Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 301 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 11:19 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 1o. de octubre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

De la Junta de Coordinación Política.

Del diputado Marino Miranda Salgado

En relación a retiro de iniciativa con proyecto de decreto.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el informe anual sobre las concesiones otorgadas para el uso y aprovechamiento sobre los inmuebles federales.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso, relativo a la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros, aplicada por el Grupo Aeroméxico SAB de CV.

Del Gobierno del Estado de Chihuahua

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la aplicación del Código Esperanza o su equivalente.

De la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso, para salvaguardar la vida e integridad de los estudiantes, docentes y demás miembros de las comunidades escolares en todos los niveles educativos, en caso de enfrentamientos con grupos del crimen organizado.

De la Cámara de Senadores

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a no derogar el artículo 32-A del Código Fiscal Federal, como lo propone el Ejecutivo federal en el paquete económico 2014, presentada por el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2013, presentada por los Senadores María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto y Javier Corral Jurado, de los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal a incluir los medicamentos huérfanos en el cuadro básico que requiera la población mexicana; y a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a otorgar un presupuesto suficiente enfocado en la adquisición de este tipo de medicamentos, presentada por la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se consideren y destinen recursos para la conclusión del proyecto de construcción del hospital general de Ticul en el estado de Yucatán, presentada por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se consideren los recursos correspondientes a la ampliación del transporte colectivo metro Línea 3, para la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, presentada por las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García y Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud, al titular del Centro Nacional de Trasplantes, así como de las autoridades análogas en las entidades federativas, a fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción sobre la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos, presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 la autorización de un aumento en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 un fondo de 10.5 millones de pesos a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca SA de CV, con el objeto de fortalecer la cadena del sistema productivo de hule natural en el estado de Oaxaca, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se contemple la asignación etiquetada de recursos destinados a la inversión pública en infraestructura para transporte en bicicleta y recuperación de espacio público con modos de movilidad no motorizada, presentada por los Senadores Jesús Casillas Romero, Mely Romero Celis y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se aumente el gasto en inversión, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el estado de Veracruz, presentada por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida especial destinada a las personas desempleadas que por razones ajenas a su voluntad no encuentran trabajo, presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que durante el mes de agosto de 2013, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)

Del Banco de México

Con el que remite los informes sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 2013, y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México.

Protesta de diputada

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 2-A y adiciona un artículo 2-B a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cargo del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 58 y 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Minería. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores y suscrita por el Dip. Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 109, 168 y 191 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo y suscrita por los diputados Alfredo Rivadeneyra Hernández y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 17, y 18 de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 7o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez y suscrita por el Dip. José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9o., 15 y 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega y suscrita por el Dip. Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 32 y 42 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los artículos 9o. y 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41, 77 y 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55, 82, 91 y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 28, 38 y 59 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo y suscrita por la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Blas Ramón Rubio Lara y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alejandra López Noriega, y suscrita por los diputados José Enrique Reina Lizárraga y Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 212 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Seguro Nacional de Desempleo, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 26 y 31, y adiciona un artículo 43 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 111 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General que Crea el Sistema Nacional de Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal Sobre Iniciativas Ciudadanas, Reglamentaria de los artículos 35, Fracción VII y 71 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 34 Bis 2 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Expropiación y del Código Civil Federal, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 75 y 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 13 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de La Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, y de la Ley de Aeropuertos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona un tercer y cuarto párrafos al artículo 10 y reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 100 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” en el Senado.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264; 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de restricciones para cabildeo de funcionarios.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 y adiciona un artículo 22 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que emita la declaratoria de desastre, y a las dependencias federales, para que adopten medidas tendientes para apoyar a la población de los municipios de Zirándaro y Huetamo afectados por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos el 15, 16 y 17 de septiembre, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que haga públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR, en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal; así mismo, se exhorta a la ASF, inicie las auditorías para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto de ISR correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores y/o presidentes municipales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP, para que en la glosa del Primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que fortalezca el Sistema de Preparatorias Federales por Cooperación, a cargo de la diputada María Rebeca Terán Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la ampliación del tramo carretero comprendido a partir del Puente San Pedro, en los límites de los estados de Tabasco y Campeche y el municipio de Champotón, de la Carretera Federal 180, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial de seguimiento y vigilancia a las acciones emprendidas por el Ejecutivo federal en relación a los fenómenos meteorológicos “Ingrid y Manuel“, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al incremento del Acervo Histórico del Museo Legislativo, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que realice un convenio de colaboración con las entidades federativas y el Distrito Federal, para la creación de una base de datos nacional, para agilizar el trámite, solicitud y obtención de copias certificadas de actas del Registro Civil, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía extiende su reconocimiento a las asociaciones, instituciones públicas y privadas, así como a diversas dependencias de Gobierno, por la labor de apoyo brindada a favor de las personas damnificadas por los fenómenos meteorológicos que azotaron diversos estados de la República, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaria de Salud, realice las acciones correspondientes, para que el Hospital Comunitario de Hopelchén, inicie sus funciones en beneficio de la protección a la salud de los habitantes de ese municipio, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ministerio Público y a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, para que inicie un procedimiento de investigación por el probable uso indebido de recursos públicos y bienes materiales en beneficio de la producción del programa de televisión denominado “Laura” y de su conductora Laura Cecilia Bozzo Rotondo, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, destine al Fonden recursos de los subejercicios del 2013, a fin de restablecer y subsanar los daños ocasionados por la tormenta “Manuel” y el Huracán “Ingrid”, para los estados y municipios afectados, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para dé a conocer a la opinión pública, las acciones que llevará a cabo para incorporar al comercio informal a la base tributaria, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Guerrero, a fin de que se lleve a cabo la reconstrucción de los daños ocasionados por las tormentas “Ingrid y Manuel” en las comunidades indígenas de la región de la montaña y Costa Chica de Guerrero, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE, a condonar el pago del suministro eléctrico en las comunidades de 12 entidades que resultaron afectadas por el paso de los fenómenos meteorológicos “Ingrid y Manuel”, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT y de la COFETEL, se lleve a cabo la consolidación de las áreas de servicio local en el país, así como una revisión del Plan Nacional de Numeración, a fin de que cada zona metropolitana cuente con una sola clave de marcación, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJ del estado de Coahuila, para que investigue el presunto desvío de recursos y lavado de dinero por parte del ex gobernador interino, Jorge Torres López, del ex tesorero, Héctor Javier Villarreal, así como del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias correspondientes, se realicen las acciones necesarias a fin de atender las afectaciones que ocasionaron desastres naturales provocados por las tormentas “Manuel e Ingrid”, en diversos estados afectados y en particular, en el estado de Sinaloa, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la publicidad del Atlas de riesgo de Pemex, a las entidades en peligro, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la PGR, de la SHCP y de la SRE, inicie una investigación seria y profunda, y finque las responsabilidades correspondientes sobre el presunto desvío de recursos, en una demanda civil interpuesta en Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiséis de septiembre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cuarenta y un diputadas y diputados, a las once horas con veintidós minutos del jueves veintiséis de septiembre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas se dispensan la lectura del Orden del Día y al Acta de la Sesión anterior, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Acto seguido, se somete a discusión el Acta, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, con la que informa modificaciones de turno a las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

• Que expide la Ley Federal de Paz Pública y Suspensión de Derechos y Garantías, Reglamentaria del artículo veintinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, el veintiséis de febrero de dos mil trece. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Que expide la Ley Reglamentaria del artículo veintinueve Constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, presentada por la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo, el quince de mayo de dos mil trece. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Que expide la Ley Reglamentaria del artículo veintinueve Constitucional, presentada por el diputado Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, el veintiséis de junio de dos mil trece. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Que reforma el artículo quinto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Reglamentaria del artículo veintinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el doce de septiembre de dos mil trece. Se turna a la Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Que reforma el artículo noveno de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el diputado Luis Alfredo Murguía Lardizábal, del Partido Revolucionario Institucional, el doce septiembre de dos mil trece. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión Especial de la industria manufacturera y maquiladora de exportación, para opinión.

De conformidad con lo que establecen los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y en la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA). De enterado. Comuníquese.

c) De los diputados:

• Alberto Curi Naime, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona la fracción sexta Bis, al artículo treinta y tres, de la Ley General de Educación, presentada el veintidós de mayo del presente año, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Blas Ramón Rubio Lara, Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos séptimo, doce, y cuarenta y siete, de la Ley General de Educación, presentada el diecinueve de septiembre del presente año, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Carmen Lucia Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, presentada el veintinueve de abril del presente año, sea retirada de la Comisión de Justicia.

• Miriam Cárdenas Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos doscientos quince-A, doscientos quince-B, y doscientos quince-C, y se adiciona un artículo doscientos quince-A Bis, presentada el veinticuatro de septiembre del presente año, sea retirada de la Comisión de Justicia.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

d) De la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa a los Centros de Justicia para Mujeres.

e) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso, para establecer “tarifas diferenciadas” en la ruta del “Ferry” entre Playa del Carmen y Cozumel para todos los habitantes residentes de Quintana Roo.

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso, relativo a establecer un programa permanente de investigación que evalúe los riesgos biológicos y genéticos de las especies invasoras.

f) De la Secretaría de Salud, y de las Delegaciones Iztapalapa, Tlalpan, y Venustiano Carranza, del Distrito Federal, con las que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez.

g) De las Delegaciones de:

• Coyoacán, Cuajimalpa, y Miguel Hidalgo, del Distrito Federal, con las que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para emprender campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero.

• Azcapotzalco, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa al caso del Niño Hendrik Cuacuas.

• Iztacalco, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa a la aplicación del Código Esperanza o su equivalente.

Se remiten a las Comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento, según corresponda.

h) De la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se modifica y adiciona el diverso relativo a la comparecencia de las Comisiones de la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, licenciada Rosario Robles Berlanga. Se somete a discusión e interviene en contra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba. Comuníquese

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

• Por el que se aprueba la comparecencia en comisiones del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Enrique Martínez y Martínez. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática:

– Que expide la Ley para la Inclusión Digital Universal. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Ciencia y Tecnología, para dictamen, y a las Comisiones Especiales de Agenda Digital y Tecnologías de la Información, de Tecnologías de la Información y Comunicación, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma el artículo dos-A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Jorge Francisco Sotomayor Chávez y suscrita por diputados integrantes del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo ciento cuarenta y uno Bis al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Alfa Eliana González Magallanes, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cincuenta y ocho del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Miriam Cárdenas Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doscientos quince-A, doscientos quince-B y doscientos quince-C y se adiciona un artículo doscientos quince-A Bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Presidencia informa a la Asamblea de la presencia en el salón de sesiones de parlamentarios de Centroamérica que asisten a la Cuarta Asamblea Ordinaria del Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones (COPAREM) y cuyo presidente pro tempore es el señor diputado Mario Alexander Baraona, del Congreso Nacional de Honduras, quien los encabeza, así como la presencia de la senadora y deportista Ana Gabriela Guevara, del Partido del Trabajo.

• Rocío Esmeralda Reza Gallegos, y suscrita por diputados integrantes del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos setenta y tres, y ciento ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos ciento catorce y adiciona el artículo ciento veintidós al Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Se recibió del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos diecinueve de la Ley Federal de Protección al Consumidor y ciento uno de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos veintinueve y treinta de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

A las doce horas con nueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta diputadas y diputados.

• Fernando Bribiesca Sahagún, en nombre propio y del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza, que reforma los artículos cincuenta y uno Bis tres y setenta y siete Bis treinta y siete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Crystal Tovar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Economía, que adiciona la fracción vigésimo tercera al artículo veinticuatro de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

b) De Salud, que reforma las fracciones segunda y tercera del artículo ciento quince de la Ley General de Salud.

c) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Que reforma el artículo primero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo uno de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• Que adiciona un segundo párrafo al artículo ochenta y siete Bis dos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se adicionan las fracciones: décima, vigésimo sexta, y cuadragésimo séptimo, del artículo tres de la Ley General de Vida Silvestre.

• Que reforma la fracción primera y el cuarto párrafo del artículo ciento setenta y uno de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

d) De Igualdad de Género, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

e) De Juventud, que reforma los artículos uno y ocho de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

f) De Ganadería, que adiciona una fracción décima quinta del artículo quinto de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

g) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

• Que reforma el artículo cinco, numeral uno de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que adiciona un artículo cien bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” en el Senado.

• Que reforma y adiciona los artículos cuarenta y uno, y ochenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación.

• Que adiciona los numerales tres y cuatro al artículo doscientos sesenta y cuatro; dos y tres al artículo doscientos sesenta y cinco del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de restricciones para cabildeo de funcionarios.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Desarrollo Social, que adiciona la fracción novena al artículo treinta y seis de la Ley General de Desarrollo Social. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Francisca Elena Corrales Corrales. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Judith Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; Jessica Salazar Trejo, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Felipe de Jesús Almaguer Torres, del Partido Acción Nacional; y Frine Soraya Córdova Morán, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos catorce votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona la fracción novena al artículo treinta y seis de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) Derechos Humanos, que adiciona un último párrafo al artículo diecisiete de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado José Luis Muñoz Soria. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Carlos Octavio Castellano Mijares, del Partido Verde Ecologista de México; Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática; María Guadalupe Mondragón González, del Partido Acción Nacional; y Cristina Ruíz Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos quince votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo diecisiete de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

c) Economía, que adiciona la fracción décimo primera al artículo uno de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión al diputado Noé Hernández González.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano; Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México; Mario Rafael Méndez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Carlos Uribe Padilla, del Partido Acción Nacional; y Samuel Gurrión Matías, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e interviene en pro el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

El Presidente informa a la Asamblea de la presencia en el Salón de Sesiones de una Delegación Parlamentaria del Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, encabezada por el señor Szanh Ut, Vicepresidente de dicho consejo, y acompañado por el señor Le Thanh Tung, Embajador de Vietnam en México.

Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos noventa y seis votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona la fracción décimo primera al artículo uno de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

d) Educación Pública y Servicios Educativos, que adiciona las fracciones décimo primera, décimo segunda, y décimo tercera al artículo catorce de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Judit Magdalena Guerrero López. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Víctor Reymundo Nájera Medina, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Partido Acción Nacional; y Dulce María Muñiz Martínez, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y tres votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona las fracciones décimo primera, décimo segunda, y décimo tercera al artículo catorce de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política:

• Relativo a cambios de integrantes y de Juntas Directivas en Comisiones Ordinarias, Especiales y de Grupos de Amistad. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Por el que se adiciona el punto segundo del diverso que crea los Grupos de Amistad que funcionarán en este órgano legislativo durante la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados y publicado en la Gaceta Parlamentaria el veinticuatro de abril del año en curso, así como su modificación el día de hoy. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza, que reforma el artículo noventa y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo ocho de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento noventa y uno de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y siete de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los artículos ciento setenta y nueve, y ciento ochenta de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Socorro de la Luz Quintana León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo siete de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Partido Revolucionario Institucional, por el que esta soberanía condena los actos terroristas perpetrados en la República de Kenia y expresa sus condolencias al pueblo y al gobierno de aquella nación. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores para dictamen.

• Marcelo de Jesús Torres Cofiño y José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Auditoría Superior del estado de Coahuila, para que realice una auditoría técnica, administrativa y financiera sobre el desempeño financiero del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, del municipio de Torreón, Coahuila. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Lizbeth Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que instruya y propicie que los diagnósticos usados en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se realicen con base en la incidencia delictiva municipal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Integrantes de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a dar cumplimiento al Proyecto de la construcción de pavimento asfáltico en el tramo Sombrerete-Palmar km cuarenta en la comunidad de Sombrerete, municipio de Olarte, Veracruz, con base en los criterios y lineamientos en materia de donativos y donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Simón Valanci Buzali, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se instrumente el dispositivo nacional de emergencia de sanidad vegetal, relacionado con la producción del café. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Jorge Rosiñol Abreu, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que verifiquen la expedición a los consumidores de gas LP por parte de la compañía Gas Peninsular de Campeche, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el municipio de Carmen, Campeche. Se turna a las ComisionesUnidas de Energía y de Economía, para dictamen.

• Lizbeth Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía, para que en el marco de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal dos mil catorce, aplique el Impuesto al Valor Agregado a la comida chatarra. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Maricela Velázquez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, para que a través de la Policía Federal, establezca operativos para vigilar el tránsito de motocicletas por la autopista México-Cuernavaca. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Martha Leticia Sosa Govea y Genaro Carreño Muro, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y estatales, lleven a cabo las acciones necesarias para reforzar e instrumentar campañas y un programa nacional dirigidas a la prevención y erradicación de la violencia y abuso contra las niñas y los niños. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Verónica García Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Congreso del estado de Nayarit, para que se aprueben los proyectos de decreto que reforman la ley electoral de dicha entidad. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Martín de Jesús Vásquez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las acciones para atender las consecuencias de las contingencias meteorológicas de Ingrid y Manuel. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Integrantes de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que emita un nuevo Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la liquidación de las afectaciones realizadas a terceros en el área contractual Pánuco, provocadas por Petróleos Mexicanos y las empresas subcontratadas por Petróleos Mexicanos Exploración y Producción. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Raúl Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la dependencia coordinadora y a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para que realice una exhaustiva revisión de todos los expedientes de las personas que están catalogadas como pendientes “viables y no viables”. Se turna el primer resolutivo a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y el segundo, se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva y al Comité de Administración de esta soberanía, a definir el grado de vulnerabilidad sísmica potencial de las instalaciones, así como a realizar una evaluación estructural de los edificios de este recinto legislativo. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Tania Margarita Morgan Navarrete, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, realice las acciones de coordinación necesarias en materia de atención y prevención en la contingencia sanitaria derivada de la situación de inundación por la que atraviesa el estado de Sinaloa. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaria de Salud, se emitan protocolos y programas de prevención del embarazo en mujeres indígenas jóvenes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que declaren zona de desastre la Huasteca potosina y sea incluida en la bolsa destinada del Fondo de Desastres Naturales, y considerada en recibir apoyo de la partida presupuestal acordada por la Cámara de Diputados para brindar apoyo inmediato a las personas damnificadas como consecuencia de los fenómenos meteorológicos provocados por las tormentas tropicales Manuel e Ingrid. Se turna el primer resolutivo a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y el segundo, se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que otorgue el indulto al ciudadano Alberto Patisthan Gómez, profesor indígena tzotzil. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que diseñen campañas de difusión e información respecto del Apagón Analógico, y establezcan zonas de acopio como depósitos de los aparatos análogos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que se liberen los recursos del Fondo Revolvente y del Fondo de Desastres Naturales, en los municipios del estado de Colima; asimismo, se exhorta al Gobierno del estado de Colima, para que implemente los trámites necesarios ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para la aplicación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en las comunidades de la entidad que han sido afectadas en su actividad agrícola. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes primero de octubre de dos mil trece, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con treinta y nueve minutos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación de turno.

MODIFICACION DE TURNO DE MINUTA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno, de la siguiente:

• Minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, remitida por la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2009.

“Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.”

México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.Pasamos al siguiente asunto.

CAMBIOS EN GRUPOS DE AMISTAD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Marco Antonio González Valdez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Cora del Sur.

• Que el diputado Marco Antonio González Valdez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Cora del Norte.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 30 de septiembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

• Que la diputada Dora María Talamante Lemas cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Brasil.

• Que la diputada Cristina Olvera Barrios cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Cuba.

• Que el diputado José Angelino Caamal Mena cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Francia.

• Que el diputado Luis Antonio González Roldán cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Georgia.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin más otro particular reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 30 de septiembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De enterado. Comuníquese.

RETIRO DE INICIATIVA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el suscrito, perteneciente al Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, y la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, el pasado 24 de septiembre, sea retirada definitivamente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2013.— Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Maestro Mauricio Farah Gebara, secretario general de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia al artículo 72 último párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales, que a la letra indica:

“Artículo 72. Las dependencias administradoras de inmuebles podrán otorgar a los particulares derechos de uso o aprovechamiento sobre los inmuebles federales, mediante concesión, para la realización de actividades económicas, sociales o culturales, sin perjuicio de leyes específicas que regulen el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones sobre inmuebles federales... Asimismo, presentarán un informe anual a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre las concesiones otorgadas en el periodo correspondiente.”

Al respecto, se adjunta el informe anual de las 2 concesiones vigentes que a la fecha ha otorgado el gobierno federal por conducto de esta secretaría, previa autorización del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de conformidad con lo siguiente:

Concesionario:Metlife México, SA.

Vigencia:23 de julio de 2012 al 22 de julio de 2013.

Objeto:9-37 m2 en el inmueble ubicado en Abraham González número 48, PB, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, CP 06600, México, DF.

Concesionario:C. María Yolanda Juárez.

Vigencia:14 de marzo de 2013 al 13 de septiembre de 2013.

Objeto:8. 93 m2 en el inmueble ubicado en Abraham González número 48, PB, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, CP 06600, México, DF.

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos conducentes, de conformidad con lo establecido por los artículos 2, fracción II, 8, 15, 72 y 73 de la ley General de Bienes Nacionales, 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y demás normatividad relativa y aplicable.

Sin otro particular. Aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de septiembre de 2013.— Licenciada Liliana Patricia Argüelles Álvarez (rúbrica), directora.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

POSIBLES PRACTICAS MONOPOLICAS EN EL SECTOR DE LA AVIACION CIVIL DE PASAJEROS APLICADA POR GRUPO AEROMEXICO, SAB DE CV

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.62-1I-8-0695, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, entonces Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2013.DGVP.0661 suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, así como del anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a que se dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica el grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión- para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de septiembre de 2013.— Licenciado Valentín Martínez Garza (rúbrica), director general adjunto de Proceso Legislativo, por ausencia del titular de la Unidad de Enlace Legislativo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación Presente.— Presente.

En atención al oficio SEL/UEL/311/009/13, del 4 de enero de 2013, me permito enviar respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el pasado 3 de enero, relativo al siguiente resolutivo:

“Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Competencia, a efecto de que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeras, que aplica el grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando.”

Al respecto, me permito adjuntar al presente la respuesta al punto de acuerdo que elaboró la Comisión Federal de Competencia, la cual envió directamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en fecha 21 de agosto de 2013, mediante oficio PRES-10-096-2013-101.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 12 de septiembre de 2013.— Maesto Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— omisión Federal de Competencia.

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Asunto: Se responde punto de acuerdo.

Hago referencia al punto de acuerdo presentado por el diputado Manuel Añorve Baños el 3 de enero de 2013, y aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en esa misma fecha, mediante el cual se exhorta a la Comisión Federal de Competencia (CFC o Comisión) en los siguientes términos:

“Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Competencia, a efecto de que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeras, que aplica el grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando.”

La exposición de motivos del punto de acuerdo señala lo siguiente:

“El 4 de diciembre de 2012 el diputado Javier Filiberto Guevara González presentó una proposición con punto de acuerdo, aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2012, la cual contiene los siguientes puntos de acuerdo:

“Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Competencia dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopó1icas relativa en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica al Grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando.

Con fecha 21 de diciembre de 2012, fue publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados un oficio suscrito por el presidente de la Comisión Federal de Competencia, a través del cual da contestación, en el ámbito de su competencia al punto de acuerdo antes referido.

Con relación al contenido del oficio en comento, vale la pena señalar que el suscrito lamenta no compartir las consideraciones expresadas por el presidente del organismo regulador, toda vez que este funcionario carece de facultades para desechar una petición como la aprobada en su momento por la Cámara de Diputados.

Se afirma lo anterior, toda vez que por una parte, los artículos 30 de la ley de la materia y 28 del Reglamento de la Comisión Federal de Competencia invocados por el presidente de ese organismo no lo autorizan para actuar de la forma en que lo hizo, y por la otra, que el desechamiento de una petición de investigación es una atribución señalada a favor del secretario ejecutivo de ese organismo.

...

Como consecuencia de lo anterior, el suscrito hace suyo el contenido de la proposición formulada el 4 de diciembre de 2012 el diputado Javier Filiberto Guevara González..”

Esta autoridad emite el presente con el fin de atender el punto de acuerdo en estricto apego a lo establecido por la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE o ley).

Al respecto, la LFCE establece que las investigaciones de la Comisión se inician de oficio o por denuncia.

En este sentido, se reitera que en el primer caso, los artículos 30 de la LFCE y 28 de su reglamento obligan a que esta autoridad sólo pueda iniciar una investigación cuando tenga conocimiento de hechos que puedan tener como consecuencia una sanción en términos de la LFCE. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la CFC sólo puede iniciar una investigación cuando tenga una causa objetiva para hacerlo.

El marco legal que rige el inicio de investigaciones de oficio por parte de esta autoridad resulta congruente, pues evita que la CFC haga un uso arbitrario de sus facultades.

De esta forma, la comisión sólo podría iniciar una investigación de oficio cuando cuente con los elementos, datos y la información para que el asunto planteado pueda analizarse en sus méritos y, en caso de estimarlo procedente, se inicie una investigación.

En segundo término, el inicio de investigaciones por denuncia tiene que cumplir con las formalidades que señala la LFCE. En el caso de denuncias por prácticas monopólicas relativas, la Ley establece en su artículo 32 que sólo el afectado por este tipo de prácticas es el que podrá presentar una denuncia por escrito ante la Comisión.

Para ello, el referido artículo establece que el denunciante tiene la obligación de indicar en qué consiste dicha práctica e incluir elementos que puedan configurar la conducta que se estime violatoria de la LFCE y, en su caso, los conceptos que demuestren que el denunciante ha sufrido o que permitan presumir que puede sufrir un daño o perjuicio. En adición, este artículo señala que será el Reglamento de la LFCE el que establecerá los requisitos para la presentación de las denuncias.

De esta manera, el artículo 29 del Reglamento de la LFCE establece los elementos necesarios que debe contener un escrito de denuncia, en los siguientes términos:

“Artículo 29. El escrito de denuncia a que se refiere el artículo 32 de la Ley, debe contener.

I. Nombre, denominación o razón social del denunciante;

II. Nombre del representante legal en su caso, y documento idóneo con el que acredite su personalidad, domicilio para oír y recibir notificaciones y personas autorizadas, así como teléfonos, correo electrónico u otros datos que permitan su pronta localización;

III. Nombre, denominación o razón social y, en caso de conocer/o, el domicilio del denunciado;

IV. Descripción de los hechos que se estimen violatorios de la Ley y los elementos que permitan determinar que eso puede ser afectado por la comisión de dichos hechos. El denunciante no está obligado a señalar los artículos que se estime violados;

V. En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones prohibidas, descripción de los principales bienes o servicios que produce u ofrece el denunciante, precisando su uso en el mercado, y, en caso de conocer/o, la lista de 10$ bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados del denunciado y de los principales agentes económicos que los produzcan, distribuyan o comercialicen en el territorio nacional;

VI. En su caso, los elementos que permitan determinar la falsedad de la información con base en la cual la Comisión aprobó o condicionó una concentración;

Se entiende por información falsa los datos, manifestaciones y documentos que no sean conformes a la realidad, y que de haber sido del conocimiento de la Comisión la información real, no hubiese aprobado o condicionado la concentración notificada en los términos en que lo hizo;

VII. Relación de los documentos que acompañen a su denuncia y los elementos de convicción que ofrezca, relacionados de manera precisa con los hechos denunciados, y

VIII. Los demás elementos que el denunciante estime pertinentes y, en caso de no tenerlos a su disposición, indicar el lugar o archivo en el que se encuentren, para que la comisión provea lo conducente...”

En este sentido, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 6 de diciembre de 2012, así como el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 3 de enero de 2013, no se plantean en los términos que señala la legislación en materia de competencia económica y, por lo tanto, no materializan los supuestos jurídicos de una denuncia.

Por lo anterior, se le comunica a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que esta autoridad sólo podría iniciar una investigación de oficio cuando contará con elementos suficientes que conformen una causa objetiva para el inicio de una investigación de oficio. Asimismo, para presentar una denuncia por prácticas monopólicas relativas ante la CFC, cualquier persona tendría que cumplir con los requisitos que establecen los artículos 30 y 32 de la LFCE, así como el 29 del Reglamento de la LFCE, incluyendo el requisito de demostrar una afectación.

En ambos casos, efectivamente corresponde al Secretario Ejecutivo de la Comisión proveer la procedencia de iniciar una investigación de oficio o analizar la denuncia correspondiente en sus méritos, a efecto de admitirla o desecharla.

Esta autoridad reitera su compromiso de vigilar y sancionar cualquier práctica que tenga por objeto dañar el proceso de competencia y libre concurrencia. En este sentido, se ofrece la total disposición de la CFC para recibir información adicional que aporte elementos que permitan iniciar una investigación por parte de esta autoridad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta consideración.

Atentamente

México, DF, a 21 de agosto de 2013.— Eduardo Pérez Motta (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite al promovente, para su conocimiento.

CODIGO ESPERANZA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Chihuahua.— Gobierno del Estado.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Hago referencia a su oficio número D.G.P.L. 62-II-4-702 expediente número 1497, dirigido al gobernador del estado de Chihuahua, por el cual se exhorta a los ejecutivos estatales para que de manera responsable fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados; sobre el particular, le expreso:

Que los mecanismos y programas de búsqueda urgente de niños, niñas y adolescentes desaparecidas o extraviadas implementados en esta entidad, equivalentes al programa Código Esperanza, se han instaurado a través del programa internacional Alerta Ámber y Protocolo Alba por conducto de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de esta fiscalía general, vigilando de manera permanente su aplicación y seguimiento en los casos de que se tiene conocimiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 25 de septiembre de 2013.— Licenciado Carlos Manuel Salas (rúbrica), fiscal general del Estado.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

SALVAGUARDA DE LA VIDA E INTEGRIDAD DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y DEMAS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES ESCOLARES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Héctor Serrano Cortés, secretario de gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención al similar SG/12755/2013, de fecha 9 de julio de 2013, relativo al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que a la letra dice:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los ejecutivos de las entidades federativas y municipios, para que en forma coordinada lleven a cabo las acciones necesarias de carácter preventivo y reactivo, para salvaguardar la vida e integridad de los estudiantes, docentes y demás miembros de las comunidades escolares de todos los niveles educativos, en caso de enfrentamientos con grupos del crimen organizado.

Al respecto, informo a usted lo siguiente:

La instrumentación y realización de acciones de carácter preventivo y reactivo, que esta dependencia ha emprendido a través de la Dirección de Seguridad Escolar son:

• A través de sus unidades de seguridad escolar ha llevado a cabo actividades preventivas en el marco de su competencia legal establecida como los signa textualmente la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar en el Distrito Federal, que la letra dice:

Artículo 18, fracción III. “Instrumentar, a través de las unidades de seguridad escolar, las acciones para fomentar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar”.

Se remite Proyecto de atención preventivo y reactivo en caso de ataques o enfrentamientos del crimen organizado.

1. Actividad Preventiva para alumnos de preescolar y primaria baja (1o., 2o. y 3o. grados)

Actividad: juego interactivo Dormidos-Despiertos

Consiste en mecanizar a las y los niños a la voz de dormidos, se recuestan de inmediato en el suelo y solo a la voz de la maestra despiertos se vuelvan a incorporar, en el juego se explica su dinámica, que consiste en recostarse en el piso, cerrar los ojos y sin importar lo que escuchen sólo deben abrir sus ojos y levantarse a la voz de despiertos.

El maestro(a) o instructor de seguridad escolar deberá supervisar que se realice el movimiento hacia el suelo en el menor tiempo posible y sin que se hagan daño, que los alumnos(as) no levanten su cabeza ni abran los ojos, al mismo tiempo deberán emitirse ruidos metálicos, diferentes y muy sonoros, supervisar que sigan sin abrir los ojos y menos que levanten la cabeza o el cuerpo hasta que el juego termina al grito del docente o del elemento de seguridad escolar ¡despiertos!.

1.1. Actividad Reactiva:

a) Se instruye al docente para que en caso real, también se tire al piso y observe desde su sitio que ningún alumno(a) se levante ni que abra sus ojos, hasta que termine el juego.

b) Se instruye mediante sesión informativa al director, personal administrativo y docente sobre el tema Prevención del Delito con el subtema Enfrentamientos, ataques del crimen organizado, con una duración de 30 minutos y sesión de preguntas y respuestas.

c) Se establece un comité de seguridad y supervisión para este tipo de situaciones.

d) El comité será formado por personas del plantel (administrativos y docentes).

e) Presidirá dicho comité el director (a) del plantel.

f) Al designado de seguridad se le instruirá de la mecánica por realizar y se le dotará de un directorio de instituciones que le asistirán de inmediato en un caso de enfrentamiento o ataque, asimismo deberá ingresar a su teléfono portátil dicho directorio, será el primero en dar la voz de alarma si cuentan con mecanismos activa la alarma en el plantel.

g) Los designados para proporcionar auxilio a la comunidad escolar deberán contar con la instrucción para ofrecer el apoyo como primer contacto y poder brindar los primeros auxilios a quien los requiera.

h) Quien lleve a cabo la supervisión lo hará en un recorrido que estará previamente asignado, para emitir un informe fidedigno al director(a) de la incidencia, si la hubo.

i) En el caso de haber ingresado un sujeto(os), o grupo(os) armados no deberán realizar ninguna acción que no sea la que les indique dicho grupo o sujeto, salvo que les sea posible emitir la alarma o comunicación para el auxilio correspondiente por un grupo de intervención especializado.

2. Actividad preventiva para alumnos de primaria alta, secundaria, medio superior y superior.

Actividad Sociodrama:

Consiste en la dramatización por parte del personal de seguridad escolar, dicho sociodrama abordará las posibles mecánicas que se puedan producir en caso de un enfrentamiento o ataque de sujeto (os) armados entre ellos o dirigidos en el interior de un plantel.

Actividad sesión informativa:

Consiste en realizar en sala audiovisual o auditorio, a través de diapositivas y videos en los que ocurren situaciones similares.

2.1. En ambos casos preventivos, se da a conocer este tema como prevención del delito, subtema delito de alto impacto.

2.2. Actividad reactiva.

a) Se instruye al personal administrativo y docente para que en caso real de ataque, o enfrentamiento se recuesten en el piso e indiquen al alumnado haga lo mismo y no se levanten hasta que haya pasado el peligro.

b) Se establece para el plantel un comité de seguridad, auxilio y de supervisión para situaciones de enfrentamiento y ataque de sujeto(os) o grupo(os) del crimen organizado.

c) El comité estará formado por personal del plantel (docente y administrativo)

d) Presidirá dicho comité el director del plantel.

e) El designado de seguridad, se le instruirá la mecánica a realizar y se le dotará de un directorio de instituciones que le asistirán de inmediato en un caso de enfrentamiento o ataque, asimismo deberá ingresar en su teléfono portátil dicho directorio, será el primero en dar la voz de alarma, si cuentan con mecanismos de alarma del plantel será su responsabilidad directa accionarla.

f) Los designados para proporcionar auxilio a la comunidad escolar, deberán contar con la institución para poder ofrecer el apoyo como primer contacto y poder brindar los primeros auxilios a quien lo requiera.

g) El que lleve(n) acabo la labor de supervisión, hará un recorrido que deberá estar previamente asignado. Para el caso de planteles de nivel medio superior y superior, que lleguen a recibir ataques con petardos u otros proyectiles explosivos él o los integrantes del comité de seguridad y auxilio contemplarán como medidas reactivas el que su población estudiantil no confronte si no que se apeguen al reglamento interno y al que genere dicho comité del plantel para este tipo de situaciones.

En virtud del marco de transversalidad de las dependencias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y en atención al dictamen aprobado y publicado en la Gaceta Oficial el 03 de julio del presente año por el H. Congreso de la Unión, y en cumplimiento a los numerales 2 fracción II, 17 fracción IV, de la ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; esta Dependencia tiene como objeto entre otras, proteger la integridad física de las personas mediante los elementos de los cuerpos de Seguridad Pública, los cuales deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de su integridad, manteniendo en todo momento comunicación y coordinación con organismos públicos y corporaciones policiacas del ámbito Federal y las distintas entidades federativas, a efecto de ejecutar las acciones operativas necesarias procedentes ante una probable amenaza a la ciudadanía o bien, ante la comisión de un delito; asimismo, esta Secretaría desarrolla las acciones necesarias para el fortalecimiento de la función policial, a través de mecanismos de intercambio de información criminal con dependencias de los tres órdenes de gobierno, relacionadas con la seguridad pública y con instituciones que cuenten con información o tecnología complementaria, para establecer métodos de análisis e intercambio de información que facilite identificar personas, grupos, organizaciones y modos de operación, lo anterior, a fin de promover en todo momento las medidas tendientes a salvaguardar y garantizar la seguridad de las personas.

No se omite reiterar la disposición de esta dependencia para coadyuvar con las instancias correspondientes en las acciones necesarias de carácter preventivo y reactivo, para salvaguardar la vida e integridad de estudiantes, docentes y demás miembros de las comunidades escolares en todos los niveles educativos, en caso de enfrentamientos y ataques de los grupos de crimen organizado.

Sin otro particular y en espera de que esta información le sea de utilidad, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de septiembre de 2013.— Doctor Jesús Rodríguez Almeida (rúbrica), secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de la Niñez, para su conocimiento.

ARTICULO 32-A DEL CODIGO FISCAL FEDERAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a no derogar el artículo 32-A del Código Fiscal Federal, como lo propone el Ejecutivo federal en el paquete económico 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 24 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no derogar el artículo 32-A del Código Fiscal Federal, como lo propone el Ejecutivo federal en el Paquete Económico 2014, así como a mantener reuniones con asociaciones y organizaciones de contadores públicos del país respecto a los efectos de dicha derogación, con base en las siguientes:

Consideraciones

La Carta Magna, en el artículo en el artículo 31, fracción IV, establece:

[Es obligación de los mexicanos] contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del estado y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Del mismo modo, nuestra Constitución señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración Tributaria, será el órgano encargado de recaudar y administrar las contribuciones de los mexicanos. Labor fundamental para las finanzas públicas nacionales, en virtud de que este órgano recaudatorio debe captar la mayor cantidad de ingresos a fin de que puedan solventarse todos y cada uno de los rubros del gasto público, el cual contiene primordialmente las demandas sociales que deben ser satisfechas para alcanzar el crecimiento del México próspero que sus habitantes anhelamos.

Para ello, el SAT está obligado a valerse de los mejores medios y herramientas a través de los cuales pueda lograr dicha captación. El dictamen fiscal es una herramienta que desde 1959 ha sido fundamental, no sólo para recaudar de manera eficiente un buen porcentaje de los ingresos de los contribuyentes, sino también para proporcionar seguridad jurídica a los usuarios de la información financiera y a la vez, dotar a los contribuyentes de una opinión externa que les permita conocer a detalle cuál es su situación fiscal.

Otra parte importante de esta figura fiscal es el fomento a la productividad de un sector profesional, histórico e importante para nuestro país como es el de los contadores públicos, quienes al ser los especialistas en la materia, emiten sus opiniones mediante el dictamen financiero y fiscal.

El dictamen fiscal es una herramienta que les da a los contribuyentes, obligados y no a dictaminarse, la certeza de que su información Fiscal e inclusive financiera, está presentada conforme a las disposiciones tributarias y a las normas de información financiera establecidas por la contaduría pública organizada. Es un conjunto de procedimientos de auditoría que culminan con un dictamen reconocido por las autoridades hacendarias como un documento fidedigno y confiable que da cuenta de la situación fiscal del contribuyente. El dictamen fiscal, surge como estrategia de fiscalización indirecta, mediante la cual el fisco federal deposita su confianza en la capacidad, experiencia y ética profesional de la Contaduría Pública, la cual se traduce en el atributo de la credibilidad hacia el trabajo desempeñado por el contador púbico que emite este tipo de dictámenes.

Esta revisión que practica el profesional de contaduría, tiene como objetivo principal brindar al contribuyente que dictamina sus estados financieros, confianza y seguridad respecto de la situación financiera de su empresa, así como también ofrecer a la autoridad hacendaria un esquema mediante el cual puede conocer la situación fiscal de los contribuyentes y determinar en un momento dado, la posibilidad de ejercer sus facultades de comprobación que, al no cumplir el gobernado con el pago de las diferencias expuestas por el dictaminador, quien en muchos casos suple el ejercicio de auditoría del SAT.

Entre los beneficios del dictamen fiscal están los siguientes:

a) Es un instrumento recaudatorio a través del cual el erario federal capta contribuciones federales.

b) Es una herramienta de autocorrección fiscal tanto para personas morales como para personas físicas.

c) Es un medio de seguridad jurídica ante los contribuyentes por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

d) Es un instrumento de seguridad legal ante los terceros usuarios de la información.

e) Es una figura que mantiene a la contaduría pública mexicana en la vanguardia internacional para el desarrollo técnico e intercambio y manejo de información contable, financiera y fiscal para las empresas internacionales que se establecen en nuestro país y empresas mexicanas que se establecen en el extranjero.

De acuerdo a la legislación vigente, los contribuyentes obligados a este dispositivo son las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales que se encuentran en los siguientes supuestos: aquéllas cuyos ingresos acumulables fueron superiores a 34.8 millones de pesos; 69.6 millones de pesos en activos y con 300 o más trabajadores; también aquéllas que consoliden para efectos fiscales; las donatarias autorizadas; las que se fusionen, escindan o liquiden; establecimientos permanentes y las entidades gubernamentales. Por su parte, también tienen acceso a esta disposición las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que no estén obligadas, así como los contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables hasta por $40,000,000.00, pueden optar por no presentar el dictamen, siempre que el valor de sus activos o el número de trabajadores no excedan las cantidades mencionadas.

Según datos del SAT, anualmente se emiten cerca de 100 mil dictámenes a través de los cuales se recaudan en promedio poco menos de 20 mil millones de pesos al año. De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el dictamen fiscal crea un ambiente menos áspero entre el padrón de contribuyentes y las autoridades, y a la vez señala que esta figura aunada a la simplificación fiscal puede aumentar hasta en un 30  por ciento la recaudación.

A continuación se presenta una tabla donde se organizan los indicadores del número de dictámenes y el monto recaudado a través de este medio, correspondientes a los años que van desde 2006 hasta 2010.

No obstante todo lo anterior, en el conjunto de disposiciones y modificaciones en materia presupuestaria, económica y fiscal para el ejercicio 2014 que el Ejecutivo federal ha enviado para su aprobación a la Cámara de Diputados, se propone eliminar el dictamen fiscal a través de la derogación del artículo 32-A del Código Fiscal Federal y en su lugar, se plantea sustituir dicho dictamen por la presentación de la declaración informativa del contribuyente, respecto de las operaciones de enajenación de acciones que al efecto se establezcan.

Ante este escenario, ya han surgido diversas instituciones y agrupaciones de Contadores Públicos que señalan como negativa esta propuesta, en virtud de que además de la inminente baja en la recaudación, dicha iniciativa representa un aplazamiento a la desaparición del gremio de los contadores públicos en nuestro país.

Una de estas organizaciones que se han mostrado en contra de la modificación, es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, que en días recientes emitió un pronunciamiento respecto a la Reforma Hacendaria y se muestra particularmente en desacuerdo porque la derogación del artículo 32-A del Código Fiscal Federal causaría entre otras, las siguientes afectaciones:

1) Afectaría la seguridad jurídica de los contribuyentes, toda vez que con la desaparición del dictamen fiscal, estos adquieren una condición de indefensión ante la autoridad.

2) Disminuiría la recaudación fiscal en virtud de que los contribuyentes no tendrán la oportunidad de corregirse espontáneamente, lo cual provocaría una desorganización y discontinuidad en el pago de contribuciones.

3) Habría un impacto social negativo en virtud de que se produciría un gran número de despidos de colaboradores de las firmas de contadores que se dedican a la prestación de servicios de auditoría de estados financieros para efectos fiscales y presentación del dictamen fiscal, toda vez que estos despachos verían una disminución en la prestación de sus servicios.

4) Se reduciría significativamente el desarrollo de los contribuyentes, en virtud de que una de las utilidades del dictamen fiscal, es su validez ante instituciones financieras y otras entidades sociales o económicas para acceder a créditos que en muchas ocasiones son necesarios para realizar inversiones de desarrollo.

5) Surgiría la necesidad de ampliar el universo de auditorías, al no tener el fisco un parámetro sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Un elemento fundamental que debe de señalarse para no considerar viable esta propuesta del Ejecutivo federal, es que hasta ahora la figura del dictamen fiscal ha asegurado el cumplimiento de los principios jurídicos contenidos en el artículo 31 constitucional de proporcionalidad y equidad, mismos que garantizan que los impuestos que se les cobran a los contribuyentes atienden a la capacidad económica y tributaria que estos poseen.

En vista de todo lo anterior, puede apreciarse que son más los perjuicios que los beneficios que se causarían con la aprobación de esta propuesta, además de que, de acuerdo a la opinión de la contaduría pública organizada, tendría lugar en nuestro país una disminución significativa en la recaudación, lo cual afectaría las finanzas públicas e iría en contra de los objetivos que tiene el SAT que es el de recaudar de manera eficiente y efectiva, respetando siempre los derechos de los contribuyentes.

Asimismo debe considerarse que en países como España, Estados Unidos y otros, existen figuras fiscales equivalentes al dictamen fiscal que hoy pretende suprimirse en nuestro país. La mayoría de los países que mantienen este esquema de auditoría externa, lo hacen en virtud de que además de impulsar el desarrollo y competitividad del sector contable y financiero, los gobiernos ahorran dinero y tiempo en la recaudación de los impuestos y además facilitan a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Por lo expuesto es que propongo a esta soberanía exhortar a la Cámara de Diputados a fin de que no atienda la propuesta del Ejecutivo de derogar el artículo 32-A del Código Fiscal Federal, en los términos del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Diputados a que en el proceso de aprobación de las disposiciones que integran el paquete económico 2014, se descarte la derogación del artículo 32-a del Código Fiscal Federal que propone el Ejecutivo federal, en virtud de que la desaparición del dictamen fiscal disminuirla la recaudación y afectaría gravemente a las asociaciones y colegios de contadores públicos del país.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de aprobación del paquete económico 2014 mantenga reuniones con asociaciones y colegios de contadores públicos del país, a fin de que estos puedan expresar las afectaciones en materia laboral y productiva que enfrentarían si se deroga el artículo 32-a del Código Fiscal Federal.

Senado de la República del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de septiembre de 2013.— Senador Jorge Luis Lavalle Maury (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LAS BEBIDAS AZUCARADAS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto y Javier Corral Jurado presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2013, a efecto de que aumente el monto del impuesto especial de 10 a 20 por ciento, y destine en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio todo lo recaudado por esta contribución para garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos, así como en la implantación de programas de prevención de la obesidad, como medida urgente para abatir la epidemia que sufre el país.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Los suscritos, senadores María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto y Javier Corral Jurado, integrantes de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2013, a efecto de que aumente el monto del impuesto especial de 10 a 20 por ciento, y con fundamento en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación destine en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios todo lo recaudado por esta contribución para garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos, así como en la implantación de programas de prevención de la obesidad, como medida urgente para abatir la epidemia que sufre el país, al tenor de los siguientes

Considerandos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se han convertido en uno de los mayores problemas de salud pública para los países. En el caso de México, los índices de sobrepeso y obesidad se han triplicado desde 1980, especialmente entre los adultos, lo que se refleja en las cifras actuales que señalan a 39.05 por ciento de los adultos mayores de 20 años con sobrepeso y 32.15 por ciento con obesidad, equivalente a 7 de cada 10 mexicanos.

De acuerdo con la OMS, México ocupa actualmente el segundo lugar mundial en obesidad (32.15 por ciento), después de los Estados Unidos, y el primero en mujeres (alrededor de 37.5).

Asimismo, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país se encuentra entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial (14.6 por ciento).

Se estima que la prevalencia de sobrepeso y obesidad continuará aumentando, por lo que para el año 2050 se prevé que 88 por ciento de los hombres y 91 por ciento de las mujeres sufran de sobrepeso y obesidad, lo que resulta alarmante en todos los sentidos.

El país registra una cifra importante de obesidad infantil, reflejado en los 5.6 millones de niños entre los 5 y 11 años y los 6.3 millones de adolescentes (entre 12-19 años), lo que significa que uno de cada 3 niños sufre de estos padecimientos.

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un obstáculo para las finanzas públicas, especialmente en el sector salud, pues el costo total del sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 y 2008: pasó de 35 mil millones de pesos a por lo menos 67 mil millones. Según la Secretaría de Salud, el costo actual alcanza los 80 mil millones de pesos anuales. Se estima incluso que dicho gasto aumentará a 151 millones de pesos en 2017.

Un elemento clave en el combate a la obesidad es la promoción de políticas públicas integrales y multifactoriales que protejan el derecho a la salud y a la alimentación de la población, en donde las medidas fiscales juegan un rol imprescindible para desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud, al mismo tiempo que permiten obtener recursos para combatir los daños relacionados.

El consumo tan alto de refrescos y bebidas azucaradas en nuestro país ha incidido en el aumento del sobrepeso y la obesidad, y de diversas Enfermedades Crónicas no Transmisibles como la diabetes. México consume 163 litros de refresco al año, superando en 40 por ciento el consumo de un estadounidense promedio (118 litros anuales), lo que lo convierte en el primer lugar a nivel mundial.

Esa situación hace evidente la crisis hídrica que se vive en el país, dado que las zonas rurales carecen de agua potable para satisfacer sus necesidades de hidratación, situación similar en las escuelas y espacios públicos del país.

“Energy intake from beverages is increasing among mexican adolescents and adults” (“La ingesta calórica por consumo de bebidas está en aumento entre los adolescentes y adultos mexicanos”), publicado en el Journal of Nutrition en 2008, menciona que entre los años 1999 y 2006 el consumo de bebidas con alto contenido calórico como los refrescos, los jugos y el café con azúcar se ha duplicado entre los adolescentes y triplicado entre los adultos mexicanos.

De acuerdo con el Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, una porción de 500 mililitros de refresco contiene más de 200 calorías, sin aportar ningún tipo de nutrientes. Este volumen de refresco, contiene 60 gramos de azúcar, lo que equivale a 12 cucharaditas de azúcar.

Según el artículo “Onzas de prevención, el caso de política pública para los impuestos a bebidas azucaradas”, publicado por los doctores Kelly Brownell y Thomas Friedman en New England Journal of Medicine, la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta 60 por ciento por cada porción de refresco (227 ml) que consume al día, al mismo tiempo que se aumenta la probabilidad de padecer diabetes y otras enfermedades relacionadas con el sobrepeso.

En el mismo orden de ideas, según el estudio “Impact of change in sweetened caloric beverage consumption on energy intake among children and adolescents” (“Efecto del cambio del consumo de bebidas azucaradas en la ingesta calórica en niños y adolescentes”), del Centro Nacional de Información en Biotecnología de Estados Unidos, el reemplazo de bebidas azucaradas por productos alternativos más saludables está relacionado con la reducción de la ingesta calórica. Por ejemplo, una bebida azucarada de 230 mililitros aporta cerca de 106 a la ingesta calórica diaria, mientras que la misma cantidad de agua sólo aporta 8 calorías. El estudio concluye además que con cada 1 por ciento de reducción de bebida azucarada se disminuye en 6.6 kilocalorías la ingesta calórica diaria y que el reemplazo de bebida azucarada con agua potable ayudaría a disminuir la ingesta calórica en 235 kilocalorías al día.

El agua simple potable es la elección más saludable y la bebida ideal para satisfacer las necesidades diarias de líquidos, ya que no tiene efectos adversos en individuos sanos cuando se consume en los intervalos aceptados.

En septiembre de 2011, siguiendo el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano por parte de la Organización de las Naciones Unidas en 2010, México elevó a rango constitucional este derecho, incluyéndolo en el artículo 4to de la Carta Magna, garantizando que todos los mexicanos tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; atendiendo un problema que afecta a más de 10 millones de habitantes, cerca del 10 por ciento de la población en el país. En este sentido, es obligación del Estado garantizar el derecho al agua potable para que las personas puedan cuidar su higiene y salud, y puedan adoptar hábitos de vida y consumo más saludables.

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda de 2010, uno de los servicios básicos para mantener las condiciones sanitarias adecuadas en la vivienda y el entorno en que se desarrolla la vida cotidiana de la población, es el abastecimiento de agua potable. En los últimos 20 años se ha visto un incremento en la cobertura, pasando de 79.4 por ciento en 1990 a 91.5 por ciento de las viviendas en 2010. Este beneficio es de gran importancia, ya que el abastecimiento de agua de la red pública disminuye de manera importante los riesgos de contraer enfermedades asociadas a la ingesta de agua que no es adecuada para el consumo humano. A pesar de los avances, sigue siendo necesario aumentar el acceso al vital líquido tanto para las actividades diarias, como para consumo.

Según el censo anterior, para lograr una cobertura universal de agua potable es necesario asegurar este servicio a 36.8 millones de habitantes al 2030. Las entidades que presentan los mayores obstáculos para el suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado son: Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. En este sentido, se requieren inversiones por 215 mil millones de pesos para lograr la cobertura universal en agua potable y alcantarillado, orientando la inversión a la ampliación de las redes en zonas urbanas y rurales, así como a la construcción de pozos, cosecha de agua de lluvia e implementación de tecnologías de bajo costo para la recolección y tratamiento de aguas residuales en zonas rurales.

En otro orden de ideas, el gobierno federal estableció en 2010 como uno de los objetivos del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable, objetivo que no se ha logrado alcanzar a nivel federal ni local, por lo que se deben de obtener recursos suficientes para lograr este cometido.

Actualmente no existe ningún programa nacional para la introducción de agua simple, potable y gratuita en las escuelas y los espacios públicos, lo que es un área de oportunidad y compromiso para satisfacer las necesidades diarias de este líquido vital en las zonas en las que más se requiere, como son las áreas rurales, las escuelas y los espacios públicos.

Según la Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008, solamente 55.9 por ciento de las primarias y 60.6 por ciento de las secundarias a nivel nacional cuentan con agua para beber de manera gratuita (ya sea en bebederos o en garrafones), por lo que impera la necesidad de promover una alimentación correcta dentro del ambiente escolar, en aras de disminuir los factores de riesgo que inciden en la malnutrición de los estudiantes.

Incluso, esa encuesta presenta una serie de recomendaciones entre las que resalta la necesidad de garantizar la existencia de bebederos o disposición de agua potable gratuita en los planteles escolares, para fomentar la disminución en el consumo de bebidas azucaradas y refrescos.

Es necesario aumentar el acceso al agua potable de libre demanda para poder contrarrestar el consumo de bebidas azucaradas, y así disminuir la ingesta tan alta de estas bebidas en el país, ya que los mexicanos nos hemos convertido en los mayores consumidores de refrescos en el mundo, así como somos una de las poblaciones con mayores índices de obesidad y diabetes.

La publicación de la Academia Nacional de Medicina, del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Universidad Nacional Autónoma de México titulada Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado, es concluyente sobre la necesidad de proveer de la infraestructura necesaria para asegurar la disponibilidad de agua potable en los hogares, las escuelas y centros de trabajo, como un factor indispensable para un ambiente higiénico que permita prevenir enfermedades y evitar el consumo de bebidas con aporte energético, como son las bebidas azucaradas.

Ante la problemática que representa el consumo de refrescos y bebidas azucaradas para la salud, por su incidencia comprobada en el sobrepeso y la obesidad, el 8 de septiembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, presentaron la propuesta de reforma hacendaria y paquete fiscal para 2014 incluyendo un impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas, lo que representa un gran paso hacia la promoción de hábitos de consumo más saludables.

En la presentación se hizo mención de diferentes características de la economía mexicana, que de cierta manera han obstaculizado el crecimiento; entre éstas, se hizo mención de la obesidad como una barrera que atenta contra el desarrollo social, en salud y económico. En este sentido, surge necesario impulsar propuestas de política y programas para combatir este grave problema de salud, que se ha convertido en una contingencia para las finanzas públicas, motivación que llevó al Ejecutivo federal a incluir este gravamen, mismo que cuenta con un gran apoyo de organizaciones de la sociedad civil, como la Alianza por la Salud Alimentaria, la Plataforma Estratégica contra el Sobrepeso y la Obesidad, y muchas otras. Estas organizaciones han exhortado a los diferentes niveles de Gobierno ha sensibilizarse frente al problema de salud pública, al cual han contribuido los refrescos y las bebidas azucaradas.

La inclusión de una medida de este tipo es de gran relevancia y reconocimiento para el gobierno federal; sin embargo, como toda política pública, es perfectible, en aras de tener un mayor impacto y beneficio en la salud.

El impuesto a las bebidas azucaradas incluida en la reforma hacendaria 2014 y enviada a la Cámara de Diputados propone que se calculará mediante la aplicación de una cuota de 1.00 pesos por litro a estas bebidas, la cual se ajustará a la inflación.

Es nuestro interés promover que los recursos obtenidos por este impuesto, que se estiman en aproximadamente 12 mil millones de pesos, sean utilizados para la implementación de programas de prevención de la obesidad, especialmente para garantizar el acceso al agua potable en la población más pobre, en las escuelas y espacios públicos. Lo recaudado sería suficiente para la implementación de programas de infraestructura de agua potable; por ejemplo, este monto representa 2.5 veces el presupuesto asignado en 2012 para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de la Comisión Nacional de Agua.

Adicionalmente, de acuerdo con organizaciones como Oxfam México y la Alianza por la Salud Alimentaria, de contar con un impuesto aún mayor al que se propone, de aproximadamente 20 por ciento, y se invirtieran el total de los recursos recaudados en las 120 mil escuelas de educación básica en el país, se podrían asignar cerca de 230 mil pesos a cada una, lo que sería suficiente para introducir agua potable gratuita en forma de bebederos. Esto comprendería solamente el primer año de la aplicación del impuesto, y en los posteriores el dinero serviría para dar mantenimiento a estos servicios, así como para programas en el sector salud.

De acuerdo con un análisis económico realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), un impuesto de este nivel ayudaría a disminuir el consumo de estos productos de 163 litros por persona al año a 140 litros, dado que la demanda de refrescos y bebidas azucaradas es elástica.

Este estudio señala además que los hogares más pobres, del quintil más bajo de ingresos del país, y los hogares que se encuentran en los municipios de mayor marginación, reducirían su consumo de refrescos en mayor proporción con un aumento en el precio. Esto es, ya que la demanda de refrescos es aún más elástica en estos grupos de la población. Con un impuesto a refrescos, los hogares más pobres reducirían el gasto que destinan a estos bienes, lo que permite que liberen recursos para comprar otro tipo de productos. Si esta propuesta se acompaña de otras políticas para reducir y prevenir la obesidad y otras enfermedades crónicas que afectan a los más pobres, se podría fomentar el gasto en consumo de bienes más saludables, como es el agua potable. El INSP encontró que con un aumento en el precio de estas bebidas, aumenta el consumo de agua, lo que podría aprovecharse para fomentar su consumo, y lo que infiere la necesidad de proveer de este líquido para que la población pueda reemplazar de manera efectiva el consumo de bebidas azucaradas.

Es imprescindible aumentar la disponibilidad y acceso al agua potable en escuelas y espacios públicos, en aras de desincentivar el consumo de bebidas azucaradas e hipocalóricas, mejorando la salud de los mexicanos. Por último cabe mencionar que el artículo 1 del código Fiscal de la Federación, señala la posibilidad de destinar una contribución a un gasto público específico, siempre y cuando ésta etiqueta se haga mediante ley.

Por todo lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las bebidas azucaradas, planteada en la Reforma Hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2013, a efecto de que, aumente el monto del impuesto especial de 10 a 20 por ciento, y con fundamento en el artículo 1, del Código Fiscal de la Federación, destine, en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, todo lo recaudado por esta contribución para garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos, así como en la implementación de programas de prevención de la obesidad, lo anterior como medida urgente para abatir la epidemia que sufre el país.

Notas:

1 Instituto Nacional de Salud Pública (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, INSP, México, DF.

2 Secretaría de Salud México (enero de 2010). Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, México, DF, página 9.

3 Sassi, Franco (2010). Obesity and the economics of prevention: fit not fat, OCDE, OCDE, París.

4 Rtveladze, Ketevan (2 de enero de 2013). “Obesity prevalence in Mexico: impact on health and economic burden”, en Public Health Nutrition.

5 Instituto Nacional de Salud Pública (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, México, DF.

6 Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, página 11.

7 Datamonitor 2009, Euromonitor 2009, Andreyeva, y otros, 2011. Elaborado por el doctor Kelly Brownell, Universidad de Yale. Rudd Center for Policy and Obesity.

8 Barquera, Simon, y otros. (2008). “Energy intake from beverages is increasing among mexican adolescents and adults”, en The Journal of Nutrition, Community and International Nutrition, páginas 2454-2461.

9 (junio de 2012). Fact sheet: sugary drinks supersizing and the obesity epidemic, Department of Nutrition at Harvard School of Public Health. Recuperado de www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-drinks/

10 Brownell, Kelly D. (30 de abril de 2009). “Ounces of prevention: the public policy case for tax son sugared beverages”, en New England Journal of Medicine.

11 Wang, YC, y otros (abril de 2009). Impact of change in sweetened caloric beverage consumption on energy intake among children and adolescents, National Center for Biotechnology Information. Recuperado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19349562

12 Rivera J, Muñoz-Hernández O, Rosas-Peralta M, Aguilar-Salina C, Popñin B, Willet W. Consumo de bebidas para una vida saludable: recomendaciones para la población mexicana. Salud Pública México, 2008; 50: 173-195.

13 (29 de septiembre de 2011). El Senado mexicano eleva a rango constitucional el derecho al agua, CCN México (en línea). Recuperado de http//mexico.cnn.com/nacional/2011/09/29/el-senado-mexicano-eleva-a-rango-const itucional-el-derecho-al-agua

14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (22 de marzo de 2012). Estadística a propósito del Día Mundial del Agua. Recuperado de http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/default.asp?c=269&e =

15 Ibídem.

16 Secretaría de Salud. Bases técnicas del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, México, 2010.

17 Instituto Nacional de Salud Pública (2008). Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008, México, DF.

18 Rivera J, Hernández M, Aguilar C, Vadillo F, Murayama C. Obesidad en México. Recomendaciones para una política de Estado, UNAM, México, 2012, 428 páginas.

19 (2012). México es ya el mayor consumidor de refresco en el mundo, Oxfam México (en línea). Recuperado de http://site.oxfammexico.org/mexico-es-ya-el-mayor-consumidor-de-refresco-en-el- mundo-3/

20 Colchero MA, Unar M., Salgado JC, Hernández-Ávila M, Rivera J. “Análisis del potencial del impuesto a refresco en México como una estrategia de prevención de obesidad”, decimoquinto Congreso en investigación en salud pública, Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Morelos, 7 de marzo de 2013.

21 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de septiembre de 2013.— Senadores: María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Javier Corral Jurado (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.Pasamos al siguiente asunto.

