios que les permitan dar y recibir, respectivamente, aportaciones económicas o en especie, será útil para el buen funcionamiento de la Asamblea y responde a las necesidades de Conadis.

Artículo 55

La modificación al artículo se considera procedente, con modificación. Es principio democrático que las bases de cualquier convocatoria y elección se conozcan y estén plasmadas de antemano en un ordenamiento. Incluir que las bases de la convocatoria y elección para la Asamblea Consultiva en el Estatuto Orgánico del Consejo, es un principio de certeza democrática.  Esta adecuación junto con la condición de que los representantes sean miembros de las organizaciones y no funcionarios públicos, son precisiones que acercan la operación del consejo al espíritu original de la Ley.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de de reconocimiento y protección de los derechos y mejoría de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Artículo Único. Se reformanlos artículos 2, fracción XII; 4, párrafos tercero y cuarto; 6, fracciones III, IV, IX y X; 7, primer párrafo y fracción I; 10; 11, fracción II; 12, fracciones I, II y XIII; 15; 16, párrafos segundo y tercero; 17; 18; 19, fracciones II y IV; 24, primer párrafo; 28; 30; 42, fracción XIII; 44, fracciones I y II, y párrafos tercero y quinto; 45; 53, fracción I y párrafo segundo; y, 55; se adicionanlos artículos 3, con un segundo párrafo; 12, con una fracción XIV, recorriéndose la actual en su orden; 24, con una fracción II, recorriéndose en su orden las subsecuentes; 42, con las fracciones XVII y XVIII, recorriéndose en su orden  la subsecuente, y 53, con un último párrafo y se derogan la fracción XI, al Artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I.a X. ...

XI. Se deroga.

XII. Educación Inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes, al Sistema Educativo Nacional, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social y con perspectiva de género;

XIII.a XXVIII. ...

Artículo 3. ...

Se deberán adoptar las medidas administrativas, legislativas y judiciales que sean pertinentes para dar cumplimiento y plena vigencia a esta Ley.

Artículo 4. ...

...

Las acciones afirmativas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. La Administración Pública pondrá especial atención a los casos de las personas con discapacidad expuestas a un grado mayor de discriminación y vulnerabilidad, o bien, requieran mayores apoyos en la toma de decisiones.

Artículo 6. ...

I.y II. ...

III. Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tomando en consideración la participación de las entidades federativas en el reparto de estos recursos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables;

IV. Establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas y los Municipios, que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad;

V.a VIII. ...

IX. Fomentar la integración social de las personas con discapacidad, a través del ejercicio y goce de sus derechos humanos, civiles y políticos;

X. Promover el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad , incluidos sus derechos al igual reconocimiento ante la ley, a la privacidad, a la seguridad, la protección contra la tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes, explotación, abusos, violencia, y la atención en situaciones de riesgo o emergencia,en condiciones equitativas .

XI.a XIII. ...

Artículo 7.La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, contemplándolas como usuarias en los programas generales de salud y garantizando el derecho a la saludmediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de equidad, calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I. Diseñar, ejecutar y evaluar programas específicosde salud pública para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral o especializada, rehabilitación y habilitación, para las diferentes discapacidades .

II.a XII. ...

Artículo 10.La Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, establecerá lineamientos y mecanismos de capacitación para el uso y aplicación de laClasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas públicas.

El Sector Salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificaciónde discapacidad y apoyos requeridos,con validez nacional.

Artículo 11. ...

I. ...

II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboralde las personas con discapacidad atendiendo a sus competencias laborales, en el sector público o privado, que protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos laborales de las personas con discapacidad;

III.a VIII. ...

Artículo 12. ...

I. Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas para la educación inclusiva de personas con discapacidad;

II. Garantizarla inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, a través de programas institucionales de inclusión y atención a alumnos con discapacidad en los cuales se desarrollen y apliquen normas y reglamentos que eviten su discriminación y favorezcan las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos, aseguren personal docente capacitado; incluyendo programas universitarios de atención a alumnos con discapacidad;

III.a V. ...

VI. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad  materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología, hardware y software adecuados para las necesidades según la discapacidad, y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación equitativa y con calidad;

VII.a XII. ...

XIII. Celebrar convenios de coordinación o concertación con instituciones de educación técnica, profesional y superior de cada Entidad Federativa, a efecto de que los estudiantes que realicen su servicio social apoyen a personas con discapacidad;

XIV. Integrar en los libros de texto gratuito, información e imagen de las personas con discapacidad, que permita a los estudiantes conocer, sensibilizar, concientizar sobre sus derechos e infundirles valores y la importancia de integrar a las personas con discapacidad en la comunidad, y

XV.Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Artículo 15.La educación inclusiva tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación académica, la capacitación laboral, la formación de la vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales que comprende entre otras, dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le permita a las personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago o discriminación.

La educación inclusiva deberá procurar que los alumnos con discapacidades sean integrados a entornos escolares regulares adaptados y con personal capacitado para un proceso de inclusión educativa.

Artículo 16. ...

Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas y los Municipios, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

Los edificios públicos y privadosdeberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos.

...

I.a III. ...

Artículo 17.Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, espacio público, equipamiento del entorno urbano, servicios urbanos, así como las acciones de vivienda, construcciones e instalaciones privadas con acceso público,se contemplarán, entre otros, los siguientes lineamientos:

I. Que responda a los criterios de diseño universal, con carácter obligatorio y adaptada para todas las personas;

II. Que incluya o permita el usode señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos, y

III.Que la adecuación de la infraestructura básica, espacio público, equipamiento del entorno urbano, servicios urbanos, así como en el entorno las vivienda e instalaciones a las que tiene acceso el público, sea progresiva.

Artículo 18. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deben cumplir con la normatividad en materia de accesibilidad y diseño universal en losproyectos arquitectónicos de construcciones y de modificación a las viviendas. Las instituciones públicas y privadasde vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.

Artículo 19. ...

I. ...

II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos , personal capacitado y el libre acceso en compañía de perro guía o animal de servicio;

III. ...

IV. Promover la suscripción de convenios con los concesionarios de los medios de comunicación, para difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con los principios y propósitos de esta Ley, e incorporar en la programación de radio y televisión, contenidos de sensibilización, concientización y formación, fomentando que los contenidos y la participación de las personas con discapacidad se realicen bajo las premisas de dignidad y de respeto a la diversidad humana, y

V. ...

Artículo 24.La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte garantizaráel derecho de las personas con discapacidad al deporte. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. ...

II. Asegurar el acceso y uso de los deportistas de alto rendimiento con discapacidad a las mismas instalaciones, servicios y beneficios que todos los deportistas de alto rendimiento;

III.a IV. ...

Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales , respetando sus derechos humanos, deberán contar con asistencia,asesoría y representación jurídica accesible a su condición yen forma gratuita, a fin de asegurar el acceso efectivo a la justiciaen dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.

Artículo 30.Las instituciones de administración e impartición de justicia implementarán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal, sobre la atención a las personas con discapacidad , observando en todo momento los derechos humanos y los derechos de las personas con discapacidad.

Artículo 42. ...

I. a XII. ...

XIII. Promover la creación y aplicación de reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas en materia de discapacidad , que contemplen la accesibilidad y el diseño universal;

XIV.y XV. ...

XVI. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la elaboración de los informes que el Estado Mexicano presentará ante los organismos internacionales, sobre la aplicación y cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de discapacidad;

XVII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado, con el fin de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad;

XVIII. Promover la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en las políticas, acciones, estrategias y programas de desarrollo e inclusión para generar condiciones de equidad, y

XIX.Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento, Estatuto Orgánico del Consejo y demás disposiciones aplicables.

Artículo 44. ...

...

I. Secretaría de Desarrollo Social;

II. Secretaría de Salud;

III.a IX. ...

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva deberán ser miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad, no podrán ser funcionarios públicos en activo ydurarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.

...

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 45.La Junta de Gobierno será presidida por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Los integrantes propietarios contarán con suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de Subsecretario o Director General o su equivalente. Los integrantes propietarios o suplentes, en el ejercicio de sus funciones contarán con derecho a voz y voto.

Artículo 53. ...

I. Un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad, de cada una de las Entidades Federativas. Los representantes de las organizaciones deberán ser acreditados de las organizaciones de y para personas con discapacidad y no podrán ser funcionarios públicos en activo;

II.y III. ...

La Asamblea será presidida por un representante electo de entre sus miembros, así mismo, se nombrarán un Secretario y un escrutador, que también serán electos de entre sus miembros.

El Consejo y los Gobiernos de las Entidades Federativas podrán celebrar acuerdos y convenios de colaboración, con el fin de apoyar las actividades y el buen funcionamiento de la Asamblea.

Artículo 55. Las bases de la convocatoria, elección,funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el Estatuto Orgánico del Consejo.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Sosa Govea (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo.»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social, dictaminando con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XX, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, 84, 85, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, 176, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

I. Con fecha 1o. de octubre de 2013, la diputada federal Cristina Olvera Barrios,del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social, turnándose a la Comisión de Desarrollo Social para su dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciante propone incorporar el concepto de “alimentación nutritiva y de calidad” a la política nacional de desarrollo social para que todos los mecanismos y programas del gobierno consideren conjuntamente a la nutrición paralelamente de la alimentación, en atención del derecho humano consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Desarrollo Social es competente para conocer de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

II. Dentro del proceso de análisis y valoración de los argumentos vertidos por la proponente se focaliza que el objetivo de la iniciativa es que se armonice el texto de la Ley General de Desarrollo Social con lo actualmente dispuesto en el artículo 4o. constitucional, relativo al derecho que tiene toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad que deberá garantizar el Estado, particularmente se acentúe esta disposición en la política nacional de desarrollo social y en las disposiciones de los mecanismos y programas que ejecute el Ejecutivo federal.

III.Para cumplir dicho objetivo se propone reformar los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

IV. Continuando el proceso de dictamen, se estudian los argumentos vertidos por la proponente en la exposición de motivos de la iniciativa, resaltando los siguientes:

• La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011, establece que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará” con lo que se busca superar la crisis alimentaria que sufren los sectores más desprotegidos, no sólo con el acceso a la alimentación, sino que sea de calidad.

• Se pretende armonizar la legislación nacional con lo establecido en la Constitución federal y los principios y valores plasmados en los instrumentos internacionales que ha firmado México.

• Entre los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) es la erradicación del hambre, consolidar la seguridad alimentaria y disminuir la malnutrición a escala mundial.

• En la Declaración de Roma, que versó sobre la alimentación mundial, se determinó el “derecho de todas las personas a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”. Esta declaración compromete a los Estados firmantes a ejecutar políticas que asegurarán la producción, el abasto y la calidad de los alimentos.

• En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación se estableció que las recomendaciones contenidas en el plan de acción deben estar contenidas en la legislación nacional y se formulen a través de estrategias, políticas y programas.

V.La diputada proponente también enfatiza en su exposición de motivos la importancia de plasmar en la Ley General de Desarrollo Social el concepto “nutrición”, puesto que al hablar de “alimentación” de forma lisa y llana se puede prestar a que los programas y políticas públicas dejen a un lado los alimentos que tengan valor nutricional y que sólo busquen satisfacer la ingesta aunque no fuera de calidad o sana para el organismo.

VI. Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social proceden a estudiar la viabilidad de modificar diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, como propone la iniciante.

Es correcto que la propia Constitución federal, en el párrafo tercero del artículo 4o., ya establece como derecho humano la accesibilidad a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, misma que garantizará el Estado. En el mismo decreto de fecha 13 de octubre de 2011 se publicó la adición de un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Carta Magna con el propósito de determinar que “el desarrollo rural integral y sustentable a que refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”.

Con la entrada en vigor de las modificaciones de la Constitución federal que señala el párrafo anterior, se puede afirmar que el derecho a la alimentación es fundamental, pues no solamente figura en la Carta Magna sino que también ha sido reconocido en varios tratados y documentos internaciones de derechos humanos.

VII. El tema de hambruna es expuesto ampliamente por la tesis de Malthus (1961) contenida en su Ensayo sobre la población, publicada en 1798, en la que anticipaba que el crecimiento de la población sobrepasaría las capacidades productivas del planeta. Esta profecía no se ha cumplido, afortunadamente, pero si es claro que la población mundial ha crecido diametralmente en los últimos siglos. La especie humana tardó millones de años en sumar la cantidad de mil millones en el planeta, pero solamente 123 años en llegar a 2 mil millones, 33 años en llegar a 3 mil millones, 14 años en llegar a 4 mil millones y 13 años en llegar a 5 mil millones, cifra descritas por Sartori y Mazzoleni en el ensayo La Tierra explota. A principios de noviembre de 2011, el planeta recibió a su habitante número 7 mil millones.

El aumento desmedido de la población mundial no es el detonante de la hambruna, pues como lo detalla el reconocido economista Amartya K. Sen, premio Nobel de Economía en 1998, con excepción del continente africano, la producción de alimentos ha crecido en todas las regiones del mundo y los precios de los alimentos básicos han disminuido en caso 70 por ciento en los últimos 50 años.

En ese orden de ideas, el premio Nobel advierte que la violación del derecho fundamental a la alimentación no sólo se da por la falta del alimento, sino por la falta de capacidad de lagunas personas para hacerse de dicho alimento, ya sea que los produzca para sí misma o que los adquiera en el mercado, esto íntimamente vinculado a nivel de país, pues existe un vínculo estrecho entre el tipo de sistema político y la presencia de hambrunas. En un sistema democrático se puede hacer frente a la hambruna e incluso prevenirla.

VIII. Siguiendo con el estudio de la alimentación como derecho fundamental, se toman en consideración los documentos internacionales que hace referencia la iniciante, se agregan que en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 es considerado en el artículo 25.1, y más detallado el tema en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Viillán Duran, 1997, en cuyo artículo 11 establece que los Estados parte tomarán las medidas y los programas necesarios para que todas las personas estén protegidas contra el hambre.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, señala que “toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual”.

IX.Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social consideran pertinentes las modificaciones propuestas en la iniciativa que se dictamina, por los siguientes razonamientos:

- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comentado la pertinencia de un control de la convencionalidad por parte de los jueces nacionales. Es decir, el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas.

- De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo segundo, la obligación de los Estados de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechos previstos en ella, así como la obligación para la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de los derechos humanos.

- Por otro lado, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria siempre que se ajuste a esas reformas constitucionales, es decir, que sea acorde con la protección de los derechos humanos, reconocidos tanto en la propia Carta Magna como en los tratados internacionales de que el Estado mexicano es parte; esto, considerado en la siguiente tesis de jurisprudencia:

[TA]; 10a. época; TCC; SJF y su Gaceta; libro XVI, enero de 2013, tomo 3; página. 2089

Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La obligatoriedad de la emitida antes de las reformas de los artículos 1o. y 103, de diez y seis de junio de dos mil once, en relación con el 133, todos de la Constitución federal, se sujeta a que aquélla sea acorde con la protección de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte (inaplicabilidad de la tesis 2a./j.108/2010).

Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el pleno, y además para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Ahora bien, el mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control de constitucionalidad que deriva del análisis sistemático de la reforma que sufrieron los artículos 1o. y 103, en relación con el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que la observancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria siempre que se ajuste a esas reformas constitucionales, es decir, que sea acorde con la protección de los derechos humanos, reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte. De tal suerte que, la no aplicación de criterios jurisprudenciales emitidos con anterioridad a la reforma constitucional aludida, porque el tratado internacional considera un derecho humano de mayor beneficio al justiciable, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona, no implica desacato a lo dispuesto por el citado artículo 192, pues la obligatoriedad de la jurisprudencia se encuentra sujeta a que ésta interprete un sistema jurídico vigente aplicable al caso concreto de que se trate. Esta premisa generó que este tribunal ejerciera oficiosamente el control difuso de convencionalidad e inaplicara la jurisprudencia 2a./J.108/2010, de rubro: “Emplazamiento al tercero perjudicado por edictos. El incumplimiento del quejoso de recogerlos y pagar su publicación no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de amparo”, que en esencia, considera que a efecto de que no se sobresea en el juicio de garantías por incumplimiento de recoger los edictos, el quejoso debe comparecer a manifestar su imposibilidad para cubrir el gasto de su publicación y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos deben existir indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Ello es así porque mediante el principio de interpretación conforme en sentido amplio, respecto de los numerales 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que el Estado mexicano, en su orden, adquirió la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en él, a efecto de garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, entre otros motivos, por la posición económica, así como que todas las personas son iguales ante la ley; además, el Estado deberá contar o implementar los mecanismos legales idóneos, necesarios o suficientes para permitir a toda persona en el ejercicio de su derecho de defensa contra actos que estime transgresores de su esfera jurídica, lo cual está referido a toda materia de derecho. De ese modo, si la citada jurisprudencia condiciona la procedencia del juicio de garantías a que el particular comparezca a manifestar y evidenciar su imposibilidad para cubrir el gasto de los edictos, entonces esa circunstancia se estima contraria a los derechos humanos de gratuidad de la administración de justicia, que consagra el artículo 17 constitucional, de igualdad ante la ley y no discriminación por posición económica, en virtud de que se condiciona el derecho de gratuidad de la administración de justicia a que se colmen los requisitos que no establece la ley de la materia, los que giran en torno a motivos de índole económica, lo que significa que el citado derecho se reserva sólo para las personas que no tengan la capacidad económica para sufragar el pago de la publicación de los edictos, que se traduce en clara violación a los derechos humanos referidos, pues la garantía de igualdad y la no discriminación prohíben la diferencia de tratamiento entre seres que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.

Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco

Amparo directo 402/2012 (cuaderno auxiliar 685/2012), 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos con voto aclaratorio del Magistrado José de Jesús López Arias. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Abel Ascencio López.

Nota: La tesis 2a./J.108/2010 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXII, agosto de 2010, página 416.

En conclusión, esta comisión dictaminadora concuerda en modificar los diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social para homologar los derechos adquiridos por la modificación del artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social, por ser el ordenamiento legal sustantivo que reglamenta el derecho humano de la alimentación, entre otros.

En mérito de las razones y consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo Único. Se reforman los artículos 6, 14, fracción I, 19, fracción V, y 36, fracción VII, de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 14....

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la alimentación nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación;

II. a V. ...

Artículo 19. ...

I. a IV. ...

V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación nutritiva y de calidad y nutrición materno-infantil;

VI. a IX. ...

Artículo 36....

I. a VI. ...

VII.Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

VIII. y IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 6 de noviembre de 2013.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), presidente; Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Alejandra López Noriega, Raúl Paz Alonzo, Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres, Laura Barrera Fortuol (rúbrica), Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Isaías Cortés Berumen, Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Marco Antonio González Valdez, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Alejandro Llanas Alba, Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en materia de divulgación de la ciencia y la tecnología

Honorable Asamblea:

Las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y Ciencia y Tecnología, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82 numeral 1, 85, 176 y 95, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el jueves 29 de abril de 2010, la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 7 de la Ley General de Educación y 2 y 10 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 26 de abril de 2011, el dictamen positivo se sometió a discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados, aprobándose con 409 votos. La iniciativa con proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Senadores y fue recibida para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el 27 de abril de 2011.

4. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la minuta en comento a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

5. Las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos dieron trámite de recibo e iniciaron el análisis correspondiente.

6. El dictamen de primera lectura fue presentado el 16 de abril de 2013 por las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.

7. El 23 de abril de 2013, el dictamen positivo con modificaciones, se sometió a discusión y votación en el pleno de la Cámara de Senadores, aprobándose con 88 votos.

8. Dictamen a discusión presentado el 23 de abril de 2013. Proyecto de decreto aprobado por 88 votos. La iniciativa con proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados y fue recibida para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el 25 de abril de 2013.

II. Descripción de la minuta

La minuta tiene como principal objetivo fortalecer e incentivar las acciones de divulgación científica entre los investigadores, organizaciones de la sociedad civil y los docentes de educación básica.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es uno de los organismos que juega un papel importante en relación a la formación, desarrollo y divulgación de la ciencia y la tecnología del país.

En lo que respecta a la divulgación, se menciona que es un instrumento muy importante para la educación científica no formal y formal, pero es visible que existe una desvinculación entre los docentes de educación básica y los investigadores del país para el intercambio de estrategias que generen una cultura científica sólida en los alumnos.

Además se requiere fortalecer y vincular los esfuerzos que han realizado las “organizaciones como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Academia Mexicana de las Ciencias para que cuenten con espacios para la capacitación de los docentes de nivel básico en el tema de la ciencia y la tecnología”.

Con base en los anteriores argumentos, en la minuta se propone el siguiente proyecto de decreto:

Único.Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI de artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Naciona1 de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 2.

...

I. a X. ...

XI. Apoyar la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos.

Para ello el Conacyt deberá emprender acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de divulgación científica entre los investigadores del país y las organizaciones de la sociedad civil.

De igual forma, deberá incentivar la vinculación entre estos actores y las instituciones del Sistema Educativo Nacional a fin de fortalecer la capacitación de los educadores en materia de cultura científica y tecnológica;

XII. a XXVIII. ...

III. Consideraciones generales

En opinión de estas Comisiones Dictaminadoras, es de reconocerse que la ciencia y la tecnología son aspectos de gran importancia para el desarrollo económico del país, y deben estar al alcance del público en general. En la Ley General de Educación el fomento a la investigación y la innovación científicas y tecnológicas son fines de la educación (artículo 7o.).

El Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, como organismo descentralizado del Estado y especialista en la articulación de políticas públicas y la promoción del desarrollo científico y tecnológico del país; será el encargado de fortalecer la vinculación de los investigadores del país con el Sistema Educativo Nacional y las organizaciones de la sociedad civil.

El conocimiento científico y las actitudes tecnológicas en la sociedad aumentan la productividad y contribuyen al bienestar social. Por tanto, es necesario que se fortalezcan y vinculen todos los niveles educativos en la creación y formación de conocimiento científico y tecnológico; al mismo tiempo de que se promuevan a otros sectores del país como parte de su cultura.

Los estudiantes del sistema educativo nacional deben conocer y entender la importancia y el impacto que genera el desarrollo científico y tecnológico, por lo que el Estado tiene la tarea de promover y apoyar -financiera mente o por cualquier medio- a la investigación científica y tecnológica en la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, inicial y especial del país (artículo 9o. de la Ley General de Educación).

Las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología proponen a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sea remitido al Ejecutivo para efecto de que, si no tuviere observaciones que hacer, lo publique inmediatamente.

Por lo anterior, y una vez analizada la minuta materia de este dictamen, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, y para los efectos .de la fracción e) del artículo 72 constitucional, someten a consideración del pleno de la Cámara del Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en materia de divulgación de la ciencia y la tecnología

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI de artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 2.

...

I. a X. ...

XI. Apoyar la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos.

Para ello el Conacyt deberá emprender acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de divulgación científica entre los investigadores del país y las organizaciones de la sociedad civil.

De igual forma, deberá incentivar la vinculación entre estos actores y las instituciones del sistema educativo nacional a fin de fortalecer la capacitación de los educadores en materia de cultura científica y tecnológica;

XII. a XXVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 octubre de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López, secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica en contra), Julio César Flemate Ramírez, Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).

La Comisión de Ciencia y Tecnología, dputados:Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), presidente; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Luis Miguel Ramírez Romero (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), secretarios; Consuelo Argüelles Loya, Alberto Coronado Quintanilla, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Benito Caballero Garza (rúbrica), Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba, Roberto López González (rúbrica), Crystal Tovar Aragón.»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 341 Bis de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen,

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 25 de enero de 2012, el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma el artículo 322 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para dictamen

3. En reunión ordinaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, con fecha 19 de febrero de 2013, se votó el dictamen a favor con modificaciones.

4. Con fecha 24 de abril de 2013, fue aprobado en segunda lectura por la Cámara de Senado el dictamen con proyecto de decreto y remitido a la Cámara de Diputados.

5. Con fecha 29 de mABRIL de 2013, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados indica turno a Comisión de Salud para dictamen de la minuta.

III. Contenido

La minuta tiene como objetivo que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas impulsen la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales o progenitoras.

El proyecto de decreto propone reformar el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de células progenitoras hematopoyéticas, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

La Secretaría de Salud, emitirá las disposiciones que regulen tanto la infraestructura con que deberán contar los bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición y distribución de células progenitoras hematopoyéticas, como la obtención, procesamiento y distribución de dichas células.

Iniciativa

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales o progenitoras, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema. Nacional de Salud al respecto.

...

IV. Consideraciones

Primera. La sangre es un tejido líquido que regula el transporte del oxígeno que recoge en los pulmones a todos los tejidos del cuerpo, y elimina el dióxido de carbono transportándolo desde los tejidos hasta los pulmones; transporta los nutrientes desde el aparato digestivo hasta las células, y las hormonas desde las glándulas hasta todos los tejidos del cuerpo; transporta las sustancias que combaten las enfermedades y llevando los desperdicios a los riñones, hígado y otros órganos de excreción. También tiene un papel importante en funciones como la coagulación, la inmunidad y el control de la temperatura corporal.

