Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 299 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 11:19 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 2 de octubre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

De la Junta de Coordinación Política.

De diputados

En relación a retiro de Iniciativas con proyecto de decreto.

De la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación a los delitos cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación a la dignificación del Adulto Mayor.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con la que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de agosto de 2013, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de agosto de 2012, la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2013 y la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública al mes de agosto del año en curso.

Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Con el que remite las Fichas de Monitoreo 2012-2013 de 258 programas y acciones de desarrollo social del Gobierno Federal.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores y suscrita por el Dip. Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 109, 168 y 191 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo y suscrita por los diputados Alfredo Rivadeneyra Hernández y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 17, y 18 de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 7o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez y suscrita por el Dip. José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3º y 5º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9o., 15 y 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega y suscrita por el Dip. Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 32 y 42 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los artículos 9o. y 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41, 77 y 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 28, 38 y 59 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo y suscrita por la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alejandra López Noriega, y suscrita por los diputados José Enrique Reina Lizárraga y Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 212 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Seguro Nacional de Desempleo, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 26 y 31, y adiciona un artículo 43 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 111 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General que Crea el Sistema Nacional de Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal Sobre Iniciativas Ciudadanas, Reglamentaria de los artículos 35, Fracción VII y 71 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 34 Bis 2 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Expropiación y del Código Civil Federal, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 75 y 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 13 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º de La Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 60 y 64 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 100 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” en el Senado.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264; 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de restricciones para cabildeo de funcionarios.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que publique el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo relativos a casos de abuso sexual en contra de mujeres extranjeras y connacionales por parte de miembros de la policía en los municipios de Cajeme, Sonora; Solidaridad, Quintana Roo; y Chimalhuacán, Estado de México.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo en relación al respeto de los derechos humanos de mujeres indígenas en el Estado de Guanajuato.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados condena las disposiciones de las autoridades del Municipio de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos humanos, a la libertad y a la diversidad cultural y social de sus habitantes.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades del Estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los Gobiernos Estatales y Municipales, para que favorezcan la implementación de una estrategia de movilidad integral en sus localidades.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de BANOBRAS, a fin de dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que vigilen la implementación de los recursos asignados por la Federación, asimismo, para que se realice una auditoría a la administración del Delegado de la Comisión Nacional del Agua, en el Estado de Tabasco, debido a constantes irregularidades.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a crear la Delegación de esa Comisión en el Estado de Nuevo León.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que atienda la recomendación 19/2012 que emite la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., a replantear los proyectos de las líneas de metrobús, para aplicar sistemas de cero emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la Delegación Álvaro Obregón.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, lleve a cabo las medidas necesarias, para que los vales de despensa sean un medio de pago autorizados en los mercados públicos de las diversas delegaciones y municipios de la Republica Mexicana, y se establezcan los convenios respectivos con las empresas que los expiden, para que los locatarios puedan canjearlos por efectivo.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y del FONAES a promover y establecer en las reglas de operación correspondientes, la inclusión de los sectores en situación de vulnerabilidad social.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal implementar las acciones correspondientes a atender la problemática de la Agroindustria Azucarera Nacional.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Educación Pública, de Economía, de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, se implementen políticas de control y combate al contrabando y piratería.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que realice las gestiones necesarias para que, el IMPI inicie el procedimiento para que se emita la Declaratoria de Protección como Denominación de Origen al Limón Colimense.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se restituyan los recursos destinados para el Programa de Repatriación de Migrantes, en apoyo a personas deportadas por las diversas garitas hacia los Estados Unidos de América, con sede en Baja California.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende, para que se entregue al Gobierno del Estado de Oaxaca, los recursos comprometidos en el Fondo de Apoyo a Migrantes.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Turismo, para que emprenda las acciones necesarias para la revalorización, impulso y operación del Programa Pueblos Mágicos de México.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 y adiciona un artículo 22 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 26 y 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma y adiciona los artículos 19 y 22 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Agenda política

Comentarios relativos al Aniversario del 2 de octubre de 1968, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que emita la declaratoria de desastre, y a las dependencias federales, para que adopten medidas tendientes para apoyar a la población de los municipios de Zirándaro y Huetamo afectados por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos el 15, 16 y 17 de septiembre, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que haga públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR, en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal; así mismo, se exhorta a la ASF, inicie las auditorías para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto de ISR correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores y/o presidentes municipales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP, para que en la glosa del Primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que se incluya el tema de fuentes renovables de energía en los foros de debate que se realizarán del 23 de Septiembre al 8 de Octubre de 2013, sobre las distintas iniciativas en materia energética, que se han presentado en el Senado de la República, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, realice las acciones conducentes para la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Quintana Roo, dé a conocer a la opinión pública, los avances en la evaluación y certificación de los cuerpos policiacos estatales y municipales, así como de la implementación de los recursos, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Guanajuato, a fin de que se salvaguarde la vida de la joven María Luz Salcedo Palacios, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que el estado de Veracruz, asuma la epidemia del VIH-SIDA, como un problema de salud pública y de emergencia estatal, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Guerrero, a fin de que se lleve a cabo la reconstrucción de los daños ocasionados por las tormentas “Ingrid y Manuel” en las comunidades indígenas de la región de la montaña y Costa Chica de Guerrero, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que dé a conocer a la opinión pública la situación actual que guarda lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SRE, para que integre una delegación plural y de alto nivel en la segunda revisión del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 23 de octubre de 2013 en Ginebra, suscrito pos los diputados Margarita Elena Tapia Fonllem, Loretta Ortíz Ahlf y Ricardo Mejía Berdeja, de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, respectivamente. (Turno a Comisión).»

SITUACION DE EMERGENCIA PROVOCADA POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES DEL 15, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Jorrín. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Para solicitarle que se incluya en el orden de día el tema de la revisión de los apoyos del Fonden y de Sedesol, en donde se están otorgando solamente 10 mil pesos para la reconstrucción de las viviendas, y hay viviendas que no las incluyen si no dan el límite de agua, que es de un metro de inundación. Si da menos de un metro no las aceptan y quiero que se revise y se aclare ese tema.

El otro es en cuanto a la revisión de las responsabilidades que le correspondieron a las alertas de Conagua y Protección Civil, en donde están culpando a los gobernadores de no haber avisado en forma oportuna, siendo que Conagua fue la responsable de dar la primera emisión y no lo hizo correctamente. Tiene que ser revisado y no cargarles la responsabilidad a los gobernadores, siendo que es responsabilidad de Conagua y de Protección Civil.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias diputado. Como usted sabe, de acuerdo al artículo 65 el orden del día solo puede ser modificado a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Le rogaría a usted pudiera hacer su propuesta a través del órgano que establece el propio Reglamento. Sus palabras han quedado registradas en el Diario de los Debates.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Jorrín. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Considerando que es de urgencia nacional lo que le estoy planteando, quiero que me haga favor de solicitarle al pleno, en votación, si todos los diputados están interesados en atender la emergencia nacional que hay en más de 18 estados del país.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Es mi obligación observar y hacer cumplir el Reglamento, señor diputado. El artículo 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados dice de manera textual: El orden del día solo se podrá modificar a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Le pido comprenda que es nuestra obligación respetar el Reglamento.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Jorrín. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente, discúlpeme, voy a respetar su Reglamento. Pero creo que es más importante la emergencia nacional que un Reglamento de la Cámara de Diputados.

Nuestra gente se está muriendo en las diferentes poblaciones donde están aisladas. La gente requiere atención y no podemos tener un Congreso que omita la atención de la población de carácter urgente. Por eso es importante que usted cambie el orden del día.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sus palabras quedan registradas en el Diario de los Debates. No minimizamos la importancia de su planteamiento y le reitero que es mi obligación respetar el Reglamento de la Cámara de Diputados. Espero su propuesta por escrito y con todo gusto buscamos darle cauce.

El diputado Catalino Duarte Ortuño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Catalino Duarte. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Catalino Duarte Ortuño(desde la curul): Señor presidente, he escuchado la percepción que tiene, en el sentido de que de acuerdo a una disposición administrativa al interior de la Cámara está usted imposibilitado para poner a consideración del pleno la modificación del orden del día para tratar el tema de los desastres naturales en este país. Me refiero específicamente a Guerrero, que fue desastroso.

Me parece pertinente que por encima de cualquier disposición administrativa debe estar la necesidad y la problemática en la que están muchos mexicanos, y en especial, guerrerenses.

Por eso insistimos, señor presidente, que la máxima autoridad es el pleno de la Cámara. Le ruego, de manera respetuosa, ponga a consideración del pleno la posibilidad de analizar el tema de los desastres naturales en el país, en especial de Guerrero, y que se pueda revisar si realmente se están haciendo los trabajos para restablecer la vida natural y social de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias.

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Sonido en la curul del diputado José Luis Muñoz Soria.

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Solamente para solicitarle respetuosamente que la propuesta que hace nuestro compañero diputado, tiene usted toda la facultad, y es este pleno el que decide si se cambia el orden del día o no. Que pudiera someterla a consideración, de cambiar el orden del día o no. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Fernando Belaunzarán. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Sí. Gracias, diputado presidente. Solamente para saber si la Junta de Coordinación Política tomó en cuenta que hoy se conmemoran los 45 años de la masacre de estudiantes y ciudadanos en la plaza de Tlatelolco, una fecha que tenemos que recordar para que no vuelva a suceder, de hecho ya es —entiendo así— un día de duelo nacional. Y, por lo tanto, quería ver si ya estaba contemplado el minuto de silencio, si no para solicitarlo. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Le informo que sí está considerado el asunto dentro del orden del día, y le garantizo que el asunto será abordado en el momento oportuno.

La diputada María del Rosario Merlín García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Rosario Merlín García. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada María del Rosario Merlín García(desde la curul): Con el objeto de que se vote en el pleno lo de la situación que está pasando a nivel nacional de la contingencia, y la presentación para la institución del Fonden, como el de protección civil, que no se ha atendido realmente como se requiere.

Sé –y sabemos todos– que el Reglamento se tiene que respetar. Sin embargo, quiero aprovechar para decirle que en momentos cruciales de México, como estos, tenemos que tener la sensibilidad, el espíritu humano, agradeciendo incluso a otros estados que se están solidarizando con los estados que se encuentran ahorita en contingencia.

Y no es posible que tú, diputado, como presidente —con el respeto que me mereces, y toda la Mesa Directiva— creo que tienen la sensibilidad. Si en estos momentos pasara un temblor y se estuvieran cayendo esos vidrios acá —que Dios no lo quiera— vas a decir: No, no podemos, tenemos que ponerlo a consideración de la Junta de Coordinación Política. No. Estamos viendo que en México, y sobre todo nuestros estados, nuestra gente se está muriendo. Tenemos gente enterrada. Hay epidemias ya. Y no estamos viendo respuestas de ningún gobierno, ni de las dependencias que les corresponde. Hacemos un llamado a tu sensibilidad, a tu espíritu humano, y al de toda la Mesa Directiva, y a la de este pleno. Compañeras y compañeros, hoy necesitamos de su apoyo, por favor.

El diputado Marcos Aguilar Vega(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Marcos Aguilar, ¿con qué objeto, señor diputado? Sonido en la curul del diputado Marcos Aguilar Vega.

El diputado Marcos Aguilar Vega(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Para solicitarle de manera respetuosa a la Mesa Directiva, que existe un procedimiento establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados, el 65 de manera expresa, señala cual es la ruta que debemos seguir como diputados.

Directamente hago un llamado respetuoso para que lo hagan a través de la Junta de Coordinación Política, a través de sus coordinadores y evitar con ello alargar esta discusión, que no tiene ningún sentido en virtud de que ya ha sido aprobado el orden del día por el pleno de esta Cámara. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Señoras y señores legisladores, particularmente al proponente original, diputado Jorrín, le voy a solicitar atentamente presente su propuesta a la brevedad ante la Junta de Coordinación Política y solicito al presidente de la Junta —aquí presente— nos la remita y con todo gusto la pondremos a consideración de la asamblea.

Hago una puntualización. El objeto del artículo 65 es garantizar que esté adecuadamente puntualizada la solicitud. Le ruego, entréguenla por escrito y con todo gusto le daremos trámite.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado Jorrín, ¿con qué objeto?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Señor presidente, con todo respeto, la sesión anterior les hice la invitación a todos los diputados para que fueran a caminar entre el lodo y ver cuánta gente está en desgracia. Ninguno de los que fueron invitados asistió. A usted también le hago la más cordial invitación para que vaya a ver el desastre que estamos viviendo en Guerrero y en 18 estados del país. Si usted no considera que este acto de atención es importante; entonces, ¿qué estamos haciendo los diputados aquí? Si es una emergencia nacional. Les interesa más el Reglamento.

Al diputado que participó hace un momento, le pido que me acompañe a Guerrero para que vea la necesidad que estamos teniendo ahí con nuestra gente, que tiene que ser sensible a lo que estamos viviendo. Nuestra gente se está muriendo y el Congreso aquí muy cómodo atendiendo un Reglamento.

El diputado Manuel Añorve Baños(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Manuel Añorve, dígame, ¿con qué objeto, diputado? Sonido en la curul del diputado Añorve.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente, si me lo permite. En el ánimo de salvar esta discusión y poder tomar en cuenta lo que aquí se ha comentado por parte de mis compañeros diputados federales guerrerenses —que merecen también todos mis respetos— ya tenemos una proposición, un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, señor presidente, para hablar sobre el tema de Michoacán y de Guerrero.

Pudiéramos —que no suceda lo que a veces sucede en otras sesiones, porque se agota el tiempo— tomar ya la decisión formal de que se pase este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución y obviamente que se permita la intervención de los compañeros diputados guerrerenses —como el de la voz, por supuesto— por la preocupación que tenemos en el estado de Guerrero y seguramente otros compañeros tendrán en otros estados del país.

Esto es en el ánimo positivo de salvar esta discusión y tener la seguridad de que la discusión se puede dar aquí en el pleno de la Cámara de Diputados. Es una propuesta respetuosa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Le voy a dar la palabra al señor diputado Catalino Duarte, y después me está pidiendo la palabra el diputado Villarreal. Dígame, diputado Catalino Duarte, ¿con qué objeto?

El diputado Catalino Duarte Ortuño(desde la curul): Señor presidente, debo insistir que si bien es cierto existe una disposición administrativa al interior de la Cámara, el interés de los diputados guerrerenses —nuestra preocupación— es nuestra gente que está en una situación difícil. Hasta este momento no conozco que el gobierno federal o alguna otra instancia estén atendiendo la problemática de muchos bienes que han perdido las familias, en especial sus cultivos, sus casas, sus cosas particulares.

Le tomo la palabra a Manuel Añorve, e invito a que se ponga a consideración del pleno y le demos seriedad y responsabilidad al tema. No solamente una llamada de atención o una llamada a misa. Le tomo la palabra. Vayamos al tema, le demos seguimiento y estoy seguro que con el apoyo de su bancada, con el apoyo de nuestra bancada de Movimiento Ciudadano, del PT, podemos avanzar bien.

Igual invito a los compañeros de Acción Nacional, me gustaría que su coordinador Villarreal y el presidente de la Mesa Directiva fueran a Guerrero, constataran, y le pudieran preguntar al presidente de la República qué daños tan severos tiene Guerrero.

Por eso ahora necesitamos su apoyo. Éste es un asunto de humanismo, no es un asunto de política. De verdad les pedimos solidaridad, apoyo, consideración, señor presidente de la Mesa Directiva. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene esa consideración, se lo garantizo, compañero diputado Catalino Duarte.

Me han pedido la palabra el diputado Luis Alberto Villarreal y el diputado Silvano Aureoles Conejo. Sonido en la curul del diputado Villarreal. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez(desde la curul): Pido la palabra, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con gusto lo anoto, diputado. Dígame, diputado Villarreal ¿con qué objeto?

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Gracias, presidente. Con toda la seriedad y con el alto sentido de responsabilidad que un tema como el que aquí se ha puesto en la Mesa, a nombre de mi grupo parlamentario, en primer término expreso —como ya lo hemos dicho— nuestra solidaridad y todo nuestro ánimo de ayudar a quienes hoy están en desgracia en este país, producto de Manuel y de Ingrid.

De Acción Nacional lo único que recibirán ellos y el resto de nuestros compañeros diputados, que estoy cierto tienen el mismo sentido de responsabilidad y de solidaridad, es el apoyo y respaldo absoluto de Acción Nacional para que podamos atender esta contingencia, para que se exija a todas las autoridades una mejor coordinación y para que se atienda a cada una de las personas que han sido damnificadas.

En ese sentido de responsabilidad quiero comprometer el respaldo de mi grupo parlamentario para que éste sea el primer asunto que se trate en la agenda de la sesión del día de mañana, para que se puedan hoy desahogar los que ya teníamos inscritos en la sesión que ha iniciado hace algunos minutos.

Esa sería la propuesta, que incluso le pongo sobre la mesa al presidente de la Junta de Coordinación Política, para que sin dilación y sin pretexto el día de mañana iniciemos la sesión desahogando un punto de acuerdo relativo al asunto que en este momento estamos discutiendo, y que podamos ponernos de acuerdo los siete coordinadores parlamentarios de esta Cámara de Diputados sobre los resolutivos para que se abra la discusión el debate y podamos tener un punto de acuerdo que verdaderamente nos ayude a resolver un problema, que antes que político, es un problema estrictamente de solidaridad y de humanismo. Es tanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras, diputado Villarreal.

Le voy a dar la palabra al diputado Silvano Aureoles, después a la diputada Gloria Bautista y después al diputado Sebastián de la Rosa. Dígame, diputado Aureoles, ¿con qué objeto?

El diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, presidente. Con el objeto de hacerle una propuesta al pleno y a usted. El día de hoy tenemos un tema fundamental que nosotros queremos abordar, que es lo relativo al 2 de octubre, que está en la agenda. De tal manera que recogiendo la preocupación de mis compañeras y compañeros que han expresado la necesidad de entrarle a la discusión, al debate de un tema tan importante como es lo relativo a los desastres naturales y a la situación crítica que viven por lo menos 26 entidades de la República, y en virtud de que hay que revisar de manera cuidadosa, sobre todo lo sucedido en estados que han sido muy afectados, como es el caso de Guerrero y que nos solidarizamos con quienes han sufrido terriblemente estos daños y también con nuestras compañeras diputadas y compañeros diputados de este estado de Guerrero, de Oaxaca, Michoacán, Veracruz.

Pero la propuesta va en el siguiente sentido. Que el día de hoy se desahogue el punto de acuerdo de urgente, que ya están enlistados, que se aborde el tema donde podrá haber la participación correspondiente. Y dos, que como ya se ha dicho aquí, el día de mañana se agende el tema que se ha solicitado como agenda política, valga la redundancia, y que sea el primer punto que se aborde en el orden del día el día de mañana, como lo ha planteado también el coordinador Villarreal y como lo han solicitado los compañeros de Movimiento Ciudadano. De tal manera que eso nos permita avanzar con la sesión y que hoy abordemos el tema del 2 de octubre, como estaba programado. Muchas gracias, presidente, por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Cuente con que, con fundamento en el 59 del Reglamento, una vez integrada formalmente esta propuesta de la Junta de Coordinación Política será puntualmente tomada en cuenta por esta Mesa Directiva.

Diputada Gloria Bautista, ¿aún me pide la palabra? Declina. Diputado Sebastián de la Rosa, dígame, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del señor diputado.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez(desde la curul): Gracias, presidente. Como siempre he procurado ser en este pleno y en tribuna, con mucho respeto, presidente, te voy a pedir que quienes te auxilian estén más atentos a quienes estamos pidiendo la palabra.

Segunda situación. Independientemente de la propuesta que han hecho dos coordinadores de dos grupos parlamentarios, incluyendo al presidente de la Junta, quiero apelar al buen juicio del presidente de esta Cámara. El artículo 143 señala textualmente: El presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto del pleno.

El planteamiento que se ha hecho en este momento, que no es un asunto que tiene que ver con un interés político, que no es un asunto que tiene que ver con una situación de carácter personal o de interés partidario, es un asunto que tiene que ver con una contingencia generada por situaciones climatológicas, por situaciones naturales.

Me parece que esta Cámara y su presidente —apelando a su buen juicio— no debiera estar subordinado a un ordenamiento, que si bien es cierto cuida el procedimiento, no puede estar por encima de una contingencia de carácter no solo estatal, sino de carácter nacional y a una actitud humanitaria de quien preside esta Cámara.

Por tanto, solicito que apelando a este ordenamiento —también de nuestro Reglamento— pueda someterse al pleno, que sea el pleno, que digan los diputados si no les interesa lo que les pasa a Guerrero y al país. Que digan las diputadas si lo que más importa aquí es cuidar un ordenamiento legal y no atender una contingencia de carácter nacional. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado.

El diputado Manuel Añorve Baños(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Añorve, dígame, ¿con qué objeto? Sonido en su curul, por favor.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Solamente decirle, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, que por supuesto nos solidarizamos con lo que están viviendo nuestros hermanos guerrerenses y otros estados hermanos del país.

Nos sumamos también a la propuesta que ha hecho el coordinador Villarreal y el presidente de la Junta de Coordinación Política para que mañana en el orden del día se pueda atender este tema que es de vital importancia para todos nosotros. Es cuanto, señor presidente.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Mejía. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Para respaldar por parte del Movimiento Ciudadano la propuesta original del diputado Víctor Jorrín y de diferentes diputados del estado de Guerrero, que fue también recogida por el coordinador del Partido de Acción Nacional, diputado Villarreal, por el presidente de la Junta de Coordinación Política y también por los diputados del PRI.

Y solidarizarnos para que este tema sea el primero de la agenda política mañana, porque sí es un tema que está candente por la irritación que hay por la desatención de autoridades, sobre todo federales, en la emergencia que se está viviendo. Estamos de acuerdo en que sea mañana en la agenda política como primer tema. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. De recibir la solicitud de la Junta, les garantizo que así quedará agendado.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Aubry, dígame, ¿con qué objeto? Diputado Astudillo, sonido en la curul del diputado Ricardo Astudillo Suárez.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para, a nombre del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, también sumarnos a la solicitud de lo que ya se ha establecido, respaldar el acuerdo de la Junta de Coordinación y que mañana el punto sea tocado en la sesión del jueves 3 de octubre por parte de nosotros. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Esperamos la propuesta de la Junta de Coordinación Política para darle el trámite que corresponde.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes primero de octubre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos un diputadas y diputados, a las once horas con diecinueve minutos del martes primero de octubre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas se dispensan la lectura del Orden del Día y del Acta de la Sesión anterior, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Acto seguido, se somete a discusión el Acta, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, oficio por el que se comunica modificación de turno a la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo diecinueve Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, remitida por la Cámara de Senadores, el veintiocho de abril de dos mil nueve. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen. De conformidad con lo que establecen los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

b) Del diputado Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cincuenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el suscrito, y la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, el pasado veinticuatro de septiembre, sea retirada definitivamente. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el informe anual sobre las concesiones otorgadas para el uso y aprovechamiento sobre los inmuebles federales. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso, relativo a la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros, aplicada por el Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V. Se remite al promovente, para su conocimiento.

d) Del Gobierno del estado de Chihuahua, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la aplicación del Código Esperanza o su equivalente. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Seguridad Social del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso, para salvaguardar la vida e integridad de los estudiantes, docentes y demás miembros de las comunidades escolares en todos los niveles educativos, en caso de enfrentamientos con grupos del crimen organizado. Se remite al promovente para su conocimiento.

f) De la Cámara de Senadores:

• Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a no derogar el artículo treinta y dos-A del Código Fiscal Federal, como lo propone el Ejecutivo Federal en el paquete económico dos mil catorce, presentada por el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Partido Acción Nacional.

• Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo Federal el ocho de septiembre de dos mil trece, presentada por los senadores María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto y Javier Corral Jurado, de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente.

Se remiten a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Por el que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir los medicamentos huérfanos en el cuadro básico que requiera la población mexicana; y a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a otorgar un presupuesto suficiente enfocado en la adquisición de este tipo de medicamentos, presentada por la senadora Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional.

• Por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil catorce, se consideren y destinen recursos para la conclusión del proyecto de construcción del hospital general de Ticul en el estado de Yucatán, presentada por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional.

• Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil catorce, se consideren los recursos correspondientes a la ampliación del transporte colectivo metro Línea tres, para la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, presentada por las senadoras Ivonne Liliana Álvarez García y Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional.

• Por el que exhorta a la Secretaría de Salud, al titular del Centro Nacional de Trasplantes, así como de las autoridades análogas en las entidades federativas, a fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción sobre la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos, presentada por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil catorce la autorización de un aumento en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática.

• Por el que se solicita a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil catorce un fondo de diez millones y medio de pesos a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca SA de CV, con el objeto de fortalecer la cadena del sistema productivo de hule natural en el estado de Oaxaca, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática.

• Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil catorce, se contemple la asignación etiquetada de recursos destinados a la inversión pública en infraestructura para transporte en bicicleta y recuperación de espacio público con modos de movilidad no motorizada, presentada por los senadores Jesús Casillas Romero, Mely Romero Celis y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Partido Revolucionario Institucional.

• Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil catorce se aumente el gasto en inversión, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el estado de Veracruz, presentada por el senador Fernando Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional.

• Por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida especial destinada a las personas desempleadas que por razones ajenas a su voluntad no encuentran trabajo, presentada por la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Partido del Trabajo.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

g) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que informa que durante el mes de agosto de dos mil trece, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

h) Del Banco de México, con la que remite los informes sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de dos mil trece, y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo cincuenta y uno, fracción segunda, de la Ley del Banco de México. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones la ciudadana María Eugenia de León Pérez, diputada federal electa en la Segunda Circunscripción Plurinominal, se designa una comisión para acompañarla al interior del recinto, para rendir protesta de Ley y entrar en funciones.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y suscrita por diputados integrantes del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo dos-A y adiciona un artículo dos-B a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Margarita Licea González, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cincuenta y ocho, y cincuenta y ocho- dos de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se turna a la Comisión Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Blas Ramón Rubio Lara y suscrita por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo catorce de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Igualdad y Género, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Indígenas, para opinión.

• Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cincuenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento setenta de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen, y a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, que reforma los artículos sexto, catorce, diecinueve, treinta y seis de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

A las doce horas con veinte minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y cinco diputadas y diputados.

El Presidente somete a consideración de la Asamblea si se autoriza modificar el Orden del Día, para incluir el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y legisladores de mil novecientos trece”, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la Legislatura, al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo, lo cual se autoriza en votación económica.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias antes citado. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad, en votación económica la Asamblea autoriza someter a discusión y votación de inmediato el dictamen con proyecto de decreto por el que la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y legisladores de mil novecientos trece”, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la Legislatura, al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Rubén Camarillo Ortega. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e interviene en contra el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos veinticuatro votos a favor; treinta y nueve en contra; y cincuenta y tres abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y legisladores de mil novecientos trece“, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la Legislatura, al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Transportes, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, y de la Ley de Aeropuertos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Juan Carlos Muñoz Márquez. Para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; Mario Francisco Guillén Guillén, del Partido Verde Ecologista de México; Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Rafael Acosta Croda, del Partido Acción Nacional; y Hugo Mauricio Pérez Anzueto, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintinueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, y de la Ley de Aeropuertos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

b) Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que reforma el artículo cinco, numeral uno de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Marcos Aguilar Vega. Se concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva a los diputados: Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Para presentar impugnación a la misma, se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional. En votación económica se toma en consideración la moción suspensiva y se somete a discusión; intervienen en contra los diputados: Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional, y Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática; en pro los diputados: Ricardo Monreal Ávila, y Ricardo Mejía Berdeja, ambos de Movimiento Ciudadano; así como la diputada Loretta Ortíz Alhf, del Partido del Trabajo; y para rectificación de hechos hace uso de la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México. Sin más oradores registrados, en votación económica se acepta la moción suspensiva, de la misma manera se autoriza que el dictamen se regrese a la Comisión para que realice las adecuaciones pertinentes.

c) Derechos Humanos, que adiciona un tercer y cuarto párrafos al artículo diez y reforma el primer párrafo del artículo veintisiete de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada María del Rocío García Olmedo. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Amílcar Vicario Portillo Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional; y Gabriel Gómez Michel, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos trece votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un tercer y cuarto párrafos al artículo diez y reforma el primer párrafo del artículo veintisiete de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) Economía, que adiciona la fracción vigésimo tercera al artículo veinticuatro de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México; Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática; Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Partido Acción Nacional; y Martha Gutiérrez Manrique, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos diecisiete votos; se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona la fracción vigésimo tercera al artículo veinticuatro de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria de los siguientes diputados:

• María Rebeca Terán Guevara, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que fortalezca el Sistema de Preparatorias Federales por Cooperación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Jorge Rosiñol Abreu, del Partido Acción Nacional, relativo a la ampliación del tramo carretero comprendido a partir del Puente San Pedro, en los límites de los estados de Tabasco y Campeche y el municipio de Champotón, de la Carretera Federal ciento ochenta. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, para crear una Comisión Especial de seguimiento y vigilancia a las acciones emprendidas por el Ejecutivo Federal en relación a los fenómenos meteorológicos “Ingrid y Manuel“. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, relativo al incremento del Acervo Histórico del Museo Legislativo. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• José Arturo López Candido, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que realice un convenio de colaboración con las entidades federativas y el Distrito Federal, para la creación de una base de datos nacional, para agilizar el trámite, solicitud y obtención de copias certificadas de actas del Registro Civil. Se turna a la Comisión de Gibernación, para dictamen.

• Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, por el que esta Soberanía extiende su reconocimiento a las asociaciones, instituciones públicas y privadas, así como a diversas dependencias de Gobierno, por la labor de apoyo brindada a favor de las personas damnificadas por los fenómenos meteorológicos que azotaron diversos estados de la República. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Jorge Rosiñol Abreu, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Salud, realice las acciones correspondientes, para que el Hospital Comunitario de Hopelchén, inicie sus funciones en beneficio de la protección a la salud de los habitantes de ese municipio. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine al Fondo de Desastres Naturales recursos de los subejercicios del dos mil trece, a fin de restablecer y subsanar los daños ocasionados por la tormenta “Manuel” y el Huracán “Ingrid”, para los estados y municipios afectados. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para dé a conocer a la opinión pública, las acciones que llevará a cabo para incorporar al comercio informal a la base tributaria. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobierno del estado de Guerrero, a fin de que se lleve a cabo la reconstrucción de los daños ocasionados por las tormentas “Ingrid y Manuel” en las comunidades indígenas de la región de la montaña y Costa Chica de Guerrero. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a condonar el pago del suministro eléctrico en las comunidades de doce entidades que resultaron afectadas por el paso de los fenómenos meteorológicos “Ingrid y Manuel”. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• J. Jesús Oviedo Herrera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se lleve a cabo la consolidación de las áreas de servicio local en el país, así como una revisión del Plan Nacional de Numeración, a fin de que cada zona metropolitana cuente con una sola clave de marcación. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, para que investigue el presunto desvío de recursos y lavado de dinero por parte del ex gobernador interino, Jorge Torres López, del ex tesorero, Héctor Javier Villarreal, así como del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las dependencias correspondientes, se realicen las acciones necesarias a fin de atender las afectaciones que ocasionaron desastres naturales provocados por las tormentas “Manuel e Ingrid”, en diversos estados afectados y en particular, en el estado de Sinaloa. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, relativo a la publicidad del Atlas de riesgo de Petróleos Mexicanos, a las entidades en peligro. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía, y de Protección Civil, para dictamen.

• José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Relaciones Exteriores inicie una investigación seria y profunda, y finque las responsabilidades correspondientes sobre el presunto desvío de recursos, en una demanda civil interpuesta en Estados Unidos de América. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana miércoles dos de octubre de dos mil trece, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cincuenta y tres minutos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunican modificaciones de turno.

El diputado Fernando Zárate Salgado(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Inmediatamente después le preguntaré con qué objeto, diputado.

MODIFICACION DE TURNO DE INICIATIVAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de las siguientes:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el 18 de septiembre de 2013.

“Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Derechos Humanos, para opinión.”

• Iniciativa con Proyecto. de Decreto por el que se expide la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos, presentada por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el 12 de septiembre de 2013.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.”

México, DF, a 2 de octubre de 2013.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

VOTACION DE DICTAMENES NEGATIVOS

El diputado Fernando Zárate Salgado(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Agradezco a la Secretaría. Sonido en la curul del diputado Fernando Zárate. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Fernando Zárate Salgado(desde la curul): Es de procedimiento, presidente. Es otro tema del orden del día que hoy está integrado en el documento, que establece el desechamiento o la negativa de diversos dictámenes. Quisiera saber específicamente cómo se va a desahogar, específicamente porque no se está dando oportunidad de discutir distintos dictámenes que de fondo tienen un impacto nacional.

Presenté un dictamen respecto de transparencia de los grupos parlamentarios, para por fin y de una vez por todas abrir la discusión y la necesidad del uso de recursos públicos, y hoy nos enteramos que el presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias lo va a desechar y no se va a discutir.

Nosotros quisiéramos, por supuesto, dar el debate. En el PRD estamos convencidos que las cuentas, los dineros y los recursos públicos, hasta el último centavo de los grupos parlamentarios, deben ser transparentes. Quisiéramos dar ese debate, presidente.

SITUACION DE EMERGENCIA PROVOCADA POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES DEL 15, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Le garantizo, diputado Zárate, que aun los dictámenes que estén propuestos para ser rechazados serán abiertos a discusión. Éste que usted acaba de señalar lo doy por reservado desde este momento.

Sonido en la curul de la diputada Mojica. Dígame diputada, ¿con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): El mismo, presidente, que los diputados federales del estado de Guerrero hemos estado pidiendo la integración del punto de acuerdo.

Me queda claro que ya hay una amplia mayoría para que se discuta mañana. Obviamente, me gustaría que para el día de mañana tuviéramos claridad también en el tema de la transparencia de los recursos que se van a aplicar, en la posibilidad también de que se haga un fideicomiso especial para esos recursos que se van a aplicar y que el día de mañana tuviéramos información respecto al seguro de desastres que existe, que creo que es de más de 2 mil millones de pesos, pero del cual no sabemos absolutamente nada.

Nada más decirle que obviamente los diputados de Guerrero quisiéramos más solidaridad de los 500 diputados de esta Cámara de Diputados. Espero que mañana esta discusión se dé muy amplia y muy puntual. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. De solicitarse, así será acordado. Pasamos al siguiente asunto.

CAMBIOS DE JUNTAS DIRECTIVAS DE GRUPOS DE AMISTAD Y DE COMISION ESPECIAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño cause baja como presidenta del Grupo de Amistad México-Croacia.

• Que la diputada Socorro de la Luz Quintana León cause alta como presidenta en el Grupo de Amistad México-Croacia.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 30 de septiembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado José Isidro Moreno Arcega cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Irak.

• Que el diputado José Isidro Moreno Arcega cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-China.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 30 de septiembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el resolutivo segundo del acuerdo de creación de la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos en la Junta Directiva de la Comisión antes mencionada.

• Que la diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves cause baja como integrante de la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz.

• Que la diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves cause alta como secretaria en la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz.

• Que la diputada Adriana González Carrillo cause baja como integrante de la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz.

• Que la diputada Adriana González Carrillo cause alta como secretaria en la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz.

• Que el diputado Roberto López González cause baja como integrante de la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz.

• Que el diputado Roberto López González cause alta como secretario en la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica) Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.Pasamos al siguiente asunto.

RETIRO DE INICIATIVAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente me permito solicitar a usted que dicte sus apreciables instrucciones para que se retire la iniciativa inscrita por el que suscribe, presentada el 10 de septiembre del presente año en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y que fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública

• Proyecto de decreto que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano sus finas atenciones, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2013.— Diputado José Soto Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva— Presente.

Por este medio, reciba un cordial saludo, y a su vez me permito solicitar de la manera más atenta el retito de la iniciativa que reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria, a cargo de un servidor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y con fundamento en lo establecido en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, misma que se encuentra turnada en la Comisión de Reforma Agraria en fecha 19 de septiembre del presente año, lo anterior debido a que es de mi interés presentarla en el pleno de esta honorable Cámara de Diputados.

Agradezco su atención a la presente; quedo de usted.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.— Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

Pasamos al siguiente asunto.

DELITOS COMETIDOS CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.—Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila.

Diputada Federal Patricia Elena Retamoza Vega, vicepresidenta de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por acuerdo del licenciado Norberto Ontiveros Leza, subprocurador Jurídico, de derechos humanos profesionalización y de proyectos y con el fin de dar contestación a su oficio número D.G.P.L. 62-II-1-0927, me permito informarle que se realizó por parte de esta Dirección una investigación y análisis de la incidencia delictiva en el Estado de Coahuila, por lo que hace a delitos cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes y por el cual respetuosamente me permito describir la información investigada y analizada, en los siguientes términos:

La información inherente a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, consta de las averiguaciones previas iniciadas por delitos cometidos en agravio de personas menores de edad en nuestro Estado; la cual comprende desde el año 2009 hasta abril de 2013, misma que se especifica a continuación:

• La estadística fue desglosada por delito, sexo, edad, año y delegación regional de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, en la que ocurrió el delito.

• Los delitos incluidos en esta investigación son:

1. Violación (con una penalidad de 7 a 14 años de prisión y multa de forma genérica y en contra de menores, con opción al aumento en la pena hasta en una mitad los mínimos y máximos, de acuerdo a las circunstancias calificativas);

2. Abuso sexual (con una penalidad de 5 meses a 4 años de prisión y multa en mayores de 12 años de edad, y de 1 año a 5 años de prisión cuando se ejecute en contra de personas menores de 12 años de edad);

3. Acoso Sexual (con una penalidad de 1 a 5 años de prisión y multa);

4. Estupro (con una penalidad de 1 mes a 3 años de prisión y multa);

5. Lenocinio (con una penalidad de 7 a 14 años de prisión y multa);

6. Corrupción de Menores (con una penalidad de 4 a 9 años de prisión y multa, con aumento de 6 a 14 años de prisión cuando la conducta es reiterada);

7. Pornografía (7 a 11 años de prisión y multa, con posibilidad de aumentar los mínimos y máximos según circunstancias calificativas);

8. Trata de personas (con una penalidad de 8 a 15 años de prisión y multa, y se incrementa una mitad si es menor de edad);

9. Privación de la libertad en menores (con una penalidad máxima de hasta 15 años de prisión y multa) y

10. Tráfico de menores (con una penalidad de 2 a 9 años de prisión y multa).

• En todos los delitos, se nota una clara baja de incidencia desde el año 2012 en adelante, lo cual resulta de una eficiente aplicación de las leyes, y estudio en materia legislativa y punitiva ante tales delitos. Del análisis efectuado se desprende que los años con mayor volumen de delitos cometidos en contra de menores fueron el 2009 y 2011, y las regiones con mayor afectación e incidencia fueron: Laguna I, Centro y Carbonífera.

• En materia legislativa, contamos con diversas leyes y códigos que protegen a los niños, niñas y adolescentes. Dichas leyes y códigos son:

– Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

– Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza;

– Código Penal para el Estado de Coahuila;

– Código de Procedimientos Penales para el Estado de Coahuila;

– Código Civil para el Estado de Coahuila;

– Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila;

– Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila;

– Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Coahuila;

– Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila;

– Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila;

– Ley de Prevención, Asistencia y Atención a la Violencia Familiar para el Estado de Coahuila;

– Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Coahuila;

– Ley para la Protección, Prevención, Atención y Asistencia a las Víctimas y Ofendidos de los Delitos en materia de Trata de Personas del Estado de Coahuila;

– Ley para la Protección de los Derechos y Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Coahuila.

Tomando como base y fundamento los puntos anteriores, se concluye que en el Estado de Coahuila de Zaragoza se cuenta con las leyes y códigos adecuados para hacer prevalecer la justicia suficiente y basta para todos los menores de edad, y que seguimos trabajando diariamente en materia legislativa y de Procuración de Justicia, en base a la estricta observancia para reducir la perpetración de delitos en contra de ellos, quienes son el futuro de este gran país y este gran estado; por otra parte, se requiere de difusión de los deberes y obligaciones que se tienen respecto de este sector de la sociedad.

No obstante lo anterior, esta Procuraduría tomará en consideración la viabilidad de formular las reformas y/o adecuaciones a la legislación local, a fin de evitar la impunidad de los delitos cometidos en agravio de menores.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Saltillo, Coahuila, a 4 de septiembre de 2013.— Licenciada Laura Leticia Pérez Ramos (rúbrica), Directora General Jurídica, de Derechos Humanos y Consultiva de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

DIGNIFICACION DEL ADULTO MAYOR

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría General de Gobierno.— Gobierno del Estado de Jalisco.

Diputada Patricia Elena Retamoza Vega, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracciones I y XXXIV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, y en atención a su oficio D. G. P. L.62-II-3-716, me permito informarle que el gobernador del estado ha expedido mediante acuerdo el Reglamento del Artículo 60 Ter de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco, el cual fue publicado en el periódico Oficial El Estado de Jalisco el día 22 de agosto, en la sección III, y puede ser consultado en la siguiente liga:

htt://app.jalisco.gob.mx/PeriodicoOficial.nsf/BusquedaAvanzada/BEB9495EEE 37D6A986257BCE007903E0/$FILE/08-22-13-III.pdf

Reciba un saludo cordial.

Atentamente

“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”

Guadalajara, Jalisco, a 23 de agosto de 2013.— Maestro Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), secretario general de gobierno.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

MONTOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO NETO, EL CANJE O REFINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES DEL ERARIO FEDERAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2013.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por el fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de agosto de 2012.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2013. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de agosto del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 30 de septiembre de 2013.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PROGRAMAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de generar información útil y oportuna para la toma de decisiones, así como de acuerdo con lo establecido en los artículos 72 y 78 de la Ley General de. Desarrollo Social (LGDS) y el 5o., fracción I, del decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la evaluación de la Política de Desarrollo Social está a cargo de Coneval.

En el numeral 32 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2013 se estableció que los programas y acciones federales de desarrollo social en operación durante el ejercicio fiscal 2012 que no cuenten con evaluación específica de desempeño, deberán elaborar de manera interna una ficha de monitoreo.

En cumplimiento con lo mandatado en el PAE 2013, y de acuerdo a sus atribuciones, el Coneval diseñó y coordinó la implementación de la Ficha de Monitoreo 2012-2013 a todos los programas y acciones de desarrollo social del Gobierno Federal. Éste es un instrumento sintético, consistente en una hoja, que brinda información sobre los resultados, la cobertura y la vinculación con el sector del programa o acción, con la finalidad de mostrar el avance en la atención de la problemática que atiende, en el ejercicio fiscal 2012. Además permite documentar, de manera estructurada y homogénea, el avance de todos los programas y acciones de desarrollo social del gobierno federal. Esta es la primera ocasión en la que se cuenta con un instrumento estructurado y homogéneo para todos los programas y acciones federales de desarrollo social.

Debido a que las Unidades de Evaluación (UE) son una instancia externa a los programas, a que los servidores públicos adscritos a éstas reúnen el conocimiento técnico y estratégico pertinente para completar su información, así como a que cuentan con información tanto de su avance de los programas y acciones, como del desempeño del sector, participaron en su elaboración.

En este sentido, me permito enviarle la Ficha de Monitoreo 2012-2013 de 258 programas y acciones correspondientes al universo de programas de desarrollo social del Gobierno Federal, esperando que sean de utilidad para las importantes funciones que usted desempeña.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Distrito Federal, a 25 de septiembre de 2013.— Doctor Gonzalo Hernández Licona (rúbrica), secretario ejecutivo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el señor diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria.

El diputado José Everardo Nava Gómez:Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a pesar de los importantes avances en el reconocimiento jurídico de la mujer rural dentro de nuestro sistema normativo, en la práctica actual el ejercicio de sus derechos, que se supone deben ser con igualdad, siguen siendo inoperantes por los valores culturales que aún predominan en nuestra sociedad, y solo un mínimo de mujeres son las que gozan del acceso a la posesión y representatividad de la tierra ejidal.

En la última década el papel de la mujer rural mexicana ha venido creciendo, al grado de convertirse en el pilar fundamental para el desarrollo de las principales actividades agrícolas del país. Sin embargo, a pesar de su productividad, las mujeres del campo siguen siendo objeto de discriminación y desigualdad.

Datos del Instituto Nacional de la Mujer estiman que de los 13 millones de mujeres que viven en las comunidades rurales, solo 610 mil del total se encuentran reconocidas como propietarias y en lo que corresponde a unidades de producción en el país, del 30 por ciento que está a cargo de una mujer, solo el 2 por ciento están registradas a su nombre, principalmente en los estados de Veracruz, estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Datos de la Confederación Nacional Campesina, aseguran que más de un millón 200 mil mujeres campesinas de nuestro país se han convertido en el principal sustento familiar, como consecuencia generada por el fenómeno migratorio, tanto de sus esposos como el de sus propios hijos.

Estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, determinaron que el trabajo que realiza una mujer mexicana que vive en zonas rurales es 53 por ciento más que el desempeñado por los hombres, y cuatro horas más que las mujeres que viven en zonas urbanas, a lo que hay que sumar la falta de seguridad social, la ausencia de un salario y cuando lo hay, este suele ser incongruente al trabajo desempeñado.

Nuestro líder de la CNC, el senador Gerardo Sánchez, ha expresado la necesidad de impulsar una nueva cultura de género que no segregue, y mucho menos que demerite el género femenino, a lo que manifestamos nuestra coincidencia y respaldo total.

En el mismo sentido, miles de mujeres campesinas de diferentes asociaciones y organizaciones de todo el país coinciden en la necesidad de dejar atrás los perjuicios sexistas para transformarlos a una nueva visión hacia la mujer, que se construya bajo los principios del respeto, la igualdad y equidad en sus derechos al acceso de la tierra.

Insólitamente, a pesar de las condiciones que sujetan a las mujeres campesinas, ellas continúan mostrando gran fortaleza para enfrentar la marginación y pobreza que prevalece en sus hogares, y siempre buscan brindar la mejor atención a sus hijos, hijas, enfermos y adultos, con el objetivo de lograr el equilibrio y progreso de sus familias.

Con esta iniciativa que presento se pretende solucionar la problemática actual de desventaja que se encuentran padeciendo las mujeres en el campo: niñas, jóvenes, madres o adultas, específicamente en los ejidos, mediante la revaloración y el reconocimiento que debe tener la mujer, en condiciones de igualdad respecto al hombre en la posesión de la tierra ejidal, así como a sus derechos a la herencia, al considerar que es la única forma que nos permitirá lograr la verdadera inclusión de la mujer rural a la protección de nuestro sistema jurídico.

El texto actual del artículo 12 de la Ley Agraria establece que son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Esta redacción resulta incongruente con la realidad que enfrenta la mujer rural campesina para acceder a la titularidad de derechos ejidales, lo que nos motiva para proponer a esta Cámara de Diputados realizar una adecuación al texto vigente del artículo 12 de la Ley Agraria.

Nuestra propuesta va encaminada a plasmar el concepto de igualdad de condiciones al texto vigente, con lo que considero se fortalecerá y ampliará la protección jurídica de la Ley Agraria para la mujer rural mexicana, haciendo posible el ejercicio efectivo de los derechos ejidales que están demandando históricamente y lograremos una nueva cultura de género incluyente.

En el mismo sentido, la redacción del primer párrafo del artículo 17 del mismo ordenamiento establece la facultad que tiene el ejidatario para decidir quién puede suceder los derechos hereditarios en caso de llegar a fallecer. No obstante y de acuerdo con la redacción actual, la lista de posibles beneficiarios resulta omisa, en virtud de que solamente contempla el término hijos.

Al referirnos al término hijos podríamos deducir que se trata del hijo varón o hija mujer. Sin embargo, para dar un mejor enfoque de género que permita salvaguardar con igualdad los derechos hereditarios de las hijas del ejidatario juzgamos conveniente llevar el término de hijas en la redacción del primer párrafo del artículo 17 y de igual forma a la redacción de la fracción III del artículo 18, ambos de la Ley Agraria.

Finalmente, para resolver la problemática actual de desamparo que enfrentan todas aquellas personas que dependieron económicamente del ejidatario fallecido, hijas e hijos menores de 18 años no emancipados, impedidos para trabajar por alguna discapacidad, cónyuge, concubina, concubinario, padre y madre, consideramos fundamental garantizarles en la ley de la materia la obligación de los beneficiados de la herencia para que brinden alimentación y educación a los dependientes del ejidatario fallecido.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en este mes de conmemoración del 60 aniversario del voto de la mujer en México estamos en el momento oportuno para continuar con la armonización de nuestra legislación con miras a lograr la igualdad que las mujeres campesinas históricamente vienen demandando.

Felicidades a todas las mujeres mexicanas. Es cuanto, señor presidente. Le solicito sea integrada mi iniciativa al Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del artículo 6, 77, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 12, 17 y 18, todos de la Ley Agraria, con base en los siguientes

I. Antecedentes

Históricamente la mujer rural mexicana ha desempeñado un papel importante en los principales movimientos sociales de la consolidación del Estado Mexicano, tanto en la guerra de Independencia y más tarde en la Revolución Mexicana, lucharon junto a los hombres con el objetivo de obtener el reconocimiento e igualdad de sus derechos humanos, específicamente el derecho sobre las tierras que la colonización española les había despojado.

Como resultado de ambos movimientos sociales, se promulgó la Constitución de 1917, y con ello la declaración de igualdad de todos los habitantes del naciente país, que el autor Francisco López Bárcenas, calificó para ese momento “una forma soterrada de negar nuestros derechos pues no todos éramos iguales y no podíamos aspirar a serlo si no se creaban las condiciones para ello, lo cual hubiera implicado reconocer las múltiples diferencias culturales existentes”. En este sentido, el reconocimiento de los derechos para la mujer pasó por desapercibido en dicho texto constitucional.

Sin embargo, esta situación no detuvo a las mujeres a seguir luchando por el reconocimiento de sus derechos humanos dentro del sistema normativo mexicano, y los primeros esfuerzos para alcanzar la igualdad jurídica obtuvo sus primeros frutos “el 17 de octubre de 1953, cuando se reformó el artículo 34 constitucional para reconocer la ciudadanía de las mujeres, más tarde en febrero de 1965, se reformó el artículo 18 constitucional que reconoció las necesidades específicas de las mujeres en prisión al permitir que éstas cumplieran sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres, y la más importante reforma constitucional en beneficio de las mujeres tuvo lugar en 1974 con las reformas a los artículos 4, 5, 30 y 123 que promovió la igualdad jurídica de la mujer”.

A la par de estas reformas constitucionales, también hubo modificaciones a leyes secundarias entre ellas principalmente en materia agraria, las reformas a los “Códigos Agrarios de 1934, de 1940 y al Código Agrario de 1942”, que por primera vez consideraron ciertos derechos para la mujer al acceder a la tierra con limitaciones y condiciones que la mujer rural tenía que cumplir entre ellas ser viuda y tener hijos menores bajo su cuidado.

Con la entrada en vigor de la Ley Federal de la Reforma Agraria en 1971, se dio a la mujer campesina la posibilidad aparente de ser titular de derechos agrarios de manera igual que los hombres; sin embargo, y a pesar de ello, la mujer se siguió desempeñando como depositaria de los derechos agrarios hasta que su menor hijo alcanzara la mayoría de edad, y la aportación más importante para la mujer que ofreció este ordenamiento fue el establecimiento de la Unidad Agrícola Industrial.

En el mismo sentido, con la reforma al artículo 27 constitucional y la Ley Agraria de 1992 se llevaron a cabo nuevos cambios pretendiendo mejorar las condiciones jurídicas de la mujer, cuya intención quedó plasmada textualmente en el artículo 12 de la Ley Agraria “ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos agrarios.” Empero, y a pesar de estos importantes avances por lograr el reconocimiento jurídico de la mujer rural, en la práctica actual estos derechos que se suponen se deben ejercer con igualdad, siguen siendo inoperantes, como consecuencia de los valores culturales que aún predominan en nuestro sociedad y sólo un mínimo de mujeres son las que gozan del acceso a la posesión de las tierras ejidales y a la representatividad de los ejidos.

II. La mujer rural en el derecho internacional

El marco jurídico internacional representa el mejor aliado para que en nuestro país y el mundo, los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos sirvan de base para hacer exigible el reconocimiento verdadero de los derechos agrarios de las mujeres.

En este sentido, con reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2011, que elevó a rango constitucional los derechos humanos, estableció la obligación del Estado Mexicano para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos en beneficio de los Mexicanos, además de otorgar a los tratados internacionales la validez jurídica para interpretar las normas en la materia para su protección más amplia, lo que viene a brindar la posibilidad de generar las condiciones que permitan a la mujer rural garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Luego entonces, de acuerdo con el estudio legislativo sobre el marco jurídico en materia agraria desde la perspectiva de género, realizado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la honorable Cámara de Diputados, los instrumentos internacionales vinculados con los derechos de la mujer rural mexicana son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales (PIDESC),adoptado el 16 de diciembre de 1966; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado en noviembre de 1988; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Convenio Internacional del Trabajo Numero 189 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes adoptado por la OIT, en1989; la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el 2007; y el informe de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing,1995.

Todos estos instrumentos tienen el objetivo fundamental de reconocer y proteger los derechos humanos de las mujeres rurales  principalmente la salud, alimentación, educación gratuita, vivienda, al abastecimiento del agua, el derecho a la herencia, la propiedad y posesión de la tierra, su participación en la toma de decisiones, el derecho al crédito, a los recursos naturales, tecnología, así como establecer la obligación del Estado mexicano para emprender las reformas legislativas que permitan a la mujer rural el acceso pleno en “condiciones de igualdad” sobre la tierra y que además busquen en todo momento erradicar la discriminación y violencia que históricamente siguen padeciendo.

III. La situación actual de la mujer rural mexicana

En la última década el papel de la mujer rural mexicana ha venido creciendo al grado de convertirse en el motor fundamental para el desarrollo de las principales actividades agrícolas del país. A pesar de su productividad, las mujeres del campo siguen siendo objeto de discriminación y desigualdad en la posesión y propiedad de la tierra, como lo reflejan los datos del Instituto Nacional de la Mujer que estiman que de los 13 millones de mujeres que viven en las comunidades rurales, lamentablemente, sólo 610 mil del total se encuentran reconocidas como propietarias y en lo que corresponde a unidades de producción en el país del 30 por ciento que está a cargo de una mujer, sólo el 2 por ciento están registradas a su nombre, destacando su presencia principalmente en los estados de Veracruz, estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con datos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), más de 1millon 200 mil mujeres campesinas de nuestro país, se han convertido en el principal sustento familiar como consecuencia generada por el fenómeno migratorio tanto de sus esposos como el de sus propios hijos.

Estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), determinaron que el trabajo que realiza una mujer mexicana que vive en zonas rurales es 53 por ciento más que el desempeñado por los hombres y 4 horas más que las mujeres que viven en zonas urbanas, al que hay que sumar la falta de seguridad social, la ausencia de un salario y cuando lo hay, este suele ser incongruente al trabajo desempeñado.

A pesar de las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia que enfrenta la mujer del campo mexicano, siguen mostrando su fortaleza para enfrentar la marginación y extrema pobreza que prevaleciente en sus hogares, y siempre buscan brindar la mejor atención a sus hijos, enfermos y adultos mayores, con el objetivo de lograr el equilibrio y el mejor progreso de sus familias.

En los diferentes pronunciamientos, el líder de la CNC, senador Gerardo Sánchez, ha expresado la necesidad de impulsar una nueva cultura de género que no segregue, y mucho menos demerite el género femenino, al cual manifestamos nuestra coincidencia y respaldo.

En el mismo sentido, miles de mujeres campesinas de diferentes asociaciones y organizaciones de todo el país, también han manifestando la necesidad de dejar atrás los perjuicios sexistas para transformarlos a una nueva visión de hacia la mujer que se construya bajo los principios del respeto, la igualdad y equidad. Como ejemplo de estas organizaciones encontramos la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) integrada por 23 estados de la República, la Unión Nacional de Mujeres Indígenas y Campesinas (UNMIC), así como la propia Secretaria de la Acción Femenil de la CNC, mismas que están demandando la participación igualitaria de la mujer al acceso al financiamiento, al equipamiento agrícola, el derecho a la información, y sobre todo a que la mujer pueda hacer una realidad el derecho fundamental al acceso a la tierra.

IV. Objetivo de la iniciativa

Con esta iniciativa se pretende solucionar la problemática actual de desventaja que se encuentran padeciendo las mujeres en el campo (niñas, jóvenes, madres o adultas) específicamente en los ejidos, mediante la revaloración y el reconocimiento de debe tener la mujer en “condiciones de igualdad” respecto al hombre en la posesión de la tierra ejidal, así como a sus derechos a la herencia, al considerar que es la única forma que nos permitirá lograr la verdadera inclusión de la mujer rural a la protección de nuestro sistema jurídico.

El texto actual del artículo 12 de la Ley Agraria establece que “son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales”, redacción que resulta incongruente, pues frecuentemente nos enteramos por medios de comunicación, talleres, foros públicos y declaraciones de organizaciones civiles nacionales e internacionales, cómo las mujeres rurales mexicanas continúan sufriendo vulneraciones a sus derechos humanos, discriminación, violencia y exclusión referente al tema de la posesión de la tierra. A lo anterior, se suma la inexistencia de resolución presidencial en materia agraria a nombre de una mujer.

Lamentablemente, las dificultades que enfrenta la mujer campesina para tener la oportunidad de ser titulares de derechos ejidales nos motiva para proponer a esta Cámara de Diputados, realizar una adecuación al texto vigente del artículo 12 de la Ley Agraria, nuestra propuesta va encaminada a plasmar el concepto de igualdad de condiciones, al texto vigente, con lo que considero se fortalecerá y ampliará la protección jurídica para la mujer rural, haciendo posible el ejercicio efectivo de los derechos ejidales que están demandando históricamente y lograremos una nueva cultura de género incluyente.

En el mismo sentido, la redacción actualmente del primer párrafo del artículo 17 del mismo ordenamiento establece que “el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de loshijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona”, esta disposición establece la facultad que tiene el ejidatario para decidir a quién puede suceder los derechos hereditarios en caso de llegar a fallecer, no obstante y de acuerdo con la redacción actual, la lista de posibles beneficiarios resulta omisa en virtud de que solamente contempla el término hijos y no el de “hijas”, al referirnos al término hijos podríamos deducir que se trata de hijo (varón) o hija (mujer). Sin embargo, para dar un mejor enfoque de género que permita salvaguardar con igualdad los derechos hereditarios de las hijas del ejidatario, juzgamos conveniente llevar el término “hijas”en la redacción del primer párrafo del artículo 17 y de igual forma a la redacción de la fracción III, del artículo 18 ambos de la Ley Agraria.

Finalmente, para resolver la problemática actual de desamparo que enfrentan todas aquellas personas que dependieron económicamente del ejidatario fallecido (hijas e hijos menores de 18 años no emancipados, impedidos para trabajar por alguna discapacidad, cónyuge, concubina, concubinario, padre y la madre), consideramos fundamental garantizar desde la ley en la materia, la obligación de los beneficiados de la herencia, para que brinden alimentación y educación a los dependientes del ejidatario fallecido.

Estamos en el mejor momento para examinar y armonizar la ley con miras a garantizar la igualdad de género, por lo que resulta urgente continuar con el impulso de reformas y políticas públicas que permitan la participación activa de las mujeres y pero que sobre todo contribuyan a lograr garantizar esa igualdad que ellas históricamente vienen demandando.

Por lo expuesto presento a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria

Único. Se reforman los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 12.Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales en igualdad de condiciones.

Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos o hijas, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

Al sucesor o sucesores que reciban los derechos del ejidatario fallecido, corresponderá la obligación de proporcionar educación y alimentos a los hijos e hijas menores de 18 años no emancipados, hasta en tanto no cumplan la mayoría de edad, así como a los impedidos para trabajar por alguna discapacidad total, al padre o a la madre que dependan económicamente del fallecido y a la cónyuge, concubina o concubinario hasta no contraer nuevo matrimonio o concubinato.

Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

I. Al cónyuge;

II. A la concubina o concubinario:

III. A uno de los hijos o hijas del ejidatario;

IV. A uno de sus ascendientes; y

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 López Bárcenas Francisco, Legislación y derechos indígenas de México, CEDRSSA, honorable Cámara de Diputados, México, 2009,  página 60.

2 Montaño V. Sonia, “Reformas constitucionales y equidad de género”. Informe final sobre Seminario internacional Santa Cruz de la Sierra”, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2006, página 168.

3 De León Aldaba Marnay, “Situación de la Mujer Campesina”, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en “http://www.juridicas.unam.mx”

4 Almeida Elsa, “Informe de Investigación; Ejidatarias, Posesión, Avecindadas, Mujeres frente a sus Derechos de Propiedad en tierras Ejidales de México”, Procuraduría Agraria, Pág. 12. En http://www.pa.gob.mx

5 Artículo 12, Decreto de la Ley Agraria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992

6 Salgado Martínez María de Lourdes, “Estudio Legislativo sobre el Marco Jurídico Agrario desde la Perspectiva de Género”, Centro de Estudios para el Adelanto de las mujeres y Equidad de Género, Cámara de Diputados, México, 2012, página 9.

7 Comunicado FAO México no. 4/2013 Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura por un mundo sin hambre, Marzo, 2013. En “http://coin.fao.org”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2013.— Diputados:  José Everardo Nava Gómez, María del Rocio Corona Nakamura, Faustino Félix Chávez, Leobardo Alcalá Padilla, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Miriam Cárdenas Cantú, Irma Elizondo Ramírez, Julio César Flemate Ramírez, José Luis Flores Méndez, Marco Antonio González Valdez, Pedro Pablo Treviño Villarreal, José Pilar Moreno Montoya, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Benito Caballero Garza, María Elia Cabañas Aparicio, Laura Guadalupe Vargas Vargas, María Fernanda Schroeder Verdugo, Verónica Beatriz Juárez Piña, Angelina Carreño Mijares, Ana Isabel Allende Cano, Josefina García Hernández, Elvia María Pérez Escalante, María del Carmen García de la Cadena Romero, María Guadalupe Díaz Velázquez, Laura Barrera Fortoul, Cristina Ruiz Sandoval, Mayra Karina Robles Aguirre, Emilse Miranda Munive, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, William Renán Sosa Altamira, Zita Beatriz Pazzi Maza, Patricia Guadalupe Peña Recio, Consuelo Argüelles Loya, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Gaudencio Hernández Burgos, Leopoldo Sánchez Cruz, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, José Luis Márquez Martínez, Lisandro Arístides Campos Córdova, Brasil Alberto Acosta Peña, Francisco Alberto Zepeda González, Regina Vázquez Saut, Noé Hernández González, Joaquina Navarrete Contreras, Marcelo Garza Ruvalcaba, Frine Soraya Córdova Morán, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Verónica Carreón Cervantes, Jesús Tolentino Román Bojórquez, Marina Garay Cabada, Jorge del Ángel Acosta, Dulce María Muñiz Martínez, Martha Gutiérrez Manrique, José Alberto Rodríguez Calderón, Francisco González Vargas, Víctor Velasco Orozco, Salvador Arellano Guzmán, Alerto Curi Name, Marco Antonio Calzada Arroyo, Gerardo Xavier  Hernández Tapia, Roberto Ruiz Moronatti,  Norma Ponce Orozco, Rosalba Gualito Castañeda, Juan Manuel Carbajal Hernández, Noé Barrueta Barón, Javier Treviño Cantú, Abel  Octavio Salgado Peña, Héctor García García, Erika Yolanda Funes Velázquez,  Gabriel Gómez Michel, Maricruz Cruz Morales, Cristina González Cruz, Patricia Elena Retamoza Vega, Miguel Sámano Peralta, Alma Marina Vitela Rodríguez, Juan Isidro del Bosque Márquez, José Noel Pérez de Alba, Salvador Ortiz García, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Arnoldo Ochoa González, José Isidro Moreno Árcega, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Rafael González Resendiz, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Heriberto Manuel  Galindo Quiñones, María Esther Garza Moreno, Genaro Ruiz Arriaga, Blanca María Villaseñor Gudiño,  María Rebeca Terán Guevara, Flor Ayala Robles Linares, Adriana Hernández Iñiguez, Eligio Cuitláhuac González Farías, Antonio Sansores Sastré, Eduardo Román Quian Alcocer, María del Rocío García Olmedo, Oscar Bautista Villegas, María del Carmen Ordaz Martínez, Marco Alonso Vela Reyes, Francisca Elena Corrales Corrales, Ma. Elena Cano Ayala, Raymundo King de la Rosa, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, Blas Ramón Rubio Lara, Juan Manuel Rocha Piedra, Jesús Morales Flores, Javier Filiberto Guevara González, Roy Ángel  Gómez Olguín, Alejandro Rangel Segovia, Brenda María Izontli  Alvarado Sánchez, María Celia Urciel Castañeda, Liliana Castillo Terreros, Martha Berenice Álvarez Tovar, Rubén Benjamín Félix Hays, Erick Marte Rivera Villanueva, Petra Barrera Barrera, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, José Martín López  Cisneros, Jorge Herrera Delgado, Margarita Saldaña Hernández, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Mariana Dunyaska García Rojas, Tania Margarita Morgan Navarrete, Socorro de la Luz Quintana León, Elizabeth Vargas Martín del Campo, María Concepción Navarrete Vital, Fernando Alfredo  Maldonado Hernández, Luis Olvera Correa, Rodrigo González Barrios, Graciela Saldaña Fraire, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, José Rubén Escajeda Jiménez, Xavier Azuara Zúñiga, Leslie Pantoja Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Enrique Alejandro Flores Flores, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Xavier Azuara Zúñiga, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores:Con su permiso, diputado presidente. El derecho a la vida es una decisión del ser humano que se encuentra inherente en su naturaleza, y es parte primaria y esencia del principio mismo de su existencia, pues su negativa representa a la vez la pérdida de las condiciones espontáneas que surgen del estado físico de la persona, del hombre y de la mujer en el mundo.