INCLUSION DE MEDICAMENTOS HUERFANOS AL CUADRO BASICO DE SALUD

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a incluir los medicamentos huérfanos en el cuadro básico que requiera la población mexicana; y a las Secretarías de Salud, y de Hacienda y Crédito Público, a otorgar un presupuesto suficiente enfocado en la adquisición de este tipo de medicamentos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, María Cristina Díaz Salazar, senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General se incluyan los medicamentos huérfanos en el cuadro básico que requiera la población mexicana; y mediante la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a otorgar un presupuesto suficiente enfocado en la adquisición de este tipo de medicamentos.

Consideraciones

Las enfermedades raras y los pacientes que las padecen aún permanecen sin recibir la atención que requieren por parte de profesionales e instituciones de salud en el país. Desde que se incluyó la definición de enfermedades raras en la reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2012, estableciendo que son aquellas que tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10 mil habitantes, no ha habido avances en materia de regulación y atención a estos padecimientos. Esto, a pesar de que en la mencionada reforma, el artículo 224 Bis 1 establece que

“La Secretaría de Salud implementará las medidas y acciones necesarias a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos huérfanos, haciéndolos asequibles para la población. Asimismo, la Secretaría de Salud podrá emitir recomendaciones a los institutos nacionales de salud para la investigación y el desarrollo de medicamentos con potencial en su efectividad.”

Pese a lo anterior, seguimos sin observar en México medidas definitivas y contundentes encaminadas a mejorar la disponibilidad y el acceso para estos pacientes que se ven especialmente indefensos y aislados por lo poco común de sus padecimientos. Más aún, este grupo de enfermos se ven inmersos en una realidad especialmente difícil pues, aunado al reto que supone enfrentar una enfermedad severa, los tratamientos son, por la baja prevalencia, costosos e inaccesibles para la mayoría de la población.

La prevalencia de una enfermedad rara establecida por la Ley General de Salud es de no más 5 de cada 10 mil personas. Se calcula que entre 6 y 8 por ciento de la población mundial padece una enfermedad rara. Aplicado a México, estamos hablando de aproximadamente 7 millones de personas.

Dejar a estos pacientes desatendidos constituye en primera instancia una contradicción al derecho a la salud consagrado en el artículo cuarto de nuestra Constitución política, que es igualitario y sin distinción alguna sobre su protección para toda la población; y en segunda, una falta a la ética, pues peca de desatender a quién más lo necesita resultando en discriminación. Esta situación cobra mucho más relevancia si se observa que no se ha cumplido a cabalidad un mandato del Congreso de la Unión, al considerar que se acordó que la Secretaría de Salud mejoraría la asequibilidad y disponibilidad de los medicamentos que tratan las enfermedades raras, denominados “medicamentos huérfanos”.

Si bien es cierto que la solución a este escenario no se vislumbra fácil, precisamente por ello se requiere un mayor esfuerzo e involucrar a todos los actores que pueden hacer una diferencia en la vida de estos enfermos. Es por eso que en este exhorto se hace un llamado al Consejo de Salubridad General, como actor necesario del cual depende la primera etapa: la inclusión en el Cuadro Básico de los medicamentos huérfanos, disponibles para la adquisición de las instituciones de salud.

El Consejo de Salubridad General tiene la honorable responsabilidad de integrar el Cuadro Básico de Insumos para la Salud. De la resultante lista, los diferentes institutos que proveen servicios de salud– IMSS, ISSSTE, ISSSFAM y PEMEX– eligen los medicamentos adecuados para sus derechohabientes en Catálogos Institucionales.

Las enfermedades raras son de tipología variada y de prevalencia muy baja, por ende, no se puede generalizar acerca de cuáles medicamentos deben estar disponibles para atenderlas. Al contrario, es una situación casuística: cada instituto debe conocer qué tipo de enfermedades raras afectan a sus derechohabientes.

La afectación de enfermedades raras sobre la población cambia en función de la tipología, por tanto, las necesidades de tratamiento para cada instituto variarán de forma totalmente aleatoria; por lo cual el cuadro básico debe contar con el mayor número de opciones para que las instituciones de salud cuenten con la posibilidad de encontrar las terapias que aquejan a su derechohabiencia. Esto, dado a la escasa prevalencia de las enfermedades raras, misma que hace imposible generalizar respecto a cuáles deberían formar parte del cuadro básico, y hace indispensable su incorporación al mismo para que sean las Instituciones las que analicen caso por caso sus necesidades particulares.

Es necesaria la suma de los esfuerzos de varios actores para mejorar el acceso a medicamentos huérfanos. Si bien el Consejo de Salubridad General juega un rol determinante por la inclusión de estos productos en el cuadro básico, de tal forma que haya una total disponibilidad de estos medicamentos, las instituciones serán responsables de afrontar los altos costos que suponen.

A pesar de que existen alrededor de 7 mil tipologías de enfermedades raras en el mundo, sólo existe tratamiento para, aproximadamente, 2 por ciento. Este dato, sumado al hecho de que no hay muchos pacientes con este tipo de padecimientos, aclara el concepto erróneo de que no hay suficientes fondos para atender a estos pacientes. Precisamente por el mismo motivo por el cual los medicamentos huérfanos son caros –que atienden a un pequeño segmento de la población– resultan, a la larga, económicamente viables. No existe un motivo contundente por el cual seguir negando a estos pacientes, ciudadanos iguales ante la ley y el derecho, la atención médica que urgentemente requieren.

En este caso, es necesaria la colaboración de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que otorguen mayores recursos presupuestarios que posibiliten la adquisición de medicamentos huérfanos. Es vital que haya un peso presupuestario específico para estos medicamentos para convertir el acceso en una realidad. Asimismo, también es necesario que en la Cámara de Diputados, al momento de analizar y discutir el paquete económico de 2014 (Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos), garantice que se cuenten con los recursos suficientes para cubrir las necesidades de los pacientes con enfermedades raras.

Por último, es importante que la Secretaría de Salud incremente sus esfuerzos por registrar la incidencia de las enfermedades huérfanas en el país, mediante acciones enfocadas en el diagnóstico de estos padecimientos y en colaboración con los institutos para la elaboración de un registro.

Implementando estas medidas se hará efectivo el artículo 224 Bis 1, pues se estará garantizando la disponibilidad y la asequibilidad de los medicamentos huérfanos. Además, será conveniente un registro de enfermedades raras que permitirá proporcionarles una atención focalizada. Lo más importante es que se estará garantizando el derecho a salud de todos los mexicanos, en forma igualitaria y respondiendo así a las nuevas dinámicas de salud de nuestro tiempo.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, informe de las acciones implementadas en atención al artículo 224 Bis 1 respecto a medidas y acciones a efecto de impulsar la disponibilidad de medicamentos huérfanos, y respecto a la emisión de recomendaciones a los institutos nacionales de salud para la investigación y desarrollo de medicamentos.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General se incluyan los medicamentos huérfanos en el cuadro básico que requiera la población mexicana, para que las instituciones prestadoras de servicios de salud cuenten con la posibilidad de ofrecer cualquier opción terapéutica necesaria para el tratamiento de sus derechohabientes.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que mediante la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Hacienda y de Crédito, otorguen un presupuesto suficiente enfocado en la adquisición de medicamentos huérfanos, dentro del presupuesto otorgado al sector salud para el año 2014.

Nota:

1. Según la estimación de la población de México para el año 2012, elaborada por el Banco Mundial.

Cámara de Senadores, a 24 de septiembre de 2013.— Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

HOSPITAL GENERAL EN TICUL, YUCATAN

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Naciona1, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se consideren y destinen recursos para la conclusión del proyecto de construcción del hospital general de Ticul en Yucatán.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 24 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito Daniel Gabriel Ávila Ruiz, senador de la República por el estado de Yucatán e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la sexagésima segunda legislatura del honorable Congreso de la unión, con base en las facultades que me confieren en el artículo 8, número 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 se consideren y destinen recursos para la conclusión del proyecto de construcción del hospital general de Ticul en el estado de Yucatán; con base en lo siguiente:

Consideraciones

La salud es una de las principales condiciones para el desarrollo y uno de los indicadores asociados al crecimiento económico de un país, en el caso de México se estima que durante el último cuarto del siglo XX, un tercio de éste fue atribuible al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de mortalidad entre 1970 y 1995.

El derecho a la protección de salud universal de los mexicanos se encuentra plasmado en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política, así como el acceso a sus sistemas.

A pesar de que durante los últimos años en México se han realizado grandes avances para fortalecer el desempeño del sistema de salud, aún persisten retos a vencer como la inequidad en el acceso, la calidad de los servicios, entre otros.

Basta con citar algunas cifras: en 2010, la carencia por acceso a la seguridad social ascendió a 60.7 por ciento del total de la población del país. En otras palabras, lo anterior significa que solamente el 40 por ciento de la población tuvo acceso a seguridad social, aun cuando éste nivel es cuatro puntos porcentuales inferior al observado en 2008, sigue siendo la carencia social con mayor incidencia en México.

En este sentido, Yucatán en particular es un Estado que si bien en los últimos años ha venido desarrollándose en materia de salud, su alcance aún no es suficiente para cubrir las necesidades sanitarias de la población. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en 2011 la cobertura de camas de hospital censadas por cada 100 mil habitantes fue de 90.2 cifra por debajo de estados como Campeche, Coahuila, Sonora, Baja California Sur o el Distrito Federal que en promedio contaron con 100 o más camas. No cabe duda que este dato constituye un foco de alarma para emprender acciones para el mejoramiento del sector.

La calidad de los servicios de salud es también motivo de preocupación. En el estado de Yucatán existe una oferta inadecuada de médicos y enfermeras en las zonas más pobres, de acuerdo con el Inegi sólo se cuenta con 57 consultorios de tipo público por cada 100 mil habitantes muy por debajo de la media nacional que reporta 67 consultorios.

La poca oferta también incluye los consultorios privados, para 2011 se cuantificaron 31 clínicas entre especialidades y generales, cuando en estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán o Veracruz el número osciló entre 150 y 240 consultorios.

Los recursos que en años anteriores se han presupuestado sin duda han ayudado al estado de Yucatán, muestra de ello es que entre 1995 y 2011 se pasó de 253 unidades médicas a 342, lo que representó un aumento de 35 por ciento. No obstante, aún se encuentran por debajo de la media nacional, que en 2011 fueron 679 unidades médicas por entidad federativa.

Ante este panorama y la necesidad de contar con más unidades médicas, en septiembre de 2012, comenzó la construcción del Hospital General de Ticul ubicado en el Municipio del mismo nombre en el estado de Yucatán. Este se desarrolló bajo el esquema de proyecto de prestación de servicios. Esta modalidad incluye la participación pública y privada que tiene como objetivo proporcionar un servicio público.

Sin duda este nuevo hospital será una cede importante para aumentar la cobertura médica, dicho Sanatorio de segundo nivel contará con servicios gratuitos para la población, no sólo cubrirá las necesidades médicas de los residentes de la alcaldía sino que tendrá cobertura además para 15 municipios aledaños, algunos de estos: Chapab, Sacalum, Muna, Santa Elena, Oxkutzcab, Dzan, entre otros.

Las mujeres como elemento fundamental de la sociedad, se verán beneficiadas en gran medida, ya que el Nosocomio contará con 26 unidades funcionales con especialidades en ginecología, obstetricia, pediatría y hospitalización. En la fase inicial del hospital se contará con 90 camas con capacidad de expansión de hasta 330, atendiendo con ello a 175 mil ciudadanas del estado.

El Centro Médico tendrá también servicios de medicina interna, cirugía general, consulta externa, bloqueo quirúrgico para tres quirófanos, área de urgencias para niños y adultos, un laboratorio de alta tecnología, imaginología, rayos X, terapia intensiva para adultos, así como neonatas, cirugía ambulatoria, unidad de transfusión sanguínea, cardiología, neurología, entre otros servicios.

La realización de este Hospital garantizará a los ciudadanos del municipio por los próximos 25 años una atención médica de calidad, aumentando así la capacidad del estado para cubrir las necesidades en materia de salud de una manera más eficiente y en un periodo de tiempo más reducido, apoyando con ello el alivio de las enfermedades que aquejan a los pobladores de Yucatán, redundando con lo anterior en los objetivos plateados de desarrollo social específicamente en el área de salud.

Finalmente, y con el propósito de aumentar la oferta en materia de salud para el estado de Yucatán, será necesaria una mayor inversión para concluir el proyecto del hospital general de Ticul mismo que se tiene programado inaugurar en 2014.

Por lo expuesto con antelación someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio fiscal del año 2014, se consideren y destinen recursos para la conclusión del proyecto de construcción del Hospital General de Ticul en el estado de Yucatán.

Notas:

1 Mayer-Foulkes, D. 2001. The Long-Term Impact of Health on Economic Growth in Latin America. World Development 29 (6): 1025-33.

2 Un proyecto de prestación de servicios (PPS) es un esquema con base en un contrato de servicios de largo plazo, en el cual se definen servicios, niveles de calidad, estándares de desempeño y mecanismos de deducciones de pago. A cambio de estos servicios, el inversionista proveedor recibe un pago, el cual el Gobierno Federal registra como gasto corriente, con prioridad en el proceso de presupuestación. Los PPS se financian a través de capital propio, de la banca de desarrollo y comercial.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes de septiembre de 2013.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

METRO LINEA 3 PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO LEON

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Ivonne Liliana Álvarez García y Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se consideren los recursos correspondientes a la ampliación del Transporte Colectivo Metro Línea 3, para la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 24 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Las suscritas, senadoras Ivonne Liliana Álvarez García y Marcela Guerra Castillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción X; 87 95; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, sean considerados los recursos correspondientes a la ampliación del Transporte Colectivo Metro Línea 3, para la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como para la realización del proyecto que abastecerá de agua a esta zona denominado “Monterrey VI”, asimismo, se le exhorta a efecto de que sean considerados los recursos correspondientes a la construcción de hospitales en los municipios de Escobedo; García; y Juárez, todos del estado de Nuevo León, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El área metropolitana de Monterrey tiene una población de 3.9 millones de habitantes y concentra el 86 por ciento de la población de todo el Estado, diariamente se mueven 8.2 millones de viajes, que son atendidos con una red Metro de 32 kilómetros, 5,000 unidades de transporte público y 1.6 millones de vehículos registrados; los usuarios, en lo general se mueven en un entorno de desarrollo urbano de baja densidad y usos del suelo desagregados, que ha propiciado que se incremente el uso del automóvil.

Para revertir esa tendencia se creó el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey (STC Metrorrey), sin embargo, no ha sido suficiente, por ello, se planeó la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo, que propone ampliar la cobertura de los servicios del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de Monterrey, en un corredor de 31 kilómetros de longitud que va desde Santa Lucia en el municipio de Monterrey hasta el Casco Antiguo de Apodaca.

Dicha línea contará con 9 estaciones de abordaje y descenso de pasajeros, con 22 vagones climatizados, una red de 68 kilómetros para Transmetro a través de tres rutas dirigidas a zonas de alta concentración poblacional Diego Díaz de Berlanga, Adolfo López Mateos y Rómulo Mateos.

Con la Línea 3 del Metro se estima que se beneficiará directamente a más de 280 mil pasajeros de los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Apodaca.

Con la ampliación de la línea se podrán ahorrar aproximadamente 12 millones de horas-hombre, tendrá conexión con las líneas 1 y 2 del Metro, y por el costo de un mismo boleto, se ampliarán la red en un Sistema Integral de Transporte Público que será de 540 kilómetros.

Esta línea de transporte será sustentable, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y por ende, se logrará una conexión más eficiente entre las áreas urbanas de mayor crecimiento con el centro de la Metrópoli

La línea 3, ofrecerá un mejor servicio a la comunidad, ya que facilitará el desplazamiento de personas adultas mayores y aquellas que cuentan con alguna discapacidad en todas sus estaciones de Metrorrey, cumpliendo así las leyes en material de accesibilidad, en conclusión, dicha obra beneficiará a los habitantes del Estado de Nuevo León, eficientando su traslado en tiempo y costo, por lo que es de suma importancia concretar dicho proyecto que además será de bajo impacto ecológico.

En la presente proposición con punto de acuerdo, también se aborda lo relativo al abasto de agua potable es otro de los problemas que actualmente enfrenta la Zona Metropolitana de Monterrey, cálculos de la Comisión Nacional del Agua prevén que en los próximos años la región enfrentará un severo déficit de este vital líquido.

Derivado de esta situación se ha venido trabajando el Proyecto hidráulico Monterrey VI , una obra que va a garantizar el abasto de agua a la zona metropolitana y zona conurbada de la capital del estado de Nuevo León durante los próximos 50 años.

Para el desarrollo de esta obra se requiere por lo menos 14 mil millones de pesos para transportar el agua a través de un acueducto de 520 kilómetros desde el río Pánuco, pasando por los estados de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, hasta llegar a Nuevo León.

El proyecto “Monterrey VI” extraerá del río Pánuco el 0.4 por ciento de su caudal, y esto será en una localización aguas abajo del lecho del Tampaón, con lo que quedan salvaguardadas las áreas de interés agrícola, pecuario y de agua para consumo humano del estado de San Luis Potosí.

El vital líquido será bombeado al acueducto de una longitud de 390+055.91 kilómetros, con un ancho de derecho de vía de 20 metros, en los que se realizarán zanjado, tendido de tubería e instalación de energía eléctrica. Para las etapas de preparación del sitio y construcción se tiene contemplado un tiempo de ejecución de obras de 36 meses.

Es importante señalar que esta petición está fundada y motivada derivada de diversos estudios técnicos, cuyo gasto fue de 36 millones de pesos.

Es un proyecto que cuenta con el beneplácito de los gobernadores de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, estados de donde se tomará el agua y se construirá el acueducto.

En el presente punto de acuerdo, también se exhorta a la colegisladora a efecto de que se consideren recursos para la construcción de hospitales en los municipios de Escobedo, García y Juárez, todos del estado de Nuevo León, en virtud de que en dichas demarcaciones territoriales, son insuficientes los servicios de salud, por ejemplo, para el municipio de Monterrey con una Población derechohabiente a servicios de salud de 837,548, cuenta con 4,275 empleados de salud y cuenta con 95 unidades Médicas de la Secretaría de Salud, lo que significa que existe una unidad médica por cada 8, 816 derechohabientes; sin embargo, en el caso del municipio de General Escobedo, cuya población derechohabiente a servicios de salud es de 272,261, únicamente cuenta con 28 empleados de salud en las 17 unidades médicas, lo que representa que cada unidad médica atiende a 16, 015 derechohabientes, casi lo doble que en el municipio de Monterrey, aunado a que en la capital de esa entidad federativa se cuenta con mayor acceso a bienes y servicios, por su parte, en el municipio de García, que cuenta con una población derechohabiente a servicios de salud de 115,616, tiene solamente 34 trabajadores del sector salud para cubrir las 9 unidades médicas del municipio, es decir, cada unidad médica cubre los servicios de 12,846 derechohabientes, cuando, como se advirtió en Monterrey cada unidad cubre a poco más de 8, 816, lo que significa que son insuficientes los servicios de salud en el municipio de García; asimismo, por lo que respecta al municipio de Juárez, cuya población derechohabiente a servicios de salud es de 200,726, y cuenta con 50 empleados de salud para cubrir los servicios de 12 unidades médicas, lo que representa que por cada unidad se cubren los servicios de 16,727 derecho habientes, y como se argumentó en el caso del municipio de García, son evidentemente insuficientes los servicios médicos para esa población, es por ello que este exhorto se hace con respeto y con la necesidad urgente de que el Estado mexicano siga tutelando el bien jurídico tutelado en la Constitución General de la República que es la Salud.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se hace un atento exhorto a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, sean considerados los recursos correspondientes para la ampliación del transporte colectivo metro Línea 3 en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Segundo. Se hace un atento exhorto a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, sean considerados los recursos correspondientes para llevar a cabo la construcción del proyecto hidráulico denominado “Monterrey VI”.

Tercero.Se hace un atento exhorto a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, sean considerados los recursos correspondientes a la construcción de hospitales en los municipios de General Escobedo; García; y Juárez, todos del estado de Nuevo León.

Notas:

1 http://www.fonadin.gob.mx/worklsites/fni/resources/LocaIContentl513/43/AC B_BERTRO.pdf 11/09/2013

2 http://www.nl.gob.mx/?P=metro_linea3 11/09/2013

3 http://www.emsavalles.com/revtxt.php?r=2930

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de septiembre de 2013.— Senadoras: Ivonne Liliana Álvarez García y Marcela Guerra Castillo (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

CAMPAÑAS DE INFORMACION Y PROMOCION SOBRE DONACION ALTRUISTA DE CELULAS, TEJIDOS Y ORGANOS HUMANOS

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al titular del Centro Nacional de Trasplantes, así como de las autoridades análogas en las entidades federativas a fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción sobre la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Salud y el segundo a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La donación de órganos consiste en dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita para mejorar su salud. En este proceso, se involucran diversos aspectos médicos, sociales, éticos, psicológicos y legales.

Para llevar a cabo un trasplante de órganos de manera efectiva, éste debe realizarse en un centro de salud autorizado y especializado en la materia, además debe intervenir un equipo especializado que comprenda desde personal directivo, médicos y enfermeras, hasta trabajadores sociales, dado que influye en gran medida la decisión que toma una persona para ser donador en vida, o bien, la decisión de los familiares sobre los órganos de su pariente que la ha perdido.

Tratándose de la donación de órganos en vida, ésta puede llevarse a cabo cumpliendo una serie de requisitos legales previstos en la Ley General de Salud, así como en las disposiciones locales aplicables, además de una evaluación médica que determine la posibilidad y viabilidad de que se lleve a cabo la misma. En los casos de donación en vida, ésta puede tratarse de un riñón, parte del hígado, un pulmón, entre otros órganos.

Cuando se trata de la donación de órganos de una persona que ha fallecido, es importante considerar la sensibilización de los familiares para tomar esa decisión. En este proceso, se suma al trabajo del personal de salud, así como el de aquellos grupos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de las personas que padecen una enfermedad y están a la espera de recibir un órgano para mejorar su cantidad y calidad de vida.

La voluntad de los familiares que tienen a su cargo la decisión de donar o no los órganos del familiar que ha fallecido, toma mucha importancia especialmente cuando se trata de una muerte de tipo encefálica, es decir, cuando el tallo cerebral deja de recibir sangre, ya que la mayoría de sus órganos pueden aprovecharse y ser donados a pacientes en espera de un trasplante, a diferencia de la muerte por paro cardio-respiratorio, ya que en este caso, sólo se pueden donar tejidos, como el caso de las córneas.

La Secretaría de Salud del gobierno federal cuenta con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), que es el órgano encargado de emitir y dirigir políticas públicas a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para incrementar el acceso y posibilidad de aquellas personas que requieren de un órgano o tejido para mejorar su salud.

La función del Cenatra se refleja en la importancia que tiene la promoción de la cultura de la donación entre la población, el carácter altruista y empático con el que debe llevarse a cabo y, además, vigilar que las prácticas de donación y trasplante se lleven a cabo cumpliendo con todas las medidas y disposiciones tanto jurídicas como médicas y sociales para beneficio de las personas que padezcan alguna enfermedad y sus familiares.

Según datos y cifras del Cenatra, al día de hoy existen casi 18 mil personas que requieren de la donación de un trasplante, de los cuales, la gran mayoría se trata de riñón, con más de 9 mil personas, y de córnea con 7 mil quinientas personas. La estadística que reporta para el año 2012 son: 2 mil 907 trasplantes de córnea, 2 mil 361 trasplantes de riñón, 104 trasplantes de hígado y 43 trasplantes de corazón. La donación de personas fallecidas anual total fue de mil 568 cadáveres.

En este año (2013) se reportan: 2 mil 139 trasplantes de córnea, mil 785 trasplantes de riñón, 106 trasplantes de hígado, 32 trasplantes de corazón y un trasplante de pulmón.

Con estas cifras nos damos cuenta de que aún hay mucho por hacer en materia de promoción de la donación altruista.

Al respecto, el Principio Rector número 6 de la Organización Mundial de la Salud establece que “se permitirá la promoción de la donación altruista de células, tejidos u órganos humanos mediante publicidad o llamamiento público, de conformidad con la reglamentación nacional. Deberá prohibirse toda publicidad sobre la necesidad o la disponibilidad de células, tejidos u órganos cuyo fin sea ofrecer un pago a individuos por sus células, tejidos u órganos, o a un pariente cercano en caso de que la persona haya fallecido, o bien recabar un pago por ellos. Deberán prohibirse asimismo los servicios de intermediación que entrañen el pago a esos individuos o a terceros”. Por su parte, la Ley General de Salud en su Artículo 322 párrafo 5o. literalmente establece que “En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo...”

Estimados compañeros y compañeras, desde este Pleno, así como desde cualquier ámbito en el que participemos nos corresponde participar en la consolidación de una cultura de la donación entre los mexicanos. Debemos contribuir a hacer conciencia de que al dar un sí a la donación altruista de órganos podemos ayudar a mejorar la calidad de vida, e incluso salvársela a algún ser humano, que al igual que su familia padece los estragos de alguna enfermedad o padecimiento.

Presento esta proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, considerando que el día 26 de septiembre conmemoramos en nuestro país el Día Nacional de la Donación y el Trasplante de Órganos; por lo que resulta oportuno, no solamente que lo recordemos sino que además emprendamos acciones en para fomentar estos actos altruistas y justos, propios de una sociedad informada y con alto compromiso social.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. El pleno del Senado de la República exhorta atenta y respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, al titular del Centro Nacional de Trasplantes, así como de las autoridades análogas en las entidades federativas, para fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción de la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos.

Segundo. El pleno del Senado de la República exhorta atenta y respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014, se considere la asignación de recursos para cumplir con el objeto de promoción y difusión de las campañas de donación altruista de células, tejidos y órganos humanos a cargo de la Secretaría de Salud Federal, por conducto del Centro Nacional de Trasplantes y demás autoridades análogas en las entidades federativas.

Notas:

1 http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas. html

2 http://www.cenatra.salud.gob.mx/descargas/contenido/trasplante/reporte_anual_20 12.pdf

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil trece.— Senadora Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 la autorización de un aumento en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) es la institución de nivel medio superior y superior más importante en el Estado de Oaxaca.

En el ciclo escolar 2012-2013, brindó servicios educativos a 23 mil 663 alumnos que cursan sus estudios en 28 Unidades Académicas, en cuatro regiones del estado.

En la UABJO se imparten actualmente 29 licenciaturas, 6 especialidades, 11 maestrías y 5 doctorados en Escuelas, Facultades e Institutos, las cuales, en su mayoría, se encuentran desarrollando procesos de evaluación con fines de acreditación así como el programa educativo correspondiente al bachillerato.

Los programas educativos de licenciatura y posgrado de la UABJO atienden al 73 por ciento del total de la población escolar de estos niveles, los cuales reflejan la trascendencia de la Universidad en la entidad.

A la fecha, 14 programas educativos tienen reconocimiento de calidad. En estos 14 programas educativos de buena calidad se atiende al 67 por ciento de la matrícula del nivel superior de la Universidad.

Con un subsidio para el año 2011 de 717 millones 367 mil pesos, la UABJO es la universidad estatal con el menor subsidio por alumno del país: 26 mil 904 pesos. En contraste, la Universidad de la Cañada percibe 140 mil 100 pesos por alumno, y la Universidad Tecnológica de la Mixteca 81 mil pesos por alumno.

Para el ciclo escolar 2011-2012, que recién concluyó la UABJO, atendió a una población escolar total de 22 mil 60 alumnos, correspondiendo a educación media superior 6 mil 3 estudiantes y a educación superior a 16 mil 57 estudiantes; para atender éste último nivel se tienen 264 profesores de tiempo completo, de los cuales 224 cuentan con posgrado, 51 cuentan con el perfil deseado y 21 se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores. Con 22 cuerpos académicos, la UABJO se sitúa a la cabeza de ese sector dentro de las universidades y tecnológicos públicos del estado de Oaxaca.

De acuerdo con estos indicadores estatales, se demuestra que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca se encuentra posicionada como una institución de calidad, con una alta responsabilidad social y valores definidos.

Está plenamente comprobado que el conocimiento es la base de la sociedad del futuro, es por ello que la educación debe considerarse prioritaria y estratégica en la agenda del desarrollo de toda comunidad, lo cual obliga a que ésta se transforme y adecue a los tiempos que se viven.

Hoy se hace necesaria la reconstrucción de una Universidad que recupere, fomente y cumpla con sus valores fundamentales, y para ello se requiere del apoyo de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como de los diversos sectores de la sociedad.

La Universidad debe de ser concebida como una comunidad científica autónoma, comprometida con el desarrollo del conocimiento y su transmisión; igualmente debe de ser propedéutica y social, pública, gratuita, plural y democrática; así como promotora de los altos valores sociales.

La ruta más clara para lograr este objetivo es la integración y operación de un Plan Institucional de Desarrollo que encause verdaderamente la docencia universitaria y replantee el proceso de enseñanza aprendizaje, que ordene el desempeño de los servidores públicos universitarios, que proteja a la comunidad que integra la UABJO y que garantice la participación en sus diversas actividades, además de que fortalezca la vinculación con los diversos sectores de la sociedad.

Un proyecto de esta naturaleza tiene que estar cimentado en la legalidad, la transparencia y la honestidad; de esa manera, se contribuirá a construir una Universidad con valor y con valores.

Por lo tanto, se requiere la autorización de la asignación de un recurso suficiente para llevar a cabo un proyecto del Plan Institucional de Desarrollo en donde se enmarquen los ejes centrales para la construcción de la Universidad que demandan los universitarios y la sociedad en su conjunto.

Es necesario señalar de manera enfática lo injusto e incorrecto de cuestionamientos y críticas que se refieren al desempeño de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y que consisten en señalar que está postrada en varios de los indicadores de capacidad académica y competitividad académica en el último lugar nacional.

Al respecto, en el ejercicio del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013, la Subsecretaría de Educación Superior presentó información sobre los indicadores para un padrón de 47 instituciones de educación superior, de esta información se tiene que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ocupa los siguientes lugares:

• Profesores de tiempo completo con posgrado, lugar 36.

• Profesores de tiempo completo con doctorado, lugar 34.

• Profesores de tiempo completo con perfil deseable, lugar 43.

• Profesores de tiempo completo en el SNI, lugar 32.

• Cuerpos académicos en consolidación, lugar 35.

• Cuerpos académicos consolidados, lugar 32.

• Matrícula atendida en programas educativos de calidad, lugar 38.

Con lo cual se muestra que la Universidad en ninguno de estos indicadores se encuentra en las últimas posiciones del panorama nacional.

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca tiene como principal desafío en cuanto a su oferta educativa, el incorporar programas educativos de posgrado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

A continuación se presenta de manera breve el posicionamiento de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca en el contexto de las universidades públicas que en los últimos cuatro periodos gubernamentales se han impulsado, las cuales son la Universidad de la Cañada, de la Sierra Juárez, de la Sierra Sur, del Istmo, del Papaloapan, del Mar y la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

En el análisis se consideran ocho indicadores:

a. Alumnos por profesor de tiempo completo

El número de alumnos por profesor de tiempo completo para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio 19 alumnos por cada profesor de tiempo completo, siendo el valor más alto el correspondiente a la Universidad con 58 estudiantes por cada profesor de tiempo completo.

Las universidades públicas del Estado de Oaxaca todas están por abajo del indicador de diez alumnos por profesor de tiempo completo, lo que muestra en una perspectiva positiva que tienen condiciones para desarrollar no sólo docencia, sino involucrarse en la generación y aplicación del conocimiento mientras que la UABJO no tiene esta posibilidad ya que el indicador refleja la carga excesiva a nivel de impartir cursos que tienen sus profesores de tiempo completo.

b. Profesores de tiempo completo con posgrado.

El porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio un 84 por ciento, en donde la UABJO está mejor posicionada que las universidades del Mar y Tecnológica de la Mixteca.

c. Profesores de tiempo completo con perfil deseable.

El porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil deseable para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, da en promedio un 23 por ciento, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca está mejor ubicada que las universidades del Mar y la Sierra Sur.

d. Profesores de tiempo completo, SNI.

El porcentaje de profesores de tiempo completo en el SNI para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, da en promedio un 12 por ciento, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca está mejor posicionada que las universidades de la Sierra Sur y del Istmo.

e. Cuerpos académicos.

El porcentaje de cuerpos académicos en consolidación para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, da en promedio un 12 por ciento, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ocupa el segundo lugar.

En lo que corresponde al porcentaje de cuerpos académicos consolidados para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, da en promedio un 1 punto porcentual, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ocupa el primer lugar.

f. Programas educativos de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura de buena calidad.

El porcentaje programas educativos de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da un promedio de  32 puntos porcentuales, lo que ubica a la UABJO en el primer lugar.

g. Matrícula en programas educativos de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura de buena calidad.

El porcentaje de matrícula atendida en programas educativos de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio un 57 porciento, lo que ubica a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca en el primer lugar.

h. Subsidio por alumno.

El subsidio por alumno para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio un financiamiento de 30,000 pesos, siendo la UABJO la que tiene el menor subsidio por alumno.

Es de señalar que se tienen tres universidades públicas del estado de Oaxaca que el subsidio por alumno resulta desorbitado si se contrasta con los subsidios por alumno más altos de las universidades públicas estatales del país.

Es de señalar que se tienen tres universidades públicas del estado de Oaxaca que el subsidio por alumno resulta desorbitado si se contrasta con los subsidios por alumno más altos de las universidades públicas estatales del país.

Por lo anteriormente expuesto, es de urgente aplicación: la ampliación, diversificación y desconcentración de la oferta educativa, el fortalecimiento y consolidación de la planta académica, el apoyo a la formación integral del estudiante, la consolidación del modelo educativo, la reestructuración integral de la investigación y el posgrado, el impulso a la planeación integral, la preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural, la solución a los problemas estructurales, y un programa efectivo de gestión de la calidad.

En razón de las causas expuestas, se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados a autorizar, en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2014, un incremento en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo como son: ampliación, diversificación y desconcentración de la oferta educativa, fortalecimiento y consolidación de la planta académica, apoyo a la formación integral del estudiante, consolidación del modelo educativo, reestructuración integral de la investigación y el posgrado, impulso a la planeación integral,  preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural, solución a los problemas estructurales y un programa efectivo de gestión de la calidad.

Se adjunta al presente una tabla de propuesta de distribución de los recursos por programa.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

«Anexo

Propuesta de tabla de distribución de recursos:

Programa: Sedes UABJO-UNAM con educación a distancia. Presupuesto: 105 millones. Programa: sedes UABJO bachillerato a distancia. Presupuesto: 40 millones. Programa: Licenciatura en Gastronomía Tradicional Oaxaqueña. Presupuesto: 11 millones. Programa: Escuela Superior de Artes. Presupuesto: 5 millones. Programa: Escuela de Rehabilitación. Presupuesto: 15 millones. Programa: Sedes para Prácticas. Presupuesto: 20 millones. Programa: Incremento de matricula al Nivel Medio Superior. Presupuesto: 17 millones. Monto del proyecto 1: 213 millones.

Proyecto de fortalecimiento y consolidación de la planta académica. Objetivo: Habilitar una planta académica de calidad privilegiando el trabajo en equipo, la cooperación y colaboración con pares de otras instituciones en alianzas estratégicas y redes, en un marco normativo que detone el desempeño del personal académico. Programa: Fomento a la creación y trabajo de los Cuerpos Académicos. Presupuesto: 4.5 millones. Programa: Titulación de grado. Presupuesto: 6 millones. Programa: Educación Continua e Inserción al Posgrado. Presupuesto: 8 millones. Programa: Inserción al PROMEP y SNI. Presupuesto: 4 millones. Programa: Concurso de Tiempos Completos. Presupuesto: 30 millones. Monto del proyecto 2: 52.5 millones.

Proyecto de apoyo a la formación integral del estudiante Eje estratégico sustento: Estudiantes. Objetivo: Cubrir integralmente los requerimientos de los jóvenes alumnos, con el fin de fomentar entre ellos la sana competencia y el compromiso social. Programa: Orgullo del valor UABJO. Presupuesto: 8 millones. Programa: Becas Fundación UABJO. Presupuesto: 25 millones. Programa: Educación Holística. Presupuesto: 8.5 millones. Programa: Políticas Sociales en la UABJO. Presupuesto: 25 millones. Monto del proyecto 3: 66.5 millones.

Proyecto de consolidación del Modelo Educativo. Eje estratégico sustento: Modelo educativo. Objetivo: Impulsar un esquema teórico propio que sustente la transición al paradigma educativo “Aprender a aprender”. Programa: Nuevo Modelo Educativo UABJO. Competencias y aprendizaje significativo. Presupuesto: 3 millones. Programa: Modelo Pedagógico. Nivel Superior. Presupuesto: 1 millón. Programa: Modelo Pedagógico. Nivel Medio Superior. Presupuesto: 1 millón. Programa: Aplicación del Nuevo Modelo Educativo. Presupuesto: 5 millones. Monto del proyecto 4: 10 millones.

Proyecto de reestructuración integral de la investigación y el posgrado. Eje estratégico sustento: Investigación y posgrado. Objetivo: Implementar políticas y acciones que permitan la consolidación de cuerpos académicos con líneas de investigación estrechamente vinculadas con el quehacer del posgrado.

Programa: Revisión, actualización y definición de las líneas de investigación en las DES. Presupuesto: 1.5 millones. Programa: Incorporar las líneas de investigación al trabajo de los Cuerpos Académicos y miembros SNI. Presupuesto: 2 millones. Programa: Creación del Fondo UABJO para investigación. Presupuesto: 25 millones. Programa: Revisión, actualización y regularización de los programas de posgrados en las DES. Presupuesto: 3 millones. Programa: Fortalecimiento en la participación Cuerpos Académicos y SNI, en los programas de posgrados. Presupuesto: 2 millones. Programa: Inclusión de los Programas de Posgrados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad Conacyt. Presupuesto: 2 millones. Monto del proyecto 5: 35.5 millones

Proyecto de impulso a la planeación integral. Objetivo: Impulsar esquemas para planificar el desarrollo institucional como garante de una universidad con certidumbre en el futuro, la cual se encuentra en un proceso de mejora permanente.

Programa: Revisión, actualización y generación de normatividad en la planeación estratégica. Presupuesto: 1 millón. Programa: Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Institucional. Presupuesto: 2.5 millones. Programa: Participación Directiva, de Cuerpos Académicos y miembros SNI, en la evaluación e integración del PIFI UABJO 2013 y PID. Presupuesto: 3 millones. Programa: Interconexión en la integración, operación y evaluación de las acciones derivadas de PIFI, CIEES, COPAES, y diversos fondos concursables. Presupuesto: 1 millón. Monto del proyecto 6: 7.5 millones.

Proyecto de preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural. Eje estratégico sustento: Extensión y difusión de la cultura. Objetivo: Mantener el quehacer educativo y social de la UABJO, así como acrecentarlo más allá del campus universitario, en respuesta a la comunidad Oaxaqueña. Programa: Brigadas Comunitarias UABJO. Presupuesto: 18 millones. Programa: Agencia de Desarrollo Social UABJO-SEDESOL. Presupuesto: 10 millones. Programa: Quince Letras. Fomento a la Lectura. Presupuesto: 2 millones. Programa: Mundo UABJO. Fundación UABJO. Presupuesto: 4 millones. Programa: Comedor Universitario. Presupuesto: 10 millones. Programa: Edificio San Pablo. Circuito CU. Museo UABJO. Barda Perimetral CU. Presupuesto: 58 millones. Monto del proyecto 7: 102 millones

Proyecto de solución a los problemas estructurales. Objetivo: Atender los problemas de la estructura administrativa universitaria, tales como: costo por alumno; pensiones y jubilaciones; reconocimiento de plantilla; tabuladores de salarios; renovación de planta académica y; actualización del sistema legislativo.

Programa: Nuevo Tabulador Salarial para Docentes. Presupuesto: 71 millones. Programa: Nuevo Tabulador salarial para Administrativos. Presupuesto: 65 millones. Programa: Revisión y actualización del sistema de pensiones UABJO. Presupuesto: 28 millones. Programa: Revisión y actualización de políticas financieras para generar certidumbre en el manejo e incremento al subsidio. Presupuesto: 2 millones. Programa: Revisión y actualización de la Normatividad Universitaria. Presupuesto: 15 millones. Monto del proyecto 8: 181 millones.

Proyecto de gestión de la calidad. Objetivo: Mantener y desarrollar nuevos procesos administrativos, sujetos a evaluación ISO, para consolidar el sistema de gestión de calidad. Programa: Evaluación al sistema de gestión de la calidad. Presupuesto: 5 millones. Programa: Creación de sistema de gestión de calidad. Presupuesto: 12 millones. Programa: Implementación, difusión y evaluación del sistema de gestión de la calidad. Presupuesto 23 millones. Monto del proyecto 9: 40 millones.

Monto total solicitado: Incremento de 708 millones anuales en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

BENEFICIADORA Y COMERCIALIZADORA DE HULE DE OAXACA, SA DE CV

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 un fondo de 10.5 millones de pesos a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, SA de CV, con el objeto de fortalecer la cadena del sistema productivo de hule natural en el estado de Oaxaca.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes:

Antecedentes

En México, una de las mejores alternativas productivas para el desarrollo de las regiones del trópico húmedo es el cultivo del hule ( Hevea brasiliensis Muell Arg.), ya que adicionalmente a las excelentes condiciones naturales para el desarrollo de plantaciones, se tiene la cercanía al mayor centro de consumo mundial (conformado por Estados Unidos y Canadá), cuyas necesidades de hule natural son cubiertas con hule importado del sudeste asiático.

Esta actividad genera economías colaterales que son importantes para el desarrollo económico de nuestro país, ya que el hule natural es materia prima indispensable en la elaboración de más de cuarenta y cinco mil artículos manufacturados.

Desde el punto de vista ambiental, aporta beneficios ecológicos, ya que a través del cultivo se están recuperando las áreas arboladas que fueron desforestadas con motivo de la introducción de la ganadería extensiva y al establecimiento de cultivos como el maíz y la caña de azúcar.  Esto se refleja en el mejoramiento ambiental, ya que las plantaciones fijan o capturan grandes cantidades de carbono, generan oxígeno a la atmósfera, actúan como mejoradores de los suelos y filtran grandes cantidades de agua ayudando a la recarga de los mantos freáticos, además de que propician la proliferación de fauna silvestre y otras especies vegetales.

Por lo general el país ha dependido de las importaciones para satisfacer las necesidades de consumo del hule natural, estimándose que en promedio lo que se produce a nivel nacional sólo abastece el entre el 10 y 30 por ciento de la demanda anual.

En el escenario mundial existe una tendencia altamente favorable en términos de demanda y precio del hule natural, la cual se podría mantener durante los próximos 15 años, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Grupo Internacional de Estudios del Hule. Dicha tendencia se debe a condiciones macroeconómicas, destacando el crecimiento industrial sostenido de China, el mantenimiento constante de los altos precios del petróleo –que harán poco atractivo sustituir el uso de hule natural por compuestos sintéticos– y la consolidación de bloques económicos que demandarán cantidades mayores de hule, caucho y látex para usos industriales en ramas como la automotriz, la médica, y del calzado, principalmente.

México en particular, sólo genera el 0.13 de la producción mundial de hule natural. Se han consumido internamente alrededor de 87 mil 400 toneladas de hule al año y en promedio año con año importa del 70 al 90 por ciento de sus requerimientos de hule para la industria, lo que da idea de la oportunidad de mercado para la producción generada en el país. En 2010 importó 47 mil 943 toneladas de hule seco (FAO, 2012) y sus principales proveedores fueron Zimbawe, India, Nigeria y Guatemala.

La cadena productiva del hule natural (Hevea brasiliensis) tiene una gran importancia en el estado de Oaxaca, la cual se refleja en los siguientes datos: en 2010 se tenían un total 4 mil 413 hectáreas en etapa de producción, con un volumen de producción de alrededor de 11 mil 500 toneladas de hule fresco al año y valor de la producción de 103.5 millones de pesos, lo que representa un derrama económica significativa.

Alrededor de mil 600 productores de 77 localidades distribuidas en 15 municipios se dedican al cultivo del hule, por lo cual un total de 8 mil personas dependen total o parcialmente de este cultivo. Los productores se caracterizan por ser en su gran mayoría ejidatarios, con una dotación agraria promedio de 10 hectáreas y una superficie destinada al cultivo del hule de 3.7 hectáreas; su edad promedio es de 56 años y más del 50 por ciento hablan alguna lengua indígena; el 61 por ciento no tienen educación formal o no terminaron la primaria; profesionales.

Para el 76 por ciento de estos productores y sus familias, la mitad o más de sus ingresos dependen de esta actividad. Además se tiene la ventaja de que la producción de hule genera empleo e ingreso monetarios durante la mayor parte del año y durante aproximadamente 30 a 35 años. Se estima que por cada 2.5 hectáreas de plantación de hule en producción se genera un empleo directo, lo que representa cerca de mil 900 empleos fijos en el estado de Oaxaca.

En el último año se generó una producción de 5,750 toneladas de hule seco en el estado de Oaxaca, lo que constituye sólo el 4 por ciento del consumo nacional y el 0.06 por ciento del consumo mundial.

La Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, SA de CV (BYCHOSA) es la única empresa social de Oaxaca en el giro de la transformación del hule natural, ya que las demás beneficiadoras existentes son sociedades de inversión privada o de personas físicas con actividad empresarial.

Esta empresa fue constituida el 23 de enero de 1999 con 22 socios. Más recientemente, el 7 de junio de 2010 tuvo su última restructuración, quedando con mil 370 accionistas, que representan alrededor del 92 por ciento del total de productores de hule del estado de Oaxaca.

Desde su constitución la empresa ha pasado por varias etapas que le han permitido avanzar en su consolidación, contando actualmente con una capacidad de procesamiento de 12 toneladas de hule seco por día en dos turnos de trabajo, la mayor en su giro en el estado de Oaxaca.

Por lo cual, constituye una fuente de ingreso y empleo para los mil 370 productores socios y por lo tanto para las familias de éstos, lo que implica un beneficio directo para 6 mil 850 personas del medio rural oaxaqueño.

Representa un canal de comercialización seguro para los productores al garantizar la compra de hule fresco a precios atractivos a nivel regional en relación con otras agroindustrias y los intermediarios, ya que BYCHOSA por lo general ofrece un precio de compra mayor en un 10 por ciento, lo cual es posible debido a que al ser una empresa social más que operar en busca de lucro, pretende garantizar un precio de compra aceptable para los productores.

Da valor agregado al producto al transformar el hule fresco en hule seco, en beneficio de sus socios, todos ellos productores de hule, lo que significa que éstos incursionan en la fase de industrialización primaria y participan más en la red de valor.

Oferta el hule seco a las industrias consumidoras a un precio más competitivo, sin que eso implique trabajar con pérdidas, sino sólo con la utilidad necesaria para mantener un buen nivel de operación y la sostenibilidad de la agroindustria.

Sin embargo, actualmente hay una serie de problemas que enfrenta la empresa, los cuales limitan su nivel de rentabilidad y competitividad, e incluso ponen en riesgo su viabilidad a largo plazo, mismos que requieren atenderse para que mejore su operación y ello derive en mayores beneficios para los productores y demás agentes socioeconómicos involucrados en la cadena productiva del hule, catalogada como prioritaria a nivel estatal y nacional.

En el periodo 2011-2012 se dio un descenso del precio del hule natural en el mercado internacional. Después de haber llegado a estar en forma inusual hasta en 5 mil 452 dólares por tonelada de hule seco en enero de 2011 y un promedio de 4 mil 570 en dicho año, actualmente el precio es de 2 mil 770 dólares por tonelada, equivalente a 35.95 pesos por kilogramo de hule seco según la tasa de cambio vigente.

Consideraciones

Ante la entrada indiscriminada de hule natural al país, con bajos niveles de aranceles, procedente de India, Indonesia, Malasia, Tailandia, Zimbawe, Nigeria y Guatemala, el comportamiento negativo de los precios internacionales en el periodo en mención ha incidido de manera directa en los precios pagados a los productores en México y en el estado de Oaxaca no es la excepción. En este último caso, se llegó a pagar a los productores hasta 21 pesos por kilogramo de hule fresco en el primer trimestre de 2011, con precio promedio de 17 pesos a lo largo de ese año, mientras que en septiembre de 2012 el precio es de 13 pesos a 14 pesos, con los consecuentes efectos de desestímulo de los productores primarios y la propia agroindustria.

En función de que BYCHOSA hace esfuerzos por mantener un precio de compra aceptable del hule fresco en beneficio de sus mil 370 productores socios y productores libres, ante la tendencia de baja de los precios y la especulación en que incurren los intermediarios y agroindustrias beneficiadoras privadas, muchos productores solicitan con mayor énfasis que la primera adquiera su producto, pero ésta se encuentra limitada para ello ante la escasez de recursos financieros para la adquisición de materia prima.

Ante la disminución del precio del hule natural a nivel internacional, BYCHOSA se ve afectada al tener un precio de venta bajo del hule seco granulado y por lo tanto está aún más limitada para mantener su operación con niveles de proceso acordes con su capacidad instalada, más aún al no contar con apoyos gubernamentales para capital de trabajo. Ante ello muchos productores se encuentran a la deriva, expuestos a la especulación de los intermediarios comerciales o “coyotes”, con los riesgos de que los primeros abandonen el cultivo del hule, una actividad de gran beneficio social, económico y ambiental, como ya se ha dicho.

En atención a la problemática anterior, existen muchos requerimientos de acciones por los diversos integrantes de la cadena productiva del hule. La agroindustria BYCHOSA en particular, solicita con carácter urgencia lo siguiente para garantizar su sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo:

Establecer un mecanismo de financiamiento de capital de trabajo con carácter de crédito a la palabra a la empresa, a fin de mantener la compra de hule fresco a los productores primarios, para que éstos no estén expuestos a la especulación de los intermediarios o “coyotes”. De esa manera, no se estará en riesgo de pérdida de la fuente de ingreso y de empleo de 1 mil 370 familias oaxaqueñas con 6 mil 850 integrantes que dependen total o parcialmente del cultivo del hule y de la operación de esta agroindustria. Se procesan anualmente un promedio de 3 mil toneladas de hule fresco pero se requiere contar con recursos a manera de fondo revolvente para la operación de 3 meses, lo que implica comprar por lo menos 750 toneladas de hule fresco en ese periodo. En la expectativa de mantener al menos el precio de compra actual de 14 pesos por kilogramo, se requiere entonces un crédito a la palabra de 10.5 millones de pesos.

En razón de las causas expuestas, se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, la autorización de un recurso por 10.5 millones de pesos a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, SA de CV, esto con el objeto de fortalecer la cadena del sistema productivo de hule natural en el estado de Oaxaca.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

TRANSPORTE EN BICICLETA Y RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO CON MODOS DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Jesús Casillas Romero, Mely Romero Celis y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se contemple la asignación etiquetada de recursos destinados a la inversión pública en infraestructura para transporte en bicicleta y recuperación de espacio público con modos de movilidad no motorizada.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Los suscritos, senadores Jesús Casillas Romero, Mely Romero Celis y Angélica del Rosario Araujo Lara, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014 se contemple la asignación etiquetada de recursos destinados a la inversión pública de infraestructura para andar en bicicleta y la recuperación de espacio público con modos de movilidad no motorizada que contribuyan a resolver la crisis de movilidad, medioambiental y mitigación de los efectos por el cambio climático; lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las ciudades mexicanas, como la mayoría del mundo, originalmente eran comunidades compactas donde caminar y andar en bicicleta eran los principales modos de transporte. Sin embargo, entre los años 1950 y 2000, las ciudades se dispersaron y se volvieron dependientes del automóvil. Tan es así, que los coches han sido los protagonistas del siglo XX hasta tal punto que hablamos de éste como la “era del automóvil”.

Desde que los automotores existen, su número no ha dejado de incrementarse, al grado de que, según datos de Victoria Transport Policy Institute (organización canadiense independiente de investigación dedicada al desarrollo de soluciones a los problemas de transporte), el mundo ha pasado de tener unos 120 millones de coches en 1960, a cerca de 1,100 millones en la actualidad. En nuestro país se estima que existen cerca de 30 millones de autos y que de seguir en los índices actuales de motorización, para el año 2030 se podríamos alcanzar los 70 millones de automóviles.

Con motivo del auge de motorización del siglo pasado, en las ciudades se implementaron medidas enfocadas a privilegiar el uso del automóvil particular, con millonarias inversiones. No obstante, éstas no fueron las mejores soluciones de fondo, y por el contrario tendieron a perpetuar la problemática. El incremento de oferta de espacio e infraestructura urbana destinada al automóvil fomentó su uso. Fue como combatir el tabaquismo con campañas de difusión de cigarrillos.

Esto es, ocurrió un fenómeno de inducción, mediante el cual, la mayor oferta vial indujo a mayor demanda de uso, lo que a la postre se conoce como tráfico inducido (Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, México)

Ahora las consecuencias de congestión vehicular, contaminación, altos costos y tiempo para los desplazamientos son conocidas y sufridas por todos.

Definitivamente los factores que impulsaron el auge del automóvil particular han desaparecido, y las prioridades de los ciudadanos han cambiado. La tendencia se hace necesaria a la inversa, disminuyendo la intensidad del uso del vehículo particular, creando alternativas más eficientes y sustentables como un transporte público de calidad y facilitar la movilidad no motorizada.

Para ello es necesario, por así decirlo, como en su momento se indujo al uso del automóvil, ahora generar una gestión de demanda de transporte que induzca y estimule el uso de las referidas alternativas de transporte.

Dicho otra vez, generar oferta que a su vez genere demanda.

Para el caso del transporte no motorizado, en particular de la bicicleta como elemento fundamental, consideramos que ya todos hemos escuchado de las ventajas y beneficios que ofrece la bicicleta frente a otros modos de desplazamiento. Económicos, de salud, espacio, medioambientales, entre otros.

Ello, sitúa a la bicicleta como el principal prototipo de la movilidad no motorizada, con la consecuente e imperante necesidad de generar las circunstancias que propicien su uso, ya que actualmente los índices desplazamiento en bicicleta son muy bajos. A nivel nacional las estadísticas indican que apenas el 1 por ciento de la población utiliza este medio de transporte, mientras que en la ciudad de México el porcentaje es del 2 por ciento.

Luego, para inducir el uso de la bicicleta es necesario contrarrestar los obstáculos que actualmente lo inhiben. Diversas encuestas coinciden en cuáles serían esos inconvenientes, entre los que invariablemente se encuentran como los principales, los siguientes:

• Los problemas de convivencia con el resto de usuarios de las vías: conductores de vehículos a motor, peatones, etcétera.

• La percepción de la peligrosidad de su uso: Los ciclistas tienen miedo de ser atropellados por los automotores ante la falta de carriles para bicicletas.

El factor común en ambos casos, además de la cultura vial y respeto entre los usuarios de la vía pública, es la falta de infraestructura urbana apropiada.

De manera tal, que para lograr una inducción mediante la generación de oferta, ésta deberá estar encaminada precisamente a minimizar los impactos negativos de los factores que desincentivan la bicicleta como medio de transporte.

Por lo que respecta al entorno urbano:

• La infraestructura urbana.

• Su integración con el sistema de transporte público.

En relación a la infraestructura vial, caso al que se encamina el presente documento, lo destacado son los carriles de rodamiento y espacios para resguardo o estacionamiento para bicicletas, ya que éstos contrarrestarían el principal inhibidor de la bicicleta, la inseguridad.

Esto, en virtud de que con los carriles de rodamiento, también denominados ciclovías o ciclorrutas, disminuiría el riesgo y miedo a ser arrollado por un automotor y los conflictos con el resto de los usuarios de la vía pública. Luego, complementado con la adecuación de lugares de resguardo o estacionamiento, también denominados ciclopuertos, se contrarresta el problema para quienes tienen la posibilidad de realizar un trayecto en bicicleta, consistente en que una vez llegando al destino, no existe un espacio en el cual se pueda depositar o estacionar la bicicleta de manera segura, lo que igualmente inhibe su uso.

También es dable decir, que los espacios de depósito de bicicletas, colocados estratégicamente en relación con el transporte público, como puede ser en las estaciones de camión y metro, contribuyen a la integración de ambos sistemas de transporte.

Así, ambos elementos urbanos dan servicio a todo aquel que se transporta en bicicleta y que además de promover nuevos viajes en ésta; reivindica y dignifica su uso ofreciendo espacios exclusivos y ordenados en la ciudad.

Hay quien, más de alguna vez se ha preguntado sobre el porqué de fomentar la estructura urbana adecuada para bicicletas, si en algunas ciudades prácticamente casi no se les ve. El caso es sencillo, así como mientras más calles, avenidas y ejes viales se construyeron, mas automotores vimos; de igual manera, mientras más espacio urbano para bicicletas se realice, mas bicicletas veremos. Esa es la dinámica en la que pretende entrar la gestión de oferta de inducción al uso de la bicicleta.

Lo anterior, sin soslayar los aportes a la salud de las personas, el medio ambiente y a mitigar los efectos del cambio climático.

Por otra parte, es claro que las acciones para propiciar la aludida oferta que permita a las personas motivarse por este medio de transporte, requieren dinero para su inversión.

Y ya hablando de recursos económicos, sabemos que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, será aprobado por la colegisladora a más tardar el 15 de noviembre, de conformidad al artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cuya fase de estudio y dictaminación, muy oportuno sería contemplar la asignación de recursos etiquetados para inversión pública en la infraestructura para transporte en bicicleta y recuperación de espacio público con modos de movilidad no motorizada.

Lo que además, resulta congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, estrategias 2.5.1. y 4.9.1.

Estrategia 2.5.1. (...)

Líneas de acción

(...)

• Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado.

Estrategia 4.9.1. (...)

Líneas de Acción.

(...)

• Fomentar el uso del transporte público masivo mediante medidas complementarias de transporte peatonal, de utilización de bicicletas y racionalización del uso del automóvil.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora, a efecto de que en el proceso de análisis, dictaminación y aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, se contemple la asignación de recursos etiquetados destinados a la inversión pública en la infraestructura que permita generar oferta y demanda para transportarse en bicicleta.

En mérito de lo anterior, nos permitimos poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, se contemple la asignación etiquetada de recursos destinados a la inversión pública en infraestructura para transporte en bicicleta y recuperación de espacio público con modos de movilidad no motorizada que contribuyan a resolver la crisis de movilidad urbana, medioambiental y a la mitigación de los efectos del cambio climático.

Dado en el salón de sesiones a los 26 días del mes de septiembre de 2013.— Senadores: Jesús Casillas Romero, Mely Romero Celis, Angélica del Rosario Araujo Lara (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL EN VERACRUZ

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se aumente el gasto en inversión, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el estado de Veracruz.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe, senador de la república, Fernando Yunes Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción 11, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Veracruz cuenta con 25 mil 186 escuelas públicas, en una extensión territorial de 71,699 km2 y con una población de 7 millones 643 mil 194 de personas, de conformidad al último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Asimismo, se estima que por lo menos 4 mil 250 se encuentran condiciones deplorables, mismas que hacen prácticamente imposible poder impartir educación a los niños y adolescentes de distintas partes de Veracruz. Por otra parte, la Secretaría de Educación en Veracruz, no cuenta con un censo, ni base de datos confiable, que permita saber a ciencia cierta cuántas escuelas se encuentran en condiciones que se pueden considerar “normales”, y cuáles otras se encuentran en situaciones imposibles para poder impartir educación. Sin embargo, basta con recorrer el estado para saber en qué condiciones se encuentran prácticamente todas las escuelas de la entidad. Este tipo de situaciones, así como la grave crisis por la que atraviesa el sistema general de educación, hace a Veracruz un estado vulnerable e impide el desarrollo de su población.

Recientemente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue reformada en su artículo 3, para agregar el concepto de “calidad” en la impartición de la educación. De esta forma, el párrafo tercero del artículo citado señala:

Artículo 3. ...

...

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje a los educandos”.

Derivado de esta reforma, el Congreso de la Unión aprobó las leves reglamentarias en la materia, mismas que tienen la intención de mejorar la calidad en la educación, así como en la impartición de la misma por parte de los maestros, con la multicitada Ley General del Servicio Profesional Docente, que busca crear un marco jurídico innovador, que permita a los maestros capacitarse en todo momento y someterse a reglas de evaluación, para que los niños y adolescentes reciban la calidad que se merecen, buscando en todo momento, el desarrollo de nuestro país, partiendo de la base de lo que todos los países deben poner especial atención, que es la educación.

Sin embargo, un tema que quedó fuera de la reforma constitucional, y las leves reglamentarias, es el correcto uso del gasto público en esta materia, va que en la actualidad, no se ha priorizado como se debe en cómo el gobierno, tanto federal, como estatal, invierte los recursos públicos en mejorar las escuelas en todo el país.

El gasto educativo, sufre constantemente de corrupción, despilfarro e ineficiencia para aplicarse, lo que se traduce en que miles de escuelas en Veracruz, se encuentren prácticamente abandonadas e imposibilitadas por completo para impartir educación a los niños. Según algunas estimaciones, aproximadamente 4 mil 250 escuelas simple y llanamente no se puede va impartir clases, y otras 5 mil se encuentran sin mobiliario, piso de cemento, o baños. Otras, como es el caso del municipio de Tierra Blanca, tienen escuelas sin ventiladores, cuando tal municipio tiene una temperatura aproximada de 38 a 40 grados prácticamente todo el año. Esto no lo podemos permitir, Veracruz sufre una grave crisis en esta materia, no sólo en descontento de los maestros con el gobierno, sino también en las condiciones en las que ellos tienen que impartir clases.

De acuerdo al estudio denominado Mal gasto, estado de la educación en México 2013 de la organización civil Mexicanos Primero, una escuela verdaderamente orientada al ejercicio pleno del derecho a aprender, debe ser una comunidad de aprendizaje que cuente con las condiciones sociales y materiales para que las personas que la conforman puedan desarrollarse integralmente más de lo que sería esperable por su situación social, económica y cultural.

Esta definición de “educación de calidad” es la que se empieza a construir en México, sin embargo, esto será imposible si no se cuenta con instalaciones con condiciones mínimas aceptables para poder impartir la educación.

Las condiciones materiales mínimas de una escuela en desarrollo, en materia de infraestructura, es que se tenga por lo menos, los servicios básicos como luz, agua, alcantarillado, baños; los espacios académicos básicos como salones suficientes, con techo, paredes y adecuados al c1ina, así como el equipamiento y materiales, como lo son el mobiliario, sillas, mesas y pizarrones o pintarrones.

