Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 263 diputados y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín (a las 11:27 horas) Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 27 de noviembre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

Relativo a modificación de turno de iniciativa con proyecto de decreto.

De la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas

Relativo a retiro de iniciativa con proyecto de decreto.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite alcance de la Secretaría de Economía, con los informes finales de las evaluaciones de diseño 2013 de los programas U006 Fondo Emprendedor y G005 Regulación y modernización del Servicio del Registro Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos de la Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública, a cargo de esa dependencia.

Con el que remite informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2013.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las políticas de control y combate al contrabando y piratería.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que los vales de despensa sean un medio de pago autorizados en los mercados públicos de las diversas delegaciones y municipios de la Republica Mexicana.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que durante el mes de octubre de 2013, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Proyecto de declaratoria de reforma constitucional

Declaratoria de aprobación del proyecto de decreto, que reforma el inciso e) y adiciona un inciso o) de la fracción IV del artículo 116; y se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., fracción VI y 3o. segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona la fecha “13 de agosto: Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o., 7o., y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento y protección de los derechos y mejoría de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en materia de divulgación de la Ciencia y la Tecnología.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 341 bis de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 29 bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 43 Ter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades del Estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de BANOBRAS, a fin de dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la Delegación Álvaro Obregón.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal implementar las acciones correspondientes a atender la problemática de la Agroindustria Azucarera Nacional.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno Federal para que rinda informe y se implementen los programas y acciones preventivas y correctivas o de remediación que se realicen en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas en todo el territorio nacional.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre el proyecto de la construcción de la autopista urbana oriente en el Distrito Federal.

De la Comisión de Ganadería, con puntos de acuerdo a fin de que la SAGARPA, establezca las acciones necesarias para implementar un programa especial de modernización de los rastros municipales, así como implementar un programa integral de manejo y tratamiento de desechos y despojos, derivados de la matanza de los animales.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice la liberación de los recursos financieros destinados al Fonden a fin de aliviar las afectaciones a las comunidades de los estados de la República afectados por la tormenta “Manuel” y el Huracán “Ingrid”.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Gobernación, agilice el destino de recursos del Fonden, especialmente para los municipios y comunidades indígenas del Estado de Guerrero afectados por los fenómenos “Ingrid y Manuel”.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para los municipios del estado de Colima; que han sido afectados por la tormenta tropical Manuel.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que emita el decreto por el cual se cree como Área de Valor Ambiental Protegida, al Parque Reforma Social en la Delegación Miguel Hidalgo.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que gestione la realización del Maratón Náutico del Río Balsas.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Comedores Públicos.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 189 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 141 Bis al Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Iniciativas

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 78 y 81 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena y suscrita por la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Vivienda y 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Amnistía, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. y adiciona un artículo 10 a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77, 78 y adiciona un artículo 192 Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Antonio Cuéllar Steffan y Fernando Zárate Salgado, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 88 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Maricruz Cruz Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 9o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 166 de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Playas Sustentables, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 34-Bis de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 303-B de la Ley del Seguro Social y 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Gesta Histórica del Puerto de Veracruz, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Alfonso Inzunza Montoya y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciado, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 105, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 163 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a la SHCP, a la Sedesol y a la Sectur, para que implementen un programa de empleo temporal en materia turística, agrícola y de pesca, en todos los municipios de las entidades que fueron declaradas zonas de desastres, ante los fenómenos meteorológicos acontecidos en nuestro país, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Sener y de Pemex, para que instrumenten acciones para cumplir con el mandato de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y el Programa de Introducción de Etanol en la matriz energética de nuestro país, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaria de la Función Pública, a efecto de que actúe con la mayor diligencia y agilice las investigaciones relativas a los casos de los ex funcionarios públicos, como Alejandro Sota Mirafuentes y Mony De Swaan Adatti, para ofrecer resultados a la mayor brevedad y aplicar, en su caso, las sanciones que correspondan, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Guerrero, a restablecer el diálogo con las organizaciones sociales e indígenas, para diseñar un modelo de seguridad comunitaria y prevención del delito con participación social, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la ALDF, para que iluminen sus respectivas sedes de color naranja, en el marco de la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, para poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y suscrita por diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno del estado de Baja California, para que se consulte a los pueblos indígenas de esa entidad, sobre los Megaproyectos Eólicos, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que se realicen campañas de difusión masiva, respecto de las penalidades federales por la comisión del delito de pornografía infantil, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud Federal y de las entidades federativas, para que den atención inmediata a las propuestas contenidas en el informe emitido por la CNDH, acerca de los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y de los estados, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Condusef, difunda las medidas que se están tomando para proteger a los usuarios de las fallas generalizadas que presentan las instituciones financieras y bancarias en sus sistemas, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía solicita al titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo, difunda el avance del programa “impulso al desarrollo regional y territorial”, en relación al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2013, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Sagarpa, así como a los Directores en Jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria y General de Financiera Rural, para que no utilicen o acepten los fondos del Fideicomiso de Recuperación de Apoyos del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de Cafeticultura, para otros fines que no sean los que dieron origen al mismo, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que se encuentra publicada también en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintisés de noviembre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y ocho diputadas y diputados, a las once horas con doce minutos del martes veintiséis de noviembre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de junta directiva de las Comisiones de Marina, y de Desarrollo Metropolitano, y de los Grupos de Amistad con la República Árabe Saharahui, y con Alemania. En votación económica se aprueba. Comuníquense.

b) De los diputados:

- Javier Filiberto Guevara González, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un numeral al artículo tres y se reforma el numeral cuarto del artículo ocho de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada el diecisiete de julio del año en curso, sea retirada de la Comisión de Gobernación.

- Teresita de Jesús Borges Paso, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma sus diversos artículos de la Ley Federal del Consumidor, presentada el veintidós de mayo del año en curso, sea retirada de la Comisión de Economía.

Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Presidencia Municipal de Acuña, Coahuila, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las disposiciones del municipio de Acuña, Coahuila que atentan contra los derechos humanos, la libertad y la diversidad cultural y social de sus habitantes. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género para su conocimiento.

d) De las Secretarías de Gobierno de los estados de:

- Coahuila, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los desastres naturales ocasionados por el ciclón Manuel y la tormenta tropical Ingrid. Se remite a la Comisión de Protección Civil para su conocimiento.

- Guanajuato:

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la vigilancia de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas del Presupuesto de Egresos de la Federación. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su conocimiento.

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la implementación de una estrategia de movilidad integral en sus localidades. Se remite a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para su conocimiento.

e) Del gobierno del estado de México:

- Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la vigilancia de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas del Presupuesto de Egresos de la Federación. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su conocimiento.

- Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa a los sesenta años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el tercer Informe trimestral dos mil trece, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Energía para su conocimiento.

g) De la Cámara de Senadores:

– Con las que devuelve los expedientes las minutas con proyecto de decreto:

• Que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para los efectos de la fracción d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

• Que adiciona una fracción vigésimo segunda al artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

– Con la que remite solicitud de los senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal sobre Metrología y Normalización, de Comercio Exterior, Aduanera, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Cambio Climático, General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Se remite a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

– Con las que remite las Minutas con proyecto de decreto:

• Que reforma las fracciones séptima, y novena del artículo veintiocho; y se adiciona la fracción cuarta al artículo uno, las fracciones décimo segunda, décimo tercera, y décimo cuarta al artículo tres; un artículo diez Bis; un Capítulo Segundo denominado “De la Política con Perspectiva Gerontológica”, con los artículos diez Ter y diez Quater al Título Cuarto; una fracción tercera al artículo catorce; y una fracción cuarta al artículo veintisiete, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. Se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, y de Gobernación, para dictamen; y a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para opinión.

Que reforma el último párrafo del artículo veintitrés de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, para los efectos de la fracción e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.

• Que reforma el segundo párrafo al artículo doce de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de la fracción e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

• Que reforma los artículos treinta y cinco, y treinta y ocho de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para los efectos de la fracción e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

• Que reforma los artículos cuatrocientos diecinueve, y cuatrocientos veintitrés y se adiciona un artículo cuatrocientos diecinueve Bis al Código Penal Federal, para los efectos de la fracción e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, para los efectos de la fracción e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, en votación económica se le dispensan todos los trámites, y se somete a discusión y votación de inmediato. Se concede el uso de la palabra al diputado Julio César Moreno Rivera, para exponer las modificaciones realizadas por la colegisladora a la minuta. Para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Laura Ximena Martel Cantú, del Partido Verde Ecologista de México; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional; y Lizbeth Loy Gamboa Song, del Partido Revolucionario Institucional.

A las doce horas con veinte minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y seis diputadas y diputados.

Se someten a discusión en lo general y en lo particular los artículos: sexto fracción octava, párrafos primero, octavo, y décimo; setenta y tres, fracción vigésimo novena-T; ciento cinco, fracción primera, inciso L); ciento dieciséis, fracción octava; ciento veintidós, base primera, fracción quinta, inciso Ñ); y el Tercero Transitorio, modificados por la Cámara de Senadores. Intervienen en pro los diputados: Roberto Carlos Reyes Gámiz, Marcos Rosendo Medina Filigrana, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y Areli Madrid Tovilla, del Partido Revolucionario Institucional; y en contra los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, quien acepta interpelación del diputado Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática; y Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos veinticuatro votos a favor; dieciséis en contra; y cuatro abstenciones se aprueban los artículos: sexto fracción octava, párrafos primero, octavo, y décimo; setenta y tres, fracción vigésimo novena-T; ciento cinco, fracción primera, inciso L); ciento dieciséis, fracción octava; ciento veintidós, base primera, fracción quinta, inciso Ñ); y el Tercero Transitorio, modificados por la Cámara de Senadores. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. Pasa a las legislaturas de los estados, para los efectos del artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde su curul el diputado Luis Olvera Correa, del Partido Revolucionario Institucional, agradece que se haya tomado la decisión de que la empresa Cooperativa Pascual sea la proveedora de agua de la Cámara de Diputados y solicita que continúe siendo así, además hace un llamado a la colegisladora y los otros dos Poderes de la Unión, para que implanten medidas que permitan a las sociedades cooperativas desarrollarse y conservar los empleos que generan.

En el capítulo de agenda política hacen comentarios relativos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las diputadas: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática; Carmen Lucia Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional; y María Guadalupe Sánchez Santiago, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México; y María de Lourdes Amaya Reyes, del Partido de la Revolución Democrática. A solicitud del primero, el presidente invita a la asamblea a guardar un minuto de silencio en memoria de las mujeres y niñas que han perdido la vida producto de la violencia.

La Presidencia informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

a) De justicia, por el que se reforman los artículos segundo, fracción sexta; y tercero, segundo párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

b) De Atención a Grupos Vulnerables:

• Que reforma y adiciona los artículos tercero, séptimo y catorce de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento y protección de los derechos y mejoría de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

c) De Desarrollo Social, que reforma los artículos seis, catorce, diecinueve, y treinta y seis de la Ley General de Desarrollo Social.

d) Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, que adiciona el artículo dos de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en materia de divulgación de la Ciencia y la Tecnología.

e) De Salud:

• Que reforma el primer párrafo del artículo trescientos cuarenta y uno Bis de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo setenta y nueve de la Ley General de Salud.

f) De Seguridad Pública, que reforma los artículos trece, y catorce de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción vigésimo primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

g) De Vivienda:

• Que adiciona un artículo veintinueve Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

• Que adiciona un artículo cuarenta y tres Ter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules hacen uso de la palabra los diputados: Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, quien invita a aprovechar el esfuerzo realizado por las comisiones organizadoras y asistir a la exposición y foro sobre energías renovables, en el marco de la reforma energética; y Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional, quien invita a la Asamblea a acudir al foro citado.

A continuación se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a los diputados:

• Jorge Rosiñol Abreu, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que investigue la presunta comisión de responsabilidades administrativas del titular de la Subdirección General del Deporte y funcionarios involucrados, asimismo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013. No habiendo claridad en el resultado de la votación económica, el presidente instruye la apertura del sistema electrónico para llevar a cabo votación nominal. Con una votación de doscientos cinco votos a favor; y doscientos tres en contra, se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen los diputados: Loretta Ortiz Alhf, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México; Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandra López Noriega, del Partido Acción Nacional; y Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Partido Revolucionario Institucional. El presidente instruye a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación del resolutivo elaborada por el proponente. En votación económica se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada por la asamblea. Comuníquese.

• Genaro Ruiz Arriaga, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, se grave nuevamente con una tasa de veinte por ciento el arancel de importación del limón persa (Citrus latifolia). En votación económica se considera de urgente resolución e intervienen los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Jaime Bonilla Valdez, del Partido del Trabajo; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México; Valentín González Bautista, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional; y Verónica Carreón Cervantes, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, en nombre propio y del diputado Ricardo Mejía Berdeja, por el que se exhorta a diversas autoridades sobre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria. El presidente instruye a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación de los resolutivos elaborada por el proponente y el diputado Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera de urgente resolución e intervienen los diputados: Manuel Rafael Hurta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y Ricardo Mejía Bedeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Leslie Pantoja Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos sesenta y dos, sesenta y tres, y setenta Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes para dictamen.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo doscientos dieciocho de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud para dictamen.

• Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centésimo aniversario de los Defensores de Veracruz en 194. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Eduardo Román Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 14, 56, 57 y 72 de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo para dictamen.

• Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 7o., 9o. y 10 de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo para dictamen.

• Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 10 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

• María Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

• Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos 10 Bis, 10 Ter y 18 Bis a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

• Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para dictamen.

• Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 70 de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

• Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.

• Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

• Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen.

• Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

• Rosalba de la Cruz Requena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda para dictamen.

• José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 12, 27 y 29 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública para dictamen.

• Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

• José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 178 y 192 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

• Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen.

• Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 23 de la Ley de Puertos. Se turna a la Comisión de Transportes para dictamen.

• Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 27 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Se turna a la Comisión de Energía para dictamen.

• José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Competitividad para dictamen.

• Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos para dictamen.

• José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos para dictamen.

• Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 56 y 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

• Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que adiciona un artículo 418 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Radio y Televisión para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos 430, 431, 432 y 433 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al IFE y a su Presidencia, a homologar los criterios para la colocación de propaganda partidista en tiempos de elecciones estatales y federales. Se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen.

• Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno federal, aplique medidas para fortalecer al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, de Educación Pública y de la Secretaría de Desarrollo Social, para que promuevan una estrategia conjunta para el combate de la obesidad y sobrepeso infantil. Se turna a la Comisión de Salud para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que por medio del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cumpla con las propuestas realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de seguridad pública, enmarcadas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013. Se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen.

• María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad, para que se revisen y en su caso, adecuen los mecanismos de clasificación de tarifas por consumo de energía eléctrica en Mexicali, Baja California. Se turna a la Comisión de Energía para dictamen.

• Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los magistrados del sexto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, procedan a resolver con absoluta imparcialidad y apego estricto a derecho, el juicio de amparo directo y juicio de amparo adhesivo, interpuestos, respectivamente, por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana y la sociedad denominada Perez Chow y Asociados, SC, ambos identificados con el número 435/2013. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

• Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, para que implanten políticas permanentes de prevención y combate al maltrato, agravios y condiciones adversas en las que viven los animales de circo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

• Manuel Añorve Baños, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que vigilen el precio del maíz, la caña y el café, a fin de apoyar a los productores nacionales. Se turna a la Comisión de Economía para dictamen.

• Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno, así como a los organismos descentralizados, a fin de llevar a cabo la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

• Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente y a la Secretaría de Economía, para que hagan valer los lineamientos en materia de protección ambiental establecidos en la Ley Minera. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

• Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, STPS, para que implante acciones para difundir en los centros de trabajo, los cambios contenidos en la reforma fiscal, respecto de los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores, así como a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y sus respectivas delegaciones en todo el país para dar a conocer los procedimientos de defensa del trabajador sobre sus derechos adquiridos. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

• Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, para que emprenda las acciones necesarias, a fin de verificar y salvaguardar los derechos de los mineros en todo el país. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

• Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Morelos, para que implemente las acciones necesarias a fin de disminuir el elevado índice de secuestros, homicidios y extorsiones en esa entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo relativo al aumento exponencial de las antenas para celulares. Se turna a la Comisión de Comunicaciones para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Guerrero, a efecto de que firme el decreto de creación de la Universidad Autónoma Latinoamericana Caribeña de Ciencias y Artes. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el presidente cita para la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el miércoles veintisiete de noviembre de dos mil trece, a las once  horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con doce minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobada el acta.

Ruego a la Secretaría dar lectura al oficio por el que se comunica modificación de turno de iniciativa.

MODIFICACION DE TURNO DE INICIATIVA

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno, de la siguiente:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por el diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 31 de octubre de 2013.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen”.

México, DF, a 27 de noviembre de 2013.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

Continúe la Secretaría.

RETIRO DE INICIATIVA

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto me es grato saludarle y, al mismo tiempo, solicitarle de la manera más atenta, con fundamento en el Reglamento de Cámara de Diputados, en el artículo 77, párrafo segundo, que realice los trámites necesarios para que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación, que presenté el 20 de agosto de 2013, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciendo su amable atención al presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2013.— Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

PROGRAMAS U006, FONDO EMPRENDEDOR, Y G005

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número 100.2013.DGVP.866, el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el informe de las instituciones que llevaron a cabo las evaluaciones de diseño 2013 de los siguientes programas a cargo de esa dependencia:

• U006 Fondo Emprendedor.

• G005 Regulación y modernización del Servicio del Registro Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos de la Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 25 de noviembre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En alcance a mi oficio 100.2013.DCVP.317 de fecha 29 de abril de 2013, y en cumplimiento del artículo 180, último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le informo que las siguientes instituciones llevaron a cabo las evaluaciones de diseño 2013, establecidas en el Programa Anual de Evaluación 2013 de los programas a cargo de esta Secretaría y su sector coordinado.

• U006 Fondo Emprendido

Ahumada Lobo y Asociados, SA de CV

• G005 Regulación y modernización del servicio del Registro Público del Comercio y apoyo a los Registros Públicos de la Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Lo anterior, a fin de que por su amable conducto se remita la información en comento a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la administración pública federal.

No omito señalar que los informes finales de dichas evaluaciones se encuentran publicados en la página de internet de la Secretaría de Economía, como lo establece la normatividad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

México, DF, a 19 de noviembre de 2013.— Maestro Maximiliano Gutiérez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número D00/100/187/2013, el ciudadano Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2013.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en formato impreso y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 26 de noviembre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

De conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente le solicito que sea usted el amable conducto para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y el artículo 151 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Por lo anterior, anexo al presente me permito acompañar por duplicado el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al período julio-septiembre de 2013, tanto en impreso como en disco compacto, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno de esta comisión en su segunda sesión extraordinaria de dos mil trece y que, de no existir inconveniente, deberá entregarse a cada una de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión a más tardar el 29 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de noviembre de 2013.— Carlos Ramírez Fuentes (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.

POLITICAS DE CONTROL Y COMBATE DEL CONTRABANDO Y DE LA PIRATERIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-0875, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2013.DGVP.844, suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a implementar políticas de control y combate’ al contrabando y piratería.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 25 de noviembre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En seguimiento a su atento oficio SEL/300/1411/13 con fecha 3 de octubre de 2013 me permito enviar respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión relativo al siguiente resolutivo:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Educación Pública, de Economía, y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, se implementen políticas de control y combate al contrabando y piratería, con el objetivo de proteger el mercado interno y alentar la inversión de los mexicanos.

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informa que es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial con facultades para tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, la publicación de nombres comerciales y las demás que le otorga la Ley de Propiedad Industrial (LPI) y su Reglamento para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.

El IMPI también cuenta con facultades para realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar)’ practicar visitas de inspección; requerir información r datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial.

Asimismo, le corresponde la aplicación administrativa de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) en lo que se refiere a las facultades para sancionar las infracciones en materia de comercio; adoptar las medidas precautorias en la LPI; realizar investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos, así como para emitir una resolución de suspensión de libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

No obstante que el término “piratería” no se prevé en la LPI, este se ha venido utilizando en el ámbito penal para referirse al uso sin autorización de los derechos de propiedad industrial (falsificación de marcas protegidas por la ley), así como de derechos de autor y derechos conexos (uso sin autorización de obras, fonogramas, videogramas, etcétera).

Las conductas sancionadas como delitos en la LPI se describen en los artículos 223 y 223 Bis, conforme a lo siguiente:

Articulo 223. Son delitos.

I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley;

III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa, con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o promover de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley;

IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivode su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y

VI. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quién lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella de parte ofendida.

Artículo 223 Bis. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa v con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley. Este delito se perseguirá de oficio.

En este sentido, el IMPI carece de competencia en el área penal, ya que corresponde a los Tribunales de la Federación conocer de los delitos en propiedad industrial, tal y como se desprende del artículo 227 de la LPI, que señala:

“Artículo 227. Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este artículo, así como de las controversias mercantiles y civiles” de las medidas precautorias que susciten con motivo de la aplicación de esta ley.

Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.”

El contrabando es un delito fiscal tipificado en el Código Fiscal de la Federación, que en términos generales se relaciona con la importación o exportación de mercancías omitiendo el pago de las contribuciones, cuotas compensatorias, o autorizaciones correspondientes.

Lo anterior no debe confundirse con la facultad con la que cuenta el 1MPI para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

Dichas resoluciones se emiten en respuesta a la solicitud de adopción de medidas provisionales solicitadas en un procedimiento de declaración administrativa de infracción, planteado ya sea en los términos de la LPI o de la LFDA en los que se investiga la posible violación administrativa a derechos de propiedad intelectual.

Por lo tanto, el delito de contrabando en sí mismo considerado, sale de la esfera de competencia del IMPI, al igual que la persecución directa de los ilícitos penales.

No obstante lo anterior, derivado del compromiso del IMPI con respecto a los derechos de propiedad intelectual, dentro del ámbito de su competencia ha celebrado convenios de cooperación, coordinación y concertación con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial.

En el caso de la observancia de los derechos de propiedad intelectual destacan las siguientes acciones concretas:

a) Mesa de Combate a la Ilegalidad.

El pasado 4 de junio de año en curso se suscribió el acuerdo de colaboración para el combate a la ilegalidad, en el que participaron el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Procuraduría General de la República (PGR), el IMPI, y el sector privado.

Mediante el comunicado de prensa 021/2013 del 4 de junio de 2013, el SAT informó que como parte de los esfuerzos que realiza el Gobierno de la República para facilitar el comercio exterior y, a la vez, detener prácticas ilícitas en esta materia, se acordó la instalación de la Mesa de Combate a la Ilegalidad.

Dicha Mesa tendría como propósito la aplicación estricta del marco legal en las operaciones de comercio exterior, así como identificar y sancionar prácticas ilegales que afecten a los sectores productivos nacionales.

Como parte de los acuerdos alcanzados, destaca la firma del Acuerdo de Colaboración para regular la operación de la Mesa de Combate a la Ilegalidad, entre autoridades y organismos participantes, celebrado el 4 de junio del año en curso.

Así como la integración de un grupo de trabajo multidisciplinario, que se constituiría en un centro de inteligencia que concentrará información para generar acciones concretas de fiscalización, con base en el análisis de riesgo de las operaciones de comercio exterior.

En lo que se refiere a la defensa de los derechos de propiedad industrial, durante el 2012 el IMPI recibió 1,027 solicitudes de declaración administrativa de infracción, de las cuales 480 fueron por infracción a derechos de autor en materia de comercio y 547 solicitudes por infracción a derechos de propiedad industrial y medidas provisionales.

En el mismo periodo se entregaron ·180 dictámenes técnicos o información solicitada por el Ministerio Público de la Federación, los cuales tienen la finalidad de analizar los derechos de propiedad industrial involucrados en la posible comisión de un delito, para la integración de la averiguación previa respectiva y que, en su caso, sirva como requisito para el ejercicio de la acción penal.

Se llevaron a cabo visitas de inspección con el objeto de verificar las condiciones de uso y explotación de los derechos de propiedad intelectual, por lo que en este rubro se alcanzó la cifra de 4,107 visitas de inspección de oficio (alrededor de 76.8%) y a petición de parte (23.2%) a diversos establecimientos.

Por lo que se refiere al “Buzón de piratería” que el IMPI tiene instalado en su página web, se atendió oportunamente, en un plazo no mayor a 48 horas, el 99% de las denuncias recibidas.

Asimismo, durante el año 2012 se aseguraron 484,243 productos, de los cuales 11,516 fueron en materia de derechos de autor y 472,72 7 de propiedad industrial, entre los que destacan productos como soportes electromagnéticos y papelería en los que presuntamente se materializaban las infracciones con un valor aproximado de 19,450,752 pesos.

El IMPI aplaude el interés de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la protección del mercado interno y en alentar la inversión extranjera y la intención de fortalecer las políticas de control y combate al contrabando y piratería.

Como se ha señalado anteriormente, el IMPI es la autoridad en materia de propiedad industrial con las facultades administrativas que la LPI le confiere, quedando fuera de su competencia el ámbito penal como lo serían los delitos de contrabando y los relacionados con la propiedad industrial.

No obstante, en el ámbito de su competencia no sólo ha centrado sus esfuerzos en la protección de la propiedad industrial mediante el otorgamiento de derechos exclusivos y en las acciones tendientes a prevenir y sancionar administrativamente el uso sin autorización de los mismos, sino que participa activamente con otras dependencias y organizaciones de la sociedad civil para la consecución de dichos objetivos.

Muestra de ello es el seguimiento que se ha venido dando a los acuerdos adoptados en la Mesa de Combate a la Ilegalidad, cuyas acciones y resultados se han analizado recientemente en su cuarta reunión celebrada el 24 de octubre del año en curso y en la cual el IMPI fungió como anfitrión.

Dicha sesión contó con la participación del SAT, PGR, Secretaría de Gobernación, Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como cámaras nacionales y estatales.

En la reunión se analizaron los acuerdos y las acciones específicas emprendidas para enfrentar la ilegalidad de manera multiinstitucional.

Durante la sesión, el SA T explicó las acciones que se están llevando a cabo contra la piratería, en el ámbito de su competencia, así como para el descubrimiento de mercancía ilegal en las estaciones aduanales de la República.

A su vez la Profeco informó que se han emprendido diversas acciones para evitar daños económicos a quienes consumen productos ilegales, apócrifos o piratas expendidos en establecimientos del país. Mientras que los integrantes de las cámaras nacionales y estatales presentaron propuestas para inhibir la proliferación y consumo de productos apócrifos.