La cantidad de sangre de una persona está en relación con su edad, su peso, sexo y altura. Una persona adulta puede tener entre 4 y 6 litros de sangre, aproximadamente el 7 por ciento de su peso corporal.

La sangre está constituida por varios elementos con funciones diferentes, de ahí que puedan ser transfundidos a pacientes distintos según las características de su enfermedad. Es por eso que con sólo una donación se puede beneficiar a más de un enfermo.

La sangre se conforma de dos grandes componentes: el componente celular y el componente humoral. A su vez, la parte celular cuenta con tres grupos de células: los eritrocitos (o glóbulos rojos), los leucocitos (o glóbulos blancos) y las plaquetas.

Los glóbulos rojos, también denominados hematíes ó eritrocitos, son las células sanguíneas más numerosas, y son responsables de ligar el oxígeno para transportarlo desde los pulmones a todos los tejidos del organismo para que las células aprovechen el oxígeno. Su déficit (anemia) provoca una carencia de oxígeno en los órganos vitales de los enfermos. En este caso deben administrarse concentrados de hematíes mediante una transfusión.

Los glóbulos blancos, o leucocitos, se encargan de proteger al organismo contra el ataque de bacterias, virus, hongos y parásitos. Cuando hay una infección aumentan su número para mejorar las defensas. Los glóbulos blancos están constantemente atentos a cualquier signo de enfermedad. Cuando aparecen los gérmenes utilizan diferentes maneras para atacarlos; por ejemplo produciendo anticuerpos protectores que inutilizan a los gérmenes; ó rodeando y devorando a la bacteria invasora.

Las plaquetas, o trombocitos, son las células sanguíneas más pequeñas. Intervienen en la coagulación de la sangre impidiendo las pequeñas hemorragias que se producen habitualmente en las arterias, venas y pequeños vasos, llamados capilares; además de producir  diversas sustancias que ayudan a la cicatrización de las heridas.

El plasma es la parte líquida de la sangre. Compuesto fundamentalmente de agua y proteínas, interviene en múltiples procesos metabólicos básicos para el organismo como la coagulación de la sangre, la inmunidad y el transporte de varias sustancias y medicamentos. Entre las sustancias más importantes que transporta el plasma se encuentran: a) Albúmina (proteína que ayuda a mantener el agua del plasma en una proporción equilibrada); b) globulinas (anticuerpos encargados de la defensa de nuestro organismo frente a las infecciones); y los factores de coagulación (imprescindibles para evitar las hemorragias). Otras proteínas transportan sustancias necesarias para el normal funcionamiento de las células (grasas, azúcares, minerales, etcétera).

Al tomar en cuenta estas aseveraciones, se nota que ante la falta de uno o más componentes de la sangre, una persona puede estar en riesgo de enfermedades, complicaciones o incluso peligrar su vida. Ante esta posibilidad se cuenta con los servicios de medicina transfusional que ofrece los distintos componentes de la sangre para el beneficio de las personas.

Segunda. Las necesidades clínicas de empleo de la sangre o de sus componentes, o de ambos, son dos: a) el tratamiento de las anemias y b) de las hemorragias. De estas dos patologías, la anemia es la entidad clínica más frecuente para transfundir concentrado eritrocitario.

Una trasfusión no es inocua, ya que dentro de los efectos adversos de la transfusión sanguínea se incluyen: transmisión de enfermedades, aloinmunización, reacciones alérgicas, febriles y hemolíticas, así como efectos de inmunomodulación. Se recomienda el uso racional de la transfusión de sangre porque existe, por una parte, déficit en el abastecimiento del producto en los bancos de sangre y, por otra, el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.

El principio racional para la transfusión de eritrocitos es incrementar la capacidad transportadora de oxígeno y la subsiguiente liberación de oxígeno hacia los tejidos, y con ello prevenir los efectos adversos secundarios severos que incluyen: isquemia miocárdica, infarto miocárdico, atelectasias, u otros. El concentrado eritrocitario (CE) es el componente sanguíneo más comúnmente utilizado; al año se transfunden alrededor de 11.7 millones de unidades solamente en Estados Unidos. El uso de la transfusión de concentrado eritrocitario se incrementó en la década de los 70, duplicándose durante este periodo y convirtiéndose en una forma terapéutica común a mediados de los 80. El costo de una unidad de paquete globular se estima en promedio de 70 a 110 dólares, lo que representa costos anuales por arriba de 1.2 billones de dólares erogado por los bancos de sangre en Estados Unidos.

El plasma fresco congelado es el plasma que se separa del paquete eritrocitario y plaquetas de la unidad sanguínea donada; que es congelado a menos 18 grados centígrados o menos dentro de las primeras ocho horas de su recolección. La conservación a esta temperatura, o preferentemente a -30 grados centígrados o menos, tiene una vigencia de 12 meses después de la donación. Contiene todos los factores de coagulación. Una bolsa contiene aproximadamente de 200 a 250 mililitros. Sus indicaciones incluyen: historia o curso clínico sugestivo de coagulopatía, tanto de deficiencia adquirida como congénita de factores de coagulación, con sangrado activo, o previo a un procedimiento quirúrgico o invasivo; revertir efecto de anticoagulantes; deficiencia adquirida o congénita documentada de factores de coagulación; entre otros.

Las plaquetas son células que se requieren para la coagulación primaria y normalmente circulan en una cuenta de 150 mil a 400 mil por milímetro cúbico. Éstas se pueden obtener mediante la donación de sangre o por plaquetoféresis. La vigencia de las plaquetas es de cinco días en agitación constante a una temperatura de 20 a 24 grados centígrados. Dentro de sus indicaciones clínicas están: disminución en la producción plaquetaria; disminución de las cuentas plaquetarias con o sin sangrado, dependiendo de la cantidad; sangrado en pacientes con defectos en la calidad plaquetaria; entre otros.

Los crioprecipitados se refieren a las proteínas precipitadas en frío derivada del plasma fresco congelado descongelado de 1 a 6 grados centígrados. Esta proteína es generalmente re-suspendida en un volumen mínimo de plasma residual (entre 9 a 16 mililitros). El crioprecipitado tiene una vigencia de un año conservándolo a -18 grados centígrados o menos. En el siguiente cuadro se muestra el contenido aproximado de los constituyentes plasmáticos concentrados en cada unidad de crioprecipitado. Las indicaciones para trasfundir crioprecipitados incluyen: disfibrinogenemia e hipofibrinogenemia; enfermedad de von Willebrand; hemofilia A; y sangrado microvascular difuso con fibrinógeno <100 mg/dL.

Los concentrados de granulocitos o neutrófilos (un subtipo de leucocitos) son transfundidos en raras situaciones para tratar infecciones bacterianas que no responden a terapia apropiada con antibióticos en pacientes con baja cuenta de neutrófilos severa (< 500/ìL) o en disfunción neutrofílica documentada.

Tercera. La sangre humana es considerada como un elemento terapéutico indispensable para el tratamiento de diversos padecimientos y a pesar de los avances tecnológicos y científicos no ha sido posible hasta este momento sustituirla en forma total de manera artificial; por tal motivo, dependemos de la donación de sangre de nuestros semejantes.

En nuestro país se dio la donación remunerada ya que no existía impedimento legal que lo prohibiera, de tal manera que había personas que donaban periódicamente recibiendo una retribución económica; esto propició en cierta forma que la población delegara la responsabilidad de donar sangre a este grupo de donadores también llamados donadores remunerados, profesionales o habituales, quienes en su mayoría cubrían las necesidades de abasto de sangre en los hospitales.

Al hacer su aparición el virus de la inmunodeficiencia humana y comprobarse que uno de sus mecanismos de transmisión es a través de la transfusión de sangre humana y sus componentes, la donación remunerada representó un riesgo para la seguridad transfusional debido a la mayor prevalencia de esta infección en los donadores pagados. Ante este problema de salud pública, las autoridades sanitarias dentro de las medidas adoptadas prohibieron este tipo de donación de sangre y establecieron en la Ley General de Salud, en el artículo 332, que: “la sangre humana sólo podrá obtenerse de voluntarios que la proporcionen gratuitamente y en ningún caso podrá ser acto de comercio”, ley que entró en vigor el 25 de agosto de 1987. Ante este dramático cambio para los sistemas de salud, el personal del IMSS incrementó las acciones de promoción e información con la población derechohabiente para dar a conocer las modificaciones hechas en materia de donación de sangre, puntualizando que la terapia transfusional de sus pacientes dependería exclusivamente de la donación de sangre familiar y voluntaria, tarea que representó un reto ya que la población derechohabiente estaba acostumbrada a delegar esta responsabilidad a los donadores remunerados, quienes en su mayoría eran personas de escasos recursos económicos que tradicionalmente vendían su sangre.

Adicionalmente, los aspectos socioculturales y algunos prejuicios de nuestra población influyeron y continúan presentes en el cambio del tipo de donación; entre los más comunes están: donar sangre sube de peso, debilita, existe riesgo de contraer alguna infección, miedo a la punción, etcétera.

Cuarta. En México contamos con un promedio de 1.7 millones de donaciones anuales, correspondiendo solamente al 1.5 por ciento de los 112 millones de habitantes que somos. Sin embargo, de acuerdo a indicadores internacionales, deberíamos contar con un 5 por ciento de donadores, es decir, con aproximadamente 5.6 millones de donaciones anuales para cubrir nuestras demandas de transfusionales y permitir el avance de la medicina de alta tecnología. (Pichardo-Martínez MJ. Rev Mex Med Tran 2011; 4 (2):105)

A raíz de la prohibición de la comercialización de la sangre, las instituciones de salud implementaron programas basados en la donación familiar de reposición para cubrir los requerimientos transfusionales en las unidades hospitalarias, perdiendo de vista el fomento de la cultura de la donación voluntaria; es por ello que actualmente, a nivel nacional, la donación de reposición ocupa el 97 por ciento y sólo el 3 por ciento corresponde a la donación voluntaria y/o altruista.

Existe evidencia de que la donación de sangre voluntaria de repetición tiene menor riesgo de infecciones transmisibles por transfusión con seroprevalencias menores, en comparación con los donadores familiares de reposición; de tal manera que la Organización Mundial de la Salud se ha dado a la tarea de trabajar a nivel mundial para impulsar la donación voluntaria de repetición y ha instituido, desde 2004, el 14 de junio como Día Mundial del Donante, cuyos actos tienen un doble objetivo: concientizar sobre la necesidad de sangre y productos sanguíneos seguros y agradecer a los donantes voluntarios no remunerados su altruismo.

En la actualidad hay 62 países con servicios de transfusión de sangre basados únicamente en las donaciones voluntarias, mientras que en 2002 eran sólo 39. De conformidad con la Declaración de Melbourne de 2009, en la que se pide a los países que logren que en 2020 la totalidad de las donaciones de sangre sean voluntarias y no remuneradas. (WHO Global Consultation. 100% voluntary non-remunerated donation of blood and blood components WHO. Melbourne, Australia 2009)

Quinta. Así como para la donación voluntaria de órganos y tejidos, la donación de sangre refleja fielmente el grado de participación, conciencia y solidaridad de la sociedad. Debido a que la sangre y sus componentes son un recurso estratégico, la donación es un acto de civismo en sí mismo.

El aumento de la expectativa de vida de la población y la evidencia de que menos de 2 por ciento en la población mexicana dona sangre aumentan la preocupación para poder garantizar una reserva adecuada y segura a las necesidades trasfusionales.

Actualmente, en México predomina el modelo de donación de sangre por reposición, es decir, se dona sangre cuando un familiar, amigo o conocido necesita una transfusión o va a ser intervenido quirúrgicamente. En el modelo de donación voluntaria de sangre, el donador lo hace en forma habitual, voluntaria y espontánea, sin presión. Con este modelo, en el entendido que si las personas en condiciones de ser donantes de sangre lo hicieran, no habría necesidad de solicitarle dadores de sangre al paciente enfermo o a sus familiares y se podrían asistir los requerimientos de sangre con mayor seguridad. Esta motivación que debiera ser voluntaria en la mayoría de los casos en nuestro país es forzada o en el mejor de los casos dirigida.

Hay un segmento de la población que muestra una actitud positiva hacia la donación de sangre y lo considera un acto útil; hay inclusive ciertas personas que desean donar sangre cuando es necesario, pero carecen de conocimiento sobre temas vinculados a la donación. Estos temas poco difundidos incluyen desde preguntas sencillas sobre el riesgo de contagio durante la donación hasta aquéllos que tienen que ver con la logística del proceso de donación.

Donar no causa daño. Las experiencias no placenteras que se llegan a presentar durante la donación de sangre (mareo, náusea, etcétera) se han relacionado a las actitudes negativas acerca de la donación. Estos prejuicios disminuyen la motivación y la probabilidad de que nuevamente acuda el sujeto a donar sangre repetidamente. En este sentido, el apoyo social, familiar o comunitario, son elementos claves que disminuyen la respuesta adversa física y psicológica durante la donación.

De hecho, donar sangre puede ser benéfico para la salud. En un diseño de casos y controles de donadores suizos y daneses, quienes donaron sangre periódicamente, entre los que perdieron mayor cantidad de hierro en comparación con quienes conservaron mayor reserva, se observó que la pérdida de hierro ejerce una asociación protectora del riesgo de cáncer de hígado, pulmón, colon, estómago y esófago, pero solamente en hombres y durante un periodo de 3-7 años.

Los problemas que se tienen en nuestro país acerca de la donación de sangre son variados y muy complejos e incluyen desde las políticas federales sobre la regulación sanitaria para la donación de sangre y la transfusión terapéutica de sangre, así como la deformación cultural de pacientes, familiares y sociedad, al considerar que la sangre es un medicamento y que se puede adquirir en el mostrador de la farmacia, pagar por ella sin más trámite, olvidando que la sangre proviene de donadores. Así, si no hay donadores no habrá sangre o plaquetas para su paciente; al fin no hay dinero que sea capaz de comprar lo que no hay.

En un trabajo conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, se identificaron las brechas a eliminar para así mejorar la disponibilidad, la seguridad, la calidad y el uso de la sangre para trasfusiones. Se sabe de la insuficiencia de donantes de sangre, particularmente de voluntarios, altruistas y no remunerados. La OPS exhorta a la promoción del desarrollo de los programas nacionales de sangre y servicios de transfusión, con base en la donación voluntaria, altruista y repetida de sangre como uno de los indicadores del desarrollo humano de la población. El verdadero cambio deberá provenir de un cambio conceptual en la donación de sangre y sus tejidos. La propuesta de la OPS del cambio de estrategia es la siguiente:

Sexta. La propuesta pretende incluir dentro de las estrategias de la Secretaría de Salud el impulso a la donación de todos los componentes sanguíneos, y no solamente las células progenitoras hematopoyéticas. Si se limita la donación a las células progenitoras, la población beneficiada es muy reducida. Con esta reforma, se amplía el campo de acción de esta estrategia, y un número indeterminado de personas se puede ver beneficiado con estas acciones.

Por estas consideraciones, esta comisión dictaminadora toma a bien aprobar la minuta en comento, y con ello promover la donación de todos los componentes sanguíneos para su completo aprovechamiento a favor de los mexicanos.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 341 Bis de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 341 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales o progenitoras, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 24 de octubre de 2013.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo, María Elia Cabañas Aparicio, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 29 de abril de 2013, el diputado federal Mario Alberto Dávila Delgado, de la LXII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa se pretende la regulación de los profesionales de la salud que proporcionan servicios de optometría, buscando mejorar las condiciones en el ejercicio de la salud visual.

Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Iniciativa

Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

...

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecera la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La optometría es la ciencia encargada del cuidado primario de la salud visual, a través de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y corrección de defectos refractivos, acomodativos, musculares y enfermedades del segmento anterior. También se ocupa del diseño, cálculo, adaptación y control de lentes de contacto.

El diccionario de la Real Academia Española define a la optometría como:

1. f. Ópt. Medida de la agudeza visual para corregir los defectos de la visión mediante lentes (http://lema.rae.es/drae/?val=optometria).

Tercera. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que la segunda discapacidad en México es la visual, la primera es la motriz. En el país hay más de 4.5 millones de discapacitados, de los cuales un millón 292 mil son de tipo visual.

Cuarta. Para la Organización Mundial de la Salud, 153 millones de personas tienen discapacidad visual por errores refractivos, esta cifra no incluye a las personas con presbicia no corregida, que según datos actualizados son 517 millones de personas.

Quinta. La revisión de los motivos, que asisten al autor de la iniciativa, hacen referencia que actualmente en el ejercicio de la optometría en nuestro país se han observado diferentes problemáticas ya que no existe una debida regulación de esta rama de la medicina. Puesto que actualmente la norma vigente no contempla el debido ejercicio de esta actividad.

Argumenta que el problema es que se toman a la ligera los exámenes de la vista, y no se contrata a personal capacitado, ya que esto va más allá de detectar problemas de refracción como miopía y astigmatismo que si no se tratan con la graduación adecuada podrían causar problemas irreversibles ocasionando hasta la perdida de la vista.

Sexta. Es importante incorporar en el análisis del presente proyecto que actualmente en México existen diferentes escuelas a nivel superior que imparten la licenciatura en optometría, universidades como el Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Iztacala entre otras, aunado a ello la Secretaría de Educación Pública avala oficialmente planes de estudio a educación profesional técnica que imparten la carrera técnica en optometría, como lo es el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, por citar alguno.

Séptima. El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, certifica la competencia de optometristas, por medio de la Norma Técnica de Competencia Laboral “COPT0656.01 Examen de refracción y adaptación de lentes de contacto” , cuyo propósito era servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que realizan exámenes de refracción considerando la determinación de los antecedentes del problema visual del cliente, la realización de pruebas preliminares del examen de refracción, la determinación del estado refractivo de los ojos y el ofrecimiento de alternativas de solución visual para el cliente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre del 2006, la cual fue abrogada a través del Acuerdo SO/IV-07/05,R mediante el cual el H. Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales aprueba la Norma Técnica de Competencia Laboral, emitido por la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2008, siendo el propósito de la norma servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que realizan la adaptación de lentes de contacto, cumpliendo con las condiciones de calidad necesarias.

Octava.Al incluir a esta rama de la medicina en el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud, la contemplará como un ejercicio de actividad profesional, que tendrá que contar con títulos profesionales o certificados de especialización que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Es importante señalar que en el segundo párrafo del mismo artículo se establece la regulación del ejercicio de actividades técnicas y auxiliares, que los certifica a través de diplomas que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Novena. Bajo este contexto y por lo anteriormente expuesto para los efectos de congruencia de conceptos, se estima conveniente aprobarse el presente proyecto de iniciativa con modificaciones, ya que la redacción del segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud, también deberá incluirse a la optometría como una actividad técnica y no solo como una actividad profesional, ya que la Secretaría de Educación Pública expide tanto títulos profesionales a educación superior así como diplomas de certificación a educación profesional técnica que imparten capacitación de esta rama de la medicina.

Con ello se constituiría la observancia de las disposiciones legales que rigen su actividad, teniendo como margen las esferas competenciales ya antes expuestas en el presente proyecto de dictamen, la Comisión dictaminadora la considera viable y necesaria al tenor de que es indispensable la existencia de una regulación de los profesionales de la salud que proporcionan servicios en optometría.

Se somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor un día después del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de junio de 2013.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo, María Elia Cabañas Aparicio, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 31 de julio de 2013, el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 13 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Con la misma fecha, 31 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a esta comisión dicha iniciativa para estudio y dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa señala que nuestra sociedad ha ido evolucionando “en todos los aspectos, tanto positivos como negativos y por ende también la delincuencia ha ido sofisticándose hasta encontrar la manera más práctica, eficaz y asertiva de lograr a través de dañar al prójimo un beneficio económico mayor con menos riesgo, siendo el secuestro un golpe social perfecto a favor de la delincuencia, floreciendo imperios de crimen organizados aprovechándose de la falta de medidas de protección, atención y sanciones dentro del régimen legal mexicano”.

Menciona el autor de la iniciativa que las consecuencias sobre las víctimas de un secuestro son colectivas, ya que el secuestro “no sólo conlleva a la privación de la libertad de una persona, si no al desenvolvimiento de una serie de daños físicos, psicológicos, económicos y emocionales no sólo sobre la persona en cautiverio si no también expandiéndose hacia los familiares y amigos que indirectamente son víctimas de este secuestro”. Resultan secuelas permanentes y muy graves, por lo que este delito se convierte en uno de los más crueles y devastadores.

Ante esa problemática, describe el iniciador, en 2010 fue necesario crear la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de esta manera brindar a la ciudadanía mayor protección y seguridad frente al delito de secuestro.

Pero no sólo los delincuentes son autores de este delito, en ocasiones, señala el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, para la obtención de un beneficio económico, social/emocional, existen personas que simulan por sí mismos su propia privación de la libertad, engañando a familiares, amigos y a la misma autoridad.

Expresado lo anterior, en la parte medular de su iniciativa el proponente dice, que si bien es cierto que actualmente el artículo 13 de la ley que nos ocupa ya señala una pena de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunicad al que simule por sí o por interpósita persona la privación de la libertad. Dicha sanción no es suficiente, pues al manejarse “sólo trabajo a favor de la comunidad como pena, estamos prácticamente invitando a la sociedad ha que lleve a cabo este tipo de conductas”, cuando la misión de los legisladores debe ser “prevenir la delincuencia, haciendo conciencia en la ciudadanía sobre las consecuencias que pueden haber cuando se daña a otra persona, mediante sanciones que tengan un peso significativo que reflejen un riesgo elevado al considerarse llevar a cabo este delito”. Por todo lo anterior se propone en la iniciativa una “modificación sobre la sanción que se encuentra ya establecida, para que se castigue con prisión de dos a ocho años al que simule por sí o por interpósita persona la privación de su libertad”.

La iniciativa de mérito propone la modificación que se ilustra en el siguiente cuadro:

Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Texto vigente

Artículo 13.Se impondrá pena de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad, al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su libertad con alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de la presente ley.

Iniciativa

Artículo 13. Se impondrá, de dos a ocho años de prisión, al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su libertad con alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de la presente ley.

III. Consideraciones

Primera. El de secuestro en sus distintas modalidades es un delito que indigna a la sociedad, daña irreversiblemente a la víctima y a sus familiares. Su incremento ha llevado a modificar las sanciones para castigarlo, dándole a la autoridad mecanismos para su persecución. Sin embargo, hemos sido testigos a través de los medios de comunicación y de testimonios directos de las víctimas, de diversos casos que alarman a la ciudadanía. Por lo anterior, toda propuesta de reforma para incrementar las sanciones a quienes lo realizan debe ser atendida, revisada con prontitud y seriedad para contribuir a eliminar tan deleznable ilícito.

Segunda.La sociedad ha sido testigo de diversos casos, como señala el autor de la iniciativa, donde algunas personas, en ocasiones sin reflexionar su actuar, han simulado el delito de secuestro con la finalidad de obtener recursos económicos por sus familiares o amigos, siendo la consecuencia para esos familiares la misma angustia y desesperación por conseguir los rescates que deben entregar a los supuestos secuestradores. En ese sentido, tiene razón el iniciador al proponer una sanción mayor para quienes comentan dicha simulación, pues de esa manera se evita que la repetición y la facilidad con que pudieran llevarse a cabo esos actos de simulación, continúen efectuándose sin tener un freno en la legislación que disuada a quienes piensan cometerlo.

Tercera. Que, con la finalidad de que la imposición de la sanción corporal sea suficientemente disuasiva, los integrantes de la comisión dictaminadora consideramos prudente establecer la penalidad para la conducta en comento con un mínimo de tres y un máximo de seis años de prisión.

Cuarta. Si bien por simular su propio secuestro una persona debe ser castigada, con pena privativa, consideramos que ésta no puede ser igual a las conductas previstas en el actual artículo 14, pues se trata de una conducta que se realiza en la propia persona y no hacia un tercero. Por tanto, la sanción del artículo 14 debe ser mayor.

Que dado el reconocimiento que se hace de la gravedad de la conducta relativa a la simulación del secuestro perpetrada por la misma persona que sería sujeto pasivo de él, reflejada en el aumento a la pena propuesto por esta Comisión, se considera realizar una armonización legislativa que recae en el artículo 14 de la misma ley, cuyo supuesto en la actualidad es el siguiente:

Artículo 14.Se impondrán de dos a ocho años de prisión al que simule la privación de la libertad de una persona, con la intención de conseguir alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de esta ley.

La misma pena se impondrá al que amenace de cualquier modo a una persona con privarla de la libertad o con privar de la libertad a algún miembro de su familia o con quien esté ligada por algún vínculo, con alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de la presente ley.