No podemos entender la existencia de ningún otro derecho sin la existencia del respeto al derecho a la vida, pues todos los demás son consecuencia del cumplimiento de esta garantía.

Este derecho parte de la premisa que considera la existencia de la vida humana desde el momento de la fecundación mediante la unión del óvulo con el espermatozoide. Desde ese instante está científicamente comprobado que el producto ya tiene un código genético determinado en el que ya están marcados los caracteres más individuales del ser humano.

Los derechos de la libertad, la equidad de género, la salud, la educación, la propiedad y, en general, todas las garantías fundamentales son consecuencias que derivan de la preeminencia del derecho a la vida. La misma condición natural del derecho humano lo obliga a trazar las normas que sean necesarias para respetar la vida desde su inicio. Es decir, desde que es concebido.

No podemos pensar en una civilización respetuosa de la naturaleza humana si no cuenta con los elementos jurídicos necesarios para defender la vida de los más vulnerables, en este caso los no nacidos.

El no nacido ya tiene una vida distinta, aún y cuando se encuentre en un proceso, pues finalmente toda existencia de una persona es un proceso permanente. El producto de la concepción no es parte del cuerpo de la madre. Aunque fisiológicamente depende durante el embarazo, ninguna de las células del producto o de la placenta deriva de la madre. El derecho de la madre de elección es sobre su cuerpo, no sobre la vida del feto.

Diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos —que obligan al Estado mexicano— reconocen el derecho a la vida de diversas formas, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3o., el cual dice: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona.

Igualmente el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 6o., reconoce el derecho al precisar que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Y por último lo hace la Declaración Americana de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, siendo ésta última la que reconoce la vida desde la concepción. Toda persona tiene derecho a que se respete la vida. Este derecho estará protegido por la ley, y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

La legislación mexicana no cuenta con esta precisión en la Constitución. No hay artículo que directamente reconozca y exprese ese derecho humano. Tenemos una laguna que debemos salvar como diputados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de igual manera manifiesta que existe este reconocimiento en diferentes tesis jurisprudenciales, como dice el derecho a la vida del producto de la concepción, su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales.

Médicamente les puedo decir que no existe una conexión directa entre el feto y la madre, ya que son individuos distintos. El derecho a la vida debe ser preservado por encima del derecho a la libertad, porque sin ello, sin esta vida no existiría esta libertad.

Nosotros como legisladores tenemos la obligación de defender, respetar y dar equidad en la ley a los más débiles. No hay nada más débil, más inocente, que un bebé que no ha nacido aún. Los invito, compañeros diputados, a que todos ustedes hagan esta reflexión y que realmente vayamos por esa deferencia.

Carlos Castillo Peraza en su momento nos invitó y nos dijo: vamos a darle equidad a los más débiles. Es el momento de dar un paso. Creo que no existe iniciativa más noble que ésta y por eso agradezco mucho a mis compañeros diputados de Acción Nacional que han suscrito esta iniciativa e invito a las demás fuerzas políticas a que en un acto de conciencia le den la calidad que merece esta iniciativa y respetemos los derechos del no nacido. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de Enrique Alejandro Flores Flores y suscrita por Xavier Azuara Zúñiga, diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Enrique Alejandro Flores Flores y Xavier Azuara Zúñiga, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía iniciativa que reforma el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la vida es una condición del ser humano que se encuentra inherente a su naturaleza, y es parte primaria y esencia del principio mismo de su existencia, pues su negativa representa a la vez la pérdida de las condiciones espontáneas que surgen del estado físico de la presencia del hombre y la mujer en el mundo.

No podemos entender la existencia de ningún otro derecho, sin la existencia y respeto del derecho a la vida, pues todos los demás son consecuencias del cumplimiento de esta garantía. Este derecho parte de la premisa que considera la existencia de vida humana desde el momento mismo de la fecundación, mediante la unión de un óvulo con un espermatozoide. Desde ese instante está científicamente comprobado que tenemos un ser con un código genético determinado en el que ya están marcados los caracteres más individuales del ser humano. El derecho a la libertad, la equidad de género, la salud, la educación, la propiedad, y en general todas las garantías fundamentales son consecuencias y derivan de la preeminencia de la vida.

A la vida humana se han asignado significados diversos, no sólo en razón de las distintas perspectivas (genética, médica, filosófica, teológica, etcétera), sino también en virtud de los diversos criterios mantenidos por los especialistas dentro de cada uno de los puntos de vista considerados. Muchos genetistas, como Jérôme Lejeune, coinciden en que la vida de los individuos tiene un inicio determinado y comprobado: el momento de la concepción.

La misma condición natural del ser humano, lo obliga a trazar las normas que sean necesarias para respetar la vida desde su inicio, es decir desde que es concebido. No podemos pensar en una civilización respetuosa de la naturaleza humana, si no cuenta con los elementos jurídicos necesarios para defender la vida de los más vulnerables: los no nacidos. El niño no nacido ya es una vida distinta, aun cuando se encuentre en proceso, pues, finalmente, toda la existencia de una persona es proceso permanente.

Diversos filósofos, juristas y hombres de ciencia destacan la preponderancia del derecho a la vida, y su existencia anterior al derecho escrito. Ministros de la Corte y académicos destacados de nuestro país así lo han sostenido, e incluso existen resoluciones de nuestro máximo tribunal que asientan la eminente protección del niño no nacido desde el momento de su concepción.

Un bien tutelado por el derecho, en múltiples instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, es la vida misma. Las distinciones y excepciones generalmente van encaminadas a proteger a las personas más débiles, y el derecho de los no nacidos no se limita a legados y herencias sino a su protección integral dentro de una sociedad. La expresión “derechos humanos del concebido” conceptualiza las prerrogativas más elementales que posee una persona, especialmente aquellas relacionadas con la protección a la vida, desde el instante mismo de la concepción hasta su muerte natural. Se reconocen como una vertiente de los derechos humanos universales y se igualan por su jerarquía a aquellos derechos que buscan la protección de la persona a partir del reconocimiento de su dignidad, en sus múltiples proyecciones y circunstancias concretas, como pueden ser los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de los jóvenes, y los derechos de los adultos mayores o de las personas con discapacidad.

Diversos instrumentos internacionales, mismos que obligan al Estado mexicano desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, reconocen el derecho a la vida de diversas formas, como es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 3 establece lo siguiente:

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce en el artículo 6 este derecho:

Artículo 6. 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

En el mismo sentido lo hacen la Declaración Americana de los Derechos Humanos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo esta ultima la que reconoce la vida desde la concepción:

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

En el caso de los niños, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 establece en los artículos 6 y 37 el reconocimiento del derecho a la vida.

Está más que comprobado que la comunidad internacional cuenta ya con protocolos que defienden este derecho fundamental, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce la existencia de la vida desde la concepción y por ende la necesidad de que los estados nacionales de América la defiendan desde ese momento.

En cuanto a nuestro derecho interno, actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce explícitamente el derecho a la vida. Existe una laguna que amerita ser saciada por el Poder Legislativo, pues no hay artículo que directamente establezca esta garantía primaria y determinante para la existencia de todos los demás derechos del hombre.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de realizar un análisis vasto, gramatical y sistemático de la Carta Magna en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, llega a las siguientes conclusiones:

... Dentro de los parámetros internacionalmente establecidos como mínimos de protección y garantía, y con un sentido de progresividad, el derecho a la vida debe ser regulado por el legislador nacional de conformidad con sus competencias y facultades...

... este tribunal considera que lo único que podemos encontrar en la Constitución de manera expresa, son previsiones constitucionales que de manera positiva establecen obligaciones para el Estado de promocionar y hacer normativamente efectivos los derechos relacionados con la vida, por ejemplo el artículo 4o. de la Constitución, que contiene previsiones relacionadas con la salud, el medio ambiente, la vivienda, a la protección a la niñez, a la alimentación y el artículo 123 que contiene disposiciones específicas para el cuidado de las mujeres en estado de embarazo y parto.

Es indudable que los ministros observan en ésta y otras tantas resoluciones, la necesidad de que se legisle en la materia y se pueda establecer con presión los alcances del derecho humano a la vida.

La misma corte estableció el siguiente criterio jurisprudencial donde se pronunció sobre la protección del derecho a la vida del producto de la concepción, y estableció la siguiente tesis jurisprudencial número P./J. 14/2002, lo siguiente:

Derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales. Si se toma en consideración, por un lado, que la finalidad de los artículos 4o. y 123, Apartado A, fracciones V y XV, y Apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la exposición de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión que dieron origen a sus reformas y adiciones, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, respectivamente, es la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela del producto de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de aquélla, independientemente del proceso biológico en el que se encuentre y, por otro, que del examen de lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, aprobados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, respectivamente, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la propia Norma Fundamental, se desprende que establecen, el primero, la protección de la vida del niño tanto antes como después del nacimiento y, el segundo, la protección del derecho a la vida como un derecho inherente a la persona humana, así como que del estudio de los Códigos Penal Federal y Penal para el Distrito Federal, y los Códigos Civil Federal y Civil para el Distrito, se advierte que prevén la protección del bien jurídico de la vida humana en el plano de su gestación fisiológica, al considerar al no nacido como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como que el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede ser designado como heredero o donatario, se concluye que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, pleno, tomo XV, febrero de 2002, página 588.)

Por otra parte, científicos y autoridades reconocidas en materia de biológica, han expresado la existencia científica de la vida desde la concepción, por lo que todo Estado democrático debe garantizar a cualquier ciudadano la protección decidida de la ley, más aun cuando se trata de una persona en proceso de formación y crecimiento y que por estar indefensa, necesita en mayor medida la protección social y del Estado traducida en una ley que le garantice el derecho primario a la vida. Desde el punto de vista biológico, está comprobado que el óvulo fecundado es un individuo dotado de su propia información e identidad genética, misma que tendrá toda su vida. Además, es un ser individualizado que es parte del cuerpo de la madre, aun cuando ahí se encuentre alojado. Por lo tanto, ni la madre ni el padre ni nadie más tiene derecho a disponer de él. En otras palabras, la genética establece que un ser humano surge cuando está reunida toda la información necesaria y suficiente para definirlo. Por tanto, queda claro que lo que hay en el seno materno no es parte del cuerpo de la madre, es un ser humano vivo que está alojado en su vientre y que tiene derecho a nacer.

Jérome Lejeune, médico genetista francés y uno de los padres de la genética moderna, sobre el tema de la protección de la vida del no nacido afirma lo siguiente:

Porque sabemos con certeza que toda la información que definirá a un individuo, que le dictará no sólo su desarrollo, sino también su conducta ulterior, sabemos que todas esas características están escritas en la primera célula. Y lo sabemos con una certeza que va más allá de toda duda razonable, porque si esta información no estuviera ya completa desde el principio, no podría tener lugar; porque ningún tipo de información entra en un huevo después de su fecundación. (...)

Pero habrá quien diga que, al principio del todo, dos o tres días después de la fecundación, sólo hay un pequeño amasijo de células. ¡Qué digo! Al principio se trata de una sola célula, la que proviene de la unión del óvulo y del espermatozoide. Ciertamente, las células se multiplican activamente, pero esa pequeña mora que anida en la pared del útero ¿es ya diferente de la de su madre? Claro que sí, ya tiene su propia individualidad y, lo que es a duras penas creíble, ya es capaz de dar órdenes al organismo de su madre.

El doctor Micheline M. Mathews-Roth, de la Escuela de Medicina de Harvard, autor de gran cantidad de estudios de materia embriológica y médica, en una comparecencia ante una subcomisión del Senado estadounidense, en abril de 1981, dijo categóricamente que la vida humana comienza desde la concepción. Así lo hicieron gran cantidad de prestigiados médicos y científicos que estuvieron en aquella ocasión en el Senado de Estados Unidos, que concluyó con la expedición de leyes que defendían la vida desde el momento de la concepción.

La evidencia científica, los razonamientos jurídicos, antropológicos y filosóficos, establecen claramente la preeminencia del derecho a la vida, la situación natural de su existencia. Por tanto, se requiere su reconocimiento expreso por el derecho positivo interno, pues aunque internacionalmente se reconoce el derecho a la vida por instrumentos que son vinculantes para el Estado mexicano, la ausencia de un elemento escrito en el derecho nacional genera un sistema legal sujeto a interpretaciones que no necesariamente se apegan al respeto de la dignidad humana y que generan lagunas que vulneran y dejan sin protección a las niñas y niños no nacidos.

El doctor Jorge Adame Goddard, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma lo siguiente:

Enmendar la Constitución para que se ajuste a lo dictado por el derecho internacional e impedir toda posibilidad de suspender la vida, sin duda, será un gran avance para todos los mexicanos.

Como representantes de todos los mexicanos, nacidos y no nacidos, tenemos la gran responsabilidad y obligación de establecer en la Constitución el derecho a la vida desde la concepción, siguiendo el ejemplo de las diversas entidades federativas que lo han establecido así en su Constitución. Otros países de Latinoamérica también han dado el mismo ejemplo, como es el caso de Chile, al establecer dentro de su Constitución nacional el derecho a la vida desde la concepción, en los siguientes términos:

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:

1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer...

Por otra parte, en Argentina existen esfuerzos legislativos destacados para proteger la vida del niño no nacido, como la declaratoria de los derechos del niño por nacer, que establece lo siguiente:

Declaración de los Derechos del Niño por nacer:

1. Se entiende por niño por nacer a todo ser humano desde el momento de la concepción, es decir, desde la penetración del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento de su nacimiento.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste. Dicha reforma estableció como principio interpretativo el principio pro personae, lo cual supone que, en caso de contradicción entre lo contenido en la Constitución y en los tratados internacionales, se debe aplicar la norma que más favorezca a la persona, sin que eso implique que un ordenamiento prevalecerá definitivamente sobre otro. Conforme a la propia Constitución,todas las normas de derechos humanos se deberán interpretar de manera que favorezcan la mayor protección para la persona.

Si bien la Constitución no reconoce el derecho a la vida como lo hacen los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos que son vinculantes para el Estado mexicano, la misma debe de adecuarse a las disposiciones internacionales para ampliar el ámbito de protección de los no nacidos, conforme al principio pro personae. Por tanto, para brindar mayor protección a los seres humanos no nacidos, como legisladores tenemos la obligación de aplicar lo que disponen los diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por México que reconocen el derecho a la vida, mediante su inclusión en el texto de nuestra propia Constitución y, por ende, en las constituciones respectivas de cada una de las entidades federativas.

Defender la vida del no nacido supone solidarizarse con una visión integral de la persona desde el primer instante del proceso vital, lo cual trae consigo un gran número de consecuencias positivas en lo que respecta la promoción y la defensa de los derechos humanos de todos, tanto individuales como sociales.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 1o....

...

...

...

El Estado mexicano reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida. Todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le considera como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las legislaturas de los estados deberán realizar las adecuaciones que correspondan a sus Constituciones locales, así como a su legislación secundaria, en un plazo máximo de seis meses, a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Diputados: Enrique Alejandro Flores Flores, Xavier Azuara Zúñiga, María Fernanda Schroeder Verdugo,  Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Mario Alberto Dávila Delgado, Glafiro Salinas Mendiola, Rubén Camarillo Ortega, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Nestor Octavio Gordillo Castillo, Flor de María Pedraza Aguilera, Ricardo Villarreal García, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Marcos Aguilar Vega, Juan Pablo Adame Alemán, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Raquel Jiménez Cerrillo, José Alfredo Botello Montes, Tania Margarita Morgan Navarrete, Juan Jesús Aquino Calvo, Mariana Dunyaska García Reyes, Marcelina Orta Coronado, Liliana Castillo Terreros, Enrique Alejandro Flores Flores, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Ernesto Alfonso Robledo Leal, María Elia Cabañas Aparicio, Alberto Coronado Quintanilla, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, María Guadalupe Mondragón González, Alejandra López Noriega, María Teresa Jiménez Esquivel, Leticia López Landero, Juan Carlos Muñoz Márquez, María Celia Urciel Castañeda, Carmen Lucía Pérez Camarena, José Pilar Moreno Montoya, Raúl Gómez Ramírez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Alfredo Zamora García, Jorge Rosiñol Abreu, Mariana Dunyaska García Rojas, Germán Pacheco Díaz, Elvia María Pérez Escalante, Beatriz Eugenia Yamamoto Cáceres, María Eugenia de León Pérez, Roxana Luna Porquillo, Fernando Rodríguez Doval, Rosalba Gualito Castañeda, Luis Olvera Correa, Javier López Zavala, Humberto Armando Prieto Herrera, Sergio Augusto Chan Lugo, Consuelo Argüelles Loya, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Gerardo Peña Avilés, José Arturo Salinas Garza, Frine Soraya Córdova Morán, J. Jesús Oviedo Herrrera, Flor Ayala Robles Linares, Marina Garay Cabada, Verónica Carreón Cervantes, José Guillermo Anaya Llamas, Dulce María Muñiz Martínez, Martha Gutiérrez Manrique, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Leobardo Alcalá Padilla, Francisco González Vargas, Víctor Hugo Velasco Orozco, Salvador Arellano Guzmán, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, María del Rocío Corona Nakamura, Juan Isidro del Bosque Márquez, Carlos Alberto García González, Martha Berenice Álvarez Tovar, María Isabel Ortiz Mantilla, Erick Marte Rivera Villanueva, José Martín López Cisneros, Máximo Othon Zayas, Luis Miguel Ramírez Romero, Socorro de la Luz Quintana León, María Concepción Navarrete Vital, Margarita Licea González, Luis Olvera Correa, Jorge Ángel González Serna, María Guadalupe Mondragón González, Leslie Pantoja Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Sonido en la curul de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias, señor presidente. Felicitar al diputado Enrique Flores, por esta excelente iniciativa y solicitarle nos permita suscribir esta iniciativa a favor de la vida.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a su disposición, diputada. Sonido también en la curul de la diputada Pérez Camarena, ¿dígame, diputada, con qué objeto?

La diputada Carmen Lucia Pérez Camarena (desde la curul): En el mismo de la diputada Raquel Jiménez, diputado, el pedirle al diputado Enrique que me permita suscribir esta tan importante iniciativa. No podemos buscar garantizar los derechos humanos en este país si no respetamos el derecho a la vida desde la concepción. Es cuanto, señor.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Si el proponente no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión, en el mismo caso la Secretaría pondrá a su disposición la iniciativa. Diputado Juan Pablo Adame Alemán, dígame, ¿con qué objeto?

El diputado Juan Pablo Adame Alemán(desde la curul): Declino.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Declina su intervención. Túrnese a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Igualdad de Género y de Derechos Humanos, para dictamen.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado José Valentín Maldonado Salgado:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, sin duda el marco jurídico más reformado en las últimas décadas es el de la materia electoral. En una breve exposición quisiera dejar asentado que este fenómeno se debe a que una de las llaves para la democratización de México ha sido, sin duda, la lenta pero contínua evolución de las reglas para la competencia electoral.

Derivada de la intensa presión social, sobre todo de los años cincuenta a ochenta destacadamente, la presión política que generó la sociedad y la opinión pública nacional e internacional a partir del momento de la represión del Movimiento Estudiantil de 1968 por el régimen autoritario. Todo ello en vísperas de la realización de Juegos Olímpicos en México.

Largo y repetitivo sería plasmar aquí la evolución del marco jurídico electoral mexicano, sobre todo a partir de la reforma de 1977, en donde simplemente recuerdo las más emblemáticas que le siguieron; la de 1986, en donde se aumentó la representación proporcional de 100 a 200 diputados.

La reforma de 1989, con la cual se creó el IFE y éste emitió la credencial electoral con fotografía. Y la gran reforma del 96, en donde se ciudadaniza por completo el Instituto Federal Electoral.

Se establecen mecanismos de financiamiento público más equitativo, lo cual provocó que las contiendas electorales empezaran a ser mucho más competitivas que antes, y también se establecieron las rutas para democratización del Distrito Federal y del Senado de la República.

Después vinieron otras reformas, destacadamente la de 2007, en donde se estableció un nuevo modelo comunicacional para las elecciones y en donde se lograron limitar los usos desmedidos de dinero en la compra de espacios publicitarios, quedando este procedimiento a cargo de la autoridad electoral, sin intervención directa ni de partidos ni de candidatos de ningún otro particular.

Sin embargo, a partir de ese momento, los intereses más conservadores, los poderes fácticos, y sus operadores políticos han forzado muchos resquicios para reconstruir candidaturas a partir de medios, que si bien no son ilícitos, no están regulados.

Estos resquicios pueden ser la mención de los candidatos promocionados en programas de televisión, en guiones de telenovelas, al igual que el ataque o descalificación de candidatos y partidos por estos mismos medios, o el uso —de hecho— de los espacios publicitarios en las salas de exhibición cinematográfica, en donde con toda impunidad y al margen de la ley se promueve la imagen de precandidatos, precandidatas, candidatos y de partidos políticos, dejando al público en absoluto estado de indefensión, ya que están obligados a ver estos infomerciales —entre comillas— y escucharlos, ya que no pueden apagar ni el proyector ni bajarle el volumen o cambiar la imagen del mismo.

El impulso para retroceder siempre ha estado ahí. Ante la dificultad de desterrar al antiguo régimen y la alta complejidad de construir al país en democracia, pluralidad y tolerancia, ahora hay claros impulsos de regresión autoritaria, como es el hecho de una vez que se había logrado limitar hasta cierto punto el gasto electoral con la reforma de 2007, ahora se puede acceder a esquemas en donde de nueva cuenta la promoción de candidatos y partidos políticos sea abusiva y se dé al margen de la ley, sin posibilidad alguna de limitarla y, peor aún, sin posibilidades de fiscalizar los gastos que esta propaganda encubierta implica.

Es materia de esta iniciativa la regulación de los ya referidos infomerciales en las salas de exhibición cinematográfica, por ser esta propaganda un burdo y artero abuso para la sociedad en su conjunto, que va en detrimento del desarrollo de la democracia y de la cultura política de la sociedad.

Es indispensable, compañeras diputadas y diputados, regular los contenidos electorales que pudieran hacerse en sitios públicos que usualmente no se utilizan para hacer proselitismo, pero que pudieran ser invadidos por la propaganda electoral. Como son justamente las salas de exhibición cinematográfica, donde empleando diversos formatos los candidatos y partidos pueden insertar propaganda encubierta, que al margen de toda fiscalización violenta los topes de gastos de campaña, generando situaciones de inequidad en la contienda electoral.

Ante este abuso la autoridad electoral debe tomar conocimiento y sancionar enérgicamente a los infractores. Por ello proponemos incluir una regulación al Código Electoral que no afecte de ningún modo libertad alguna para exhibir películas o constituir una censura velada, ya que se cuida la regulación de la propaganda electoral, y sancionar los abusos que se cometan en torno de esta materia.

Concluyo. Esta iniciativa introduce reformas al Código Federal de  Instituciones y Procedimientos Electorales justamente para limitar y reportar el gasto de partidos políticos, candidatas, candidatos, en este tipo de publicidad política y sancionar a aquellos institutos políticos que se excedan en su uso al margen de la ley. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pretende limitar y fiscalizar el gasto en publicidad electoral contratada por partidos políticos en infomerciales en las salas de cine.

Exposición de Motivos

Sin duda, el marco jurídico más reformado en las últimas décadas es el de la materia electoral, y en una breve exposición quisiera dejar asentado que este fenómeno se debe a que una de las llaves para la democratización de México fue, sin duda, la lenta pero continua evolución de las reglas para la competencia electoral derivada de la intensa presión social de los años cincuenta, sesenta, setenta y ochenta, destacadamente, y la presión política que generó la sociedad y la opinión pública nacional e internacional a partir del momento de la represión del movimiento estudiantil de 1968, sobre el régimen autoritario; todo ello en vísperas de la realización de los Juegos Olímpicos en México.

Después de esos cruentos hechos, algunos segmentos de la sociedad y claramente de la Izquierda mexicana optaron por la vía armada, al ver que los canales de participación se cerraban, pero otros, la mayoría por suerte, optaron por la construcción de la vía política para impulsar los cambios que requería el sistema político y en esta ruta, debemos mucho al extinto Arnoldo Martínez Verdugo, quien insistió en dos temas fundamentales, en la unidad de las izquierdas y en la vía electoral para impulsar los cambios democráticos que requería urgentemente el país. Por cierto, estas tesis de este gran líder político están hoy más vigentes que nunca.

Largo y repetitivo sería plasmar aquí la evolución del marco jurídico electoral mexicano, sobre todo a partir de la reforma de 1977, sin embargo, simplemente recuerdo las más emblemáticas que le siguieron: la de 1986, en donde se aumentó la representación proporcional de 100 a 200 diputados, la reforma de 1989, con la cual se creó el IFE, y éste emitió la credencial electoral con fotografía, y la gran reforma de 1996, en donde se ciudadaniza por completo el Instituto Federal Electoral, se establecieron mecanismos de financiamiento público más equitativo lo cual provocó que las contiendas electorales empezaran a ser mucho más competitivas que antes, y también se establecieron las rutas para la democratización del Distrito Federal y del Senado de la República.

Después vinieron otras reformas, destacadamente la de 2007, en donde se estableció un nuevo modelo comunicacional para las elecciones, y en donde se lograron limitar los usos desmedidos de dinero en la compra de espacios publicitarios, quedando este procedimiento a cargo de la autoridad electoral, sin intervención directa ni de partidos, ni de candidatos, ni de ningún particular.

Sin embargo, a partir de ese momento, los intereses de quienes se dedican a promocionar imágenes de candidatos y partidos políticos y sus operadores políticos han forzado muchos resquicios para construir candidaturas a partir de medios que si bien no son ilícitos no están regulados. Estos resquicios pueden ser la mención de los candidatos promocionados en programas de televisión, en guiones de telenovelas, al igual que el ataque o descalificación de candidatos y partidos por esos mismos medios, o el uso de los espacios publicitarios en las salas de exhibición cinematográfica en donde con toda impunidad y al margen de la ley se promueve la imagen de pre candidatos y pre candidatas, candidatos, candidatas y partidos políticos, dejando al público en absoluto estado de indefensión ya que están obligados a ver esos “infomerciales” y a escucharlos ya que no pueden apagar el proyector, bajarle al volumen o cambiar de imagen.

El impulso para retroceder siempre ha estado ahí. Ante la dificultad de desterrar el antiguo régimen, y la alta complejidad de construir al país en democracia, pluralidad y tolerancia, ahora hay claros impulsos de regresión autoritaria, como lo es el hecho de que una vez que se había logrado limitar hasta cierto punto el gasto electoral con las reformas de 2007, ahora se puede acceder a esquemas en donde de nueva cuenta la promoción de candidatos y partidos sea abusiva y se dé al margen de la ley, sin posibilidades de limitarla, y peor aún, sin posibilidades de fiscalizar los gastos que esta propaganda encubierta implica.

Está abierta la discusión de la posible regulación electoral en las redes sociales, y para ello tendremos que ponderar la generación de un marco jurídico específico que no lesione las libertades de la gente en las supercarreteras de la información. Sin embargo, sí es materia de esta iniciativa el pretender regular los ya referidos infomerciales en las salas de exhibición cinematográficas por ser esta propaganda un burdo y artero abuso de la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto que va en detrimento del desarrollo de la democracia y de la cultura política de la sociedad.

Es indispensable regular los contenidos electorales que pudieran hacerse en sitios públicos que usualmente no se utilizan para hacer proselitismo, pero que pudieran ser invadidos por la propaganda electoral, como lo son las salas de exhibición cinematográficas, donde empleando diversos formatos los candidatos y partidos pueden insertar propaganda encubierta que al margen de toda fiscalización violente los topes de gastos de campaña, generando situaciones de inequidad, y que de los cuales, la autoridad electoral debe tomar conocimiento y sancionar enérgicamente. Por ello, proponemos incluir una regulación mínima al código electoral que no afecta de ningún modo libertad alguna para exhibir películas o constituir una censura velada, ya que se circunscribe únicamente a la regulación de la propaganda electoral y a sancionar los abusos que se cometan en torno a esta materia.

Esta iniciativa introduce reformas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales justamente para limitar y reportar el gasto de partidos políticos y candidatos en este tipo de publicidad política y sancionar a los institutos políticos que se excedan en ello.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 2, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se propone reformar diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de regulación de propaganda electoral en las salas de exhibición cinematográfica

Primero. Se reforman el numeral 3 del artículo 49, el inciso d) del numeral 2 del artículo 229, el inciso i) del numeral 1 del artículo 341 y el inciso b) del numeral 1 del artículo 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Segundo. Se adiciona el inciso e) del numeral 2 del artículo 229; se adiciona un numeral 1 y se reforma el inciso a) del artículo 350, recorriéndose el numeral 1 original al 2, se adiciona el inciso g) del numeral 1 del artículo 354, recorriéndose los incisos originales g) al h) y el h) al i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 49

1. y 2. ...

3. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión , ni en los espacios publicitarios de las salas de exhibición cinematográfica. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este Código.

4. a 7. ...

Artículo 229

1. ...

2. ...

a) ...

I. ...

b) ...

I. ...

c) ...

I. ...

d) Gastos de producción de los mensajes para radio, televisión, cine o de toda propaganda encubierta.

I. ...

e) Gastos de propaganda en inserciones pagadas en salas de exhibición cinematográfica.

I. Comprenden los realizados en inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. El partido y candidato contratante, así como el exhibidor, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada.

3. y 4. ...

Artículo 341

1. ...

a) a h) ...

i) Los concesionarios y permisionarios de radio, televisión y exhibidores de cine;

j) a m) ...

Artículo 345

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, al presente código:

a) ...

b) Contratar propaganda en radio, televisión y cine, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular;

c) y d) ...

Artículo 350

1. Constituyen infracciones del presente código de los concesionarios o permisionarios de radio, televisión y exhibidores de cine:

a) La venta de tiempo de transmisión o exhibición, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

b) ...

2. Constituyen infracciones del presente código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

a) El incumplimiento, sin causa justificada, de su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos, y de las autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas por el instituto;

b) La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos; y

c) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este código.

Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

a) a f) ...

g) Respecto de los concesionarios o permisionarios deexhibidores de cine:

I. Con amonestación pública; y

II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta.

h) Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos:

I. a III. ...

i) Respecto de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos:

I. y II. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.— Diputados: José Valentín Maldonado Salgado, Verónica Beatriz Pérez Piña, Teresita de Jesús Borges Pasos, Verónica García Reyes, Rodrigo González Barrio, Graciela Saldaña Fraire, Claudia Elena Águila Torres, Juana Bonilla Jaime, Víctor Manuel Manríquez González, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Arturo Cruz Ramírez, Ramón Montalvo Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Maldonado. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Inmediatamente después le doy la palabra, diputada Verónica Juárez. Sonido en la curul de la diputada Verónica Juárez. Dígame, diputada.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente, muchas gracias por su amabilidad de concederme el uso de la palabra, y con la intención de sumarme a la iniciativa que ha presentado el diputado Víctor Maldonado.

Me parece que es oportuno en este momento, sin lugar a dudas es necesario, y se está discutiendo ya lo que será la reforma electoral. Me parece que va a venir a contribuir esta reforma, que tanto hace falta. Por consecuencia solicitarle, preguntarle al diputado si nos permite adherirnos a su servidora y otros diputados y otras diputadas a esta iniciativa. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No teniendo inconveniente el diputado, la Secretaría pondrá la iniciativa a su disposición para la adhesión.

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 60 y 64 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, diputado presidente. De acuerdo con Miguel Acosta Romero, el reglamento es una manifestación unilateral de voluntad discrecional emitida por un órgano administrativo legalmente investido de potestad o competencia para hacerlo. Creadora de normas jurídicas generales que desarrollan los principios de la ley emanada del Congreso, a efecto de facilitar su ejecución y observancia en la esfera administrativa.

De conformidad con el artículo 77 de nuestra Constitución, cada una de las Cámaras tiene facultad para dictar su propio reglamento interno y es así como formamos nuestras normas jurídicas, de acuerdo con las propias necesidades, y prever en ello las necesidades existentes, que en este caso nos lleva al objetivo de la iniciativa que presento ante todos ustedes, que es establecer la prohibición de hacer modificaciones al orden del día una vez aprobada la misma.

Miguel Ángel Camposeco Cadena, en su libro El orden del día, define a éste como la disposición ordenada de los asuntos o negocios que son de la competencia legal de la Cámara y que deben ser conocidos, discutidos, aprobados o resueltos, en su caso, en el día señalado para tal fin. Agrega que constituye la guía que regula la participación de un cuerpo deliberante sumamente numeroso, representa el plan de trabajo de la Mesa Directiva para conducir las actividades de la Cámara y para poderla cumplimentar, tanto en pleno como la Mesa Directiva, deben aplicar el reglamento respectivo.

En este tenor, es de todos conocido que es muy frecuente observar en la práctica parlamentaria durante el desarrollo de las sesiones que, sin consultar a la asamblea, el presidente de la Mesa Directiva cambia habitualmente la lista de asuntos enlistados en el orden del día, sin exponer previamente al pleno las razones que fundamentan dichos cambios y, peor aún, sin consultar al mismo su aprobación a los anteriores.

De conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el presidente mandará publicar el orden del día en la Gaceta, vía electrónica, a más tardar las 22:00 horas del día anterior a cada sesión.

Es de observarse que lo que instruye el presidente a la secretaria al inicio de cada sesión es consultar a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Enseguida, el diputado secretario anuncia que por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Posteriormente, las diputadas y diputados que estemos por la afirmativa o negativa así lo manifestamos. Si la mayoría es por la afirmativa, se dispensa la lectura, pero sin ajustarse al orden que se ha votado. Situación que no debe darse, y para ello citamos en la iniciativa que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria algunos ejemplos de disciplina legislativa aplicable en otros países.

En relación al tema veremos lo que establecen algunos reglamentos de los Parlamentos en el mundo respecto del mecanismo del orden o agenda de discusión y su proceso de modificación, el cual es solo por causas específicas establecidas en la normatividad.

Aquí nos podemos dar cuenta que solo podrá alterarse el orden del día si alguno de los legisladores, incluido el presidente de la misma, plantea o formula una propuesta al respecto, la cual deberá someterse a consideración de la Cámara, en ocasiones a solicitud escrita y motivada, con varias horas o días de anticipación y con el voto favorable de los dos tercios de la Cámara en algunos países.

La mayoría de los Parlamentos en Latinoamérica y la Unión Europea establecen en su normatividad la obligatoriedad de fijar con varias horas o días de anticipación la agenda del día y de varias asambleas. Ésta solo podrá alterarse por el voto de dos tercios de sus integrantes, a solicitud escrita y motivada por quien la hubiese presentado a la Presidencia, por lo menos con una hora de anticipación al inicio de la sesión.

Bajo este contexto se robustece el objetivo de la presente iniciativa, que —como hice mención— consiste en adecuar el marco jurídico a efecto de establecer que una vez aprobado por el pleno el orden del día, queda estrictamente prohibido hacer modificaciones al mismo y solo se admitirán antes de ser aprobada por el pleno, y tendrá que ser aceptado por las dos terceras partes de los diputados presentes.

Bajo tales premisas, les reiteramos: ya es hora de hacer más organizado el desarrollo de las sesiones y en irrestricto apego y respeto a los acuerdos aprobados por el pleno.

Qué triste y qué lamentable que todos los compañeros diputados que propusieron al inicio de esta sesión y alteraron el orden del día, no se encuentren presentes para poder discutir y conocer de esta iniciativa perfectamente establecida y no cambiar el orden del día a su gusto y a su contentillo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 60 y 64 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe diputado Felipe Arturo Camarena García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y modifican los artículos 60, numeral 3, y 64 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de cumplimiento del orden de los asuntos que se abordarán en las sesiones del pleno.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

El objetivo de la presente iniciativa consiste en establecer en el marco jurídico aplicable, la prohibición de hacer modificaciones al orden del día, admitiéndose éstas, sólo antes de ser aprobado por el pleno y tendrá que ser aceptado por las dos terceras partes de los diputados presentes.

Argumentos que la sustenten

Miguel Ángel Camposeco Cadena, en su libro El orden del día, define a éste como la disposición ordenada de los asuntos o negocios que son de la competencia legal de  la Cámara y que deben ser conocidos, discutidos, aprobados o resueltos, en su caso, en el día señalado para tal fin. Agrega que, Constituye la guía que regula la participación de un cuerpo deliberante sumamente numeroso, representa el plan de trabajo de la Mesa Directiva para conducir las actividades de la Cámara y, para poderla cumplimentar tanto el pleno como la Mesa Directiva, deben aplicar el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sus partes relativas.

El mismo autor considera que el concepto del orden del día, está compuesto por dos ideas básicas. La primera que se refiere al modo de calificar y la importancia y prelación que se debe dar a cada asunto y la segunda que explica con claridad el día en que se deben conocer, discutir, aprobar y dictar las resoluciones que toma la asamblea sobre los asuntos que se sometan a su conocimiento.

En este tenor, es muy frecuente observar en la práctica parlamentaria, durante el desarrollo de las sesiones que, sin consultar a la asamblea, el presidente de la Mesa Directiva, cambia frecuentemente la lista de asuntos enlistados en el orden del día, sin exponer previamente al pleno las razones que fundamentan dichos cambios y peor aún, sin consultar al mismo, su aprobación a los anteriores (de conformidad al artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el presidente mandará publicar el orden del día en la Gaceta vía electrónica, a más tardar a las 22:00 horas del día anterior de cada sesión).

Es de observarse que, lo que instruye el presidente a la Secretaría al inicio de cada sesión, es consultar a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Enseguida, el diputado secretario anuncia, que por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Posteriormente, las diputadas y diputados que estemos por la afirmativa o negativa, así lo manifestamos; si la  mayoría es por la afirmativa, se dispensa la lectura... Pero sin ajustarse al orden que se ha votado. Situación quo no debe darse y para ello, citamos algunos ejemplos de disciplina parlamentaria aplicable a otros países.

En relación al tema, veremos lo que establecen algunos reglamentos de los parlamentos en el mundo respecto del mecanismo del orden o agenda de discusión y su proceso de modificación, el cual sólo es por causas específicas establecidas en la normatividad; aquí nos podremos dar cuenta que, sólo podrá alterarse el orden del día, si alguno de los legisladores (incluido el presidente de la misma) plantea o formula una propuesta al respeto, la cual deberá someterse a consideración de la Cámara, en ocasiones a solicitud escrita y motivada, con varias horas o días de anticipación y con el voto favorable de dos tercios de la Cámara (en algunos países). Al respecto, el Parlamento Europeo establece en el capítulo 2, Del Orden de los Trabajos del Parlamento, en los artículos 137 y 140, lo siguiente:

Artículo 137: Proyecto de orden del día

1. Antes de cada período parcial de sesiones, la Conferencia de presidentes, a propuesta de la Conferencia de presidentes de Comisión y teniendo en cuenta el programa de trabajo de la Comisión acordado con arreglo al artículo 35, establecerá el proyecto de orden del día.

La Comisión y el Consejo podrán asistir, previa convocatoria del presidente, a las deliberaciones de la Conferencia de presidentes sobre el proyecto de orden del día.

2. El proyecto de orden del día podrá fijar el momento en que se someterán a votación algunos de los puntos previstos.

3. El proyecto de orden del día podrá prever uno o dos períodos, con una duración total de sesenta minutos como máximo, para debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho, de conformidad con el artículo 122.

4. El proyecto definitivo de orden del día se distribuirá a los diputados al menos tres horas antes del inicio del período parcial de sesiones.

Por su parte, el artículo 140 establece que en la aprobación y modificación del orden del día, se circunscribirá a lo que enseguida establece el reglamento en comento:

1. Al comienzo de cada período parcial de sesiones, el Parlamento se pronunciará sobre el proyecto definitivo de orden del día. Una comisión, un grupo político o cuarenta diputados como mínimo podrán presentar propuestas de modificación. Estas propuestas se presentarán al presidente al menos una hora antes de la apertura del período parcial de sesiones. El presidente podrá conceder el uso de la palabra al autor de cada propuesta, a un orador a favor y a otro en contra. El tiempo de uso de la palabra no superará un minuto en cada caso.

2. Aprobado el orden del día, éste no podrá modificarse, salvo que se apliquen las disposiciones de los artículos 142 y 174 a 178, o a propuesta del presidente.

Si se rechaza una cuestión de orden sobre la modificación del orden del día, ésta no podrá suscitarse de nuevo durante el mismo período parcial de sesiones.

3. Antes de levantar la sesión, el presidente anunciará al Parlamento la fecha, la hora y el orden del día de la próxima sesión.”

Aquí podemos observar que salvo por excepciones de urgencia o casos excepcionales establecidos en la normatividad, aprobado el orden del día, no podrá modificarse.

En este orden de ideas, vamos a citar algunos ejemplos de la forma en que se aprueba el Orden del Día en algunos parlamentos de países del Continente Americano, tomando como base el estudio realizado por profesores e investigadores del Observatorio del Poder Legislativo en América Latina, titulado “Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión”.

Con fundamento en el estudio en antes citado, en el Senado de la Nación en Argentina, el Plenario de Labor Parlamentaria, conformado por el presidente de la Cámara, es el encargado de preparar los planes de labor parlamentaria y proyectar el orden del día; ahora bien, en el caso de que no se logre un  acuerdo sobre los temas a tratar en el mismo, el presidente de la Cámara o cualquier Senador podrá formular una propuesta al respecto, la que se someterá a consideración de la Cámara, salvo que otro y otros Senadores propongan otros planes de labor alternativos. En este caso, cada uno de los bloques tendrá derecho a fundar su posición por un tiempo máximo de 5 minutos, procediéndose de inmediato a votar las propuestas en el orden que hubiesen sido formuladas.

En las sesiones plenarias y de comisión de la Cámara de Diputados de Bolivia, ajustan su desenvolvimiento a la Agenda de Trabajo semanal, que será publicada cada viernes, y al correspondiente Orden del Día, fijado con veinticuatro horas de anticipación y esta sólo podrá alterarse por el voto de dos tercios, a solicitud escrita y motivada que hubiere sido presentada a la presidencia por lo menos una hora antes de la sesión.

Por su parte, las sesiones plenarias de la Cámara de Senadores ajustarán sus actividades a la Agenda de Trabajo semanal, que será publicada cada viernes de la semana precedente y al correspondiente Orden del Día, establecido con la misma anticipación; la alteración del Orden del Día, requiere el voto favorable de dos tercios de la Cámara y deberá ser solicitada y motivada en el Plenario.

Por lo que se refiere a la tabla general en la Cámara de Diputados de Chile, que servirá para el Orden del Día de las sesiones ordinarias se formará, al comenzar cada legislatura por la Mesa y los Jefes de los Comités, quienes podrán modificarla en el curso de la misma legislatura. Las indicaciones para alterar esta tabla, cuando procedan, deberán ser formuladas en los incidentes por dos jefes de comités. La tabla para el orden del día, corresponderá darse a conocer a los Diputados con, al menos, 4 horas de anticipación al inicio de la sesión. En la Cámara de Senadores, el presidente propondrá a la sala el orden de los asuntos que deban figurar en la tabla ordinaria; dicha proposición se entenderá aprobada a menos que la observe un comité. En este caso, se consultará a la sala, la que resolverá en el acto, sin debate. En este punto es importante destacar que sólo por acuerdo unánime de la sala, adoptado a proposición de los comités, y únicamente en las sesiones ordinarias y extraordinarias, se podrán tratar en el orden del día asuntos que no figuren en la tabla.

En parlamentos como el de Colombia, las respectivas Mesas Directivas de cada Cámara, fijan el orden de las sesiones plenarias de las Comisiones Permanentes. Ahora bien, el orden del día de las sesiones puede ser alterado por decisión propuesta de la respectiva corporación o comisión, a propuesta de alguno de sus miembros, con las excepciones constitucionales.

Por su parte, en Costa Rica, las fracciones tendrán derecho de incluir, en el orden del día, los proyectos de su interés, en proporción al número de diputados que representan en la integración total de la asamblea. “Su orden del día podrá ser alterado, pero las mociones que tengan ese propósito sólo serán de recibo en los siguientes casos:

1. Cuando lo soliciten dos o más jefes de fracción que juntos representen por lo menos a 38 diputados.

2. Cuando así lo demande no menos de la mitad de los jefes de fracción, debidamente acreditados.

3. Cuando así lo soliciten 10 diputados de dos o más fracciones...”

Hay Estados, como en El Salvador que, en su parlamento es atribución de la Junta Directiva determinar antes de cada sesión, la agenda de ésta, la cual se anunciará anticipadamente al público en el tablero de edictos. Al inicio de las sesiones, el presidente someterá a la aprobación de la Asamblea la Agenda, la que podrá ser enmendada por el pleno, a propuesta de cualquier legislador. Nuevamente estamos frente a otro ejemplo de parlamento que tendrá la obligación por disposición normativa, someter a consideración del pleno, una enmienda o propuesta de modificación a la misma.

El Poder Legislativo en Guatemala funciona de la siguiente manera: los jefes de bloque integran la denominada Junta de Jefes de Bloque Legislativo, los cuales se reúnen semanalmente con el presidente del Congreso, para conocer y aprobar el proyecto de agenda que se propondrá al pleno; una vez declarada abierta la sesión, se tratará la discusión, aprobación o modificación de la agenda del día de la sesión que se celebra, así como el conocimiento del orden del día para la sesión inmediata siguiente.

Para tomar las decisiones sobre los asuntos indicados, será necesario el voto afirmativo de la mitad más uno de los diputados presentes en el momento en que se efectúe la votación. Las propuestas de agendas del día para la siguiente sesión, serán sometidas a votación del quórum reducido, aunque ello no hace precluir el derecho a los diputados para que en cualquier tiempo puedan presentar la moción de modificaciones del orden del día y aprobarse por mayoría del pleno.

En Panamá, es función de la Directiva de la Asamblea Legislativa preparar el orden del día de las sesiones plenarias de la misma. La agenda sólo podrá ser suspendida o alterada, cuando se trate de asunto grave o de urgencia notoria y siempre que la proposición de suspensión o alteración del orden del día sea aprobada por no menos de dos tercios de los miembros presentes en la sesión.

Esta última disposición que regula la forma de aprobación, coincide en una parte con la propuesta de reforma que realizaré en la presente iniciativa de ley; en el Parlamento del país en comento, cualquier legislador puede proponer la alteración del orden del día. En tal caso, el presidente dará el uso de la palabra al solicitante, para que presente su proposición o resolución por escrito y la sustente por un tiempo no mayor de 5 minutos; por igual tiempo, podrá hacer uso de la palabra un legislador o legisladora en contra de la propuesta; la cual deberá estar firmada, por lo menos, por 5 legisladores; el presidente someterá a votación la proposición de alteración del orden del día. Aquí radica mi propuesta que en párrafos posteriores explicaré.

Por otra parte, en Uruguay, en las sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes, el presidente formará el orden del día con los asuntos informados por las comisiones, dando preferencia a los que tengan numeración más baja y aquellos cuya prelación determine la propia Cámara en forma expresa, con un máximo de 10 asuntos, entre los que figurarán en los primeros lugares los que se encuentren en discusión o hubieren sido aplazados por la Cámara para fecha determinada. Es de destacar que, para alterar el orden del día se requiere la conformidad de más de la mitad del total de componentes de la Cámara; la proposición respectiva, se limitará a la enunciación del asunto y se votará sin debate en el momento oportuno.

Por último en Venezuela, al inicio de cada periodo, la Comisión Coordinadora elaborará el proyecto de programa legislativo anual y el presidente lo presentará a la Asamblea para su aprobación por mayoría de quienes estén presentes; el programa en comento podrá modificarse a solicitud de cualquier asambleísta, con la aprobación de la mayoría de quienes estén presentes.

Como podemos darnos cuenta, de lo hasta aquí expuesto, la mayoría de los parlamentos en Latinoamérica y la Unión Europea, establecen en su normatividad, la obligatoriedad de fijar con varias horas o días de anticipación la agenda del día y en varias asambleas, esta sólo podrá alterarse por el voto de dos tercios de sus integrantes, a solicitud escrita y motivada por quien hubiese sido presentada a la presidencia, por lo menos con una hora de anticipación al  inicio de la sesión.

Con la finalidad de respetar los acuerdos sometidos a consideración del pleno y una vez hecho un análisis de estudio comparado, sin duda, lo anterior nos obliga a establecer en nuestro reglamento, la prohibición de hacer modificaciones al orden del día; admitiéndose éstas, sólo antes de ser aprobado por el pleno y tendrá que ser aceptado, en mi opinión y, tomando en cuenta el Derecho Internacional, por las dos terceras partes de los diputados presentes.

Bajo este contexto, se robustece el objetivo de la presente iniciativa, que como hice mención, consiste en adecuar el marco jurídico a efecto de establecer que:

1. Una vez aprobada por el pleno el Orden del día, queda estrictamente prohibido hacer modificaciones al mismo y sólo se admitirán, antes de ser aprobado por el pleno y tendrá que ser aceptado por las dos terceras partes de los diputados presentes y

2. Los grupos por medio de sus coordinadores o sus representantes en la Junta, no podrán modificar el orden de presentación de sus asuntos registrados en el Orden del día; en el caso de solicitar una modificación, esta sólo la podrán notificar a la Mesa Directiva y a los demás grupos, antes del inicio de la Sesión.

Bajo tales premisas, lo reiteramos, ya es hora de hacer más organizado el desarrollo de las sesiones y en irrestricto apego y respeto a los acuerdos aprobados por el pleno. En el Partido Verde Ecologista de México, tenemos el firme compromiso de sentar y proponer las bases para acelerar las reformas necesarias al marco jurídico de la Cámara de Diputados.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero.Sereforma el numeral 3 del artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 60.

1 y 2...

3. El orden del día se proyectará durante las sesiones, en las pantallas electrónicas dispuestas en el Recinto para tal efecto.

Segundo.Sereforma el numeral 1 y 2 y se deroga el 3 del artículo 64 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 64.

1.La Junta podrá proponer la inclusión de un punto en el Orden del día que no se encuentre originalmente publicado en la Gaceta. Para ello, deberá hacer la solicitud al presidente quien ordenará que el asunto se distribuya a los diputados y diputadas en forma electrónica y a solicitud, en forma impresa, antes de que lo ponga a consideración del pleno. Una vez aprobada por el pleno el orden del día, queda estrictamente prohibido hacer modificaciones al mismo; sólo se admitirán, antes de ser aprobado por el pleno y tendrá que ser aceptado por las dos terceras partes de los diputados presentes.

2. Los grupos por medio de sus coordinadores o sus representantes en la Junta, no podrán modificar el orden de presentación de sus asuntos registrados en el orden del día; en el caso de solicitar una modificación, esta sólo la podrán notificar a la Mesa Directiva y a los demás grupos, antes del inicio de la sesión.

3. (Se deroga).

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Camposeco, Miguel, El orden del día, Manuales elementales de técnicas y procedimientos legislativos, 1a. ed., México, UNAM, 1990, página 17.

2 Ibídem, página 18.

3 Ibídem, página 23.

4 La Conferencia de presidentes de Comisión estará integrada por los presidentes de todas las comisiones permanentes o especiales y elegirá a su presidente. (Art. 27)

5 De acuerdo al sitio oficial de La Comisión Europea, esta representa los intereses de la Unión en su conjunto. Propone nueva legislación al Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, y garantiza la correcta aplicación del Derecho de la UE por parte de los países miembros, http://ec.europa.eu/atwork/index_es.htm.

6 El Consejo adopta, en la mayoría de los casos junto con el Parlamento Europeo, actos que tienen una incidencia directa en la vida de los ciudadanos y una considerable repercusión internacional.

El Consejo es la institución de la Unión que reúne a los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, es decir, los ministros de los distintos Estados miembros competentes en un ámbito determinado. La composición de las sesiones del Consejo y su frecuencia varían en función de los temas tratados. Por ejemplo, los Ministros de Asuntos Exteriores se reúnen en general una vez al mes en el Consejo de Asuntos Exteriores y los Ministros de Economía y Hacienda se reúnen una vez al mes en el Consejo que trata de los Asuntos Económicos y Financieros, el llamado Consejo Ecofin.

El Consejo es, con el Parlamento Europeo, el legislador de la Unión. En la mayoría de los casos, el Consejo solo puede legislar sobre las propuestas que le presenta la Comisión Europea. Puede pedir a la Comisión que le presente todas las propuestas adecuadas. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, un millón de ciudadanos pueden también, con sus firmas, pedir a la Comisión que presente una propuesta. Es el derecho de iniciativa ciudadana.

El Consejo se reúne en sesión pública cuando delibera y vota sobre propuestas de actos legislativos y cuando celebra debates generales, http://www.consilium.europa.eu/council?lang=es.

7 Artículo 142: Urgencia

1. El presidente, una comisión, un grupo político, cuarenta diputados como mínimo, la Comisión o el Consejo podrán solicitar al Parlamento que declare la urgencia del debate de una propuesta que sea objeto de consulta al Parlamento, conforme al apartado 1 del artículo 43. Esta solicitud deberá presentarse mediante escrito motivado.

2. En cuanto el presidente reciba una solicitud de debate de urgencia, informará al Parlamento; se procederá a votarla al comienzo de la sesión siguiente a aquélla en que se haya anunciado, siempre que la propuesta se haya distribuido en las lenguas oficiales. Si se presentan varias solicitudes sobre el mismo asunto, la aprobación o denegación de la urgencia se aplicará a todas ellas.

3. Antes de la votación, solamente podrán intervenir, durante un máximo de tres minutos cada uno, el autor de la solicitud, un orador a favor y otro en contra y el presidente o el ponente de la comisión competente o ambos.

4. Los asuntos que se hubiere acordado tramitar por el procedimiento de urgencia tendrán prioridad sobre los demás puntos del orden del día; el presidente fijará el momento de su debate y el de su votación.

5. El debate de urgencia podrá celebrarse sin informe o, excepcionalmente, sobre la base del informe oral de la comisión competente.

8 Artículo 174: Cuestión de no ha lugar a deliberar

1.  Al abrirse el debate sobre un punto del orden del día, se podrá presentar una solicitud cuyo objeto sea rechazar el debate sobre este punto por razón de inadmisibilidad. Se procederá de inmediato a votar esta solicitud.

La intención de presentar tal solicitud se notificará al presidente con veinticuatro horas de antelación como mínimo, y éste informará inmediatamente al Parlamento.

2. Si se aprueba la solicitud, se pasará inmediatamente al punto siguiente del orden del día.

Artículo 175  : Devolución a comisión

1. Podrán solicitar la devolución a comisión, al establecerse el orden del día o antes del comienzo del debate, un grupo político o cuarenta diputados como mínimo.

La intención de solicitar la devolución a comisión se notificará al presidente con veinticuatro horas de antelación como mínimo, y éste informará inmediatamente al Parlamento.

2. Antes de una votación o durante la misma, un grupo político o cuarenta diputados como mínimo podrán solicitar la devolución a comisión. La votación correspondiente se realizará de inmediato.

3. La solicitud solamente podrá presentarse una vez durante cada una de las diferentes fases del procedimiento.

4. La decisión de devolución a comisión suspenderá el debate del punto.

5. El Parlamento podrá señalar plazo para que la comisión presente sus conclusiones.

Artículo 176  : Cierre del debate

1. Podrá cerrarse el debate antes de agotar la lista de oradores a propuesta del presidente o a solicitud de un grupo político o de cuarenta diputados como mínimo. La votación correspondiente se realizará de inmediato.

2. Si se aprueba la propuesta o la solicitud, solamente podrá intervenir un miembro de cada uno de los grupos que todavía no hayan participado en el debate.

3. Después de las intervenciones previstas en el apartado 2, quedará cerrado el debate y el Parlamento votará sobre el asunto que se esté debatiendo, salvo fijación previa de una hora determinada para la votación.

4. Si se rechaza la propuesta o la solicitud, sólo el presidente podrá presentarla de nuevo durante el mismo debate.

Artículo 177: Aplazamiento del debate y de la votación

1. Un grupo político o cuarenta diputados como mínimo podrán presentar, al comienzo del debate sobre un punto del orden del día, una solicitud con objeto de aplazar el debate para un momento determinado. La votación correspondiente se realizará de inmediato.

La intención de solicitar el aplazamiento se notificará al presidente con veinticuatro horas de antelación como mínimo, y éste informará inmediatamente al Parlamento.

2. Si se aprueba la solicitud, el Parlamento pasará al siguiente punto del orden del día. El debate aplazado se reanudará en el momento que se haya señalado.

3. Si se rechaza la solicitud, no podrá presentarse de nuevo durante el mismo período parcial de sesiones.

4. Antes de una votación o durante la misma, un grupo político o cuarenta diputados como mínimo podrán solicitar el aplazamiento de la votación. La votación correspondiente se realizará de inmediato.

Artículo 178: Suspensión o levantamiento de la sesión

El Parlamento podrá acordar la suspensión o el levantamiento de una sesión en el curso de un debate o de una votación, a propuesta del presidente o a solicitud de un grupo político o de cuarenta diputados como mínimo. La votación de dicha propuesta o de la solicitud se realizará inmediatamente.

9 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP// TEXT+RULES-EP+20130521+RULE-137+DOC+XML+V0// ES&language=ES&navigationBar=YES

10 http://americo.usal.es/oir/legislatina/base_de_datos.htm

11 http://americo.usal.es/oir/legislatina/Comparada/elaboracion_orden_dia.pdf

Estudio tomado en cuenta de la página web del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/folleto%20instituto%202009 .pdf)...”fue fundado en 1992 y se concibe como el espacio permanente de investigación y enseñanza de posgrado, como instrumento de divulgación académica y difusión de resultados de la investigación y, finalmente, como catalizador de las actividades que se realizan en la Universidad sobre la realidad de los países iberoamericanos. Se integran en el Instituto los profesores de la Universidad de Salamanca que así lo desean y que desarrollan tanto actividades de investigación como de docencia sobre el área latinoamericana. Igualmente, el Instituto favorece la presencia en sus actividades de profesores e investigadores de diferentes Universidades y Centros Superiores de Investigación. El ámbito del conocimiento y los intereses del Instituto son los de sus propios miembros, con una marcada preferencia por la pluridisciplinariedad. El Instituto de Iberoamérica está reconocido como uno de los mejores de Europa en su género y mantiene relaciones académicas con las más prestigiosas instituciones latinoamericanas, norteamericanas, europeas y españolas. En Europa tiene encomendada la Vicepresidencia del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL) y en España la Secretaría del Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB), donde ha organizado 3 de los últimos 4 Encuentros de Latinoamericanistas Españoles.”

12 Ídem.

13 Ídem.

14 Ídem.

15 Ídem.

16 Ídem.

17 Ídem.

18 Ídem.

19 Ídem.

20 Ídem.

21 Ídem.

22 De conformidad con la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe, el reglamento puede apreciarse desde un punto de vista genérico y desde un punto de vista específico, que es el reglamento administrativo, el cual en una idea muy general y amplia, es el “...conjunto ordenado de reglas y conceptos que por autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen interior de una corporación o dependencia”.

Agrega que, del concepto q antecede, se aprecian dos categorías de reglamentos, uno de particulares y los de autoridad. Los primeros, lo constituyen el conjunto ordenado de normas y preceptos que sirven para determinar el régimen interno de determinadas corporaciones, o para regular relaciones estrictamente entre particulares derivadas de otros aspectos de la vida social que imponen esa regulación.  Por otra parte, los reglamentos de autoridad también pueden abarcar diversas especies, así encontramos los reglamentos internos de los órganos del Estado que regulan la actividad interna de esas entidades y de los elementos que de ellas dependen (concepto citado por Acosta, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, 2a. ed.,  México, UNAM, 1975, página 201).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2013.— Diputados: Felipe Arturo Camarena García, Elvia María Pérez Escalante (rúbricas).»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY GENERAL QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE MENORES DESAPARECIDOS Y SUSTRAIDOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General que crea el Sistema Nacional de Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, me permito presentar a ustedes iniciativa que contiene proyecto de decreto por medio del cual se expide la Ley General que crea el Sistema Nacional de Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos.

A lo largo de la historia la identificación de las personas desaparecidas ha evolucionado al paso del avance tecnológico. En un primer momento no existía un medio externo que permitiera dicha identificación. Es decir, se empleaba el reconocimiento personal o el llamado retrato hablado. Posteriormente, con el surgimiento de la cámara fotográfica se vivió un avance cualitativo, que permitió facilitar la difusión de la información. Así como en su momento lo significó la identificación de las huellas dactilares.

Lo último, si bien significaba un gran avance sujeto a la efectividad del método y a la posesión previa de la huella dactilar del sujeto, y en caso de lo contrario, la eficacia del método se reducía a la nada.

No obstante que este avance tecnológico se encuentra disponible desde hace 28 años, lo cierto es que en nuestro país no hemos enfocado su uso en el abatimiento de un grave problema que vulnera el núcleo básico de la sociedad como lo es la familia.

Cada año miles de niños o adolescentes menores de 18 años de todo el mundo desaparecen cada minuto. Solo se encuentran a algunos, pero muchos de ellos no son encontrados nunca o al menos con vida. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con una cifra exacta de cuántos son las niñas y los niños desaparecidos en el país.

Instituciones gubernamentales, como organizaciones civiles distan mucho en el número de niñas y niños desaparecidos. Según informes de la Procuraduría General de la República, en el periodo 2005-2006 se reportó que alrededor de 32 mil niños fueron robados o desaparecidos.

Para 2009 la misma institución calculó que anualmente desaparecen 45 mil menores de edad, siendo el Distrito Federal, estado de México y Jalisco donde se registra el mayor número de casos, y se estima que terminan en Estados Unidos de América o Canadá, donde se llega a pagar hasta 50 mil dólares por niño.