Con lo anterior, el IMPI reafirma la disposición de trabajar conjuntamente con otras instituciones, así como apoyar a los titulares de derechos de propiedad industrial, a efecto de abordar la problemática o preocupaciones que enfrentan en relación a la protección de sus derechos.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, se solicita atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2013.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

VALES DE DESPENSA COMO MEDIO DE PAGO AUTORIZADO EN LOS MERCADOS PUBLICOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-2-778, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 100. 2013. DGVP. 860, suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a impulsar medidas para que los vales de despensa sean un medio de pago aceptado en los mercados públicos de las delegaciones y los municipios de la República Mexicana.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 26 de noviembre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En seguimiento de su atento oficio número SEL/ UEL/ 311/ 1757/ 13, con fecha 3 de octubre de 2013 me permito enviar respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión relativo al siguiente resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a impulsar por conducto de la Secretaría de Economía y en el ámbito de sus facultades medidas para que los vales de despensa sean un medio de pago aceptado en los mercados públicos de las diversas delegaciones y municipios de la República Mexicana, y para que la Secretaría coadyuve al establecimiento de los convenios respectivos con las empresas que expiden dichos vales, para que los locatarios puedan canjearlos por efectivo de manera ágil.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que entre las atribuciones que en el Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, no se cuenta con la facultad para impulsar que los vales de despensa sean un medio de pago aceptado en los mercados públicos, máxime que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos corresponden a los estados y los municipios las funciones y los servicios públicos en materia de mercados y centrales de abasto.

Se sugiere que el tema en comento sea trasladado a los gobiernos estatales y municipales de la república, incluidas la administración pública del Distrito Federal y sus delegaciones.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, se solicita atentamente que haga del conocimiento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la información contenida en el presente, en la forma que se estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2013.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de octubre de 2013, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; animales vivos; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agropecuarios; productos farmacéuticos y material de curación; productos químicos, entre otros.

El total de bienes destinados en el mes de octubre de 2013 fue de 76 mil 665 bienes; los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como: pieza, kilogramo, cabeza y litro, se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de noviembre de 2013.— Licenciado Julio César Sánchez Gamiño (rúbrica), administrador central del Destino de Bienes.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, el siguiente punto del orden del día es la declaratoria de reforma constitucional en materia de candidaturas independientes. Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las Legislaturas de los estados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Señor presidente, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las Legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas.

En consecuencia del cómputo realizado esta Secretaría da fe de la recepción de 17 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso e) y adiciona el inciso o) a la fracción IV del artículo 116, y se reforma el artículo 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes.

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a todos los presentes ponerse de pie. Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria:

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa la aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados, declara reformado el inciso e) y adicionado el inciso o) a la fracción IV del artículo 116; y reformado el artículo 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.Muchas gracias.

Para referirse a este tema ha solicitado, y se le concede, el uso de la voz al diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Compañeras y compañeros legisladores, esta reforma de la cual se ha hecho la declaratoria de validez constitucional, una vez que el Constituyente Permanente por mayoría de las Legislaturas de los estados ha aprobado esta reforma, nos parece que no es una reforma menor el que se instituyan las candidaturas independientes en los estados del país y en el Distrito Federal. Sin duda alguna es un tema que viene a fortalecer el sistema electoral y el modelo democrático nacional.

Creemos que un sistema de partidos transparente, democrático, vigoroso no se contrapone con permitir el derecho directo a los ciudadanos de poder participar a los diferentes cargos de elección popular, desde la Presidencia de la República hasta las presidencias municipales, pasando —desde luego— por los cargos legislativos. Por eso, celebramos que se haya aprobado. Esta Cámara de Diputados desde septiembre había ya dado esta reforma. Sin embargo, el proceso de los estados tardó un poco más que otras reformas.

Quiero comentar también que ojalá podamos ya de una vez dejar la omisión en que ha incurrido esta Cámara con relación al decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de agosto de 2012, en el que el Congreso de la Unión debía aprobar la legislación secundaria, relativa a las candidaturas independientes a nivel federal, el tema de la iniciativa popular legislativa y el tema de las consultas populares. Nos parece que nada hay que justifique esta omisión. Debía haberse aprobado, según el transitorio de este decreto, desde agosto de este año. Y sin embargo, estamos ya por concluir el periodo legislativo y no vemos voluntad política para hacer esta reforma.

También queremos señalar que un sistema democrático integral tiene que pasar por una auténtica reforma política electoral. Por eso nosotros creemos que se debe avanzar, definitivamente, en la creación del Instituto Nacional Electoral. Pero un Instituto Nacional Electoral genuino, que tenga que ver con las elecciones locales y federales, y no un Instituto Electoral mocho, un Instituto Nacional Electoral que sea un híbrido donde se mantienen los órganos electorales locales, que están copados por los gobernadores, y por otro lado se crea la figura del Instituto Nacional Electoral.

Según ha trascendido, hay una negociación...

Presidente, le pido que pueda llamar al orden.

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a todos los presentes guardar silencio para poder escuchar al orador.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Comentábamos que un verdadero Instituto Nacional Electoral y no lo que se está cocinando en la colegisladora, que mantendría vivos a los institutos locales, producto de una negociación entre los partidos del Pacto por México. Esto sería una verdadera simulación, sería una reforma trunca, que no soluciona el problema de fondo de la democratización en las entidades federativas.

Por eso insistimos en la creación del Instituto Nacional Electoral, que es una propuesta que surge primero de Movimiento Ciudadano, porque estamos convenidos que los institutos locales están al servicio de los Ejecutivos, de los gobernadores, sea del color que sea. Por eso insistimos.

Qué bueno que se está dando este paso constitucional con las candidaturas independientes a nivel local. Pero para que construyamos una verdadera reforma política de fondo, una reforma de Estado, necesitamos otras instituciones, necesitamos verdaderos institutos, un verdadero tribunal. Y para ello el paso del Instituto Nacional Electoral no se puede dejar de lado o dejarlo trunco por negociaciones cupulares, negociaciones que también tienen el propósito de hacer un trueque entre la reforma política y la reforma energética.

Y precisamente —y con esto concluyo, presidente— nosotros creemos que el artículo 35 constitucional, donde se prevé la consultas populares en temas trascendentes, es un tema que no requiere una legislación secundaria, se puede aplicar directamente, porque se habla de porcentaje, se habla de temas, se habla de la autoridad que la lleva a cabo, y nosotros creemos que un buen tema para inaugurar esta figura a nivel nacional es consultarle a los mexicanos sobre la reforma energética, tema en el que coincidimos con otras fuerzas políticas. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. También ha solicitado, y se le concede, el uso de la voz al diputado Fernando Belaunzarán para referirse a este tema.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente. Ayer nos congratulamos con un éxito de esta Legislatura, que es el IFAI autónomo e inatacable. Hoy nos debemos congratular por el logro de la anterior legislatura y es también correcto que institucionalmente lo hagamos.

Hicieron la reforma política ya, como se llamó en las redes sociales, que incluía por supuesto candidaturas independientes y, efectivamente, a nosotros nos toca culminar esa tarea haciendo las leyes secundarias, que tienen que salir en este periodo. De hecho, ya estamos en falta, lo sabemos, desde agosto tenían que estar estas leyes secundarias.

Pero bueno, si sacamos una buena ley secundaria sobre candidaturas independientes habrá valido la pena el tiempo extra que nos tomamos. Y eso es lo que está prácticamente a la orden del día.

Me congratulo por la declaratoria constitucional de las reformas al artículo 35 y me congratulo también de que estemos pensando que este periodo de sesiones; es decir, en las próximas semanas —y además surgida de la Cámara de Diputados— tendremos una legislación secundaria en materia de candidaturas independientes.

Quiero decir que el sentido no es ampliar la brecha que hay entre partidos políticos y ciudadanos. De hecho, todas las candidaturas —como bien se ha dicho— son ciudadanas, todos somos ciudadanos. Pero tenemos que cuidar que este mensaje de apertura a candidaturas independientes no quiere decir que aceptamos el divorcio entre clase política, entre políticos y los que serían independientes. Tenemos que ver que los partidos políticos sean también instrumentos abiertos a todos los ciudadanos.

Para eso es fundamental algo que está vinculado con la reforma política, que es la Ley de Partidos: garantizar que los ciudadanos puedan ver a los partidos políticos como instrumentos de sí mismos. De tal manera de que también puedan caminar en los partidos con los cuales se identifiquen ideológicamente para esto y, por supuesto, sin que eso cierre la posibilidad de que puedan también aspirar a candidaturas independientes.

Es clave decir que queremos, no solo que haya candidatos independientes, sino también que haya diputados independientes, senadores independientes, presidentes municipales independientes, gobernadores independientes, etcétera.

¿Y por qué no? Quizás en alguna coyuntura un presidente independiente, si así se da, no importa, lo fundamental es que no solo cumplamos el requisito de que aparezcan en una boleta, sino que tengan las condiciones para participar.

Por eso es clave que no se fragmente esto en un ene número de candidaturas independientes, sino que haya requisitos para que estas candidaturas sean competitivas y tengan acceso a recursos públicos y también a medios de comunicación para que no sean simplemente un asunto de cumplir el requisito de decir: ya tenemos, porque ya apareciste en la boleta, aunque no tengas ninguna posibilidad de competir.

Son leyes que democratizan al país —como la de ayer del IFAI— hoy que tengamos candidaturas independientes. Pero unido a las candidaturas independientes hay otras, como la iniciativa ciudadana, la iniciativa preferente y, por supuesto, la consulta popular.

Es clave la consulta popular, porque la consulta popular puede ser la salida al anunciado choque de trenes por la reforma energética. La consulta popular da una salida democrática a lo que pudiera ser un conflicto de altas proporciones, que se va a hacer no solo en las Cámaras del Congreso, sino también se anuncia que pudiera llegar a las calles.

Si tenemos convicción democrática y aceptamos que la consulta popular efectivamente también se lleve a cabo y que nadie la busque escamotear y en 2015 pueda resolver un asunto que divide hoy a los mexicanos, que polariza a la sociedad mexicana y lo resolvemos en democracia; entonces habrá valido mucho la pena esta reforma constitucional. Nos evitaría muchos conflictos, si tenemos esa convicción de decir: ese instrumento se va a usar para un momento clave, crítico en nuestra historia.

Efectivamente, no voy a descalificar aquí que los que no estén de acuerdo conmigo son traidores a la patria o cosas así. En una sociedad plural pensamos distinto, tenemos concepciones distintas y son legítimas esas concepciones. Pero tenemos que encontrar un método democrático para procesar nuestras diferencias cuando son de ese nivel y me parece que el artículo 35, en candidaturas independientes, pero también en consulta popular, da salidas y soluciones.

La solución para evitar el choque de trenes es, en gran medida, que se acepte lo que dice el artículo 35 y, entre otras cosas, que vayamos a una consulta popular para definir en definitiva —si es que así se reitera— pretender cambiar la Constitución en los artículos 27 y 28. Que lo decida la sociedad. No por una concesión graciosa, no porque le den chance a alguien, sino porque es un derecho constitucional ya establecido, ya declarado que se debe de cumplir. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Fernando Rodríguez Doval, para hablar sobre el tema.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Sin duda los diputados del Partido Acción Nacional celebramos que ya se haya culminado con este proceso de reforma constitucional para permitir las candidaturas independientes también a nivel local.

Sabemos que desde el año 2011 se había hecho la reforma para que a nivel federal pudieran existir las candidaturas independientes y después, por una iniciativa de un diputado del PAN, que además hoy preside esta sesión, el diputado José González Morfín, pudo salir adelante esta reforma para las candidaturas independientes también a nivel local.

Consideramos que esta reforma va a traer consigo un conjunto de efectos muy benéficos para nuestro sistema político y también para nuestro sistema de partidos, porque en primer lugar va a empoderar a los ciudadanos, va a hacer que los ciudadanos tengan más alternativas de organización, tengan más alternativas de elección. Pero además también nos va a obligar a los partidos políticos a que seamos más competitivos, a que postulemos a los mejores candidatos, a que eliminemos aquellas prácticas perniciosas en nuestro interior.

Por lo tanto, es una reforma positiva y es una reforma que celebramos. Pero es una reforma que deberá ir acompañada de otras muchas reformas que están incluidas en la propuesta de cambios y de transformaciones político-electorales que se han estado haciendo por los diferentes partidos y que en estos momentos se está discutiendo en el Senado de la República.

Nosotros, los diputados del PAN, hemos insistido en muchas ocasiones que para que podamos tener una economía desarrollada, para que podamos tener una economía en crecimiento, una economía que genere empleos, riqueza y prosperidad, es necesario, es indispensable tener instituciones políticas ciudadanas. Tener instituciones políticas que empoderen al ciudadano, que mejoren la calidad de nuestra democracia y que permitan, por lo tanto, que se halle un desarrollo integral, tanto en la parte económica como en la parte política.

No podemos tener una economía aparentemente desarrollada, si no tenemos instituciones políticas también desarrolladas.

La historia económica del mundo nos muestra precisamente que aquellos países que han desarrollado una prosperidad económica son los que tienen una ciudadanía más activa, son los que tienen las mejores instituciones políticas. Por eso, Acción Nacional siempre insistirá en que es necesario modernizar, democratizar, aumentar la calidad de nuestras instituciones.

Eso se está discutiendo en el Senado de la República. Se habrá de discutir también en este mismo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados e invitamos, por supuesto, a todos los compañeros para que nos podamos sumar a esta reflexión y que como producto de ella podamos tener la mejor democracia y las mejores instituciones. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., fracción VI, y 3o., segundo párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., fracción VI, y 3o., segundo párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71 fracción II, 72 Apartado E y 73 fracción XXI, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 39 numerales 1, 2 fracción XXXII, y 3 y artículo 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157 fracción I, 158, 167, 176 fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, en sentido positivo, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. El 20 de noviembre de 2012, el senador Arturo Zamora Jiménez, en nombre propio y de los senadores Miguel Ángel Chico Herrera, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Arely Gómez González, Miguel Romo Medina y María Lucero Saldaña Pérez, todos ellos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo, del artículo 3, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

2. Los iniciantes adujeron como argumentación para sustentar su propuesta, lo siguiente:

“En la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre del 2010, el legislador adicionó al catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, algunas conductas definidas como delito en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; sin embargo la competencia del Ministerio Público de la Federación para conocer e investigar este tipo de delitos, tal y como se refiere en ambas leyes, es jurídicamente dudosa y fácilmente controvertible, ya que dicha competencia no se encuentra específicamente prevista en el artículo 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; es por ello que, aunque la trata de personas se incluye en la ley como conductas susceptibles de ser cometidas por la delincuencia organizada, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a través de la Coordinación General para la Investigación y Persecución de los delitos en materia de Trata de Personas, no cuenta con claras atribuciones legales que le permitan investigar con toda libertad y sin restricciones este tipo de delitos, para luego y proceder contra los autores ante los tribunales de la Federación sin riesgo de que sus actuaciones sean reputadas como nulas”.

Y la iniciativa concluye proponiendo el siguiente proyecto de decreto:

Artículo 3º...

Los delitos señalados en las fracciones V, VIy VII de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

3. En la misma fecha se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, Contra la Trata de Personas y la de Estudios Legislativos, las que emitieron su dictamen el 7 de febrero de 2013, en los siguientes términos:

En el Apartado III. Análisis del Contenido y Valoración Jurídica de la Propuesta, en su inciso d), el dictamen expresa:

“Por las razones antes descritas, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman que la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen es legalmente viable y necesaria, pues con ello se resolverá la laguna que se ha descrito y que provoca una remisión cíclica y redundante de competencia entre la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que genera un vacío en las facultades de las autoridades federales de procuración y administración de justicia. No obstante, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que aún resultan necesarios diversos esfuerzos institucionales, así como reformas integrales para efectivamente eliminar el fenómeno de trata de personas, como lo es la publicación del Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”.

“Finalmente y, dado que estas Comisiones Unidas Dictaminadoras no pasan por alto que la referencia contenida en la fracción VI, del artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es incorrecta, también consideran necesario plantear la modificación al proyecto de Decreto contenido en la iniciativa que se dictamina, para corregir la deficiencia lingüística del aludido texto, la cual está íntimamente ligada a la materia del presente Dictamen. Por ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas proponemos adicionar la iniciativa original para quedar como sigue”:

Artículo 2...

I a V...

VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.

VII...

Artículo 3º...

Los delitos señalados en las fracciones V, VI y VII de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

Actualizando así el nombre de la Ley de Trata a que se refiere el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y modificando el párrafo segundo del artículo 3, para incluir la fracción VI del artículo 2.

4. El jueves veintiuno de febrero de dos mil trece, se discutió y aprobó con el voto de noventa y siete senadoras y senadores, que representó la unanimidad de los presentes, pues no hubo votos en contra ni abstenciones. Así, la Mesa Directiva de la Colegisladora remitió la Minuta con Proyecto de Decreto a esta Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. El veintiséis de febrero de dos mil trece, la Minuta con Proyecto de Decreto fue presentada en la Cámara de Diputados y turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia, habiéndose publicado en la misma fecha, en la Gaceta parlamentaria.

Contenido:

La Minuta con Proyecto de Decreto propone solucionar la problemática que existe sobre la competencia del Ministerio Público de la Federación para conocer e investigar algunas conductas tipificadas como delito en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 14 de junio de 2012, cuando estas conductas típicas también están consideradas en el catálogo establecido en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La reforma a la fracción VI del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se pretende porque la denominación que utiliza de la Ley relativa a la trata de personas es inexacto ya que en el texto vigente se intitula dicha ley como Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de ese delito.

Sin embargo la denominación correcta de la Ley que se invoca en la fracción VI del artículo 2 ya invocado es Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de ese delito.

Lo anterior resolvería la confusión sobre la competencia del Ministerio Público de la Federación para conocer e investigar algunas conductas tipificadas como delito para sancionar como miembros de la delincuencia organizada los delitos en materia de trata de personas.

Además reforma el segundo párrafo del artículo 3, para incluir la fracción VI, a efecto de otorgar a la Federación la competencia para conocer de los delitos en materia de trata de personas cuando el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción.

Propuesta de adiciones a la minuta.

Esta comisión dictaminadora considera adecuadas y procedentes las reformas aprobadas por la Cámara del Senado, las cuales consistieron en actualizar la denominación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de ese Delito, modificación que se propuso en el artículo 2 fracción VI; y la reforma del artículo 3, que consistió en adicionar la fracción VI al segundo párrafo de dicho artículo 3, para determinar expresamente el fuero y competencia a favor de la Representación social federal y la aplicabilidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sólo para el caso de que el Ministerio Público de la Federación ejercite la facultad de atracción, ambos preceptos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Sin embargo de lo anterior, esta Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, advierte que el vigente artículo 2 fracción VI, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, adolece de una grave inconsistencia técnico jurídica, consistente en que actualmente el contenido de dicha fracción VI, se encuentra redactada con un texto que vulnera el Principio de Exacta Aplicación de la Ley Penal, el cual se encuentra previsto y tutelado como un derecho humano, en el Artículo 14 Párrafo Tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en la parte inicial del Apartado E, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que: “ Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados”, por lo que se propone a esta Honorable Asamblea, reformar el artículo 2 fracción VI, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que se plantea en la minuta, a efecto de que se precisen y enuncien los artículos específicos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de ese Delito, eliminando la expresión: “previstos y sancionados en el Título Segundo”, que por su falta de claridad, imprecisión e inexactitud, vulnera el Principio de Exacta Aplicación de la Ley, en materia Penal.

En la Ley vigente, la fracción VI del artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, dispone lo siguiente:

VI.Delitos en materia de trata de personas , previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.

En ese sentido, la referida fracción VI, omite expresar cuales artículos del Ordenamiento Legal son sujetos del tipo penal; además de ser omisa en precisar cuál de los dos Títulos Segundos del Ordenamiento Legal resulta aplicable; y finalmente se observa que el nombre de la Ley resulta obsoleto y en consecuencia no aplicable, pues la Ley vigente respecto a la trata de personas, se denomina Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de ese Delito, situación esta última que ya resuelve la Minuta del Senado, que se dictamina.

Consideraciones acerca de la reforma propuesta por esta Comisión de Justicia, para eliminar la falta de claridad, imprecisión e inexactitud, del texto de la fracción VI del artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

En los términos en que se encuentra redactado actualmente el artículo 2°, fracción VI de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se crea incertidumbre jurídica en afectación del derecho humano de exacta aplicación de la ley penal, previsto expresamente en el párrafo tercero, del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

“ Artículo 14.A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

De lo anterior se desprende, que la exacta aplicación de la ley penal es un Derecho Humano que tiene por objeto salvaguardar la seguridad jurídica de las personas y que, en nuestro orden jurídico nacional, tiene el alcance y contenido siguientes:

1. Este derecho humano debe ser respetado tanto por el juez (órgano jurisdiccional) que esté conociendo del asunto, así como por el legislador (órgano legislativo) que expida la ley penal de que se trate, toda vez que “el significado y alcance de dicha garantía constitucional -de la exacta aplicación de la ley penal-, no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa”;

2. El derecho humano incluye –dentro de su contenido material de protección- que la descripción del tipo penal de los delitos y las penas que les corresponden deban de estar previstos en una ley en sentido formal y material. Lo anterior toda vez que “el derecho fundamental a la exacta aplicación de la ley penal tiene su origen en los principios nullum crimen sine lege (no existe un delito sin una ley que lo establezca) y nulla poena sine lege (no existe una pena sin una ley que la establezca), al tenor de los cuales sólo pueden castigarse penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas, a quienes no puede considerárseles responsables penalmente sin que se haya probado que infringieron una ley penal vigente, en la que se encuentre debidamente descrito el hecho delictivo y se prevea la sanción aplicable”;

3. Respecto del legislador, el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, le obliga a que la norma legal penal debe estar redactada de forma clara, precisa y exacta. De esta manera, el legislador en las leyes penales que expida debe consignar o usar expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o inclusive demérito en la defensa del procesado, violentando, en su caso, el debido proceso y los derechos que en su beneficio establece el artículo 20 Apartado B, de la Constitución General de la República, con lo que el espíritu garantista de nuestro nuevo orden jurídico se vería cuestionado.

4. El objetivo último que buscan las exigencias apuntadas y contenidas en el Derecho Fundamental de exacta aplicación de la ley penal es: a) evitar confusiones en la aplicación de la ley que se traducen en demerito en las defensas del procesado; b) evitar incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma penal, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito; c) evitar resoluciones arbitrarias, subjetivas e injustas en los juicios penales. En este sentido, y por razones de justicia resulta que “ la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República”

Lo anterior, sin perjuicio de considerar los fines teleológicos a que se refiere el Apartado A del referido Artículo 20 de la Carta Magna, que establece:

El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

En consecuencia, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resultaría violatoria del derecho humano previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el artículo 2°, fracción VI de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada –reformado mediante decreto publicado el 14 de julio del año 2012 en el Diario Oficial de la Federación-, establece lo siguiente:

Artículo 2o.Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

I.Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter yterrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero;falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos;operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

II.Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III.Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración;

IV.Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud;

V.Corrupción de personas menoresde dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal;

VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionadosen el Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.

VII.Las conductas previstasen los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La fracción VI, del artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada antes transcrito, vulnera el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal por las razones siguientes:

De la lectura del artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se desprende que salvo la fracción VI, todas las demás fracciones de dicho artículo, hacen alusión precisa y concreta del o los delitos que pueden cometerse mediante el delito específico y autónomo de delincuencia organizada. Así, se señala de manera expresa el o los artículos en que está previsto y el ordenamiento de que se trata. Por ejemplo, la fracción III establece “Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración”.

En el caso concreto de la fracción VI, del artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no ocurre lo mismo que en las demás fracciones.

Por otra parte, dicha fracción VI señala que los delitos sean “en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.” Esta redacción es confusa, imprecisa e inexacta, ya que del análisis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, nos percatamos que dicho ordenamiento se divide en libros y cada libro se divide en títulos y cada título se divide capítulos.

Es el caso que dicho ordenamiento tiene 2 (dos) títulos segundos, uno correspondiente al Libro Primero que se refiere a “De lo Sustantivo” y, el otro, contenido en el Libro Segundo que se refiere a “De la Política de Estado”. Además, cada uno de los títulos segundos se divide, a su vez, en diversos capítulos. Así, el Título Segundo del Libro Primero tiene IV Capítulos (aunque en realidad tiene 5, ya que el Capítulo II se repite en dos ocasiones) y el Título Segundo del Libro Segundo tiene cuatro Capítulos.

Es importante señalar en este sentido, que la redacción anterior [Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007], de la mencionada fracción VI del artículo 2, de la citada Ley, establecía:

“VI. Trata de Personas, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.”

Como puede verse, dicha redacción sí cumplía con los requisitos exigidos por el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de lo anterior, la fracción VI del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no atiende el Principio de Exacta Aplicación de la Ley Penal en virtud de que refiere una ley inexistente, pues la denominación o nomenclatura que establece es incorrecta por obsoleta, deficiencia corregida ya por la Minuta que se dictamina.

Lo anterior pone en evidencia que el artículo 2°, fracción VI de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, reformado por el Artículo Segundo del Decreto publicado el 14 de junio de 2012, es confuso, impreciso e inexacto y, por lo tanto afecta el derecho humano de exacta aplicación de la ley penal, contenido en tercer párrafo del artículo 14, de la Constitución Federal de la República.

Conclusiones

Por las razones expuestas, esta Comisión de Justicia encuentra legalmente viable, necesaria y adecuada la reforma que se propone en la Minuta y la reforma que se advirtió al analizar dicha minuta y que consideramos necesaria para corregir la técnica legislativa con que está redactada la fracción VI, del Artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el sentido de especificar con claridad y precisión los artículos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que prevén conductas típicas que deben ser sancionadas en los términos de dicha Ley.

Esto es, establecer en el texto de la fracción VI, del Artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la misma técnica de la fracción VII del referido artículo, con la referencia precisa y exacta de los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 35, que se encuentran comprendidos en el Título Segundo, del Libro Primero, de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y suprimiendo la previsión del texto vigente en relación a la exclusión de los artículos 32, 33 y 34, toda vez que por consecuencia lógica y jurídica estos quedan excluidos al citarse los delitos en los términos antes expuestos.