En este artículo se establece sancionar dos conductas:

Una, la de simular la privación de la libertad de alguna persona distinta a los que perpetran el ilícito; y

Dos, la de amenazar de cualquier modo a una persona con privarla de la libertad o con privar de la libertad a algún miembro de su familia o con quien esté ligada por algún vínculo.

Ambas conductas delictivas, que sin duda representan mayor gravedad que la hipótesis prevista en el artículo 13, por tratarse de la afectación a la esfera jurídica de un tercero, son penadas por la legislación vigente con la privación de la libertad de los sujetos activos entre dos y ocho años. Dado que los integrantes de la comisión estimamos un mínimo de tres años de reclusión para quien simula su propio secuestro, concluimos que en consecuencia debe partirse del mismo mínimo para los tipos penales previstos en el artículo 14.

Se considera elevar la pena de jornadas de trabajo a favor de la comunidad, pasando de un mínimo de cien a doscientas a setecientas horas de trabajo a favor de la comunidad y el máximo de trescientas cincuenta a setecientas horas a favor de la comunidad.

Por lo expuesto, la comisión coincide con la propuesta contenida en la iniciativa de mérito, haciendo las adecuaciones que consideró pertinentes. En consecuencia, somete a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 13 y 14 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 13 y 14, primer párrafo, de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 13. Se impondrán de doscientas a setecientas jornadas de trabajo o de tres a seis años de prisión al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su libertad con alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de la presente ley.

Artículo 14. Se impondrán de tres a ocho años de prisión al que simule la privación de la libertad de una persona, con la intención de conseguir alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de esta ley.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entraré en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2013.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica en abstención), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica en abstención), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica en lo general), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

En virtud del análisis y estudio de la propuesta mencionada, esta comisión legislativa, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I,  158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta soberanía el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

1. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

2. En el capítulo correspondiente a “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

3. En el capítulo de “Consideraciones”,la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

1. Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 7 de agosto de 2013, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por los diputados Ossiel Omar Niaves López, Patricio Flores Sandoval y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Vivienda”.

2. Contenido de la iniciativa

La iniciativa señala que en la reciente reforma laboral se reconoció a la tercerización de servicios la calidad de ser una forma accesible para que empresas pudieran tener mayor productividad a partir de la utilización de servicios especializados ofrecidos por una empresa contratista.

En este proceso legislativo que culminó con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, se atendió la necesidad de regular a las empresas conocidas como “outsourcing”, las cuales tienen como objeto ofrecer servicios técnicos especializados por medio de la subcontratación a otras empresas.

El propósito de regularizar estas empresas es la protección de los derechos laborales de los trabajadores que prestan sus servicios bajo este esquema. Por ello esta soberanía analizó, discutió y aprobó la regulación de la figura de la subcontratación.

En la LX Legislatura, el suscrito, diputado Patricio Flores Sandoval, presentó una iniciativa para establecer la obligación solidaria en la Ley del Seguro Social para efecto de que las empresas que contrataran los servicios de las empresas “outsourcing”, respondieran ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para cobijar a los trabajadores subcontratados con los derechos de la seguridad social.

Gracias a esta iniciativa, se reformó al artículo 15 de la Ley del Seguro Social, por la cual quedó instituida la obligación solidaria de los patrones que utilizan los servicios subordinados de otra persona bajo su dirección, obligándolos además a registrarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como su patrón y al mismo tiempo registrarlo como su trabajador.

Pero no ha sido el mismo caso en el derecho a una vivienda digna, ya que si bien la Ley del Seguro Social reconoce ya la obligación solidaria de los beneficiarios de la tercerización de servicios, este vínculo no está presente en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Actualmente, subrayan los diputados proponentes, se observa cómo miles de jóvenes acceden al empleo mediante esta forma de contratación, no disponen de sus cuentas individuales de vivienda, lo cual menoscaba su derecho a acceder a una vivienda digna.

Hay que recordar que esta soberanía aprobó regularizar la modalidad de la subcontratación, tema que fue motivo de álgidas discusiones. Entre ellas se expuso el problema de que algunos patrones se encargan de retener el importe de cuotas de los trabajadores y son por tanto los responsables de realizar esos pagos, sucediendo que muchas veces los patrones retienen indebidamente y no las enteran al IMSS y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o reportan cantidades menores.

En el proceso de la reforma laboral se adicionaron los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D para regular la subcontratación. Del dictamen de dicha reforma se establece lo siguiente:

Regular la subcontratación de personal u outsourcing, con el propósito de evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón. Para tal efecto, se define la figura de “subcontratación”; se determina que el contrato de prestación de servicios deba constar por escrito; se prevé que la beneficiaria de los servicios tendrá la obligación de cerciorarse de la solvencia económica de la contratista y que ésta cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud. Se señala expresamente que en todo caso los patrones y los intermediarios serán responsables solidarios en las obligaciones contraídas con los trabajadores.

Al realizar una interpretación extensiva de los artículos señalados, se desprende que las empresas subcontratistas o contratistas se les dio la calidad de patrón, por lo tanto estarán obligadas a proporcionar habitaciones a sus trabajadores de conformidad a lo que establece el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo.

Es decir, se pretende establecer la obligación solidaria de la persona o empresa que se beneficie de los trabajos o servicios prestados, la cual será fijada por el Infonavit ante el incumplimiento del patrón hacia los trabajadores que se encuentren en tales condiciones. Las omisiones totales o parciales relativas a las aportaciones de vivienda deberán ser determinadas en cantidad líquida por el Instituto y notificar al responsable solidario las cédulas de liquidación respectivas.

Asimismo, los proponentes pretenden dotar al Infonavit de elementos informativos para hacer efectivas sus facultades fiscales de comprobación, obligando a los intermediarios y patrones subcontratistas o contratistas a enterar de los contratos de servicios prestados a otras empresas.

El carácter de responsable solidario y sujeto obligado que se intenta establecer en la Ley del Infonavit, garantizaría a los trabajadores el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los sujetos obligados y además coadyuvaría a la mejora recaudatoria del Instituto. Actualmente, la omisión de dichas obligaciones por parte del patrón (empresa prestadora de los servicios contratados) no causa mayores perjuicios a la persona que se beneficia del trabajo.

De igual forma, se intenta imponer al patrón o intermediario laboral las obligaciones relativas al pago de aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores. En este caso, deberán informar al Infonavit, respecto de la persona física o moral que se beneficia con los trabajos ejecutados o de la prestación de los servicios contratados. En lo que se refiere a los trabajadores que ejecuten los trabajos o presten los servicios, el patrón deberá informar al Instituto, el nombre y número de seguridad social de los trabajadores que ejecutaron los trabajos o prestaron los servicios para cada una de las personas que se hayan beneficiado de ellos en el mes anterior.

Al establecer el mismo imperativo previsto en el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social para la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit podrá realizar su función recaudadora y fiscalizadora mediante instrumentos que faciliten la confrontación de datos e intercambio de información, verificando que los sujetos obligados al pago de las aportaciones al fondo de vivienda han cumplido con sus obligaciones, evitando problemas y costos tanto al ente fiscal como al sujeto obligado a presentar información.

Dado que hay empresas “outsourcing” que no cuentan con los medios suficientes para cubrir las obligaciones derivadas del vínculo laboral para satisfacer el pago de las aportaciones al fondo de vivienda, la iniciativa estima necesario imponer la responsabilidad solidaria a las empresas beneficiadas con la prestación de los servicios, porque conocen la identidad del patrón y de los trabajadores, el lugar donde se ejecuta el trabajo, el número de días laborados y el horario de trabajo.

La iniciativa refiere que la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a las aportaciones de seguridad social ha señalado que:

“la responsabilidad solidaria busca facilitar y asegurar el pago del acreedor, ante incumplimientos constantes, dificultades fiscales o económicas, fraudes o simulaciones que afectan principalmente a la dignidad de los trabajadores, porque a través de la celebración de contratos de tipo comercial, permitidos por la ley, determinados derechos de los trabajadores pueden verse en peligro constante ante la necesidad de la empresa de reducir costos financieros. La responsabilidad solidaria en este ámbito, tiene como propósito la protección amplia del trabajador, es decir, se trata de una garantía extendida que puede implementarse para que sus derechos no se alteren ante prácticas malintencionadas o viciadas”.

En tal virtud,  la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto como constitucional la responsabilidad solidaria de las empresas que se benefician de los servicios prestados por un intermediario laboral en el cumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores.

A modo de corolario, los proponentes argumentan que de aprobarse la iniciativa se coadyuvará razonablemente a atender la demanda de los trabajadores a una vivienda digna y decorosa. Con ello se podrán constituir las cuentas individuales de cientos de miles de trabajadores en el Fondo Nacional de la Vivienda por medio del Infonavit. Asimismo se mejorarán las finanzas del instituto al obtener mayor recaudación derivadas de las aportaciones de los sujetos obligados.

3. Consideraciones

Primera.Que esta comisión dictaminadoravalora la relevancia de los objetivos planteados en la iniciativa de los diputados Ossiel Omar Niaves López, Patricio Flores Sandoval y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, dado que precisaría el carácter de sujeto obligado a los patrones que se benefician con los trabajos y servicios contratados por un intermediario laboral y les impondrían las obligaciones que le permitan al Infonavit contar con elementos de registro y control.

Segunda. Que la adición de un artículo 29 Bis a la Ley del Infonavit, le permitiría al Instituto dotarse de la información indispensable para hacer efectivas sus facultades fiscales de comprobación, obligando a los intermediarios y patrones subcontratistas o contratistas a enterar sobre los contratos de servicios prestados a otras empresas.

Tercera.En términos del artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución, toda empresa está obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, aludiendo a que se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones.

Cuarta.Que un antecedente de la propuesta, lo constituyen las reformasa la Ley del Seguro Social publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 2009, en las cuales se amplían el concepto de obligado solidario a fin de incluir a los intermediarios y establece una serie de condiciones a los sujetos que reciben los servicios subcontratados, a fin de allegarse de toda la información necesaria para fiscalizarlos.

Quinta.Que otro elemento jurídico importante, es la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual se establecieron los requisitos condicionantes para que se dé la figura jurídica de la subcontratación así como las obligaciones a cargo del contratante, con la penalidad de que ante su incumplimiento, el contratante será considerado como patrón con todas las obligaciones que derivan, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

Sexta. Que en virtud de que los preceptos vigentes que regulan las aportaciones al Infonavit no prevén expresamente los elementos esenciales de toda contribución, en el sentido de que la responsabilidad solidaria no se encuentra plasmada en el supuesto normativo que consigna el sujeto a que obliga la ley que regula al citado instituto.

Séptima. Que los principios de equidad y legalidad tributarias, deben ser observados por el legislador ordinario para reglamentar cualquier disposición impositiva, hecho que atiende la proposición al establecer los elementos del tributo como lo hace al definir que sujetos y bajo qué circunstancias están obligados a enterar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Octava. Que debido a estos precedentes, es imperativo armonizar los criterios entre Leyes del Seguro Social, Federal del Trabajo y del Infonavit, para evitar lagunas legales o vacios que impidan la actuación del Infonavit dentro de los parámetros legales, lo cual se resolvería con la adición de un artículo 29 Bis a la Ley del Infonavit.

Novena.Que como expone la iniciativa materia del presente dictamen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto como constitucional la responsabilidad solidaria de las empresas que se benefician de los servicios prestados por un intermediario laboral en el cumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores, por lo tanto la adición del artículo 29 Bis a la Ley del Infonavit que pretende normar esta situación laboral para que dichos trabajadores accedan a créditos para la vivienda, es jurídica y legítimamente viable.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Vivienda somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Único.Se adiciona el artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para quedar como sigue:

Artículo 29 Bis.Cuando en la contratación de trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para él, participe un intermediario laboral o contratista, cualquiera que sea la denominación que patrón e intermediarios asuman, ambos serán responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador, respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley.

No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas contratistas establecidas que presten servicios con sus trabajadores a otras, para ejecutarlos con elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, en los términos de los artículos 12, 13, 14, 15, 15-A y 15-B de la Ley Federal del Trabajo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, cualquiera que sea su forma o denominación, como parte de las obligaciones contraídas, ponga a disposición trabajadores u otros prestadores para que ejecuten los servicios o trabajos acordados bajo la dirección del beneficiario de los mismos, el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones establecidas en esta ley en relación con dichos trabajadores, en el supuesto de que el patrón contratista omita el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos 15-A y 15-B de la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando el Instituto hubiese notificado previamente al patrón contratista el requerimiento correspondiente y éste no lo hubiera atendido.

Asimismo, el Instituto dará aviso al beneficiario de los trabajos o servicios, del requerimiento a que se refiere el párrafo anterior.

Las empresas contratantes y contratistas deberán comunicar trimestralmente ante la delegación de recaudación correspondiente al domicilio del patrón o sujeto obligado, en los mismos términos de los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, en relación con los contratos celebrados en el trimestre de que se trate la información siguiente:

I. De las partes en el contrato: Nombre, denominación o razón social; clase de persona moral de que se trate, en su caso; objeto social; domicilio social, fiscal y, en su caso, convencional para efectos del contrato; número del Registro Federal de Contribuyentes y de Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto; datos de su acta constitutiva, tales como número de escritura pública, fecha, nombre del notario público que da fe de la misma, número de la notaría y ciudad a la que corresponde, sección, partida, volumen, foja o folio mercantil, en su caso, y fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; nombre de los representantes legales de las partes que suscribieron el contrato.

II. Del contrato: Objeto; periodo de vigencia; perfiles, puestos o categorías indicando en este caso si se trata de personal operativo, administrativo o profesional, la justificación de su trabajo especializado y el número estimado mensual de trabajadores de que se pondrán a disposición del beneficiario de los servicios o trabajos contratados.

El patrón contratista incorporará por cada uno de sus trabajadores, el nombre del beneficiario de los servicios o trabajos contratados en el sistema de cómputo autorizado por el Instituto.

Cuando el patrón contratista se obligue a poner a disposición del beneficiario, trabajadores para prestar los servicios o ejecutar los trabajos en varios centros de trabajo ubicados en la circunscripción territorial de más de una delegación recaudadora del Instituto, el patrón y el beneficiario deberán comunicar la información a que se refiere el quinto párrafo de este artículo, únicamente ante la delegación de recaudación dentro de cuya circunscripción se ubique su respectivo domicilio fiscal.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 29 de octubre de 2013.

La Comisión de Vivienda, diputados: Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Tomás López Landeros, Abel Guerra Garza (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), Lázara Nelly González Aguilar, José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Noé Barrueta Barón (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), Cesario Padilla Navarro, Norma Ponce Orozco (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), Amilcar Augusto Villafuerte Trujillo, Brasil Alberto Acosta Pena, Josefina Salinas Pérez (rubrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos, María Eugenia de León Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 43 Ter a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 43 Ter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

En virtud del análisis y estudio de la propuesta mencionada, esta comisión legislativa, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, fracción I, 158, fracción IV, 162 y 174 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de este ordenamiento, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

1. En el capítulo de “ Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.

2. En el capítulo correspondiente a “ Contenido de la minuta”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

3. En el capítulo de “ Consideraciones”, la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

1. Antecedentes

Primero.En sesión de la Comisión Permanente celebrada en el Senado de la República el 27 de julio de 2011, el senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 43 Ter, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

Segundo.En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el 29 de septiembre de 2011, el senador Ángel Alonso Díaz Caneja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un octavo y noveno párrafo, al artículo 43 Bis, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores .

Tercero.En las respectivas fechas, la Mesa Directiva dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.

Cuarto.Las Comisiones Unidas, consideraron adecuado acumular las iniciativas de referencia en un dictamen, en virtud de que versan sobre la misma materia y reforman el mismo ordenamiento jurídico.

Quinto.En sesión ordinaria celebrada el 19 de abril de 2012 fue aprobada la minuta de las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Estudios Legislativos Segunda, que contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 43 Ter a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Sexto.En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva, remitió la minuta correspondiente a esta Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Séptimo.En sesión ordinariade esta Cámara de Diputados del 24 de abril de 2012, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Vivienda la minuta en comento, para su estudio y dictamen.

De acuerdo a los antecedentes mencionados nuestra colegisladora fundó el dictamen de la minuta en los motivos que se describen a continuación:

2. Contenido de la minuta

La minuta de referencia propone que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueda celebrar convenios con las instituciones de seguridad social para definir los procedimientos de transferencia de las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda de los trabajadores que por cuestiones laborales o de contratación cambien de sistema.

También se señala que los trabajadores que obtengan un crédito de vivienda bajo el régimen de otros institutos de seguridad social o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que tengan recursos acumulados por concepto de vivienda en su cuenta individual conforme al régimen de los mismos, podrán solicitar que se acumulen para aplicarse como pago inicial de su crédito y que las aportaciones sucesivas a cualquiera de los institutos sean destinadas a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador.

Adicionalmente, se contempla que en caso de que los trabajadores se encuentren amortizando un crédito de vivienda otorgado por el Infonavit o por algún instituto de seguridad social y que por establecer una nueva relación laboral cambien de régimen de seguridad social, deberán seguir utilizando sus aportaciones de vivienda para el pago del crédito correspondiente.

Igualmente, en la minuta se propone implementar la figura de la portabilidad de derechos en la Ley del Infonavit, dando solución a la transferencia de derechos entre regímenes distintos y de esta manera el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pueda convenir con el Infonavit el reconocimiento de los derechos generados en un régimen de seguridad social en el otro.

Se pretende establecer que los trabajadores que habiendo cotizado en otros institutos de seguridad social y que por iniciar una relación laboral queden inscritos al instituto o viceversa, podrán solicitar la transferencia indistintamente de los recursos acumulados en la subcuenta de Vivienda.

En paralelo, en el caso de que el trabajador así lo decida, también podrá solicitar la transferencia de estos recursos, mismos que podrán ser aplicados como pago inicial de un crédito contratado y que las aportaciones sucesivas a cualquiera de los institutos o ambos, sean destinadas a reducir saldos insolutos a cargo del propio trabajador.

Finalmente, la minuta en comento busca garantizar a los trabajadores mexicanos el derecho a aplicar sus aportaciones como les sea más conveniente, toda vez que podrán utilizarse sin objeción del sistema social al que pertenezcan, al momento de utilizar su crédito de vivienda.

De acuerdo con lo anterior es que esta Comisión de Vivienda, hace las siguientes:

3. Consideraciones

Primera.La Comisión de Vivienda considera conveniente aprobar en sus términos la minuta en análisis dado que plantea dar certidumbre jurídica al hecho de que los trabajadores al cambiar de régimen de seguridad social, no cuentan con el mecanismo o medio jurídico para utilizar sus fondos de vivienda al momento de querer adquirir un crédito.

Se plantea específicamente que actualmente la rotación laboral es más constante, dando la pauta para valorar como necesaria una reforma en este sentido. Si bien se reconoce que los institutos de seguridad social son independientes, también es cierto que hay trabajadores que se encuentran en activo por algún tiempo en un sistema y posteriormente en otro, dando pequeñas aportaciones que en su conjunto coadyuvarían para que los mencionados trabajadores tuvieran el acceso a una mejor vivienda al momento del otorgamiento de crédito.

En datos duros según el Infonavit, la aprobación de este dictamen incentivaría un incremento de 7 por ciento dentro del periodo de administración de 2011–2015, lo que implicaría un incremento real de 10 por ciento en el monto de créditos otorgados.

Segunda.El dictamen de la minuta cita acertadamente que en materia de vivienda, el artículo 149, sección III, Capítulo VIII de la Ley del ISSSTE, señala:

“los trabajadores podrán transferir los recursos acumulados de una subcuenta de vivienda a otra al comenzar una relación laboral diferente al régimen en el cual cotizaban, es decir, establece que al dejar de cotizar en el sistema de seguridad social operado por el ISSSTE los fondos ahorrados en la subcuenta de vivienda serán transferidos a la cuenta del Infonavit para su administración si es que el trabajador cambia de empleo y comienza a cotizar en el sistema de seguridad social operado por el IMSS, y viceversa”

Esta disposición permite que los recursos del trabajador se sumen y se administren en una sola cuenta para que pueda disponer de manera total de los recursos que integran esta subcuenta para su crédito de vivienda o, en su caso, para el pago del crédito ya otorgado.

Tercera.Esta comisión legislativa estima pertinente quecon fundamento en las consideraciones jurídicas esgrimidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se enfatice que uno de los componentes esenciales del derecho a la vivienda consiste en  que los trabajadores durante su vida productiva puedan obtener créditos baratos para adquirir en propiedad habitaciones higiénicas, así como disfrutar de dichos fondos para la construcción, reparación o mejoras de sus viviendas, y el pago de sus pasivos asumidos por estos conceptos, lo que resulta congruente a través de la portabilidad de derechos entre regímenes de seguridad social distintos planteada en la minuta.

Cuarta.En virtud de los argumentos expuestos la Comisión de Vivienda concuerda con la postura de la colegisladora al considerar que la portabilidad o transferencia de los recursos acumulados es un derecho que debe garantizarse a todo trabajador, para facilitar su movilidad laboral sin afectar o perder su antigüedad y cotizaciones, independientemente del régimen de seguridad social al que pertenezca.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Vivienda se permite someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 43 Ter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Único.Se adiciona el artículo 43 Ter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 43 Ter:El Instituto podrá celebrar convenios con las instituciones de seguridad social para definir los procedimientos de transferencia de las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda de los trabajadores que por cuestiones laborales o de contratación cambien de sistema.

Los trabajadores que obtengan un crédito de vivienda bajo el régimen de otros institutos de seguridad social o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que tengan recursos acumulados por concepto de vivienda en su cuenta individual conforme al régimen de los mismos, podrán solicitar que se acumulen para aplicarse como pago inicial de su crédito y que las aportaciones sucesivas a cualquiera de los institutos sean destinadas a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador.

En caso de que los trabajadores se encuentren amortizando un crédito de vivienda otorgado por el Instituto o por algún instituto de seguridad social, y que por establecer una nueva relación laboral cambien de régimen de seguridad social, deberán seguir utilizando sus aportaciones de vivienda para el pago del crédito correspondiente.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.A partir de la publicación de este ordenamiento, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores contará con 8 meses para la creación de las reglas y convenios necesarios para dar cumplimiento a este ordenamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 29 de octubre de 2013.

La Comisión de Vivienda, diputados:Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Tomás López Landeros, Abel Guerra Garza (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), Lázara Nelly González Aguilar, José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Noé Barrueta Barón (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), Cesario Padilla Navarro, Norma Ponce Orozco (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Brasil Alberto Acosta Pena, Josefina Salinas Pérez (rubrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos, María Eugenia de León Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

EXPOSICION SOBRE ENERGIAS RENOVABLES EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

El diputado Javier Orihuela García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Javier Orihuela.

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Muchas gracias presidente. Solamente, compañeros diputados y compañeras diputadas, para extenderles una invitación para que aprovechemos el esfuerzo que han hecho las Comisiones de Energías Renovables, de la Automotriz, de Cambio Climático, para que asistan a la exposición sobre energía renovables que hemos establecido aquí en el patio de esta Cámara de Diputados. Nos gustaría que todos los diputados pudieran pasar a los stands y preguntar sobre este tema tan importante en el marco de la reforma energética.

Las comisiones que hemos organizado esta exposición nos interesa mucho que en la reforma energética se introduzca el tema de las energías renovables, como la verdadera soberanía energética que necesitamos en México.

Igualmente los estamos invitando para mañana al foro sobre energías renovables, un debate sobre lo mismo, en el marco de esta discusión que a nivel nacional se está dando sobre la reforma energética.

Creemos que la reforma energética no solamente debe ser una reforma petrolera, sino una reforma que nos permita llegar a la soberanía, a través del uso de las energías renovables. Invitamos a todos los diputados y diputadas para que nos informemos sobre estas energías. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ya quedó registrada su intervención.

El diputado Salvador Romero Valencia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Salvador Romero, perdón.

El diputado Salvador Romero Valencia (desde la curul): Señor presidente, con su permiso. Abundando en la exhortación que hace unos segundos hizo el diputado Javier Orihuela, invitar a todas las compañeras legisladoras y compañeros legisladores al foro que celebraremos mañana sobre el tema de energías renovables en el salón Legisladores, a partir de las 11:30 de la mañana, bajo tres paneles:

El primero, Políticas públicas hacia la transición energética; el segundo, Fondos y financiamiento para las energías renovables; y el tercero, Sobre el ámbito de ciencia y tecnología.

Nos acompañan el señor gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez Abreu; el subsecretario de energía, el subsecretario de Semarnat, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, el Premio Nobel de Química, don Mario Molina, con una conferencia magistral, y funcionarios de Sagarpa, Fira y Firco.