En ese sentido, es importante señalar, que el Gobierno de Veracruz, se encuentra normalmente en el lugar número 10 respecto al recurso público que recibe de parte del Gobierno Federal en el Gasto Federal por Alumno. En la siguiente tabla, se expone el recurso público que recibió Veracruz en el año 2011 por alumno, para que sirva como referencia:

Es decir, en la reciente tabla, se muestra claramente que Veracruz se encuentra muy por debajo de lo que otros estados reciben por alumno, por lo que sin duda, dificulta la llegada de esos recursos a las 24,186 escuelas que hay en la entidad.

Es igualmente importante destacar, que la distribución del recurso del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica V Normal (FAEB), en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, que propuso el Ejecutivo, no está muy alejada de lo que fue en el 2011, ésta sin duda, no solucionará ni remotamente los graves problemas por los que atraviesa la entidad en materia de educación. Por el contrario, derivado de los recientes fenómenos naturales, que impactaron fuertemente a la infraestructura en general, pero en especial, en las escuelas, no será suficiente para resolver la grave crisis de educación que subsiste en Veracruz.

La distribución del FAEB, que propone el Ejecutivo, quedaría de la siguiente forma:

Como se puede observar claramente, se está proponiendo prácticamente el 100 por ciento de dicho Fondo para Gasto Corriente, y nada para el gasto de inversión. Asimismo, se está pensando que para Veracruz, el 99.8 por ciento se destine a gasto corriente V apenas el 0.02 por ciento a gasto de inversión. Definitivamente, esto no lo podemos permitir, va que si bien es cierto, el Poder Legislativo reformó y creó leves para mejorar la calidad de la educación, también es cierto que el Poder Ejecutivo no está poniendo su parte para mejorar dicha calidad, va que, como se decía anteriormente, la calidad de la educación, que se encuentra va establecida en la Constitución, establece no sólo la impartición de educación de calidad, si no la infraestructura idónea para que los alumnos puedan tomar sus clases y desarrollarse como mexicanos de bien.

El reto de mejorar la calidad educativa, se encuentra, tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Legislativo, sin embargo, no basta con crear o reformar cuerpos normativos que a la letra, parecen resolver los enormes rezagos que tenemos en la materia. Es igualmente trascendental, que además de reformar los ordenamientos necesarios, se eleven los recursos destinados a la infraestructura escolar, así como llevar a cabo fiscalizaciones verdaderamente apegadas a derecho, y castigar a quienes se quedan con los recursos públicos que deben ser para los alumnos.

Asimismo, resulta fundamental señalar, que así como con la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se profesionalizará a los maestros, haciéndolos más comprometidos con su país y su desarrollo propio, también debemos exigir al Ejecutivo, y a los legisladores que revisarán y aprobarán el Presupuesto para el año 2014, se aumenten los recursos públicos para aplicarlos exclusivamente a mejorar las condiciones de las escuelas que están en situaciones deplorables, ya que resulta contradictorio, que mientras se piense evaluar el rendimiento de los maestros, no se les dote de espacios accesibles para que puedan impartir las clases.

La aprobación de la reforma constitucional, y las leyes reglamentarias, es apenas el primer paso hacia la calidad educativa, no podemos sentirnos confiados, ni seguros de que sólo con las leyes bastará para salir de este letargo educativo; el siguiente paso será, el reforzar y mejorar las instalaciones, en donde se imparten clases a los niños y adolescentes que pronto serán los responsables de hacer que este país crezca y se desarrolle. El presente punto de acuerdo es por ellos, y por todos los maestros, que de buena fe, luchan incansablemente todos los días, por educar a sus alumnos, que se preparan día a día para ser mejor personas y mejor profesionistas. Es momento de darles también a ellos, las herramientas necesarias para poder educar a los niños de México, y en este caso, del estado de Veracruz.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, para que sea considerado de urgente resolución, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 se aumente el gasto en inversión, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en el estado de Veracruz.

Notas:

1 http://www.mexicanosprimero.org/component/content/article/126-no-te-lo-pierdas/ 171-investigacion.html Página 36.

2 http://www.mexicanosprimero.org/component/content/article/126-no-te-lo-pierdas/ 171-investigacion.html. Página 40.

3 http://www.diputados.gob.mxjPEF2014jindex2.html

Dado en el salón de sesiones, a 26 de septiembre de 2013.— Senador Fernando Yunes Márquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PARTIDA ESPECIAL DESTINADA A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS QUE POR RAZONES AJENAS A SU VOLUNTAD NO ENCUENTRAN TRABAJO

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida especial destinada a las personas desempleadas que por razones ajenas a su voluntad no encuentran trabajo.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«La que suscribe, Martha Palafox Gutiérrez, senadora de la república de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Senadores, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida especial destinada a las personas desempleadas que por razones ajenas a su voluntad no encuentran trabajo, sea éste su primer empleo o ya hayan sido empleados, conforme a las siguientes

Consideraciones

Me da mucho gusto que a veces las ideas se materialicen, no de la manera que uno quisiera, pero al fin y al cabo algo de lo planteado se retoma.

La que esto escribe, siendo diputada federal en la LIX Legislatura, hace exactamente 10 años, presentó entonces una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba los artículos 25 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal a fin de crear un fondo de aportaciones en el ramo 33, destinado a las personas que no encuentran empleo.

El 14 de noviembre de 2012 volví a insistir en el planteamiento, presentado una iniciativa en el mismo sentido, reformando el artículo 25 y adicionando el 47 Bis 1 y 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal. La iniciativa no ha sido dictaminada por las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, y dudo que así suceda. Por ello presento esta proposición con punto de acuerdo.

Esta solicitud no es ningún despropósito. Se trata de estimular el mercado interno que en últimas fechas, con subejercicios y el bajo crecimiento económico, la demanda agregada, sobre todo el consumo público y privado se ha visto afectado.

De acuerdo con a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el consumo privado se incrementó durante el segundo semestre de 2013 respecto al mismo semestre de 2012 en 3.4 por ciento, el consumo del gobierno en 0.4 y la formación bruta de capital en 0.3. Por su parte, el crecimiento del PIB en el mismo periodo fue de 1.5, muy por abajo del proyectado por el gobierno, de 3.5 y el ajuste a 3.1. Finalmente, estiman que cierre el año con un crecimiento magro, de 1.8.

Resultado de lo anterior es que el empleo no crece. Según los indicadores de ocupación y empleo que pública el Inegi, la tasa de desempleo abierta al mes de agosto de este año se ubicó en 5.17 por ciento, en julio de 5.12; es decir, la presente administración no ha podido repuntar el empleo, sea éste formal o informal.

El pasado 22 de julio, el presidente Peña Nieto dio a conocer el Programa para la Formalización del Empleo, ahí el secretario del Trabajo reconoció que de cada 10 empleos 6 son informales. Con base en el Inegi, la tasa de informalidad laboral es de 58.35 por ciento y la de ocupación parcial y desocupación de 11.44 a agosto de este año.

Haciendo una extrapolación sencilla, si la Población Económicamente Activa (PEA) es de casi 95 por ciento de su población en edad de trabajar que asciende a poco más de 68 millones de personas, hay un universo de trabajadores informales de más de 40 millones de personas y la tasa de ocupación parcial y desocupación concentra casi 7.8 millones de personas, de las que 4.6 millones son “desempleados informales”, estos quedan fuera de cualquier programa de desempleo.

El seguro del desempleo planteado por esta administración solo considera los formales, por eso se reforma el artículo 123, Apartados A y B, de la Constitución General de la República. En las leyes secundarias, la Ley del Seguro Social, la del ISSSTE, la Ley Federal del Trabajo, del Servicio de Ahorro para el Retiro entre otras.

Un esquema parecido, se hizo en la pasada administración como medida anti cíclica, derivada de la crisis financiera internacional 2008-2009. En ese entonces se reformó el sistema de pensiones (Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro), lo que permitió que los trabajadores en situación de desempleo pudieran retirar parte de su ahorro para el seguro de pensiones.

En Europa, donde el seguro del desempleo es algo normal, incluso la portabilidad tanto en seguro de pensión como en atención médica, son comunes dos tipos de seguro: las contributivas –como la que propone el presidente Peña Nieto– y el subsidio o ayuda por desempleo. Es esta última donde su servidora quiere insistir, son millones de personas que viven sin oportunidades y se convierten en presa de organizaciones criminales o expuestos a buscar ser indocumentados en Estados Unidos.

Insisto: la medida no es ningún despropósito, por el contrario reactivan el mercado, estimulan el consumo interno, convierten el círculo vicioso del desempleo en círculo virtuoso y, por si fuera poco despresurizan el descontento social.

Por lo anterior someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 partida de recursos etiquetados, necesarios para atender a personas que por situaciones ajenas a su voluntad no encuentran empleo, sea éste la búsqueda de su primer trabajo o ya hayan sido empleados.

Sede del Senado de la República, a 24 de septiembre de 2013.— Senadora Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de agosto de 2013, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agropecuarios; productos farmacéuticos y material de curación; productos químicos, entre otros.

El total de bienes destinados en agosto de 2013 fue de 159 mil 520 bienes; los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como: pieza, par, kilogramo y litro, se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 24 de septiembre de 2013.— Licenciado Julio César Sánchez Gamiño (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

INFORMES SOBRE LA EJECUCION DE LA POLITICA MONETARIA, Y SOBRE LA INFLACION

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares:«Banco de México.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa honorable Cámara, el informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de dos mil trece.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Ciudad de México, DF, 30 de septiembre de 2013.— Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana María Eugenia de León Pérez, diputada federal electa en la segunda circunscripción plurinominal. Se han designado en comisión para que la acompañen en el acto de rendir protesta a las siguientes diputadas y diputados: Irazema González Martínez Olivares, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Marcelina Orta Coronado, Germán Pacheco Díaz, José Luis Esquivel Zalpa, Ana Lilia Garza Cadena, José Antonio Hurtado Gallegos, María del Carmen Martínez Santillán y María Sanjuana Cerda Franco.

Habiendo cumplido la comisión de cortesía con su encargo, solicito a las y a los legisladores ponerse de pie. Lo mismo solicitamos a quienes nos acompañan en la galería. Muchas gracias.

Ciudadana María Eugenia de León Pérez, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana María Eugenia de León Pérez: Sí, protesto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Muchas gracias.

Pasamos al siguiente asunto.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado José González Morfín: «Iniciativa que reforma el artículo 2o.-A y adiciona el 2o.-B a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cargo del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, diputado en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o.-A. y se adiciona un artículo 2o.-B. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

I. Planteamiento

El país requiere normas que incentiven los hábitos alimenticios sanos. No resulta razonable que el agua pura que se adquiere en envases menores a diez litros tenga un IVA del 16 por ciento, mientras que ciertos alimentos de dudoso valor nutricional se encuentren al 0 por ciento. Es por eso que podemos incidir en la legislación fiscal para distinguir los alimentos que son base de una alimentación sana de otros que podrían no serlo tanto.

Esta iniciativa pretende abonar en dotar de contenido al artículo 4o. constitucional que expresamente señala el derecho fundamental a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. En dicho precepto constitucional se señala una obligación para que el estado mexicano garantice ese derecho, lo que precisamente deseamos lograr con esta iniciativa desde el legislativo.

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un auténtico problema epidemiológico a nivel mundial. Se trata de un problema de salud pública sin precedentes en la historia de la humanidad que encuentra sus causas en multiplicidad de factores. Identificados como trastornos alimenticios ocasionados por una ingesta calórica superior al gasto energético de un individuo, el sobrepeso y la obesidad son actualmente problemas mayores que aquejan a un número significativo de países, entre los que se encuentra México. Conforme a la Organización Mundial de la Salud, mil millones de personas sufren sobrepeso en el mundo, y se espera que sin acciones esa cantidad llegue a mil quinientos millones en el 2015.

México se encuentra en los lugares más altos a nivel mundial en porcentaje de población que presenta sobrepeso y obesidad. Tanto la obesidad como el sobrepeso se asocian con enfermedades crónicas y degenerativas ubicadas como las principales causas de mortalidad. Es particularmente relevante observar que en la infancia estas condiciones también se identifican con problemas de hipertensión arterial, enfermedades respiratorias, transtornos musculo-esqueléticos que condicionan la edad adulta, así como otros elementos como baja en la autoestima y alto porcentaje de probabilidad de llegar a una vida adulta en estado de obesidad.

La Organización Mundial de la Salud ubica cuatro factores de riesgo que propician las, también cuatro, enfermedades no trasmisibles que más personas están matando en el mundo: enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas. Los cuatro factores de riesgo son la inactividad física, las dietas poco saludables, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol.

Como se observa, la obesidad es preocupante, no porque un alto nivel de masa corporal sea dañino en sí, sino porque implica un alto factor de riesgo y propensión a un elevado número de enfermedades de alta peligrosidad, de tratamiento prolongado y costoso.

Entre los factores que han provocado el alza en el porcentaje de población obesa o con sobrepeso los estudios destacan con especial énfasis la proliferación de productos alimenticios en porciones que representan una ingesta excesiva de lípidos y azúcares. “Probablemente la peor tendencia relacionada con los alimentos en lo alimentos ... son las raciones <supergrandes> de alimentos. Los consumidores podrían considerarlas una ganga, pero pocos necesitan la energía extra que proporcionan las raciones de mayor tamaño.”

Ciertamente, los estudiosos del tema alimenticio reconocen que no es adecuado hablar de “comida chatarra” o de comida que no alimente. Se ha querido colgar esa etiqueta a golosinas, galletas, productos de comida rápida y otros similares. En ese sentido, la comida chatarra no existe, pues las grasas y los azúcares que se encuentran en tales productos en grandes cantidades sí son nutrientes necesarios para el ser humano. “Sin embargo, es claro que muchos alimentos y bebidas disponibles en los supermercados proporcionan relativamente pocos nutrimentos en comparación con el contenido de energía, y por consiguiente contribuyen a hábitos de alimentación menos adecuados”

Otro factor importante para el aumento del sobrepeso y la obesidad ha sido identificado como el dañino hábito de consumir productos con elevado contenido calórico entre comidas.

Si se observa, los dos factores de aumento de obesidad y sobrepeso que se han mencionado, y que se destacan como de los más importantes, tienen que ver en conjunto con el consumo de productos tipo snack o botana, así como el consumo de refrescos o jugos muy azucarados.

II. Elementos mínimos de nutrición a considerar

Carbohidratos, lípidos (grasas y aceites), proteínas, vitaminas, minerales y agua son las seis clases de nutrimentos que se encuentran en los alimentos. El abastecimiento de energía lo realizan principalmente carbohidratos y lípidos; las proteínas proporcionan energía cuando el suministro de carbohidratos y grasas en la dieta es insuficiente.

No existe consenso sobre la fuente de energía más recomendable, pero el Food and Nutrition Board on the National Research Council de Estados Unidos recomienda que la mitad de las necesidades energéticas se obtenga de carbohidratos, sobre todo complejos (dejando sólo un 10 por ciento a los carbohidratos simples); incluso se señala que si se pretendiera cambiar la fuente principal de energías a proteínas, en detrimento de los carbohidratos, una alta carga de ácido en los riñones podría dañarlos. También, se recomienda consumir no más de 7 por ciento del total de calorías diarias como grasas saturadas, ni más de 8 por ciento como grasa poliinsaturada, y consumir 15% del total de calorías diarias como grasas monoinsaturadas. En total, se señala que las calorías provenientes de grasas deben ser sólo el 30 por ciento de la dieta diaria, identificando algunas esenciales. Existen además distintos documentos elaborados por la Organización Mundial de la Salud, donde recomienda a los Estados miembros tomar acciones para promover dietas basadas en los siguientes elementos:

- Reducción de niveles de sal;

- Eliminar ácidos grasos trans;

- Disminuir grasas saturadas, y;

- Limitar azúcares.

Algunas propuestas legislativas tampoco han resultado muy afortunadas, puesto que se han referido a la comida chatarra como “alimentos y bebidas con bajo nivel nutrimental que contenga altos contenidos de azúcares refinados, sal, colesterol, ácidos saturados y transaturados y aditivos” o de “alimentos o bebidas con un alto contenido calórico y bajo contenido nutricional”. Como se observa, las propuestas adolecen de rigor conceptual, pues hablar de bajo contenido nutricional es un error, en tanto que el aporte de grasas y carbohidratos es también un alto contenido nutricional. Si por alto contenido nutricional se quiere decir alta diversidad de nutrientes, resultaría fácil a los productores de los alimentos indicados superar esa limitante, pues bastará con hacer pequeñas adiciones a sus fórmulas para brindar mayor número de nutrientes, sin que ello modifique sustancialmente la calidad del alimento.

El problema con los alimentos “chatarra” no son sus fórmulas en sí, ni siquiera su capacidad de acceso a todos los públicos. Nos parece que el problema recae en los hábitos de los individuos que los consumimos o que somos potenciales consumidores. Un pastelito, una bolsa de papas fritas o un refresco con gas (y exceso de azúcar) que consumamos no puede ser prohibido, desacreditado o culpado por la obesidad nacional. La producción de esos alimentos no puede ser estigmatizada como si de un objeto ilícito se tratara.

Es el consumo habitual, irresponsable e inconsciente de dichos productos lo que debe ser combatido. Ciertamente el etiquetado de los productos nos advierte su contenido, por ejemplo: una etiqueta de una botella de refresco (posiblemente el refresco más consumido en el país) nos indica que sus 600 mililitros de la botella proporcionan el 51 por ciento de los azúcares que necesita un adulto promedio (con una dieta de 2000 kcal); que una bolsa “mediana” de papas fritas proporciona aproximadamente 500 kcal (una cuarta parte de lo que un adulto promedio necesita), entre otros. El fácil acceso a los mismos –empaques higiénicos, fácil transporte, fácil consumo, etcétera–, por no decir lo apetecibles que resultan, resulta un alto incentivo a consumirlos, no necesariamente en sustitución a nuestros alimentos habituales (desayuno, comida y cena), sino como refrigerio extra a dichos alimentos. Así nos encontramos que el consumo de tales productos más el consumo de alimentos habituales redundan en un consumo excesivo de ciertos nutrientes (grasas e hidratos de carbón).

Podríamos equiparar la acción de estos consumos de alimentos a la que se da con el consumo de tabaco y alcohol. Ciertamente el consumo esporádico de tales productos no representa un peligro a la salud; sin embargo, el consumo continuo y prolongado en el tiempo de tales productos resulta en tabaquismo y alcoholismo, con los resultados nocivos a la salud que no es necesario repetir en estas páginas.

La ingesta calórica excesiva –entendiendo por esta la ingesta superior a las necesidades diarias– prolongada en el tiempo es finalmente la causa de la obesidad.

III. Fines extrafiscales de los tributos y campo de acción de los tributos en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso nacional

Es reconocido que los tributos pueden perseguir fines de carácter social, económico o político que van más allá de la recaudación. Esto último exige encontrar apoyatura constitucional el cualquier fin extrafiscal que se pretenda con los tributos. En el caso del combate a la obesidad, la constitución mexicana ofrece apoyo suficiente para las medidas tributarias que aquí se señalan en el artículo 4o., del que transcribimos las partes pertinentes del tercero y cuarto párrafo:

Artículo 4o.

...

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...

Encontramos que el combate a la obesidad y el sobrepeso en México puede señalarse como un fin digno de protección constitucional que es posible apoyar con el instrumento tributario. Esto, siempre y cuando identifiquemos con precisión manifestaciones de capacidad económica susceptibles de resentir una carga tributaria que provoque: bien inhibir comportamientos que provoquen obesidad o sobrepeso, o promover comportamientos que resulten en una alimentación más sana y de mejor calidad.

Así pues, el empleo de los tributos no presupone constituirse en la mejor herramienta, o la más eficaz, para el combate a la obesidad y el sobrepeso. Lo que sí es posible afirmar es que su utilización, en pleno respeto de los principios de justicia tributaria, puede inscribirse como una medida más que, además de dotar de recursos al erario público (posiblemente utilizables en sufragar los gastos nacidos como consecuencia de la obesidad y el sobrepeso en la población), puede aportar un importante incentivo hacia conductas más sanas desde el punto de vista alimenticio.

Reconociendo que el instrumento tributario no es sancionatorio, pero tampoco de mera promoción, encontramos un espacio de acción importante al no pretender incidir en conductas que atentan directa y claramente a la salud (las que resulta pertinente castigar), ni es una limitante en la libertad de elección de las personas; tampoco tendría efectos sobre aquellas que se consideran tolerables. El instrumento tributario puede actuar como un incentivo económico a dejar de producir o consumir ciertos alimentos o volúmenes de alimentos que se reconocen como causas mediatas del sobrepeso y la obesidad. Esto es, la carga tributaria conscientemente mayor a ciertos alimentos que se pretenda reducir en la ingesta cotidiana de los ciudadanos puede resultar en un desincentiva a consumirlos o producirlos.

IV. ¿Existe una manifestación de capacidad económica vinculada con procesos que ocasionen obesidad y sobrepeso?

Según los estudios la obesidad es un fenómeno multifactorial donde influyen aspectos que pueden pasar por la genética, la psicología, los procesos metabólicos individuales, los hábitos individuales y sociales, etc. Todos estos elementos han de considerarse y, sin embargo, nos resulta convincente la postura de Kelly Brownell (y de otros autores), quien asume una postura aparentemente radical, pero congruente con la evidencia. Ciertamente podemos achacar la obesidad a una multiplicidad de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales y demás, pero –señala la autora- en ausencia de comida “tóxica” y en un ambiente de actividad física no existiría prácticamente obesidad. Esto es, podemos dar todas las explicaciones biológicas y psíquicas que queramos encontrar, pero como bien lo señala, la susceptibilidad genética o biológica a la obesidad, no importa lo fuerte que sea, raramente llevaría a la obesidad en ausencia de un ambiente dañino.

Ese es el ambiente tóxico al que se refiere Brownell, que resulta similar en el país. Sólo basta poner un pie en cualquier “tienda de la esquina” para observar el bombardeo de dulces, botanas, refrescos y demás productos con alto contenido calórico, envueltos en cada vez más sofisticados envases, y no rara vez en porciones que exceden las necesidades diarias de un niño.

Considerando este ambiente tóxico al que hacemos referencia, es fácil observar que existe en todo momento un basamento económico que incentiva el consumo que finalmente redunda en la obesidad. Así encontramos que se cumple un primer elemento de respeto al principio de capacidad económica al encontrar contenido económico en las relaciones que están establecidas como hecho generador de un tributo. Identificado este punto, debemos observar que todo este ambiente “tóxico” llega a una de sus peores consecuencias, desde el punto de vista de los trastornos alimenticios, en el momento en que se producen actos de consumo de ciertos alimentos que provocan sobrepeso y obesidad. Luego entonces ubicamos un punto de conexión tributaria razonable que es el consumo e inferimos un elemento de manifestación de capacidad económica al demandar esos productos. Así pues, la demanda y el consumo de ciertos alimentos es manifestación de capacidad económica.

El consumo de alimentos, a priori, no parece una manifestación de capacidad económica que deba ser gravada. Una lógica elemental nos indica que el consumo que dedicamos para alimentarnos es parte de un mínimo existencial que debe ser respetado y dejado intocado por los tributos. Esto es, las cantidades dedicadas a nuestra alimentación han de entenderse parte de lo que hay que considerar para calcular nuestra capacidad económica subjetiva neta. Sin embargo nos parece que la realidad nos da muestra de que no todo lo que es posible definir como alimento es necesariamente digno de considerar en un mínimo existencial. La definición de alimento puede cubrir desde un tomate o un trozo de pollo hasta una botella de ron o una cucharada de aceite transgénico. Así pues, mientras que algunos alimentos son dignos de promoción por su beneficio a la salud (frutas, verduras, cereales enteros, etc.), otros son claramente sustituibles, poco recomendables o recomendables en muy pequeñas porciones (comidas congeladas, bebidas azucaradas, alimentos altos en sodio y grasas, etcétera).

En todo el país existen innumerables puntos de venta de productos embasados con altas concentraciones de sodio, bebidas azucaradas, bollería, botanas con elevada concentración y grandes porciones de calorías, grasas transgénicas, etcétera. Si observamos cuidadosamente estos alimentos, veremos que son claramente sustituibles por otros más recomendables o eliminables para una alimentación balanceada. Por dar ejemplos, las bebidas gaseosas azucaradas, perfectamente pueden ser sustituidas por bebidas hechas en casa con frutas naturales; la bollería puede ser claramente sustituida por pan del día (elaborado en panaderías locales), y las botanas y golosinas también pueden ser sustituidas por alimentos preparados en casa, o disminuidos en la dieta cotidiana. Esto es, los consumidores hacemos una elección y manifestamos una capacidad económica al ir a “la tienda de la esquina” a comprar un refresco y unas “papitas”, la mayoría de las veces por simple antojo y no por una necesidad alimenticia. Otras de las veces, aún en la necesidad que, por ejemplo, puede tener un albañil de consumir un refresco y unos panecitos con chocolate, muy famosos, para aguantar la jornada del día, la fácil disponibilidad y el menor tiempo que implica adquirir esos productos le disuaden de consumir otros productos tradicionales igualmente energéticos y de mayor balance tradicional como sería la típica torta de media mañana.

Así pues, no todo el dinero que se dedica a alimentación se destina a alimentos básicos y nutritivos, sino que parte importante de ese dinero termina destinándose a alimentos excesivos y de calidad o balance nutricional cuestionable.

Ciertamente no es posible cercenar la libertad de demandar y ofrecer productos alimenticios de mala calidad, pero sí es posible desincentivar el consumo de aquellos que aparezcan como innecesarios, de baja calidad nutricional (recordemos que el artículo 4o. constitucional obliga al Estado a tomar medidas para garantizar la calidad de la alimentación), o incluso de lujo, entendiendo por esto último como la abundancia de cosas no necesarias.

Con lo aquí expuesto podemos afirmar que sí podemos identificar una manifestación de capacidad económica en procesos que ocasionan obesidad y sobrepeso.

Ahora bien, la única capacidad económica que debe ponderarse no es la del consumidor, pues dependiendo de la elasticidad en la demanda de los productos alimenticios gravados se podrá observar que una parte importante de la carga económica del impuesto incida directamente en el productor. Esto es, al momento en que el consumidor de productos gravados se vea persuadido a no consumir ciertos productos y los sustituya por otros, será el fabricante quien efectivamente sufra la carga tributaria. En esas circunstancias debemos de ser cuidadosos de que no se trate de fabricantes de empresas familiares o subsistencia, fabricantes artesanales o microindustrias los que sufran esta incidencia del impuesto.

V. Discusión internacional sobre el uso del instrumento tributario como elemento de combate a la obesidad y el sobrepeso

A pesar de que se encuentra en el ambiente de la fiscalidad en distintos países la idea de establecer los llamados “fat tax” (impuestos a la obesidad), las experiencias encontradas en distintas latitudes no reflejan de manera inequívoca esta clase de contribución. Aparecen, en todo caso, ciertas medidas desincentivadoras de algunos consumos. Por ejemplo, es común encontrar en los Estados Unidos cargas tributarias ligeramente más alta a ciertos productos como golosinas, bebidas azucaradas, comida en restaurantes, productos que se venden en máquinas expendedoras, botanas, etcétera.

Chiriqui y otros, así como Chouinard y su grupo de trabajo, han hecho análisis detallados de la legislación y propuestas en Estados Unidos sobre esta materia. Conforme a estos estudios, en los Estados Unidos existe un total de 27 estados en los que existen o se han propuesto tributos que pudieran vincularse con el combate a la obesidad. Recordemos que en Estados Unidos no existe un impuesto al valor agregado de aplicación en todo el país, sino que los impuestos al consumo se encuentran en potestad de los órganos locales. En esa tesitura, encontramos una gama amplia de formas de tributación que van desde la creación de accisas específicas a bebidas carbonatadas, ventas por medio de máquinas expendedoras o botanas (algunas veces expresadas en tasas porcentuales y otras por tarifas fijas), hasta la exclusión de esta clase de productos (y otros similares) de la exención al pago de impuestos por ventas generalmente aceptada a los alimentos.

Pese a la aparente generalización de tributos elevados en alimentos considerados “chatarra”, no existe evidencia suficiente que nos permita afirmar que se trata de medidas específicamente creadas para combatir la obesidad, ni tampoco existe evidencia clara sobre el posible éxito de éstas.

En Chile se discutió una iniciativa relativa a aumentar en un 20 por ciento un impuesto a la comida “chatarra” (la prensa internacional cubrió esta propuesta en los meses de abril y mayo de 2010). Dinamarca ha aprobado recientemente un impuesto sobre alimentos cuya composición de grasas saturadas supere el 2.3 por ciento (la prensa ha hecho eco de la noticia desde el 1 de octubre de este año) y ya contaban con accisas especiales al chocolate, helados, dulces y goma de mascar. Hungría introdujo recientemente impuesto en productos con un exceso de sal, azúcar o grasa.

Además de los países mencionados, sólo basta teclear “fat tax” en un buscador de internet para observar que la prensa mundial hace eco de discusiones que se están dando en Alemania, Francia Irlanda, Rumania, Reino Unido, Francia, etcétera.

Las discusiones que se suscitan están tristemente contaminadas por posturas partidistas, de tal manera que cuando en un país la propuesta procede de un partido identificado con la derecha, las voces supuestamente progresistas atacan la idea tildándola de retrógrada o fascista; mientras que cuando la propuesta proviene de partidos o personajes identificados con la izquierda, son los grupos conservadores, quienes intentan descalificar la idea. Como sabemos, los extremos se tocan y encontramos que de izquierda y derecha se esgrimen argumentos en contra de esta clase de impuestos tales como (no se hacen alusiones personales para no desvirtuar la discusión):

- Se trata de impuestos regresivos que castigan a los más pobres;

- Son tributos que atentan contra la libertad de la persona, al querer dirigir su comportamiento;

- Discriminan a las personas con sobrepeso u obesidad;

- Ponen en peligro a la industria de ciertos alimentos, que genera empleos;

La reforma que se propone a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tendente a combatir el sobrepeso y la obesidad en México toma muy en cuenta, en síntesis los siguientes elementos:

1. Los tributos tienen como fin fundamental el dotar de recursos al erario público para satisfacer el gasto público, pero también pueden tener otros fines accesorios acordes políticas sociales y económicas que encuentren respaldo constitucional. En ese sentido, el combate al sobrepeso y la obesidad como política de salud pública es un fin que puede buscarse por medio de los tributos;

2. El consumo de ciertos alimentos industrializados, identificados con el sobrepeso y la obesidad, pone en manifiesto una capacidad económica susceptible de ser sometida a tributación en la medida en que se reemplazan o exceden al consumo de alimentos identificados con una mejor alimentación. Esta manifestación la hacen tanto consumidores como productores y distribuidores de los productos, con lo cual no habría problema en caso de una incidencia individual o incluso compartida de la carga tributaria;

3. El reto mayor se encuentra en confeccionar un tributo que sea respetuoso de un mínimo de subsistencia exento y que sea claro en el propósito de encarecer el consumo de alimentos con alta probabilidad de causar obesidad, sobrepeso y otras alteraciones de la salud, debido a su elevada concentración de azúcares, grasas u otros contenidos de elevado riesgo.

4. Si bien es cierto que es perceptible una capacidad industrial muy importante por parte de algunos productores de alimentos, también existe una parte importante de la alimentación no doméstica que se produce en la microindustria (tacos callejeros, gorditas, dulces tradicionales, tamales, etcétera). Sería ingenua, además de impracticable, alguna propuesta tributaria que involucre estos últimos. Además, la industria alimenticia a pequeña escala siempre ha existido, no ha tenido un crecimiento exponencial como la gran industria y no podemos considerarla causa del problema actual de obesidad y sobrepeso.

5. Particular interés nos despierta la obesidad y el sobrepeso infantil, pues se trata de un sector vulnerable (en tanto a su limitada capacidad de elección razonada de sus alimentos) donde la obesidad y el sobrepeso ocasiona elevados trastornos presentes y futuros. Por esa razón hay interés en referirnos directamente a golosinas, pastelitos y demás botanas normalmente adquiridos por los niños.

6. Somos conscientes de que tanto en nuestro país como en otros que se han hecho propuestas de tributación para combatir la obesidad ha existido enorme oposición por parte de industrias alimenticias y otros sectores económicos que se sienten afectados. Ciertamente una medida tributaria como la que aquí se propone toca o tocaría intereses económicos importantes, pero ello no debe ser óbice para dejar de hacer una propuesta sustentada y ajena a intereses económicos particulares.

7. Encontramos comportamientos a todas luces riesgosos, como por ejemplo que en México se consumen un promedio de 160 litros de refresco por persona al año (casi medio litro diario, lo que equivale a 14 cubos de azúcar), que deben atenderse de inmediato.

8. Se propone modificar el artículo 2o.-A. de la Ley del Impuesto al Valor agregado para modificar el inciso b) de la fracción I, relativa a alimentos, para indicar ahí un pequeño listado de alimentos básicos que, con independencia del contenido calórico o nutricional, queden sujetos a la tasa del 0% como lo han estado hasta ahora; incluso se agrega el agua pura, en todas sus presentaciones, pues debe quedar claro el mensaje de combate al sobrepeso, pero también el respeto a una canasta básica intocada por el impuesto. Este pequeño listado se complementaría, y por ello no hizo falta incluirlo, con el inciso a) del mismo artículo, que contempla que la carne está al 0%. En el listado elaborado se consultó la canasta básica reconocida por el Banco de México, eliminando algunos productos que no se desea su promoción. Consideramos que este listado incluye la totalidad de una dieta tradicional, misma que aún y que pueda llegar a ser poco saludable, dada la necesidad económica de nuestros conciudadanos, no debe ser tocada con el impuesto.

9. El listado de alimentos que seguirían a la tasa del 0 por ciento no contempla edulcorantes artificiales per se, sino únicamente aquellos naturales. En el numeral 3 se hace especial énfasis en el pan y la tortilla, mismos que serán gravados sólo en un plano industrial y no cuando son enajenados por el mismo fabricante, que puede ser el tortillero o el panadero de la esquina. Reiteramos que en esos casos no está clara la capacidad económica para absorber la carga del impuesto, mientras que en otros productos creados para ser enajenados por intermediaros resulta más clara.

10. Se propone crear un artículo 2o.-B, que es el fondo de esta propuesta y que indica una tasa de impuesto superior para alimentos que, algunos de ellos ya grabados, no resultan indispensables en una dieta básica y que han sido detectados como parte del problema de la obesidad infantil y adulta en nuestro país. El impuesto pretende precisamente incidir en la conducta de fabricantes y consumidores, de tal forma que los primeros se vean persuadidos para crear presentaciones que salgan de lo previsto en esa sobretasa, pero también en los consumidores, que al saber del peso económico que implican sus consumos cambien, al menos parcialmente, sus hábitos de consumo de alto riesgo.

11. El último párrafo del artículo 2o.-B propuesto deja claro que los alimentos no contenidos en el listado que los deja en tasa 0 por ciento, pero que tampoco se encuentran ubicados en los señalados en tasa del 20 por ciento deberán ser gravados al 16 por ciento o al 11 por ciento en caso de estar en frontera.

12. El IVA es el instrumento idóneo para esta medida, puesto que a diferencia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no tiene un efecto distorsionador o cascada para la economía. Tampoco consideramos adecuado crear un impuesto especial, por la dificultad que encerraría crear todo un nuevo patrón de contribuyentes y el peso burocrático o de administración que implicaría.

Por todo lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se modifica el artículo 2o.-A. y se adiciona el artículo 2o.-B. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación de:

a) Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule.

Para estos efectos, se considera que la madera en trozo o descortezada no está industrializada.

b) Medicinas de patente y los siguientes productos destinados a la alimentación:

1. Carne y cualquier producto animal como huevo, manteca, gelatina, leche, crema, mantequilla, queso y derivados lácteos no edulcorados ni mezclados con otros productos;

2. Margarina, azúcar de caña o remolacha, sal de mesa y aceites sin mezclar con otros ingredientes ni aditivos;

3. Tortillas y pan enajenados por el fabricante, así como aquellos enajenados por terceros cuyas presentaciones para venta individual no excedan 100 calorías.

4. Vegetales en estado natural, descascarados, cocidos, tostados, en masa o pasta, molidos o bajo otro proceso que permita su preservación y que no implique la adición de otras grasas, harinas, sales o azúcares, exceptuando las indispensables para su conservación;

c) Hielo y agua no gaseosa ni compuesta.

d) Ixtle, palma y lechuguilla.

e) Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, así como llantas para dichos tractores; motocultores para superficies reducidas; arados; rastras para desterronar la tierra arada; cultivadoras para esparcir y desyerbar; cosechadoras; aspersoras y espolvoreadoras para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola; sembradoras; ensiladoras, cortadoras y empacadoras de forraje; desgranadoras; abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo; aviones fumigadores; motosierras manuales de cadena, así como embarcaciones para pesca comercial, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones que señale el Reglamento.

A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se refiere este inciso, se les aplicara la tasa señalada en este artículo, sólo que se enajenen completos.

f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.

g) Invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura y humedad controladas o para proteger los cultivos de elementos naturales, así como equipos de irrigación.

h) Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80 por ciento, siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al menudeo con el público en general.

i) Libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de esta ley, se considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de libros, no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra.

Igualmente se considera que forman parte de los libros, los materiales complementarios que se acompañen a ellos, cuando no sean susceptibles de comercializarse separadamente. Se entiende que no tienen la característica de complementarios cuando los materiales pueden comercializarse independientemente del libro.

Se aplicará la tasa del 16 por ciento o del 11 por ciento, según corresponda, a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

II. La prestación de servicios independientes:

a) Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que sean destinados para actividades agropecuarias, por concepto de perforaciones de pozos, alumbramiento y formación de retenes de agua; suministro de energía eléctrica para usos agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego; desmontes y caminos en el interior de las fincas agropecuarias; preparación de terrenos; riego y fumigación agrícolas; erradicación de plagas; cosecha y recolección; vacunación, desinfección e inseminación de ganado, así como los de captura y extracción de especies marinas y de agua dulce.

b) Los de molienda o trituración de maíz o de trigo.

c) Los de pasteurización de leche.

d) Los prestados en invernaderos hidropónicos.

e) Los de despepite de algodón en rama.

f) Los de sacrificio de ganado y aves de corral.

g) Los de reaseguro.

h) Los de suministro de agua para uso doméstico.

III. El uso o goce temporal de la maquinaria y equipo a que se refieren los incisos e) y g) de la fracción I de este artículo.

IV. La exportación de bienes o servicios, en los términos del artículo 29 de esta ley.

Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0 por ciento, producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley.

Artículo 2o.-B. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 20 por ciento a los siguientes productos destinados a la alimentación:

I. Bebidas distintas del agua pura, la leche y derivados lácteos no edulcorados, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares o los concentrados de frutas, mezclados con azúcar u otros edulcorantes, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias.

II. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos.

III. Galletas, golosinas, pasteles, botanas o cualquier alimento distinto a los indicados en el artículo 2-A, empacados para poder ser enajenados al consumidor final por intermediarios o personas distintas al productor y cuya presentación para venta al público, con independencia de las porciones incluidas, exceda en su totalidad 100 kilocalorías.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 De 10 Facts on obesity, Organización Mundial de la Salud, recuperado el 17 de mayo de 2011, de http://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/en/index.html.

2 Véase: World Health Organization: 2008-2013 Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control on Noncommunicable Diseases, Who, Geneva, 2008.

3 Wardlaw, Gordon M.; Hampl, Jeffrey S. y Disilvestro, Robert A.: Perspectivas en Nutrición, sexta edición, McGraw Hill, México, 2005. P. 21.

4 Wardlaw, Gordon M.; Hampl, Jeffrey S. y Disilvestro, Robert A.: Perspectivas en Nutrición, sexta edición, McGraw Hill, México, 2005. Página 20.

5 Es mi deseo agradecer al doctor César Augusto Domínguez Crespo su asesoría y su consentimiento para utilizar en esta iniciativa extensas partes de un texto de su autoría, y que se encuentra en proceso de publicación dentro del libro “Los fines extrafiscales de los tributos”.

6 La información procede de diversas fuentes de información nutricional, pero fundamentalmente de manuales generalmente aceptados de nutrición, en los que se coincide en la información que aquí se señala. Los manuales principalmente consultados fueron: Wardlaw, Gordon M.; Hampl, Jeffrey S. y Disilvestro, Robert A.: Perspectivas en Nutrición, sexta edición, McGraw Hill, México, 2005, y Roth, Ruth A.: Nutrición y dietoterapia, novena edición, Mc Graw Hill, México, 2007. Sólo en algunas afirmaciones puntuales, donde me pareció que podría haber cierta controversia, señalo la fuente precisa, pero por todo lo demás, debe entenderse que hago una síntesis de los manuales mencionados.

7 Roth, Ruth A.: Nutrición y dietoterapia, novena edición, Mc Graw Hill, México, 2007. Página 99.

8 Ruth A.: Nutrición y dietoterapia, novena edición, Mc Graw Hill, México, 2007. Página 78.

9 Roth, Ruth A.: Nutrición y dietoterapia, novena edición, Mc Graw Hill, México, 2007. Página 86.

10 World Health Organization: 2008-2013 Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control on Noncommunicable Diseases, Who, Geneva, 2008, página 20.

11 Brownell, Kelly D.: “The environmento and obesity”en Fairburn, Christopher G. y Brownell, Kelly D.: Eating disorders and obesity, The Guildford Press, New York, 2002, página 450 y siguientes.

12 Una exposición amplia de los elementos del principio de capacidad económica en: Domínguez Crespo, César Augusto: “Una revisión al concepto jurídico-tributario del principio de capacidad económica”, en AAVV: Temas Selectos de Derecho Tributario, Porrúa-UNAM, México, 2008.

13 Véase la página www.chosemyplate.gov , auspiciado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

14 Chriqui, Jamie; Eidson, Shelby; Bates, Hannalori; Kowalczyk, Shelly y Chaloupka, Frank: “State sales tax rates for soft drinks and snacks sold through grocery stores and vending machines”, Journal of Public Health Policy, número 29, 2008.

15 Chouinard, Hayley H.; Davis, David E.; Lafrance, Jeffrey T. y Perloff, Jeffrey M.: “Fat Taxes: big money for small change”, California Agricultural Experiment Station, University of California at Berkeley, Working Paper, número 1007, 2006.

16 Información obtenida de la administración tributaria danesa: www.skat.dk, consultada el 9 de noviembre de 2011.

17 Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor, http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=8978

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.— Diputados: Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Luis Alberto Villarreal García, Alfredo Rivadeneyra Hernández, J. Jesús Oviedo Herrera, Damián Zepeda Vidales, José González Morfín, Ricardo Anaya Cortés, José Alfredo Botello Montes, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Raquel Jiménez Cerrillo, María Teresa Jiménez Esquivel, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Leonor Romero Sevilla, Karina Labastida Sotelo, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Víctor Serralde Martínez, Sergio Augusto Chan Lugo, Margarita Licea González, Humberto Alonso Morelli, Isaías Cortés Berumen, Máximo Othón Zayas, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Marcos Aguilar Vega, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Gerardo Peña Avilés, Luis Miguel Ramírez Romero, Mariana Dunyaska García Rojas, Patricia Lugo Barriga, Martha Berenice Álvarez Tovar, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Omar Antonio Borboa Becerra, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, José Enrique Reina Lizárraga, Heberto Neblina Vega, José Guillermo Anaya Llamas, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Ricardo Villarreal García, Leslie Pantoja Hernández, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Esther Quintana Salinas, Erick Marte Rivera Villanueva, Víctor Rafael González Manríquez, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Raúl Gómez Ramírez, Leticia López Landero, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Juan Carlos Muñoz Márquez, Carlos Alberto García González, Alejandra López Noriega, Martha Leticia Sosa Govea,  Alberto Díaz Trujillo, María Guadalupe Mondragón González, Genaro Carreño Muro, Juan Pablo Adame Alemán, Verónica Sada Pérez, Enrique Alejandro Flores Flores, Marcelina Orta Coronado, José Martín López Cisneros. Liliana Castillo Terreros, Mario Alberto Dávila Delgado, Eufrosina Cruz Mendoza, José Guadalupe García Ramírez, Víctor Oswaldo Fuentes Solís.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Pasamos al siguiente asunto.

LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El Presidente diputado José González Morfín: «Iniciativa que reforma los artículos 58 y 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, perteneciente a la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo los artículos 58 y 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa se refiere a dos aspectos del juicio contencioso administrativo a nivel federal que considero son de gran importancia para los particulares que se encuentran inconformes con los actos y resoluciones emitidos por las autoridades fiscales ya que estiman les son lesivos de sus derechos.

A. Queja

El artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) no es claro al señalar que pasa cuando las autoridades fiscales violan  la suspensión de la ejecución del acto impugnado concedida al actor después de emitida la sentencia definitiva en el juicio de nulidad y esta se encuentra recurrida por una o ambas partes —actor y/o autoridades demandadas—; ante esta imprecisión podría darse el caso de que ya no se admita a trámite por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) dicho recurso de queja, por ya estar conociendo del asunto el tribunal de alzada, lo cual dejaría a los contribuyentes sin la posibilidad de interponer el medio de defensa procedente y llegar al extremo de soportar las consecuencias de la violación cometida a la medida cautelar en comento, razón por la cual se estima necesario aclarar este supuesto en beneficio de los particulares que acuden ante el TFJFA a defender sus derechos.

Por lo tanto se propone adicionar un párrafo al artículo 58 de la LFPCA para establecer que el recurso de queja podrá presentarse cuando exista violación a la suspensión (provisional o definitiva) mientras que la sentencia que se haya dictado en el juicio principal no haya quedado firme en términos de esa legislación.

La incorporación de este nuevo párrafo tiene como objetivo que los contribuyentes tengan la certeza jurídica de que el TFJFA admitirá a trámite su queja para el caso de que la autoridad haya violado la suspensión que les fue concedida.

B. Juicio sumario

Si bien es cierto que el objetivo del juicio en la vía sumaria es que se garantice a los gobernados el acceso a una justicia pronta y expedita, también lo es que el hecho de que se haya establecido como obligatoria su vía, restringe el acceso de los particulares al sistema de justicia efectiva y, con ello, se afectan sus derechos fundamentales, pues se les obliga a tener un conocimiento profundo del derecho procesal fiscal para poder determinar la procedencia de la vía, en tanto que, en el mismo momento en que son notificados de la resolución que les causa agravio, deben identificar si se ubican en alguno de los supuestos jurídicos que hacen procedente el juicio en vía sumaria o no; de lo contario, se corre el riesgo de que puedan preparar un adecuada defensa para demostrar la ilegalidad de las resoluciones impugnadas y/o presentar oportunamente su demanda.

Con la finalidad de procurar que los contribuyentes tengan un acceso efectivo a la justicia en materia fiscal, se propone modificar el juicio contencioso administrativo en vía sumaria, implementado en el 2011 y que se tramita ante el TFJFA.

Es de destacarse que, tal y como lo señaló la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en la propuesta de modificación legislativa que presentó el pasado 5 de diciembre del 2012 ante el pleno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, haciendo uso de la atribución que le concede su Ley Orgánica, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido concediendo diversos amparos —entre ellos el resuelto con fecha 7 de noviembre de 2012, en autos del amparo directo en revisión número 2409/2012, patrocinado por la misma Procuraduría—, al considerar que las demandas presentadas fuera del plazo de 15 días deben ser admitidas y tramitadas en vía ordinaria, siempre y cuando el escrito de demanda sea presentado dentro del plazo de 45 días previsto en el artículo 13, fracción I, de la LFPCA, señalando que no existe disposición expresa que establezca consecuencias jurídicas para el caso de que se promueva juicio en la vía sumaria y se presente fuera del plazo de los 15 días que establece dicho precepto legal.

Asimismo, la Segunda Sala señaló que las iniciativas que dieron origen al artículo 58-2 de la LFPCA señalaban que la tramitación de la vía para la resolución de los asuntos era optativa para el actor, por lo que no existe motivo o fundamento jurídico para que la demanda presentada en vía sumaria sea desechada por extemporánea. Además de que, en el procedimiento de creación de dicho precepto legal, el legislador en ningún momento tuvo la intención de sancionar al actor ni tampoco obligarlo a realizar funciones valorativas que únicamente corresponden a la autoridad jurisdiccional; contrario a ello, el motivo de la implementación del juicio en vía sumaria se centra en una mejor impartición de justicia.

Es por ello, que se considera que en aquellos asuntos que por mandato de ley deben ser tramitados en la vía sumaria, cuando el justiciable presente su demanda de nulidad fuera de los 15 días pero dentro del plazo de 45 días que establece el artículo 13 de la misma Ley, no debe desecharse o sobreseerse, sino que deberá tramitarse por la vía ordinaria.

Por las consideraciones antes expuestas, me permito someter a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo a los artículos 58 y 58-2 del de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo

Artículo Único. Se adiciona un párrafo a los artículos 58 y 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 58. ...

I. ...

II. ...

a) ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

Para tales efectos, puede presentarse la queja incluso después de que haya sido emitida la sentencia definitiva mientras ésta no haya causado estado en términos del artículo 53 de esta Ley.

...

b) a g) ...

III. a IV. ...

Artículo 58-2. ...

I. a V. ...

...

...

...

Tratándose de las resoluciones señaladas en este artículo cuya demanda sea presentada fuera del plazo de quince días a que se refiere el párrafo anterior, pero dentro del plazo que establece el artículo 13 de esta ley, deberán tramitarse y resolverse en la vía ordinaria.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 “ Artículo 53. La sentencia definitiva queda firme cuando:

I. No admita en su contra recurso o juicio.

II. Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere resultado infundado, y

III. Sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos.

...”

2 El documento completo puede consultarse en la página electrónica www.prodecon.gob.mx.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.— Diputados: Margarita Licea González, Consuelo Argüelles Loya, Tania Margarita Morgan Navarrete, Ricardo Villarreal García, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Leslie Pantoja Hernández, Martha Berenice Álvarez Tovar, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Erick Marte Rivera Villanueva, María Guadalupe Mondragón González, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, María Carmen López Segura, William Renán Sosa Altamira, Leobardo Alcalá Padilla, María Eugenia de León Pérez, Leonor Romero Sevilla (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: «Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de Minería

Planteamiento del problema

En la actualidad, casi el 30 por ciento del territorio nacional equivalente a 52 millones de hectáreas se encuentran concesionadas o asignadas para la minería; a pesar de que ésta es una actividad que contribuye de manera importante en la economía nacional, su desarrollo genera impactos sociales y ambientales, por tal motivo se deben fortalecer los instrumentos jurídicos que regulan esta actividad.

La minería es una actividad que se encuentra sujeta a la evaluación de impacto ambiental; sin embargo, los proyectos mineros no siempre garantizan la sustentabilidad de sus obras o actividades. El sector debe estar asociado a las políticas que procuren la riqueza natural y la no renovable, sus inversiones deben estar destinadas a un desarrollo regional que garantice el cuidad al medio ambiente cumpliendo las leyes, reglamentos, normas y permisos.

Nuestro país es rico en yacimientos minerales, y además tiene uno de los más grandes potenciales de explotación de estos recursos. Por ello, las actividades de producción minera representan un importante atractivo para las empresas extranjeras. Al respecto cabe destacar que en 2011, la inversión realizada en el sector minero mexicano alcanzó un monto de 5 mil millones de dólares, el cual representó un incremento de 50.8 por ciento con respecto al año anterior.

Sin embargo, gran parte de esta inversión es extranjera, la propia Secretaría de Economía ha señalado que del total de las empresas con capital extranjero operando en nuestro país, 71 por ciento tiene sus oficinas centrales en Canadá.

Para el 2011 se expidieron 2 mil 22 títulos de concesión y asignación minera que ampararon una superficie de 4.4 millones de hectáreas, con lo cual se alcanzó un saldo acumulado de 27 mil 22 títulos por una superficie total de 29.9 millones de hectáreas.

La industria minera mexicana debe continuar aprovechando los factores de producción que dispone como: mantener el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial; continuar colocada como uno de los 10 principales productores de oro, plomo, zinc, cobre, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, diatomita, molibdeno, barita, grafito, sal, yeso y manganeso entre otras; conservar a México como el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por Metals Economics Group en marzo de 2013; permanecer como quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, de acuerdo al reporte de la consultora Behre Dolbear publicado en abril de 2013; elevar la cifra para 2014 a comparación con 2013 en el flujo de inversiones que superen los 8 mil millones de dólares de acuerdo con la Cámara Minera de México sector minero-metalúrgico en el país, y seguir contribuyendo con el 4.9 por ciento al producto interno bruto (PIB), y a fomentar e incrementar esta participación.

Las condiciones de las minas en el país, dicho por expertos nacionales y extranjeros, no reúnen condiciones de seguridad, además de que sus instalaciones y técnicas son obsoletas; no son adecuadas para la labor metalúrgica. Mención aparte merecen las condiciones laborales, pues en la mayoría de los casos, los trabajadores, ni siquiera tienen la protección del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al hacer referencia de la situación precaria en que se encuentran los trabajadores de las minas en nuestro país, cobra gran importancia no dejar de señal que en el transcurso de 6 años han ocurrido siniestros como:

• El 19 de febrero del año 2006, se presentó una tragedia en “Pasta de Conchos, donde, una explosión dejó sepultados a 65 mineros que trabajaban dentro de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila.

• Con fecha 3 mayo del 2011, en Sabinas, Coahuila, estalló una bolsa de gas grisú falleciendo 15 trabajadores.

• En Jalisco el 5 mayo del año 2011, se registró un derrumbe en la mina de ópalo Pata de Gallo, ubicada en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco, con tres personas muertas.

• El 21 de enero del año 2012, en Tlalnepantla, el derrumbe de una mina de Cantera ubicada en la colonia El Temayo, en el municipio de Tlalnepantla, dejó dos personas muertas y dos heridos.

• Con fecha 18 de mayo del 2012, en Sabinas, Coahuila, se presentó un accidente en el pozo de carbón denominado “El Hondo”, y se hallaron los restos de los mineros.

• El 26 de junio del 2012, en Querétaro, tras inundarse el túnel de ventilación de la mina El Mono, en la comunidad de Plazuelas, municipio de Peñamiller, tres personas fallecieron.

• El día 25 de julio del año 2012. En Múzquiz, Coahuila, Siete trabajadores fallecieron en la mina de carbón en el Ejido La Florida, en Barroterán.

• Con fecha 3 de agosto del presente año, en el municipio de Progreso, Coahuila, cinco mineros perdieron la vida, en una mina de carbón. En 9 días fallecieron 12 mineros.

Los legisladores debemos atender la problemática que enfrenta nuestro país, respecto de los más de 113 fallecidos entre los años 2006 al 2010, otras fuentes señalan que son más de 213 muertos.

Está situación laboral se ha denunciado, aunque desafortunadamente la actuación de diversos funcionarios han obstaculizado e impulsado el retroceso, los derechos sindicales y reprimido con fiereza la lucha de los trabajadores; tal es el caso de las minas de Cananea, Sombrerete, y Taxco, en las cuales el 30 de julio de 2007, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros efectuó un paro de labores producto de las pésimas condiciones de seguridad que padecen, y con la intención de prevenir sucesos tan dolorosos como los de Pasta de Conchos.

Cananea es un asunto de interés nacional y así debe ser abordado. Ningún interés, particular o de grupo puede estar por encima del interés nacional, ni una población histórica puede ser rehén de interminables litigios que han puesto en riesgo su propia supervivencia. Por la vía jurídica se ha logrado derrotar ante los tribunales superiores de nuestro país a la empresas canadienses y al mismo Grupo México, pero frente a estas victorias, no ha habido voluntad de parte del gobierno federal para llevarlas al terreno de los hechos.

Las empresas mineras son especialistas en provocar conflictos al interior de las comunidades cuyas tierras ambicionan para sus jugosos negocios, hacen un estudio socioantropológico de los habitantes del lugar, así detectan el comportamiento de la gente. Contratan a los más carentes de escrúpulos y los utilizan para sus grupos de choque, a otros los controlan con empleos y regalías, incluso les pagan sin trabajar.

La única forma de que estas empresas operen es a base de amplias redes de corrupción y actos delictivos, su control se extiende desde autoridades municipales, estatales y federales, especialmente se incrustan en dependencias ambientales, autoridades académicas, congresos locales; intervienen y costean los procesos electorales, escogen sus candidatos a presidentes municipales para tener control político de las comunidades, dejando al descubierto la gran capacidad de estas empresas para tejer sus redes de corrupción, y la fragilidad del sistema oficial ante las mismas.

Otro ejemplo devastador, es la actividad que realizan las mineras canadienses. En el cerro de San Pedro en el estado de San Luis Potosí, la empresa New Gold, tiene un consumo de 32 millones de litros diarios que extraen de un acuífero que surte 40 por ciento de todo el estado y que se abate peligrosamente dado que se le extrae lo doble de su recarga, esto sin contar con los problemas a la tierra, ya que miles de hectáreas quedarán inutilizadas de por vida para cualquier actividad productiva; se denunció el solapamiento de las autoridades por el hecho de que a pesar de las denuncias interpuestas por la comunidad, trabajadores y organizaciones opositoras, las mineras siguen operando en estas condiciones.

En la mina Metallica Resources Inc, ahora New Gold Minera San Xavier, se ha demostrando con suficiente claridad la inconstitucionalidad de los proyectos mineros, pero las autoridades no actúan; otro ejemplo es el caso de la reserva de Wirikuta. El pasado 24 de mayo, el gobierno federal anunció medidas para proteger y conservar el territorio sagrado de los wixárikas o huicholes, conocido como Wirikuta. Se señaló entonces que la empresa minera First Majestic Silver Corp cedía al mismo gobierno parte de su superficie concesionada para ser declarada reserva minera nacional y se preserven los sitios sagrados de los wixárikas.

Sin embargo, integrantes del Consejo Regional Wixárika para la Defensa de Wirikuta, señalaron que dicho anuncio estuvo incompleto y lleno de “datos falsos”, pues la compañía minera First Majestic Silver Corp., nunca tuvo planes de realizar explotaciones mineras en las 761 hectáreas que cedió al gobierno, es decir, sólo se devolvieron superficies que no son de interés minero y por tanto económico.

Siguen en su poder 5 mil hectáreas concesionadas para la minería, además, existen en total alrededor de 97 mil hectáreas sujetas a concesiones mineras en el área del Wirikuta y un gran proyecto llamado Universo , de la también compañía minera canadiense Revolution Resourses, que comprende más de 59 mil hectáreas, equivalente a 42 por ciento del territorio de Wirikuta. Esta discusión sobre el desarrollo de proyectos mineros en este territorio, ubica al tema de la minería en la agenda pública, algo que es necesario debido a que jamás ha habido tanta actividad minera en el país como en los últimos 10 años.

La actividad minera ha sido y es uno de los ejes económicos de nuestro país. Basándonos en datos proporcionados por la Cámara Minera de México (Camimex). En el 2011, la minería duplicó las divisas derivadas del turismo, y es el cuarto sector como generador de divisas, sólo atrás de la industria automotriz, la electrónica y el petróleo. Y, empleó de manera directa a 323,431 trabajadores, y a más de 1.5 millones de manera indirecta.

El valor anual de su producción alcanzó en el 2011, los 20,148 millones de dólares; y 22,526 divisas generadas.

Nuestro país, tiene los primeros 10 lugares en la producción de 18 minerales.

El gran desarrollo de la minería en México se debe, especialmente, al auge de los metales preciosos en los mercados financieros. A partir de la crisis económica del 2008 en Estados Unidos y Europa, el precio del oro empezó a incrementarse por la alta especulación en los mercados financieros, asimismo por su utilización como inversión de reserva o protección. Como resultado, durante la última década, su precio se incrementó un 428 por ciento. También, el precio del cobre, a lo largo del mismo lapso, se incrementó un 406 por ciento, el del plomo un 344 por ciento, y el de la plata un 522 por ciento, por citar algunos.

Ante tal demanda, nuestro país ha logrado consolidar su posición en el mundo, tanto en lo que se refiere a atracción de inversión en exploración minera, como en producción de minerales metálicos y no metálicos.

Específicamente en cuanto al primer aspecto, tan sólo el año pasado la inversión total aumentó 42.7 por ciento respecto al año previo, al pasar de 3,316 millones de dólares a 4,731 millones. Hoy, la cifra ya supera los 5 mil millones de dólares. La Cámara Minera de México (Camimex) estima una inversión total superior de 21 mil millones de dólares para el periodo 2007-2012.

México se ubica entre los primeros 18 lugares del mundo en la producción de 22 minerales diferentes, ocupando el primer lugar en producción de plata y encontrándose entre los 10 principales en la extracción de oro, bismuto y plomo.

Lo anterior, aunado al referido aumento en los precios de los minerales, se traduce en que en 2011, el valor de la producción minera fuera de 16 mil 761 millones de dólares, una cifra mayor en un 46 por ciento, respecto a 2010. Como porcentaje del PIB, en dicho año, la minería ampliada (excluyendo petróleo) representó el cinco por ciento, ubicándose como el tercer rubro productivo después del sector automotriz y del petróleo.

Ese mismo año, según cifras de la Camimex, las exportaciones tuvieron un valor de 22 mil 526 millones de dólares, un crecimiento de 45 por ciento con respecto a 2010, ubicándose como el cuarto generador de divisas netas al país con un monto de 22 mil 516 millones de dólares.

Además, en su informe de 2012 reporto por concepto de uso de combustibles 32 mil 578 millones de pesos, lo que represento un aumento del 103 por ciento mayor al registrado a 2011. La minería ocupa el quinto lugar en el consumo de energéticos, originado de los altos costos de estos, por lo que la minería demanda preciso más competitivos.

En este contexto, para diversas regiones de nuestro país, la minería constituye la principal actividad económica y la principal fuente de trabajo para sus pobladores.

Además de generar más empleos directos e indirectos que se registraron en mayo de 2013, la ocupación ascendió a 337 mil 598 cargos directos y más de 1.6 millones indirectos, esto, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como incrementar el salario de cotización promedio al 37 por ciento registrado en la STPS a finales de 2012.

Esta riqueza se acumula en unas cuantas manos y, no impacta como se debiera a favor del desarrollo de la Nación, del bienestar de los mineros y sus familias y de las comunidades.

La política industrial minera debe estar privilegiada por el incremento de la productividad y vincula a los ejes de fortalecimiento del mercado interno; fomento industrial; promoción de la innovación; incremento a la digitalización de las empresas y la protección a la economía familiar.

A pesar de esta trascendente riqueza natural, el país no ha podido aprovechar plena y sustentablemente estos recursos. Los ataques a nuestra soberanía son evidentes, la libertad de organización y las demandas de justicia se ven anuladas.