Ahora bien, a manera de ilustración, se refieren las conductas típicas de los delitos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que a continuación de señalan:

1. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, previsto en el artículo 10;

2. a quien tenga o mantenga a otra persona en una situación de esclavitud, previsto en el artículo 11;

3. a quien tenga o mantenga a una persona en condición de siervo, previsto en el artículo 12;

4. al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante, previsto en el artículo 13;

5. al que someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos, o produzca o se beneficie de la producción de material pornográfico, o engañe o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos, previsto en el artículo 14;

6. al que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, previsto en el artículo 15;

7. al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video grabarlas, audio grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie económicamente de la explotación de la persona; a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta, por cualquier medio, el material a que se refieren las conductas anteriores, previstos en el artículo 16;

8. al que almacene, adquiera o arriende para sí o para un tercero, el material a que se refiere el artículo anterior, sin fines de comercialización o distribución, previsto en el artículo 17;

9. al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, y se beneficie económicamente de ello, previsto en el artículo 18;

10. el que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y la induzca a realizarlos, bajo engaño, previsto en el artículo 19;

11. el que, obteniendo beneficio económico para sí o para un tercero, contrate aun sea lícitamente, a otra para la prestación de servicios sexuales en las circunstancias de las fracciones II al VI del artículo 19, previsto en el artículo 20;

12. a quien explote laboralmente a una o más personas, previsto en el artículo 21;

13. a quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados, previsto en el artículo 22;

14. a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad, previsto en el artículo 24;

15. a quien utilice a personas menores de dieciocho años en cualquiera de las actividades delictivas señaladas en el artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, previsto en el artículo 25;

16. al padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante adopción, a una persona menor de dieciocho años con el fin de abusar o explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de explotación a que se refiere el artículo 10 de la presente Ley, previsto en el artículo 26;

17. al que entregue en su carácter de padre o tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta o reciba a título oneroso, en su carácter de adoptante de forma ilegal, ilícita o irregular, a una persona menor de dieciocho años, previsto en el artículo 27;

18. al que obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella; obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares; ceda o trasmita a una persona a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de otra manera, previstos en el artículo 28;

19. al que realice explotación sexual aprovechándose de la relación matrimonial o concubinato, previsto en el artículo 29;

20. a quien realice la extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o a través de una transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los cuales se ha obtenido el debido consentimiento, en los términos de lo establecido por la Ley General de Salud, previsto en el artículo 30;

21. a quien aplique sobre una persona o un grupo de personas procedimientos, técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las disposiciones legales en la materia, previsto en el artículo 31;

22. al que, a sabiendas de su situación de trata, adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de una persona para cualquiera de los fines previstos en los delitos materia de la presente Ley, previsto en el artículo 35;

23. al que divulgue, sin motivo fundado, información reservada o confidencial relacionada con los delitos, procesos y personas objeto de esta Ley o relacionada con el Programa de Protección de Víctimas, Ofendidos y Testigos, previsto en el artículo 36.

Quedando exceptuados los previstos en los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.

Es por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por 70, 71 fracción II, 72 fracción E y 73 fracción XXI, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 39 numerales 1., 2. fracción XXXII, y 3., de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, artículos 80 numeral 1., 81 numeral 1., 82 numeral 1., 84, 85, 157 numeral 1., fracción I, 158 numeral 1., fracción IV y 167 numeral 4., del Reglamento de la Cámara de Diputados, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Decreto por el que se reforman los artículos 2o., fracción VI, y 3o., segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o., fracción VI, y 3o., segundo párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo2o....

I. a V...

VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35 y 36, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

VII...

Artículo 3o. ...

Los delitos señalados en las fracciones V, VI y VII de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Exacta aplicación de la ley penal. La garantía, contenida en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución federal, también obliga al legislador.[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Marzo de 2006; Pág. 84

2 Exacta aplicación de la ley penal. Este derecho fundamental, contenido en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvaguarda la seguridad jurídica de las personas.[TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 191

3 Exacta aplicación de la ley en materia penal, garantía de. Su contenido y alcance abarca también a la ley misma.[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo I, Mayo de 1995; Pág. 82Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de noviembre de dos mil trece.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura, Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, secretarios; José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Eloy Cantú Segovia, Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, Tomás Torres Mercado, Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino, Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Claudia Delgadillo González (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen, por la comisión, tiene la palabra el diputado Ricardo Pacheco Rodríguez.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros, esta mañana queremos poner a su consideración un dictamen de la Comisión de Justicia, que pretende modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y que la vincula con la Ley de Trata de Personas.

Esto deviene indudablemente de la reforma constitucional de años anteriores, que establece la más alta jerarquía constitucional a la manera en que ha de combatirse en nuestro país a la delincuencia organizada. Y de ahí deviene la expedición de las normas a las que me he referido.

Es un tema importante, trascendente y para ello permítanme ustedes darles algunos datos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son explotados sexualmente entre 16 mil y 20 mil niños y niñas en nuestro país y, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el entorno de violencia y el impacto social han presentado un preocupante incremento en el tema, aunado al entorno de violencia en el que la delincuencia organizada ha propiciado la trata de personas y, en particular, de niñas, niños y adolescentes.

En el ambiente de violencia, según el estudio de las Naciones Unidas sobre el tema, México presenta una de las mayores estadísticas de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, además de ser el segundo país con más víctimas en este sentido, solamente por debajo de Tailandia, como proveedores de los Estados Unidos de América.

La violencia —según estos documentos— es un elemento que se encuentra íntimamente arraigado en la idiosincrasia del mexicano. Es uno de los conceptos que habremos de erradicar y si no hemos hecho esta erradicación, es porque se encuentra socialmente en nuestras consideraciones y es una de las expresiones más preocupantes que se presenta en niñas, niños y adolescentes, como lo he señalado.

Aquellas personas que regularmente padecen actos reiterados de agresión física o sicológica caen en un estado de depresión, pérdida de autoestima o situaciones de vulnerabilidad, que las colocan en mayores posibilidades de convertirse en víctimas de abuso, maltrato, tratos crueles o degradantes, o sujetas a la trata de personas, en particular cuando se trata de una niña, niño o adolescente. El trabajo infantil, compañeras y compañeros —y por eso en otro espacio y en otra lucha que encabeza la OIT hemos insistido en que ha de erradicars— es una de las condiciones que más favorece la trata de personas y las adicciones, y hoy día esto afecta en mucho a los migrantes.

En conclusión, podemos afirmar que en un contexto generalizado la trata de personas se da en un clima social de violencia, abuso, maltrato y discriminación.

Por estas condiciones, compañeras y compañeros, es que este día presentamos a consideración un dictamen que pretende vincular ambas normas jurídicas para que se genere un espacio en el que no quepa la impunidad en este delito de trata de personas.

Como ustedes saben, en esta norma se catalogaron algunos delitos que deben ser tratados como delincuencia organizada. Pero en los puntos específicos de trata de personas hay algunas ambigüedades, que hay que reconocer que precisan perfectamente la minuta del Senado que teníamos a nuestra consideración y que ahora la ponemos a la de ustedes.

Se trata y lo digo de manera sencilla, tomando palabras de nuestro coordinador, el diputado Manlio Fabio Beltrones, que la Ley de Delincuencia Organizada y la de Trata de Personas se hablen, se vinculen y no se permita en este espacio ninguna impunidad que genere que la trata de personas no sea debidamente considerada como un tipo que debe atenerse a la reglamentación que tiene la delincuencia organizada, y por eso pedimos su voto a favor de este dictamen. Muchas gracias por su consideración.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputado.

Quiero saludar y destacar la presencia hoy aquí del señor Rogelio Sierra Díaz, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, al igual que el Excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador de la República de Cuba en México, que están hoy aquí después de una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores. Nos honran con su visita, agradecemos que nos acompañen y deseamos que su estancia sea verdaderamente placentera. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, se concede el uso de la voz al diputado Fernando Bribiesca Sahagún.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, antes que nada felicitar a la Comisión de Justicia por este dictamen. La trata de personas constituye una terrible práctica que afecta a millones de personas en todo el mundo, de todas las clases sociales y lo más preocupante es que sus principales víctimas son las mujeres y los niños.

El dictamen que discutimos en estos momentos representa un significativo avance en el combate contra este lesivo delito. De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Organización Internacional de Trabajo, en el 2012, 20.9 millones de personas fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, de las cuales, 55 por ciento son mujeres y niñas y 45 por ciento hombres y niños.

La diversificación y sofisticación de los métodos de coptación, el incremento en la demanda de los distintos tipos de explotación y el desconocimiento de la problemática crean las condiciones propicias para que cualquier persona pueda ser víctima de este delito.

En la trata de personas concurren diversas violaciones a los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, atentando contra el principio internacional y constitucional del interés superior de la niñez.

El dictamen contiene una reforma de la mayor trascendencia en la lucha contra la trata de personas, pues actualiza el marco normativo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Las personas que cometan esta conducta delictiva de forma permanente y reiterada serán consideradas como delincuentes organizados ante las autoridades judiciales federales.

Se armoniza en este texto normativo con la entrada en vigor de hace un año y medio de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, atendiendo al principio del derecho penal de la aplicación estricta de la ley.

En Nueva Alianza nos sumamos a la aprobación de este dictamen dando nuestro voto a favor, pues abona en la lucha contra los delincuentes que cometen este delito, estableciendo un marco legal apegado a derecho, con el fin de cerrarle la posibilidad de argumentar lagunas legales en su proceso judicial para quedar en libertad y seguir lastimando a la sociedad.

Resulta indispensable dotar a la ciudadanía de todos los instrumentos legales que sean necesarios a fin de proteger los derechos de las víctimas. Es por ello que nuestra fracción parlamentaria seguirá  sumándose a todas las medidas legislativas que hagan efectivo el principio de progresividad de los derechos humanos, estando siempre atentos a las necesidades que nos demanda la ciudadanía y que hagan de México un mejor país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforma el artículo 2o., fracción VI, y el artículo 3o., segundo párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El propósito de este dictamen es hacer las adecuaciones que resultan pertinentes al artículo 2o., fracción VI, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, habida cuenta de que en materia penal rige una serie de principios jurídicos entre los que destaca la exacta aplicación de la ley.

La fracción VI establece delitos en materia de trata de personas previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para combatir y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas.

La adecuación de la denominación de la ley es pertinente, ya que el Congreso de la Unión aprobó la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, en vigor desde el 15 de junio de ese año.

Como se puede apreciar, en la reforma propuesta hay una precisión en cuanto a la ley de que se trata y la actualización de las conductas que se establecen en los artículos citados en la fracción VI de la ley general antes referida.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la pasada legislatura fue un firme impulsor de esta nueva Ley, porque se consideraba y consideramos ahora los integrantes de esta Legislatura, que la trata de personas es la moderna forma de esclavitud que atenta contra la dignidad de las personas y que debe ser erradicada y perseguir judicialmente a las organizaciones delictivas que la practican.

También coincidimos con la propuesta de las reformas al artículo 3o., párrafo segundo, en el que se incluyen las conductas previstas en la fracción VI del artículo 2o., cuando sean cometidos por un miembro de la delincuencia organizada y en el que el Ministerio Público de la Federación ejerza su facultad de atracción.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos reiterado en la necesidad de que el delito de trata de personas por ser cometido por la delincuencia organizada tiene que ser delito de competencia federal, con independencia del lugar donde éste se realice, en razón de los instrumentos internacionales, tratados de cooperación judicial para combatir este crimen de lesa humanidad.

Resulta muy común que a una persona que se le sustraiga de su domicilio, municipio, estado de origen y se le explote sexualmente en otra entidad federativa, con lo que se espera a que el Ministerio Público ejerza la facultad de atracción, es difícil que pueda ser detenida y combatida eficazmente la trata de personas.

Esperamos que la autoridad persecutora de los delitos, con estos nuevos instrumentos jurídicos que votamos, fortalezca aún más la capacidad de responder oportunamente.

Por todas las consideraciones antes mencionadas votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. La trata de persona es considerada una forma contemporánea de esclavitud —ya lo decíamos el día de ayer— y por lo tanto es uno de los crímenes más graves en contra de los derechos humanos de las personas.

Con frecuencia esta conducta vulnera la dignidad de sus víctimas, afecta a familias y comunidades enteras, lesiona la cohesión social y, sobre todo, fractura la condición de la humanidad de quienes sufren este crimen.

Sin lugar a dudas, México no es la excepción. Por el contrario, es un foco rojo a nivel internacional, parte de ello se debe a su posición geográfica, que lo convierte en un país de tránsito de víctimas de trata de personas y al mismo tiempo un distribuidor en potencia de niñas, niños y adolescentes y, por supuesto, de mujeres, a otros países para ser sujetos de la trata, con fines de explotación sexual, laboral o para el tráfico de órganos, tejidos y sus componentes.

Entre los factores que revisten la comisión de delitos en materia de trata de personas en nuestro país se encuentra la pobreza, la desigualdad, la migración indocumentada, la violencia estructural y de género, la desintegración familiar, la degradación de valores, la ignorancia y la tolerancia social, lo cual han contribuido a la enorme complejidad en su atención e investigación.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han identificado a 21 entidades federativas con actividad de trata de personas para la explotación sexual, donde además de mexicanas existen mujeres de Europa, Centroamérica, África y Asia. Asimismo advirtió que tiene casos detectados de mexicanas que sufren este tipo de explotación en Norteamérica, Europa y Asia. Lo que demuestra el carácter trasnacional de las redes dedicadas a este tipo de explotación, actualmente calificado como la tercera práctica más redituable después del tráfico de drogas y armas, al generar ganancias anuales de 32 mil millones de dólares.

De acuerdo al Inegi, en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2012 se registraron 1,641 casos de averiguaciones iniciadas por el delito de corrupción de niñas, niños y adolescentes, cifras no tan alentadoras, si consideramos la magnitud del problema.

A partir de la incorporación de un marco normativo en materia de trata de personas, las entidades federativas comenzaron sus procesos legislativos internos. Algunas lo hicieron a través de la expedición de leyes especiales y otras considerando el tipo penal en sus respectivos códigos. Algunos retomaron la tipificación de la legislación federal, en otros casos incluyeron o restaron verbos rectores, lo que generó dificultades en su persecución.

Pero como ya se dijo, la citada ley federal significó un avance importante, no obstante, como sucede en la mayoría de los casos, quedó con vacíos jurídicos importantes, no solo para los fines de persecución, sino principalmente para la atención a las víctimas de estos delitos, por lo que se buscó resarcir mediante la expedición de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas de Estos delitos.

Consideramos que la modificación propuesta en el dictamen de la Comisión de Justicia es adecuada, pues de forma expresa se especifica con claridad y precisión que los delitos contenidos en el Título Segundo de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos son considerados como delincuencia organizada. Y, por tanto, correspondería a la Procuraduría General de la República la investigación y persecución de estos delitos.

Celebramos las correcciones que en técnica legislativa se están discutiendo el día de hoy. Celebramos que las leyes se armonicen en el tema de delincuencia organizada y delitos de trata.

Con la aprobación de este dictamen estaríamos cumplimentando nuestra obligación como legisladores de emitir normas claras que precisen la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

Quiero saludar, agradecer y dar la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a la excelentísima señora embajadora Patricia Vaca Narvaja, embajadora de Argentina en México, que hoy nos acompaña, en virtud de que se instaló el Grupo de Amistad México-Argentina, que encabeza el diputado Marco Bernal. Bienvenida, embajadora, nos da mucho gusto tenerla aquí.

Tiene la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Con su venia, diputado presidente. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México queremos empezar, desde luego, por felicitar la diligencia y la dirección, en este caso, de la Comisión de Justicia, por parte del diputado Ricardo Fidel Pacheco, quien ha elaborado este dictamen que es no solamente adecuado por cuanto a los tiempos y a la prontitud con la que se ha procesado la minuta del Senado, sino además está correctamente fundado.

¿A qué me refiero con que esté correctamente fundado? A que está atendiendo realmente al problema que se trata de resolver a través de esta iniciativa, ¿cuál es éste? Desde luego que podemos referirnos a la trata de personas, que condenamos junto con todos ustedes.

Pero déjenme decirles esto. A veces leo con inquietud algunas de las iniciativas que se presentan y me nace la inquietud sobre qué tan conscientes somos de la responsabilidad que estamos desempeñando y los límites que tenemos nosotros, como legisladores, ¿por qué? Porque nuestra facultad no es omnímoda. No podemos nosotros estar legislando en aquello que se nos ocurre y de la manera que nosotros pensemos.

La verdad es que estamos limitados por distintas directrices que prevé la Constitución, directrices de las que depende no solamente el correcto funcionamiento de nuestro orden gubernamental, sino también la observancia de los derechos y de las libertades personales de todos los mexicanos. Y es éste el segundo punto, precisamente, aquel al que se refiere la iniciativa y que se trata de abordar.

La Comisión de Justicia elaboró un dictamen con relación a un tema que no es de carácter estrictamente formal. Estamos hablando de la funcionalidad de un sistema jurídico que trata de atacar con efectividad a un delito que mina aquello que tenemos que preservar más, que es la salud, la integridad y el desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas, y el cuidado de las mujeres de México y el mundo.

Hablamos de la trata de personas. Sí, un delito que no es sino sinónimo de la disminución más baja y más vil de la que puede ser sujeta una persona. Se trata no solamente de un delito que priva de su libertad a un individuo, sino que además afecta y mina su dignidad de la manera más animal que pueda pensarse, al someterlo a una especie de esclavitud, con propósitos sexuales, con propósitos económicos, o en el peor de los casos con el propósito de poder hacerse de un órgano vital.

Según lo ha reflejado la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nuestro país, de las 32 entidades federativas 21 están afectadas por la comisión de este delito de trata de personas. De ahí que efectivamente se trate de un número mayoritario de entidades federativas en las que tenemos que dotar a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y del castigo de este delito de instrumentos para actuar con prontitud y con toda honestidad.

Déjenme compartir con ustedes la estadística que refleja la magnitud del problema. No se trata de un número que ilustre a las víctimas del delito ni a los delincuentes. Entre 2007 y 2012, de 297 detenidos por la comisión de este delito, solamente 35 fueron condenados, 35 personas que significan un poco más del 10 por ciento. Eso quiere decir: o que la acusación no estuvo bien fincada, o de lo contrario, que en ejercicio de la defensa a los derechos humanos, aquellos que fueron procesados invocaron la tutela que les otorga el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución, a ser juzgados siempre por una norma de carácter penal que resulte exactamente aplicable al delito del que se trata.

Por virtud de cualquier imperfección de la norma que se está tratando de aplicar en la persecución del delito de trata de personas, lo que estamos nosotros provocando es impunidad, ¿por qué? Porque aquella persona que se le procesa por este delito va a tener, al final del camino procesal, del camino judicial, la posibilidad de ser exenta del castigo por la comisión de un delito, que pudiera sí efectivamente reprochársele.

Esta situación arroja por consiguiente a cargo nuestro la obligación de ser muy cuidadosos, en primer lugar para dotar, a través de normas correctamente redactadas, a los órganos de procuración de justicia de instrumentos que le permitan perseguir con eficacia el delito. Pero, al mismo tiempo, ser cuidadosos de no vulnerar derechos humanos que por virtud de un carácter preeminente de nuestra Constitución permitan la defensa de aquella persona que deba ser castigada.

Esta respuesta que tenemos que dar obedece a compromisos del país en materia internacional, porque la trata de personas es un delito que afecta al orbe entero. Ya lo dijeron aquí, quienes son sujetos de la trata de personas vienen de Europa del Este, vienen del África, vienen de Asia o vienen de Centroamérica y de México, en lo particular por nuestra vecindad con los Estados Unidos de América. No podemos permitir que los niños sigan siendo sujetos del tráfico de órganos y tenemos que dar instrumentos que sean eficientes.

Por eso, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde vamos a votar a favor de la minuta, porque condenamos enérgicamente la trata de personas en todas sus vertientes. Vamos a votar a favor del dictamen, porque somos conscientes de que la mejor manera de combatir la delincuencia y la inseguridad es por medio de la correcta y escrupulosa aplicación de la Constitución y del derecho. Vamos a votar a favor del dictamen, porque entendemos también que el cumplimiento de nuestra responsabilidad parlamentaria solo se logra mediante la aprobación de normas jurídicas congruentes y bien estructuradas, apegadas al mandato de nuestra Carta Magna.

Y por último, vamos a votar a favor el dictamen, porque asumimos que el defecto más grave de la actividad gubernativa que hoy nos reprocha nuestra sociedad es la impunidad y a través de este dictamen estamos yendo en contra de la misma. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Alejandro Carbajal González:Con su venia, diputado presidente. Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sin duda este tema es uno de los pocos en los cuales coincidimos y además genera unanimidad. La trata de personas es un lastre que está arrastrando lamentablemente a todo el país y a al mundo entero.

De hecho, podemos observar informes de la Oficina de las Naciones Unidas, a través del cual se presenta que 12.3 millones de personas han sido objeto de la trata de personas. Podemos observar también que es uno de esos malos negocios que genera anualmente más de 32 mil millones de dólares y esto representa, después del tráfico de drogas y el tráfico de armas, la tercera fuente de ingresos ilegal a nivel mundial.

Esto obedece justamente a que podemos reflejar y observar que no hay legislación al respecto. Por fortuna nos congratulamos que en esta ocasión se haya legislado en esta materia y la minuta que baja del Senado podamos legislarla de manera inmediata, pronta y expedita.

Pero podríamos estar hablando de verdad de muchas encuestas, de muchos números, de muchas cifras. Pero quiero poner el dedo en la llaga. Es conocido, a través de varios medios de información, que en México tenemos un estado de la República, Tlaxcala específicamente, en donde sabemos que existe este tipo de prácticas, que incluso las vecinas, los vecinos, muchos niños, muchas niñas aspiran a convertirse en gente que lleve a cabo esta práctica.

La pregunta es para todas y todos nosotros, compañeras y compañeros diputados, ¿qué estamos haciendo al respecto? Una de las primeras pautas y el primer paso, es precisamente tener la legislación acorde. Que ya no tengamos lagunas o aquellas partes oscuras, en donde se pueda prestar para efectos de la defensa de quien incurra, de los sujetos activos, de este tipo de delitos.

Pero sabemos que hay estas prácticas, ¿qué estamos haciendo? ¿Solamente legislando, o lo único que estamos haciendo es pretendiendo creer que hacemos al momento de legislar?

Necesitamos hacer la denuncia pública para que las autoridades correspondientes, específicamente —ya con esta competencia que le trasladamos— la Procuraduría General de la República haga algo al respecto. Que ya no estemos en la ignominia o pretendamos creer estarlo. Porque sabemos que existe, que se están dando las prácticas.

En un medio de información surgió una historia de una persona conocida como El Caimán, que tiene un tráfico de personas que inicia desde Tlaxcala y llega hasta New York, en donde si no cumplen sus pretensiones —refiere el medio de información— es capaz de descuartizar a la gente, mutilarlas y lanzarlas precisamente a un caimán. De ahí deviene su apodo.

Esta denuncia la hacemos, porque ha trascendido en los medios, pero no ha llegado a ningún tipo de resultado. Es por ello, compañeras, compañeros diputados, que no basta con el hecho de legislar. Por supuesto que es nuestra principal responsabilidad, pero también nuestra obligación es que traigamos a esta máxima tribuna de la nación el que hagamos públicos este tipo de casos y lo retomemos para efectos de que podamos lograr un cambio en realidad.

No deja de ser un instrumento con muy buenas intenciones, pero la efectividad de esta normatividad se va a traducir precisamente cuando ya no existan o cuando logremos detener a este tipo de personajes.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por supuesto que nos vamos a sumar a este tipo de proyectos. Pero a su vez hacemos esta denuncia pública para que asuman la responsabilidad las autoridades competentes y se dé la persecución de este tipo de personajes, que tal parecería que es sacado de una novela muy trágica, que es sacado de una historieta. Pero no lo es. Es una realidad que está viviendo el México de hoy, el México del siglo XXI.

La trata de personas es la nueva forma de esclavitud, así es que, compañeras y compañeros diputados, ahí está el dedo en la llaga. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Solamente quedarnos con esa normatividad, o hacer público todo este tipo de casos? Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Quiero saludar y agradecer la presencia de un grupo de alumnos y maestros del Instituto de Estudios Superiores de la Sierra de Teziutlán, Puebla, que hoy nos acompañan en la sesión. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el diputado Marcelo Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño:Con la anuencia de la Presidencia. Compañeras diputadas y diputados, el posicionamiento que hoy se presenta deriva del proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., fracción VI, y 3o., segundo párrafo, ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El 30 de noviembre de 2010 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En dicha reforma se añadieron al catálogo existente algunas conductas señaladas como delitos, según la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas.

De la redacción de ambas leyes resulta que la competencia que se le otorga al Ministerio Público Federal en este tipo de delitos puede ser cuestionada, sobre todo de parte de la defensa de los imputados por delitos de delincuencia organizada.

Con la presente reforma se pretende que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a través de la Coordinación General para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas cuente con plenas facultades para la investigación y persecución de estos delitos, no dejando lugar a duda alguna sobre sus atribuciones y evitando así que la autoridad competente pueda declarar la nulidad de actuaciones de esta Subprocuraduría y, con ello, quede impune el acto delictivo.

Esta comisión considera que la exacta aplicación de la ley penal es un derecho humano que debe de tener por objeto salvaguardar la seguridad jurídica de las personas. Asimismo existe un derecho fundamental en favor de las personas, el cual nos obliga como legisladores a crear leyes de una manera clara, exacta y precisa, incluyendo todos sus elementos, características, términos, condiciones y plazos. Elementos que resultan necesarios para evitar confusiones en su debida aplicación.

En virtud de lo anterior, consideramos necesaria la reforma que hoy se plantea, ya que permitirá a la autoridad actuar en un marco de legalidad con facultades plenamente definidas y enmarcadas por la legislación en cuestión. Para el Partido Acción Nacional la dignidad de las personas es uno de los pilares fundamentales sin los cuales el Estado no tendría razón de ser.

Convencidos y respetuosos de nuestros principios, creemos que con esta reforma podremos tener una mejor armonización legislativa cumpliendo con nuestra encomienda como legisladores de respetar el derecho humano de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas. Congruentes con nuestras convicciones y principios, nuestra propuesta va encaminada siempre a la protección de la dignidad humana y los derechos humanos de las personas.

Reitero, en el Partido Acción Nacional hemos impulsado las reformas que requiere el país, como lo fue la histórica reforma de derechos humanos, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos y ampliamos el catálogo de delitos en materia de delincuencia organizada, que hoy estamos reformando.

Es por ello que apoyamos la reforma en comento, teniendo la plena convicción que ésta representará un beneficio para todos los mexicanos, evitando que los criminales puedan volver a las calles por vicios en sus procedimientos.

Por ello, compañeras y compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios, los conmino a que votemos a favor de este dictamen. Finalmente, solicito que la presente intervención conste íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, así se hará. La intervención se insertará íntegra en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza:Con su venia, diputado presidente. El día de ayer en esta Cámara de Diputados fustigábamos la violencia contra la mujer con discursos, con posicionamientos muy claros. Todos los grupos parlamentarios de ninguna manera podemos permitir la violencia hacia la mujer.

El día de hoy la Comisión de Justicia, conducida atinadamente por mi compañero de bancada, el diputado Ricardo Pacheco, nos presenta una minuta que lleva una acción específica de la lucha contra la violencia a la mujer.

Si fuese solo lectura en prosa de este documento, quizá se vería altamente técnico, pero quiero decirles que esta minuta es altamente sensible, porque la trata de personas es igual a explotación, es igual a abuso de suprasubordinación, una subordinación que entre seres humanos no es permisible. Son aquellos abusos que no podemos permitir.

Quién comete este delito de trata de personas: el que utiliza menores de 18 años para actividades delictivas, prostitución obligada o involuntaria, así como cualesquier otra forma de explotación sexual. Esa es la trata de personas, esa es la explotación.