Es un evento del más alto nivel para tomar conciencia de la necesidad impostergable de emigrar de energías fósiles hacia energías renovables. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. También su intervención ya quedó registrada en el Diario de los Debates.

RECURSOS APROBADOS EN EL PEF DE 2013 PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conade para que investigue la presunta comisión de responsabilidades administrativas del titular de la Subdirección General del Deporte y funcionarios involucrados. Asimismo se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados en el PEF 2013. Adelante, diputado.

El diputado Jorge Rosiñol Abreu: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Asimismo, que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Es preciso señalar que para que el Estado pueda cumplir con la obligación que le mandata el texto constitucional resulta indispensable que cuente con los recursos suficientes para llevar a cabo las acciones para el desarrollo de la infraestructura deportiva.

Es notoriamente conocido que la orientación y el destino del gasto se detalla anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En él se especifica el monto y destino de los recursos económicos de los que el gobierno dispondrá en cada ejercicio fiscal, y el del año 2013 no fue la excepción.

En resumen, el Presupuesto de Egresos de la Federación es el instrumento jurídico financiero para la planeación de las erogaciones que realizará el gobierno federal en el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

En el caso del tema del deporte en México, corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el desarrollo de la política del Estado, incorporación masiva de la población a la cultura física y el deporte, para lo cual dispone de recursos presupuestales de carácter federal.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013 fueron aprobados, por esta Cámara de Diputados, recursos para el desarrollo de la infraestructura deportiva. Sin embargo, a la fecha se ha generado un subejercicio que se calcula en más de 40 mil millones de pesos.

Es preciso señalar que tengo conocimiento de que el subdirector general del Deporte, que es el encargado de llevar a cabo las acciones administrativas para la erogación de la tercera parte del Presupuesto federal deportivo para este año, mediante el memorándum SGD/192/2013, ordenó que no fueran entregados los recursos públicos para la realización de los proyectos de infraestructura de este año.

Ello, en el municipio del Carmen, Campeche; Ozuluama de Mascareñas, Tlacotalpan y José Azueta, del estado de Veracruz; Camargo, del estado de Tamaulipas; Tonila, del estado de Jalisco; Joquicingo y Zacualpan, del estado de México; y Choix, del estado de Sinaloa. Todo ello por un total de 17 millones 139 mil 950 pesos.

El pasado 1 de julio del año 2012, el entonces candidato a la Presidencia de la República, por la coalición Compromiso por México, ofreció un discurso una vez que se conocieron los resultados electorales que le favorecieron, y cito textualmente sus palabras: Reitero lo que dije en este mismo auditorio durante mi campaña, quien no tenga un compromiso firme con la democracia, las libertades y la transparencia, no tiene cabida en este proyecto de transformar a México.

Así, con el compromiso asumido por el titular del Ejecutivo, es por ello que he decidido presentar esta proposición con punto de acuerdo, para que esta soberanía exhorte al titular de la Conade para que instruya a su contralor interno a que investigue y finque responsabilidades a los funcionarios involucrados en el acto de obstrucción de la liberación de los recursos para infraestructura, impidiendo que se lleven a cabo los proyectos para ese fin en los lugares citados. Asimismo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Conade liberen dichos recursos.

Habría que recordarles a estos funcionarios de la administración pública federal que el Constituyente de 1917 estableció, con claridad meridiana, la división de poderes y que, por ende, ningún poder público se puede sobreponer a otro.

Es importante que esta soberanía demuestre a los ciudadanos de este país que por sobre las diferencias partidistas es capaz de obrar la justicia, igualdad e imparcialidad en pro de la defensa de los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conade a investigar la presunta comisión de responsabilidades administrativas del subdirector general del Deporte y funcionarios involucrados; y a la SHCP, a liberar los recursos aprobados en el PEF de 2013 para infraestructura deportiva, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN

Jorge Rosiñol Abreu, diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, artículo 79, fracción II, numeral 1, y fracciones I, II y III del numeral 2, del Reglamento de La Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade, que instruya al Contralor Interno con la finalidad de investigar la presunta comisión de responsabilidades administrativas del titular de la Subdirección General del Deporte y funcionarios involucrados y, en su caso, imponga las sanciones aplicables en los términos de la ley, asimismo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que proceda a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, lo anterior con base en las siguientes

Consideraciones

Para que cualquier gobierno pueda cumplir con sus funciones, es indispensable el poder contar con los recursos suficientes y necesarios. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detalla en lo que conocemos como Presupuesto de Egresos de la Federación.

Este Presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, este gasto público es utilizado por el gobierno federal con la finalidad de cubrir las siguientes demandas de la población:

- Proporcionar servicios educativos y de salud; construir carreteras y vivienda; construir espacios públicos de recreación, esparcimiento, deportivos y culturales, apoyar el desarrollo del campo; generar y distribuir electricidad; garantizar la soberanía y seguridad nacional; procurar e impartir justicia; desarrollar actividades legislativas; transferir recursos a los estados y municipios; sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda, entre algunos otros.

El Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, el cual es aprobado por esta soberanía.

Corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte desarrollar e implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano y que impulsen la integración de una cultura física sólida. Para ello, la Conade, dispone de recursos presupuestales federales, el cual, como ustedes saben, corresponde a esta honorable Cámara de Diputados aprobar anualmente, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, fueron aprobados por esta Cámara, recursos etiquetados para realizar infraestructura deportiva, sin embargo como todos conocemos, este nuevo gobierno federal no ha ejercido los recursos autorizados por la Cámara de Diputados generando así un subejercicio sin precedente en la historia de México de más de 40 mil millones de pesos.

En días pasados el licenciado Juan Manuel Garduño Moreno, subdirector general del Deporte, quien es el encargado del área donde se erogará la tercera parte del presupuesto federal deportivo de este año y quien antes de asumir tan importante puesto público, se desempeñó como secretario del Comité Ejecutivo Independiente del ISSSTE, subdirector de Cultura Física en el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, y jefe del Departamento de Educación Física del Valle de Toluca en el estado de México. En otras palabras: un digno representante del grupo político del PRI mexiquense sin experiencia previa en el manejo de infraestructura deportiva, envió el memorándum SGD/192/2013, para que no sean fondeados, es decir, entregados los recursos públicos, de los proyectos de infraestructura deportiva que fueron etiquetados en ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal de 2013, por esta Cámara de Diputados, en beneficio de los municipios de Carmen, Campeche, Ozuluama de Mascareñas, Tlacotalpan y José Azueta, de Veracruz; Camargo, Tamaulipas; Tonila, Jalisco; Joquicingo y Zacualpan del estado de México y Choix de Sinaloa y que, en conjunto, suman la cantidad de 17 millones 139 mil 950 pesos. Ocho de 10 municipios son, casualmente, gobernados por el Partido Acción Nacional. El argumento es que “por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Habría que preguntarle al doctor Luis Videgaray, si giró esas instrucciones.

Con este memorándum, prácticamente, junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, están derogando un mandato de este soberano Poder Legislativo, liquidando la división de poderes que rige nuestra República y traicionando la confianza depositada por la Junta Directiva y su director general para que promoviera el deporte, no para impedir que el mismo se practique en instalaciones deportivas dignas, como las que fueron aprobadas para estos municipios. Además se está incurriendo en responsabilidades administrativas, las cuales deben ser investigadas por el órgano de control interno de la Conade y evitar que se consume, con total impunidad, éste atentado a la voluntad de esta soberanía.

Es ya una práctica recurrente en esta dependencia incurrir en actos de corrupción y favoritismo partidista, ya que en días pasados el ex Subdirector General de Administración de la CONADE, también integrante del PRI mexiquense, Alberto Leger Meza, fue cesado, de manera atinada y oportuna, por el actual director de la Conade, porque no supo presentar de forma correcta y oportuna, la documentación correspondiente para que la Secretaría de Hacienda entregara el dinero de la partida presupuestal asignada por la Cámara de Diputados, además de los actos de corrupción en que incurrió, entre otros, con los servicios de limpieza y de seguridad de esa dependencia federal deportiva.

No existe, en el artículo 13 del Estatuto Orgánico de la Conade, disposición jurídica alguna que le otorgue a la subdirección general del Deporte, la facultad de ordenar la cancelación presupuestal de proyectos de infraestructura deportiva, y mucho menos, si éstos son por mandato presupuestal de laCámara de Diputados.

¿Será acaso que el licenciado Juan Manuel Garduño Moreno quiere desviar esos recursos federales autorizados a ayuntamientos panistas para entregárselos a ayuntamientos gobernados por el partido político que gobierna? o ¿será que el secretario de Hacienda y Crédito Público, sin fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se está convirtiendo, de facto, en un “súper legislador” que puede, a su libre arbitrio, derogar la voluntad de esta soberanía popular?

Habría que recordarles a estos funcionarios de la administración pública federal, que el Constituyente de 1917 estableció, con claridad meridiana, la división de poderes y que, por ende, ningún poder público se puede sobre poner a otro.

¿Dónde quedan los compromisos del titular del ejecutivo de gobernar para todos y con todos los mexicanos sin distingo de partido? ¿Dónde queda su promesa de gobernar con plena democracia? México conoció por primera vez en su historia a través de Acción Nacional cómo se gobierna con plena democracia. Por primera vez, los gobernadores y el jefe de gobierno, así como también los Poderes de la Unión no estuvieron sujetos a las decisiones y mando del presidencialismo monárquico ejercido por el PRI, pues los gobiernos emanados del PAN no sólo permitieron la democracia, sino que además; incrementaron las partidas presupuestales en los Presupuestos de Egresos a todas y cada una de las entidades federativas en beneficio de los más necesitados.

Así, por lo expuesto y, toda vez que se trata de la aplicación de recursos federales aprobados por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal del presente año, y tomando en consideración que estamos a pocos días de haber aprobado el Presupuesto federal para 2014, someto a su consideración la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que instruya al Contralor Interno, con la finalidad de investigar y fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados por la presunta comisión de responsabilidades administrativas hechas por el titular de la subdirección general del Deporte, en el desempeño de sus facultades y atribuciones y, en su caso, imponga las sanciones aplicables en los términos de la ley.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que procedan a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados para infraestructura deportiva que fueron etiquetados en ampliación presupuestal, para el ejercicio fiscal de 2013, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en beneficio de los municipios de Carmen, Campeche; Ozuluama de Mascareñas, Tlacotalpan y José Azueta, de Veracruz; Camargo, Tamaulipas; Tonila, Jalisco; Joquicingo y Zacualpan del estado de México y Choix, Sinaloa por un monto de 17 millones 139 mil 950 pesos, en beneficio de la comunidad deportiva de esa demarcaciones territoriales.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de noviembre de 2013.— Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado José González Morfín: Si la Secretaría tiene dudas, vamos a pedir que se abra el tablero de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal solamente sobre el trámite, en el entendido que el voto a favor es que sí se considere de urgente resolución y el voto en contra es que no se considere de urgente resolución. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 205 votos a favor, 203 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se considera de urgente resolución. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, nuestro compañero legislador Jorge Rosiñol Abreu, con esta fecha, presentó un punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, referido básicamente a dos temas.

El primero, exhortar al titular de la Conade a que investigue y finque responsabilidades a los funcionarios involucrados por la presunta comisión de responsabilidades administrativas hechas por el titular de la Subdivisión General del Deporte. Y segundo, exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Conade a que procedan a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva, aprobados para que fueran etiquetados en una ampliación presupuestal para el 2013.

La Conade debe su creación a la emisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte expedida por el Congreso de la Unión y publicada el 23 de abril de 2013. En ella se prevé el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), y dentro de este organismo la Conade es el integrante del mismo.

La ley que da origen a los organismos citados menciona, en su artículo 20, que el director general de la Conade será designado por el presidente de la República y que el órgano de vigilancia de ella, artículo 23, estará integrado por un comisario propietario y su suplente, que a su vez será nombrado por el secretario de la Función Pública, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se mandata, por su parte, en el artículo 26 del ordenamiento aludido que el órgano de control de la Conade estará a cargo de un contralor interno, con obligaciones y facultades reglamentadas en las disposiciones legales respectivas.

En razón de lo establecido en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, de los funcionarios públicos y de, precisamente, las últimas reformas que se acaban de aprobar por esta Legislatura, las disposiciones constitucionales relativas al IFAI, a la transparencia en el ejercicio presupuestal, los diputados y las diputadas de la fracción parlamentaria del Parido del Trabajo votaremos a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema de la nación. Los mandatos ahí contenidos son de observancia general y constituyen el fundamento de validez de cualquier norma o acto administrativo. De acuerdo al artículo 74, fracción IV, corresponde a la Cámara de Diputados discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda.

Lo anterior indica que una vez que el proyecto de Presupuesto es enviado por el Ejecutivo, los integrantes de la Cámara de Diputados son quienes lo discuten y emiten, señalando de forma precisa el uso de los recursos, de acuerdo a las necesidades de cada dependencia del Ejecutivo y los proyectos que se sustenten.

Sin embargo, en el último ejercicio se ha reportado en distintos momentos el subejercicio por parte del gobierno federal, pues en el último reporte de la situación financiera del gobierno, elaborado por la Secretaría de Hacienda, en el cual pone en claro que el gasto total acumulado asciende a 1 billón 692 mil millones de pesos. Cifra que representa apenas el 42 por ciento del Presupuesto total autorizado para el presente ejercicio fiscal, aun cuando ya han transcurrido casi 70 por ciento del año.

Más grave resulta que, tal y como se enuncia a través del punto de acuerdo que hoy se está discutiendo, los recursos sean detenidos e incluso cancelados por un funcionario de la Conade, quien en exceso de sus facultades pretende suprimir una partida presupuestal aprobada.

Con la decisión de este funcionario se provocará la suspensión de los proyectos de infraestructura deportiva, correspondiente a los municipios de El Carmen, en Campeche; Ozuluama de Mascareñas, Tlacotalpan y José Azueta de Veracruz; Camargo, en Tamaulipas; Tonalá, Jalisco; Joquicingo y Zacualpan, del estado de México; y Choix, Sinaloa, que en su conjunto suman la cantidad de 17 millones 139 mil 950 pesos.

Más grave aún es que la privación de los recursos tenga tintes partidistas, cuando se denuncia la casualidad consistente en que tales recursos serían destinados a municipios gobernados por el Partido Acción Nacional.

La conducta del funcionario en cuestión, el subdirector general del Deporte de la Conade, el licenciado Juan Manuel Garduño Moreno, carece de sustento legal que valide su actuar, pues de ninguna forma se encuentra revestido de la facultad para cancelar el ejercicio de recursos en proyectos específicos. Es más, su conducta inclusive es contraria a lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues un funcionario pretende cancelar la asignación presupuestal señalado por el Presupuesto de Egresos de la Federación, conducta que a todas luces resulta escandalosa y excesiva.

En esos términos, el grupo parlamentario que represento, de Movimiento Ciudadano, votará a favor de este punto de acuerdo para exhortar a las autoridades pertinentes para que investiguen y procedan de la forma que corresponda en contra de este funcionario, así como suprimir el ejercicio indebido de sus funciones, que perjudicará a los habitantes de los municipios antes señalados. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

Le damos la bienvenida al presidente municipal de Tila, Chiapas, el arquitecto Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, así como a los integrantes de su cabildo, que están hoy aquí invitados por la diputada Lourdes Adriana López Moreno. Bienvenidos a esta sesión y a la Cámara de Diputados.

También saludamos a un grupo de estudiantes del TEC de Monterrey, que nos acompañan hoy, invitados por la diputada Aurora Aguilar Rodríguez. Bienvenidos y bienvenidas todas. Adelante, diputada.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el deporte es una actividad fundamental para el desarrollo de nuestra población, pues a través de él es posible redireccionar el porvenir de una nación hacia la conformación de una sociedad más sana, segura, libre de adicciones y con la posibilidad de generar espacios en donde el deporte se convierta en el instrumento para una mayor convivencia y cohesión entre los mexicanos.

Es por ello que todo esfuerzo para mejorar la infraestructura deportiva de nuestro país se convierte en una posibilidad no solo para fomentar el deporte, sino también para reestructurar nuestro tejido social, de manera que cualquier subejercicio que se presente, no solo en el ámbito deportivo, sino en cualquier otro es preocupante. Pero también es una clara muestra de que las necesidades y prioridades de nuestro país frecuentemente obligan a nuestros dirigentes a redireccionar el gasto hacia otros sectores que tengan mayor prioridad.

Esto no es nuevo, así lo hemos observado ya en otros gobiernos, más aún cuando ya nos encontramos al final del ejercicio presupuestal de 2013, en donde evidentemente será difícil ejercer los recursos no utilizados oportunamente.

Por ello, el artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario, dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.

Asimismo el artículo 59 del ordenamiento mencionado establece que las dependencias podrán realizar el traspaso de recursos de gastos de inversión y de obra pública a gasto corriente, con la autorización de la Secretaría. De manera que la propia ley prevé lo que de alguna manera este punto de acuerdo está proponiendo.

La Secretaría de Hacienda tendrá que dar cuenta, no solo del subejercicio que se menciona en la proposición a discusión, sino de todos aquellos que se hayan generado durante el ejercicio presupuestal 2013.

Adicionalmente, en el informe de la Cuenta Pública correspondiente también se harán no solo las observaciones pertinentes, sino del mismo se podrán desprender responsabilidades hacia servidores públicos que no hayan cumplido a cabalidad con sus mandatos presupuestales, por lo que nuestra legislación contempla ya mecanismos para el control y fiscalización del Presupuesto de Egresos.

Sin embargo, nuestro Grupo Parlamentario reitera su compromiso con el deporte y con la transparencia presupuestal, haciendo valer los mecanismos previstos para ello en nuestra legislación. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Carol Antonio Altamirano:Con su permiso, señor presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del PRD deseo respaldar el punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a sancionar a los funcionarios que pretenden violentar los acuerdos de esta Cámara de Diputados. Y que se liberen los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 para infraestructura deportiva.

Éste no es un fenómeno exclusivo de Conade. También ocurre en Conaculta y en otras dependencias, donde los funcionarios federales no han sabido ejercer el recurso y las obras no han iniciado, cuando ya prácticamente termina el año.

Además, el abuso en Conade no se limita a los municipios que son señalados en el punto de acuerdo del diputado Rosiñol, sino que esto se ha generalizado. Hay muchos municipios más que se encuentran en la misma situación. Aunque los proyectos existen y han sido revisados hasta el cansancio, simplemente los recursos no se entregan, por ocurrencias, inventos y trabas burocráticas para lastimar a los municipios del país.

Es increíble la pretensión, evidentemente ilegal y arbitraria, de parte de un funcionario menor para querer frenar la determinación expresa de esta soberanía. Aceptar estas acciones, que van más allá de un simple retraso, equivale a violar la división de poderes y las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados. Es regresar al tiempo del autoritarismo y la discrecionalidad.

El subejercicio es un mal que de manera urgente hay que desterrar ante la gravedad de los hechos ocurridos durante este año, cuando se registraron subejercicios por más de 28 mil millones de pesos.

Ahora que ya se aprobó el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 sería inaceptable que se presentara el mismo fenómeno. Por esta razón, el PRD hace un llamado al Ejecutivo federal para elevar los niveles de eficiencia y oportunidad en la operación del gasto.

Cuando los funcionarios incurran en subejercicios reiteradamente sería un signo de buena voluntad política que los destituyan del cargo. Es inaceptable que si ya se les autorizó un Presupuesto, los funcionarios simplemente no lo puedan ejercer, como sucedió en el presente ejercicio fiscal. Desde el PRD estaremos pendientes para que se cumpla con el calendario del gasto y de ninguna manera es tolerable que existan subejercicios.

Cuando no se gasta el dinero para los fines que señala el Presupuesto en realidad se afecta a la gente, pues las obras y proyectos se suspenden, se posponen o cancelan. El PRD condena los subejercicios y vigilaremos que el gasto sea eficaz. Por eso pedimos al Ejecutivo federal, que más allá de lo que estipule la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, si un funcionario no puede, que sea destituido del cargo.

Ya basta de subejercicios, ya basta de malas decisiones que solo entorpecen la aplicación de los recursos públicos. Ya basta de funcionarios que desconocen sus obligaciones y que actúan en el colmo de la ineficiencia.

Compañeras y compañeros, este caso no puede quedar impune. La Cámara de Diputados debe hacer respetar sus acuerdos y facultades, deben fincarse las responsabilidades administrativas a estos funcionarios que a unas cuantas semanas de que concluya el año no han podido o no han querido ejercer el recurso autorizado.

Con toda claridad debemos de mandar un mensaje al Ejecutivo, demandándole la aplicación del recurso, y sobre todo, advirtiendo que en el ejercicio 2014 estaremos muy atentos para que nunca más se padezca otro caso de ineficiencia, como el que hoy se presenta. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Alejandra López Noriega, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Alejandra López Noriega:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es necesario insistir en que el deber de esta Cámara es el de velar por el debido y pleno cumplimiento del derecho constitucional de la cultura física y la práctica del deporte.

Compañeros diputados, los invito a que demos una muestra al pueblo de México de que esta Legislatura tiene entre sus prioridades la transparencia y la gestión eficiente de los recursos, que no está dispuesta a permitir la impunidad y que es partidaria de que los órganos de impartición de justicia cumplan con su objeto y misión.

Los municipios señalados en el punto de acuerdo pueden haber sido afectados por una mala gestión. Ello representa la conculcación de los derechos de los mexicanos a un derecho humano. Por ello es necesario que se investigue y, en su caso, se impongan las sanciones correspondientes.

En el Partido Acción Nacional vigilaremos que estos actos no sucedan. Esto no puede quedar impune y solicitamos se investigue a los funcionarios involucrados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, tiene la palabra el diputado Felipe Muñoz Kapamas, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas:Muchas gracias, señor presidente. Permítanme informarles, compañeros diputados, que este asunto no debería haber llegado hasta este lugar. Éste es un problema burocrático al que nos hemos enfrentado, no solamente en el PRI, sino en el PAN, en el PRD, en todos los partidos, porque no salen a tiempo los recursos que están etiquetados para el programa de infraestructura deportiva municipal.

Esto se ha estado resolviendo poco a poco, a base de presión que hemos ejercido nosotros los diputados en la misma Comisión de Cultura Física y Deporte, en la Conade.

En un principio no estábamos de acuerdo, porque consideramos que es una muestra pequeña, solamente 10 municipios, que tienen problemas por diversas razones. Muchos por culpa de los mismos municipios, otro por diferentes problemas burocráticos.

Lo que pedimos es que esto se amplíe, se vaya no solamente a estos 10 municipios, sino que se vaya a todos los municipios restantes. Y por eso platiqué con el diputado promovente para que autorizara una modificación al resolutivo, donde diría lo siguiente:

Se exhorta al titular de la Conade para que revise el estado que guardan los procedimientos para la liberación de los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados por el PEF en el 2013.

Ésta sería la modificación al resolutivo y hacemos más amplia la petición y no solamente sobre 10 municipios que, les informo, de esos 10, seis es culpa directa de los municipios, o tienen un adeudo o tienen algún problema específico, o no comprobaron que el terreno es 100 por ciento municipal y por esas razones no llegaban los recursos directos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Me informa el diputado promovente y el grupo parlamentario que lo propone, que han encontrado consenso sobre una nueva redacción.

Voy a pedir a la Secretaría dé lectura al resolutivo propuesto y que inmediatamente después consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

Para que no haya ninguna duda, le pediría a la Secretaría que lo lea nuevamente y que inmediatamente después consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Modificación al resolutivo. Se exhorta al titular de la Conade para que revise el estado que guardan los procedimientos para la liberación de recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados en el PEF 2013.

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte ahora a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado el acuerdo con la modificación planteada. Comuníquese.

ARANCEL DE IMPORTACION DEL LIMON PERSA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Genaro Ruiz Arriaga, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y de la Sagarpa, para que mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se graven nuevamente con una tasa del 20 por ciento el arancel de importación del limón persa.

El diputado Genaro Ruiz Arriaga:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, acudo a este pleno para exponer un tema de enorme preocupación para el sector agrícola de nuestro país, que de no tomarse las medidas necesarias afectará no solo a más de 19 mil productores de limón persa que existen en México, sino también a 4.5 millones de jornales que esta actividad genera anualmente, y nos permite un ingreso en divisas por el orden de los 4 mil 500 millones de pesos.

El pasado 15 de mayo, el titular del Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, cancelando el gravamen impuesto del 20 por ciento por kilogramo a la importación del limón persa.

El decreto forma parte de la medida emergente y necesaria establecida por el gobierno federal para ampliar la oferta a la población y disminuir el precio del cítrico, ya que las condiciones climáticas como las heladas y fitosanitarias, como el huanglongbing bajaron la producción y provocaron su encarecimiento.

Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que la variación del precio obedece sobre todo al ciclo natural de este cultivo, que se cosecha todo el año con mínimos en temporada invernal de noviembre a marzo y máximos entre los meses de mayo y septiembre, fechas en la que el producto llega a bajar su precio considerablemente, cuyo promedio por kilo pagado al productor en el año de 2012 fue de 6 pesos con 90 centavos en subasta, pero en mayo de este año disminuyó, incluso hasta el peso con 50 centavos.

El costo de producción de un kilo de limón persa se estima en 1.70. Es decir, de mayo a octubre el productor pierde un poco de dinero. Pero de noviembre a abril éste tiene un precio promedio de 10 pesos con 65 centavos en campo. Es ahí donde se compensa de la temporada baja y logra equilibrar su economía.

Otro factor que contribuye a generar una variación del precio hasta convertirse en un problema es la distorsión del mismo que hacen los acaparadores, intermediarios y las grandes cadenas de autoservicio, quienes sin razón, por las mismas fechas en que se canceló el arancel habían aumentado los precios del cítrico hasta alcanzar los 17 pesos, con un margen de ganancia de 15 pesos con 50 centavos por kilo que los productores no recibieron, pero que los consumidores finales sí tuvieron que pagar.

Estos datos han sido expuestos en dos reuniones con funcionarios federales, quienes han coincidido en que de continuar vigente la medida habría un impacto en la economía de los productores, debido a los ciclos climatológicos totalmente inversos entre el hemisferio norte y el hemisferio sur.

En Brasil, que cuenta con 6 mil hectáreas sembradas de lima persa desde hace tres años y 25 años de experiencia en el manejo de la inocuidad y la trazabilidad, los meses de más calor se registran de noviembre a marzo y pueden alcanzar los 30 grados centígrados.

En cambio, durante junio, julio, agosto y la mitad de septiembre el invierno se hace presente y las temperaturas bajan hasta los seis grados centígrados. Lo contrario exactamente de lo que ocurre en México.

En nuestro país son siete meses en los que se aplica 60 por ciento de la inversión para producir 2 mil 400 millones de pesos en esta temporada invernal, que es cuando el precio se recupera para el productor. Pero el mantener la apertura de las fronteras afectaría gravemente a una cadena agroalimentaria que funciona eficientemente.

Los cítricos son los frutales más importantes en México, con un valor de la producción de casi 10 mil millones de pesos. Más de la cuarta parte aportada por el limón persa con sus 96 mil hectáreas sembradas en el territorio nacional.

Con sus 600 mil toneladas al año, Veracruz aporta más de la mitad del millón 152 mil toneladas, que convierten a México en el productor más importante de este cítrico en el mundo, actividad que genera además 700 mil empleos temporales y un millón 400 mil empleos indirectos. Pero esta entidad no solo cuenta con el primer lugar en la producción de limón persa a nivel nacional y mundial, sino que ahí se asienta más de 80 por ciento de la industria de la transformación, con 84 de las 107 empacadoras del país, además de jugueras, deshidratadoras, enceradoras, entre otras.

La industria representa para México una importante entrada de divisas de 3 mil 200 millones de pesos para los veracruzanos, lo que es posible gracias a que 11 mil productores cultivan casi 45 mil de las 96 mil hectáreas de limón persa de los 17 estados productores del país.

De no aplicarse nuevamente el arancel del 20 por ciento, todos los productores nacionales de este cítrico se verán afectados. El mercado será utilizado por los agricultores extranjeros al ser muy atractivo y sin trabas, lo que permitirá usar estrategias de precios bajos y desplazar a los limones nacionales, afectando a toda la cadena productiva de esta agroindustria, orillando a los productores a dejar de invertir y ocasionando un caos general en el mercado nacional.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la necesidad de que aprobemos este punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 4o., fracción I, de la Ley de Comercio Exterior, se grave nuevamente con una tasa del 20 por ciento el arancel de importación del limón persa, mediante las modificaciones de la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE, de la SHCP y de la Sagarpa a gravar nuevamente con una tasa de 20 por ciento, mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el arancel de importación del limón persa (Citrus latifolia), a cargo del diputado Genaro Ruiz Arriaga, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Genaro Ruiz Arriaga, diputado federal por el distrito 3 con cabecera en Tuxpan, Veracruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, se grave nuevamente con una tasa de 20% el arancel de importación del limón persa (Citrus latifolia).

Consideraciones

El artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; y que el Ejecutivo Federal podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país”.

Por su parte, en el artículo 4, fracción I, de la Ley de Comercio Exterior se establece que es facultad del Ejecutivo federal “crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

De igual manera, el artículo 34, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, contempla que corresponde a la Secretaría de Economía “formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal; en tanto la fracción III, le faculta para establecer la Política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes; y a su vez la fracción V, le obliga a estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los Artículos de importación y exportación, y participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior”.

En el ejercicio de estas facultades, el pasado 15 de mayo de 2013, el Titular del Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que cancela el gravamen impuesto de 20 por ciento por kilogramo a la importación de limón persa publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007, el cual a su vez derogó el de fecha 18 de enero de 2002, que establecía un régimen arancelario de 23 por ciento a la introducción a nuestro país del Limón sin Semilla.

El decreto en cuestión forma parte de la medida emergente y necesaria establecida por el gobierno federal para ampliar la oferta a la población y disminuir el precio del cítrico, ante condiciones climáticas y sanitarias adversas como las heladas y la plaga huanglongbing o HLB, que se venían presentando en diferentes regiones del país para la producción de algunos frutos, entre estos las distintas variedades de limón, que motivaron un significativo incremento de los precios.

Es importante comentar que la variación en el precio de la Lima Persa en nuestro país también obedece al ciclo natural de este cultivo, que se cosecha todo el año con mínimos en la temporada invernal, de noviembre a marzo, y máximos entre los meses de mayo y septiembre, fechas en las que el producto llega a bajar en su precio considerablemente, como ejemplo podemos destacar que el promedio por kilo pagado al productor en el 2012 fue de 6.9 pesos en subasta, de acuerdo con datos del Sistema Producto Limón Persa, pero en el mes de mayo de 2013 bajó incluso hasta 1.50 pesos el kilogramo.

Precios pagados al productor en 2012, según Sistema Producto Limón Persa

El costo de producción de un kilogramo de limón se estima en 1.70 pesos, es decir de mayo a octubre el productor pierde un poco de dinero, pero de noviembre a abril este tiene un precio promedio de 10.65 pesos en campo y es ahí donde se compensa de la temporada baja y logra equilibrar su economía.

Otro factor que adicionalmente contribuyen a generar el problema es la distorsión del precio que hacen los acaparadores, intermediarios y las grandes cadenas de autoservicio, quienes sin razón, en las mismas fechas en que se canceló la medida arancelaria, aumentaron los precios del cítrico hasta alcanzar los 17 pesos por kilogramo, con un margen de 15.50 pesos que los productores no recibieron, pero que los consumidores finales sí tuvieron que pagar.

Todos estos datos han sido considerados durante dos reuniones con funcionarios del gobierno federal, la primera el pasado 19 de junio con el Subsecretario de Agricultura de la Sagarpa, y la segunda, el 28 de junio con el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, con quienes se ha coincidido en que de continuar vigente la medida habría un impacto en la economía del 100 por ciento de los productores, debido a los ciclos climatológicos invertidos entre el hemisferio norte y el sur, lo que incide directamente en la producción.

Por ejemplo, en Brasil los meses de más calor se registran de noviembre hasta marzo y pueden alcanzar los 30 ºC (86 F), en cambio, durante los meses de junio, julio, agosto y la mitad de septiembre, los días dejan de ser cálidos ya que el invierno se hace presente en ese hemisferio, suele hacer bastante frío y las temperaturas bajan a los 6º C, exactamente lo contrario de lo que ocurre en México, en donde de manera natural la producción disminuye, pero de ninguna manera hay escases.

Brasil cuenta con 100 mil hectáreas sembradas de Lima Persa desde hace 3 años y 25 años de experiencia en manejo de inocuidad y trazabilidad de sus productos agrícolas, en tanto que Perú tiene 55 mil hectáreas de Limón Mexicano y podrían inundar el mercado mexicano con su producto.

Es así que en nuestro país son 7 meses en los que se aplica el 60% de la inversión, para producir 2,400 millones de pesos en el invierno que es cuando el precio se recupera para el productor, pero de continuar con la apertura de las fronteras se vendría a afectar en las próximas semanas gravemente a toda una cadena agroalimentaria que funciona de manera eficiente.

Los cítricos son los frutales más importantes en México, con un valor de la producción de casi 10 mil millones de pesos, más de la cuarta parte son aportados por el limón persa con sus 96 mil hectáreas sembradas en territorio nacional, de las cuales Veracruz  cuenta con el 66% de la superficie sembrada y Tabasco con el 19%, ambos con un total de 75%  de la producción nacional.

Existen 19,000 productores de lima persa en el país, que en promedio cuentan con 5 hectáreas que tienen un rendimiento de 14 toneladas por unidad, actividad que genera 4.5 millones de jornales anuales, lo que representa 46.8 jornales por hectárea, pero además 700 mil empleos temporales (7.2 jornales/Ha-poda) y 1 millón 400 mil  empleos indirectos (cosecha y cadena)

Con sus 600 mil toneladas cosechadas al año, el Estado de Veracruz aporta una parte muy importante del millón 152 mil toneladas de limón persa que se producen a nivel nacional, que convierten a México en el país con la mayor producción de éste cítrico en el mundo.

Pero Veracruz no sólo cuenta con el primer lugar en la producción de limón persa a nivel nacional y mundial, con 68% de la misma, sino que además en territorio veracruzano se asienta más del  80% de la industria de la transformación que se da a la tarea de procesar éste producto, con 84 de las 107 empacadoras del país, además de jugueras, deshidratadoras, enceradoras, etcétera.

La industria representa para el país divisas por el orden de los 4,500 millones, de los cuales 3,200 son de Veracruz, lo que es posible gracias a que 11 mil productores de esta entidad cultivan casi 45 mil del total de las 96 mil hectáreas sembradas de limón persa en 17 estados del país.

En prospectiva de la situación que se generará de no volver a instalarse el arancel del 20%, es que se verán afectados los productores nacionales ya que el mercado podrá ser utilizado por los productores extranjeros, por ser un mercado atractivo y sin trabas que les permitirá usar estrategias de precios bajos y desplazar así a los productos nacionales, afectando al millón 400 mil empleos que se generan, obligando a los productores a no invertir en su producción y ocasionando un caos general del mercado mexicano.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 4, fracción I, de la Ley de Comercio Exterior, se grave nuevamente con una tasa de 20% el arancel de importación del limón persa (Citrus latifolia)mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 2013.— Diputado Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Se considera de urgente resolución. Tiene la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con el permiso, señor presidente. Estimados legisladores y legisladoras, en Nueva Alianza consideramos que la responsabilidad del gobierno al implementar sus políticas de carácter fiscal y arancelario adquiere un carácter relevante para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, siempre y cuando estas medidas sean adecuadas y oportunas a la circunstancia para la que están destinadas.

Una de las ventajas del libre comercio es alentar la competitividad y ofrecer mejores condiciones de precio al consumidor final. Sin embargo, debe existir la necesaria racionalidad económica al momento de flexibilizar nuestras fronteras para ampliar o reducir la oferta de productos o servicios, a fin de no afectar la competitividad y condiciones del mercado interior. De lo contrario, de no actuar con esa racionalidad económica, el gobierno puede contribuir al menoscabo de la competitividad de los productores nacionales. Y en este caso en particular de uno de los mercados más importantes de la economía nacional, como es el caso del limón persa o limón sin semilla, como comúnmente lo conocemos. A pesar que desde el año de 1975 comenzó a introducirse este tipo de limones en los mercados de la Ciudad de México, o limas, como lo conocen en Estados Unidos de América, su cultivo a escala comercial comenzó a desarrollarse a mediados de la década de los ochenta, principalmente en Veracruz, Tabasco y Yucatán.

Lo anterior, gracias al auge de la demanda de diversas variedades de limones para usos industriales en el mercado norteamericano, pasando a ser nuestro país, en los últimos años, su proveedor a nivel internacional, con casi 2 millones de toneladas por año, con un valor de producción de 5 mil millones de pesos.

Este mercado genera divisas por casi 270 millones de dólares, donde competimos con países tan diversos como la India, Argentina, China o Brasil.

Para completar la importancia de la producción de limón persa en México cabe señalar que genera casi 2 millones de empleos directos e indirectos, beneficiando a inversionistas, productores, asesores técnicos, jornaleros, empacadores, industriales y comerciantes que participan en esta cadena productiva.

En este contexto, el punto de acuerdo en discusión plantea un problema específico que debe resolverse de inmediato. Se plantea en el resolutivo un exhorto a que diversas dependencias del Ejecutivo federal graven nuevamente, con una tasa de 20 por ciento, el arancel de importación de limón persa.

Apenas en mayo del presente año, el Ejecutivo federal decidió eliminar el arancel del 20 por ciento, aduciendo una situación de desabasto en limón persa, originado sobre todo por fenómenos meteorológicos. Sin embargo, esta situación, aunada a los ciclos de producción del producto, coloca a los productores en una situación muy difícil que se agravaría con la entrada libre de arancel de limón persa proveniente del extranjero. Lo que ahora se nos plantea en el punto de acuerdo es que los productores nacionales pueden hacer frente a la demanda, en virtud de lo cual es necesario proceder a restituir el arancel del 20 por ciento a la entrada de este limón. Porque de otra manera, nuestros productores saldrían seriamente perjudicados.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza otorga su voto a favor del punto de acuerdo, porque protege una importante actividad productiva, generadora de divisas y empleo en las microrregiones donde estos se establecen.

Es por ello que reiteramos a favor a este punto de acuerdo y congruentes con el propósito de Nueva Alianza de beneficiar en lo posible a los productores e impulsar su desarrollo establecemos nuestro voto a favor. Es cuanto, señor diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Bonilla Valdez:Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores, se ha hecho llegar al pleno de esta soberanía un proyecto de punto de acuerdo de obvia o urgente resolución para gravar, de nueva cuenta, la importación de limón persa. Mediante esta modificación de la tarifa respectiva de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.

La exposición de motivos que plantea nuestro compañero legislador Genaro Ruiz Arriaga, es profusa para sustentar su conclusión, con la que coincide el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y consiste básicamente en lo siguiente.

En mayo de 2013, el Ejecutivo federal, en uso de las facultades que le confieren la Carta Magna, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, emitió un decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, cancelando el gravamen impuesto de 20 por ciento por kilogramo a la importación del limón persa, el limón sin semilla, cuyo origen se remonta a enero de 2002.

La importación referida tuvo su origen para paliar la disminución en la producción de las diversas producciones de los cítricos y así ampliar la oferta para atender los incrementos de precios.

Son atendibles las motivaciones que hace nuestro compañero, consistentes en que los periodos de producción se significan en dos durante cada año y la consecuente variación de precios en los mismos.

Las reuniones sostenidas por diputados de la Comisión de Agricultura con servidores públicos de la Sagarpa y de Economía han concluido en que de mantenerse la política señalada se generaría un impacto en la economía de los productores.

No está por demás mencionar que el estado de Veracruz es el primer productor de limón sin semilla, no nada más en México, sino en el mundo entero, con el 68 por ciento de la misma.

Por lo anterior, la propuesta del legislador Ruiz Arriaga, es atendible para evitar que el mercado no sea aprovechado por los productores extranjeros, en detrimento de los nacionales y así evitar el desplazamiento de 1 millón 400 mil empleos que se generan.

El exhorto de las dependencias federales mencionadas en el documento base de esta participación es considerado por nosotros como indispensable para regular el mercado y el insumo citado.

En mérito de lo anterior, el Partido del Trabajo votará a favor del punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, planteado aquí en esta soberanía. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, ciudadano presidente. Diputadas y diputados, el limón persa, conocido en México como el limón sin semilla y en Estados Unidos de América como lima de Persia y lima de Tahití, es un fruto ácido, de producción media y preferido por su buena calidad para exportar como fruta fresca.

El cultivo de dicho producto, con poco más de 10 años de haberse introducido en el país, es uno de los productos de exportación más dinámicos dentro del sector agrícola. Como porcentaje tiene aún una significación escasa y fuera del estado de Veracruz, donde se concentra el cultivo, su importancia regional es nula.

México padece, como vicio de origen, el monopolio en la comercialización del producto dentro de los Estados Unidos de América, ejercido por las compañías introductoras de McAllen, donde se coloca la mayoría de las exportaciones.

Otro factor que adicionalmente contribuye a generar el problema es la distorsión del precio que hacen los acaparadores intermediarios y las grandes cadenas de autoservicios, quienes sin razón en las mimas fechas en que se canceló la medida arancelaria aumentaron los precios del cítrico, hasta alcanzar los 17 pesos con un margen de ganancia de 15 pesos y 50 centavos que los productores no recibieron, pero que los consumidores tuvieron que pagar.

Al remitirnos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podemos observar que en el artículo 131 establece que es facultad privativa de la federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional y que el Ejecutivo federal podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras.

De igual manera, el artículo 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contempla que corresponde a la Secretaría de Economía formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país. En tanto a la fracción III, le faculta para establecer la política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas en coordinación con las dependencias competentes. Y a su vez, la fracción V le obliga a estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público.

Es por ello que la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente punto de acuerdo. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, presidente. Felicitar al diputado Genaro Ruiz Arriaga, promovente de este punto de acuerdo, porque sin duda es algo con lo que coincidimos en el Grupo Parlamentario del Partido Verde y vale la pena mencionar que éste es un problema que ya habíamos nosotros señalado en la comparecencia del secretario de Economía.

La competitividad no solo está en la micro, pequeña y mediana empresa, sino también la tenemos en el campo, un sector de lo más estratégico para la economía del país.

Y en su momento manifestamos que las políticas públicas que se implementan con base en esas facultades —que ya señaló el compañero que me antecedió— para implementar una política arancelaria acorde a lo que requiere nuestra economía, tiene que tener una capacidad de respuesta a la necesidad del mercado.

Eso fue precisamente lo que planteamos al señor secretario de Economía, que en su momento este arancel, por ejemplo, como el limón, debió ajustarse o debe ajustarse ya a las medidas que exige esa producción nacional, esas medidas que requiere para abaratar o para más bien darle un precio justo a este producto en el mercado nacional.

Desde hace algunos años la importación de alimentos ha provocado una grave vulnerabilidad de la economía agroalimentaria. La falta de una política pública correcta —como señalábamos— ha hecho que incluso haya una cierta escasez de algunos alimentos, porque no tenemos una capacidad de acción o de respuesta inmediata a esa problemática.

En este contexto, el punto de acuerdo que se encuentra a discusión cobra gran relevancia, toda vez que una prioridad para nuestro país debe ser lograr la protección de nuestro mercado agrícola y consolidar el consumo de productos nacionales, como lo es este cítrico.

México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en producción de cítricos, siendo 23 estados de la República Mexicana los productores, cultivando 550 mil hectáreas y 2.2 millones de toneladas de limón persa y mexicano. Así, este sector resulta un motor importante de nuestra economía por lo cual deben procurarse las mejores condiciones para su crecimiento. Si bien la reducción del arancel existente tuvo lugar debido a circunstancias climáticas muy particulares, que provocaron una distorsión en el mercado, en particular, en el precio de este producto, hoy estas circunstancias han cambiado y el consumidor final nos exige una reacción como gobierno ante tal circunstancia.

La actividad limonera hoy en día representa serios problemas de plagas, el cambio climático, envejecimiento de los huertos, escasez de agua, poca tecnificación de las huertas, un manejo y mantenimiento mínimo y precio bajo durante la mayor parte del año, bajo rendimiento para hectáreas, es precisamente porque el productor nacional no tiene la capacidad de respuesta en relación a la venta.

Es ahí donde nosotros debemos de fortalecerlo y precisamente donde existe la necesidad de subir este arancel como estuvo en algún momento antes de 2012, con el fin de que los productores nacionales —repito— no se vean afectados y nuestro mercado no se vea distorsionado.

Por ello, nuestro grupo parlamentario apoya la proposición que se encuentra hoy a discusión, más aún cuando se sabe que existe una sobreproducción de más de 10 mil toneladas al año que, aunado a la inundación de importaciones de este producto, provoca un importante impacto negativo en la cadena productiva de este sector a nivel nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Valentín González Bautista, del Grupo Parlamentario del PRD.

Saludo y doy la más cordial bienvenida a esta sesión a un grupo de invitados provenientes de Pachuca, Hidalgo, que están hoy aquí —valga la redundancia— invitados por la diputada Mirna Hernández Morales. Bienvenidas y bienvenidos todos.

El diputado Valentín González Bautista:Con su autorización, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Valentín González Bautista: Compañeras y compañeros diputados. Hace unos días esta soberanía aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación y dentro de él asignó recursos para el Presupuesto Especial Concurrente, para el desarrollo rural sustentable del país.

El monto del Presupuesto aprobado ascendió a la cifra de 338 mil 669 millones de pesos: 12 mil millones de pesos más con respecto al presente año. Al menos a 10 secretarías del gobierno federal se les responsabiliza para el ejercicio puntual, transparente y eficaz de este recurso. Dentro de estas secretarías se encuentra la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y la Sagarpa.

Estamos tratando que con políticas públicas y con programas deba el Ejecutivo federal hacer realidad el apoyo para que los productores agropecuarios, acuícolas, ganaderos, forestales puedan mejorar sus condiciones de vida. Para eso son los recursos del pueblo, que deben aplicarse para los productores y sacarlos de los niveles de pobreza, de marginalidad y de atraso que vienen padeciendo por décadas.

El punto de acuerdo que se trata, presentado por el diputado Genaro Ruiz Arriaga, es correcto y lo consideramos procedente. Los productores de cítricos en nuestro país son una de las ramas productivas que debe recibir el apoyo y respaldo de las políticas públicas y de esta soberanía.

Los datos estadísticos ya se han mencionado aquí, pero hay que destacar que al menos 100 mil hectáreas deben de estar destinadas a este producto. De esas 100 mil, los dos estados de la República que aportan la mayor parte de la producción, casi el 78 por ciento, están los estados de Veracruz y Tabasco.

Pero también es importante la participación de estados como Michoacán, Oaxaca, Yucatán y Chiapas, que también tiene productores de cítricos y particularmente de limón persa. El valor de la producción que alcanza una cifra superior a los 100 mil millones de pesos, una cuarta parte se estima que lo aportan los productores de este cítrico.

Por esa razón, lo consideramos procedente, y el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este punto de acuerdo, en el que se considera que es urgente o de obvia resolución exhortar a los titulares de las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, se grave nuevamente con una tasa de 20 por ciento el arancel de importación del limón persa, como se contiene en el punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Juan Bueno Torio:Compañeras, compañeros diputados, el Partido Acción Nacional se suma a este punto de acuerdo, pues consideramos de vital importancia que se fortalezca la cadena productiva del limón, particularmente del limón persa.

Por mucho tiempo se ha venido desarrollando esta actividad en el campo mexicano, particularmente en mi estado de Veracruz, que es el mayor productor de este tipo de limón en nuestro país. Es precisamente ahí donde se han hecho inversiones importantes de parte de los productores para ir consolidando una mejor calidad, para ir conquistando nuevos mercados, no solo el mercado mexicano, sino también el mercado de exportación. Mucho limón de este tipo se envía a Europa, a los Estados Unidos de América, a Canadá.

Si bien hemos pasado por circunstancias de escasez en la producción, que provocaron en diversos momentos el incremento de precios, el pago que recibe el consumidor en nuestro país está muy lejos de ser también satisfactorio para los productores.

En aquel momento en que subió el precio del limón porque la cadena de distribución lo encareció, el productor recibió en promedio el año pasado 6.5 pesos por kilo y en los centros de distribución, en el Distrito Federal, se vende por encima de 22 pesos.

¿En dónde está el problema? El problema está en que la Profeco no está haciendo adecuadamente su trabajo, para evitar que la concentración de este producto en poquitas manos provoque un incremento artificial en los precios del producto.

Como consecuencia de eso, la Secretaría de Economía quita los aranceles del 20 por ciento, que empezará a impactar negativamente en los propios productores, porque cuando tienes un mercado sobre-ofrecido, como éste, es mercado de compradores.

Al quitar el arancel, ¿qué se va a provocar? Que la sobreproducción que hay en Centroamérica —y en este momento es verano en Centroamérica y es cuando mayor producción de limón tienen— vendrá ese limón a impactar en el mercado mexicano, con consecuencias graves, funestas, para los productores de México y particularmente para los productores del estado de Veracruz.