El periódico La Jornada (Juan Antonio Zúñiga) publicó un espeluznante recuento: en un negocio sin par, las empresas mineras extranjeras y nacionales que operan en México extrajeron 79 mil 388 kilogramos de oro puro en 2011, la mayor producción anual de este metal en por lo menos 31 años, según informó el INEGI. Paradójicamente, el país se convirtió ese año en el principal comprador de oro en el mundo, al adquirir 98 mil kilogramos de ese metal por un monto de 5 mil 300 millones de dólares, de acuerdo con cifras del FMI. La cantidad de oro extraído del subsuelo mexicano durante el año pasado fue 121 por ciento mayor a la obtenida al iniciar sus funciones el segundo gobierno surgido del PAN, cuando la producción anual fue de 35 mil 899 kilogramos en 2006. Pero el valor a precios del mercado internacional del oro extraído en 2011 fue superior en 476 por ciento al de cinco años antes. El precio de la onza troy de este metal se situaba en 629.79 dólares en diciembre de 2006, mientras en el mismo mes de 2011 se pagaban mil 640 dólares, lo cual implicó un incremento de 160 por ciento en la cotización del metal que desde hace 600 años constituye el delirio del mercantilismo. Así, el valor de la producción de oro mexicano en 2011 puede estimarse en alrededor de 4 mil 592 millones de dólares, mientras que la de hace cinco años se calcula en unos 797.5 millones de dólares, equivalentes a 17 por ciento de aquella con la que iniciara esta administración.

“Como en este espacio se ha comentado, alrededor de 26 por ciento del territorio nacional (52 millones de hectáreas) ha sido concesionado por el gobierno federal a consorcios mineros privados, que pagan, si lo hacen, entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada. De acuerdo con la Cámara Minera de México, la empresa canadiense Goldcorp es la mayor productora de oro en el país, la cual no sólo se beneficia del metal nacional, sino del sostenido aumento del precio internacional (alrededor de 700 por ciento en los últimos ocho años) hasta llegar a un nivel histórico, al que ahora compra el gobierno federal, el mismo que concesiona las zonas mineras. Para dar una idea de qué se trata, la industria minera en México ha dejado atrás la industria turística en lo que a captación de divisas se refiere (en 2010, 15 mil 500 millones de dólares y 11 mil 900 millones, respectivamente), y se ubica sólo por debajo de las remesas (21 mil 300 millones). Casi 26 por ciento de la extracción minera en México es oro (alrededor de 4 mil millones de dólares sólo en 2010), y toda ella queda en manos de particulares concesionados, a quienes el gobierno federal les compra el oro mexicano con dinero de los mexicanos.

“.... tanto ha dado y sigue dando esta tierra, que sólo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras –con las canadienses a la cabeza– extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, en lo que hoy es México, de acuerdo con la citada estadística. En esa década panista, con Fox y Calderón en Los Pinos, los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y 28 mil 274 toneladas de plata de las minas mexicanas, contra 182 y 53 mil 500 toneladas, respectivamente, en los tres siglos citados. Ello, sin olvidar que 20 años atrás las invaluables reservas nacionales de cobre se entregaron a una sola empresa, Grupo México, cuyo dueño, Germán Larrea (el segundo hombre más rico del país), ni siquiera hizo el intento de rescatar los cuerpos de los 63 mineros que, cinco años después de la explosión, se mantienen bajo cientos de toneladas de tierra en la mina Pasta de Conchos, Coahuila”. (Fernández Vega, Carlos,“México, S.A”,México, diario La Jornada, 23 de marzo de 2012.)

La industria minera nacional debe estar comprometida y obligada a mantener operaciones que alcancen un equilibrio económico, social y ambiental. La política minera estará enfocada a fomentar, impulsar y fortalecer la minería responsable; vinculado a mantener operaciones que arrojen beneficios sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades.

Por todo lo anterior no dejemos de recordar que, el desarrollo sustentable o sostenido es la distribución igualitaria de los recursos como el agua, petróleo, carbón, que no se encuentran distribuidos homogéneamente en el planeta, así como tampoco es uniforme el consumo de estos recursos.

La industria minera sigue siendo una división vulnerable por los procedimientos de distribución en las zonas marginadas, asiladas, transitadas o restringidas, sumado a la movilidad de los productos mineros de un lugar a otro, con minerales y materiales. Es fundamental promover medidas que garanticen las dimensiones de seguridad en las operaciones de transporte de metales y la integridad del personal que labora en ella fundamentalmente.

Esto sin dejar a un lado que se debe fortalecer el carácter preventivo de la evaluación de impacto ambiental y garantizar la sustentabilidad de estas actividades.

Argumentación

México desempeña un papel importante en la producción mundial de minerales metálicos y no metálicos, siendo el primer productor de plata, celestina y bismuto, segundo en fluorita, cuarto en arsénico, antimonio, plomo y cadmio, noveno en oro, décimo en tungsteno y onceavo en cobre; todos ellos materias primas fundamentales para los países desarrollados y en vías de desarrollo como nuestro país.

A pesar de esta riqueza natural el país no ha podido aprovechar plena y sustentablemente estos recursos, el pacto social principio rector de nuestra Constitución Política, ha sido desmantelado con diversas reformas constitucionales antisociales, tal es el caso de la reforma en 1992 al artículo 27 constitucional, que dio origen a la Ley Minera, Ley Agraria, Ley de Aguas Nacionales y otras, abriendo con esto una nueva dependencia nacional respecto de las potencias extranjeras.

En la actualidad, las empresas mineras consumen y contaminan grandes cantidades de agua para sus procesos de lixiviación, por ejemplo el tajo a cielo abierto de Mazapil, Zacatecas (una zona semidesértica con grave escasez de agua), utiliza para sus procesos de lixiviación 94 millones de litros diarios de agua, por cada dos litros de agua, utilizan un gramo de cianuro de sodio, una parte de esta agua, aproximadamente 50 por ciento, se evapora y forma nubes de ácido cianhídrico que viajan por efecto de los vientos distancias que pueden llegar a cientos de kilómetros precipitándose como lluvias ácidas, esto contamina la atmósfera y afecta el ciclo hidrológico.

No debemos omitir que el consumo de los energéticos en el sector minero, representa un incremento gradual derivado por una mayor actividad, a pesar de contar con subsidios aplicados en forma integral, esto ha orillado a varios países, incluyendo México a realizar exploraciones de nuevas alternativas que satisfagan las necesidades energéticas, motivadas por la necesidad de abatir los costos y reducir los niveles de contaminación. La industria minera debe tener a futuro como objetivo central, disponer de una energía alterna al petróleo.

Además, es importante señalar como antecedente que durante la LXI Legislatura, se manifestó la preocupación por esta problemática surgida por conflictos mineros en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero; y Sombrerete, Zacatecas; muchos de los cuáles aún continúan, es necesario dar seguimiento a la problemática surgida en el sector de todo el país, por lo que surge la necesidad ya no solo de contar con una comisión especial de minería, sino de crear una comisión ordinaria Minera, la situación que atraviesa el país en este sector no es menor, por lo que se requiere un impulso que desde este Congreso de la Unión se puede dar.

El párrafo tercero del artículo 1o. Constitucional señala, sin distingo de autoridades, dentro de las cuales queda desde luego comprendido el Congreso de la Unión, su obligación de respetar y promover los derechos humanos, veamos la parte conducente:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Con base a este mandato y, como ha sucedido ya en otros campos del derecho, la Ley Minera debe ser adecuada por el Legislativo federal a la exigencia central de respeto a los derechos humanos.

Pero no sólo a este reclamo, tenemos también que adecuarla a las puntuales exigencias del artículo 27 Constitucional.

El artículo 27 Constitucional tercer párrafo, establece de manera expresa que:

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana...

“Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.”

Diversas voces han estado señalando de manera reiterada, la necesidad, que el Congreso asuma la responsabilidad de atender el tema minero, pues forma parte de los estratégicos sectores de la actividad industrial del país.

Fundamento legal

Por lo expuesto, los suscritos diputados integrantes de la Comisión Especial de Minería de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 39, numeral 2, fracción XXXVI, recorriéndose las demás fracciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la comisión ordinaria de Minería

Artículo único:Se reforma artículo 39, numeral 2, fracción XXXVI, recorriéndose las subsecuentes de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Las comisiones ordinarias serán:

I. Agricultura y Sistemas de Riego;

II. Agua Potable y Saneamiento;

III. Asuntos Frontera Norte;

IV. Asuntos Frontera Sur-Sureste;

V. Asuntos Indígenas;

VI. Asuntos Migratorios;

VII. Atención a Grupos Vulnerables;

VIII. Cambio Climático;

IX. Ciencia y Tecnología;

X. Competitividad;

XI. Comunicaciones;

XII. Cultura y Cinematografía;

XIII. Defensa Nacional;

XIV. Deporte;

XV. Derechos de la Niñez;

XVI. Derechos Humanos;

XVII. Desarrollo Metropolitano;

XVIII. Desarrollo Municipal;

XIX. Desarrollo Rural;

XX. Desarrollo Social;

XXI. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;

XXII. Economía;

XXIII. Educación Pública y Servicios Educativos;

XXIV. Energía;

XXV. Equidad y Género;

XXVI. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XXVII. Fortalecimiento al Federalismo;

XXVIII. Ganadería;

XXIX. Gobernación;

XXX. Hacienda y Crédito Público;

XXXI. Infraestructura;

XXXII. Justicia;

XXXIII. Juventud;

XXXIV. Marina;

XXXV. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXXVI. Minería

XXXVII. Pesca;

XXXVIII. Población;

XXXIX. Presupuesto y Cuenta Pública;

XL. Protección Civil;

XLI. Puntos Constitucionales;

XLII. Radio y Televisión;

XLIII. Recursos Hidráulicos;

XLIV. Reforma Agraria;

XLV. Relaciones Exteriores;

XLVI. Salud;

XLVII. Seguridad Pública;

XLVIII. Seguridad Social;

XLVIX. Trabajo y Previsión Social;

L. Transparencia y Anticorrupción;

LI. Transportes;

LII. Turismo, y

LIII. Vivienda.

3. ...

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de septiembre de 2013.— Diputados: Torres Cofiño Marcelo de Jesús (rúbrica), Bonilla Gómez Adolfo (rúbrica), Trinidad Morales Vargas (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Noé Barrueta Barón, Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Blas Ramón Rubio Lara, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Blas Ramón Rubio Lara:Con permiso, señor presidente. Con el apoyo de los diputados de Sinaloa del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXII Legislatura vengo ante ustedes a esta máxima tribuna a presentar iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 14 de la Ley General de Educación, recorriéndose la actual para crear la figura del psicólogo escolar.

La tarea de la escuela debe garantizar la construcción y transformación de la cultura y los conocimientos. Pero hoy en día, la escuela del siglo XXI debe constituirse en el escenario de la crítica y en el análisis de las realidades sociales. En este marco, el de las realidades sociales, donde todos los sectores que contribuimos en la educación tenemos la responsabilidad de crear ambientes seguros, sanos y de apoyo para propiciar condiciones que detonen la competitividad individual y colectiva.

Cuando hablamos de realidades sociales es oprobioso esconder la drogadicción, el alcoholismo, la disfunción familiar, la violencia, los trastornos patológicos psicosociales: autismo, hiperactividad, afectación emocional, obesidad y bulimia.

En razón de los trastornos de los que hacemos referencia, está más que aprobada la rentabilidad de la intervención psicológica temprana en la infancia y la adolescencia. También nuestro sistema educativo —como en la mayoría de los países desarrollados— debe contar con la colaboración en su estructura orgánica de psicólogos escolares especializados para implementar con cada miembro de la comunidad escolar —estudiantes, maestros, padres de familia, etcétera— procesos de motivación, comportamiento, aprendizaje, desarrollo afectivo y, sobre todo, salud mental.

A este fin, estimo la valiosa reflexión de Marina Castañeda cuando se pregunta, ¿cómo es posible que les enseñemos a los niños la teoría de los grupos en matemáticas y que no les enseñemos a vivir en grupo? Que les enseñemos a leer y a escribir, y no a expresar con claridad sus ideas y emociones. Que les enseñemos a hablar, más no escuchar. A obedecer al maestro, pero no a resolver conflictos con sus padres. Que les enseñemos cómo ganar y no cómo perder una competencia. Que les enseñemos a ser activos y emprendedores, pero no a estar quietos y en silencio.

Reitero, compañeros legisladores, que la creación de esta figura del psicólogo escolar —obligatorio en primarias, secundarias y media superior— vendrá a complementar el trabajo de los educadores sin invadir ninguna esfera de competencia, procurando controlar la salud mental en nuestras escuelas y no limitarnos únicamente a la atención correctiva.

Proponemos la creación de la figura del psicólogo escolar. Este propósito se apoya esencialmente en tres premisas; una, porque la escuela, después del hogar, es el segundo espacio de formación intelectual y personal de los niños y jóvenes; dos, si la expresión de los trastornos mentales y del comportamiento se manifiesta en el espacio escolar, en consecuencia repercutirá en detrimento del desarrollo económico y la personalidad de los estudiantes; tres, la magnitud, el comportamiento y las consecuencias de los trastornos mentales ameritan la creación de mecanismos que acerquen los servicios de salud mental a la población infantil y juvenil, y con ello avanzar también en el combate de los prejuicios que impiden que la población acuda a estos servicios.

Las diversas situaciones de los niños en su entorno específicamente familiar consideramos que también debe atenderse en términos de salud mental. Por ejemplo, los hijos de padres enfermos mentales, de padres divorciados, de padres solteros o madres solteras, niños adoptados, maltrato, abuso sexual, hospitalizaciones y enfermedades crónicas y violencia en centros educativos.

Sin duda el apoyo de un psicólogo escolar deberá coadyuvar en consecución del objetivo de que la escuela sea un espacio de formación, no solo de buenos estudiantes, sino mejores seres humanos previstos de habilidades para convivir. Avanzando en ese objetivo seguramente habrá menos suicidios, menos robos, menos enfermedades y menos pobreza.

Por lo anterior expuesto, solicito el valioso apoyo de esta asamblea para que se analice, discuta y apruebe la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII del artículo 14 de la Ley Federal de Educación, recorriéndose la actual para quedar como sigue:

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I a XII ...

XIII. Prestar servicios de apoyo para el desarrollo socioemocional de los estudiantes a través de psicólogos escolares, profesionales, con una sólida formación en psicología y educación, que cuenten con la acreditación de la Secretaría para prestar a la población escolar servicio para el desarrollo de estrategias de aprendizaje, intervención en crisis, acompañamiento y canalización.

XIV. Las demás que con tal carácter establezcan en esta ley y otras disposiciones aplicables.

Transitorios

Primero. La Secretaría emitirá, en un plazo de 120 días naturales posteriores a la aprobación del presente decreto, los criterios específicos para la acreditación de competencias de los profesionales que habrán de desempeñarse como psicólogos escolares.

Segundo. La Cámara de Diputados considerará dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año 2014 los recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones derivadas del presente decreto.

Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Blas Ramón Rubio Lara y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado Blas Ramón Rubio Lara, con el respaldo de los diputados Heriberto Galindo Quiñones, Román Alfredo Padilla Fierro, Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Jesús Antonio Valdez, Mirna Velázquez López, Raúl Santos Galván, todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Sinaloa, de la LXVII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 1 del artículo 6, así como los artículos 77, 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII, recorriéndose la actual, del artículo 14 de la Ley General de Educación, a tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pleno acceso a la salud mental en nuestro país es una meta de la que estamos aún lejos y sin embargo, la problemática de salud pública que comportan los trastornos mentales y del comportamiento es muy compleja y vasta.

Como bien refiere Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS, los estudios revelan que 25 por ciento de la población nacional, esto es, uno de cada cuatro mexicanos, enfrentará en algún momento de su vida alguna enfermedad mental o episodio.

Se estima que cada año en promedio mueren en México 4 mil 370 personas por trastornos mentales y del comportamiento, de los cuales 70 por ciento están asociados con el consumo de sustancias psicoactivas.

En el mundo y en el país, la prevalencia de trastornos mentales es alta, destacándose la depresión: “de acuerdo con el texto Depresión: estado actual y la necesidad de políticas públicas en México, editado por el Instituto Nacional de Salud Pública, hay alrededor de 350 millones de personas en todo el mundo que viven deprimidas.”

De acuerdo con investigaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría Doctor Ramón de la Fuente, en México, las personas que padecen enfermedades físicas crónicas están más expuestas a padecer trastornos mentales. Por ejemplo, la probabilidad de que las personas diabéticas vivan eventos depresivos duplica la probabilidad que presentan las personas no diabéticas.

En detalle, tenemos que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica:

28.6 por ciento de la población presentó alguna vez en su vida algunos de los 23 trastornos de la Clasificación internacional de enfermedades (CIE), 13.9 por ciento lo reportó en los últimos 12 meses y 5.8 por ciento en los últimos 30 días. Los más frecuentes fueron:

Al cuestionarse sobre el padecimiento de trastornos alguna vez en la vida, los hombres muestran prevalencias más altas de cualquier trastorno: 30.4 por ciento, mientras que en las mujeres es de 27.1 por ciento. Por el contrario, el mediano plazo, últimos 12 meses, las mujeres presentan prevalencias globales más elevadas para cualquier trastorno 14.8 por ciento contra 12.9 por ciento que presentan los hombres.

En el análisis específico de los trastornos individuales, se muestra que las fobias específicas ocupan el primer lugar:

Fuentes refiere que, de acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre los años 2002 y 2011, en México se registraron 43 mil 700 defunciones por trastornos mentales y del comportamiento. No obstante el decrecimiento de la tendencia en la mortalidad por este tipo de padecimientos, se observa que entre 2007 y 2010 hubo repuntes de consideración: por ejemplo, en 2007 el número de fallecimientos anuales fue de 4 mil 056 y en 2008 de 4 mil 034; en 2009 y 2010 las cifras llegaron a 4 mil 194 y 4 mil 401 casos, respectivamente; mientras que en 2011, nuevamente desciende, para situarse en los 4 mil 179 casos.

Las entidades con mayor número absoluto de defunciones por trastornos mentales son:

Al considerar la proporción de fallecimientos derivados de trastornos mentales y del comportamiento con relación al número total de fallecimientos por entidad, la prelación de las entidades cambia:

Entre las defunciones derivadas de trastornos mentales, prácticamente 70 por ciento recaen en la categoría de decesos por consumo de sustancias psicoactivas, lo cual pone de manifiesto la estrecha correlación entre consumo de drogas y mortalidad asociada a las alteraciones de la salud mental.

En lo que respecta a la problemática específica que afecta a la población en edad escolar, es conveniente subrayar algunos aspectos.

Los trastornos que afectan a edades más tempranas a la población mexicana, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología, antes citada, son la ansiedad de separación (que presenta una mediana de inicio de 5 años), el trastorno de atención (6 años), seguidos de la fobia específica (7 años) y el trastorno oposicionista (8 años).

Se puede afirmar que, con excepciones como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conducta suicida y los trastornos de la conducta alimentaria, la gama de trastornos que reviste la psicopatología infantil y de la adolescencia es poco visible: trastornos psicosomáticos, de la psicomotricidad, patología del habla y lenguaje durante el desarrollo, de la expresión conductual, abuso y adicción a drogas, trastornos del sueño, de la eliminación, del desarrollo psicosexual, ansiedad en niños y adolescentes, trastornos del estado de ánimo y trastornos reactivos y de adaptación.

Las diversas situaciones de los niños en su entorno familiar específico significan también materias a atenderse en términos de salud mental, por ejemplo, los hijos de padres enfermos mentales, de padres divorciados, de madres o padres solteros, niños adoptados, maltrato, abuso sexual, hospitalizaciones y enfermedades crónicas.

Otros temas actuales en psicopatología infantil y de la adolescencia lo constituyen el uso y abuso de la tecnología, la situación del niño migrante, el niño sustraído ilegalmente de su hogar, la trata de niños, niñas y adolescentes, padres adictos, prostitución y pornografía infantil, niños trabajadores, embarazo en la adolescencia y violencia en los centros educativos ( bulliyng).

Hacemos hincapié en el suicidio, la más grave complicación derivada de trastornos mentales y del comportamiento, ya que ilustra claramente la magnitud del problema de la salud mental en nuestro país, tanto de manera general como de la población en edad escolar en específico.

En tres décadas la tasa de incidencia de suicidios pasó de 2 por cada 100 mil habitantes a 7.6 , lo cual significa que prácticamente se cuadruplicó.

En 2011 se registraron 5 mil 718 muertes auto-infligidas, mismas que de acuerdo con Eduardo Madrigal de León, presidente de la Asociación Siquiátrica Mexicana, se derivan de un trastorno mental no atendido.

Se calcula que en 80 por ciento de los casos hubo al menos un antecedente de consulta médica o petición de ayuda, misma que no fue atendida o fue inadecuada.

De manera especial, se dirige la atención al segmento de jóvenes de entre 15 a 24 años de edad, que constituyen el 42 por ciento de las personas que comenten suicidio.

A propósito de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio de 2012, el Inegi dio a conocer que ésta es la tercera causa de muerte entre los adolescentes mexicanos, después de las agresiones y accidentes automovilísticos.

En 2010 se registraron 6.2 suicidios por cada 100 mil adolescentes, entre cuyas causas se identifican problemas originados en la rigidez del entorno familiar, separaciones, pérdidas familiares, problemas escolares, alcoholismo o drogadicción.

Se reconoce que la adolescencia es una etapa de la vida en la que se exacerban los factores que pueden influir en la decisión de cometer suicidio. La inexperiencia y falta de madurez emocional, generan importantes riesgos de sufrir decepción, frustración, depresión, angustia y soledad, emociones que, aunadas a la conducta impulsiva que caracteriza la etapa adolescente, pueden detonar eventos suicidas.

Como es notorio, la gama de asuntos que impactan sobre la salud mental de niños y adolescentes en edad escolar es amplia; conforme transitamos hacia la etapa juvenil, se añaden otros niveles de complejidad.

En la juventud, cobran especial importancia los efectos emocionales y psicológicos de las relaciones interpersonales y, al llegar a la mayoría de edad, los cambios que implica el nuevo grado de autonomía y libertad del que gozan los jóvenes. Tabaquismo, abuso de alcohol y sustancias psicoactivas, baja autoestima, bulimia, anorexia, desorientación vocacional, falta de sentido de vida, son facetas de la problemática específica de los jóvenes en el área psicoemocional.

Otro aspecto ampliamente explorado por los especialistas de la materia es la falta de una cultura de la salud mental. Se considera que, en general, persiste un estigma en torno de las enfermedades mentales, lo cual dificulta que las personas acudan en busca de servicios médicos especializados.

La falta de conocimiento sobre los trastornos mentales y del comportamiento implica también que existan grandes dificultades para su identificación y atención oportunas; cuando las personas logran generar conciencia sobre su necesidad de ayuda, en muchas ocasiones, ante el desconocimiento de opciones terapéuticas profesionales, recurren a métodos de dudosa utilidad que con frecuencia complican el cuadro.

La comprensión de los trastornos mentales y de la conducta como problemas de salud que pueden y deben ser atendidos por especialistas es una asignatura sobre la que resta una gran labor.

Conocer que la ciencia médica ha desarrollado herramientas con criterios clínicos específicos que pueden ayudar a los pacientes a identificar un padecimiento psicológico o psiquiátrico que amerite intervención terapéutica o farmacológica y para elegir, conforme ese conocimiento, la opción que mejor les convenga.

Reconocer que estos trastornos pueden resultar no sólo de situaciones de vida, sino que también pueden ser producto de alteraciones en la estructura bioquímica del cerebro, de la baja producción de sustancias como la serotonina y la noradrenalina, para cuya recuperación es necesaria atención médica especializada.

Entender que estos padecimientos pueden ser algo tan natural como, por ejemplo, los problemas digestivos causados por déficits enzimáticos, y que asimismo, se pueden lograr importantes beneficios con una adecuada prescripción médica.

Lograr que el trastorno mental y del comportamiento deje de ser un asunto vergonzante que debe ocultarse entre los muros del hogar.

Tareas todas que plantean un cambio cultural profundo.

Asistimos a un momento de importantes discusiones en torno de la transformación del sistema educativo mexicano. Discusiones en las que, sin lugar a duda, hay un área de confluencia: la convicción de que la educación es el medio principal para la superación personal y la transformación social.

Podríamos afirmar tal vez que las grandes revoluciones contemporáneas, las de mayor alcance, profundidad y potencial transformador, han de surgir en las escuelas.

En atención de ello, es oportuno considerar que la escuela puede ser el espacio desde donde se transforme la visión que actualmente prevalece sobre las enfermedades mentales y donde los niños y jóvenes encuentren una primera línea de atención que les provea elementos para un mejor aprendizaje escolar, para la resolución de conflictos y para la atención de trastornos mentales y del comportamiento que les aquejan.

Como un mecanismo para abordar esta problemática, proponemos la creación de la figura del psicólogo escolar. Éste propósito se apoya, esencialmente, en tres premisas:

I. La escuela, después del hogar, es el segundo espacio de formación intelectual y personal de los niños y jóvenes.

II. La expresión de los trastornos mentales y del comportamiento se manifiesta en el espacio escolar y obra en detrimento del desarrollo académico y de la personalidad de los estudiantes.

III. La magnitud y consecuencias de los trastornos mentales y del comportamiento ameritan la creación de mecanismos que acerquen los servicios de salud mental a la población infantil y juvenil y con ello avanzar también en el combate de los prejuicios que impiden que la población acuda a estos servicios.

Se vislumbra una enorme área de oportunidad en la eficacia de la intervención oportuna, a través de la figura del psicólogo escolar, para ayudar a los niños y jóvenes a generar estrategias de aprendizaje, para trabajar con los estudiantes con alguna discapacidad, talentos especiales, con problemas de consumo de drogas u otras sustancias psicoactivas y para la prevención y manejo de crisis.

Con esta propuesta se busca generar un mecanismo de apoyo para el desarrollo armónico de los estudiantes en los planos académico, social y emocional y con ello crear ambientes de aprendizaje sanos, seguros, creativos y estimulantes.

Consideramos que es tiempo de visibilizar en toda su magnitud la problemática de salud mental que afecta a la población mexicana, especialmente a la población escolar, y emprender acciones firmes aprovechando herramientas desarrolladas por la ciencia de la psicología y la sociología para favorecer el entendimiento y el desarrollo de la personalidad humana.

Es tiempo de asumir que la educación no puede limitarse a una acumulación de saberes, sino que tiene que incorporar aprendizajes significativos sobre las tareas fundamentales de la vida: relacionarnos con los demás, crecer, madurar, envejecer y morir.

A este fin, estimo valiosa la reflexión de Marina Castañeda cuando se pregunta “Cómo es posible que les enseñemos a los niños la teoría de los grupos, en matemáticas, y que no les enseñemos a vivir en grupo; que les enseñemos a leer y escribir y no a expresar con claridad sus ideas y emociones; que les enseñemos a hablar, mas no a escuchar; a obedecer al maestro, pero no a resolver conflictos con sus pares; que les enseñemos cómo ganar, y no cómo perder una competencia; que les enseñemos a ser activos y emprendedores, pero no a estar quietos y en silencio.”

Sin duda, el apoyo de un psicólogo escolar deberá coadyuvar en la consecución del objetivo de que la escuela sea un espacio de formación no sólo de buenos estudiantes sino de mejores seres humanos, mejor provistos de habilidades para convivir; avanzando en ese objetivo seguramente habrá menos suicidios, menos robos, menos enfermedades y menos pobreza; seremos mejores ciudadanos, personas más emprendedoras, productivas, creativas y solidarias.

En esa convicción, solicito el valioso apoyo de esta asamblea para discutir y aprobar la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción XIII, recorriéndose el actual, del artículo 14 de la Ley General de Educación

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. al XII. ...

XIII. Prestar servicios de apoyo para el desarrollo psicoemocional de los estudiantes a través Psicólogos Escolares, profesionales con una sólida formación en psicología y educación, que cuenten con la acreditación de la Secretaría para prestar a la población escolar servicios para el desarrollo de estrategias de aprendizaje, intervención en crisis, acompañamiento y canalización.

XIV.Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

Transitorios

Primero.La secretaría emitirá, en un plazo de 120 días naturales posteriores a la aprobación del presente decreto, los criterios específicos para la acreditación de competencias de los profesionales que habrán de desempeñarse como psicólogos escolares.

Segundo.La Cámara de Diputados considerará dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año 2014, los recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones derivadas del presente decreto.

Notas:

1. Fuentes, Mario Luis, Director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social A.C. (CEIDAS),  “Salud mental: una agenda invisible”, Excélsior y Revista México Social, México, 16 de julio de 2013, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/07/16/909049

2. Fuentes. Op. Cit.

3. Fuentes. Op. Cit.

4. Prevalencia de trastornos mentales y uso de servicios: resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México. Ma. Elena Medina Mora, et. Al. Revista Salud Mental, Vol. 26, No. 4, agosto 2003, http://es.scribd.com/doc/6616323/Encuesta-Nacional-Epidemiologia-Psiquiatrica, p. 2

5. Prevalencia de trastornos mentales y uso de servicios: resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México. Ma. Elena Medina Mora, Guilherme Borges, Carmen Lara Muñoz, Corina Benjet, Jerónimo Blanco Jaimes, Clara Fleiz Bautista, Jorge Villatoro Velázquez, Esthela Rojas Guiot, Joaquín Zambrano Ruiz, Leticia Casanova Rodas, Sergio Aguilar Gaxiola. Revista Salud Mental, Vol. 26, No. 4, agosto 2003, http://es.scribd.com/doc/6616323/Encuesta-Nacional-Epidemiologia-Psiquiatrica

6. Cruz Martínez, Ángeles. Se cuadruplica el número de suicidios en sólo tres décadas, La Jornada, México, 3 de abril de 2013, http://www.jornada.unam.mx/2013/04/03/sociedad/042n1soc

7. Cruz Vargas, Juan Carlos. “Más de 5 mil mexicanos se suicidaron en 2010: Inegi”, Revista Proceso, 6 de septiembre de 2012, http://www.proceso.com.mx/?p=319144

8. Castañeda, Marina. Escucharnos, México, Ed. Taurus, 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputados: Blas Ramón Rubio Lara, Román Alfredo Padilla Fierro, Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Mirna Velázquez López, Miriam Cárdenas Cantú, María de la Paloma Villaseñor Vargas, Faustino Félix Chávez, Leonor Romero Sevilla, Germán Pacheco Díaz, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, María del Rocío Corona Nakamura, Irma Elizondo Ramírez, Gabriel Gómez Michel, María Fernanda Schroeder Verdugo, Margarita Saldaña Hernández, Rosa Elba Pérez Hernández, Joaquina Navarrete Contreras, Juana Bonilla Jaime, Josefina Salinas Pérez, Leticia López Landero,  Alejandra López Noriega, Angelina Carreño Mijares, Consuelo Argüelles Loya, José Enrique Reina Lizárraga, Tania Margarita Morgan Navarrete, Genaro Carreño Muro, Ricardo Villarreal García, Leslie Pantoja Hernández, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, María Sanjuana Cerda Franco, Cristina Olvera Barrios, Lucila Garfias Gutiérrez, José Angelino Caamal Mena, José Pilar Moreno Montoya, Gabriela Medrano Galindo, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Salvador Ortiz García,  Luis Olvera Correa, Mayra Karina Robles Aguirre, Erick Marte Rivera Villanueva, Patricia Elena Retamoza Vega, Blanca María Villaseñor Gudiño, Adriana Hernández Iñiguez, Marco Antonio González Valdez, Elvia María Pérez Escalante, Leobardo Alcalá Padilla, Teresita de Jesús Borges Pasos, Verónica García Reyes, Roxana Luna Porquillo, Alma Marina Vitela Rodríguez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Xavier Azuara Zúñiga, Salvador Arellano Guzmán (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Blas Ramón Rubio Lara. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

VOLUMEN II

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza:Con el permiso de la Mesa Directiva. Agradezco a mi fracción permitirme presentar esta iniciativa. Con el permiso de cada uno de ustedes, a nombre de mi madre, de mi hermana, de las mujeres indígenas de mi estado hoy vengo a presentar ante este pleno una reforma al artículo 2o. de la Constitución.

Hoy, tras cumplirse los primeros seis años de que la Organización de las Naciones Unidas adoptara la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reafirma la importancia de los principios y enfoques establecidos hace casi un cuarto de siglo en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que describe y protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales, las mujeres de los pueblos originarios de México tenemos muy poco que celebrar y mucho por lo cual alzar nuestra palabra en pos de un país más igualitario, que reconozca nuestro derecho al ejercicio pleno de la libertad, de la justicia, del bienestar y de la democracia.

Por eso, me siento profundamente emocionada de compartir con ustedes una reflexión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navanethem Pillay (Navi Pillay), a quien conocí hace dos años. Trataré de citar y ser fiel a sus palabras, como si fuera ella misma quien las expresa: La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento que debe servir de inspiración para las mujeres y los hombres que buscan abrir espacios y derribar barreras. Pero lo más importante es que cada uno de manera individual sea parte de esa lucha para forjar todos los días los sueños de progreso y libertad de los pueblos del mundo.

Con la inspiración y el aliento de esa reflexión, vengo a decirles a las mujeres de México que es tiempo de darle un nuevo rostro a la realidad política del mundo indígena; hacer visible un nuevo marco de derechos y dejar atrás ese tufo racista que se esconde en el discurso paternalista del derecho consuetudinario.

México reconoce el derecho al sufragio femenino desde 1953. Sin embargo, luego de 60 años de esa histórica conquista, las mujeres indígenas de México seguimos atrapadas en la historia, atadas al pasado de discriminación y escondidas detrás de un estamento tradicional que nos impide al ejercicio pleno de ese derecho.

Con orgullo y dignidad, vengo a presentar ante ustedes una iniciativa que busca incorporar al texto constitucional un derecho que les fue negado a las mujeres de los pueblos y comunidades indígenas de este país y que hoy se esconde a discrecionalidad y a cuentagotas, a capricho y a conveniencia de muchas autoridades: el derecho de las mujeres y de todos los ciudadanos a ejercer el voto activo y pasivo en los municipios que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, y que muchas veces son abusos y costumbres.

La práctica de los usos y costumbres que impiden el ejercicio del voto activo y pasivo, no es sino la punta de la pirámide debajo de la cual subyace la permanente y sistemática trasgresión de los derechos sociales, económicos, políticos, sociales hacia las mujeres.

Resulta insólito y hasta increíble que en pleno 2013, el trabajo comunitario de las mujeres no se reconozca en las comunidades indígenas y, por lo tanto, no se les permita el derecho al ejercicio de roles de autoridad. Con ello se hace imposible que se logre ascender en la escala del reconocimiento comunitario y competir para un cargo de elección popular.

Todo esto es apenas un marco de referencia respecto a la realidad en la cual viven la mayoría de las mujeres indígenas de este país, donde no se tiene derecho a la tierra, a la herencia, a recibir educación, a ser tratadas con igualdad frente al hombre, a la elección libre de su pareja, ni al trabajo remunerado. En contraste, la mayoría de ellas siguen indefensas frente a la discriminación, al abuso, a la violencia, la enfermedad y la pobreza.

No se trata de una lucha en contra de los verdaderos usos y costumbres, se trata de armonizar el marco legal que concede garantías y obligaciones a todas y a todos los mexicanos de este país con las normas que rigen a los pueblos y comunidades indígenas de México.

Lo anterior, para que en aquellas entidades federativas en donde aún no se le reconoce a las mujeres indígenas su plena y total participación en los procesos electorales de sus comunidades, armonicen la legislación local y garanticen plenamente el derecho de las mujeres indígenas a votar y a ser votadas en condiciones de igualdad frente a los varones.

Por lo anterior, presento ante ustedes:

Único. Decreto que reforma la fracción III del apartado A del artículo 2o. de nuestra Carta Magna, para quedar como sigue:

Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno, garantizando que las mujeres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y a ser votadas en condiciones de igualdad con los varones, y acceder y desempeñar los cargos públicos de elección popular para los que hayan sido electas o designadas, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos y electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

Por lo anterior, dejo esta iniciativa a la consideración y pido que la auspicien con generosidad, porque hoy más que nunca necesitamos más mujeres indígenas ante esta tribuna y más presidentas municipales en sus comunidades. Muchas gracias.

Solicito al presidente que se turne también a la Comisión de Asuntos Indígenas. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Eufrosina Cruz Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del Apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo a la siguiente

Exposición de Motivos

“Nosotras, las mujeres de los pueblos originarios del mundo, hemos luchado activamente en defensa de nuestros derechos a la libre determinación y de nuestros territorios que han sido invadidos y colonizados por naciones e intereses poderosos. Hemos sufrido y continuamos sufriendo las múltiples expresiones de opresión; como pueblos indígenas, como ciudadanos de países colonizados y neo-coloniales, como mujeres, y como integrantes de las clases sociales más pobres”.

Primero. A lo largo de la historia de los pueblos indígenas, los hombres han dominado colectiva e individualmente a las mujeres y han prevalecido prácticas culturales violentas y perjudiciales contra ellas. Las mujeres se han adaptado a las normas sociales de la comunidad, las cuales se reproducen mediante el establecimiento de pactos sobre las mujeres, fundamentalmente en la perpetuación de su cultura, grupo social y comunitario. Esto se encuentra profundamente enraizado en las prácticas culturales de las comunidades indígenas, en algo que podría concebirse como sistema patriarcal indígena.

Dentro de la cartografía del poder político de los municipios indígenas del país, son pocas las mujeres que han llegado a los escenarios políticos del poder masculino, es decir, a los espacios de la política. Por circunstancias externas e internas, en el siglo XXI las mujeres han llegado a ocupar espacios que no están definidos como “femeninos”, me refiero específicamente a los puestos de elección popular. La presencia de las mujeres en el poder político transforma los estereotipos y agudiza algunas contradicciones de la democracia.

“La participación de la mujer en la vida política indirectamente se dio en el proceso revolucionario, donde ellas mismas sirvieron como correos, transportadoras de armas, enfermeras y en muchas otras actividades. Ya de manera formal la primera participación de la mujer mexicana en la vida política se registra en 1916 en la ciudad de Mérida, Yucatán en el Primer Congreso Feminista.

Esa misma entidad registra el primer lugar donde se reconoce el derecho al voto de las mujeres en las elecciones municipales en el año de 1922. Un año más tarde, en San Luis Potosí se aprueba la ley que permite a las mujeres alfabetizadas participar en procesos electorales; y en 1925, en Chiapas y Tabasco, se reconoce el derecho de la mujer a votar en elecciones municipales. Más tarde, en 1936, en Puebla se reconoce el voto femenino a nivel municipal. En el plano nacional, se registra el año de 1947, donde se reconoce el derecho de la mujer a votar y ser votada en los procesos municipales. Y seis años más tarde, en octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial, la modificación al texto constitucional por el cual se le otorgaba la plenitud de derechos políticos a la mujer mexicana. Votar y ser votada”.

Segundo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena en su artículo primero, párrafo quinto, que queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De igual modo, el artículo segundo de la Constitución indica que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Agrega que son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El Apartado A del mencionado artículo segundo menciona que la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

De la lectura conjunta de ambos artículos se desprende que el texto constitucional garantiza, por un lado, la no discriminación por pertenecer a una minoría, como pueden serlo las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, las minorías religiosas, etcétera y, por la otra, el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o representantes, haciendo especial énfasis en que se debe garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad con los hombres.

Por ello, la lectura de ambos artículos constitucionales debe ser entendida en el sentido de que deben ser protegidas y, por ende, no ser discriminadas, las minorías de todo tipo, incluidas aquellas minorías que conviven dentro de una comunidad indígena.

A mayor abundamiento, el artículo cuarto de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

En el mismo sentido, el artículo noveno, fracciones VIII y IX de dicha Ley Federal señala que se considerarán como conductas discriminatorias impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole, y negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas públicas y programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables.

De ahí que impedir el acceso o el ejercicio de los derechos de participación política, como lo es el derecho de votar y ser votado, constituye una forma de discriminación que atenta contra la Constitución y la Ley de la materia.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, abunda en este sentido al señalar en su artículo 3, párrafo 1, que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, y que las disposiciones del convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

Asimismo, el artículo 8, párrafos 1 y 2, de dicho Convenio, señala que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario, y que dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Como puede observarse, en el Convenio internacional adoptado por nuestro país se protege la no discriminación de los pueblos indígenas y el derecho que los mismos tienen para conservar sus costumbres y tradiciones propias, siempre y cuando las mismas sean compatibles con los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente.

El objetivo de la presente iniciativa que reforma la fracción III del artículo 2o. de nuestra Carta Magna, es fortalecer los mecanismos de protección a los derechos político-electorales de las ciudadanas y ciudadanos indígenas que pertenezcan a un pueblo o comunidad indígena y que se han visto excluidos de participar en los procesos electorales municipales, específicamente en diversos municipios regidos por el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos; aclarando que ésta no pretende modificar el sistema electoral bajo el régimen de usos y costumbres o sistemas normativos internos, que debe seguir vigente en aquellos municipios que así lo determinen, garantizando con ello el cumplimiento efectivo de la universalidad del sufragio.

La universalidad del sufragio significa que toda la población considerada mayor de edad puede votar independientemente de su raza, sexo, origen étnico o nacional, genero, creencias, condición social, etcétera.

Uno de los elementos en que descansa la autonomía de las comunidades indígenas es la posibilidad de elegir a sus autoridades de acuerdo a los sistemas electorales propios y el acceso de las minorías en el ejercicio del sufragio activo y pasivo, es decir, votar y ser votado.

Así, un ejemplo del ejercicio indebido del derecho a la libre autodeterminación, es el ocurrido en dos mil ocho, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un Informe Especial sobre el caso de discriminación que sufrió la suscrita, habitante del Municipio de Santa María Quiegolani, Distrito Electoral de Tlacolula, Oaxaca, ya que se me negó la posibilidad de contender como candidata para el cargo de Presidenta Municipal, por el simple hecho de ser mujer. En dicho informe, la CNDH mencionó que la aplicación de los sistemas normativos indígenas en materia electoral, no deben estar reñidos con el respeto pleno a la igualdad entre la mujer y el hombre.

En este sentido, es de mencionar que la presente iniciativa toma como base para su exposición de motivos, el informe especial presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el cual enfatiza que estas prácticas discriminatorias constituyen elementos violatorios de los derechos humanos en algunas acciones u omisiones de autoridades y servidores públicos que sustentan su actuación en una defensa de los usos y costumbres de los pueblos indígenas y niegan el acceso a las mujeres al poder público.

En algunos municipios regidos por el sistema de usos y costumbres, estos han sido utilizados por grupos para perpetuarse en los ayuntamientos, impidiendo que todos los miembros de la comunidad participen en la toma de decisiones públicas y la administración de recursos comunitarios; obstaculizando también que se compita por el poder público en igualdad de circunstancias. Es usual en esas comunidades que los hombres desplacen a las mujeres, condenándolas a ser elementos pasivos de la vida comunitaria y a obedecer órdenes que soslayan sus prerrogativas inalienables.

Lo paradójico y, para quienes la padecen, trágico de esta situación es que tales actos de discriminación y abuso sean regulados por la autoridad. En los hechos, existen localidades de la república mexicana donde es casi imposible que una mujer gobierne. Las acciones u omisiones de funcionarios públicos condenan a un considerable porcentaje de las mujeres indígenas a ver canceladas sus prerrogativas a votar y ser votadas, a participar en la vida pública con igualdad y a ejercer una ciudadanía plena, equitativa y libre de discriminación.

En México la relación entre gobernantes y gobernados se ha transformado paulatinamente durante los últimos lustros. A ello han contribuido la alternancia en el poder público, así como una mayor libertad de expresión y el reforzamiento de los sistemas de rendición de cuentas. Estos avances se reflejan jurídicamente en instrumentos legales como: la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre otras.

Sin embargo, dichos avances son ajenos a la realidad de una gran cantidad de mujeres, que ejerce una ciudadanía amputada de sus derechos elementales, como si ninguna de las mencionadas leyes estuviera vigente o como si la Declaración Universal de los Derechos Humanos fuera inexistente.

Partimos de dos consideraciones: la ley es igual para todos y las ideas están sujetas al cambio. Cualquier costumbre, por antigua que sea, debe interpretarse de acuerdo al contenido de la Constitución federal, Tratados Internacionales, los derechos humanos y los valores de la democracia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha sostenido que la violación de los derechos humanos de las mujeres y de otros ciudadanos en los pueblos o comunidades indígenas, no son privativos de uno o dos estados de la republica, sino que se extiende a otras comunidades indígenas a lo largo del país, por lo cual la suscrita considera necesario precisar en nuestro máximo ordenamiento jurídico que las mujeres indígenas disfrutaran y ejercerán su derecho a votar y ser votadas en condiciones de igualdad con los varones, así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas, y de igual manera que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos y electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales, garantizando con ello que los y las ciudadanas indígenas pertenecientes a las agencias municipales, de policía, colonias, puedan ejercer su derecho a votar y ser votados, en los mismos términos que lo hacen los ciudadanos y ciudadanas de las cabeceras municipales, buscando con ello evitar que sigan siendo discriminados por razón de su residencia.

El respeto a la autonomía de las comunidades indígenas encuentra como límite último el respeto a los derechos humanos de todos aquellos que conforman la misma. De ahí que cualquier tipo de acto de un grupo mayoritario dentro de una comunidad que vulnere los derechos de una minoría, no se justifique bajo el argumento de la autonomía, los sistemas normativos y los usos y costumbres propios de la comunidad.

Por lo que respecta a la actuación de las comunidades indígenas, existe un amplio consenso en el sentido de que la autonomía y el ejercicio de sus prácticas consuetudinarias por ningún motivo pueden validar o justificar la vulneración de los derechos humanos de ninguno de sus miembros.

En los procesos electorales que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos, se vuelve recurrente el reclamo de quienes se vieron excluidos de participar en procesos electorales municipales, por formar parte de centros de población diferentes a las cabeceras municipales; en estos casos existe una franca violación al principio de universalidad del sufragio, que se traduce en un acto de discriminación, prohibido por la Constitución Federal. Lo anterior, lo podemos constatar por la cantidad de Juicios de Protección de los Derechos Políticos-Electorales que interponen en cada proceso electoral los y las ciudadanas de las agencias municipales, esto ante los Tribunales Electorales Locales, las salas regionales o en su caso, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esto ha provocado que el Tribunal Federal Electoral, mediante sentencias y tesis aisladas que han creado precedentes, determine que dichos procesos electorales deban ser anulados, por no ser de carácter democrático y en consecuencia contrario a lo que mandata nuestro máximo ordenamiento jurídico nacional.

En este sentido, para robustecer el fundamento de la presente Iniciativa, cito una de las Tesis de Jurisprudencia emitidas por el Tribunal Federal Electoral, y que ha creado precedente para las elecciones en los municipios que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, en cuanto al respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales:

La Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido, según puede leerse de la tesis de jurisprudencia CLII/2002 cuyo rubro es:

“Usos y costumbres. Elecciones efectuadas bajo este régimen pueden ser afectadas si vulneran el principio de universalidad del sufragio”. Si bien las elecciones por usos y costumbres indígenas no contravienen el principio constitucional de igualdad; cuando impliquen actividades que violenten la universalidad del voto, no serán válidas. En efecto, de la interpretación de los artículos 30, 34, 35, fracción I y 36, fracción III, 115, primer párrafo, fracción I; 116, segundo párrafo, fracción I, párrafo segundo y fracción IV inciso a); así como 122, párrafos cuarto y sexto, apartado C, base primera, fracción I de la Constitución federal, se infiere que el derecho de sufragio constituye la piedra angular del sistema democrático, en tanto que, con su ejercicio, se permite la necesaria conexión entre los ciudadanos y el poder público, legitimando a éste; de ahí que, si se considera que en una elección no se respetó el principio de universalidad del sufragio, ello conduce a establecer que se han infringido los preceptos que lo tutelan y que, además, se ha atentado contra la esencia misma del sistema democrático. Por lo tanto, la característica de universalidad del sufragio implica que, salvo las excepciones expresamente permitidas por los ordenamientos nacional y estatal, toda persona física se encuentra en aptitud de ejercerlo en las elecciones populares que se celebren, para la renovación de los órganos públicos representativos del Estado mexicano, sean estos federales, estatales o municipales ordinarias, o mediante reglas de derecho consuetudinario, sin que para tales efectos sean relevantes cualesquiera otras circunstancias o condiciones sociales o personales, tales como etnia, raza, sexo, dignidad, mérito, experiencia, formación, rendimiento, etcétera. Por ello, es posible afirmar que la universalidad del sufragio, se funda en el principio de un hombre, un voto; con el cual se pretende el máximo ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a asegurar la coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho público. Consecuentemente, si en una comunidad indígena no se permitiera votar a los ciudadanos que no residieran en la cabecera municipal, dicha restricción se traduciría en la negación o anulación de su derecho fundamental a sufragar, y ello significaría la transgresión al principio de igualdad, visto desde el punto de vista subjetivo que emana de dicha norma, el derecho a no ser discriminado injustamente; por lo tanto, esta situación violatoria de derechos fundamentales, queda excluida del ámbito de reconocimiento y tutela de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas previstos por la Constitución federal, al resultar incompatible con los derechos fundamentales que han quedado precisados; por lo que, en consecuencia, esa práctica o tradición adoptada por una comunidad indígena no tendría el carácter de democrática”.

Al respecto, debe considerarse dentro de los derechos fundamentales de cualquier individuo perteneciente a una comunidad el poder participar activamente en la toma de las decisiones que pudieran afectarle, de ahí que la exigencia de las representaciones comunitarias de participar en la toma de esa decisión, se estime ajustada a los cánones racionales del propio derecho consuetudinario que no resulta válido desatender bajo un contra argumento de una costumbre distinta.

“La exclusión de los integrantes de una comunidad, debe rechazarse enérgicamente por quien tiene a su cargo tutelar los derechos de quienes integran comunidades indígenas, en aras de favorecer su verdadera autonomía. La exclusión que sufren los habitantes de los ayuntamientos aún siendo un grupo minoritario no es razón suficiente ya que tal exclusión constituye en sí misma una irregularidad que vulnera los derechos de dichas personas y trastoca los fundamentos del sistema normativo regido por usos y costumbres, pues la pertenencia de tales persona a la colectividad constituye parte importante de su desarrollo individual y grupal y que bajo una óptica comunitarista se trata de una violación grave que debe rechazarse enérgicamente en aras de fomentar la verdadera autonomía y autenticidad del derecho de los pueblos y comunidades indígenas para auto-gobernarse”.

Tercero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza, en sus artículos 1o.,  párrafo primero, y 4o.,  párrafo primero, la igualdad de todos los habitantes de nuestro país, incluida la de género, al señalar que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución y que el varón y la mujer son iguales ante la ley. En este contexto, nuestra Carta Magna proscribe la discriminación por motivos de sexo en el párrafo quinto del señalado artículo 1o.,  que establece que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otros, por el género, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Actualmente, la propia Constitución en su artículo 2o.,  apartado A, fracción III, reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. Además, garantiza en términos generales la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina, en sus artículos 34 y 35, que serán ciudadanos los varones y las mujeres que hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir, y que tendrán como prerrogativas, además de votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular.

En este entorno, el artículo 9o.,  fracciones IX y XIII, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación determina que queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, considerando como conductas discriminatorias el negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, y aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad humana.

Asimismo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre ambos y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, establece, en sus artículos 17, fracción III, y 36, fracción V, que la política nacional en la materia deberá establecer las acciones para lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos, económico, político, social y cultural, considerando, entre otros aspectos, el fomento en la participación y representación política equilibrada. Agrega que dicha política propondrá los mecanismos de operación adecuados para su participación equilibrada en la toma de decisiones políticas, fomentando la participación equitativa en altos cargos públicos.

La legislación nacional reconoce y protege el derecho de los habitantes de nuestro país a la igualdad, particularmente, a la igualdad entre el hombre y la mujer a participar en todos los aspectos de la vida política nacional y, por ende, prohíbe los actos discriminatorios por razón de género.

En esta tesitura, el 10 de junio de 2011, se publico en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual se eleva a rango constitucional los derechos humanos y reconoce todas las garantías protegidas por los tratados internacionales ratificados por México. De esta forma, las garantías fundamentales establecidas en la Constitución mexicana pueden ser ampliadas por los tratados internacionales o por cualquier norma que implique una mayor protección para los derechos de los habitantes de este país.

Adicionalmente, todas las autoridades, tanto administrativas como judiciales, tienen la obligación constitucional de no interpretar restrictivamente las normas que contemplan derechos humanos. Esto implica, que toda autoridad tiene la obligación de interpretar las normas siempre de manera favorable para las y los gobernados, denominada también “Clausula de Interpretación Conforme”.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que, en términos de lo establecido en el artículo 133 constitucional forma parte de la Ley Suprema de la Unión, establece en su artículo 8.2. que los pueblos indígenas deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas sean compatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Por su parte, los artículos 2.1 y 25, incisos a) y b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que los estados se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna. También señalan que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna distinción y sin restricciones indebidas, del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, y de votar y ser elegidos en elecciones periódicas.

Asimismo, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, en su artículo 1o.,  señala que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo. A su vez, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de la ONU, en su artículo 2o.,  establece que en condiciones de igualdad con los hombres, las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, sin discriminación alguna.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer refiere, en su artículo 1o.,  que la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera; y en su artículo 7o.,  inciso a), determina que los Estados tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y referendos públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.

En un primer término, poder precisar que la presente iniciativa con proyecto de decreto encuentra fundamento en los artículos 1o., 2o., 4o., párrafo primero, y 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4.3., 8.2. y 8.3. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 2.1 y 25, incisos a) y b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1o. de la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer; 2o. de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de la ONU, así como 1o. y 7o.,  inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Cuarto. Aun con todo el fundamento legal antes descrito, siguen existiendo pueblos y comunidades en donde las mujeres indígenas y otros ciudadanos de la población sufren discriminación y sus derechos político-electorales son violentados basados en los usos y costumbres.

En este sentido, los pueblos y comunidades indígenas manifiestan en su defensa que ellos “tienen sus formas particulares para elegir a sus autoridades que los rigen, y que estos se sujetan a normas consuetudinarias que han mantenido por tiempos inmemoriales, y que estas prácticas en algunos casos excluyen a los ciudadanos para ejercer su voto o ser votados, porque no reúnen los requisitos exigidos por las asambleas comunitarias, lo que refleja que esta forma de elegir a estas autoridades han sido aceptadas”.

El Estado mexicano ha recorrido un largo camino para dar a sus habitantes la normatividad jurídica suficiente para garantizar el derecho humano a la igualdad entre la mujer y el hombre en todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluida la participación política.

Es necesario recordar que es hasta la segunda mitad del siglo pasado, que se inició el proceso jurídico para reconocer y garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer en los procesos políticos, de tal manera que, por reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953, se reconoció el derecho de plena ciudadanía de la mujer y, por consiguiente, su derecho a participar de manera activa y pasiva en los procesos electorales. Más aún, el propio Constituyente Permanente, por reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974, reconoce la igualdad del varón y la mujer ante la ley. Posteriormente, el 14 de agosto de 2001, al adicionar el artículo 1o. constitucional con un tercer párrafo, quedó prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La Constitución Federal garantiza la igualdad de todos los habitantes de la nación y del estado, particularmente la de la mujer y el hombre frente a la ley, respetando, de igual manera, el derecho de la mujer para participar, en igualdad de condiciones, en las actividades políticas nacionales, incluidas las que se relacionan con el ejercicio de puestos de elección popular, por lo que todo acto contrario al ejercicio de ese derecho, que pretenda anularlo, limitarlo o desconocerlo, es considerado como un acto de discriminación.

Asimismo, la suscrita reconoce que la preservación de sistemas normativos internos de las comunidades indígenas es fundamental para la conservación de su identidad, y al formar parte de sus usos y costumbres, se encuentran protegidos por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto, los usos y costumbres son aquellas disposiciones que los pueblos indígenas aplican y observan al interior de sus comunidades y que son producto de los sistemas normativos tradicionales, mantenidos a través de generaciones.

Los sistemas normativos de las comunidades indígenas basados en sus usos y costumbres han sido fundamentales para reforzar la cohesión de los grupos indígenas, salvaguardando así su identidad comunitaria. Sin embargo, es posible preservar esa tradición sin que sea excluyente del ejercicio de los demás derechos humanos.

El reconocimiento del derecho de los pueblos y comunidades indígenas de elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, pero este reconocimiento de la validez de las normas internas de los pueblos y comunidades indígenas estará sujeto a que no se vulneren derechos humanos, en términos de lo establecido en la Constitución federal y en los tratados internacionales.

El Convenio 169 de la OIT, que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas previene, en su artículo 8.2., que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de conservar sus costumbres e instituciones no podrá ser incompatible con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. De ahí que los derechos de la mujer a la igualdad, a la no discriminación y a su participación política son, como ha quedado demostrado, derechos fundamentales de nuestro sistema jurídico, así como derechos humanos internacionalmente reconocidos.

En esta tesitura, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, consagrado en el artículo 2o. inciso a), establece que los Estados parte se comprometen a consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; así también en el inciso f) del citado artículo, establece una disposición fundamental para el fondo de la presente iniciativa y es en el sentido de “Adoptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer”.

De igual manera en su artículo 5, inciso a), mandata que “los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.

La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, reconoce que toda persona tiene derechos a participar en el gobierno de su país, directamente o por conducto de sus representantes libremente escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio público de su país; y deseando igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos, conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Así también, el Convenio internacional establece tres disposiciones fundamentales, 1. Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna; 2. Establece que las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna; y 3. Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres.

La Plataforma de Acción de Beijing, establece que la potenciación del papel de la mujer y la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz; de igual manera en el punto 13, mandata a “Intensificar los esfuerzos para garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a todas las mujeres y las niñas que enfrentan múltiples barreras para lograr su potenciación y su adelanto por factores como la raza, la edad, el idioma, el origen étnico, la cultura, la religión o la discapacidad, o por pertenecer a la población indígena”.

Como lo mencionaba anteriormente, un ejemplo claro de la discriminación que sufren las mujeres indígenas en sus comunidades al momento de querer participar en los procesos electorales para elegir a sus autoridades municipales, es el vívido en carne propia por la suscrita, indígena de la Chontal Alta en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, en donde fui descalificada como candidata en las elecciones municipales, celebradas el 4 de noviembre de 2007, en mi comunidad de Santa María Guiegolani, Oaxaca, bajo el argumento de que las mujeres no pueden ser autoridad municipal, ya que la palabra mujer no se encuentra en el catalogo de usos y costumbres que rigen a la comunidad.

Derivado de lo anterior, interpuse una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dada la gravedad de la naturaleza del acto discriminatorio que sufrí, misma que supero el ámbito del estado de Oaxaca e incidió en la opinión pública nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, atrajo el caso y después de la investigación realizada, presento a la opinión pública y a las autoridades involucradas de los gobiernos del estado de Oaxaca y del municipio de Santa María Guiegolani, un informe especial denominado “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Caso de Discriminación a la Profesora Eufrosina Cruz Mendoza”, en el cual, el ombudsman nacional encontró elementos violatorios de los derechos humanos en algunas acciones u omisiones de autoridades y servidores públicos que sustentan su actuación en una defensa de los usos y costumbres de los pueblos indígenas y niegan el acceso a las mujeres al poder público.

Así también, el ombudsman nacional señalo que la Comisión Nacional llego al convencimiento de que a la suscrita le fueron transgredidos sus derechos humanos a la igualdad y a la participación política, por una discriminación, derivada de la aplicación indebida de los sistemas normativos internos en el municipio de Santa María Quiegolani; derechos tutelados por los artículos 1o., párrafos primero y quinto; 4o., párrafo primero, y 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 4.3, 8.2. y 8.3. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 2.1 y 25, incisos a) y b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1o. de la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer; 2o. de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, y 7o.,  inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En este sentido, promoví –durante mis funciones como diputada local– en Oaxaca, una reforma a los artículos 25, Apartado A, fracción II y 113, fracciones IX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual fue publicado en el extra del Periódico Oficial del Gobierno de Oaxaca, el 2 de abril de 2012.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca:

Artículo 25. ...

Apartado A. De las elecciones

...

II. La Ley protegerá y propiciará las prácticas democráticas en todas las comunidades del Estado de Oaxaca, para la elección de sus Ayuntamientos, en los términos establecidos por el artículo 2o. Apartado A, fracciones III y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de esta Constitución, y establecerá los mecanismos para garantizar la plena y total participación de la mujer en dichos procesos electorales.

Las mujeres disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y ser votadas en condiciones de igualdad con los varones; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas.

En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos y electorales de los y las ciudadanas oaxaqueñas. Corresponderá al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y al Tribunal Estatal Electoral garantizar el cumplimiento efectivo de la universalidad del sufragio, en los términos que marque la ley.

Todas las ciudadanas y ciudadanos del Estado tienen derecho a no ser discriminados en la elección de las autoridades municipales. Los usos y costumbres de las comunidades no deben ser contrarios a los derechos fundamentales establecidos en la presente Constitución, en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La contravención a estos derechos, será sancionada en los términos de la legislación electoral”.

Es bien sabido que en materia indígena los estados de Oaxaca y San Luis Potosí en otros, son de avanzada, por lo cual, nuestro máximo ordenamiento jurídico nacional, no debe quedarse atrás en el sentido de reconocer de manera plena los derechos de las y los ciudadanos indígenas de participar en la elección de sus autoridades municipales.

En conclusión, la presente iniciativa busca establecer de manera expresa en la fracción III del artículo 2o. de la Constitución federal, que el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos no puede ser contrario a los derechos humanos contenidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales en la materia, es por ello, que la suscrita considera de la mayor relevancia que las mujeres indígenas y otros ciudadanos con plenos derechos políticos, pertenecientes a las agencias municipales, de policía y colonias, participen plenamente en igualdad de condiciones con los ciudadanos de las cabeceras municipales, en consecuencia, propongo la incorporación expresa del siguiente texto: “garantizar que las mujeres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y ser votadas en condiciones de igualdad con los varones; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas, y de igual manera que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos y electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales”, garantizando con ello la universalidad del sufragio en dichos procesos electorales, lo anterior para que en aquellas entidades federativas en donde aun no se le reconoce a las mujeres indígenas su plena y total participación en los procesos electorales por usos y costumbres o sistemas normativos internos, armonicen su legislación local y garanticen plenamente el derecho de las mujeres indígenas a votar y ser votadas, en condiciones de igualdad frente a los varones, aclarando que la iniciativa no pretende modificar el sistema electoral por usos y costumbres o sistemas normativos internos, pero si busca generar una mayor certidumbre y certeza jurídica en nuestra Constitución Federal para las y los indígenas de México.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de este honorable pleno legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III, del Apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Decreto que reforma la fracción III, del Apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 2o. ...

...

A. ...

...

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y ser votadas en condiciones de igualdad con los varones; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos y electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las legislaturas locales deberán adecuar sus disposiciones constitucionales en los términos del presente decreto en un plazo de 180 días, contados a partir de su publicación.