Por otra parte, durante el periodo 2007 al 2011 las cifras otorgadas por el Senado de la República sobre niños desaparecidos en México ascienden a 150 mil. Es decir, un promedio de entre tres y cuatro niños cada hora, mientras que algunas organizaciones civiles establecen que en México han desparecido alrededor de 500 mil niños en los últimos seis años, lo cual representa un promedio de entre nueve y 10 niños desaparecidos cada hora. De estos, el 58 por ciento tienen entre 4 y 12 años de edad y casi dos terceras partes son del sexo femenino.

El fenómeno alcanza dimensiones mundiales, pues los niños son trasladados a diferentes países, principalmente Estados Unidos de América, siendo México el segundo en importancia para el mercado norteamericano, valga la expresión. Ante esto, la única explicación posible ante la ausencia de investigaciones judiciales y el creciente número de casos de desaparición de niños y niñas es la omisión de las autoridades judiciales y el desdén de los gobiernos, así como la falta de una política pública de protección integral a los niños y niñas en México, como en justicia les debe corresponder.

De acuerdo a cifras no oficiales dadas por asociaciones civiles dedicadas a la búsqueda de menores, en México desaparecen anualmente cerca de 45 mil niños y niñas, sin que se conozcan las razones que propician estos hechos. Es decir, en México no existe a la fecha una base de datos oficial que indique la cantidad, mucho menos la identidad de los menores desaparecidos, ni que compile las investigaciones relativas a este fenómeno.

Lo que se propone como consecuencia es la emisión de esta ley, que permita establecer un sistema de registro de menores desaparecidos y sustraídos, que compile y deje a la disposición de las autoridades correspondientes los datos para la identificación de los menores desaparecidos mediante sus pruebas de ADN, para que con ello se pueda lograr, en primer lugar, contar con un registro fidedigno y eficaz que nos permita conocer la magnitud del problema.

En segundo lugar, permitir que las autoridades cuenten con un sistema de comunicación y distribución de información de alta tecnología y especialización, que facilite sus labores relacionadas con la investigación de la desaparición de menores. Y por último, el permitir a los familiares de las víctimas tener la certeza de que la información de los menores desaparecidos será usada únicamente para su localización.

Con la existencia de esta nueva ley, el Estado mexicano se situaría a la vanguardia en el combate a la trata de menores, estableciendo a través de esta ley general la obligación además de contar con una base de datos que contenga la información de ADN de los menores desparecidos.

A través de esta legislación México se situaría a la par de España y Guatemala, quienes cuentan con un registro forense civil que en años recientes ha tomado parte activa y relevante de las investigaciones relacionadas con los niños robados.

Recordemos, compañeras y compañeros, que cada niño y niña tiene derecho de crecer y desarrollarse en una forma plena y armónica. A nosotros nos toca coadyuvar para que así sea. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley General que crea el Sistema Nacional de Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General que Crea el Sistema Nacional de Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A lo largo de la historia la identificación de las personas desaparecidas ha evolucionado al paso del avance tecnológico, en un primer momento no existía un medio externo que permitiera dicha identificación, es decir, se empleaba el reconocimiento personal o el llamado “retrato hablado”, posteriormente con el surgimiento de la cámara fotográfica se vivió un avance cualitativo que permitió facilitar la difusión de la información, así como en su momento lo significo la identificación de las huellas dactilares.

Lo último, si bien significaba un gran avance sujeta la efectividad del método a la posesión previa de la huella dactilar del sujeto, y en caso de lo contrario la eficacia del método se reducía a la nada.

El siguiente salto cualitativito en la materia de identificación de personas se dio en 1985 cuando el profesor Alec Jeffreys desarrollo el perfil de la huella genética contenida en el ADN de las personas, el cual permite la identificación plena de personas e incluso de la relación genética existente entre las mismas.

Este descubrimiento significó un gran avance que ha sido enfocado primordialmente en el combate contra el crimen, pues a través de este tipo de prueba se han logrado tanto reconocimientos de inocencia como la identificación y detención de sospechosos en casos delictivos.

Otro de los usos relevantes que se ha hecho de esta tecnología es en la identificación de personas desaparecidas, ya sea por desastres naturales o por la comisión de hechos delictivos.

No obstante que este avance tecnológico se encuentra disponible desde hace 28 años, lo cierto es que en nuestro país no hemos enfocado su uso en el abatimiento de un grave problema que vulnera el núcleo básico de la sociedad, la familia.

Cada año, miles de Niños o adolescentes menores de 18 años de todo el mundo desaparecen cada minuto. Encuentran a algunos; pero muchos de ellos no son encontradas nunca o al menos con vida.

La suerte que pueden haber corrido dichos niños es variada. Incluso cuando se les encuentra, a algunos, después de unos años el daño psicológico y/o físico puede ser irreversible.

En general, el problema de los niños desaparecidos es complejo y multifacético. Los niños desaparecen debido a la sustracción de personas ajenas a la familia o de secuestro por los mismos miembros de la familia. Sin embargo, los niños también pueden desaparecer por otras razones distintas al secuestro.

Algunas fundaciones disfrazadas de albergues se convierten en meras instituciones comerciales de niños, niñas y jóvenes para la explotación económica, abuso y explotación sexual.

Estas características explican las redes de explotación sexual y tráfico de niñas y niños, pero no explica el abandono del Estado a su función de protegerlos contra este tipo de delitos. La falta de una infraestructura que albergue y proteja a niños sin familia, abandonados, en disputa por su patria potestad, y muchas razones más, el Estado relega la custodia de esos niños a albergues o asociaciones civiles, pero olvida velar por su protección.

Una vez en estos albergues, los niños son abandonados a su suerte. El gobierno de México no da seguimiento, autorización o supervisión al funcionamiento de estos ni al trato que brindan a los infantes. Asombrosamente, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia no solo no cuenta con un censo completo y confiable de albergues, de igual forma no cuenta con una base de datos que permita descubrir si alguno de los menores ha sido víctima de un hecho delictivo.

Sin embargo, a la fecha no se cuenta con una cifra exacta de cuantos son los niños desaparecidos en el país. Instituciones gubernamentales como organizaciones civiles distan mucho en el número de niños desaparecidos.

Según informes de la Procuraduría General de la República, en el periodo de 2005-2006 se reportó que alrededor de 32 mil niños fueron robados o desaparecidos. Para 2009 la misma institución calculó que anualmente desaparecen 45 mil menores de edad; siendo el Distrito Federal, Estado de México y Jalisco donde se registra el mayor número de casos, y se estima que terminan en Estados Unidos o Canadá, donde se llega a pagar hasta 50 mil dólares por niño.

Por otra parte, durante el periodo de 2007 a 2011, las cifras otorgadas por el Senado de la República sobre niños desaparecidos en México ascienden a 150 mil, es decir, un promedio de entre 3 y 4 niños cada hora. Mientras que algunas organizaciones civiles establecen que en México han desaparecido alrededor de 500 mil niños en los últimos 6 años, lo cual representa un promedio de entre 9 y 10 niños desaparecidos cada hora. De estos, el 58 por ciento tiene entre 4 y 12 años de edad, y casi dos terceras partes son del sexo femenino.

A la fecha, en el portal de la PGR sólo se documentan los casos de 1 mil 385 niños robados o desaparecidos, afirmando categóricamente la falta de voluntad por parte del Gobierno para resolver un problema, el cual ya rebasó, y por mucho, a las instituciones encargadas de brindar seguridad al país.

El fenómeno alcanza dimensiones mundiales, pues los niños son trasladados a diferentes países, principalmente Estados Unidos, siendo México el segundo proveedor en importancia para el mercado norteamericano. Ante esto, la única explicación posible ante la ausencia de investigaciones judiciales, el creciente número de casos de desaparición de niños y niñas, es la complicidad de las autoridades judiciales y el desdén de los gobiernos en turno, así como una falta de política pública de protección integral a los niños y niñas en México.

Nuestro país, al no garantizar la protección de los niños en México, incumple compromisos internacionales en la materia, por lo que es necesario obligar al Congreso de la Unión a legislar al respecto.

De acuerdo a cifras no oficiales proporcionadas por asociaciones civiles dedicadas a la búsqueda de menores, en México desaparecen anualmente cerca de 45 mil niños y niñas, sin que se conozcan las razones que propician estos hechos.

Es decir, en México no existe a la fecha una base de datos oficial que indique la cantidad, mucho menos la identidad de los menores desaparecidos, ni que compile las investigaciones relativas a este fenómeno. No existe un esfuerzo conjunto de autoridades federales y locales que permita un avance eficaz en la materia.

Resulta paradójico que exista esta tendencia cuando el delito de trata de personas, ya sea para explotación sexual, de trabajo o extracción de órganos, representa el segundo delito más lucrativo en el mundo, solo debajo del narcotráfico, pues se estima tiene ganancias de 32 mil millones de dólares anuales.

La ausencia de una base de datos eficaz que permita a las autoridades competentes recabar y almacenar los datos de los menores desaparecidos ha provocado que este grave fenómeno pase inadvertido, dejando en el olvido tanto la identidad como el dolor de los familiares de las víctimas.

Lo que se propone es la emisión de una nueva Ley que permita establecer un sistema de registro de menores desaparecidos y sustraídos que compile y deje a la disposición de las autoridades correspondientes los datos esenciales para la identificación de los menores desaparecidos para con ello lograr: en primer lugar, contar con un registro fidedigno y eficaz que nos permita conocer la magnitud del problema; en segundo lugar, permitir que las autoridades cuenten con un sistema de comunicación y distribución de información de alta tecnología y especialización que facilite sus labores relacionadas con la investigación de la desaparición de menores y, por último, permitir a los familiares de las victimas tener la certeza que la información de los menores desaparecidos será usada únicamente para su localización.

Particularmente deseo dejar constancia y reconocimiento al doctor José Lorente Acosta, director del Laboratorio de Genética Identificativa y director del Programa DNA-Prokids, del Departamento de Medicina Legal, ambos de la Universidad de Granada España y de la Asociación de Apoyo a Víctimas y Grupos Vulnerables, AC, presidida por el doctor Abimelec Morales Quiroz, por su colaboración e información para la concreción de esta iniciativa.

Con la existencia de esta nueva Ley el Estado Mexicano se situaría a la vanguardia en el combate a la trata de menores, estableciendo a través de una Ley General, la obligación de contar con una base de datos que contenga la información de ADN de los menores desparecidos.

A través de esta legislación México se situaría a la par de España y Guatemala quienes cuentan con un registro forense civil que en años recientes ha tomado parte activa y relevante de las investigaciones relacionadas con los “niños robados”.

En términos de competencias constitucionales se sostiene que el Congreso de la Unión cuenta con las facultades necesarias para legislar en la materia, ya que de conformidad con el artículo 73, fracción XXX, se establece lo siguiente:

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

XXX.Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Esta facultad es entendida como la facultad genérica que permite al Congreso de la Unión legislar para permitir el cumplimiento del mandato constitucional establecido en otra disposiciones Constitucionales, es decir, a través de esta facultad extensiva se permite al órgano legislador garantiza la existencia de normas legales que permitan a los particulares el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución.

Ahora bien, en complemento a la citada facultad genérica del artículo 73, fracción XXX, arriba citada, tenemos que el artículo 4to. Constitucional dispone:

Artículo 4o.

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Lo anterior establece de manera implícita que todos los órganos del Estado están obligados a garantizar el interés superior de la niñez, entendiéndose como ese derecho la protección que un Estado debe promover para con los menores.

Para mayor sustento es necesario recordar que México forma parte de la Convención de los Derechos del Niño (instrumento ratificado por el Senado de la República el 21 de septiembre de 1989) que obliga a los órganos tanto ejecutivos como legislativos de los Estados firmantes para que a través dl ejercicio de sus facultades garanticen los derechos contenidos en dicho instrumento internacional.

Igualmente el artículo 8 de dicho tratado internacional dispone a la letra lo siguiente:

Artículo 8

Los Estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Así las cosas, existe la obligación para el Estado mexicano para que garantice en todo momento la identidad de los menores y sus relaciones familiares, lo que se pretende colmar con la emisión de esta Ley.

A través de este producto normativo se pretende tanto garantizar los derechos de la niñez, como tener un cumplimiento cabal de las obligaciones internacionales que el Estado ha adquirido.

Fundamento legal

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley General que Crea el Sistema Nacional de Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos

Ley General que Crea el Sistema Nacional de Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de carácter general y orden público que tiene por objeto crear un Sistema Nacional de Registro Menores Desaparecidos disponible para la Procuraduría General de la República, así como las Procuradurías Generales de Justicia así como del Menor y la Familia de las Entidades Federativas para el efecto de facilitar el reconocimiento de menores y las investigaciones relacionadas en los casos de desaparición y sustracción de menores.

Artículo 2. Serán principios rectores en la aplicación de esta Ley, los de legalidad, profesionalidad, seguridad, celeridad, eficiencia y el interés superior del menor.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Sistema: Sistema Nacional de Registro de Menores Desparecidos.

II. Procuraduría: procuraduría General de la Republica.

III. Procuraduría General de la República, Procuradurías Generales de Justicia, así como del Menor y la Familia de las Entidades Federativas.

IV. Autoridades: La Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de Justicia y las del Menor y la Familia de las Entidades Federativas.

V. Datos de menores: los datos de los menores desaparecidos serán: su nombre, sexo, edad, fotografía o cualquier medio grafico de representación, el nombre de los padres, su media filiación, el último lugar donde haya sido visto y, en caso de ser posible y con el consentimiento de los progenitores los datos obtenidos a partir del ADN, ya sean:

A) Muestras de ADN que hubieran pertenecido al menor desaparecido, cuando indubitablemente se puedan relacionar con él o ella.

B) Muestras de ADN de sus progenitores que acrediten de manera plena la filiación con el menor desaparecido.

C) Muestras de ADN de los menores que se encuentren a disposición de los albergues a cargo de los Sistemas DIF, tanto Nacional, Estatales y Municipales, Casas Hogar así como cualquier otra Institución Pública y Privada, incluyendo aquellos que se encuentren en procesos de adopción por Nacionales y Extranjeros.

Debiendo de igual manera ser obligatorio la toma de muestras biológicas para la atención de los perfiles de ADN de los menores que salgan del país en compañía de personas que no sean sus padres o que por sospecha fundada se dude de su identidad y parentesco, muestre que se deberá tomar al acompañante del menor.

VI. Administración: la Administración electrónica de base de datos digital del Sistema Nacional de Base de Datos de Menores Desaparecidos.

VII. Inscripción: La inscripción de datos que el sistema efectúen la procuraduría o en su caso las Procuradurías de la Entidades Federativas.

VIII. Laboratorios: A los laboratorios autorizados para la extracción de las muestras de ADN de acuerdo a la lista que para esos efectos emita la procuraduría General de la República.

Artículo 4.El Sistema será administrado por la Procuraduría permitiendo en todo momento que las Procuradurías de las Entidades Federativas y las Secretarias tengan a su disposición el ingreso para efecto de la identificación de los menores desparecidos.

Artículo 5. Las Procuradurías de la Entidades Federativas podrán incorporar al sistema de los datos de menores desaparecidos en su entidad federativa, a efectos que la información esté disponible en todo el país.

Artículo 6. La información disponible en el sistema únicamente tendrá los usos de identificación y localización de los menores desaparecidos.

Artículo 7. El sistema deberá de contar con inviolabilidad tanto electrónica como física que impidan el acceso y disposición indebida de la información que ahí se conceda, misma que deberá ser garantizada principalmente por la procuraduría y de forma subsidiaria por las Procuradurías de la Entidades Federativas.

Artículo 8. La procuraduría emitirá una lista de laboratorios autorizados para la obtención de los datos relacionados al ADN, procurando en todo momento, y en la medida de lo posible, que exista un laboratorio en cada Entidad Federativa.

Capítulo IIDel Procedimiento de Inscripción en el Sistema

Artículo 9. Cuando en el ámbito de sus competencias, tanto la Procuraduría como las Procuradurías de la Entidades Federativas, inicien una investigación relacionada con la desaparición de un menor, inscribirán en un plazo no mayor a veinticuatro horas los datos de los menores en el sistema.

Artículo 10. Los datos mencionados en los incisos A) y B) de la fracción V, del artículo 3 de esta Ley podrán ser incorporados en un plazo mayor al mencionado en el artículo anterior considerándose como plazo máximo las veinticuatro horas siguientes a que los laboratorios autorizados dejen a disposición de la procuraduría correspondiente dicha información.

Artículo 11. Los datos mencionados en los incisos A) y B) de la Fracción V, del artículo 3 de esta Ley, serán obtenidos a través de las pruebas correspondientes en los laboratorios, que serán ordenadas por la Procuraduría o las Procuradurías de las Entidades Federativas quienes asumirán el costo de los mismos.

Artículo 12. Una vez que los datos incorporados por la Procuraduría General de la República o por cualquiera de las Procuradurías Generales de Justicia, así como del Menor y la Familia de las Entidades Federativas, se encuentren en el sistema deberán de estar disponibles para la verificación inmediata.

Artículo 13. Las Procuradurías tendrán acceso al sistema únicamente para los efectos de conocer los datos de menores, y con ello participar en la localización de los menores desaparecidos.

Artículo 14. Será obligación de las Autoridades la revisión constante del sistema para que en el ámbito de su competencia colaboren en la identificación y localización de los menores desaparecidos.

Entendiéndose como revisión constate del sistema aquella que no supere las 24 horas anteriores a que se haya revisado anteriormente.

Capítulo IIIDel Acceso, Rectificación y Cancelación de los Datos de Menores

Artículo 15. Aquellas personas que ejerzan la patria potestad de los menores desparecidos podrán tener acceso a la Procuraduría o a las Procuradurías de la Entidades Federativas a efecto de rectificar la información que exista en el sistema cuando esta sea incorrecta.

Igualmente en el caso que se localice al menor, podrán tener acceso a efecto de cancelar los datos de los menores en el sistema, lo que implicara que las autoridades deberán de eliminar dicha información de manera definitiva.

Artículo 16. Una vez que haya transcurrido el plazo de quince años sin que el menor fuera localizado con la autorización de las personas que ejerzan la patria potestad se procederá a cancelar los datos del menor en el sistema.

En caso de no existir autorización de quienes ejercían la patria potestad del menor, los datos no podrán ser cancelados del sistema.

Capítulo IVDe las Infracciones y los Delitos

Artículo 17. Serán consideradas infracciones a esta Ley, aquellas cometidas por funcionarios de las autoridades que consistan en lo siguiente:

I. La omisión o el retraso en el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 9 de esta Ley.

II. La omisión o el retraso en el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 10 de esta Ley.

III. La omisión en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.

IV. La omisión en el cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de esta Ley.

Artículo 18. Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas de la siguiente manera.

I. Amonestación pública, para el caso de la primera conducta infractora.

II. Suspensión temporal sin goce de sueldo que no será mayor a tres meses, en caso de reincidencia.

III. Suspensión definitiva, en el caso de una segunda reincidencia en alguna conducta infractora.

Artículo 19. Serán sancionadas como delitos las siguientes conductas:

I. El uso indebido de los datos de los menores que haga cualquier funcionario de las autoridades, entiéndase como uso indebido aquel que no se encuentre contenido en el artículo 6 de esta Ley.

II. La réplica indebida de información contenida en el sistema por parte de funcionarios de las autoridades.

Artículo 20. La pena por la comisión de las conductas delictuosas establecidas en el artículo anterior será de 5 a 10 años de prisión.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal expedirá el Reglamento de esta ley dentro de los noventa días siguiente a su entrada en vigor.

Tercero. La procuraduría General de la República tendrá en funcionamiento el Sistema a más tardar a los ciento ochenta días posteriores a su entrada en vigor.

Cuarto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 considerará partidas suficientes para la creación del Sistema Nacional de Registro de Menores Desparecidos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al primer día del mes de octubre de 2013.— Diputados: José Francisco Coronato Rodríguez, Elvia María Pérez Escalante, Juana Bonilla Jaime, Graciela Saldaña Fraire, Luis Miguel Ramírez Rivero, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Claudia Elena Águila Torres, Roxana Luna Porquillo, José Pilar Moreno Montoya, María Guadalupe Velázquez Díaz, Víctor Manuel Manríquez González, Juan Jesús Aquino Calvo, Irazema González Martínez Olivares, Rosalba Gualito Castañeda, Silvia Márquez Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, José Luis Flores Méndez, María del Carmen García de la Cadena Romero, Ernesto Núñez Aguilar, Irma Elizondo Ruiz, Cristina Ruíz Sandoval, Laura Barrera Fortoul, María Elia Cabañas Aparicio, María Teresa Jiménez Esquivel, Humberto Armando Prieto Herrera, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, William Renán Sosa Altamira, Zita Beatriz Pazzi Maza, Patricia Guadalupe Peña Recio, Guadencio Hernández Burgos, Leopoldo Sánchez Cruz, Germán Pacheco Díaz, Lisandro  Arístides Campos Córdova, Brasil Alberto Acosta Peña, Francisco Alberto Zepeda González, Julio César Flemate Ramírez, Regina Vázquez Saut, Noé Hernández González, Joaquina Navarrete Contreras, Marcelo Garza Ruvalcaba, Frine Soraya Córdova Morán,  Marcos Rosendo Medina Filigrana, Verónica Carreón Cervantes, Marina Garay Cabada, Flor Ayala Flores Linares, Jorge del Ángel Acosta, Jesús Tolentino Román Bojórquez, Martha Gutiérrez Manríque, Dulce María Muñiz Martínez, Leobardo Alcalá Padilla, José Alberto Rodríguez Calderón, Francisco González Vargas, Víctor Hugo Velasco Orozco, Alberto Curi Naime, Marco Antonio Calzada Arroyo, María del Rocío Corona Nakamura, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Roberto Ruiz Moronatti, Ana Isabel Allende Cano, Norma Ponce Orozco, Juan Manuel Carbajal Hernández, Noé Barrueta Barón, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Javier Treviño Cantú, Fernando Salgado Delgado, Abel Octavio Salgado Peña, Héctor García García, Gabriel Gómez Michel,  Yolanda Funes Velázquez,  Maricruz Cruz Morales, Cristina González Cruz, Miguel Sámano Peralta,  Patricia Elena Retamoza Vega, Alma Marina Vitela Rodríguez, Faustino Félix Chávez, Juan Isidro del Bosque Márquez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, José Noel Pérez de Alba, Salvador Ortiz García, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Arnoldo Ochoa González, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, José Isidro Moreno Árcega, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Rafael González Reséndiz, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Benito Caballero Garza, Genaro Ruiz Arriaga, María Esther Garza Moreno, María Rebeca Terán Guevara, Flor Ayala Robles Linares, Blanca María Villaseñor Gudiño, Adriana Hernández Íñiguez, Eligio Cuitláhuac González Farías, Antonio Sosa, Eduardo Román Quian Alcocer, Arturo Cruz Ramírez, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Ramón Montalvo Hernández, María del Rocío García Olmedo, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, Oscar Bautista Villegas, José Everardo Nava Gómez, María del Carmen Ordaz Martínez, Marco Alonso Vela Reyes, Francisca Elena Corrales Corrales, María Elena Cano Ayala, Raymundo King de la Rosa, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, María Fernanda Schroeder Verdugo,  Juan Manuel Rocha Piedra, Blas Ramón Rubio Lara, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Javier Filiberto Guevara González, Gabriela Medrano Galindo, Roy Argel Gómez Olguín, Alejandro Rangel Segovia, María Celia Urciel Castañeda, Liliana Castillo Terreros, Martha Berenice Álvarez Tovar, Erick Marte Rivera Villanueva, Rubén Benjamín Félix Hays, Petra Barrera Barrera, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, José Martín López Cisneros, Margarita Saldaña Hernández, Jorge Herrera Delgado, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Mariana Dunyaska García Reyes, Tania Margarita Morgan Navarrete, Teresita de Jesús Borges Pasos, Verónica Beatriz Juárez Piña, Verónica García Reyes, Socorro de la Luz Quintana León, Elizabeth Vargas Martín del Campo, José Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital, Fernando Alfredo Maldonado Hernández, Luis Olvera Correa, Francisco Javier Fernández Clamont, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, José Rubén Escajeda Jiménez, Xavier Azuara Zúñiga, Leslie Pantoja Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa de ley a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos de la Niñez, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la importancia de las encuestas no radica solo en su valor orientativo y predictivo, sino también en su capacidad de influir en la opinión y el comportamiento de los ciudadanos que creen en ellas.

El año 2012, según cifras del Instituto Federal Electoral, se publicaron poco más de 2 mil 250 encuestas. La diferencia significativa entre lo publicado y lo alcanzado con la votación dieron origen al cuestionamiento serio respecto a si las encuestas fueron utilizadas de forma deliberada para inducir el voto. La confiabilidad de una encuesta o sondeo de opinión está directamente relacionada con el rigor metodológico de su diseño e implementación.

La legislación de México establece que las encuestas deben ajustarse a criterios científicos determinados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a cuyo secretario ejecutivo debe ser entregada una copia del estudio completo. Además, el artículo 403 del Código Penal se aplica para las sanciones a los que violen las prohibiciones de difusión y publicación de los resultados de las encuestas, incluyendo las encuestas a boca de urna.

Son muchos los actores implicados en este campo. Por un lado, compiten centros académicos de investigación con empresas comerciales nacionales y extranjeras, que usan una gama de técnicas y métodos. El grado de seriedad y precisión de las encuestas es muy variable.

Por el otro lado, los usuarios son instituciones del Estado, partidos políticos y medios de difusión, los cuales vinculan distintas intencionalidades con las encuestas: intereses científicos, intereses comerciales e intereses políticos.

En vista de lo anterior y aunado a lo sucedido en las últimas elecciones, la opinión pública se ha cuestionado acerca de la seriedad con la que se realizan los sondeos de opinión y el grado de credibilidad de los resultados publicados. La percepción del electorado es que hay una gran confusión respecto a ser informado o estar recibiendo propaganda electoral, lo cual ha generado la discusión de si es necesario fijar criterios para la publicación y uso de los estudios de opinión en los diferentes medios de comunicación.

En cuestión de regulación y normatividad ha habido hasta la fecha diversas propuestas. Algunas radicales incluyen el que se prohíba cualquier publicación de los resultados de encuestas y sondeos de opinión en todo el periodo electoral. Dicha propuesta ha sido criticada, pues se considera que va en contra de la liberad de expresión.

Una propuesta más va en torno a reportar la metodología utilizada por cada casa encuestadora para la obtención y análisis de la información. Este tema es de los que se definen en el acuerdo que emite al Comité General del IFE, y se ha intentado promover que sea elevado a formar parte del reglamento al incluirlo en el Cofipe.

El argumento del proyecto que presento se enfoca en que quienes elaboren las encuestas publiquen junto con los resultados la ficha metodológica del estudio, así como el ranking en el cual haya caído la casa encuestadora, como resultado de la aplicación de un índice de confiabilidad que permita clasificar de mayor a menor a los encuestadores, de acuerdo con los resultados publicados en sus estudios comparados con los resultados reales.

La presente propuesta pretende ser una solución que haga funcionar al mercado, pero también que otorgue mayor certeza a los usuarios respecto a la confiabilidad de la información publicada en las encuestas.

Se propone realizar cuadros comparativos de los resultados publicados por los distintos encuestadores y generar a partir de dichos resultados un índice de confiabilidad, el cual se incorpore en la opinión de los participantes, de la misma forma que se les invita a participar en el acuerdo respecto a la metodología que debe seguirse.

Al hacer pública la lista de encuestas y su índice de confiabilidad, permitirá que los usuarios conozcan el historial de qué tan acertados han sido los resultados publicados por cada casa encuestadora, lo cual podrá darles un criterio respecto a qué tanto se puede creer en cada una de ellas.

Con esta iniciativa se abre la posibilidad de que la llamada autorregulación genere mejores resultados respecto a conocer el grado de confiabilidad que se puede tener en cada casa encuestadora.

La autorregulación de las casas encuestadoras podría ser una alternativa que complemente y sea más clara y efectiva para la ciudadanía, para quienes contraten los servicios de las casas encuestadoras e incluso para las encuestadoras mismas, propiciando mayor credibilidad. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Fernando Bribiesca Sahagún, diputado federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del reglamento de la cámara de diputados, somete a consideración de esta honorable cámara de diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción 7 y adicionan las fracciones 8 y 9 al artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Puede afirmarse que el establecimiento de sistemas democráticos, el incremento y la regularidad de los procesos electorales en América Latina durante las décadas 80 y 90, así como, la alternancia en el poder en México, son posibles factores que incidieron en una explosión de encuestas de opinión pública, especialmente en épocas de elecciones. Cada vez más se utilizan este tipo de herramientas, pero no se trata sólo de encuestas electorales, sino también de encuestas de opinión política sobre distintos temas en periodos no electorales. Actualmente, la importancia de las encuestas no radica sólo en su valor orientativo y predictivo, sino también en su capacidad de influir en la opinión y el comportamiento de los actores que “creen” en ellas.

Alejandro Moreno en su ensayo El uso político de la encuesta de opinión pública. La construcción de un apoyo durante el gobierno de Salinas, menciona que una encuesta puede definirse como “una técnica que permite la recolección de opiniones y actitudes de una colectividad por medio de un cuestionario que se aplica a una muestra”. Esto implica que se lleve a cabo mediante una consulta que de preferencia deber ser oral, y aplicada a personas escogidas según principios estadísticos. Este tipo de estudios se considera importante, pues su costo y tiempo de aplicación es menor si se compara con lo que podría implicar hacer un censo; sin embargo, en la actualidad ha cobrado mayor relevancia en vista del gran impacto mediático que genera.

El año 2012 fue en el que se difundió el mayor número de encuestas en medios de comunicación con un aproximado, de acuerdo a cifras del Instituto Federal Electoral (IFE), de poco más de 2 mil 250. Ejemplo de ello puede ser la publicación diaria de algunos periódicos de encuestas sobre preferencias electorales para la Presidencia de la República; es de mencionarse también, que las mediciones sobre las preferencias electorales se fueron presentando incluso tres años antes de que se llevara a cabo la elección. Las diferencias significativas entre lo publicado en las encuestas y lo alcanzado con la votación, dieron origen al cuestionamiento serio respecto a si las encuestas fueron utilizadas de forma deliberada para inducir la emisión del voto. Es decir, como un mecanismo de manipulación electoral.

La confiabilidad de una encuesta o sondeo de opinión está directamente relacionada con el rigor metodológico de su diseño, en conjunto con la capacidad que tenga el instrumento que se use para lograr explorar, describir o explicar las opiniones sobre necesidades, actitudes y/o motivaciones de los individuos; es por este motivo que se han tornado temas de discusión los siguientes:

• El marco muestral,

• La determinación de la población objetivo,

• Las preguntas formuladas y la secuencia del cuestionario utilizado,

• El fraseo utilizado,

• La colocación de las preguntas y en particular la simulación de la repuesta en urna,

• Los incidentes en el trabajo realizado en campo,

• Los modelos de ponderación e interpretación de las respuestas,

• Las fórmulas de elaboración de escenarios de votantes probables,

• Las tasas de participación,

• Las frecuencias de evasión del levantamiento,

• Las fechas de levantamiento y publicación,

• Si se mide al candidato o al partido; y en particular

• Qué puede haber detrás de la tasa de “no respuesta”.

Estos temas, pueden ser controversiales, pero le competen más a los profesionales del ramo, y en su caso a los académicos; pero para el ciudadano común no tienen relevancia y podrían incluso sumarse como elementos de confusión y no de credibilidad si trataran de utilizarse como variables para decidir a quién creerle.

En general pueden darse dos formas de regulación de las encuestas: una referida al proceso de producción y difusión de encuestas durante los procesos electorales, y otra a la difusión de resultados de encuestas a boca de urna el mismo día de la votación.

La mayor parte de los países de América Latina cuenta con alguna forma de legislación sobre encuestas durante los procesos electorales, excepto República Dominicana y Nicaragua, que en sus respectivos códigos o leyes electorales sólo se refieren a la propaganda electoral en términos generales. Chile es el único país en el que sin ninguna mención en la Ley Orgánica de Votaciones y Escrutinios sobre el tema, es el Consejo Nacional de Televisión el que tiene a su cargo la regulación de las encuestas.

La legislación de México, por su parte, establece que las encuestas deben ajustarse a criterios “científicos” determinados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a cuyo secretario ejecutivo debe ser entregada una copia del “estudio completo”. Además el artículo 403 del Código Penal se aplica para las sanciones a los que violen las prohibiciones de difusión y publicación de los resultados de las encuestas, incluyendo las encuestas a boca de urna.

En América Latina son muchos los actores implicados en este campo. Por un lado, compiten centros académicos de investigación con empresas comerciales nacionales y extranjeras, que usan una gama de técnicas y métodos para medir el estado de ánimo de la población en un determinado momento, particularmente las intenciones de voto de la población. El grado de seriedad y precisión de las encuestas es muy variable. Por el otro lado, los usuarios son instituciones del Estado, corporaciones científicas, partidos políticos y medios de difusión (prensa escrita, radio y televisión) que vinculan distintas intencionalidades con las encuestas: intereses científicos, intereses comerciales e intereses político-estratégicos.

Otro elemento a considerar para el caso de México está relacionado con la geografía y complejidad de la distribución de la población, que propician que haya pocas empresas que cuenten con equipo de campo para la realización del levantamiento conforme a metodologías estrictas; este hecho hace más complicado el poder identificar cuáles son las encuestadoras que pueden cumplir con estándares internacionales.

En vista de lo anterior y aunado a lo sucedido en las últimas elecciones, la opinión pública se ha cuestionado acerca de la seriedad con que se realizan los sondeos de opinión y el grado de credibilidad de los resultados publicados; la percepción del electorado es que hay una gran confusión respecto a ser informado o estar recibiendo propaganda electoral, lo cual ha generado la discusión de si es necesario fijar criterios para la publicación y uso de los estudios demoscópicos en los diferentes medios de comunicación.

En México, la regulación referente a las encuestas y sondeos en el ámbito federal ha tenido una importante evolución a partir de 1993, año en el que se determinó establecer en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), las normas inherentes a la realización y difusión de encuestas electorales. Para 1996, quedó establecido en la Constitución, que el Instituto Federal Electoral (IFE) se encargaría de regular las encuestas y sondeos de opinión, este acto elevó a nivel constitucional la importancia de las encuestas en las elecciones federales. El texto dictaba lo siguiente:

Artículo 41, base III: El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales.”

En 2007 se realizó una reforma, la cual intentó preservar en su integridad el contenido del apartado que establecía la atribución del IFE de regular lo relativo a las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Sin embargo, las modificaciones se vieron plasmadas en lo que se refiere al Cofipe; de manera que el tema de la regulación de las encuestas y sondeos de opinión en materia electoral, se redactó en el artículo 237, dentro del contenido de los párrafos 5, 6 y 7 que a la letra dicen:

Artículo 237

...

“5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al secretario ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

6. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en el artículo 403 del Código Penal Federal.

7. Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios generales de carácter científico, que para tal efecto emita el Consejo General, previa consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen.”

La discusión legislativa tiene relación con el párrafo 5 del artículo mencionado, versaba en torno a que, quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, debería entregar copia del estudio completo al secretario ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. La reforma definió que una encuesta o sondeo de opinión se puede realizar desde el inicio del proceso electoral, mientras que en la normatividad abrogada, se preveía que sólo podían efectuarse desde el inicio de las campañas electorales.

Otra de las diferencias identificadas a partir de la reforma fue la redactada en el párrafo 6, en el que se estableció que queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional. Este fue un cambio significativo con respecto a la normatividad anterior que establecía una temporalidad de ocho días.

Ahora bien, una de las modificaciones que ha ocasionado mayor debate es en la que se determinó que “las personas físicas o morales que pretendan efectuar encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios generales de carácter científico, que para tal efecto emita el Consejo General, previa consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen”; la inclusión de los interesados en la emisión de los criterios hace la diferencia, pues hasta enero de 2008, se preveía que serían emitidos solo por el Consejo General del Instituto Federal. Sin embargo, las modificaciones no lograron garantizar la confiabilidad de los resultados publicados.

Puede afirmarse que con las reformas se aborda la regulación de las encuestas y sondeos de opinión, tanto a nivel legal como reglamentario. Sin embargo, dicha regulación no asegura que con la publicación de resultados sobre preferencias electorales en las campañas de partidos y candidatos, no se difunda información distorsionada o manipulada en provecho de partido o candidato alguno. De hecho, en 2012, por primera vez se introdujo este argumento como un elemento de impugnación para invalidar la elección presidencial; se dijo que “las encuestas se utilizaron como propaganda política a favor de un candidato y que incluso lograron influir en los votantes”.

Hay algunos elementos que no son claros y que pueden provocar confusión para la ciudadanía, como por ejemplo el que no se comunique que tanto “las encuestas de pre-campaña como las de campaña”, en las que se entrevista a electores, son ejercicios de estimación totalmente diferentes a las “encuestas de salida”, las cuales son las únicas que entrevistan a votantes; estos resultados han sido comparados con los llamados “conteos rápidos”, e incluso con los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IFE, cuando ambos no son ejercicios de estimación y no entrevistan a nadie, sino que acumulan información real generada por la votación.

Con base en esta problemática, se ha hecho necesario que se genere un compromiso de transparencia entre medios de comunicación y casas encuestadoras, y que ambas asuman la responsabilidad de los datos que arrojen sus mediciones; es pertinente también mejorar la comunicación de los resultados, sin que ello demerite el poder hacerlo en un contexto noticioso.

En cuestión de regulación y normatividad, han habido hasta la fecha diversas propuestas, algunas de las radicales incluyen el que se prohíba cualquier publicación de resultados de encuestas y sondeos en todo el periodo electoral; dicha propuesta ha sido criticada pues se considera va en contra de la libertad de expresión y del derecho a la información. Otro de los argumentos ha sido en que las casas encuestadoras puedan publicar siempre y cuando cuenten con una certificación; esta propuesta también ha sido cuestionada, pues no existe evidencia empírica que asegure que la certificación garantice que las estimaciones publicadas sean precisas.

Una propuesta más, va en torno a reportar la metodología utilizada por cada casa encuestadora para la obtención y análisis de la información; este tema es de los que se definen en el Acuerdo que emite el Comité General del IFE, y se ha intentado promover que sea elevado a formar parte del reglamento al incluirlo en el Cofipe. En este caso, si bien se considera que es una condición necesaria para dar mayor certeza, parece no ser suficiente para garantizar que los resultados publicados sean certeros, ya que los ciudadanos difícilmente entienden las fichas técnico-metodológicas. El argumento del presente proyecto se enfoca en que quienes elaboren las encuestas, publiquen junto con los resultados la ficha técnico-metodológica del estudio, así como el ranking en el cuál haya caído la casa encuestadora como resultado de la aplicación de un Índice de Confiabilidad que permita clasificar de mayor a menor a los encuestadores de acuerdo con los resultados publicados de sus estudios, comparados con los resultados reales.

La presente propuesta pretende ser una solución que haga funcionar al mercado y que a su vez otorgue mayor certeza a los usuarios respecto a la confiabilidad de la información publicada. Se propone realizar cuadros comparativos de los resultados publicados por los distintos encuestadores y generar a partir de dichos resultados un “Índice de Confiabilidad”, en el que se incorpore la opinión de los participantes, de la misma forma que se les invita a participar en el Acuerdo respecto a la metodología que debe seguirse. La construcción del Índice y del ranking estaría a cargo tanto del Consejo General, como de las principales casas encuestadoras o sus organismos representantes. El hacer pública la lista de encuestas y su Índice de Confiabilidad, permitiría que los usuarios conozcan el historial de qué tan acertados han sido los resultados publicados por cada casa encuestadora, lo cual podrá darles un criterio respecto a qué tanto pueden “creer” de cada una de ellas.

Es así que, además de transparentar lo relativo a los datos de identificación del responsable del estudio y su fuente de financiamiento. Así como, informar de los medios a través de los cuales se realiza la difusión o publicidad; señalar datos técnicos básicos para conocer los alcances del estudio realizado como tamaño de la población objeto de análisis, el tamaño de la muestra, técnica de selección, nivel de confiabilidad, margen de error y fechas específica del levantamiento de los datos, o de establecer las sanciones administrativas que se deben imponer a las personas físicas o morales que incumplan con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de encuestas y sondeos de opinión, la tendencia a nivel internacional abre la posibilidad de que la llamada “autorregulación” genere mejores resultados respecto a conocer el grado de confiabilidad que se puede tener en una casa encuestadora.

De acuerdo con lo antes expuesto se concluye que la autorregulación de las casas encuestadoras podría ser una alternativa que complemente y sea más clara y efectiva para la ciudadanía, para quienes contraten los servicios de las casas encuestadoras e incluso para las encuestadoras mismas, propiciando mayor credibilidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone modificar la fracción 7 y adicionar las fracciones 8 y 9 al artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y por ello se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica la fracción 7 y adiciona las fracciones 8 y 9 al artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 237:

...

7. Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios generales de carácter científico y se someterán a la aplicación de un Índice de Confiabilidad que los clasificará de mayor a menor. Tanto los criterios generales de carácter científico, como el Índice de Confiabilidad serán emitidos por el Consejo General, previa consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen.

8. El Consejo General hará público periódicamente el ranking de casas encuestadoras resultado de la aplicación del Índice de Confiabilidad.

9. La publicación de los resultados de encuestas sobre preferencias electorales de los ciudadanos o de tendencias de votación, ya sea en medios electrónicos, digitales o tradicionales, deberá ser acompañada por la publicación de la ficha técnico-metodológica con la que se efectuó el estudio, así como del ranking más actual publicado por el Consejo General.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Tanto los lineamientos para determinar el Índice de Confiabilidad como el Índice de Confiabilidad y el ranking derivado de sus resultados deberán ser elaborados y publicados por el Consejo General dentro de los 120 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.— Diputado Fernando Bribiesca Sahagún (rúbrica).»

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Fernando Bribiesca Sahagún. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Aída Fabiola Valencia. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez(desde la curul): Diputado, muchas gracias. Para poder inscribir la iniciativa que ha presentado el diputado Coronato, que sin duda alguna va a contribuir para que en este país tengamos un registro del ADN de nuestros menores. Esto sin duda también va a empezar a inhibir el robo de infantes y es un tema que tiene que suceder para aprovechar la tecnología tan avanzada que ya tenemos.

Si Guatemala ya cuenta con este registro, lo mínimo que podemos hacer y lo creo, es empujar para que la iniciativa del diputado Coronato tenga éxito, diputado. Consultarle al diputado Coronato si me la permite suscribir con él. Muchas gracias, discúlpeme, diputado Soria.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Si el proponente no tiene inconveniente, la Secretaría la pondrá a su disposición. Adelante, diputado José Luis Muñoz Soria.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el señor diputado José Luis Muñoz Soria, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, suscrita también por el diputado Roberto López Suárez.

El diputado José Luis Muñoz Soria:Muchas gracias, diputado presidente; con el permiso del pleno. Presentamos hoy una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los párrafos treceavo y catorceavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El 27 de septiembre de 1960, el presidente de la República Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, comprando con fondos públicos y deuda externa los bienes e instalaciones de las empresas transnacionales.

El 1 de septiembre de ese año, el presidente López Mateos anunció la reforma al artículo 27 constitucional, a fin de que no se otorgaran concesiones a particulares para la prestación del servicio de energía eléctrica.

El presidente Salinas de Gortari, sin reformar la Constitución, inicia la apertura de la industria eléctrica a los particulares mediante cambios a la Ley y el Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, incorporando las figuras de productor independiente, auto-abastecedor, cogenerador e importador exportador. Desde su creación, los productores independientes tendrían un crecimiento exponencial en su capacidad instalada y en la producción de energía.

En 1994 se expide el decreto por el que se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformado por el que tenía la compañía de luz en liquidación.

El pasado 10 de octubre del 2009, por decreto presidencial, Felipe Calderón declaró la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

La generación de energía eléctrica del sector público está siendo desplazada por los permisionarios privados dentro del servicio eléctrico nacional, lo que se considera es una de las causas del incremento exorbitante del precio de la energía eléctrica.

Existen diversos instrumentos internacionales que hacen referencia de una forma u otra, de manera explícita o implícita, al derecho humano a la energía eléctrica, con lo que planteamos que el servicio eléctrico deje de ser considerado como una mercancía y pase a ser establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho humano y social, que debe de ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todas las ciudadanas y ciudadanos, circunstancias que además encuentran sustento en el propio artículo 27 constitucional.

Tomando en cuenta que los derechos humanos están sujetos a su progresividad e interdependencia para su consecución efectiva, hay que enfatizar que la energía eléctrica es hoy una condición previa indispensable para el acceso de todas las ciudadanas y ciudadanos a la salud, al agua, a la educación, la información, el combate a la discriminación, los avances tecnológicos y científicos, es decir, a tener los medios para el libre desarrollo de su dignidad y la personalidad.

Por tanto, consideramos que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano y exigimos que se reconozca en la Constitución, como sucedió con el derecho al agua reconocido como un derecho humano. Nunca a nadie más debe negársele el acceso a la energía eléctrica en su vivienda.

Existen cientos de miles de quejas de usuarios ante la Procuraduría Federal del Consumidor por usuarios del servicio de energía eléctrica y se siguen multiplicando día con día, sin ser resueltas. Muchas de las facturas de luz son arbitrarias, exageradas, y no tienen que ver con los consumos de energía eléctrica de la vivienda. En otros casos, hay cortes de energía sin aviso, variaciones de voltaje que causan daños en los aparatos domésticos, y falta de mantenimiento en la infraestructura de distribución de energía.

Aunado a ello, los cortes masivos de energía eléctrica a barrios, colonias y comunidades, muchas veces van acompañados de represión y violencia, que constituyen violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como de sus derechos políticos y civiles y la criminalización de la protesta social.

En tanto que la energía eléctrica constituya un derecho humano o elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos, atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el Estado mexicano debe asumir su obligación de reconocerlo como tal en la Constitución, para lograr con ello que la electricidad llegue a todas las comunidades mexicanas y que, por hacer uso de ella, se erogue solo aquella cantidad que permita la realización de otros derechos.

Esto significa que el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, además de constituirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe reflejar el efecto de su aplicación en una tarifa social justa. Es decir, que el precio unitario que fija el Estado para el consumo de energía eléctrica por los diferentes sectores de la sociedad contribuya a la equidad social, encontrando sustento en el artículo 25 constitucional.

Por las anteriores consideraciones, proponemos a esta soberanía el siguiente proyecto: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adicionan los párrafos 13 y 14 del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Párrafo 13. Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad.

Párrafo 14. El Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica, a través de una tarifa social justa.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de 90 días se establecerá, de acuerdo a las leyes correspondientes, la tarifa social justa que deberá ser erogada por los usuarios del servicio público de energía eléctrica en sus viviendas. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de Roberto López Suárez y suscrita por José Luis Muñoz Soria, diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los párrafos treceavo y catorceavo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

En 1879, en la fábrica de hilados y tejidos La Americana, en la ciudad de León, Guanajuato, fue introducida por primera vez en México la energía eléctrica, al instalarse una planta termoeléctrica para su servicio; otras fábricas y minas también adoptaron la misma forma de producción de energía eléctrica.

Un año después fueron instalados los primeros focos en el Zócalo de la ciudad de México, poco después, la antigua calle de Plateros, hoy Madero, fue iluminada.

La Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica se encargó del alumbrado público y residencial en la ciudad de México a partir de 1881. Para 1890 había más de dos mil focos de alumbrado instalados en la capital de la República.

Para 1900 se estima que la capacidad de generación de electricidad instalada en México era de 22.3 MW, de los cuales 44 por ciento correspondía a plantas construidas por fábricas textiles en Orizaba, Veracruz, Monterrey, Nuevo León y Atlixco, Puebla. Las centrales hidráulicas crecieron más que las térmicas, por lo que fue necesario otorgar concesiones para aprovechar el líquido a los generadores de electricidad. Durante el régimen de Porfirio Díaz, las concesiones a las  empresas eléctricas privadas fueron otorgadas en algunos casos por 50 años, en otros por 97 años y, a veces, a perpetuidad.

Entre 1887 y 1911 había ya 199 empresas de luz, ubicadas principalmente en los estados de Puebla, Hidalgo, Guanajuato, San Luís Potosí, Nuevo León, México, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Campeche, Jalisco, Chiapas, Zacatecas y Tabasco. Así, la industria eléctrica evolucionó localmente, pues cada ciudad tenía su propia empresa o compañía eléctrica. Al poco tiempo, estas empresas se consolidaron como monopolios regionales, la mayoría extranjeros.

En este contexto, el 10 de septiembre de 1902, en Toronto, Canadá, se creó la empresa Mexican Light and Power Company Ltd. con capital anglocanadiense, la cual inició sus operaciones al año siguiente en las principales zonas mineras del centro del país. La inversión, de 12 millones de dólares fue una de las más grandes de la época. Para 1905 ya controlaba a las empresas: Compañía Mexicana de Electricidad, Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica y Compañía Explotadora de las Fuerzas Eléctricas de San Ildefonso, que operaban en su zona de influencia. En 1906 obtuvo nuevas concesiones del gobierno federal y de las autoridades de los estados de Puebla, Hidalgo, México y Michoacán.

En 1910 la capacidad de generación total en el país era de 50 MW., de los cuales 80 por ciento los generaba The Mexican Light and Power Company, empresa que permaneció en nuestro país 50 años más. En esa época, se dio el primer esfuerzo para ordenar la industria eléctrica con la creación de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación y Fuerza, conocida posteriormente como Comisión Nacional de Fuerza Motriz.

Después de la revolución, la idea de que existen industrias estratégicas cuya propiedad debe ser de la nación entera quedó plasmada en la Constitución de 1917. La resistencia del monopolio privado a sacrificar sus altos beneficios económicos, por el mayor bienestar social y el creciente reclamo nacional de otorgar a la industria eléctrica un carácter prioritario, obligaron a las autoridades mexicanas a tratar de regular y controlar esta industria.

El presidente Álvaro Obregón creó la Comisión para el Fomento y Control de la Industria de Generación de Fuerza Eléctrica en 1923, que puso en práctica algunas acciones para restringir tanto el monopolio como las ganancias excesivas.

El presidente Plutarco Elías Calles, en 1926, mediante reforma constitucional, le otorgó al Congreso la facultad para legislar en materia eléctrica, por ser de utilidad pública, y se expidió el Código Nacional Eléctrico, que permitió al gobierno controlar las concesiones y establecer los requisitos técnicos para la construcción, el manejo y la conservación de las instalaciones eléctricas. Asimismo, la reforma al Artículo 73 de la Constitución, otorgó al Congreso Federal la facultad de legislar en materia de electricidad, declaró a la industria eléctrica de utilidad pública, así como la exclusiva jurisdicción del Poder Federal en la reglamentación, regulación y vigilancia de la generación de energía eléctrica por medios industriales, en los requisitos técnicos para la construcción, manejo y conservación de las instalaciones, así como para la generación, transformación, transmisión, distribución y utilización de dicha energía; además, reguló las tarifas y obligó a las empresas generadoras a firmar contratos de suministro con los consumidores.

Abelardo L. Rodríguez, presidente constitucional substituto en 1933, fue quien consideró por primera vez a la electricidad como actividad y utilidad pública. También envió al Congreso de la Unión la iniciativa para autorizar al titular del Ejecutivo Federal la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero la presión de las empresas transnacionales por mantener el monopolio fue tan fuerte que lograron posponer dicha iniciativa cuatro años más.

En 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes, y solamente tres empresas ofrecían el servicio de energía eléctrica a siete millones de mexicanos, que representaban el 38 por ciento de la población. La oferta no satisfacía la demanda, las interrupciones en el servicio eran constantes y las tarifas muy elevadas, situaciones que no permitían el desarrollo económico del país. Las empresas se dedicaban principalmente a los mercados urbanos más redituables sin contemplar en sus planes de expansión a las poblaciones rurales, donde todavía habitaba el 67 por ciento de la población.

Ante estos hechos, y con el propósito de construir plantas generadoras para satisfacer sin fines de lucro la demanda existente, el Presidente Lázaro Cárdenas decretó en Mérida, Yucatán, el 14 de agosto de 1937, la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo fundamental de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica sin propósito de lucro y en beneficio del interés general.

Entre 1937 y 1943 las empresas privadas habían dejado de invertir y la nueva empresa pública se vio obligada a generar energía para que aquéllas la revendieran. Fue así que la CFE, que en 1938 tenía una capacidad de apenas 64 KW, creció de tal modo que para 1946 alcanzó los 45 MM.

En ese mismo periodo, el crecimiento promedio anual de la industria eléctrica privada fue de menos del uno por ciento porque disminuyeron sus inversiones, quizás porque ya habían concluido la construcción de las plantas generadoras necesarias para abastecer a las áreas rentables, lo que agudizó el conflicto de intereses entre el Estado mexicano, las empresas eléctricas extranjeras y la opinión pública. El vacío dejado por los particulares fue llenado por la CFE. Fue así cómo el gobierno mexicano prosiguió con el control de los principales recursos hidráulicos fuentes de energía eléctrica y comenzó a construir nuevas plantas, pues las empresas extranjeras ya no hacían inversión alguna.

En 1949 se establecen las bases para el funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, que ayudaron a precisar sus objetivos, entre otros, la función de coordinar la industria eléctrica en México. Posteriormente, en ese mismo año, el Presidente Miguel Alemán expidió el Decreto que hizo de la Comisión Federal de Electricidad un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El 27 de septiembre de 1960, el Presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica comprando con fondos públicos y deuda externa los bienes e instalaciones de las empresas transnacionales. El gobierno adquirió en 52 millones de dólares 90 por ciento de las acciones de la canadiense The American Light and Power Company y se comprometió a pagar sus deudas, que ascendían a 78 millones de dólares. Por 70 millones de dólares obtuvo las acciones de la estadounidense American and Foreign Power Company. Además, el gobierno los comprometió a invertir ese dinero en México para evitar que todo ese capital saliera del país. Al adquirir la Mexican Ligth and Power and Company, el país recibió 19 plantas generadoras que servían al Distrito Federal y a los estados de Puebla, México, Michoacán, Morelos e Hidalgo; 16 plantas hidráulicas y 3 térmicas; 137 km. de línea de transmisión de doble circuito trifásico en el sistema de 220 KW; dos subestaciones transformadoras, la de cerro Gordo, México, y El Salto, Puebla; 38 subestaciones receptoras conectadas a la red de transmisión de 85 y 60 KV; gran número de bancos de transformadores; 4,500 km. de líneas primarias de distribución de 6 KV; 11 mil transformadores de distribución con capacidad de 670 mil KVA; y 6,800 km. de líneas de baja tensión. Entre las plantas hidroeléctricas se obtuvieron: Necaxa, Patla, Tezcapa, Lerma, Villada, Fernández Leal, Tlilán, Juandó, Cañada, Alameda, Las Fuentes, Temascaltepec, Zictepec, Zepayautla y San Simón; entre las plantas termoeléctricas: Nonoalco, Tacubaya y Lechería. Además la nación recibió el edificio situado en la esquina de Melchor Ocampo y Marina Nacional de la ciudad de México y todos los inmuebles y muebles de las estaciones y plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, así como equipos y materiales de oficina.

El primero de septiembre de este año, el presidente López Mateos anunció la reforma al Artículo 27 constitucional, a fin de que no se otorgaran concesiones a particulares para la prestación del servicio público de energía eléctrica: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.

La Mexican Light and Power Company Ltd. se convertirá en Compañía de Luz y Fuerza del Centro, SA, en 1963.

Para 1971, la CFE tenía una capacidad instalada de 7,874 MW. En esta década todos los sistemas de transmisión de energía eléctrica se encontraban interconectados, excepto Baja California y Yucatán (que se incorporaron al Sistema Interconectado Nacional en 1990, quedando, por fin, cubierta casi la totalidad del territorio mexicano por el sistema de transporte de energía.  Durante la década de los 70 también se logró unificar la frecuencia eléctrica en 60 hertz en todo el país.

En diciembre de 1974, el Presidente Luís Echeverría Álvarez promovió una reforma al Artículo 27 de la Constitución, en donde se otorgará exclusivamente a la nación el aprovechamiento de los materiales radioactivos y combustibles nucleares necesarios en la producción de energía atómica, que es indispensable en el proceso de instalación y operación de plantas nucleares generadoras de energía eléctrica. Con esta adición, México tomó para sí el dominio total de los energéticos, dando además al mundo una prueba palpable del pacifismo mexicano. Al mismo tiempo, se decreta la disolución y liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A., al igual que sus subsidiarias, con lo que se pretendía la integración total de la industria eléctrica.

En 1975 se decreta la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica

El 21 de diciembre de 1989 se reformó la Ley del Servicio Público de Energía: “Artículo Único.- Se reforma el artículo cuarto transitorio [...] Artículo Cuarto Transitorio.- Las empresas concesionarias, entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas. Concluida la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, SA, y sus asociadas Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, SA, Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, SA, y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, SA, el ejecutivo Federal, dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio que han venido proporcionando dichas Compañías. El decreto de creación del organismo establecerá, con arreglo a esta disposición, la estructura, organización y funciones que tendrá el propio organismo para el adecuado cumplimiento de sus fines”.

El presidente Salinas de Gortari, sin reformar la Constitución, inicia la apertura de la industria eléctrica a los particulares mediante cambios a la ley y reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica incorporando las figuras de productor independiente, autoabastecedor, cogenerador e importador-exportador. Desde su creación, los “productores independientes” tendrán un crecimiento exponencial  en su capacidad instalada y en su producción de energía.

En 1994 se expide el decreto por el que se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformado por el que tenían las compañías de luz en liquidación.

El Pasado 10 de Octubre de 2009, por decreto Presidencial, Felipe Calderón declaró la extinción y liquidación de “Luz y Fuerza del Centro”

Este proceso de privatización silenciosa irá haciendo nulo el esfuerzo de los gobiernos anteriores, de Madero a López Portillo, con excepción de Huerta y Alemán, por alcanzar una soberanía energética y por redistribuir en la sociedad los recursos generados por la industria eléctrica. En el año 2000, cada vez más, estos recursos regresan no a la sociedad como lo quiso el presidente López Mateos, sino a las manos de particulares principalmente extranjeros.

Estado actual del sector eléctrico

La generación de energía eléctrica del sector público está siendo desplazada por los permisionarios privados dentro del servicio eléctrico nacional

En el servicio público, la generación de electricidad pasó de 191.4 miles de GWh en 2000 a 157 miles de GWh en 2009 y los permisionarios, en esos mismos años, de 12.9 miles de GWh a 105 .9 GWh, respectivamente.

El dominio del mercado eléctrico mexicano por parte de los permisionarios, también se muestra en la capacidad de generación de electricidad.

Los permisionarios tenían en 2000 una capacidad de generación de sólo 10.7 por ciento del total nacional y esta misma se incrementó en 2009 a 35.2 por ciento. Mientras que el servicio público no incrementó su capacidad, los permisionarios si lo hicieron en más de cinco veces, especialmente los productores independientes (PIEs).

Entre las empresas que venden electricidad a la CFE algunas tienen contratos a 25 años.

Iberdrola, que a esa fecha concentró una capacidad de 4.2 miles de MW; EDF Internacional, con capacidad de 1.8 miles de MW, Unión Fenosa, 1.5 miles de MW, y Mitsubishi, con 1mil MW, entre otras.

Los contratos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía a los permisionarios se extienden hasta el año 2041 pero pueden ser renovados.

De 1992 a diciembre de 2009, los permisionarios se beneficiaron con ingresos por 268 mil millones de pesos. De 2010 a 2041, con la infraestructura actual, recibirán cinco veces más, es decir, hasta 1.32 billones de pesos.

Entre 2000 y 2009, el Gobierno Federal aumentó el subsidio de 37.4 a 91.3 miles de millones de pesos en CFE.

Considerandos

En el artículo 1o. constitucional se establece que todas las personas gozarán de los dererechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; siendo las autoridades las que tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; además el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Es de resaltar que se contemplan no solo los tratados cuya naturaleza y esencia sea de derechos humanos, sino las disposiciones que contengan tales derechos.

Existen diversos instrumentos internacionales que hacen referencia de una forma u otra, de manera explícita o implícita, al derecho humano a la energía eléctrica, por lo que planteamos enérgicamente que el servicio eléctrico deje de ser considerado como una mercancía y pase a ser establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todos los ciudadanos y ciudadanas, circunstancias que además encuentran sustento en el propio artículo 27 Constitucional.

Tomando en cuenta que los derechos humanos están sujetos a su progresividad e interdependencia para su consecución efectiva, hay que enfatizar que la energía eléctrica es hoy una condición previa indispensable para el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la salud, el agua, la educación, la información, el combate a la discriminación, los avances tecnológicos y científicos, es decir, a tener los medios para el libre desarrollo de su dignidad y su personalidad.

Entre los tratados internacionales que contemplan el derecho humano a la energía eléctrica, de forma explícita o implícita, están:

-La Declaración Universal de los Derechos Humanos.Es el documento en el que se basa todo el sistema internacional de derechos humanos. Es una declaración esencial cuyo contenido y significado establecen los principios fundamentales que rigen esta materia en todo el mundo. La Declaración afirma que:

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad [...] Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” .

-El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual manifiesta en su Preámbulo que:

“...no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos [...] Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos  los  medios  apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.”

En el contexto de las fuentes de energía, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que:

“Todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.”

Por otro lado, establece que:

“Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”

Por lo que cabe hacer énfasis en el concepto de, que significa disponer de un lugar donde poder convivir, protegerse, e incluso aislar si se desea, para lo que se requiere de un espacio adecuado, con seguridad, ventilación e iluminación adecuadas, es decir, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos.

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité de Expertos que revisa los compromisos de los gobiernos, como el de México, de respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que:

“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia [...] Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso.”

-La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, establece en su artículo 14, inciso h):

  “Gozar  de  condiciones  de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones”.

-La Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad, establece que el progreso científico y tecnológico se ha convertido en uno de los factores más importantes para el desarrollo de la sociedad humana, por tanto, el derecho de las personas a disfrutar del uso de la energía eléctrica como un avance científico y tecnológico resulta fundamental, en este sentido se establece que:

“Todos los Estados adoptarán medidas con objeto de garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población [...] extender a todos los estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología [...] tomar las medidas necesarias, incluso de orden legislativo a fin de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas.”

Por tanto, los Estados como México, están comprometidos a reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contemplados en nuestra Carta Magna y Tratados Internacionales.

En nuestro país, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro proporcionan el servicio de energía eléctrica a 36.6 millones de usuarios, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio anual de más de 5.8 por ciento, durante los últimos diez años.

Usuarios por sector (porcentaje)

Por lo tanto, 88.46 por ciento de usuarios corresponde al sector doméstico, quienes consumen el 25 por ciento del total de la energía eléctrica, y cuya población atendida con servicio eléctrico es de 99 millones (de un total de 112), lo que implica que hoy día, casi 89  por ciento del pueblo mexicano cuenta con ese servicio. Cabe resaltar que el sector industrial representa sólo el 0.75 por ciento de usuarios y consume el 58.78 por ciento del total de energía eléctrica.

Por tanto, consideramos que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano y exigimos que se reconozca en la Constitución, como sucedió con el derecho al agua. Reconocida como un derecho humano, nunca a nadie más debe negársele el acceso a la energía eléctrica en su vivienda.

Existen cientos de miles de quejas de usuarios ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por usuarios del servicio de energía eléctrica y se siguen multiplicando día con día sin ser resueltas. Muchos de las facturas de luz son arbitrarias, exageradas y no tienen que ver con los consumos  de energía eléctrica de cada vivienda; en otros casos hay cortes de energía sin aviso, variaciones de voltaje que causan daños en los aparatos domésticos y falta de mantenimiento en la infraestructura de distribución de energía; aunado a ellos, los cortes masivos de energía a barrios, colonias y comunidades, muchas veces van acompañados de represión y violencia, que constituye violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como a sus derechos políticos y civiles y la criminalización de la protesta social.