¿Qué tenemos el día de hoy? Es triste la afirmación que en este momento voy a señalar. La trata de personas vía delincuencia organizada es impune en el país al día de hoy. Sí. No es exagerada esta afirmación. Dado un error de técnica legislativa, en la ley de delincuencia organizada no hay una correlación con la trata de personas y la trata de personas en la mayoría de las veces es producto de delincuencia organizada, se requieren que tres o más personas actúen en ese sentido.

Este Congreso, esta Cámara de Diputados no puede estar a favor en ningún momento de la impunidad. Los jueces podrán emitir resoluciones apegadas a derecho. Pero, ¿cómo las vamos a justificar ante la sociedad? ¿Cómo vamos a decirle a esa madre de familia que ve a su hija involucrada en prostitución, vía trata de personas, que no se puede procesar a ese servidor público coludido con la propia delincuencia para generar la trata de personas por un tecnicismo legal?

Esto proviene de una minuta del Senado de la República, minuta que nos hubiese encantado haber aprobado en sus términos para que de aquí se fuese al Ejecutivo federal a su promulgación y publicación. Lamentablemente la minuta también traía fallas, una falla en la que no se precisa de manera exacta cuáles son los delitos de trata de personas ligados a la delincuencia organizada. Es decir, cualesquier amparo va a proceder. Eso no podemos permitírnoslo.

Lo que el día de hoy estamos legislando es corregir la impunidad de la trata de personas vía delincuencia organizada. Honremos los discursos del día de ayer, si casi el 80 por ciento de los 7 millones de personas traficadas en el mundo son mujeres que han sido explotadas sexualmente vía la trata de personas, honremos la palabra y aprobemos por unanimidad esta extraordinaria minuta de la Comisión de Justicia. Y solicitemos respetuosamente a la colegisladora y, en especial, a las senadoras de todos los grupos parlamentarios, que tan luego llegue esta minuta al Senado, la aprueben en sus términos, para que a partir del 1 de enero la trata de personas vía delincuencia organizada sea efectivamente sancionada y nos dejemos de excusas, y realmente actuemos en beneficio de la comunidad.

Enhorabuena a todos los integrantes de esta Cámara de Diputados. Estoy seguro que el día de hoy, con la unanimidad que en breve se va a ver en ese tablero, hacemos un compromiso una vez más, que estamos en contra de la explotación y de la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar en pro, el diputado Fernando Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente. Tiene absoluta razón el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, cuando dice que la trata de personas es un delito impune en México. Habría que preguntar cuál no. Pero éste, que es específicamente sensible, hay una tremenda impunidad.

Y por supuesto que va a ayudar este dictamen que compagina este delito con la delincuencia organizada, que como lo decía mi compañero diputado Carbajal, es el tercer negocio más lucrativo ilegal en el mundo. Después de la venta de drogas y la venta de armas está la trata.

Estos tres delitos están vinculados en nuestro país, los tres tienen relación. Ahora las mismas organizaciones criminales se dedican a los tres: al narcotráfico, a la trata de personas y de alguna manera participan también de la venta de armas, que se da en gran medida en nuestro vecino del norte.

Vengo aquí a manifestar que este problema de trata de personas tiene también qué ver con los migrantes ilegales en nuestro país. Es una vergüenza cómo se trata a los migrantes en México. Muchas veces nos han reprochado que no tenemos autoridad moral para reclamar buen trato a nuestros migrantes en Estados Unidos de América, por el trato que tienen los migrantes en nuestro país.

Ninguna persona es tan vulnerable, como una persona sin documentos, como un migrante ilegal. Y todavía son más vulnerables si se trata de mujeres o niños. Por eso me parece que —y lo pongo como algo que tenemos que discutir— si no debiéramos pensar en quitar la visa como requisito para que entren los latinoamericanos a México, para evitar que entren por las redes del crimen, porque ya que entra en las redes del crimen, los migrantes son en gran medida muy vulnerables para la trata y no hay ningún tipo de control. Y no estamos en condiciones de evitar que la migración ilegal entre a nuestro país, no estamos en condición de sellar la frontera sur.

Mejor que entren por la puerta de enfrente, que tengan un periodo para estar en nuestro país y que nosotros tengamos un control sobre ellos, y que no lleguen y se entreguen a las garras del crimen desde que ingresan al país. Recordemos los terribles casos de San Fernando.

Quiero decir que la trata de personas es de las cosas más abominables que hay, porque atentan, tanto contra la libertad como contra la dignidad de las personas. Por eso me congratulo. Se están discutiendo otras cosas que pueden ayudar a que se acabe la impunidad de la trata. Tenemos que ir con todas ellas para acabar con esta terrible realidad, este negocio lucrativo que va en contra de la libertad y la dignidad humana. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 393 votos a favor y es unanimidad.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., fracción VI, y 3o., segundo párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

LEY DE VERTIMIENTOS EN LAS ZONAS MARINAS MEXICANAS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y análisis la minuta de la Cámara de Senadores correspondiente a la iniciativa del Ejecutivo federal que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

Con fundamento en lo dispuesto por los 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Comisión de Marina somete a consideración de esta soberanía el presente Dictamen con base en los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión celebrada el 25 de octubre de 2012, la Cámara de Senadores recibió del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas y turnada a las Comisiones Unidas de Marina, y de Estudios Legislativos, Segunda, para estudio y dictamen.

2. En sesión ordinaria del 29 de abril de 2013 fue aprobado por unanimidad en el pleno en del Senado de la República el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas y remitida a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

3. Con fecha 3 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta en comento, la cual fue turnada a la Comisión de Marina para dictamen, con opinión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

4. La Comisión de Marina realizó diversos trabajos con el propósito de analizar el contenido de la Minuta, integrando la opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y como resultado de los consensos alcanzados, se formula el presente dictamen con modificaciones que recoge el espíritu del debate y las expresiones de los legisladores.

Consideraciones

Primera.De conformidad con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos, según su propia normativa en materia de medio ambiente, pero también tienen la responsabilidad de asegurar que las actividades que realicen dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño al ambiente, y no sean contrarios a las propias disposiciones internacionales en la materia.

Segunda. Hoy por hoy se ha incrementado el aprovechamiento de las aguas marinas para la transportación marítima, la extracción de hidrocarburos y recursos minerales, para el turismo, la producción de energía, la pesca, la acuacultura, entre otras actividades, convirtiendo al mar en una vía para el desarrollo de los países ribereños; sin embargo, su explotación también ha provocado el incremento de su contaminación.

Tercera.No hace muchos años el ser humano comenzó a percatarse que el equilibrio ecológico de los mares se ha alterado por las actividades del hombre, por lo que la comunidad internacional ha promovido diversas iniciativas encaminadas a proteger el medio ambiente marino.

Cuarta. México ha suscrito diversos acuerdos internacionales en materia de protección del medio ambiente marino; destaca la ratificación del Convenio internacional sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias de 1972 y su Protocolo de 1996, con lo que nuestro país demuestra su convicción por preservar las zonas marinas mexicanas y se compromete a desarrollar sus propias políticas y promover reformas a su marco jurídico para impedir la contaminación del mar con sustancias que puedan constituir un peligro para la salud humana, dañar los recursos biológicos y la vida marina.

Quinta. Así, con base en los referidos preceptos internacionales, México cuenta con una legislación que involucra a la Secretaría de Marina en materia de protección y conservación del medio ambiente marino, como lo es

1.La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dispone la intervención de la SEMAR en patrullas de inspección y vigilancia para preservar las áreas naturales protegidas;

2.La Ley Orgánica de la Armada de México, que establece como atribución de la Armada de México, proteger los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales; realizar actividades de investigación científica, biológica y de los recursos marítimos, intervenir en la prevención y control de la contaminación marítima, así como vigilar y proteger el medio marino; y

3.El Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de desechos y otras materias, en el que se designa a la Secretaría de Marina como autoridad competente en la materia.

Sexta.Los conceptos, procedimientos, obligaciones, responsabilidades y medidas preventivas contenidas en la Ley que se dictamina, se fundamentan en el contenido del Protocolo de 1996, que a su vez se deriva del Convenio Internacional sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias de 1972, del cual México es depositario.

Séptima.La Comisión de Marina reconoce la necesidad de una Ley específica que norme el vertimiento en el mar, y advierte que el texto de la Minuta en estudio se ajusta a las normas internacionales sobre prevención de la contaminación marina de las que México forma parte, y con ella se actualiza la legislación nacional en la materia, y, lo más importante, es que se crea una norma que establece el deber del Estado de proteger las zonas marinas mexicanas.

Octava.Además, la ley que se dictamina estipula la autoridad que habrá de aplicarla; puntualiza el procedimiento para que dicha autoridad autorice el vertimiento; precisa las medidas preventivas para evitar la alteración del ambiente marino; establece las facultades de los inspectores para imponer las sanciones correspondientes cuando se incumpla con la normatividad; y, en definitiva, proporciona certeza jurídica al actuar de la Secretaría de Marina.

Novena.Así las cosas, esta comisión dictaminadora coincide en la necesidad de adoptar las medidas normativas que regulan el vertimiento, para asegurar que las actividades que se realicen en la jurisdicción o bajo control nacional, no resulten nocivas para la vida humana, el medio ambiente marino o los organismos que en él se encuentran, o bien minimizar su impacto, previa autorización de la autoridad competente y en los términos que la ley disponga.

Décima. Por eso consideramos conveniente que el vertimiento en las zonas marinas mexicanas debe estar prohibido, salvo en los casos y condiciones establecidas en la Minuta que se dictamina, y que su autorización se realice por la autoridad competente, previo cumplimiento de los requisitos que al efecto contempla la minuta en estudio.

Para contribuir al fortalecimiento de la actividad de protección al medio ambiente marino y, particularmente, a la regulación de los vertimientos en el mar, es innegable que se deben promover reformas que ajusten el marco jurídico a la realidad dominante, por lo que esta Comisión Dictaminadora comparte la inquietud de la Colegisladora; y considera que, a efecto de realizar reformas que resulten congruentes, es necesario realizar modificaciones al proyecto de decreto en estudio que en el siguiente apartado se detallan.

Décimo primera. Consideramos que los criterios que deberán observarse para el vertimiento de desechos, materiales o sustancias, se establecerán de acuerdo a lo indicado en el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de desechos y otras materias de 1972, por ser este el origen de la presente ley, previa la opinión de las diferentes dependencias con atribuciones en materia ambiental e Instituciones de Investigación científica.

Décimo segunda. Analizando, resulta necesario que anualmente se publique en el Diario Oficial de la Federación la actualización correspondiente de los criterios mencionados en la consideración anterior, y que en caso contrario sólo se realice el refrendo.

Décimo tercera. En el dictamen en comento hacemos mención que los límites máximo inferior y superior, de vertimientos desechos, materiales o sustancias, se establecerán de acuerdo a lo indicado en el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la

Décimo cuarta.La Comisión de Marina observa que con la adición efectuada al artículo 57, el daño ambiental al medio marino, queda vinculado a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, independientemente que de configurarse otro tipo de responsabilidad, ya sea civil, penal o administrativa, será atendido por la autoridad correspondiente.

Décimo quinta. Analizado el contenido de la Minuta y hechas las consideraciones a la misma, la Comisión que suscribe, concluye fundada y razonadamente que resulta necesario hacer las siguientes modificaciones a su contenido en los términos que enseguida se expresan:

a)La fracción III del artículo 2, relativo a las definiciones, dice: “Incineración. La destrucción térmica de desechos u otras materias a bordo de un buque, plataforma u otra construcción en el mar para su eliminación deliberada, en las zonas marinas mexicanas, salvo que otra Ley o tratado internacional prohíba dicha eliminación. Esta definición no incluye a los residuos peligrosos, cuya incineración se rige por lo establecido en la legislación aplicable”.

De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución federal y en aras de la precisión, se propone adicionar a la redacción que el Tratado Internacional deberá ser de los que el Estado Mexicano sea parte, con lo que la fracción III del artículo 2 queda así:

III. Incineración. La destrucción térmica de desechos u otras materias a bordo de un buque, plataforma u otra construcción en el mar para su eliminación deliberada, en las zonas marinas mexicanas, salvo que otra ley o tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte prohíba dicha eliminación. Esta definición no incluye a los residuos peligrosos, cuya incineración se rige por lo establecido en la legislación aplicable.

b) El artículo 15 dice: La Secretaría por acuerdo de su titular, cuando lo considere necesario con la participación de otras dependencias de la administración pública federal e instituciones de investigación científica, podrá expedir los criterios que deberán observarse respecto de los desechos, materiales o sustancias que podrán ser objeto de solicitud de vertimiento. Acuerdo que será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En primer término consideramos que el hecho de que se establezca que dicho acuerdo, podráser expedido por la Secretaría, lo deja al arbitrio de la autoridad, como una facultad potestativa. En este sentido, estimamos que por la relevancia de sus contenidos se ha de establecer que debeelaborarse estableciendo un plazo para ello ya que ni en el texto de la ley, ni en los artículos transitorios, se señala una fecha límite para la emisión del citado acuerdo por lo que el artículo 15 queda así:

Artículo 15. La Secretaría por acuerdo de su titular, en base a lo indicado en las directrices relativas al Protocolo sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972, con la participación de otras dependencias de la administración pública federal e instituciones de investigación científica, expedirá los criterios que deberán observarse respecto de los desechos, materiales o sustancias que podrán ser objeto de solicitud de vertimiento. Acuerdo que será publicado anualmente en el Diario Oficial de la Federación.

c)El primer párrafo del artículo 16menciona que la secretaría por acuerdo de su titular, establecerá los límites máximo, inferior y superior, de vertimiento de desechos, materiales o sustancias, previa opinión de otras dependencias de la administración pública federal. Acuerdo que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, considerando lo siguiente:

La ley ya establece en su transitorio primero un término de 180 días, a partir del día siguiente de su publicación, periodo en que esta Dependencia publicará en el Diario Oficial de la Federación, los criterios y posteriormente se publicaran anualmente, por tal motivo el primer párrafo del art. 16 queda de la siguiente manera:

Primer párrafo del artículo 16. La Secretaría por acuerdo de su titular, de acuerdo a lo indicado en las directrices relativas al Protocolo sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972, así como los ordenamientos nacionales en la materia, establecerá los límites máximos, inferior y superior, de vertimiento de desechos, materiales o sustancias, previa opinión de otras dependencias de la administración pública federal. Acuerdo que será publicado anualmente en el Diario Oficial de la Federación, considerando lo siguiente:

d)El último párrafo del artículo 19 dice: “Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que la Secretaría se haya pronunciado, tendrá por efecto que la resolución a la solicitud de vertimiento se considere en sentido negativo”.

Sin embargo, el contenido del párrafo en comento no concuerda con el texto del artículo 19 ya que el referido párrafo anterior no menciona plazos, además de que el tiempo señalado para dar respuesta a una solicitud de vertimiento se encuentra claramente estipulado en el artículo 21 del proyecto en estudio; por tanto se considera conveniente la eliminación del último párrafo del artículo 19.

e) El segundo párrafo del artículo 24 dice: “El interesado se ajustará a las disposiciones que le sean indicadas. En caso de ampliación, la Secretaría analizará la solicitud en función del volumen que motive la ampliación, en cuyo caso le será resuelta en un plazo no mayor de quince días hábiles, debiendo cubrir el interesado el pago de derechos que corresponda de acuerdo con el volumen que pretenda verter y el incremento del depósito a que se refiere la fracción VI del artículo 5 de esta ley”.

Pero antes ,el Senado modificó la fracción III del artículo 5 de la iniciativa del Ejecutivo Federal, dividiendo su texto en las fracciones III y IV, con lo que las fracciones subsecuentes corrieron su numeración, hecho que originó que la fracción VI pase a ser la fracción VII; por tanto, este párrafo debe terminar diciendo: “... a que se refiere la fracción VII del artículo 5 de esta ley”.

f)Las fracciones I y V del artículo 32, relativo a las facultades del personal acreditado de la Secretaría dicen:

I. Inspeccionar cualquier obra, lugar, buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, en que se presuma la existencia de algún desecho u otras materias que vayan a ser vertidos;

V. Abordar en cualquier puerto o terminal, un buque o aeronave nacional o extranjera, que se presuma transporta desechos o materias para ser vertidos o abandonados en zonas marinas mexicanas;

De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Constitución federal, se propone adicionar en la redacción de estas fracciones lo siguiente: En cuanto a la fracción I: “en que presenten elementos o indicios que presuman la existencia de algún desecho”; y la fracción V de la siguiente manera: “ en que se presenten elementos o indicios que presuman transporta desechos o materias”, quedando las fracciones como sigue:

I.Inspeccionar cualquier obra, lugar, buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, en que se presenten elementos o indicios que presuman la existencia de algún desecho u otras materias que vayan a ser vertidos;

V.Abordar en cualquier puerto o terminal, un buque o aeronave nacional o extranjera, en que se presenten elementos o indicios que presuman transporta desechos o materiaspara ser vertidos o abandonados en zonas marinas mexicanas;

g)El artículo 38 dice:“La Secretaría con base en los resultados de la inspección, requerirá la información que sea necesaria que le permita ubicar tuberías, instalaciones, estructuras o construcciones submarinas que por su naturaleza y que por las condiciones en que se encuentran, pudiesen ocasionar vertimientos; en su caso, dictará las medidas preventivas..., notificándolas al interesado y otorgándole un plazo para su realización”.

Mucho del contenido de este artículo se repite en el artículo 40, cuyo texto es: La Secretaría queda facultada para requerir la información que sea necesaria que le permita ubicar tuberías, instalaciones, estructuras o construcciones submarinas que por su naturaleza y que por las condiciones en que se encuentran, pudiesen ocasionar vertimientos”.

...

Por lo anterior se modifica el contenido de artículo 38, eliminando el texto que se encuentra repetido en el artículo 40, y redactándole un nuevo texto, para quedar: “La Secretaría con base en los resultados de la inspección, podrá dictar medidas preventivas o de seguridad para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo para su realización. Dichas medidas tendrán la duración necesaria para la corrección de las irregularidades encontradas”.

Con las modificaciones del artículo 38, no es necesario modificar el artículo 40, quedando éste intacto.

h) El artículo 41, en su fracción III, dice: “Son infracciones a la presente ley las siguientes:

III. Actualizarse alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 50”.

Pero previamente el Senado adicionó los artículos 29, 30, 43 y 47, desplazando la numeración de los artículos subsecuentes, originando que el artículo 50 de la iniciativa del Ejecutivo federal pase a ser el artículo 54 del proyecto; por tanto, la fracción III del artículo 41 queda así: “Actualizarse alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 54”.

i)El artículo 42 dice: Las sanciones podrán consistir en:

I.Suspensión del permiso de hasta por 60 días;

Se propone señalar expresamente que “ las sanciones consistirán”; de igual forma en la fracción primera se deben establecer mínimos y máximos, es decir la “ Suspensión del permiso de un día hasta por sesenta días”, ya que conforme a la constitución Federal se deben establecer mínimos y máximos para evitar la vulneración de garantías, con lo que el artículo 42 queda así:

Artículo 42.Las sanciones consistirán en:

I. Suspensión del permiso de 1 día hasta por 60 días;

j) El artículo 57 menciona que las personas que realicen un vertimiento en violación a las disposiciones legales aplicables, asumirán la responsabilidad de reparar la afectación o daño ambiental al medio marino, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante las acciones de remediación que resulten aplicables, restituyendo el ambiente marino ,al estado que guardaba antes del vertimiento o cuando esto no fuere posible, mediante el pago de una indemnización que será cuantificada por la Secretaría en función de la afectación o daño causado al medio marino.

Con la adición efectuada al presente artículo, este queda vinculado a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, independientemente que de configurarse otro tipo de responsabilidad, ya sea civil, penal o administrativa, será atendido por la autoridad correspondiente, evitándose con ello un conflicto de normas como lo enuncia en su análisis la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales por lo que queda de la siguiente forma:

Artículo 57. Las personas que realicen un vertimiento en violación a las disposiciones legales aplicables, asumirán la responsabilidad de reparar la afectación o daño ambiental al medio marino, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante las acciones de remediación que resulten aplicables, restituyendo el ambiente marino al estado que guardaba antes del vertimiento o cuando esto no fuere posible, mediante el pago de una indemnización que será cuantificada por la Secretaría en función de la afectación o daño causado al medio marino.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, que suscriben y para los efectos del artículo 72, fracción e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se permiten someter a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas

Artículo Único. Se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas

Capítulo I

Objeto y Ámbito de Aplicación

Artículo 1.La presente ley es de jurisdicción federal, sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marinas mexicanas.

La interpretación de estas disposiciones corresponde, para efectos administrativos, al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Marina.

Artículo 2.Para efectos de la presente ley, se entiende por:

I. Desecho. Material o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos. En esta definición incluye a todas las categorías de residuos regulados en la legislación nacional;

II. Dragado. Retiro, movimiento o excavación de suelos cubiertos o saturados por agua, incluyendo la acción de ahondar y limpiar para mantener o incrementar las profundidades de puertos, vías navegables o terrenos saturados por agua; sanear terrenos pantanosos, abriendo zanjas que permitan el libre flujo de las aguas eliminar los suelos de mala calidad en las zonas donde se proyecta la instalación de estructuras;

III. Incineración. La destrucción térmica de desechos u otras materias a bordo de un buque, plataforma u otra construcción en el mar para su eliminación deliberada, en las zonas marinas mexicanas, salvo que otra ley o tratado internacional de los que el Estado mexicano sea parte prohíba dicha eliminación. Esta definición no incluye a los residuos peligrosos, cuya incineración se rige por lo establecido en la legislación aplicable.

IV. Ley. Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas;

V. Otras materias. Los materiales y sustancias de cualquier clase, forma o naturaleza;

VI. Secretaría. La Secretaría de Marina;

VII. Suspensión. Interrupción de forma temporal de un vertimiento en las zonas marinas mexicanas, por no cumplir con lo establecido en la presente ley, el permiso autorizado para tal acto o cuando se detecte que se está causando una alteración al ambiente;

VIII. Vigilancia. Actividad efectuada por la Secretaría para proteger las zonas marinas mexicanas, detectar la realización de actividades ilícitas o el incumplimiento a esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables en la materia;

IX. Visita de Inspección. Los actos realizados por la Secretaría para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley;

X. Zona de Tiro. Área determinada geográficamente por la Secretaría para realizar el vertimiento; y

XI. Zonas Marinas Mexicanas. Las establecidas en la Ley Federal del Mar.

Artículo 3. Es vertimiento en las zonas marinas mexicanas, cualquiera de los supuestos siguientes:

I. Toda evacuación, eliminación, introducción o liberación en las zonas marinas mexicanas, deliberada o accidental, de desechos u otras materias incluyendo aguas de lastre alóctonas, provenientes de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones;

II. El hundimiento deliberado de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones, así como las que se deriven de éste;

III. El almacenamiento de desechos u otras materias en el lecho del mar o en el subsuelo de éste desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones;

IV. El abandono de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones, u otros objetos, incluyendo las artes de pesca, con el único objeto de deshacerse deliberadamente de ellas;

V. La descarga de cualquier tipo de materia orgánica como atrayente de especies biológicas, cuyo fin no sea su pesca;

VI. La colocación de materiales u objetos de cualquier naturaleza, con el objeto de crear arrecifes artificiales, muelles, espigones, escolleras, o cualquier otra estructura; y

VII. La resuspensión de sedimento, consistente en el regreso del sedimento depositado, a un estado de suspensión en el cuerpo de agua, por cualquier método o procedimiento, que traiga como consecuencia su sedimentación.

Artículo 4. Todo vertimiento se realizará en los términos y condiciones que señala la presente ley.

Está prohibida la incineración de desechos u otras materias, en las zonas marinas mexicanas, asimismo, está prohibida la importación y exportación de desechos u otras materias para su vertimiento o incineración, por lo que toda contravención será sancionada en términos de la presente ley.

Capítulo II

De la Autoridad

Artículo 5. La Secretaría es la autoridad en materia de vertimientos y tendrá las siguientes facultades:

I. Otorgar y cancelar los permisos de vertimientos y vigilar su cumplimiento; asimismo, suspender cualquier vertimiento deliberado de desechos u otras materias que contravenga las disposiciones de la presente ley;

II. Realizar visitas de inspección y vigilancia;

III. Realizar investigaciones oceanográficas, actuaciones, emitir dictámenes y resoluciones;

IV. Determinar las responsabilidades e imponer las sanciones establecidas en la presente ley;

V. Fijar las medidas preventivas para evitar el vertimiento de desechos u otras materias que ocasionen daños o alteraciones al ambiente costero o marino;

VI. Integrar la información estadística y llevar el control de los vertimientos realizados en las zonas marinas mexicanas, así como de las infracciones impuestas;

VII. Fijar la cantidad que cubrirá el solicitante, para garantizar la reparación de los daños, perjuicios y multa que se pudieran aplicar, por contravenir las disposiciones de la Ley o del permiso mediante billete de depósito; y en su caso implementar las acciones legales, cuando la garantía no haya sido suficiente para tales efectos;

VIII. Establecer medidas para la prevención, reducción y en su caso, eliminación de los contaminantes contenidos en el material a verter o la contaminación por el vertimiento, así como los criterios para evitar que se transfieran, directa o indirectamente, los daños de una parte del medio ambiente a otra, ni transformen un tipo de contaminante en otro;

IX. Proponer el costo de los servicios que se presten para la contención, prevención y recuperación de vertimientos de hidrocarburos y sus derivados u otras substancias, conforme a las cuotas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

X. Establecer y expedir los criterios respecto de las materias o substancias que podrán ser objeto de solicitudes de vertimientos;

XI. Interpretar y aplicar las disposiciones del Protocolo 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, adoptado en la ciudad de Londres;

XII. Proponer anualmente, ante la dependencia de la administración pública federal que corresponda, el monto de los derechos que se cobrarán a los titulares de los permisos de vertimiento por el uso de zonas marinas mexicanas;

XIII. Determinar la zona de tiro, o en su caso autorizar la zona propuesta por el interesado;

XIV. Fungir como autoridad responsable ante los organismos internacionales, en materia de prevención de la contaminación de las zonas marinas mexicanas por vertimiento de residuos y otras materias, para lo cual deberá coordinarse, en su caso, con las dependencias del Ejecutivo federal que, en el ámbito nacional, tengan competencia sobre materias vinculadas al cumplimiento de los compromisos internacionales correspondientes;

XV. Participar en los foros nacionales e internacionales en materia de vertimientos, así como informar anualmente o cuando sea requerido por la Organización Marítima Internacional de los vertimientos autorizados por la Secretaría;

XVI. Dar intervención a otra dependencia del Ejecutivo federal u organismo cuando de los hechos se desprenda la posible infracción a otras disposiciones legales; y

XVII. Emitir y actualizar los formatos necesarios de acuerdo al material que se pretenda verter, considerando los avances de la ciencia y la tecnología; debiendo publicarlos en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 6.La Autoridad Marítima en materia de Marina Mercante, en términos de lo dispuesto por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que determine el hundimiento de buques, plataformas u otras construcciones en el mar, deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 7.La Secretaría, en coordinación con las demás Dependencias de la Administración Pública Federal, instituciones de investigación y de educación superior públicas y privadas, promoverá y facilitará la investigación científica y técnica sobre la prevención, reducción y eliminación de la contaminación por vertimiento de desechos y otras materias. La investigación deberá incluir la observación, medición, evaluación y análisis de la contaminación mediante métodos científicos, así como la difusión y cumplimiento de esta ley.