Notas:

1 Declaración de Mujeres Indígenas, Beijing, adoptada en el foro de ONG de la cuarta Conferencia sobre la Mujer, Huairou, 1995.

2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/programas/igualdad/7_2.pdf

3 Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1990 y que entró en vigor para México el 5 de septiembre de 1991.

4 Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de discriminación a la profesora Eufrosina Cruz Mendoza. http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/espec.htm

5 http://portal.te.gob.mx/iuse/tesisjur_internet.aspx?tpoBusqueda=&idTesis=33 6

6 Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales: SX-JDC-409/2010

7 http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/legislacion/leyes/001.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.— Diputados: Eufrosina Cruz Mendoza, Martha Lucía Mícher  Camarena, Gloria Bautista Cuevas, Faustino Félix Chávez, Leonor Romero Sevilla, Martha Edith Vital Vera, Germán Pacheco Díaz, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Xavier Azuara Zúñiga, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Leobardo Alcalá Padilla, Verónica García Reyes, Teresita de Jesús Borges Pasos, María Eugenia de León Pérez, María del Rocío García Olmedo, Roxana Luna Porquillo, Elvia María Pérez Escalante, Alma Marina Vitela Rodríguez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Alfredo Zamora García, Erick Marte Rivera Villanueva, Patricia Elena Retamoza Vega, Blanca María Villaseñor Gudiño, Adriana Hernández Iñiguez, Marco Antonio González Valdez, Mario Rafael  Méndez Martínez, María Guadalupe Mondragón González, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, María Carmen López Segura, William Renán Sosa Altamira, Gabriela Medrano Galindo, José Pilar Moreno Montoya, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Salvador Ortiz García, Luis Olvera Correa, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Verónica Sada Pérez, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Juan Luis Martínez Martínez, Genaro Carreño Muro, Ricardo Villarreal García, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Raúl Paz Alonzo, Leslie Pantoja Hernández, Martha Berenice Álvarez Tovar, Dora María Talamante Lemas, María Sanjuana Cerda Franco, Lucila Garfias Gutiérrez, José Angelino Caamal Mena, María Celia Urciel Castañeda, Gerardo Peña Avilés, Alejandra López Noriega, Angelina Carreño Mijares, Consuelo Argüelles Loya, José Enrique Reina Lizárraga, Tania Margarita Morgan Navarrete, Roció Esmeralda Reza Gallegos, Raquel Jiménez Cerrillo, Cristina Olvera Barrios, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Alliet Mariana Bautista Bravo, Juana Bonilla Jaime, Josefina Salinas Pérez, Mónica García de la Fuente, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Leticia López Landero, Raudel López López, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Liliana Castillo Terreros, Margarita Licea González, Gabriel Gómez Michel, María Fernanda Schroeder Verdugo, Teresa de Jesús Mojica Morga, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Margarita Saldaña Hernández, María Concepción Navarrete Vital, Rosa Elba Pérez Hernández, Fernando Belaunzarán Méndez, Joaquina Navarrete Contreras, Agustín Miguel Alonso Raya, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Eva Diego Cruz, Jorge Rosiñol Abreu, Flor de María Pedraza Aguilera, Judit Magdalena Guerrero López, Lourdes Adriana López Moreno, Pedro Gómez Gómez, Mariana Dunyaska García Rojas, Rafael Acosta Croda, Salvador Arellano Guzmán (rúbricas).»

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Eufrosina Cruz Mendoza. Sonido en la curul de la diputada Malú Mícher. Dígame, diputada Malú Mícher, ¿con qué objeto?

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul). Gracias, diputado presidente. Además de felicitar a la diputada Eufrosina por su iniciativa, solicito se le dé turno por favor a la Comisión de Igualdad de Género, si es tan amable.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Judit Guerrero. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Judit Magdalena Guerrero López (desde la curul). Para solicitarle a la promovente nos permita suscribir su iniciativa y felicitarla por la misma.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a su disposición, si no tiene inconveniente la proponente.

La diputada Eva Diego Cruz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputada Eva Diego.

La diputada Eva Diego Cruz (desde la curul): Gracias, señor presidente. Felicitar a mi paisana, la diputada Eufrosina Cruz, por presentar esta iniciativa que permite tocar un tema tan importante, como es luchar por los derechos de las mujeres en la participación política, y pedirle a su vez que me permita adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, para dictamen, y con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a alumnos de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la diputada Luisa María Alcalde Luján. Sean todas y todos bienvenidos.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Marino Miranda Salgado: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es innegable que el Estado mexicano se ha escindido de la sociedad.

Lejos de cerrarse la brecha que separa a la ciudadanía de las instituciones públicas se ha hecho más profunda, incluso a pesar de los acontecimientos políticos y sociales por los que ha transitado nuestro país durante las últimas tres décadas, los cuales han propiciado una dramática transformación del ejercicio de la política y de su traducción en acceso al poder público en prácticamente todas sus esferas.

Esto, compañeras y compañeros, lo podemos corroborar a través de diversas manifestaciones, desde la voz del electorado en los comicios federales y locales, hasta el abierto rechazo o desaprobación que expresan ante la interrogante directa.

La propuesta que vengo a exponer ante ustedes es producto de un acto de congruencia y compromiso con quienes me eligieron para representarlos en ésta, la más alta tribuna de la nación.

Diputadas y diputados, este recinto, la Cámara de Diputados, en palabras del demócrata Lujambio, es sin lugar a dudas el ámbito institucional que ha funcionado como motor de la transformación democrática de México, debido a que es el primer espacio que institucionalizó el pluralismo en los ámbitos colegiados de representación política, siendo en ese sentido una instancia fundamental de la transición democrática en nuestro país.

En este tenor, una de las instituciones que más descontento genera entre la ciudadanía es el componente proporcional que integra a esta Cámara de Diputados, y que aún reconociendo su origen democrático y plural, es necesario reconocer de igual forma su paulatino desgaste tal y como funciona actualmente, su falta de correspondencia con el contexto político y social vigente, así como su falta de responsabilidad ante la demanda a intereses ciudadanos.

Sin lugar a dudas los denominados —en aquel 1962— diputados de partido abrieron la puerta a la pluralidad y a la opción de dirimir por la vía institucional los conflictos de orden social y político.

En este orden de ideas, la reforma de 1977 fue la culminación de una lucha por la apertura a una competencia electoral y su consecuente representación en este órgano legislativo más equitativa, la cual derivó en una conformación de esta Cámara en 300 diputados provenientes de victorias distritales y 100 diputados electos por la vía plurinominal.

Más adelante, la reforma electoral de finales de 1986 —promovida por el presidente Miguel de la Madrid— incluyó la participación del partido mayoritario en la repartición de diputados de representación proporcional, modificando la composición de la Cámara de Diputados. Para ello combinó 300 curules de mayoría con 200 de representación proporcional. De manera que el número de diputados pasó de 400 a 500, como actualmente permanece.

Más allá de la infértil discusión en torno al excesivo número de diputados y de su correlativa justificación en función del tamaño poblacional, distrital o de cualquier otro criterio, lo realmente preocupante y que debe preocuparnos, diputadas y diputados, es encontrar un mecanismo que, manteniendo el espíritu de aquella revolucionaria reforma de 1977, reformule y reoriente el componente de representación proporcional y le permita con ello ganar credibilidad y respeto por parte del electorado.

Es decir, un mecanismo que legitime frente al electorado la elección de las diputadas y diputados que son nombrados a través de este principio, dotando a los electores de mayor poder sobre su designación.

Éste es, diputadas y diputados, el objetivo que persigue esta iniciativa que hoy propongo a su consideración. Específicamente este proyecto de ley propone una modificación al artículo 54 constitucional, en lo referente a la integración de las listas de las cinco circunscripciones plurinominales, mediante la incorporación en cada una de ellas de aquellos candidatos que hubieran obtenido el segundo lugar en sus distritos por el principio de mayoría relativa.

Propone una integración paritaria entre las listas designadas por los partidos y aquellas derivadas de los candidatos que sin haber obtenido la victoria en sus distritos obtuvieron el porcentaje más alto de votación.

En suma, la iniciativa que propongo busca, por un lado, generar una mayor representatividad de los intereses de la sociedad a través de la elección de una parte de diputados electos por el principio de representación proporcional mediante el voto indirecto de los ciudadanos, y por otro, vigorizar la organización y funcionamiento de este órgano de decisión a través de la mayor legitimidad democrática que tendría el Congreso en su conjunto, así como de la selección más cuidadosa que eventualmente harían los partidos políticos de los miembros que integran sus listas.

Si bien es cierto que éste no es el único mecanismo que fortalecería los objetivos referidos, estoy convencido de que es uno fundamental de los muchos con los que estamos dando pasos firmes a fin de hacerlos realidad. Ojalá que en esta próxima reforma política-electoral se tome en cuenta también esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Los acontecimientos políticos y sociales por los que ha transitado nuestro país durante las últimas tres décadas han propiciado una dramática transformación del ejercicio de la política, de su traducción en acceso al poder público y de la percepción de la sociedad en torno a ellos.

Un elemento central han sido, sin duda, los cambios en nuestro sistema electoral, los cuales han estado marcados –después de la consolidación en el siglo pasado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como principal fuerza política– por responder, en un primer momento, a las necesidades de legitimación del propio régimen y, en un segundo, a las causas y necesidades emergentes provenientes de los distintos sectores y actores que fueron ganando terreno como resultado de la transformación social, económica y política.

Hoy, identificarse como opositor ha dejado de ser sinónimo de transgresión al régimen, de desventajas sistemáticas y generalizadas en la participación en las contiendas electorales, de nula presencia en al menos un ámbito de gobierno, ni mucho menos, de persecución política.

Más aún, la calidad de opositor ha dejado de identificarse inequívocamente con uno o dos partidos dentro del espectro político en, prácticamente, todos los ámbitos de gobierno, siendo la única excepción, al día de hoy, el nivel federal, específicamente el Ejecutivo federal.

Ante este escenario, se hace necesario redefinir los parámetros y normas del acceso al poder público, particularmente, de aquel relativo al ámbito legislativo, y dentro de éste, a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal. En primer lugar, en virtud de que ésta ha sido “sin lugar a dudas, el ámbito institucional que ha funcionado como motor de la transformación democrática de México... [debido a que] es el primer espacio que institucionalizó el pluralismo en los ámbitos colegiados de representación política... [siendo] en este sentido, una instancia fundacional de la transición [democrática en nuestro país]” (Lujambio, 2010). Y, en segundo lugar, en virtud de que el contexto político y social dentro del cual se originó esta vía de elección, se ha modificado, lo que exige, por tanto, adecuar el modelo vigente conforme a los nuevos tiempos políticos y sociales.

Argumentación

En un régimen democrático las elecciones constituyen el procedimiento esencial para su instauración, desarrollo y consolidación. En México, de manera particular, a pesar de la poca o nula importancia de que aparentemente gozaban las elecciones durante gran parte del siglo XX, la democratización del sistema político giró en torno a un proceso de cambio centrado en el sistema electoral y, en consecuencia, en el sistema de partidos.

Tras el movimiento revolucionario iniciado en 1910, que diera lugar a un andamiaje legal y político acorde con el proyecto revolucionario, el régimen presidencial surgido –en principio democrático– fue concentrando progresivamente el poder político, a la vez que desgastándose y perdiendo credibilidad.

Los primeros cambios tendentes a contrarrestar la imagen del autoritarismo así generada, se dieron en un ambiente controlado y en un clima de relativa paz social. La flexibilidad política necesaria –en forma de apertura democrática– para el fortalecimiento del régimen, se materializó en una primera reforma electoral en 1962 que abrió espacios a la oposición a través de la introducción de los “diputados de partido”, con el objetivo de otorgar curules a aquellos institutos políticos que, aunque no hubiesen conseguido triunfos de mayoría en algún distrito, sí hubiesen alcanzado al menos 2.5 por ciento de la votación.

De acuerdo con este principio, cada partido minoritario podía obtener hasta 20 “diputados de partido”: cinco diputados por el hecho de rebasar el porcentaje referido y un diputado más por cada medio punto porcentual que obtuvieran por encima de él. Aunque limitada y constreñida a la representación en la Cámara baja del Congreso, fue una modificación que permitió la presencia de diputados de un instituto político distinto del correspondiente al titular del Ejecutivo.

Este sistema se aplicó por primera vez en las elecciones de 1964. El resultado fue que el PAN logró obtener por este principio 18 diputados; el PPS 9, y el PARM, creado en 1957, 5. Los escaños así concedidos ascendieron a 32; es decir, 15.2 por ciento del efectivo total de la Cámara, que se componía de un total de 210 diputados. Estas cifras se mantendrían casi inalteradas en la década posterior.

En 1973, el recién inaugurado sistema electoral mixto experimentó tres modificaciones. Primero, aumentó el número de distritos de mayoría de 178 a 194 (alcanzarían 196 hacia 1976); segundo, pasó de 2.5 a 1.5 por ciento el porcentaje mínimo de votación que tenían que alcanzar los partidos minoritarios para tener acceso a los “diputados de partido”; y, tercero, se incrementó el número máximo de estos, de 20 a 25.

En 1977, el atraso político había quedado evidenciado en las elecciones presidenciales de 1976 en las que sólo hubo un contendiente con registro producto de la decisión del PPS y del PARM de adherirse a dicha candidatura y de la del PAN –la única oposición crítica al gobierno– de no presentar candidato por considerar que no había garantías suficientes para llevar adelante elecciones democráticas. Ante ello, el sistema se vio orillado a impulsar una nueva reforma electoral.

Dos propósitos se tenían que cumplir con dicha reforma: revitalizar el sistema de partidos, por un lado, y ofrecer una opción de acción política legítima tanto a los disidentes que habían rechazado la violencia como a los que habían optado por ella en los inicios de dicha década, por otro.

La reforma político-electoral quedó plasmada en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) y en diversas modificaciones a la Constitución, aprobadas por el Congreso en diciembre de 1977. Esta Ley, además de elevar a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público, reducir los requisitos para que los partidos políticos obtuvieran su registro –si bien estableció dos categorías de reconocimiento, el definitivo y el condicionado– y reconocer personalidad legal a las asociaciones políticas, estaba orientada a impulsar el reconocimiento de nuevas fuerzas políticas como forma de dar acceso a genuinas representaciones políticas y sociales en nuestro país, y con ello a ampliar el sistema de partidos y la participación de éstos en el Congreso.

En este sentido, el resultado más importante de la reforma de 1977 fue el proceso de apertura de la competencia electoral, que hizo posible el surgimiento de la que ha sido considerada la primera legislatura plural (1979-1982), en la cual la oposición alcanzó 28 por ciento del total de los diputados; y, a partir de la cual, la conformación de la Cámara pasó de 237 a 400 diputados: 300 provenientes de distritos electorales de mayoría relativa y 100 de representación proporcional, los cuales se distribuirían entre los partidos minoritarios conforme a sus porcentajes de votación.

En otras palabras, la liquidación de la figura de los diputados de partido y la introducción del sistema de representación proporcional, dio incentivos a la participación de otros actores políticos –entre ellos, las organizaciones de derecha e izquierda– que habían sido excluidos de la arena electoral, estimulando la competitividad electoral, pero también abriendo la oportunidad al régimen de legitimar las elecciones subsecuentes.

Más adelante, la reforma electoral de finales de 1986, promovida por el presidente Miguel de la Madrid, incluyó cambios a seis artículos de la Constitución y una nueva ley electoral, el Código Federal Electoral (CFE) que sustituyó a la LFOPPE; abolió el registro condicionado de partidos, una medida destinada a moderar el surgimiento de partidos; y, permitió las coaliciones y los frentes electorales.

Sin embargo, incluyó diversas características tendientes a proteger la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados y, en este sentido, el mantenimiento del control parlamentario por parte del partido gobernante. Por un lado, modificó la composición de la Cámara de Diputados, combinando 300 curules de mayoría con los de representación proporcional, que aumentaron de 100 a 200, de manera que el número de diputados pasó de 400 a 500, como actualmente permanece. Por otro, permitió la participación del partido mayoritario en la repartición de diputados de representación proporcional, con la limitación de que ningún partido podría obtener más del 70 por ciento de la representación total (350 curules). Asimismo, estableció la llamada “cláusula de gobernabilidad”, a través de la cual el mayor partido en la competencia por distritos obtendría el número de escaños de representación proporcional suficiente para que, sumados a aquéllos, obtuviera la mayoría absoluta. Además, si el partido más grande obtenía entre 50.2 y 70 por ciento de la votación, obtendría un porcentaje idéntico de representación.

Estos cambios se dieron en el marco de una profunda crisis económica en la década de los años 80, del ascenso de la sociedad civil en el marco del terremoto de 1985, de fenómenos electorales críticos como el de Chihuahua a mediados de 1986, y del enfrentamiento político entre los miembros del partido gobernante, que culminó con una campaña electoral en 1988, la cual, tras la escisión de la Corriente Democrática del PRI y la formación del Frente Democrático Nacional, hizo evidente la necesidad de cambios mayores y más profundos en materia electoral.

Un saldo de la crisis política, social y económica por la que atravesaba el régimen en dicho año electoral, fue la pérdida de la mayoría relativa en la Cámara de Diputados por parte del PRI, inaugurando así una nueva etapa en la dinámica del Poder Legislativo del país.

La sospecha de un proceso electoral confuso y fraudulento motivó al gobierno de Carlos Salinas de Gortari a iniciar una reforma electoral, entre 1989 y 1990, que incluyó cambios constitucionales y la aprobación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) –que sustituyó el CFE. Esta reforma, inesperadamente, se convirtió en la primera de una serie de reformas electorales que alcanzaron su culminación en 1996 con la creación de una nueva entidad autónoma para organizar las elecciones federales: el Instituto Federal Electoral (IFE).

La reforma electoral de 1990 ofreció un posible margen de sobrerrepresentación aún más significativo al partido mayoritario, al permitir que, además de asegurarle la mayoría absoluta de los diputados, a través de la “cláusula de gobernabilidad”, se le otorgaran, si obtuvo más del 35 por ciento de la votación, dos diputados más por cada punto porcentual hasta el 60 por ciento, lo que significaba una sobrerrepresentación potencialmente mayor a 20 por ciento. Al igual que en 1986, ningún partido podría obtener más del 70 por ciento de los escaños y aquel que obtuviera entre 60 y 70 por ciento de la votación sería representado con perfecta proporcionalidad.

Lo anterior originó que para 1991 el PRI observara una sensible recuperación: de 260 diputaciones obtenidas en 1988 alcanzó 320 en dicho año. Sin embargo, le fue insuficiente para recuperar el control de la mayoría constitucional en la Cámara (dos terceras partes de ésta).

La subsecuente reforma de 1993 desapareció “la cláusula de gobernabilidad” y determinó que todos aquellos partidos que obtuvieran más de 1.5 por ciento de la votación entrarían al reparto de los 200 escaños de representación proporcional con las siguientes reglas (En la reforma de 1990 se había elevado de 100 a 200 el rango de participación en los distritos como requisito para la asignación de curules [Sáenz y otros, 2010]): ningún partido podría obtener más del 60 por ciento de los escaños si su porcentaje de votación se encontraba por debajo de aquel; si un partido obtenía entre 60 y 63 por ciento de la votación su representación sería exactamente proporcional; y, finalmente, ningún partido podría obtener más del 63 por ciento de los escaños. Este último punto era el más relevante, toda vez que: después de la clara recuperación del PRI en las elecciones intermedias de 1991, la reforma pretendía evitar que, eventualmente, recuperara la mayoría de los dos tercios de la Cámara (Lujambio, 2010), pero también, que otras fuerzas políticas la obtuvieran.

Aunque resultó un avance, el sistema electoral continuó con los mismos problemas de representación que pueden resumirse de la siguiente manera: no se había logrado establecer un sistema electoral que tradujera votos a curules en forma precisa y equitativa.

Hasta la reforma de 1996 –la que quizá constituyó con la de 1977 de los principales parteaguas del orden jurídico y del marco legal electoral mexicano– no se introdujo una modificación que definitivamente acercaría la legislación electoral a la intencionalidad de ofrecer un marco jurídico más justo en términos de representatividad: se estableció que ningún partido podría contar con un número de diputados electos que significara una sobrerrepresentación de más de ocho por ciento respecto de los votos que obtuviera. Asimismo, se fijó un límite para la asignación de asientos en la Cámara a la que puede acceder un sólo partido en 300 escaños.

Las elecciones de 1997, en el contexto de este nuevo marco electoral, constituyeron un nuevo punto de inflexión para el quehacer legislativo: el partido dominante pasó de obtener 300 diputados en 1994 a 239, es decir, perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Con ello, el PRI ya no sólo tendría que negociar con, al menos, otra fuerza política la realización de modificaciones a la Constitución, sino también a ordenamientos legales de carácter secundario.

El sistema electoral diseñado entre 1986 y 1996 ha subsistido hasta la fecha, pero es innegable que el contexto político y social ya no es el mismo. Por principio de cuentas, la oposición ha dejado de tener en contra un marco legal que sistemática e institucionalmente favoreciera al partido en el poder –a través, por ejemplo de la sobrerrepresentación electoral– lo que ha dado lugar a que esté representada por diversas fuerzas políticas, tanto a nivel federal como local.

Los partidos, otrora de oposición, han tenido la oportunidad en este sentido de dejar de ser únicamente voces para convertirse en actores con capacidad de cambio; de acceder a los recursos del estado desde distintas trincheras; de incidir no sólo con su voz si no también con su voto en la configuración del marco legal que rige a los estados y a la nación.

Sin embargo, este avance en el terreno legal y político no se ha traducido, por un lado, en una mayor confianza por parte de los electores, ni mucho menos, en una mayor participación electoral. Así, por ejemplo, en lo que respecta a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, de acuerdo con el Barómetro de las Américas 2010, los partidos políticos son la institución con el menor nivel de confianza, en comparación con otras como las Fuerzas Armadas e incluso la policía (Palazuelos, 2012).

Y por lo que se refiere a su participación en las urnas, mientras que en 1994 se registraron los mayores niveles de participación en los comicios electorales federales desde 1952: 77 por ciento de la lista nominal (Peschard, 1995); en el año 2000 dicha cifra fue del 64 por ciento; en el 2006 del 59 por ciento y en el 2012 del 63 por ciento. Es decir, básicamente se ha mantenido en los mismos niveles, aunque es importante mencionar que los determinantes políticos, institucionales y sociales del voto han sido radicalmente distintos en cada una de dichas elecciones.

Entre las causas de esta circunstancia se encuentra la percepción ciudadana de una falta de representatividad de sus intereses, lo cual se encuentra fuertemente relacionado, a su vez, con los incentivos perversos del actual sistema electoral que permite a los políticos la posibilidad real de acceder a los distintos puestos de elección popular vis á vis la lealtad que le deben al partido al que pertenecen más que a sus votantes. Un caso paradigmático es el de los legisladores electos por la vía plurinominal, quienes en la mayoría de los casos se hallan alejados de la ciudadanía y de sus necesidades.

Por ello no es menor el reto político electoral que enfrentan una gran parte de las democracias contemporáneas, relativo a la necesidad, por un lado, de que los partidos políticos y sus miembros recobren la función básica de encauzar la pluralidad política de la sociedad a través de la representación fidedigna de sus intereses, a efecto de propiciar su participación mediante la vía de los votos. Y, por otro, de que los sistemas electorales mejoren, paulatinamente, los mecanismos dirigidos a convertir esos votos en escaños.

En este contexto, y siguiendo el proceso de modernización que ha tenido nuestro sistema electoral, considero que éste requiere ser modificado una vez más, a efecto de avanzar hacia el logro de dicho objetivo. Específicamente, en lo que respecta a la elección de diputados por la vía plurinominal.

La elección de diputados por el principio de representación proporcional, si bien no debe ser eliminado, toda vez que ello potenciaría los efectos distorsionadores de sub-representación que trae aparejado el sistema de mayoría relativa, ha dejado de estar justificada en su esquema actual.

Lo anterior, tanto como mecanismo de representación de las minorías, al haberse agotado el contexto de partido hegemónico o dominante y al estar extendida su aplicación, incluso, a los partidos mayoritarios; como de acceso a especialistas en diversos temas que, en teoría, de otra forma tendrían dificultades de colocarse en el Congreso, ya que se ha convertido más bien en un mecanismo para el reparto de cargos, liderazgos y cuotas partidistas.

Por lo expuesto, la presente iniciativa, manteniendo el espíritu de este principio electoral, propone reformular y reorientar su implementación, a través de dotar a los electores de mayor poder sobre la designación de los diputados a ser electos por esta vía. Específicamente, propone una modificación en la integración de las listas de las cinco circunscripciones plurinominales, mediante la incorporación, en cada una de ellas, de aquellos candidatos que hubieran obtenido el segundo lugar en sus distritos por el principio de mayoría relativa. Es decir, propone una integración paritaria entre las listas designadas por los partidos y aquellas derivadas de los candidatos que, sin haber obtenido la victoria en sus distritos, obtuvieron los porcentajes más altos de votación.

Mediante esta modificación, la presente iniciativa busca, al generar una mayor representatividad de los intereses de la sociedad expresados a través del voto, dotar de mayor contenido al principio de legitimidad democrática señalado en la Carta Magna que establece que “la soberanía nacional reside esencial originariamente en el pueblo”. Asimismo, pretende inducir en los partidos políticos una selección más cuidadosa de los miembros que, eventualmente, los representarán en el Poder Legislativo federal.

Finalmente, resulta indispensable subrayar que la presente iniciativa ha pretendido dar respuesta a una de las interrogantes que ha permanecido vigente no sólo en México, sino en diversas democracias consolidadas y en desarrollo. Y es la que versa sobre la existencia del mejor sistema electoral. Como trató de esbozarse a lo largo de la presente sección, no existe tal entelequia. La meta debe ser, en su lugar, la búsqueda del sistema electoral más adecuado a las condiciones históricas y políticas de cada país, el que responda a las necesidades y procesos específicos de evolución de cada democracia y sus instituciones y el que goce del más amplio consenso entre los actores políticos y la ciudadanía.

Fundamento legal

El suscrito, Marino Miranda Salgado, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 54.La elección de los 200diputados electos según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. y II. ...

III.Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal , conforme a lo siguiente:

Los partidos políticos registrarán una lista de cuarenta espacios por cada una de las circunscripciones electorales compuestas de la siguiente manera: en los espacios “nones”, los partidos políticos registrarán veinte fórmulas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, que se denominará lista “A”. Los otros veinte espacios “pares” de la lista de representación proporcional, en adelante lista “B”, serán dejados en blanco para ser ocupados, en su momento, por las fórmulas de candidatos que surjan de la competencia en los distritos electorales por el principio de mayoría relativa y que no hubieran obtenido el triunfo, pero hubieran alcanzado los porcentajes más altos de votación distrital.

El orden en que se conformará la lista definitiva de diputados que corresponda a cada partido o coalición bajo el principio de representación proporcional, se hará intercalando las listas “A” y “B”, iniciando por la primera fórmula registrada en la lista “A”, seguida por la primera fórmula de la lista “B” y así sucesivamente hasta agotar el número de diputaciones asignadas a cada partido o coalición.

En el supuesto de que alguna de las fórmulas aparezca tanto en la lista “A”, como en la “B”, con derecho a la asignación de una diputación de representación proporcional, se le otorgará el lugar en el que esté mejor posicionada. El lugar que dicha fórmula deje vacante, será ocupado por la fórmula siguiente en el orden de prelación de la lista “A”.

IV. a VI....

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A fin de llevar a cabo las disposiciones contenidas en el presente decreto, la legislación correspondiente deberá ser modificada por el Congreso de la Unión en un término de 180 días naturales, a partir de su entrada en vigor.

Fuentes

Arellano, Trejo Efrén. 2012. La transformación de la Cámara de Diputados. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Cámara de Diputados.

Barómetro de las Américas. 2010

Lujambio, Alonso. 2010. Estudios congresionales. Ediciones Mesa Directiva. Cámara de Diputados.

Palazuelos, Covarrubias Israel. 2012. La desconfianza en los partidos políticos y la percepción ciudadana de desempeño gubernamental: México ante América Latina. Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública. Volumen 1, número 1. Universidad de Guanajuato .

Peschard, Jacqueline. 1995. La explosión participativa: México, 1994. Revista Estudios Sociológicos XIII. El Colegio de México.

Sáenz, Karla et. al. 2010. El Sistema electoral mexicano. Panorama de las reformas electorales desde 1990. Revista Electrónica de Derecho del Centro Universitario de la Ciénega. Número 5. Universidad de Guadalajara.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.— Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Marino Miranda Salgado, gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

La diputada Mónica García de la Fuente:Con su permiso, presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, el derecho a la salud es uno de los más importantes de los derechos humanos. Éste incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria.

Este derecho se traduce en obligación gubernamental de crear condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Éste se encuentra consagrado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna y en múltiples tratados internacionales de los que México es parte. En México, toda persona tiene derecho a la protección de la salud y esta incluye —entre otras— las acciones y medidas para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Para cumplir con la obligación de prevención, la Ley General de Salud previó un sistema de protección social en salud. Dicho sistema es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionados en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y de aceptabilidad social.

Creo firmemente que la promoción de la salud es un elemento necesario para la protección de la salud pública. La Ley General de Salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población, y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva.

En este sentido, el sistema más importante de prevención de la salud en nuestro país es el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud, que está integrada por las cartillas nacionales de vacunación, de salud de la mujer, de salud del hombre y de salud del adulto mayor.

Que las experiencias en la utilización de las cartillas mencionadas han comprobado su utilidad, no únicamente como mecanismo de seguimiento en la atención recibida por los individuos, sino que además han demostrado que constituyen herramientas fundamentales de promoción de la salud, ya que permiten al usuario crear conciencia de la importancia del auto-cuidado de la salud, así como que se demanden oportunamente los servicios preventivos correspondientes.

Sin embargo, a pesar de la importancia de este sistema, su existencia se basa únicamente en un decreto presidencial. Por ello en esta iniciativa que les presento se reconoce la importancia al sistema de cartillas nacionales de salud y la necesidad de la perdurabilidad de dicho sistema, en virtud de lo cual se propone elevar a rango de ley la exitosa propuesta del Sistema Nacional de Cartillas.

Por otro lado, en esta iniciativa se da existencia legal al Consejo Nacional de Vacunación como órgano colegiado desconcentrado de la Secretaría de Salud.

Lo anterior en virtud de que si se estima indispensable fortalecerlo a través de su inclusión en la legislación sanitaria, toda vez de que se trata de la instancia colegiada de coordinación de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de los sectores sociales y privado, y su función es indispensable para el funcionamiento óptimo del sistema de cartillas nacionales de salud.

Por todo lo anterior y con la finalidad de proteger el bien más valioso que tienen las personas es que presento esta iniciativa. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, diputada Mónica García de la Fuente, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud al temor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 4 de nuestra Carta Magna, dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y este incluye entre otras, las acciones y medidas para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

La Ley General de Salud prevé un Sistema de Protección Social en Salud. Dicho sistema es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.

Las acciones de prevención de enfermedades son determinantes e indispensables, en virtud que un número importante de estas son infecciosas y pueden evitarse mediante la aplicación de vacunas.

Creemos firmemente que la promoción de la salud es un elemento necesario para la protección de la salud pública. La Ley General de Salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población, y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva.

La promoción de la salud comprende según lo estipula el ordenamiento referido, a la educación para la salud, la cual tiene por objeto fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud.

En este sentido, el 24 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto Presidencial por el que se estableció el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud; el cual consiste en un Sistema integrado por las Cartillas Nacionales se Vacunación, de Salud de la Mujer, de Salud del Hombre y de Salud del Adulto Mayor.

Este Sistema es el programa de prevención de la salud en nuestro país y existe desde mucho antes que el mencionado decreto presidencial y ha probado su utilidad no únicamente como mecanismo de seguimiento de la atención recibida por los individuos, sino que además han demostrado que constituyen herramientas fundamentales de promoción de la salud, ya que permiten al usuario crear conciencia de la importancia del autocuidado de la salud, así como de que se demanden oportunamente los servicios preventivos correspondientes.

Esta iniciativa reconoce la importancia del Sistema de Cartillas Nacionales de Salud y la necesidad de la perdurabilidad de dicho sistema, en virtud de lo cual propone elaborar a rango de ley esta exitosa propuesta.

En 1991 se creó el Consejo Nacional de Vacunación como un órgano encargado de la coordinación y consulta de los sectores público, social y privado para la instrumentación del Programa de Vacunación Universal; sin embargo, fue hasta 2000, con la expedición del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud que se le dotó de la naturaleza de órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y como instancia colegiada de coordinación de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de los sectores social y privado.

Que por la importancia del papel desempeñado por dicho  Consejo, se estima indispensable fortalecerlo a través de su inclusión en la legislación sanitaria.

Por lo que en esta iniciativa se da existencia legal al Consejo Nacional de Vacunación como órgano colegiado desconcentrado de la Secretaría de Salud.

De conformidad con lo expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se adiciona al Título Octavo –Prevención y control de enfermedades  y acciones– de la Ley General de Salud el Capítulo II Bis del Sistema de Cartillas Nacional de Salud, para quedar como sigue:

Capítulo II Bis Del Sistema de Cartillas Nacional de Salud

157 Bis 1. Se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud como el esquema a través del cual los individuos podrán llevar un seguimiento personalizado y continuo de las acciones de prevención en la salud que reciban en cada etapa de la vida.

157 Bis 2. El Sistema de Cartillas Nacionales de Salud estará constituido por las siguientes:

I. De Vacunación, que registrará las acciones de prevención en la salud de los individuos desde su nacimiento hasta los 19 años de edad;

II. De Salud de la Mujer, que registrará las acciones de prevención en la salud de las mujeres de los 20 a los 59 años de edad;

III. De Salud del Hombre, que registrará las acciones de prevención en la salud de los hombres de los 20 a los 59 años de edad, y

IV. De Salud del Adulto Mayor, que registrará las acciones de prevención en la salud de las mujeres y los hombres a partir de los 60 años de edad.

Todas las Cartillas Nacionales de Salud serán gratuitas y deberán entregarse a los usuarios por conducto de los prestadores de servicios de salud en cualquiera de los establecimientos integrantes del Sistema Nacional de Salud.

157 Bis 3.Todas las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud deberán utilizar el formato de cartillas que establezca la Secretaría de Salud.

157 Bis 4.Las cartillas nacionales de salud deberán contener los datos generales de identificación y fotografía de la persona a la que pertenezca, además de los rubros básicos de información siguientes:

I. En la Cartilla Nacional de Vacunación:

a) Esquema básico de vacunación vigente señalando los tipos de vacunas, enfermedades que previenen, dosis y fecha de aplicación;

b) Control de peso y talla para niños y niñas menores de 5 años;

c) Control de índice de masa corporal para hombres y mujeres de 6 a 19 años de edad;

d) Tabla de peso normal de acuerdo con la edad para niños y niñas;

e) Tabla de índice de masa corporal normal de acuerdo con la edad para hombres y mujeres de

6 a 19 años de edad; y

f) Los demás que establezca la Secretaría de Salud.

II. En la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer:

a) Todas las vacunas que se apliquen a la mujer de 20 a 59 años de edad, señalando los tipos de las mismas, enfermedades que previenen, dosis y fecha de aplicación;

b) Planificación familiar;

c) Antecedentes patológicos personales y familiares;

d) Antecedentes gineco-obstétricos;

e) Salud perinatal;

f) Antecedentes de lactancia materna;

g) Prevención, detección y control de cánceres cérvico-uterino y mamario, en donde se deberán considerar, entre otros, los estudios de papanicolau, exámenes clínicos de mama y mastografías, así como las pruebas de tamiz;

h) Prevención y atención durante el climaterio y la menopausia; considerando la detección y el tratamiento recibido;

i) Agudeza visual;

j) Prevención, detección y control de diabetes mellitus, hipertensión arterial, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual;

k) Control de peso;

l) Salud bucal, y

m) Los demás que determine la Secretaría de Salud.

III. En la Cartilla Nacional de Salud del Hombre:

a) Todas las vacunas que se apliquen al hombre de 20 a 59 años de edad, señalando los tipos de las mismas, enfermedades que previenen, dosis y fecha de aplicación;

b) Planificación familiar;

c) Antecedentes patológicos personales y familiares;

d) Agudeza visual;

e) Prevención, detección y control de diabetes mellitus, hipertensión arterial, tuberculosis, hiperplasia prostática y enfermedades de transmisión sexual;

f) Control de peso;

g) Salud bucal, y

h) Los demás que determine la Secretaría de Salud.

IV. En la Cartilla Nacional de Salud del Adulto Mayor:

a) Todas las vacunas que se apliquen a la mujer y al hombre mayor de 60 años de edad, señalando los tipos de las mismas, enfermedades que previenen, dosis y fecha de aplicación;

b) Prevención, detección y control de enfermedades crónico-degenerativas, tuberculosis, entre otras de importancia en salud pública;

c) Prevención de complicaciones de hipertensión arterial y diabetes;

d) Prevención, detección y control de cáncer;

e) Agudeza visual;

f) Control de peso;

g) Salud bucal, y

h) Los demás que determine la Secretaría de Salud.

157 Bis 5.El Consejo Nacional de Vacunación es una instancia permanente de coordinación de los sectores público, social y privado para promover y apoyar las acciones de prevención, control, eliminación y erradicación, entre toda la población residente en la República Mexicana, de las enfermedades que pueden evitarse mediante la administración de vacunas.

157 Bis 6. El Consejo Nacional de Vacunación tendrá las siguientes funciones:

I. Proponer políticas, estrategias y medidas que considere necesarias para la prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades que pueden evitarse mediante la aplicación de vacunas;

II. Promover la coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como entre las autoridades federales y los gobiernos de las entidades federativas, para la prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades evitables por vacunación;

III. Promover la realización de actividades educativas, de investigación y de difusión, en materia de prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades que pueden evitarse mediante la aplicación de vacunas;

IV. Promover la sistematización y difusión de la normatividad e información científica, técnica y sanitaria en materia de prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades que pueden evitarse por vacunación, así como en materia de aplicación de vacunas, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano;

V. Opinar sobre los programas de capacitación y de atención médica relacionados con la prevención, el control, la eliminación y erradicación de las enfermedades que pueden evitarse por vacunación, así como con la aplicación de vacunas, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano;

VI. Opinar sobre el sistema de información y evaluación de las acciones en materia de vacunación;

VII. Recomendar modificaciones a las disposiciones jurídicas vigentes que se relacionen con la prevención, el control, la eliminación y erradicación de las enfermedades que pueden evitarse mediante la aplicación de vacunas;

VIII. Expedir su reglamento interno, y

IX. Las demás que le asigne el Ejecutivo Federal.

157 Bis 7.Serán miembros permanentes del Consejo Nacional de Vacunación, el Secretario de Salud, quien lo presidirá, los subsecretarios y el Oficial Mayor de la Secretaría de Salud, así como los directores generales de los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, nacionales de Pediatría y de Salud Pública, así como del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

El Presidente del Consejo invitará a formar parte de éste a representantes de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, así como de los sectores público, social y privado cuyas actividades tengan relación con las funciones del mismo.

Asimismo, previa invitación del Presidente del Consejo, participarán en las sesiones tres secretarios de salud de las entidades federativas, que deberán rotarse según lo determine el propio Consejo en su reglamento interno.

157 Bis 8.La Secretaría, previa opinión del Consejo Nacional de Vacunación, determinará anualmente el esquema básico de vacunación.

157 Bis 9. Las instituciones públicas utilizarán instrumentos de seguimiento a los servicios otorgados en el marco de la misma y, cuando así lo soliciten los usuarios, proporcionarán las Cartillas Nacionales de Salud

Las autoridades del Sistema Nacional de Salud promoverán que los jueces u oficiales del Registro Civil entreguen la Cartilla Nacional de Vacunación a los padres, tutores o responsables del menor que aún no cuenten con ella, o la soliciten a efecto de asentar los datos del menor en la misma.

157 Bis 10. La Cartilla Nacional de Vacunación quedará en poder y bajo custodia de los padres, tutores o responsables de su titular hasta en tanto éste alcance la mayoría de edad.

Los padres, tutores o responsables del menor deberán presentarlo en las unidades aplicativas para su vacunación y, al efectuarse ésta, los prestadores de servicios deberán anotar en la cartilla la información a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción I del artículo 157 bis 4 de esta Ley.

157 Bis 11. La Cartilla Nacional de Vacunación tendrá plena validez en las dependencias, entidades o instituciones ante las que deba comprobarse la vacunación.

157 Bis 12. Cuando se presten servicios de salud a un individuo que no cuente con la Cartilla Nacional de Salud correspondiente a su grupo de edad, el prestador estará obligado a entregársela y asentar en ella los datos generales del usuario.

Asimismo, el prestador de servicios deberá indicar al usuario la necesidad de presentar la Cartilla Nacional de Salud relativa cada vez que sea atendido, independientemente del lugar en donde reciba el servicio.

157 Bis 13. En ningún caso se podrá negar la prestación de los servicios por la falta de presentación de la Cartilla Nacional de Salud.

Dado en la Cámara de Diputados, a 1o. de octubre de 2013.— Diputadas: Mónica García de la Fuente, Consuelo Argüelles Loya, Elvia María Pérez Escalante, Alma Marina Vitela Rodríguez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Carla Alicia Padilla Ramos, Leonor Romero Sevilla.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Mónica García de la Fuente. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia rectifica el trámite dado a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 58 y 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, presentada por la diputada Margarita Licea González. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, diputado presidente. Vengo a esta tribuna a cumplir un compromiso de campaña que nos va a interesar y les va a interesar a todas nuestras compañeras diputadas y diputados: hacer una reforma al artículo 170 de la Ley del Seguro Social.

Uno de los temas prioritarios para el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano se relaciona con el cuidado y la atención de la seguridad social, particularmente en este caso el derivado de la garantía de la pensión garantizada.

Ha sido tema de campaña de todos nosotros el combatir la pobreza y lo único que ha habido es más pobres, haciendo a México —como país— una fábrica de pobres. Por eso es que vengo a pedirles a todas y todos ustedes que apoyen esta iniciativa.

Recuerdo —y les recuerdo a las compañeras y compañeros panistas— que un secretario de Hacienda —que hoy es senador— dijo que con 6 mil pesos que ganaran los mexicanos y las mexicanas podrían comprar hasta un coche, un vehículo. Yo les digo que no dijo cómo. Si se le hubiera ocurrido modificar el artículo 170 del Seguro Social, en realidad ahí esa gente, que ya entregó su vida a México y que ahora vive con una pensión de hambre, que no les alcanza ni para comprar sus medicinas, que hubiera elevado esa pensión a dos salarios mínimos del Distrito Federal, hubieran logrado que miles de hombres y mujeres lograran tener esos 6 mil pesos mensuales y claro que les hubiera alcanzado hasta para comprar un coche, aunque fuera usado.

Además, imaginen ustedes que todos los mexicanos que hoy viven en la pobreza ganaran 6 mil pesos mensuales. Viviríamos en el país de las maravillas, porque entonces sí combatiríamos la pobreza. Como no se puede darles a todos esa cantidad, vamos a dárselas a las mujeres y a los hombres que ahora ya tienen 67, 70, 80 años y que viven de esa pensión garantizada, que no les alcanza para nada.

Les pido a todas y a todos ustedes, a los integrantes de la comisión a donde se va a turnar esta iniciativa, que la dictaminen a favor, porque de lo contrario no van a poder ayudar a esa gente que ya dio su vida por México.

Quedaría de esta forma el artículo 170: Pensión garantizada es aquella en que el Estado asegura a quien reúna los requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de esta ley, y su monto mensual será el equivalente a tres veces el salario mínimo general para el Distrito Federal en el momento en que entre en vigor esta ley, cantidad que se actualizará anualmente en el mes de febrero, conforme al índice nacional de precios al consumidor, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión. Muchísimas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Soto Martínez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los temas prioritarios para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es el relativo a la seguridad social. Por ello, la presente iniciativa de ley pretende reformar el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, a fin de garantizar una mayor y mejor “pensión garantizada”, que les permita a las y los mexicanos vivir de manera más decorosa.

Todos los partidos políticos, se comprometen en todas las campañas políticas mencionadas a combatir la pobreza, e impulsar múltiples programas de gobierno que fortalezcan la seguridad social de los ciudadanos; sin embargo, en la realidad los niveles de seguridad social en México se han venido rezagando de manera lamentable, mientras la pobreza sigue en aumento.

El día 4 de julio del año pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su página oficial, informó que datos al 30 de junio del mismo año, indicaban que había 15 millones 705 mil personas afiliadas a dicho Instituto.

Actualmente el salario mínimo que rige en el Distrito Federal es por la cantidad de $64.76 y que con la integración del factor que contempla la propia Ley del Seguro Social como básico es de 4.52 por ciento con motivo del 25 por ciento de la prima vacacional anual de 6 días de vacaciones considerando que se trata del primer año de servicios laborales prestados, más 15 días de aguinaldo sumados y divididos entre 365 días del año, llega a 67.71 pesos diario, así que multiplicándolo por 30.4 días del mes oficialmente especificado, nos arroja una irrisoria cantidad de 2058.38 pesos como cuantía de la “pensión mensual garantizada”, variando esta última cifra en unos cuantos pesos dependiendo de los años cotizados base mismos para el cálculo correspondiente del caso específico.

El 17 de julio del 2012, el Consejo de Evaluación Política de Desarrollo Social en México, publicó que el 46.20 por ciento de la población, vive en estado de pobreza, lo que representa en esa fecha 52 millones de personas; de esta forma tenemos la panorámica económica social de nuestro País.

El senador Ernesto Cordero Arroyo el año pasado, siendo todavía secretario de Hacienda y Crédito Público, declaró que una persona que percibiera ingresos por una cantidad de 6.000.00 mensuales podría tener incluso un automóvil, solo que no dijo la forma de ganar esa cantidad, se le olvidó que existen millones de personas que perciben por abajo del salario mínimo mensual, principalmente trabajadores del campo, y que si bien les va a una parte de ellos y los registran ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo hacen con ese salario mínimo general del área geográfica del contribuyente.

Creo con certeza que si se le hubiera ocurrido la reforma del Artículo 170 de la Ley del Seguro Social, muchos pensionados de “Pensión Garantizada”; y se las hubieran duplicado por lo menos o triplicado para alcanzar los $6,000.00, ya estarían disfrutando de ese automóvil; aunque no fuera nuevo.

Pero la triste realidad aquí la tenemos presente, nada menos el día 1 de agosto del 2013, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, da a conocer que la pobreza en México lejos de disminuir se había incrementado; fuente informativa periodística televisa Joaquín López Dóriga.

Se implementaron programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y que sucede a pesar de ello la pobreza se incrementa, en nuestro País la pobreza sigue creciendo y no se ven medidas concretas y objetivas para disminuirla, y claro está que quienes más la recienten son los adultos mayores, los cuales ya tienen limitaciones físicas principalmente para desempeñar cualquier oficio o trabajo genérico para defenderse del hambre que los acomete día con día.

Pero no es todo lo que le pasa a la persona que percibe una pensión garantizada, resulta que a la muerte de su pareja oficialmente registrada, la cantidad se ve disminuida sustancialmente, se considera de justicia y equidad que a este sector de trabajadores que ya se encuentran en el último periodo de vida.

En mérito de lo antes expuesto, el diputado que suscribe, comprometido con las reformas estructurales, que representen verdaderos beneficios para los sectores sociales más desprotegidos, somete a esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social

Ley del Seguro Social

Artículo 170. Pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de esta ley y su monto mensual será el equivalente a tres veces el salario mínimo general para el Distrito Federal, en el momento en que entre en vigor esta ley, cantidad que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al índice nacional de precios al consumidor, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.— Diputados: José Soto Martínez, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica.).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Soto Martínez. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen y a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Congreso de la Unión desde su ámbito de responsabilidades tiene enormes tareas pendientes ante la problemática de las desapariciones forzadas.

Recientemente, Amnistía Internacional emitió un informe sobre desapariciones forzadas en México señalando que se trata de un problema sistemático y generalizado. Dicho informe documentó 152 casos concretos de desapariciones. Sin embargo, la misma organización alerta sobre el hecho de que dicha cifra no se acerca al total de desapariciones y lamenta que el único dato oficial que se ha dado a conocer es el de la base de datos publicada en febrero de 2013, que contiene 26 mil 121 registros.

Amnistía Internacional señala que dicha base de datos demuestra la deplorable falta de metodología y procedimientos claros de las autoridades para recabar datos fiables de ámbito nacional sobre las desapariciones denunciadas.

Concretamente, Amnistía Internacional ha solicitado la implementación de medidas que competen al Congreso de la Unión y a las que puede darse respuesta mediante la presente iniciativa, pues ha solicitado armonizar la legislación federal y la estatal con las normas internacionales de derechos humanos —entre otras medidas— creando una Ley General sobre Desapariciones Forzadas.

Por su parte, Human Rights Watch documentó casi 250 mil desapariciones tan solo en el sexenio anterior y también alertó sobre la participación, en numerosos casos, de miembros de fuerzas de seguridad mexicana.

Dicha organización ha exigido al Estado mexicano revisar la definición de desaparición forzada en la legislación federal y de los estados para asegurar que sea coherente en todo México y acorde con las normas internacionales de derechos humanos.

La única forma en que el Congreso de la Unión puede incidir en la legislación de las entidades federativas que continúen sin tipificar el delito de desaparición forzada es precisamente mediante la emisión de una ley general en la materia, asunto que ocupa esta iniciativa.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, informó en junio de 2013, que cuenta con datos de 2 mil 443 casos de funcionarios del Estado que estarían involucrados en las desapariciones.

Otros esfuerzos ciudadanos también han demandado la creación de una ley general en la materia, tales como la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, fue también una exigencia en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, llevado a cabo en junio de 2013, en Saltillo, Coahuila.

En dicho foro, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Ricardo García Cervantes, reconoció que México vive una crisis humanitaria en el caso de las desapariciones de personas ante la cantidad de víctimas de este crimen.

También en dicho foro el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, consideró inaudito que no haya detenidos por las desapariciones en el país.

El Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas de las Naciones Unidas recomendó en su informe de la misión a México, realizada en marzo de 2011, que se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.

Dicha ley general debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo. Crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida, con la participación de los familiares de las víctimas. Establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente que garantice que los familiares, abogados, defensores de derechos humanos y cualquier otra persona interesada tengan pleno acceso a ese registro.

Permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada. Asegurar la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos. Y garantizar el derecho a la reparación integral.

En septiembre de 2011, el consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Santiago Corcuera Cabezut, destacó la importancia de tener una ley general contra la desaparición forzada en México que sea integral, que incida en la legislación nacional y así llenar los huecos que se tienen en la materia.

Si bien en el Senado de la República existen ya algunas iniciativas para establecer la base constitucional para la creación de una ley general sobre desaparición forzada, en la Cámara de Diputados no se ha comenzado a debatir el tema. Dado que la colegisladora no ha logrado avanzar en esta materia, sería útil que la Cámara de Diputados actuara como cámara de origen ante la gravedad de la crisis humanitaria que atraviesa el país en materia de desaparición forzada.

México se encuentra vinculado a la tipificación adecuada y a la prevención de la desaparición forzada, pues ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones. Sin embargo, hasta la fecha, continua incumpliendo con sus obligaciones para con la comunidad internacional.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de esta Cámara, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa.

Artículo Único. Se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

XXIX-R. Para legislar en materia de desaparición forzada de personas estableciendo, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas de personas.

Dicha legislación deberá contemplar como sujeto activo del delito tanto a los servidores públicos como a los particulares que actúen con la autorización, el apoyo o la complicidad del Estado; definir la desaparición forzada como un delito autónomo y de carácter continuado, cuya prescripción únicamente podrá computarse a partir de que se conozca la suerte o el paradero de la víctima. En ningún caso podrán otorgarse amnistías o indultos a favor de quienes hubieren cometido el delito de desaparición forzada de personas. La ley general que se expida con fundamento en esta fracción, deberá crear un registro nacional de personas desaparecidas.

Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del PT

Loretta Ortiz Ahlf, diputada federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Congreso de la Unión desde su ámbito de responsabilidades tiene enormes tareas pendientes ante la problemática de las desapariciones forzadas. Recientemente Amnistía Internacional emitió un informe sobre desapariciones forzadas en México señalando que se trata de un problema sistemático y generalizado. Dicho informe documentó 152 casos concretos de desapariciones forzadas. Sin embargo la misma organización alerta sobre el hecho de que dicha cifra no se acerca al total de desapariciones y lamenta que el único dato oficial que se ha dado a conocer es el de la base de datos publicada en febrero de 2013 que contiene 26,121 registros. Amnistía Internacional señala que dicha base de datos demuestra la deplorable falta de metodología y procedimientos claros de las autoridades para recabar datos fiables de ámbito nacional sobre las desapariciones denunciadas. Concretamente Amnistía Internacional ha solicitado la implementación de medidas que competen al Congreso de la Unión y a las que puede darse respuesta mediante la presente iniciativa, pues ha solicitado “armonizar la legislación federal y estatal con las normas internacionales de derechos humanos, entre otras medidas creando una Ley General sobre Desapariciones Forzadas”.

Por su parte, Human Rights Watch documentó casi 250 desapariciones tan sólo en el sexenio anterior y también alertó sobre la participación en numerosos casos, de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas. Dicha organización ha exigido al Estado mexicano “revisar la definición de desaparición forzada en la legislación federal y de los estados para asegurar que sea coherente en todo México y acorde con las normas internacionales de derechos humanos”. La única forma en que el Congreso de la Unión puede incidir en la legislación de las entidades federativas que continúan sin tipificar el delito de desaparición forzada es precisamente mediante la emisión de una ley general en la materia, asunto que ocupa la presente iniciativa.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Raúl Plascencia Villanueva informó en junio de 2013 que cuenta con datos de 2,443 casos donde funcionarios del Estado estarían involucradas en las desapariciones forzadas.

Otros esfuerzos ciudadanos también han demandado la creación de una ley general en la materia, tales como la campaña nacional contra la desaparición forzada. Fue también una exigencia presente en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México llevado a cabo en junio de 2013 en Saltillo, Coahuila. En dicho foro el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes, reconoció que México vive una crisis humanitaria en el caso de las desapariciones de personas ante la cantidad de víctimas de este crimen. También en dicho Foro, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, consideró inaudito  que no haya detenidos por desapariciones en el país.

El Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas de las Naciones Unidas recomendó en su informe de la Misión a México realizada en marzo de 2011, que “se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Dicha ley general debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo; crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida con la participación de los familiares de las víctimas; establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente que garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada tenga pleno acceso a este registro; permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada; asegurar la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos; y garantizar el derecho a la reparación integral.”

En septiembre de 2011, el Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Santiago Corcuera Cabezut, destacó la importancia de tener una Ley General contra la Desaparición Forzada en México, que sea integral, que incida en una legislación nacional, y así llenar los huecos que se tienen en esta materia.

Si bien en el Senado de la República existen ya algunas iniciativas para establecer la base constitucional para la creación de una ley general sobre desaparición forzada, en la Cámara de Diputados no se ha comenzado a debatir el tema. Dado que la colegisladora no ha logrado avanzar en esta materia, sería útil que la Cámara de Diputados actuara como cámara de origen ante la gravedad de la crisis humanitaria que atraviesa el país en materia de desapariciones forzadas.

México se encuentra vinculado a la tipificación adecuada y a la prevención de la desaparición forzada pues ha ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Sin embargo hasta la fecha continúa incumpliendo con sus obligaciones para con la comunidad internacional.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único: Se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX...

XXIX-B a XXIX-Q...

XXIX-R. Para legislar en materia de desaparición forzada de personas estableciendo, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas de personas.

Dicha legislación deberá contemplar como sujeto activo del delito tanto a los servidores públicos como a los particulares que actúen con la autorización, el apoyo o la complicidad del Estado; definir la desaparición forzada como un delito autónomo y de carácter continuado, cuya prescripción únicamente podrá computarse a partir de que se conozca la suerte o el paradero de la víctima. En ningún caso podrán otorgarse amnistías o indultos a favor de quienes hubieren cometido el delito de desaparición forzada de personas. La ley general que se expida con fundamento en esta fracción, deberá crear un registro nacional de personas desaparecidas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto.

Tercero. Se expedirán y se adecuarán las leyes en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas, en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Notas:

1 Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México. Amnistía Internacional. Junio de 2013.

2 Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada,20 de febrero de 2013. Human Rights Watch.

3 Al menos 16 entidades federativas no cuentan con un tipo penal de desaparición forzada ni se contempla en alguna legislación especial local. Donde se ha llevado a cabo la tipificación se ha incurrido en omisiones graves (con la excepción de Nuevo León) pues se ha tomado como modelo el artículo 215-A del Código Penal Federal, que fue considerado incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4 Informe de Misión a México. Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desaparición forzada e involuntarias, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2012, México.

5 Jornadas El rescate de la memoria colectiva sobre la desaparición forzada, CDHDF.

6 El 12 de abril de 2011, el senador Rubén Fernando Velázquez López propuso a la Cámara de Senadores una iniciativa para reformar los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de sentar la base para expedir una ley general en la materia. Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre del año dos mil trece.— Diputadas: Loretta Ortiz Ahlf, Evia María Pérez Escalante, Angelina Carreño Mijares, Leonor Romero Servilla, Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada doña Loretta Ortiz Ahlf. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México vive una paradoja en su agenda social y de salud, por un lado hay 28 millones de compatriotas que no tienen acceso a una alimentación adecuada, y por el otro tenemos una prevalencia de sobrepeso y obesidad entre nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes.

Esta paradoja muestra que requerimos políticas públicas integrales que atiendan un problema de exclusión social, y que al mismo tiempo dichas acciones tengan el impacto positivo esperado por la comunidad.

Las políticas deben tener un sustento legal para aminorar los efectos perversos que pudiera traer consigo tratar de acabar con el hambre en el país sin una alimentación nutritiva y adecuada, porque atender el hambre no es solo alimentar a la población, es alimentarla bien, con nutrientes y la dieta balanceada que permita el desarrollo físico e intelectual acorde con los estándares mundiales.

Durante el 2011 se aprobó la reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se adicionó un párrafo en que se establece que toda persona tiene el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad que el Estado garantiza. Con una enmienda constitucional se pretendió dar certeza a la seguridad alimentaria y nutricional, y superar la crisis alimentaria que sufren los sectores más desprotegidos del país.

En el año 2012, con el cambio de gobierno a nivel federal el tema de la desnutrición se incorporó como un asunto prioritario en la agenda nacional. El Poder Ejecutivo federal creó el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, Sin Hambre. Dicho sistema constituye una estrategia que busca la inclusión y bienestar social a través de conjuntar esfuerzos y recursos de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, así como del sector privado y de organismos e instituciones internacionales orientado a la población en estado de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación.

Reconociendo el esfuerzo que conlleva este importante programa, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social, dicha estrategia no consideró la modificación mencionada del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, referente al importante concepto de alimentación nutritiva.

La presente iniciativa tiene el propósito de incorporar el concepto de alimentación nutritiva y de calidad en la Ley General de Desarrollo Social, con el que se pretende que todos los programas de gobierno consideren de manera conjunta la alimentación con la nutrición, particularmente en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, Sin Hambre.

Mantener separados ambos términos va en contra de la esencia de una alimentación nutritiva, que fue el espíritu de la Declaración de Roma al referirse a alimentación nutricionalmente adecuada. Es decir, realizar una selección adecuada de los alimentos que se van a ingerir, con la finalidad de que no solo gocemos de una alimentación o comida, sino que esto aporte a nuestro cuerpo los nutrientes requeridos para participar de una mejor salud óptima.

Estimados compañeros y compañeras diputadas, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos importante adecuar la Ley General de Desarrollo Social con lo que establece el artículo 4o. constitucional, no solo por un asunto de modernización legislativa, sino porque es necesario orientar la integridad de la política social con la agenda de salud. Una alimentación accesible, adecuada, nutritiva y de calidad debe ser nuestro mayor compromiso con la sociedad. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 6o., 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Cristina Olvera Barrios, diputada de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 14 fracción I, 19 fracción V y 36 fracción VII de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de alimentación, con base en la siguiente

Exposición de motivos

a. Planteamiento del problema

Durante el año 2011 se aprobó la reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se adicionó un párrafo en el que establece que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará”. La enmienda constitucional estaría enfocada a superar la crisis alimentaria que sufren los sectores más desprotegidos del país. Ello con el propósito de garantizar no solo el derecho de acceso a la alimentación, sino que ésta sea de calidad y considere a la nutrición como elemento básico para la salud de la población.

Con dicha reforma se pretendió dar certeza a la “seguridad alimentaria y nutricional” en el país. Por un lado, se pretende lograr la dis­ponibilidad, el acceso, la estabilidad y la utilización más adecuada de los alimentos. Por el otro lado, impactar de manera positiva en el estado nutricional de las personas, a partir de la armonización de la legislación nacional a nivel Constitucional con los valores y principios plasmados en diversos instrumentos internacionales. Asimismo, con los objetivos que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) tiene para erradicar el hambre, consolidar la seguridad alimentaria y disminuir la malnutrición  en la población mundial.

En el año 2012, con el cambio de gobierno a nivel federal el tema de la desnutrición se incorporó como un asunto prioritario en la agenda nacional. El Poder Ejecutivo Federal creó el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE). Dicho sistema constituye una estrategia que busca la inclusión y bienestar social a través de conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, así como del sector privado y de Organismos e Instituciones Internacionales, orientado a la población en estado de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación.

Reconociendo el esfuerzo que conlleva este importante programa encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), es de señalar que es que no se consideró en la estrategia la modificación mencionada del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, referente al importante concepto de

Lo anterior puede obedecer a que a la fecha, esta reforma constitucional no se ha plasmado aún en la Ley General de Desarrollo Social, ya que en el texto de esta legislación solo se refiere al término de “alimentación” de manera lisa y llana. Considero que en la redacción del Decreto se sobrepuso el término que tiene por objeto establecer el “SIN HAMBRE”, pues este alude a los términos de “alimentación” y “nutrición” en sus acepciones singulares y no como un concepto conjunto. Tal como está establecido en el programa se omite que la finalidad es la “alimentación nutritiva”, lo cual repercute de fondo también en la manera en que se llevan a cabo las reglas de operación de cada uno de los programas que implementa la y demás dependencias de la APF que soslayan a la nutrición como un elemento fundamental dentro de la alimentación.

b. Argumentación

Debido al crecimiento demográfico y la grave crisis alimentaria que existe a nivel mundial, en el marco de la Naciones Unidas se funda en 1945 la FAO, cuyo objetivo principal es la implementación de acciones concretas y programas para erradicar el hambre y brindar seguridad alimentaria a la población mundial. Desde entonces, se han celebrado foros y convenciones internacionales con la intención de conocer e intercambiar información. México ha participado activamente en la firma de cada uno de los instrumentos jurídicos que se han emitido.