Por eso, compañeras y compañeros, el Partido Acción Nacional se suma a este punto de acuerdo, para exigirle a la Secretaría de Economía que vuelva a poner el arancel correspondiente del 20 por ciento a la importación de limón de otros países hacia México. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente, tiene la palabra la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Verónica Carreón Cervantes:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, nuestro país se encuentra posicionado como el principal productor de limón en el mundo, con el 13 por ciento de la producción mundial, seguido por la India con el 12 por ciento, Irán con el 9 por ciento, así como Argentina y Estados Unidos de América con el 8 por ciento.

En el campo mexicano se destacan dos variedades de este producto: el limón mexicano con semilla y el limón persa sin semilla, las cuales en conjunto suman una producción anual superior a los 2 millones 132 mil 900 toneladas.

El valor de la producción rebasa los 6 mil 300 millones de pesos. Esta producción da beneficio socioeconómico a productores, asesores técnicos, jornaleros, empacadores, industriales y comerciantes. Más del 80 por ciento de la producción se concentra en cinco estados, siendo estos Veracruz, Colima, Michoacán, Oaxaca y Yucatán.

En específico, la producción del limón persa en nuestro país se concentra en Veracruz, con un 66 por ciento de la superficie sembrada, y en Tabasco, con un 19 por ciento, sumando así un total del 75 por ciento.

Gracias a las condiciones climáticas que se encuentran en las diferentes regiones del país es que el limón se puede cosechar durante todo el año, en las cuales encontramos mínimos en la temporada invernal de noviembre a marzo y máximos de mayo a septiembre.

El limón mexicano y persa, además de desarrollarse cada uno en regiones delimitadas, tienen mercados diferenciados, ya que el primero se designa al mercado nacional, y el segundo tiene como destino principal la exportación. Sin embargo, ha venido incrementando su participación en el consumo nacional, además de complementar el abasto nacional en épocas de baja producción del limón mexicano.

La eliminación del arancel a la importación del limón persa genera grandes estragos al campo mexicano, ya que permitirá que productores de otros países importen a nuestra nación su producción, hecho que afectará el precio de venta. Con esto los productores nacionales, se verían obligados a reducir de forma drástica sus precios de venta, disminuyendo así sus ganancias.

Lo anterior fomentará que cada año se tenga que sembrar menos hectáreas, ya que los costos de producción serían rebasados por las ganancias generadas, con lo que no solo se verían afectados los productores, sino también los jornaleros, ya que se tendría que reducir la contratación de los mismos.

Es por esto que consideramos pertinente la propuesta formulada por nuestro compañero, el diputado Genaro Ruiz, que al volver a establecer el arancel del 20 por ciento a la importación del limón persa se protegerá al campo mexicano, a los productores y a los miles de empleos que se crean gracias a la producción de este cítrico.

Compañeras y compañeros legisladores, es importante que defendamos al campo mexicano. No debemos afectar a los productores nacionales y menos cuando la producción del limón se encuentra estable. Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del PRI se pronunciará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muy buenas tardes y gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputada. Agotada la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Comuníquese.

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS-POLICIA COMUNITARIA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades sobre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, suscrito por los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y ciudadanas legisladoras, éste es un punto de acuerdo que he planteado que sea tramitado de obvia o urgente resolución. Contiene un asunto de justicia social.

Por cierto, agradezco al Partido del Trabajo que me haya cedido el turno de la obvia o urgente resolución. Les correspondía a ellos y me cedieron el turno para presentarlo. Espero que mañana nos concedan el turno para presentar otro relativo a esta información que ha surgido de Mony de Swaan y De la Sota, que son asuntos de gran corrupción en el país.

Pero déjenme platicarles de qué es este asunto que hoy estamos planteando. Como ustedes saben, en la última década, un poco más de los últimos 10 años, el Estado mexicano ha sido marcado por una ola de violencia. Pero, además, aunado a la violencia, la sangre, el miedo que continúa expandiéndose por todo el territorio nacional, como consecuencia inmediata de la pésima estrategia de seguridad que se ha implementado desde hace varios años.

Por esa razón, en algunas regiones del país, como Chiapas, Guerrero y Michoacán, sobre todo en Guerrero, se ha venido desatando una violencia contra dirigentes sociales. A raíz de las concesiones mineras, grupos del gobierno o escuadrones militares han estado presionando a grupos sociales, a dirigentes sociales.

El clima de inseguridad que se vive en el país y en esta región de Guerrero es inadmisible. Tan es así que hay presos, que nosotros estimamos son presos de conciencia, presos políticos, hombres y mujeres que siendo dirigentes de sus comunidades están siendo procesados fuera de su domicilio, por delitos como el terrorismo y otros que, lamentablemente, los encuadran, los tipifican para someter a proceso a estos dirigentes. Esto es lo que está sucediendo en Guerrero.

Ustedes saben que en Guerrero hay una ley que regula la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Esta ley fue aprobada por el Congreso y tiene que ver con esta institución popular autónoma y voluntaria de control territorial, de vigilancia y administración comunitaria y de justicia, en escala regional.

Esta ley tiene más de 18 años, actualmente la CRAC aglutina aproximadamente 20 mil habitantes de diversas comunidades y este tipo de organizaciones son por usos y costumbres y surgen por la necesidad de agruparse, defender sus intereses y defender a la comunidad.

A últimas fechas, en los últimos meses, estas comunidades y estas organizaciones han sufrido la persecución, el hostigamiento, la violencia, y creo que es justo que planteemos el que se investigue lo que está pasando en Guerrero, lo que está pasando con este tipo de organizaciones.

Por cierto, agradezco la disposición del Grupo Parlamentario del PRI, porque me han ofrecido votar a favor si modificábamos tres puntos. Los he modificado, para efecto de que no quede impune el asunto de impartir justicia a estas comunidades y a estas organizaciones.

He modificado el artículo Tercero, en donde se establecía un exhorto a la Secretaría de Gobernación, para revisar el carácter de presos políticos, de un grupo de personas que nosotros así los consideramos, pero he modificado para que se revise el estatus jurídico de estas personas que son, entre otros, Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morelos Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximiano, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González, Ángel David Chanita Molina, y que actualmente algunos de ellos están sometidos a proceso.

¿Qué es lo que estamos planteando? Por cierto, el diputado Carlos de Jesús Alejandro, también ha planteado aprobar este punto de acuerdo, si nosotros agregamos un punto o sustituimos un punto, que es el primero, para quedar como sigue.

Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en uso de sus facultades inicie una investigación exhaustiva por presuntas violaciones a los derechos humanos —en los procesados que ya referí.

Me parece correcto este agregado, que dejo en la Secretaría para su incorporación y para también tener el voto favorable del PRD.

El punto cuarto señala que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero para que cese el clima de violencia, de persecución contra comunidades y organizaciones en este territorio y que se privilegie el diálogo y los acuerdos planteados en las mesas de negociación los días 20 de marzo y 19 de agosto de 2013.

Es decir, se solicita lo más elemental, por eso es que modificamos los puntos de acuerdo para lograr la unanimidad. Deseo que el Partido Acción Nacional también se sume, ayer lo planteamos con sus coordinadores, con sus representantes y ayer se obsequió el que hoy se tratara este asunto como de obvia o urgente resolución.

Como ven, también en el punto quinto, en donde nosotros exhortábamos al gobierno federal, hemos modificado también ese punto para que el gobierno del estado de Guerrero, en el marco de sus competencias pueda generar estas condiciones de diálogo, de equilibrio y cese de violencia y de persecución contra las comunidades. Como ven, hemos dado paso a intentar este acuerdo, porque es de justicia.

Miren, la gente de Tixtla, donde estuve hace unos días, vive con temor, con terror, con un hostigamiento y una persecución creciente por los gobiernos. Merecen ser atendidos y nadie los escucha.

Lo único que planteo —termino, presidente— son asuntos de elemental justicia para ellos, de investigación profunda, porque nosotros sostenemos que son presos políticos y sostenemos que se han violado, en su contra, los derechos humanos más elementales. Pero además, son indígenas, dirigentes campesinos de los más pobres que hay en el país.

Por eso elevamos la voz, para poder generar condiciones de equilibrio en esta Cámara y poder solicitar la investigación profunda en estos casos de injusticia social. Muchas gracias, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades sobre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja,integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante poco más de una década el estado mexicano ha sido marcado por una ola de violencia, sangre y miedo que continúa expandiéndose por todo el territorio nacional como consecuencia inmediata de la pésima estrategia de seguridad comandada por el Ejecutivo federal, con el objeto de contrarrestar, la cada vez mayor injerencia del crimen organizado en diversos sectores.

El clima de inseguridad que se vive en el país es arrollador, tan es así que actualmente, según lo revela el informe de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE), la inseguridad y la delincuencia son de los principales problemas que aquejan a la población del país, sólo después del desempleo.

El mes de diciembre de 2012 fue calificado como el mes más violento, ya que en él murieron un total de mil 214 personas, es decir, 51 humanos ejecutadas por día.

El dominio de diversas asociaciones del crimen organizado en buena parte de los estados de la Republica, y la falta de reacción por parte del estado, han tenido como resultado la proliferación de organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la cual es una institución popular, autónoma y voluntaria de control territorial, vigilancia comunitaria y administración de justicia a escala regional.

Con más de 18 años de historia, la CRAC-PC actualmente aglutina aproximadamente a 20 mil habitantes de diversas comunidades, así como aproximadamente a mil 300 policías comunitarios de la costa chica y la montaña de Guerrero.

Este tipo de organizaciones encuentran su razón de ser en la incapacidad del estado de cumplir con uno de sus encargos primarios, el que tiene que ver con la seguridad, y en el caso particular de esta comunidad, tiene desde 1995 operando, por lo que no es novedad su actuar por lo que hace a la justicia y seguridad de estas zonas del estado.

Esta agrupación, que surgió de la necesidad de la comunidad misma para brindarse seguridad, ha sufrido hostigamiento por parte del gobierno del estado, por pronunciarse a favor de diversas causas justas e importantes para sus habitantes.

A últimas fechas, las personas que brindan sus servicios en la Casa de Justicia de El Paraíso en la localidad de Tixtla, han sido objeto de hostigamiento por parte del gobierno estatal, derivando en detenciones arbitrarias como la fraguada en contra de Nestora Salgado García, el pasado 21 de agosto de 2013, Coordinadora Regional del Municipio de Olinalá, bajo los cargos de secuestro y tortura, de los que es pertinente decir que se trata de cargos infundados.

Cabe destacar que a partir de la fecha antes mencionada, y de diversas posiciones de la comunidad en contra de las mineras y a favor de los maestros, los colaboradores de la CRAC-PC en Tixtla, han vivido un acoso interminable por parte de las fuerzas armadas federales, estatales y municipales.

Otro de los hechos que más ha tenido impacto para los compañeros de la Casa de Justicia de El Paraíso,fue la detenciónde Gonzalo Molina González, el pasado día 6 de los corrientes, cuando alrededor de 100 policías ministeriales con exacerbada violencia detuvieron a este promotor, bajo los cargos de terrorismo, lesiones, privación de la libertad personal y robo agravado, y lo trasladaron a un centro de reclusión federal en la ciudad de Oaxaca.

No podemos dejar de señalar que después de 18 años de operación ininterrumpida por parte de la Coordinadora Regional de Comunidades Comunitarias, sea ahora en este contexto que se inicien todo tipo de averiguaciones y persecuciones en su contra, por lo que nos parece que puede existir un trasfondo político estatal encubierto.

Resulta importante señalar, que a lo largo del presente año, se han instalado mesas de negociación con el gobierno del estado, con el objeto de dar cauce a las inquietudes de ambas partes, y a pesar de ello, se ha agraviado a la parte más débil, al tener detenidos al día de hoy a 13 compañeros de estas comunidades, bajo cargos sin sentido y que sólo han permitido el incremento de diversos tipos penales en los municipios integrantes de la Coordinadora Regional.

En atención a lo ya mencionado, consideramos necesario que bajo la legislación aplicable tanto nacional como internacional para este tipo de organizaciones, se garanticen los derechos fundamentales de los integrantes de éstas, ya que su labor debe ser vista como coadyuvante en la procuración y prevención en materia de seguridad publica en el estado.

Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus facultades realice las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades en los casos de Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Ángel David Chanita Molina, los cuales fueron detenidos injustamente en Tixtla, Guerrero, en flagrante violación a sus derechos fundamentales.

Segundo. Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus facultades acumule y atraiga los expedientes de Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Ángel David Chanita Molina, los cuales recibieron flagrantes violaciones al debido proceso establecido en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

Tercero.Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que revise el carácter de presos políticos que sufren Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Ángel David Chanita Molina, y se determine su inmediata liberación, así como las responsabilidades de los funcionarios públicos encargados de este atropello.

Cuarto. Se exhorta al Gobierno del estado de Guerrero, para que cese el clima de persecución y violencia contra las comunidades y organizaciones en el territorio guerrerense; y que se privilegie el diálogo y los acuerdos planteados en las mesas de negociación de los días 20 de marzo y 19 de agosto del 2013, para el caso particular.

Quinto. Se exhorta al gobierno federal y los gobiernos estatales, para que en el marco de sus competencias, cese la persecución y violencia en contra de las comunidades y sus organizaciones, en todo el territorio nacional.

Dado en el Salón Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2013.— (Rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputado. Le pediría que me dejara la propuesta, porque voy a pedir a la Secretaría que antes de que se consulte si se considera de urgente resolución, para que todos tengamos conocimiento del tema, que se pueda dar la lectura a los resolutivos con las modificaciones planteadas.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Cambió la redacción en el segundo. En relación con el punto de acuerdo se propone la siguiente redacción:

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en uso de sus facultades, inicie una investigación exhaustiva por presuntas violaciones a los derechos humanos en los procesados Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González, integrantes de policías comunitarias en el estado de Guerrero, pues existen fuertes indicios de violación de sus garantías procesales desde el momento de su detención y que hoy se les mantiene incomunicados de sus familiares en centros de readaptación social de alta seguridad en los estados de Nayarit y Oaxaca, respectivamente.

Segundo. Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el ejercicio de sus facultades acumule y atraiga los expedientes de Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Ángel David Chanita Molina, los cuales recibieron flagrantes violaciones al debido proceso establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que revise el carácter y estatus jurídico de Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Ángel David Chanita Molina.

Cuarto. Se exhorta al gobierno del estado de Guerrero, para que cese el clima de persecución y violencia contra las comunidades y organizaciones en el territorio guerrerense y que se privilegie el diálogo y los acuerdos planteados en las mesas de negociación los días 20 de marzo y 19 de agosto de 2013, para el caso particular.

Quinto. Se exhorta a los gobiernos, para que en el marco de sus competencias cese la persecución y violencia en contra de las comunidades y sus organizaciones en todo el territorio nacional. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el punto de acuerdo, con las modificaciones a las que se le ha dado lectura, se considera...

El diputado Manuel Añorve Baños(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Añorve.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Señor presidente, lo que habíamos platicado con el ponente, en el quinto punto, es el exhorto a los gobiernos para que se continúe la investigación en el marco de sus competencias. Se lo pongo a consideración...

El Presidente diputado José González Morfín: Si no tiene inconveniente el diputado Monreal...

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Si no tiene inconveniente el diputado Monreal.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Sí, presidente, estamos de acuerdo en el quinto punto.

El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo. Entonces, con esa última modificación, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Astudillo. Dígame, diputado.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para dar cuenta brevemente, presidente, como se ha dado aquí en otras ocasiones que no nos hemos podido poner de acuerdo, reconocer el consenso que se dio en este punto de acuerdo y que a nombre del Partido Verde Ecologista de México estamos nosotros dispuestos a que todos los asuntos que se tengan que tratar y que se tengan que deliberar el resultado es lo que estamos viendo el día de hoy, las fuerzas políticas a favor de un punto de acuerdo, a favor de la integridad y de la seguridad de las personas, en este caso del estado de Guerrero. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Adelante, diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Digo, ¿quién va a estar en contra de que Nestora Salgado, Gonzalo Molina, presos políticos y de otros compañeros por ser policías comunitarios, que estemos exigiendo su libertad? Pero México es más allá de Guerrero.

Miren, el artículo 17 constitucional dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito. Quedó, en consecuencia, prohibido el acoso judicial.

Diputados, ¿cuáles son las razones de los grupos de autodefensa más allá que en Guerrero estén legalizados? La primera, la sobrevivencia. Sobrevivir al secuestro, la extorsión o el asesinato, que impunemente comete la delincuencia organizada que actúa y opera en las comunidades en las que habitan y trabajan, en grado extremo y grave con la complacencia y complicidad de elementos de los cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales, e incluso con elementos de las Fuerzas Armadas.

Otra razón, la desesperación de su vulnerabilidad ante estructuras de gobierno, que no solo actúan en su protección, sino que actúan como halcones de los criminales, funcionarios de los gobiernos estatales y federales —y hay que subrayar esto— que los ignoran o evaden cumplir con sus funciones o atribuciones en materia de seguridad pública.

La respuesta mediática de esto es la criminalización o el encarcelamiento, en este caso. Su exhibición como responsables de violar derechos de otros ciudadanos, de alterar el supuesto orden en sus municipios y comunidades, de portar armas prohibidas.

En los medios de comunicación no se hace público que en su actuar —salvo honrosas excepciones— ninguno de los grupos se ha rebelado contra las instituciones del Estado, se rebelan contra la complicidad y corrupción de los cuerpos de seguridad que han sido colaboradores en actos criminales. No desconocen los límites de actuación, e incluso no han opuesto resistencia armada a las acciones de las fuerzas militares en actos de control o contención de las autodefensas.

En el caso de la detección en flagrancia, acuden a los cuerpos policíacos y a las Fuerzas Armadas para la entrega de los delincuentes. Existe, digámoslo, una tolerancia o visto bueno de mandos castrenses y de la Policía Federal, quien en el territorio despojado por la delincuencia entienden las razones de la defensa ciudadana, entienden su desesperación por la permanente angustia de saber si tiene permiso para vivir un día más o para saber de la seguridad de padres, hermanos, hijos, madres. El asunto no debe ser mediático.

A un año del gobierno de Peña Nieto, no se garantiza la seguridad de los mexicanos en los territorios secuestrados por la delincuencia, el índice de las víctimas crece, las investigaciones ministeriales no sirven, no garantizan el tan trillado acceso a la justicia, por lo que deberíamos de pensar en forma más seria la reforma a la autonomía del Ministerio Público.

La razón de las autodefensas no es la revolución. No han anunciado que buscan el poder por el poder. Exigen seguridad en su vida cotidiana, seguridad que se perdió por la colusión y corrupción de las autoridades. Exigen el derecho a la vida, a no pagar derecho de piso a la seguridad de sus familiares.

¿Cuáles serían las razones para que esta Cámara de Diputados no se pronunciase a favor del auxilio de miles de mexicanos, que en este momento son víctimas de la delincuencia? Es necesario que ustedes o sus familiares...

Culmino, presidente, es un asunto serio y hablan de unidad aquí, tenemos que pedir tantita tolerancia.

¿Tenemos que esperar a que sus familiares sean sujetos de la delincuencia para entender las razones de la autodefensa? Una razón más, la dignidad. Las autodefensas son muestras de dignidad, del coraje de quien se encuentra acorralado y no tiene más camino que ofrecer su vida por los suyos, por su propia vida.

Por eso, diputados, más que gritar deberían, como parte de la estructura estatal, que no puede mantenerse indiferente a la situación de violencia e inseguridad...

Miren nada más, cómo les preocupa la seguridad de los ciudadanos. No cabe duda.

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido que pueda ir concluyendo con su intervención, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Le pido que le diga a la asamblea que estoy culminando.

No nos podemos mantenernos indiferentes a la situación que vive el pueblo de México ante la delincuencia organizada. Sean respetuosos de esta dignidad y exijámosle al Estado mexicano, a la Presidencia de la República que funcione atendiendo al interés de la población vulnerable en todos los rincones de este país. Hagamos viable la exigibilidad de derecho a la justicia y seguridad pública.

Sí, les urge; les urge irse. No les preocupa la gente.

Pero aquí era necesario decir —culmino, presidente— que no tan solo es Guerrero, sino es todo el país y más con las medidas que ustedes están aplicando en política económica se va a extender este fenómeno. Así que reflexiónenlo y hagan un acto de constricción a su conciencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. En primer término, reconocer y celebrar el acuerdo y la disposición de los grupos parlamentarios para pronunciarse por un tema que tiene que ver fundamentalmente con los derechos humanos, el debido proceso, la justicia y las reivindicaciones de los pueblos y las comunidades.

Nosotros distinguimos claramente lo que son los grupos de autodefensa de lo que son las policías comunitarias, porque en el caso del estado de Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, encuentra sustento en el artículo 2o. de la Constitución Política de la República y en la Ley Estatal 701 del estado de Guerrero, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, todo esto es en el marco de un Estado democrático y constitucional de derecho.

Estos grupos surgen como respuesta ante la incapacidad de las policías regulares para poder salvaguardar los derechos más elementales, como es la protección de la vida, de las propiedades y de la familia de miles de mexicanos.

Por esa razón, nos parece muy adecuado que se haya llegado a este consenso para evitar que haya esta satanización, esta criminalización y esta persecución a dirigentes sociales y a dirigentes de estos cuerpos comunitarios. Por esa razón nosotros estamos a favor.

También señalamos con preocupación —y reprobamos— que en las últimas semanas y meses ha habido una serie de asesinatos de dirigentes sociales en el estado de Guerrero. Queremos llamar la atención particularmente de la compañera Rocío Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que fue victimada hace escasos días y que aquí se guardó un minuto de silencio, que fue obsequiado por esa Cámara y Rocío Mesino fue arteramente asesinada en Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero. Pero ha habido otros crímenes.

Por eso el punto de acuerdo que hoy se va a votar es muy importante, porque es poner en la palestra nacional un tema que trasciende las fronteras de esta entidad sureña y que representa un tema de justicia y un tema también de reivindicación social y de protección a estas comunidades.

No ayuda al país un clima de polarización ni ayuda el país que los líderes sociales sean criminalizados. Por eso reconocemos la disposición de esta Cámara y por eso vamos a votar a favor de este acuerdo, que tiene el consenso de los grupos parlamentarios. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir ahora a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Comuníquese.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Desarrollo Social, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Beatriz Zavala Peniche, diputada a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejerció de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social para crear el Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios

Exposición de Motivos

Uno de los retos más apremiantes de la política social de nuestro país según el diagnostico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y sobre el que debe de trabajarse de manera prioritaria es la falta de coordinación intergubernamental y la consecuente duplicidad de programas. Al respecto, en el apartado del Plan Nacional denominado México incluyente, se advierte que existen 273 programas y acciones federales relacionados con derechos sociales, mientras que en el ámbito estatal se cuenta con 2 mil 391 programas, sin embargo, no existe un registro nacional de los beneficiarios y no se tiene un alineamiento claro y estratégico de la política social. Por tanto, se carece de una adecuada articulación interinstitucional que resulte en el cumplimiento efectivo de objetivos de desarrollo social comunes o complementarios.

Ante ello, una de las estrategias en materia de política social del Plan Nacional de Desarrollo contempla “Integrar un padrón con identificación única de beneficiarios de programas sociales, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información”, por lo que es necesario normar los criterios que permitan contar con un padrón único de beneficiarios, a fin de que dicho registro no se realice de manera discrecional y contenga elementos indispensables para su operación, como la transparencia, rendición de cuentas, salvaguardar la información personal de los beneficiarios y una prohibición expresa para evitar que sea utilizado con fines político, electorales o comerciales. De esta manera podremos articular una estrategia nacional de desarrollo social que sea integral y complementaria, que sumando los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno canalice los esfuerzos en la superación del rezago social, la pobreza y la marginación.

Es conveniente señalar que existen esfuerzos para construir un registró único de programas sociales que incluya los federales y locales, por ejemplo, la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO) suscrita en el marco de un convenio de coordinación entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Transparencia Mexicana. Esta iniciativa, convocó a las 32 entidades federativas del país y a dependencias federales que cuentan con programas sociales para que, de manera voluntaria, registren los programas sociales que están llevando a cabo, a efecto de contribuir a reforzar los criterios de protección de los programas, a través de la creación de una plataforma de información pública, neutral e independiente que establece una serie de atributos y criterios mínimos de institucionalidad de la política social.

A nivel gubernamental, es importante citar que partir de 2002, el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación ha establecido la necesidad de realizar un cruce de padrones o listado de beneficiarios de los programas del gobierno federal, con la finalidad de evitar las duplicidades de atención a los beneficiarios de los mismos.

Bajo este contexto el 12 de enero de 2006 se emitió el Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales, que funciona como una herramienta de información y análisis de cobertura nacional que integra la información respecto de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como sus objetivos, metas, indicadores, unidades responsables, prioridades y beneficiarios, el cual es administrado por la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, su alcance resulta seriamente limitado, en virtud de que sólo contempla a aquellos programas federales.