Es de comentar que la infraestructura de generación hidroeléctrica y geotérmica del país, aporta 35.56 por ciento de la producción total nacional, y representa una riqueza del pueblo, producto de su esfuerzo histórico y está completamente asociada a la soberanía de la nación.

Al cierre de 2012 el costo medio de generación de cada KWH por éstas tecnologías, es de 54 centavos, M.N., y no está atado al costo inestable de los energéticos de origen fósil.

Por ello es menester desligar de la lógica con que se determina el costo del consumo eléctrico y energético en general, los precios fluctuantes del petróleo y el gas para vincularlo a la lógica de la producción hidráulica y geotérmica nacional, que constituye un medio propio de subsistencia de todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanos.

El consumo doméstico en el país representa 25 por ciento del conjunto del consumo nacional total. La generación hidroeléctrica hoy se encuentra subutilizada y con déficit de mantenimiento. Siendo, como es, que en la actualidad se determina el precio de la energía eléctrica, y derivado de ello la política pública de tarifas a los usuarios, en virtud de la lógica de mercados mundiales de generación eléctrica, que por la vía de la importación de insumos y la inversión extranjera directa buscan el abasto vía tecnologías de ciclo combinado y nuevas técnicas aplicadas a las energías renovables (atadas a su vez a nuevas inversiones que promueven la sustentabilidad y la obtención de bonos de carbono), se ha desatendido un área de producción sustentable que una vez rehabilitada la actual infraestructura, y sin mayores futuras inversiones más que las que impliquen su buen funcionamiento, puede garantizar lo que señala el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.”

La electricidad es una condición material previa a la satisfacción del derecho al agua, a la salud, la educación, la vivienda, la información, y es, asimismo, un recurso disponible hoy a través de la generación hidráulica y geotérmica.

Como se ha dicho, y desde la perspectiva de los derechos humanos, los gastos personales o los familiares no deben impedir ni comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, para cubrir los gastos de energía eléctrica no debe sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, la salud, educación, etcétera, como actualmente ocurre en varias entidades del país.

En tanto que la energía eléctrica constituya un derecho humano, o elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos humanos, atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, el Estado mexicano debe asumir su obligación de reconocerlo como tal en su Constitución Política, para lograr con ello que la electricidad llegue a todas las comunidades mexicanas y que, por hacer uso de ella, se erogue solo aquella cantidad que permita la realización de otros derechos.

Esto significa que el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, además de incluirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe reflejar el efecto de su aplicación en una Tarifa Social Justa, es decir, que el precio unitario que fije el Estado por el consumo de energía eléctrica para los diferentes sectores de la sociedad, contribuya a la equidad social, encontrando sustento en el artículo 25 Constitucional.

Por las anteriores consideraciones propongo a esta soberanía el siguiente proyecto de iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adicionan los párrafos treceavo y catorceavo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se los párrafos treceavo y catorceavo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como siguen:

Artículo 4o. ...

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Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad.

El Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica, a través de una tarifa social justa.

Transitorios

Primero: La presente entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo:En un plazo de 90 días, se establecerá de acuerdo a las leyes correspondientes la tarifa social justa, que deberá ser erogada por los usuarios del servicio público de energía eléctrica en sus viviendas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.— Diputados: Roberto López Suárez, José Luis Muñoz Soria, Roxana Luna Porquillo, Erick Marte Rivera Villanueva (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado José Luis Muñoz Soria. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón:Con su permiso, presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y se adiciona la fracción IV y V del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta iniciativa debe considerarse como una oportunidad y un reto para poder legislar en materia de acceso seguro a Internet por parte de niñas, niños y jóvenes.

Para la media de los niños y jóvenes encuestados en el estudio, la generación interactiva en Latinoamérica, navegar solos por Internet es la opción mayoritaria en niños de 10 a 14 años. Y el 20 por ciento de estos niños reconoce fingir ser otra persona cuando está chateando.

El 30 por ciento de estos niños ha quedado en la vida real con alguien que ha conocido a través de Internet y en el caso de nuestro país, en México, eso se agudiza, ya que niños entre 6 y 9 años en zonas rurales responden que en un 30 por ciento navegan solos por Internet, un 22 por ciento lo hace acompañado de un amigo, 19 por ciento lo hace acompañado de un hermano y un 11 por ciento acompañado de su padre o de su madre, y tan solo un 14 por ciento lo hace acompañado de un profesor.

Compañeras y compañeros diputados, con esta información se advierte que hay un peligro en muchas niñas, niños y jóvenes que acceden a información no apta para su edad, o —en el peor de los casos— son contactados por personas adultas para fines peligrosos e ilícitos. De hecho uno de cada tres jóvenes reconoce que ha tenido un amigo virtual y que no lo conoce en persona.

Los mundos virtuales y las redes sociales para niños y jóvenes se han convertido en el modus operandi en sus comunicaciones. Los niños no solo conocen a nuevos niños, sino que profundizan en sus relaciones con personas virtuales.

En México, el estudio de consumo en Internet —en julio del 2008— revela que el Internet es actualmente el tercer medio más utilizado en México después de la televisión y el radio, donde el usuario pasa alrededor —fíjense— un niño pasa alrededor de 4.49 horas cada vez que se conecta a Internet, de los cuales lo hace de manera activa en 3.56 horas por cada ocasión que está frente a una computadora.

Derivado de estos riesgos de acceso a Internet por parte de niñas, niños y jóvenes, para fortalecer las diversas medidas implementadas a partir del 2008, para contrarrestar las alarmantes cifras de delitos cometidos, la presente iniciativa pretende reformar el artículo 7, en su fracción III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expida normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones y aquellas relacionadas con el acceso a Internet seguro, para que niñas, niños y adolescentes puedan tener controlada esta tarea que llevan todos los días.

De igual forma, esta iniciativa adiciona la fracción IV al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de otorgar facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para efectos de regulación de las especificaciones y requerimientos en la instalación y operación del servicio de Internet destinado a usuarios menores de edad en todos los espacios públicos.

Por último, también adicionar una fracción V al artículo y ley, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga atribuciones en materia de vigilancia y sanción, en coordinación con las autoridades de los estados, del Distrito Federal, de los municipios y de los órganos político-administrativos, para el cumplimiento de las leyes y normas oficiales mexicanas.

Como legislador federal y miembro de la iniciativa 10 por la Infancia, que atinadamente ha impulsado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, a través de su consejo consultivo y la Red de los Derechos de la Infancia en México, espero que la presente iniciativa contribuya al fortalecimiento y al sano desarrollo y seguridad de niñas, niños y jóvenes que utilizan el Internet. Muchísimas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 7o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del PAN

Planteamiento del problema

Hoy más que nunca se afirma que la Internet como herramienta indispensable de comunicación, se ha convertido en una parte fundamental en la vida de  miles de millones de niñas, niños y adolescentes, a quienes expertos en el tema han denominado generación internauta, interactiva o net.

En su denominación, se coincide que la Internet es la red de redes que integrada por usuarios, proveedores de acceso, proveedores de hosting y de housting, es una vía idónea de información y también de riesgos tratándose de usuarios menores de edad, por la falta de garantías de seguridad, como los que a continuación se enlistan:

• Acceso a páginas de contenido para adultos con material sexual explícito e implícito;

• Juegos de azar;

• Escenas de violencia;

• Consumo de drogas y alcohol; y

• Comunicación con personas desconocidas que tiene como objetivo de conversación el engaño y la seducción.

• Abuso en cualquiera de sus manifestaciones, entre otros.

En el estudio La generación interactiva en Iberoamérica 2010. Niños y adolescentes ante las pantallas, de Xavier Bringué, Charo Sádaba y Jorge Tolsá, Colección Generaciones Interactivas -Fundación Telefónica, citado por Amaia Arribas y Octavio Islas en el artículo “Niños y jóvenes mexicanos ante internet”, publicado en Razón y Palabra 67, primera revista digital en Iberoamérica especializada en comunicología, da cuenta de la información siguiente:

De los 22 mil niños y adolescentes entrevistados pertenecientes a siete países latinoamericanos, entre los que se encuentran México (se encuestaron a 8,927 niños desde primer grado hasta secundaria, en su gran mayoría en colegios públicos), Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela. El informe revela que el 42 por ciento de los niños iberoamericanos encuestados de 11 años prefieren Internet a la televisión, y el porcentaje sube hasta el 60 por ciento en el rango de adolescentes entre 14 y 15 años.

Para los niños y adolescentes iberoamericanos estar “desconectado” o no tener acceso a Internet significa estar prácticamente “muertos”, socialmente hablando.

Usos más frecuentes y contenidos más visitados

El uso de Internet aparece estrechamente vinculado a la posibilidad de comunicarse con los demás. Datos del estudio sobre las generaciones interactivas en Iberoamérica, revelan sin embargo que los niños mexicanos no presentan un uso intensivo de herramientas como el Messenger, el correo electrónico o el envío de SMS: para seis de cada diez menores, Internet les es útil para navegar por la web y descargar contenidos; cuatro de cada diez encuentran interesante poder compartir fotos y videos,  jugar de forma virtual con otros usuarios.

Tan importante es el uso que se hace de Internet como los contenidos más visitados. Podemos clasificar los contenidos en cuatro ejes: relativos al ocio (música, juegos, humor, deportes, aficiones... ); relativos a la educación y cultura (vinculado al desarrollo de tareas escolares); contenidos calificados para adultos, y otros contenidos como una alternativa a aquellas visitas que no se pueden clasificar en las anteriores. Los resultados revelaron que a los niños y adolescentes iberoamericanos visitan sobre todo aquellas páginas que les proporciona experiencias de ocio. La búsqueda del entretenimiento a través del consumo de contenidos relacionados con el ocio está fuertemente contrapuesto a la posibilidad de encontrar en la red una fuente de conocimientos educativos y culturales (sólo dos de cada diez menores lo hacen).

La edad y el sexo determinan además el tipo de páginas que visitan dentro de cada bloque de contenidos. Así, los niños de edad más temprana prefieren buscar contenidos relacionados con juegos, y el acceso a otros contenidos de ocio aumenta con la edad. En cuanto a sexo, las niñas se decantan por los contenidos musicales y educativos mientras que los niños prefieren los contenidos de deportes y relacionados con software e informática, así como todo aquello que esté relacionado con el humor. Por otro lado, los contenidos cuya preferencia de acceso no está afectada en función del género de los usuarios son las noticias, concursos y programas de televisión.

La siguiente tabla refleja las respuestas de los 20,941 escolares de 10 a 18 años ante la pregunta “¿Cuáles de los siguientes contenidos acostumbras a visitar?”.

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¿Qué está pasando en México?

La tenencia de computadora en los niños mexicanos en sus hogares en zonas urbanas alcanza cerca del 70 por ciento, en cambio más de la mitad de los menores en zonas rurales afirma no usar ninguna computadora por lo que queda de manifiesta una enorme desigualdad de lo rural frente a la ciudad.

Entre los menores mexicanos que usan Internet, el lugar de acceso más habitual es el hogar (casi 40 por ciento de los casos), mientras que el 32 por ciento de los niños rurales lo hace desde la escuela. Su uso en casa entre semana, en el caso de los jóvenes mexicanos del entorno rural que disponen de acceso a Internet, es diferente al fin de semana: de lunes a viernes un 15 por ciento afirma no usar la red, y un 7 por ciento lo hace menos de una hora, mientras que los heavy users declaran que usan Internet más de dos horas, pero sólo el 11 por ciento de los casos.

En México, según el último Estudio de consumo e Internet del IAB (Interactive Advertising Bureau –http://www.iabmexico.com-), llevado a cabo por Millward Brown y TGI™, publicado en julio de 2008 en México, revela que Internet es actualmente el tercer medio más utilizado en México, después de la televisión y la radio, donde el usuario pasa alrededor de de 4.49 horas cada vez que se “conecta a Internet”, de los cuales lo hace de manera activa durante 3.56 horas por ocasión. De acuerdo a los datos de penetración de Internet proporcionados por TGI, 3 de cada 10 mexicanos acceden a este medio. Otro dato relevante según esta fuente es que cada vez más mexicanos tienen acceso a Internet, siendo utilizado ya por más del 20 por ciento de la población y más del 26 por ciento en zonas urbanas.

Si bien para la media de los niños y jóvenes encuestados de los países participantes en el estudio La generación interactiva en Latinoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas, navegar solo por Internet es la opción mayoritaria entre los niños de 10 a 14 años y de éstos, el 20 por ciento reconoce fingir ser otra persona en los chats; el 30 por ciento ha quedado en la vida real con alguien que ha conocido en Internet, en México se agudiza ya que, los niños de 6 a 9 años de las zonas rurales responden en un 30 por ciento que lo hacen solos, un 22 por ciento con algún amigo, un 19 por ciento con algún hermano, un 11 por ciento con su padre, un 13 por ciento con su madre y un 14 por ciento con un profesor. En la zona urbana mexicana, para los jóvenes y niños navegar por Internet es una experiencia autónoma en relación a la media latina.

Esta información nos advierte el peligro que hay para muchos niños que acceden a información no apta para su edad, o en el peor de los casos, son contactados por personas adultas para fines peligrosos. De hecho, uno de cada tres jóvenes reconoce que tiene un amigo virtual y que lo ha conocido en persona.

Los mundos virtuales y las redes sociales para niños y jóvenes se han convertido en el modus operandi de sus comunicaciones: los niños no sólo conocen a nuevos niños y profundizan en sus relaciones con estos niños que acaban de conocer en Internet, sino que también prolongan sus relaciones con niños que ya conocen en la vida “normal”.

Un 40 por ciento de los niños y jóvenes mexicanos rurales cree que tiene un nivel medio de experiencia y pericia en la Red, y un 32 por ciento estima que su nivel es avanzado por lo que se creen seguros en ella; sólo un 13 por ciento se considera expertos, y por el contrario un 12 por ciento como principiantes, donde curiosamente en la ciudad, el 23 por ciento de los adolescentes mexicanos se considera principiante.

La familia adopta el papel de mediador frente a la red en el sentido de que ejercen algún tipo de protección cuando sus hijos navegan en Internet. Así, el 61 por ciento de los adolescentes mexicanos de las zonas rurales sus papás les preguntan qué hacen, al 47 por ciento les echan un vistazo, a un 11 por ciento les ayudan, y sólo otro 11 por ciento se sientan con ellos a ver qué páginas visitan.

También resulta muy interesante ver las prohibiciones que los papás hacen a sus hijos para navegar en Internet. Por ejemplo, al 61 por ciento de los jóvenes del ámbito urbano sus papás no les dejan comprar, y a un 67 por ciento no les permiten dar información personal. Un 21 por ciento afirmó que sus padres no quieren que contesten encuestas por Internet, y tampoco les permiten enviar mensajes SMS a celulares en un 15 por ciento de los jóvenes. Con menor incidencia, la prohibición de que jueguen o vean videos por Internet (6 por ciento y 11 por ciento, respectivamente). En cambio, hay que destacar que existe un 13 por ciento que afirma no tener ningún tipo de restricción paterna para navegar por Internet, es decir, lo hace libremente y sin supervisión.”

De acuerdo con informes de México sobre los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y a la participación de niños en conflictos armados –México: Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, 2011, página 14–, se reconoce:

II. Información general

13. En el monitoreo de Internet que realiza la Policía Federal Preventiva, a través de la Unidad de Delitos Cibernéticos y Contra Menores, se han encontrado 1.347 sitios que exhiben pornografía infantil, de los cuales 310 son mexicanos.

14. La Unidad de Delitos Cibernéticos y Contra Menores calcula que el 73,6 por ciento de las imágenes pornográficas que muestran los sitios mencionados son de niñas y el 26,4 por ciento de niños.

15. Asimismo, se estima que las niñas, niños y adolescentes utilizados en dichos sitios tienen las siguientes características:

a) 41 por ciento tiene entre 12 y 17 años de edad;

b) 38 por ciento tiene entre 8 y 12 años de edad;

c) 14 por ciento tiene entre 4 y 8 años de edad;

d) 7 por ciento tiene entre 0 y 4 años de edad;

e) 79 por ciento son caucásicos;

f) 12 por ciento son latinos;

g) 6 por ciento son asiáticos;

h) 3 por ciento son de raza negra.

Por otro lado, con base en el resultado de la encuesta Usuarios de Internet en México de 2012, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 32.2 por ciento de los hogares del país contaba con una computadora, lo cual representó un incremento del 8.9 por ciento con respecto al 2011. Asimismo, que el 26.0 por ciento de los hogares contaba con una conexión a Internet, el servicio más característico de las TIC, mostrando un crecimiento del 13.4 por ciento respecto al 2011. La citada encuesta reporta que 44.7 millones de personas que usaban una computadora; de los cuales dos de cada tres se agrupaba en el rango de 12 a 34 años de edad, y al caracterizar al total de usuarios por género, se observó una distribución cercana entre mujeres (49.0 por ciento) y hombres (51.0 por ciento). Las computadoras en México tienen uno o más usos, pero principalmente en actividades escolares (51.8 por ciento de los usuarios), le siguen las vinculadas con actividades de comunicación (49.3 por ciento); las de entretenimiento (39.5 por ciento) y las laborales (30.2 por ciento). El número de usuarios de Internet tuvo un incremento del 8.8 por ciento entre el 2011 y 2012, al pasar de 37.6 a 40.9 millones de personas. Al igual que en el caso de la computadora, la mayor parte de quienes utilizaban Internet, se concentró en los jóvenes de 12 a 34 años, con una participación del 64.1 por ciento y sobre los usos que le dan al servicio de Internet, predominaron tanto los referidos a obtener información de carácter general como los que la utilizaron para realizar actividades de comunicación (59.7 por ciento) seguido del grupo que la utilizó como apoyo a las actividades escolares (31.1 por ciento).

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el 4 de marzo de 2012 en el marco de generar una nueva cultura de protección de datos personales a través del Consejero Ángel Trinidad Zaldívar, reveló que “al menos el 36 por ciento de los adolescentes mexicanos, de entre 12 y 18 años de edad, que navegan en internet, asegura haber publicado fotos suyas en poses provocativas. De acuerdo con registros sobre el uso de internet en nuestro país, el universo de internautas ubicados en ese rango de edad es de aproximadamente de 10 millones. El 45 por ciento de niños, niñas y adolescentes tiene la computadora en su habitación y el 30 por ciento han publicado datos personales, como: dirección, teléfono, nombre de la escuela y fotos familiares; asimismo, que el 43 por ciento no considera peligroso ir a una cita con una persona que conoció en internet. Por supuesto que todo esto da pie a que se cometan muchos crímenes tales como secuestro, abuso o maltrato físico y robo, ya que facilita a los criminales la obtención de datos.”

Como parte de las acciones para revertir las alarmantes cifras de los ilícitos cometidos a niñas, niños y adolescentes derivados del uso de internet, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Adolescencia, (UNICEF), a través de su informe Seguridad Infantil en Internet: Retos y Estrategias Globales, del 13 de abril de 2011, detalla que existen más de 16.700 páginas web que muestran imágenes de abusos a niños, de los que el 73 por ciento son menores de diez años.

El citado informe ha pretendido desde su presentación, proporcionar una mejor comprensión de los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes en internet, y un marco para protegerlos de amenazas como el ciber acoso y la exposición a imágenes de abusos, el grooming, entre otras acciones y de forma paralela, reconocer los múltiples beneficios de Internet en la educación, la socialización y el entretenimiento, así como en los derechos de los niños a acceder a dicho servicio.

De forma particular, el UNICEF reconoció que “no es posible eliminar todos los riesgos que existen en el entorno online. Es un espacio demasiado grande, sin gobierno, en evolución, con una industria creativa publicitaria en crecimiento como para estar siempre sujetos al tipo de controles que son necesarios para proteger completamente a los niños; tampoco es deseable que se controle de manera excesiva, ya que destruiría la esencia de internet y sus muchos beneficios”. Como parte de las acciones que se recomiendan para lograr un entorno, se encuentran:

Enseñar a los niños a protegerse por sí mismos;

Acabar con la impunidad de quienes lo acosan;

Reducir el acceso al material dañino; y

Apoyar la recuperación de las víctimas.

Ahora bien, en nuestro país tanto gobierno como sociedad civil organizada, han contribuido con una serie de acciones para contrarrestar la proliferación del delito cibernético, mismas que han tenido como objetivo: prevenir e informar sobre el uso adecuado del Internet por parte de niñas, niños y adolescentes, entre las que destacan:

Por último, El 22 de marzo de 2013, en la página de http://www.excelsior.com.mx, se publicó la nota “Crean padres app antiporno Saintapp”.La aplicación tiene el fin de proteger a los niños de material con contenido sexual en internet. Encabeza la cruzada contra la pornografía infantil en la web y en ella se cita:

Los infantes pueden descubrir mundos nuevos navegando en internet, pero también se enfrentan a los riesgos que trae consigo la red, como la pornografía. De acuerdo con la asociación End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Internacional, México es el segundo productor de pornografía infantil en el mundo, aunque otras organizaciones lo ubican en primer lugar.

Sin cifras oficiales más recientes, la hoy extinta Policía Federal Preventiva (PFP) ya ubicaba hace algunos años a la explotación sexual de niños y adolescentes a través de internet en el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos.

Esa situación llevó a cinco padres de familia, preocupados por la seguridad de sus hijos, a desarrollar la aplicación Safe Access Internet Navigation Technology (Saintapp), que bloquea información sexual implícita y explícita de sitios web y está disponible en inglés y español.

La edad promedio en la que los niños tienen contacto con la pornografía es a los 11 años y generalmente es por accidente, mientras buscaban un juego o estaban en un servicio de mensajería instantánea, según Carlos Godoy, vicepresidente de Sosvia, empresa que desarrolló Saintapp.

“Es un filtrado eficiente que permite a los niños acceder a contenido educativo y bloquea el potencialmente ofensivo, no sólo las URL con contenido sexual”, dijo Godoy, quien también participa en esta cruzada en la ciudad de Tijuana.

Sus ventajas son muchas, ya que permite a los padres dar libertad a sus hijos en la navegación por medio de la instalación de una contraseña y no afecta la velocidad de la conexión. No interfiere con ninguna otra actividad de los menores en la red, aunque al detectar un sitio con pornografía, se despliega una pantalla que así lo indica.

Acoso virtual

Una reciente encuesta de la Alianza para la Seguridad en Internet (ASI), reveló que 10.5 por ciento de los niños y niñas de tercero y cuarto grados de primaria, hablan de sexo con personas que conocen en ese medio, y 18 por ciento de los menores han sido molestados en la red.

La ASI define “la exhibición, publicación, difusión, intercambio y comercialización de pornografía infantil” como un delito en el que se utilizan las tecnologías de información y comunicación como un instrumento o medio para delinquir.”

La aplicación permite a los padres dar libertad a sus hijos en la navegación por medio de la instalación de una contraseña, y no afecta la velocidad de la conexión a internet. A pesar de que al detectar un sitio con pornografía se despliega una pantalla que así lo indica, no es intrusivo en ninguna otra actividad de los niños en la red.

“Internet es un lugar sin fronteras y el objetivo de Saint es que las familias puedan navegarlo libremente. Nosotros buscamos pelear por los derechos de los niños y no arrebatarles su inocencia”, explicó Godoy.

Con 25 mil aplicaciones vendidas en México desde 2012, los socios de Sosvia y sus 25 empleados en Tijuana buscan hacer disponible a Saintapp para los dispositivos móviles. Esta herramienta está a la venta en tiendas departamentales para quienes no tengan una tarjeta de crédito para comprarla en línea.

Derivado de los riesgos del acceso a internet por parte de niñas, niños y adolescentes y de las diversas medidas implementadas a partir de 2008 para contrarrestar las alarmantes cifras de delitos cometidos, como legislador Federal, considero que es imperativo de la LXII Legislatura que esta problemática descrita se reincorpore como una de las prioridades de la agenda pública de México. Asimismo, convencido que el reconocimiento de la garantía de seguridad para que las niñas, niños y adolescentes puedan navegar por internet es responsabilidad del Estado mexicano principalmente, la presente iniciativa debe considerarse como una oportunidad y pero también como un reto para legislar en esta materia y más aún cuando ella se encuentran involucradas personas menores de edad.

Por lo anterior y en aras de hacer posible el acceso seguro al internet por parte de niñas, niños y adolescentes, se propone reformar la fracción III del artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y adicionar las fracciones IV y V al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la única finalidad de garantizar su sano desarrollo.

Argumentos

El artículo 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde el 21 de septiembre de 1990 para México, prevé que el niño  el niño tendrá derecho a la libertad de expresión, misma que incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. Asimismo, que el ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias, en los términos siguientes:

1) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o

2) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.

Ahora bien, a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en derechos humanos del 10 de junio de 2011 y la reforma a los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o., y la adición de una fracción XXIX-P al artículo 73 del 12 de octubre de 2011, el Estado mexicano reconoce en su ley fundamental  el Principio del Interés Superior de la Niñez y por ende asume la responsabilidad, que en todas sus decisiones y actuaciones, velará y cumplirá con el mismo, garantizará de manera plena los derechos y guiará el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia que vive en nuestro territorio nacional.

De forma paralela, la reforma en materia de derechos de la niñez, otorgó  facultades al Congreso de la Unión, para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, Estados y Municipios en materia de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte.

La última e histórica reforma al artículo 6o. a nuestra ley fundamental aprobada el 25 de abril de 2013, en materia de telecomunicaciones,  estableció responsabilidades al Estado mexicano para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

El apartado B del citado precepto, reconoce que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general y que éste será garantizado en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y sin injerencia arbitrarias. Por último, la fracción VI, del mismo apartado, determina que la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.

Derivado de la responsabilidad internacional que México asumió hace más de dos décadas en materia de derechos de la niñez y adolescentes, en Acción Nacional, consideramos necesario establecer una normatividad o regulación específica para garantizar el acceso seguro a internet por parte de niñas, niños y adolescentes, cuando se encuentren en espacios públicos; es decir, instituciones educativas, bibliotecas públicas o privadas, cafés internet, entre otros.

Uno de los argumentos centrales para considerar la pertinencia de la presente iniciativa, se sustenta en que gran parte de los contenidos de acceso libre en Internet, se relacionan directa o indirectamente con violencia, sexo, adicciones, drogas y demás conductas nocivas e ilícitas, que en el corto y largo plazo, afectan la integridad física y psicológica de la mayoría de las niñas, niños y adolescentes que los consultan, ven de forma involuntaria o sorpresiva, tal y como lo confirman el estudio e informe siguientes:

La violencia contra los niños en el Ciberespacio –ECPAT International (Eliminar la prostitución, la pornografía infantil y el tráfico de niños/as con  propósitos sexuales), de septiembre de 2005, páginas 56, 59– revela las consecuencias físicas y psicológicas comunes de circular imágenes de abuso y explotación sexual de menores:

Exposición a la pornografía y a materiales dañinos

El ciberespacio expone a niños y a jóvenes a una mayor variedad de materiales peligrosos, dañinos e inadecuados para su edad, como material sexualmente explícito de toda clase, que antes de que el acceso a Internet fuera tan amplio. Los niños y adolescentes suelen quedar expuestos a estos materiales “adultos”, en los que la degradación y la violencia sexual extrema se han tornado más manifiestos en los últimos años, según Watson & Lefeuer 2005.  Algunos niños y jóvenes se sienten perturbados cuando dichos materiales ingresan en su entorno sin que los hayan pedido, por ejemplo a través de correo electrónico no solicitado. Pero otros buscan lo que encuentran fácilmente disponible. Estos materiales fuera de contexto pueden transformarse en la base de la comprensión del joven del sexo y la violencia.

Exposición no deseada

Para algunos niños y jóvenes, una exposición inadvertida a material sexualmente explícito en línea es molesta, si no perturbadora. En EEUU, un estudio halló que gran proporción de niños entre 10 y 17 años que recibió material sexual no solicitado indicaron haberse sentido muy o extremadamente perturbados por el material. Llegó en forma de correo electrónico basura spam o accedieron accidentalmente a él mientras realizaban una búsqueda en Internet. Mientras tanto, en la República de Corea, el Ministerio de Información y Comunicación informa que hay cada vez más denuncias de pornografía en línea y que dice que los usuarios de Internet jóvenes están cada vez más expuestos a ella, ya sea que deseen ver pornografía o no. Se estima que el aumento de la calidad de denuncias y quejas se debe en gran parte a la popularidad de los sitios cliente a cliente, donde los usuarios de Internet pueden compartir archivos personales sin tener que pasar por un proceso de verificación de su edad. ...

Sitios de acceso

Los niños, niñas y adolescentes pueden acceder a materiales dañinos o inadecuados para su edad mientras están en su casa, tal vez con sus padres o tutores cerca. Sin embargo, es probable que a medida que la conectividad se expande por todo el mundo, a corto o mediano plazo muchos niños ingresen en el espacio virtual desde lugares públicos tales como cibercafés o ciberclubes (además de los muchos que lo harán a través de sus teléfonos celulares). En esas situaciones, a los niños puede interesarles mirar pornografía, así como jugar juegos e interactuar con otro en línea. En varios lugares existe la preocupación de la potencial exposición de los niños a material dañino y sexualmente explícito mientras se encuentran en lugares públicos. ...”

El Informe mundial sobre violencia contra los niños y niñas 2006, de Paulo Sérgio Pinheiro, experto independiente para el estudio del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños.

El impacto devastador de la violencia

Aunque las consecuencias de la violencia contra los niños y niñas varían en función de su naturaleza y severidad, sus repercusiones a corto y largo plazopueden ser devastadoras. La exposición temprana a la violencia es crítica porque puede tener impacto en la arquitectura del cerebro en proceso de maduración. En el caso de exposición prolongada a la violencia, inclusive como testigo, la perturbación del sistema nervioso e inmunológico puede provocar limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales.

La exposición a la violencia durante la niñez también puede provocar mayor predisposición a sufrir limitaciones sociales, emocionales y cognitivas durante toda la vida, a la obesidad y a adoptar comportamientos de riesgo para la salud, como el uso de sustancias adictivas, tener relaciones sexuales precoces y el consumo de tabaco. Otros problemas sociales y de salud mental relacionados con la exposición a la violencia incluyen trastornos de ansiedad y depresión, alucinaciones, bajo desempeño laboral y trastornos de memoria, así como comportamiento agresivo.

En etapas avanzadas de la vida, estos riesgos están asociados con enfermedades del pulmón, corazón e hígado; enfermedades de transmisión sexual y muerte fetal durante el embarazo, así como con episodios de violencia contra la pareja e intentos de suicidio.

...

Si bien hay poca información disponible acerca de los costos económicos mundiales de la violencia contra los niños y niñas, particularmente del mundo en desarrollo, la variedad de consecuencias a corto y largo plazo asociadas con ella sugiere que los costos económicos para la sociedad son significativos.

Por lo anterior y convencido que el acceso seguro a internet por parte de niñas, niños y adolescentes, es fundamental si lo que queremos es garantizar su sano desarrollo. En este marco, propongo, reformar la fracción III del artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pueda expedir las normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones y aquellas relacionadas con el acceso seguro a internet por parte de niñas, niños y adolescentes.

En lo relativo a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal se pretende adicionar una fracción IV al artículo 36 con objeto de otorgar facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para establecer normas oficiales mexicanas, que contengan especificaciones y requerimientos para la instalación y operación del servicio de internet seguro destinado usuarios menores de edad en espacios públicos.

De igual forma, adicionar una fracción V al citado artículo y ley,  para que la SCT tenga atribuciones de vigilancia y de sanción en coordinación con las autoridades de los estados, del Distrito Federal, de los municipios y de los órganos político-administrativos para el cumplimiento de las leyes y normas oficiales mexicanas en esta materia.

Finalmente, como legislador Federal y miembro de la iniciativa 10xInfancia, que atinadamente han impulsado el UNICEF, a través de su Consejo Consultivo y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), espero que la presente iniciativa, contribuya al fortalecimiento del acceso a internet sano y seguro por parte de niñas, niños y adolescentes.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Primero.  Se reforma la fracción III del artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. a II. ...

III. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones, de aquellas relacionadas con el acceso seguro a internet por parte de niñas, niños y adolescentes,y otras disposiciones administrativas;

IV. a XV. ...

Segundo. Se adicionan las fracciones IV y V, recorriéndose en su orden las subsecuentes al artículo 36 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 36. ...

I. a III. ...

IV. Establecer normas oficiales mexicanas de acceso seguro a Internet por parte de niñas, niños y adolescentes en establecimientos públicos;

V. Vigilar en coordinación con las autoridades de los estados, del Distrito Federal, de los municipios y de los órganos político-administrativos, el cumplimiento de las leyes y normas oficiales mexicanas en materia de acceso seguro a internet por parte de niñas, niños y adolescentes en espacios públicos, y en su caso, imponer las sanciones correspondientes;

VI. a XXIX. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 5 de septiembre de 2013.— Diputados: Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Gavilán Rodolfo Dorador Pérez, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Leticia Sosa Govea, Esther Quintana Salinas, José Alfredo Botello Montes, Raudel López López, Alberto Coronado Quintanilla, Juan Jesús Aquino Calvo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Juan Carlos Muñoz Márquez, Xavier Azuara Zúñiga, José Luis Flores Méndez, Brenda  María Izontli Alvarado Sánchez, Ramón Antonio  Sampayo Ortiz, María del Carmen García de la Cadena Romero, Raquel Jiménez Cerrillo, Ernesto Núñez Aguilar, Irma Elizondo Ramírez, Elvia María Pérez Escalante, Luis Olvera Correa, Laura Barrera Fortoul, Cristina Ruiz Sandoval, Angelina Carreño Mijares, María Elia Cabañas Aparicio, Mayra Karina Robles Aguirre, Ana Isabel Allende Cano, Emilse Miranda Munive, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Darío Badillo Ramírez, Alejandra López Noriega, Karina Labastida Sotelo, María Teresa Jiménez Esquivel, Humberto Armando Prieto Herrera, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Sergio Augusto Chan Lugo, Zita Beatriz Pazzi Maza, Patricia Guadalupe Peña Recio, Consuelo Argüelles Loya, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Gaudencio Hernández Burgos, Leopoldo Sánchez Cruz, Guadalupe del Socorro  Ortega Pacheco, Mauricio Sahui Rivero, José Luis Márquez Martínez, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Gerardo Peña Avilés, Germán Pacheco Díaz, Lisandro Arístides Campos Córdova, Brasil Antonio Acosta Peña, Francisco Alberto Zepeda González, Alfredo Zamora García, Julio César Flemate Ramírez, Regina Vázquez Saut, Noé Hernández González, Joaquina Navarrete Contreras, Marcelo Garza Ruvalcaba, Alma Marina Vitela Rodríguez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Frine Soraya Córdova Morán, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, Víctor Manuel Manríquez González, Marcos Rosendo Medina Filigrana, J. Jesús Oviedo Herrera, Verónica Carreón Cervantes, Marina Garay Cabada, Faustino Félix Chávez, Jesús Tolentino Román Bojórquez, Dulce María Muñiz Martínez, José Alberto Rodríguez Calderón, Leobardo Alcalá Padilla, Francisco González Vargas, Víctor Hugo Velasco Orozco, Salvador Arellano Guzmán, Alberto Curi  Naime, Marco Antonio Calzada Arroyo, Roberto Ruiz Moronatti, Gerardo Xavier Hernández Tapia, María del Rocío Corona Nakamura, Norma Ponce Orozco, Rosalba Gualito Castañeda, Juan Manuel  Carbajal  Hernández, Noé Barrueta Barón, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Héctor García García, Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Erika Yolanda Funes Velázquez, Maricruz Cruz Morales, Cristina González Cruz, Patricia Elena Retamoza Vega, Miguel Sámano  Peralta, Juan Isidro del Bosque Márquez, José Noel Pérez de Alba, Salvador Ortiz García, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Arnoldo Ochoa González, José Isidro Moreno Árcega, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rafael González Reséndiz, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Benito Caballero Garza, Genaro Ruiz Arriaga, María Esther Garza Moreno, Blanca María Villaseñor Gudiño, Adriana Hernández Iñiguez, María Rebeca Terán Guevara, Flor Ayala Robles Linares, Antonio Sansores Sastré, Eligio Cuitláhuac González Farías, Eduardo Román Quian Alcocer, Arturo Cruz Ramírez, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Ramón Montalvo Hernández, María del Rocío García Olmedo, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, Oscar Bautista Villegas, José Everardo Nava Gómez, María del Carmen Ordaz Martínez, Marco Alonso Vela Reyes, William Renán Sosa Altamira, Francisca Elena Corrales Corrales, Ma. Elena Cano Ayala, María Guadalupe Velázquez Díaz, Raymundo King de la Rosa, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, María Fernanda Schroeder Verdugo, Blas Ramón Rubio Lara, Juan Manuel  Rocha Piedra, Jesús Morales Flores, Gabriela Medrano Galindo, Javier Filiberto Guevara González, Roy Ángel Gómez Olguín, Alejandro Rangel Segovia, María Celia Urciel Castañeda, Liliana Castillo Terreros, Martha Berenice Álvarez Tovar, Rubén Benjamín Félix Hays, Erick Marte Rivera Villanueva, María Isabel Ortiz Mantilla, Petra Barrera Barrera, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, José Martín López Cisneros, Jorge Herrera Delgado, Margarita Saldaña Hernández, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Jorge Rosiñol Abreu, Tania Margarita Morgan Navarrete, Verónica Beatriz Juárez Piña, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Socorro de la Luz Quintana León, José Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital, Fernando Alfredo Maldonado Hernández, Rubén Acosta Montoya, Margarita Licea González, Francisco Javier Fernández Clamot, Gloria Elizabeth  Núñez Sánchez, José Ángel González Serna, José Rubén Escajeda Jiménez, Leslie Pantoja Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Larrazabal Bretón. Dígame, diputado Luis Miguel Ramírez, ¿con qué objeto?

El diputado Luis Miguel Ramírez Romero (desde la curul): Gracias. Ya se bajó el proponente, pero le quería pedir nos permitiera a algunos diputados suscribir su iniciativa, que va muy de la mano con otras iniciativas que hoy mismo se han presentado.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sí. El proponente no tiene inconveniente, como me lo está manifestando. La Secretaría la pondrá a su disposición.

Sonido en la curul de la señora diputada Raquel Jiménez Cerrillo. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que el diputado Ramírez, felicitando la iniciativa del diputado Larrazabal. Como diputada, debo decir también como madre de familia y ciudadana preocupada por el acceso de los niños y adolescentes al Internet de manera indiscriminada, felicito esta iniciativa que va a poner candados y va a regular el acceso del Internet a niños y adolescentes en diversos lugares públicos. Solicito suscribir la misma.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con la anuencia del señor diputado, la Secretaría la pondrá de inmediato a su disposición. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Gobernación, para dictamen.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra la diputada Brenda María Alvarado Sánchez, por cinco minutos, a nombre del diputado Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 34 Bis 2 a la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez:Gracias. Con su permiso, señor presidente. A nombre propio y del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 34 Bis 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Amigas legisladoras y amigos legisladores, el 11 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comunicaciones.

Entre los múltiples avances en la materia derivados de esta reforma destaca de manera notable la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sustituye en sus funciones la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, lo que ha dado más atribuciones a la autoridad para sancionar conductas indebidas.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, es el nuevo organismo que mantendrá el control sobre las decisiones del sector, otorgará y supervisará el buen uso de las concesiones y sancionará a quienes no cumplan con la ley.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones establece que la creación del Ifetel obedece a la necesidad de dotar de un nuevo órgano regulador del sector. De esa forma el instituto ha nacido como un ente autónomo, pues no depende de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes, ya que el instituto tiene personalidad jurídica propia y presupuesto asignado para sus actividades.

La reciente designación que hizo el Senado de la República de los comisionados que han de integrar la estructura directiva, tanto de Ifetel como de Cofeco, a partir de las propuestas del Ejecutivo federal surgidas de un comité de evaluación, integradas por el Banco de México, el Instituto Nacional de Evaluación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía son muestra clara de imparcialidad y equilibrio de los nuevos mecanismos institucionales previstos en la reforma.

Sin embargo, en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas a la integración de estos órganos en un contexto de imparcialidad queda un asunto pendiente de la mayor relevancia. De manera complementaria a los comisionados, la reforma constitucional prevé contralores internos, tanto para el Ifetel como para la Cofeco.

Por esa razón, reconociendo la necesidad urgente de contar con un mecanismo en la ley que permita a esta Cámara contar con su obligación constitucional en lo relativo a la designación de los contralores internos del Ifetel y de la Cofeco, la presente iniciativa plantea la posibilidad de que a sea partir de un mecanismo similar en lo esencial al que se desarrolla para la designación de los integrantes del Consejo General del IFE y su contralor general.

Por ello, esta iniciativa propone adicionar un artículo 34 Bis 2 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 34 Bis 2 dice lo siguiente: Los titulares de las contralorías internas de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones se elegirán por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara, para que puedan realizarse por cédula o utilizando el sistema de votación económica.

Éste sería el planteamiento y en espera de contar con su aprobación estaría agradeciendo el que me hayan escuchado. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 34 Bis 2 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, electo a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 34 Bis 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 11 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

Entre los múltiples avances en la materia derivados de esta reforma, destaca de manera notable la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones que sustituye en sus funciones a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), lo que ha dado más atribuciones a la autoridad para sancionar conductas indebidas.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) es el nuevo organismo que mantendrá el control sobre las decisiones del sector: otorgará y supervisará el buen uso de las concesiones y sancionará a quienes no cumplan con la ley.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones establece que la creación del Ifetel obedece a la necesidad de dotar de un nuevo órgano regulador al sector.

De esta forma, el Instituto ha nacido como un ente autónomo, pues no depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya que el Instituto tiene personalidad jurídica propia y presupuesto asignado para sus actividades.

De manera similar la reforma constitucional planteó una nueva Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones

En un ejercicio por demás sano de control democrático, estos Comisionados podrán ser sujetos a juicio político si se comprueba que cometieron un delito y serán separados de sus cargos para enfrentar acusaciones penales, si fuera el caso.

La reciente designación que hizo el Senado de la República de los comisionados que han de integrar la estructura directiva tanto del Ifetel como de la Cofeco a partir de las propuestas del Ejecutivo Federal surgidas de un Comité de Evaluación integrado por  el Banco de México, el Instituto Nacional de Evaluación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son muestra clara de la imparcialidad y  equilibrio de los nuevos mecanismos institucionales previstos en la reforma.

Sin embargo, en el cumplimiento de la disposiciones constitucionales relativas a la integración de estos órganos en un contexto de imparcialidad, queda aún un asunto pendiente de la mayor relevancia.

De manera complementaria a los Comisionados, la reforma constitucional prevé Contralores Internos tanto para el Ifetel como para la Cofeco.

En efecto, en la reforma publicada el pasado mes de junio se aclara en el artículo 28 constitucional, párrafo 19, fracción XII que:

XII. Cada órgano contará con una Contraloría Interna, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley.

Es espíritu de la reforma que quienes desempeñen estos cargos deben ser considerados como garantes de la imparcialidad, la objetividad, la eficacia y la honestidad que debe prevalecer en el ejercicio de las labores de control y regulación de ambos entes autónomos.

Sin embargo, si bien la constitución establece la obligación y el deber legislativo de proceder a la correspondiente designación, persiste aún un vacío normativo en lo relativo al procedimiento que debe seguir esta Cámara para ello.

Es por demás claro que la reforma constitucional debe completarse con las adecuaciones normativas necesarias a efecto de que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos incorpore en la parte correspondiente a la Cámara de Diputados, las disposiciones que regulen el proceso establecido en la constitución.

Al hacer un análisis de la estructura de la ley y del marco competencial de los órganos de gobierno de esta Soberanía, resulta ser la Junta de Coordinación Política el órgano más adecuado para impulsar un procedimiento de este tipo, lo cual guarda perfecta correspondencia no sólo con las atribuciones que a dicho órgano ya concede la misma ley, sino con el procedimiento similar relativo a la designación de funcionarios de otro órgano autónomo del Estado Mexicano, el Instituto Federal Electoral, cuya renovación deriva de lo que el Pleno de esta Cámara resuelva, a propuesta previa de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

En este mismo sentido y reconociendo la necesidad urgente de contar con un mecanismo en la Ley que permita a esta Cámara cumplir con su obligación constitucional en lo relativo a la designación de los Contralores Internos del Ifetel y de la Cofeco, la presente iniciativa plantea la posibilidad de que a partir de un mecanismo similar en lo esencial al que se desarrolla para la designación de los integrantes del Consejo General del IFE y de su Contralor General.

Por ello, esta iniciativa propone adicionar un artículo 34 Bis 2 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 34 Bis se orienta a regular la designación de los Consejeros Electorales y el Contralor General del IFE de la siguiente manera:

Artículo 34 Bis.

1. La convocatoria para la designación del consejero presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Federal Electoral, por lo menos, deberá contener:

a) El proceso de designación para el que se convoca, los requisitos legales que deben satisfacer los aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos;

b) Las reglas y los plazos para consultar, según el caso, a la ciudadanía o a las instituciones públicas de educación superior;

c) Las fechas y los plazos de cada una de las etapas del procedimiento de designación, en los términos del artículo 41 Constitucional;

d) Tratándose de la designación del contralor general, el órgano o la comisión que se encargará de la integración de los expedientes, revisión de documentos, entrevistas, procesos de evaluación y formulación del dictamen que contenga los candidatos aptos para ser votados por la Cámara. En todo caso deberá convocarse a las instituciones públicas de educación superior, para que realicen sus propuestas;

e) Tratándose de la designación de los consejeros presidente y electorales:

I. El órgano o la comisión que se encargará de la recepción de documentos e integración de los expedientes, su revisión, e integración de la lista que contenga los aspirantes que cumplan los requisitos establecidos para que los grupos parlamentarios formulen sus propuestas con base en ella.

II. Presentadas las propuestas, el órgano o comisión encargado de entrevistar y evaluar a los ciudadanos propuestos por los grupos parlamentarios, así como de formular el dictamen respectivo que consagre los resultados, para los efectos conducentes.

f) Los criterios específicos con que se evaluará a los aspirantes.

2. En el proceso de designación de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, se procurará la inclusión paritaria de hombres y mujeres.

Dicho artículo establece en su numeral 1, incisos a),b),c) y d) y f), así como en el numeral 2, una serie de disposiciones relativas a un proceso de designación plural y equitativo que en lo esencial podría replicarse para orientar la designación de los Contralores Internos del Ifetel y Cofeco.

Al proponerse la adición de un nuevo artículo consecutivo al ya citado, por economía procesal no tendría que reproducir el texto de aquel sino solo referirlo con claridad.

Por ello, se propone que el nuevo artículo establezca que para la designación de los contralores antes mencionados, se procederá conforme a las disposiciones del artículo anterior contenidas en los incisos que resulten aplicables.

Se agrega asimismo el reconocimiento expreso al mecanismo de elección establecido en la constitución que prevé mayoría calificada y se consigna la disposición de que la elección podrá realizarse por cédula o utilizando el sistema electrónico de votación lo cual resulta congruente con otras disposiciones contenidas en el artículo 17 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso, para el caso de la elección de la Mesa Directiva y lo que establece el artículo 139 numeral 1 y 141 numeral 1 del Reglamento del Cámara de Diputados para la elección de otras personas por el Pleno de esta Soberanía.

Por todo ello, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 34 Bis 2 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único:Se adiciona un artículo 34 Bis 2 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 34 Bis 2:

1. La convocatoria para la designación de los titulares de las Contralorías  Internas de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá contener, al menos, lo establecido en los numerales 1 incisos a), b), d) y f) y 2 del artículo anterior.

2. Su elección se hará por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara y podrá realizarse por cédula o utilizando el sistema de votación electrónica.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 1o. de octubre de 2013. — Diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Marco González Valdez, Julio César Flemate Ramírez, José Luis Flores Méndez, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Miriam Cárdenas Cantú, Irma Elizondo Ramírez, Benito Caballero Garza, María del Rocío Corona Nakamura, Faustino Félix Chávez, Angelina Carreño Mijares, Elvia María Pérez Escalante, Maricruz Cruz Morales, Cristina González Cruz, Patricia Elena Retamoza Vega, Miguel Sámano Peralta, Juan Isidro del Bosque Márquez, José Noel Pérez de Alba, Rocío Adriana Abreu Artiñano, María del Carmen García de la Cadena Romero, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, María del Rocío García Olmedo, Laura Guadalupe Vargas Vargas, María Guadalupe Velázquez Díaz, María Elena Cano Ayala, Delvim Fabiola Bárcenas Navarrete, Juan Manuel Rocha Piedra, María Fernanda Schoeder Verdugo, Javier Filiberto Guevara González, Gabriela Medrano Galindo, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, Petra Barrera Barrera, José Martín López Cisneros, Silvia Márquez Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Jorge Herrera Delgado, Mariana Dunyaska García Rojas,  José Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital, Blanca María Villaseñor Gudiño, Adriana Hernández Iñiguez, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, José Rubén Escajeda Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Brenda María Alvarado Sánchez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 20 de febrero de 2013, el Congreso del Estado de Chihuahua remitió copia del acuerdo número 611/2013  I  D.P., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual el Congreso del Estado de Chihuahua, formula ante el Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar las fracciones II, III, V y VI, del artículo 115 de la Ley General de Salud.

2. Con fecha 14 de marzo, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido

La presente iniciativa pretende incluir al “sobrepeso” para la implementación y desarrollo de programas y actividades para su prevención, tratamiento y control, así como también se propone se establezcan las necesidades adecuadas de nutrimentos para las buenas condiciones de salud de la población.

La iniciativa pretende reformar las fracciones II, III, V y VI, del artículo 115 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. ...

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobre peso y la obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud.

IV. ...

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas y máximas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población.

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los requerimientos mínimos y máximos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo.

VII. y VIII. ...

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983, a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El sobrepeso y la obesidad se caracterizan por la acumulación anormal y excesiva de grasa corporal. Ambas se acompañan de alteraciones metabólicas que incrementan el riesgo para desarrollar comorbilidades tales como: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, así como algunas neoplasias en mama, endometrio, colon y próstata, entre otras.

Tercera. En la actualidad, la obesidad es considerada en México como un problema de salud pública, debido a su magnitud y trascendencia; por esta razón, los criterios para su manejo deben orientarse a la detección temprana, la prevención, el tratamiento integral y el control del creciente número de pacientes que presentan esta enfermedad.

Cuarta. Es por ello que propuestas de reforma a las fracciones II y III del artículo 115, se estiman viables, siempre que las acciones de prevención, tratamiento y control de la desnutrición, sobrepeso y obesidad, también hagan referencia a los trastornos de la conducta alimentaria.

Al tratarse de los problemas de nutrición, se debe hacer referencia a los trastornos de alimentación. En este sentido, en el abanico de posibilidades se encuentran en el extremo bajo la desnutrición y en el extremo alto la obesidad. Así, el sobrepeso es una etapa previa a la aparición de la obesidad. En esta etapa, es cuando se deben incluir las medidas oportunas y necesarias de atención y prevención para que no se llegue al extremo como la obesidad.

Según información tomada de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (Ensanut) 2012, siete de cada diez mexicanos se encuentran en cifras de sobrepeso, y treinta por ciento de ellos en obesidad. De esta manera, el sobrepeso es un tema primordial por tratar en materia de salud preventiva de los mexicanos.

Quinta. Respecto de las propuestas contenidas en las fracciones V y VI del artículo 115, se consideran inviables, en virtud de que no es posible establecer en la Ley General de Salud requerimientos mínimos y máximos de nutrimentos para la población en general, debido a que éstos se deben establecer para el caso particular de cada persona en la consulta o protocolo de estudio, de acuerdo con sus características específicas de edad, sexo, actividades habituales, nivel socioeconómico, costumbres, hábitos de alimentación, zona geográfica en que habita, entre muchos otros factores inherentes a cada individuo. Estas acciones en favor del usuario o paciente, forman parte de la libertad prescriptiva que tiene el profesional de la salud involucrado en la nutrición, así como en la prevención, tratamiento y control del sobrepeso y la obesidad.

Actualmente la Secretaría de Salud ha implementado y desarrollado programas y actividades encaminadas al tratamiento y control del sobrepeso y obesidad como lo es la puesta en marcha de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010 que regula el Tratamiento Integral del Sobrepeso y Obesidad.

Sexta. La Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, titulada Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación, indica que “El propósito fundamental de esta Norma es establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación alimentaria dirigida a brindar a la población, opciones prácticas con respaldo científico, para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. Así como elementos para brindar información homogénea y consistente, para coadyuvar a promover el mejoramiento del estado de nutrición de la población y a prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación”.

Bajo estas consideraciones, la Comisión de Salud da cuenta que los objetivos de la reforma propuestas en la presente iniciativa analizada, son viables con modificaciones.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno la siguiente iniciativa con

Proyecto decreto por el que se reforman las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman las fracciones II y III del artículo 115 de la ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. ...

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobre peso, la obesidad, y otros trastornos de la conducta alimentaria, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, así como los trastornos de la conducta alimentaria, en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud.

IV.- VIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de mayo de 2013.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Isaías Cortés Berumen, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Isaías Cortés Berumen:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la finalidad de la alimentación es proporcionar al organismo los nutrientes y la energía necesarios para que éste realice sus funciones vitales. Por tanto, una dieta desequilibrada significa que el organismo no dispondrá de los diversos nutrientes o de la cantidad que se necesita para mantener una buena salud.

Una adecuada nutrición no siempre es fácil de lograr, menos aún cuando se come fuera de casa, en forma rápida y se tiene poco tiempo para la preparación y selección de alimentos.

Podríamos definir la nutrición adecuada como el aporte de todos los alimentos o nutrientes indispensables para alcanzar el máximo desarrollo y crecimiento de los niños y mantener la salud y las capacidades físicas e intelectuales, tanto en los niños como en los adultos.

Los trastornos alimenticios o enfermedades nutricionales se originan cuando la dieta es incompleta. En otras palabras, se originan cuando no estamos ingiriendo alimentos de todos los grupos y, por tanto, la ingesta no es equilibrada.

No hay una cantidad adecuada de nutrientes en relación con las necesidades que tiene el cuerpo. Una alimentación desequilibrada puede causar enfermedades nutricionales por déficit o por exceso en el aporte de una o varias sustancias nutritivas y sus efectos van desde el sobrepeso, la obesidad, hasta diferentes trastornos de la conducta alimentaria.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el planeta existen más de mil millones de adultos que tienen sobrepeso y más de 300 millones son obesos.

En México la situación no es más halagüeña. Según el informe La obesidad y la economía de la prevención, realizado el año pasado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el país ocupa el segundo lugar mundial en obesidad, con un 30 por ciento de la población que la padece, mientras que el 70 por ciento tiene sobrepeso. Esto implica que dos de cada tres mexicanos tienen sobrepeso, así como una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres son obesos.

El informe también refiere que el país se ha posicionado en el primer lugar mundial en obesidad infantil. Son 4.5 millones de niños de entre 5 y 12 años de edad los que están excedidos en peso. Por otra parte, debido a que los estados emocionales influyen sobre las conductas de alimentación, hay ciertas enfermedades de tipo psicológico que también causan enfermedades nutricionales, como es el caso de la bulimia y la anorexia.

En este caso, dichos trastornos consisten en una preocupación excesiva por el peso corporal y el aspecto físico. Son enfermedades muy graves que se extienden rápidamente entre los adolescentes. El grupo más afectado son los jóvenes entre 14 y 24 años de edad, y afecta principalmente a las mujeres.

México es testigo de una transición que evade los importantes problemas nutricionales, así como una situación donde una parte de la población tiene problemas relacionados con la pobreza y la desnutrición, y otra tiene problemas relacionados con la abundancia, estilos de vida sedentarios y exceso de consumo de energía y mala alimentación.

La prevención de este tipo de enfermedades requiere de políticas y programas dirigidos a modificar aquellos aspectos del ambiente que promueven su aumento. Es decir, corregir los obstáculos y la falta de oportunidades para mantener una actividad física y una dieta equilibrada, y aplicar estrategias de comunicación educativa dirigidas a lograr estilos de vida saludables.

Como diputadas y como diputados comprometidos con nuestra nación estamos obligados —hoy más que nunca— a impulsar reformas que vayan encaminadas al bienestar de la sociedad. Es por ello que la Comisión de Salud emite dictamen a favor con modificaciones de la iniciativa presentada con proyecto de decreto por el que reforman las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 115.

I ...

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, y otros trastornos de la conducta alimentaria, encaminados a promover hábitos alimenticios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, así como los trastornos de la conducta alimentaria, en las zonas que se determinen en función de las mayores carencias y problemas de salud.

Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la voz la diputada María Sanjuana Cerda Franco.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor diputado presidente, gracias. Los tiempos que vivimos en México y el mundo muestran una situación paradójica: millones de personas presentan a la vez problemas de desnutrición, de sobrepeso y obesidad.

Este panorama es particularmente difícil en una sociedad como la nuestra, donde al menos siete millones de personas padecen hambre y una quinta parte de la población vive en condiciones de pobreza alimentaria. Esto significa que uno de cada cinco mexicanos no podrían adquirir los alimentos mínimos indispensables, ni aunque destinarán a ello el total de sus ingresos. En ese escenario, los trastornos de la conducta alimentaria se presentan con preocupante incidencia, generando grandes problemas de desnutrición, sobrepeso y obesidad.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza, está a favor del presente dictamen que hoy la Comisión de Salud nos comparte, porque contiene acciones legislativas tendientes a fortalecer la capacidad de las instituciones para normar la educación y los servicios en materia de salud.

Con estas reformas la Secretaría de Salud podrá orientar los programas y actividades de educación en lo relativo a nutrición, con el objeto de avanzar hacia una mejor prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y demás trastornos de la conducta alimentaria.

Como hemos señalado en distintas ocasiones, estamos convencidos de que las reformas legales no resuelven por sí mismas la problemática que las inspira. Es por ello que mi grupo parlamentario considera que es necesario complementar las reformas contenidas en el dictamen, de tal manera que garanticemos las condiciones institucionales necesarias para que estos cambios legales realmente promuevan hábitos de alimentación adecuados, que permitan identificar y superar los trastornos alimentarios más nocivos entre la población.

Un ejemplo muy significativo. No todos saben que la comida escasa en valores nutritivos, mejor conocida como comida chatarra, resulta muchas veces más cara que los alimentos naturales sanos, por no hablar de los efectos nocivos de esa comida. Hace falta entonces una amplia campaña de información al respecto y el presente dictamen puede ayudar en ese sentido.

Como lo establece la propia Ley General de Salud, es importante que la acción normativa y rectora de la Secretaría de Salud garantice que todas estas acciones en materia de educación y servicios de salud para la nutrición privilegie la atención de los grupos sociales más vulnerables.

La extensión de la obesidad y el sobrepeso entre gran parte de la población —como es bien sabido por nosotros— genera serios problemas de salud y representa un gran reto institucional. La morbilidad asociada al sobrepeso y la obesidad presiona de manera creciente la infraestructura de los servicios de salud y la disponibilidad de recursos presupuestales para hacer frente a esta verdadera epidemia.

Coincidimos entonces en que el sobrepeso debe incorporarse como concepto y base previa a la obesidad. De este modo se fortalecen los mecanismos de prevención para detectar los síntomas que alertan sobre el inminente tránsito a la situación de obesidad.

La prevención debería constituir una verdadera política de Estado, no solamente en materia de obesidad y sobrepeso, sino en general en todo el espectro de la salud, porque en ello elevaríamos en el largo plazo la calidad de vida de la población y liberaríamos al Estado de pesadas cargas fiscales.

Por estas razones, daremos nuestro voto a favor del dictamen. Las modificaciones a las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud amplían y fortalecen la capacidad normativa de la Secretaría de Salud para desarrollar programas y actividades de educación en materia de nutrición, incorporando estos fenómenos de sobrepeso y la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. También refuerza la normatividad en la operación y evaluación de los servicios en esta materia.

Conclusión. Para Nueva Alianza el dictamen a discusión representa un gran avance y  nos señala que el camino a seguir es lograr una política integral en materia de nutrición, así como generar redes de protección social para garantizar el acceso universal a la alimentación.

Estamos convencidos que educación y salud de calidad para todos viene a ser gran parte de la solución a ésa enorme problemática que tenemos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de ciudadanos de Colima, invitados por la diputada Patricia Lugo, que están hoy aquí acompañándonos en la sesión. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia del diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, la deficiente política alimentaria de nuestro país evidencia que la condición básica para incrementar la obtención de alimentos, la implementación de técnicas de producción, la reconversión de cultivos y la distribución de los productos del campo forman parte de una cultura que cada vez se aleja más de lograr la calidad de vida que merecen los mexicanos.

Para lograr una efectiva garantía al derecho humano a la alimentación, esta propuesta es adecuada en cuanto a que esté encaminada a reducir los altos niveles de desnutrición, de sobrepeso y obesidad. Pero lamentablemente los esfuerzos hechos por el Estado dejan al descubierto la desarticulada estrategia de salud para mitigar éstos graves males.

Es pertinente recordar que nuestro país es el primer lugar a nivel mundial con población obesa, apenas siguiéndole los Estados Unidos de América. Pero por si fuera poco, también se sabe que dentro de la población adulta el 70 por ciento de ellos tiene sobrepeso y la tendencia sigue en aumento.

Lo anterior nos lleva a considerar que una de las formas idóneas para lograr una verdadera política de cambio en materia de control de la desnutrición, obesidad y sobrepeso radica precisamente en que esté orientada a través de una política alimentaria acorde con las necesidades reales de nuestra población, y dentro de ello garantizar que los alimentos tengan las cualidades y nutrientes totalmente naturales, lo cual tiene mucho que ver con el objetivo de reducir los grandes problemas de salud derivados de la obesidad.

Por lo que aquí nos ocupa, la presente minuta nos señala que será a través de atribuciones de la Secretaría de Salud que podamos normar el desarrollo de los programas y las actividades de educación en materia de sobrepeso, además de lograr el establecimiento, la operación y la evaluación de los servicios en materia de prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en las zonas que se determinen en función de las mayores carencias y problemas de salud.

Aunado a esto, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que la política alimentaria tiene mucho que ver con conseguir tales objetivos, pues no solo de manera enunciativa e integrada al texto legal podemos lograr estos propósitos.

Compañeras y compañeros diputados, vemos con agrado que el normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, así como normar el establecimiento, la operación y la evaluación de servicios en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición es un avance importante en el combate de las grandes enfermedades características de nuestros tiempos y en nuestro país.

Sin embargo, pensamos que aún hay mucho por hacer, la educación desde los hogares, los hábitos alimenticios sujetos al consumo de productos naturales menos industrializados o procesados, así como la implementación en forma paralela de políticas tendientes a fortalecer el campo, lo mismo en materia educativa, en la cuestión de la prevención y control del sobrepeso, la desnutrición, deberían de formar parte esencial de la presente reforma.

Por las consideraciones antes mencionadas, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente. El sobrepeso y la obesidad son el principal problema de la salud pública en nuestro país, ocupando el primer lugar en el mundo en niños y el segundo en adultos con este padecimiento.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país el 72 por ciento de las mujeres mayores de 20 años tiene obesidad o sobrepeso, 66 por ciento de los hombres mayores de 20 años y el 26 por ciento de los niños en edad escolar.

Las consecuencias del problema de sobrepeso y obesidad son —entre otras— mortalidad 12 veces mayor en jóvenes de 25 a 35 años; gastos de entre el 22 y el 34 por ciento superiores en el ingreso familiar; 25 por ciento de las incapacidades laborales son por padecimientos relacionados con la obesidad, y tres de cada cuatro camas de hospital las ocupan pacientes con enfermedades relacionadas con la obesidad.

Los principales factores que propician el sobrepeso y la obesidad son la mala alimentación y el sedentarismo.