Tal fue el caso de la Declaración de Roma que versó sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, y por la que se determinó el “derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”.La Declaración comprometía a los Estados firmantes a ejecutar políticas que aseguraran la producción, el abasto y la calidad de los alimentos de manera oportuna. Recomendación que adoptó nuestro país y que permitió llevar a cabo la modificación Constitucional antes aludida, con la finalidad imperante de asegurar que la población tuviera acceso a una alimentación nutritiva y poder enfrentar y superar la crisis alimentaria en nuestro país.

Asimismo, se estableció en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que: “La aplicación de las recomendaciones contenidas en este Plan de Acción es el derecho soberano y responsabilidad de cada Estado, mediante la legislación nacional y la formulación de estrategias, políticas, programas y prioridades de desarrollo, de conformidad con todos los derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo, y con el significado y pleno respeto de los distintos valores religiosos y éticos, orígenes culturales y convicciones filosóficas de las personas y sus comunidades, y deberá contribuir a que todos disfruten plenamente de sus derechos humanos a fin de alcanzar el objetivo de la seguridad alimentaria”.

Esta premisa ya forma parte de nuestra Carta Magna, pero no se trasladó a la Ley General de Desarrollo Social, la cual tiene como finalidad “garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social” y “señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social”.

Por lo anterior consideramos indispensable incorporar el concepto de “ alimentación nutritiva y de calidad”, a la Política Nacional de Desarrollo Social, mediante una reforma a la Ley General de Desarrollo Social, para que todos los mecanismos y programas del gobierno consideren conjuntamente a la nutrición paralelamente de la alimentación, pues el simple hecho de prever solamente a esta última en la aplicación de programas o políticas públicas, podría dejar de lado el que los alimentos tengan valor nutricional y que solo buscasen satisfacer la ingesta aunque esta no fuera de calidad o sana para el organismo.

El señalar la distinción entre “alimentación” y “nutrición” en su acepción particular es importante, pues son conceptos distintos al que se estableció en la reforma del artículo 4 Constitucional que expresamente se refiriere a la “alimentación nutritiva”, pues se utilizarían de manera singular al separar las voces por una conjunción. En este sentido nos remitimos a lo expuesto por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la materia de Salud Pública I, Segunda Unidad: Alimentación y Nutrición Mexicana 2010, para unificar la fuente de información:

• Alimentación: Conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados con la ingestión de alimentos mediante el cual el organismo obtiene del medio los nutrimentos que necesita así como las satisfacciones intelectuales, emocionales,estéticas y socioculturales que son indispensables para la vida humana plena.

• Nutrición: Conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos involucrados en la obtención, asimilación y metabolismo de los nutrimentos por el organismo. La nutrición es fundamentalmente un proceso celular que ocurre en forma continua y está determinado por la interacción de factores genéticos y ambientales; entre los últimos se destaca la alimentación y factores de tipo físico (clima, altitud, etcétera), biológico, psicológico y sociológico.

Debido al significado de ambas palabras, podemos determinar que los términos nutrición y alimentación no son sinónimos, ya que la nutrición se va a determinar dependiendo de la ingesta de los alimentos que se consuman, por lo que no todo los que se coma, podrá tener la categoría de un alimento nutritivo para nuestro cuerpo; mientras que la alimentación será exclusivamente la acción que realizamos durante la selección e ingesta de los alimentos cualesquiera que sean estos.

Por lo anterior, al separar los términos de alimentación y nutrición éstos no representan la esencia de una “alimentación nutritiva” que fue el espíritu de la Declaración de Roma, al referirse a “alimentación nutricionalmente adecuada” entendiéndose por esta última, la selección adecuada de los alimentos que se van a ingerir con la finalidad de que no solo gocemos de una alimentación o comida, sino que esta aporte a nuestro cuerpo, los nutrientes necesarios para participar de una mejor salud.

Así las cosas, es importante que se reforme la Ley General de Desarrollo Social, debiendo incorporarse al término de alimentación, los calificativos “nutritiva” y “de calidad”.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 6, 14, fracción I, 19, fracción V, y 36, fracción VII, de la Ley General de Desarrollo Social en materia de alimentación

Artículo Único. Se reforman los artículos 6, 14, fracción I, 19, fracción V, y 36, fracción VII, de la Ley General de Desarrollo Social en materia de alimentación, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6.Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 14.La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la alimentación nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación;

Artículo 19.Son prioritarios y de interés público:

I. a IV. ...

V.Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación nutritiva y de calidad y nutrición materno-infantil;

Artículo 36.Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores:

I. a VI. ...

VII.Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, y

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Diario Oficial de la Federación, publicación de la reforma de los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 13 de octubre de 2011.

2 El concepto de “seguridad alimentaria” se empleó para ubicar los problemas de inseguridad alimentaria en los hogares y las personas y en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, se concluyó que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento ac­ceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana“. Es una definición, aceptada globalmente, permite identificar las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria que ya se citó anteriormente.

3 Información que brinda la FAO, a través de la página electrónica: http://www.fao.org/about/what-we-do/so1/es/

4 Artículo 1o. del decreto que tiene por objeto establecer el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sin Hambre), publicado en el 2012.

5 Observación de los 16 Programas Sociales que implementa la Secretaria de Desarrollo Social, página electrónica: http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/Reglas_de_Operacion

6 Documento titulado crecimiento demográfico y crisis alimentaria, Información proporcionada por la FAO, a través su página electrónica: http://www.fao.org/docrep/u3550t/u3550t04.htm

7 FAO, Archivo de sitios web sobre el Día Mundial de la Alimentación, página electrónica: http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm

8 Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Roma Italia, 1996.

9 Punto 12 del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, Roma, 1996

10 Artículo 1 fracción I y II de la Ley General de Desarrollo Social vigente.

11 Compromiso Segundo del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, Roma 1996 y de conformidad con la Declaración Mundial sobre Nutrición (Conferencia Internacional sobre Nutrición, CIN), Roma, 1992

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.— Diputada Cristina Olvera Barrios, Leonor Romero Sevilla (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Cristina Olvera Barrios. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la Telesecundaria Adolfo López Mateos, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, invitados por la diputada Irazema González Martínez Olivares.

Bienvenidos también los estudiantes de la Escuela Primaria Lorenza Rosales. Invitados por el diputado Israel Moreno Rivera.

De manera muy afectuosa, también a las ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan del estado de Querétaro.

MODIFICACION AL ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Señoras y señores legisladores, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva acordaron que de recibirse el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se otorga por parte de esta LXII Legislatura la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, éste sería integrado al orden del día publicado.

En consecuencia, consulte la Secretaría, en votación económica, si se autoriza la modificación del orden del día.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado.

MEDALLA AL MERITO CIVICO “EDUARDO NERI Y LEGISLADORES DE 1913”

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo, el 9 de octubre de 2013.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, el expediente que contiene los documentos que sustentan la propuesta del candidato presentado por los diputados Adriana González Carrillo, Luis Alberto Villarreal García y Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para recibir la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, el 9 de octubre de 2013.

Este órgano legislativo, después de analizar su contenido, expone a la consideración de la honorable Asamblea de la Cámara de Diputados, el presente dictamen conforme a lo siguiente:

Antecedentes

1. La Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913” es el máximo reconocimiento que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión entrega durante el mes de octubre a aquel ciudadano o ciudadana que se haya distinguido relevantemente, sirviendo a la colectividad nacional y a la República, por sus hechos cívicos o políticos.

2. Desde su aparición, la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913” ha pasado por diversas etapas, hasta llegar a lo que hoy representa. Surgió en la XLVII Legislatura, el 21 de octubre de 1969, cuando un grupo de parlamentarios encabezados por el diputado Celso Vázquez Ramírez propuso reconocer al ex diputado Eduardo Neri, quien, en la XXVI Legislatura, pronunció un discurso sobre la desaparición y muerte de diversos legisladores por parte del gobierno huertista.

3. El pasado 25 de febrero de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las reformas aprobadas por esta Cámara, al diverso por el que se crea la Medalla al Mérito  Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, publicado el 2 de mayo de 2001, así como al Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, con el objetivo fundamental de que este reconocimiento, otorgado en tiempos recientes una vez en cada Legislatura, ahora se entregue cada año de ejercicio, en la Cámara de Diputados.

4. Asimismo, con esta reforma, el nombre de la Medalla al Mérito  Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, cambió la “coma”, después del apellido Neri, por la conjunción “y”, para destacar y enaltecer así, a la generación de legisladores a la cual perteneció el ilustre diputado guerrerense.

5. De acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo del año 2001, la medalla será de oro y penderá de un listón de seda con los colores patrios, en una de sus caras estará la efigie de Eduardo Neri Reynoso con la leyenda: “Al Mérito  Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, seguido del número de la Legislatura que entrega y en la otra cara estará grabado el Escudo Nacional.

6. Además de lo anterior, el decreto por el que se crea la medalla establece que se otorgará un pergamino alusivo al dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, así como la suma de dinero equivalente a tres veces la dieta mensual de un ciudadano diputado.

7. Con el fin de dar cumplimiento a lo que dispone el actual reglamento de la medalla, el 5 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió la convocatoria para el proceso de selección de candidatos a recibir la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, presea que, a partir de esta LXII Legislatura, será otorgada cada año por la Cámara de Diputados, a un ciudadano mexicano, en atención a sus méritos cívicos o políticos.

8. En dicha convocatoria se estableció el día 9 de octubre de 2013, como la fecha para entregar la presea, en atención a lo dispuesto por el artículo 4o. el reglamento de la propia Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”.

9. La Mesa Directiva remitió a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el expediente del candidato registrado, a fin de dar cumplimiento al proceso de dictaminación para el otorgamiento de dicha presea.

10. En su carta de motivos de postulación, presentada ante la Mesa Directiva, los diputados promoventes exponen entre otros argumentos los siguientes:

“Quienes suscribimos la propuesta de otorgar la medalla “Eduardo Neri y Legisladores de 1913” al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo encontramos méritos cívicos sobresalientes para acreditar en su persona los valores de ser un mexicano ejemplar, quien ha dedicado toda su vida a las causas más nobles, entre ellas apoyar a los niños con discapacidad, cáncer y autismo, así como a sus familias, ayudándoles a mejorar su calidad de vida.

En México cuatro de cada diez mexicanos son afectados por alguna discapacidad y uno de cada tres mexicanos por el cáncer. Desde que Fundación Teletón inició sus trabajos, a la fecha se han atendido a 198,420 pacientes y existen aún 14,126 en lista de espera.

El Hospital Infantil Teletón de Oncología que está próximo a iniciar sus trabajos, tendrá capacidad para atender a 200 niños y a sus familias quienes contarán con un albergue para acompañar al paciente durante su estancia.”

“Su obra ha dado frutos como lo son algunos de los atletas paralímpicos mexicanos quienes nos representan en el exterior; los niños y jóvenes que hoy son padres de familia, y que tras su rehabilitación lograron alcanzar sus metas y vivir con dignidad.

Mostrar a México que sí se pueden cambiar las cosas y la promoción de una cultura de inclusión ha sido una de las más grandes aportaciones de la obra del ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo”.

11. El 1o. de octubre de 2013, esta comisión fue convocada por su presidente para llevar a cabo una reunión extraordinaria donde se analizara, discutiera y votara el predictamen relativo a la entrega de la medalla, para el segundo año de esta LXII Legislatura.

12. En dicha reunión, esta dictaminadora determinó elegir como candidato ganador al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo.

Consideraciones

Primera. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la materia motivo del presente dictamen, de acuerdo con lo que establece el primer párrafo del artículo 70, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1,  fracción II y 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segunda. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta representación, es competente para conocer y resolver todo lo relacionado con las distinciones que se otorgan a nombre de la Cámara de Diputados, según lo dispuesto por el artículo 40, párrafo segundo, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En el mismo sentido, es responsabilidad de esta comisión elaborar el dictamen para otorgar la presea referida, en concordancia con lo que señala el artículo tercero del decreto por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, así como los artículos quinto y sexto, del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico, “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”.

Tercera. La comisión reconoce ampliamente el empeño cívico de los ciudadanos mexicanos y considera que la distinción de la Cámara de Diputados a los méritos de un ciudadano es un acto sin duda oportuno en cualquier tiempo, y con ello el Poder Legislativo acerca su labor a la sociedad que representa.

Cuarta. Esta representación manifiesta su compromiso, a través de este reconocimiento, de continuar fomentando y premiando los valores cívicos, así como las acciones que contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad.

Quinta. Cabe señalar la necesidad actual de promover una cultura, en donde los ciudadanos trabajen por el bien de su familia, de su comunidad y en consecuencia, de nuestro país, a fin de que ello se traduzca en un mejor entorno social para todos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado; en atención a la trayectoria y aportaciones en su ámbito, que se han traducido en beneficios para la colectividad nacional, esta dictaminadora resuelve que el candidato ganador para ser galardonado con la Medalla al Mérito Cívico, “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, es el ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo.

Trayectoria del candidato ganador

Pedro Fernando Landeros Verdugo (nacido el 7 de septiembre de 1963, Distrito Federal) es el creador y presidente de Fundación Teletón México y Fundación México Unido.

– Hizo sus estudios en Derecho (profesión que no ha ejercido) en la Universidad Iberoamericana, Filosofía Política y Sistemas de Gobierno Comparados en Harvard, Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Chile, en Humanidades y Maestría en la Universidad Anáhuac.

– Fundaciones en las que ha contribuido son:

• Gente Nueva (1984 a 1994): Institución mexicana que fomentaba valores a jóvenes en el país.

• Un Kilo de Ayuda (1993 a 1994): Asociación más importante y relevante en temas de nutrición infantil y pobreza en el mundo, actualmente esta en alianza con el Gobierno de México para erradicar el hambre y la desnutrición.

• Fundación México Unido (1994 a la fecha): Institución mexicana que promueve el orgullo y valores de México.

• Programa Lazos (1997 a la fecha): Institución mexicana de asistencia privada que beneficia a más de 30,000 niños mexicanos con la construcción y/o mejora de las escuelas y ofrece becas de educación.

• Fundación Teletón (1997 a la fecha): Institución mexicana que ha beneficiado a más de 22,000 niños con discapacidad en todo el país por medio del Fondo Teletón y actualmente rehabilita a 500 personas, en cada uno de sus 20 Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).

Premios, reconocimientos y galardones

• Medalla de la Academia Mexicana de Relaciones Públicas (México 2003)

• La revista Líderes Mexicanos, año 11, número  52 (jul. 2002) le considera de 2001-2012 como uno de los 300 líderes más influyentes de México.

• Aparición en la revista Time, en su edición especial de octubre del 2001 (Latin American Edition), como uno de los 50 Líderes Jóvenes del Nuevo México.

• Premio Sé líder2000 (2000)

• Premio otorgado por el Periódico Ocho Columnas(1996)

Ponencias, conferencias, discursos, mensajes participación en congresos, simposia, coloquia

Congresos Oritel

• “La Esperanza” Discurso inaugural del IV Congreso de la Organización Internacional de Teletones (Oritel),(México: Centro de Convenciones Banamex, ago.2004).

Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT)

Primeras piedras e inauguraciones

• 1999 CRIT  Estado de México (Tlalnepantla, Estado de México)

• 2000 CRIT Occidente (Guadalajara, Jal.)

• 2001 CRIT Oaxaca (Oaxaca, Oax.)

• 2002 CRIT  Aguascalientes (Aguascalientes, Ags.)

• 2003 CRIT Coahuila (Saltillo, Coah.)

• 2003 CRIT Guanajuato (Irapuato Gto.)

• 2004 CRIT Hidalgo (Pachuca, Hidalgo)

• 2006 CRIT Chihuahua (Chihuahua, Chih.)

• 2006 CRIT Chiapas (Tuxtla Gutiérrez, Chis.)

• 2007 CRIT Quintana Roo (Cancún, Q. Roo)

• 2007 CRIT Neza (Nezahualcóyotl, Edo. de México)

• 2008 CRIT Tamaulipas (Tampico, Tamps.)

• 2008 Unidad Oncológica del Hospital del Niño, doctor Rodolfo Nieto Padrón (Villahermosa, Tabasco)

• 2008 Centro de Salud del Nuevo Juan de Grijalva, (Juan de Grijalva, Chiapas.)

• 2009 CRIT Durango (Gómez Palacio, Durango)

• 2009 CRIT Veracruz (Poza Rica, Ver.)

• 2010 CRIT Sonora (Hermosillo, Son.)

• 2010 CRIT Baja California Sur (La Paz, BCS)

• 2011 CRIT Puebla (Puebla, Pue.)

• 2011 CRIT Ciudad de México (Distrito Federal)

• 2012 CRIT Guerrero (Acapulco, Gro.)

• 2012 CAT Centro de Autismo Teletón (Ecatepec, Edo. de México)

• 2013 CRIT Michoacán (Morelia, Michoacán)

Hospital Infantil Teletón de Oncología (Querétaro, Qro.)

• Discurso de colocación de la Primera Piedra (marzo 2012)

• Discurso de Inauguración (nov. 2013)

Gamesa

• “Conferencias Motivacionales”, Conferencias para el personal de Gamesa, (Monterrey, N.L.: 2000)

Gigante

• “Tony Meléndez”, Conferencia motivacional al personal general (México DF. 2004).

Off ice Depot

• “Teletón 2005”, Conferencia a personal gerencial y empleados (San Juan del Río, Qro.: Hotel Misión San Gil, 5 mar. 2005)

Congresos Gente Nueva (México)

• “Ser gente nueva”, Congreso Internacional Gente Nueva (Querétaro, Qro. mar. 2002)

• “Gente Nueva”, Congreso Internacional Gente Nueva (Puebla, Pue. mar. 2004)

• “Conferencia motivacional”, Gente Nueva-Filial Reynosa (Reynosa, Cd. Reynosa, Tams. jun. 2004)

• “Conferencia motivacional”, Gente Nueva-Nuevo Laredo (Reynosa, Cd. Reynosa, Tams. abr. 2004)

Otras conferencias

• “La Depresión” Conferencia impartida en mayo 2001

• “Sé Líder” Conferencia impartida en 2001

• “Despertando a la realidad” Conferencia en la Universidad de Monterrey (Monterrey, Nuevo León marzo.2002)

• “El amor hace milagros” Conferencia impartida en marzo 2002

• “Ser Líder” Conferencia impartida en el Instituto Tecnológico y de Estudios de Monterrey, ITESEM-(Monterrey, Nuevo León marzo 2003)

• “La importancia de ser joven” Conferencia ante el Instituto Mexicano de la Juventud Moreliana (Morelia, Michoacán. Mayo 2004)

• “Perseverancia” Conferencia impartida a los Atletas Paraolímpicos en octubre 2004

• “La formación integral” Conferencia magistral pronunciada en el Encuentro Nacional de Formación Educativa Integral (Juriquilla, Querétaro mayo 2005).

• “La generosidad, la aceptación” Conferencia impartida en mayo 2006

• Discurso pronunciado en el Doctorado “Honoris Causa” (Universidad Anáhuac Sur, mayo 2006)

• “Asistencia Privada” Conferencia motivacional a los ejecutivos de Banamex 2008

• “El voluntariado” Discurso pronunciado en el Centro Fox en marzo 2010

• “Los consentidos de Dios” Conferencia magistral impartida en enero 2011

• “La compasión” Conferencia impartida en septiembre 2011

• “Prevención de accidentes” Conferencia pronunciada a los universitarios del Tec. de Monterrey enero 2013

• “El paraíso en la tierra” Conferencia impartida a Javier Vargas en Guadalajara, Jalisco.

• “El encuentro del paciente” Conferencia pronunciada para los médicos acompañantes de los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón.

• “Presentación de Mexicanos Primero” Conferencia pronunciada en el evento de la alianza entre HSBC/Lazos/FIDE

• “Discurso pronunciado con motivo de la visita del Presidente Vicente Fox al CRIT Estado de México”(Tlalnepantla, Estado  de México)

• “Espacio” Conferencia impartida en el Foro Internacional de Comunicación de Televisa

Conferencias impartidas en diferentes escenarios sobre los siguientes temas

• “Valores de la Fundación Teletón”

• “¿Por qué hacemos Teletón?”

• “Si no existieran...”

• “Instituto Nacional de Rehabilitación”

• Conferencia magistral impartida a la empresa “Avaya”

• Conferencia magistral impartida a la empresa “Telcel”

• “Hazlo ahora, hazlo siempre”

Otros discursos

• “Perseverancia, lucha, esfuerzo...”, Discurso a los atletas paralímpicos (Edo. de México: CRIT-Edo. de México, oct. 2004)

• “Fundación Ven Conmigo”, Discurso pronunciado con ocasión de la inauguración de Fundación “Ven Conmigo” (México, DF. may. 2005)

Otros congresos

• “El papel de las organizaciones no gubernamentales”, Conferencia pronunciada en el Congreso sobre Discapacidad (México, DF. 2006)

Ponencias leídas en presentaciones de libros

• “Lo bueno, lo bello y lo verdadero-Nadie es ombligo en la tierra”, Ponencia de presentación del libro Nadie es ombligo en la tierra. Ayac xictli in tlaltícpac. Discapacidad en el México Antiguo (México, DF. abr. 2001)

• “Los valores que unen a México”, Ponencia de presentación del libro Los valores que unen a México. (México, DF. mar. 2004).

• “ABC de la Discapacidad -KADIMA- Ponencia de presentación del libro de la Asociación Judeo Mexicana para personas con discapacidad y/o necesidades especiales AC.

•  Conferencia pronunciada en la presentación del libro “Vivir y morir jugando beisball” (Alfredo Harp Helú)

Obras publicadas

(Artículos, presentaciones, prólogos, palabras preliminares)

LANDEROS VERDUGO, Fernando, Reflexiones,[México]: Fundación México Unido, Dirección de Desarrollo Humano, s.d. [2002],

___“Presentación”, en: Alberto ARIDJIS, Teletón. El milagro de México,presentación de..., Fundación Teletón, Promotora de Asistencia/ MVS Editorial, 2002, p. 11.

___“Palabras preliminares” en: Arturo ROCHA, Los valores que unen a México. Los valores propios de la mexicanidad. Una contribución a la experiencia de México con una insistencia particular en las virtudes morales,Primera Parte. Libro 1: Del México Prehispánico (Cultura náhuatl), Palabras preliminares de...; Prólogo de José Luis Guerrero Rosado; Prefacio del autor, México: Fundación México Unido/Nacional Monte de Piedad/Asociación Mexicana de Promoción y Cultura Social/Basílica de Guadalupe/Fundación GBM/Grupo Invertierra, 2003, pp. xxvii-xxviii.

___“Presentación” en ¿Hacia dónde vamos? Análisis y tendencia de la jerarquía de valores de los mexicanos,(Antonio Maza Pereda, coord.), México: Fundación México Unido/Ed. Diana, 2004, pp. ix-x.

___“Palabras preliminares” en: Arturo ROCHA, Virtud de México. El valor de la tradición,México: Ed. Miguel Ángel Porrúa, 2006, pp. 7-9.

___ Lecciones de la vida para mirar y sentir, soñar y despertar, sudar, amar y ser felices, México: Ed. Comunica-t, 2006, 66 pp. + ils.

Sociedades, consejos y organizaciones a las que pertenece

• Consejero del Consejo de la Comunicación

• Presidente del Patronato de Fundación Teletón México

• Presidente del Patronato de Fundación Teletón USA

• Vicepresidente de la Organización Internacional de Teletones (Oritel)

En razón de todo lo antes expuesto, fundado y motivado la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados, de la LXII Legislatura, acuerda presentar a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y legisladores de 1913”, correspondiente al segundo año de ejercicio de la legislatura, al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo.

Artículo Primero.La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, otorga la Medalla al Mérito Cívico, “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, correspondiente al segundo año de ejercicio legislativo, al Ciudadano Fernando Landeros Verdugo.

Artículo Segundo. La Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, un pergamino alusivo al dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se decide quién será la persona galardonada, suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y, una suma de dinero equivalente a tres veces la dieta mensual de un ciudadano diputado, se entregarán al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo, en sesión solemne que se celebrará el día 9 de octubre, a las 10:00 horas, en el salón de sesiones del Recinto Legislativo de San Lázaro.

Artículo Tercero.La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por conducto de su Presidente, informará al candidato que ha resultado elegido, respecto de la decisión de esta Asamblea, el día de la aprobación del dictamen en el Pleno.

Artículo Cuarto.En la sesión solemne a que se refiere el artículo anterior, podrán hacer uso de la palabra, un diputado miembro de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la persona homenajeada y el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La Junta de Coordinación Política acordará los tiempos de las intervenciones, así como el orden en que intervendrán los oradores.

Artículo Quinto. El protocolo que rija dicha sesión solemne será definido conjuntamente por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Artículo Sexto. El presente decreto será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en el Diario Oficial de la Federación y en tres diarios de circulación nacional.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, el martes 1o. de octubre de 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica en contra), Rubén Camarillo Ortega (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica en abstención), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica en abstención ), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Por lo que para los efectos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se autoriza. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que esta LXII Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, correspondiente al segundo año de ejercicio legislativo al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el señor diputado Rubén Camarillo Ortega, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de esta Cámara de Diputados.

El diputado Rubén Camarillo Ortega:Gracias, presidente. Vengo a esta tribuna, primero, agradeciendo al diputado Marcos Aguilar, presidente de esta comisión, que me haya cedido el honor de presentar este dictamen a la consideración de todos y cada uno de ustedes.

Con fundamento en el artículo 76, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de los Diputados presento ante ustedes, a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el dictamen por el que la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, correspondiente al segundo año de ejercicio legislativo al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo.

La Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, es el máximo reconocimiento que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión entrega durante el mes de octubre a aquel ciudadano o ciudadana que se haya distinguido relevantemente, sirviendo a la colectividad nacional y a la República, por sus hechos cívicos o políticos.

Desde su aparición, la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913 ha pasado por diversas etapas hasta llegar a lo que hoy representa. Surgió en la XLVII Legislatura, el 21 de octubre de 1969, cuando un grupo de parlamentarios encabezados por el diputado Celso Vázquez Ramírez, propuso reconocer al ex diputado Eduardo Neri, quien en la XXVI Legislatura pronunció un discurso sobre la desaparición y muerte de diversos legisladores por parte del gobierno Huertista.

Desde entonces la presea se ha entregado a diversas personalidades, incluyendo al propio Eduardo Neri, así como también a Andrés Henestrosa, Jesús Silva Herzog, Enrique Corona Morfín, Salvador Azuela Rivera, Francisco Martínez de la Vega, Raúl Anguiano Valadez, Miguel León Portilla, José Sarukhan Kermez y muy recientemente –el año pasado— a don Jacobo Zabludovsky.

El pasado 25 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma aprobada por esta Cámara, al diverso por el cual se crea la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, publicado el 2 de mayo de 2001, así como el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico, con el objetivo fundamental de que este reconocimiento otorgado en tiempo reciente una vez cada legislatura, ahora se entregue cada año de ejercicio en la Cámara de los Diputados.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta representación es competente para conocer y resolver todo lo relacionado con las distinciones que se otorgan a nombre de la Cámara de Diputados, según lo dispuesto por los ordenamientos correspondientes.

En el mismo sentido, es responsabilidad de esta comisión elaborar el dictamen para otorgar la presea referida, en concordancia con lo que señala el artículo 3o. del decreto en comento.

La comisión reconoce ampliamente el desempeño y empeño cívico de ciudadanos mexicanos y considera que la distinción de esta Cámara a los méritos de un ciudadano es un acto —sin duda— oportuno en cualquier tiempo y con ello el Poder Legislativo acerca su labor a la sociedad que representa.

Esta representación manifiesta su compromiso, a través de este reconocimiento, de continuar fomentando y premiando los valores cívicos, así como las acciones que contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad.

La propuesta del candidato que hoy nos ocupa y que ponemos a su consideración, a través del presente dictamen, fue presentada por los diputados Adriana González Carrillo, Luis Alberto Villarreal García, Alfredo Rivadeneyra Hernández, y por la diputación panista del estado de Aguascalientes: la diputada Teresa Jiménez, el diputado Raudel López, el diputado José Ángel González y su servidor, el de la voz, diputado Rubén Camarillo, todos ellos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en virtud de lo siguiente, y cito textual:

Quienes suscribimos la propuesta de otorgar la Medalla Eduardo Neri y Legisladores de 1913, al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo encontramos méritos cívicos sobresalientes para acreditar en su persona los valores de ser un mexicano ejemplar, quien ha dedicado toda su vida a las causas más nobles, entre ellas a apoyar a los niños con discapacidad, cáncer y autismo, así como a familias ayudándoles a mejorar su calidad de vida.

En México cuatro de cada diez mexicanos son afectados por alguna discapacidad y uno de cada tres, por el cáncer. Desde que la Fundación Teletón inició sus trabajos, a la fecha se han atendido 198 mil 420 pacientes y existen aún 14 mil 126 en la lista de espera.

El Hospital Infantil Teletón de Oncología, que está próximo a iniciar sus trabajos, tendrá capacidad para atender a 200 niños y a sus familias, quienes contarán con un albergue para acompañar al paciente durante toda su estancia. Su obra ha dado frutos, como lo son los de los atletas paraolímpicos mexicanos, quienes nos representan en el exterior, los niños y jóvenes que hoy son padres de familia y que tras su rehabilitación lograron alcanzar sus metas y vivir con dignidad.

Termino, presidente, diciendo que mostrar a México que sí se puede cambiar las cosas y la promoción de una cultura de inclusión ha sido una de las más grandes aportaciones de la obra del ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo.

Así, pues, a través del presente dictamen, esta dictaminadora reconoce la necesidad actual de promover una cultura en donde los ciudadanos trabajen por el bien de su familia, de su comunidad y, en consecuencia, de nuestro país, a fin de que ello se traduzca en un mejor entorno social para todos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, en atención a la trayectoria y aportaciones en su ámbito, que se han traducido en beneficios para la colectividad nacional, esta dictaminadora presenta a su consideración el dictamen para que esta LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión otorgue el próximo 9 de octubre del presente año la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913 al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo. Es cuanto, señor presidente, y dejo a su consideración el presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Rubén Camarillo.

Dígame, diputado Huerta, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Pedir la palabra para manifestarme en torno al asunto que se está discutiendo.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No tengo otro orador registrado en contra. Le doy la palabra para hablar en contra al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y registro a favor a quienes me lo soliciten. Tiene la palabra, diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Ya desde el siglo pasado, a mediados, Bertolt Brecht, en su obra Santa Juana de los Mataderos, alertaba a los hombres y mujeres del mundo que la misericordia se usa para avalar los sistemas de explotación del hombre por el hombre.

Les recomiendo mucho que revisen esta obra de teatro y verán lo que le pasó a Teresa, que era parte del Ejército de Salvación, y cómo los capitalistas usaban la misericordia para seguir explotando a los hombres y a las mujeres.

Existe una política pública a cargo del Ejecutivo federal y ahora de esta Cámara de Diputados —porque lo propone el PAN, lo avala el PRI y los que lo quieran avalar— para fortalecer la imagen de grupos empresariales, los que luego por cierto denuestan contra los diputados señalándolos como flojos, vividores y todo lo demás. El día de hoy al grupo Televisa.

Yo, ya en el segundo receso de esta Legislatura presenté ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo por el cual solicité la investigación de la condonación de más de 3 mil millones de pesos de impuestos a Televisa. Luego salió que esta misma Cámara había aprobado mecanismos para que fueran posibles estas condonaciones tributarias.

Desde 1994, la Declaración de Salamanca promueve la educación para todos mediante la capacitación de las escuelas para atender a todos los niños, sobre todo los que tienen necesidades educativas especiales y discapacidad.

A un niño con necesidades educativas especiales se le dificulta tener un ritmo de aprendizaje igual al de sus compañeros con los que comparte el quehacer educativo en el aula. Su ritmo es lento y requiere el apoyo de profesores capacitados en educación especial, así como de sus padres en casa para que juntos logren abordar el plan y programa del grado que cursa de manera significativa y satisfactoria.

Desgraciadamente los encargados de apoyar este tipo de necesidades se alejan de los principios rectores de la educación especial y depositan esta responsabilidad en el Teletón o en instituciones de carácter privado.

Además las autoridades, desde el secretario de Educación Pública hasta el director de una escuela primaria han trazado, apoyado, involucrado al niño en políticas educativas de carácter neoliberal, lo que ellos llaman trabajar por competencias, término empresarial e industrial.

Esta política educativa ha puesto en desventaja a los niños con necesidades educativas especiales o discapacidad. Ya desde el 97, en el inicio de la gran estafa del Teletón, sustentada en campañas mediáticas, de chantajes y lástimas sentimentalistas, manipuladas por los medios de comunicación al servicio de los grandes evasores de impuestos que coaccionan a la población a donar para engordar los montos de evasión de impuestos en los que juegan empresas y grupos corporativos que se benefician con las aportaciones individuales de ciudadanos engañados de un falso altruismo.

Se destaca la participación de la propuesta por reconocer el mérito cívico a un ciudadano que se ha destacado por impulsar este juego de evasión de impuestos.

Y miren, esto es Teletón y ciudadanos Mexicanos Primero, que es quien ha estado azorrillando, sobre todo a través de Televisa para estar denostando y lastimando a los maestros mexicanos que están luchando contra una ley administrativa y laboral que aquí ustedes mismos echaron a andar.

Evidentemente nosotros —yo en lo personal, como diputado de la verdadera oposición— tenemos que subirnos a esta tribuna, aunque sabemos que el Canal de las Estrellas nos va a mandar campañas mediáticas, como la que le enviaron a Aristegui con Laura Bozzo, para denostar, denigrar: no nos importa. Lo que nos importa es que aquí en esta tribuna se digan las verdades, y nada más faltó que hablaran con violines de fondo sobre este señor, que realmente es quien, estoy diciendo, ha servido –y reitero– para impulsar un juego de evasión de impuestos.

Miren, quiero culminar diciendo: él en una entrevista que le hacen el 17 de marzo de 2010 —porque si revisan su historial lo verán— Dicen: ¿por qué no se dedicó a la política? Y casi con música de violines dice: porque yo lo que quería era servir, y encuentro que en la asistencia privada el camino es quizá más limpio y más directo para servir a los demás, al menos, más adecuado para mi forma de ser.

Y ya no quiero hablar más de él en lo personal, porque evidentemente él es uno más de este drama que en el país se vive con este tipo de políticas que se impulsan desde el Ejecutivo federal y que esta Cámara de Diputados sirve de tapadera, porque aquí no vengan a decir: no, es que no lo propuso el PRI, lo propuso el PAN, pues si son lo mismo, y sabemos que están jugando en la misma lógica.

No dudo que hasta los del Panal y otros partidos estén de acuerdo en esto. Pero nosotros tenemos que decir las cosas como son, y lo que son es que este señor se dedica a apoyar a empresas que evaden impuestos y se valen de los sentimientos del pueblo para engañar a los mexicanos. Por eso mi voto será en contra de esta propuesta. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado.

No habiendo otros oradores registrados, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La diputada María Eugenia de León Pérez (desde la curul): A favor.

La diputada Merilyn Gómez Pozos(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación. Se emitieron 324 votos a favor, 39 en contra y 53 abstenciones.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, correspondiente al segundo año de ejercicio de la Legislatura, al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

LEY DE AVIACION CIVIL - LEY DE AEROPUERTOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Aviación Civil, y de Aeropuertos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Iniciativa y del trabajo previo para su resolución de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo referido al “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “ Consideraciones”, se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

I. Antecedentes

1.En sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2013, el diputado Juan Manuel Carbajal Hernández del Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la Iniciativa mencionada a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio D.G.P.L. 62-II-7-707, de fecha 30 de abril de 2013, expediente 1941.

II. Contenido de la iniciativa

El objetivo de la Iniciativa es evitar el que existan permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado comercial en territorio mexicano y ofreciendo servicio a terceros por el cual reciben una compensación, en un escenario de competencia sin tratamiento regulatorio uniforme dado que en México, es relativamente más costoso operar el servicio de taxi aéreo debido todavía a la sobre regulación que existe en el sector y la carga administrativa de que exigen las autoridades correspondientes. La información pública indica que no existe una certificación para vigilar a los permisionarios extranjeros que ofrezcan el servicio de transporte aéreo no regular o taxi aéreo que realizan cabotaje en México, por lo que se compromete la seguridad de sus usuarios potenciales.

Por lo anterior, el que suscribe la Iniciativa considera que dicha práctica también se tiene que regular a través de la Ley de Aviación Civil, estableciendo claramente la prohibición de las prácticas de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado comercial en territorio nacional, imponiendo sanciones como la revocación del permiso, así como multas ejemplares y hasta la inmovilización de la aeronave como garantía del pago de la multa.

En este sentido, las principales reformas que propone el diputado para los permisionarios extranjeros de servicios de transporte aéreo privado comercial que realicen prácticas de cabotaje en territorio nacional son: la revocación inmediata de su permiso; poner su prohibición expresa en la ley; establecer una multa ejemplar para quienes realicen estas prácticas y la inmovilización de la aeronave.

Aunado a las reformas anteriores, el diputado que promueve la Iniciativa está preocupado por proponer reformas que simplifiquen los trámites en la aviación general, con el objeto de abatir la corrupción por parte de las autoridades, evitar la doble tramitación y homologar las regulaciones con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos.

Dentro de estas reformas, se propone que el Certificado de Aeronavegabilidad sea permanente, mismo documento que acredita que la aeronave está en condiciones técnicas satisfactorias para realizar operaciones de vuelo y que al día de hoy se tiene que tramitar cada año y que bastaría con que fuera revisada en la inspección técnica anual que hacen las autoridades a las aeronaves que se encuentran en servicio, de acuerdo a los estándares internacionales.

Asimismo, la referida Iniciativa establece la necesidad de que los talleres aeronáuticos y los centros de capacitación que estén ubicados en el extranjero, sean reconocidos por la autoridad aeronáutica mexicana con el objetivo de no causar más costos a la aviación general, esto porque cuando las tripulaciones mexicanas reciben una capacitación en el extranjero un inspector “no calificado” de la autoridad mexicana tiene que asistir a dar Fe de que ha sido concluida y aprobada dicha capacitación, lo que genera costos extraordinarios a la industria de la aviación general estimados en más de 50 millones de pesos al año.

Con el mismo sentido de simplificación y eficiencia en el sector, el diputado propone que las licencias del personal técnico aeronáutico sean permanentes; además, que el aterrizaje de la aeronave en la estación se considere como cierre de vuelo, pues se considera un trámite innecesario, ya que la autoridad tiene la información en el sistema, como sucede en los países desarrollados.

Por último, las reformas a la Ley de Aeropuertos son con el objeto de facilitar la tramitación de los permisos para obtener aeródromos civiles en zonas alejadas; y, disminución de trámites para los aeródromos o helipuertos alejados al menos a una distancia de 10 millas náuticas del punto de referencia del aeropuerto más cercano, y así disminuir el alto nivel de corrupción al solicitar trámites innecesarios e inútiles.

III. Consideraciones de la comisión

Primera.La comisión dictaminadora expresa su interés en actualizar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, para plasmar nuevas realidades que faciliten este medio de transporte, fundamental para la movilidad. La aviación es un medio de transporte cuyo uso se ha democratizado con el paso de los años, pues de ser un medio de un alto costo y complejidad técnica, ha pasado al uso para la movilización masiva en aviones de gran capacidad como de uso más limitado en tamaño y usuarios.

Esta realidad demanda que la legislación sea modificada para facilitar la expansión y desarrollo de este medio de transporte.

Segunda. Esta comisión está de acuerdo en establecer en el artículo 11 de la Ley de Aviación Civil, el reconocimiento de los talleres aeronáuticos y de centros de capacitación cuando ambos se encuentren en el extranjero. Por ello, considera que los certificados, o documentación equivalente, expedidos por centros de capacitación y talleres aeronáuticos extranjeros, serán convalidados por la Secretaría, siempre y cuando esos talleres y centros estén acreditados por la autoridad aeronáutica de su país y obtengan su registro ante la propia Secretaría.

Considerando la relevancia en la preparación y actualización del personal que opera las naves de este medio de transporte, esta comisión acepta la propuesta de que los Centros de Capacitación ubicados en el extranjero puedan brindar este servicio a los connacionales, para lo cual deberán contar con la autorización y registro de la autoridad de su país como de la autoridad mexicana respectiva.

En este mismo sentido, la comisión dictaminadora reforma el artículo 39 de la ley para darle sentido a la propuesta del diputado, para que los instructores que impartan la capacitación y el adiestramiento deban contar con registro ante la Secretaría o ante el centro de capacitación extranjero para el cual presten sus servicios.

Las modificaciones que propone la comisión en este artículo fueron de redacción y de técnica legislativa para su mejor entendimiento en la Ley de Aviación Civil.

Tercera. La comisión que dictamina está de acuerdo en regular a través de la Ley de Aviación Civil, la prohibición de las prácticas de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado comercial en territorio nacional, imponiendo sanciones como la revocación del permiso, así como multas ejemplares y hasta la inmovilización de la aeronave como garantía del pago de la multa.

En este sentido, la comisión está de acuerdo en que las reformas a la ley para regular a los permisionarios extranjeros de servicios de transporte aéreo privado comercial que realicen prácticas de cabotaje en territorio nacional sean: la revocación inmediata de su permiso; poner la prohibición expresa en la ley; y, establecer una multa ejemplar para quienes realicen estas prácticas, hasta la inmovilización de la aeronave.

La comisión propone reformar la Iniciativa del diputado, en el penúltimo párrafo al artículo 86, en donde se establece que cuando el cabotaje sea detectado por la autoridad aeronáutica en el momento en que se esté cometiendo o inmediatamente después de haberse cometido, la mencionada autoridad podrá decretar el aseguramiento de la aeronave. Asimismo, la reforma del diputado establece que el aseguramiento quedará sin efectos si la autoridad aeronáutica no emite la resolución correspondiente dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se levante el acta a que se refiere el párrafo anterior, o si el infractor garantiza por cualquier forma establecida en la legislación aplicable, su sujeción al procedimiento que se instaure en su contra.

De esta manera, la propuesta de la comisión es que el aseguramiento quede sin efectos si la autoridad aeronáutica no emite la resolución correspondiente dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se levante el acta, pues parece excesivo el tiempo para emitir una resolución por parte de la autoridad.

Cuarta. La comisión dictaminadora no concuerda con la propuesta del diputado promovente para que la vigencia del Certificado de Aeronavegabilidad sea permanente, ya que se corre el riesgo de no llevar a cabo las facultades de la DGAC respecto a inspeccionar y controlar el mantenimiento de las aeronaves, lo anterior toda vez que la expedición del certificado de aeronavegabilidad es el instrumento por el cual esta autoridad vigila que se cumplan con las condiciones de seguridad

Sin embargo, considera conveniente extender la vigencia de dicho Certificado a 2 años, sujeto a que la aeronave cumpla plenamente los requerimientos de mantenimiento, así como las especificaciones para mantener a la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad.

De la misma manera, la comisión dictaminadora no está de acuerdo en que la vigencia de la licencia del personal técnico aeronáutico sea permanente, pues la revalidación periódica de la licencia es el principal medio de que dispone actualmente la autoridad aeronáutica mexicana para asegurarse del mantenimiento, de la competencia y del cumplimiento de los requisitos relativos a la experiencia reciente del titular de una licencia de piloto. Por ello, esta comisión dictaminadora considera conveniente extender la vigencia de la licencia del personal técnico aeronáutico a 2 años.

Esta comisión  concuerda con el diputado promovente, en donde establece para que el personal técnico aeronáutico pueda dedicarse al ejercicio de su actividad deberá acreditar ante la Autoridad Aeronáutica, ser titular de una licencia vigente expedida por la Autoridad, contar con la constancia de aptitud psicofísica vigente correspondiente a su actividad.

Por lo anterior, terminada la vigencia de la constancia de aptitud psicofísica, el interesado tendrá hasta 30 días posteriores para su renovación, periodo en el cual no podrá ejercer su actividad como personal técnico aeronáutico, sin que esto implique el vencimiento de su licencia.

Por último, en el mismo sentido que las dos anteriores propuestas, la comisión que dictamina está de acuerdo en instrumentar a través de la ley, para que el aterrizaje de la aeronave sea considerado como el Cierre de Plan de Vuelo.

En las tres propuestas, la del Certificado de Aeronavegabilidad con vigencia de 2 años, las licencias del personal técnico aeronáutico con vigencia de 2 años, y el cierre del plan de vuelo, la comisión considera que son en beneficio de los usuarios de la Aviación General pues disminuyen trámites innecesarios, hacen eficiente al sector y disminuye las posibilidades de corrupción por parte de la autoridad.

Los cambios que propuso la comisión en el texto del artículo 38 fueron de redacción y de técnica legislativa para su mejor entendimiento en la Ley de Aviación Civil.

Por último, la comisión dictaminadora considera necesario reformar el artículo 16 de este mismo ordenamiento con la finalidad de que la Secretaría no pueda suspender las operaciones de las aeronaves por contraprestaciones pendientes de cumplimientos de los propietarios de las mismas, con concesionarios y/o permisionarios, esto porque en muchos casos la autoridad detiene las operaciones de las aeronaves provocando grandes pérdidas a los usuarios y afectando así operaciones de comercio, carga y turismo.

Quinta. Esta comisión dictaminadora considera que en concordancia con lo reformado, resulta jurídicamente procedente adicionar un Capítulo XV Bis con el objeto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, establezca un Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP),  a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad operacional en la aviación civil.

La adición propuesta es acorde a lo publicado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, que establece como parte de la estrategia 4.9.1. sobre la modernización, ampliación y conservación de la infraestructura de los diferentes modos de transporte y el mejoramiento de su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, por lo que respecta al sector aeroportuario: la supervisión del desempeño de las aerolíneas nacionales para garantizar altos estándares de seguridad, eficiencia y calidad en sus servicios, así como la continuación en la elaboración de normas básicas de seguridad y actualización de la reglamentación en temas de seguridad.

Asimismo, el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en sus fracciones I y VI, que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la formulación y conducción de las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país, así como la administración de la operación de los servicios de seguridad de la navegación aérea.

De la misma manera, la adición va conforme a lo dispuesto en el artículo 6, fracciones I y V, 7, fracción V, 7 Bis, fracción IV, y 84 de la Ley de Aviación Civil, en el que se establece que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en materia de aviación civil y aeroportuaria, planear, formular y conducir las políticas y programas para la regulación y el desarrollo de los servicios de transporte aéreo; expedir y aplicar las medidas y normas de seguridad e higiene que deben observarse en los servicios de transporte aéreo, así como verificar su cumplimiento, vigilar la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas y verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y eficiencia en los servicios de transporte aéreo.

Además, el artículo 17 de esa ley establece que en la prestación de los servicios de transporte aéreo se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros.

El inciso l) del Artículo 54 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional,  promulgado en México el 12 de septiembre de 1946, establece que, dentro de las funciones obligatorias del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), está la de adoptar, normas y métodos recomendados internacionales, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo VI del referido Convenio, designándolos, por razones de conveniencia, como Anexos a ese Convenio, así como la de  notificar a todos los Estados contratantes las medidas adoptadas.

La adopción por el Consejo de los Anexos antes señalados, fue votada por el Consejo y, posteriormente sometida a México, por lo que los anexos y enmiendas a uno de ellos, surtió efectos a los tres meses de serle transmitido o a la expiración del periodo mayor establecido por el propio Consejo.

Como efecto de lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Convenio, México se comprometió a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización relativas a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea, para cuyo fin, la Organización de Aviación Civil Internacional ha adoptado y enmendado, en su oportunidad, las normas, métodos recomendados y procedimientos internacionales que tratan, entre otros temas, de cuestiones relacionadas con la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea.

En particular, en la cuarta sesión de su 198º período de sesiones, celebrada el 25 de febrero de 2013, el Consejo adoptó las Normas y métodos recomendados internacionales sobre gestión de la seguridad operacional, que conforman el Anexo 19 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Al adoptar el Anexo 19, el Consejo fijó el 15 de julio de 2013, como fecha en que surtirá efecto, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la misma respecto a las cuales la mayoría de los Estados contratantes hiciera constar su desaprobación antes de dicha fecha. Además, el Consejo resolvió que el Anexo 19, en la medida en que surta efecto, sea aplicable a partir del 14 de noviembre de 2013.

Dentro de los beneficios del Anexo 19 se destaca el fortalecimiento de la gestión de la seguridad operacional a nivel estatal al consolidar en un solo Anexo las disposiciones sobre la misma que se aplican a múltiples campos de la aviación. Asimismo, se facilita la futura evolución de la regulación   en la materia, se promueve la implantación armonizada de las del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, en inglés: Safety Management System (SMS) y del Programa estatal de seguridad operacional, en inglés: State Safety Programme (SSP), y se crea un proceso de recopilación y análisis de comentarios para la evaluación del SMS y el SSP.

El Anexo 19 lleva  a cada Estado a facilitar y promover la notificación voluntaria de acontecimientos que podrían afectar a la seguridad operacional de la aviación, armonizando sus leyes, reglamentos y políticas aplicables, según sea necesario. Asimismo, orienta sobre los sistemas de notificación de incidentes, tanto obligatoria como voluntaria estableciendo como recomendación que los Estados no proporcionen o utilicen los datos sobre seguridad operacional para fines distintos de aquellos que se relacionan con la misma, a menos de que, en casos excepcionales, la autoridad competente determine que, de acuerdo con su legislación nacional, la ventaja de su divulgación o uso, en cualquier circunstancia particular, supera las repercusiones negativas que dicha acción pueda tener en la seguridad operacional de la aviación.

Lo anterior se basa en que la protección de la información sobre seguridad operacional es esencial para garantizar su continua disponibilidad, ya que el uso de la mencionada información para fines que no se relacionan con ésta puede impedir la disponibilidad futura de esa información y afectar en forma adversa dicha seguridad.

Sexta.La comisión que dictamina concuerda con la propuesta del diputado promovente en su reforma a la Ley de Aeropuertos, para que los interesados en obtener un permiso para tener un aeródromo, no requieran estudio operacional de trayectorias, cuando se trate de helipuertos, ni estudio de espacio aéreo, cuando se trate de aeródromos, ambos no controlados y de operación bajo reglas visuales de vuelo (VFR), siempre y cuando su punto de referencia de aeródromo o helipuerto esté alejado al menos a una distancia de 10 millas náuticas del punto de referencia del aeropuerto más cercano.

Lo anterior, con el objeto de eliminar trámites innecesarios a los aeródromos que se encuentran en zonas alejadas a la ciudad, como ranchos y zonas  rurales, que por su condición y naturaleza no necesitan estudios de trayectorias, ni estudios de espacios aéreos ya que se encuentran alejados de otros aeropuertos.

Séptima. La comisión que dictamina no está de acuerdo con la propuesta del diputado promovente en su adición de un artículo 18 bis a la Ley de Aeropuertos que establecía que un aeródromo de servicio particular que requiera emplazarse en un sitio de manera temporal, podrá obtener permiso expedido por la Secretaría, siempre y cuando se utilice por menos de 30 días, con no más de 10 operaciones por día.

El mismo artículo establecía que para obtener el referido permiso para el emplazamiento de estos aeródromos, únicamente deberá notificarse previamente por escrito a la autoridad aeroportuaria del aeropuerto más cercano. Se establecía que dicho permiso podría solicitarse hasta por tres ocasiones en el transcurso de un año, que no podrán ser consecutivas.

La opinión de la comisión es eliminar la propuesta, toda vez que con las pistas temporales se generaría una proliferación de pistas aéreas que no cumplan con los requerimientos de seguridad en cuanto a su construcción, equipamiento y operación; es decir, no habría un acreditamiento de las Capacidades Técnica, Jurídica, Administrativa y Financiera, para ostentar un Permiso de operación, en detrimento de la seguridad operacional de las aeronaves y personas que utilicen dichas pistas. Lo anterior generaría un aumento en el registro de accidentes e incidentes de aviación.

Octava. La comisión dictaminadora en un esfuerzo por regular eficientemente el sector aeroportuario y con el objeto de hacer más completo e integral el presente dictamen, considera necesario hacer modificaciones a tres artículos de la Ley de Aeropuertos. Las adiciones al artículo 27 de la ley, introducen como causas de revocación que el concesionario limite el número de prestadores de servicios complementarios o les niegue su operación mediante actos de simulación, por razones distintas a disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, lo que permite la libre concurrencia en tales servicios.

La reforma al artículo 48, amplía la definición de los servicios complementarios que ofrecen los  aeropuertos. Además también se traslada la modificación del artículo 27 al artículo 57, a efecto de generar congruencia en el cuerpo normativo de que se trata, por lo que el concesionario, además de proveer lo necesario para que el aeropuerto cuente con opciones competitivas de servicios complementarios, éste jamás podrá limitar, restringir y bloquear el número de empresas que quieran ofrecer estos servicios salvo por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad. Por ello, en el caso de que el grupo aeroportuario simule la no disponibilidad del espacio por razones de eficiencia y seguridad, será sancionado con la revocación de la concesión, como se establece en el artículo 27 de la misma ley.

En caso de que se niegue la entrada a una empresa que provee servicios complementarios por parte de un concesionario, esta puede inconformarse ante la autoridad, quien tendrá un plazo de 30 días para determinar si se autoriza la entrada de la empresa proveedora de servicios complementarios.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, esta comisión dictaminadora, tiene a bien emitir el siguiente proyecto de decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos

Artículo Primero. Se reforman los artículos 15, segundo y tercer párrafos; 39, segundo párrafo; y se adicionan los artículos 2, con las fracciones V, IX, X, XIII y XVII, recorriéndose en su orden las subsecuentes; 11, con un quinto párrafo; 15, con una fracción XIV, recorriéndose la actual en su orden; 16, con un último párrafo; 27, con un último párrafo; 32, con un cuarto, quinto y sexto párrafos; 38, con un tercer, cuarto y quinto párrafos; 41, con un segundo párrafo, un Capítulo XV Bis denominado “Seguridad Operacional”, que comprende los artículos 78 Bis a 78 Bis 10; 86, con una fracción VIII y 88 Bis a la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a IV. ...

V. Cabotaje: el transporte aéreo mediante remuneración o cualquier otro tipo de contraprestación onerosa, de pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos, entre dos o más puntos en territorio nacional;

VI. a VIII. ...

IX. Programa Estatal de Seguridad Operacional: el programa establecido por la Secretaría mediante un sistema de gestión de seguridad operacional, a fin de alcanzar un nivel óptimo de seguridad operacional en la Aviación Civil;

X. Proveedores de servicio: Los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo de servicio al público y los aeroportuarios, el organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el órgano administrativo desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, los permisionarios de talleres aeronáuticos, las organizaciones responsables del diseño de tipo y las responsables de la fabricación de aeronaves, los prestadores de servicios de tránsito aéreo, los centros de formación o de capacitación y adiestramiento y los operadores aéreos de aeronaves de Estado distintas de las militares.

XI. y XII. ...

XIII. Seguridad operacional: es el estado en que el riesgo en la prestación del servicio de transporte aéreo, de lesiones a las personas o daños a los bienes, se reduce y se mantiene en un nivel óptimo, o por debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos;

XIV. y XV....

XVI.Servicio de transporte aéreo nacional: el que se presta entre dos o más puntos dentro del territorio nacional;

XVII. Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional: es un enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional que se establece como un proceso documentado de manejo del riesgo que es parte de un Sistema de Recopilación y Procesamiento de Datos sobre Seguridad Operacional, con el fin de minimizar los riesgos y realizar mejoras continuas de la seguridad operacional de la aviación para proteger el interés público, el cual integra operaciones y sistemas técnicos relacionados con la administración de los recursos humanos y financieros, inclusive las estructuras orgánicas, la obligación de rendición de cuentas, las políticas y los procedimientos necesarios para la obtención de ese fin, y

XVIII. ...

Artículo 11. Los servicios de transporte aéreo sujetos a permiso serán:

I. a IV. ...

...

...

...

Los certificados, o documentación equivalente, expedidos por centros de capacitación y talleres aeronáuticos extranjeros, serán convalidados por la Secretaría, siempre y cuando esos talleres y centros estén acreditados por la autoridad aeronáutica de su país y obtengan su registro ante la propia Secretaría.

...

...

Artículo 15.Las concesiones o los permisos se podrán revocar por:

I. a XII. ...

XIII.Infringir las medidas y normas de higiene y de protección al ambiente;

XIV. Realizar prácticas de cabotaje en territorio nacional, tratándose de permisionarios extranjeros de servicios de transporte aéreo privado comercial, y

XV. ...

La Secretaría revocará las concesiones o permisos de manera inmediata únicamente en los supuestos de las fracciones I a V, VII y XIV anteriores. De igual forma procederá en el caso de la fracción X ,cuando a su juicio sea grave la infracción para la seguridad de la operación.

En los casos de las fracciones VI, VIII, IX , XI, XII y XIII la Secretaría sólo revocará la concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en la misma fracción.

...

Artículo 16. ...

...

La Secretaría no podrá suspender las operaciones de las aeronaves por contraprestaciones pendientes de cumplimientos de los propietarios de las mismas, con concesionarios y/o permisionarios.

Artículo 27. ...

...

...

Los permisionarios extranjeros que presten el servicio de transporte aéreo privado comercial no podrán realizar prácticas de cabotaje en territorio nacional. Esta disposición no aplicara para personas que operen aeronaves de transporte aéreo privado no comercial.

Artículo 32. ...

...

...

La vigencia del certificado de aeronavegabilidad será de dos años, para lo cual la aeronave deberá cumplir plenamente los requerimientos y especificaciones establecidas en el reglamento de esta Ley y demás las disposiciones administrativas correspondientes.

Se otorgará el permiso de licencia de estación de la aeronave, que tendrá una vigencia indefinida, excepto cuando hayan cambiado las características del equipo o la matrícula de la aeronave.

La Secretaría podrá suspender o cancelar el certificado, ante el incumplimiento de los requerimientos y especificaciones mencionados en el párrafo anterior.

Artículo 38. ...

...

La vigencia de las licencias del personal técnico aeronáutico será de dos años, salvo que:

I. Se solicite la obtención de una licencia cuando previamente haya sido suspendida o cancelada una anterior, caso en el que su vigencia será de un año, transcurrido el cual, de mediar una nueva solicitud, la Secretaría determinará, si conforme al cumplimiento del interesado en el uso de la licencia, se le otorga por dos años o nuevamente por un año; o

II. Se trate de la convalidación de licencia, cuya vigencia no podrá exceder de aquella autoridad de aviación civil del país de que se trate haya otorgado a la misma.

Para que el personal técnico aeronáutico pueda dedicarse al ejercicio de su actividad deberá acreditar ante la Autoridad Aeronáutica ser titular de una licencia vigente expedida por la Autoridad, contar con la constancia de aptitud psicofísica vigente correspondiente a su actividad.

Terminada la vigencia de la constancia de aptitud psicofísica, el interesado tendrá hasta 30 días naturales posteriores para su renovación, sin que esto implique el vencimiento de la respectiva licencia, periodo en el cual no podrá ejercer su actividad como personal técnico aeronáutico.

Artículo 39. ...

Los instructores que impartan la capacitación y el adiestramiento deberán contar con registro ante la Secretaría o ante el centro de capacitación extranjero para el cual presten sus servicios.

...

Artículo 41. ...

El aterrizaje de la aeronave en la estación se considerará como cierre de plan de vuelo.

Capítulo XV BisSeguridad operacional

Artículo 78 Bis. La Secretaría establecerá un Programa Estatal de Seguridad Operacional destinado a la gestión de la seguridad operacional por los Estados Unidos Mexicanos, a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad operacional en la aviación civil, el cual incluirá como mínimo los siguientes componentes:

I. Política y objetivos estatales de seguridad operacional;

II. Gestión estatal de los riesgos de seguridad operacional;

III. Aseguramiento estatal de la seguridad operacional;

IV. Promoción estatal de la seguridad operacional, y

V. Un sistema de supervisión de la seguridad operacional.

La Secretaría determinará el nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad operacional, de conformidad con los Tratados, lineamientos internacionales y las disposiciones administrativas aplicables.

Artículo 78 Bis 1. En materia de seguridad operacional, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. Manejar y mantener un sistema eficaz de supervisión de la seguridad operacional;

II. Implantar, administrar y mantener el Programa Estatal de Seguridad Operacional eficaz para garantizar los niveles óptimos de seguridad operacional;

III. Requerir a los proveedores de servicio que implementen y mantengan un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional eficaz, certificado de conformidad con las disposiciones de reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables;

IV. Coordinar las actividades de las diversas organizaciones que participen en el Programa de Seguridad Operacional del Estado;

V. Establecer un sistema de notificación de incidentes obligatoria y otro de notificación voluntaria, para facilitar la recopilación de información sobre las deficiencias de seguridad operacional reales o posibles, así como para promover las instalaciones y los servicios para recopilar, publicar y difundir la información de seguridad operacional y alcanzar acuerdos con individuos o entidades gubernamentales para el ejercicio de esos servicios, con la finalidad de que exista un flujo continuo e intercambio de datos sobre seguridad operacional entre la Secretaría y los proveedores de servicio;

VI. Conducir inspecciones, verificaciones y evaluaciones de las actividades aeronáuticas de los Proveedores de servicio;

VII. Requerir que los proveedores de servicio mejoren, enmienden o tomen acciones en su sistema de gestión de seguridad operacional, cuando se identifiquen deficiencias o carencias que representan un riesgo que podría comprometer la seguridad operacional de sus actividades;

VIII. Hacer uso de un procedimiento documentado para adoptar las medidas correctivas apropiadas las cuales eliminen las causas que generaron los hallazgos de seguridad operacional, incluyendo medidas para el cumplimiento, que permitan resolver los problemas de seguridad operacional detectados;

IX. Asegurarse de que los hallazgos de seguridad operacional detectados se resuelvan de manera oportuna por medio de un sistema que permita observar y registrar el progreso, así como las medidas adoptadas por los proveedores de servicios, para solucionar los mismos.

X. Incluir los recursos financieros necesarios para la implementación del Programa Estatal de Seguridad Operacional en su presupuesto.