Capítulo III

Evaluación a Considerarse en los Vertimientos

Artículo 8.La Secretaría evaluará el origen, las circunstancias y efectos del vertimiento considerando la justificación que para tal efecto presente el interesado, en los siguientes términos:

I. La necesidad de efectuar el vertimiento, posterior a que el interesado demuestre que no es posible otra alternativa;

II. El tipo, naturaleza y cantidad de los desechos o materias que pretendan verterse y el peligro que puede representar el vertimiento para la salud humana o el medio ambiente, considerando la biota costera y marina, los recursos minerales marinos, la dinámica costera y marina, las playas y los valores económicos, recreativos, escénicos y los usos legítimos del mar, particularmente en relación con lo siguiente:

a) La transferencia, concentración y dispersión de las sustancias que se pretendan verter y sus metabolitos (bioproductos);

b) Los cambios sustanciales en la diversidad, productividad y estabilidad de los ecosistemas marinos;

c) La permanencia y persistencia de las sustancias vertidas;

d) El tipo, calidad, cantidad y concentración de los desechos a verter;

e) Alternativas en tierra y sus impactos ambientales probables, lugares y métodos para llevarlos a cabo, tomando en cuenta el interés público y la posibilidad de un impacto adverso en las zonas marinas mexicanas; y

f) El efecto que cause en los océanos y su influjo en los estudios científicos, pesca y otras exploraciones de los recursos vivos e inertes del mar.

III. El método, frecuencia y la fecha en que deberá realizarse el vertimiento;

IV. La forma de almacenar, contener, cargar, transportar y descargar la sustancia o material a verter;

V. La ubicación para el vertimiento, la distancia más próxima a la costa, profundidad en el área y técnica proporcionadas por el interesado;

VI. Los sitios predeterminados por la Secretaría para que se realice el vertimiento;

VII. La ruta que de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá seguir el buque o aeronave que transporte la sustancia al sitio de vertimiento;

VIII. Las precauciones especiales que deban ser tomadas respecto de la carga, transporte y vertimiento de la sustancia;

IX. Los pormenores del proceso de producción y de las fuentes de desechos en dicho proceso; y

X. La viabilidad de cada una de las siguientes técnicas para reducir o evitar la producción de desechos:

a) Reformulación del producto;

b) Tecnologías de producción limpias;

c) Modificación del proceso;

d) Sustitución de insumos; y

e) Reutilización en ciclo cerrado en el sitio.

Artículo 9.La Secretaría para otorgar o negar un permiso de vertimiento, además de la evaluación señalada en el artículo anterior, observará los aspectos siguientes:

I. La caracterización química, física, biológica, geológica y toxicológica de los desechos u otras materias;

II. Las características oceanográficas del sitio de vertimiento;

III. El lapso mínimo de monitoreo requerido para determinar si existieran cambios, con el fin de evitar riesgo en el equilibrio ecológico o afectaciones nocivas imprevistas;

IV. La información técnica necesaria que garantice la conservación de las condiciones iniciales del lugar de vertimiento;

V. Que el material a verter no influya significativamente en los usos actuales y otros posibles en el mar;

VI. Los antecedentes del solicitante en cuanto a cumplimiento de permisos anteriores, normas oficiales y otras disposiciones aplicables; y

VII. Que el desecho o material respecto del cual se solicita el vertimiento se encuentre regulado en alguna disposición jurídica que prohíba la forma y características del vertimiento que se solicita.

Artículo 10.Efectuada la evaluación, la Secretaría podrá indicar al solicitante, cuando corresponda, que deberá formular e implantar una estrategia para reducir la producción de desechos, auxiliándose con las instancias competentes, en cuyo caso, implementará las inspecciones necesarias a fin de verificar su cumplimiento.

Artículo 11.El interesado, al presentar la solicitud para el vertimiento de desechos u otras materias, incluyendo los materiales de dragado, materiales orgánicos no contaminados de origen natural, desechos de pescado o materiales resultantes de las operaciones de elaboración del pescado, buques, plataformas, geológicos, hierro, acero, hormigón y fangos cloacales; deberá acreditar que agotó cualquiera de las opciones de manejo integral de desechos que comprenden enunciativa y no limitativamente las siguientes:

I. Reutilización;

II. Reciclaje fuera de las aguas marinas mexicanas;

III. Destrucción de los componentes peligrosos;

IV. Tratamiento para reducir o retirar los componentes peligrosos; y

V. Evacuación en tierra, en la atmósfera y en el mar.

Artículo 12. No se otorgará el permiso de vertimiento, cuando la Secretaría advierta que existen posibilidades adecuadas de realizar un manejo integral de los residuos, que no impliquen riesgos para la salud humana o daños al ambiente, mayores a los que implicaría el vertimiento solicitado o costos desmesurados.

Para identificar las posibilidades de manejo integral de residuos, la Secretaría podrá solicitar la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando se trate de residuos peligrosos, o de las autoridades ambientales competentes, cuando se trate de residuos de manejo especial o sólidos urbanos.

Artículo 13.La descripción y caracterización tóxica, física, química y biológica de los desechos, es un requisito para determinar la procedencia de verterlos, así como para considerar las alternativas.

La Secretaría no autorizará el vertimiento cuando la caracterización de los desechos sea insuficiente y no pueda evaluarse adecuadamente su posible impacto en la salud y en el ambiente costero y marino.

No se autorizarán vertimientos de desechos u otras materias en áreas naturales protegidas marinas y sus zonas de influencia, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en aquellas áreas que establezca la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo 14.La Secretaría, al evaluar la solicitud de vertimiento de desechos u otras materias en el mar, tomará en consideración los siguientes factores:

I. Origen, cantidad total, forma y composición media;

II. Propiedades físicas, químicas, bioquímicas y biológicas;

III. Toxicidad;

IV. Persistencia física, química y biológica; y

V. Acumulación y biotransformación en materiales o sedimentos biológicos.

Artículo 15.La Secretaría, por acuerdo de su titular, en base a lo indicado en las directrices relativas al Protocolo sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972,con la participación de otras Dependencias de la Administración Pública Federal e instituciones de investigación científica, expedirá los criterios que deberán observarse respecto de los desechos, materiales o sustancias que podrán ser objeto de solicitud de vertimiento. Acuerdo que será publicado anualmente en el Diario Oficial de la Federación.

Los criterios se definirán a partir de los componentes de los desechos, materiales y sustancias y la información disponible sobre sus posibles efectos sobre la salud humana y el ambiente marino y costero.

En el Acuerdo, se definirán los desechos, materiales o sustancias que no pueden ser objeto de vertimiento. Para esta definición se considerarán, de manera enunciativa y no limitativa:

I. Las sustancias antropogénicas tóxicas, persistentes y bioacumulables, entre otras: plásticos persistentes y demás materiales sintéticos, cadmio, mercurio, organohalógenos, organometálicos, hidrocarburos y sus derivados, cuando proceda, arsénico, plomo, cobre, zinc, berilio, cromo, níquel, vanadio, y sus compuestos de todos estos; compuestos orgánicos de silicio, cianuros, fluoruros, plaguicidas y pesticidas o sus subproductos distintos de los organohalógenos; y

II. Aquellos compuestos respecto de los cuales se disponga de información que demuestre que causan daños a la salud humana o al ambiente marino y costero.

Lo previsto en el presente artículo no constituye una caracterización de los desechos u otras materias, la cual se realizará conforme a la legislación que resulte aplicable.

Artículo 16.La Secretaría por Acuerdo de su titular, de acuerdo a lo indicado en las directrices relativas al Protocolo sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972, así como los ordenamientos nacionales en la materia,establecerá los límites máximo, inferior y superior, de vertimiento de desechos, materiales o sustancias, previa opinión de otras Dependencias de la Administración Pública Federal. Acuerdo que será publicado anualmente en el Diario Oficial de la Federación, considerando lo siguiente:

I. Los desechos que contengan determinadas sustancias, o sustancias que causen reacciones biológicas que excedan del límite superior pertinente; no se verterán en el mar, a menos que su vertimiento resulte aceptable después de haberlos sometido a técnicas o procedimientos de degradación de los componentes peligrosos;

II. Los desechos u otras materias que contengan determinadas sustancias que causen reacciones biológicas, que no excedan del límite inferior pertinente, se deberán considerar de escasa incidencia ambiental desde el punto de vista de su vertimiento; y

III. Los desechos que contengan determinadas sustancias que causen reacciones biológicas, que no excedan el límite superior pero excedan el inferior; requerirán una evaluación más detallada, con la finalidad de determinar la aceptabilidad del vertimiento.

Artículo 17.Cuando se pretenda verter volúmenes menores a tres metros cúbicos de materiales geológicos inertes no contaminados o inorgánico inertes, el interesado presentará ante la Secretaría su proyecto y ésta efectuará el análisis y de considerarlo procedente, lo exentará por una sola ocasión del trámite de permiso.

En caso de que se llegue a verter material en volumen superior al manifestado en el proyecto, se considerará como no autorizado y se hará acreedor a las sanciones previstas en la presente ley.

Capítulo IV

De los Permisos

Artículo 18.La Secretaría otorgará permiso para vertimiento a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjeras, previo el cumplimiento de los requisitos que se establecen en la presente ley, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, o en su caso, en función de la evaluación de los resultados de los estudios técnicos e información científica aplicable en la materia, que deberá presentar el interesado.

Artículo 19. Para efectuar un vertimiento se requiere de permiso otorgado por la Secretaría en los términos y condiciones que establece la presente ley, debiendo el interesado presentar lo siguiente:

I. Formato de solicitud, debidamente requisitado, firmado por el solicitante y el responsable de la operación del vertimiento;

II. Autorización en materia de impacto ambiental, expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

III. Programa del vertimiento que indique las obras o actividades a realizar;

IV. Resultado de los análisis y de la caracterización toxica, física, química y biológica de estructuras, desechos u otras materias que se pretenden verter, que se realicen conforme a la normatividad aplicable y practicados por laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación;

V. Programas de monitoreos ambientales, estudios batimétricos, hidrodinámicos y de la composición bentónica de la zona de vertimiento, antes, durante y después del mismo;

VI. Propuesta de zona de tiro, debiendo considerar los aspectos oceanográficos, biológicos, la posición geográfica, actividades de esparcimiento, belleza natural, interés cultural o histórico, importancia científica, refugios naturales; zonas de desove, reproducción y repoblación; rutas migratorias; hábitat estacionales y críticos; zonas de pesca; vías de navegación; usos tecnológicos del fondo del mar; zonas de exclusión y otros usos legítimos del mar;

VII. Comprobante de pago de derechos por concepto de trámite, estudio y autorización de vertimiento, conforme se establezca en la Ley Federal de Derechos;

VIII. Triplicado de la documentación y archivo electrónico, y

IX. Según sea el caso, conforme se establezca en el formato correspondiente, la opinión de las siguientes autoridades:

a) La autoridad municipal, respecto a la no existencia de un lugar en tierra para llevar a cabo la disposición de desechos u otras materias, incluyendo el material producto de dragado;

b) La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a la afectación al tráfico marítimo en la zona de vertimiento, las operaciones de éste o el vertimiento; y

c) La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, cuando se presuma que los materiales o sustancias a verter contienen materiales radioactivos.

La Secretaría de Salud, a petición de la Secretaría, cuando el caso lo requiera, emitirá el dictamen correspondiente respecto a la afectación a la salud humana, como consecuencia del vertimiento de desechos o materias, en los términos de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Artículo 20. El interesado presentará ante la Secretaría, la solicitud de vertimiento por escrito cuando menos con sesenta días hábiles previos a la fecha en que pretenda realizarlo, por sí o por medio de representante o apoderado legal, designando a persona con conocimientos científicos, técnicos y académicos relacionados con aspectos del medio marino; personalidad que acreditará conforme a las disposiciones legales aplicables, adjuntando la documentación que establece la presente ley.

La Secretaría revisará que la documentación se encuentre completa y cumpla con los requisitos establecidos en la presente ley. De advertir que está incompleta o que presente omisiones o irregularidades, se la devolverá al interesado, para que las subsane dentro de un plazo de quince días hábiles. Si transcurrido dicho plazo no las hubiese subsanado, la solicitud de vertimiento se tendrá como no presentada. De cumplirse con los requisitos se integrará el expediente.

Artículo 21. La Secretaría resolverá la solicitud de vertimiento en un plazo que no podrá exceder de sesenta días hábiles, dentro del cual quedan comprendidas las prevenciones y su desahogo en los términos de la presente ley.

En caso de que la Secretaría considere procedente la solicitud, previa a la expedición del permiso, le comunicará al interesado la cantidad que deberá cubrir, por concepto de pago de derechos por el uso de la zona marina mexicana.

Artículo 22.El permiso de vertimiento contendrá lo siguiente:

I. Nombre de la persona física o la denominación o razón social de la persona moral, según corresponda;

II. Volumen de los desechos u otras materias a verter expresadas en metros cúbicos;

III. Descripción de la materia o desecho a verter;

IV. Denominación del Proyecto a desarrollarse;

V. Vigencia del permiso;

VI. Situación geográfica y profundidad de la zona de tiro autorizada, así como la distancia a la costa más cercana;

VII. La cantidad que garantice la reparación de los daños, perjuicios y multa que se pudieran aplicar, por contravenir las disposiciones de la ley o del permiso;

VIII. Los términos y condicionantes que establezca la Secretaría para llevar a cabo el vertimiento; y

IX. La obligación del titular del permiso de responder por los daños al medio ambiente que pudiera ocasionar el vertimiento.

Artículo 23.Los permisos son intransferibles; toda contravención será sancionada, conforme a lo señalado en la presente ley, tanto a quien los transfiera, como a quien haga o pretenda hacer uso de ellos.

El interesado deberá tener el permiso original, en el lugar, buque, plataforma o aeronave que utilice para el vertimiento. La omisión a esta obligación será sancionada.

Los interesados contarán con un libro de registro denominado bitácora de vertimiento, que contendrá la información siguiente: fecha, hora, situación geográfica, profundidad, material vertido, volumen, método de vertido, embalaje, dirección y velocidad de la corriente, estado de la mar, dirección y velocidad del viento, temperatura y presión atmosférica, humedad relativa, temperatura del agua, nubosidad y cobertura del cielo; debiendo presentarse cuando sea requerido por la Secretaría.

La Secretaría establecerá la vigencia en el permiso, en función del tipo de vertimiento.

Artículo 24.No se otorgarán prórrogas ni ampliaciones a los permisos, salvo caso de fuerza mayor, situación técnica o financiera que afecte las actividades de vertimiento, debiendo el interesado justificarlas. La Secretaría estará facultada para calificarlas y resolver en cuanto a su procedencia o improcedencia.

El interesado se ajustará a las disposiciones que le sean indicadas. En caso de ampliación la Secretaría analizará la solicitud en función del volumen que motive la ampliación, en cuyo caso le será resuelta en un plazo no mayor de quince días hábiles, debiendo cubrir el interesado el pago de derechos que corresponda de acuerdo con el volumen que pretenda verter y el incremento del depósito a que se refiere la fracción VII del artículo 5 de esta ley.

Artículo 25. El trámite, diligencias, expedición de permisos, resoluciones y demás disposiciones que establece la presente ley, se realizará en días y horas hábiles. Quedan exceptuados de esta disposición los actos de inspección y vigilancia que practique la Secretaría en los términos de la presente ley, mismos que podrán llevarse a cabo en cualquier día y hora, sin que para ello deba mediar habilitación de días y horas.

Artículo 26. La Secretaría por si misma o a solicitud del interesado, podrá modificar los términos y condiciones del permiso de vertimiento, cuando varíen las condiciones bajo las cuales le fue expedido o se presenten hechos o circunstancias posteriores, no imputables al interesado, que impliquen modificación de los términos en que fue otorgado el permiso, conforme al procedimiento establecido en la presente ley.

Capítulo V

De las Obligaciones Adicionales en materia de Vertimientos

Artículo 27.Adicionalmente a los requisitos que establece la presente ley, el interesado deberá cumplir con lo siguiente:

I. Entregará los resultados originales de análisis que se hayan determinado conforme al tipo de material que se pretende verter, debiendo anexar cromatogramas, hojas de campo y cadena de custodia de la muestra y en cuatro puntos alrededor del mismo con un radio mínimo de una milla náutica de distancia, o la que determine la Secretaría en función del área en donde se vaya a efectuar el vertimiento, a fin de dar seguimiento a los posibles efectos del vertimiento en la zona de tiro autorizada, elaborados por un laboratorio acreditado, tres días hábiles después de finalizar el vertimiento;

II. Entregar el muestreo y análisis expedidas por el laboratorio responsable, debiendo asentar en el reporte de laboratorio la fecha, hora y coordenadas geográficas del lugar de colecta, indicando si los resultados no excedieron los límites máximos permitidos por la normatividad ambiental vigente, conforme lo señalado en el Capítulo III de la presente ley;

III. Presentará, cuando se trate de material producto de dragado, previamente a la ejecución del proyecto, la evaluación de los lixiviados de los lodos o sedimentos del dragado que serán vertidos al mar, debiendo tomar la muestra antes de iniciar el vertimiento al mar; asimismo elaborará un estudio de la composición bentónica de la zona autorizada;

IV. Entregará, cuando el caso lo requiera, los estudios batimétricos e hidrodinámicos de la zona de tiro, realizados dentro de los tres días hábiles siguientes al término de las operaciones de vertimiento, o dentro del tiempo que establezca la Secretaría;

V. Entregará, según el caso y por el tiempo que señale la Secretaría, un informe relativo a monitoreos ambientales, con el fin de constatar que no exista un posible daño ambiental causado por las maniobras propias de las actividades a desarrollar, así como mantener la zona en las condiciones ambientales que hasta el momento se tienen establecidas, debiendo anexar cromatogramas, hojas de campo y cadena de custodia; y

VI. Suspenderá las actividades de vertimiento ante la presencia de un fenómeno meteorológico que por su magnitud e intensidad pudiera causar daños a los ecosistemas, y procederá de la misma forma cuando el vertimiento por sí mismo provoque las mismas consecuencias.

Capítulo VI

De las Visitas de Inspección y Vigilancia

Artículo 28.Personal acreditado de la Secretaría, llevará a cabo las visitas de inspección y vigilancia para el cumplimiento de la presente ley, así como el Decreto Promulgatorio del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972.

Artículo 29. Los actos de Inspección y vigilancia se llevarán a cabo por personal acreditado de la Secretaría debidamente autorizado.

Para tal efecto se expedirá credencial oficial que acredite su personalidad, así como el oficio de comisión debidamente fundado y motivado.

Artículo 30. En caso de flagrancia o de violaciones a la presente ley, se llevará a cabo la inspección, haciéndole saber al presunto infractor el motivo de la diligencia, quedando facultado el Personal acreditado, para proceder en los términos de lo dispuesto por la presente ley.

Los capitanes, patrones de buques, piloto al mando de aeronaves, plataformas o personas que se equiparen, los encargados de la construcción de obras o de cualquier otra actividad que se realice en las zonas marinas mexicanas, tendrán la obligación de dar las facilidades al personal de la Secretaría, a fin de que se lleve a cabo la inspección, proporcionando la documentación e información que le sea requerida para el cumplimiento de esta ley, así como permitir el acceso a todas las áreas del buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, y exhibir el permiso de vertimiento y demás documentación relacionada con el desarrollo de sus actividades.

Artículo 31. En caso de denuncia por violaciones a la presente ley, el personal acreditado deberá contar con el oficio correspondiente, en el que se precise el objeto de la diligencia, domicilio o lugar a verificar, nombre, denominación o razón social de la persona física o moral, a quien se le atribuya la fuente del vertimiento, o cualquier información que se considere necesaria para la práctica de la diligencia.

Artículo 32. El personal acreditado de la Secretaría tiene facultad para lo siguiente:

I. Inspeccionar cualquier obra, lugar, buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, en que se presenten elementos o indicios que presuman la existenciade algún desecho u otras materias que vayan a ser vertidos;

II. Examinar y en su caso tomar muestras de los desechos u otras materias encontrados;

III. Requerir la documentación de embarque del material encontrado a bordo;

IV. Viajar o permanecer en el buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave que transporte los desechos u otras materias que van a ser vertidas en caso de contar con el permiso, para comprobar que se realice en el lugar autorizado;

V. Abordar en cualquier puerto o terminal, un buque o aeronave nacional o extranjera, en que se presenten elementos o indicios que presuman transporta desechos o materias para ser vertidos o abandonados en zonas marinas mexicanas;

VI. Si como resultado de la inspección y vigilancia se advierten infracciones a la presente ley, el infractor y el buque serán conducidos al puerto más cercano, con el objeto de evitar que se continúe con el vertimiento, imponiéndosele la sanción correspondiente;

VII. Cuando fuera necesario, la Secretaría, solicitará a la Capitanía de Puerto que impida el zarpe del buque, o en su caso, hará lo conducente ante el comandante del aeropuerto cuando se trate de una aeronave;

VIII. Con el objeto de evitar el vertimiento deliberado de los desechos o materias que se encuentren a bordo de un buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, se tomarán las medidas correspondientes; y

IX. Cuando se trate de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en los aeropuertos de la red nacional, el personal de la Secretaría deberá coordinar con el comandante del aeropuerto las facilidades requeridas para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 33.Durante la inspección y vigilancia el personal acreditado deberá observar lo siguiente:

I. Se identificará con la persona con quien se entienda la diligencia, mostrándole el oficio correspondiente y requiriéndole para que en el acto designe dos testigos;

II. En caso de negativa, o de que los testigos designados no acepten fungir como tales, el personal de la Secretaría los designará, haciendo constar dicha circunstancia en el acta, sin que esto afecte la validez de la inspección;

III. Cuando en el lugar a inspeccionar no se encuentre persona con quien se entienda la diligencia, se deberá asentar en el acta dicha circunstancia;

IV. La Secretaría, en el acta deberá determinar las acciones a implementarse derivadas de infracciones a la presente ley;

V. La Secretaría, en el acta deberá determinar las medidas urgentes que deberán aplicarse en caso de que el vertimiento represente un riesgo inminente de daño a la salud humana o a los ecosistemas;

VI. Concluida la inspección, se hará saber a la persona con quien se entendió la diligencia su derecho a manifestar lo que a sus intereses convenga, en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta, y para que ofrezca pruebas dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se practicó la diligencia;

VII. Se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al visitado; y

VIII. Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

Artículo 34.De todo acto de inspección, se deberá elaborar el acta administrativa correspondiente, en la que se hagan constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia. El acta que se levante deberá contener lo siguiente:

I. Lugar, hora y fecha;

II. Nombre de la persona autorizada para llevar a cabo la visita de inspección, así como el nombre de la persona con quien se entendió la diligencia;

III. Descripción del documento con el que se identificó el personal;

IV. Testigos de asistencia designados por el personal con quien se atendió la diligencia; en caso de negativa a designarlos, lo hará el inspector, haciendo constar dicha circunstancia, sin que lo anterior afecte la validez de la visita de inspección. Asimismo el personal que formule las actuaciones designará a sus testigos de asistencia;

V. Nombre de la persona física, la denominación o razón social de la empresa, artefacto naval, buque, estructura, plataforma, almacén o aeronave;

VI. Motivo de la inspección;

VII. En los casos en que así proceda, se asentará el oficio expedido por la Secretaría, que lo autorice para realizar la inspección en las zonas marinas mexicanas en materia de vertimiento;

VIII. Descripción de la documentación relacionada con sus actividades y en su caso con el vertimiento;

IX. Narración de los hechos de manera clara y concisa;

X. Descripción de los desechos, o materias encontrados;

XI. Infracciones que se hayan cometido a la presente ley;

XII. Medidas extraordinarias que se hayan adoptado, a fin de evitar se continúe con el vertimiento;

XIII. Manifestación del personal con quien se atendió la diligencia; y

XIV. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.

Sección I

De las Medidas Preventivas

Artículo 35.Son medidas preventivas las adoptadas por la Secretaría en las zonas marinas mexicanas, tendentes a evitar la contaminación o alteración del ambiente marino o afectación a la salud humana, a consecuencia de vertimiento de desechos y otras materias, incluyendo la suspensión del vertimiento.

Artículo 36. La Secretaría, en los casos de emergencia, ordenará o adoptará las medidas preventivas inmediatas que considere necesarias, a fin de que se ocasione el menor daño posible a los ecosistemas a consecuencia de vertimiento de desechos y otras materias, siendo éste el único caso que no se seguirá el procedimiento administrativo establecido en la presente ley.

Artículo 37.Las medidas preventivas que podrá implementar la Secretaría entre otras, comprenderán la destrucción o hundimiento del buque o aeronave incluyendo sus pertrechos, debiendo formular el acta correspondiente.

Tratándose de la destrucción o hundimiento de aeronaves, la Secretaría se coordinará con la autoridad aeronáutica, a fin de garantizar el manejo adecuado de las partes, componentes y materiales de las aeronaves que sean objeto de destrucción o hundimiento. Así mismo la Secretaría dará aviso al Registro Aeronáutico Mexicano para efectos de lo dispuesto por los artículos 46, fracción III, y 47, fracción III, de la Ley de Aviación Civil.

Artículo 38. La Secretaría con base en los resultados de la inspección, podrá dictar medidas preventivas o de seguridad para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo para su realización. Dichas medidas tendrán la duración necesaria para la corrección de las irregularidades encontradas.

Artículo 39.Cualquier persona que tenga conocimiento de violaciones a esta ley, lo informará de inmediato a la Secretaría, para que ésta dentro del ámbito de sus atribuciones, tome las acciones correspondientes.

Artículo 40.La Secretaría queda facultada para requerir la información que sea necesaria que le permita ubicar tuberías, instalaciones, estructuras o construcciones submarinas que por su naturaleza y que por las condiciones en que se encuentran, pudiesen ocasionar vertimientos.

La información que le sea proporcionada tendrá el carácter que conforme a la normatividad vigente le corresponda.