En México 8 de cada 10 personas mayores de 30 años no realizan ninguna actividad física. Las clases de educación física en escuelas primarias se llevan a cabo una vez a la semana y duran apenas 39 minutos en promedio y solo 9 minutos de actividad moderada o intensa.

Estamos enfrentando un problema muy serio y profundo debido a que el sobrepeso y la obesidad se han convertido en la epidemia más importante en la salud de las y los mexicanos.

Es necesario modificar malos hábitos y construir un estilo de vida activo y saludable, además de hacer conciencia en las personas de las realidades científicas del consumo de alimentos, el balance energético y las formas de combatir el sedentarismo, la elección responsable de alimentos y el impacto positivo que tiene para la salud la actividad física, ya que esto estará fomentando la convivencia, la amistad y el aprecio por las actividades que se realizan en grupo y a su vez su práctica contribuye a la prevención de enfermedades.

Estamos de acuerdo en incorporar como atribuciones de la Secretaría de Salud normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de sobrepeso; el establecimiento, operación y evaluación de servicios en materia de prevención; el tratamiento y control de la desnutrición; el sobrepeso y la obesidad en las zonas que se determinen en función de las mayores carencias y problemas de salud. Sin embargo, ningún esfuerzo es suficiente hasta que la sociedad no esté convencida de cuidar su salud.

Además proponemos fomentar, por medio de la Ley General de Cultura Física y Deporte, planes de educación física más fuertes y rigurosos, en donde se prevean más actividades físicas para las personas en las escuelas y oficinas y así disuadir el sedentarismo existente en este tipo de actividades.

Es por esta razón que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen, en pro de la salud de los ciudadanos de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy analizamos en esta Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud, que más allá de un trámite legal constituye el compromiso de esta soberanía para implementar acciones encaminadas a la erradicación de lo que hoy son ya los principales problemas de la salud pública en nuestro país: el sobrepeso y la obesidad.

Son muchos los factores que inciden en los trastornos de la conducta alimentaria de nuestra población. La pobreza y el encarecimiento de los productos básicos de la dieta diaria son de los principales factores que afectan a estos hábitos alimentarios. Sin embargo, para nosotros es la falta de educación en temas de nutrición el elemento clave de nuestra reforma.

La principal tarea es fijar estrategias preventivas que permitan la detección temprana y, en consecuencia, un tratamiento integral, con ayuda de mecanismos simples y de fácil acceso y comprensión de la población.

De lo anterior hay que puntualizar que el establecimiento de dichos mecanismos no resulta tarea fácil. La finalidad de esta reforma es normar para crear bases generalizadas que fijen parámetros unificados de fácil implementación a toda la población, pero principalmente a los grupos sociales en desventaja por cuestiones de carencias y problemas de salud.

Respecto a esto, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde destacamos la firme intención de garantizar el desarrollo de la educación, principalmente a través de programas y actividades con sustento científico encaminados a la promoción eficaz de hábitos alimentarios adecuados, los cuales sin duda alguna constituyen un ejercicio, no solo de combate a la problemática de salud pública actual, sino del establecimiento de parámetros que garanticen la concientización y posterior implementación de aquellos programas que lleven a la población a un estilo de vida saludable.

Sin duda alguna conocemos la situación en materia alimentaria que se presenta hoy en México. Tenemos normas que fijan las premisas de combate a esta problemática. Sin embargo, es necesario implementar reformas como la que hoy se somete a votación para que de esta forma se logre llegar a tan anhelada concientización y educación.

Reconocemos la labor de la comisión en la elaboración del presente dictamen y reiteramos el apoyo de toda la fracción parlamentaria del Partido Verde, a fin de lograr erradicar un mal tan dañino que aqueja a nuestra sociedad, principalmente a los niños. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, me permito presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática —al cual pertenezco— en relación al proyecto de dictamen de la Comisión de Salud de la iniciativa que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Es un mandato de nuestra Carta Magna. La desnutrición, obesidad y sobrepeso en México implican un grave problema de salud pública, pero también presupuestario.

En el informe Obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado, se calcula que para el año 2017 los problemas de obesidad costarán a México entre 70 mil y 101 mil millones de pesos.

El sobrepeso y la obesidad aumentan el número de las enfermedades crónicas, entre algunas de ellas se encuentra la diabetes mellitus, hipertensión arterial, otras enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, incluso el cáncer.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en julio de 2013, se reveló que México desbancó a Estados Unidos de América como el país con más obesidad en el mundo, con un porcentaje estimado de 32.8 por ciento de adultos obesos. Las cifras de México son alarmantes, siete de cada 10 adultos tienen sobrepeso y la obesidad entre los niños se triplicó en la última década, con lo que cerca del 30 por ciento de los adolescentes está en esta situación.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada por el Instituto Nacional de la Salud Pública en el año 2012, señala que hay alrededor de 5 millones 664 mil 870 niños en edad escolar con sobrepeso y obesidad en México. De ello, 34.4 por ciento de los niños que tienen entre 5 y 11 años presentan sobrepeso y obesidad.

Los niños son la esperanza para cualquier nación. Sin embargo, en México existen factores que amenazan a una gran parte de los 32. 5 millones de infantes entre 0 y 14 años, por ello parte de esta intervención se centra en atender a una generación que representa el futuro de México: la generación de los niños y los adolescentes.

La obesidad infantil es un problema serio de salud que debe interesarnos a todos, puesto que en un futuro también nos afectará como sociedad. Las cifras y estadísticas que constantemente leemos son solo un pequeño adelanto de lo que sucederá con nuestros infantes cuando lleguen a la juventud y se encuentren enfermos o incluso incapacitados para estudiar y trabajar. Eso sin contar el costo que tendrá para los sistemas de salud púbica atender a los numerosos enfermos que tendrán que recibir tratamiento de por vida para aliviar las enfermedades asociadas con la obesidad. Jóvenes que antes de cumplir 30 años tendrán severos problemas de vista o ceguera permanentemente derivados de la diabetes.

La Federación Mexicana de Diabetes indica —en sus estadísticas— que en nuestro país uno de cada 3 adolescentes entre 12 y 19 años tiene obesidad o sobrepeso y que las cifras de individuos enfermos de diabetes han aumentado exponencialmente durante la última década.

Tenemos una gran responsabilidad, principalmente los que somos padres de familia, de formar hábitos de alimentación adecuados par nuestros niños, pues los niños son seres con capacidades extraordinarias para entender la dimensión del problema de sobrepeso y la obesidad infantil.

Los especialistas señalan que las causas del sobrepeso no pueden atribuirse únicamente a una inadecuada alimentación, sino a factores como el bullying, el estrés, la depresión, la soledad, el abandono, el cambio de domicilio, la muerte o separación de seres queridos, que influyen en el comportamiento de los menores que encuentran en la comida un canalizador. Por ello debe atenderse este problema de forma integral.

Los expertos indican que de continuar el aumento del sobrepeso y obesidad en la población, en 30 años no habrá gobierno que pueda costear las enfermedades generadas por este problema.

Señoras y señores legisladores, hoy debemos recuperar una de las prioridades de nuestra vida, debemos recuperar a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas adultas mayores de este grave problema. Es momento de conjuntar esfuerzos y enfocar el Presupuesto, no solo para abatir este grave problema, sino para generar políticas públicas de prevención.

Es por ello que bajo las consideraciones de la Comisión de Salud, las propuestas de reforma a las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud se estiman viables, siempre que acciones de prevención, tratamiento y control de la desnutrición, sobrepeso y obesidad también hagan referencia a los trastornos de la conducta alimentaria encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables y en las zonas que se determinen en función de las mayores carencias y problemas de la salud.

En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marcelina Orta Coronado, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Marcelina Orta Coronado:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Marcelina Orta Coronado: Compañeras y compañeros diputados, para la Organización Mundial de la Salud la nutrición se define como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Asimismo ha determinado que una buena nutrición —una dieta suficiente y equilibrada, combinada con ejercicio físico regular— es un elemento fundamental de la buena salud.

Una buena nutrición fortalece el sistema inmunológico de los seres humanos, favorece el desarrollo físico, el desarrollo mental y genera seres humanos más fuertes. En las niñas y niños la buena nutrición favorece el aprendizaje.

Una sociedad bien nutrida es una sociedad más productiva y tiene mayor posibilidad de romper el ciclo de pobreza. Asimismo una sociedad bien nutrida es una sociedad más equitativa y justa, pues en las condiciones de nutrición de su población puede constatarse en el acceso que cada persona tiene a un ambiente propicio para su desarrollo y al ejercicio de sus derechos humanos.

La obesidad, que es una de las principales pandemias que ha enfrentado la humanidad, tiene su principal origen en la mala nutrición, que paradójicamente también es el origen de la emaciación y el edema bilateral, que son dos formas graves de la malnutrición causada por una carencia aguda de alimentos y que cobra la vida de aproximadamente un millón y medio de niños cada año.

En la población infantil la mala nutrición genera uno de los efectos comprobables a nivel poblacional e individual: el retraso del crecimiento, que provoca que los niños sean demasiado bajos para su grupo de edad en comparación con los patrones de crecimiento infantil establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

En todo el mundo hay unos 165 millones de niños con retraso de crecimiento a causa de la escasez de alimentos, lo cual genera otros efectos, como la disminución del desarrollo cerebral, lo que tiene graves implicaciones en la capacidad de aprendizaje.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el aumento del sobrepeso y la obesidad en todo el mundo es uno de los principales desafíos para la salud pública. Personas de todas las edades y condiciones se enfrentan a este tipo de malnutrición, a consecuencia de la cual están aumentando vertiginosamente, incluso en los países en desarrollo, la tasa de diabetes y de otras enfermedades relacionadas con el régimen alimentario. En los países en desarrollo hasta 20 por ciento de los niños menores de cinco años tienen sobrepeso.

Hoy sabemos que el consumo consuetudinario de alimentos poco saludables, combinada con la inactividad, representa la combinación de los factores de riesgo para la salud, pues fácilmente se convierten en factores predisponibles de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y otros problemas de salud. En opinión del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, a pesar de los enormes avances que en general ha experimentado México en los últimos años, la desnutrición por un lado y la obesidad infantil por otro siguen siendo problemas a solucionar en el país.

De acuerdo con esta organización internacional, en México el grupo de edad de 5 a 14 años cuenta con la desnutrición crónica de 7.25 por ciento de la población urbana, y la cifra se duplica en las rurales. El riesgo de que niños y niñas indígenas se mueran por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre la población no indígena.

México ocupa el primer lugar mundial en la obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, precedido solo por Estados Unidos de América. Problema que está presente no solo en la infancia y la adolescencia, sino también en la población en edad preescolar.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indican que uno de cada tres adolescentes entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió a un promedio del 26 por ciento para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema.

La Ley General de Salud vigente considera como materias de salubridad general al programa de nutrición maternoinfantil en los problemas y comunidades indígenas, a la promoción de mejoramiento de la nutrición y a la prevención, orientación y control y vigilancia en materia de nutrición.

También establece que la promoción de la salud debe incluir la nutrición y que uno de los objetos de la educación para la salud es el orientar y capacitar a la población, preferentemente en materia de nutrición. Sin embargo, resulta evidente que aún hay mucho que hacer para reforzar el marco jurídico sanitario en materia de nutrición de la población.

El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y III del artículo 115 de la Ley General de la Salud —que discutimos el día de hoy— establece atribuciones a la Secretaría de Salud para normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de sobrepeso. Norma el establecimiento, operación y evaluación de servicios en materia de prevención, tratamiento, control y desnutrición de sobrepeso y la obesidad en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud.

Con este dictamen se podrá lograr una atención más dirigida y con mayor rectoría en esta materia tan relevante para el buen desarrollo de nuestra población. Es por eso que los diputados del Partido Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Aprovecho para saludar y dar la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que están hoy aquí invitados por la diputada Flor Pedraza Aguilera. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Organización Mundial de la Salud señala que el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludable posible, de forma tal que se garantice la disponibilidad de los servicios de salud, las condiciones de trabajo saludables y seguras, la vivienda adecuada y los alimentos nutritivos.

En nuestro país la salud es una garantía constitucional establecida en el artículo 4o., el cual tiene entre sus múltiples finalidades el bienestar físico y mental de las personas para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana.

Coincido con la diputada Guadalupe Flores, del Grupo Parlamentario del PRD, que curiosamente consultamos también el mismo libro. Sin duda el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para tener una adecuada calidad de vida, debido a que alteran el bienestar físico y mental de las personas.

En el aspecto físico se desprende el desarrollo de numerosas enfermedades crónicas, entre las que destacan la diabetes, la presión arterial alta, el aumento de colesterol, enfermedades cardiovasculares, incluso el cáncer.

En el aspecto mental abunda la discriminación social y la baja autoestima, problemas que se exteriorizan de manera muy alta, sobre todo cuando los niños y adolescentes presentan sobrepeso.

Es necesario generar acciones que disminuyan el sobrepeso y la obesidad en la población, ya que la presencia de dicha enfermedad no solo afecta directamente a la salud de las personas, sino también a la economía del país, ya que el Estado es quien debe solventar los enormes costos por el desencadenamiento de enfermedades crónico degenerativas. Se calcula que en los últimos cinco años fue la cantidad de 75 mil millones de pesos y que hacia el año 2017 subirá a 151 mil millones de pesos.

Por ello, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud, para que la Secretaría de Salud regule el desarrollo de los programas y actividades en materia de sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.

Lo anterior lo hacemos con la convicción de que es menester que la Secretaría norme el establecimiento, operación y evaluación de los servicios en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, así como algunos otros trastornos de la conducta alimentaria.

Compañeros legisladores, impulsemos acciones que mejoren las condiciones de salud de la población. Con la aprobación del dictamen avanzaremos en el perfeccionamiento de las normas aplicables, a fin de proveer un claro marco de referencia para la instrumentación de políticas públicas encaminadas a combatir uno de los principales problemas de salud pública del país, además de la afectación económica. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputado. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El Presidente diputado José González Morfín: Recojan el voto del diputado Serralde.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: De viva voz. Diputados, su nombre y la intención de su voto.

La diputada Esther Quintana Salinas(desde la curul): A favor.

El diputado Salvador Arellano Guzmán (desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado Francisca Elena Corrales Corrales(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Armando Córdova Díaz(desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos (desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Saldaña Hernández(desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Licea González(desde la curul): A favor.

El diputado William Renan Sosa Altamira(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Villarreal García(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas(desde la curul): A favor.

La diputada Josefina García Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Jhonatan Jardines Fraire (desde la curul): A favor.

El diputado Jaime Bonilla Valdez (desde la curul): A favor.

La diputada Leonor Romero Sevilla(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se emitieron 416 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

VOLUMEN II

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 1o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 1o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o.  de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 80 numeral 1 fracción I, 81 numeral 1, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, habiendo analizado el contenido de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o.  de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

I. Antecedentes Legislativos

1.En fecha del 21 de febrero de 2013, el senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en esa misma fecha, la misma fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

2. El dictamen de las comisiones unidas fue presentado en primera lectura el día 16 de abril de 2013 y con fecha 23 de abril de 2013, el pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto contenido en el dictamen.

3.En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 25 de abril de 2013, la Mesa Directiva, dio cuenta al pleno de esta soberanía con la minuta proyecto de decreto enviada por el Senado, que reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 1o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, turnándose a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen correspondiente.

II. Contenido de la minuta

La minuta de referencia, en resumen propone incorporar a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el término de medio ambiente sano, esto a efecto de equiparar a las legislaciones secundarias, en concordancia con la reforma reciente al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que el senador proponente sugiere la siguiente redacción:

Articulo 1o. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar;

II. a X. ...

...

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para:

I. a XIII. ...

En atención a dicha solicitud la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados procede a la revisión y análisis del presente Dictamen bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Lo anterior guarda sustento con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 10 de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades del Estado mexicano a velar por los derechos humanos que consagran el texto constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación  el día 8 de febrero de 2012, en donde se incorpora al artículo 4 constitucional el derecho a un ambiente sano, que a la letra indica:

“Articulo 4o. ...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizara el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos de lo dispuesto por la ley.

...”

Así como un ambiente propicio permite el sano desarrollo del ser humano tanto física como psicológicamente, una afectación a los recursos naturales trae consecuencias graves a la salud y el bienestar de los seres humanos, en particular de los grupos más vulnerables, como los niños, las comunidades con altos índices de pobreza, las mujeres y la gente de edad mayor. En un estudio de la Organización Mundial de la Salud se reveló que las condiciones ambientales que se deterioran son un importante factor que ha contribuido a la mala salud y baja calidad de vida. La inadecuada gestión de los recursos naturales, la excesiva producción de desechos y las condiciones ambientales conexas con efectos para la salud implican retos importantes para el desarrollo sostenible.

El crecimiento poblacional de los últimos años ha traído como consecuencia un aumento de la necesidad de recursos naturales, incluidos agua y alimentos, así como la generación de desperdicios y basura, que han tenido impactos directos en los ecosistemas y en la vida del hombre.

Recordemos que los derechos humanos son aquellos de importancia fundamental que poseen todos los seres humanos sin excepción, por razón de su sola pertenencia al género humano. Estos derechos se hallan sustentados en valores éticos cuyos principios se han traducido históricamente en normas de derecho nacional e internacional en tanto parámetros de justicia y legitimidad política.

En un marco de desarrollo sustentable debemos reconocer que todo lo que tenga influencia sobre nuestro ambiente, afectará directamente nuestra condición humana, por lo que una violación a nuestro ambiente es una violación a nuestros derechos humanos. Dicho lo anterior, una sociedad participativa, sobre todo involucrada en la conservación del ambiente, así como en la promoción y defensa de los derechos humanos, debe reconocer la naturaleza de estos dos campos y comprender que no podemos pensar en el ambiente sin relacionarlo directamente con la condición humana. Ya desde 1974 René Bassin, ganador del premio Nobel, hablaba de la necesidad de extender el concepto de la protección de los derechos humanos para incluir el derecho a un ambiente sano y decente. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el marco del proyecto Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (geo, por sus siglas en inglés), ha venido realizando informes sobre el estado del ambiente en el ámbito mundial.

En su tercer informe se concentra especialmente en ofrecer una evaluación integrada de las tendencias ambientales durante los 30 años que siguieron a la Conferencia de Estocolmo de 1972 y llega a conclusiones en las que destacan alarmantes aseveraciones sobre las afectaciones de las condiciones ambientales en la salud humana, entre las que cabe citar:

• La mala calidad del ambiente es responsable directa de aproximadamente 25 por ciento de todos los trastornos evitables, entre los que sobresalen las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas.

• Dos terceras partes de los trastornos de la salud evitables, provocados por las condiciones ambientales, afectan a los niños.

• La contaminación atmosférica es una de las principales causas de varias enfermedades y del descenso en la calidad de vida en general.

• En general, se calcula que entre 25 y 33 por ciento de las enfermedades del mun­do se atribuyen a factores ambientales (Smith, Corvalán y Kjellström, 1999). Según cálculos recientes, las muertes prematuras y enfermedades relacionadas con el ambiente son responsables de 18 por ciento de toda la carga de enfermedades del mundo en desarrollo (Murray y López, 1996). Este porcentaje incluye las derivadas del suministro de agua y saneamiento de­ficientes (7 por ciento), la contaminación atmosférica en locales cerrados (4 por ciento), enfermedades producidas por vectores (3 por ciento), contaminación atmosférica urbana (2 por ciento) y desechos agroindustriales (1 por ciento).

• El 7 por ciento de la totalidad de las muertes y enfermedades del mundo es ocasio­nado por el suministro de agua, servicios sanitarios e higiene inadecuados (undp, unep, World Bank y wri, 1998). Aproximadamente 5 por ciento se atribu­ye a la contaminación atmosférica (Holdren y Smith, 2000).

• Cada año los riesgos ambientales matan a tres millones de niños menores de cinco años (who, 2002). Según cálculos actuales, entre 40 y 60 por ciento de esas muertes se deben a infecciones respiratorias agudas provocadas por factores ambientales, especialmente emisiones de partículas por el uso de combustibles sólidos (Smith, Corvalán y Kjellström, 1999).

• La contaminación microbiológica del mar, ocasionada por aguas residua­les, ha desencadenado una crisis de salud de proporciones masivas en todo el mundo. Se estima que nadar en mares contaminados causa 250 millones de casos anuales de gastroenteritis y enfermedades de las vías respiratorias altas, cuyo costo mundial asciende a aproximadamente 1 600 millones de dólares al año.

• Comer mariscos contaminados por aguas residuales provoca cerca de 2.5 millones de casos de hepatitis infecciosa al año, de los cuales 25 mil terminan en muerte y otros 25 mil provocan discapacidad a largo plazo como resultado de daños al hígado. Se calcula que la carga mundial de salud humana al año equivale a aproximadamente 3.2 millones de años de vida adaptados a la discapacidad (daly, por sus siglas en inglés), can­tidad comparable al efecto mundial de todas las infecciones de las vías respiratorias altas y las enfermedades por parásitos intestinales, con un costo para la sociedad de 10 mil millones de dólares anuales (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection, gesamp, 2001).

El medio ambiente como derecho humano:

El reconocimiento de la relación entre el ambiente y la afectación al ser humano ha venido fortaleciéndose poco a poco a lo largo de las últimas décadas, no sólo internacionalmente, sino en el ámbito local en la mayoría de las legislaciones de los Estados.

A lo largo de la historia, con la aparición de nuevos instrumentos internacionales, como las declaraciones, los convenios y las resoluciones, hemos venido observando el progreso que ha tenido el reconocimiento del ambiente en relación con el disfrute de los derechos humanos. Como un primer acercamiento entre estos dos ámbitos, ambiente y derechos humanos, podemos señalar el principio emanado de la Declaración de Estocolmo en el que se entiende la protección del ambiente como una condición previa al disfrute de los ya reconocidos derechos humanos, especialmente el derecho a la vida y a la salud.

El segundo acercamiento es aquel emanado de los tratados ambientales internacionales firmados a partir de 1992, y en los que se consideran algunos de los derechos humanos como elementos fundamentales para el logro de la protección ambiental, y cuya función principal es la protección de la salud humana. Un tercer y más reciente acercamiento es aquel que reconoce un vínculo indivisible e inseparable entre ambos y, por lo tanto, categoriza el derecho a un ambiente sano y seguro como un derecho sustantivo independiente.

Es importante también destacar, que el derecho a un ambiente sano y debido a que los derechos humanos van evolucionando conforme a las necesidades humanas, algunos autores les han dado una categorización de acuerdo con su origen histórico y su ubicación por generaciones, y así se habla de derechos de primera, segunda, tercera y comienza a hablarse de una cuarta generación, tal como lo clasifico en el año de 1974 el Director General de la UNESCO, Karel Vasak. Los derechos de la tercera generacion, también llamados derechos de solidaridad ya que surge la necesidad de catalogar los nuevos derechos a raíz de acontecimientos y exigencias sociales.

También, Karel Vasak declaró en la Academia de Derecho Internacional de La Haya: “Los nuevos derechos humanos podrían denominarse también derechos de solidaridad, puesto que reflejan cierta concepción de la vida en comunidad y sólo pueden adquirir existencia real mediante los esfuerzos conjuntos de todos los componentes de la sociedad: individuos, Estados, entidades públicas o privadas. Así ocurre, por ejemplo, con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho al agua pura, el derecho al aire puro e incluso el derecho a la paz. En lo que se refiere a estos ‘nuevos’ derechos humanos, la legislación internacional es aún prácticamente inexistente, e igual sucede, por lo demás, con las legislaciones nacionales: raras son las constituciones escritas que incorporan uno u otro de estos nuevos derechos humanos, aunque hay propuestas en tal sentido.”

Es decir, la generación de los derechos civiles y políticos; la de los derechos económicos, sociales y culturales, y la de los derechos de solidaridad, entre los cuales se ubica el derecho a un ambiente sano.

Se busca considerar al hombre en un contexto comunitario, es decir la realización de los derechos de la tercera generación se da únicamente por la unión de esfuerzos de los participantes de la vida en sociedad: los individuos, las entidades públicas o privadas y, principalmente, el Estado.

El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano:

Después de la declaración de Estocolmo, de 1972, se han incrementado los tratados bilaterales y multilaterales, universales o regionales, que expresamente se refieren a la protección del medio ambiente, o que contemplan cláusulas relacionadas con él. Así, por ejemplo, podemos citar la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, de 16 de noviembre de 1972; la Convención relativa a la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, del 13 de noviembre de 1979 y uno de sus protocolos, el llamado Protocolo relativo a la lucha contra las emisiones de óxido de nitrógeno o sus flujos transfronterizos, de 31 de octubre de 1988; el Convenio para la protección de la capa de ozono, de 1987, y sus protocolos, de 1987 y 1990; el Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, de 25 de febrero de 1991.

Sin olvidar los documentos suscritos en la conferencia de Río de 1992, en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil, conocida como Conferencia de Río, se reúnen los representantes de un gran número de países y se reconoce la interdependencia entre la paz, el desarrollo sustentable y el ambiente, y a partir de ahí inicia el desarrollo de instrumentos internacionales tendientes a proteger el ambiente y, por lo tanto, a garantizar la subsistencia del hombre en el planeta. Así es como, en la misma Conferencia, se desarrollan documentos importantes: la Declaración de Río, la Convención sobre Diversidad Biológica, la Agenda XXI, como un conjunto de principios y acciones que los países se proponen cumplir en el siglo XXI, así como el Convenio Marco sobre Cambio Climático y los Principios Forestales.

Estos documentos, emanados de la Convención de Río, contienen disposiciones en las que se reconoce un vínculo estrecho entre ambiente y derechos humanos. A modo de ejemplo mencionaremos la Declaración de Río, la cual, en su principio 1, coloca a los seres humanos en el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y establece el derecho de los seres hu­manos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

El principio 10 de la Declaración de Río es muy importante, ya que viene a establecer los derechos subjetivos, como la base del reconocimiento del derecho a un ambiente sano. Estos son el derecho a la participación social, el derecho al acceso a la información y el derecho a un recurso efectivo de defensa contra violaciones al ambiente. En el mismo sentido, el principio 13 hace referencia a la responsabilidad del Estado en materia ambiental y a la indemnización respec­to de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales.

En todos estos instrumentos se reconoce, expresa o implícitamente, el derecho de las generaciones presentes y futuras, es decir de la humanidad, a gozar de un ambiente sano, y los estados han aceptado la obligación de adoptar las medidas necesarias para protegerlo, preservarlo y mejorarlo.

Y si esto ocurre en el derecho internacional, otro tanto sucede en el derecho interno de los estados, donde en las constituciones nacionales o en leyes especiales, se ha tratado de obtener fines similares. Si, por ejemplo, analizamos las últimas constituciones aprobadas en Latinoamericano,tenemos que en la de Colombia, de 1991, en el título II -que versa sobre los derechos, garantías y deberes-, se encuentra el capítulo 2, que trata de los derechos colectivos y el ambiente, donde se reconoce, en el artículo 29, el derecho a un ambiente sano, al decir:. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Cabe mencionar que en el entorno, la conexión de los seres humanos es permanente: o lo desfrutan o lo padecen. La alternativa a disfrutar de un medio ambiente adecuado no es separarse de él, sino padecerlo inadecuado; y la inadecuación del ambiente degrada la calidad de vida y afecta a la dignidad. O disfrutarlo o padecerlo. El reconocimiento constitucional del derecho a disfrutar o gozar del medio ambiente sano o adecuado no es baladí porque añade un presupuesto general que condiciona todo ejercicio de la autonomía individual y, en consecuencia, afecta al ejercicio de los demás derechos constitucionales. La calidad de vida y en particular, del medio ambiente sano, dibujan el escenario constitucional en el cual se proyecta la actividad de los sujetos. Porque, si el derecho a la vida el prius de todos los demás derechos, dándoles soporte, el entorno adecuado donde se desarrolla la vida y se ejercen los derechos es elemento imprescindible del disfrute de los mismos.

De los argumentos mencionados podemos indicar que el derecho internacional ambiental es la disciplina que se ocupa de los principios y normas jurídicas que tienen por objeto la preservación, conservación y mejoramiento del ambiente; el derecho a un ambiente sano es una norma imperativa del derecho internacional general, pues protege un interés fundamental de la comunidad internacional, y de la humanidad, de donde deriva para el Estado el deber de no dañar el ambiente ni permitir que él sea dañado.

En consecuencia, los integrantes de esta comisión dictaminadora, coincidimos con el criterio del colegislador, en el sentido de incorporar el término derecho a vivir en un ambiente sanoen la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, someten a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Primero. Se reforma la fracción I del artículo 1o de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sanopara su desarrollo, salud y bienestar;

II. a X. ...

...

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para:

I. a XIII. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 United Nations Environment Programme (unep), GEO-3 Global Environment Outlook, véase <http://www.unep.org/GEO/geo3/> (visitada en septiembre de 2008).

2 Idem

3 Mario I. Álvarez Ledesma, “Justicia y derechos humanos”, en Introducción al derecho, México, McGraw Hill, 1995.

4 Romina Picolotti y Jorge Daniel Taillant, op. cit., página XVI.

5 J. Daniel Taillant, “Environmental Advocacy and The InterAmerican Human Rights System”, en Romina Picolotti y Jorge Daniel Taillant (coords.), op. cit., página 123.

6 Ibid., p. 121.

7 Unep, GEO-3 Global Environment Outlook, véase <http://www. unep.org/GEO/geo3/> (visitada en septiembre de 2008).

8 Center for Human Rights and Environment (cedha), “Human Rights, Health and Environmental Protection: Linkages in Law and Practice”, véase <http://www.cedha.org.ar/docs/doc92.htm> (visitada en septiembre de 2008).

9 Idem.

10 Idem.

11 (Karel Vasak, Le droit International des Droits de l’homme. Recueil des cours, Académie de Droit International, vol. 140, 1974, IV, p. 344, citado por Héctor Gros Espiell en Estudios sobre derechos humanos, Instituto Internacional de Derechos Humanos, Jurídica Venezolana, página 140)

12 (Marta Moreno Luce, Los derechos humanos y la ecología, página 112).

13 El tratado entre Estados Unidos de América y la URSS sobre cooperación en el ámbito de la “protección del entorno”, del 23 de mayo de 1972, parte del supuesto de que “el desarrollo socioeconómico para beneficio de las generaciones requiere actualmente la protección y el mejoramiento del entorno humano”, para lo cual no sólo estableció el principio de cooperación entre los dos estados, sino que en él se acordó, como fruto de ella, resolver “los aspectos más importantes de los problemas del entorno”, “elaborar medidas para prevenir y estudiar la contaminación y sus efectos sobre el medio, así como...establecer las bases para controlar la influencia de las actividades humanas sobre la naturaleza” (artículo 2), cfr. Barros, James, y Johnston, Douglas M., Contaminación y derecho internacional, trad. de Flora Setaro, Buenos Aires, Marymar Ediciones, 1977, página 393.

14 Antes de esta conferencia, se habían suscrito algunos tratados sobre la protección y conservación del medio ambiente, como el Convenio relativo a la conservación de la fauna y flora en estado natural, del 8 de noviembre de 1933. Aunque la principal preocupación fue la preservación de los espacios marítimos, que se hizo, entre otros tratados, por la Convención sobre la prevención de la polución de las aguas marítimas por hidrocarburos, suscrita en Londres, el 12 de mayo de 1954 y las convenciones de Ginebra, del 29 de abril de 1958, a saber: la Convención sobre la Alta Mar y la Convención sobre la pesca y la conservación de los recursos vivos de Alta Mar.

15 Cfr. Dirección General de Política Ambiental, Tratados internacionales sobre medio ambiente suscritos por España, Madrid, 1993.16 Cfr. Fernández de Casadevante Romani, Carlos, La protección del medio ambiente en derecho internacional, derecho comunitario europeo y derecho español, Vitoria-Gasteiz, Gráficas Santamaría, 1992.

17 Para un estudio de la protección constitucional tanto en Europa como en Latinoamérica, puede consultarse Brañes, Raúl, op. cit., pp. 92 y ss. y 641 y ss.; igualmente, PMUMA, Legislación ambiental general en América Latina y el Caribe, México, 1992.

18 Sáchica, Luis Carlos, Constitución política de la República de Colombia, Medellín, 1991, p. 33.

19 Canosa Usera, Raúl, “Protección constitucional de derechos subjetivos ambientales”, Derechos fundamentales y estado, Coordinados Miguel Carbonell, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2002, página 128-129

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de mayo de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero informar a la asamblea que la presidenta de la comisión va a fundamentar este dictamen junto con el que está en el lugar número cuatro, que es el que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, y que del mismo modo la mayoría de los grupos parlamentarios posicionarán los dos dictámenes juntos aunque, por supuesto, tendrá que llevarse a cabo en su momento y en su caso cada una de las votaciones correspondientes. Tiene el uso de la voz la diputada Lourdes Adriana López Moreno.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno:Con su venia, señor presidente. A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta honorable Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y elaboración el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

En fecha 21 de febrero de 2013, esta iniciativa fue presentada por el senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

En resumen, la minuta en referencia propone incorporar a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos el término medio ambiente sano. Esto a efecto de equiparar a las legislaciones secundarias, en concordancia a la reforma reciente al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior guarda sustento con la reciente reforma constitucional que en materia de derechos humanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades del Estado mexicano a velar por los derechos humanos que consagran el texto constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 8 de febrero de 2012, en donde se incorpora al artículo 4o. constitucional el derecho a un medio ambiente sano, que a la letra dice: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en los términos de lo dispuesto por la ley.

Lo valioso de esta iniciativa es el reconocimiento de la relación entre el ambiente y la afectación al ser humano. Cómo ha venido fortaleciéndose poco a poco a lo largo de las últimas décadas, no solo internacionalmente, sino en el ámbito local, en la mayoría de las legislaciones de los estados.

El derecho a un medio ambiente sano es una norma imperativa del derecho internacional general, pues protege un interés fundamental de la comunidad internacional y de la humanidad, de donde deriva para el Estado el deber de no dañar al ambiente ni permitir que éste sea dañado.

En consecuencia, las y los integrantes de la comisión dictaminadora coincidimos con el criterio de la colegisladora en el sentido de incorporar el término derecho a vivir en un medio ambiente sano, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Insisto, es importante el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano.

También a esta comisión le fue turnado para su estudio y elaboración el dictamen correspondiente al expediente 1329, que contiene iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, iniciativa presentada por el diputado Gerardo Peña Avilés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y secretario de esta comisión dictaminadora.

La iniciativa manifiesta que el gobierno mexicano tiene el compromiso y la obligación de cuidar adecuadamente las áreas naturales protegidas, ya que un medio ambiente sano equivale a una mejor calidad en la salud y en la vida de todos sus habitantes. Y también que el derecho ambiental es el encargado, no solo de proteger un bien particular, sino que protege una cuestión de efectivo interés general y que el cumplimiento o incumplimiento de este grupo de reglas que conforman esta rama del derecho puede afectar las posibilidades del desarrollo, el nivel y la calidad de vida de toda persona.

En ese orden de ideas, existe la necesidad de elementos sancionadores que inhiban las actividades que provocan daño ambiental. La normatividad ambiental mexicana necesita de instrumentos eficaces que garanticen la adecuada protección, así como sanciones al daño ocasionado, en cuyo caso las sanciones pecuniarias deberán ser severas para rescatar de forma adecuada la zona afectada y al mismo tiempo inhibir, en lo posible, la conducta infractora y el daño que se pudiera ocasionar.

Por lo que las sanciones administrativas que se mencionan en el artículo 171, fracción I, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuya sanción máxima es de 50 mil días de salario mínimo general vigente no es suficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño ambiental, ya que el beneficio económico pudiera ser mayor a la sanción correspondiente, lo que haría rentable cometer un ilícito y no evitarlo. Es por eso que la presente iniciativa pretende que se incremente la sanción máxima a 60 mil días de salario mínimo.

Asimismo el párrafo cuarto del artículo mencionado anteriormente califica de reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto en un máximo de dos años. Se propone que este periodo de dos años como lapso mínimo sea incrementado a un periodo de tres años.

Por las razones expuestas, la iniciativa propone reformar la fracción I del párrafo primero y el párrafo cuarto del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Los invitamos a todas las legisladoras y legisladores a formar parte de integrar en nuestro país el derecho a vivir en un medio ambiente sano.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza sobre los dos dictámenes tiene el uso de la voz la diputada Cristina Olvera Barrios.

Le damos la bienvenida a un grupo de alumnos de la licenciatura de derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, Valle de México, que nos acompañan hoy en la sesión. Bienvenidos.

La diputada Cristina Olvera Barrios: Diputado presidente. Voy a posicionar dos dictámenes, por lo que solicito se me conceda el tiempo necesario. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el primer dictamen se refiere a que vale la pena recordar que hace algunas décadas el pensamiento sobre el tema del medio ambiente se centró solo en aquellas personas consideradas como amantes de la naturaleza.

La conciencia ambiental se ha extendido y profundizado en la población mundial, esto debido al impacto en la vida de las personas y el desarrollo económico de los países provocados por la degradación del medio ambiente, la contaminación del aire, agua y tierra, la extinción de la biodiversidad, la desaparición de los ecosistemas y, principalmente, por la escasez de alimentos y la repercusión que tiene la salud en todo ser humano.

El derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituye uno de los llamados derechos de tercera generación. Su garantía solo podrá ser posible con los resultados del esfuerzo conjunto de todas las personas, gobiernos, órganos públicos y privados. De lo contrario, solo quedará como concepto normativo, sin consecuencia directa en el cuidado del medio ambiente.

En nuestro país este derecho está consagrado en el artículo 4o. constitucional. El Estado mexicano suscribió tanto en la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano de 1972, como la Declaración de Estocolmo sobre el medio humano del mismo año. Esta última consagra el principio de que el hombre tiene derecho fundamental al disfrute de condiciones adecuadas en un medio de calidad tal, que le permita llevar una vida digna y gozar del bienestar. Y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.

Esto significa un reconocimiento a un derecho y a una obligación, ya que para el disfrute de un medio ambiente sano es requisito fundamental para que como individuos lo cuidemos, lo protejamos y evitemos su contaminación.

Con la armonización del precepto constitucional en las leyes secundarias en la materia, se cumple con la obligación, de acuerdo con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de realizar las adecuaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones que contrajo el Estado mexicano al momento de suscribir un convenio internacional, y se da paso en la construcción de un marco jurídico efectivo que permita a las nuevas generaciones un disfrute de un medio ambiente sano.

Con relación al segundo dictamen, me permito hacerles el comentario. México ha experimentado en las últimas décadas la pérdida, el deterioro y las incontables afectaciones que han sufrido en gran medida los recursos materiales, la biodiversidad, los suelos, los ecosistemas y el medio ambiente en general, causadas por personas particulares y empresas suficientes, para reiterar la prioridad de seguir trabajando para un mejor régimen jurídico en materia ambiental.

Por ello ha sido de vital importancia para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza respaldar reformas que dan prioridad al compromiso de cuidar y preservar el medio ambiente sostenible. Y que además apuestan a la cualidad de que la ley siempre será perfectible. Ello para lograr una mejor adecuación de la normatividad ambiental, al dotarla de los instrumentos jurídicos eficaces que garanticen la protección. Así como de los elementos sancionadores que inhiban las actividades que provocan daño al medio ambiente.

Con la presente propuesta se favorece el cuidado del medio ambiente al incrementar la sanción máxima y se amplía el tiempo de la figura de reincidente al infractor, como medidas de prevención en la comisión de delitos ambientales, traduciéndose como el conjunto de acciones que tendrán como objeto el mejoramiento del entorno social y ambiental, ya que siempre será de mayor justicia ambiental la promoción de acciones para reducir los delitos y conductas en perjuicio del medio ambiente, que definir y ejecutar políticas para resarcir sus efectos.

Reflexionemos, compañeros, y demos prioridad al cuidado del medio ambiente, ya que no bastará solo con ser sancionados o pagar multas administrativas, cuando la actitud del perjuicio y deterioro del medio ambiente dejó en su momento mayores ganancias a quienes lo hicieron, por lo que será más rentable cometer nuevas conductas para evitarlo.

Estimadas compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de establecer acciones encaminadas a buscar en todo momento la seguridad y la protección del medio ambiente en beneficio de la colectividad para su convivencia y el desarrollo, que solo se podrá lograr si se cuenta con los elementos y acciones que inhiban la comisión de conductas que menoscaben el medio ambiente.

Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, los exhortamos a dar su voto a favor de este presente dictamen. Es cuanto, señor diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señor presidente. El medio ambiente se caracteriza por ser una reunión de partes, de recursos —como lo llaman las sociedades capitalistas— entre los bosques, los ríos, las montañas, las selvas, los mares, las diversas especies, los minerales y las energías fósiles.

A esta forma de comprender el medio ambiente se introdujeron algunas variaciones a finales del siglo XX, a raíz de impactos causados sobre el medio ambiente como el calentamiento global, la lluvia ácida, etcétera, por las formas de producción industrial y ante la crisis por el agotamiento de los recursos.

Nuestro país, con motivo de su posición geográfica, es uno de los cinco países que tienen mayor diversidad en el mundo; por lo que a su vez representa una región muy atractiva para su explotación. Las áreas protegidas representan 13 por ciento del total del territorio nacional y su conservación y protección se traduce en beneficios, tanto económicos como sociales, para sus habitantes.

En ese sentido el medio ambiente, dada la importancia creciente que se le ha reconocido en los últimos 30 años, se ha constituido en uno de los ámbitos de aplicación del derecho. Los derechos ambientales se han agrupado entre los de la tercera generación, justo después de los derechos fundamentales.

Al formularse el derecho a un ambiente sano se está recogiendo gran parte de lo establecido en nuestra Constitución Política, pues es a través de su protección como se imponen condiciones de cuidado básico para la existencia de la vida humana; tal y como sucede cuando hablamos de la protección al agua, pues también se está vinculando con el derecho a la vida.

Procurar el cuidado del medio ambiente también converge con el derecho a la salud, ya que en ese sentido la protección de ésta debe ser defendida como la fórmula por la que se puede garantizar el bienestar de los seres humanos.

El desarrollo sostenible hoy por hoy apunta a la búsqueda de una relación más equilibrada y armónica entre la sociedad y el medio ambiente. La prioridad de toda legislación es que ésta sea acorde con la realidad social de los destinatarios de éstos.

Por esta razón, consideramos que la propuesta de incorporar a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos el término medio ambiente sano, no solo es necesario por la importancia que el tema reviste, sino también porque a través de la reforma propuesta, y en caso de aprobarse la misma, se estará homologando la legislación secundaria con la reciente reforma al artículo 4o. constitucional, en materia ambiental.

Es por todo lo anteriormente expuesto que los integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano votaremos a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia del diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en su artículo 1.

En ambas leyes se propone incorporar el término medio ambiente sano, para que haya correspondencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales que ha signado nuestro país.

No se trata nada más de una modificación de forma para establecer congruencia entre el texto constitucional, las leyes secundarias que emanen de la misma y los instrumentos internacionales.

Es un avance en materia de un reconocimiento efectivo de este derecho al medio ambiente sano después de tres décadas de que México haya signado los instrumentos internacionales que hacen precisamente alusión a este derecho.

Es evidente que el deterioro del medio ambiente incide de manera negativa en el desarrollo y bienestar de los seres humanos. Existen estudios de diversas agencias multinacionales, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud, que así lo ha documentado.

Aunque tenga lugar tres décadas después el reconocimiento de este derecho, es una también exigencia por parte de diversos organismos jurisdiccionales en el ámbito internacional con relación a los compromisos de México, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido como un derecho de la tercera generación.

Por lo que se refiere al artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se hace la propuesta de dictamen para modificar dos cuestiones concretas. La primera de ellas está contenida en la fracción I de dicho artículo y se refiere a la sanción económica máxima por violar los preceptos de la ley en el texto vigente. Dicho monto es de 50 mil días de salario mínimo. Es decir, 3 millones 238 mil pesos. La segunda se refiere a la necesidad de ampliar de dos a tres años el plazo para considerar que existe reincidencia en la comisión de la infracción a la ley.

El promovente argumenta que el monto debe ser incrementando, en razón de que en diversas ocasiones el beneficio económico de cometer el delito ambiental puede ser mayor a la sanción económica. Y esto se da, precisamente, bajo un argumento falso, que es el que contamina paga, principio de derecho ambiental que actualmente ya ha sido superado.

Coincidimos con el planteamiento de incrementar la multa de 50 mil a 70 mil días de salario mínimo, como lo propone la comisión dictaminadora, dado que el monto no se ha actualizado en más de una década, por lo que creemos que es adecuado actualizarlo.

En lo que se refiere al tema de incrementar un año más para considerar que el sujeto es reincidente en la conducta delictiva, consideramos que el razonamiento del proponente no es lo suficientemente sólido para considerarlo procedente. Es contradictorio que por un lado se proponga incrementar la sanción, pero por el otro se amplíe un año más para considerar la reincidencia. Se debe dejar, por lo menos, un plazo de dos años vigentes en la ley para que la norma se fortalezca al combinarla con la sanción de 70 mil días de salario mínimo.

En ese sentido, podemos señalar que estamos de acuerdo con el contenido del dictamen en lo general, pero creemos que el cuarto párrafo del artículo 171 debe quedar en los términos de la ley vigente. Por las consideraciones aquí señaladas, votaremos a favor del dictamen en comento. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Buenas tardes a todos. Compañeras y compañeros, los dos dictámenes que la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha decidido presentar en conjunto, para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México son sin duda muy importantes.

El primero presentado por nuestro senador y coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República, el senador Jorge Emilio González Martínez, y el que tiene que ver con adecuar dos de las leyes más importantes generales que tenemos en el tema del medio ambiente.

El poder homologar los criterios que se han tenido en los diferentes avances que se ha podido modificar nuestra Constitución, específicamente del artículo 4o., en el que refleja que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano y que, por supuesto, pueda ayudar a nuestro desarrollo y bienestar.

El poder considerar y modificar los artículos 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Ley Integral de Residuos es de suma importancia para que podamos construir los criterios que hoy está necesitando nuestro país.

Vamos a imaginar que vivimos en una comunidad o en un municipio, y una fábrica que contamina se instala y no cumple con la normatividad ambiental que se está requiriendo.

¿A quién vamos a recurrir o a quién vamos a acudir si no estamos teniendo un medio ambiente sano para desarrollar nuestras actividades y de nuestros hijos y las nuevas generaciones?

Es ahí donde cae la importancia de esta reforma. Es decir, que tengamos todos los mismos criterios y que también lo bajemos a todo lo que tiene que ver con las leyes locales en las diferentes entidades de nuestro país, para que podamos caminar y transitar hacia un desarrollo sustentable adecuado.

El hecho de presentar este tipo de propuestas tiene que ver con hacia dónde el ciudadano va a poder recurrir para denunciar o para manifestar que están siendo violados sus derechos o sus garantías individuales, como lo marca la propia Constitución. Es ahí donde tenemos que trabajar.

Como Grupo Parlamentario del Partido Verde hacemos un reconocimiento a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque sin demeritar a ninguna de las otras comisiones, me parece que esta comisión ha trabajado de una forma transversal e integral en el resultado que necesitamos hoy para nuestro medio ambiente.

Ahí está un claro ejemplo de la propuesta de la Ley de Responsabilidad Ambiental, que hoy permite que cualquier ciudadano pueda presentar una denuncia ante alguna acción que sienta que atenta contra nuestro medio ambiente en un Ministerio Público de la procuraduría federal o en el caso de los estados que cuentan con procuradurías estatales de protección al medio ambiente.

Y el segundo dictamen –muy importante también– en lo que tiene que ver con las sanciones de subir de 50 mil días de salario mínimo a 60 mil en la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el artículo 171, es un avance también importante.

Hoy el tema de la prevención de los programas de cultura ambiental y lo que tiene que ver con supervisión han sido rebasados por el crecimiento y desarrollo que hemos tenido en nuestro país.

Estamos trabajando en el Grupo Parlamentario del Partido Verde en poder presentar una ley orgánica que pueda regular a la propia Procuraduría Federal del Medio Ambiente para que pueda empezar a caminar y a trabajar con los mecanismos adecuados, que hoy nos está exigiendo el tema del medio ambiente.

Esta procuraduría, hay que hacer mención que trabaja aproximadamente desde hace 17 años solamente con un reglamento administrativo. Es decir, falta mucho por definir en el aspecto de todo lo que tiene que ver con la propia procuraduría y que nos ayude a trabajar en lo que tiene que ver con prevención, en que la gente que está trabajando dentro de la misma cuente con el servicio civil de carrera para que podamos tener la garantía en todos los estados de que funciona adecuadamente.

Asimismo una de las cuestiones y características en que ha trabajado la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, es el buscar que existan los perfiles adecuados a toda la gente que representa a lo largo y ancho de nuestro país en dicha procuraduría.

Para nosotros, como Grupo Parlamentario del Partido Verde, es sin duda fundamental el hecho de que podamos transitar adecuadamente a un desarrollo sustentable, que sea vivible, viable y equitativo, y que no se nos olvide que uno de los principales retos es el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, la conservación biológica y un tema fundamental para nuestro país: que vayamos acortando la brecha social que existe y qué mejor forma de aprovecharlo que con los recursos naturales con que cuenta nuestro país, y que podamos garantizar a las nuevas generaciones un México limpio, verde y sustentable. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Claudia Elena Águila Torres:Con permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y diputadas, voy a referirme a ambos dictámenes, los cuales tienen grandes afinidades, que promueven el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El que reforma los artículos 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para incorporar a dichos ordenamientos el término de medio ambiente sano, siendo esto necesario para armonizar las legislaciones secundarias, como lo mandata la Constitución.

Así como el proyecto de decreto que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la misma ley, que propone el incremento de la sanción máxima a 60 mil días de salario mínimo, la cual hoy es de 50 mil días, y es claro que no ha sido suficiente para impedir que el sujeto produzca el daño, debido a que el beneficio económico obtenido es mayor a la sanción correspondiente.

Tenemos que garantizar que todas las personas, comunidades y pueblos disfruten de un entorno sano que les permita desarrollarse en igualdad de condiciones. Pero también establecer un sistema de responsabilidad que permita la justa reparación de los daños al medio ambiente.

Lo anterior para garantizar lo establecido en nuestro artículo 4o. de la Constitución, que reza: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley.

En nuestro país la normatividad en materia ambiental demanda instrumentos jurídicos eficaces que garanticen la adecuada protección y sanción al daño ocasionado. Las sanciones pecuniarias deben ser rigurosas para posibilitar la restauración de los ecosistemas, sus funciones, procesos ecológicos y evolutivos, así como el hábitat o la biodiversidad que han sido degradados y destruidos en áreas de conservación en sus diferentes modalidades y regiones de influencia y, al mismo tiempo, inhibir en lo posible la conducta infractora y el daño que se pudiera ocasionar.

Ambas iniciativas se centran en la función que lleva a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para el control de la reglamentación y el procesamiento de la reincidencia. Se atiende el tema de la reincidencia retomando lo relacionado a las sanciones impuestas por la Profepa respecto al monto máximo de la multa, el cual tampoco se actualiza desde el 31 de diciembre de 2001.

La Profepa es la autoridad facultada en el tema de sanciones y tiene entre sus atribuciones el vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental procurando el cumplimiento de la legislación ambiental, sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales para así atender y controlar el creciente deterioro ambiental en México.

Cada año se recibe un mayor número de denuncias, las cuales indican que el entorno ambiental en las comunidades es muy importante para sus habitantes. Esta situación compromete a la Profepa y a los legisladores a redoblar sus esfuerzos enfocados a la protección y preservación del medio ambiente.

Es así que queda firme el compromiso de seguir trabajando a favor del derecho a un medio ambiente sano reflejado en las leyes y políticas públicas que asuman la responsabilidad de todos los sectores del gobierno y la sociedad, fortaleciendo acciones y actos de autoridad que incrementen el cumplimiento efectivo de la ley.

Es por eso que en el Grupo Parlamentario del PRD daremos nuestro voto a favor de estos dictámenes. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Gerardo Peña Avilés:Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los presentes. En Acción Nacional siempre nos hemos preocupado por lo que los ciudadanos enfrentan día a día, en mejorar el bienestar de las personas y las comunidades, y en mejorar nuestro entorno global.

Recordemos que el derecho ambiental es el encargado, no solo de proteger un bien particular, sino protege una cuestión de efectivo interés general, y que el incumplimiento del grupo de reglas que conforman esta rama del derecho puede afectar las posibilidades de desarrollo, el nivel y la calidad de vida de todos los mexicanos.

Las modificaciones propuestas van en el sentido de incorporar el término derecho a vivir en un ambiente sano.

En las leyes a las que en esta iniciativa se refiere, enriqueciendo los derechos de los mexicanos, ese derecho ya está inscrito en nuestra Constitución, por lo que requiere una adecuación a las leyes secundarias.

Garantizar un medio ambiente sano es entonces fortalecer el desarrollo humano ampliando opciones de desarrollo personal y que impactan en el desarrollo social y económico. Asimismo, un aspecto que influye negativamente en la calidad de vida es el deterioro de nuestro medio ambiente, mediante las conductas delictivas que se cometen en su contra.

Establecer responsabilidades y obligaciones individuales, como en el caso de los bienes privados, es más complejo. Además de que se trata de bienes en que en algunos casos ya no son recuperables o renovables. Un ejemplo claro son las especies de flora y fauna silvestre en peligro de extinción.

Desgraciadamente en estos casos no podemos hablar de resarcir el daño, ya que hablamos de bienes que son patrimonio de la humanidad. Actualmente también se ha reconocido que uno de los motivos que generan el cambio climático de nuestro mundo radica en la depredación tan voraz de nuestros recursos naturales.

En el caso de México, desde el inicio de la implementación de sus políticas ambientales, el instrumento más usual para el control de la contaminación ambiental ha sido el establecimiento y aplicación de normas y castigos, como un instrumento de regulación directa con mayor aplicación que otros. Es decir, contar con instrumentos jurídicos eficaces que garanticen la adecuada protección, así como las sanciones al daño ocasionado.

Al respecto, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente —entre otras cosas— tiene como objeto establecer las bases para definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación, la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo, así como las sanciones que garanticen su cumplimiento.

Desde el 31 de diciembre del 2001 esta multa no ha sido actualizada en lo referente al monto máximo. Es decir, 12 años en lo que el monto de las sanciones a las conductas delictivas no han sido suficientemente capaces de inhibirla, ya que en estos años los beneficios que se obtienen del daño al medio ambiente pueden ser mayores a las sanciones de la ley.

Si bien la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contempla el capítulo Sobre las sanciones administrativas, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional consideramos que es necesario incrementarlas, ya que en algunos casos el beneficio económico obtenido por el infractor es mayor que la sanción contemplada por la legislación.

Tristemente en algunas ocasiones los delitos ambientales se vuelven rentables, por lo que se contempla un aumento en un 20 por ciento, con la finalidad de que parte de la misma sea destinada para resarcir el daño ocasionado.

Igualmente se busca considerar como periodo mínimo la reincidencia para la comisión de un delito en un lapso de tres años, dando tiempo suficiente a la autoridad correspondiente para analizar las sanciones del infractor y aplicar la sanción que mejor convenga para castigar el daño. Es ahora que debemos trabajar por aquellos aspectos que muchas veces el ciudadano considera que no tomamos en cuenta, aspectos que viven todos los días y que es nuestra responsabilidad atender.

En el Partido Acción Nacional apoyamos decididamente las presentes iniciativas. La primera, que tiene como objetivo establecer los principios básicos fundamentales de acceso de los ciudadanos a un medio ambiente sano, que nos permita a todos, sin excepción, un mejor desarrollo humano. Y la segunda, que tiene como objeto incrementar el máximo de 50 mil a 60 mil días de salario mínimo, ya que consideramos que el monto máximo anterior resulta insuficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño ecológico.

Por lo anterior, estamos convencidos de que un ambiente sano es la aspiración legítima de la humanidad, ya que es fundamental en la calidad de vida de los mexicanos y de las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente, tiene el uso de la voz el diputado Darío Badillo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Darío Badillo Ramírez:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el crecimiento acelerado de la sociedad ha traído como consecuencia el incremento exponencial en la demanda de los recursos naturales, lo cual ha generado la sobreexplotación de la tierra, la contaminación de ríos, lagunas y mares, así como la producción de contaminantes atmosféricos.

La afectación producida al medio ambiente genera la presencia de afectaciones graves a la salud y al bienestar de los seres humanos, en particular de los grupos más vulnerables, como son los niños, las comunidades con altos índices de pobreza, las mujeres y las gentes de edad mayor.

Las reformas propuestas armonizan las normas secundarias en la materia, en concordancia con las reformas realizadas al artículo 4o de nuestra Carta Magna, en donde se establece el derecho con el que cuenta la sociedad a contar con un ambiente sano.

Asimismo el presente dictamen refleja los compromisos adquiridos por el Estado mexicano mediante la suscripción de diversas convenciones internacionales, como por ejemplo el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, el cual establece, en su artículo 11, que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, así como también que los Estados promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

De esta forma, el dictamen que ahora se pone a nuestra consideración refleja en ley lo que algunos estudiosos han catalogado como un derecho de la tercera generación de los derechos humanos, llamados también derechos de solidaridad, los cuales requieren para su existencia real del esfuerzo conjunto de todos los componentes de la sociedad.

Es cierto que el contar con un ambiente sano permitirá que las personas accedan a un mejor desarrollo físico y mental. Pero además asegurará la viabilidad de nuestra especie y la de la vida de nuestro planeta.

Recordemos lo afirmado hace casi dos siglos por el ornitólogo norteamericano, John James Audubon, quien decía que un conservacionista de verdad es un hombre que sabe que no hemos heredado el mundo de nuestros padres, sino que lo tenemos prestado de nuestros hijos.

Con relación al segundo dictamen que hoy tenemos a nuestra consideración, consideramos que atiende a un problema que día a día ocupa un espacio más amplio en el interés nacional, pues su resolución significa un reto para el progreso del país, la contaminación del medio ambiente.

Los legisladores priistas consideramos que es adecuado el incremento de las sanciones aplicables a quienes trasgredan los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, toda vez que en muchas ocasiones las ganancias de los infractores son mucho más cuantiosas que el monto de las sanciones que actualmente se encuentran establecidas, por lo que en muchas ocasiones la violación a las normas es vista como un costo que vale la pena asumir.

Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de los presentes dictámenes, toda vez que representan un paso fundamental para la preservación, conservación y mejoramiento del medio ambiente.

Estamos a tiempo de evitar un colapso de nuestro planeta y el de nuestra forma de vida. Recordemos, tal y como lo expresara Al Gore, que en el transcurso de una sola generación corremos el peligro de cambiar la composición de la atmósfera terrestre de manera mucho más desastrosa que cualquier erupción volcánica de la historia, y puede que los efectos persistan durante siglos. Es todo lo referente a mi lectura, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

La diputada Leonor Romero Sevilla(desde la curul): A favor.

La diputada Alejandra López Noriega (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Señor presidente, se han emitido 407 votos a favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día —como ya había sido anunciado— es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la misma Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1329, que contiene iniciativa con proyecto de decreto que se reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, inciso e), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, numeral 1, 82, numeral 1; 84, numeral 1, 85, 157, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

I. Antecedentes legislativos

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 26 de febrero de 2013, el diputado Gerardo Peña Avilés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Segundo.En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa, turnándola  a las Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictamen.

Una vez recibida la iniciativa los integrantes de la Comisión presentan elaboran el presente Dictamen que tiene por objeto atender la iniciativa con proyecto de decreto, en la cual se considera procedente reformar el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objetivo de garantizar las Áreas Naturales Protegidas.

II. Contenido de la iniciativa

El diputado iniciador manifiesta que el gobierno mexicano tiene el compromiso y la obligación de cuidar adecuadamente las áreas naturales protegidas, ya que un medio ambiente sano equivale a una mejor calidad en la salud y la vida de todos sus habitantes.

Posteriormente el diputado iniciador manifiesta que el derecho ambiental, es el encargado no solo de proteger un bien particular, sino que protege una cuestión de efectivo interés general, y que el incumplimiento del grupo de reglas que conforman esta rama del derecho, puede afectar las posibilidades de desarrollo, el nivel y la calidad de vida de toda persona.

En ese orden de ideas manifiesta el diputado Gerardo Peña Avilés la  necesidad de elementos sancionadores que inhiban las actividades que provocan daño ambiental.

En efecto, asienta en su iniciativa que la normatividad ambiental mexicana necesita de instrumentos jurídicos eficaces que garanticen la adecuada protección, así como sanciones al daño ocasionado, en cuyo caso las sanciones pecuniarias deberían ser severas para rescatar de forma adecuada la zona afectada y al mismo tiempo inhibir en lo posible, la conducta infractora y el daño que se pudiera ocasionar.

La iniciativa en comento detalla que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene entre sus atribuciones la facultad de regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación del suelo, el aire, y el cuidado de los recursos naturales;  asimismo, es la encargada de la inspección, vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas, cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El diputado iniciador describe que las sanciones administrativas que se mencionan en el artículo 171, fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuya sanción máxima es de cincuenta mil días de salario mínimo general vigente no es suficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño, ya que el beneficio económico obtenido pudiera ser mayor a la sanción correspondiente, lo que haría rentable cometer el ilícito y no evitarlo, es por esto que la presente iniciativa pretende que se incremente la sanción máxima a sesenta mil días de salario mínimo vigente.

También el diputado iniciador razona que el párrafo cuarto del artículo mencionado anteriormente califica de reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años.

Sin embargo, en la consideración del legislador, es este periodo de dos años un lapso de tiempo mínimo que se debiera ampliar a tres años para evitar que la reincidencia no deje de ser agravante en la comisión de un delito en un lapso tan breve.

Por las razones expuestas, la iniciativa, propone reformar la fracción I del párrafo I y el párrafo cuarto del Articulo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El texto propuesto por el diputado Gerardo Peña Avilés a la letra señala:

Artículo 171. ...

I. Multa por el equivalente de treinta a sesenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción;

II. a V...

...

...

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de tresaños, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Visto lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, planteamos las siguientes:

III. Consideraciones

La diferencia entre el número de denuncias y querellas interpuestas y el número de procesos instaurados en las jurisdicciones administrativas y penales pone en evidencia algunos problemas del procesamiento de conflictos a propósito de la aplicación de la reglamentación administrativa. Esto se traduce, además, en que haya escasas ocasiones en que los tribunales pueden pronunciarse sobre conflictos ambientales. Pero, si bien es cierto que, cuando se da el caso, los jueces llegan a pronunciarse poco sobre aspectos sustantivos del derecho, limitándose a esclarecer aspectos de procedimiento, al hacerlo desempeñan un importante papel en el desarrollo del corpus de reglas de aplicación del derecho ambiental.

Este aspecto y, en general, la forma en que los tribunales y los agentes de procuración de justicia (ambiental) aplican sanciones no es banal.

En la concepción kelseniana del derecho, las reglas prescriptivas están implícitas en las reglas represivas o, dicho de otra forma, una conducta está prescrita si y sólo si está asignada una sanción a la conducta contraria (Kelsen, 1988: 71), o bien una conducta está prohibida cuando opera como condicionante de la sanción. No se trata, entonces, de que una ley prohíba causar un daño al medio ambiente, sino de que causar daño al medio ambiente sea la condición para la aplicación de una sanción (Kelsen, 1995: 67). Pero, llevando aún más lejos el razonamiento kelseniano, una norma represiva consiste menos en establecer las penas que en obligar a ciertos responsables (inspectores, jueces) a aplicarlas a aquellas personas probadas como responsables.