Ahora bien, mediante el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial el 2 de enero de 2013, se extingue a la Secretaría de la Función Pública y transfiere sus atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En este orden de ideas y en razón a que la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 27 establece que “con el propósito de asegurar la equidad y eficiencia de los programas de desarrollo social, el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en el ámbito de sus competencias integrarán el padrón”, se advierte conveniente que el administrado por la extinta Secretaría de Función Pública pase a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social y no así de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizando mediante la presente iniciativa una restructuración al mismo en vías de una mayor transparencia en la ejecución de programas sociales y adecuar su operación en función de las atribuciones que tiene la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Por tales razones y dado que la multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios de los programas de la administración pública federal, entidades federativas y municipios, así como la dispersión de la información correspondiente dificultan la posibilidad de detectar errores, duplicidad o abusos en la canalización de recursos. Además de que existen variables poblacionales que causan vacíos de información y dificultan la identificación de los beneficiarios, es necesario establecer un sistema de información y coordinación que apoye la eficiencia de la política social del país con miras a un desarrollo socioeconómico y humano generalizado, sustentable e incluyente.

En el ámbito local los esfuerzos por coordinar y transparentar las acciones en materia de desarrollo social son insuficientes. Según el último informe de resultados de la iniciativa para el fortalecimiento de la institucionalidad de los programas sociales, el grado de institucionalización con el que se manejan los programas sociales de gobiernos estatales está muy por debajo de los niveles observados en el gobierno federal. Al respecto, se menciona que sólo 59 por ciento de los programas sociales estatales hacen públicos los padrones de beneficiarios, apenas 44 por ciento de los programas se evalúan y solamente la mitad tienen informes del gasto ejercido.

Además, de los programas estatales registrados, sólo 81 por ciento dice tener reglas de operación, en contraste esta proporción es de 91 por ciento para los programas federales; mientras que solamente 53 por ciento hace público su presupuesto con respecto a 92 por ciento de los programas federales.

Tampoco se cuenta con informes anuales de resultados, ya que únicamente 58 por ciento de las entidades federativas presentan un informe anual de resultados, por lo que la información disponible sobre resultados y desempeño es insuficiente para determinar con objetividad el grado de eficacia, eficiencia, economía y calidad en el ejercicio del gasto federalizado.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), la participación de los gobiernos estatales y municipales en los programas sociales federales está prevista en las reglas de operación de los programas Oportunidades; de Abasto Social de Leche Liconsa; de Rescate de Espacios Públicos; de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria; de Atención a Jornaleros Agrícolas; de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas; de Coinversión Social; de Opciones Productivas; del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; de 3x1 para Migrantes, etcétera.

Sin embargo, a nivel local no existen controles suficientes, ni información que permita un adecuado ejercicio y control del gasto en los programas. Sólo 66 por ciento de programas sociales estatales tienen mecanismos para la presentación de quejas y denuncias sobre su operación mientras que 97 por ciento de los programas sociales a nivel federal tienen estos mecanismos, 65 por ciento de los programas sociales registrados en México difunden entre su personal y entre la población los medios para presentar quejas o denuncias de tipo electoral.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que una proporción importante del gasto en desarrollo social está descentralizado. Tan sólo en los últimos años, los estados y municipios han recibido en promedio más de un billón de pesos por concepto de gasto federalizado, sin embargo, la información sobre los indicadores de desempeño del gasto federalizado presenta graves carencias, debido a que no todas las entidades federativas y municipios reportan el cumplimiento de sus metas, ni el avance en el ejercicio de los recursos.

Bajo este contexto la iniciativa en comento propone la creación de un Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios, con la finalidad construir una herramienta de información y análisis de cobertura nacional que integre la información respecto de los programas y padrones de beneficiarios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y también de las entidades federativas y municipios que se administren con recursos federales, ya que gran parte de los programas que operan los gobiernos locales son financiados con recursos que les otorga la federación.

En ese sentido, es importante señalar que la administración pública federal transfiere recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales, sin embargo, generalmente se carece de una política de transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos, por lo que los gobiernos locales utilizan a discreción los recursos, muchas veces sin dar cuenta de los beneficiaros, por lo que no hay forma de saber si los apoyos los recibe la población en condiciones de pobreza o se elige discrecionalmente a los beneficiarios con fines políticos, electorales, personales, comerciales, etcétera.

Ello lleva a que muchas veces se beneficie a la gente cercana al gobernador, el funcionario público municipal o a la persona que prestó apoyo en la campaña, mientras que la población necesitada no recibe atención.

El artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece disposiciones en materia de transparencia y evaluación para los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos que son transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. El citado artículo, menciona las siguientes obligaciones:

“I. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo federal, de conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos.”

Sin embargo, para transparentar de manera integral los recursos que son transferidos desde la federación a las entidades federativas, así como evaluar los resultados que se obtengan con estas erogaciones, es indispensable conocer a la población que fue beneficiada con programas sociales que administran las entidades federativas y municipios, pero que son financiados con recursos federales. Sin duda, la fiscalización y la evaluación del gasto público debe comprender el impacto que los recursos presupuestarios han tenido sobre la población beneficiaria, por lo que la necesidad de que las entidades federativas y municipios informen a la federación acerca de los beneficiarios de los programas que operan, es una obligación no expresada en la normatividad, pero de urgente de transparentar.

En ese marco se han construido instrumentos legales para la identificación y registro de los beneficiarios que reciben recursos públicos, por ejemplo, la Ley General de Contabilidad, un ordenamiento que establece disposiciones concurrentes en materia de armonización financiera, contable y de registros para la federación, las entidades y municipios, dispone en su artículo 63, que refiere a información relativa al ejercicio presupuestario:

“Los entes públicos publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario, y en lo posible la Clave Única de Registro de Población cuando el beneficiario sea persona física o el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave cuando sea persona moral o persona física con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido.”

En materia de política social, la existencia de un registro de beneficiarios encuentra su fundamento en el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, que prevé que la Secretaría de Desarrollo Social integre un registro de los beneficiarios de los programas de desarrollo social, tanto federales como locales. Dicho reglamento contempla en su artículo 50 que:

“El gobierno federal podrá suscribir convenios de cooperación técnica con las entidades federativas y, en su caso, con la participación de los municipios, con el objeto de coordinar esfuerzos para que la planeación, el diseño y la implementación de los programas se ajusten a la Política Nacional de Desarrollo Social”.

Mientras que el Artículo 51 del mismo reglamento, señala que: “La cooperación técnica que se convenga comprenderá, entre otros, los siguientes aspectos:

II.Diseñar los instrumentos adecuados para la identificación de las personas, hogares o áreas geográficas susceptibles de ser beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo del gobierno federal, con base en los resultados de las evaluaciones que realice el Consejo Nacional de Evaluación;

III.Colaborar en la integración de los padrones de beneficiarios tanto del gobierno federal como de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias;”

En materia de transparencia, existen disposiciones que norman la publicación de la información contenida en los programas sociales, de manera tal que se observe el principio de “máxima publicidad” de la información pública en lo que refiere a la población que es beneficiaria con recursos públicos, con la finalidad de rendir cuentas a la ciudadanía respecto al uso y destino del presupuesto destinado al desarrollo social. Al respecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala en su artículo 7, que son obligaciones en la materia de transparencia poner a disposición del público y actualizar la información sobre:

“El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio. Así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezca el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.”

Por su parte, el artículo 19 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, profundiza más en el tema, al señalar que:

“Las dependencias y entidades deberán publicar en sus sitios de Internet a más tardar dentro de los primeros diez días hábiles del mes de julio de cada año, la información relativa a programas de estímulos, apoyos y subsidios. Dicha información deberá actualizarse cada tres meses y contener, por lo menos, los siguientes elementos:

I. El nombre o denominación del programa;

II. La unidad administrativa que lo otorgue o administre;

III. La población objetivo o beneficiaria, así como el padrón respectivo con el nombre de las personas físicas o la razón o denominación social de las personas morales beneficiarias;

IV. Los criterios de la unidad administrativa para otorgarlos;

V. El periodo para el cual se otorgaron;

VI. Los montos, y

VII. Los resultados periódicos o informes sobre el desarrollo de los programas”

Desde otro ámbito, en el seno del Pacto por México, a iniciativa del los Partidos Políticos de oposición se firmó el Adéndum al Pacto por México, mismo que en su compromiso número 10 señala que se trabajará para crear un “Sistema Nacional de Programas Sociales, que permita combatir con mayor eficacia la pobreza y que evite las duplicidades, los subsidios regresivos, que establezca evaluaciones permanentes, transparencia integral, así como la profesionalización de los delegados y operadores de los programas sociales.”

Por tanto, se advierte que existe un marco normativo que justifica la presente iniciativa, y una preocupación evidente de las autoridades responsables de la aplicación de los recursos destinados al desarrollo social, así como de organizaciones de la sociedad civil, para construir un padrón único de beneficiarios. Sin embargo, no existe el instrumento jurídico y los criterios de coordinación adecuados para lograrlo, en vista de que los esfuerzos por fomentar la coordinación y complementación de los programas sociales no contemplan la armonización de los padrones de beneficiarios en un registro nacional único, o están contenidos en reglamentos que carecen de la observancia puntual que tiene una ley.

En ese sentido, la propuesta que se presenta busca ampliar la transparencia y rendición de cuentas de los programas sociales, particularmente en lo referente a los padrones de beneficiarios. La iniciativa recoge las disposiciones en la materia que se encuentran esparcidas en diversos ordenamientos y es congruente con los esfuerzos que hasta ahora ha hecho la Secretaría de Desarrollo Social por conformar un padrón único de beneficiarios, tanto a nivel de los programas federales, como de los locales.

De conformidad con lo anterior, se propone la creación de un Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios con la finalidad de constituir un registro nacional y de carácter público que integre la información referente a los programas sociales y padrones de beneficiarios de los gobiernos federal, estatal y municipal, en el ámbito de sus competencias.

De esta manera, la sociedad podrá acceder a información que le permita verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas de desarrollo social, podrá verificar que el gasto público social se dirija a las comunidades más necesitadas del país y que los beneficiarios cumplan con los requisitos para recibir los apoyos de los programas sociales. Respetando en todo momento la información personal de los beneficiaros.

Se propone establecer en el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que parte de las acciones que se realizan en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio del gasto federalizado, implique que la entidades federativas y municipios que ejecuten programas sociales con recursos federales, ya sea parcial o totalmente, deban enviar la información sobre sus programas sociales y padrones de beneficiarios para la integración del Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios.

De esta manera, se estará conformando un instrumento que permita mejorar la coordinación de la política de desarrollo social a nivel intergubernamental, ya que se alinearán todos los programas sociales de la federación y de aquellos programas estatales y municipales financiados con recursos federales, a fin de evitar duplicidades de atención y generar una mayor sinergia en la configuración de políticas regionales que tengan por objeto superar el rezago social, la pobreza y la marginación.

La iniciativa también propone los programas sociales que son financiados totalmente por los recursos de las entidades federativas y municipios puedan integrar al Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios, la información sobre sus programas y padrones de beneficiaros suscribiendo para ello convenios de coordinación. De esta manera, el registro único no se restringe a los programas que obtienen financiamiento del gobierno federal y se deja abierta la puerta para que las entidades federativas y municipios incorporen voluntariamente su información al sistema.

Lo anterior, permitirá generar un diagnostico oportuno sobre el estado que guarda la política de desarrollo social a nivel a nacional y planear articuladamente los programas sociales a fin de que las acciones que realiza la federación se complementen con la atención que brindan los gobiernos locales.

La presente iniciativa busca reducir la discrecionalidad con la que operan los programas sociales, por lo que estaremos construyendo un instrumento que refuerce la transparencia y la rendición de cuentas de la política social, con ello permitiremos que:

• Se integre la información sobre los programas sociales y sus padrones de beneficiarios en un sistema de información único, de cobertura nacional y de carácter público, con el objetivo de fortalecer la coordinación, complementariedad y transparencia de la política nacional de desarrollo social.

• Se consolide un sistema de información que nos permita  identificar y corregir duplicidades de atención y promover una distribución más equitativa de los recursos.

• Se establezcan acciones conjuntas con las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como con las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, para atender y corregir errores, desvíos, omisiones y cualquier otro tipo de irregularidad dentro de los programas sociales.

• Se dé cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad para ser beneficiario, verificando que las personas que reciban apoyos o servicios correspondan con la población objetivo definida en las reglas o lineamientos de operación de los programas.

• Se actualice la información de los padrones de beneficiarios y se homologuen los registros para permitir la simplificación operativa y la eficiencia de los programas sociales.

• Se genere información sobre la distribución geográfica y características socioeconómicas de los beneficiarios de los programas sociales para identificar las necesidades y prioridades de atención, así como apoyar su seguimiento y evaluación.

• Se empodere al ciudadano, a las asociaciones civiles, académicas y al público interesado, con información oportuna acerca del funcionamiento de los programas sociales, ya que la información que contenga el Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios, ya que la información que contenga será difundida por Internet.

• Se conforme un catálogo de programas federales, estatales y municipales.

Para garantizar la confiablidad del Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios se prohíbe su utilización con fines políticos, electorales, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto y fines señalados en la ley, por lo que su uso indebido será sancionado. Adicionalmente se propone que sea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, quien vigilará el cumplimiento de las acciones para garantizar su confiablidad y actualización.

Las condiciones de pobreza y marginación tan apremiantes en nuestro país exigen de la suma de voluntades de los gobiernos de todos partidos e ideologías. La federación, los estados y los municipios no deben trabajar de forma aislada, sino conjuntamente, a fin de combatir el rezago social y la pobreza en sus diferentes manifestaciones; por ello, articular una verdadera política nacional de desarrollo social es indispensable para lograr una sociedad más justa, más prospera y en paz.

La presente propuesta estará contribuyendo para construir un piso mínimo de institucionalización y transparencia, que marcará el inicio de una nueva etapa de coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno; garantizando a la sociedad un manejo más eficaz de los recursos destinados a la superación de la pobreza; evitando duplicidades en la entrega de apoyos y permitiendo la aplicación de esquemas más integrales para trabajar a nivel territorial.

Por las razones antes expuestas, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ley General de Desarrollo Social y se adiciona la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Para quedar como sigue

Artículo Primero.Se reforma la fracción X y se adicionan las fracciones XI y XII al artículo 5, se reforma el artículo 27 y se adiciona un Título Sexto del Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios, con un Capítulo I. de la integración y funcionamiento del Sistema y Padrón de Beneficiarios, todos de la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I.  a  VIII. ...

IX. Organizaciones: Agrupaciones civiles y sociales, legalmente constituidas, en las que participan personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo social ;

X. Padrones: Relación oficial de beneficiarios que incluye información sobre las personas atendidas por los programas sociales federales, de las entidades federativas y municipales relacionadas con derechos sociales o de bienestar económico;

XI. Programas Sociales: Las acciones de desarrollo social a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios que contribuyen a la promoción de los derechos sociales y de bienestar social y económico, mediante la entrega apoyos a la población beneficiaria. Se encuentran enfocados, entre otros, a la atención de los siguientes derechos: alimentación, educación, no discriminación, salud, seguridad social, infraestructura social, atención a grupos vulnerables, vivienda social, atención a personas en condiciones de pobreza, fomento de actividades productivas y de bienestar económico, y  

XlI. Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios: El registro nacional que integra la información referente a los programas sociales y sus padrones de beneficiarios a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el gobierno federal, por conducto de la secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios.

Título SextoDel sistema nacional de información de programas sociales y padrones de beneficiarios

Capítulo IDe la integración y funcionamiento del sistema y padrón de beneficiarios

Artículo 86.El Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios, es un registro único de cobertura nacional y de carácter público que integra información ordenada y actualizada referente a los programas sociales y sus padrones de beneficiarios a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias.

Las autoridades del gobierno federal que operen programas sociales, deberán entregar la información necesaria para integrar dicho Sistema de Información en los términos de la presente ley.

Los programas sociales operados por las entidades federativas y municipios que sean financiados con recursos públicos federales, deberán entregar la información sobre éstos y sus padrones de beneficiarios de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la presente con ley. En los convenios que al efecto celebren, deberán preverse los requerimientos del Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios.

Podrá integrarse a dicho sistema nacional de información, la correspondiente a los programas y padrones de beneficiarios de entidades federativas y municipios que sean financiados con recursos propios.

Artículo 87. El Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios tendrá los siguientes objetivos:

I.Integrar la información sobre los programas sociales y sus padrones de beneficiarios en un sistema de información único, de cobertura nacional y de carácter público, con el objetivo de fortalecer la coordinación, complementariedad y transparencia de la política nacional de desarrollo social;

II. Consolidar un sistema de información único que mediante los identificadores que al efecto utilice, permita relacionar a cada uno de los beneficiarios con los apoyos que recibe, con el propósito de identificar y corregir las duplicidades de atención y promover una distribución más equitativa de los recursos;

III. Apoyar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad para ser beneficiario, verificando que las personas que reciban apoyos o servicios correspondan con la población objetivo definida en las reglas o lineamientos de operación correspondientes, y

IV. Generar información sobre la distribución geográfica y características socioeconómicas de los beneficiarios de los programas sociales para identificar las necesidades y prioridades de atención, así como apoyar su seguimiento y evaluación.

Artículo 88. La administración y operación del Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios quedará a cargo de la Secretaría, misma que para cumplir con su objeto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y a las entidades federativas y municipios en los términos de los convenios correspondientes, la información sobre los programas sociales y padrones de beneficiarios que dispone la presente Ley;

II. Establecer acciones conjuntas con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como con las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, para atender y corregir errores, desvíos, omisiones y cualquier otro tipo de irregularidad dentro de los programas sociales;

III. Celebrar convenios de coordinación con las entidades federativas y municipios para la debida integración y actualización del Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios;

IV. Brindar asesoría y apoyo a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la recolección de información, integración y operación de sus padrones; así como a las entidades federativas y municipios que así lo convengan.

V. Mantener el carácter público de la información contenida en el Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios salvo que se considere como reservada o confidencial;

VI.Publicar la información contenida en el Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios para consulta pública en su sitio de Internet, en formatos accesibles y de fácil comprensión.

VII. Emitir en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, los criterios que normarán la entrega de información para integrar el Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios

VIII. Emitir el manual de operación del Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios, y

IX. Las demás que se consideren para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Información.

La Secretaría emitirá los criterios generales que normen la integración y actualización del Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios.

Artículo 89. La Secretaría emitirá los criterios generales que normen la integración y actualización del Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios. Para tal efecto, la información incluirá de manera no limitativa:

I. Unidad u órgano responsable de la administración del programa.

II. Metas y objetivos del programa.

III. Población susceptible de incorporarse al programa y criterios de selección de beneficiarios.

IV. Número de beneficiarios, su situación socioeconómica y ubicación geográfica.

V. Tipo de apoyo que reciben los beneficiarios.

VI. Reglas o lineamientos de operación.

VII. Indicadores de resultados, estratégicos y de gestión, o sus equivalentes.

VIII. Información sobre los convenios de coordinación y concertación celebrados.

IX. Presupuesto asignado y origen del financiamiento, especificando en su caso, los recursos que sean parte del gasto federal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 90. Para garantizar la integración y actualización de la información contenida en el Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las entidades federativas y los municipios en los términos del convenio correspondiente, deberán:

I.Proporcionar a la Secretaría la información sobre sus programas sociales y padrones de beneficiarios de acuerdo a lo dispuesto por la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

II. Designar a un servidor público de nivel inmediato inferior al del titular o coordinador de cada uno de los programas, como enlace institucional para validar, actualizar y transferir la información al Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios;

III. Realizar confrontas periódicas entre la información contenida en sus padrones de beneficiarios y el Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios, a fin de detectar y corregir errores y duplicidades, y

IV. Llevar a cabo acciones de mantenimiento, respaldo y depuración periódica de los padrones, así como otros procedimientos para garantizar la confiabilidad, calidad y actualización de la información.

Artículo 91. Se prohíbe la utilización del Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios con fines políticos, electorales, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto y fines señalados en la ley. Su uso indebido será sancionado en términos de la legislación aplicable en la materia.

Artículo 92. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social vigilará el cumplimiento de las acciones para garantizar confiablidad y actualización del Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción III al artículo 85 a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 85....

I. a II. ...

III.Las entidades federativas y municipios que ejecuten programas sociales con recursos federales, ya sea parcial o totalmente, deberán enviar la información para la integración y actualización del Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios, en términos de lo que dispone la Ley General de Desarrollo y de los convenios correspondientes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal realizará las acciones necesarias que para que el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública sea transferido a la Secretaría de Desarrollo Social.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, emitirán los criterios a los que se refiere el presente decreto para el envío e integración de la información al Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios dentro de los 180 días posteriores a su entrada en vigor.

Cuarto. La Secretaría de Desarrollo Social emitirá los criterios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1. Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO). http://www.programassociales.org.mx/

2. IPRO. Informe de Resultados 2012. Transparencia Mexicana y PNUD México. Disponible en: www. programassociales.org.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.— Diputada María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Iniciativa que reforma los artículos 62, 63 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Leslie Pantoja Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, así como en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguienteiniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 62, 63 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad pública es concebida no sólo como las acciones de investigación y persecución para que los delincuentes sean enjuiciados, sancionados y readaptados conforme a las leyes, sino como una función que comprende las actividades ejecutivas de prevención.

En ese sentido, la seguridad pública puede ser definida como la actividad encomendada al Estado para salvaguardar los intereses de la sociedad, es decir, sus bienes jurídicos, y no sólo con el hecho de una debida procuración y administración de justicia, sino en actividades de prevención del delito.

Por ello, los diputados como representantes del pueblo estamos obligados a propiciar que se den mayores condiciones de seguridad a fin de salvaguardar el patrimonio, la integridad física y, sobre todo, la vida de los mexicanos.

Debe ser una de nuestras prioridades instaurar medidas que protejan y aseguren el bienestar de los ciudadanos, y que a su vez eliminen oportunidades para que los delincuentes logren sus propósitos, es decir, fortalecer las normas legales para dotar de un marco jurídico que dé mayor seguridad a la sociedad.

Convencida de la importancia de fortalecer la seguridad y sabiendo que en el servicio de autotransporte federal de pasajeros se presta para que la delincuencia cometa sus fechorías, pues los trayectos son largos y en caminos prácticamente poco transitados o bien aprovechando la poca vigilancia, abordan los camiones para llevar a cabo robos, en la mayoría de los casos los efectúan con violencia poniéndose en riesgo no sólo los bienes de los pasajeros sino hasta su vida.

En el proyecto de iniciativa que hoy me permito presentar busco reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer la obligación de los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo de tomar mayores medidas preventivas de seguridad.

Por poner un ejemplo, según los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2012, encontramos que de la tabla de los delitos según el lugar de ocurrencia 2011 el delito de “robo o asalto en calle o transporte público” asciende a 1 millón 984 mil 647 y de éstos en carretera fueron 43 mil 490 (siendo la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público). De los delitos ocurridos con portación de armas en el delito de “robo o asalto en calle o transporte público” en la modalidad con portación de armas fueron 4 millones 270 mil 928 y con agresión física 534 mil 199.

De lo anterior se desprende que los delitos cometidos en el transporte y ocurridos en carreteras no son menores y que de éstos desafortunadamente se cometen con agresión física y en la mayoría de los casos, sino es que en todos con portación de armas; de manera que, es imperativo tomar medidas de prevención para evitar que siga ascendiendo el índice delictivo en cuestión y en lo posible no sólo disminuir dicha tasa delictiva sino que se debe procurar erradicar el delito.

Por ello considero que todos los actores –de forma directa o indirecta– que de alguna manera tienen a su cargo la facultad de verificar que se cumplan todos los aspectos técnicos y normativos de los servicios de autotransporte federal y propiamente la seguridad pública, que al final tienen como propósito la misma seguridad, deben hacer lo que está a su alcance para velar porque ésta se cumpla.

Así como señala el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal, planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los servicios de autotransporte federal; otorgar los permisos a que se refiere dicha ley; y vigilar, verificar e inspeccionar que los servicios de autotransporte cumplan los aspectos técnicos y normativos correspondientes. Así también, el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría de Gobernación corresponde proponer políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito.

Estimo que los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo no sólo deben proteger a los viajeros sino que debe ser su responsabilidad garantizar la seguridad de sus usuarios, y por ende, que quienes ponen su confianza en sus servicios tengan la tranquilidad de que llegarán con bien a su destino.

Por lo anterior, y para abundar más respecto a la norma legal vigente con relación a los servicios de autotransporte federal, me permito citar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que para comenzar señala en el artículo 2o., fracciones IX y X, lo que debemos entender por servicio de autotransporte de pasajeros y de turismo: “Servicio de autotransporte de pasajeros: El que se presta en forma regular sujeto a horarios y frecuencias para la salida y llegada de vehículos”, y “servicio de autotransporte de turismo: El que se presta en forma no regular, destinado al traslado de personas con fines recreativos, culturales, y de esparcimiento hacia centros o zonas de interés”.