Sección II

De las Infracciones y Sanciones

Artículo 41.Son infracciones a la presente ley, las siguientes:

I. Omitir informar de vertimientos realizados por causas de fuerza mayor;

II. Incumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 27;

III. Actualizarse alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 54;

IV. Se incumplan las obligaciones previstas en el artículo 23;

V. No cumplir con los Acuerdos que conforme a esta ley, expida la Secretaría;

VI. No cumplir con los términos especificados en el permiso de vertimiento;

VII. Abandonar un buque, aeronave, artefacto naval, estructura o plataforma, sin informar a la Secretaría oportunamente;

VIII. Efectuar vertimientos sin la autorización de la Secretaría;

IX. Efectuar vertimientos posteriores a una suspensión;

X. Efectuar vertimientos posteriores a una cancelación; y

XI. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta ley y su Reglamento.

Artículo 42.Las sanciones consistirán en

I. Suspensión del permiso de 1 día hasta por 60 días;

II. Cancelación del permiso; y

III. Multa, la cual se determinará tomando como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de haberse cometido la infracción, de doscientos cincuenta hasta cincuenta mil días de salario mínimo, según la infracción y el daño causado.

Se sancionarán con suspensión del permiso hasta por 60 días, las infracciones previstas en las fracciones II, V y VI del artículo anterior.

Procede la cancelación del permiso, cuando el permisionario incurra en las infracciones previstas en las fracciones III y IV del artículo anterior.

Se sancionarán con multa, según la infracción y el daño causado, los supuestos previstos en las fracciones I, y de la VII a la XI del artículo anterior.

Las sanciones antes señaladas podrán imponerse, en más de una de sus modalidades.

En el caso de que haya transcurrido el plazo de la suspensión, sin que el infractor haya subsanado las irregularidades que dieron origen a la misma, la Secretaría procederá a la cancelación del permiso respectivo.

Artículo 43.Se considera reincidente, al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces el monto originalmente impuesto, así como la cancelación del permiso.

Artículo 44.Para la imposición de las sanciones por infracciones a la presente ley, la Secretaría deberá tomar en consideración las circunstancias siguientes:

I. Los riesgos o daños producidos o que puedan producirse en la salud humana; la generación de desequilibrio ecológico; la afectación de recursos naturales o de la biodiversidad;

II. La acción u omisión;

III. La reincidencia del infractor;

IV. Las condiciones económicas del infractor;

V. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven el vertimiento;

VI. En caso de que el infractor realice medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que se imponga una sanción, la Secretaría deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción, y

VII. Que se hayan cometido diversas infracciones.

Artículo 45.Las sanciones establecidas en la presente ley, son independientes de la responsabilidad penal o civil en que se incurra conforme a otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 46.Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones; en la resolución se precisarán las sanciones que se aplicarán y el concepto de cada una de ellas.

Artículo 47.Cuando el personal de la Secretaría, derivado de los actos de inspección y vigilancia, se percate de actos u omisiones que pudieran constituir delitos ambientales, formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de las atribuciones que a otras dependencias le corresponden.

Se procederá de igual manera, cuando se presente documentación falsa para obtener una autorización de vertimiento.

La Secretaría proporcionará los dictámenes técnicos, cuando el Ministerio Público o las autoridades judiciales, así lo soliciten.

Sección III

Del Procedimiento

Artículo 48. Para imponer una sanción, la Secretaría deberá notificar previamente al presunto infractor del inicio del procedimiento, mediante oficio en el que se especificarán los hechos y las disposiciones legales que se consideran violadas y en su caso, las disposiciones que el permisionario debe cumplir para subsanar los daños ocasionados al ecosistema marino; para que éste, dentro del término de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que sea hecha la notificación manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas.

En caso de que el presunto infractor dentro del plazo concedido no realice manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho y la Secretaría procederá a dictar resolución dentro de los quince días hábiles siguientes, haciéndole saber el derecho que tiene para interponer el recurso de revocación, dentro del término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al que fue hecha la notificación, en el que deberá presentar por escrito sus argumentos y pruebas ante la Secretaría.

En caso de que el infractor interponga el recurso dentro del término señalado, se procederá al análisis y se emitirá resolución dentro de los quince días hábiles siguientes. En caso de no interponer el recurso, se tendrá por precluido su derecho y se procederá a cumplimentar las sanciones que le fueron impuestas.

De ser el caso, la resolución se hará del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Delegación Estatal, para la aplicación de las sanciones económicas, así como para que se haga efectivo el depósito que se haya otorgado para la expedición del permiso.

Artículo 49. El recurso previsto en el artículo anterior procederá en lugar del recurso establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo que emita la Secretaría, no admitirán recurso alguno.

Artículo 50.Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimiento de informes o documentos y las resoluciones que emita la Secretaría, se realizarán en el domicilio señalado por el imputado y con las personas autorizadas para tales efectos. El notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en la cédula de notificación, sin que ello afecte su validez.

De no encontrarse la persona que debe ser notificada, se dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere al notificador a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más cercano, debiéndose asentar tal circunstancia.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla, o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.

De las diligencias que se lleven a cabo, se deberá tomar razón por escrito de cada una de las circunstancias que se presenten.

Artículo 51.Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas.

Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación.

Artículo 52.Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir de la emisión del acto y deberá contener el texto íntegro del mismo.

Sección IV

De la Cancelación

Artículo 53. La Secretaría le notificará al interesado, o a su representante legal, la cancelación del permiso, lo cual no lo exime de las responsabilidades contraídas con terceros o con autoridades Federales, Estatales o Municipales durante la vigencia del mismo. La cancelación del permiso de vertimiento será definitiva para quien no cumpla con esta ley.

Artículo 54.Son causas de cancelación del permiso de vertimiento, las siguientes:

I. Dejar de cumplir cualquiera de las condicionantes establecidas en el permiso respectivo;

II. Que las obras o actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recursos bióticos y/o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos presentes en la zona de tiro autorizada, así como en su área de influencia, en cuyo caso el autorizado deberá instrumentar programas de compensación;

III. Cuando de la evaluación de los estudios requeridos antes, durante y después del vertimiento, se determine que estuviera en riesgo el equilibrio ecológico o se produjeran afectaciones nocivas imprevistas en el ambiente;

IV. Cuando se detecte que la información proporcionada por el solicitante fue falsa o alterada, incluyendo los resultados de laboratorio;

V. No realizar actividad alguna dentro de los tres meses posteriores a su otorgamiento;

VI. Transferir el permiso; y

VII. Incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta ley, así como en materia ambiental.

Sección V

De las Excepciones

Artículo 55.No se hará acreedor a ninguna sanción, quien haya realizado vertimiento por caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando se justifique la acción implementada a satisfacción de la Secretaría.

Lo anterior no lo exime de la obligación de reparar, compensar, remediar o restaurar los daños ocasionados por el vertimiento.

Artículo 56.Quien lleve a cabo un vertimiento por alguna de las causas señaladas en el artículo anterior, deberá rendir un informe detallado a la Secretaría, justificando la realización del mismo. La contravención a lo dispuesto en este artículo, aun tratándose de siniestros, será considerado un vertimiento y se aplicaran las sanciones que establece la presente ley.

Capítulo VII

De la Responsabilidad

Artículo 57.Las personas que realicen un vertimiento en violación a las disposiciones legales aplicables, asumirán la responsabilidad de reparar la afectación o daño ambiental al medio marino, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante las acciones de remediación que resulten aplicables, restituyendo el ambiente marino ,al estado que guardaba antes del vertimiento o cuando esto no fuere posible, mediante el pago de una indemnización que será cuantificada por la Secretaría en función de la afectación o daño causado al medio marino.

Artículo 58.Ninguna persona será relevada de su responsabilidad, si la necesidad de efectuar el vertimiento para salvaguardar la vida humana en la mar o la seguridad de cualquier embarcación, artefacto naval, aeronave, plataforma u otro; se debió a negligencia de su parte.

Artículo 59.La Secretaría en coordinación con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, intervendrá para que los responsables del vertimiento cumplan con la remediación que corresponda y ejecuten acciones para prevenir la dispersión del contaminante en el medio marino.

Artículo 60.En caso de incumplimiento de la obligación de remediación, la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá ejecutar las acciones necesarias con el propósito de llevar a cabo la remediación para la recuperación y restablecimiento del ambiente marino al estado que guardaba antes de producirse el vertimiento con cargo a los obligados, quienes deberán pagar la contraprestación respectiva que tendrá el carácter de crédito fiscal y su recuperación será mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente.

Para el procedimiento económico coactivo previsto en este artículo se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

Artículo 61.Sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los responsables del vertimiento por el incumplimiento de las acciones de remediación o del procedimiento económico coactivo previsto en el artículo anterior, la Secretaría ejercerá las acciones que procedan para recuperar los costos de la remedición, así como el pago de daños y perjuicios ocasionados por el vertimiento.

Para las acciones a que se refiere el presente artículo se aplicarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y en lo no previsto en la presente ley respecto de la responsabilidad por daño o afectación al medio marino y los recursos naturales y ecosistemas que en él se desarrollan, se aplicarán supletoriamente el Código Civil Federal; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

Artículo 62.En el caso de los vertimientos realizados en contravención a la Ley en las zonas marinas mexicanas que causen daños al ambiente marino de otros Estados, los gobiernos extranjeros podrán demandar al responsable del vertimiento el pago de la remediación al medio marino, ante los tribunales mexicanos, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer los afectados ante los organismos internacionales para el pago de los daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 63. Cuando un vertimiento sea realizado en las zonas marinas de otros Estados y se produzca un daño al ambiente marino de las zonas marinas mexicanas, la autoridad facultada para representar al Estado Mexicano ante las instancias internacionales para el reclamo de la remediación ambiental y el pago de los daños, es la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Secretaría, en coadyuvancia con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecerá la coordinación respectiva para las acciones que correspondan en el ámbito de sus respectivas competencias.

Transitorios

Primero.La presente ley entrará en vigor ciento ochenta días, a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los permisos otorgados con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley, continuarán en vigor hasta el término de su vigencia.

Tercero.Las solicitudes de permisos de vertimientos, que se encuentren en trámite al entrar en vigor la presente ley, podrán ser reguladas por ésta solo en aquellas fases del trámite que no hayan sido desahogadas.

Cuarto. El impacto presupuestal que implique la puesta en operación de la presente ley, será con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Marina, por lo que no requerirá ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, hasta cubrir los requerimientos de personal, de gasto de operación, infraestructura, mobiliario y equipo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.

La Comisión de Marina, diputados:José Soto Martínez (rúbrica), presidente; Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Germán Pacheco Díaz (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, secretarios; Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Raúl Macías Sandoval, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Víctor Serralde Martínez, Uriel Flores Aguayo, Rafael González Reséndiz, Arturo Escobar y Vega.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Rosiñol Abreu, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jorge Rosiñol Abreu:Con la anuencia de la Presidencia. A nombre de la Comisión de Marina de esta honorable Cámara de Diputados, de su Junta Directiva y de sus integrantes, hoy doy lectura al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

En sesión celebrada el 25 de octubre de 2012, la Cámara de Senadores recibió del Poder Ejecutivo federal la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas. El 3 de septiembre del presente, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta en comento, la cual fue turnada a la Comisión de Marina para dictamen.

Ésta comisión realizó diversos trabajos con el propósito de analizar el contenido de la minuta, integrando la opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Como resultado se formuló el presente, que recoge el espíritu del debate y las expresiones de los legisladores.

Entre las consideraciones podemos señalar las siguientes: Los estados tienen el derecho de explotar sus propios recursos, pero también tienen la responsabilidad de asegurar que las actividades que realicen dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño al ambiente y no sean contrarios a las propias disposiciones internacionales en la materia.

Desgraciadamente la explotación de los recursos marinos por parte de los países ha traído consigo la contaminación de las zonas marinas. En los últimos años, la contaminación de las zonas marinas ha alcanzado niveles superiores, por lo que la comunidad internacional ha manifestado su preocupación y ha promovido diversas iniciativas encaminadas a proteger la flora y fauna marina.

México ha suscrito diversos acuerdos internacionales en materia de protección del medio ambiente marino, como lo es el Convenio Internacional sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias de 1972, y su Protocolo de 1996, por señalar un ejemplo. Lo que demuestra la preocupación por preservar las zonas marinas mexicanas y evitar la contaminación del mar.

La Comisión de Marina reconoce la necesidad de una ley específica que norme el vertimiento en el mar y advierte que el texto de la minuta en estudio se ajusta a las normas internacionales sobre prevención de la contaminación marina, cumpliendo con ello el compromiso asumido con la comunidad internacional, así como la protección de la salud de los mexicanos.

Esta comisión considera que el vertimiento en las zonas marinas mexicanas debe estar prohibido, salvo en los casos y condiciones establecidas en la ley, otorgados por autoridad competente y previo cumplimiento de los requisitos que al efecto contempla la minuta en estudio.

El dictamen que hoy ponemos a su consideración estipula que la autoridad que habrá de aplicar la ley es la Secretaría de Marina. Puntualiza el procedimiento para que dicha autoridad autorice el vertimiento y precise las medidas preventivas para evitar la contaminación de nuestro ecosistema marino.

Se profundizó en sancionar a quienes atenten contra el mar y sus especies marinas que lo habitan y establece las facultades de los inspectores para imponer las sanciones correspondientes cuando se incumpla con la normatividad.

A partir de la promulgación de la presente ley se sancionará a quienes no respeten la flora y fauna marina, las cuales van desde la suspensión de los permisos, cancelaciones definitivas y multas, que van hasta los 50 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de haberse cometido la infracción.

Los océanos ha sufrido a manos del hombre la degradación de las zonas costeras, donde se han incrementado considerablemente los vertimientos industriales y de fertilizantes que se utilizan en las zonas agrícolas, los cuales acaban en corrientes de ríos, aguas subterráneas, lagos y bahías. Y, en consecuencia, desembocan en nuestros mares, afectando el ambiente marino.

Como podrán percibir, aún tenemos como diputados mucho trabajo legislativo por realizar en beneficio de la conservación de nuestro planeta y de sus habitantes. Es por ello que no debemos bajar los brazos en esta cruzada y sigamos legislando a favor del medio ambiente, promoviendo la sensibilización ambiental a los niños, a los jóvenes y a los adultos para tener una visión de desarrollo sustentable para el cuidado y protección de nuestro entorno natural.

Por lo anterior, para la Comisión de Marina es un orgullo presentar el presente proyecto, el cual nos permitirá cubrir una necesidad que imperaba en materia ambiental. El presente proyecto ha sido consensuado con los distintos grupos parlamentarios, analizado minuciosamente y tenemos la firme convicción que contribuirá a la protección de nuestras aguas, la disminución de la contaminación marina y la protección de la salud de los mexicanos y del planeta mismo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Jorge Rosiñol Abreu.

Está ahora a discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el proyecto de decreto que ahora discutimos es tan solo una expresión legislativa de los esfuerzos que debemos redoblar, en virtud de consolidar un modelo de desarrollo sustentable para nuestro país.

Establecer mediante la Ley de Vertimientos en las Zonas Marítimas Mexicanas un mandato legal que faculte a la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en conjunto con otras dependencias de la administración pública federal, a salvaguardar la viabilidad ambiental de los vertientes que existen en nuestro país, es congruente con la garantía constitucional establecida en el artículo 4o., quinto párrafo, que destaca por un lado que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como determina que el Estado será el garante de dicho precepto.

Sin embargo, debemos reconocer que el modelo de desarrollo que actualmente impera dista de lo establecido en el artículo constitucional señalado. Hoy en día el aprovechamiento de las aguas marinas para el desarrollo de industrias, como la turística, de transporte marítimo, la de producción de energía —entre otras actividades— ha establecido una relación desproporcionada de explotación y contaminación de diversas zonas marinas mexicanas.

Derivado de esta problemática, en la que se ha privilegiado el desarrollo económico de diversas industrias a costa de afectar irreversiblemente al medio ambiente, consideramos que el dictamen en comento es pertinente y oportuno, toda vez que otorga facultades al Ejecutivo federal para que de manera coordinada con diversas dependencias a su cargo se responsabilice de vigilar y garantizar la viabilidad del medio ambiente en los vertientes que existen en nuestras costas.

En este contexto, el enfoque de sustentabilidad recobra mayor importancia, entendido como un modelo de desarrollo que puede satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras en función de los recursos disponibles, lo que implica orden y el establecimiento de límites a diversas industrias mediante el imperio de la ley.

Desde nuestra perspectiva, el proyecto que ahora discutimos asume con claridad un enfoque sustentable que debe combinarse con el crecimiento económico, con el fortalecimiento de la competitividad, con una mejor gestión de la naturaleza y con una biodiversidad, así como un descenso en las emisiones que vulneran al medio ambiente, todo dentro de un marco legal establecido.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, votar a favor del presente dictamen representa contribuir al establecimiento de procedimientos más claros, en los cuales las autoridades correspondientes autorizarán los vertimientos.

Asimismo, de aprobarse esta propuesta estaríamos evitando una mayor alteración del ambiente marino nacional. En otras palabras, estaríamos otorgando certeza jurídica para que una institución del Estado mexicano, como lo es la Secretaría de Marina, pueda actuar de manera preventiva y disuasiva en momentos que se pretenda afectar a la naturaleza a través de diversas prácticas de vertimientos.

En virtud de lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza votaremos a favor del presente proyecto de decreto, que expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, porque representa un instrumento jurídico congruente con el medio ambiente y el desarrollo sustentable, además de que presenta uno de los temas que Nueva Alianza ha impulsado desde la pasada contienda presidencial y está incorporando como uno de los ejes prioritarios de nuestra agenda legislativa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Fernando Bribiesca Sahagún.

Señoras legisladoras y señores legisladores, solicito su atención. Se encuentra en este recinto legislativo el doctor Mario Molina Pasquel, Premio Nobel de Química, un mexicano del que todos nos sentimos muy orgullosos. Sea usted bienvenido, doctor Mario Molina Pasquel, a esta Cámara de Diputados. Reciba la bienvenida y el reconocimiento de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.

Continuando con la discusión, tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Marina, respecto a la expedición de la Ley de Vertimientos en Zonas Marítimas Mexicanas tiene como propósito fundamental el regular, suspender y, en su caso, sancionar a las embarcaciones y permisionarios que no cumplan con las mínimas condiciones para el manejo de sus desechos para evitar un deterioro del medio ambiente y los ecosistemas marítimos.

Esta propuesta enriquece a aquellos planteamientos relativos al cuidado y conservación del entorno natural correspondiente a las zonas costeras y marítimas con las que cuenta México. Es decir, aguas interiores, mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva.

Durante décadas cientos de casos denunciados por el vertimiento clandestino de materiales tóxicos se han hecho saber por medio de las autoridades encargadas del cuidado del ecosistema y de nuestros mares. Recientemente, el presidente de la Comisión de Marina ha hecho pública la denuncia de que también barcos de procedencia extranjera vierten sus desechos en las distintas costas y mares de nuestro país, dando puntual seguimiento al tema, especialmente lo relacionado con los desechos tóxicos e inclusive radioactivos arrojados por dichas embarcaciones.

El fundamento por el cual se emite esta legislación radica en la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 —de la que México es parte— que obliga al Estado mexicano no solamente al cuidado en lo relativo a no vertimiento de desechos de sus zonas marítimas, sino incluso a tener este cuidado y atención en razón del alta mar, que es una responsabilidad común. Éste es un bien perteneciente a la comunidad internacional.  También el fundamento y por lo cual se debe aprobar este dictamen es la convención –como ya se puntualizó– de Vertimiento de Desechos y su protocolo.

Por las consideraciones antes mencionadas y para dar cumplimiento a los instrumentos internacionales de los que México es parte, el Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Loretta Ortiz Ahlf. Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Por mucho tiempo el vertimiento de desechos se consideró como un problema sin importancia. En los últimos años, la conciencia de la comunidad internacional en cuanto a la preservación del medio ambiente marino se ha incrementado considerablemente y aquí sí ya se han comentado los diversos convenios internacionales, como el que se firmó hace 41 años en Londres sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, el cual funciona como un instrumento internacional donde las partes firmantes adoptan medidas más eficaces individualmente, según su capacidad científica, técnica y económica para impedir la contaminación del mar causada por vertimientos.

También se habla que en 1978 se asigna el papel a la Secretaría de Marina, que es designada la autoridad encargada de dar seguimiento al cumplimiento de tales disposiciones internacionales; y en el 79 se hace el Reglamento del Convenio Internacional para el caso de nuestro país.

Agregaría, porque es obvio que nuestro grupo parlamentario va a estar a favor de este dictamen, que en un país petrolero como el nuestro, también se padece en estas regiones como Campeche y Tabasco, donde no únicamente se contaminan los campos y las aguas de estos estados, los ríos y las lagunas, sino que también se corren riesgos de accidentes industriales en materia energética y, sin duda, es un tema que también se tendrá que abordar con esta legislación.

Sobre el tema petrolero, no me queda más remedio que seguir advirtiendo a la gente que no se está mirando el gran riesgo que corre la soberanía del país, el desarrollo de la nación, en caso de que finalmente se concrete la reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales.

Las empresas extranjeras vienen por el negociazo que implica el petróleo. Son un billón de pesos y ahí los tenemos como zopilotes encima de este negocio. Nosotros esperamos que si en esta Cámara no se reacciona patrióticamente, pues sí en las calles.

Por eso les invito a todas y a todos, diputadas y diputados, por supuesto. Pero, sobre todo, a la gente que nos pueda estar escuchando, que acuda con nosotros a la concentración del Zócalo este domingo 1 de diciembre, a las 10 de la mañana. Allá va a estar Morena, Movimiento de Regeneración Nacional y el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con todas las mexicanas y mexicanos libres, que no nada más buscamos la transformación pacífica del país, sino que también estamos buscando detener el robo del siglo que significaría esta reforma energética.

Es el tema, compañeras y compañeros. En eso andan sus jefes. Lo digo con todo respeto para los diputados que son leales al mandato popular. Pero tenemos un problema, que los asuntos verdaderamente importantes no se están tratando, puras reformitas para que todo siga igual.

Ésta es importante, pero tenemos que abordar el tema central y por eso me atreví a hacer la invitación a ustedes, pero también a la gente que nos puede estar mirando. Nos vemos el domingo, 10 de la mañana, 1 de diciembre, Zócalo capitalino. Muchas gracias. Vamos con Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Nabor Ochoa López, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Nabor Ochoa López:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, voy a referirme sobre todo al tema que nos ocupa, que es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de esta importante Ley de Vertimientos de Desechos en Zonas Marinas.

Por ello es que la fracción del Grupo Parlamentario del Partido Verde viene a manifestar su aprobación a este dictamen, porque todo lo que se haga a favor del medio ambiente debe de ser no solamente bien recibido, sino debe de ser, sobre todo, apoyado y fortalecido.

Imagínense ustedes, desde el año de 1972 —hace ya más de 40 años— está firmado un convenio internacional en la materia sobre la prevención de la contaminación del mar; cuyo protocolo fue también firmado en 1996 y de ahí se derivó el reglamento correspondiente.

Un reglamento —también hay que decirlo— donde se establece, entre otras cosas, que la Secretaría de Marina tiene la responsabilidad de, a través del formato H, un formato famoso, podrá o no autorizar el vertimiento de desechos en la zona marina nacional.

Doy estos antecedentes, porque era ya importante contar con un marco normativo, con una ley sobre este importante tema, que tiene que ver no solo con regular los vertimientos, sino tiene que ver, insisto, sobre todo, con la protección al medio ambiente.

Aquí aprovecho la ocasión de que tenemos a un digno representante de la Armada, en esta Cámara de Diputados, al almirante Raúl Santos Galván, para reflexionar con ustedes y con él, no solo sobre la necesidad de esta ley, sino también que esta ley no sea obstáculo para impulsar algunos vertimientos, que sin afectar al medio ambiente benefician a sectores de la población y me refiero concretamente a pescadores, que para construir sus arrecifes artificiales necesitan forzosamente tener que hacer este vertimiento en la zona marina y que en muchas ocasiones, por tramitología o por otras cuestiones de manifiestos de impacto ambiental no se les permite.

Entendemos que ya hay una normatividad. Entendemos que con esta ley ya hay el procedimiento adecuado para no solo solicitarlo, sino también para aprobar el dictamen correspondiente y así hacer posible el vertimiento de desechos en la zona marina.

Por otro lado, también hacer ese reconocimiento a quienes impulsaron este dictamen. Entendemos que este dictamen viene como iniciativa del Ejecutivo federal de la administración pasada y que fue enriquecido en las comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, señalar también nuestra satisfacción, porque además de tocar estos temas que ya he mencionado, se le dan otras facultades a la Secretaría de Marina, como lo es el realizar investigaciones oceanográficas, que tienen que ver con la materia de vertimiento de contaminación marina.

Por ello, los integrantes del Partido Verde venimos a manifestar nuestro respaldo a este dictamen de Ley de Vertimientos en la Zonas Marinas Mexicanas. Es a favor del medio ambiente, es a favor de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, a usted, señor diputado Nabor Ochoa López. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes:Con el permiso de la Presidencia. El papel que la Armada de México desempeña en la salvaguarda de nuestros mares y océanos, además de las tareas de seguridad que realiza en apoyo a la autoridad civil, es de vital importancia para preservar la estabilidad y garantizar la soberanía sobre nuestro territorio y sus recursos naturales.

El dictamen con proyecto de decreto que ahora se discute pone al día el marco legal institucional de la Secretaría de Marina, Armada de México, para que desempeñe de forma clara y eficiente la parte de sus funciones correlativas a la protección y vigilancia de nuestras zonas marítimas.

El dictamen sobre la Ley de Vertimientos en Zonas Marítimas Mexicanas fue una iniciativa originalmente presentada por el Ejecutivo el pasado 25 de octubre de 2012, cuya finalidad es actualizar el marco normativo y cumplir con protocolos internacionales a los que México está suscrito, con el objetivo de preservar el medio ambiente y regular de manera más eficaz la contaminación y alteración de los mares por concepto de vertimientos.

La actual dictaminación que dicta las directrices sobre el vertimiento de desechos en zonas marítimas data de 1979, por lo que a la luz de los cambios sociales, económicos y tecnológicos, resulta una normatividad obsoleta y se encuentra desactualizada. De ahí la necesidad de poner al día las leyes referentes a este tema.

Del mismo modo, la falta de un marco legal que faculte mejor a la Semar para garantizar la vigilancia y el control de la contaminación de las aguas mexicanas le da un carácter trascendental al dictamen en discusión.

Ahora bien, sobre el contenido del dictamen se puede destacar el hecho de que a partir de ahora la Secretaría de Marina, Armada de México, podrá contar con una serie de facultades de verificación y vigilancia específicas, además de que estará en condiciones de imponer sanciones y fijar las cantidades que se deberán cubrir para garantizar la reparación de los daños ocasionados por los vertimientos en las aguas mexicanas.