Así, lo que es presentado como una prescripción o una prohibición es en realidad una condición para que opere la regla de conducta que regula la acción de los responsables facultados para imponer sanciones, es decir, una condición del acto coactivo (Kelsen, 1995: 126). Las reglas de derecho no serían, desde esta perspectiva, más que condiciones para la asignación de sanciones, pero las cuestiones relativas a autorizar esa asignación, es decir, las reglas que regulan quién y en qué condiciones puede imponer sanciones, serían el núcleo duro del sistema normativo para proteger al medio ambiente, es bien sabido que la norma jurídica no necesita ser estrictamente aplicada para servir a los objetivos para los que fue creada. Ello no quiere decir, tampoco, que se pueda descuidar la parte represiva del derecho, pues más allá de que sea el elemento sin el cual se vuelve inexistente o al menos imperfecta la prescripción, es condición necesaria para que el derecho mismo funcione en tanto que sistema de incentivos y de razones para las decisiones de los individuos.

Los mecanismos de autorregulación, como la auditoría ambiental, funcionan si existe la amenaza de la norma represiva, dado que operan como incentivo para el cumplimiento de la norma prescriptiva. Por su parte, el papel de los tribunales, aun si se limita a resolver con base en reglas secundarias, seguirá siendo fundamental para el conjunto del dispositivo de aplicación de la reglamentación ambiental. Los tribunales son, de esta forma, un espacio, un locusen el que se procesa el hecho de la aplicación y de la “no aplicación” del derecho ambiental, y al conocer el funcionamiento de lo que sucede en los tribunales y en sus procesos podremos entender esa “no aplicación”.

En lo que respecta a la práctica creciente de negociar el sometimiento de las industrias a lo previsto por la reglamentación ambiental, varias cues­tiones pueden resaltarse. Primero, la presunta eficacia de estos mecanismos con respecto al control clásico. Asimismo, lo que concierne a la utilidad de los dispositivos de control clásico para la autoevaluación y, como se ha mencionado, la función de persuasión que desempeña la amenaza de san­ción. Por otro lado, a propósito de la práctica consistente en concertar las medidas para apegarse a la reglamentación, ésta podría ser vista como una negociación del sometimiento del gobernado a las reglas jurídicas y, enton­ces, como una práctica que desvirtúa los atributos de la ley. Sin embargo, negociar la aplicación de la reglamentación, es decir, transigir sobre cómo se respetará la reglamentación, puede no considerarse un medio de acción que se sitúa fuera del derecho, sino una práctica que se da “a través del derecho” (Lascoumes, 1991: 227).

En efecto, durante la negociación, la reglamentación ambiental opera como referencia ineludible, toda vez que se trata de adaptar la exigencia de su aplicación, que puede resultar demasiado onerosa o materialmente imposible, a las condiciones objetivas y reales de esa instalación industrial. En este caso es importante señalar que negociar la aplicación no significa ignorar la reglamentación, sino permitir que las normas sean utilizadas, como lo señala Lascoumes (1990: 59), no para ser aplicadas sino para que se emprenda una negociación a propósito de su aplicación. En este sentido las diputadas y los diputados consideramos oportuna esta iniciativa.

No obstante las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales queremos manifestar que el derecho ambiental presenta, pues, algunos de los rezagos con los que es caracterizado el derecho posmoderno (Chevallier, 2004: 123); un derecho pragmático que tiende a involucrar a los destinatarios de las reglas en su elaboración y que recurre cada vez con mayor regularidad a procedi­mientos alternativos de influencia y persuasión. Un derecho que deviene un “derecho negociado” y a la vez un “derecho suave” ( soft law).

En México (y en la mayoría de los países), el instrumento más usual para el control de la contaminación ambiental ha sido el establecimiento y la aplicación de normas y castigos ( command and control) casi desde el inicio de la implantación de sus  políticas ambientales. Es un instrumento de regulación directa con mayor aplicación que otros instrumentos de regulación directa con mayor aplicación que otros instrumentos de regulación indirecta (impuestos, subsidios, permisos comerciales, créditos preferenciales, organización de programas voluntarios, etcétera).

La política ambiental revela el carácter paradójico del Estado contemporá­neo: tratándose de una política intensiva en recursos reglamentarios y, por lo tanto, una política fundamentalmente ejecutable mediante la aplicación del derecho ambiental, bajo criterios en la imposición de sanciones específicas que describe el artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 173.Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta:

I.La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios: los daños que se hubieran producido o puedan producirse en la salud pública; la generación de desequilibrios ecológicos; la afectación de recursos naturales o de la biodiversidad y, en su caso, los niveles en que se hubieran rebasado los límites establecidos en la norma oficial mexicana aplicable;

II.Las condiciones económicas del infractor, y

III.La reincidencia, si la hubiere;

IV.El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y

V.El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción.

En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que la Secretaría imponga una sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida. La autoridad correspondiente, por sí o a solicitud del infractor, podrá otorgar a éste, la opción para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 170 de esta Ley, y la autoridad justifique plenamente su decisión.

De igual forma, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales destacamos que la ineficacia de las normas, como lo apunta Treves (1995: 200), puede asociarse a los instrumentos y servicios destinados a aplicarlas.

Por ello, al emprender una revisión del régimen de la protección al medio ambiente y el combate a la contaminación es importante revisar los instrumentos y las estructuras administrativas, como lo hace el diputado Iniciador, encargadas de la aplicación respecto a las condiciones económicas del infractor cuando no es suficiente para inhibirlo de ocasionar el daño, ya que el beneficio económico obtenido pudiese ser mayor a la sanción correspondiente.

En el caso del combate a la contaminación,  el diputado iniciador atiende el tema de la reincidencia, sin embargo, considerar las limitaciones de esta perspectiva, pues en muchos casos las leyes no contribuyen al logro de los objetivos explícitos o subyacentes de las mismas o de las políticas en las que se inscriben. Como lo señala Blankenburg (1986: 78), las leyes incluyen hipótesis y suposiciones dudosas sobre la relación entre las reglas y los objetivos contemplados y, así, no es extraño que un alto índice de observancia de la ley no se corresponda con un nivel satisfac­torio de los objetivos previstos por la misma por lo que resulta oportuno en la iniciativa el dejar de manifiesto que las sanciones administrativas que se mencionan en el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, fracción I no son lo necesariamente suficiente en cuanto a su monto como para inhibir al sujeto que ocasiona el daño.

Pareciera que la investigación sobre la comisión de delitos ambientales fuera una especie de eventualidad, una cuestión aleatoria que no buscara sino satisfacer en el plano simbólico las exigencias de protección ambiental. A partir de la revisión de las operaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) se identificó que una parte considerable de los delitos documentados estaban relacionados con el tema forestal (artículo 420-II del Código Penal) o con la comercialización de especies protegidas o pro­ductos derivados de éstas (artículo 417). Se aprecia que en la mayoría de los casos se trataba de pequeños delincuentes, es decir, taladores, personas que transportaban pequeñas cantidades de residuos peligrosos o bien que poseían ejemplares de especies protegidas, y que los grandes contaminado­res son difícilmente objeto de persecuciones judiciales.

En ese sentido el derecho penal es accesorio del administrativo, como cuando el bien jurídicamente tutelado por esta rama del derecho amerita mayor protección, o cuando ocurren hechos especialmente graves que han de evitarse, de modo que el paso de una infracción administrativa al delito, se basa en la causación de un daño o en la creación de un peligro que rebasa la efectividad previsora y sancionadora del derecho administrativo. En este sentido, para tipificar los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, resulta imprescindible articular coherentemente el derecho penal con el contenido del derecho ambiental no penal, pues por el carácter no jurídico que lo caracteriza, es imposible describir en tipos penales todos los componentes de un ilícito ambiental punible, así que debe acudirse a elementos normativos que han de interpretarse con ayuda de criterios ofrecidos por leyes no penales, como consecuencia de la dependencia del derecho ambiental de otras materias, sin ignorar que lo ideal sería que, en materia ambiental, la tipificación penal fuera completa, sin necesidad de recurrir a elementos extrapenales para conocerla; sin embargo, esto resulta imposible por la complejidad y tecnificación que la caracterizan, más aún si se toma en cuenta que pertenece al campo de la ciencia, lo que hace que el derecho penal por sí solo sea insuficiente para afrontar las exigencias que su regulación implica.

Las autoridades mexicanas han estado aplicando varias medidas para hacer cumplir las normas ambientales, especialmente en la industria manufacturera. Son medidas de exigencia gubernamental del cumplimiento, las cuales se han acentuado desde la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación ambiental de América del Norte (ACAAN)

El criterio fundamental que consideramos los integrantes de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictaminar en sentido positivo esta propuesta del diputado iniciador comprende dos aspectos: por un lado, que se centra en la función que lleva a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para el control de la reglamentación y el procesamiento de la reincidencia en consideración de que la fracción cuarta del artículo 171 de la LGEEPA no se ha actualizado  desde el trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Este examen además es complementado con una revisión del monto pecuniario máximo de la multa que también no se actualiza desde el treinta y uno de diciembre de dos mil uno respecto a las sanciones impuestas por la Profepa, en ese sentido el tratamiento de la multa administrativa, consiste en una sanción pecuniaria, lo cual implica que el sancionado se convierta en deudor con relación a su importe; asimismo la imposición de las multas se encuentra sujeta al cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 constitucional que señala:

“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado...”

Este precepto proscribe la multa excesiva, sin que señale que debe entenderse por multa excesiva, por lo que la doctrina y los criterios jurisprudenciales de los tribunales administrativos, han interpretado que la aceptación gramatical que debe darse al término excesivo, es que rebasen el límite de lo ordinario o lo razonable.

La jurisprudencia establece que estas multas deben establecer un mínimo y un máximo para que la autoridad pueda fijar la cantidad tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción como lo establece la siguiente jurisprudencia:

Multas fijas. Las leyes que las establecen son inconstitucionales. Número de registro: 200,349, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, administrativa  Novena época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, julio de 1995, Tesis: P./J. 10/95, Página: 19.

En ese sentido la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al establecer multas, y estas deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador que deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución federal, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veinte de junio de 2012, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 10/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, DF, a veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco.

Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, coinciden con el diputado iniciador en cuanto a incrementar el máximo de 50 mil a 60 mil días de salario mínimo ya que el monto de 50 mil días de salario mínimo como lo manifiesta el iniciador, resulta insuficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño, ya que el beneficio económico obtenido pudiera ser mayor a la sanción correspondiente, lo que haría rentable cometer el ilícito y no evitarlo, es por ello que esta Comisión considera oportuno modificar el máximo de 50 mil días de salario mínimo a 60 mil días de salario mínimo, ya que esto aumenta el rango para que la autoridad pueda decidir sobre las circunstancias particulares de la sanción; además de contribuir en una mejor protección a las áreas naturales protegidas de nuestro país.

Reiteramos que desde el treinta y uno de diciembre de dos mil uno no se actualiza esta multa en lo que respecta a su monto máximo de ahí la oportunidad de que la multa disuada al infractor, y para lo cual debe tomarse en cuenta su capacidad económica, pero sin olvidar dar el monto del beneficio que pudo obtener o del perjuicio que pudo causar, pues aun cuando sea reincidente debe haber cierta proporción o relación entre estos últimos elementos y el monto de la multa.

Esta comisión quiere destacar el enfoque de castigos, que ha sido el que más se ha seguido el gobierno mexicano, la experiencia mexicana en revisiones, inspecciones, vigilancia y sanciones es relativamente amplia. Las autoridades han puesto en práctica programas de revisión de fuentes contaminantes. Estas revisiones se han realizado de manera prioritaria en las empresas con mayor potencial de contaminante, dando especial atención a las quejas y denuncias realizadas por la comunidad.

Una parte importante de las acciones de inspección y vigilancia se ha tenido que orientar a verificar el cumplimiento de requisitos administrativos (tales como contar con una licencia de funcionamiento, manifestaciones de manejo de residuos peligrosos, entre otros) que no dan cuenta cabal del efecto de la actividad de las empresas sobre el medio ambiente.

La Profepa ha asumido su responsabilidad de hacer visitas de inspección y  vigilancia y ha conformado un sistema de información sobre los niveles de cumplimiento de la normatividad ambiental y sobre las infracciones más recurrentes. Esta información puede ayudar a que la inspección no tenga finalidad meramente punitiva sino que se dirija al logro de metas ambientales precisas, por sectores económicos y por regiones o áreas metropolitanas.

Para finalizar los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideramos oportuno mencionar que el incremento de cincuenta mil a sesenta mil salarios mínimos vigentes en lo que a multas se refiere busca impulsar o subir en un 20 porciento estas para hacerlas más severas y cumple con el criterio marcado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al artículo 22 de la Constitución que constriñe a la autoridad con determinadas prohibiciones entre las que se encuentra la multa excesiva, debiéndose entender por esto, todas aquellas sanciones pecuniarias que rebasen el límite de lo ordinario y razonable; Ahora bien, la única forma de evitar la imposición de sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas, que contraríen la disposición constitucional, es otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para valorar la gravedad del ilícito, el monto del negocio y las condiciones económicas del infractor, además para imponer las sanciones que considere justas, dentro de un mínimo y un máximo, por lo que debe concluirse que se concede  a la autoridad facultada que es la Profepa.

Por lo anterior expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, y para los efectos de la fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el  siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo Único.Se reforma la fracción I y el cuarto párrafo, del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 171. ...

I. Multa por el equivalente de treinta a sesenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción;

II. a V...

...

...

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de tres años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Véase, por ejemplo, B.C. Field, Environmental Economics. An Introduction, Nueva York, McGraw Hill, Inc., caps. 10-13.

2 [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1; Pág. 610

3 En el marco del ACAAN, se creó la comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) en 1994. Véase (http://www.cec.org)

4 [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Abril de 1996; Pág. 418

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de Mayo de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:  Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Este dictamen ya fue fundamentado. Está a discusión y hará el uso de la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, la diputada Lorena Méndez Denis.

La diputada Lorena Méndez Denis:Buenas tardes, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, sin duda alguna el equilibrio ecológico es un tema fundamental, debido a que es el resultado de la interacción de los diferentes factores del ambiente que hacen que el ecosistema se mantenga con cierto grado de estabilidad dinámica.

La relación entre los individuos y su medio ambiente determina la existencia de un equilibrio ecológico indispensable. La sociedad actual ha desarrollado en gran medida medios industriales y científicos, los que han originado fuentes de contagio que afectan el medio ambiente y crean peligros para la salud humana, poniendo en riesgo la supervivencia.

Paralelamente, la humanidad se ha beneficiado de la tecnología y se esperan aún más beneficios, por lo que la solución no es restringir o eliminar el progreso técnico, sino tratar de hacer coexistir éste con condiciones ambientales suficientes, que permitan un desarrollo armónico y saludable del ser humano.

El derecho sirve para gobernar la conducta de los hombres, estableciendo deberes, derechos y obligaciones de mando en determinados momentos. En este sentido, la problemática medioambiental ha permanecido proverbialmente circunscrita a ser regulada por el derecho público a partir de la concepción del medio ambiente como un bien jurídico o un interés de carácter colectivo y general.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene entre sus atribuciones la facultad de regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación del suelo, el aire y el cuidado de los recursos naturales. Asimismo es la encargada de la inspección, vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de sanciones administrativas cuando se trate de asuntos de competencia federal, reglados por esta Ley  General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En razón de que el medio ambiente está cada vez más deteriorado y debe haber medidas que frenen este hecho, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano vota a favor de modificar el término del dictamen en el que se menciona que la sanción máxima es de 50 mil días de salario mínimo general vigente. Y en realidad no es suficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño, ya que el beneficio económico obtenido pudiera ser mayor a la sanción correspondiente, lo que haría rentable cometer la falta y no evitarla.

Debido a esto se pretende que se incremente la sanción máxima a 70 mil días de salario mínimo vigente. Además, sancionar al infractor reincidente que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo modelo en un periodo de tres años en lugar de dos que señala la ley.

Por ejemplo, la contaminación de las aguas de los ríos con los vertidos de las aguas residuales de las grandes urbes y de las fábricas e industrias, que en sus márgenes asientan centrales eléctricas y nucleares, pues perturban el equilibrio biológico. Así como los productos de las pérdidas de petróleo y de los naufragios de los productos petroleros en el mar.

No obstante, si bien es cierto que cambiarlo es una medida correcta, lo más importante es implementarlo en la vida diaria. No podemos permitir que se siga deteriorando el medio ambiente por culpa de irresponsabilidades. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Le damos la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados a un grupo de ciudadanos invitados por la diputada Petra Barrera. Ellos son de los municipios de Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y San José Iturbide, Guanajuato. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Damos la bienvenida a un grupo de empresarios del Consejo Coordinador Empresarial de Quintana Roo. Están aquí Manuel Alcocer, Georgina Santín, Georgina Machuca, Camilo Bradley y Joaquín Mo, invitados por la diputada Angelina Carreño, por los Grupos Parlamentarios del PRI y del Partido Verde. Bienvenidos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

La diputada Leonor Romero Sevilla (desde la curul): A favor.

La diputada Alejandra López Noriega (desde la curul): A favor.

La diputada Rosalba Gualito Castañeda (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Diputado presidente, se emitieron 406 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 406 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

COMENTARIOS RELATIVOS AL ANIVERSARIO DEL 2 DE OCTUBRE DE 1968

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, el siguiente punto del orden del día son los comentarios relativos al aniversario del 2 de octubre. Informo a la asamblea que se han registrado, para referirse a este tema los siguientes compañeros diputados y diputadas: el diputado René Ricardo Fujiwara, el diputado Alberto Anaya, el diputado Ricardo Mejía, el diputado Nabor Ochoa, el diputado José Luis Muñoz, el diputado Gabriel Cárdenas y la diputada Cristina González.

En consecuencia, tiene el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado. Sonido en la curul de la diputada Purificación Carpinteyro. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): Tratándose precisamente de esta conmemoración de esta tragedia que sucedió el 2 de octubre de 1968, quisiera que quienes presenten esta posición evalúen la posibilidad de emitir un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, proponiendo a los estados y municipios el cambio de nombre de todas las calles y avenidas, y cualquier tipo de edificio público, de Díaz Ordaz a 2 de octubre. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención ya quedó registrada. Esperamos que la propuesta sea presentada por escrito en los términos reglamentarios. Adelante, diputado.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy, 2 de octubre, recordamos los acontecimientos que hace 45 años marcaron una generación y dejaron una huella profunda en la sociedad mexicana.

Las condiciones históricas que dieron origen a las protestas de miles de jóvenes –no solo en México, sino en decenas de países– que enfrentaron a todo un aparato de Estado con la simple arma de la razón. Jóvenes inconformes con la realidad social que se vivía, con el Estado que pretendía tener todos los hilos bajo control, con el aletargamiento de una comunidad desinformada y conformista. Jóvenes que pugnaron por una democracia más amplia y por una sociedad más consciente y participativa.

El año de 1968 es un parteaguas en la historia política, cultural y educativa de nuestro país. Sus efectos en el desarrollo social y educativo son innegables, como lo es también su aporte para el desenvolvimiento y conformación del México actual. La expresión crítica, la posibilidad de disentir, el respeto, y no solo la tolerancia al otro y el reconocimiento a la diversidad, constituyen la herencia más importante de ese año.

Cuando miles de estudiantes tomaron las calles para mostrar su rechazo al régimen, que no los tomaba en cuenta ni escuchaba sus necesidades, creían firmemente en un mejor mañana, en otra realidad universal, creían en llevar a cabo proyectos que transformaran a una nación por la vía pacífica y democrática y que despertara la conciencia de una generación.

En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza consideramos que al conmemorar los 45 años del movimiento estudiantil de 1968 hay un reclamo vigente: hacer que nuestros jóvenes del día de hoy recuperen la capacidad de soñar, de anhelar e imaginar un mejor futuro. Un futuro más próspero, porque actualmente a la generación de jóvenes se les presenta un panorama poco esperanzador, sin oportunidades educativas y laborales, con representación mínima en las instancias de toma de decisiones.

Frente a las lecciones que nos da la historia, México necesita aprender de su pasado para no cometer los mismos errores en su futuro. Hoy tenemos la oportunidad de definir el rumbo de nuestro país. Resolver los grandes problemas nacionales requiere inteligencia, creatividad, voluntad y compromiso político. Compromiso con el interés general y el bienestar social, lejos de agendas partidistas que han secuestrado a la política.

Necesitamos lograr un gran acuerdo político, social y económico, en el que se incluyan a todas las distintas fuerzas políticas, pero también a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, económicas, culturales, y a todos aquellos actores que inciden en la vida de este país. Conformar una agenda común en beneficio de los ciudadanos, que vaya más allá de las agendas ideológicas debe ser nuestra mayor responsabilidad.

La conmemoración del 2 de octubre reivindica la lucha por la igualdad, por el derecho del bienestar social, por una educación pública de calidad y gratuita, por los derechos laborales de los trabajadores.

Para quienes nacimos en la década de los ochentas puede ser muy complicado visualizar lo que verdaderamente ocurrió en ese momento, dimensionar la realidad política y la magnitud que tomó lugar hace 45 años. Es complicado para los jóvenes de nuestra generación no visualizar esos hechos a través de un filtro de romanticismo o a través de un filtro de incredulidad. Pero si logramos tener la sensibilidad para darnos cuenta que lo que hoy se conmemora no es únicamente un día cualquiera, sino es el sacrificio de miles de jóvenes hace 45 años, que cedieron su vida frente a los ideales que ellos estaban buscando para nuestro país, creo que podemos realmente conmemorar la memoria de aquellos que perdieron su vida en base a sus ideales y a sus luchas.

Honrar la memoria de aquellos jóvenes que creyeron en un México mejor es una obligación de quienes hoy —gracias a su lucha— tenemos la gran posibilidad de subirnos a esta tribuna como representantes de la nación. Honrar su memoria significa construir el México que anhelaban y en el que soñaron, un país incluyente, próspero y en paz.

Compañeras y compañeros diputados, como en aquel momento, se requiere la participación de estudiantes, de los maestros, de los intelectuales, las amas de casa, obreros, profesionistas y autoridades de todos los niveles de gobierno para que en conjunto logremos impulsar el desarrollo que nos permita dar un futuro certero y digno a las nuevas generaciones que tanto lo reclaman. Por su paciencia y atención, muchas gracias, diputados. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Alberto Anaya Gutiérrez:Compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Con el permiso de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo rinde hoy un justo homenaje a los mártires de Tlatelolco.

Hace 45 años todos fuimos testigos de la criminal matanza, de ese crimen de Estado que fue ordenado por las más altas esferas del poder contra grupos de jóvenes estudiantes, trabajadores, cuyo único delito fue luchar por libertades democráticas, cuyo único delito fue luchar porque México tuviera un sistema que asegurara bienestar y progreso para todos los mexicanos.

Sí es cierto que fue un incidente menor, que días antes se había ocasionado en una confrontación en La Ciudadela, entre estudiantes de la Vocacional 5 y de la preparatoria Isaac Ochotorena, y algún grupo de jóvenes que acostumbraba estar en La Ciudadela.

Ese incidente fue tomado como pretexto para que las instalaciones del Politécnico fueran violentadas por los cuerpos policíacos, sus alumnos y maestros fueran vejados y maltratados, incluso ingresaron hasta los salones, causando un número de gente herida y reprimida, sin tener ninguna justificación. Eso originó la protesta justa de todos los estudiantes, precisamente en la conmemoración del aniversario de la Revolución cubana, el 26 de julio de 1968.

Dos contingentes, uno que sale de la Universidad Nacional Autónoma de México, otro que sale del Politécnico, confluyeron en dos marchas en el Hemiciclo a Juárez. Deriva ahí una represión brutal. Pero lo grave es que esos excesos llevaron a que empezara a haber muertos, heridos y detenidos, que provocaron el estallido generalizado del Movimiento del 68.

La reflexión es que en aquél tiempo las marchas estaban prohibidas. El ejercicio de los derechos constitucionales, como era la libre manifestación de ideas, era sujeto a persecución. No se podía llegar al Zócalo de la Ciudad de México y en esa perspectiva es que las libertades democráticas acaban siendo gravemente limitadas.

Nos preocupa —haciendo reflexión— que hoy de nueva cuenta se escuchan voces autoritarias dirigidas a prohibir el ejercicio de la libre manifestación de ideas, del derecho a la protesta, y de nueva cuenta ya empezaron a salir propietarios del Zócalo de la Ciudad de México, que intentan limitar el ejercicio de la protesta ciudadana, al igual que fue en los años previos al 68. Estamos en una etapa difícil. A 45 años todavía no se hacen investigaciones que lleven a delimitar quiénes fueron los responsables de este crimen de Estado ni mucho menos ha habido procesos o personas condenadas por este crimen de Estado, que tuvo aproximadamente un número de 600 muertos, más de dos mil heridos y dos mil detenidos.

Ése fue el saldo de lo que fue la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre y a la fecha hay impunidad total. No hay responsables, no hay investigaciones abiertas y mucho menos se ha podido castigar a los que ocasionaron este crimen de lesa humanidad. Nos preocupa también que hoy empiecen de nueva cuenta a haber voces regresivas que están haciendo llamados a utilizar el expediente de la represión como forma de canalizar y de enfrentar la protesta social.

Vemos hoy en el movimiento magisterial, que están ellos haciendo reclamos justos en defensa de sus derechos laborales, en defensa de la educación laica, de la educación gratuita, de la educación popular y de calidad, que se busque y se vea, en vez de buscar el diálogo, el acuerdo y la negociación como fórmulas para resolver este tipo de problemáticas, empieza a haber ya un ambiente de crispación, un ambiente dirigido a crear un clima de linchamiento para provocar —al igual que en el 68— represiones contra los justos movimientos populares.

Hacemos un llamado a las autoridades a que le den una salida política al problema del magisterio, que se le dé una salida política también al problema de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y que de ninguna manera permitamos que se regrese a los días oscuros de Díaz Ordaz, a los días oscuros del régimen del PRI gobierno, que tanto daño hizo a la causa de la democracia en México. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Presidente, le quiero solicitar, antes de que inicie el posicionamiento, se pueda conceder un minuto de silencio en memoria de los jóvenes asesinados hace 45 años en la Plaza de las Tres Culturas. Le pido, presidente, que antes de iniciar el posicionamiento, nos lo pueda conceder.Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia lo otorga. Les solicito a los presentes que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio, como lo ha solicitado el señor legislador y como había sido también previamente solicitado.

(Minuto de silencio)

Gracias.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Hoy se conmemoran 45 años de la matanza de Tlatelolco, una de las expresiones más autoritarias y sanguinarias del poder en nuestro país. Mediante el uso de la fuerza del Estado se reprimió brutalmente al movimiento social y estudiantil de 1968.

El movimiento del 68 recuerda a una generación que luchó contra el autoritarismo y sentó las bases para comenzar a andar nuestro inacabado camino hacia la democracia.

Los signos de regresión autoritaria de nuestros días encuentran muchas analogías con 1968, por el nivel de descontento y efervescencia social. Analogías que permiten concluir que cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia.

El 2 de octubre el gobierno represivo ahogó en el terror la efervescencia cívica. De esta masacre queda un recuerdo amargo y una lección imperecedera. Las y los jóvenes de aquellos tiempos no tenían más armas que su juventud, sus voces, su libertad y solo con balazos pudieron detenerlos. Castigaron a quienes ejercían su derecho a manifestarse. Pero, ¿quién castigó a Díaz Ordaz? ¿A Corona del Rosal? ¿A Luis Echeverría? ¿A los integrantes del Batallón Olimpia?

México se encuentra al borde del abismo y en medio de una efervescencia social con recesión económica, niveles inauditos de pobreza y exclusión social, en medio de una ola de inseguridad de la que se ha decidido no decir nada, como si con ello se desvaneciera esta dura realidad.

Hoy grupos de autodefensa, grupos magisteriales, grupos que están en contra de la privatización petrolera están tomando las calles y están generando su repudio a decisiones del poder.

Así como en 1968 para Díaz Ordaz la matanza de Tlatelolco significó un acto para liberar las plazas y dejarlas limpias de manifestaciones para poder festejar las Olimpiadas y presentar una falsa imagen de nuestro país al planeta, ahora Peña Nieto y sus apologistas recurrieron al mismo argumento para desocupar el Zócalo de los maestros y poder conmemorar las fiestas patrias y dar el Grito de Independencia.

Solo un gobierno fascista, represor y mediocre le da más relevancia a los símbolos y a la parafernalia del poder que a las libertades y a la integridad de la población.

Por eso entre el 13 y el 15 de septiembre, que fueron los días de las lluvias torrenciales y de los desastres, el aparato de seguridad del Estado mexicano estaba ocupado en limpiar las plazas, en lugar de atender su responsabilidad institucional con los desastres naturales.

Así como los medios de comunicación en el 68 se referían a los manifestantes como rebeldes, comunistas y criminales. El aparato de propaganda de nuestros días se encarga de criminalizar las protestas, ahondar el malestar ciudadano frente a las manifestaciones, invisibilizar los hechos y contar la historia con base en un guión publicitario.

El 2 de octubre debe ser la ocasión para reflexionar sobre el rumbo que debe tomar el país y aprender de la historia. Prevalece en el gobierno actual de Enrique Peña Nieto la vena autoritaria del diazordacismo y el sometimiento a los poderes fácticos del salinismo.

Podríamos rememorar el 18 Brumario, de Marx, cuando dice que la historia se repite, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Vivimos así una restauración autoritaria y conservadora.

Es una broma macabra que el titular del Ejecutivo diga hoy, a propósito de esta fecha, que vivimos en un México plural y democrático, de la mano del Pacto por México, instrumento supraconstitucional que ha prostituido la vida política del país, secuestrado al Poder Legislativo y atenazado el diálogo social. Nuestro país vive una involución política.

Nos encontramos en una fallida transición a la democracia, en la que se ha venido gestando un Estado policíaco, donde los símbolos de este poder omnímodo son el tolete, los escudos, los gases lacrimógenos, las tanquetas, las murallas por encima del convencimiento, el diálogo y la razón.

Hay un retroceso en derechos humanos, siguen las desapariciones forzadas y la delincuencia anda desatada. La justicia sujeta al mejor postor y a los que tienen compromisos con los grupos de interés económico y político.

Desde el Estado se ejerce una violencia irracional, a veces abierta y a veces encubierta, pero se agrede a trabajadores, maestros, clase media, pequeños y medianos empresarios y padres de familia.

Es reprobable que se utilice a la policía para reprimir al pueblo, mientras la delincuencia sigue campante en el país y los narcos salen de las cárceles. El número de vallas y policías es proporcional a la debilidad del gobierno y a lo injusto de sus propósitos. Nunca aceptaremos la violencia y la represión para resolver conflictos sociales.

Hoy, el 2 de octubre no solo no se olvida, sino que debe estar vigente para retomar el camino democratizador que se cimentó en 1968. El 2 de octubre es el recordatorio constante de que en México, a pesar de que la han querido callar, maniatar y adormecer, existe una ciudadanía consciente y rebelde, que construye un nuevo país, a pesar de la cerrazón del régimen.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el diputado Nabor Ochoa López.

El diputado Nabor Ochoa López:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, el día de hoy conmemoramos un aniversario más de una tragedia, de una de las grandes heridas mexicanas, que nunca ha cerrado ni nunca cerrará, puesto que los responsables de estos hechos jamás fueron castigados. Me refiero a la matanza de estudiantes y ciudadanos ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, hace 45 años, en un miércoles como hoy.

Dice Octavio Paz, en uno de sus más brillantes ensayos dedicados precisamente al movimiento de 68, que la crítica es una actividad que consiste tanto o más que en conocernos, en liberarnos. Es decir, la crítica despliega la posibilidad de la libertad y en esencia, compañeras y compañeros, el movimiento estudiantil de 68 fue eso, un movimiento crítico, un movimiento libertario, hecho por quienes solo ellos podían hacer esto: los jóvenes, en un contexto mundial de protestas, de manifestaciones.

Recordemos al Mayo francés, las manifestaciones en Estados Unidos de América por la guerra de Vietnam, la Primavera de Praga, provocada por la invasión de tanques soviéticos en Checoslovaquia, en fin. Y el Movimiento de 68 no escapó a esa dinámica, a ese contexto mundial.

El movimiento inicia un 22 de julio con un hecho intrascendente, un hecho simple si se quiere: el pleito entre dos grupos de estudiantes preparatorianos y lo que detona el conflicto es precisamente la actitud represiva, violenta y excesiva de la policía.

Las consecuencias de esto las observamos en las principales demandas de los estudiantes. Esas demandas tenían que ver no con la revolución, esas demandas tenían que ver con tres postulados básicos: libertad, justicia y democracia. Por eso pedían la destitución de los jefes policiacos, por eso pedían la libertad de los presos políticos, por eso pedían la derogación de algunos artículos del Código Penal Federal, que tipificaban, entre otros, el delito de disolución social.

Era un movimiento reformista democrático pacífico que fue —hay que decirlo— violentamente masacrado. Las consecuencias posteriores —decía yo— reflejaron esto de que en el fondo del famoso milagro mexicano de estabilidad social, de crecimiento económico, subyacía una creciente inconformidad de amplios sectores de la sociedad, que tenían que ver con los rasgos autoritarios del sistema político mexicano; que tenían que ver con los rasgos arbitrarios y represivos del gobierno en turno.

El exceso y la tragedia llegan el 2 de octubre y aquí, más que determinar las cifras de muertos, para la parte oficial 20, para los corresponsales extranjeros —la fuente en ese tiempo más acreditada y confiable— 325, es imposible a estas alturas, 45 años después, determinarlo.

Lo que sí debe quedar en claro es que el 2 de octubre de 1968 hubo una masacre cometida por el Estado mexicano contra jóvenes y ciudadanos indefensos y pacíficos, y donde solo unos cuantos se indignaron y levantaron su voz.

Por cierto, hubo algunos personajes de esa izquierda retrógrada que aplaudieron, en su momento, a los muertos de 68, que aplaudieron la actuación de ese genocida Gustavo Díaz Ordaz. Pero aquí me quiero referir a hombres dignos que levantaron su voz y actuaron, como nuestro más grande intelectual, tal vez: Octavio Paz, quien renunció, tuvo el valor de renunciar a la Embajada de México en la India en protesta por este acto de barbarie.

Octavio Paz, quien se convirtió —por cierto— en cliente de esos grupúsculos de izquierda que jamás le reconocieron su aportación al proceso democrático en nuestro país. Ese mismo Octavio Paz que a los jóvenes estudiantes de 68 apoyó. Y aquí, compañeras y compañeros, debemos aprender de esta lección, de la lección de 1968. Porque no basta con ceremonias, con minutos de duelo, con conmemoraciones.

Gracias al Congreso de la Unión desde el 8 de noviembre de 2011 se declaró el 2 de octubre como fecha solemne de duelo nacional y eso está muy bien. Pero más que una ceremonia, más que esos minutos de silencio, vamos verdaderamente honrando la memoria de los caídos en 68.

La mejor manera de hacerlo es trabajar y ponernos de acuerdo en lograr esos sueños de aquellos jóvenes, esos sueños que tienen que ver con tres cosas: justicia, democracia y libertad. Porque, ¿cómo es posible que aquí vengan diputados a hablar en la actualidad de que tenemos un gobierno fascista? ¿Pues en qué época se encuentran o dónde viven?

Un gobierno fascista que resiste, y hablo del federal y hablo del DF, que ha resistido, que ha tolerado actos violentos y de impunidad. Y así como venimos a decir: no más muertos de Tlatelolco, pues también hay que decirlo: no más policías agredidos, como Álvaro Sánchez, que está en estado de coma con traumatismo craneoencefálico de tercer grado.

Y no vengo como el diputado Monreal, a exagerar los hechos en aquel 1 de diciembre. No vengo a solazarme con la desgracia. Vengo a decirles: no se equivoquen, ¿cuál criminalizar la protesta social?

Lo que tenemos que hacer es decir: basta ya a aquellos que tienen secuestrado y cancelado el futuro de los niños más pobres de este país. Debemos decir: basta ya a esos grupos de impunes, que con la bandera de la defensa de sus demandas violan a diario la ley y además atentan contra las libertades y los intereses de muchos ciudadanos.

La mejor manera de honrar a los muertos de 68 es —precisamente— obligando a todos a que se respete el estado de derecho, a que se aplique la ley y a que ahora sí nos pongamos a trabajar como debe ser, e impulsar aquellas reformas que necesitan los que menos tienen, que necesitan esos jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar. Que necesitan esos jóvenes que cuando salen de una carrera no tienen espacio laboral. Para esos mexicanos que no tienen mañana para comer.

Mientras que algunos de los que estamos aquí —me incluyo en esa categoría— y algunos otros que han hablado de gobiernos fascistas y demás, estamos cómodamente instalados cobrando nuestras dietas, cobrando los gastos y a eso no le hacemos el feo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Nabor Ochoa López. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria.

El diputado José Luis Muñoz Soria:Con el permiso del pleno, el discurso que acabamos de escuchar es el mismo discurso de Díaz Ordaz en 1969, cuando buscó justificar la masacre del 2 de octubre. Lo único que le faltó fue tender la mano para que se la viéramos manchada de sangre.

Una manta que colgaba en el edificio Chihuahua en el mitin del 2 de octubre decía: un pueblo que no lucha por la libertad es un pueblo muerto. El texto de esta manta resumía la esencia del movimiento más libertario del siglo XX, la lucha por las libertades democráticas.

Aún con dolor, pero con un enorme coraje y una gran indignación, recordamos hoy el genocidio del pueblo de México, que llevó a cabo el sátrapa que gobernaba al país en ese momento: Gustavo Díaz Ordaz y sus cómplices en la masacre, el coronel Luis Gutiérrez Oropeza, Luis Echeverría, Alfonso Corona del Rosal, Fernando Gutiérrez Barrios. Y los jefes policiacos Raúl Mendiolea Cerecero y Luis Cueto Ramírez.

Ellos fueron los responsables directos de la masacre, pero la promovieron, la justificaron y pretendieron esconderla los líderes sindicales charros, los grupos derechistas y los poderes fácticos de los medios de comunicación. Ellos, todos ellos, son los responsables de la masacre del 2 de octubre, y para vergüenza y deshonra de esta representación popular, se sumó el aplauso fácil y la justificación del crimen de los integrantes del Congreso de aquel momento.

En este aniversario del crimen del 68 hemos escuchado intervenciones —y seguramente escucharemos otras— haciendo una apología del movimiento en la idea de que olvidemos el genocidio y queriendo dejar la idea de que solo fue un episodio de grupos de jóvenes manipulados, que no sabían lo que querían y que el gobierno habría actuado defendiendo el interés nacional. Se equivocan. Se equivocan, la represión y el asesinato de nuestro pueblo no lo vamos a olvidar.

Por los ferrocarrileros y los maestros, por los médicos y los mineros, por los asesinados el Jueves de Corpus del 71, y la Guerra Sucia de esa década, por Acteal, por El Charco, por Aguas Blancas y Pasta de Conchos, por Atenco, por las víctimas de la estúpida guerra calderonista contra las drogas, por el 2 de octubre de 1968, ni perdonamos ni olvidamos. Hoy los represores son los mismos, el régimen es el mismo.

Sabemos —y no nos sorprende— que muchos de nosotros por nuestra forma de pensar y de actuar les somos incómodos. No nos preocupa. No quisieran vernos por aquí, pero no somos como ustedes piensan que somos o que debemos ser. No estamos aquí para serles agradables ni para buscar que ustedes —ustedes— nos den carta de buena conducta o para que los poderes fácticos nos reconozcan como una izquierda moderna. No. no somos como ustedes nos piensan.

Estando aquí o allá afuera, en donde estemos, en cualquier lugar y tiempo, estaremos luchando contra el sistema económico, social que ustedes impulsan. Y que, basado además en la corrupción y en la impunidad, es un sistema de desigualdad, de pobreza y de marginación. Es un sistema de muerte para nuestro pueblo.

Hoy, a los que decimos esto, nos etiquetan de una izquierda retrógrada y radical. Nos dicen que lo que el país necesita es una izquierda moderna, propositiva, responsable. No es cierto. Lo que quieren es una izquierda cómoda para sus pretensiones. En muchas y en muchos de nosotros no la encontrarán.

Sí somos radicales, queremos ir a la raíz del problema, queremos sacar a nuestro pueblo de las condiciones de desigualdad, de marginación y de pobreza en la que lo tienen hoy 70 años de gobierno de uno y 12 años de otros, hipócritas y corruptos.

A nosotros nos llaman radicales. A los jóvenes del 68 los llamaron agitadores. Tomamos la misma respuesta que ellos dieron, en una manta de la Manifestación del Silencio, el 13 de septiembre, que decía: Los agitadores son la ignorancia, la miseria y el hambre. Y a ese texto le agregamos la corrupción y la impunidad.

Todo esto es lo que agita a nuestras consciencias y la de millones de mexicanas y de mexicanos para seguir luchando por la construcción de un mejor futuro para nuestro país, para nuestro pueblo.

La reivindicación del espíritu del 68 nos lleva hoy a la defensa intransigente de nuestros recursos naturales. Por eso hoy decimos: No a la privatización de Pemex. Si el petróleo es de todas y de todos, que nos pregunten a todas y a todos ¿qué vamos a hacer con él?

Recordar al 68 nos lleva a la defensa de la economía popular y no avalaremos la iniciativa de reforma hacendaria, tal como se plantea, porque eso significa mayor empobrecimiento. Eliminen su corrupción y su ineficiencia, reduzcamos nuestros salarios y verán que de esa forma tendremos los recursos necesarios.

La prensa vendida del 68 son hoy los poderes fácticos de los medios masivos de comunicación y el uso faccioso que hacen de una concesión del Estado. No aceptaremos los estereotipos culturales que nos quieren imponer ni sus estilos de vida. Y denunciamos el hecho de que gobiernos estatales pongan al servicio de estos poderes recursos públicos para hacer sus bodrios televisivos, lucrando con la tragedia humana en la que hoy se encuentran muchos de nuestros hermanos. El gobernador del estado de México debe de rendir cuentas de su conducta.

No avalamos, por el contrario repudiamos, el linchamiento de cualquier ciudadano por el hecho de no coincidir con las conductas de trabajo de los medios de comunicación.

En este sentido, expresamos nuestro apoyo total a la periodista Carmen Aristegui. No aceptamos y no aceptaremos el hecho de que se haga uso de una concesión del Estado para estar llamando a la represión, como lo hicieron en el 68 contra aquellos ciudadanos que ejercen su derecho a la manifestación.

La Ciudad de México es hoy una ciudad libertaria y garantista de derechos, y no vamos a caer ante la presión de los poderes fácticos y de los halcones del gobierno federal, no vamos a caer en la represión. No vamos a subirnos a ese tobogán, como se han subido ustedes y sus antecesores políticos. El destino de nosotros es un destino digno, es estar siempre al lado del pueblo.

El gobierno de la Ciudad de México tiene nuestro reconocimiento y respaldo por su política de respeto y garantía del ejercicio del derecho constitucional de manifestación. En la Ciudad de México ni una represión más.

El Movimiento Estudiantil Popular del 68 despertó al país y a la ciudad de su somnolencia cotidiana. Desenmascaró a un Estado autoritario y represivo y puso en evidencia la falsedad y la mentira de la supuesta abundancia del milagro mexicano. Eso fue lo que no pudieron aceptar, la miseria moral de aquellos que se revolcaban en el estercolero del régimen.

La respuesta de los represores a la osadía de los estudiantes fue la muerte, la cárcel, la tortura y se manifestó el deshonor de un sistema judicial corrupto. El aplauso y la justificación del crimen en el Congreso. El servilismo de las corporaciones y los medios, y la infamia de los líderes de opinión.

En el Movimiento Estudiantil Popular del 68 no había ideas exóticas, no había ideas extranjerizantes ajenas a nuestra idiosincrasia y promovidas por agitadores. No había eso. Por el contrario, había ansias de libertad, de democracia, de justicia. Ésta es para nosotros la vigencia del 68, como son vigentes los ideales de justicia de la Revolución de 1910 y el ejercicio de soberanía de Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera.

Ésa es nuestra hoja de ruta ahora. A 45 años de que quisieron hundirnos en el miedo, se equivocaron. No nos rindieron y aquí estamos. Aquí estamos más firmes y decididos que nunca. Nuestro compromiso es con el pueblo. De él venimos y a él nos debemos. Con el pueblo todo, contra el pueblo nada.

Por eso hoy —a 45 años— exigimos castigo a los responsables del crimen del 2 de octubre de 68, por eso hoy decimos no a la privatización de Pemex. Por eso hoy decimos no al empobrecimiento de nuestro pueblo. El 2 de octubre no se olvida. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado don José Luis Muñoz Soria. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene el uso de la palabra el diputado Gabriel Cárdenas Guízar.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, hace 45 años, el miércoles 2 de octubre de 68, en Tlatelolco, la violencia sustituyó a las palabras y la esperanza fue cambiada por desconfianza, rencor, persecución e intolerancia.

El viejo régimen, que para esos momentos mostraba ya claros rasgos de agotamiento, fue incapaz de abrir las puertas a la democracia. El Poder Legislativo, por su parte, también mantuvo una actitud incorrecta. Dominado entonces por un solo partido, las voces de nuestros compañeros panistas sonaron fuerte en defensa de nuestra UNAM, en defensa de la democracia, de nuestros estudiantes y de sus familias.

En la tribuna de la Cámara baja los entonces diputados del PAN, González Hinojosa, José Ángel Conchello y Rafael Preciado hicieron valer argumentos en favor de un México con mayores libertades en defensa de la Universidad y condenando siempre los abusos del régimen de Díaz Ordaz.

Las crónicas parlamentarias, entre ellas las de Carlos Ortega, señalan que: aún estando fresca la sangre de las víctimas de la matanza de Tlatelolco y como una cachetada al dolor, la angustia y el luto que embargaban a millares de hogares capitalinos, el viernes 4, solo dos días después los diputados del PRI aprobaron, contra las sólidas razones de los legisladores de Acción Nacional, un incondicional apoyo al presidente, al régimen de represión que colocó a la Cámara de Diputados a nivel de cómplice.

Ese día —narra Ortega— el PRI montó bien la escena para este acto agachón de sus diputados.

Desde las siete de la mañana decenas de campesinos de Iztapalapa, acompañados de sus familias, ocuparon las galerías. Antes de las 10, hora en que debía comenzar la sesión, las galerías estaban llenas y solamente pudieron ingresar unos cuantos muchachos y gente del pueblo que confiaban en que la Cámara abordaría con verdad y con decisión el grave y ya para entonces ensangrentado problema.

La crónica continúa: Las galerías reflejaban fielmente el momento que vive México. A la hora en que el diputado Víctor Manzanilla fundamentaba con citas de dirigentes del PRI sus demagógicos desplantes de incondicional apoyo al presidente, de las galerías cayó un grito ¡Farsante! Fue entonces que Ricardo Regalado, oficial mayor del PRI en el Distrito Federal y manejador de las porras pagadas, se sintió ofendido y con mucha dignidad, ayudado por otros tres, se lanzó en montón contra Diego Fernández de Cevallos, dirigente juvenil del PAN, para golpearlo y cobrar el agravio, cuatro contra uno, para nuevamente imponer por la fuerza del montón lo que las razones no pueden. Así sucedió en el recinto de Donceles.

Conocedores y respetuosos siempre de la autonomía universitaria, los dirigentes juveniles del PAN estuvieron presentes en el campus dialogando con estudiantes, profesores y exponiendo sus puntos de vista.

En el 93 el Consejo Universitario de la UNAM reconoció el papel histórico, el valor y el compromiso de esa generación de hombres y mujeres que en el 68 se manifestaron por la libertad, el respeto a la autonomía universitaria y la vigencia de los derechos sociales en México, agregando —además— que su contribución fue determinante para el proceso democratizador de nuestro país.

Nosotros en Acción Nacional no podemos sino coincidir en la concepción del movimiento del 68, como una parte fundamental de la democratización de nuestro México. Treinta y dos años tuvieron que pasar para que el viejo régimen diera paso a la transición de la democracia en este país. Hoy, a 45 años de aquellos tristes acontecimientos, nuestro partido sostiene que los saldos del movimiento estudiantil son positivos para la democracia mexicana.

Cada día toma más fuerza el diálogo como herramienta política, y las y los mexicanos hemos aprendido que la violencia solo erosiona y destruye y, por lo tanto, debe de ser totalmente descartada.

Durante los primeros 12 años de este nuevo siglo, México experimentó el crecimiento y la consolidación de un régimen de amplia democracia y de libertades cívicas. La libertad de expresión, de manifestación y el diálogo entre gobernados y gobernantes se impulsó como nunca antes en nuestro país.

Es indudable que en este periodo México consolidó el andamiaje para gozar de libertades políticas plenas, la autonomía universitaria se volvió una realidad palpable y el Poder Legislativo se reconstituyó con vida propia, siempre en un diálogo crítico y de colaboración con los otros poderes.

En ese régimen de amplia democracia el gobierno panista, con enorme responsabilidad histórica, creó la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado con objeto de aplicar de manera adecuada la justicia, alejada de rencores o revanchismos que solo dividen a las naciones.

El PAN nunca ha elegido la venganza como criterio argumentativo. Manuel González Hinojosa condenó la matanza y se opuso a que la Cámara de Diputados diera apoyo incondicional a Díaz Ordaz. González Morfín pidió una investigación imparcial para saber la verdad de los hechos en Tlatelolco y José Ángel Conchello dijo que el gobierno no tenía categoría para atender las demandas de los jóvenes.

Acción Nacional no se prestó a formar parte del coro de los defensores del poder, del poder supuestamente amenazado por conjuras que nadie nunca pudo demostrar. El PAN condenó la violencia, proclamó la necesidad del diálogo y rechazó el uso brutal de la fuerza pública. También pidió coherencia, congruencia y claridad de planteamientos al movimiento y a sus líderes, y defendió a los injustamente presos, agredidos o torturados, como nos relata Carlos Castillo Peraza.

Hoy hemos visto destellos de un gobierno, que por su historia y por su origen se discute entre autoritario y atemorizado. Hoy vemos un gobierno anacrónico, que permite abusos de poder perpetrados desde las oficinas mismas de los gobernadores. Hoy vemos un gobierno autoritario, que aplica selectivamente la justicia y elige a su conveniencia quién quedará impune y a quién se le aplicará la ley. Pero también vemos un gobierno rebasado, que no puede poner orden sin caer en excesos y que renuncia a la paz social por ignorar los problemas de los que él mismo forma parte y no ha podido o no ha querido atender.

Compañeras y compañeros diputados, los mexicanos tenemos claro que en este país nunca más debe sufrirse una barbarie como la que hace 45 años sacudió Tlatelolco y todo el país.

En Acción Nacional sostenemos que México debe conservar su memoria histórica, recuperando siempre todas las versiones sociales y que nuestros hijos deben ser educados en la pluralidad, el respeto, la tolerancia y el diálogo.

Por ello nuestro mejor homenaje a quienes perdieron la vida aquel 2 de octubre y a sus familiares es recordarlos con gratitud y respeto. Nuestro mejor homenaje y nuestra mejor memoria será fomentando un régimen de libertades, manteniendo nuestra posición de partido ciudadano fiel a nuestros principios y a nuestra vocación deliberativa, siempre abierta al debate y al consenso.

El PAN, señores, tiene calidad moral para hablar de este tema. En el 68 fue el único partido que condenó los hechos y defendió las vías del diálogo, la sujeción a la ley y la necesidad de informar con veracidad lo que había sucedido. Defendimos entonces y defendemos hoy los derechos humanos de los disidentes y la paz social de los ciudadanos.

Hoy, a 45 años de aquel trágico miércoles, los panistas decimos a la nación: Nunca más otro 2 de octubre. Nunca más la violencia sobre el diálogo. Nunca más la opresión sobre la razón. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Gabriel Cárdenas Guízar. Para fijar la postura de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra la diputada Cristina González Cruz.

La diputada Cristina González Cruz:Con su permiso, presidente de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados de esta LXII Legislatura, el Grupo Parlamentario del PRI hace patente que una fecha tan significativa, 2 de octubre de 1968, no se olvida. Hoy recordamos una fecha de gran importancia para nuestro país. Éste es el segundo año que de manera oficial se conmemora el 2 de octubre, como día de luto nacional en nuestro calendario cívico.

En 1968 se suscitaron varios movimientos sociales en el mundo, y en México se vivieron con la intensidad de una sociedad urbana, emergente, joven, educada primordialmente en instituciones públicas, que había dejado atrás el conformismo y la uniformidad, para mostrar su potencial de futuro y su creciente diversidad y afanes democráticos.

No fue una conspiración, sino un mismo aliento libertario lo que unió la Primavera de Praga y el Mayo francés, con el verano del 68 mexicano. Igual se vivieron otros movimientos estudiantiles de signo antiautoritario en Suiza, la entonces Alemania Federal, España, Ecuador, Uruguay, Argentina y Estados Unidos de América.

En México, el movimiento estudiantil puso sobre la mesa la necesidad de una auténtica democratización de las estructuras políticas. Las jornadas que en aquel año se vivieron tuvieron sus episodios más intensos y dramáticos en la Ciudad de México, un punto de importancia no solo por su desarrollo económico, sino por ser un lugar emblemático de nuestra pluralidad política y cultural. Un sitio de confluencia de nuestras diversidades y un ámbito común de expresión de nuestras libertades.

Aquí resuenan con mayor vigor las demandas de los jóvenes estudiantes de aquél año: justicia, democracia, tolerancia y, sin lugar a dudas, libertad de expresión. No obstante, la incomprensión gubernamental ante esas peticiones atendibles llevó a una respuesta desmedida y violenta, producto de un principio de autoridad profundamente intolerante. Esa es una lección que no podemos olvidar.

Las visiones ideológicas cerradas llevan a la no aceptación de lo distinto y a la imposición por la fuerza de las visiones propias que se consideran verdades absolutas por encima de los valores democráticos.

Hoy gozamos de libertades democráticas como nunca antes en nuestra historia, y es responsabilidad vigente en un marco de respeto bajo las reglas que a todos nos rigen y a todos nos obligan. Diálogo, tolerancia, respeto a los diferentes, acatamiento a la voluntad de las mayorías son las claves de la democracia en el marco de la ley. En ello no puede haber exclusiones. La libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. Eso es lo que la gran mayoría de la sociedad mexicana espera y quiere ver, autoridades responsables que lo garanticen.

Ante los recientes acontecimientos que se han vivido en la Ciudad de México y que a la fecha se siguen suscitando, es menester resaltar que las libertades de manifestación y expresión deben vivirse sin cortapisas. Pero que quienes las ejercen no pueden invocarlas para violentar las libertades de otros ni afectar el patrimonio público, y mucho menos para violar la ley.

Compañeras y compañeros diputados de las diversas expresiones políticas de esta LXII Legislatura, ante esta tribuna y en representación de mi partido, el Revolucionario Institucional, expresamos que al recordar esta fecha del 2 de octubre de 1968 es oportuno hacer un llamado a fortalecer los principios y las prácticas democráticas en todos los ámbitos de la vida pública, actuar con responsabilidad para avanzar en el perfeccionamiento de nuestras instituciones, y a seguir construyendo con el consenso, con la apertura de diálogo y la participación propositiva el México próspero, justo y de libertades por el que luchó la juventud de 68, y que sin duda alguna lo exigen y anhelan las nuevas generaciones. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Cristina González Cruz.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. Han sido reservados para ser discutidos los identificados con los números, 5, 7, 11, 13, 16, 19, 20 y 21. No han sido reservados los identificados con los números, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 23 y 24.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Igualdad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a publicar el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Igualdad de Género le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 1312 con proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Ejecutivo federal que publique en noviembre el Reglamento de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano y suscrita por diputadas de diversos grupos parlamentarios, el 26 de febrero de 2013.

En esa misma fecha, fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

En la exposición de motivos el promovente señala que en nuestro país la violencia feminicida está contemplada desde 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21, que establece que es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Asimismo, establece que la alerta de violencia de género “es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.

Precisa que emitir la alerta de violencia de género es una atribución de la Secretaría de Gobernación quien a su vez notifica al Poder Ejecutivo de la entidad en cuestión.

Para normar el criterio de esta dictaminadora el proponente abunda en el sustento legal de dicha figura y cita el artículo 23 de la ley previamente mencionada para indicar que “la alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.”

Afirma el proponente que a pesar de la existencia de este mecanismo en la legislación vigente, no se cuenta con mecanismos reales que permitan su puesta en marcha.

Precisa también que “el comité recomendó, tomar las medidas necesarias para garantizar que la tipificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada admisibilidad en los códigos penales locales; para que se agilice su tipificación en los códigos penales locales en trámite; se estandaricen los protocolos de investigaciones policíacas de feminicidios en el país y se informe de inmediato a los familiares de las víctimas.”

Advierte que por ello durante los meses de junio a octubre de 2012, organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio como Católicas por el Derecho a Decidir, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos de Morelos, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras; participaron en sesiones de trabajo en colaboración con integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, como la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y algunos institutos de la mujer estatales como el de Sinaloa, Distrito Federal, Oaxaca, estado de México y Querétaro; con el objetivo de elaborar una propuesta de reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Para mayor información detalla que para este ejercicio de revisión del Reglamento la propia Conavim preparó una propuesta base de modificación en la que se precisan sus atribuciones y facultades, particularmente se esclarece y agiliza el procedimiento para la declaratoria de alerta de violencia de género.

Por último, destaca que en este momento la propuesta de reforma al Reglamento ha sido presentada a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación para su revisión, aprobación y publicación a través del oficio CNPEVM/0763/2012.

Consideraciones

Para mejor proveer elementos que permitan normar nuestro criterio esta dictaminadora estima prudente precisar algunos conceptos que ayudarán a dimensionar el papel determinante de la facultad reglamentaria para la concreción de los derechos.

Para esta dictaminadora es oportuno recordar que la facultad reglamentaria en el sistema político mexicano, se encuentra consignada en el artículo 89, fracción I, de la Constitución federal, en virtud de que otorga al presidente de la República la facultad para expedir reglamentos administrativos, de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, como una potestad discrecional del titular del Poder Ejecutivo federal.

El artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “todos los reglamentos, decretos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos”.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo define al reglamento como acto administrativo general y lo equipara con otras normas de carácter general:

Artículo 4. Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que contengan por objeto establecer obligaciones especificas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal.

Existen diversos tipos de reglamentos en el caso del Reglamento materia del este dictamen, hablamos de un reglamento ejecutivo, de ejecución o subordinado, que se caracteriza por:

Ser emitidos por el Poder Ejecutivo u otro órgano estatal en ejercicio de sus facultades constitucionales, corresponden a la manifestación típica de la potestad reglamentaria.

Para ser válidos deben estar refrendados por los secretarios de despacho competentes en la materia conforme a lo dispuesto en la Constitución.

Para efectos del presente dictamen el exhorto se encuentra acertadamente dirigido al secretario de Gobernación, por ser el secretario del ramo competente en la materia quien está obligado a refrendarlo para su posterior publicación.

El proyecto de modificaciones al Reglamento citado se encuentra, desde que fue turnado a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en proceso de revisión; mientras tanto la ley sigue aplicándose de manera deficiente conforme al Reglamento anterior y sus omisiones.

Cabe precisar, con el objetivo de mejorar la aplicabilidad de la ley, lo que motivó la revisión al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues existe el antecedente de que las omisiones y fallas técnicas del mismo han sido una preocupación de las organizaciones del sociedad civil así como de algunos organismos que conforman el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que esa inquietud provocó que el tema fuera colocado en la agenda del propio sistema donde se acordó instalar una mesa de trabajo para su la revisión, particularmente por los obstáculos técnicos en el procedimiento para la Alerta de violencia de género.

La imposibilidad de acceder a ese mecanismo, como acertadamente lo señala el promovente, quedó evidenciada por el propio el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cocedaw) en las recomendaciones que hizo al Estado mexicano, en la 52 sesión de dicho comité en la Organización de las Naciones Unidas, en julio de 2012; en las cuales “instó al Estado mexicano a ocuparse urgentemente de los impedimentos que restringen la puesta en marcha del mecanismo de alerta de género”.

El Reglamento permite que los mecanismos prácticos de la legislación queden especificados, y sin él, la ley queda en lo general y no hay un orden jurídico que establezca cómo debe operarse esa disposición.

Esta dictaminadora estima que ha transcurrido el tiempo prudente para el análisis de las modificaciones por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos, modificaciones que son resultado de un ejercicio plural de análisis y discusión en el seno de la mesa instalada ex profeso para el estudio de las reformas en cuestión, que después de meses de trabajo, logró llegar a una propuesta consensada del articulado y que hoy se encuentra esperando ser aprobada y publicada por la autoridad con una demora injustificada.

De no publicarse el Reglamento la autoridad estaría incurriendo en responsabilidad por obstruir el acceso a la justicia de las mujeres al no contar con el procedimiento idóneo para desahogar las solicitudes de alerta de género con la debida diligencia.

Aunado a ello estaría también restringiendo la aplicabilidad de la Ley en perjuicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a que publique el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que fue elaborado por las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, con las instituciones integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y entregado a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, mediante el oficio CNPEVM/0763/2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamente Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

CASOS DE ABUSO SEXUAL CONTRA EXTRANJERAS Y CONNACIONALES POR POLICIAS EN SONORA, QUINTANA ROO Y ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Igualdad y Género, con puntos de acuerdo relativos a casos de abuso sexual contra extranjeras y connacionales por policías en Cajeme, Sonora; Solidaridad, Quintana Roo; y Chimalhuacán, México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Igualdad de Género fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 1317 que contiene la con punto de acuerdo relativo a casos de abuso sexual contra extranjeras y connacionales por policías en Cajeme, Sonora; Solidaridad, Quintana Roo; y Chimalhuacán, México, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentada el 26 de febrero de 2013.

Ese mismo día fue turnado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen a esta comisión.

Contenido de la proposición

Los diputados promoventes refieren que los abusos sexuales contra mujeres en México representan una realidad alarmante, al año se denuncian más de 14 mil violaciones, y se considera que el 80 por ciento de los casos siguen impunes, sin considerar las cifras de casos que no son denunciados.

De acuerdo con lo señalado en la proposición, se han registrado casos que tienen connotaciones preocupantes, pues los abusos de otros estados son cometidos por agentes de la policía, quienes se supondría están para prevenir los delitos y garantizar la seguridad pública. Estos hechos han ocurrido en Cajeme, Sonora; Solidaridad, Quintana Roo; y Chimalhuacán, estado de México.

Mismos que a continuación se detallan:

1. El pasado 3 de diciembre, Juan Raymundo Ruiz Corral, agente de la Policía Municipal de Cajeme, fue señalado directamente por una mujer venezolana que aseguró ser víctima de violación.

Los hechos se dieron luego de que en un domicilio del fraccionamiento Montecarlo, la víctima reportaba por teléfono, que era agredida por su pareja sentimental. La llamada de auxilio fue atendida por el agente Ruiz Corral, quien al llegar a la casa, dialogó con la pareja y después de un tiempo, se retiró resguardando en la patrulla a la femenina, quien así lo solicitó por temor a represalias de su pareja. Por versiones de la denunciante se supo que el agente luego de buscar un lugar donde estacionarse, abusó sexualmente de ella.

La afectada manifestó que luego de verse libre, realizó una llamada y denunció los hechos a la policía estatal Investigadora, quienes atendieron el asunto y pusieron bajo arresto a Juan Raymundo Ruiz Corral.

2. El día 12 de febrero se dio a conocer otro caso de abuso sexual cometido por un comandante y dos agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Solidaridad, mejor conocido como Playa del Carmen, en Quintana Roo, en contra de una mujer de nacionalidad italiana.

El incidente ocurrió cuando la víctima iba en compañía de un amigo, también residente de origen italiano, quienes estaban en un callejón ubicado entre la discoteca Cocomaya y Blue Parrot; ahí la policía los interceptó y para no ser detenidos por la falta administrativa, los agentes pidieron a la pareja la cantidad de tres mil pesos; como ellos no tenían dinero, los policías sometieron al hombre y violaron a la italiana.