La citada ley, en el artículo 62, primer párrafo, establece que “los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo protegerán a los viajeros y su equipaje por los daños que sufran con motivo de la prestación del servicio”.

El artículo 63 de la ley en comento manifiesta que “las personas físicas y morales autorizadas por los gobiernos de los estados y del distrito federal para operar autotransporte público de pasajeros, y que utilicen tramos de las vías de jurisdicción federal, garantizarán su responsabilidad, en los términos de este capítulo, por los años que puedan sufrir los pasajeros que transporten, sin perjuicio de que satisfagan los requisitos y condiciones para operar en carreteras de jurisdicción federal”.

Como se observa, hay avances en la materia, pero insuficientes, pues no basta proteger a los pasajeros sino que hay que establecer la obligación de los permisionarios de que tomen las medidas pertinentes a fin de otorgar la seguridad que los pasajeros merecen y, sobre todo, que las autoridades encargadas de la materia refuercen la seguridad mediante mayores acciones preventivas.

Por todo lo expuesto, ante esta máxima tribuna me permito proponer en aras de robustecer el marco jurídico para fortalecer la seguridad, a fin de alcanzar los resultados que la sociedad anhela y lograr la protección de las personas y de sus bienes cuando disponen del servicio de autotransporte federal de pasajeros, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 62, 63 y 70 Bisde la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 62

Los concesionarios a que se refiere esta ley están obligados a proteger a los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir con motivo de su uso. Asimismo, los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo serán responsables de la seguridad de los viajeros y su equipaje por los daños que sufran con motivo de la prestación del servicio, para ello estarán obligados a tomar medidas de seguridad y preventivas para asegurar dicho fin.

...

...

Artículo 63

Las personas físicas y morales autorizadas por los gobiernos de los estados y del Distrito Federal para operar autotransporte público de pasajeros, y que utilicen tramos de las vías de jurisdicción federal, serán responsables de implementar medidas de seguridad y preventivas que permitan el traslado seguro de los viajeros, desde el abordaje hasta la llegada a su destino final. Asimismo,garantizarán su responsabilidad, en los términos de este capítulo, por los años que puedan sufrir los pasajeros que transporten, sin perjuicio de que satisfagan los requisitos y condiciones para operar en carreteras de jurisdicción federal.

Artículo 70 Bis

La Secretaría y la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán en la vigilancia, verificación e inspección de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado. Además, implementarán en coordinación, medidas de seguridad y preventivas que fortalezcan la seguridad de los usuarios de dichos servicios.

Transitorios

Primero.Las autoridades encargadas de los servicios de autotransporte federal y de la seguridad federal y estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, en coordinación, reforzarán las medidas preventivas de seguridad para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo de ciento ochenta días, a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

Segundo.Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Diccionario jurídico mexicano, Porrúa, México, 2005, página 3432.

2 Ídem.

3 http://www.inegi.org.mx/sistemas/glosario/Default.aspx?ClvGlo= ENVIPE2012&s=est&c=3217

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 26 de noviembre de 2013.— Diputados: Leslie Pantoja Hernández, Salvador Romero Valencia, Gerardo Peña Avilés, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, María Celia Urciel Castañeda, René Ricardo Fujiwara Montelongo, José Luis Oliveros Usabiaga, Sergio Augusto Chan Lugo, Martha Berenice Álvarez Tovar, Esther Quintana Salinas, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Carlos Fernando Angulo Parra, Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, Carmen Lucía Pérez Camarena, Elizabeth Vargas Martín del Campo, María Isabel Ortiz Mantilla, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Andrés de la Rosa Anaya, Alberto Díaz Trujillo, Marcelina Orta Coronado, Carlos Alberto García González, Patricia Lugo Barriga, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Dávila Delgado, Heberto Neblina Vega, Glafiro Salinas Mendiola, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Alejandra López Noriega, María Guadalupe Mondragón González, Martha Leticia Sosa Govea, Genaro Carreño Muro, María Teresa Jiménez Esquivel (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Iniciativa que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, fracción II, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

Problemática

El problema de las adicciones en nuestro país es un asunto de salud pública, las cifras muestran que en lo que se refiere al consumo de alcohol entre los jóvenes se tiene un problema serio.

Las enfermedades de larga duración y de evolución lenta denominadas enfermedades crónicas, en nuestro país están causando estragos visibles y crecientes, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, estas “causan aproximadamente dos terceras partes de las muertes en el mundo. Los principales factores de riesgo que se asocian causalmente son el consumo de tabaco, una dieta malsana, inactividad física y el abuso del alcohol”.

A nivel mundial según ha informado la Organización Mundial de la Salud que “el consumo nocivo de bebidas alcohólicas causa 2.5 millones de muertes cada año”.

Se sabe que una persona consumidora de alcohol en exceso puede ser considerada de riesgo en lo particular y poner en peligro a las personas a su alrededor, pues se hace fácilmente propensa a sufrir accidentes de tránsito o actos de violencia, siendo actos de perjuicio social pues están en riesgo sus mismos familiares, amigos e incluso extraños.

Los grupos más vulnerables con consecuencias mortales en mayor medida son los jóvenes, tienen una carga de morbilidad atribuible a la ingesta nociva de bebidas alcohólicas, siendo los traumatismos involuntarios e intencionales como los accidentes de tránsito los más comunes, seguidos de actos de violencia y suicidios.

Existe una preocupación permanente y creciente por el incremento en el uso de sustancias adictivas, como el caso del alcohol, convirtiéndose ya en materia de salud pública.

Consideraciones

El alcoholismo como problema de salud pública tiene que ser entendido desde la perspectiva de que la edad y el sexo son características biológicas que determinan la propensión del consumidor y sus factores de riesgo.

El ambiente social juega un papel importante en el consumo sobre todo a edades tempranas, la exposición a las bebidas alcohólicas y las circunstancias en que se encuentra la sociedad generan un medio adecuado para enganchar a la juventud.

En nuestro país, según el informe 2012 de la ENSANUT, el uso de alcohol se convirtió en la cuarta causa de mortalidad con un 8.4 por ciento, dentro de las principales afectaciones se encontraron cirrosis hepática, lesiones intencionales y no intencionales, accidentes de vehículo de motor y homicidios.

El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes informa que en nuestro país mueren 24 mil personas al año por accidentes vehiculares, de los cuales el 28 por ciento son jóvenes de entre 15 y 29 años, convirtiéndose en la primera causa de muerte dentro del grupo de niños y jóvenes.

El problema de consumo de alcohol, es la parte inicial, pero es el puente para convertir a los jóvenes en policonsumidores, es decir alcohol, tabaco, mariguana y otras muchas drogas, los jóvenes por poseer características especiales, son fácilmente atrapados y esto genera una crisis grave en lo social.

Según el Observatorio de Alcohol, Tabaco y Otras drogas en 2012 con respecto a 2010, el consumo de alcohol se incrementó en 10 por ciento, lo que ha provocado que los decesos por accidentes de tránsito, aumentaron en un orden del 50 por ciento del total.

La misma encuesta a cargo de la Secretaría de Salud dice que el 54 por ciento de las muertes debidas a los accidentes de tránsito ocurren el fin de semana; es decir, entre jueves y sábado; así como que estas tienen como común denominador el consumo de alcohol.

Según refiere la psicóloga María Antonieta Maldonado, del Consejo Estatal contra las Adicciones de la Ssa, “el 80 por ciento de los suicidios está vinculado con algún tipo de droga, predominantemente el alcohol”, más preocupante se vuelve este dato si valoramos que las edades de suicidio oscilan los 15 a los 25 años”.

El estudio de la Fundación Pfizer denominado Juventud y Alcohol, realizado en España, arrojó que uno de cada diez jóvenes en edades de entre 12 y 18 años consumen alcohol con regularidad y la frecuencia es semanal, la misma encuesta señaló que la edad de inicio es a los 13.7 años.

Las tendencias de inicio están marcadas por el peso social que los jóvenes le dan a este hecho, pues 56.1 por ciento de los encuestados menciono que comenzaron a beber por y con los amigos, así como el 37 por ciento de los casos, lo hizo por el motivo de probar.

Por parte de nuestro país, la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) del 2011 arrojó que el alcoholismo ocupaba el primer lugar de adicciones.

La Encuesta 2011 de Alcohol, Tabaco y Drogas en Estudiantes del DF, que se lleva a cabo anualmente y de la cual está a cargo el Instituto Nacional de Psiquiatría, reportó que el 23 por ciento de los alumnos de secundaria habían tomado alcohol en exceso.

Por su parte el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México señaló que las sustancias con efectos negativos en los jóvenes el primer lugar lo ocupa el alcohol, por encima de la heroína, el crack, las metanfetaminas, la cocaína y el cigarro.

Cabe mencionar que algunos efectos del alcoholismo son que reduce la esperanza de vida por 10 a 12 años, que entre más temprano una persona empieza a beber grandes cantidades de alcohol, mayores serán sus perspectivas de desarrollar enfermedades graves.

Que un 80 por ciento de las muertes entre los adolescentes de manera violenta están relacionadas con drogas o alcohol y el 50 por ciento de suicidios se dan en los adictos a estas sustancias.

Es urgente entender que el alcohol es una droga muy aceptada dentro de nuestra sociedad, a pesar de conocer sus efectos negativos personales y sociales por el consumo en exceso.

Fundamento legal

La iniciativa en comento se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por tanto y en atención a lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 218 Capítulo III, Título Décimo Segundo, de la Ley General de Salud

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 218 Capítulo III, Título Décimo Segundo, de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 218. Toda bebida alcohólica, deberá ostentar en la cara principal, la leyenda: “el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud” y en su parte trasera alguna de las siguientes leyendas: “si tomas, no manejes”, “prohibida su venta a menores de edad”, escrito con letra fácilmente legible e indeleble, en colores contrastantes, y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

La Secretaría de Salud, en su caso, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual podrán establecerse otras leyendas precautorias, así como las disposiciones para su aplicación y utilización.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://ensanut.insp.mx/

2 http://www.who.int/es/

3 María Antonieta es parte de la Secretaría de Salud de Morelia, Michoacán, está relacionada con los temas de estudio de salud mental en el Consejo Estatal de Michoacán contra las Adicciones de la Ssa.

4 https://www.fundacionpfizer.org/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2013.— Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

MONEDA CONMEMORATIVA DEL 100 ANIVERSARIO DE LOS DEFENSORES DE VERACRUZ EN 1914

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Iniciativa de decreto, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de los Defensores de Veracruz en 1914, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; y 2, inciso c), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del 100 aniversario del Día de los Defensores de Veracruz en 1914, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. El 21 de abril de 1914, el pueblo veracruzano protagonizó una de las páginas más heroicas de la resistencia de los mexicanos frente al intervencionismo extranjero. La defensa del puerto de Veracruz por parte de sus jóvenes cadetes navales y decenas de hombres, mujeres y niños ha quedado escrita con dignidad y entrega por la patria.

Como parte de una estrategia de guerra perfectamente delineada, desde una semana antes de esa fecha, Estados Unidos de América situó frente al puerto de Veracruz 44 barcos de guerra, 3 buques hospitales y varias unidades más de aprovisionamiento para preparar el desembarco de sus soldados en territorio mexicano, y un equipo de funcionarios estadounidenses habían logrado neutralizar la posible participación en la defensa del puerto del Ejército Federal Mexicano, al mando del general Gustavo A. Maass, de las tropas de Victoriano Huerta, conminándolo a no resistir y a dejar la plaza.

En las primeras horas del 21 de abril, Maass se retiró del puerto, rumbo a la comunidad de Tejería, abandonando a la población del puerto de Veracruz a su suerte y llevándose el grueso de sus tropas, la mayoría de las armas pesadas y ligeras, con su dotación de municiones, llegando incluso a olvidar en su precipitada huida, la bandera del batallón que comandaba, su espada y sus condecoraciones.

2. Una de las causas que sirvió de pretexto a la invasión estadounidense en México fue que la embarcación alemana Ipiranga se dirigía a Veracruz, con el objetivo de desembarcar un cargamento importante de pertrechos militares para el gobierno huertista. El comandante del barco alemán al darse cuenta de la gran cantidad de embarcaciones estadounidenses fondeada frente al puerto de Veracruz, cambió su rumbo y siguió navegando con dirección al antiguo puerto México, hoy Coatzacoalcos, donde logró desembarcar los pertrechos, los cuales serían más tarde capturados por las tropas constitucionalistas.

3. De acuerdo con diversas versiones históricas, el 10 de abril de 1914 marinos estadounidenses del acorazado Dolphin fueron arrestados en Tampico, Tamaulipas, donde se encontraba parte de la flota estadounidense apostada para dar seguridad a la zona petrolera; el almirante Henry T. Mayo y el cónsul estadounidense en Tampico exigieron al gobierno mexicano que se realizara un acto de desagravio a la bandera de aquel país.

El gobierno huertista se negó a aceptar la exigencia de desagravio y el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, insistió en la exigencia del saludo a su bandera y agregó la de que Tampico fuera considerado puerto neutral. Huerta, por intermedio de su secretario de Relaciones Exteriores José López Portillo y Rojas, propuso un saludo simultáneo a las dos banderas, cosa que Wilson no aceptó. Solicitó autorización del Congreso para emplear las Fuerzas Armadas contra México.

La negativa mexicana de rendir honores a un emblema extranjero fue un pretexto más para iniciar la intervención armada a nuestro territorio.

4. Para el 21 de abril de 1914 se encontraban frente al puerto de Veracruz los buques de guerra USS Missisipi, Florida, Utah, Texas, Connecticut, Virginia, Rhode Island, Minnesota, Washington, Nebraska, Vermont, Delaware, Netus, Dolphin, Michigan, Louisiana, Georgia, Galcoa, Chester, Praire, Hasvillie, Sacramento, Rochester, San Francisco, Memphis, Melpomene, Summer, Corpus, Celtic, Savanah, San Marcos, Hanckok, Bulford, Hilpatrik, México, Esperanza, Morro Castle, Ciclops, Proteos, y los buques hospitales Solace, Eagle y Mayflower, todos ellos de la flota atlántica bajo órdenes del contraalmirante Frank Friday Fletcher.

El ataque al puerto comenzó ese día, ocupando los edificios más importantes. Sin mediar declaración de guerra, a las 11:20 horas desembarcaron en el muelle los infantes de marina estadounidenses e iniciaron su marcha hacia el centro de la ciudad. El Ejército federal, al mando del comandante militar de la plaza, general Gustavo Mass, recibió órdenes del gobierno huertista de replegarse hasta la comunidad de Tejería, dejando sólo a 180 soldados con el objetivo de resguardar el equipo que se encontraba en el cuartel militar, al mando del coronel Albino Rodríguez Cerrillos. Mientras los habitantes intentaban detener el avance de los invasores, que continuaron desembarcando tropas y piezas de artillería.

La fuerza expedicionaria contaba con los medios de guerra más modernos de la época: rifles de repetición Lee, ametralladoras Gattling y Colt, artillería de grueso calibre, ilimitado suministro de municiones y pertrechos bélicos y, además, el apoyo artillero de la flota anclada en la bahía.

5. Pese a la desventaja militar, se integró una defensa por noventa cadetes de la Escuela Naval Militar, 100 soldados del decimonoveno batallón y voluntarios civiles.

En un acto de enorme patriotismo, el comodoro Manuel Azueta arribó a la Escuela Naval a la hora en que desembarcaba el invasor, y animó a los noventa cadetes alumnos de la Escuela Naval Militar y a sus profesores que se encontraban en el patio, a tomar a su cargo la defensa del puerto. El comodoro Azueta y el entonces director de la escuela naval militar decidieron la formación de los alumnos durante la defensa en una rápida conferencia, pues se disponían al ataque. Después de esto se procedió a armar a los alumnos, siendo uno de ellos el teniente de artillería José Azueta, hijo de Manuel Azueta, que pocos días antes había ascendido y dejado de ser cadete.

Otras fuerzas de la heroica defensa fueron cien soldados del decimonoveno batallón a las órdenes del teniente coronel Albino Rodríguez Cerrillos, junto con voluntarios del puerto, los reos de San Juan de Ulúa, conocidos como “rayados”, algunos miembros de la policía municipal a las órdenes del oficial Laureano López, numerosos españoles residentes, y en general la población civil de la ciudad.

6. Al mismo tiempo que las fuerzas mexicanas organizaban la defensa, las tropas estadounidenses ya se encontraban en dirección a las Oficinas de Correos y Telégrafo y al edificio de la aduana marítima que fácilmente hicieron suyos, encontrándose principalmente con empleados que sacaron del lugar. Poco después de hacerse a tierra las tropas estadounidenses ya habían capturado las oficinas de aduanas, correo y telégrafos así como otras posiciones.

Poco antes de las 12:00 horas comenzó el tiroteo entre ambas escuadras, ya que los marinos mexicanos atacaron al invasor, contestación que logró que los soldados que comandaba Albino se unieran a la lucha. El primer fallecido de esta invasión fue Andrés Montes, carpintero, quien recibió un tiro en el pecho cuando disparaba contra las tropas invasoras.

7. De acuerdo con diversas crónicas de este histórico momento, la Escuela Naval comenzó la defensa del puerto que había sido planeada. Los cadetes se repartieron en distintas zonas, unos en los dormitorios de la escuela, otros en los balcones de la construcción que habían sido atrincherados con colchones, cómodas y bancos, pues era lo único con que se contaba. Se desató una batalla urbana en la que muchos civiles tomaron parte.

Al ver esto gran parte del pueblo veracruzano se unió a la lucha y comenzó a hostigar al invasor, muchos de ellos se parapetaron en el palacio municipal, mientras que otros ocuparon sus puestos en los portales, en el hotel Buena Vista o en la torre del faro Benito Juárez, aunque gran parte se quedó en sus casas desde donde podían atacar a las fuerzas estadounidenses constantemente.

Ante las acciones de defensa de los cadetes, el edificio de la Escuela Naval Militar fue bombardeado por el USS Prairie. Los primeros disparos estadounidenses fueron en dirección de la torre del faro Benito Juárez.

8. A las 13:30 horas aproximadamente, los estadounidenses empezaron a desembarcar desde el sur del muelle fiscal, por lo que pasaron frente a un costado de la Escuela Naval Militar. Cuando los invasores se acercaron como a unos 200 metros de distancia, los alumnos que se encontraban en el lado norte de la escuela comenzaron a disparar. Ante esto, los estadounidenses comenzaron a desembarcar en el malecón que se encuentra frente al faro donde, de nueva cuenta, recibieron fuego mexicano desde la Escuela Naval, resultando esta vez muy eficaz, pues la tropa se encontraba al descubierto, logrando algunas bajas que los obligaron a emprender retirada y regresarse a los barcos. Esto dio origen a que desde las lanchas estadounidenses se rompiera fuego con sus ametralladoras sobre la escuela, acción que fue apoyada por la artillería del buque Prairie con sus cañones de 80”. En una acción militar de “pinza”, las tropas estadounidenses de infantería que comenzaban a desembarcar por el muelle fiscal disparaban también a la escuela, asesinando entre otros cadetes al valiente Virgilio Uribe, con una bala expansiva que le penetró la frente cuando éste recargaba el fusil para seguir disparando.

Algunos historiadores afirman que el tiroteo terminó en el puerto hasta las cinco de la tarde. Sin embargo, a las 18:00 horas continuó de forma aún más grave, ya que se habían unido a la defensa de Veracruz los presos de las galeras, muchos de los cuales habían sido liberados y armados. En el comienzo de los nuevos acontecimientos fueron instaladas en la calle Esteban Morales, dos piezas de artillería con motivo de sacar a los estadounidenses que se habían instalado en la aduana marítima. Sin embargo, fueron rápidamente capturadas por los estadounidenses, por lo que no llegaron a hacer fuego contra el enemigo.

En ese lugar se había quedado una ametralladora, que se encontraba al mando del teniente de artillería José Azueta, quien manejaba su ametralladora protegido por un poste de luz en la esquina de las calles de Landero y Cos y Esteban Morales, a diferencia de sus compañeros que se encontraban en la escuela y que lo veían al frente de combate.

Al darse cuenta Azueta que desde su posición no podía disparar bien, se trasladó a media calle, por lo que comenzó a combatir completamente al descubierto a pesar de las advertencias de sus compañeros. Este valiente veracruzano se quedó sólo, encarando a las tropas estadounidenses y causándole numerosas bajas. Momentos después fue herido en una pierna; por lo que tuvo que permanecer hincado, y a pesar de ello, continuó disparando hasta que fue herido en la otra pierna, lo que lo hizo caer. José Azueta fue rescatado del campo de batalla por un compañero de escuela que fue en su auxilio, recibiendo una tercera herida en el brazo izquierdo durante su rescate.

Fue llevado a su casa con tres heridas de bala. Tras la batalla el almirante Fletcher, del Ejército estadounidense, escuchó de las acciones de Azueta en batalla y envió a su médico personal a cuidarlo. En un gesto de desafío Azueta rechazó recibir al doctor, en su agonía alcanzó a decir: “De los invasores no quiero ni la vida”. Apenas sobrevivió unos días. José Azueta murió el 10 de mayo a causa de las heridas recibidas y fue sepultado en un panteón particular de Veracruz, y es considerado un héroe de la Armada de México por sus acciones durante esta batalla.

9. Las acciones heroicas de los cadetes militares fueron múltiples. Además de la acción de Azueta, se distinguieron los cadetes Colina y Ochoa. El cadete Eduardo Colina cubría el puesto de centinela en el momento en que explotó una granada cerca el Cuerpo de la Guardia, por lo que fue cubierto por los escombros que se desprendieron de los muros, sin embargo al retirarse de los mismos regresó inmediatamente a cubrir su puesto. Ricardo Ochoa, después de ver la acción de su compañero Azueta, salió de la escuela y, colocándose en el lugar donde se encontraba la ametralladora de éste, hizo fuego con su fusil por algunos minutos.

Las tropas estadounidenses tomaron el centro de la ciudad cerca de las cinco de la tarde y pocas horas después forzaron la evacuación de la Escuela Naval Militar. A las 19:00 horas se acordó la rendición de la escuela, para lo cual los alumnos tomaron sus espadines y capotes y 15 minutos después abandonaron el edificio

El USS San Francisco y el USS Chester continuaron el bombardeo de la Escuela Naval Militar hasta el día siguiente.

10. El 30 de noviembre de 1948, la XL Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Hacienda que presentó el artículo único: “Inscríbase con letras de oro, en los muros del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la leyenda: “A los defensores de Veracruz en 1914””.

11. El 19 de enero de 1949, el Poder Ejecutivo de la Federación publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto antes mencionado.

12. El párrafo séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Banco de México para llevar a cabo la función estatal exclusiva de acuñación de moneda. Asimismo, con fundamento en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como un tipo de moneda circulante “las monedas metálicas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, en platino, en oro, en plata o en metales industriales, con los diámetros, leyes o composiciones metálicas, pesos, cuños y demás características que señalen los decretos relativos”, el Banco de México ha emitido diferentes series de monedas de curso legal encaminadas a conmemorar las obras de nuestros próceres y los acontecimientos más representativos de nuestra historia.

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto la emisión de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de los Defensores de Veracruz en 1914.

Por los argumentos expuestos, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del 100 aniversario de los Defensores de Veracruz en 1914

Artículo Único. Se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de los Defensores de Veracruz, de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:

I. Valor Nominal: Diez pesos;

II. Forma: Circular;

III. Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros);

IV. Ley: 0.925 (novecientos veinticinco milésimos) de plata;

V. Metal de liga: 0.075 (setenta y cinco milésimos) de cobre;

VI. Peso: 27.0 g (veintisiete gramos);

VII. Contenido: 24.975 g (veinticuatro gramos novecientos setenta y cinco miligramos) de plata pura;

VIII. Tolerancia en ley: 0.005 (cinco milésimos) en más;

IX. Tolerancia en peso: Por unidad 0.216 g (doscientos dieciséis miligramos); por un conjunto de mil piezas: 6.831 g (seis gramos ochocientos treinta y un miligramos), ambas en más o en menos;

X. Canto: Estriado; y

XI. Cuños:

a) Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado en semicírculo superior con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El marco liso; y

b) Reverso: La efigie de José Azueta y, en el campo superior en semicírculo, la leyenda “100 Aniversario de los Defensores de Veracruz”. El marco liso.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La moneda a que se refiere el presente decreto podrá acuñarse a partir de su entrada en vigor.

Tercero. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los cuales deberán ser acordes con las características de la moneda descrita en el presente decreto.

Cuarto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado del diseño de acuñación de la moneda objeto del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.— Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para  opinión.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 16:12 horas):Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 27 de noviembre, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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