Asimismo la Semar evaluará las solicitudes de permisos para los vertimientos, considerando circunstancias y efectos, pudiendo ser negados en casos que se consideren negativos para los ecosistemas, o en condiciones en que los desechos puedan ser reutilizados, al tiempo que la Armada estará facultada para realizar inspecciones en buques, plataformas o aeronaves navales en donde se sospeche que haya desechos para ser vertidos en el mar, pudiendo conducirse a los infractores, a fin de garantizar la reparación de los daños, perjuicios y multas que pudieran aplicar.

Con el presente dictamen también se estará facultando a la Semar para que ésta pueda realizar investigaciones oceanográficas que respaldan la emisión de sus resoluciones, por lo que se contempla que los dictámenes emitidos por la Secretaría tengan todos los fundamentos científicos y racionales para acompañar sus decisiones.

Es destacable el hecho de que en la discusión y análisis bicameral de este dictamen se han recogido buena parte de las observaciones que hicieron organizaciones, como Greenpeace, sobre la iniciativa original. Por ejemplo, en el tema de inspecciones, en lugar de que personal acreditado por la Semar las pudiera llevar a cabo, se modificó el texto para que solo fuera personal de la propia Secretaría de Marina el único autorizado para realizarlas.

Del mismo modo se atendió la redacción para que las infracciones y sanciones tuvieran claridad al momento de su aplicación, evitando la discreción de las autoridades y privilegiando la transparencia.

También resulta importante señalar que en la elaboración del presente dictamen se ha mantenido una comunicación y coordinación constante dentro del Congreso y sus comisiones, así como la propia Secretaría de Marina, por lo que este dictamen es un proyecto no solo incluyente y que retoma las sugerencias hechas por el equipo técnico y jurídico de la Semar, sino que además ha generado consensos entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso, teniendo detrás de sí un trabajo de coordinación entre las Comisiones de Marina del Senado y la Cámara de Diputados.

Sin duda, vigilar una superficie de 3 millones 140 mil 920 kilómetros cuadrados, que comprenden el mar territorial sobre el cual México ejerce soberanía absoluta, y la zona económica exclusiva en la que se ejercen derechos soberanos en cuanto a la explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales contenidos en la masa de agua, lecho y subsuelo marino, es una tarea titánica y no sin dificultades, tanto operativas como presupuestales que debe realizar la Secretaría de Marina, Armada de México.

Sin embargo, con este nuevo marco jurídico, así como del incremento presupuestal para el próximo año que recibió la Secretaría de Marina, la cual fue de 12.5 por ciento más con respecto al Presupuesto de Egresos 2013, las y los diputados estamos contribuyendo a dar certeza al accionar de la Armada de México, a fin de que cuente con las herramientas legales y presupuestales necesarias para garantizar su labor de protección y vigilancia del medio ambiente y las zonas marítimas mexicanas.

Por todas estas razones, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor el presente dictamen, ya que con ello cumplimos con la responsabilidad de dotar a las Fuerzas Armadas, que son nuestras, de todas y todos los mexicanos en todos los sentidos, de un marco legal acorde a las necesidades del siglo XXI, al tiempo que dejamos claro el compromiso que en el PRD tenemos con la protección del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada María de Lourdes Amaya Reyes. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Castaños Valenzuela, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela:Con la anuencia de la Presidencia. El posicionamiento que hoy se presenta deriva de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

Las actividades relacionadas con la Marina se remontan al origen mismo del hombre, quien desde su aparición descubrió en el mar un sustento y una forma de supervivencia. Dichas actividades fueron evolucionando a través de los años para volverse cada vez más sofisticadas y elaboradas. Posteriormente, fue necesario establecer límites a la explotación de los mares, en apego al respeto al derecho internacional marítimo.

Desgraciadamente, a partir de la industrialización la explotación de los mares trajo aparejadamente la contaminación de los mismos. En los tiempos modernos este hecho ha ocasionado la contaminación del planeta y una serie de daños inminentes para el hombre.

El uso y sobrexplotación de océanos y costas ha provocado que el equilibrio ecológico se vea alterado, provocando también cambios climáticos y perjudicando la vida de la flora y fauna marina, así como la vida humana. Por ello ha surgido la necesidad de que los Estados emprendan acciones para combatir la contaminación de los mares así como lograr la protección de los gobernados.

Siempre respetuoso del derecho internacional, el Estado mexicano ha manifestado su preocupación por tal situación, es por ello que desde 1972 se llevó a cabo la ratificación del Convenio Internacional sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y otras Materias y su protocolo, en 1966.

El 3 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta en comento, la cual fue turnada a la Comisión de Marina para dictamen, con la opinión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la Comisión de Marina realizamos diversos trabajos con el propósito de analizar el contenido de la minuta, así como la intención y fondo de la misma.

Al documento analizado integramos la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, así como de expertos en el tema. Como resultado de los consensos alcanzados se formula el presente dictamen, con modificaciones, que recoge el espíritu del debate y las de excepciones de los legisladores y sus Grupos Parlamentarios.

El día de hoy presentamos un nuevo proyecto de ley, el cual no tiene antecedentes, que demuestra que la contaminación de las zonas marítimas en el país es un tema que nos ocupa y nos preocupa.

De la aportación más importante podemos destacar que tiene por objeto el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marítimas mexicanas. La regulación de los mismos en los mares territoriales. Los requisitos estrictos para otorgar un permiso de naturaleza. La inspección y vigilancia a los permisionarios y las sanciones en caso de incumplimiento.

Todo lo anterior, en estricto apego al derecho internacional, tomando como base para ello el Convenio Internacional sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias de 1972, y su respectivo protocolo.

En el Partido Acción Nacional nos preocupa la protección de las personas en todos sus ámbitos, incluida la protección del ambiente de las mismas. Cabe recordar que la presente ley es una iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón durante su gestión y nos llena de orgullo saber que el haber llegado a un acuerdo con los demás grupos parlamentarios en la persecución fue siempre un fin común.

Consideramos que todas las actividades relacionadas con la Marina son un área de oportunidad, que no han sabido ni han sido aprovechadas correctamente, máxime cuando tenemos un país privilegiado con acceso tanto al Océano Pacífico como al Atlántico, con una extensión de 11 mil 122 kilómetros de litorales, exclusivamente en su parte continental, y sin incluir litorales insulares, de los cuales 7 mil 828 kilómetros pertenecen al Océano Pacífico y 3 mil 294 al Golfo de México y Mar Caribe, por citar algunos datos relevantes.

Por ello, seguiremos impulsando las reformas que permitan potencializar esta actividad y en virtud de lo anterior apoyamos la reforma en comento, teniendo la firme convicción de que este proyecto representa un beneficio, tanto a corto como a largo plazo, para la sociedad mexicana y un México más limpio para futuras generaciones.

Finalmente, solicito atentamente que la presente intervención conste íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Carlos Castaños Valenzuela. Finalmente, tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Santos Galván Villanueva, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Raúl Santos Galván Villanueva:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el importante tema de la prevención de la contaminación por vertimientos en océanos y costas, asunto de la mayor relevancia para México en su calidad de país ribereño.

La contaminación marina constituye una potencial amenaza que debe ser prevenida y atendida con la mayor atención. La extracción de hidrocarburos, la transportación marítima, la pesca, el desarrollo de infraestructura portuaria y otras acciones que se realizan en el mar, si bien constituyen actividades productivas de la mayor importancia económica, el no realizarlas de una forma ordenada y regulada puede provocar deterioro en la calidad de las aguas marinas, afectando la salud de los seres humanos o de los sistemas lagunarios en nuestras costas.

México posee una de las mayores riquezas biológicas del mundo que debemos preservar. Por la extensión de sus costas y el incremento de las actividades marítimas en sus aguas, resulta necesario adoptar medidas preventivas que neutralicen las amenazas a su biodiversidad, siendo para ello necesario minimizar y controlar la contaminación por vertimientos en sus zonas marinas.

Nuestro país se adhirió al Convenio de Londres de 1972 y a su protocolo de 1996, en los que se prescriben las normas a observar para el control de las fuentes contaminantes del medio marino. Ambos instrumentos fueron aprobados por el Senado de la República, por lo que las disposiciones ahí contenidas resultan obligatorias para México, comprometiéndolo a promover la normatividad que impida la contaminación del mar por vertimiento de sustancias que puedan resultar nocivas.

En tal circunstancia y con el objeto de que contemos con un instrumento jurídico para prevenir y controlar la contaminación de los ecosistemas marinos y costeros, es que nuestro grupo parlamentario expresa su conformidad con el proyecto que hoy nos ocupa, al coincidir en que la expedición de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas proporcionará la necesaria actualización y armonía con la normatividad internacional sobre prevención de la contaminación marina.

Y lo más importante, se crea una norma que establece el deber del Estado de proteger las aguas nacionales. El procedimiento para prevenir y controlar los factores de deterioro de los mares y costas, e imponer, en su caso, las sanciones correspondientes derivadas de la contaminación marina.

Igualmente, con la ley que se discute se regularán los vertimientos de materiales como sedimentos producto del dragado, hundimiento de buques y de estructuras de concreto para la creación de arrecifes artificiales, material pétreo y concreto para escolleras o espigones, el hincado de pilas o pilotes para la construcción de muelles y otros materiales.

Además, con la aplicación de esta ley se protegerán los recursos pesqueros y los manglares, que son ecosistemas altamente productivos y filtros biológicos de contaminantes, así como hábitat de una gran diversidad de especies de flora y fauna.

En consecuencia, señoras y señores legisladores, para contribuir al desarrollo marítimo sustentable de México, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del proyecto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, toda vez que se trata de un ordenamiento que regulará las acciones de prevención y control de las diferentes fuentes contaminantes en mares y costas mexicanas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Raúl Santos Galván Villanueva.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de presidentes municipales del estado de Puebla, invitados por el diputado Rafael Micalco Méndez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Asimismo a invitados del Centro de Estudios Univer Milenium. Sean también todas y todos ustedes bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar a favor, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Solamente para poder manifestar nuestro apoyo y la importancia del proyecto de decreto que se está discutiendo el día de hoy. La importancia que tiene que ver con el tema ambiental. Es un gran logro el hecho de que se pueda contar con esta Ley de Vertimientos, en todo lo que tiene que ver con los mares de nuestro país.

Hemos trabajado mucho en la reglamentación, en la normatividad, en la Ley de Responsabilidad Ambiental y me parece que esta ley viene a fortalecer todo lo que tiene que ver con nuestros ecosistemas. México ha sido un principal promotor del poder conservar nuestras costas y nuestros mares, siendo parte de diferentes tratados internacionales, reglamentación y normatividad. Sin embargo, los reglamentos parecería que en nuestro país no son suficientes, porque no se les ha tomado en cuenta al 100 por ciento.

Esta ley, la cual faculta a la Secretaría de Marina a poder tener acciones de prevención, a poder tener acciones de sancionar, un tema muy importante a lo que nosotros llamamos justicia ambiental y que no es otra cosa que simplemente conservar y preservar nuestros ecosistemas a favor de todos los mexicanos.

Los vertimientos que se dan en nuestros mares, no solamente tiene que ver con el ámbito turístico, tienen que ver y será muy importante que la Secretaría de Marina, ahora que tendremos próximamente una apertura en lo que será la reforma energética, en la extracción de hidrocarburos, de minerales y de otros productos, pueda estar monitoreada y pueda tener toda la facultad para sancionar a todas aquellas personas nacionales o internacionales que puedan generar una contaminación.

Es muy importante el hecho de que pueda tener ya esta capacidad sancionadora y se puedan aplicar las multas correspondientes a todas aquellas embarcaciones, personas, empresas, gobiernos, que sean los que estén contaminando nuestros mares.

Para nosotros —como lo dijo mi compañero Nabor Ochoa— en el Partido Verde nos sentimos muy orgullosos de que hoy se pueda tener este consenso y que la Presidencia de la República haya puesto aquí, en la máxima tribuna, en la Cámara de Diputados, un tema tan importante y tan sensible para el medio ambiente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Ricardo Astudillo Suárez. Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar a favor, el diputado Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna con dos objetivos muy claros.

El primero, es señalar mi voto a favor de este proyecto de decreto, de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, que me parece un claro avance en la protección de nuestras costas y de nuestros yacimientos marinos, porque no solamente otorga mayores facultades a la Secretaría de Marina para que pueda otorgar y cancelar permisos de vertimiento, no solamente otorga facultades a la Marina para que pueda realizar visitas de inspección, sino que va más allá, la faculta también para realizar investigaciones oceanográficas, que seguramente desde un punto de vista científico contribuirán a una mayor preservación de nuestra riqueza marina.

Pero el segundo objetivo por el que estoy en esta tribuna es porque quisiera hacer un respetuoso llamado a esta Cámara, a que no solamente nos preocupemos por cuidar nuestras zonas marinas, sino que está también una prioridad que enfoquemos nuestra vista, nuestro objetivo a salvaguardar la riqueza ambiental de nuestra franja terrestre, sobre todo donde hay explotación petrolera, porque ahí continuamente estamos padeciendo de una serie de accidentes de la industria petrolera que van en demérito de nuestro entorno ambiental.

Hoy quisiera llamar la atención, hace algunos días lo hice desde mi curul, les dije que había una situación preocupante por el pozo Terra 123, en la comunidad de Oxiacaque, en Nacajuca, Tabasco, donde explotó un pozo y en donde lleva semanas que se está quemando allí un material que va en contra de la salud de los habitantes de esas zonas, en contra de sus cultivos, en contra de sus animales de granja.

Pero resulta que el día de ayer, a menos de 24 horas, el día de ayer alrededor de las 19:00 horas en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, Centla, hizo explosión otro conducto de Pemex en el pozo Tizón 222. Nos llama la atención que en unas cuantas semanas tengamos dos explosiones importantes en instalaciones petroleras en Tabasco, el pozo Terra 123 y ahora en el pozo Tizón 222.

Es preocupante, porque se pone en riesgo la salud y la tranquilidad, la seguridad de los habitantes de la zona. La comunidad de Felipe Carrillo Puerto se encuentra a menos de cinco minutos de la ciudad de Frontera y la explosión realmente cimbró las casas de los habitantes de la zona. No queremos pensar que sea parte de una estrategia para legitimar la venta de la industria petrolera.

Sí quiero dejar señalado, y muy claramente, que no solamente es Pemex el que está trabajando en estos pozos, es también la empresa transnacional llamada Halliburton y ésta es la mejor prueba que la privatización y la entrada de empresas como Halliburton no va a resolver el problema de la industria petrolera ni le va a dar más seguridad a los habitantes de esas zonas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Rosendo Medina Filigrana.

Finalmente, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, también para hablar a favor, a nombre del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, presidente. Primero que nada hacer un reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Marina, en particular al presidente, al diputado José Soto, y a todos los que trabajaron para expedir esta Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

Nos parece que esta ley, al igual que otras reformas que se han dado para favorecer nuestro entorno ecológico, nuestro medio ambiente, nuestros mares, nuestras tierras, nuestro aire, son sin lugar a dudas medidas que desde Movimiento Ciudadano celebramos y apoyamos.

Desde luego que hoy en día el cambio climático y la sustentabilidad son temas que no podemos soslayar ni hacer menos. Desde luego que el tema de las aguas marítimas, el regular los vertimientos, los desechos, darle facultades a la Secretaría de Marina, son temas que nosotros vemos con beneplácito y que vamos a apoyar.

Sin embargo, nos preocupa que con la reforma energética, con la entrada que se pretende de las transnacionales voraces, no solo en cuanto a las utilidades y el gran negocio que quieren hacer con nuestros recursos naturales, es claro que han dejado a su paso una estela de devastación ecológica en muchos lugares.

Estas transnacionales, como Halliburton, como Chevron y como otras, han hecho de los mares y de los lugares donde pasan también lugares de siniestros ecológicos y de daños, que muchas veces son irreversibles. Están no solamente los países del Golfo Pérsico, sino también muchos lugares que dejan testimonio de su irresponsabilidad con el medio ambiente.

Por eso exhortamos y llamamos la atención de los legisladores, para que con esa misma enjundia y ese consenso que hay en el tema ecológico, cerremos la puerta de una vez por todas al fraking, a la fractura de las placas hidráulicas para extraer el gas de lutita, que es un ecocidio, que es un daño ecológico irreversible, porque solamente se puede reciclar el 10 por ciento del agua utilizada para extraer este gas y que, además de todo, utiliza millones de litros de agua que sirven para el consumo humano.

Seamos congruentes. No solamente es un acto que sí calificamos como traición a la patria la entrega del petróleo, sino es un asesinato ecológico que no podemos soslayar. Vendrá el tiempo en que cada quien asuma sus posturas. Pero desde hoy adelantamos que quien quiera ser congruente en el tema ecológico, no puede dejar pasar el tema del fraking, que es un daño ecológico irreversible. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Señor presidente, se emitieron 404 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

DECOMISO DE MEDICAMENTOS FUERA DE NORMA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Raquel Jiménez. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Únicamente para hacer mención sobre la información que se versa en diversos periódicos esta mañana, respecto al decomiso que la Cofepris hizo de 166 toneladas de medicamentos fuera de la norma, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Por un lado, reconocer el trabajo que la Cofepris está haciendo en esa materia y, por el otro, también exhortarlos a seguir en su labor de vigilancia, toda vez que el tener estos medicamentos fuera de la norma implica un serio riesgo a la salud de la población en nuestro país. Exigimos se siga dando esta tarea de vigilancia a favor de la salud de los mexicanos Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Raquel Jiménez. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia informa que se ha recibido de la Cámara de Senadores fe de erratas en relación con la minuta proyecto de decreto en materia de transparencia. Proceda la Secretaría a dar lectura.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Hago de su conocimiento que en la sesión de este día el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en votación nominal una fe de erratas al párrafo décimo tercero de la fracción VIII del apartado A del artículo 6o., del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

Para los efectos correspondientes se anexa el texto de dicha fe de erratas y asimismo la comunicación suscrita por el senador presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara.

Atentamente

México, DF, a 26 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Fe de erratas al párrafo décimo tercero de la fracción VIII del apartado A del artículo 6o. del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

Dice:

El organismo garante tendrá un consejo consultivo integrado por 10 consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

Debe decir:

El organismo garante tendrá un consejo consultivo, integrado por 10 consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 26 de noviembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXII Legislatura.— Comisión de Puntos Constitucionales.

Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente

Con fecha 14 de noviembre del presente año, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, primera, aprobamos por unanimidad el dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de acceso a la información pública y transparencia, mismo que fue discutido y aprobado por el Pleno del Senado de la República en la sesión ordinaria del día 20 de noviembre de 2013.

Sin embargo, en el texto correspondiente al párrafo décimo tercero de la fracción VIII del Apartado A del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,subsistió un error de técnica legislativa resultado de las modificaciones realizadas por las propias comisiones dictaminadoras.

Para efecto de subsanar debidamente el texto constitucional, le solicito que sea sometida al Pleno, para su discusión y aprobación, la presente Fe de Erratas, en los siguientes términos:

Dice:

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras parles de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

Debe decir:

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

Atentamente

México, DF, a 26 de noviembre de 2013.— Senador Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente.»

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal Ávila. Explíqueme desde su curul y con todo gusto.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, le solicito el uso de la palabra para fijar mi posición en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El asunto no está a discusión, diputado, pero con todo gusto le voy a permitir a usted hacer uso de la palabra e inmediatamente después consultaremos a la asamblea para que sea la asamblea quien resuelva.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. Ciudadanos diputados, he insistido de manera reiterada en que tengamos cuidado con nuestro trabajo legislativo. He insistido de manera incluso frecuente en que no se está teniendo cuidado ni pulcritud en la elaboración de las leyes.

Éste es un ejemplo. Hoy ustedes van a aprobar, mediante fe de erratas, una disposición contenida en el párrafo decimotercero de la fracción VIII del apartado A del artículo 6o. del proyecto de decreto que ayer se aprobó.

Déjenme explicarles. Ayer agotamos el procedimiento ordinario al que estamos sometidos y ayer se pronunciaron las palabras formales o sacramentales del presidente para enviarse a las Legislaturas y concluir el trámite del Constituyente Permanente. Hoy se está modificando lo que ayer se aprobó, aunque sea mediante la fe de erratas.

Las prisas, la falta de cuidado, la falta de pulcritud en nuestro trabajo están generando esos desaciertos. Son desaciertos y errores en el procedimiento.

¿Saben ustedes cuántas veces se ha regresado y a través de fe de erratas se trata de corregir este tipo de irregularidades? En cinco ocasiones. Cinco ocasiones. Va, viene, va, viene, va.

Este procedimiento el día de ayer quedó agotado y, ¿saben ustedes que es lo que se modifica por fe de erratas? Se elimina la expresión mayoría calificada. Y quizá tenga razón la fe de erratas, porque es tautológico y repetitivo, si es que la disposición contiene que deberá ser aprobado el nombramiento de funcionarios mediante dos terceras partes, pues que es la mayoría calificada, aquí y en cualquier otra parte del mundo. Pero el problema es la falta de cuidado, y les puedo asegurar que como este procedimiento viciado hay muchos más, que todos los días pasan y que no hay mente humana, poder humano, inteligencia humana que pueda leer miles de hojas contenidas en leyes que se aprueban a diario.

Por eso, insisto, tengamos cuidado. Nosotros no podemos admitir este tipo de errores graves en el procedimiento y por eso nos resistimos y hacemos llamados a la responsabilidad para no seguir cometiendo errores graves en el procedimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Monreal. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de la fe de erratas enviada por la Cámara de Senadores.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de la fe de erratas enviada por la Cámara de Senadores.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): A favor.

El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Señor presidente, se emitieron 367 votos a favor, 3 abstenciones y 14 votos en contra. Por tanto, hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada. Aplíquese.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 10 de marzo de 2011, los diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Marco Antonio García Ayala, Rodrigo Reina Liceaga, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Silvia Esther Pérez Ceballos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Atención Preventiva Integrada a la Salud.

2. Con la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 9 de febrero de 2012, se sometió ante el pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Salud, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud, aprobándose con votación de 314 a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.

4. Con la misma fecha, la Mesa Directiva, de este órgano legislativo, turnó a la Cámara de de Senadores, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

5. Con fecha 14 de febrero de 2012 se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

6. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, Primera, la minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

7. Con fecha 2 de abril de 2013 fue publicado el dictamen de primera lectura de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, en Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.

8. El 3 de abril de 2013, se presenta dictamen de segunda lectura, con modificaciones a discusión en el pleno de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.

9. En sesión celebrada el 9 de abril de 2013 de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve de conformidad con lo que establece la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual dicto tramite para que se turnara a la Comisión de Salud, para análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la minuta

La minuta pretende considerar como materia de salubridad general la atención preventiva integrada a la salud, consistente en realizar todas las acciones de promoción y protección de la salud de acuerdo con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, la cual comprenderá la atención medica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecera la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La atención medica integrada a la salud es el enfoque biopsicosocial que se le brinda a los pacientes, su familia y la comunidad, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.

De lo mencionado se desprende que la salud, como producto social, depende de los diversos determinantes y de la respuesta social generada para abordarla, por lo que, sobre la base de este conocimiento, se empezó a enfatizar en que, además de realizar acciones preventivas dirigidas a grupos de riesgo, para proteger y mejorar el estado de salud de la población, se debe apoyar a quienes tengan la capacidad de adoptar estilos de vida saludables y participar activamente en el cuidado de su salud, la de su familia y la de su comunidad, y brindar las condiciones y requisitos para que esto tenga lugar, es decir, promocionar la salud.

Tercera. Debido a la importancia que tiene la prevención en materia de salud esta comisión como la colegisladora coinciden en la necesidad de que se implemente un modelo de atención preventiva integrada a la salud, que permitirá que la población mexicana tanga mayor acceso y mejor calidad de atención a la salud. Considerando necesario que la finalidad de la atención preventiva integrada a la salud se focalice en los riesgos de acuerdo con la edad y el sexo del paciente, para que se le pueda tratar de manera más rápida y efectiva.

Es por ello que ambas Cámaras estiman viable que dicho objetivo se adicione en el artículo 6o., fracción I, de la Ley General de Salud, para que dar como sigue:

Artículo 6o. El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

II. a IX. ...

Cuarta. En relación con la propuesta de adición de una fracción II Bis al artículo 7o., ambas Cámaras la estiman pertinente a efecto de que la Secretaría de Salud, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud promueva e impulse que las instituciones comprendidas en éste, implementen programas cuyo objeto consiste en brindar atención medica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. y II. ...

II Bis. Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

III. a XV. ...

Quinta. Por otra parte la minuta en estudio pretende modificar la fracción III de artículo 27 de la Ley General de Salud, a fin de que se consideren como servicios básicos de salud, la atención preventiva integrada a la salud, la cual se ha estimado viable por ambas Cámaras, ya que se pretende establecer lo que comprende la atención médica integrada, siendo estas las acciones preventivas de promoción y protección específica, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

I. y II. ...

III. La atención medica integral, que comprende la atención medica integrad de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, el sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

IV. a XI. ...

Sexta. No obstante, respecto a la propuesta por la cual se adiciona una fracción IX, al artículo 6° de la Ley General de Salud, la Colegisladora determino modificar la minuta, para eliminar dicha propuesta de adición. Lo anterior toda vez que el objetivo de la misma ya se encuentra establecido en la fracción XIII del Articulo 7 de la Ley General de Salud que señala:

Articulo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a XII. ...

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud;

XIV. y XV. ...

Séptima. Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión consideran que la presente minuta es procedente, toda vez que los argumentos de la propuesta de modificación que propone la colegisladora son viables.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud

Artículo Único. Se reforman los artículos 6o, fracción I; y 27, fracción III; y se adiciona el artículo 7o., con una fracción II Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6o. El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

II. a IX. ...

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. y II. ...

II Bis. Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consta en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

III. a XV. ...

Artículo 27. ...

I. y II. ...

III. La atención medica integral, que comprende la atención medica integrad de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

IV. a XI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud y todas las instituciones relacionadas, contarán con 180 días para realizar los ajustes necesarios a fin de poder otorgar la atención preventiva integrada a la salud.

Nota:

1 Acta médica costarricense volumen 49 número 1 San José enero de 2007. De la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, contribuyendo un nuevo paradigma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2013.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo, María Elia Cabañas Aparicio, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la salud, como producto social, depende de diversos factores y de la respuesta social generada para abordarla, por lo que sobre la base de este conocimiento, se empezó a enfatizar en que, además de realizar acciones preventivas dirigidas a grupos de riesgo, para proteger y mejorar el estado de salud de la población, se debe apoyar a quienes tengan la capacidad de adoptar estilos de vida saludables y participar activamente en el cuidado de su salud, la de su familia y la de su comunidad, y brindar las condiciones y requisitos para que esto tenga lugar, es decir, promocionar la salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la atención primaria en la salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad, a través de medios aceptables para ellos con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad.