Artículo 78 Bis 2. Los proveedores de servicio que a continuación se señalan deberán implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, como parte del Programa Estatal de Seguridad Operacional que establezca la Secretaría:

I. Concesionarios y permisionarios de transporte aéreo de servicio al público;

II. Los concesionarios y permisionarios aeroportuarios;

III. El organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares;

IV. El órgano administrativo desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano;

V. Los permisionarios de talleres aeronáuticos;

VI. Las organizaciones responsables de diseño de tipo y las organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves;

VII. Los prestadores de servicio de tránsito aéreo;

VIII. Los centros de formación o de capacitación y adiestramiento con aeronaves, y

IX. Los operadores aéreos de aeronaves de estado distintas de las militares.

Artículo 78 Bis 3. El Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional deberá incluir, por lo menos:

I. Un proceso para identificar los peligros reales o potenciales para la seguridad operacional y evaluar los riesgos conexos;

II. Un proceso para definir y aplicar las acciones necesarias para mantener un nivel óptimo de seguridad operacional;

III. Disposiciones para observar continuamente y evaluar en forma regular la idoneidad y eficacia de las actividades de gestión de la seguridad operacional;

IV. Prever la supervisión continua y evaluación periódica del nivel de seguridad operacional logrado, y

V. Mantener como la mejora continua del nivel global de seguridad operacional de la organización.

Artículo 78 Bis 4. La Secretaría expedirá, a petición de los proveedores de servicios, el certificado del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, el cual está sujeto a ser evaluado respecto de su conformidad con la norma oficial mexicana o disposición administrativa correspondiente, mediante la verificación de su funcionamiento, la cual tendrá como objetivo la revisión del manual y de su plan de implementación, políticas y objetivos de seguridad operacional.

Una vez que la Secretaría haya verificado la implementación del total de las fases del plan de implementación referido en el párrafo anterior, emitirá su aprobación, cuya vigencia estará sujeta a la conservación de las condiciones que la motivaron, asegurándose de su cumplimiento por medio de visitas de vigilancia estando, entonces, en posibilidad de expedir el certificado respectivo.

Los certificados, o documentación equivalente al establecido en este artículo, expedidos por instituciones de gobierno o particulares extranjeras, serán convalidados por la Secretaría, siempre y cuando estén reconocidos por la autoridad aeronáutica de su país y las instituciones señaladas obtengan su registro ante la propia Secretaría.

Artículo 78 Bis 5. La información sobre seguridad operacional contenida en el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional y demás sistemas de procesamiento y notificación, bases de datos, esquemas para intercambio de información e información registrada, comprende:

I. Registros pertenecientes a las investigaciones de accidentes e incidentes de aviación;

II. Sistemas de notificación obligatoria de incidentes;

III. Sistemas de notificación voluntaria de incidentes, y

IV. Sistemas de autonotificación, incluidos los sistemas automáticos o manuales de captura de datos.

Artículo 78 Bis 6. La información sobre seguridad operacional precisada en el artículo anterior tiene carácter de reservada.

Artículo 78 Bis 7. La información sobre seguridad operacional que provenga de las fuentes señaladas en el artículo 78 Bis 4, así como los datos de las personas involucradas en los eventos relacionados con esa información, no se proporcionará para fines diferentes para los que fue recopilada, por lo que nadie puede ser requerido, en conexión con un proceso judicial, administrativo o disciplinario, a aportar evidencias concernientes a información de seguridad operacional  proporcionada de manera voluntaria a la Secretaria, excepto en las siguientes circunstancias:

I. Por requerimiento expreso de una autoridad judicial o administrativa competente, que haya determinado que la autoridad aeronáutica tiene información que podría ser necesaria para la administración de justicia, para lo cual la autoridad requirente deberá proteger la información como reservada dentro del proceso correspondiente, y

II. Que una autoridad competente considere que, de acuerdo con las evidencias suficientes y las circunstancias que indiquen de manera razonable que un evento determinado pudo haber sido causado por una conducta dolosa o gravemente negligente.

Artículo 78 Bis 8. Los sujetos obligados a implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional no pueden utilizar la información contenida en el mismo para efectos distintos a procurar la seguridad operacional, ni en particular como base para tomar medidas que pudieran afectar las condiciones de trabajo de sus empleados o utilizarlas con carácter disciplinario en su contra, o como represalia por revelar información sobre posibles acciones u omisiones que cometa el empleador u otra persona.

Artículo 78 Bis 9. Con el fin de promover la seguridad operacional, la Secretaría tiene la facultad de concertar acuerdos con el explotador aéreo, el proveedor de servicios aeronáuticos, o el fabricante de equipo aeronáutico, respecto de los sistemas que se implementarán para llevar a cabo la recopilación, análisis, uso y difusión de información de seguridad operacional.

Artículo 78 Bis 10. Con el fin de promover la seguridad operacional, la Secretaría tiene la facultad de concertar acuerdos con los proveedores de servicio respecto a la recopilación, análisis, uso y difusión de información de seguridad operacional.

Artículo 86. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley cometidas por el concesionario o permisionario, según se trate, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:

I. a V. ...

VI.Impedir el tránsito o la circulación en los aeródromos, aeropuertos y helipuertos por causas imputables a él, con multa de un mil a cinco mil salarios mínimos;

VII. Negarse a participar en las operaciones de búsqueda y salvamento, salvo causa de fuerza mayor, con multa de un mil a cinco mil salarios mínimos, y

VIII. Practicar el cabotaje en territorio nacional, siendo permisionario extranjero de servicios de transporte aéreo privado comercial, con una multa de diez mil a veinticinco mil salarios mínimos.

Cuando el cabotaje sea detectado por la autoridad aeronáutica en el momento en que se esté cometiendo o dentro de las siguientes veinticuatro horas de haberse cometido, la mencionada autoridad podrá decretar el aseguramiento de la aeronave, ante el riesgo inminente de que el permisionario extranjero realice cualquier maniobra tendente a evadir la imposición de la sanción, para lo cual, el comandante del aeropuerto, deberá levantar acta circunstanciada en la que precise las razones para efectuarlo.

Dicho aseguramiento quedará sin efectos si la autoridad aeronáutica no emite la resolución correspondiente dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha en que se levante el acta a que se refiere el párrafo anterior, o si el infractor garantiza por cualquier forma establecida en la legislación aplicable, su sujeción al procedimiento que se instaure en su contra.

Los gastos que genere el aseguramiento de la aeronave correrán a cargo del permisionario extranjero infractor, salvo que la autoridad resuelva que no cometió el cabotaje.

Artículo 88 Bis. Por el incumplimiento con lo establecido en esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables en relación con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional por parte de los proveedores de servicios, les será suspendido o revocado el certificado correspondiente, atendiendo a la gravedad de la infracción.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 27, segundo y tercer párrafos; 48, fracción II; y 57 y se adicionan los artículos 18, con un último párrafo; 27, con una fracción VII, recorriéndose en su orden las subsecuentes a la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:

Artículo 18...

I. y II. ...

...

...

Los interesados en obtener un permiso, no requerirán estudio operacional de trayectorias, ni estudio de espacio aéreo, cuando se trate de aeródromos o helipuertos, ambos no controlados y de operación bajo reglas visuales de vuelo, siempre y cuando su punto de referencia de aeródromo o helipuerto esté alejado al menos a una distancia de 10 millas náuticas del punto de referencia del aeropuerto más cercano.

Artículo 27. Serán causas de revocación de las concesiones y permisos, las siguientes:

I. a VI. ...

VII. Limitar el número de prestadores de servicios complementarios o negar su operación mediante actos de simulación, por razones distintas a las contempladas por el artículo 57 de esta Ley;

VIII. a XVI. ...

La Secretaría podrá revocar las concesiones o permisos de manera inmediata únicamente en los supuestos de las fracciones I a VII anteriores.

En los casos de las fracciones VIII a XVI, la Secretaría sólo podrá revocar la concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en la misma fracción.

Artículo 48. ...

I. ...

II.Servicios complementarios: los que pueden ser prestados por los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, para sí mismos o para otros usuarios, o por terceros que aquéllos designen. Estos servicios incluyen, entre otros, los de rampa, tráfico, suministro de combustible a las aeronaves, avituallamiento, operadores de base fija, recintos fiscales, almacenamiento de carga y guarda, mantenimiento y reparación de aeronaves.

Para la prestación de estos servicios deberá suscribirse contrato con el concesionario o permisionario del aeródromo civil de que se trate, y

III. ...

Artículo 57.El concesionario proveerá lo necesario para que el aeropuerto cuente con opciones competitivas de servicios complementarios, el número de estos no podrá ser limitado, salvo por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad. En caso de que se niegue la entrada a una empresa que provee servicios complementarios por parte de un concesionario, esta puede inconformarse ante la autoridad.

La autoridad determinará en un plazo de 30 días si se autoriza la entrada de la empresa proveedora de servicios complementarios.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal a través de  la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contarán con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar en el ámbito de su competencia, las adecuaciones y modificaciones a los reglamentos y a las demás disposiciones administrativas que posibiliten el cumplimiento del mismo.

Tercero. La vigencia de las licencias del personal técnico aeronáutico será de dos años y la Secretaría podrá ampliar la vigencia de las mismas, una vez que realice las adecuaciones y modificaciones necesarias que posibiliten su cumplimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2013.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores, Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera, Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez:Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes a todos, diputadas y diputados, compañeros, México tiene que buscar cada vez más la competitividad, tenemos que buscar esquemas que funcionen y dejen de ser obsoletos, y creo que el ramo aeroportuario, el ramo de la aviación civil no es la excepción, un ramo que al día de hoy se encuentra sobrerregulado, que al día de hoy se encuentra con una serie de problemas que no le permiten despegar. Esto tiene serias afectaciones.

Haciendo un recuento de lo que acaba de suceder hace pocos días, si México no hubiera sido un país sobrerregulado en el tema de aviación hubiésemos tenido más alternativas en Guerrero, más aeropuertos. Y temas como éste nos hubieran permitido tener mayor accesibilidad a zonas de desastre. Todo porque nunca quisimos afectar intereses de grupos en particular.

Hoy en la Cámara de Diputados dictaminamos por unanimidad una serie de reformas que van a permitir trabajar con una mayor concordancia con los estándares internacionales, donde vamos a romper con esa cerrazón y vamos a empezar primero con el tema de los certificadores.

Hasta hoy era imposible para una aerolínea mexicana o para una aeronave ir a certificarse a Estados Unidos de América, o a cualquier otra parte del mundo.

Con estas nuevas modificaciones nos vamos a abrir un espectro mucho más amplio, que va a permitir certificaciones más fáciles, y de mucha mayor calidad. Asimismo los talleres que den el servicio se van a poder certificar de una manera más fácil, van a poder hacer las certificaciones en el extranjero y van a tener mayores factibilidades.

Pero uno de los temas que más nos va a ayudar en el tema de aeronavegabilidad es el tema de cuidar el cabotaje. La simulación de los empresarios, o de aeronaves extranjeras, que de una manera ilegal prestaban los servicios, el servicio de taxi a nacionales y haciendo cabotajes en rutas internas. Cosa que está estrictamente fuera del Tratado de Libre Comercio.

Es un tema que está reservado por Estados Unidos de América para los norteamericanos y es un tema que estaba reservado. Hoy, por ley, las sanciones son mucho mayores e inclusive llegarán a la detención de la aeronave, si no se cubre primero la multa que le fuese impuesta.

Asimismo estamos modificando el tema de aeronavegabilidad en el tema de aeropuertos. Se puede invertir hoy con iniciativa privada en aeródromos de una manera más simple y más sencilla, de una manera que permita tener mayores alternativas, que permita tener menor regulación y que permita tener aeropuertos más cerca uno de otro.

Estamos reduciendo el rango a 10 millas. Eso te va a permitir tener vuelos visuales, tener aeropuertos, tener aeródromos que te permitan una mejor alternativa, que te permitan una mejor opción y, por ende, una disminución en los costos y una competitividad para el país.

Esta determinación en el seno de la Comisión de Transportes se logró por unanimidad. El diputado Juan Manuel Carbajal Hernández tuvo a bien presentarla y trabajarla de la mano con nosotros, representantes del Partido Revolucionario Institucional. Logramos llegar al acuerdo de que se pasara por unanimidad y que todos los partidos buscáramos el cómo sí se llega a la mejor productividad en todos los sectores de transporte en México. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias a usted, diputado Juan Carlos Muñoz Márquez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza tiene el uso de la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente. El dictamen que hoy está a discusión contiene diversas reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos, que pretenden aportar a la modernidad y productividad de este sector, que es de gran importancia para nuestro país.

El objetivo fundamental de esta iniciativa es favorecer la industria aérea nacional y evitar permisionarios sin un tratamiento regulatorio uniforme para los extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado comercial en territorio mexicano.

Asimismo se modernizan los mecanismos de reconocimiento de los talleres aeronáuticos y centros de capacitación que brindan sus servicios a aeronaves y a las tripulaciones mexicanas en el extranjero.

De igual forma, en la Comisión de Transportes aprobamos ampliar el plazo de la certificación de aeronavegabilidad y las licencias para técnicos aeronáuticos a dos años, con el propósito de garantizar la experiencia del personal en operaciones y condiciones eficientes de los aviones.

En lo concerniente a la Ley de Aeropuertos, la comisión acordó eliminar algunos requisitos de aquellos aeródromos y helipuertos que se encuentran a más de 10 millas náuticas del aeropuerto más cercano, con la finalidad de evitar el exceso de trámites en zonas alejadas a los aeropuertos, como zonas rurales y de difícil acceso.

Por último, queda establecido en la Ley de Aeropuertos que los prestadores de servicios complementarios tendrán la obligación de otorgar los servicios, sin ninguna distinción, a todas las empresas que así lo requieran. Con esta medida garantizamos una competencia justa y una mayor productividad dentro del sector.

Nueva Alianza está de acuerdo con las modificaciones que la Comisión de Transporte realizó a la iniciativa presentada, anteponiendo siempre el propósito de garantizar las óptimas condiciones de las aeronaves y la seguridad de los usuarios.

Con estas reformas el principal beneficiado será el consumidor final, es decir, los pasajeros que utilizamos los servicios de las aerolíneas, ya que se tendrán mejores condiciones para los viajes.

En conclusión, el resultado del análisis que está plasmado en el presente dictamen se realizó con toda la responsabilidad y conciencia, privilegiando —antes que nada— la seguridad de los usuarios y los tripulantes.

Por tales motivos, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, gracias por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Angelino Caamal Mena. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en días recientes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho declaraciones que tienen que ver con erradicar el pirataje en la prestación de servicios de cualquier tipo de transporte público.

En este sentido y para el caso que nos ocupa, este tipo de medidas deben estar claramente comprendidas —como bien lo señala este dictamen— incluyendo el transporte aéreo particular en nuestro territorio proveniente de otras naciones, como ocurre con los Estados Unidos de América.

Este dictamen prevé integrar un capítulo XV Bis a la Ley de Aeropuertos, para regular el cabotaje existente a lo largo y ancho de nuestro país. Con estas medidas será posible considerar la aplicación de multas derivadas de una mala práctica de estos servicios, toda vez que la intención de esta propuesta es precisamente terminar con los excesos que se hacen, derivados por la sobrerregulación del sector y su carga administrativa.

De forma determinante, queremos expresar nuestro sincero reconocimiento a este tipo de medidas legislativas, pues es parte de la solución para acabar con un problema ya común. El hecho de contratar con los servicios de transportación aéreos de terceros y que en ocasiones proponen condiciones de usos abusivos, es en otras palabras servir como cómplices de una actividad ilegal.

Es pertinente señalar que las comodidades y el tipo de servicio de lujo para muchos de sus usuarios no deslindan de responsabilidades a los concesionarios extranjeros de las posibles fallas, anomalías administrativas, e inclusive accidentes que pudieran sufrir las aeronaves.

Por ello la obligatoriedad de estar certificados en sus países de origen, así como la obligación de hacerse reconocer por las autoridades mexicanas bajo el criterio de convalidación documental se hace un requisito indispensable para que este medio de transporte propuesto para ser regulado por la Comisión de Transporte pueda ser una práctica comprobada y eficiente.

Debemos tener claro que para todo concesionario la violación de cualquiera de las normas propuestas en este dictamen conlleva a las medidas severamente aplicadas, que en definitiva inhibirán la práctica de estos servicios de transporte público.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincidimos con el planteamiento hecho por la Comisión de Transportes. Dicho planteamiento nos parece acorde a las necesidades actuales de los usuarios de los servicios del transporte aéreo, y pensando en ellos consideramos que este dictamen debe ser aprobado por el pleno.

Por las consideraciones antes expuestas, votaremos a favor del presente. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, don Ricardo Cantú Garza. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra el diputado José Soto Martínez.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, ciudadano presidente. Diputadas y diputados, en nuestro país el transporte de carga vía cabotaje es una práctica que comenzó a realizarse en los puertos y puntos marítimos situados en las zonas marinas y litorales mexicanos, aproximadamente desde la década de los setenta.

En México, el transporte de carga en cabotaje se ha reducido a su mínima expresión a consecuencia de diversos factores, entre los que destacan: la competencia desleal, su propio régimen y esquema fiscal, los altos costos portuarios y la desaparición de muelles de cabotaje en los puertos nacionales.

Como consecuencia, en la nación resulta excesivamente costosa la operación del servicio de taxis aéreos debido a la sobrerregularización existente, por lo que se debe evitar que existan permisionarios extranjeros que presten servicio de transporte aéreo privado o comercial en territorio mexicano y ofreciendo servicios a terceros por el cual reciben una compensación.

El cabotaje se ha constituido como una práctica que ha perjudicado a la industria aeronáutica nacional, ya que ha provocado un trato diferenciado entre las aeronaves extranjeras y las nacionales, proporcionando a las primeras un trato preferencial facilitando la operación de aeronaves extranjeras sin cumplir con las obligaciones asignadas a las locales.

En ese sentido, es claro que para fortalecer la industria aeronáutica nacional y evitar las prácticas que han afectado al desarrollo de esa actividad tan relevante en la nación se deben prohibir ese tipo de acciones, estableciendo las sanciones correspondientes que garanticen la prohibición implementada.

Actualmente, la seguridad y protección de los usuarios se encuentra vulnerada debido a que no existe una certificación que permita vigilar a los permisionarios extranjeros que ofrecen el servicio de transporte aéreo.

Es por lo anterior que dicha práctica se debe normar a través de la Ley de Aviación Civil, para lo cual es importante especificar la prohibición de las prácticas de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado o comercial en territorio nacional.

Dentro de las acciones que se deben llevar a cabo, vale la pena mencionar que resulta menester la imposición de sanciones, la ejecución de multas y la inmovilización de aeronaves con el propósito de lograr un correcto funcionamiento del sector.

Derivado de lo anterior, aplaudimos el respaldo de la comisión a la propuesta de que los centros de capacitación ubicados en el extranjero puedan brindar este servicio a los nacionales, para lo cual deberán contar con la autorización y el registro de la autoridad de su país, como de la autoridad mexicana respectiva.

Asimismo coincidimos en que los instructores que impartan la capacitación y el adiestramiento deben contar con el registro ante la Secretaría o ante el centro de capacitación extranjero para el cual prestaron sus servicios.

De esta manera el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de esta reforma. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado José Soto Martínez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el diputado Mario Francisco Guillén Guillén.

El diputado Mario Francisco Guillén Guillén:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el espacio aéreo es una plataforma estratégica que cumple con una función social muy importante en el transporte de pasajeros dentro y fuera del país, y facilita el comercio y el intercambio de mercancías.

En los últimos años, el peso estratégico de la aviación se ha acrecentado significativamente a raíz de la acelerada apertura de nuestro país hacia el exterior. Asimismo, la aviación se ha convertido en herramienta indispensable para la integración nacional, para el turismo, para la creación de negocios y el comercio nacional e internacional de mercancías con alto valor económico.

Dentro del proceso de globalización que vive el mundo contemporáneo, la conexión aérea de las ciudades turísticas y de negocios se ha convertido en factor determinante de la competitividad y el desarrollo. Hoy en día el sector aeronáutico –como ningún otro– constituye uno de los pilares más importantes de nuestra economía.

De acuerdo a los datos que ha emitido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en 2012 se alcanzó un máximo histórico de 56.8 millones de pasajeros transportados, registrando altas tasas de crecimiento. En ése mismo año se operaron en servicio regular 618 rutas de origen y destino, 355 internacionales y 263 nacionales. Son 36 más que el año anterior, sin duda, aumentando la conectividad.

Es por ese motivo, compañeras diputadas y compañeros diputados, que la Comisión de Transportes al momento de entrar al estudio de la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos analizó la problemática para evitar la existencia de permisionarios extranjeros, los cuales prestan servicio de transporte aéreo privado o comercial en territorio nacional, ofreciendo servicios a terceros a cambio de una compensación, esto afecta sin duda directamente al sector nacional.

Por tal razón, es necesario prohibir a dichos permisionarios que realicen prácticas de cabotaje en territorio nacional, imponiendo sanciones a quienes no cumplan con esta disposición, revocando concesiones o permisos, así como una multa que va de los 10 mil a los 25 mil días de salario mínimo.

De igual manera, a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad operacional en la Aviación Civil es menester que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca un programa estatal de seguridad operacional, además de planear, formular y conducir las políticas programáticas para la regulación y el desarrollo de los servicios de transporte aéreo.

Es de observar que la Comisión de Transportes realizó un gran esfuerzo en el análisis, encaminado a regular el sector aeroportuario, con el objeto de erradicar trámites innecesarios a los aeródromos que se encuentran en zonas alejadas de las ciudades, ya que por su condición y naturaleza no necesitan estudios de trayectorias, ni estudios de espacios aéreos ya que se encuentran alejados de otros aeropuertos.

Hoy en día la aviación mexicana es una industria moderna y dinámica, creadora de nuevas oportunidades de negocios y empleos, que se ha superado en términos de calidad y seguridad. Sin embargo, ésta es también una industria que enfrentará enormes desafíos para consolidarse en el mercado interno y para sortear las turbulencias que se aprecian en el entorno externo.

El Partido Verde votará a favor de este dictamen, a fin de consolidar los esfuerzos para actualizar el marco jurídico y alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad operacional y de competitividad en la Aviación Civil. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Mario Francisco Guillén Guillén.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida al señor diputado local electo, al licenciado Manuel Andrés García Díaz. Asimismo a los señores presidentes municipales electos Enrique Méndez Jiménez, de Mazatlán; Porfirio Ruiz Ruiz, al presidente electo Javier Flores Castellanos, al señor presidente electo Isidro Camacho, al señor presidente electo Jorge Guerrero, al señor presidente electo Jaciel García Ruiz. Asimismo a Tomás González y Yuri Ramos Gómez. Sean todos ustedes bienvenidos. Ellos fueron invitados por la diputada Norma Ponce Orozco. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa:Con su venia, señor presidente. México es un país que aún tiene una gran deuda social con su población en materia de empleo formal.

Por ello no es lógico permitir la competencia desleal de empresas extranjeras, que no reinvierten en México para crear fuentes de empleo y obtienen grandes ganancias que les permiten los incentivos fiscales y las lagunas existentes en el marco jurídico que las regulan.

En concordancia con la línea política de nuestro partido y de la fracción del Partido de la Revolución Democrática en esta honorable Cámara de Diputados, rechazamos tajantemente seguir aceptando que las actuales leyes de aviación civil y de aeropuertos permitan las prácticas de cabotaje a permisionarios extranjeros privados que prestan servicios de transporte aéreo comercial en el territorio nacional.

Nuestra fracción parlamentaria está totalmente de acuerdo en discutir y aprobar las adecuaciones necesarias a estas leyes de aviación civil y de aeropuertos que impidan a estas empresas extranjeras continuar explotando el espacio aéreo nacional sin corresponder con inversiones productivas que creen fuentes de empleo para nuestros connacionales.

Actualmente en nuestro país tenemos registradas cerca de 1,600 aeronaves matriculadas como taxis aéreos, por lo que es necesario realizar una revisión a fondo, no solo de los permisionarios extranjeros, sino también de los nacionales para poder incorporarlos a la reglamentación modificada que se ha propuesto.

La iniciativa presentada por el compañero legislador Juan Manuel Carbajal Hernández representa, además, una buena oportunidad para revisar la antigüedad de la flota aérea comercial privada, y también la no comercial para incorporar la creación de figuras jurídicas que contemplen su renovación, como medida indispensable de seguridad para el espacio aéreo mexicano.

A nuestro grupo parlamentario le parece de suma importancia que se impongan sanciones ejemplares a los permisionarios extranjeros que practiquen el cabotaje en México, ya que muchas veces sus aviones tienen más de 20 años de servicio. Como en Estados Unidos de América sí tienen estrictos controles en ese sentido, se vienen a nuestro país ante la complacencia del actual marco jurídico que regula el uso del espacio aéreo a prestar este servicio, poniendo en riesgo la integridad física de las personas, además de afectar al sector nacional por la diferencia en los precios.

Con esta propuesta, que impone sanciones ejemplares en caso de infringir la nueva ley, se estará protegiendo a todos los mexicanos. Anteriormente solo se les imponían multas muy significativas, por lo que nunca les importó infringir la ley.

Las prácticas llevadas a cabo por las empresas que ofrecen servicio de taxi aéreo han generado diversas tragedias en los últimos años, por lo cual su situación debe de ser revisada y su actuación regulada plenamente. Es una exigencia de los usuarios para salvaguardar su seguridad y la de la tripulación.

Las modificaciones que nuestra fracción propone son las siguientes: fomentar políticas públicas que impulsen el crecimiento de la aviación privada en México simplificando los procedimientos administrativos para el otorgamiento de permisos, ofreciendo certidumbre que elimine la corrupción. Readecuar los altos costos regulatorios. Evitar la doble tramitación y homologar las regulaciones con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos de América.

Además nuestra fracción sugiere que el certificado de aeronavegabilidad se amplíe a solo dos años de duración y no de forma permanente, ya que esto puede fomentar la corrupción, siempre y cuando se acredite que la o las aeronaves se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento para realizar operaciones de vuelo, acreditando los mantenimientos preventivos y correctivos que exige la ley, de acuerdo a los estándares internacionales vigentes.

De igual manera, la fracción del PRD se adhiere al punto presentado en la referida iniciativa, que establece la necesidad de que los talleres aeronáuticos y los centros de capacitación ubicados en el extranjero sean reconocidos por la autoridad aeronáutica mexicana con el objetivo de no causar más costos a la aviación en general, que actualmente se estiman en más de 50 millones al año.

También coincidimos en las reformas propuestas a la Ley de Aeropuertos con el objeto de facilitar la tramitación de los permisos para obtener aeródromos civiles en zonas alejadas, y la disminución de los trámites para los aeródromos o helipuertos alejados al menos a una distancia de 10 millas náuticas del punto de referencia del aeropuerto más cercano, con el objetivo de disminuir el alto nivel de corrupción al solicitar trámites innecesarios e inútiles.

Sin embargo, no coincidimos en que la vigencia de la licencia del personal técnico aeronáutico sea permanente, pues la revalidación periódica de la licencia es el principal medio del que dispone actualmente la autoridad aeronáutica mexicana para asegurarse del mantenimiento de la competencia y del cumplimiento de los requisitos relativos a la experiencia reciente del titular de una licencia de piloto. Por estas razones creemos que la duración de la licencia debe de ser de dos años.

Los diputados del PRD consideramos que las sanciones propuestas en la iniciativa deben de imponer sanciones como la revocación de permiso, multas ejemplares, y que incluso la inmovilización de la aeronave pueda ser incluida en las reformas propuestas a las leyes de aviación civil y de aeropuertos. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN el diputado Rafael Acosta Croda.

El diputado Rafael Acosta Croda:Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en representación de los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar ante ustedes el posicionamiento en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, presentada por el diputado Juan Manuel Carbajal Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.

Los integrantes de la fracción manifestamos la necesidad de actualizar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos para plasmar nuevas realidades que faciliten este medio de transporte fundamental para la movilidad.

La aviación es un medio de transporte cuyo uso se ha democratizado con el paso de los años, pues de ser un medio de alto costo, y de complejidad técnica, ha pasado al uso para la movilización masiva, en aviones de gran capacidad.

Esa realidad demanda que la legislación sea modificada para facilitar la expansión y el desarrollo de este medio de transporte, considerando la relevancia en la preparación, actualización del personal que opera las naves de este medio de transporte.

Las y los diputados del PAN estamos de acuerdo en la propuesta de que los centros de capacitación ubicados en el extranjero puedan brindar ese servicio a los connacionales, para lo cual deberán contar con la autorización y registro de la autoridad de su país, así como de la autoridad mexicana respectiva.

En este mismo sentido, nuestro grupo parlamentario considera que la reforma al artículo 39 de la ley garantiza que los instructores que impartan la capacitación y el adiestramiento cuenten con el registro ante la Secretaría o ante el centro de capacitación del extranjero para el cual presten sus servicios.

También consideramos necesario establecer penas superiores a los permisionarios extranjeros que prestan servicio de transporte aéreo privado o comercial en territorio nacional que realicen indebidamente servicios de cabotaje, imponiendo sanciones como la revocación del permiso, así como multas ejemplares y hasta la inmovilización de la aeronave como garantía del pago de la multa.

En relación con la vigencia del certificado de aeronavegabilidad es conveniente extender su vigencia a dos años, sujeto a que la aeronave cumpla plenamente los requisitos de mantenimiento. Lo anterior, toda vez que la expedición del certificado de aeronavegabilidad es el instrumento por el cual esta autoridad vigila que se cumplan con las condiciones de seguridad.

De la misma manera planteamos que la revalidación periódica de la licencia sea el principal medio del que disponga la autoridad aeronáutica mexicana para asegurarse del mantenimiento de la competencia y del cumplimiento de los requisitos relativos a la experiencia reciente del titular de una licencia de piloto. Por ello estamos de acuerdo con la comisión dictaminadora para extender la vigencia de la licencia del personal técnico-aeronáutico a dos años.

Además es fundamental establecer la obligación del personal aeronáutico de acreditar ante la autoridad aeronáutica ser titular de una licencia vigente expedida por ella, además de contar con la constancia de aptitud psicofísica vigente correspondiente a su actividad.

Por lo anterior, terminada la vigencia de la constancia de actitud psicofísica del interesado, tendrá hasta 30 días posteriores para su renovación, periodo en el cual no podrá ejercer su actividad como personal técnico aeronáutico sin que esto implique el vencimiento de su licencia.

Por último, y en el mismo sentido que las dos anteriores propuestas, avalamos el planteamiento de instrumentar a través de la ley que el aterrizaje de la aeronave sea considerado como el cierre de plan de vuelo.

Finalmente, nuestro grupo parlamentario considera necesario reformar el artículo 16 de este mismo ordenamiento, con la finalidad de que la Secretaría no pueda suspender las operaciones de las aeronaves por contraprestaciones pendientes de cumplimiento de los propietarios de las mismas con concesionarios y/o permisionarios.

Esto porque en muchos casos la autoridad detiene las operaciones de las aeronaves, provocando grandes pérdidas a los usuarios y afectando así operaciones de comercio, carga y turismo.

En concordancia con lo reformado es imprescindible adicionar un capítulo XV Bis, con el objeto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca un programa estatal de seguridad operacional, a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad operacional en la aviación civil.

También coincidimos en la propuesta de reformar la Ley de Aeropuertos, para que los interesados en obtener un permiso para tener un aeródromo no requieran estudio operacional de trayectorias cuando se trate de helipuertos, ni estudios de espacio aéreo cuando se trate de aeródromos, ambos no controlados y de operación bajo reglas visuales de vuelo, siempre y cuando su punto de referencia de aeródromo o helipuerto esté alejado al menos a una distancia de 10 millas náuticas del punto de referencia del aeropuerto más cercano.

Lo anterior con el objeto de eliminar trámites innecesarios a los aeródromos que se encuentran en zonas alejadas de la ciudad, como ranchos y zonas rurales, que por su condición y naturaleza no necesiten estudios de trayectoria ni estudios de espacios aéreos, ya que se encuentran alejados de otros aeropuertos.

Por otro lado, en un esfuerzo por regular eficientemente el sector aeroportuario y con el objeto de hacer más completo e integral el presente dictamen consideramos necesario hacer modificaciones a tres artículos de la Ley de Aeropuertos.

Las adiciones al artículo 27 de la ley introducen como causas de revocación que el concesionario limite el número de prestadores de servicios complementarios o les niegue su operación mediante actos de simulación por razones distintas a disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, por lo que permite la libre concurrencia a tales servicios.

La reforma al artículo 48 amplía la definición de los servicios complementarios que ofrecen los aeropuertos. Además también se establece la modificación del artículo 2 al artículo 57, a efecto de generar congruencia en el cuerpo normativo de que se trata, por lo que el concesionario además de proveer lo necesario para que el aeropuerto cuente con opciones competitivas de servicios complementarios. Esto jamás podrá limitar ni restringir y bloquear el número de empresas que quieran  ofrecer estos servicios, salvo por razones de disponibilidad, espacio, eficiencia y seguridad.

En virtud de lo anterior expuesto, las diputadas y los diputados del Grupo de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene finalmente el uso de la voz el diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto:Compañeras y compañeros legisladores, el sector de la aviación se ha caracterizado por contar con un crecimiento dinámico que ha generado la existencia de una normatividad compleja y exhaustiva, la cual se ha tenido que ir ajustando de acuerdo a las necesidades de este importante sector.

Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos —en el dictamen que ahora se pone a nuestra consideración— un esfuerzo profesional y plural tendiente a regular una actividad crucial para el desarrollo nacional, procurando en todo momento la seguridad de los usuarios.

Con el reconocimiento de las certificaciones llevadas a cabo en el extranjero se facilitará la capacitación del personal técnico, mientras que con la expansión de la vigencia de la certificación de aeronavegabilidad a dos años se dará certeza jurídica a los usuarios y se contribuirá a terminar con prácticas de corrupción y burocratismo.

La prohibición de las prácticas de cabotaje realizadas por permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado o comercial en territorio nacional protegerá a los prestadores nacionales de este servicio frente a la competencia, en muchas ocasiones desleal, proveniente de otros países. Pero sobre todo la aplicación de sanciones, tales como la revocación de permisos, la imposición de multas y la inmovilización de las aeronaves garantizará el respeto a dicha resolución.

Finalmente, es importante precisar que con las reformas contenidas en el dictamen se implementará un programa estatal de seguridad operacional, el cual —como su nombre lo indica— tendrá como fin alcanzar un nivel óptimo en lo relativo a la seguridad en las operaciones aéreas.

Por lo anterior es que estimamos que las reformas a las leyes de aviación civil y de aeropuertos deben ser aprobadas por esta honorable Cámara, lo cual representaría un avance para las actividades de este sector. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores, ruego a la Secretaría abra el sistema de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

De viva voz.

La diputada María Eugenia de León Pérez (desde la curul): A favor.

La diputada Claudia Delgadillo González(desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Macías Sandoval(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 429 votos a favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o., numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a) y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 fracción II, 82 numeral 1, 84, 85 y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

En la sesión del 12 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM), y determinó turnarla para dictamen a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3723-V, el jueves 7 de marzo de 2013.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares propone incorporar la referencia del artículo 29 de la Constitución en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al supuesto de reunión del Congreso en sesión conjunta.

En la exposición de motivos la iniciativa señala que el orden jurídico no siempre es sistemático; que tiene deficiencias ya que no engarza a la perfección, por ello, es labor del legislador, no solamente identificar las realidades sociales a cubrir con normas para satisfacer necesidades de orden y suplir lagunas, también debe poder colocar en la palestra de la discusión aquellas faltas sistémicas para hacer mucho más coherente el orden jurídico, por lo que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, debe desarrollar todos los supuestos establecidos en la Constitución, por ello se desprende la necesidad de tratar puntualmente la falta de sistematicidad existente hasta el momento con el artículo 29 de la Carta Magna.

En ese orden de ideas, el proponente destaca que el artículo 29 Constitucional señala como supuesto de reunión conjunta para las Cámaras la aprobación del decreto respectivo, que suspenda o restrinja los derechos y garantías, pero que tal supuesto no ha sido recogido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5, numeral 1 que establece cuando deben reunirse en forma conjunta las Cámaras.

Consideraciones

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Analizado el planteamiento del proponente, la comisión considera pertinente dictaminarlo en sentido positivo, ya que en su exposición de motivos expone claramente su planteamiento y se desprende que efectivamente el supuesto de reunión conjunta de las Cámaras del Congreso, que refiere el artículo 29 constitucional, no ha sido recogido por la Ley Orgánica del Congreso.

Lo anterior en virtud de que la técnica legislativa se puede concebir como el conjunto de factores para la estructuración de proyectos de ley y el uso de lenguaje apropiado en la ley y además de esto esta se debe referir a la racionalidad lingüística y a la racionalidad jurídico formal, a los aspectos sobre la eficacia y la eficiencia de la ley.

Esto es, cada una de las normas que forman parte del sistema jurídico debe tener cabida de manera integral en el conjunto de normas del cual formarán parte, máxime si tomamos en cuenta que una regla para determinar la inserción armónica de una norma es respecto a su constitucionalidad y la presente propuesta se plantea precisamente que el objeto es armonizar la Ley Orgánica, con lo preceptuado en la Constitución.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 5, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el numeral 1 del artículo 5o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Articulo 5o.

1. El Congreso se reunirá en sesión conjunta de las Cámaras para tratar los asuntos que previenen los artículos, 29, 69, 84, 85, 86 y 87 de la Constitución, así como para celebrar sesiones solemnes.

2. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Muro Ruiz, Eliseo, “Algunos Elementos de Técnica Legislativa”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2007, página 17.

2 Pedroza de la Llave, Susana Thalía y Cruz Velázquez, Jesús Javier, “Introducción a la Técnica Legislativa”, en Elementos de Técnica Legislativa, de Carbonell, Miguel y Pedroza de la Llave, Susana Thalía compiladores editorial Porrúa, tercera edición, México 2004, página 149.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su reunión ordinaria del 29 de mayo de 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Brenda María Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura, Cristina González Cruz, Norma Ponce Orozco, Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana, Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz el diputado Marcos Aguilar Vega, hasta por cinco minutos.

El diputado Marcos Aguilar Vega:Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en el artículo 76, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el dictamen que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de sesiones del Congreso.

Es de sobra conocido por todos nosotros —y más en nuestro carácter de legisladores— que nuestra Constitución Política consagra los derechos fundamentales que nos son inherentes a todos los ciudadanos de esta gran nación y, por ende, deben ser garantizados por el Estado mexicano.

No obstante lo anterior, nuestro orden jurídico fundamental contempla la hipótesis de suspender derechos y garantías en determinados casos. Ya sea en todo el país o en un lugar determinado de nuestro territorio.

En este orden de ideas, el artículo 29 constitucional prevé que esto pueda acontecer en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave conflicto o peligro.

De este modo, la Constitución es puntual en señalar que quien puede restringir tales derechos lo será el presidente de la República, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República. Pero tal determinación deberá contar con la aprobación del Congreso de la Unión.

Al mencionar la Constitución al Congreso de la Unión, se refiere tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores.

Expuesto lo anterior —como ya se señaló— el dictamen que ahora es puesto a su consideración conlleva la reforma al artículo 5o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que precisamente cuenta con las disposiciones relativas a los supuestos por los cuales deberán sesionar en conjunto las Cámaras conformantes del Congreso de la Unión y en cuyas hipótesis no se contempla el supuesto que contiene la Carta Magna en el citado numeral 29.

En tales condiciones, lo que se busca es armonizar las disposiciones de la Ley Orgánica de nuestro Congreso con lo preceptuado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se lleva a cabo en este dictamen al enunciar en el numeral 1 del artículo 5o. de la citada Ley Orgánica al artículo 29 constitucional como causa reunión conjunta de las Cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

No debemos pasar por alto que en la función que desempeñamos como legisladores –esto es, como generadores del orden jurídico mexicano por el cual se rige nuestra nación– tenemos la obligación de hacerlo con la debida técnica legislativa, y parte de ésta es precisamente armonizar debidamente las normas dentro del conjunto de disposiciones de las cuales formará parte, máxime si se trata de los supuestos en los que la inserción armónica versa sobre su constitucionalidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura –que dimos el voto de manera unánime— ponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea este dictamen y solicitamos su voto a favor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión en lo general y en lo particular.

Informo a la asamblea que se han presentado dos mociones suspensivas. Le voy a dar el uso de la voz a los dos impugnadores. En primer término, tiene la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar su moción, e inmediatamente después el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares:Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, tomo hoy la tribuna para solicitar esta moción suspensiva, no obstante de haber, sido junto con el líder de mi grupo parlamentario, el diputado Arturo Escobar y Vega, quienes propusimos la iniciativa que hoy se comenta, en virtud de lo siguiente.

Primeramente, queremos reconocer el trabajo y la dedicación de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el desarrollo del dictamen que hoy está a punto de discutirse, pero también tenemos que ser responsables en la congruencia política que vive el país.

Esta iniciativa trastoca un tema fundamental, que en las situaciones que hoy tenemos de reclamos por las diversas iniciativas que hemos aprobado y que han sido cuestionadas por grupos de la sociedad que no se encuentran de acuerdo y conformes con ellas, el tocar hoy un tema, en el que si bien es cierto estamos hablando del trabajo en conjunto de ambas Cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, podría generar un conflicto en el cual se pudiera permear que estamos trastocando las garantías constitucionales y la suspensión de las mismas.

Es por eso, compañeros, que hoy en un acto de responsabilidad política, no jurídica, vengo a solicitar que se vote a favor la moción suspensiva, para que con posterioridad, cuando las condiciones políticas del país así lo determinen podamos volver a votar este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

«Moción suspensiva respecto del dictamen correspondiente al proyecto de decreto que reforma el artículo 5, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Diputado. Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Quien suscribe, Carlos Octavio Castellanos Mijares, diputado federal integrante de la LXII Legislatura, ante usted solicito respetuosamente mi inscripción en el turno de oradores para exponer a la Asamblea, moción suspensiva al dictamen relativo a la modificación del numeral 1, del artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Atentamente

Diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (rubrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para presentar también su moción tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Para presentar esta moción suspensiva al dictamen que se presenta de reforma al artículo 5o., numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, lo hacemos en términos del artículo 122 del Reglamento.

La situación que nos mueve a presentar esta moción suspensiva tiene que ver con un asunto de la sustancia de lo que regula el artículo 29 constitucional. Toda vez que lo que se establece es la suspensión de garantías en caso de invasión, de perturbación grave de la paz pública o cualquier otro conflicto que ponga en peligro inminente a la sociedad.

Se establece el supuesto que tendrá que ser el presidente de la República con los secretarios de Estado y el procurador general de la República, y será el Congreso quien determine la procedencia de este estado de excepción.

Éste es uno de los temas más delicados de un Estado democrático de derecho, porque estamos hablando de un régimen de excepción, que tiene que estar perfectamente regulado cuando se den supuestos que vayan en contra de la estabilidad social y de la paz pública. No puede ser un instrumento que se utilice a contentillo del gobernante como arma de presión para restringir los derechos humanos, las libertades o el funcionamiento de los poderes públicos.

Se ha dicho, por los tratadistas del derecho y de la teoría constitucional, que el soberano es quien determina el estado de excepción, y en México es el Poder Legislativo. Pero si queremos realmente regular en la forma y en el fondo este tema tan delicado, necesitamos, primero, una ley que regule todos estos supuestos: ¿Cuándo se considera perturbación grave de la paz pública? ¿Cuál es el alcance del peligro para determinar la suspensión de libertades?

Por eso creemos que aquí, en esta Cámara hay diversas iniciativas sobre este tema. Una de ellas es la de nuestra compañera diputada Loretta Ortiz Ahlf, quien presentó una iniciativa sobre este tema. Pero me parece que son, ésta como otras iniciativas, temas sustantivos que duermen el sueño de los justos en las comisiones.

Por eso propondríamos que se legisle sobre el fondo del artículo 29 constitucional, que se regulen todos estos supuestos, porque no podemos soslayar que el país vive un endurecimiento político, una restauración autoritaria y no podemos estar expidiendo un cheque en blanco para que con cualquier pretexto se afecten las libertades.

Por eso hay que ir al fondo y después reglamentar, precisamente, la Ley Orgánica, este supuesto del artículo 29 constitucional en el artículo 5o. de nuestra Ley Orgánica. Es decir, primero el fondo y después la forma, porque si no, abrimos un margen inmenso de discrecionalidad para que se interprete este supuesto del 29 constitucional con una gran —insisto— discrecionalidad y una falta de principios democráticos y de respeto al estado de derecho y a los derechos humanos por parte de los gobernantes.

Por esta razón proponemos esta moción suspensiva, que le pedimos a esta soberanía que la puedan votar a favor.

No es descalificar —insisto— el trabajo de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que han hecho un buen trabajo todos, desde luego su presidente, Marcos Aguilar Vega, simplemente es entrar al tema de fondo, al tema de los supuestos reglamentarios del artículo 29 constitucional. Es cuanto, presidente. Le pido someta esta propuesta a la consideración del pleno.

«Moción suspensiva respecto del dictamen correspondiente al proyecto de decreto que reforma el artículo 5, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante el Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente moción suspensiva respecto del dictamen correspondiente a al proyecto de decreto que reforma el artículo 5, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Resolutivo

Único.Se suspende la discusión del proyecto de decreto que reforma el artículo 5, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. En los mismos términos del artículo 122 ha solicitado, y se le concede la palabra para impugnar la moción, el diputado Fernando Rodríguez Doval.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): Presidente, primero, para ver si se admite.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene derecho a impugnar la moción suspensiva, está en el 122, ¿quiere que lo lea? Para ilustrar a la asamblea le pido por favor a la Secretaría dar lectura. Adelante, diputado.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Muchas gracias, diputado presidente. El día de hoy estamos siendo testigos de un hecho verdaderamente kafkiano en esta Cámara de Diputados. Tenemos un diputado del Partido Verde, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, que presenta una iniciativa. Se le invita incluso a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a que defienda su iniciativa o en todo caso explique por qué se debe de aprobar y no acude. Aún así, se aprueba por unanimidad en esta comisión esa iniciativa, incluyendo el voto del diputado del Partido Verde que forma parte de esta comisión, y hoy sube a esta tribuna el diputado promovente a presentar una moción suspensiva contra su propia iniciativa. Aquí vemos por supuesto una enorme inconsistencia.

Nosotros lo que hemos sostenido –y sostuvimos en su momento en el seno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias— es que en este momento no estamos entrando al fondo de la discusión, como lo estaba proponiendo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra y que seguramente esa discusión, diputado Mejía, se tendrá que hacer en algún momento y no nos oponemos a ella. Pero lo que nosotros consideramos necesario es armonizar nuestro sistema normativo.

No podemos tener en el artículo 29 constitucional, claramente establecido, que en el caso de la suspensión de garantías se tendrá que contar con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido. Y sin embargo, en el artículo 5o. de nuestra Ley Orgánica no considerar la posibilidad de que en este tema sesionen conjuntamente ambas Cámaras, lo que sí hacen en los casos establecidos en el artículo 69, cuando es el informe presidencial y la apertura de sesiones; en el artículo 84, cuando es la falta absoluta del presidente; en el artículo 85, cuando es la designación del presidente interino; en el artículo 86, que califica la causa por la que un presidente puede renunciar al cargo; en el artículo 87, cuando es la toma de posesión del cargo de presidente de la República.

Es decir, este dictamen lo único que pretende es armonizar la Ley Orgánica del Congreso con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Y viene aquí el diputado proponente a autodesdecirse, a contradecirse a sí mismo y además a faltarle al respeto a la Comisión. Porque quiero decir que el día 13 de marzo del año 2013 —y aquí tengo el oficio que se le envió al diputado promovente— se le invitó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que pudiera ampliar el contenido y los argumentos respecto de su iniciativa. Se le invitó para el miércoles 20 de marzo, a las 10 horas y el diputado no asistió.

Insisto, a pesar de eso salió por unanimidad esta iniciativa y hoy, en una evidente falta de respeto al trabajo de la comisión y al trabajo de la Cámara, el diputado presenta una moción suspensiva contra su propia iniciativa. Algo que seguramente se ve en muy pocos Congresos del mundo. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Para cumplir a cabalidad lo que establece el 122, voy a pedir a la Secretaría que en votación económica consulte a la asamblea si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva, aclarando a la asamblea que en dado caso de que así sea se podrá abrir el debate de la moción hasta tres oradores a favor y tres en contra. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si la moción se toma en consideración de inmediato.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión la moción suspensiva. Abrimos el registro de oradores. El diputado Fernando Belaunzarán, en contra de la moción; el diputado Ricardo Monreal, a favor de la moción.

Estamos discutiendo el trámite, no el proyecto de decreto.

¿Alguien más? El diputado Ricardo Mejía, a favor de la moción; en contra de la moción el diputado Marcos Aguilar. Se cierra el registro. La diputada Loretta Ortiz, a favor de la moción y hay solo un espacio más para hablar en contra.

El diputado Domitilo Posadas Hernández (desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿En contra de la moción?

El diputado Domitilo Posadas Hernández(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José González Morfín: No, ya se inscribieron tres a favor. Pero bueno, lo registro. Preguntaremos si se considera suficientemente discutido. Tiene el uso de la voz para hablar en contra de la moción suspensiva, el diputado Fernando Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente. Me parece que esta anomalía de que quienes promovieron una reforma, que me parece de sentido común, de avanzada, de división de poderes, que empodera al Poder Legislativo, porque esta propuesta empodera al Poder Legislativo en momentos de crisis que pudieran llevar a la suspensión de garantías individuales, se echen para atrás.

En ese momento de gran crisis lo que dice esta iniciativa es que el Congreso General; es decir, los diputados y los senadores, nos reunamos para determinar si efectivamente existe esa situación de crisis o no. Le da todo el poder al Poder Legislativo para determinar si da lugar la suspensión o no. Ésa es una cuestión de buen sentido, me parece.

Algo pasó, a alguien no le gusta que el Poder Legislativo se empoderara en un momento de crisis, en un momento muy difícil. No sé por qué cambiar. Bueno, uno se lo puede imaginar.

Pero aquí, en ese momento en el que se tiene que determinar algo fundamental, como si procede o no procede la suspensión de garantías porque hay una invasión, porque hay una verdadera catástrofe, en ese momento que sea el Congreso, que sean los diputados, que sea la representación popular la que defina. Porque no lo aclara la Constitución como está. Solo dice con acuerdo del Congreso, pero hay un vacío. Aquí se llena ese vacío y se dice que es el Congreso General.

Actualmente, ¿para qué se reúne el Congreso General? Se reúne para ser oficialía de partes el 1o. de septiembre, se reúne solamente para el inicio de un acto protocolario. Ahora, por primera vez se le da al Congreso General una función decisiva en un momento crítico, como sería la suspensión. Y en mi opinión ésa es la mayor garantía para los ciudadanos de que no serán conculcados sus derechos, porque se tomará la decisión por el conjunto de sus representantes, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores en ese momento.

No será al arbitrio presidencial, no será capricho presidencial, sino que será la decisión que se tome por ambas Cámaras. Lo que me parece que es de sentido común. Pero vino la instrucción para echarse para atrás.

Pienso que la tenemos que sostener y empoderar al Poder Legislativo para que sea, en los momentos difíciles, quien tome la decisión definitiva si da lugar o no algo tan grave, como la suspensión de las garantías individuales.

Es una garantía de los ciudadanos lo que estamos decidiendo, la garantía de los ciudadanos de que no será al arbitrio de una persona una acción tan difícil y tan traumática como ésa, sino que será el conjunto de la representación popular y de la representación de los estados en el Senado. Por eso creo que no da lugar este extraño echarse para atrás de un grupo parlamentario afín a quien tiene hoy la Presidencia de la República.

Empoderemos al Poder Legislativo, que sean los legisladores, los diputados y senadores, quienes tomen esa decisión que puede ser traumática para muchos o no tomarla o decirle al presidente: no tienes razón, no hay nada que pueda dar lugar a algo tan duro y traumático como la suspensión, porque el Congreso General puede decir que sí, que procede, pero también puede decirle que no, que sea el Congreso de la Unión quien le pueda decir no. No hay nada que justifique una medida tan radical, tan draconiana como quitar eso, o en su defecto decir sí hay, pero que sean el conjunto de los legisladores y no el capricho presidencial. Empoderemos al Congreso y vamos a darle esa facultad al Congreso General. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar a favor de la moción suspensiva el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Trato siempre de hablar con argumentos, porque cuando no se lee lo que se discute, se corre el riesgo de caer en ridículo.

No es así. No hay ninguna intención de apoderamiento del Ejecutivo ni de hacer caso a un capricho ni mucho menos que el Legislativo esté abdicando o de que se haya recibido instrucción para desdecirse. No es así.

Miren, el tema que nos ocupa es más profundo de lo que muchos con perorata tratan de intervenir sin conocer el tema. No es así, porque lo único que propone la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias es muy sencillo.

La propuesta de la comisión —que por cierto surge de un dictamen de un diputado del Partido Verde— es la siguiente. Lo único que dice, lo que estaba en discusión que ahora está en la moción suspensiva es: el Congreso se reunirá en sesión conjunta de las Cámaras para tratar los asuntos de los artículos 29, 69, 84, 85, 86 y 87 de la Constitución, así como para celebrar sesiones formales.

¿Qué quiere decir? Lo único que está proponiendo la comisión es que en el caso de decretar suspensión de garantías por el Ejecutivo, se reúnan las dos Cámaras del Congreso. Pero la Constitución General de la República, que por cierto fue modificado en el 2011 este artículo concreto de la suspensión de garantías, apenas hace dos años se modificó y dice: cuando haya que prorrogar, suspender o restringir garantías individuales el único que lo puede hacer es el Ejecutivo con el acuerdo de los titulares de la secretarías de Estado, la Procuraduría General de la República y la autorización del Congreso. Eso dice la Constitución.

El debate es muy sencillo, el PRI sostiene que se requiere una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. Ése es el debate y por eso se retira, porque ellos creen, junto con un grupo de juristas, que para aplicar la disposición contenida en el 29 constitucional se requiere una ley reglamentaria y no ir de manera directa a la Ley Orgánica.

Quiere decir que hay otra tendencia de juristas que dice que no es necesaria la ley reglamentaria, que basta con que la Ley Orgánica del Congreso lo determine para suplir esa ausencia en la reglamentación de la norma constitucional, y los que defienden esta posición dicen: ya los asuntos previstos en la reunión de las Cámaras lo tiene contemplado la Ley Orgánica, ¿por qué ahora tendríamos que acudir a una ley reglamentaria específica para el caso?

Es muy sencillo, señores, por eso hay que saber hablar de lo que se dice, hay que estudiar. No aborden la tribuna solo para efectos de publicidad. Éste es un tema muy delicado, muy delicado.

Miren ustedes, desde 1917 se mantuvo inalterado el texto de la suspensión de garantías. Para mí es el tema más controvertido de todo el constitucionalismo mexicano. La propuesta de la comisión no va más allá de que se reúnan las Cámaras en sesión de Congreso cuando haya dado el lugar de reunirse por el decreto de la emergencia que señale el presidente con acuerdo de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República. Por esa razón son dos tesis.

Miren, en este tema de la suspensión de garantías recuerdo perfectamente a Kelsen, a Hans Kelsen, que era un abierto impugnador de los estados de sitio, estados de excepción, porque eso es. Las garantías son una especie de dictadura, otorgan facultades extraordinarias a un dictador por las medidas emergentes que vive el país, y los demás poderes renuncian a sus facultades para que los ejerza de manera extemporánea y temporal el Ejecutivo federal.

Concluyo, presidente. Por esa razón Hans Kelsen, que se desarrolló en una parte en el nazismo, estaba en contra, porque finalmente Hitler asume el poder y se excede de sus facultades porque tenía estado de sitio, tenía facultades extraordinarias en momentos de emergencia.

Planteo que es muy fácil el debate, es: aquellos que sostienen que se requiere una ley reglamentaria para el 29 constitucional, que son el PRI y el Verde, y nosotros que tenemos dudas, porque hay otra corriente que dice que no es necesario, que basta con que se regule en la Ley Orgánica del Congreso, que es quien decide la reunión y que decide en última instancia la aprobación de las medidas de emergencia, estado de sitio o estado de excepción.

Por esa razón, me parece que la comisión hizo lo correcto y al plantearlo aquí hizo lo correcto, porque viene con un dictamen por unanimidad. Si aquí intenta retirarse es otra cosa. Si hay ahora alguna necesidad excepcional para retirar este dictamen, no estamos discutiendo, pero la verdad es que no es.

Tengo siempre temor de tocar el tema de este tipo de situaciones del estado de emergencia, estado de excepción, suspensión de garantías, porque ahora es inoportuno.

Decía el proponente de la iniciativa y ahora estoy de acuerdo con él: quizá no sea el momento oportuno políticamente. Me quedo con esa expresión, quizá no sea el momento oportuno políticamente, porque el Estado, el país, se encuentra en situaciones delicadas. Con esta expresión me quedo, pero no se está agotando el debate jurídico. Es un tema delicado que los invito a que lo reflexionemos y me parece correcto dar mayor tiempo a la discusión y a la reflexión. Muchas gracias.

X

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz para hablar en contra de la moción suspensiva el diputado Marcos Aguilar.

El diputado Marcos Aguilar Vega:Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, se trata en relación con esta moción de comprender los alcances del uso del lenguaje apropiado en la ley.

Se trata de que nuestra ley, la ley mexicana, se debe referir a la racionalidad lingüística, se debe referir a la racionalidad jurídico-formal sobre aspectos relativos a eficacia y eficiencia de la ley.

Quiero mostrar con toda claridad mi sorpresa ante el planteamiento del diputado Castellanos Mijares. Por supuesto, tiene el derecho para hacer lo que hoy hizo. Sin embargo, me parece que es importante mencionarlo, porque previo a esta discusión hubo una serie de acercamientos entre varios de nosotros como diputados.

Hago un llamado a la defensa del trabajo de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Si nosotros, los diputados, no defendemos el trabajo de las comisiones en las que participamos, máxime cuando nosotros exigimos que se convoque, que no lleguemos a escenarios de preclusión de las iniciativas que presentamos, en el supuesto particular la propuesta que presentó el diputado Castellanos fue atendida de forma inmediata.

Ya se ha referido incluso en esta tribuna que fue convocado para exponer y ampliar el contenido de esta iniciativa. Lamentablemente no contamos con su presencia, señor diputado. Me gustaría conocer en esta tribuna cuáles son los argumentos que viene a dar hoy en relación con los que no dio cuando se ejerció el derecho que establece el Reglamento de la Cámara de Diputados, y que esta comisión que presido, que es la de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, le concedió como diputado federal al presentar una propuesta en la que con toda claridad fijó una postura.

No comparto que se tenga que generar una ley reglamentaria. Eso implicaría que para los otros seis supuestos que están en el 5o., numeral 1, de la Ley Orgánica debiera existir una ley reglamentaria en los mismos sentidos. Me refiero particularmente al informe presidencial y apertura de sesiones, a la falta absoluta del presidente, a la designación del presidente interino, a calificar la causa por la que el presidente renuncia al cargo, a la toma de posesión del cargo de presidente de la República o a la celebración de sesiones solemnes del Congreso.

En esos casos no tenemos una ley reglamentaria y nadie ha argumentado lo contrario para que sesionen conjuntamente. Implicaría que el contenido del artículo 5o., en este numeral 1, estaría justamente en contra de lo que refiere el diputado que ha antecedido y que es proponente.

Le hago un llamado a Alberto Díaz, a Brenda María Alvarado Sánchez, a Amira Griselda Gómez, a Wiliams Oswaldo Ochoa, a Roberto López, a Rubén Camarillo, a Fernando Rodríguez Doval, a Miguel Sámano Peralta, a Eduardo Román Pian, a Alfa Eliana González Magallanes y al diputado Felipe Arturo Camarena para que salgan a defender lo que estamos haciendo en la comisión.

Si no, no tiene sentido que nosotros cumplamos con el Reglamento y traigamos dictámenes al pleno para que un diputado, cuando previamente ha consensuado con otro partido el retiro de una iniciativa, de nada sirve el trabajo de las comisiones.

Mejor que nos digan cuál es la ruta, que no es justamente la que atiende al proceso legislativo y que es atentatoria, justamente, de lo que nosotros venimos a hacer a esta Cámara de Diputados.

Es un tema de fondo, es un tema de respeto al trabajo de una comisión y hago un llamado con respeto al pleno de esta Cámara para que no atienda la petición de moción que se ha planteado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en pro de la moción el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañeras y compañeros diputados, el hecho de presentar y defender esta moción suspensiva no implica, en modo alguno, demeritar el trabajo de la comisión que elaboró el dictamen.

Nos parece, incluso, que esta comisión ha generado productos legislativos importantes en esta Legislatura. Pero de lo que hoy hablamos es de un tema de Estado, de un tema que tiene qué ver con el Estado democrático de derecho y un tema que tiene qué ver con una de las causas extremas de la vida democrática, que es un régimen de excepción, un régimen de suspensión de garantías y derechos para los ciudadanos de una nación o de un lugar determinado.

Nos parece entonces que no se puede equiparar el artículo 29 con el artículo 69, 84, 85, 86 y 87 de la Constitución. El 69 habla de la presentación del informe presidencial. Del 84 al 86 los supuestos de los interinatos, en el caso del titular del Poder Ejecutivo. Y el artículo 87 habla de la protesta del titular del Ejecutivo.

Me parece, entonces, que hablar de que en el país o en una región o en un lugar determinado se suspendan garantías tiene una envergadura constitucional de mayor alcance, porque hablamos de la nación, hablamos de cancelar los derechos y las garantías que tutela nuestra Carta Magna y entonces los supuestos tienen que estar perfectamente bien regulados.

Tienen que establecerse los supuestos de la invasión, de la perturbación grave, de los peligros, de limitarse los tiempos que la Constitución habla genéricamente, de las prevenciones generales, y tiene evidentemente que tener la mayor motivación y la mayor fundamentación, porque en este periodo los poderes de la República abdican y se establece de facto una dictadura que tiene un soporte en una decisión del Estado.

Por esa razón tenemos que reglamentar en una ley perfectamente delimitada cuáles son estos supuestos, cuáles son estas características. Eso es lo que nosotros estamos planteando desde Movimiento Ciudadano.

Evidentemente que la Ley Orgánica tendrá que regular la forma, pero a nosotros nos interesa el fondo, y nos interesa porque el país vive momentos convulsos en los cuales ya ha habido mano dura, ya ha habido represión, disfrazada o abierta, de movimientos sociales y no podemos estar abriendo la puerta simple y sencillamente a que esta figura se arraigue y que sea, más que un estado de excepción, un estado permanente en la República.

Por esa razón planteamos que se devuelva para que se analice integralmente el tema y que se dictaminen ya aquellas iniciativas que tienen que ver con el fondo del tema del estado de excepción y de la suspensión de garantías. Me parece que es un tema toral, es un tema de Estado y no es un tema de reyertas o es un tema de procedimientos.