Los agentes que fueron detenidos son Mardonio Guzmán Gómez de 26 años y José Manuel Enríquez Hernández, de 24, quienes fueron puestos a disposición del juez, por los delitos de violación y abuso de autoridad derivado de la averiguación previa 435/2013.

3. El 23 de febrero pasado se dio a conocer que tres policías de Chimalhuacán, estado de México fueron acusados de violar a una menor de edad y de asesinar a su novio.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de febrero cuando los policías del municipio de Chimalhuacán, estado de México, identificados como Pedro Luis Becerril, Andrés Alan Hernández, y Francisco Gutiérrez encontraron a la pareja en el interior de una camioneta, en la colonia Tlaixco. Los uniformados advirtieron a los novios que los detendrían por “faltas a la moral”. Sin embargo, uno de los oficiales llevó a la joven a un parque cercano y abusó sexual mente de ella; luego dejaron ir a los dos menores.

Al llegar a casa, la afectada contó lo sucedido a su madre, quien pidió ayuda a la Policía Municipal. Posteriormente llegaron al domicilio tres oficiales a bordo de la patrulla 554. La adolescente reconoció a uno de sus agresores, quien conducía la unidad. La familia de la menor tocó las puertas de sus vecinos para que los ayudaran a detener a los uniformados. El novio de la joven intentó bajar al conductor de la patrulla pero éste le disparó dos veces en el pecho y más tarde murió en el lugar. Armados con piedras y palos, los vecinos salieron de sus casas e intentaron detener a los municipales, que huyeron a bordo de la patrulla.

De acuerdo con los promoventes, estos representan casos graves de abuso sexual, en el que se encuentra involucrada la corrupción y el abuso de autoridad, por parte de miembros de las fuerzas de seguridad pública, lo que pone en entredicho la seguridad de habitantes y visitantes de esos lugares.

En razón de ello, debe atenderse de manera efectiva, e implementar medidas de prevención, atención y sanción de delitos sexuales y violencia de género, y controles de confianza más efectivos para evitar que se sigan cometiendo estos abusos, por parte de las autoridades que deben brindar seguridad a la ciudadanía.

Por lo anterior, presentan la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero. La honorable Cámara de Diputados, condena enérgicamente las violaciones y abusos sexuales contra mujeres extranjeras y una connacional menor de edad, ocurridos en los municipios de Cajeme en Sonora, Solidaridad en Quintana Roo, y Chilmahuacán en el estado de México, por miembros de la policía municipal.

Segundo. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades de los estados de Sonora, Quintana Roo y estado de México a la pronta impartición de justicia y a la implementación de medidas de prevención para garantizar la seguridad pública de la ciudadanía en esas zonas.

Tercero.La honorable Cámara de Diputados acuerda ampliar los trabajos del grupo plural que se aprobó el pasado 7 de febrero para conocer sobre las investigaciones realizadas por el gobierno del estado de Guerrero en los hechos ocurridos contra ciudadanas españolas, integrado por diputadas y diputados de las Comisiones de Igualdad de Género, y Derechos Humanos, con el fin de que conozca también sobre las acciones realizadas por los gobiernos de Sonora, Quintana Roo, y estado de México en los casos de abuso sexual por agentes de la policía de los municipios de Cajeme, Solidaridad y Chimalhuacán, respectivamente.

Consideraciones

Para el análisis sobre esta proposición con punto de acuerdo, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

A) Vinculo entre el principio de igualdad y la no discriminación y la violencia contra las mujeres

En atención al principio de igualdad ante la ley y la no discriminación contra las mujeres, perteneciente al derecho internacional de los derechos humanos, los Estados están obligados a eliminar la discriminación contra las mujeres y asegurar una igualdad sustantiva con los hombres. Al respecto la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 1 exige a los Estados parte “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de (...) sexo (...) o cualquier otra condición social”. El artículo 2, en ese mismo orden de ideas, obliga a los Estados parte a adoptar las medidas legislativas y de otra índole para  incorporar en el derecho doméstico estos derechos y libertades; y finalmente, el artículo 24 establece el derecho de igual protección de y ante la ley.

En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para abordar la discriminación continua contra la mujer y afianzar y expandir los derechos a ellas proporcionados por otros instrumentos de derechos humanos. La CEDAW obliga a los Estados parte a “la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer con miras a lograr la igualdad de jure y de facto entre el hombre y la mujer en el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de ambos”.Estos derechos de las mujeres a la igualdad y la no discriminación han sido afirmados, además, en una amplia gama de instrumentos de derechos humanos, incluyendo la Convención de Belém do Pará.

Al ser la discriminación contra las mujeres una “discriminación de género”,la comunidad internacional tomó en cuenta el hecho de que tal discriminación no se basa en diferencias biológicas entre los sexos, sino en la construcción social, a través de

a) Los estereotipos;

b) Las oportunidades económicas, sociales y culturales;

c) La diferencia de los derechos y sanciones legales; y

d) El estatus y el poder que determinan la posición relativa de hombres y mujeres en la sociedad, así como determinan como se definen las conductas que se consideran adecuadas, o viceversa “transgresoras” para cada uno de los sexos.

Por mencionar tan sólo algunos ejemplos.

El reconocimiento de discriminación contra las mujeres ha generado en el ámbito de los derechos humanos una revisión profunda de su conceptualización y aplicación. La condición de género, tanto de las mujeres y los hombres, ha permitido una reflexión sobre las particularidades y necesidades específicas de cada uno, alterando las concepciones tradicionales de los principios de universalidad e igualdad, para complejizarlos y consolidarlos a través del reconocimiento de las diferencias y de las garantías específicas que requieren los derechos humanos al tomar en cuenta el género.

A pesar de que el género refiere tanto a la construcción de lo masculino y lo femenino sobre la base del sexo, los Estados han reconocido como un punto de partida fundamental que, en las relaciones de género, si bien los hombres pueden vivir formas de discriminación, es en la opresión y discriminación de las mujeres que se ha construido un orden social de género desigual, y por ello es prioritaria la eliminación de la discriminación contra las mujeres.

Esta discriminación contra las mujeres, en tanto se ubica en el ámbito de las relaciones de género, se articula también con otras condiciones que pueden aumentar el riesgo, la vulnerabilidad o generar un mayor impacto contra las mujeres.

Así, la clase, la edad, la condición de migrante o refugiada, la religión, la raza o el origen étnico, la orientación sexual o el estado matrimonial, la discapacidad o la condición de salud, definen diversos grados de riesgo o del impacto que pueda tener dicha discriminación en las mujeres. Los instrumentos normativos de derechos humanos y los Comités que monitorean el cumplimiento de dichos instrumentos así lo reconocen y señalan como obligación de los Estados prestar atención y crear políticas diferenciadas para las mujeres de acuerdo a la combinación de condiciones sociales que las coloca en situaciones de mayor discriminación. Se asume, entonces, que la discriminación es una violación a los derechos humanos que es incompatible con el pleno reconocimiento de la dignidad humana de las personas, hombres y mujeres.

Posterior a la definición y condena de la discriminación contra las mujeres, ha sido necesario definir y condenar de manera específica la violencia contra las mujeres. En 1992, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer emitió la Recomendación general número 19 con el fin de señalar a los Estados que “la violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención”. Esta violencia implica que “está dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención de Belem do Pará–, precisa las obligaciones específicas para los Estados. En ella, la violencia contra las mujeres se define como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Las causas específicas de la violencia contra las mujeres y los factores que incrementan su riesgo están vinculadas de manera directa con la discriminación de género contra la mujer y otras formas de opresión. Como lo reconocen los Estados, la violencia contra las mujeres “es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.Por lo que cualquier acción que se realice para prevenir, atender, sancionar, reparar o erradicar esta violencia requiere estar situada dentro de las acciones para eliminar la discriminación contra las mujeres y bajo los principios de libertad e igualdad de género para las mujeres.

La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación en sí misma, y al ser cometida por agentes del Estado implica una violación evidente de derechos humanos. Sin embargo, el hecho de que una de las principales causas de la discriminación y de la violencia contra las mujeres sea la histórica desigualdad entre hombres y mujeres, misma que se concretiza en cada sociedad a través de las acciones que permite, promueve y fomenta el Estado, ha llevado a ampliar los deberes de los Estados en los casos de violencia contra ellas.

Al reconocer que la división entre lo público y lo privado no es tajante, sino que a través de su articulación crean y mantienen un orden social de género, la responsabilidad del Estado ante los estereotipos, costumbres o prácticas que sustentan y mantienen la discriminación y la violencia contra las mujeres, se modifica. Así, el Estado ya no queda eximido de responsabilidad cuando la discriminación y la violencia contra las mujeres son cometidas por particulares, puesto que su incidencia y acción es fundamental para modificarla y garantizar sus derechos.

El reconocimiento de la articulación entre lo público y lo privado en la construcción del orden social de género y los nuevos deberes que crea para los Estados, se cristaliza en el principio de la debida diligenciapara prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. De acuerdo al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizara las víctimas”.Este deber se vincula también con los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, directamente con aquella modalidad que implica la tolerancia de la violencia contra las mujeres por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

B) Medidas desde el Poder Legislativo para garantizar la igualdad y el acceso a una vida libre de violencia

Lo analizado en el apartado A, es el marco conceptual que utilizó la Comisión de Igualdad de Género para el diseño de sus actividades. En el plan de trabajo, que es el instrumento de planeación en el cual se establecen las líneas temáticas y las actividades generales, incorporó una serie de acciones encaminadas a garantizar la igualdad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En específico la línea de trabajo 3, referente al seguimiento del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones internacionales que se han hecho al Estado mexicano.

Esta línea de trabajo incluye:

a) Enviar solicitudes de seguimiento a las dependencias involucradas en el cumplimiento de las sentencias y recomendaciones internacionales, a fin de obtener insumos que permitan identificar los obstáculos para dar cumplimiento a las recomendaciones y resolutivos internacionales.

b) Realizar reuniones de trabajo con procuradurías y fiscalías estatales, y con las titulares de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, para impulsar el cumplimiento de la sentencias y conocer la situación que existe en la atención e investigación de los casos de violencia contra las mujeres.

c) Impulsar políticas públicas para la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres en las entidades federativas, entre otras.

Estas acciones fueron propuestas a partir de la información con la que se cuenta de la gravedad de la violencia contra las mujeres, una de cuyas manifestaciones es la violencia sexual, de acuerdo con el estudio Violencia Feminicida: Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas.

Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en el país se producen casi 15 mil denuncias de violación al año. Un fenómeno particularmente perturbador es la prevalencia de violaciones sexuales.

La siguiente gráfica nos muestra el incremento en las denuncias por violación sexual y la relación de los procesos penales y las sentencias por este delito en el país. De acuerdo con esta gráfica, el panorama es desolador. La prevalencia de violaciones tiene niveles inaceptablemente altos y crecientes, y sin considerar las estimaciones de la llamada “cifra negra”; es decir, de aquellas violaciones que no son denunciadas.

Asimismo, en esta gráfica se evidencia –en la segunda línea– los procesos por el delito de violación y la tercera el número de sentencias condenatorias por el mismo delito. Resulta inaceptable la distancia entre estas series: mientras las denuncias crecen, los sujetos a proceso, es decir, las averiguaciones previas que culminaron con la detención de un presunto responsable y su consignación ante el poder judicial, no pueden pasar de 4 mil –menos de 30 por ciento en todo el periodo, pero tan sólo una cuarta parte desde 2002–; y lo que es peor, después del máximo registrado ese año, la tendencia es a la baja, y en el último año se tiene apenas 56 por ciento de los sujetos a proceso que había ocho años antes. La situación resulta aún más grave al considerar las sentencias condenatorias, pues mientras que de 1997 a 2006 éstas representaban 76 por ciento de los sujetos a proceso, esta proporción no alcanza la mitad en los últimos cuatro años. La diferencia que se observa entre las denuncias y las sentencias es la expresión más gráfica de la impunidad, de la forma en que las mujeres además de no tener garantizada una vida libre de este tipo de violencia, tampoco tienen acceso a la justicia ni a la reparación del daño; ésta es la evidencia de sistemas de procuración e impartición de justicia que no resultan ni efectivos ni eficaces. Por lo que hace a las entidades federativas donde son presentadas las denuncias, lo que nos hace suponer donde ocurren las violaciones sexuales, la distribución es la siguiente:

De acuerdo con lo anterior, si bien hay entidades federativas que presentan un mayor número de denuncias de violaciones sexuales, la gravedad de la situación es en todo el país. De acuerdo con la Comisión de Igualdad de Género resulta necesario impulsar políticas públicas y acciones integrales para atender, investigar y sancionar eficazmente que permitan la atención de todos los casos. Por ello, no resulta procedente el resolutivo tercero del punto de acuerdo. Lo anterior, no impide que se puedan realizar exhortas puntuales en casos que por sus características resultan de alto impacto; por lo cual se consideran procedentes los resolutivos primero y segundo de la proposición con punto de acuerdo en análisis.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados, condena enérgicamente las violaciones y abusos sexuales contra mujeres extranjeras y una connacional menor de edad, ocurridos en los municipios de Cajeme en Sonora, Solidaridad en Quintana Roo, y Chimalhuacán en el estado de México, por miembros de la policía municipal.

Segundo.El pleno de esta honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades de los estados de Sonora, Quintana Roo y estado de México a la pronta impartición de justicia ya la implementación de medidas de prevención para garantizar la seguridad pública de la ciudadanía en esas zonas.

Notas:

1 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/180, del 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981.

2 Los instrumentos internacionales específicos de género señalan la preocupación y condena por la discriminación y la violencia de género contra las mujeres. No señalan dichas violaciones de derechos en un sentido amplio de ambos géneros sino reconocen que el sujeto específico son las mujeres: “Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer” ,“Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer.”

3 Artículo 2 de la DUDH, Artículo 14 CEDAW, Artículo 1.1 CADH, Artículo 9 de Belem do pará, Recomendación general 16 del Comité DESC, Recomendación general 25 de Comité Racial y la Recomendación general 28 del Comité de Derechos Humanos.

4 Artículo 1 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem do pará) aprobada el 9 de junio de 1994 y ratificada por México el 19 de junio de 1998.

5 Preámbulo Convención de Belem do Pará

6 Recomendación General 19 Comité CEDAW; artículo 6 de la Convención Belem Do Pará.

7 Fracción b), artículo 7 Convención de Belem do Pará.

8 Recomendación General 19 Comité CEDAW.

9 Fracción c), artículo 2 de la Convención de Belem do Pará.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica en abstención), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Allieth Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MUJERES INDIGENAS EN GUANAJUATO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Igualdad y Género, con puntos de acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos de mujeres indígenas en Guanajuato

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Igualdad de Género le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente número 1324 que contiene la proposición con punto de sobre el respeto de los derechos humanos de mujeres indígenas en Guanajuato, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD, y presentada el 26 de febrero de 2013.

El turno fue recibido en esta comisión el 27 de febrero de 2013.

Contenido de la proposición

Refiere el proponente que en el mes de febrero un grupo de 13 mujeres indígenas que subsisten de la venta de sus artesanías, fueron severamente discriminadas por el presidente municipal de Guanajuato, Luis Gutiérrez Márquez, quien impidió, aduciendo la preservación de la imagen urbana, que estas mujeres indígenas provenientes de la sierra de Guerrero pudieran caminar en el primer cuadro de la capital del estado, Patrimonio de la Humanidad. El edil argumentó que no sólo venden en la vía pública sin permiso, sino que también “afean la vista al turismo”.

Sostiene el proponente que es una verdadera pena lo que ocurre con las y los indígenas en Guanajuato y en todo México; no es la primera vez que se hacen este tipo de actos discriminatorios y vejatorios, que menoscaban la dignidad humana de las personas, pues estas autoridades violan toda disposición de los derechos humanos y garantías individuales, como el de libre tránsito, consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para fortalecer su propuesta señaló que la información que ha circulado en periódicos de ti raje nacional y en redes sociales es que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió el expediente 3112/A-2013, y está realizando la investigación correspondiente a las denuncias que han presentado 13 mujeres indígenas nahuas referentes a estas restricciones afrentosas y vejatorias.

Expresó que se debe detener el trato de segregación que se les da a los indígenas, particularmente a las mujeres en las ciudades que tienen el honor de ser Patrimonio de la Humanidad.

Enfatizó que es necesario que la Cámara de Diputados emita un exhorto al presidente municipal de Guanajuato, ciudadano Luis Gutiérrez Márquez, y al gobierno de Guanajuato para que respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas y eviten esos tratos denigrantes y crueles, con apego a los principios y garantías previstos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte.

Para abundar en su argumentación señala que según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un “trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo por alguna de sus características físicas o su forma de vida.” Se trata –cierto– de una distinción, exclusión o restricción de los derechos de las personas, en este caso de mujeres indígenas nahuas de la sierra de Guerrero.

Que de acuerdo con el ex Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen (Doc. E/CN.4/2003/90/Add.2, del 10 de febrero de 2003, párrafos 16 a 20), existen cuatro tipos de discriminación, entre ellos, la discriminación interpersonal e institucional, que se manifiestan en actitudes de rechazo y exclusión hacia indígenas por parte de la población no indígena, y en situaciones desfavorables en mecanismos de exclusión, usados históricamente para marginarlos y negarles la posibilidad para vivir en condiciones de equidad con el resto de la población.

De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada en 2005, 43% de las personas entrevistadas manifestó que los indígenas “tendrían siempre una limitación social por sus características raciales”. En tanto, 30% indicó que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como tales.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis) 2010 apuntan a que aún existen serios rezagos respecto de los derechos y oportunidades que tiene la población indígena para acceder a una situación más igualitaria. Los datos de esta última encuesta señalan que 37% de la población de habla indígena afirmó que no se respetan sus derechos, mientras que 24% sostuvo que esa situación es causada por su acento al hablar y por su forma de vestir. En esta “manifestación indiscutible de discriminación” también intervienen las características físicas, forma de hablar, vestir y comportamientos culturales. Esos factores son asociados en una relación arbitraria y ficticia con limitaciones sociales y pobreza, es decir, que se responsabiliza a las poblaciones indígenas de provocar la desigualdad.

Finalmente concluyó que tener un enfoque de esta naturaleza no sólo trae consecuencias negativas para los y las indígenas sino que, al adjudicar causalidad a esas características, se pierde el foco de responsabilidad que tiene el resto de la sociedad, el Estado y las instituciones, lo que hace más difícil revertir el problema. Además, que lejos de ser sólo percepciones, hay violación de derechos de los indígenas que se ven materializados en la falta de oportunidades para acceder a derechos fundamentales como educación, salud y empleo, en detrimento de su libertad y dignidad.

Consideraciones

Esta dictaminadora considera que las expresiones emitidas por el ciudadano presidente municipal de Guanajuato expuestas en la exposición de motivos, constituyen presumiblemente un acto de discriminación que atenta en contra de los derechos humanos de las mujeres y que se encuentra expresamente prohibido en los instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en las Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

México ha suscrito diversos instrumentos internacionales entre los que destaca la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Esta Convención constituye el principal instrumento jurídico internacional de derechos humanos para las mujeres de carácter vinculante;reúne los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de las mujeres y expresa claramente que ellos son aplicables a las mujeres de todas las sociedades;es el marco jurídico más completo y, como tal, es suficiente por sí mismo, para el logro del objetivo de la igualdad en el sistema jurídico de los países.

Cabe precisar que todos los poderes de los tres niveles de gobiernos están obligados a dar cumplimiento a los preceptos de la Convención, de tal suerte que de acuerdo con lo expuesto por el proponente, la conducta del ciudadano presidente municipal de Guanajuato viola flagrantemente lo dispuesto en los artículos 1o. y 2o. de la CEDAW:

Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) ...

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.

El elevado índice de discriminación contra de las mujeres en México también ha sido objeto de recomendaciones significativas de organismos internacionales.

En sus observaciones finales al 7o. y 8o. Informe consolidado de México, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó que sigue siendo motivo de preocupación el alto nivel de pobreza, el analfabetismo y las múltiples formas de discriminación contra las mujeres indígenas de las zonas rurales, en particular en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, por lo que recomendó al Estado Mexicano:

34.-c) Elabore una estrategia general orientada a eliminar las prácticas nocivas que discriminen contra las mujeres indígenas de las zonas rurales, en particular realizando campañas de concienciación dirigidas a las comunidades indígenas en colaboración con la sociedad civil y las organizaciones de mujeres a fin de reforzar una imagen positiva y no estereotipada de la mujer.

Nuestra propia Constitución es clara y precisa en cuanto a la prohibición para cualquier de incurrir en actos de discriminación:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

...

...

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Los actos del ciudadano presidente municipal descritos por el proponente también encuadran en lo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia describe como violencia institucional:

Artículo 18. Violencia institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

El proponente plantea que el Congreso del Estado cite a comparecer al ciudadano presidente municipal para que explique en esa Soberanía los motivos de su actuación. En este sentido esta comisión estima que la propuesta es legítima ya que dicha acción forma parte de las atribuciones del Poder Legislativo Estatal, tal como lo señala el artículo 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato:

Artículo 72. Previo acuerdo, las comisiones por conducto de su Presidente, podrán solicitar información o documentación a los poderes públicos, a los gobiernos municipales, organismos autónomos por Ley y demás dependencias, cuando se trate de un asunto de su ramo o competencia, o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les competan.

Por ello esta dictaminadora considera que existe razón suficiente para la emisión del presente exhorto, como un respetuoso recordatorio a las autoridades de Guanajuato de que en el ejercicio de sus atribuciones deben respetar el principio de igualdad y no discriminación en contra de las mujeres.

Por otra parte en cuanto a la pretensión de solicitar a la CNDH la atracción del caso, cabe precisar que de acuerdo a la Ley Orgánica de la CNDH es procedente el ejercicio de dicha facultad en los casos que prevé el siguiente artículo:

Artículo 60. La Comisión Nacional ante un recurso de queja por omisión o inactividad, si considera que el asunto es importante y el organismo estatal puede tardar mucho en expedir su Recomendación, podrá atraer esa queja y continuar tramitándola con el objeto de que sea este organismo el que emita, en su caso, la Recomendación correspondiente.

Sin embargo, el 9 de abril de 2013 la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió cuatro Recomendaciones al Presidente Municipal, Luis Fernando Gutiérrez Márquez, al encontrar evidencias que señalan al titular de la Dirección de Fiscalización y control Municipal como responsable de violentar los derechos humanos de 13 mujeres indígenas que ejercen el comercio informal en la capital del Estado.

Las cuatro recomendaciones señalan lo siguiente al Presidente Municipal: Iniciar procedimiento administrativo al Licenciado Horacio Morales Arriaga, Director de Fiscalización y Control por violación al derecho de petición, así como por violación al principio de no discriminación; se inicie un proceso d~ revisión, y en su caso de modificación del marco normativo administrativo que regula la actividad comercial en la vía pública a efecto de actualizarlo y garantice los derechos humanos; se implemente un Plan estratégico que permita la protección integral del centro histórico, con el fin de que la sociedad en su conjunto goce del patrimonio cultural.

Al existir una recomendación sobre el caso concreto, esta Dictaminadora no considera procedente solicitar la atracción del caso por parte de la CNDH en virtud de que existe una Recomendación por parte del Ombudsman local y por tanto no se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la CNDH.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Presidencia Municipal de Guanajuato para que, en el marco del artículo 10. Constitucional, se respeten los derechos humanos y garantías de las personas indígenas, especialmente de las mujeres, en el marco de sus atribuciones.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al Congreso local de Guanajuato para que en uso de sus facultades, le de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda, Allieth Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

CONDENA A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES DE CIUDAD ACUñA, COAHUILA, QUE ATENTAN CONTRALOS DERECHOS HUMANOS, LA LIBERTAD Y LA DIVERSIDAD CULTURAL Y SOCIAL DE LOS HABITANTES

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Igualdad y Género, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados condena las disposiciones de las autoridades de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos humanos, la libertad y la diversidad cultural y social de los habitantes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado el expediente número 1400 que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía condena las disposiciones de las autoridades de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos humanos, la libertad y la diversidad cultural y social de los habitantes, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada en la sesión celebrada el 28 de febrero de 2013.

Esta comisión recibió el turno correspondiente el 1 de marzo de 2013.

Contenido de la proposición

La proposición consiste en el siguiente único punto de acuerdo:

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena las medidas administrativas de las autoridades de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos humanos, la libertad y diversidad cultural y social de sus habitantes; y las exhorta a respetar los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, plasmados en la Constitución General de la República y diversas leyes secundarias, así como a erradicar la discriminación tanto en el ámbito público como en el privado de su localidad.

Las consideraciones en las que basa su propuesta el diputado Trinidad Morales Vargas, nos remiten a los recientes acontecimientos sucedidos en Ciudad Acuña, Coahuila, sin mencionar la fecha exacta, pero que fueron un hecho público, notorio y conocido a través de diversos medios de comunicación a partir de aproximadamente el 22 de febrero del año en curso, que denunciaron la prohibición del uso de minifaldas por mujeres y por homosexuales.

Refiere que el director general de Seguridad Pública de Ciudad Acuña, el general brigadier en retiro Javier Aguayo y Camargo, propuso dicha regla, en virtud de lo establecido en las normas del Bando de Policía y Buen Gobierno donde, de acuerdo con su criterio, usar ese tipo de ropa es considerado “una falta de respeto a la moral, el pudor, la decencia y las buenas costumbres”.

Por lo tanto que los funcionarios de Acuña, al haber impuesto la prohibición de usar minifaldas a las mujeres y a las personas travestis y homosexuales, argumentaron la defensa del respeto de la moral, el pudor, la decencia y las buenas costumbres, especialmente que el director general de Seguridad Pública de Acuña, aseguró que el uso de la minifalda provoca la misma “mala impresión” que causan a la sociedad, las mujeres dedicadas a la prostitución.

Que según se indicó, sin manifestar quién hizo esta indicación, la prohibición obedeció a una petición hecha por personal del centro histórico y la Cámara Nacional de Comercio de Acuña contra quienes salen de los bares y centros nocturnos acompañadas de sus parejas y portando la diminuta prenda, sin embargo tampoco menciona qué personas hicieron la petición referida.

Asimismo explica el diputado proponente, que la disposición autoritaria establecida en las normas del Bando de Policía y Buen Gobierno, se fundamenta en el Bando de Policía y Buen Gobierno de 2005, que establece en el título segundo, “Seguridad pública”, capítulo IV, “Moralidad pública”, que son faltas contra la integridad moral de las personas y de las familias “exhibirse de manera indecente o indecorosa en cualquier sitio público; proferir palabras obscenas en lugares públicos, así como silbidos o toques de claxon ofensivos; asumir en lugares públicos actitudes obscenas, indignas o en contra de las buenas costumbres y otras”; esto, en el artículo 42 y que las sanciones establecidas por el Reglamento de Justicia Municipal de Ciudad Acuña, a los infractores del Bando de Policía y Buen Gobierno, en el artículo segundo, son la amonestación a los infractores en asuntos civiles, obligando en su caso a la reparación del daño; y que la comisión de una o varias de estas faltas podría ser sancionada con multa de 1 a 20 días de salario mínimo vigente en esta zona económica o con arresto de hasta 36 horas, debiendo turnar los casos que correspondan al Ministerio Público.

Que el director de Seguridad Pública de Acuña, nombrado en el cargo el 21 de septiembre de 2012, y que ha ocupado anteriormente el mismo puesto en San Luis Potosí y en la ciudad de Chihuahua, además, invitó a la ciudadanía de Acuña, a denunciar a quienes porten estas prendas para “salvaguardar la integridad de la comunidad”, pues su uso significa “una falta contra las reglas de urbanidad y a la moral”, calificando de “grave” el uso de la vestimenta corta. Argumentando que su prohibición es, para evitar “presenciar un espectáculo bochornoso” explicando que quienes sean denunciados por “enseñar demás” serían detenidos y multados.

El diputado proponente, además, hace del conocimiento de las diputadas y diputados en la argumentación del punto de acuerdo que se dictamina, que el director de Seguridad Pública, Javier Aguayo y Camargo, manifestó que las personas que visten de forma “provocativa”, hombres o mujeres, son delincuentes en potencia, pues pueden utilizar su apariencia “para cometer algún acto ilícito”.

En virtud de lo anterior, hace una disertación respecto a que la intolerancia, el racismo, la xenofobia, la misoginia y la homofobia son actitudes que se fundamentan en el odio, el prejuicio, la ignorancia y el miedo, para concluir que especialmente las expresiones de homofobia o cualquier otra que fomente la discriminación, lesiona los derechos humanos, crea fracturas en la comunidad, fomenta la desigualdad y la violencia, amenazando el desarrollo humano y fundamentado en el principio de igualdad, debe exigirse a los estados adoptar medidas especiales para eliminar las condiciones que causan la discriminación o que contribuyen a perpetuarla.

Que la existencia de actitudes discriminatorias, establece obligaciones para los estados, como la tarea de erradicarlas del ámbito público y privado, por lo que a pesar de que en México la Constitución establece la protección de los derechos humanos y la prohibición de discriminar, así como diversos instrumentos jurídicos locales y federales en las materias, la realidad nos dice que éstas no siempre son aplicadas en todos los estados y sus municipios, como ocurre en Acuña, Coahuila, por lo que se constata que subsisten brechas importantes para el reconocimiento de estos derechos a todas las personas en todo el país.

Concluye sus argumentos con la afirmación de que el racismo, la discriminación, la homofobia y la xenofobia, constituyen fenómenos sociales, culturales y políticos; que no son “instintos naturales” de las y los seres humanos, por lo que deben ser combatidos enérgicamente, máxime si son alentados por autoridades públicas.

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. constitucional, establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Aunado a lo anterior, y con relación a las afirmaciones del diputado Trinidad Morales Vargas, respecto a las obligaciones de los estados establecidas en diversos instrumentos jurídicos en materia de no discriminación y de protección de los derechos humanos de las personas, son incumplidas, lo que constituye el no reconocimiento de estos derechos a todas las personas en muchas entidades del país, como se puede observar especialmente en este caso en Acuña, Coahuila, es pertinente señalar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, obliga a la armonización de todo el marco jurídico nacional; pero, sobre todo, a garantizar que la legislación secundaria desarrolle los mecanismos y procedimientos para hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas en este país.

Segunda. La obligación contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de legislar conforme al principio pro persona, que significa atender al criterio normativo que favorezca el ejercicio más amplio de derechos.

Es oportuno precisar que el Estado mexicano de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, debe traducir los tratados internacionales a los ordenamientos jurídicos mexicanos, compromiso que se conoce como un proceso de “armonización legislativa”.

Es importante destacar que la armonización legislativa en materia de derechos humanos, no es una cuestión optativa sino un deber jurídico resultado de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano cuyo incumplimiento u omisión implica responsabilidad que puede derivar en recomendaciones.

Tercera. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,establece en su artículo 4, que la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, asimismo que se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

Esta Comisión de Igualdad de Género considera que sería muy grave y lamentable que cualquier persona funcionaria pública, pero en el caso que atañe al presente punto de acuerdo en estudio y su correspondiente dictamen, el funcionario público director general de Seguridad Pública de Ciudad Acuña, general brigadier en retiro Javier Aguayo y Camargo, haya utilizado expresiones iguales o similares a las siguientes:

1. “Usar ese tipo de ropa es considerado una falta de respeto a la moral, el pudor, la decencia y las buenas costumbres”.

2. “El uso de la minifalda provoca la misma mala impresión que causan a la sociedad, las mujeres dedicadas a la prostitución”.

3. “Invito a la ciudadanía de Acuña, a denunciar a quienes porten estas prendas para salvaguardar la integridad de la comunidad, su uso significa una falta contra las reglas de urbanidad y a la moral”.

4. “El uso de la minifalda es grave, su prohibición es para evitar presenciar un espectáculo bochornoso.”

5. “Quienes enseñen demás serían detenidos y multados.”

6. “Las personas que visten de forma provocativa, hombres o mujeres, son delincuentes en potencia, pues pueden utilizar su apariencia para cometer algún acto ilícito”.

Toda vez que especialmente las marcadas con los números 1, 2, 3, 4, 5, no solamente son expresiones discriminatorias, sino que incitan al odio y a la perpetuación de estereotipos nocivos para las personas, especialmente en agravio de las mujeres, las personas homosexuales y las que se dedican a la prostitución.

Por lo que hace a las expresiones marcadas con los números 1 y 3, es claro para esta comisión que los conceptos: respeto, moral, pudor, decencia y buenas costumbres, de haber sido utilizados por el director general de Seguridad Pública de Ciudad Acuña, Javier Aguayo y Camargo, como refiere el diputado Trinidad Morales Vargas, en el contexto aludido en las consideraciones del punto de acuerdo que se dictamina, lo que además sustentan diversos medios de comunicación publicados en Internet como ya lo constató personal de esta comisión, no fueron de ninguna manera objetivos, es decir que fueron utilizados conforme a las apreciaciones subjetivas y conceptos personales del funcionario que no se traducen en los conceptos de respeto a los derechos humanos de las personas como deber de los particulares o del estado.

Especialmente preocupa a esta comisión que la manifestación marcada con el número 3, se haya hecho a través de los medios masivos de comunicación nacionales o locales, debido a que su impacto nocivo como contribución al fomento de estereotipos y la incitación al odio en contra de las mujeres, de las personas homosexuales y de las personas dedicadas a la prostitución, sería aún más grave.

La facultad de investigar si estas manifestaciones fueron hechas ante los medios de comunicación directamente por el servidor público aludido, corresponde a la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), por lo que esta comisión dictaminadora considera que es pertinente que el exhorto que resulte del presente dictamen, sea dicha instancia para que investigue y actúe de acuerdo a sus funciones.

Por lo que hace a la violación de derechos humanos resultante de la aplicación de las normas del Bando de Policía y Buen Gobierno, que aún establece en el título segundo, “Seguridad pública”, capítulo IV, “Moralidad pública”, que son faltas contra la integridad moral de las personas y de las familias “exhibirse de manera indecente o indecorosa en cualquier sitio público; proferir palabras obscenas en lugares públicos, así como silbidos o toques de claxon ofensivos; asumir en lugares públicos actitudes obscenas, indignas o en contra de las buenas costumbres y otras”; en las que supuestamente se basó el funcionario para establecer la prohibición del uso de las minifaldas, esta comisión considera pertinente la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y realizar un exhorto al Ejecutivo de Acuña, Coahuila, a efecto de que armonice sus reglamentos conforme a lo expuesto en la consideración Segunda del presente dictamen.

Por otra parte, es pertinente destacar que la dictaminadora considera que todas las expresiones marcadas con los números del 1 al 6, son a todas luces indebidas y discriminatorias por lo que es correcto que la Cámara de Diputados se manifieste en su contra.

Las consideraciones de la Comisión de Igualdad y Género, además, se refuerzan con lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,señala en su artículo 9, que queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, y que se consideran como prácticas discriminatorias entre otras las señaladas en la fracción XIII, “Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad humana” y en la fracción XV, “Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación.

Y destacamos que los conceptos de dignidad e integridad humana, sí se encuentran definidos en los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos, para protegerlos y garantizarlos, a diferencia de aquellos de pudor, decencia y buenas costumbres que ni siquiera se encuentran en el reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno, a que el proponente se refirió como una disposición autoritaria, que por lo menos es incongruente, o incompleta y por lo tanto ineficiente porque permite dejar a la interpretación particular que puede ser incluso conservadora, ilegal, ignorante, retrograda, intolerante y discriminadora basada en usos y costumbres discriminatorias o simplemente en una educación o cultura patriarcal y machista, del funcionario aludido o de cualquiera otra persona los conceptos de “exhibirse de manera indecente o indecorosa” “asumir en lugares públicos actitudes indignas o en contra de las buenas costumbres y otras”.

Cuarta. Esta comisión desea hacer énfasis en que la incitación al odio y a la violencia, constituyen otra forma de discriminación contra las mujeres, que en el caso expuesto por el proponente, las expresiones marcadas con los números 2, 4 y 6, que especialmente se relacionan con las mujeres, constituyen incitación a la violencia en su contra.

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entrando en vigor como tratado internacional en septiembre de 1981, tras su ratificación por 20 países, incluido México.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas define como violencia de género: “‘Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas o tales actos, la coacción o privación arbitraria, tanto si se producen en la vida pública o privada”.

Con fecha 1 de febrero de 2007, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Quinta. De acuerdo a lo dispuesto por los tratados internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres suscritos por el Estado mexicano, particularmente, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do pará) así como las disposiciones de las leyes específicas de protección a los derechos de las mujeres, particularmente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

La violencia contra las mujeres es una grave violación a sus derechos humanos y, algunas de sus manifestaciones, constituyen delitos que deben ser perseguidos y sancionados por los órganos responsables de la procuración e impartición de justicia, garantizando a las víctimas la reparación del daño.

Sexta. En julio de 2012, el Comité de la  Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) examinó los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México. Este ejercicio permitió evidenciar los avances registrados, referir los motivos de preocupación y formular una serie de recomendaciones al Estado mexicano entre los temas analizados destaca el de armonización legislativa, con los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos de las mujeres.

El comité recordó la obligación del estado “de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la convención” y considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las observaciones finales “requieren la atención prioritaria del estado”.

Séptima. Esta comisión considera que se hace imperante coadyuvar en cualquier acción orientada a repudiar estos actos y a fortalecer a las instituciones públicas que apoyan a las mujeres y a las personas homosexuales que sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y que tienen como propósito eliminar esta condición que afecta su integridad y dignidad.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados somete a su consideración de la asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena las medidas administrativas de las autoridades de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos humanos, la libertad y diversidad cultural y social de sus habitantes; y las exhorta a respetar los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, plasmados en la Constitución General de la República y diversas leyes secundarias, así como a erradicar la discriminación tanto en el ámbito público como en el privado de su localidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamente Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica en contra), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

ESTRATEGIA DE MOVILIDAD INTEGRAL EN LOCALIDADES

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobiernos estatales y a los municipales a favorecer la implantación de una estrategia de movilidad integral en sus localidades

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de fecha 3 de abril de 2013, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales a favorecer la implantación de una estrategia de movilidad integral en sus localidades.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

Primero. El proponente, diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo señala que en los últimos 25 años nuestro país ha sufrido un crecimiento inédito en sus principales ciudades, debido a un constante proceso de centralización económica y a un considerable aumento en los servicios urbanos. Esto ha incentivado a las personas del medio rural a emigrar a las ciudades, señala que en el año 2010 el 76.8 por ciento de la población mexicana habitaba en zonas urbanas. Abunda diciendo que el rápido crecimiento de las ciudades ha significado una expansión horizontal de las mismas, ocasionada entre otras cosas, por la mala definición de los usos de suelo. Opina que como consecuencia de este crecimiento se ha producido un fenómeno de migración hacia la periferia, en busca de una mejor calidad de vida en zonas de menor densidad, concluye que en esas zonas es donde el transporte público no es capaz de ofrecer un servicio tan eficiente como en el centro de la ciudad, por lo que se genera una fuerte dependencia del vehículo privado y un fuerte aumento del nivel de motorización.

Segundo. También menciona que en nuestro país, de acuerdo con el Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011-2012, en la zona metropolitana del valle de México el tiempo promedio de un desplazamiento es de una hora con 21 minutos. En el mismo informe se señala que “se estima que las personas pierden en promedio 16 horas semanales en traslados a sus lugares de estudio o trabajo. Además del tiempo perdido, cada traslado suele implicar una serie de riesgos; por ejemplo, ocho de cada 10 personas usuarias de transporte público consideran que este servicio es inseguro, y siete de cada 10 mujeres afirman tener miedo de ser agredidas sexualmente al usarlo”.

Tercero. Considera que la movilidad debiera ser uno de los principales derechos sociales de las personas que habitan un territorio. La movilidad urbana es un derecho social que el Estado debe de preservar y ampliar de forma igualitaria.

Cuarto. Destaca que la movilidad se ocupa de garantizar los flujos de personas y de carga a través de las diferentes infraestructuras del espacio público y de los modos que por las mismas circulan. Considera que ésta resulta imprescindible para que las personas puedan acceder a los bienes y servicios básicos que son indispensables para tener una vida digna. Desde esta perspectiva, se aprecia la cercana relación que guarda con el ejercicio de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales en tanto que las distancias y exigencias de movimiento se hacen evidentes y necesarias para su realización; este es el enfoque que le da el informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011-2012.

Quinto. Por todo esto, el firmante considera apropiado instar a las instancias gubernamentales de los estados de la república a priorizar la movilidad como un derecho social del siglo XXI que debe de ser atendido según la capacidad técnica, humana y financiera, y con base en los planes integrales de desarrollo de cada entidad. Todo esto, señala, debe de tener algunos productos específicos, entre los cuales se hallan:

– Campañas de concienciación y generación de incentivos desde los gobiernos para fortalecer una cultura vial.

– Provisión de bicicletas públicas, y los espacios para utilizarlas.

– Aumento de presupuestos para cobertura y calidad del transporte público para garantizar la movilidad igualitaria desde cualquier parte de la ciudad.

– Buscar que las tarifas del transporte público sean accesible a todos los ciudadanos.

– Asegurarse que todas las ciudades y los pueblos de sus estados sean transitables a pie y en bicicleta por medio de la creación de infraestructura peatonal y ciclista.

Sexto. El legislador en los resolutivos de la proposición establece lo siguiente:

Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a considerar la creación o, en su caso, revisión de un marco jurídico idóneo que garantice la consecución de políticas que prioricen en el marco de sus respectivas competencias, funciones y facultades, las políticas de la movilidad urbana y humana.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y de los municipios, de acuerdo con su capacidad técnica, humana y financiera, y con base en sus planes integrales de desarrollo, a favorecer la creación de órganos administrativos encargados de la aplicación y ejecución de políticas encaminadas a fortalecer la movilidad humana en sus localidades. Asimismo, a priorizar el rubro de infraestructura peatonal, ciclista y de transporte urbano.

Consideraciones

Después de haber analizado los antecedentes y contenido de la proposición vertidos en el dictamen que nos ocupa, esta Comisión considera procedente aprobarla, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Primera. Esta comisión se solidariza con la preocupación expuesta por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, en el sentido de procurar mejores acciones para fortalecer la movilidad urbana.

Segunda. El modelo actual de movilidad urbana es producto de los cambios, sociales, económicos y tecnológicos de nuestro tiempo, este modelo se caracteriza por el aumento de las distancias medias recorridas, las distancias que separan a los lugares donde se realizan diferentes actividades económicas y sociales no han dejado de crecer, esto a consecuencia de los avances tecnológicos y organizacionales.

Esta dictaminadora considera que es fundamental impulsar sistemas de transporte que hagan posible la eficaz movilidad poblacional y por consiguiente el acceso a los servicios y bienes sociales.

Tercera. Es importante recordar lo que señala Carmen Lizárraga Mollinedo cuando en su Movilidad urbana sostenible: un reto para las ciudades del siglo XXI, destaca que las condiciones y el tiempo dedicado a los desplazamientos representan otra fuente de disparidades socioeconómicas, dado que cada vez se necesita más tiempo y dinero para desplazarse en la urbe. Los viajes diarios se realizan sacrificando tiempo de descanso, de consumo o de trabajo remunerado. Y ese fenómeno social afecta con mayor severidad a los más pobres, que se trasladan a sus centros de trabajo y escuelas en condiciones más incómodas, con mayores tiempos de desplazamiento.

Cuarta. Es propicio destacar aquí datos que proporciona el Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal 2011-2012:

El tiempo promedio de un desplazamiento en la zona metropolitana del valle de México es de una hora con 21 minutos. De manera acumulada, se estima que las personas pierden en promedio 16 horas semanales en traslados a sus lugares de estudio o trabajo. Además del tiempo perdido, cada traslado suele implicar una serie de riesgos; por  ejemplo, ocho de cada 10 personas usuarias de transporte público consideran que este servicio es inseguro, y siete de cada 10 mujeres afirman tener miedo de ser agredidas sexualmente al usarlo. Distintas fuentes hemerográficas han contabilizado que durante los últimos seis años, por lo menos 160 personas perdieron la vida en la Ciudad de México en accidentes en donde estuvieron involucrados microbuses. Este tipo de transporte es el peor calificado en las encuestas de satisfacción a personas usuarias –77 por ciento se encuentra insatisfecho con este servicio–; sin embargo, es el que concentra la mayor cantidad de viajes –63.7 por ciento

Lo anterior es una referencia de los retos que enfrentan las 56 zonas metropolitanas que hay en todo el país y que concentran más del 70 por ciento de los mexicanos, el problema es el mismo, no hay una planeación en materia de movilidad y el transporte público, en muchos casos, no es de buena calidad y tampoco garantiza seguridad en el servicio.

Quinta. La problemática expuesta por el diputado Fujiwara Montelongo, no debe ser ignorada por esta legislatura, por ello, esta dictaminadora considera procedente exhortar a las entidades federativas de integran nuestro país, para que consideren impulsar políticas eficaces de movilidad urbana, empleando para ello la capacidad técnica, humana y financiera que dispongan, a fin de garantizar este derecho a la población y con ello, elevar su calidad de vida.

Por lo expuesto y fundado, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a considerar la creación o, en su caso, revisión de un marco jurídico idóneo que garantice la consecución de políticas que prioricen en el marco de sus respectivas competencias, funciones y facultades, las políticas de la movilidad urbana y humana.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y de los municipios, de acuerdo con su capacidad técnica, humana y financiera, y con base en sus planes integrales de desarrollo, consideren favorecer la creación de órganos administrativos encargados de la aplicación y ejecución de políticas encaminadas a fortalecer la movilidad humana en sus localidades. Asimismo, a priorizar el rubro de infraestructura peatonal, ciclista y de transporte urbano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, diputados: Jorge Herrera Delgado (rúbrica), presidente; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Gisela Raquel Mota, Dulce María Muñiz Martínez, Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez, Hugo Sandoval Martínez, Carlos Sánchez Romero (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).»

EXHORTO A LA CONAGUA Y LA ASF A VIGILAR LA IMPLANTACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A TABASCO POR LA FEDERACION

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Auditoría Superior de la Federación a vigilar la implantación de los recursos asignados por la federación, así como a fiscalizar la administración del delegado de aquélla en Tabasco debido a constantes irregularidades

Honorable Asamblea:

Esta Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su dictamen, la proposición con punto de acuerdo propuesta por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, a fin de exhortar a la Comisión Nacional del Agua y a la Auditoría Superior de la Federación, para que vigilen la implementación de los recursos asignados por parte de la federación, asimismo para que realicen una auditoría a la administración del delegado de la Comisión Nacional de Agua, en el estado de Tabasco, por presuntas irregularidades.

Esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 numeral 1 y 3, 45 numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral I, fracción I; 158, numeral I fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. Con fecha 18 de abril de 2013, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo relativa a exhortar a la Comisión Nacional del Agua y a la Auditoría Superior de la Federación, para que vigilen la implementación de los recursos asignados por parte de la federación, asimismo, para que realicen una auditoría a la administración del delegado de la Comisión Nacional de Agua en el estado de Tabasco.

Segundo. El 19 de abril de 2013, fue recibido en esta Comisión de Recursos Hidráulicos el oficio número D.G.P.L. 62-II-5-674 de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que turnó dicha iniciativa a esta Comisión para efecto de su dictamen.

Tercero. Con fecha lunes 29 de abril del año 2013, se reunió la Junta Directiva de esta comisión en reunión extraordinaria, posteriormente se celebró una reunión plenaria extraordinaria el martes 30 de abril del año 2013, y dentro del orden del día de ambas reuniones se abordó el análisis del punto de acuerdo en mención.

Recibido el presente asunto, quienes integramos esta comisión procedimos al estudio del siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, sustenta su proposición con punto de acuerdo argumentando que en el tema del agua, “es innegable la creciente necesidad de seguir implementando acciones de rehabilitación y construcción de infraestructura para poder extender la demanda en la cobertura y calidad correspondiente de los servicios, pero también desafortunadamente es importante vigilar puntualmente la correcta ejecución e implementación de los recursos federales asignados a dichas acciones.”

Asimismo plantea que “la capacidad económica y financiera de los organismos encargados de abastecer y suministrar los servicios referentes al agua como alcantarillado, saneamiento y agua potable, son sólo algunos de los principales factores que limitan la eficacia y calidad en el servicio, repercutiendo al mismo tiempo de manera desfavorable en la salud de la población.” Por lo que explica que “es necesario señalar sin generalizar, a los delegados responsables de administrar los recursos económicos para la implementación de las inversiones y el cumplimiento de las disposiciones formuladas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); han existido sonados casos de constante corrupción y negligencia indolente al tratarse de un tema de sensible naturaleza como este. Así que “es necesario que se planteen esquemas viables que den margen a generar inversiones requeridas tanto como para los cuadros operativos, como para el mismo mantenimiento de la infraestructura con finanzas transparentes y acciones congruentes.”

También plantea la Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez que “llevar un suministro de agua potable y saneamiento de calidad, al ritmo de las demandas y necesidades crecientes, resulta un reto cada vez más complejo y costoso. Así que “por obvias razones, la administración y manejo de este recurso vital, debe ser puesto bajo la lupa, sin impunidad para quienes hagan mal uso de los recursos y sanciones más estrictas para quienes se atrevan a obstaculizar el pleno ejercicio de las inversiones por intereses personales como se ha dado en el caso de Tabasco.”

Con base en lo anterior, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez,  propone:

Primero.Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, en conjunto con los gobiernos estatales, municipales y la Auditoría Superior de la Federación, vigilen puntualmente la implementación de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas dictados en el cumplimiento de las disposiciones formuladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada uno de los ejercicios fiscales.

Segundo. Se exhorta a que la Comisión Nacional del Agua, y la Auditoría Superior de la Federación, auditen de manera inmediata la actual administración del delegado de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Tabasco, debido a constantes irregularidades.

Después del análisis del contenido de la proposición con punto de acuerdo, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

El estado de Tabasco es un acuífero de tipo libre con zona de recarga en la sierra de los municipios de Huimanguillo, Teapa y Tenosique, su clima es de tipo cálido con influencia marítima donde la temperatura media anual es mayor de 24 grados centígrados; las lluvias se presentan casi todo el año, lo que genera una cobertura nubosa con humedad relativa de entre 80.0 y 86.0 por ciento.

Se divide en dos regiones hidrológicas, Coatzacoalcos (RH29) y Grijalva-Usumacinta (RH30). La región de Coatzacoalcos comprende 24.8 por ciento del estado, en ella se encuentra la cuenca del río Tonalá, y la región Grijalva-Usumacinta comprende 75.2 por ciento de la superficie, en la que se localizan tres cuencas: río Grijalva, río Usumacinta y laguna de Términos.

En Tabasco confluyen los 35 ríos siguientes: Bitzal, Carrizal, Chacamax, Chico, Chilapa, Chilapilla, Comuapa, Cunduacán, Cuxcuchapa, El Azufre, Grijalva, La Sierra, Maluco, Mezcalapa, Nacajuca, Naranjeño, Pejelagarto, Pichucalco, Pimiental, Platanar, Puxcatán, Puyacatengo, Salsipuedes, Samaria, San Antonio, San Pablo, San Pedro, Santana, Tancochapa, Teapa, Tepetitán, Tlacotalpa, Tonalá, Usumacinta y Zanapa.

De conformidad con el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año 2011, confirman las irregularidades que se presentan en la administración de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Tabasco y por citar un ejemplo de dichas irregularidades durante la administración del anterior delegado, ingeniero Jorge Octavio Mijangos Borja, esta comisión cita la auditoría de desempeño número 11-0-16B00-07-0362DE-101, cuyo objetivo fue fiscalizar el desempeño de la Comisión Nacional del Agua en cuanto al cumplimiento del objetivo del Plan Hídrico Integral de Tabasco en términos del objetivo de prevenir, mitigar el riesgo y la reducción de la vulnerabilidad de sufrir inundaciones, así como la eficacia y la eficiencia en la ejecución de las acciones relacionadas con dicho plan.

Se determinaron 8 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del citado informe. Las 6 restantes generaron 8 recomendaciones al desempeño.

EL PHIT no incluyó los objetivos, las metas, las estrategias, los recursos, los tiempos de ejecución y la coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la administración pública federal y local, lo que limitó la evaluación; no definiómetas para los indicadores ni presentó los resultados de éstos; y el programa de obras y el informe de avance físico financiero no cumplieron con las características señaladas en la normativa.

Se incumplieron las siguientes disposiciones jurídicas y normas

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 45, párrafo cuarto, y 110.

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 21, fracciones II, III, VI, VIII, IX y XII.

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas: artículos 2, fracciones VI y VII, y 29, fracción II.

4. Ley de Planeación: artículo 3, párrafo segundo.

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno y se expide el Manual de Administración de Aplicación General en Materia de Control Interno: artículo primero.

6. Ley de Aguas Nacionales: artículo 15, fracción IV.

También existen irregularidades donde la delegación de Conagua en el estado de Tabasco realizó pagos excesivos de los siguientes contratos:

1)SGIH-OCFS-TAB-11-TT-211-FN-D, en junio de 2012, se observó por el órgano fiscalizador que se realizó un pago en exceso por 371.6 miles de pesos en el concepto número 7.1.3.1 “Descopete y /o tendido del material producto de la excavación de drenes”, debido a que en la estimación número 1 al 17 de abril de 2012, se pagó un volumen excedente de 30 mil 859.90 metros cúbicos, sin mediar orden por escrito de parte del dependencia.

2) SGIH-OCFS-TAB-11-TT-213-FN-D, en octubre de 2012, se determinó un pago en exceso por 18.8 miles de pesos, en el concepto “Remoción y reposición de cerca de alambre de púas con cuatro hilos” debido a diferencias entre los volúmenes de obras pagados y los ejecutados, lo anterior denota falta de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos de la residencia de obras.

3)SGIH-OCFS-TAB-11-TT-214-FN-D, en septiembre de 2012 se observó que la Conagua realizó un pago en exceso por 19.9 miles de pesos, en el concepto “Remoción y reposición de cerca de alambre de púas, con hilos incluyendo el suministro de materiales” debido a diferencias entre el precio unitario de catálogo y el precio aplicado en la estimación número 2 del 25 de junio del 2012.

4)Se observó que  por la problemática social ocurrida en la zona de los trabajos de limpieza y desazolve de los Cañas y Bitzal en el estado de Tabasco, se suspendieron temporalmente los trabajos de los contratos SGIH-OCFS-TAB-11-TT-212-FN-D y SGIH-OCFS-TAB-11-TT-213-FN-D; a partir del 10 de febrero y 22 de marzo de 2012, respectivamente; pero el contrato SGIH-OCFS-TAB-11-TT-209-FN-D, la empresa encargada de la supervisión de las obras de los citados contratos continuó trabajando sin que la dirección local de Tabasco realizara la suspensión temporal del mismo; por lo que se realizó un pago en exceso por 175.3 miles de pesos del pago de la estimación, con periodo de ejecución del 1 al 29 de febrero del 2012.

Por lo antes señalado y reafirmando los argumentos de la proponente, en el sentido de que la demanda en el consumo del agua da lugar a que se implementen diversas acciones para la rehabilitación y construcción de infraestructura, con el fin de poder brindar una mejor cobertura y calidad en el suministro del vital líquido, esto sin dejar de lado, la importancia de vigilar la correcta implementación de los recursos que la federación asigna a dichos rubros.

También la oferente señala que los delegados responsables de administrar los recursos económicos sobre el tema de inversiones deben de ser vigilados a fin de que no caigan en actos de corrupción, ni queden en la impunidad los que hagan mal uso de los recursos de la federación.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora coincide con la proponente para que la Auditoría Superior de la Federación vigile el actuar del delegado de la Comisión Nacional del Agua, respecto de la implementación de los recursos, así como, se realice una auditoría a su administración; podemos subrayar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su sección V, “De la Fiscalización Superior de la Federación” en su artículo 79, que a la letra dice, “esta entidad de fiscalización superior de la federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

II. También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, “la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio del principio de anualidad, podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el Presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones, acciones promovidas y recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión”.

De igual manera, dentro del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, en su artículo 5, se encuentran las atribuciones del auditor superior de la Federación y una de ellas, es solicitar a las entidades fiscalizadas la colaboración y auxilio que requiera para el ejercicio expedito de las funciones; con lo que conllevara que pida la colaboración de la Comisión Nacional del Agua, en todos sus niveles necesarios, para realizar lo encomendado.

Por lo que la solicitud que hace la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, es legal y legítima, y es procedente; ya que las atribuciones y facultades que se le otorgan constitucionalmente a la Auditoría Superior de la Federación, le permite llevar a cabo un control estricto y mediato, sobre los recursos erogados de la federación; y las autoridades correspondientes determinarán la existencia de posibles irregularidades que se le atribuyen al ex delegado de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Tabasco, ingeniero Jorge Octavio Mijangos Borja, actuando con forme a derecho.

Por lo anterior, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional del Agua, a los gobiernos estatales, municipales y la Auditoría Superior de la Federación, para que en conjunto vigilen puntualmente la implementación de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas dictados en el cumplimiento de las disposiciones formuladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada uno de los ejercicios fiscales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional del Agua y la Auditoría Superior de la Federación, para que de manera inmediata se audite la anterior administración que estuvo a cargo el ingeniero Jorge Octavio Mijangos Borja, como delegado de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Tabasco.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados:Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), presidente; J Jesús Oviedo Herrera, Antonio García Conejo (rúbrica), Antonio García Conejo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino, Blas Ramón Rubio Lara, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Miguel Alfonso Vildosola Lacarra (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez, José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica).»

EXHORTO A LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A CREAR UNA DELEGACION SUYA EN NUEVO LEON

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a crear una delegación suya en Nuevo León

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea el presente dictamen con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 11 de abril de 2013, la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a determinar que se cree una delegación suya en Nuevo León.

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La promovente señala que la diversidad cultural nacional requiere de una atención especial y diferenciada por parte del Estado mexicano, a partir de las necesidades particulares de cada región, de cada pueblo indígena, y es ese, precisamente el espíritu de los principios reflejados en el apartado 1.6 del Pacto por México, firmado por el presidente de la República, en la búsqueda de la justicia y la equidad para aquellos mexicanos con los que nuestro país tiene una deuda histórica.

Tocante a Nuevo León, precisa autora, es uno de los estados con mayor índice de crecimiento de población indígena en el país, tal y como lo refleja el porcentaje de la población hablante de lengua indígena (HLI), el cual aumentó entre 2000 y 2010 en un 262.38 por ciento.

En números absolutos, afirma que este fenómeno no es nuevo, ya que en el Censo del INEGI de 1970 la población hablante de lengua indígena (HLI) era de apenas 787 personas y se incrementó a 7 mil 467 para el Conteo de Población de Vivienda de 1995. Después, en 2000, este sector llegó a 15 mil 446 personas y, para el 2005, se reportan 29 mil 538 hablantes de lengua indígena.

Más adelante asevera que dicha tendencia continuó a la alza, ya que para 2010 –aunque con un porcentaje menor–, se contabilizaron a 40 mil 528 hablantes de lengua indígena en la entidad. No obstante lo anterior, se estima que en 2010 existían 73 mil 541 personas en hogares censales indígenas en todo el estado de Nuevo León.

De manera específica, afirma que son dos grupos etnolingüísticos los que constituyen el 68.33 por ciento del total de la población hablante de lengua indígena: los nahuas (21 mil 723 personas), con un 53.59 por ciento y los tének o huastecos (5 mil 974 personas), con 14.74 por ciento del total de la población indígena estatal (Inegi, 2010).

Manifiesta que el resto de la población hablante de lengua indígena de Nuevo León (12 mil 831 personas), 31.67 por ciento, se distribuye entre 45 grupos etnolingüísticos distintos (Inegi, 2010), lo que refleja la intensidad del fenómeno migratorio en México, y al mismo tiempo constituyen la gran diversidad cultural que aportan los pueblos indígenas a esa entidad.

La promovente advierte que la población indígena en Nuevo León (Inegi 2010), se asienta mayoritariamente en los municipios que conforman la zona metropolitana de Monterrey, que concentra aproximadamente el 80 por ciento del total estatal, encontrándose principalmente en los municipios de Monterrey, San Pedro Garza García, Ciudad Guadalupe, General Escobedo, Apodaca, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, Benito Juárez, García, resto del estado.

Expone que las administraciones en turno, aunque limitadamente, han atendido a este sector. Por ejemplo en 1998, el Departamento de Educación Indígena de la Secretaría de Educación de Nuevo León, mediante un modelo de atención personalizada, fortaleció el aprendizaje tanto a los pequeños indígenas de educación básica así como a los profesores.

Por parte, dice, la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga becas a estudiantes indígenas con la finalidad de mejorar los niveles de inserción escolar en diversas escuelas y facultades.

En este orden de ideas, afirma, en 2003, desde la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Nuevo León (antes Consejo de Desarrollo Social), a través de la Red de Centros Comunitarios de Desarrollo Social, atienden a la población indígena. 28 de ellos están ubicados en la zona metropolitana de Monterrey 3 son considerados como centros interculturales.

En abundancia, señala que en el ámbito cultural sobresale el esfuerzo de Conarte, que creó diversos museos y centros tendientes a promover y apoyar el desarrollo de las culturas indígenas.

En materia de investigación, detalla, ha sido fundamental la labor del Centro INAH Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Regiomontana y el CIESAS-Programa Noreste, entre otros, para documentar la realidad indígena del estado, lo cual ha servido para la planeación de acciones y proyectos encaminados a atender las necesidades específicas, así como para emprender proyectos de armonización legislativa a partir de la información con que se cuenta.

En el rubro de acceso a la vivienda, resalta que el Instituto de la Vivienda de Nuevo León y de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado, ya que desde 2004, y bajo la consideración de la diferencia cultural, se ha brindado apoyo significativo a través del Programa de Vivienda Progresiva Tu Casa.

En el ámbito legislativo, puntualiza que entre 2011 y 2012, la LXXII Legislatura, conformó la Comisión Especial de Asuntos Indígenas, cuya tarea fundamental consistió en coordinar la consulta ciudadana a través de un Comité Interinstitucional, e impulsar la reforma al artículo 2o. de la Constitución Política del Estado, para reconocer la presencia y los derechos indígenas en la entidad (POE, 17 de febrero del 2012), y su posterior reglamentación en la Ley de Derechos Indígenas del Estado de Nuevo León (POE, 22 de junio del 2012), la cual tiene por objeto la garantía, protección, observancia y promoción de los derechos y la cultura de los indígenas, cuya aplicación corresponde al estado y a los municipios de Nuevo León.

De manera clara expone que desde 2001, la Constitución General de la República estableció las bases para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, aseverando en el artículo 2o. Constitucional, la forma en que accederán a la jurisdicción del estado.

Más aún, señala, en el Apartado B del mismo artículo se establece que la federación, los estados y municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades.

Además, el mandato de mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

De igual manera, asevera, la Ley de Creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que establece en su artículo 2 que tiene por objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, la CDI debe realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública federal, las cuales deberán consultar a la comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado.

Concretamente, en lo tocante a las delegaciones estatales de la CDI, el artículo 25 de su Estatuto Orgánico –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril del 2010– establece que tienen como atribuciones las de promover y fortalecer acciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales en la entidad, para la gestión y atención de los asuntos relacionados con el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas; promover y apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas, así como la vigencia de sus derechos; apoyar los procesos de consulta, promoviendo la participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las instancias de coordinación y concertación, para contribuir con la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo; coordinar y supervisar a las unidades administrativas de su competencia, respecto de la operación, ejecución y aplicación de los programas, proyectos y acciones a cargo de la comisión; facilitar la realización de diagnósticos, estudios, evaluaciones y todos aquellos instrumentos necesarios que soliciten las unidades administrativas de la comisión; coadyuvar con las unidades administrativas en acciones de capacitación, inducción y sensibilización, conforme a la normatividad vigente; administrar el presupuesto, recursos humanos, materiales y tecnológicos que se le asignen; así como supervisar a las unidades operativas de su área de competencia territorial, de conformidad con las políticas, normas y procedimientos vigentes; proponer y celebrar convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación, con las dependencias y entidades de la administración pública federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado, respectivamente, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas; apoyar los procesos para la licitación de obra pública, adquisición o arrendamiento de bienes y contratación de servicios que requiera la comisión en su ámbito territorial, así como realizar toda clase de actos inherentes a esta facultad, incluso suscribir en representación de la comisión todos los convenios y contratos que se deriven, así como los demás documentos que impliquen actos de administración.