Debido a la importancia que tiene la prevención es que se propone que se implemente el modelo de atención preventiva integrada a la salud, el cual permitirá que la población mexicana tenga más acceso y mejor calidad de atención a la salud.

En la actualidad existen diversos programas preventivos dentro de las diferentes instituciones de salud en México. Sin embargo, no todos reflejan las características necesarias para poder combatir las enfermedades resultado de la transición demográfica que sufre el país, en donde se presentan cada vez más enfermedades y donde el costo del tratamiento es considerablemente superior al de la prevención.

Las áreas de atención a la salud y los servicios de medicina preventiva de las unidades de primero y segundo nivel se han enfocado a la prevención de riesgos y daños específicos a través de múltiples programas preventivos que han contribuido a la prevención y control de diversos padecimientos.

Desafortunadamente el creciente número de programas preventivos ha contribuido aún más a la ya existente fragmentación de los servicios de salud. Lo anterior, derivado de que las acciones preventivas se realizan en diferentes tiempos, por diferente tipo de personal, diferentes espacios o cubículos y, sobre todo, diferentes maneras.

Para incrementar la efectividad de las políticas de prevención en salud es necesario ordenar las acciones de promoción y protección de la salud dentro del Sistema Nacional de Salud, bajo una estrategia coordinada por la Secretaría de Salud y con prioridades claramente establecidas. Esta estrategia debe incluir a las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y no solo a los correspondientes al orden federal.

La atención preventiva integrada a la salud permitirá reducir el número de consultas para el cumplimiento de los programas de salud preventivos, ya que evita oportunidades perdidas, reduce los tiempos de espera, permite cumplir con el principio de respetar la individualidad de cada persona, evita despersonalizar a quien requiere una atención y ayuda a organizar la prestación de los servicios médicos. Asimismo favorece la corresponsabilidad para el cuidado de la salud entre las instituciones y la población.

Para alcanzar el propósito de una verdadera prevención es indispensable avanzar de la atención en banda, definida como la fragmentación y burocratización de la prestación de los servicios, a la atención preventiva integrada a la salud y debe convertirse en una prioridad de los sistemas de salud.

Es por ello que la Comisión de Salud considera emitir de manera favorable el presente dictamen para incluir en los objetivos del Sistema Nacional de Salud la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, así como promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.

Además establecer que la Secretaría de Salud promoverá e impulsará que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consiste en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

Finalmente, se incluye dentro de los servicios básicos de salud la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Carla Alicia Padilla Ramos.

Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, Nueva Alianza reitera que una de sus máximas prioridades consiste en hacer efectivo el derecho a la salud. Este derecho fundamental tiene que ser garantizado a toda la población, independientemente de su situación laboral, condición económica o cualquier otro factor que pudiera implicar discriminación o marginación.

El acceso a la salud constituye un elemento esencial que permite sentar las bases que eliminen la desigualdad existente entre los miembros de la sociedad. El acceso a la salud además debe realizarse con niveles de calidad aceptables, en un marco de sostenibilidad fiscal que contemple un esquema de asignación responsable de recursos al Sistema Nacional de Salud.

El dictamen de la Comisión de Salud que está a discusión tiene el apoyo de mi grupo parlamentario, porque aborda un aspecto estratégico en la política de salud del Estado mexicano como es la prevención.

Si realmente queremos que el derecho a la salud sea universal y de calidad, en un marco de asignación racional de recursos fiscales, es importante hacer de la prevención una línea estratégica en la conformación de nuestro sistema de salud.

La diabetes mellitus, las enfermedades del corazón, cerebro-vasculares y la desnutrición calórico-proteica son algunas de las principales enfermedades prevenibles en México. Su falta de prevención y atención deteriora la calidad de vida de millones de personas y causa miles de muertes al año.

Los sectores sociales que no cuentan con servicios de salud o protección social son los más vulnerables, lo que sin duda refleja la inequidad social de los que menos tienen. La protección de la salud como un derecho social implica la obligación del Estado de crear las condiciones que permitan a todos los ciudadanos vivir saludablemente. Respetar, proteger y garantizarles el acceso a la atención médica es una parte fundamental de la dignidad humana.

Por ello, señoras y señores diputados, votaremos a favor del presente dictamen que reforma la Ley General de Salud, puesto que plantea considerar como materia de salubridad general a la atención preventiva integrada a la salud. Se trata de ofrecer a toda la población atención médica integrada, de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

En los últimos años han existido esfuerzos por enfocar la salud como un asunto global, a través de la implementación de los programas de salud, como el PrevenIMSS. Sin embargo, es importante señalar que dicho programa no ha logrado impactar en las poblaciones más marginadas del país, quienes no tienen acceso a estos servicios.

Actualmente contamos con un esquema de salud que genera fragmentación de los servicios médicos, a realizar acciones preventivas en diferentes tiempos y por diferente personal, lo que origina un servicio ineficiente, citas numerosas y tiempos de espera prolongados.

Al respecto, es destacable que el dictamen a discusión establece que la atención médica integral de carácter preventivo tiene que ofrecerse, preferentemente, en una sola consulta. Es decir, esto permitiría que la atención tenga más elementos de continuidad e integralidad. De este modo, las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, que deberán diseñarse de acuerdo con la edad, el sexo y los determinantes físicos y síquicos de las personas, se deberán realizar de manera integral, atendiendo a la particularidad de cada persona.

Por ello, el dictamen fortalece, en este aspecto, las atribuciones de coordinación en la Secretaría de Salud. Dado que es indispensable mejorar y unificar los servicios de salud, establecer los alcances de cada institución y de los diversos órdenes de gobierno para brindar una atención médica integrada a la salud.

En conclusión, las reformas a la Ley General de Salud que contiene el dictamen son de apoyarse y reconocer el esfuerzo de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Salud. Porque el objetivo es que la población mexicana cuente con mejores servicios de salud. De este modo se proporcionarán servicios de calidad en materia de prevención, promoción, orientación, educación y capacitación para el cuidado de la salud y su rehabilitación. La detección oportuna de padecimientos y enfermedades que pueden ser tratados de manera más oportuna y efectiva incrementa las posibilidades de salvar miles de vidas.

En Nueva Alianza nuestro compromiso es lograr acceso universal a un sistema de salud con servicios de calidad y oportunos, que éste garantice el derecho humano, porque la salud de la población es una pieza fundamental que detona el desarrollo y prosperidad de la nación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Rubén Benjamín Félix Hays. Tiene el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Partido del Trabajo coincide, en general, con el contenido del dictamen que la Comisión de Salud presenta ante el pleno de esta Legislatura del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

En nuestro grupo parlamentario creemos en el derecho a la salud, el cual es uno de los principales logros sociales de México y ha sido una bandera histórica del Partido del Trabajo en pro de los mexicanos.

Por ello consideramos que aun hace falta camino para lograr un sistema de salud como al que aspiramos. Para nosotros el Sistema Nacional de Salud debe cumplir con al menos tres elementos básicos: la universalidad, es decir, que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud. La gratuidad, que todos los mexicanos puedan acceder a servicios de salud de calidad sin restricciones de ingreso. Y la integralidad, que la salud sea vista como un proceso integral que incluya desde la prevención hasta la alta especialidad con un enfoque holístico del ser humano.

De los dos primeros elementos aún hay camino por recorrer y retos que vencer, aún hay territorios del país en los que el acceso a servicios de salud no ha llegado, faltan clínicas y hospitales que cubran la demanda nacional y a pesar de tener una cantidad importante de médicos y enfermeras todavía hay déficit de trabajadores de la salud.

Asimismo aún hay cobros por servicios de salud, como el Seguro Popular, en cual cobra sus servicios y no cubre todas las especialidades. También se ha privilegiado la creación de servicios médicos privados, los cuales privilegian el lucro por encima de la salud.

A pesar de lo anterior, el dictamen que se presenta hoy por la Comisión de Salud permite avanzar en el tercer punto; es decir, en la integralidad del sistema de salud. En este sentido, incorporar la atención preventiva integrada a la salud como objetivo del Sistema Nacional de Salud, tal y como se propone en el proyecto que discutimos, ahora es un paso más en el camino de lograr un sistema integral de salud, así como un elemento que permitirá el ejercicio pleno del derecho a la salud de todos los mexicanos.

La atención temprana y la prevención podrán garantizar una mejor atención médica, así como una mayor efectividad y ahorro en el uso de recursos públicos, lo que a su vez permitirá a las instituciones de salud ampliar su cobertura y su oferta de especialidad. Pero así como se avanza se abren nuevos retos, el primero es la necesidad de reasignar recursos para que las instituciones de salud cumplan con esta nueva atribución, el segundo es la creación de una cultura de la prevención.

Por desgracia, en nuestro país no existe una cultura de la prevención de la salud, que puede amenazar la eficiencia de una legislación como la que hoy se presenta, abriendo un reto para el corto y mediano plazo en este tema que debe ser atendido con prontitud y energía.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo entendemos la salud como un sistema integral amplio, que va más allá de la enfermedad. Y sabemos que la salud es un derecho universal que debe estar al alcance de todos los mexicanos.

Por ello, el proyecto de decreto presentado por la Comisión de Salud, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud, nos parece adecuado, ya que avanza en la consolidación de un sistema integral de salud nacional, el cual pasa de un enfoque de reacción a uno de prevención, que incluya a cada vez más población dentro de él y que utilice los recursos públicos de forma eficiente y efectiva. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Magdalena Núñez Monreal. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente. La salud es la base del bienestar social. No hay mayor determinante de la capacidad de progreso de una nación que el estado de salud de su pueblo.

En los últimos 50 años la esperanza de vida de los mexicanos ha mejorado notablemente gracias a muchos factores, entre los más importantes son la innovación en la tecnología y la difusión de información sobre el cuidado y prevenciones de la salud. La esperanza de vida de las mujeres se ha incrementado hasta casi llegar a los 78 años y en los hombres llega a los 73 años, siendo que antes solo se llegaba a los 50 años de vida.

También a través de los años las principales causas de muerte han cambiado, anteriormente eran infecciones comunes, como diarreas, neumonías y padecimientos ligados a la desnutrición o a la reproducción. Hoy en día fueron desplazados por enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer, las enfermedades mentales y cardiovasculares. Estos padecimientos requieren tratamientos más complejos, prolongados y costosos. Sabemos que el sistema mexicano de salud no cuenta con recursos suficientes para enfrentar el nuevo perfil de enfermedades que se presentan en la población.

Garantizar la cobertura universal de la salud representa tan solo el primer paso para proporcionar una asistencia médica de buena calidad a quienes la necesitan. Sin embargo, la realidad de nuestro país es que conforme pasa el tiempo la población se incrementa aceleradamente y la infraestructura y los servicios que el sector salud ofrece no son suficientes.

Una salud precaria conlleva a un empobrecimiento económico, por los gastos complementarios en bienes y servicios de salud que representan aún el 4.5 por ciento del consumo final de los hogares en México. Un 50 por ciento más que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

El acceso a los servicios de salud en las áreas rurales y en los estados más pobres es un reto aún mayor y, a pesar de un incremento constante, aún no hay suficientes médicos en el país. La tasa es de dos facultativos por cada mil personas, según datos de la OCDE. Además, los médicos se concentran en los estados con más poder adquisitivo.

En consecuencia, algunos servicios preventivos fundamentales siguen siendo inaccesibles para gran parte de la población. La población mexicana sigue creciendo al igual que la demanda de más y mejores servicios, la disminución de la mortalidad y el descenso de la fecundidad han propiciado el envejecimiento paulatino de los ciudadanos. Esto explica que la edad mediana es de 26 años, cuando en el año 2000 este indicador era de 22, según datos proporcionados por el Inegi.

A pesar de que México sigue manteniendo una población joven, la ciudadanía adulta comienza a mostrar una tendencia de crecimiento, lo que significa que en pocos años este sector poblacional necesitará más frecuentemente de servicios de salud. Si no se tiene en la actualidad la capacidad de atender a los ciudadanos, en un futuro será imposible que los mexicanos tengan acceso a la salud. Por esta razón, insistimos que es mejor y menos costoso tener y fomentar una cultura de prevención de las enfermedades que atender las consecuencias que éstas traen.

En síntesis, señoras y señores diputados, consideramos que debemos de apoyar más y apostarle más a la prevención, para que así tengamos una población más sana. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de esta ley. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Juan Ignacio Samperio Montaño. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Rubén Acosta Montoya, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Honorable asamblea. Por nuestro propio ritmo de vida y cultura los mexicanos hemos descuidado durante generaciones el tener una atención médica oportuna, más aún, la prevención.

La diabetes, enfermedades del corazón y cáncer son las tres principales causas de muerte en México, por ende, las que encabezan la lista de los problemas graves de salud pública. Pero no debemos olvidar que también existe dentro de estos problemas la obesidad.

Lo anterior se ve reflejado en las últimas estadísticas sobre los problemas de salud en México. Datos más específicos son estos. El 14.4 por ciento de la población mexicana tiene diabetes mellitus tipo II, el 40 por ciento hipertensión arterial, el 13 por ciento de la población muere por cáncer.

Un dato más ilustrativo. Casi 12 millones de mexicanos requerimos cambios en nuestro estilo de vida y ocho millones de éstos tratamos enfermedades continuamente con medicamentos. Sin embargo, es la minoría la que realiza estos cambios o se acerca a recibir dichos tratamientos preventivos.

Lo grave es que todos estamos expuestos sin una correcta prevención, porque cada padecimiento genera nuevos daños irreversibles. Se puede generar insuficiencia renal, consecuencias cerebrovasculares e infartos, entre otros muchos padecimientos. Ello significa que es importante la prevención para que se logre alcanzar el punto de vigilancia de los factores de riesgo, como la obesidad y el sobrepeso.

Los servicios de salud se han extendido por todo el país. Sin embargo, grupos importantes de la población aún se encuentran desamparados. Esto lo vemos en las áreas rurales o incluso en las ciudades en las áreas marginales.

La atención preventiva integrada a la salud es solo una parte de atención integral a la salud. Ésta última se logra al integrar la atención preventiva con la curativa y la rehabilitación. Tradicionalmente los servicios médicos preventivos se enfocaron a la prevención de riesgos y daños específicos a través de múltiples programas preventivos. Sin lugar a dudas ello contribuyó a la prevención y el control de muy diversos padecimientos.

El aumento de los programas actuales de salud ha generado la fragmentación de los servicios, al realizar las acciones preventivas en diferentes tiempos y no necesariamente enfocándolo a una cuestión de género o a una enfermedad específica. Se habla de que muchas de las enfermedades actuales implican un costo insostenible, llevando a la autoridad a concluir que la prevención es la prioridad.

Es necesario integrar y coordinar los servicios fragmentados que ofrece el gobierno, otorgar mayor prioridad a las medidas de prevención, a la investigación, a la capacitación sobre todo de los profesionales de la salud, a fin de orientar el sistema de salud para que atienda las necesidades reales de los grupos menos privilegiados del país. De esta forma, México podrá revertir la tendencia hacia una desigualdad creciente que prevalece bajo el sistema actual.

Como bien indica la iniciativa que hoy se somete a consideración de todos nosotros, es necesario considerar como materia de salubridad general la atención preventiva integrada a la salud. Y, como se ha dicho, es necesario realizar las acciones de promoción y protección de la salud enfocándose a los riesgos, de acuerdo con la edad y el sexo de cada paciente y así lograr una atención de calidad con objetivos claros. Ello significa que se deben de establecer las condiciones necesarias que permitan a todas las personas vivir lo más saludable posible. Esto es verlo realmente como un derecho y no como una necesidad de eficientar los sistemas de salud.

Por ello la iniciativa que hoy nos ocupa establece como principales cambios la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

Al mismo tiempo, promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consta en brindar atención médica integrada de carácter preventivo acorde con la edad, repetimos, sexo y factores de riesgo de las personas. Asimismo que la atención médica integral comprenda el carácter preventivo de acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Por todo lo anterior, desde el Partido Verde Ecologista de México concluimos que la determinación del derecho a la salud está en los mecanismos que se implementen para garantizarla y sabiendo que la prevención en el ámbito de la salud es tarea fundamental, educativa y formativa, que permita obtener cambios de conducta en las personas, anticipando e identificando acciones de riesgo.

Por ello nos manifestamos a favor de la presente minuta con proyecto de decreto, porque consideramos que fortalece en gran medida al Sistema Nacional de Salud y, en particular, al marco jurídico que lo rige: la Ley General de Salud.

No quiero dejar pasar una felicitación a la Comisión de Salud, en particular a su presidente, porque durante este periodo legislativo —y se podría decir desde que iniciamos esta Legislatura— ha habido una gran actividad de esta comisión. Sin duda esto no hubiera sido posible sin el apoyo de los integrantes de la misma que han demostrado un compromiso pleno por fortalecer la salud en México. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Rubén Acosta Montoya. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Alliet Bautista Bravo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, cuatro cosas es necesario extinguir en su principio: las deudas, el juego, los enemigos y la enfermedad. Esa es una cita de Confucio.

Acudo a esta tribuna para posicionar, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, con respecto al dictamen de la Comisión de Salud, por la que se reforman los artículos 6o., 7o. y 27 de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.

Nuestro grupo parlamentario coincide con la intencionalidad de la comisión dictaminadora para que el Sistema Nacional de Salud tenga por objeto la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, así como que la Secretaría de Salud promueva e impulse que el Sistema Nacional de Salud implemente programas cuyo objetivo consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, y que finamente se consideren servicios básicos de salud a la atención médica integrada, que comprenda la atención médica integrada de carácter preventivo acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Con esta reforma atenderemos a la tendencia mundial de salud, que implica una atención integral de las enfermedades como una política pública de Estado, contando como base de la misma a la prevención integrada.

La Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomendaron al Estado mexicano la armonización del marco regulatorio local con las mejores prácticas del mundo con tres objetivos claros. Uno de ellos es reforzar la prevención en riesgo y de enfermedades crónicas, pues de acuerdo con el informe de la OMS y el Foro Económico Mundial, la carga de las enfermedades no transmisibles no solo incide sobre la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias, sino también sobre la estructura socioeconómica del país.

Según estimaciones de la OMS, la pérdida de ingresos nacionales de distintos países será descomunal. Por ejemplo, se calcula que China perderá en torno a unos 558 mil millones de dólares internacionales entre 2005 y 2015, como resultado de la carga de enfermedades no transmisibles.

En España, durante la presentación de la campaña Enfermedades en vías de extinción... las vacunas salvan vidas, el doctor Ángel Gil, catedrático de medicina preventiva y salud pública de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, señaló: Si hay algo que pueda ahorrar en salud son las medidas preventivas, que son coste efectivas y coste beneficio.

Del artículo de enfermedades crónicas no transmisibles en México, se puede compartir que —en abono a la discusión de este dictamen— los montos resultantes del tratamiento son altos y su eficacia para prevenir las complicaciones crónicas son insuficientes.

Por ejemplo, la diabetes costó 15 mil 118 millones de dólares al país durante el 2000. El costo directo de su tratamiento fue de mil 974 millones de dólares. Se emplearon mil 108 millones en el tratamiento de la enfermedad y la prevención de las complicaciones.

Sin embargo, el mayor porcentaje del Presupuesto se destinó al pago de las complicaciones crónicas o los costos indirectos, debido a la incapacidad prematura y la mortalidad. Estos datos demuestran que la inversión efectuada en el tratamiento no ha sido eficaz. Es evidente —apunta el texto— que se requiere una conducta distinta a la vigente para confrontar el reto que representan estas enfermedades.

La importancia de la prevención para el ahorro es fundamental para elevar los niveles de salud y bienestar de un país, lo que significa poder fortalecer nuestra economía. Un ejemplo de lo anterior es un dato que nos da el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el sentido de que logró ahorros por más de 6 mil millones de pesos, por enfermedades evitadas o controladas con acciones preventivas en 2009.

Hago un respetuoso llamado a las diputadas y diputados a manifestar su voto en pro de esta reforma, que además de modernizar el enfoque de salud de nuestro país redundará en una atención preventiva integral, con especial énfasis a las causas de las enfermedades que aquejan hoy por hoy a las y a los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Alliet Bautista Bravo. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Leslie Pantoja Hernández, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Leslie Pantoja Hernández:Muy buenas tardes a todos. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la protección de la salud del que goza toda persona por tratarse de un derecho humano, así como un derecho constitucional, puede apreciarse en dos vertientes. La primera, que se refiere a la obligación del Estado de garantizar que exista la infraestructura de servicios de salud necesaria para atender la demanda de salud, con el fin de promover y restaurar la salud. La segunda, que se refiere a las acciones tendientes a prevenir todo riesgo contra la salud.

La prevención en salud puede ser definida, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también de detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida.

La prevención en salud puede ser de carácter primario, secundario y terciario. La prevención primaria se refiere a las medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud. La secundaria a aquellas orientadas a detener o retardar su progreso, y la terciaria a aquellas orientadas a evitar, retardar o reducir la aparición de las secuelas.

De lo anterior, se deriva la importancia de que la prevención sea proporcionada de manera específica acorde con la edad, sexo y tomando en cuenta los factores de riesgo de las personas.

Resulta indiscutible la relevancia que las acciones de prevención han tomado a nivel mundial, pues la historia nos ha demostrado que es mejor contar con un sistema de salud diseñado para realizar con un mayor énfasis las acciones de salud con enfoque preventivo, que diseñar uno que dedique sus esfuerzos a la curación de enfermedades.

Un sistema de salud con enfoque preventivo protege mejor la salud de las personas y reduce considerablemente los costos de atención y puede mejorar los resultados obtenidos con una mejor inversión que la que se destina tradicionalmente a un sistema de salud con enfoque curativo.

El dictamen de la minuta en comento propone reformar los artículos 6o., fracción I, y 27, fracción III, así como adicionar el artículo 7o. con una fracción II Bis de la Ley General de Salud.

Esta propuesta de reforma y adición pretende que el objetivo del Sistema Nacional de Salud consistente en proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud se realicen con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

Asimismo se otorga una nueva dimensión a la atención médica integral, cuya definición actualmente se encuentra contenida en el artículo 27 de la Ley General de Salud vigente. La adición que se propone establece que la atención integral comprende la atención médica integrada, consistente en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y determinantes físicos y síquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta.

Los legisladores de Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen, por considerar que resulta fundamental realizar acciones para la transformación de nuestro Sistema Nacional de Salud hacia un enfoque de acciones preventivas, garantizando su viabilidad en el futuro y en beneficio de la protección de la salud de la población nacional. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Leslie Pantoja Hernández. Finalmente tiene el uso de palabra la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos:Gracias. Muy buenas tardes. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la protección de la salud es una prerrogativa contenida en nuestra Carta Magna, que dentro de sus finalidades se encuentra el bienestar físico y mental de la persona, la promoción y mejoramiento de la calidad de vida humana, la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la prevención, conservación, mejoramiento y restauración de la salud, entre otras.

Tal derecho, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, implica que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Estas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.

El derecho a la salud está consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las Constituciones de países de todo el mundo. Ejemplo de tratados de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.

De conformidad con lo anterior, la prevención en materia de salud es primordial, debido a que permite el desarrollo de una adecuada calidad de vida de la población, cumpliendo así con uno de los fines contenidos en nuestro texto constitucional y en diversos tratados internacionales. La prevención permite proteger y mejorar el estado de vida de salud de las personas, diagnosticando con anticipación alguna enfermedad física o síquica y, en consecuencia, realizar el tratamiento adecuado.

El detectar un riesgo o una enfermedad en su etapa inicial es provechoso para la persona y la familia, así como para la sociedad, pues de esa manera se evita o se disminuye en el futuro años invertidos en desgaste económico y emocional por enfermedades contraídas, la cual puede traer aparejadas complicaciones.

Sin duda, los costos de la atención crónica resultan fatales para los pacientes y los sistemas de salud, dejando cada año a muchas familias por debajo de las líneas de la pobreza.

La Organización Mundial de la Salud señaló que las enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas representan el 80 por ciento de las muertes en los países de ingresos bajos y medios, por lo cual recomienda generar acciones que mejoren la atención sanitaria, la detección temprana y el tratamiento oportuno, con una alternativa eficaz para reducir los efectos de las enfermedades.

Por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que reforma los artículos 6o. y 7o. de la Ley General de Salud, para incluir dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Salud a la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

Además, para cumplir con ello, apoyamos que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen los programas respectivos. Asimismo apoyamos la reforma a la fracción III del artículo 27 de la citada ley, para especificar que la atención médica integral, de carácter preventivo, consiste en realizar todas las acciones de prevención, promoción para la protección de salud, de acuerdo con la edad, sexo y las determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizados preferentemente en una sola consulta.

Si bien, el beneficio es dirigido al aumento del bienestar físico y la calidad de salud de la población, también el beneficio es para el Estado, ya que se reducirán los costos asociados con la atención médica. Por su atención, compañeros diputados y diputadas, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos.

Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): A favor.

El diputado Rubén Camarillo Ortega(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Bueno Torio(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Señor presidente, se emitieron 386 votos a favor, por tanto, hay unanimidad.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud. Pasa al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.

En términos de los artículos 100 y 102 ...

AGUINALDOS PARA ALTOS FUNCIONARIOS

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Huerta Ladrón de Guevara. Dígame, diputado, con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Sí, presidente, tan fácil como ir a la versión estenográfica de la Junta de Coordinación Política del día 25 de noviembre, en esa versión estenográfica que nos ha llegado se dijo que hoy se iba a atender el tema de los aguinaldos escandalosos.

En el decreto de Presupuesto de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta Cámara, el PRI, el PAN y hasta el PRD, fundamentalmente, aprobaron los altos salarios de funcionarios del gobierno federal. Eso lo pueden ver en el decreto de Presupuesto, tomo VIII, Analítico de plazas y remuneraciones, donde se establecen sueldos y salarios de los órganos autónomos.

Por eso, con todo esto, que hasta lo anunciaron en prensa que se iba a discutir, quedaron que hoy se iba a discutir un punto de acuerdo.

Nosotros decimos: de qué se quejan ahora, están haciendo un escándalo mediático, cuando pretenden justificar sus ineficiencias en la revisión del Presupuesto. Nosotros decimos: no pretendan curarse en salud. Lo que tendríamos que revisar es los excesos que se presentaron en el Presupuesto que ustedes autorizaron.

Nosotros no queremos ser parte de la tramoya ésta de corrupción que desde la propia Cámara, al parecer, por el documento que tenemos en nuestras manos, se está instaurando.

Quisiera saber, en concreto si se va a discutir, como se acordó en la Junta de Coordinación, hoy este tema, que en boca del presidente —y de otros— se iba a discutir el día de hoy.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, la Mesa Directiva estará atenta a que llegue el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, no lo tenemos en nuestras manos y, por supuesto, en cuanto llegue lo pondremos a discusión.

* PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en términos de los artículos 100 y 102 del  Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

* Las proposiciones se encuentran en el Anexo de esta sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 14:53 horas):Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 28 de noviembre de 2013, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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