Si alguien la presentó y luego la retiró eso está en el record legislativo de cada quien, pero a nosotros nos interesa el fondo, nos interesa la sustancia, nos interesa restringir al mínimo este estado de excepción en la República mexicana.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en contra de la moción el diputado Rosendo Medina Filigrana.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, quisiera iniciar diciendo que este debate no tendría razón de ser, porque las posiciones que se han planteando en esta tribuna, contrariamente a lo que se quiere hacer pensar, no son posiciones excluyentes, son posiciones complementarias, porque un dictamen que hoy se presenta va en el sentido de regular las facultades del Congreso de la Unión, y que no está peleado con que haya una ley reglamentaria. Está establecida la facultad del Congreso en materia de educación, de salud y, sin embargo, existen leyes reglamentarias.

Tampoco excluye la posición de que se tenga una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, porque aquí se ha dicho que hay que estudiar derecho, y es cierto que hay que estudiar derecho. El transitorio de la reforma constitucional de junio de 2011, para ser más específico, el artículo cuarto transitorio de esa reforma constitucional obliga a que haya una ley reglamentaria del 29 constitucional. Que por cierto, están vencidos los tiempos, porque la reforma va publicada el 6 de julio de 2011, el transitorio daba el plazo de un año y se venció el 6 de julio de 2012 el tiempo para que tuviéramos esa ley reglamentaria.

Lo que aquí se propone en este dictamen es que en temas de gran trascendencia nacional, de envergadura para la vida del país, el Congreso actúe de manera conjunta. No creo que sea aquí menester soslayar la importancia de algún otro tema. La apertura de sesiones del Congreso es un tema trascendental a la vida nacional, porque ahí se entrega el informe en el que se rinde cuentas del estado de la nación.

La falta absoluta de presidente, que señala el 84 constitucional y que se erija al Congreso en colegio electoral no puede ser un tema soslayado. El 85 constitucional, que regula también el hecho de que no estuviese calificada la elección y nos viéramos ante la hipótesis de nombrar presidente interino, tampoco debe ser soslayado. El 86 constitucional, que habla de la gravedad de la renuncia del presidente de la República. El 87 de la propia Constitución, que habla de la toma de protesta del presidente de la República. Y obviamente el 29 constitucional, que habla de aquellos casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Lo que estamos tratando es que en esos temas de trascendencia el Congreso actúe en forma conjunta y se gane tiempo, porque además estamos en temas trascendentales, como una invasión o una perturbación. Y lo que estamos también tratando es que se retome el espíritu de 1857, porque en 1857 la suspensión de garantías, como se le llamaba en aquél entonces, y que aquí erróneamente se ha dicho suspensión de garantías, pero que ya no son suspensión de garantías —para eso se estudia derecho— son suspensión de derechos después de la reforma de 2011.

En aquel tiempo la Constitución del 57 establecía que la suspensión de garantías era facultad del presidente de la República, pero pasada por el Consejo de Ministros que existía en aquel entonces y por el Congreso de la Unión de aquel entonces.

La Constitución del 17 despareció todo aquello. Desapareció incluso la salvedad que tenía la de 57, de que esta suspensión se diera con salvedad, con excepción de aquellos derechos que aseguran la vida del hombre.

La reforma de 2011 ha incorporado un catálogo de derechos que no se pueden prescindir en esta hipótesis de suspensión de derechos a la que alude el 29. Y lo que pretende este dictamen es que un tema de tanta trascendencia para la vida nacional se puede hacer en conjunto por ambas Cámaras.

Termino diciendo, señor presidente, que ojalá podamos encontrar un punto de equilibrio, porque ambas propuestas son complementarias y enriquecerían la certidumbre jurídica que tiene que tener un tema tan importante. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en pro de la moción la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. No puede aceptarse el presente dictamen, básicamente porque el artículo que ya se mencionó –el transitorio cuarto– establece, y a raíz precisamente de la reforma constitucional al 1o., precisamente propuesta por el PAN, una de las grandes glorias del Partido Acción Nacional el que se haya aprobado esta reforma al artículo 1o. constitucional. Por eso llama la atención que ahorita esté proponiendo este partido el que se acepte este dictamen.

El artículo transitorio cuarto establece que para el ejercicio precisamente de la facultad de la suspensión de garantías o derechos fundamentales se debe de emitir una ley, y para el ejercicio de esa facultad se debe de legislar. Dicho de otra manera, cualquier ejercicio de esta facultad que se propone en el dictamen por parte del Congreso de la Unión sería violatorio al cuarto transitorio, al 1o. constitucional.

Y no solamente eso, a tratados internacionales, porque tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos establecen requisitos para la suspensión de garantías o para la suspensión de derechos fundamentales, que son términos equivalentes o sinónimos.

Estarían violando no solamente la Constitución, sino también instrumentos internacionales. En violación, en su conjunto, además del artículo 1o. constitucional, el cual el Partido Acción Nacional llevó precisamente al grado de respeto a la Constitución y que es una de las grandes banderas, que a la fecha no solamente los organismos no gubernamentales, sino la sociedad civil y todos los preocupados por los derechos humanos enarbolamos.

En este caso, de aprobarse este dictamen se estaría dando una violación flagrante a los derechos fundamentales. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Por así habérmelo solicitado y porque es procedente, en razón de que no está en la lista de oradores, le voy a conceder la palabra al diputado Arturo Escobar y Vega, para rectificación de hechos.

El diputado Arturo Escobar y Vega:Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Arturo Escobar y Vega: Antes que nada, quiero hacer un reconocimiento amplio y muy sincero a quien considero uno de los mejores presidentes de comisión que tienen las comisiones ordinarias y especiales, el diputado Marcos Aguilar. De veras, diputado, usted es reconocido por todos como un hombre diligente, un hombre respetuoso de la ley.

Ante ese reconocimiento —también quiero advertirlo— la realidad, durante la sesión previa del Grupo Parlamentario del Partido Verde definimos solicitarle al iniciador de este documento, al diputado Castellanos, pudiera solicitarle a la Junta Directiva de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la posibilidad de que se bajara el dictamen, a efecto de que la comisión pudiera discutirlo.

Bien lo dice y hago mías, si así me lo permite el diputado Monreal, todas y cada una de sus palabras: Da para los dos lados. El artículo 29 no es cualquier artículo, habla de un tema de garantías individuales, habla —diría— de una de las facultades más sensibles que tiene el presidente de México, y una de las facultades con las cuales tiene que compartir con su Ejecutivo –dígase con su gabinete– y requiere también la aprobación del procurador general de la República y acto seguido, de la aprobación del Congreso mexicano.

Por esa misma razón —hay que decirlo— en ninguna parte ni de la Constitución ni de la Ley Orgánica se establece la definición de sesiones conjuntas.

Hay sesiones conjuntas para celebrar sesiones solemnes, pero en esa parte no hay ningún problema. Se sientan los senadores, escuchamos al invitado especial y culmina la sesión. Pero cuando se trata de tomar una aprobación o una definición sobre temas de garantías individuales no hay una base reglamentaria siquiera que nos prevea cómo vamos a llevar a cabo la votación.

Entonces independientemente y recordando tal vez lo que antes había en materia de amparo, donde no había una ley reglamentaria, y como quiera se desarrollaba el procedimiento, creo que no estaríamos faltando si empezamos a trabajar ya en todo ese escenario de reforma política en un espacio de una nueva legislación para poder reglamentar el artículo 29.

Pero si cabe, señor presidente de la Comisión de Reglamentos, le pido una disculpa. Le pido una disculpa porque no es un procedimiento ordinario, es un procedimiento un tanto ambiguo el que el iniciante pida o solicite al pleno de la Cámara de Diputados bajar la iniciativa. Pero lo hacemos en buena fe.

Sin duda —bien lo dijo el diputado Carlos Castellanos— son tiempos delicados, son tiempos en que hay que tener una posición política serena, y esa es la realidad por lo que se hace.

Pero en la parte jurídica —como bien lo dijo el diputado Monreal— da para los dos lados y creo que no estaríamos faltando ni por supuesto negando su gran presidencia como ejecutor de esta comisión y, por el otro lado, podríamos hacer un trabajo, creo, que pudiera generar los consensos totales. Muchas gracias por su atención

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir ahora sí a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se acepta la moción suspensiva.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se acepta la moción suspensiva. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se acepta la moción. En consecuencia, voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si autoriza que el dictamen se devuelva a comisiones para que se hagan las correcciones pertinentes.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se devuelve a la comisión el dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchos gracias. De acuerdo a lo que establece el artículo 122 de nuestro Reglamento, el dictamen en comento se devuelve a comisiones.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 10 y reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona un tercero y cuarto párrafos al artículo 10 y reforma el primero del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 15 de septiembre de 2009 el diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH). En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2. El 23 de febrero de 2011 la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la LCNDH, mismo que fue aprobado por el pleno de la citada Cámara en sesión del 15 de marzo de 2011.

3. En esa misma fecha el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remitió al Senado la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 10 de la LCNDH.

4. El 17 de marzo de 2011 el senador Ricardo García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a las Comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Primera, la minuta enviada por esta soberanía.

5. El 29 de abril de 2011 la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 25 y el primer párrafo del artículo 27 de la referida LCNDH, misma que fue turnada a esta Comisión de Derechos Humanos para su dictamen correspondiente.

6. El 22 de junio de 2011 la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la LCNDH, mismo que fue aprobado por el pleno de la citada cámara el 17 de noviembre de 2011.

7. En esa misma fecha la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remitió al Senado la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la LCNDH, la cual el 22 de noviembre de 2011 fue turnada a las Comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Primera.

8. El 11 de abril de 2012 el senador Ricardo Francisco García Cervantes, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, devolvió a esta Cámara de Diputados el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer, un cuarto y un quinto párrafos al artículo 10; y se reforma el primer párrafo del artículo 27, ambos de la LCNDH.

9. El 12 de abril de 2012 la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la devolución del expediente con la minuta e comento a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen.

Contenido del expediente con minuta

Refieren los senadores que el contenido de la primer minuta enviada por esta soberanía, respecto al procedimiento que habrá de seguirse en caso de que la Cámara de Senadores no haya realizado el nombramiento correspondiente al concluir el periodo del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se encuentra resuelto en la propuesta de esta Cámara de Diputados.

Por lo que corresponde a la minuta del artículo 27 de la LCNDH, se determina que contiene un medio para garantizar la máxima accesibilidad de los quejosa los servicios que presta ese organismo autónomo toda vez que señala la “utilización de los medios de comunicación idóneos para el inicio de una instancia procedimental”; razón por la que estiman que en casos urgentes, es de aprobarse la vía telefónica para la presentación de quejas.

Consideraciones

El expediente devuelto por la Colegisladora respecto a las minutas enviadas por esta Cámara de Diputados, relativas a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 10; y se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la LCNDH, señala dentro del dictamen elaborado por las Comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Primera, en el resolutivo único de la cuestión preliminar, apartado de “Consideraciones de orden general y especifico que motivan el sentido del dictamen”:

Único. Los suscritos senadores coinciden tanto con la finalidad tuteladora que para los derechos fundamentales busca el contenido de las minutas que se dictaminan como con la contribución que realizan para el mantenimiento de la constitucionalidad y legalidad de los actos de los órganos públicos, por lo que estiman que las mismas son de aprobar se en sus términos...

En ese contexto, de conformidad con el oficio número DGPL-2P3A.- 617, del 11 de abril de 2012, suscrito por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, se aprecia la minuta con proyecto de decreto en la que, en comparación con el proyecto remitido por esta soberanía los artículos objeto de la misma quedan de la siguiente manera:

Cámara de Diputados

Artículo 10. ...

En el supuesto de que concluya el período para el que fue designado el saliente Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no haya sido designado por los siguientes supuestos:

a) No se obtenga la votación calificada para la elección del Presidente a que se refiere el presente artículo;

b) No sea presentada la terna al pleno del Senado de la República por la comisión o comisiones correspondientes, o

c) Que por cualquier otra causa no haya sido designado.

Se procederá a lo siguiente: el primer visitador general, sin perder su carácter y responsabilidades, se hará cargo de atender los asuntos urgentes correspondientes del despacho de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, en ausencia de éste, se hará cargo el segundo visitador general o, en su caso, el tercero, cuarto o quinto visitadores generales, en su orden, hasta en tanto se elija y designe al Presidente de dicho organismo.

En este caso, el plazo para realizar el proceso de designación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no deberá exceder de 90 días, contados a partir de la conclusión del período para el que fue designado el saliente titular de ese organismo autónomo.

Artículo 27.La instancia respectiva deberá presentarse por escrito; en casos urgentes podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica o telefónica.No se admitirán comunicaciones anónimas, por lo que toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro de los tres días siguientes a su presentación, si el quejoso no se identifica y la suscribe en un primer momento.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores

Artículo 10. ...

En el supuesto de que concluya el período para el que fue designado el saliente Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no haya sido designado por los siguientes supuestos: Sin cambio

a) No se obtenga la votación calificada para la elección del Presidente a que se refiere el presente artículo; Sin cambio

b) No sea presentada la terna al pleno del Senado de la República por la comisión o comisiones correspondientes, o Sin cambio

c) Que por cualquier otra causa no haya sido designado. Sin cambio

Se procederá a lo siguiente: el primer visitador general, sin perder su carácter y responsabilidades, se hará cargo de atender los asuntos urgentes correspondientes del despacho de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, en ausencia de éste, se hará cargo el segundo visitador general o, en su caso, el tercero, cuarto o quinto visitadores generales, en su orden, hasta en tanto se elija y designe al Presidente de dicho organismo.

En este caso, el plazo para realizar el proceso de designación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no deberá exceder de 90 días, contados a partir de la conclusión del período para el que fue designado el saliente titular de ese organismo autónomo. Sin cambio

Artículo 27.La instancia respectiva deberá presentarse por escrito; en casos urgentes podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica o telefónica. No se admitirán comunicaciones anónimas, por lo que toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro de los tres días siguientes a su presentación, si el quejoso no se identifica y la suscribe en un primer momento. Sin cambio

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esta dictaminadora destaca que no existe en el proyecto de decreto que remite la colegisladora, ningún tipo de modificación que cambie los proyectos de decretos aprobados por esta Cámara de Diputados.

Sin embargo, esa determinación dejó de ser operante el 15 d junio de 2012, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron diversos preceptos de la Ley de la Comisión Nacional de los ,Derechos Humanos, que dotaron a la institución de mayores facultades para el desempeño de sus funciones. Así, en esa fecha se adicionó e artículo 5o. del citado ordenamiento jurídico para crear la Sexta Visitaduría General.

Es decir, el resolutivo del dictamen se tendría que ajustar a dichos cambios y los subsecuentes, por lo que esta comisión considera que sería conveniente una redacción general que pudiera prever incluso nuevas visitadurías, al referir que se seguirá la prelación conforme al número de visitadurías que existan. Con ello se evitaría continuas reformas por una cuestión que desde ahora puede anticiparse.

En lo relativo al artículo 10 para incluir al Sexto Visitador como candidato a hacerse cargo del Despacho de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el supuesto de que concluya el período para el que fue designado el saliente Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no haya sido designado.

Por lo que se propone modificar la redacción de dicho artículo a efecto de evitar que el titular de esta Visitaduría u otra en caso de que se aprobara su creación, queden marginados de esta posibilidad, señalando que en caso de que no se encuentre el primero, podrán hacerse cargo del despacho de la Presidencia los titulares de las otras visitadurías en orden progresivo.

Otra modificación propuesta por esta colegisladora es la referente insertar en el texto del tercer párrafo del artículo 10 del proyecto de decreto, que el primer visitador o, en su caso, los subsecuentes, en el supuesto previsto por tal precepto, asumirán las funciones que corresponden a la Presidencia. Lo anterior a efecto de no limitar el ejercicio de dicha suplencia temporal las cuestiones urgentes y permitir así a quien temporalmente supla al Presidente de este órgano tener un mayor margen de acción que le permita cumplir a cabal dad los asuntos propios del Presidente, sin limitarlo a los de carácter urgente. Asimismo, se propone eliminar de este tercer párrafo la expresión “despacho de la Presidencia”, ya que la misma implicaría realizar un acto de entrega-recepción como ya se ha señalado, lo que pretende esta dictaminadora es posibilitar a quien supla la Presidencia el oportuno ejercicio de las atribuciones sin dilación alguna.

Por lo que para efectos de evitar retraso en las actividades del organismo nacional de derechos humanos, por conducto de su titular, así como señalar la vía telefónica como mecanismo para presentar quejas, en casos urgentes, esta dictaminadora estima necesario y urgente la aprobación del presente dictamen, toda vez que el proyecto de decreto devuelto por la colegisladora, coincide con la aprobación emitida por esta soberanía y sólo una modificación en la LCNDH, con la salvedad citada anteriormente en lo relativo al artículo 10.

Por lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto que por el que se adiciona un tercer y un cuarto párrafos al artículo 10 y se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único. Se adicionan un tercer párrafo y cuarto párrafos al artículo 10 y, se reforma el primer párrafo del artículo 27, ambos d la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como siguen:

Artículo 10....

...

En el supuesto de que concluya el periodo para el que fue designado el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no haya sido designado, provisionalmente y por un período que no exceda de noventa días, asumirá las funciones que corresponden a la Presidencia, el primer visitador general, y en ausencia de éste, se hará cargo el siguiente, de acuerdo al número que corresponda en orden progresivo, hasta en tanto se elija y designe al Presidente de dicho organismo.

En este caso, el plazo para realizar el proceso de designación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos “Humanos no deberá exceder de 90 días, contados a partir de la conclusión del período para el que fue designado el saliente titular de ese organismo autónomo.

Artículo 27. La instancia respectiva deberá presentarse por escrito; en casos urgentes podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica o telefónica. No se admitirán comunicaciones anónimas, por lo que toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro de los tres días siguientes a su presentación, si el quejoso no se identifica y la suscribe en un primer momento.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela.»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz la diputada María del Rocío García Olmedo, hasta por cinco minutos

La diputada María del Rocío García Olmedo:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el orden y la legalidad son esenciales para salvaguardar las libertades y los derechos fundamentales.

Como es de su conocimiento, a partir de la publicación del decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1992, se elevó a rango constitucional la protección de los derechos humanos en México. Posteriormente, en junio de ese mismo año, con la publicación de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entra en funciones dicha comisión con la encomienda de atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de derechos humanos cometidos por cualquier autoridad o servidor público, así como para formular recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.

Es incuestionable que la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha coadyuvado al mejoramiento de las condiciones de respeto a los derechos humanos de nuestro país. Hoy en día, el estado de derecho no sería el mismo sin la presencia de este invaluable organismo.

En virtud de lo anterior y en reconocimiento de la labor sustantiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creemos que este organismo no puede quedar acéfalo en ningún momento y es por eso que la Comisión de Derechos Humanos presenta ante este pleno adiciones al artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de establecer justamente el procedimiento que habrá de seguirse en el caso de que no se haya realizado el nombramiento correspondiente al concluir el periodo del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Asimismo este proyecto de decreto incluye adiciones al artículo 27 de la misma ley, para garantizar a los quejosos una máxima accesibilidad a los servicios que presta este organismo, toda vez que señala la utilización de los medios de comunicación idóneos para el inicio de una instancia procedimental, razón por la que se estima que en casos urgentes se pueda utilizar la guía telefónica para la presentación de quejas.

Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos estamos convencidos de que el mejoramiento del marco jurídico del organismo garante de los derechos humanos en nuestro país redundará en un mejor funcionamiento de éste y en una mejor atención a la sociedad.

Es por ello, compañeros y compañeras diputadas, que solicitamos su apoyo y respaldo con su voto a favor para la aprobación de este dictamen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Congreso de la Unión está obligado a implementar las medidas legislativas que sean necesarias a efecto de fortalecer el espíritu de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esto implica realizar un diagnóstico exhaustivo a nuestras legislaciones, a fin de perfeccionar el alcance progresivo de las mismas.

Desde su creación constitucional en 1999, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituye el principal elemento del Estado mexicano que vela por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.

Este máximo órgano de protección de los derechos humanos con el paso de los años ha ido logrando importantes avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas, alcanzando su máxima cúspide hace dos años, cuando el Constituyente Permanente elevó a rango constitucional el reconocimiento de los derechos humanos y su goce para todas las personas, estableciéndolo tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales en la materia ratificados por el Estado mexicano.

Así las cosas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido pieza fundamental en este largo recorrido que han efectuado los derechos humanos en nuestro país. Como integrante del Estado mexicano, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión y presupuestaria, la comisión se encarga de velar por el respeto de los derechos humanos conociendo de los actos u omisiones provenientes de cualquier servidor público que vulnera el ejercicio de estos derechos, emitiendo recomendaciones, denuncias y quejas con el fin de salvaguardarlos.

La presidencia de este importante órgano recae en el llamado Ombudsman, persona dotada de investidura institucional fundamental, que ejerce las facultades de representación de la comisión.

Actualmente la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no cuenta con un mecanismo legal para el supuesto de la falta de este servidor público que habría de ocupar la presidencia de la comisión cuando éste ha concluido su periodo constitucional y cuando la Cámara de Senadores no emite el nombramiento correspondiente.

El dictamen que se discute propone subsanar esta laguna al dotar a este instrumento legal el mecanismo idóneo que habrá de seguirse en caso de que la Cámara alta no emita en tiempo y en forma la designación de la persona a la que habrá de recaer tan importante cargo, delegando la suplencia de sus funciones en los visitadores generales en el orden progresivo respectivo.

Asimismo el presente dictamen contiene la propuesta de que en casos urgentes las personas podrán presentar las quejas de las que conoce la comisión por vía telefónica, a efecto de tener que ratificarlas en un periodo de tres días. Con ello, se hace más accesible el derecho que tiene la ciudadanía de presentar este medio de defensa a sus derechos fundamentales, haciendo más accesible el uso de los servicios y la protección de este órgano autónomo ante la vulneración de sus derechos.

Nueva Alianza considera que estas medidas legislativas contenidas en el presente dictamen resultan pertinentes, toda vez que se otorga la certeza jurídica requerida a la legislación que regula este órgano protector de los derechos humanos.

Asimismo el dotar de una mayor accesibilidad a la ciudadanía para presentar sus quejas por vía telefónica en casos urgentes constituye una reforma progresiva, que abonará en la promoción y protección de nuestros derechos fundamentales.

Nueva Alianza votará a favor de este dictamen, pues consideramos que esta propuesta fortalece el desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y permitirá dar continuidad y operatividad a sus trabajos, cuestión que sin duda beneficia a la ciudadanía en la protección de sus derechos fundamentales. Por su atención, muchas gracias, compañeros diputados. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para apoyar el dictamen que nos presenta la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, por el que se adicionan dos párrafos al artículo 10 y se reforma el artículo primero del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En el caso del artículo 10 se adicionan los párrafos tercero y cuarto. En este artículo se establece el procedimiento de designación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estableciéndose en el artículo 11 que el titular durará en su encargo cinco años, en correspondencia a lo que se establece en el artículo 102 constitucional.

El propósito del dictamen es dar continuidad al trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para lo cual se prevé un régimen de encargo temporal por parte de los visitadores de la comisión en el orden de prelación de las propias visitadurías. El encargo provisional de los visitadores no podrá exceder de 90 días y correrán a partir de la conclusión del periodo para el que fue designado el titular respectivo.

Como se puede apreciar, de ser aprobado este dictamen se garantiza el funcionamiento normal de la comisión, ya que pueden presentarse situaciones imprevistas en las que el Senado de la República o la Comisión Permanente, en su caso, no puedan alcanzar los acuerdos correspondientes y esto produzca un vacío en la titularidad de la comisión.

En lo que se refiere a la reforma del artículo 27 de la propia ley, en su primer párrafo, se dispone que la queja pueda presentarse por vía telefónica en caso de violación de derechos humanos.

La reforma presenta un avance importante, ya que ante la consumación de una violación a los derechos humanos de los gobernados y la imposibilidad física de poderse trasladar a las oficinas de la propia comisión se permite presentar quejas vía telefónica. Cabe destacar que se mantiene la obligación de ratificar la demanda dentro de los tres días siguiente a la presentación por teléfono.

Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que las propuestas contenidas en el dictamen son positivas. Por estas consideraciones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, las minutas que dieron origen a este dictamen versan sobre dos cuestiones relacionadas con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante, el contenido de cada una tiene una naturaleza distinta, por lo que me referiré de forma separada a cada una de las modificaciones.

La primera de ellas se refiere a la necesidad de establecer un sistema de suplencia en el caso de las dilaciones en el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El tema que se plantea con la reforma al artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional es de suma relevancia, pues en los últimos años hemos sido testigos de dilaciones en los procedimientos de nombramiento de los integrantes de órganos del Estado, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el Instituto Federal Electoral.

En la confrontación política ocurrida en ambas Cámaras del Congreso se priva a los órganos del Estado de su conformación esencial, limitando sus funciones e incluso impidiéndolas, como fue lo ocurrido en la Suprema Corte de la Nación, en donde se tuvieron que posponer discusiones de relevancia nacional por existir empates que impedían la toma de decisiones.

En ese sentido, lo que aquí se plantea es que exista una habilitación legal para que las funciones de presidente de la CNDH no queden a la deriva en caso de ausencia de nombramiento, cuestión de gran importancia si tenemos en cuenta lo delicado del trabajo que implica a esta comisión.

La suplencia de las funciones del Estado no es una cosa menor, se trata de un asunto de relevancia para el cumplimiento de las facultades a un órgano del Estado. A través de la suplencia se garantiza que no exista pretexto alguno para suspender o privar a los particulares del trabajo del Estado.

Cabe recordar que debido al régimen estatutario de la administración pública no puede existir una habilitación que no esté contenida en la ley. En este caso, la ausencia de un régimen de suplencia determinada implica que ante el retraso en el nombramiento del presidente de la CNDH exista una ausencia de funciones con todo lo que ello acarrea en perjuicio, sin duda, del respeto a los derechos fundamentales de los gobernados.

Ahora bien, por lo que hace a la segunda parte del dictamen en la reforma al artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se plantea que ante casos de urgencia se puedan presentar quejas ante esa instancia por medio de comunicación electrónica o telefónica, inclusive.

No podemos más que reconocer lo acertado de la propuesta, ya que si atendemos a que las quejas presentadas ante este organismo nacional encierran la posible violación a los derechos fundamentales, facilitar a los ciudadanos, agilizar la respuesta de las autoridades, conlleva un beneficio mayúsculo.

Imaginémonos un caso de privación ilegal de la libertad a un ciudadano en una comunidad alejada, en donde la presentación de la queja implique un viaje que demoraría horas. En ese caso, el ejercicio de las funciones de la comisión cruzaría por un obstáculo traducido en el tiempo que supondría el cumplimiento de la formalidad necesaria para su atención, lo que mermaría su eficacia y, con ella, los derechos fundamentales del ciudadano.

Lo propuesto en el dictamen a discusión sin duda alguna es benéfico para las funciones correctas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero sobre todo debemos reconocer que son, sin duda, en beneficio de los gobernados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente, gracias. Dos preocupaciones; en la primera tal vez usted nos puede ayudar con la verificación del quórum en la asamblea.

La segunda es porque observando las redes sociales, los ciudadanos se están preguntando, muy preocupados, al haberse aprobado la medalla Neri al señor Landeros, están muy preocupados que el próximo año al Congreso se le vaya a ocurrir darle la medalla Neri a la señora Laura Bozzo. Nosotros nos oponemos rotundamente a que se esté pensando darle la medalla el próximo año a esta ciudadana, que es deplorada por todos los mexicanos y mexicanas bien nacidos.

El Presidente diputado José González Morfín: Estamos discutiendo un dictamen y la votación verificará si hay o no quórum en la asamblea, diputado.

Tiene la palabra el diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo:Con la venia de la Presidencia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo que por mandato constitucional tiene la importante misión de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos reconocidos y amparados por el orden jurídico mexicano.

A lo largo de sus casi 20 años de existencia, la CNDH se ha visto fortalecida en su marco jurídico gracias a la aprobación de diversas reformas, entre las que destacan la de 1992, que transformó a la comisión en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Así como la del año 1999, la cual dotó al organismo de autonomía presupuestaria y de gestión.

La evolución experimentada por la CNDH se enmarca en el proceso de consolidación de la democracia en México. Sin embargo, los retos enfrentados en materia de protección de los derechos humanos en el contexto nacional han aumentado su complejidad, como consecuencia de la aparición —en los últimos años— de una pluralidad de fenómenos políticos y sociales que han transformado la realidad del país.

Ante estas circunstancias resulta imprescindible que la CNDH siga siendo fortalecida, con la finalidad de que su labor de promoción y protección de los derechos humanos se traduzca en hechos realmente comprobables en la realidad.

Ante este compromiso de tal envergadura, es de suma importancia lograr que la CNDH cuente con una dirección continua y permanente, que permita garantizar la protección y promoción de los derechos fundamentales en todo momento, otorgando con ello certeza en su actuar pues es digno de mencionar que la comisión debe erigirse como estandarte de la legalidad en la emisión y ejecución de sus actos, constituyéndose así en paradigma para el ejercicio de la función pública.

Actualmente la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no precisa un procedimiento claro para la designación de un presidente interino de la CNDH. Cuando se actualicen determinados supuestos, como es el caso de que no sea posible obtener la votación calificada en el Senado para la designación del mismo.

Esta situación podría llevar implícito el desconocimiento, la desacreditación o el rechazo de las determinaciones de quien se encargue del despacho de los asuntos de la comisión que corresponden a su presidente, pues no se puede soslayar que la eficacia y validez de todo acto administrativo se encuentran sujetas al hecho de ser suscritas por un servidor público legalmente autorizado para ello.

Por este motivo se hace indispensable establecer un tiempo máximo para la designación del presidente de la CNDH que no afecte el desempeño de sus labores. Por tal importancia que reviste la comisión, se debe otorgar el tiempo necesario para examinar cuidadosamente la propuesta de la terna o, en su caso, la ratificación del titular por la Cámara de Senadores.

Cabe señalar que —de acuerdo a la experiencia— en virtud de la pluralidad de las fuerzas políticas representadas en las Cámaras, no es descabellado pensar que el supuesto al que nos referimos tenga lugar, pues recientemente otras instituciones —como es el caso del IFE– se han visto afectadas en su funcionamiento a consecuencia de la falta de acuerdo con esta asamblea para designar a la persona que habrá de ocupar el puesto de consejero electoral.

Así pues, resulta urgente contar con una regulación que determine indubitablemente qué hacer en caso de que el presidente de la CNDH haya concluido su periodo y no exista acuerdo para designar a su sucesor, o por cualquier otra circunstancia ajena al propio organismo autónomo.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de las adiciones a la ley propuesta por el presente dictamen, las cuales darán mayor certeza jurídica a la actuación de un ente de la importancia de la CNDH. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Vicario Portillo Martínez:Con su venia, ciudadano diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados —aquí presentes— como es bien sabido los derechos humanos tutelan al ser humano en sus aspectos esenciales de su dignidad personal. Por ejemplo: su propia vida y su integridad física, su igualdad con sus semejantes y ante la ley, su libertad en sus múltiples modalidades, su propiedad y posesiones, así como su seguridad jurídica, entre otros.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática manifiesta su coincidencia con este dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, ya que da una mayor certeza y estabilidad a las actividades del ombudsman nacional.

En primer lugar, este dictamen establece un mecanismo para el encargo provisional de las funciones de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el caso de que el nombramiento aún no haya sido resuelto por el Senado de la República. De tal forma que la suplencia del presidente sea ejercida en orden progresivo por los visitadores generales, para que la dirección de los trabajos de este órgano constitucional nunca permanezca vacante, garantizando que las actividades de la Comisión de Derechos Humanos sigan adelante, que los visitadores sigan trabajando de manera objetiva, tratando a todas las partes en pie de igualdad.

En segundo lugar, se corrigen las anteriores omisiones para que solo los asuntos urgentes sean atendidos, puesto que la defensa y atención de los derechos humanos no admite una distinción entre los asuntos a tratar.

Bajo la conducción de los derechos humanos es posible hablar de los límites de la acción del Estado ante él y los particulares. Ninguna nación que se considere justa, moderna y democrática puede desconocer la trascendencia que tiene el reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos.

Adicionalmente, este proyecto actualiza la reforma aprobada el año pasado, por lo cual se creó una sexta visitaduría general, a fin de que no se margine a ninguna visitaduría en el orden de prelación destinado al encargo provisional de la presidencia de la comisión.

Con el objetivo de generar una mayor vinculación entre las y los ciudadanos, el dictamen señala que las quejas ahora también se podrán presentar vía telefónica. Con ello se pretende que el actuar de la comisión se haga de forma expedita y transparente, así como evitar que terceros puedan disuadir a quienes desean anteponer sus quejas en la comisión.

Pensamos que por ello es indispensable extender las maneras en que la sociedad pueda tener contacto con el ombudsman, a fin de que sus derechos sean salvaguardados sin importar las condiciones geográficas, el acceso a comunicaciones electrónicas o la posibilidad de tener acceso físicamente a instalaciones de la comisión.

Queremos hacer un llamado por la aprobación del dictamen a discusión, ya que es necesario que la actuación de la CNDH sea oportuna e inmediata y al alcance permanente de la ciudadanía, aún en los casos en que la deliberación, la negociación u otras circunstancias en el Senado impidan el nombramiento de su presidente. Aunado a ello, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra, el diputado Carlos Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional apoya las iniciativas en comento. Desde el año 2009 y en el año 2011 se presentaron iniciativas en esta Cámara de Diputados para reformar los artículos 10, 25 y 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La primera iniciativa se refiere al supuesto de que concluya el periodo para el que fue designado el presidente de la Comisión, y al concluir este periodo el mismo no sea designado por cualquiera de las siguientes razones:

Primero. Porque no se obtenga la votación calificada para la elección del presidente;

Segundo. Éste no sea electo porque la terna presentada al pleno del Senado de la República o la comisión correspondiente no sea llevada a cabo, esta terna no se presente o por cualquier otra causa.

Debemos de proteger a este organismo autónomo que está concentrado en llevar a cabo las acciones necesarias para proteger lo más preciado por el hombre, que son los derechos humanos. Ya tuvimos una reforma constitucional de gran profundidad en donde los derechos humanos son los que quedan más alto en la escala constitucional de México, los establecidos en la Constitución y los establecidos en los tratados internacionales en donde México es parte.

Las iniciativas en comento mencionan que en estos supuestos de falta del presidente, la primera alternativa para llevar a cabo el cargo sería la del primer visitador general, sin perder su carácter y responsabilidades. Éste se hará cargo —el primer visitador— en ausencia del presidente de los asuntos urgentes correspondientes del despacho de la presidencia de la comisión. En ausencia del primer visitador, entonces sucesivamente llenan el cargo el segundo, el tercero, el cuarto, y así sucesivamente, para que este organismo no quede acéfalo.

Este procedimiento nosotros lo consideramos viable para evitar esta situación, ya que esta institución autónoma que ha sido establecida por el Estado mexicano lleva a cabo la vigilancia de estos preciados derechos humanos.

El plazo para realizar el proceso de designación del presidente de la comisión no deberá exceder de 90 días, contados a partir de la conclusión del periodo para el que fue designado el presidente saliente.

Finalmente, las iniciativas de reforma a los artículos 25 y 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impulsan la utilización de la tecnología moderna de la comunicación para llevar a cabo las quejas e instancias urgentes ante la comisión, tales como los medios de comunicación electrónica o telefónica, haciéndose una especial salvaguarda de no admitir comunicaciones anónimas, debiéndose por lo tanto, en este caso de urgencia, ratificar dentro de los tres días siguientes a su presentación —a la presentación de la queja— si el quejoso no se identificó previamente en este procedimiento.

Compañeras y compañeros, con estas dos reformas fortalecemos el funcionamiento permanente de este órgano constitucionalmente autónomo, de importancia relevante para la protección de los derechos humanos haciendo efectivas sus funciones, por lo que instamos a esta soberanía que vote a favor estas reformas tan importantes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente, tiene la palabra el diputado Gabriel Gómez Michel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Gabriel Gómez Michel:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, es para mí un honor estar ante ustedes en esta tribuna para fijar el posicionamiento de mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, respecto del proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer y cuarto párrafo al artículo 10 y se reforma el primer párrafo del artículo 27, ambos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para todos nosotros es innegable que desde el inicio de su funcionamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha coadyuvado en el mejoramiento de las condiciones en las que desenvuelve nuestra sociedad.

Como órgano autónomo encargado de la protección de los derechos humanos en nuestro país, la CNDH ha tenido una participación activa, preponderante e insustituible en el respeto a los derechos humanos, lo que ha permitido a México transitar hacia un real estado de derecho.

Es por eso que creemos que la CNDH no puede estar en ningún momento sin alguien que sea responsable de tan loable e importante labor, por lo que nuestro grupo parlamentario respalda ampliamente el proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, mediante el cual se establece el procedimiento que habrá de seguirse en el caso de que no se haya realizado el nombramiento correspondiente al concluir el periodo del presidente de la CNDH.

De igual forma respaldamos la adición al artículo 27 de esa misma ley para permitir que se pueda utilizar la vía telefónica para la presentación de quejas ante la CNDH, garantizando con ello la máxima accesibilidad de los quejosos a los servicios que presta este organismo.

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI apoyamos las adiciones a la Ley de la CNDH planteados por la Comisión de Derechos Humanos, porque consideramos que con las mismas se asegurará un mejor funcionamiento de este organismo y, al mismo tiempo, una mejor atención para quienes acuden a ella. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

La diputada Rosalba Gualito Castañeda(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): A favor.

La diputada Merilyn Gómez Pozos(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 413 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un tercer y cuarto párrafos al artículo 10 y reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la “minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor”.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 95, 157 y 158 numeral 1 fracción IV el Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la Minuta mencionada al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 15 de febrero de 2011, el entonces senador Alejandro Moreno Cárdenas, de la LXI Legislatura, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero del artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Segundo. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores, dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.

Tercero. Con fecha 29 de Noviembre de 2011, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, presentaron el dictamen de la iniciativa en comento.

Cuarto. En la Sesión celebrada el 1 de febrero de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta del oficio con el que el Senado de la República remitió el expediente de la minuta en comento y turnó para dictamen a la Comisión de Economía.

Quinto. El 24 de octubre de 2012, se recibió de la Mesa Directiva, el acuerdo mediante el cual se remiten los asuntos que no llegaron a resolver las Comisiones de la LXI Legislatura, dentro de los cuales se encuentra la Minuta en comento.

Sexto. La Mesa Directiva acordó dar como fecha de inicio para proceso de dictamen el 29 de octubre de 2012.

Séptimo. Con fecha 26 de diciembre la Comisión de Economía solicitó prorroga a la Mesa Directiva con oficio CE/LXII/128/2012.

Descripción y objeto de la minuta

• Establecer como una atribución de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), el publicar a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.

• Se reforman las fracciones XXII y XXIII, recorriéndose la actual XXIII para quedar como XXIV, adicionándose ésta, al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 24. ...

I. a XXI. ...

XXII. Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas;

XXIII. Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, y

XXIV.- Las demás que le confieren esta ley y otros ordenamientos.

Consideraciones

Primera. De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la Minuta referida en el exordio del presente escrito.

Segunda. El dictamen realizado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos; establece como fundamento de su posición lo siguiente:

Estas comisiones comparten la postura del legislador en el sentido de procurar mejores y más amplios mecanismos de información a los consumidores que otorguen herramientas para tomar decisiones de consumo inteligente.

Consideran adecuado que el espíritu del legislador se materialice en una modificación al artículo 24 de la LFPC, toda vez que el mismo se refiere a las facultades de la PROFECO lo que daría solidez jurídica a esta importante atribución que se otorga a la autoridad encargada de la protección al consumidor.

Tercera. Derivado de lo anterior y atendiendo a la minuta que nos ocupa, la Comisión de Economía de la Cámara de la Cámara de Diputados, considera que la misma restringiría la atribución de la Procuraduría a publicar los productos y servicios que como resultado únicamente de las verificaciones fueran detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, dejando de lado los demás procedimientos para los que esta autoridad es competente y se encuentran previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Cuarta. En virtud de lo anterior, proponen modificar el proyecto de decreto de, propuesto en la minuta de la siguiente manera.

Contenido de la minuta

Artículo 24. ...

I. a XXI. ...

XXII. Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas;

XXIII. Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, y

XXIV. Las demás que le confieren esta ley y otros ordenamientos.

Propuesta de la comisión

Artículo 24. ...

I. a XXI. ...

XXII. Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas;

XXIII. Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la Ley, sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, y

XXIV. Las demás que le confieren esta ley y otros ordenamientos.

Cuarta. En virtud de lo anterior, la Comisión de Economía se manifiesta por aprobar la minuta que nos ocupa en los términos precisados en el presente dictamen, y remitir en su momento a la Cámara de Senadores para los efectos del apartado e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona la fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIII, pasando la actual XXIII a ser XXIV al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 24. ...

I. a XXI. ...

XXII. Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas;

XXIII. Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la ley, sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, y

XXIV. Las demás que le confieren esta ley y otros ordenamientos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de mayo de 2013.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Salvador Romero Valencia, Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), José Ángel González Serna, Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Silvia Márquez Velasco, Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante, Fernando Salgado Delgado, Adolfo Bonilla Gómez, José Ignacio Duarte Murillo, Eloy Cantú Segovia, José Ignacio Duarte Murillo, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Arturo Salinas Garza, Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos.

El diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos:Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados y diputadas, el posicionamiento para el dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que se presenta el día de hoy ante esta soberanía propone una ampliación a los derechos del consumidor.

La información es fundamental para que los consumidores puedan decidir sobre los mejores servicios y productos. El artículo 1o., fracción III, de la Ley Federal de Competencia establece como principio la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que represente.

Determinar los riesgos que tienen los productos o servicios no es fácil de detectar para el particular. Se requiere tener infraestructura en estos laboratorios y equipos especializados donde se descubran los riesgos para los consumidores.

La Procuraduría Federal del Consumidor como institución tiene la infraestructura para investigar la calidad de bienes y servicios. Las organizaciones de defensa de consumidores están limitadas en recursos para este tipo de funciones.

Los productos y servicios podrán darle a conocer al consumidor, mediante el fortalecimiento de las facultades de verificación que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor, al publicar a través de cualquier medio los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones sean detectados como riesgosos o en cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.

La Procuraduría tiene facultades para actuar como perito especializado en la calidad de bienes y servicios como autoridad protectora de los derechos de los consumidores. Si se encuentran irregularidades en los productos que puedan implicar riesgos graves deberá informar al público, con la aprobación de esta reforma.

Asimismo ocurre con los diferentes procedimientos que se realizan ante la Procuraduría, en donde mediante quejas y reclamaciones de los consumidores se puedan detectar riesgos en productos y servicios. La información así generada y difundida posteriormente puede ser utilizada por el consumidor para denunciar otros establecimientos que vendan productos dañinos.

Como lo menciona la iniciativa original, al igual que sucede en los Estados Unidos de América o en varios países de la Unión Europea, el consumidor podrá enterarse de cuáles son los productos que se ofertan en un establecimiento y que por razones de seguridad fueron retirados del mercado.

Se trata de que el proveedor tenga una responsabilidad social y participe de las organizaciones realizadas por la propia Procuraduría Federal del Consumidor a través de la publicidad que haga de las mismas.

Las verificaciones no son la única manera de encontrar irregularidades en los productos y servicios. Las facultades de la Procuraduría son amplias y tienen el mandamiento de proteger al consumidor y de regirse por los principios que establece la ley.

Recordemos que de acuerdo con la exposición de motivos de esta iniciativa, la información hacia el mercado es de gran relevancia, porque se convierte en una herramienta natural e imprescindible para su ordenamiento, pues a través de ella es posible hacer de conocimiento público la calidad, precio y mejores condiciones de compra de los bienes y servicios, ampliando y mejorando de este modo su oferta, pero sobre todo generalizando la seguridad del propio consumidor.

Por esto, esta comisión decidió aprobar la minuta enviada por la colegisladora, con una adición que consideramos importante para no delimitar la proveniencia de la información en una sola fuente, cuando la ley establece otras de distinta índole. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza tiene la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Estimados compañeros, diputadas y diputados. Los actuales desafíos que enfrenta México en los órdenes económico, social y medioambiental exigen un cambio de enfoques sobre el rol que juegan los consumidores y la perspectiva que tenemos hacia el futuro.

Hace unos días, a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza nuestra coordinadora hablaba de la importancia de contar con organizaciones de consumidores del siglo XXI, capaces de intervenir y actuar de manera razonada e informada en las interacciones de un mercado globalizado y altamente diferenciado.

En un mercado nacional e internacional como el nuestro, con una oferta casi ilimitada de productos y servicios, en el que a diario se toman decisiones de consumo, como consumidores debemos contar con un aliado clave, y ese aliado de gran valor es la información. Retomo el término de información, pues en eso se centra esta reforma a la ley que salvaguarda nuestros derechos como consumidores en este país.

Esta reforma, analizada y discutida desde el ámbito económico, también es materia de derechos humanos, pues supone la participación informada de los consumidores en las decisiones de compra, ya que ahora no solo se trata de precios, sino también de saber si optamos por bienes y servicios detectados como riesgosos o que estos hayan incumplido disposiciones normativas. Eso representa para nuestro Grupo Parlamentario un garante al derecho a la información, lo cual contribuye a la consolidación de una ciudadanía responsable y participativa.

La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, sus especificaciones, cantidad, características, composición, calidad, precio, así como los riesgos que representen, es un principio básico en las relaciones de consumo. Así de claro está establecido en el primer artículo de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Por ello la reforma fortalece las competencias de la institución federal responsable de garantizar la vigencia de los derechos a los consumidores y en los mexicanos fortalece el derecho a la información y la libertad de elección en el mercado.

Para una visión liberal como la de Nueva Alianza, necesaria frente a los retos que representa para nuestra nación construir una sociedad moderna y acorde a las necesidades del siglo XXI, el que mediante el marco normativo se fortalezca nuestra capacidad de ser consumidores racionales e informados constituye un importante avance a nuestra libertad de elegir e incidir en estas decisiones en el mercado, y con ello contribuir a su innovación y eficiencia. La información hace al consumidor inteligente y esa inteligencia consiste en ser consciente, crítico, saludable, solidario y sustentable con lo que se compra y consume.

Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza creemos que la información contribuye a mejorar la calidad de la vida individual y colectiva de las y los mexicanos. Por ello —en congruencia con nuestra vocación liberal— otorgamos nuestro voto a favor de esta iniciativa. Lo hacemos porque creemos que el objetivo superior es alcanzar un consumo informado, donde se privilegie el consumo seguro, minimizando los riesgos para la salud. Un consumo ambientalmente responsable, que forma parte de las actuales preocupaciones ciudadanas.

Cada vez en mayor medida la información contribuye a un consumo sustentable, pues compramos para atender nuestras necesidades de hoy, pensando en no afectar la satisfacción de las necesidades futuras de nuestras hijas e hijos, de los ciudadanos mexicanos de mañana. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Siempre da un gusto que esté usted presidiendo. Con la venia de la asamblea. El dictamen que estamos discutiendo hoy pareciera que no tiene relevancia, como muchos de los que se discuten cuando la asamblea está abandonada, como el día de hoy. Sin embargo, ¿quiénes de ustedes no han escuchado de estos productos que quitan el dolor de cabeza, los juanetes, la diabetes, el lupus, el cáncer, el sida? Y si se dejan, hasta nos pueden conseguir novio o novia, dependiendo del caso.

Los tan mentados productos milagro, que están en el mercado y que son tan dañinos para la ciudadanía —sobre todo para la ciudadanía menos informada— han causado a la gente, sobre todo al mercado femenino, porque está comprobado que la población femenina es la más propensa a consumir productos riesgosos, ya que es el sector más interesado en utilizar productos de belleza dañinos o productos adelgazantes, que es en lo que se centran los productos milagro, a cerca de 11 millones de ciudadanos mexicanos, desde daños leves a irreversibles. Estamos hablando de 299 mil productos milagro, que representan 648 por ciento de incremento en los productos naturistas que se tienen en el mercado.

¿Qué quiere decir? Que libremente cualquier timador está anunciándose en páginas de Internet e inclusive en anuncios televisivos con esto que, como he dicho, cura absolutamente todo. Pero que en realidad —y estos son datos de la Profeco— en su mayoría estos productos milagro no tienen ni siquiera hierbas medicinales. Algunos contienen raticidas, derivados de manzana, placebos, veneno para cucarachas, entre otros.

De todos estos productos que están en el mercado tenemos, como diputados, la responsabilidad no solamente de informar. Porque coincido con mi compañero diputado que me antecedió en la palabra en que un consumidor informado es un consumidor que podrá tener la determinación de saber qué es lo que compra, pero es nuestra responsabilidad, como Estado, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía y creo que también de la Profeco, retirar estos productos.

Nosotros en el Partido del Trabajo estamos votando a favor este dictamen, lo votamos a favor en la Comisión de Economía. Pero el tema no está saldado, tenemos que dar un paso más allá.

Si está comprobado que estos productos son riesgosos, no es suficiente con publicarlos o con quitar las páginas de Internet que los publican y los promueven como productos milagro. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios debería retirar, no solamente las páginas de Internet o la publicidad al respecto, sino los productos milagro, compañeros diputados. Porque nos hacen daño no solamente a nosotros, como ciudadanos, sino también a nuestros hijos y, sobre todo, a la población menos enterada, a la población más vulnerable, que no tiene dinero para comprar medicamentos de patente y que, finalmente, cae en la trampa de los productos milagro y que pueden tener daños irreversibles.

Para nosotros este dictamen queda a medias y lo que solicitamos es que como Congreso demos un paso más adelante, nos enfrentemos a estos timadores de los productos milagro. No solamente retiremos su propaganda, sino también retiremos sus productos del mercado. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Compañeras y compañeros, en 1976 se expidió la Ley Federal de Protección al Consumidor con el afán de salvaguardar, a través de este instrumento jurídico, los derechos de los consumidores, logrando así condiciones de mercado más justas.

Asimismo se comprendió que resulta necesario, en cualquier país, la existencia de una procuraduría que vele por estos intereses, ya que las relaciones entre productores y consumidores suelen estar sesgadas hacia los primeros, ocasionando que en muchos casos se valgan de su poder para originar atropellos a los clientes sin que estos puedan defenderse.

Aún cuando desde hace más de 30 años existe la ley mencionada y México cuenta con la Procuraduría Federal del Consumidor, todos los días somos testigos de malas prácticas que perjudican a los ciudadanos de la nación.

La misión de la Profeco es promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Sin duda, dicha misión representa un ideal deseable, en teoría. Pero en la práctica observamos millones de deficiencias en el mercado que merecen ser atendidas, y que hasta el momento han resultado no resueltas.

Como ejemplo de lo mencionado tenemos los enormes abusos de los que se valen los grandes consorcios debido a su condición monopólica. A través de precios artificiales y costos adicionales los mexicanos son víctimas de actos que disminuyen día a día su poder adquisitivo.

En México cinco bancos acaparan el 80 por ciento del mercado. Las audiencias televisivas tienen una concentración del 68 por ciento. La telefonía fija el 81.4 por ciento. La producción del cemento 49 por ciento. La industria cervecera 62 por ciento. Y la de harina de maíz industrializada el 93 por ciento. Lo mismo ocurre con la falta de regulación de los productos riesgosos.

En los últimos años hemos sido testigos del incremento exponencial de promotores de bienes que ofrecen resolver a corto plazo grandes problemas de salud pública como la obesidad, la desnutrición y otros males.

La carencia de una correcta difusión de aquellas mercancías que incumplen las disposiciones jurídicas aplicables ha tenido como consecuencia un bombardeo y una penetración continua de los llamados productos milagro, los cuales han enriquecido a productores, distribuidores y anunciadores con la masiva venta de estos mencionados artículos. La falta de una reglamentación eficiente ha permitido la manipulación de los consumidores a través de falsas expectativas, llegando incluso a ocasionar daños a través de falsas expectativas.

Lo anterior resulta de suma gravedad en un país donde el 22.4 millones de personas padecen hipertensión, donde entre 6.5 y 10 millones son diabéticos, y dos de cada tres mexicanos presentan algún grado de obesidad.

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en 2012 se tuvo noticia de más de 75 mil productos y mil tabletas milagro, entre los cuales destacan los suplementos alimenticios, cosméticos y remedios herbolarios.

Es por eso que estamos a favor del presente dictamen, que adiciona la XXIII fracción al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el afán de establecer que la Procuraduría tiene como atribución publicar a través de cualquier medio los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la ley sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.

Sin embargo, ante lo expuesto previamente, creemos que las modificaciones planteadas resultan insuficientes para corregir las distorsiones de mercado que favorecen las empresas productoras de artículos dañinos y que tanto perjudican a la población.

Es necesario otorgar a la Profeco no tan solo la facultad de publicar los productos y servicios riesgosos, asimismo debe existir una sanción clara que desincentive dicho comportamiento. Únicamente así la modificación planteada se traducirá en resultados concretos y no tan solo en buenos deseos.

Es momento de implementar instrumentos que permitan una verdadera equidad entre las empresas y los clientes, y que eliminen condiciones monopólicas y que terminen de una vez por todas con las prácticas atroces cometidas en contra de los consumidores. Por lo anteriormente expuesto, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Compañeras diputadas y compañeros diputados, si en algo hemos estado todos de acuerdo es en lo positivo de este dictamen, ya que viene a dar mayor información, viene a informar al público consumidor.

Para nosotros el objetivo de la reforma que hoy se está debatiendo es darle a la Profeco la facultad de coadyuvar con otras autoridades, a fin de proteger los derechos, especialmente de la niñez, de los adultos mayores, personas con alguna discapacidad, indígenas.

Además, se le dará a la Profeco la facultad de publicar —y esto es importante, porque es publicar a través de cualquier medio— los productos y servicios que de acuerdo al criterio de esta dependencia detecte como riesgosos o que incumplan con la ley.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México cree firmemente que uno de los mecanismos para fortalecer a la democracia en nuestro país es empoderar a sus ciudadanos. ¿Y cómo hacerlo? Pues dándoles voz frente a las autoridades y frente a las empresas.

Convencidos de esto es que en nuestra fracción parlamentaria celebramos que hoy se encuentre en discusión este dictamen, y que este dictamen viene a fortalecer a la Profeco como una institución con un fuerte impacto social. Adicionalmente, con estas reformas la procuraduría podrá establecer mecanismos de coordinación con organismos, como la SEP o la Conapred, orientados a que ningún producto o servicio sea ofrecido mediante prácticas discriminatorias.

Asimismo esta institución podrá difundir a la población la información de cuáles son las empresas que ofrecen productos que violan las normas o que puedan ser considerados como peligrosos.

Lo anterior permitirá a los consumidores la toma de una decisión con base a información, y así optimizar sus recursos en la compra de productos, o incluyendo la contratación de sus servicios, además de que estimulará a las empresas a elevar sus estándares de calidad, generando con esto la competencia entre los ofertantes, que éste es un punto también de mucha importancia.

Con reformas integrales como ésta fortalecemos sin duda alguna a la Procuraduría Federal del Consumidor y protegemos al mismo tiempo a los sectores más vulnerables de nuestra población, brindándoles a los consumidores la posibilidad de decidir de manera informada los productos y servicios que desean consumir.

Es por todo lo anterior que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde nos manifestamos a favor de este dictamen y anticipamos que nuestro voto será a favor del mismo. De igual forma, aprovechamos para reconocer el trabajo que está realizando la comisión, pues ha venido reafirmando el compromiso de una labor responsable y comprometida con toda nuestra ciudadanía. Por su atención, compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra, la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Roxana Luna Porquillo:Compañeros y compañeras, buenas tardes. Con su venia, señor presidente. La iniciativa fue presentada el 15 de febrero de 2011, por el entonces senador Alejandro Moreno Cárdenas, en la LXI Legislatura, para su estudio y dictamen y fue turnado a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. El 1 de febrero de 2012 fue remitida a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien a su vez la turnó a la Comisión de Economía.

Es por ello que compartimos el espíritu de la presente, en el sentido de que es importante salvaguardar los derechos que tienen como consumidores los grupos más vulnerables, representados en los niños, en los adultos mayores, en las personas discapacitadas y en los indígenas.

Es fundamental que la Profeco cuente en su marco normativo con la facultad de verificar y publicar el resultado de sus verificaciones sobre los productos y servicios comunes a los que tiene acceso toda la sociedad, pero de manera especial de estos grupos sociales con mayor vulnerabilidad, que por sus propias características los convierten en fácil presa de la publicidad engañosa de los prestadores de bienes y servicios.

Los niños —por encontrarse en un proceso de formación y educación— requieren contar con el apoyo de sus padres para determinar la compra de cualquier producto. Los adultos mayores también requieren informarse para que sus decisiones sean adecuadas, máxime que muchos de este sector se encuentran en apuros por el apoyo económico, pues en esta parte se encuentran los pensionados o los jubilados, así como las personas con discapacidad, por el propósito o por el simple hecho de que en muchas ocasiones no pueden desplazarse personalmente.

Esto les ayudará a optimizar el tiempo y decidir sus compras oportunamente. Porque este sector social además de sufrir la discriminación social por su origen, muchas de las veces no hablan español, lo que implica incluso que la Profeco debiera de realizar las publicaciones propuestas en los distintos dialectos existentes en la República Mexicana. Esto con el fin de que las personas que integren este grupo verdaderamente tengan acceso a la información.

Por ello es de suma importancia que a esta institución se le faculte para que publique por cualquier medio sus opiniones, recomendaciones o sugerencias, derivadas de la realización de las verificaciones que realiza a los productos y servicios que se ofrecen a todos los consumidores.

Por tal razón, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática apoyaremos el dictamen votándolo a favor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares:Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, amigo y fino diputado. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos completamente convencidos de la aprobación del presente dictamen.

Consideramos que es impostergable concretar las reformas propuestas al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objeto de establecer como una atribución de la Procuraduría Federal del Consumidor el publicar a través de cualquier medio los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.

Por lo cual, el presente dictamen fortalece las disposiciones de la Profeco para que ésta establezca mejores mecanismos de información a los consumidores que otorguen herramientas para tomar decisiones de consumo inteligente.

Por lo tanto, podemos afirmar que el espíritu del dictamen en comento es proteger a los consumidores sobre productos y servicios que pueden resultar riesgosos y de lo cual ya han hablado ampliamente mis compañeros, lo que dará sin duda mayor solidez jurídica a las acciones que realizará la Profeco en esta materia.

En Acción Nacional consideramos importante y trascendente plasmar dentro de la Ley Federal del Consumidor disposiciones de regulación en pro de los derechos de los consumidores y que dichas disposiciones deriven en propiciar precisamente su consumo inteligente.

Estamos ciertos que la Profeco debe velar por los intereses de los consumidores y proteger su derecho a la información. Lo anterior con el propósito de que los consumidores puedan tomar las mejores decisiones.

Una de las principales armas con las que cuentan los consumidores —y también lo hemos dicho reiteradamente en esta tribuna— es la información. Si nuestros consumidores están debidamente informados consideramos que tienen el suficiente criterio para comprar o no comprar aquellos productos de los que tanto se habla.

Pues bien, estamos ciertos que una de las principales armas —y lo repito otra vez— con la que cuentan nuestros consumidores es la información. Por ello consideramos necesaria la aprobación del presente dictamen.

Al respecto debemos señalar también que el presente dictamen es totalmente armónico con el objetivo principal de la Profeco, el cual es promover y proteger los derechos de los consumidores a través de fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Finalmente, quisiera precisar que con medidas como la que hoy aprobemos damos señales claras de que en la Cámara de Diputados legislamos a favor de garantizar a todos los consumidores la protección de sus derechos por medio de adecuaciones responsables y promotoras de fomentar la equidad entre proveedores y consumidores.

Por lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, tiene la palabra la diputada Martha Gutiérrez Manrique, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Martha Gutiérrez Manrique:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, actualmente existen problemas graves, implicaciones para el bienestar y la salud de la población relacionados con el consumo y uso de diversos productos y servicios, ocasionados por factores que van desde la publicidad engañosa hasta el incumplimiento de los requisitos sanitarios de producción, distribución y promoción.

En los últimos años se ha intensificado el tema de los productos milagro, los cuales pueden provocar desde intoxicaciones, deshidratación, daños hepáticos, detonación de diversas enfermedades o aceleración de los efectos de enfermedades crónico-degenerativas.

También podemos mencionar los riesgos inherentes a la utilización de sustancias peligrosas en combinación con otras o por sí solas, como el plomo, por ejemplo.

Hablamos de sustancias y productos que no cuentan con evidencia científica que garantice su efectividad. No existe certeza de que no tengan defectos de diseño o manufactura y que en algunos casos conllevan riesgos de quemaduras, incendio, explosión, descarga eléctrica, reacción alérgica, laceración, lesiones y caídas. Tal es el caso de algunos enseres del hogar y oficina, como licuadoras, parrillas de gas, lavadoras, cocinas eléctricas, humidificadores, calentadores eléctricos, baterías, dispositivos electrónicos de transmisión de archivos, sillas de oficina, por mencionar solo algunos.

La gran variedad de problemas derivados por la comercialización de productos que no son aptos ni seguros para el consumo y uso humano hacen necesario fortalecer el papel del gobierno como agente regulador del mercado.

Evidentemente cuando se pone en riesgo la salud y la integridad física de los consumidores estamos ante la clara necesidad de reforzar las medidas que protejan a la población de posibles abusos, omisiones o claras infracciones de las normas vigentes, tendientes a garantizar la inocuidad de los productos que se venden en México.

Las normas oficiales mexicanas son producto de un minucioso trabajo especializado, establecen las especificaciones para el adecuado funcionamiento, envasado, etiquetado, embalaje y publicidad de productos comerciales.

En años recientes se ha perfeccionado el andamiaje institucional y normativo para fortalecer las herramientas con que cuenta la Procuraduría Federal del Consumidor para el cumplimiento de su misión, que es la de promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

En el Grupo Parlamentario del PRI compartimos la visión de que el gobierno debe asumir su papel como agente regulador, no solo como vigilante, sino también como promotor de mejores y más amplios mecanismos de información a los consumidores para tomar decisiones, como bien señala la comisión dictaminadora.

En este sentido, nos manifestamos a favor de adicionar una fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, como lo propuso el entonces senador y hoy diputado federal, Alejandro Moreno Cárdenas, para agregar a las facultades con que cuenta la Procuraduría Federal del Consumidor la de publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones sean detectados como riesgosos o que incumplan las disposiciones jurídicas aplicables.

Con ello avanzamos en el objetivo de hacer de la información un instrumento efectivo para que la población tenga más y mejores criterios de elección, pueda modificar los hábitos y prácticas de consumo, orientándolas no solo a buscar el mejor precio sino también a considerar la utilidad, calidad y seguridad de los productos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Presidente diputado José González Morfín: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La diputada María Eugenia de León Pérez(desde la curul): A favor.

La diputada Merilyn Gómez Pozos(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente hay 417 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

* PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín (a las15:53 horas): Se levanta la sesióny se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 2 de octubre de 2013, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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