También las de formular, dentro de su ámbito territorial de competencia, ante el Ministerio Público correspondiente, las denuncias, querellas y declaratorias que la comisión haya sufrido o pueda sufrir perjuicio por delitos de cualquier naturaleza; representar a la comisión, dentro de su ámbito territorial de competencia, en juicios administrativos, civiles, laborales, mercantiles y en otros de cualquier materia en que dicho organismo sea parte o en los que tenga interés, así como la de supervisar el trabajo de los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena, en su área de competencia territorial, de conformidad con las políticas, normas y procedimientos que dicte la Comisión, así como evaluar su desempeño en sesiones de Consejo Técnico Estatal.

La proponente afirma que son muchas las tareas pendientes para atender a una población indígena que hasta ahora ha sido desatendida en gran medida: los indígenas urbanos y migrantes; individuos, familias y comunidades indígenas que por las circunstancias descritas acabaron vivienda fuera de sus regiones de origen, pero que en su mayoría han hecho de su lugar de destino su nuevo lugar de residencia, y el lugar donde seguramente enraizarán su cultura, sin perder los vínculos con su tierra de origen, lo que les permite mantener fuerte su identidad.

En suma, alega, en el caso de Nuevo León, a su llegada a la ciudad de Monterrey, como en el resto del estado, la población indígena enfrenta múltiples dificultades para insertase de manera adecuada. Las limitaciones principales tienen que ver con una inadecuada inserción laboral y la imposibilidad de tener acceso a programas de vivienda, salud y educación. Ante ésta situación, el grado de marginación de la población se incrementa, agravada por la discriminación y un limitado acceso a la justicia.

En ese contexto, dice, se vuelve indispensable la presencia y acompañamiento de la CDI a fin de procurar la garantía de los beneficios reconocidos en la legislación vigente.

Señala que el para hacer realidad las disposiciones del apartado 1.6 del Pacto por México, los pueblos y comunidades indígenas tienen que ser una prioridad del Estado. Para hacer realidad la política de Estado planteada en el Pacto, se requiere llevar a cabo medidas sólidas y adecuadas a la realidad social que vive la población indígena de nuestro país

Advierte que si bien existe en Monterrey una oficina de enlace de la CDI con la delegación de la institución en el vecino San Luis Potosí, es apremiante la necesidad de regularizar dicha representación federal en una entidad federativa que cuenta ya con una presencia indígena numerosa.

Consideraciones

Primera. Del análisis de la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada promovente, sobresalen indicadores demográficos, acciones gubernamentales y esfuerzos institucionales que denotan la necesidad de consolidar la atención de este importante sector de la población.

Los datos aportados en la exposición de motivos, muestran claramente que los problemas socioeconómicos estatales regionales, como un reflejo de la dinámica nacional, propicia un fenómeno de migración interna que no puede ser soslayado.

Nuevo León, es solo un ejemplo de lo que históricamente ha ocurrido a lo largo y ancho del país. Las oleadas de trabajadores han recorrido las rutas principalmente de los estados más empobrecidos con destino hacia las grandes ciudades o hacia los enclaves productivos que les ofrecen una oportunidad.

Así, hemos observado que familias enteras, salen de sus comunidades de origen para emplearse en las zonas agrícolas de centro y, norte, noreste, etcétera; hacia las zonas de maquiladoras fronterizas; hacia las zonas turísticas; hacia las zonas industriales o en el peor de los casos para mendigar en las calles.

Segunda. Los esfuerzos locales del gobierno neolonés, y de otras instituciones es loable ante la magnitud carencias que registran estos segmentos poblacionales. No obstante, considerando que a nivel federal contamos con instrumento organizacional responsable de las políticas públicas a favor de los pueblos indígenas, resulta oportuno exhortar a la CDI para desplegar su aporte –en coordinación con el ejecutivo estatal– a atención de dicho sector.

Tercera. Los más de setenta mil indígenas ausentados en los principales municipios de la entidad, de las diversas etnias, demandan acciones de salud, alimentación, educación, empleo, cultura, recreación, vivienda, apoyos en materia de acceso a la justicia civil, laboral, penal, etcétera.

Realidades que deben ser enfrentadas en un esfuerzo mancomunado entre ejecutivos federal y local, con la participación del poder responsable de determinar el soporte financiero de las acciones y programas de orden federal, esto es la Cámara de Diputados federal.

Cuarta. Si bien la CDI no reconoce la importante presencia de grupos indígenas en Nuevo León –como se observa en el Atlas de los pueblos indígenas– resulta inexcusable que se pase por alto una realidad palpable. Si bien no existen pueblos originarios, si tienen presencia diversos grupos debido a la problemática socioeconómica que afecta al país entero, lo que ha propiciado la migración de éstos.

Aguascalientes, Zacatecas, Baja California Sur, Colima, son otras entidades donde la CDI no reconoce que existan pueblos indígenas. Y sin embargo, seguramente están asentados grupos pertenecientes a alguno de los pueblos.

Cabe señalar que en el documento denominado Catalogo de Localidades indígenas 2010+++1+++, la CDI reconoce la existencia de 81 909 indígenas, esto es ya representan el 1.8 por ciento de la población total del estado.

Quinta. En este tenor, la CDI, de acuerdo con el marco jurídico, nacional, está obligada a atender a los pueblos indígenas donde quiera que estos se encuentren, porque no existen condicionantes territoriales para ello, ni como obligación ni en la aplicación de los programas porque son de orden federal, sustentados por los recursos que la Cámara de Diputados asigna anualmente dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sexta. Por ello, al considerar que es de elemental justicia que la CDI atienda directa y mancomunadamente con el Ejecutivo local neoleonés, la problemática indígena de la entidad, pese a tratarse de población migrante por causas socioeconómicas, esta Comisión dictaminadora considera viable la propuesta de la diputada María de Jesús Huerta Rea para esta LXII Legislatura exhorte respetuosamente a la CDI a establecer una delegación estatal en Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la CDI, su Estatuto Orgánico, en relación con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia indígena.

Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Indígenas somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, determine la creación de la delegación de esa comisión en Nuevo León, para la realización de las tareas que se señalan en el artículo 25 de su Estatuto Orgánico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días de abril de dos mil trece

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica en contra), Samuel Gurrión Matías, Luis Gómez Gómez (rúbrica en contra), Pedro Gómez Gómez, Fernando Zamora Morales (rúbrica en abstención), Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro, Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica en contra), Ricardo Medina Fierro (rúbrica en contra), Tomás López Landero, Emilse Miranda Munive, Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica en contra), Román Alfredo Padilla Fierro, María Rebeca Terán Guevara (rúbrica en contra), Néstor Octavio Gordillo Castillo, Máximo Othón Zayas (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica).»

ESTABLECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA EJIDOS DE XOCHIMILCO Y SAN GREGORIO ATLAPULCO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno local a atender la recomendación 19/2012, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. El 12 de febrero de 2013, la diputada Paloma Villaseñor Vargas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a atender la recomendación 19/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue convocada en términos de ley para el análisis y discusión del dictamen a la proposición antes señalada, el 25 de abril del presente año.

4. Que con fecha 25 de abril, la autoridad para de la Zona Patrimonial Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tlahuac y Milpa Alta, antropólogo Gustavo Alonso Cabrera, asistió a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión el Distrito Federal en donde presentó un diagnóstico sobre la problemática de la zona, así como su plan de trabajo que aportaron valiosos elementos para la elaboración del dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. En la parte expositiva, la proponente señala que el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco tiene características geológicas, morfológicas y ambientales que juegan un papel importante en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana, debido s que proporciona diversos servicios ambientales de gran relevancia.

Entre estos se encuentra la regulación del clima, captación e infiltración de agua al manto acuífero, recreación, investigación, educación, mejoramiento de la calidad del aire, y es el hábitat de especies de flora y fauna.

2. La legisladora expone que la zona referida constituye uno de los últimos reductos de ecosistemas lacustres inmersos en la mancha urbana, que por sus características e importancia en el equilibrio eco lógico, debe ser preservada, conservada, restaurada y manejada con criterios que conlleven a su recuperación.

3. Argumenta además que no obstante el reconocimiento nacional e internacional que en enumeradas ocasiones se la ha otorgado a el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco en el polígono que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad llamado Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco, y los programas que en enumeradas ocasiones se han publicado; la zona tiene muestras de grande deterioros ambientales, producto de la tolerancia y descuido de las autoridades encargadas de su salvaguarda.

3. Indica que desde el 4 de diciembre de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara como zona de monumentos históricos, una superficie de 89.63 kilómetros cuadrados, en las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, del Distrito Federal; se trata de un sitio de interés histórico, de avances técnicos, sociales y económicos, que además posee importantes recursos acuíferos que han suministrado agua a la Ciudad de México.

4. Que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), emitió el 4 de diciembre una recomendación 19/2012 por “violaciones a los derechos humanos incluida la afectación al medio ambiente sano, derivadas del establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, y en el polígono que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad llamado Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco, en la que las autoridades responsables son la jefatura de gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, la delegación Xochimilco y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

5. Que en 1989, el entonces Departamento del Distrito Federal hizo público el Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco, cuyo objetivo consistía en revertir la degradación ecológica propiciada por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, incentivar la producción agrícola, contribuir a la ampliación de espacios verdes y de recreación para la zona. Donde una de las principales acciones fue la publicación del decreto con fecha 21 de noviembre de 1989 en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se expropió por causa de utilidad pública una superficie de 780-56-61 hectáreas de tierras del ejido de Xochimilco y 257-57-60-40 hectáreas del ejido San Gregorio Atlapulco para destinarlas al rescate ecológico.

6. Señala que por decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 y 11 de mayo de 1992, se estableció como zona prioritaria preservación y conservación del equilibrio ecológico y se declaró como área natural protegida (ANP), bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco una superficie de 2 mil 657-08-47 hectáreas, como zona que requiere la protección, conservación, mejoramiento, preservación y restauración de sus condiciones ambientales y en la cual se realizarán todas aquellas actividades compatibles con la vocación de área natural protegida.

7. Que el 2 de febrero de 2004, la Convención Internacional sobre Humedales Ramsar inscribió la zona lacustre de Xochimilco en la lista de humedales de importancia internacional, con la denominación Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, por lo que deberá asegurase el mantenimiento de sus características ecológicas.

8. En la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de enero de 2006, se publico el decreto por el cual se creó el Programa de Manejo del Áreas Natural Protegida, y en el caso; Xochimilco, cuenta con un Programa de Manejo.

9. Que en el marco del 25 aniversario de la declaratoria que la UNESCO dio a Xochimilco de Patrimonio Mundial del Centro Histórico y Xochimilco, el 11 de diciembre del 2012 mediante un decreto el gobierno del Distrito Federal creó la autoridad de la zona patrimonio mundial natural y cultural de la humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta como un órgano administrativo de apoyo a las actividades de la jefatura de gobierno del Distrito Federal en la zona de chinampas, lacustre y de monumentos históricos existente en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta de la Ciudad de México, con el objetivo de consolidar, ampliar y hacer más eficiente las políticas, programas y acciones del gobierno de la ciudad en materia de investigación, difusión, protección ecológica, conservación, mantenimiento, restauración y desarrollo sustentable, así como la realización y promoción de actividades sociales, culturales, artísticas y académicas tendientes a la preservación de dicha zona.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos

La Comisión del Distrito Federal realizó la valoración de la proposición con punto de acuerdo presentada mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, encontrando relevantes la información, el análisis y la argumentación contenida, coincidiendo plenamente con las preocupaciones y planteamientos del proponente.

IV. Considerando que

1. Aún, cuando en diversos documentos, pronunciamientos, decretos y estudio se tiene conciencia de la importancia y del peligro en el que se encuentra la zona protegida de Xochimilco y de los diversos intentos que se han realizado para su preservación cuidado, la gran mayoría se han quedado en el nivel de las buenas intenciones.

2. Que en el mes de agosto del presente año, el entonces director de Conagua, José Luis Luege Tamargo, manifestó que “Xochimilco está a punto de morir este gran cuerpo de agua tiene menos de 5 años de vida y para su rescate se necesita un esfuerzo coordinado, los estudios hidrológicos que ha realizado Conagua, quedo totalmente demostrado la necesidad que tiene el valle de México de rescatar los cuerpos de agua”.

Esto se debe principalmente al descuido y la contaminación. Los “enemigos” de esta área natural son las construcciones sobre la zona chinampera.

3. A principios del siglo XX, Xochimilco tenía 20 mil hectáreas de chinampas, hoy tiene menos de mil hectáreas. En los canales se están perdiendo especies endémicas como el ajolote, y el nivel del agua está bajando; cuando antes había entre 4 y 6 metros de profundidad, hoy, en algunas zonas hay un metro y hasta 20 centímetros. De los 187 kilómetros de canales navegables de Xochimilco, el 90 por ciento está en grave deterioro.

4. El 11 de diciembre de 1987, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió a Xochimilco en la lista de Patrimonio Mundial Cultural y Natural, por su valor excepcional y Universal que debe ser protegido en beneficio de la humanidad; este reconocimiento incluye el sistema de chinampas que aún se conservan en las zonas de Xochimilco y Tláhuac, al sur de la Ciudad de México.

5. El llamado de atención de la CDHDF es por tolerar asentamientos humanos en el área natural protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” y en el polígono que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO “Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco”.

La recomendación en cita solicita instrumentar acciones para la restauración ecológica, cultural y patrimonial de dicha área protegida y garantizar que no aumente su degradación.

6. La CDHDF asegura que se afectaron los derechos a un medio ambiente sano, a la vivienda y a los beneficios de la cultura, por lo que recomienda instrumentar acciones para la restauración ecológica, cultural y patrimonial de dicha área protegida. Y garantizar que no aumente su degradación ambiental.

7. La preocupación sobre el estado que guarda la zona protegida de Xochimilco ha sido externada en diversas ocasiones por los legisladores federales y locales, si no se implementa un programa para su rescate, el daño a la humanidad será irreversible. Por lo que los integrantes de esta comisión que dictamina considera el problema por demás preocupante y coincide con la proponente en el sentido de realizar al gobierno del Distrito Federal a atender la recomendación 19/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

8. La Comisión del Distrito Federal considera que la proposición con punto de acuerdo que promueve la diputada Villaseñor reviste una importancia relevante, dadas las características especiales de este sitio patrimonial único en su tipo en el mundo, además de promover y cuidar la calidad y cantidad de agua que hay en la zona, así como la defensa de los derechos del medio ambiente en Xochimilco, sin menoscabo del rescate de las actividades turísticas, culturales y sociales de la zona.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión resuelve

Único: Es de aprobarse en sus términos la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Por lo que se somete a esta soberanía el siguiente

Dictamen de la Comisión del Distrito Federal a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a atender la recomendación 19/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducta de su Mesa Directiva, de manera respetuosa:

Primero. Exhorta a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, a la Delegación Xochimilco y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que acepten con la brevedad la recomendación 19/2012 emitida el 4 de diciembre del 2012 por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por “violaciones a los derechos humanos incluida la afectación al medio ambiente sano, derivadas del establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregario Atlapulco” y en el polígono que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad llamado “Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco”.

Segundo.Solicita a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, la Delegación Xochimilco y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, elabore un proyecto integral cuya finalidad en primera instancia sea atender y realizar las acciones que establece la recomendación 19/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Tercero.Como parte de los trabajos para el saneamiento de la zona lacustre de Xochimilco se solicita a las autoridades mencionadas, elaboren un acuerdo de coordinación entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, para que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua trabajen de manera conjunta para su conservación y saneamiento.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda, Antonio Cuéllar Staffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.»

PROYECTOS DE LAS LINEAS DE METROBUS PARA APLICAR SISTEMAS DE CERO EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a replantear los proyectos de las líneas de Metrobús para aplicar sistemas de cero emisiones de gases de efecto invernadero

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. El 9 de abril de 2013, la diputada Cristina Olvera Barrios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a replantear los proyectos de las líneas de Metrobús para aplicar sistemas de cero emisiones de gases de efecto invernadero.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue convocada el pasado 25 de abril del presente año en términos de ley para el análisis y aprobación del dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo en que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a replantear los proyectos de las líneas de Metrobús para aplicar sistemas de cero emisiones de gases de efecto invernadero, se señala que ésta tiene como sustento los razonamientos que se indican a continuación:

Señala que como parte del ordenamiento urbano, desde 2005 se implantó el sistema conocido como autobús de tránsito rápido (bus rapid transit, en inglés), con el nombre de Metrobús, el cual ha desplazado el transporte ineficiente, contaminante y peligroso que existía anteriormente.

Comenta también, que entre los beneficios reportados por el propio sistema, al año se han dejado de emitir alrededor de 110 mil toneladas de bióxido de carbono al año, atendiendo de mejor manera a 800 mil pasajeros al día entre las 4 rutas existentes. Aunque en general, el tráfico en las avenidas en las que se estableció el sistema no ha disminuido. Sin embargo, al tener una forma de movilidad más eficiente, el propio diseño resulta un aliciente para transportarse por este sistema público y dejar el auto particular en casa.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos:

1. Que la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a replantear los proyectos de las líneas de Metrobús para aplicar sistemas de cero emisiones de gases de efecto invernadero.

2. La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la proposición en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición motivos, así como con la información pública disponible al momento de su dictaminen.

IV. Considerando que

1. La movilidad en las grandes ciudades es una de las bases necesarias para el crecimiento urbano ordenado y del desarrollo sustentable.

2. La promovente señala que investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana han desarrollado opciones de transporte, eléctrico de baja tensión y bajo consumo eléctrico, bajo costo y con necesidades menores de infraestructura comparado con el Metrobús actual.

Refiere también que la quema de diesel genera, entre otros, gases óxidos de nitrógeno, benceno, bióxido de azufre y formaldehido, algunos de los cuales son incluso cancerígenos. Que considerando esto, se debería implantar una política de disminución del uso de diesel, y en este caso reemplazarlo por el uso de electricidad para la movilidad.

3. Señala también en su proposición las ventajas que ella considera tienen los transportes eléctricos como son: No generar gases de efecto invernadero donde transitan. Al no usar, ni tirar y derramar diesel, no se maltrata la carpeta asfáltica de manera grave y por lo tanto, no se requiere repavimentación en los carriles por los que circula. Además, su costo de operación es estable debido a que no depende del costo del petróleo.

La legisladora promovente hace énfasis en que en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideran que deben ser consistentes en la lucha contra el cambio climático y usar de manera inteligente y eficiente los recursos con los que cuenta la ciudad. La organización de la urbe y del transporte es un espacio de oportunidad.

Se debe aprovechar esta oportunidad y generar la energía necesaria para que estos sistemas funcionen al menor costo económico ambiental.

4. Pese a los avances y beneficios reportados por el Metrobús, aún hay opciones para mejorar el sistema, disminuir sus costos directos de implantación y mejorar los servicios ambientales.

5. Los integrantes de la Comisión del Distrito Federal consideran que el punto de acuerdo que se dictamina, favorece y suma como elemento fundamental para dar puntual seguimiento al cumplimiento de cada una de las metas establecidas en el Plan Verde de la Cuidad de México 2007-2022. Además de que este tipo de acciones influyen contundentemente en la definición y consolidación de una verdadera política nacional en materia del medio ambiente.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión considera que la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen es de aprobarse, por lo que somete a esta soberanía el siguiente

Dictamen por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a replantear los proyectos de las líneas del Metrobús para aplicar sistemas de cero emisiones de gases de efecto invernadero

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva de manera respetuosa exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a considerar en la licitación de las líneas cinco y seis del Metrobús el uso de sistemas eléctricos a fin de crear líneas “cero emisiones”.

Asimismo, considerar la generación de energía eléctrica con los recursos disponibles en el Bordo Poniente para alimentar los sistemas de movilidad eléctrica de la Ciudad de México.

Por la Comisión del Distrito Federal, diputados:Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica),  José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.»

EXHORTO A LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA QUE LOS VALES DE DESPENSA SEAN FORMA DE PAGO AUTORIZADA EN LOS MERCADOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES Y LOS MUNICIPIOS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a llevar a cabo medidas para que los vales de despensa sean forma de pago autorizada en los mercados públicos de las delegaciones y los municipios, y establecer convenios con las empresas que los expiden a fin de que los locatarios puedan canjearlos por efectivo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a Llevar a cabo las medidas necesarias para que los vales de despensa sean un medio de pago autorizados en los mercados públicos de las diversas delegaciones y municipios de la República Mexicana y se establezcan los convenios respectivos con las empresas que los expiden, para que los locatarios puedan canjearlos por efectivo, presentada por  el diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 6 de febrero de 2013.

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero.En sesión celebrada el seis de febrero de dos mil trece, los CC Secretarios de la Mesa Directiva, dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo.El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.

Tercero.EL legislador propone en resumen lo siguiente:

Objeto y contenido

El referente punto de acuerdo tiene como finalidad realizar un exhorto al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía para establecer los convenios necesarios con las empresas que expiden vales de despensa y con los locatarios de mercados municipales y delegacionales para cambiarlos por efectivo, para con ello incentivar y reactivarlos.

Consideraciones

Primera.Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con Punto de Acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.

El diputado José Arturo López Cándido sostiene como algunos de sus principales argumentos en la exposición de motivos que:

El mercado público es el espacio de concurrencia de la ciudadanía para el abastecimiento de diversos productos, principalmente la canasta básica. En este espacio las personas pueden encontrar variedad de productos a precios accesibles, lo cual permite maximizar sus ingresos.

Algunas prestaciones de seguridad social con las que cuentan los trabajadores y trabajadoras como incentivo para un mejor desempeño de su trabajado, son bonos de fin de año u otras prestaciones las cuales se remuneran mediante vales de despensa, mismos que  pueden ser canjeados solamente en los supermercados, donde los precios de los productos en ocasiones se duplican o triplican, tal es el caso de los alimentos.

En este caso se ve afectado el poder de compra de los trabajadores, siendo víctimas del poder de mercado ejercido por los grandes almacenes, donde solo la plusvalía entra en su forma de hacer negocios.

Por otro lado, se encuentran los locatarios de los mercados públicos que al no poder aceptar los vales de despensa, pierden un porcentaje considerable de consumidores, produciéndose una competencia desleal, ya que aunque se ofrezcan precios bajos no hay certeza de competir con los grandes almacenes.

Una de las atribuciones de la Secretaria de Economía es la formulación y conducción de la política de industria y comercio, abasto y precios del país, con excepción de los bienes y servicios que ofrece la administración, establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica para la Administración Pública Federal.

Con lo anteriormente expuesto, se considera hacer uso de las atribuciones de la referente institución para llevar a cabo las acciones y las medidas necesarias para establecer el uso de vales de despensa como medio de pago en los mercados públicos, con ello se podrán fortalecer las relaciones y operaciones mercantiles tanto para los consumidores como locatarios.

Con lo que respecta al uso de vales de despensa en el espacio territorial, es decir a nivel local, estatal y nacional. Ya existe un precedente, en el año 2010 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, se emitió un punto de acuerdo referente al uso de los vales de despensa a nivel local, tal hecho nos lleva a pronunciar la necesidad de plantear el uso de los mismos a nivel nacional.

Lo anterior puede integrarse como una regla interna de los mercados públicos reglamentado por las tesorerías de los estados de la República Mexicana. De esta manera se garantizaría el respeto del uso adecuado de los vales de despensa, así como para precisar a todos los locatarios a esta forma de pago en los mercados públicos como de las centrales de abasto.

Segundo. Los vales de despensa son el medio más utilizado para otorgar la prestación de previsión social a los trabajadores. Millones de familias mexicanas son beneficiadas con esta prestación, siendo su único fin asegurar que los trabajadores y sus familias cuenten con un mínimo de alimentos.

Tercero. Con la aceptación de los vales de despensa como medio de pago, los trabajadores tendrán la libertad de hacer uso de ellos en el lugar de su preferencia ya sea, mercados locales, centros comerciales, o cualquier otro establecimientos donde este permitido su canje. En consecuencia, no habrá ninguna restricción en su uso ya que habrá una sola modalidad para el intercambio “el vale de despensa como medio efectivo de cambio”.

Cuarto.Con la validez de dicho medio de pago, se podrá incentivar nuevamente el consumo en los mercados locales, abriendo con esto una mayor gama de opciones al consumidor para satisfacer sus necesidades sin ningún tipo de restricción.

Quinto. El uso de los vales como medio de pago en los mercados públicos también coadyuvará a desalentar el cambio desventajoso entre los usuarios de los vales con los prestamistas, ya que en ocasiones, llegan a cobrar hasta un 15 por ciento del valor del vale de despensa, con respecto al monto total de su valor.

Sexto. Existe otro aspecto importante a destacar, la forma en que se ha de llevar a cabo el canje de los vales de despensa por dinero en efectivo, entre los locatarios de los mercados públicos con las empresas correspondientes. Se deben establecer normas claras y precisas que permitan hacer eficiente el intercambio entre estos dos agentes para evitar en el futuro posibles vicios y corrupciones ante tal ejecución. Además –como lo menciona el diputado López– la Profeco ya tiene registradas las empresas encargadas hasta el día de hoy de llevar a cabo los intercambios anteriormente descritos, estas empresas son:

• Efectivale;

• Gigante;

• Impulsoras de Mercados de México, SA de CV.

Entonces, cabe la posibilidad de coordinar a estas empresas con la Secretaría de Economía y Profeco, y a su vez con los locatarios de los mercados locales, con el objetivo de beneficiar a las familias mexicanas y sus establecimientos locales.

Séptimo. Por lo anteriormente expuesto y analizado:

La Comisión de Economía acuerda

Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Economía y en el ámbito de sus facultades, impulse medidas para que los vales de despensa sean un medio de pago aceptado en los mercados públicos de las diversas delegaciones y municipios de la República mexicana, y para que la Secretaría coadyuve al establecimiento de los convenios respectivos con las empresas que expiden dichos vales, para que los locatarios puedan canjearlos por efectivo de manera ágil.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Economía, diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).»

REGLAS DE OPERACION CORRESPONDIENTES LA INCLUSION DE LOS SECTORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al secretario de Economía y al coordinador general del Fonaes a promover y establecer en las reglas de operación correspondientes la inclusión de los sectores en situación de vulnerabilidad social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía a efecto de que promueva, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para evitar la discriminación hacia los grupos vulnerables que participan o buscan participar en los programas a su cargo y al titular de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad o, en su caso, al titular del Instituto Nacional de la Economía Social, para que se continúe y refuerce la promoción y fomento de la participación individual y en grupos organizados del sector social de la economía,presentado por el diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 26 de febrero de 2013

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 80, 85, 157, numeral 1, fracción l, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el veintiséis de febrero del dos mil trece, los secretarios de la Mesa Directiva dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó al exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.

Tercero. El legislador propone en resumen lo siguiente:

Objeto y contenido

El objetivo del punto de acuerdo materia del presente dictamen es realizar un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Economía a efecto de que promueva, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para evitar la discriminación hacia los grupos vulnerables que participan o buscan participar en los programas a su cargo.

Asimismo, al titular del Instituto Nacional de la Economía Social, para que se continúe y refuerce la promoción y fomento de la participación individual y en grupos organizados del sector social de la economía.

Consideraciones

Primero. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión e Economía es competente para conocer sobre la proposición con punto de acuerdo referido en el exordio del presente dictamen.

Segundo.El diputado Genaro Carreño Muro sostiene entre sus principales consideraciones que la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pretende establecer mecanismos de organización y expansión del sector social de la economía y definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del sector social, lo que a su juicio inhibe la participación de los individuos y grupos organizados ya que se obliga a constituirse bajo alguna figura jurídica asociativa.

Tercero. Con fecha  25 de febrero del 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los “criterios por los que se determinan las disposiciones de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes) para el ejercicio fiscal de 2012, que deberán aplicarse durante el ejercicio fiscal 2013”. Dentro de estos criterios, se establece que, para los apoyos para abrir o ampliar un negocio de las Reglas de Operación del Fonaes 2012, los grupos sociales podrán ingresar su solicitud, aun sin estar legalmente constituidos en alguna forma de organización del sector social de la economía prevista en la Ley; sin embargo, si dicha solicitud resulta autorizada, deberán constituirse legalmente en alguna de dichas formas, como requisito para recibir el apoyo, y para ello, contarán con un plazo máximo de veinticinco días hábiles, contados a partir de la notificación de que su solicitud fue autorizada; una vez transcurrido el plazo señalado sin que el grupo social se haya constituido, la autorización del apoyo quedará sin efectos.

Cuarto. Los diputados integrantes de la Comisión de Economía están conscientes de que la economía social, puede impulsar desde lo individual, proyectos productivos, comerciales o de servicios, que generen beneficios sociales en las comunidades, como actualmente lo hacen las Mipyme.

Quinto. Consideran conveniente que el Instituto Nacional de la Economía Social, continúe brindando la capacitación técnica y empresarial, para que los negocios de los individuos o grupos sociales permanezcan y tengan crecimiento, ya que se debe buscar consolidar empresas y no sólo changarros.

Sexto. Están conscientes de que la legislación y reglas de operación que regulen los programas de apoyo a emprendedores, deben contribuir a la generación de ocupaciones entre los grupos vulnerables, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos, y no obstaculizarlos con trámites y requisitos que pudieran ocasionales mayores gastos para su operación.

Séptimo. Por lo anteriormente expuesto

La Comisión de Economía acuerda

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía a efecto de que promueva, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para evitar la discriminación hacia los grupos vulnerables que participan o buscan participar en los programas a su cargo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de la Economía Social, para que se continúe y refuerce la promoción y fomento de la participación individual y en grupos organizados del sector social de la economía.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a treinta de abril de 2013.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo, Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica).»

POLITICAS DE CONTROL Y COMBATE DEL CONTRABANDO Y LA PIRATERIA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por las Secretarías de Educación Pública, de Economía, y de Gobernación, así como por la Procuraduría General de la República, políticas de control y combate del contrabando y la piratería

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la SEP, la SE, la Segob y la PGR políticas de control y combate del contrabando y la piratería, con el objetivo de proteger el mercado interno y alentar la inversión de los mexicanos, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano, el 28 de febrero de 2013.

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 80, 85, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 28 de febrero de 2013, los ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva, dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El C. presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero.El Legislador propone en resumen lo siguiente:

Objeto y contenido

La proposición propuesta por el diputado Ricardo Monreal Ávila tiene por objeto exhortar al titular del Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Educación Pública, de Economía, y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, se implementen políticas necesarias para el control y combate al contrabando y piratería, con el objetivo de proteger el mercado interno y alentar la inversión de los mexicanos.

En la exposición de motivos el diputado Monreal destaca los problemas que genera a la economía la reproducción de manera ilícita de diversas producciones atentando así contra los derechos de la propiedad intelectual o industrial.

Igualmente el promovente menciona las múltiples consecuencias de la piratería en nuestro país como lo son la existencia de productos de muy baja calidad e incluso que pueden poner en peligro la salud de los consumidores.

Señala el diputado Monreal y menciona la existencia de estadísticas que indican que el problema de la piratería ha venido creciendo en los últimos años en el país, y que las ganancias que genera este delito ascienden a los 75 millones de dólares anuales, los cuales son en detrimento de la industria del país.

En virtud de lo anterior el diputado Ricardo Monreal somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Educación Pública, de Economía, y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, se implementen políticas de control y combate al contrabando y piratería, con el objetivo de proteger el mercado interno y alentar la inversión de los mexicanos.

Consideraciones

Primera.Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de Punto de Acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.

La proposición que se encuentra en análisis aborda el tema de la piratería y de la problemática que esta genera causando graves daños económicos a la industria en nuestro país.

El término “piratería” se refiere a toda aquella producción, reproducción, importación, comercialización, venta, almacenamiento, transportación, arrendamiento, distribución y puesta a disposición de bienes o productos en contravención a lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la Ley de la Propiedad Industrial.

En este tenor, los integrantes de la Comisión de Economía comparten el interés y la preocupación del legislador en cuanto a la necesidad que existe de que se implementen políticas que combatan este tipo de acciones delictivas que trasgreden los derechos de la propiedad.

Segunda.Que según cifras de la 2da. Encuesta de Hábitos de Consumo de Productos Pirata y Falsificados en México 2008, realizada por  American Chamber of Commerce of México, A.C., se detectó que al menos 76 de cada 100 mexicanos compra productos pirata en el país, lo que le genera a la industria pérdidas por 5,657 millones de pesos y al fisco pérdidas por 2,793.92 millones de pesos.

De acuerdo con esta encuesta, que se realizó en el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, el 63% de los entrevistados considera que se compra piratería por considerarla más económica; el 16% considera que es la gente de pocos recursos la que la adquiere, y 7% piensa que los productos piratas se venden porque el Gobierno y la corrupción lo permiten.

Tercera.Que de acuerdo con el informe global 2005 Reporte Especial 301, de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés), que agrupa a mil 900 empresas, México ocupa el cuarto lugar en piratería (entre 68 naciones), en lo que respecta a las pérdidas generadas en la industria de la música, las películas, los libros y el software de entretenimiento y comercial.

Cuarta.Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) las ganancias por piratería en México alcanzan los 75 mil millones de dólares anuales, cifra que rebasa los ingresos obtenidos por la venta de petróleo (25 mil millones de dólares al año).

Los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden con el diputado Monreal que detrás del comercio informal se esconde la distribución y venta de productos ilegales a plena luz del día y lo que ha generado un debilitamiento de las industrias locales, las fuentes de empleo, impuestos y fomenta la delincuencia.

Quinta. Esta Comisión de Economía, estima legítimo el punto de acuerdo propuesto, pues se requieren de la generación y aplicación urgente de políticas públicas que controlen y combatan al contrabando y piratería con el fin de fortalecer la producción e inversión en nuestro país.

Sexta. Por lo anteriormente expuesto:

La Comisión de Economía Acuerda:

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Educación Pública, de Economía, y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, se implementen políticas de control y combate al contrabando y piratería, con el objetivo de proteger el mercado interno y alentar la inversión de los mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).»

DECLARATORIA DE PROTECCION COMO DENOMINACION DE ORIGEN DEL LIMON COLIMENSE

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a realizar gestiones a fin de que el IMPI inicie el procedimiento para que se emita la declaratoria de protección como denominación de origen del limón colimense

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que realice las gestiones necesarias para que, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial inicie el procedimiento para que se emita la declaratoria de protección como denominación de origen al limón colimense,presentada por la diputada Patricia Lugo Barriga del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 7 de marzo de 2013.

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 80, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1 fracción IV, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero.En sesión celebrada el siete de marzo de dos mil trece, los secretarios de la Mesa Directiva, dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo.El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero.La Legisladora propone en resumen lo siguiente:

Objeto y contenido

El referente punto de acuerdo tiene como finalidad realizar un exhorto a la Secretaría de Economía, para que a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, inicie el procedimiento para emitir la declaratoria de protección con denominación de origen al limón colimense.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.

La diputada Lugo Barriga sostiene como algunos de sus principales argumentos en la exposición de motivos que:

“Las denominaciones de origen, además de constituirse en mecanismos de desarrollo económico para los países, ciudades y pueblos, tienen las siguientes ventajas:

• Fomentan la organización de los productores de un lugar;

• Facilita el acceso a los mercados locales, nacionales e internacionales;

• Mejora la promoción y calidad de la oferta del producto;

• Implementa estándares de calidad mínimos del producto en beneficio del consumidor; y

• Establece un marco de protección para el producto.

De esa forma, la implementación de denominaciones de origen para protege los productos mexicanos benefician la economía nacional, el comercio internacional, las finanzas públicas y, principalmente, a los consumidores, que somos todas las personas.”

Igualmente se establece que para el caso de México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha otorgado esta designación a diversos productos similares al limón colimense, como el mango Ataulfo, la vainilla de Papantla, el chile habanero de la península de Yucatán, el Tequila de la región del Tequila, etcétera. Asimismo destaca que para el limón:

En México se producen tres especies de cítricos considerados como limones por el carácter ácido de su jugo. El limón mexicano o colimense (Citrus aurantifolia ), el limón persa (Citrus latifolia Tanaka)1 y el limón verdadero o limón italiano (Citrus limon Burm).

En el estado de Colima se cultiva comercialmente el limón colimense desde la década de 1940; actualmente es el principal productor de esta especie y es conocido como la Capital Mundial de este cítrico, ya que aporta cerca de 50 por ciento de la producción nacional.

De las 500 mil toneladas de limón que se producen anualmente en Colima, se exporta por arriba del 15 por ciento al extranjero a diferentes partes del mundo y en diferentes presentaciones de acuerdo a los requerimientos del mercado internacional. Colima es el estado con mayor productividad de limón en el país, con un promedio de 23 toneladas por hectárea, además de ser la mayor actividad generadora de empleos en la entidad.

Por las características del clima y el suelo colimenses, el limón mexicano adquiere características que lo hacen único como su especial grado de acidez, su más alta durabilidad de vida en anaquel y su color verde brillante. De igual forma, los específicos métodos empleados en su producción por los agricultores del estado de Colima le confieren un prestigio internacional, que ha derivado en que sus limones se encuentren en prácticamente todos los mercados nacionales y también se exporten a los Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Canadá y Japón.

Asimismo se argumenta que:

En el artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa se define una denominación de origen como “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”. Cabe señalar tres elementos esenciales de las denominaciones de origen:

a) La denominación de origen debe consistir en la región de un país, región o localidad y tiene por efecto identificar una entidad geográfica en el país de origen;

b) La denominación de origen debe servir para designar un producto originario del país, región o localidad en cuestión tiene por efecto que, además de identificar un lugar, la denominación geográfica en cuestión debe ser reconocida como la designación de un producto originario de ese lugar, o requisito de notoriedad; y

c) La calidad o las características del producto al que hace referencia la denominación de origen deben deberse exclusiva o esencialmente al entorno geográfico del lugar del que es originario el producto. La referencia al entorno geográfico consiste en la vinculación cualitativa entre el producto y el lugar del que es originario, tanto por los factores naturales (principalmente suelo y el clima) como por los factores humanos relacionados (por ejemplo, los conocimientos tradicionales o prácticos utilizados de forma especial o artesanal en el lugar del que es originario el producto).3. Los vales de despensa son el medio más utilizado para otorgar la prestación de previsión social a los trabajadores. Millones de familias mexicanas son beneficiadas con esta prestación, siendo su único fin asegurar que los trabajadores y sus familias cuenten con un mínimo de alimentos.”

Y que:

“Conforme al artículo 156 de la Ley de Propiedad Industrial, se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.

La protección a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que, al efecto, emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; a partir de su expedición, el uso ilegal de la denominación de origen será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

De esa forma la declaratoria de protección de una denominación de origen tiene por objeto proteger legalmente ciertos bienes, naturales o artificiales, que se producen en una zona específica, contra productores que se quisieran aprovechar del reconocimiento que tienen estos productos.

Este tipo de signos distintivos son especiales porque, a diferencia de una marca, la cual tiene como finalidad distinguir productos o servicios entre genéricos, las denominaciones de origen, otorgan protección a los genéricos mismos.”

Segundo. Los requisitos que debe cumplir algún producto para que su declaratoria de denominación de origen sea viable para el IMPI, son:

• Señalamiento de la denominación de origen;

• Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envase;

• Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas; y

• Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio.

Tercero. Por lo anteriormente expuesto:

La Comisión de Economía acuerda

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía, a efecto de que realice las gestiones necesarias para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial valore y, en su caso, inicie el procedimiento para que se emita la declaratoria de protección de la denominación de origen al limón colimense.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes abril de 2013.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra, Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).»

PROGRAMA DE REPATRIACION DE MIGRANTES

«Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que se restituyan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos destinados al Programa de Repatriación de Migrantes, en apoyo de personas deportadas por la garitas de Baja California hacia Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la comisión que suscribe le fue turnado para estudio y dictamen, el expediente número 1697 que contiene proposición con proyecto de punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo Federal la restitución de recursos al programa de apoyo a la repatriación de migrantes por las garitas de Baja California, retenidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentado por el diputado Andrés de la Rosa Anaya del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 4 de abril del 2013.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3741, del 4 de abril del 2013, y en esa misma fecha la Mesa Directiva le dictó turno a la Comisión de Asuntos Migratorios.

El objetivo de la Proposición es solicitar la restitución de recursos al programa de apoyo a la repatriación de migrantes por las garitas de Baja California.

En la exposición de las razones que motivan la presentación de la Proposición, el diputado proponente destaca la dinámica de la frontera México-Estados Unidos, como una de las líneas fronterizas más activas comercialmente y más transitadas y cruzadas del mundo en sus dos direcciones, sobre todo en lo que hace a los tramos que corresponden a los puntos de paso establecidos en las garitas de Mexicali y Tijuana, en el Estado de Baja California.

Señala que la vecindad de estos puntos fronterizos de nuestro país con el Estado de la Unión Americana que por sí mismo constituye una de las economías más fuertes y pujantes del mundo, hace que estas ciudades sean polos de atracción para migrantes mexicanos y de todo el mundo, que buscan cruzar la frontera en busca de trabajo, la mayor parte de las veces en condiciones irregulares. Personas cuyas condiciones de depauperación y vulnerabilidad hacen que la protección de sus derechos, la asistencia en sus necesidades básicas, constituya una reto para el Estado mexicano.

A ellas, abunda, se añade el gran número de personas que son deportadas diariamente por las autoridades de migración de los Estados Unidos de América, muchas de las cuáles solicitan apoyo para regresar a su lugar de origen —solicitudes que en número importante tradicionalmente son atendidas por particulares de buena fe- razón por la cual en 2007 el Gobierno Federal implementó el Programa de Repatriación Humana, que recientemente ha sido objeto de un importante recorte presupuestal de alrededor de veinte millones de pesos, tan sólo para Baja California.

Para ilustrar el efecto de este recorte, el proponente indica que de 2007 a la fecha el programa ha apoyado el retorno a sus hogares de más de 700 mil migrantes y este año se espera que soliciten apoyo más de 100 mil; recuerda que “...en 2012, fueron deportados por las garitas mexicanas alrededor de 370 mil personas. Siendo de Baja California casi 126 mil de los cuales 66 mil fueron por Mexicali y 59 mil por Tijuana... en su mayoría de nacionalidad mexicana, que llegan sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir, muchas veces, deportados por las madrugadas... (y que) de acuerdo a estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Migración, alrededor de 300 personas son deportadas diariamente por Tijuana, cantidad que rebasa la capacidad de las autoridades...”

Destaca que este recorte afecta de manera directa a decenas de miles de personas desprotegidas y pone, por razones comprensibles, en situación precaria a las ciudades de Mexicali y de Tijuana, por lo cual pone a consideración un punto de acuerdo en los siguientes términos:

Único. La Cámara de Diputados, LXII Legislatura, solicita al titular del Ejecutivo federal, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de restituir los recursos que ascienden a 20 millones de pesos, destinados para el Programa de Repatriación de Migrantes, operado por el Instituto Nacional de Migración, en apoyo a personas deportadas por las diversas garitas con sede en Baja California desde los Estados Unidos de América.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con las razones que motivan la proposición, y con la urgente necesidad de que el Estado mexicano asuma las responsabilidades que le corresponden en la protección del derecho de las personas migrantes que transitan por territorio nacional, a un trato digno y humanitario y la asistencia en sus necesidades, no sólo como condición para cumplir con las obligaciones internacionales y constitucionales, sino como condición indispensable de carácter ético en el ejercicio de la autoridad.

En lo que hace al proyecto de punto de acuerdo con que se acompaña la proposición, esta comisión dictaminadora coincide igualmente de manera plena en su sentido y términos.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, LXII Legislatura, solicita al titular del Ejecutivo federal, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de restituir los recursos que ascienden a 20 millones de pesos, destinados para el Programa de Repatriación de Migrantes, operado por el Instituto Nacional de Migración, en apoyo a personas deportadas desde los Estados Unidos de América, por las diversas garitas con sede en Baja California. Así mismo para que se destine el presupuesto suficiente para atender esta problemática en las demás garitas instaladas en la frontera norte de nuestro país.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril del 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez, Noé Barrueta Barón, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, María del Socorro Ceseñas Chapa, Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo, Javier Treviño Cantú (rúbrica).»

EXHORTO PARA ENTREGAR AL GOBIERNO DE OAXACA LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL FONDO DE APOYO A MIGRANTES

«Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende a entregar al gobierno de Oaxaca los recursos comprometidos en el Fondo de Apoyo a Migrantes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la comisión que suscribe le fue turnado para estudio y dictamen, el expediente No. 1804 que contiene Proposición con Punto de Acuerdo, presentado por la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 16 de abril de 2013.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la Proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria Número 3749 del 16 de abril de 2013, y en esa misma fecha la Mesa Directiva le dictó turno a la Comisión de Asuntos Migratorios.

El objetivo de la proposición es exhortar a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende, a entregar al gobierno de Oaxaca los recursos comprometidos en el Fondo de Apoyo a Migrantes.

En la exposición de motivos, la diputada proponente recuerda que en 2011 se puso en marcha el Fondo Migrante, con el objeto de asignar recursos a proyectos productivos a las entidades federativas con mayores índices de migración relacionada con pobreza y condiciones de bajo desarrollo, integrado por una garantía aportada por el Fideicomiso México Emprende por 50 millones de pesos, de los cuáles a Oaxaca corresponden 18.4 millones de pesos, de los cuales, 9.9 millones para beneficiar a mil 380 trabajadores migrantes y sus familias, aplicables a proyectos productivos y 8.5 a la indemnización de 858 ex trabajadores migrantes.

Destaca la proponente que en función de lo anterior, a partir de diciembre de 2012, con el fin de atender las necesidades ingentes de la población objetivo de estos recursos, el gobierno de Oaxaca inició por cuenta de sus propios recursos la entrega de estos apoyos, contando con que podrían ser reintegrados al erario en la medida en que le fueran entregados los recursos federales comprometidos, que hasta la fecha no han sido entregados por las dependencias responsables, con lo cual se afecta de manera muy severa los programas sociales en la entidad.

Al respecto, señala la proponente, “La Cámara de Diputados debe vigilar que los recursos etiquetados se asignen a los objetivos comprometidos en los programas en tiempo y forma...”, por lo que pone a consideración un Punto de Acuerdo en los siguientes términos:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende, la asignación inmediata de los recursos comprometidos con el estado de Oaxaca, en el marco del Fondo de Apoyo a Migrantes. Dicha entrega se realizará sin dilación y de forma expedita, para el cabal cumplimiento del programa.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide con las razones que motivan la proposición, y con la urgente necesidad de que el Estado mexicano asuma las responsabilidades que le corresponden en la protección del derecho de las personas migrantes que transitan por territorio nacional, a un trato digno y humanitario y la asistencia en sus necesidades.

Coincide en que los recursos federales etiquetados para cubrir programas sociales destinados a grupos vulnerables, deben ser liberados en tiempo y forma, y que corresponde a la Cámara de Diputados vigilar que así ocurra para todas las entidades federativas y órdenes de gobierno en el país. En este caso, la circunstancia que motiva la proposición, afecta no sólo al Estado de Oaxaca, sino a todas las entidades beneficiarias de dicho programa, por lo que siendo la Cámara de Diputados la instancia que acuerpa a la Representación Nacional, la comisión dictaminadora considera pertinente asumir en sus términos el proyecto contenido en la Proposición para esa entidad, ampliándolo para todas las entidades que se encuentren en la misma o semejante situación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la comisión, pone a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende, para que se asignen de inmediato los recursos comprometidos con el estado de Oaxaca, en el marco del Fondo de Apoyo a Migrantes. Dicha entrega se realizará sin dilación y de forma expedita, para el cabal cumplimiento del programa.

Segundo.Se solicita al titular del Ejecutivo Federal, que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende, a liberar y radicar de inmediato los recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes para todas las entidades federativas que se encuentren en la misma circunstancia o que no los hayan recibido en su totalidad, con el fin de evitar afectaciones a los erarios estatales y a las personas y familias beneficiarias.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados:Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez, Noé Barrueta Barón, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, María del Socorro Ceseñas Chapa, Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo, Javier Treviño Cantú (rúbrica).»

ACCIONES PARA LA REVALORIZACION, EL IMPULSO Y LA OPERACION DEL PROGRAMA PUEBLOS MAGICOS DE MEXICO

«Dictamen de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Turismo a emprender acciones para la revalorización, el impulso y la operación del programa Pueblos Mágicos de México

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Turismo para que emprenda las acciones necesarias para la revalorización, impulso y operación del Programa Pueblos Mágicos de México, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

Con fecha 10 de septiembre de 2013, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la presidencia de la mesa directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaria de Turismo, para que emprenda las acciones necesarias para la revalorización, impulso y operación del Programa Pueblos Mágicos de México, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ordenando su turno a la Comisión de Turismo, para su estudio y elaboración del Dictamen correspondiente.

Con fecha 11 de septiembre de 2013 la Comisión de Turismo recibió el expediente No. 2393 que contiene la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaria de Turismo, para que emprenda las acciones necesarias para la revalorización, impulso y operación del Programa Pueblos Mágicos de México, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

II. Contenido de la iniciativa

El turismo funge como motor de crecimiento económico y de impulso en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes que integran los principales destinos turísticos del país y que se desempeñan en la prestación de servicios turísticos, así como de los que se relacionan indirectamente con esta actividad como son: autotransportistas, productores y proveedores entre otros.

De acuerdo con las estadísticas presentadas en el año 2012 por la Secretaría de Turismo (Sectur), el turismo en México se destaca como una actividad primordial de la que se desprende la creación de aproximadamente 7.5 millones de empleos tanto directos como indirectos, además de representar el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía  Mexicana, lo que la coloca en un lugar preponderante como captadora de divisas, siendo esta actividad  superada únicamente por la captación de remesas y la actividad petrolera.

La relevancia del Sector Turístico no solo radica en su importancia económica, sino también en aspectos culturales, sociales, ambientales, de esparcimiento que inciden y convergen en elementos tales como: estilos de vida, expresiones artísticas y culturales, tradiciones, artesanías, gastronomía regional, así como en una gran diversidad de recursos naturales, entre otros.

Debido a su importancia el Gobierno Federal a través de la Sectur ha puesto en marcha diferentes líneas de acción mediante estrategias que fomenten la actividad turística del país, las cuales están encaminadas a fortalecer y promover a México como un país líder en la actividad turística a nivel tanto nacional como internacional, para contribuir a la consolidación y fortalecimiento de los distintos destinos turísticos e incrementar por un lado la competitividad de la oferta turística y por el otro a la generación de más y mejores empleos en beneficio del país.

Dentro de las estrategias que han demostrado un mayor impacto por parte de la Sectur, destaca el denominado “Programa Pueblos Mágicos de México”, creado en el 2001 para incentivar el turismo local y regional en México, con el objetivo de aprovechar de manera racional y sustentable el gran potencial de los recursos naturales y culturales de las localidades donde el programa se suscribe, el cual ha demostrado su capacidad para transformar y potenciar la oferta turística, lo que ha permitido elevar la productividad y creación de servicios y productos altamente competitivos que propician el desarrollo y bienestar de las comunidades y empresas dedicadas a la actividad turística.

El programa tiene como principio básico el involucramiento y participación de las comunidades receptoras, es decir a la sociedad en su conjunto, a través de un esquema de colaboración, entre el Gobierno Federal que involucra distintas dependencias y organismos gubernamentales como son: Sectur, Sedesol, SE, Conaculta, CFE, INAH, entre otros, así como la participación de los Gobiernos Estatales y Municipales.

En este contexto, los resultados altamente exitosos del Programa, han demostrado que su impulso contribuye a elevar la actividad turística y por tanto a mejorar de manera real y sostenida los niveles de bienestar de la población, acrecentando el empleo, fomentando la inversión, fortaleciendo y optimizando el aprovechamiento racional de los recursos y atractivos naturales y culturales.

Es por ello que el Gobierno Federal apoya al “Programa Pueblos Mágicos”, a través de la canalización de recursos económicos para la dotación de infraestructura, equipamiento, creación, desarrollo e innovación de productos turísticos, profesionalización y capacitación que detona la actividad económica de la región donde estos se aplican.

De acuerdo con datos de la Sectur en el periodo 2007-2012, el Gobierno Federal destino un monto de 952.8 millones de pesos, cifra por mucho superior a lo destinado entre 2001-2006, esto debido a que la inversión Federal registrada fue por 187 millones de pesos.  Asimismo vale la pena señalar que en estos dos periodos es decir del 2001 al 2012 se detono una inversión conjunta, (Federal, Estatal, Municipal) cercana a los 2, 733 millones de pesos.

El beneficio que han obtenido las comunidades tras su inclusión en el Programa aunado al mejoramiento de la imagen urbana, ha propiciado que esto se refleje en la economía y prosperidad de las mismas. Un ejemplo de ello ha sido el cambio de las actividades productivas, en las localidades y municipios, como se observa particularmente en el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, primera localidad en obtener el nombramiento de Pueblo Mágico.

Huasca de Ocampo de conformidad con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2001, año previo a su incorporación en el Programa, era una comunidad en la que su principal actividad económica estaba basada en el sector primario (agrícola) y una vez puesto en operación el Programa y demostrado su éxito, sus habitantes modificaron, adecuaron y en algunos casos cambiaron su ocupación para dedicarse a una actividad mejor remunerada y pasar al sector terciario (servicios).

Asimismo, es importante señalar que según datos estimados por la Sectur en su publicación “Pueblos Mágicos, Instrumento para Mejorar la Calidad de Vida e Impulsar el Turismo”, publicado en el año 2012, indica que durante el 2011 se obtuvo una derrama económica cercana a los 3, 163 millones de pesos, por concepto de la actividad Turística derivada de los Pueblos Mágicos, donde se reporto una estadía promedio de dos días en fin de semana y un gasto mínimo diario por turista de 700 pesos. Lo anterior se traduce en aproximadamente un 2 por ciento del total de los ingresos generados por turismo en México, lo anterior se reafirma al observar que en el año 2011 el turismo tuvo un ingreso de 147, 798 millones de pesos (cantidad estimada por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) en su publicación Panorama de la actividad turística en México,número 6, enero- abril 2012)

Por su importancia el Programa Pueblos Mágicos se ha convertido en un símbolo de distinción, así como una marca turística reconocida tanto nacional como internacionalmente, por lo que la Sectur y las localidades pertenecientes al Programa deben procuran mantener sus estándares de calidad, a fin de no perder su credibilidad.

Cabe destacar que en ocasiones la falta de coordinación, vigilancia y seguimiento por parte de los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y la propia Sociedad Civil, representa múltiples factores que inciden de manera perjudicial en el Programa, por lo que se requiere constantemente se revisen y actualicen sus Reglas de Operación a fin de que en su diseño y estructura se promueva una adecuada interacción entre las diversas instituciones y ámbitos gubernamentales, para garantizar el optimo desarrollo de las comunidades seleccionadas en el Programa Pueblos Mágicos; destacan los siguientes elementos perjudiciales:

• Proliferación de vendedores ambulantes.

• Instalación de anuncios en lonas y letreros no permitidos colocados fuera de los establecimientos ubicados en el centro de los pueblos.

• Perdida de autenticidad de las manifestaciones culturales.

• Contaminación ambiental y urbana.

• Alteración de la imagen urbana y del medio ambiente.

Por lo antes expuesto se considera de suma importancia el manifestar a la Secretaría de Turismo la necesidad de corregir  aspectos en la operación y desarrollo del Programa, debido a que los turistas que acuden a visitar los Pueblos Mágicos, tienen una alta expectativa en la calidad de los servicios y atractivos, por lo que él no satisfacerlas ocasionaría un fuerte retroceso en la imagen turística de nuestro país y por tanto una disminución en la captación de divisas y un deterioro en la economía nacional.

Es por ello, que la detección oportuna de las carencias y debilidades del Programa, las convierte en áreas de oportunidad y por ende en el mejoramiento del Programa Pueblos Mágicos, por lo que se proponen las siguientes acciones:

I. Analizar, rediseñar, ajustar y dar seguimiento puntual a las Reglas de Operación que actualmente rigen el Programa.

II. Realizar un estudio exhaustivo de las comunidades inscritas en el Programa, para evaluar los criterios de incorporación y operación existentes.

III. Fortalecer la coordinación institucional entre las diversas dependencias que impulsan el Programa.

IV. Formalizar los apoyos aportados por las diversas instancias involucradas en el Programa.

V. Derivado que el éxito o fracaso de este programa radica en el principio básico de involucramiento y participación de la sociedad en su conjunto, es indispensable impulsar la creación de un organismo a nivel Nacional de carácter no gubernamental que se encargue de impulsar, defender, vigilar, salvaguardar, y coordinar la interacción de las localidades integrantes del programa en su conjunto con los tres niveles de Gobierno.

III. Consideraciones de la comisión dictaminadora

Esta Comisión de Turismo está de acuerdo con los planteamientos esbozados por el legislador en cuanto a su proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo, a que emprenda las acciones necesarias para la revalorización, impulso y operación del Programa Pueblos Mágicos de México, lo anterior al considerar la importancia que reviste en nuestro país el progreso socio-económico generado por el flujo de visitantes, aprovechamiento de las distintas manifestaciones culturales, riquezas naturales y  atractivos turísticos que emanan de los Pueblos Mágicos.

El Programa Pueblos Mágicos, creado en el 2001 y desarrollado por la Secretaría de Turismo (Sectur), en colaboración con diversas instancias gubernamentales federales, gobiernos estatales y municipales, ha contribuido a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes tanto nacionales como extranjeros.

Dicho programa busca desarrollar y potenciar los atractivos de las poblaciones beneficiarias, mediante el fortalecimiento de su capacidad competitiva a través de proyectos estratégicos de inversión previamente coordinados con gobiernos estatales y municipales; así como, mediante la diversificación y consolidación de la oferta  a través del desarrollo de productos turísticos en las categorías de sol y playa, turismo de naturaleza, cultural, de salud, de reuniones, deportivo, turismo religioso, urbano, turismo social, entre otros.

El programa concreta la participación social de las comunidades donde éste se implementa, cohesionándola con los esfuerzos del Ejecutivo Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, logrando así reconocimiento y admiración a nivel internacional, dado que países tales como El Salvador, Ecuador, Perú, Colombia y Chile, han solicitado asesoría a la Sectur con el fin de replicar este exitoso programa en sus comunidades.

Del mismo modo, el estar inscrito en el programa conlleva un prestigio y reconocimiento, que ha propiciado que varias localidades con potencial turístico busquen su incorporación, a fin de verse beneficiadas con los apoyos del Programa. Es así, que tan solo en los últimos 3 años se lograron incorporar 50 localidades  con el fin de potencializar su desarrollo y diversificar su oferta turística.

Actualmente se encuentran incorporadas 83 localidades, mismas que se han visto beneficiadas, por la inversión otorgada a través de la Secretaria de Turismo que en el periodo 2001-2006 fue de 187 millones de pesos, monto que  para el periodo 2007-2012 ascendió a 940 millones de pesos aproximadamente, lo que ha propiciado la reconversión de la actividad económica de la comunidad y áreas de influencia, una mejora en su infraestructura e imagen urbana, el mantenimiento y generación de empleo, el incremento de la plusvalía de fincas/terrenos y sobre todo el aumento del número de turistas; gasto per cápita y el porcentaje de ocupación.

Lo anterior se constata al observar los resultados alentadores que se dieron a finales del 2011, donde los Pueblos Mágicos registrados ante Sectur, contaban con una oferta superior a los 866 hoteles con más de 21,329 habitaciones y un gasto turístico generado de 3,163 millones de pesos. Asimismo, destaca el gasto diario promedio de 700 pesos por turista, de tal manera que el potencial adquirido por el nombramiento como Pueblo Mágico conlleva implícitamente a un desarrollo regional.

Los objetivos del programa parten de la premisa de que el involucramiento de los habitantes del pueblo mágico debe ser acorde al resultado del nivel de trabajo que la propia comunidad realice, por lo que el salvaguardar su herencia histórica, cultura, atributos, símbolos, leyendas, historias, hechos trascendentes, se traduce en divisas, empleo y desarrollo sustentable.

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo comienzan a emerger distorsiones y vicios derivados de la propia globalización, la competencia con otros destinos y ofertas turísticas que cotidianamente se brindan a los visitantes que inciden en el detrimento de la imagen y oferta de los Pueblos Mágicos.

Esta situación se deriva principalmente por la falta de coordinación, vigilancia y seguimiento por parte de los gobiernos federal, estatal, municipal y la propia sociedad civil. Estos representan múltiples factores que inciden de manera perjudicial en el desarrollo del Programa.

Por lo antes expuesto esta comisión dictaminadora considera de suma importancia apoyar la postura del legislador al manifestar a la Secretaría de Turismo la necesidad de corregir tales aspectos en la operación y desarrollo del programa, debido a que los turistas que acuden a visitar los pueblos mágicos, tienen una alta expectativa en la calidad de los servicios y atractivos, por lo que él no satisfacerlas ocasionaría un fuerte retroceso en la imagen turística de nuestro país y por tanto una disminución en la captación de divisas y un deterioro en la economía nacional.

Es por ello, que la detección oportuna de las carencias y debilidades del Programa, las convierte en áreas de oportunidad y por ende en el mejoramiento del Programa Pueblos Mágicos, por lo que esta Comisión Dictaminadora está de acuerdo con la propuesta del legislador y considera pertinente tomarla en cuenta para enriquecer las estrategias implementadas por el ejecutivo federal, orientadas al mejoramiento del Programa Pueblos Mágicos, tal es el caso del estudio diagnostico que se está elaborando a través de la Secretaría de Turismo.

Por lo anterior, se considera viable la propuesta en comento, que contempla las siguientes acciones:

• Analizar, rediseñar, ajustar y dar seguimiento puntual a las Reglas de Operación que actualmente rigen el Programa.

• Fortalecer y mejorar la coordinación y apoyo entre las dependencias gubernamentales que impulsan el Programa, formalizando oficialmente los apoyos aportados por estas, así como las responsabilidades de las comunidades receptoras en su conjunto.

• Analizar la factibilidad y pomover la creación de un organismo a nivel Nacional con carácter no gubernamental encargado de impulsar, defender, vigilar, salvaguardar y coordinar el desarrollo de los Pueblos Mágicos dado que actualmente cada localidad vela por sus propios intereses.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a  la Secretaría de Turismo a efecto de que emprenda las acciones necesarias para la revalorización, impulso y operación del Programa Pueblos Mágicos de México y que en su proceso se haga participe a esta Comisión de Turismo con el objetivo de dar puntual seguimiento al presente exhorto.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Turismo para que analice y rediseñe las reglas de operación del programa, así como para que impulse la formalización y oficialización de los apoyos aportados por las dependencias gubernamentales en beneficio del programa.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Turismo para que analice la factibilidad y promueva la creación de un organismo a nivel Nacional con carácter no gubernamental encargado de impulsar, defender, vigilar, salvaguardar y coordinar el desarrollo de los Pueblos Mágicos en su conjunto.

México, DF, a 24 de septiembre de 2013.

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Rafael González Reséndiz, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), José Luis Valle Magaña (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Raúl Paz Alonzo (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica), Laura Barrera Fortoul, Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz Quinta León (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renán Sosa Altamira, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los que no han sido reservados.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo no reservados. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados. Comuníquense.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 15:51 horas): Se levanta la sesión  y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 3 de octubre de 2013, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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